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Puigdemont invita “encarecidamente” al juez Llarena a preguntar a la Justicia europea sobre su extradición

Carles Puigdemont (pantalla), durante una rueda de prensa para valorar los resultados obtenidos por su formación en los comicios catalanes durante la noche electoral del 14-F en la sede de su partido, en Barcelona.

Oriol Solé Altimira

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Inédito acuerdo entre la Fiscalía y Carles Puigdemont para elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuestiones prejudiciales sobre la eventual extradición del expresident. La defensa de Puigdemont, que ejerce el letrado Gonzalo Boye, ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que “no solo no se opone, sino que invita encarecidamente” al magistrado Pablo Llarena a que plantee “las cuestiones prejudiciales que considere oportunas”. “Incluidas las que esta parte viene reclamando desde hace años en esta causa”, apostilla la defensa, en alusión a todas las negativas anteriores del instructor a elevar el caso a la Justicia europea.

Los objetivos de la Fiscalía y la defensa de Puigdemont con las prejudiciales son opuestos. Los fiscales confían en que el TJUE impida a Bélgica denegar la extradición del expresident aduciendo que el Supremo no tiene competencia para juzgarle y que está en riesgo su presunción de inocencia, tal y como sentenciaron los jueces belgas en el caso del exconseller Lluís Puig. Puigdemont por el contrario busca una nueva victoria ante los tribunales europeos que suponga la renuncia definitiva de Llarena a extraditarle.

Puigdemont propone elevar hasta 20 cuestiones prejudiciales, que repasan los cuatro años que lleva el Supremo intentando que vuelva a España. Las cuestiones que el expresident propone elevar al TJUE van desde preguntar si Llarena podía emitir “sucesivas” euroórdenes en la misma causa –ya lleva tres respecto al expresident– a si podía hacerlo para “tratar de impedir que la persona reclamada puede someterse a una investidura”, como a su juicio hizo el magistrado en 2018. Entre otras preguntas, Puigdemont también pide cuestionar al TJUE si Llarena tendría que haber valorado si el delito de sedición en el Código Penal español “respeta las condiciones del principio de legalidad penal” antes de enviar la euroorden.

El juez Llarena preguntó a la Fiscalía, el resto de acusaciones y a las defensas si debe acudir al TJUE para impedir que Bélgica rechazara la extradición de Puigdemont tal y como hizo con la del exconseller Puig. La sentencia belga sobre Puig, al dejar tocada la competencia del Supremo sobre el caso del procés, ponía en dificultades la entrega de Puigdemont una vez el Parlamento Europeo le retire la inmunidad. El propio Llarena reconoció que la negativa belga a extraditar a Puig “afecta a las decisiones de entrega que deban tomarse en un futuro y a su eficacia procesal”, en referencia a los casos de Puigdemont y a los exconsellers y eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí.

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