¿Cómo encontrar o utilizar las palabras cuando no sabemos que existen o desconocemos su significado? Las experiencias en diferentes territorios, trayectorias vitales y contextos dificultan en ocasiones el aprendizaje al llegar a un nuevo lugar, en el que todo cambia bajo un prisma nuevo. Ese es una de las tesis que maneja Fátima Morales a la hora de abordar la salud mental, el acceso a la sanidad o la prevención de la violencia de género trabajando con las mujeres migrantes, para lo que ha incurrido en un nuevo proyecto donde el arte es protagonista: Piel Común.

Morales, profesora titular del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Sevilla, es la impulsora de este proyecto que cuenta con el apoyo de la Unidad de Igualdad de la US. Del 19 al 23 de octubre se impartirá el taller Piel Común, en el que la creadora teatral Marina Pallarés invitará al escenario a un grupo de mujeres que, a partir de la interacción en vivo, pondrán su cuerpo y voz a esas emociones y pensamientos que quedan relegadas al olvido de la rutina cuando, realmente, hablan del estado anímico, y físico, de cada persona. Una experiencia en la que se derrumban las barreras socioculturales para interactuar desde la empatía sin prejuicios.

Todo empezó cuando Morales formó parte como voluntaria de una iniciativa que ayudaba a identificar la adicción a las bebidas energéticas y a los cigarrillos electrónicos en los menores del barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas. “Les dábamos a los niños noticias sobre el alcohol o el efecto de los vapeadores para que hicieran a partir de ellas una interpretación teatral”, relata en una entrevista con este medio. Su inspiración en un primer momento fue la corriente del teatro oprimido, técnica impulsada por el dramaturgo Augusto Boal, y, posteriormente, la acción de la compañía Teatre del Sí que dirige Marina Pallarés. Tras intercambiar conversaciones, notas y reflexiones sobre cómo abordar en contextos vulnerables distintas temáticas, como la salud mental o la violencia de género, confluyeron.

“Importa mucho más el código postal que el código genético”

“De ahí salió la idea de traer esta iniciativa a la US para hacerla con profesionales, estudiantado y miembros del PAS de la universidad”, apunta. “El teatro crea un espacio seguro en el que se pueden visibilizar muchas problemáticas del día a día”, utilizando la metodología de Investigación-Acción Participativa (IAP) para la interacción en tiempo real. ¿Cómo será la dinámica? “Se hace sobre la marcha. Marina pregunta cómo te sientes hoy y empezamos a representar el cansancio, por ejemplo, entre todas las participantes. Analizamos ese cansancio, cómo se representa, de dónde viene, si está más ligado al trabajo o a otra cosa, y así creas cada historia. Al finalizar los cinco días se representará una obra coral”, adelanta. Ahora mismo, las plazas ya están agotadas, pero quedan asientos para ver el trabajo final.

La investigadora universitaria ha abordado las dificultades que afronta este colectivo en distintos estudios, como el artículo Acceso de las mujeres migrantes a los servicios de salud sexual y reproductivo. Entre las barreras identificadas para acceder a los servicios de salud pública se identificaban la falta de información (57%) que tenía este grupo, al igual que cuestiones relacionadas con la lengua (43%), las diferencias culturales (39%), el estatus económico (25%), las barreras administrativas (25%) y la discriminación (14%). Todo ello como parte de una torre de Babel inexpugnable para la que hay que sensibilizar y formar a los futuros profesionales del sector.

“No se puede comparar la ansiedad de una persona migrante que tiene las cargas del tránsito que atraviesan, muchas de ellas, desde África con un contexto colonizador o el racismo, a las personas nacionales que conocen el sistema”, describe. Diferencias que se pueden constatar en cómo perciben, por ejemplo, la salud mental y el concepto de intimidad, ya que, por cuestiones culturales, hay pudor o cierto recelo a la hora de expresarse con total transparencia en una consulta médica. “Nuestro concepto de estrés para muchos de ellos son una tontería a raíz de las problemáticas tan fuertes que atraviesan. Su nivel de resiliencia es mucho mayor”.

Para ello, pide al alumnado que la escucha en cada clase que tenga una visión holística del paciente que atiende, en la que no solo hay que fijarse en la sintomatología que presentan, sino en los determinantes sociales que condicionan su salud: “Como vimos con Maricarmen, muchas veces importa más el código postal que el código genético; si son personas migrantes, racializadas, dónde viven, si tienen problemas familiares... Todo esto afecta”.

Experiencias desde la Casa Pumarejo

Otra experiencia similar e igualmente enriquecedora fue desarrollada en la Casa Pumarejo de Sevilla en colaboración con la asociación Mujeres Supervivientes y de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la US. En la investigación Una estrategia comunitaria para la prevención de la violencia de género dirigida a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad en Sevilla, publicada en octubre del año pasado, se demostró que la mayoría de las mujeres, mayoritariamente migrantes, que acudían al comedor social de la entidad no identificaba las primeras muestras de violencia de género ni conocía los recursos públicos disponibles para afrontarla, como el teléfono 016.

“Muchas de estas mujeres habían sufrido violencia y la habían normalizado y, además, estaban desinformadas. A través de los talleres participativos pudieron darse cuenta de lo que habían vivido y, con ese apoyo en comunidad, se sintieron más seguras y con mayor bienestar”, detalla la experta.

De esta forma, la iniciativa viene a demostrar que la intervención comunitaria participativa no solo recoge datos científicos, sino que mejora la alfabetización en salud, su capacidad de detección y prevención de la violencia, y fortalece las redes de apoyo. En aquella ocasión, utilizaron el body mapping, una herramienta de autoexploración en la que se incentiva el conocimiento a través de lo que siente el cuerpo. De esta forma, reconocían el sufrimiento que habían somatizado y evaluaban los riesgos a los que estaban sometidas, los patrones del amor romántico o las relaciones tóxicas de forma temprana. Como contrapunto, se centraron en fomentar el amor propio y la sororidad.

“Es una forma de representar las vivencias, como ocurre con el teatro”. Así, Morales basa su estrategia investigadora en la experiencia real y comunitaria para ayudar a desarrollar estrategias con el fin de mejorar la salud individual y, finalmente, que revierta en la mejora de la salud pública.

“Una caída sin precedentes”. Así describe el nuevo barómetro de opinión de la infancia y la adolescencia de UNICEF España el deterioro que ha sufrido el bienestar emocional de los adolescentes de entre 12 y 16 años en España. El estudio, titulado La salud mental sí es cosa de adolescentes. Hablemos de bienestar y estigma, se ha elaborado en colaboración con la Universidad de Sevilla y analiza la salud mental adolescente a partir de la evolución de su bienestar emocional.

Según el informe presentado este jueves, la estabilidad que habían mantenido los indicadores de salud mental entre 2006 y 2018 dio paso a un empeoramiento considerable en apenas cuatro años. En 2022, el porcentaje de adolescentes que afirmaban sentirse solos casi se duplicó respecto a 2018, al pasar del 7% al 13,6%. También aumentó la proporción de quienes decían sentirse tristes, del 11,9% al 19,5%. Por su parte, el indicador de atención y concentración cayó casi 15 puntos, pasando del 55% al 40,1%.

Los resultados proceden de una muestra de 14.000 estudiantes de toda España y reflejan diferencias según el género y la situación económica familiar. El deterioro de los indicadores fue especialmente acusado entre las chicas –grupo en el que se triplicó el nivel de empeoramiento– y entre el alumnado de familias con menos recursos.

Todo ello lleva a concluir que los resultados “son preocupantes porque muestran un descenso claro de cómo los propios adolescentes perciben su bienestar emocional”, en palabras de Pilar Ramos, profesora del departamento de Psicología evolutiva y de la educación de la Universidad de Sevilla y directora del barómetro.

El estigma, una barrera para pedir ayuda

A los datos cuantitativos recogidos en 2022 se suma un análisis cualitativo realizado este año mediante grupos de discusión con adolescentes, madres y padres, así como entrevistas a profesionales especializados en salud mental adolescente. Sus aportaciones ponen el foco en una paradoja: el riesgo de “sobrediagnosticar malestares habituales durante esta etapa”, como la tristeza o la ansiedad, mientras se “infradiagnostican problemas patológicos” que requieren atención profesional.

En ese sentido, el informe apunta a que “ni todo malestar es un trastorno, ni todo trastorno se pasa solo con el tiempo”. La cuestión, continúa, “no es elegir entre restarle importancia o tratarlo todo como una enfermedad, sino dar a cada situación la respuesta que le corresponde: acompañamiento en el día a día —familia, amistades, centro educativo— para el malestar propio de la edad, atención temprana cuando ese malestar se prolonga o desborda a quien lo vive, y ayuda profesional accesible y sin estigma cuando hace falta”.

Precisamente, el estudio analiza cómo el miedo al estigma (actitudes de rechazo, distanciamiento, prejuicio o paternalismo hacia las personas con problemas de salud mental) actúa como freno y barrera entre los adolescentes a la hora de reconocer el propio malestar y buscar ayuda. Casi 2 de cada 10 adolescentes (18,8%) afirman con seguridad haber tenido un problema de salud mental en el último año. De ellos, casi el 40% no se lo contó a nadie y más de la mitad (53%) no pidió ayuda.

El barómetro señala que uno de cada tres adolescentes presenta elevados niveles de estigma, una tendencia especialmente acusada entre los chicos. Según el estudio, cuanto mayor es ese estigma, menor es el reconocimiento de los problemas de salud mental y, con ello, la identificación de experiencias perjudiciales y la búsqueda de ayuda profesional. Por el contrario, quienes muestran menos prejuicios identifican con mayor frecuencia problemas de salud mental entre sus familiares y amistades.

Normalizar la petición de ayuda es una de las demandas de los propios adolescentes. “Queremos que el hecho de pedir ayuda se normalice y no se vea como algo malo”, explica Carmen, de 13 años, miembro del órgano de participación infantil y juvenil de La Rinconada, durante la presentación del estudio. Su compañero Carlos, de 15 años, comparte esa preocupación. Aunque cree que sus compañeros le apoyarían si tuviera un problema de salud mental, reconoce que algunos chicos de su entorno “no se atreven a pedir ayuda por miedo a que se rían de ellos”.

Las pantallas entre los detonantes de un problema multicausal

El deterioro del bienestar emocional adolescente no responde a una única causa. La directora del barómetro apunta a la pandemia como uno de los principales factores que ayudan a explicar el empeoramiento de los indicadores entre 2018 y 2022. “Fue un momento en el que se vio afectada su rutina, la convivencia y la capacidad para relacionarse con otras personas”, recuerda.

A ello se suma el uso de las pantallas y las redes sociales, un entorno en el que los adolescentes pasan buena parte de su tiempo y en el que no siempre cuentan con el acompañamiento o la supervisión de los adultos. “Este es un contexto nuevo en el que los padres no tienen experiencia y a veces se sienten perdidos, pero no podemos olvidar que a través del móvil nuestros hijos también pueden estar entrando en contacto con escenarios de riesgo”, advierte la profesora de Psicología evolutiva y de la educación.

Pilar Ramos, sin embargo, pide “no demonizar las redes sociales”, ya que también pueden ofrecer a los jóvenes un espacio para “compartir preocupaciones” y encontrar apoyo. La clave, sostiene, radica en “acompañarlos y supervisar” su actividad sin perder de vista que el entorno digital forma parte de su desarrollo.

La presidenta de UNICEF España, M.ª Ángeles Espinosa, coincide en que la salud mental adolescente es un fenómeno “complejo” que “no se puede reducir a una sola causa”. “Si las pantallas forman parte de la vida de los chicos, prohibirlas no es siempre la mejor opción, sino responsabilizarnos nosotros de acompañar y de vigilar el contenido que les estamos transmitiendo”, añade.

Para Espinosa, otro de los factores que influyen en el deterioro del bienestar emocional juvenil tiene que ver con que “las familias cada vez atraviesan mayores dificultades económicas y eso genera entornos familiares emocionalmente inestables por la falta de recursos”. A esa lista Carmen y Carlos incluyen el acoso escolar, que se produce también en el entorno digital, y la presión de crecer en una sociedad cada vez más competitiva. Los adolescentes sienten que deben competir constantemente entre ellos, una exigencia que, según explican, termina generándoles estrés.

Una llamada a la acción

Los resultados del barómetro constituyen una llamada a la acción. “Que la soledad y la tristeza aumenten entre adolescentes de 12 a 16 años es algo que debe preocuparnos y apelarnos a actuar”, remarca la presidenta de UNICEF España. Espinosa advierte de que no se trata de “alarmar ni de simplificar un fenómeno complejo”, pero tampoco de ignorar un problema que condiciona tanto el presente como el futuro de los adolescentes.

En la misma línea, la directora del barómetro coincide en que “los resultados del informe nos indican que se debe promover la protección para que cuando se da un malestar no se acentúe y, si se produce un problema, se tiene que facilitar su reconocimiento para recibir una respuesta adecuada”. Para ello, el barómetro plantea recomendaciones orientadas a mejorar la salud mental de los adolescentes desde todos los ámbitos de la sociedad.

A las administraciones públicas, UNICEF les pide situar la salud mental adolescente en el centro de las políticas de infancia, impulsar unidades multidisciplinares de salud mental e incorporar la participación de los jóvenes a las decisiones que les afectan. En el ámbito educativo, reclama que los centros sean espacios en los que resulte fácil pedir ayuda. Para ello, considera prioritario prevenir y detectar tempranamente el acoso escolar y garantizar que las figuras de orientación, como los coordinadores de bienestar, sean realmente accesibles.

Al hablar de salud mental, instan al sistema sanitario a “reducir los tiempos de espera, garantizando profesionales formados específicamente en salud mental infanto-juvenil y asegurando que tanto la atención primaria como los servicios especializados cuentan con profesionales suficientes”. Por último, a las familias les pide “escuchar y acompañar” a sus hijos, proporcionándoles información sobre las señales que requieren atención y sobre cómo responder ante ellas, con especial atención a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Los protagonistas del estudio también tienen sus propuestas. Carmen reclama “profesionales preparados para atender a los adolescentes de forma eficaz” y demanda “más charlas para normalizar los problemas de salud mental”. También pide reorganizar los espacios de orientación escolar para garantizar una mayor privacidad: “Que el despacho de la orientadora no esté situado en un lugar demasiado transitado del instituto, para que acudir a ella resulte más cómodo”, sugiere.

Carlos, por su parte, pide más comprensión a la sociedad y concluye con un mensaje dirigido a quienes atraviesan un momento difícil: “No tengas miedo a pedir ayuda, siempre hay alguien que te va a escuchar”.

El Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla (US) ha expresado su “profunda preocupación” por la “grave” situación económica que atraviesa la institución y que, según denuncian, se ha traducido en “el incumplimiento de las obligaciones retributivas con su personal”. Así lo recoge una carta remitida este miércoles a la rectora, Carmen Vargas, y firmada por parte del profesorado, coincidiendo con el inicio de una serie de movilizaciones en distintos campus.

El comité de empresa del PDI cifra en más de cinco millones de euros la deuda acumulada por el impago de complementos autonómicos y sexenios reconocidos a parte de la plantilla desde 2025, según datos esgrimidos en el último Consejo de Gobierno a preguntas del propio comité. “Esta cifra será considerablemente mayor si no se actualizan las nóminas mediante la incorporación de los complementos pendientes, pues cada mensualidad incrementa los atrasos acumulados y agrava el perjuicio económico del profesorado afectado”, advierte el escrito.

Cabe recordar que la Universidad de Sevilla aprobó un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros del presupuesto, con medidas como la reducción de grupos docentes, el cierre del turno de tarde en algunas facultades y restricciones a la contratación de profesorado. La institución ha recortado distintas partidas presupuestarias para destinar recursos al capítulo 1, correspondiente a los gastos de personal, y afrontar así el pago de las nóminas. Aun así, fuentes universitarias aseguran que todavía faltarían al menos 13 millones de euros para llegar a final de año.

Desde el comité de empresa, su secretario Víctor Manuel Molina califica la situación de “inédita” porque, por primera vez, “la universidad ha dejado de pagar todos los tipos de complementos salariales que tiene el personal”. El secretario del comité de empresa explica que el peso de estos complementos en el sueldo varía según la categoría profesional y señala que los impagos afectan especialmente “al profesorado más precario”. Además, asegura que el equipo de gobierno les ha trasladado que no hay previsión de pago y que “incluso peligra el pago de la nómina de diciembre”.

Fuentes de la Universidad de Sevilla consultadas por este periódico aseguran que el Rectorado mantiene “una vía de diálogo abierta y constante” con los representantes del PDI y que comprende y respeta sus reivindicaciones laborales. El equipo de gobierno afirma que trabaja “con absoluta prioridad y responsabilidad” para garantizar la estabilidad laboral y retributiva de toda la plantilla, aunque no concreta un calendario para abonar las cantidades pendientes.

Piden al equipo de gobierno que renuncie a sus complementos

En la carta del PDI, dirigida también a la gerente y al vicerrector de Personal Docente e Investigador, el profesorado reclama un plan de pago con fechas concretas para abonar las cantidades pendientes. Además, piden a los miembros del equipo de gobierno que renuncien temporalmente a los complementos vinculados al desempeño de sus cargos para contribuir a saldar las cantidades adeudadas, en un “ejercicio de responsabilidad institucional y solidaridad”. Vargas asumió el cargo de rectora hace casi un año y amplió los vicerrectorados de nueve a 14, en un contexto marcado por la infrafinanciación denunciada por las universidades públicas.

Las concentraciones del PDI han comenzado una semana después de que CSIF presentara una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla para que investigue la gestión económica del anterior equipo de gobierno de la US, encabezado por Miguel Ángel Castro, del que ya formaba parte la actual rectora. El sindicato criticó que ni Vargas ni la nueva gerente “han conseguido justificar a dónde han ido a parar los fondos de la Universidad de Sevilla” ni presentar a la representación de los trabajadores un calendario de pago de la deuda, que, según denunció, “se acrecienta a medida que pasan los meses”.

La situación se enmarca en las dificultades financieras que atraviesa el sistema universitario público andaluz. En julio, la Gerencia de la US informó de los resultados de la auditoría externa correspondiente al ejercicio de 2025, que arrojó un déficit de 14,8 millones de euros. El déficit estructural del conjunto del sistema universitario público andaluz alcanzó entonces los 57 millones de euros.

Hacia la huelga general

El comité sitúa el inicio de los impagos en 2025, aunque señala que también hay cantidades pendientes desde 2024, y advierte de que la situación se ha agravado durante este año. La Universidad ha aprobado un plan de ajuste de unos 15 millones de euros, con recortes en distintas partidas presupuestarias para destinar esos recursos al pago de las nóminas. Aun así, según Molina, sigue sin estar garantizado el abono de la nómina de diciembre.

El problema, advierten, va más allá de los impagos salariales. El comité denuncia también la paralización de las promociones del profesorado, el incumplimiento del convenio colectivo y la falta de ayudas de protección social. Según explican, la suspensión de los complementos tiene un impacto mayor en las categorías más precarias, como el profesorado interino o ayudante, para quienes estas cantidades representan una parte especialmente sensible de sus ingresos. “Son recortes que afectan más al que más lo necesita”, resume el secretario.

“Las dificultades económicas de la Universidad no deberían traducirse en que una parte de su plantilla soporte de forma singular y prolongada sus consecuencias, mientras continúa desempeñando plenamente sus tareas docentes, investigadoras y de gestión”, denuncian desde el PDI. “A esta situación se añade la falta de información suficiente, clara y periódica sobre las causas del retraso, las cantidades pendientes y las previsiones de pago, lo que agrava la incertidumbre y dificulta la confianza en la respuesta institucional”, añaden en el escrito en el que exigen “transparencia” en las cuentas.

Las movilizaciones han comenzado de forma simultánea en cuatro campus y el comité prevé celebrar nuevas asambleas informativas en las próximas semanas. Estas acciones se enmarcan dentro del calendario de protestas que prepara el camino hacia la huelga educativa general convocada para el 11 de noviembre. El comité de empresa del PDI advierte, además, de que no descartan convocar una huelga general en la Universidad de Sevilla si la situación no mejora antes de final de año.

CSIF ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla para que se abra una investigación sobre la gestión económica del antiguo equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla (US), encabezado por Miguel Ángel Castro, del que formaba parte la actual rectora, Carmen Vargas.

La responsable autonómica de Universidades de CSIF, Beatriz Hortigón, ha explicado que tras la toma de posesión de Vargas, en diciembre de 2025, comenzaron a circular “noticias alarmantes” sobre el déficit de la institución. “Un déficit que desgraciadamente se está haciendo palpable en el impago, desde enero, de determinados complementos a toda la plantilla, con el profesorado como el colectivo más perjudicado”, ha añadido.

Transcurrido casi un año desde entonces, y después de la realización de una auditoría externa, ni la rectora, ni la nueva gerente, Rocío Román, “han conseguido justificar a dónde han ido a parar los fondos de la Universidad de Sevilla; ni presentar, a la parte social, un calendario de pago para la deuda existente con sus trabajadores, deuda que se acrecienta a medida que pasan los meses”, según denuncia la central sindical.

Por todo ello, CSIF ha decidido solicitar esta investigación judicial, “para aclarar, de una vez por todas, qué ha ocurrido y para que se depuren responsabilidades, incluso penales, si la Fiscalía encontrase indicios de delito”, concluye la responsable autonómica de Universidades de la organización sindical.

Déficit y recortes en la Hispalense

La Universidad de Sevilla ya aprobó el pasado mes de abril un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros del presupuesto, con medidas como la reducción de grupos docentes, el cierre del turno de tarde en algunas facultades o restricciones en la contratación de profesorado.

Un mes después, la propia institución sevillana alertó de un desfase de casi 13 millones de euros entre el coste previsto de su plantilla para 2026 (462 millones) y la financiación asignada por la Junta en el último reparto de fondos autonómicos (449 millones), una cuantía que el Rectorado calificó de “claramente insuficiente”.

Finalmente, la Gerencia de la US informó en julio sobre los resultados de la auditoría externa relativa al ejercicio 2025, que arrojó un déficit de 14,8 millones de euros, elevando el déficit estructural del conjunto del sistema universitario público a unos 57 millones de euros en total.

A Lola Pons (Barcelona, 1976) le vino la idea de escribir un libro sobre el silencio mientras visitaba, hace tres años, la cueva de Ardales, en Málaga. Venía de comisariar el Año Nebrija y el cuerpo le pedía una pausa. “El silencio me encontró y yo lo encontré en ese ámbito subterráneo”, recuerda. “Y a partir de ahí, sin ninguna obligación, quise probar si tenía muñeca como para sostener un tono narrativo similar al que uso en los medios, pero que superara las 820 palabras. Y salió, claro”.

El resultado es El dedo en los labios (Taurus), un amenísimo ensayo sobre el silencio en la historia de la lengua cuya salida a la luz coincide con la publicación de otros libros en torno a este fenómeno, como El libro blanco de Vicente Luis Mora, Nuestros silencios de Laurence Joseph o ¡Silencio!, de Pedro Bravo. “Silencio es lo que no tenemos, y, paradójicamente, no paramos de hablar de por qué debemos tenerlo. En la lengua se ha trabajado mucho el silencio, desde el punto de vista del español o de las lenguas actuales, desde un punto de vista sincrónico, para estudiar el silencio como estrategia conversacional, como análisis del discurso, en las locuciones políticas, y también libros ponderativos, elogios al silencio... Pero desde un punto de vista de la lingüística histórica, no había ninguna fuente material para estudiarlo”.

Así, la catedrática de la Universidad Hispalense se dispuso a acometer “una investigación previa, propia, muy original, en la que cada palabra me iba contando un poco, me las iba encontrando un poco por el camino, y eso me ha permitido trabajar con una mente muy abierta sobre refranes, toponimias y también sobre palabras del léxico común”, para descubrir que el silencio, “igual que los gestos, el marcar la ceja o la mirada, es un elemento lingüístico, es parte de nuestra lengua. Por eso, la lengua no ha dejado nunca de crear palabras para nombrar los silencios”.

Del teatro al deporte de masas

Por ello, en la primera parte del libro, titulada Pido silencio, Pons comienza indagando en los distintos significados del silencio según las lenguas y sus contextos. “Un caso muy claro es cómo reaccionamos ante una petición de matrimonio, donde el silencio es un no o un sí, según la cultura en la que uno se encuentra. Ese es el marco del libro para decir que físicamente la ausencia de palabras es un fenómeno universal, nos callamos de la misma manera, pero, ¿qué valor le damos a eso? Tiene una lectura histórica cambiante, por eso era interesante mirar hacia atrás en nuestra propia lengua y observar el silencio como una ventana a nuestra propia historia. Es un libro de lengua, porque yo soy filóloga, pero sin yo quererlo se terminaba convirtiendo en una especie de historia cultural de quienes hemos sido como sociedad”.

La segunda parte, Me callo, describe el viaje de la palabra silencio, desde el entorno religioso hasta que sale de él e ingresa socialmente. “Hay cosas que nosotros damos por hechas y que no lo son. Por ejemplo, que al llegar a un aula un profesor diga ‘silencio’ y lo pida así, de manera exhortativa, con ese sustantivo, eso como acto de habla, que es como se llamaría técnicamente, se hace así desde el siglo XVI; antes no se hacía. ¿Cómo se haría? Pues se haría llevándose el dedo a los labios o diciendo ‘shhhhh’”.

“En esa petición de silencio explora, a partir de la palabra silencio, otros fenómenos como, por ejemplo, los silencios situacionales”, prosigue Pons. “Nosotros hoy asociamos el teatro, por ejemplo, al silencio del público. Antes no ocurría así. Y eso no solo lo sabemos por las descripciones que hay en las propias obras de teatro, el comportamiento del auditorio, sino porque la combinación ‘silencio-teatral’ se documenta en los textos tardíamente. Una vez que el auditorio se queda callado y el teatro empieza a ser un espectáculo donde solo hablan los que están a un lado, los que están subidos en el escenario, parece que surgen, como especie de fenómeno de vasos comunicantes, otros fenómenos de espectáculos de masa donde sí, como espectador, puedes gritar, puedes hacer sonido. Me refiero, por ejemplo, a los deportes de masa, que por definición no son silenciosos, salvo el tenis y pocos más”.

Sin huella en los mapas

El siguiente apartado, Se callan, parte del capítulo del Vizcaíno en El Quijote. “Muestro cómo nos comportamos ante el silencio de los lugares. Por ejemplo, el silencio de la noche. El silencio que nosotros advertimos en espacios abiertos, cuando vamos al campo. El silencio de la ciudad y el ruido de la ciudad. Hay hechos interesantes como que, por ejemplo, el silencio se suele acompañar de adjetivos positivos de manera casi exclusiva hasta el siglo XVII. A partir de esa fecha se incrementan las combinaciones de silencio con adjetivos negativos. Se nota a partir del XIX, con la revolución industrial, donde ya se observa que hay un silencio ominoso. Un silencio que puede venir de la explotación, de la alienación de las personas”.

También se ocupa Pons de la ausencia del silencio en los mapas. “La toponimia codifica muchos elementos sensoriales, pero no codifica el silencio. De hecho, la que hay es absolutamente sospechosa. Si te encuentras una urbanización que se llame Silencio Dorado o Costa Silencio, ese topónimo tiene seguramente tres días y lo ha creado alguien en una oficina de venta de pisos. El silencio no deja ninguna huella en los mapas frente a otros elementos de nuestra naturaleza”.

“Es también en ese capítulo donde se observa cómo a veces la lengua, como hablantes, tendemos a ser obsesivos”, agrega Pons. “El mismo animal, el grillo, que utilizamos desde la ficción de Pinocho para hablar de Pepito Grillo, tu voz de la conciencia que no se calla, se utiliza hoy en redes sociales para decir que me han hecho ‘cri-cri’, lo que los ingleses llaman cricketing, si no me contestan a un mensaje de petición de algo. Le dije a lo que viniera y ‘cri-cri’, me dejó escuchando los grillos.

Silencio imposible

Y están, cómo no, los grandes silencios de la literatura, el más famoso de los cuales es “de cuyo nombre no quiero acordarme”, pero hay muchos más. “Veamos cómo en la literatura se ha utilizado, como forma de reflejar una especie de silencio evocador, los puntos suspensivos. Son muy modernistas, incluso han llegado hasta la parodia. Se parodiaba el punto suspensivo como propio de una lírica demasiado desmayada”.

Cuando se le pregunta por el silencio imposible de las redes, del scroll infinito, Pons subraya que “el silencio se ha ido estrechando tanto que en este momento es un lujo. De hecho, muchas personas lo compran como experiencia en forma de retiro de silencio. Y se juega mucho con el silencio, de forma que el lujo es elegir cuándo se quiere hablar. El verdaderamente famoso, el verdaderamente adinerado es el que puede permitirse el silencio en redes o no tenerlas, por ejemplo. Se ha vuelto un lujo porque la introspección cada vez nos da más miedo”.

El verbo 'silenciar'

Y la IA, ¿qué tiene que decir del silencio? “Me provoca mucha hilaridad porque veo que la pobre no sabe estarse callada”, asegura Pons antes de comentar el capítulo siguiente, Me callan, que “trata del silenciamiento a cualquier colectivo, el silenciamiento a las mujeres, el silenciamiento en la dictadura... Es interesantísima la modernidad del verbo silenciar, que es un verbo que tiene apenas un siglo en nuestra historia léxica. Eso es muy poco tiempo para la historia de una lengua, pero está profundamente arraigado. Está muy bien modelado metodológicamente. Y me demoro en la fuerte asociación que hay en España del ‘no te signifiques’ y el franquismo. Es muy llamativo, porque literalmente lo que te está diciendo es ‘no seas una palabra’. Las palabras son los elementos que, por definición, se dedican a eso, a aportar significado. Todo ese refinamiento manipulador que ha venido del lenguaje político ha retorcido qué significa el silencio”.

“También es interesante ver cómo desde el léxico de la religión de la Edad Media hasta el siglo XX hemos crecido exponencialmente en toda la terminología sociológica del silencio”, apunta. “Eso tiene que ver con que nos hemos convertido en una sociedad democrática donde la toma de palabras y, por tanto, el diálogo que establece esta con el silencio propio y ajeno es importante”.

Por último, Lola Pons espera que el fruto de su trabajo “no caiga en silencio. Creo que, igual que se puede describir una historia del mundo hispánico a través de cómo comemos, porque no comemos ahora igual que hace cinco siglos, o cómo vestimos, también se puede definir una historia de la cultura hispánica a través de cómo nos hemos comportado léxicamente con el silencio. Este es un libro exigente. Un libro para lectores. Un libro que exige silencio e introspección”.

Que la inteligencia artificial (IA) está transformando el mundo laboral ya no es algo que suene a ciencia ficción, sino que forma parte del presente más inmediato. Los algoritmos participan cada vez más en las primeras fases de los procesos de contratación y se encargan de filtrar las candidaturas antes de que una persona evalúe a los aspirantes a un determinado puesto de trabajo.

Con esta realidad como punto de partida ha arrancado este miércoles en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla la 15.ª edición de las jornadas Gira Talks, impulsadas por Coca-Cola. El encuentro ha reunido a 130 estudiantes para invitarlos a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la selección de personal y los retos éticos que plantea su uso.

“La realidad es que cada vez más, antes de que lo revise una persona, un currículum ya ha sido clasificado o filtrado por un algoritmo”, afirmó la decana de la facultad anfitriona, María del Milagro Martín, durante la apertura de la jornada. Según explicó, la IA está “transformando de manera profunda” los procesos de selección, la gestión del talento y la forma en la que las organizaciones toman decisiones sobre las personas.

La decana defendió que comprender estos mecanismos se ha convertido en una “necesidad” para los jóvenes que pronto accederán al mercado laboral. “Primero porque seréis candidatos en procesos de selección, pero también porque en un futuro tendréis la responsabilidad de tomar esas decisiones”, aseguró dirigiéndose a los jóvenes que aspiran a desarrollar su carrera profesional en departamentos vinculados a los recursos humanos y la gestión del talento.

Por ello, la responsable de la Facultad de Ciencias del Trabajo insistió durante su intervención en que la tecnología no actúa de forma neutral. “Quien selecciona no es la IA, sino las personas que diseñan, interpretan y utilizan los algoritmos”, subrayó. En este sentido, advirtió de que estas herramientas tecnológicas pueden incorporar “patrones de comportamiento y reproducir sesgos” que desemboquen en “situaciones discriminatorias” para determinados colectivos si no existe una supervisión adecuada.

La IA como aliada, no como sustituta

Por su parte, la directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners, Beatriz Codes, puso el foco en el potencial de las nuevas generaciones y en la necesidad de que aprendan a utilizar estas herramientas sin renunciar a su propio criterio. “El talento joven es una de las mayores fuerzas que tenemos hoy en la sociedad”, afirmó en el arranque de la nueva edición de GIRA Talks, un programa que ha acompañado durante los últimos 14 años a más de 9.000 jóvenes –entre ellos, 1.049 de Sevilla– en su preparación para el mercado laboral.

La representante de Coca-Cola destacó que la inteligencia artificial ya forma parte de la forma de enseñar, estudiar y contratar, pero defendió que debe entenderse como un apoyo y no como un sustituto de las capacidades humanas. “La IA es una gran aliada, pero lo que nos hace únicos es nuestro criterio personal”, señaló, animando a los asistentes a aprender cómo integrar a la IA para contar mejor sus fortalezas sin que ello “sustituya la esencia de la persona”.

En la apertura de la jornada también participó el director general de Andalucía Emprende, Javier González, quien defendió la colaboración público-privada para “no solo crear el talento, sino retenerlo”. González coincidió en que la tecnología es una herramienta que viene a “multiplicar” y que puede “facilitarnos” la vida, pero sin olvidar que “el criterio y el talento son las personas quienes lo aportan a esa herramienta”.

La encargada de inaugurar oficialmente el encuentro ha sido la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas. Durante su intervención, puso en valor el contenido de una jornada orientada a ofrecer a los jóvenes las claves para sacar el máximo provecho a sus candidaturas ante una oferta laboral. Para la rectora, lo más importante no solo es saber preguntar a la IA, sino “saber interpretar las respuestas” y contar con “el criterio suficiente para no delegar en las herramientas tecnológicas las decisiones que tienen que tomar las personas”.

La tecnología al servicio de las personas

Tras la apertura oficial, los 130 universitarios continuaron la jornada con tres horas de formación de la mano de la Fundación Universidad-Empresa, en las que abordaron el uso de la IA como herramienta para impulsar el talento, las claves para comunicarse con precisión con estas herramientas y su aplicación como aliada en los procesos de selección. La formación también puso el foco en la importancia de utilizar la inteligencia artificial desde la ética, los valores y la responsabilidad.

La acción formativa ha servido para trasladar la IA del terreno teórico a situaciones concretas que los jóvenes encontrarán cuando comiencen a buscar empleo. A través de diferentes sesiones prácticas, los estudiantes han trabajado en cómo utilizar estas herramientas para preparar sus procesos de selección haciendo un uso responsable y útil de la inteligencia artificial. 

Una formación que deja una idea central: la incorporación de la IA a los procesos de selección no elimina la responsabilidad humana, sino que exige reforzar el criterio de quienes diseñan, utilizan e interpretan estas herramientas para garantizar que la tecnología esté, como señaló la decana, “al servicio de las personas y nunca al revés”.

“Este es un acto político”. Unas palabras contundentes frente al veto de la Universidad de Sevilla (US), que rechazó prestar sus instalaciones para que se celebrara el acto de presentación de la plataforma Feministas frente al Fascismo este jueves por su “connotación política”. Lejos de amilanarse, prendió la mecha del espíritu de las organizadoras, que encontraron en CCOO una rápida respuesta. El espacio, estrenado en Sevilla con más de 200 mujeres, traza sus líneas de actuación frente al auge del negacionismo machista y el fascismo, poniendo especial foco en el tratamiento de la igualdad en Andalucía desde los espacios sanitarios, jurídicos y en la política.

Teresa Alba, presidenta de la Asociación Páginas Violeta y ponente inaugural de la jornada en sustitución de Mercedes Arriaga, directora de la Unidad para la Igualdad de la US, tras la cancelación del evento en la institución académica, sonrió ante sus compañeras que, rápidamente, llenaron el salón de la sede del sindicato y se colocaron en los bancos que se trajeron a la sala o se sentaron en el suelo espontáneamente para escuchar durante la tarde a las expertas en género y diversos ámbitos para tratar el estado de la democracia y en el ámbito de los derechos humanos. Entre aplausos y con nuevos ánimos, Alba tomó las reflexiones de Hannah Arendt para recordar que “el poder no es individual, sino poder de grupo, por eso tenemos que empoderarnos colectivamente”.

La plataforma dio sus primeros pasos en febrero de este año en una cita a la que acudieron 70 personas de distintas índoles, desde los campos sociales, políticos, económicos y sindicales. Un encuentro en el que, sostuvo Alba, se manifestó la inquietud común: “Bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de la mujer se pongan en cuestión”, citando a la filósofa feminista Simone de Beauvoir.

Los tres estandartes del colectivo son la diversidad, la pluralidad y la intergeneracionalidad, como un movimiento en el que la polaridad “está excluida” para evitar “que la violencia siga tiñendo la sociedad”. “Estamos juntas y muy revueltas”, advirtió frente a las amenazas de los grupos ultra, como Vox, que tachan el articulamiento feminista de “chiringuitos”, aunque, como añadió, “la autogestión” es el pan de cada día para aquellas pequeñas asociaciones que intentan ampliar y mejorar sus acciones en el entorno: “Necesitamos el compromiso del activismo feminista para construir una muralla para detener al fascismo, la amenaza más grande a la que se enfrenta nuestra democracia”.

Recortes en materia de igualdad y banalización del lenguaje

Poniendo el foco en la región, la ponencia marco de la periodista y escritora Mercedes de Pablos Candón y la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO, Vanessa Casado Caballero, situó la controversia política constante en el marco de Andalucía como laboratorio político: la normalización de la extrema derecha. Pero, antes de comenzar, De Pablos tuvo unas palabras para la vecina madrileña de 87 años desahuciada hoy: “Mi nombre hoy es Maricarmen. Las mujeres siempre vamos a estar al lado de quien nos necesita, y recordemos con nombre propio a aquellos que no votan en el Congreso de los Diputados por las medidas para intervenir el mercado sin que se rompa el eje de la Tierra”.

¿Qué ocurre en Andalucía? Al fin y al cabo, no deja de ser un reflejo de lo que ocurre en la esfera internacional y nacional, donde los grupos ultraconservadores o la manosfera se hacen hueco en el discurso mediático y en la deriva democrática hacia estas opciones que, entre otras cuestiones, niegan la violencia machista o asumen el binarismo sexual y de género como la única via posible. “Desde posiciones aparetenemente no reaccionarias consentimos prácticas fascistas que rompen la costra de nuestra convivencia, y hemos dejado que se devalúe la palabra política o ideología”, declaró la periodista, “cuando habíamos conseguido incluir la igualdad dentro de la cartera de los derechos humanos, esta se rompió, y ahora se firman documentos donde a los niños y niñas se les llama menas, se les pone una estrella amarilla en la solapa, sin que esto sea rechazado por el resto de la sociedad”.

A lo que hacía alusión era al acuerdo de gobierno firmado entre Vox y el PP en Andalucía, al igual que en otras comunidades autónomas donde el pacto se ha dado aunque sea con estos principios xenófobos en los que se enmarca la prioridad nacional. “Acusar a quienes ponían los derechos por delante como buenistas fue el primer paso para perder la realidad nombrada, la palabra”, añadió, para lo que situó al feminismo como “el movimiento más radical de emancipación” y la “solución para salvar a la democracia”.

Entrando en materia, la representante de CCOO señaló varias prácticas cuestionables dentro de la administración pública, concretamente, en el Ayuntamiento de Sevilla, responsable de que la Oficina antiaborto cumple su segunda legislatura tras la cesión del PP a las peticiones de Vox o que haya una reducción de centros dedicados al diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual (ETS) mientras que se rechaza la reincorporación de los manuales de educación afectivosexual en los centros educativos de la capital hispalense.

Todo ello, afirmó, en un momento en el que se mantiene la financiación de grupos antiabortistas, como Red Madre, y “se lleva a la irrelevancia al Consejo Municipal de la Mujer y, también, al de LGTBI”. “Sevilla es un buen ejemplo del laboratorio político que, en lo micro, va en consonancia con la estrategia macro del fascismo”, aseveró. En este punto, su compañera de mesa reafirmó que, cuando se recorta en el apoyo al asociacionismo local, “se está dando un paso para aislar a las posibles víctimas de violencia de género, ya que el asociacionismo saca a estas mujeres de las casas y evita que el maltratador las aísle de su entorno”.

El derecho al aborto en Jaén y el sistema jurídico

Una de las grandes preocupaciones desde lo sanitario es la falta de cobertura para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Jaén. La filósofa y portavoz de Mareas Blancas Sevilla, Rocío Martín, hizo hincapié en que el deterioro del sistema público se evidencia cuando lo recogido en la ley no implica que su cumplimiento se vaya a ejercer. “Las mujeres en Jaén están desesperadas: tienen que desplazarse sí o sí, y los únicos tres casos que se han practicado en el hospital universitario fueron aquellos en los que la vida de la mujer corría peligro y, por tanto, era un problema médico, pero, en ningún caso, fue por una decisión libre tomada en las primeras 14 semanas de embarazo”.

Esta controversia, para la que el Defensor del Pueblo Andaluz también ha pedido explicaciones, deriva en un empobrecimiento tanto de las afectadas como de su red, además de la “vergüenza” a la que se ven sometidas. “Si existe una ley que reconoce y garantiza este derecho, ¿por qué las mujeres de Jaén no pueden ejercerla en las mismas condiciones de igualdad que el resto de mujeres?”, zanjó, en un momento en el que, también, la sanidad ha golpeado fuertemente a las mujeres, como ocurrió ahora hace casi un año con la crisis de cribado de cáncer de mama.

Además, para esta legislatura hay un cambio sumamente significativo: Justicia queda en manos de Vox y, tras la polémica suscitada por su nombramiento, las unidades de valoración de género serán examinadas por el líder andaluz del partido Manuel Gavira, consejero del ramo y vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía. Mientras el Ministerio de Igualdad pedía explicaciones al presidente andaluz Juanma Moreno por esta decisión que deja a la ultraderecha un organismo indispensable para la evaluación de las víctimas de violencia machista, desde el encuentro de Feministas frente al Fascismo, Amparo Díaz, abogada experta en la materia, ponía el dedo en la llaga.

“Hemos pasado en diez años de un sistema que se esforzaba en llevar a cabo una justicia igualitaria a una situación actual en la que, si se esfuerza alguien, le hacemos la ola”, manifestó. Desde los turnos de oficio, “infrafinanciados y con un personal sobresaturado”, aludió al mal presente en los tribunales andaluces: “Tenemos a médicos forenses negacionistas en las unidades de valoración, al igual que a jueces o juezas que niegan la violencia de género o a abogados que son maltratadores”, señaló.

“La falta de dotación, capacidad, interés, y el uso reiterado de procedimientos judiciales para maltratar a las víctimas” son los fallos más acuciantes a resolver, ya que, como indicó, “los maltratadores ya lo saben y, en este maltrato institucional, no podemos exigir a las víctimas que denuncien, sino que tenemos que organizarnos desde fuera”.

Llamando a la acción colectiva, Díaz invitó a las participantes a hacer uso de diversas herramientas, como la Ley de Transparencia, para fiscalizar y examinar la actuación de los poderes públicos y, sobre todo, a no darse por vencidas. Como ocurre con María Jesús Correa, abogada feminista y expresidenta de la Asociación Derecho y Democracia, cuyo trabajo conjunto con otras 17 letradas ha llevado a que el Tribunal Supremo admita el recurso que interpuso para que se dirima si el uso del nombre Colegio de Abogados de Sevilla, en vez de Abogacía, es o no discriminatorio. Un hito para este grupo, que lleva ya una década pleiteando este caso. Marcadas por “el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad”, Feministas frente al Fascismo abanderó la esperanza como un acto de resistencia desde Sevilla.

Controversia por el veto de la US

La crítica hacia la gestión de la Universidad de Sevilla marcó el curso de la jornada. Todas y cada una de las ponentes de Feministas frente al Fascismo señalaron la decisión del equipo de gobierno y a su rectora Carmen Vargas. “La rectora representa a la US, pero ni es suya, ni de los profesores, solo y únicamente, sino de toda la comunidad. Por lo tanto, como dijo Unamuno, ni convence, ni espero que convenza nunca”, lanzó Mercedes de Pablos.

A raíz de lo ocurrido, Casado, como secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO, explicó en declaraciones a este medio que la acogida por parte del sindicato se dio con tanta celeridad como respuesta para “siempre y cueste lo que cueste, promover aquellas iniciativas que quieran proteger la democracia”. “Este es un acto esencial en el que se habla de la erosión de los sistemas democráticos y de cómo enfrentarse a ellos desde el feminismo, y nos ha sorprendido la actitud de la Universidad de Sevilla, es grave y muy preocupante, pero creemos que es sintomática de los tiempos a los que nos enfrentamos”, enfatizó.

Al respecto, no ha habido explicaciones por este cambio de parecer en el último momento y aclara que, aún siendo un acto político, no se trata de un “acto partidista”. “Entendemos que un acto dedicado a hacer apología del terrorismo o a promover el machismo o una propuesta xenófoba no encaja dentro del marco institucional, pero son legítimos el feminismo y la posición contra el fascismo”, remarcó. “No quisiéramos llegar a pensar que la equidistancia sea la manera en que la US tenga que, quizá, protegerse de los problemas graves que tiene ahora”, en referencia a la infradotación presupuestaria que afronta el sistema público universitario, en el que la US ha hecho sus reclamaciones y cuyo interlocutor es ahora PP y Vox.

“Entre la universidad pública y la privada no solamente hay una diferencia en que tu hija se lo pueda pagar, sino una diferencia del concepto del espacio”, planteó Casado, “la universidad pública sirve para defender los derechos, la conciencia crítica y las posiciones democráticas, es algo a lo que no puede renunciar”.

La Universidad de Sevilla (US) ha denegado el permiso a la plataforma Feministas frente al Fascismo para que realice su presentación oficial en el Pabellón de México. Una postura para la que las organizadoras y activistas del encuentro se han mostrado indignadas, resaltando que este “veto” es “especialmente preocupante” debido a que se trataba de una convocatoria abierta destinada a abordar cuestiones relacionadas “con la democracia, la igualdad, los derechos de las mujeres y el avance de los discursos autoritarios y antifeministas”.

El propósito, resaltan en un comunicado, era convertir la Universidad “en un espacio de reflexión y debate” para tratar estos temas de relevancia social, por lo que reclaman que el equipo de gobierno de la US que explique “públicamente” los criterios empleados. La US comunicó este cambio a la plataforma feminista a última hora del lunes y, a preguntas de este medio, resalta hoy que “no autoriza actos que tengan connotación política”. A ello, fuentes de la institución académica añaden que “la Universidad no está en contra del feminismo, pero no se hace política”.

La postura de la US ha sorprendido a las organizadoras del encuentro, aunque hay otros casos similares, como el del profesor Félix Talego, de la Facultad de Geografía e Historia, que para la última clase de la asignatura de Antropología Política había organizado una mesa redonda en su horario de docencia con diferentes ecologistas para abordar las motivaciones y consecuencias de la minería en el territorio y como contrapunto al Salón Internacional de la Minería. Sin embargo, su propuesta finalmente se desestimó a última hora y tras haberse aprobado en un primer momento, alegando desde el equipo de gobierno que había habido confusiones en la convocatoria.

“Expresarse y debatir”

En este sentido, desde Feministas frente al Fascismo subrayan que, en un intercambio verbal, se tildó el encuentro de “soflama política” y, ante el rechazo, piden a la Universidad de Sevilla que “no comparta nuestras posiciones, sino que permita que puedan expresarse, debatirse y ser contestadas”. Al evento ya estaban inscritas unas 200 personas para acudir a la presentación en el Pabellón de México, en la capital hispalense, a la que estaban convocadas personalidades tanto del movimiento feminista, universitario, profesional, sindical y político.

Finalmente, CCOO ha puesto a disposición de la plataforma su sede en Sevilla, por lo que el encuentro se celebrará este miércoles 23, a partir de las 17.30 horas, en el Salón Proceso 1001 del centro sindical. Desde la plataforma, se muestran sorprendidas debido a que “la mayoría de las personas de la comunidad universitaria con las que hemos podido hablar no comparten este veto” y consideran que “una universidad pública no puede permanecer equidistante ante cuestiones como el machismo o el fascismo”.

Los campus de las universidades públicas, atravesados por los movimientos sociales, críticos y políticos de sus propios estudiantes y comunidad universitaria, vive un debate agitado sobre la idoneidad de estas instalaciones para que se produzcan determinados actos. La última polémica estuvo relacionada con el comunicador de extrema derecha Vito Quiles, que organizó una gira por el país y por el que recibió el rechazo tanto de la Universidad de Granada, como la de Málaga y la Pablo de Olavide, ya que entendían que atentaba contra los principios de “seguridad, convivencia y normal desarrollo de la actividad académica”, como pasó en la Universidad Autónoma de Barcelona.

En cambio, Feministas frente al Fascismo pide que “los debates sobre democracia, igualdad, derechos de las mujeres y libertades puedan expresarse, debatirse y ser contestados”, enfatizan.

Debate abierto

La inauguración de la jornada estará a cargo de Mercedes Arriaga, quien es directora de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla, mientras que la presentación del espacio y lectura del manifiesto lo realizará María Teresa Alba Pérez, filóloga y presidenta de la Asociaciónd e Mujeres Páginas Violeta. A continuación, la ponencia marco, bajo el título Andalucía como laboratorio político: la normalización de la extrema derecha, será a las 18.00 horas con la periodista Mercedes de Pablo Candón y la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO, Vanessa Casado Caballero.

La mesa de debate, que dará inicio a las 18.30 horas, responderá a la temática ¿Qué está en juego y cómo respondemos?, dividido en tres ámbitos: Nuestros cuerpos como campo de batalla, con la activista feminista Alejandra Teós y la filósofa y portavoz de Mareas Blancas Sevilla, Rocío Martín; seguido por Violencia contra las mujeres y justicia patriarcal: de Torquemada al lawfare, con Amparo Díaz Ramos, abogada especialista en violencia de género, y María Jesús Correa, abogada feminista y expresidenta de la Asociación Derecho y Democracia; y, por último, La coeducación como herramienta indispensable para la democracia, con la intervención de la maestra y escritora Paula Gómez, y la profesora y coeducadora Bea Ubago Molina. Por último, se abrirá el debate con el público

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la condena interpuesta por el Juzgado Penal número 5 de la capital a un profesor de la asignatura de Estadística del Grado en Economía de la Universidad de Sevilla por tres delitos de abusos sexuales llevados a cabo sobre tres alumnas durante sendas revisiones de exámenes de su materia.

Según consta en la sentencia, consultada por Europa Press, el referido juzgado condenó a este hombre a la pena de veinte meses de multa con cuota diaria de seis euros, así como a la prohibición de aproximarse a las chicas a una distancia inferior a cien metros durante dos años.

El escrito refiere que los hechos sucedieron el 21 de abril de 2022, cuando la primera de las alumnas acudió a una revisión de exámenes. Este hombre, “con ánimo de satisfacer su apetito sexual” le dijo a la chica “qué manos tan bonitas”, hecho que incomodó a la misma e hizo que retirase sus manos, tal y como indica la información avanzada por Diario de Sevilla y confirmada por esta agencia.

No obstante, este varón llegó a levantarse para “tirar del pico de su camiseta, asomándose para ver su ropa interior y preguntar: ¿Qué llevas ahí?”. La joven abandonó el despacho “en estado de shock” antes de que accediese la siguiente compañera.

El acusado “tocó sus manos, brazos y cara, provocando en la misma una situación incómoda, motivo por el que se fue apartando”. Sin embargo, en un momento dado de la corrección de este examen, “le tocó la cara, los labios e introdujo un dedo en su boca, causando en la misma una situación de desasosiego”.

Al entrar la última chica, ya advertida por la anterior alumna de lo que estaba sucediendo, este hombre, con la misma intención, actuó de una forma muy similar, pues le indicó “que tenía un botón de la blusa desabrochado”, a lo cual la joven respondió que no y reprochó su actitud de “mirarle los pechos”.

La sentencia fue apelada por la representación procesal del investigado. No obstante, los magistrados de la Audiencia Provincial recuerdan que el juzgado calificó las versiones ofrecidas de las víctimas como “espontáneas, claras, concisas, veraces, persistentes y coherentes”, misma vez que apreció que mantenían “un relato de hechos consistente en toda la fase sumarial y en el acto del juicio, sin que se hayan producido alteraciones esenciales en su versión, ni discrepancias de ningún tipo”.

Además, valora que las contradicciones que la parte apelante alegó en su escrito, esto referido al número de alumnos que pidieron revisión o el orden de entrada de las alumnas en la sesión, “carecen de relevancia” al valorar los hechos que ocupan la presente causa.

Es más, incide en que la juzgadora no albergó “ninguna duda de que el profesor cometió los delitos por los que ha sido condenado, razón por la que no se puede alegar la vulneración” del derecho a la presunción de inocencia, como alegaba la parte apelante. Por ende, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el encausado y ha confirmado la resolución del Juzgado de lo Penal número cinco de Sevilla.

La US tomará medidas

La Universidad de Sevilla (US) ha asegurado que tomará medidas “con rapidez pero también respetando las garantías del procedimiento” contra el profesor condenado por abusos sexuales. El Rectorado ha condenado “de forma rotunda” los hechos y ha recordado a la comunidad universitaria que “cualquier persona que sufra o conozca una situación de acoso o violencia sexual puede comunicarla a través de los canales existentes”.

En declaraciones remitidas a los medios tras conocerse la sentencia, adelantada por Diario de Sevilla y consultada por Europa Press, la US ha recordado este lunes que actuó “desde el primer momento que tuvo noticia de los hechos”, en abril de 2022. “La US adoptó medidas preventivas para proteger a las alumnas afectadas tanto física como emocionalmente. La prioridad fue evitar que tuvieran que mantener contacto académico o presencial con el profesor mientras se resolvía el procedimiento judicial que se había iniciado”, ha sostenido.

Eso se tradujo en que la actividad docente del profesor se trasladó a otro centro y se le restringió el acceso a la facultad de origen. “Cuando necesitaba acudir, debía comunicarlo previamente para poder organizar la visita de forma que no coincidiera con las estudiantes afectadas”, ha explicado la institución, que “ha mantenido el seguimiento del caso a través del centro y de los órganos competentes. También se ha atendido la situación del grupo y del entorno académico. Desde que se adoptaron estas medidas, no constan nuevas incidencias”.

Cada vez que suena una notificación, Cristina, nombre ficticio, busca el móvil para comprobar a través de una aplicación si el ataque del dron ha afectado a la zona en la que vive su familia, en Ucrania, mientras que su hijo todavía se asombra del silencio que hay por las noches cuando duerme en su habitación. Dos hechos que revelan la marca indeleble que ha dejado la guerra en sus vidas, a pesar de que se hayan alejado miles de kilómetros para comenzar desde cero. Un testimonio parte del proyecto BIENMIGRA, una iniciativa que busca transformar el abordaje de la salud mental y el bienestar para las personas migrantes desde una perspectiva más cercana con tal de conocer y entender los códigos de los recién llegados en un contexto donde el sistema sociosanitario va a marchas forzadas y tiene recursos insuficientes para atender la complejidad de este colectivo.

Manuel de la Mata y Javier Saavedra, investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, crearon el programa, que tendrá una duración de tres años, motivados por crear metodologías que faciliten esta labor. Así, darán a conocer de qué manera las personas migrantes se enfrentan a las desigualdades que imperan en España y cómo estas afectan a su salud mental, ya sea por la discriminación, la xenofobia o la aporofobia, los discursos de odio, el acceso al mercado laboral o de la vivienda, o las propias circunstancias que los llevan a estados precarios, como la ausencia de papeles o el duelo migratorio que sufren tras abandonar su tierra. En Sevilla, Málaga, Huelva y Córdoba ya han entrevistado a una treintena de personas que llevan menos de un año en Andalucía y que proceden de Ucrania, Marruecos, Polonia, Venezuela, Perú, China, entre otras naciones, para dar con nuevas formas de comunicación.

“Nos interesa mucho el concepto de salud mental que tienen porque, de esta forma, nos pueden ayudar a aprender cómo atender a esta persona”, comenta De la Mata. La pandemia supuso un punto de inflexión en la sociedad para hablar sobre salud mental, un concepto que asumieron las administraciones y que ha planteado grandes retos a nivel estatal con planes específicos para abordarla, lo que ha logrado que, después de seis años, el suicidio deje de ser la primera causa de muerte en España al haber disminuido un 6,5% con respecto a 2022.

Pero esta apertura no significa que se dé en otras sociedades, para las que no hay conceptos equivalentes: “En el mundo occidental, hablamos de la salud mental como un valor positivo y ese estigma se está reduciendo poco a poco, sin embargo, no es tan explícito en otros contextos. Tenemos que aprender a identificar cuáles son las sensaciones que compartimos y las formas que tienen de enfrentarse al sufrimiento psicológico según las mochilas culturales con las que llegan las personas migrantes, en cuanto a valores y principios”.

Atender a la diversidad cultural

Una rápida comparativa, adelanta el profesor, cuando hablamos de un problema de salud mental podemos identificarlo rápidamente con “depresión o tristeza, cuestiones relacionadas con nuestra conciencia o, más bien, estados internos”, pero las personas migrantes lo asocian con cuestiones funcionales, como los problemas para dormir, dolores o problemas conductuales como la irascibilidad. “Por ejemplo, no se le ocurriría decir que tiene pensamientos intrusivos” a la hora de referirse a las autolesiones. De ahí que, una vez instalados en un nuevo país, existan diferencias que marcarán la relación entre los pacientes y sus especialistas, cuestión a prever para que haya un tratamiento exitoso.

BIENMIGRA está dividido en tres fases, consistiendo la primera, en la que ahora están sumergidos, en un diagnóstico sobre la concepción de la salud mental que tienen las personas migrantes. Para ello, las entrevistan de forma individual para así conocer las circunstancias y las peculiaridades de sus realidades. En paralelo, estudian las narrativas digitales que hay en las redes sociales relativas a la migración y, también, contarán con la visión de los de expertos dedicados a este ámbito, para lo que han contado con un amplio abanico de asociaciones colaboradoras, como Red Acoge, Alianza por la Solidaridad, la Asociación Hispano-Polaca, Faisem o Fundación Triángulo, entre otras, que relatan cómo es su trabajo y los enfoques que utilizan cuando tratan con este colectivo.

“Ahora estamos transcribiendo las entrevistas relativas a dos grupos de trabajo, aquellas personas migrantes con problemas de salud mental y, por otra parte, las personas migrantes que no los tienen. Muchas de ellas están siendo atendidas por casas hogares, centros de día o van a los servicios de las organizaciones, como Faisem, ya que, al llegar, ha podido desencadenarse ese trastorno mental a causa de las circunstancias en las que viven”, explica Saavedra. Los casos atendidos por la sanidad pública son escasos, observan, aunque detectan que las personas extranjeras la encuentran “muy valiosa” por su inexistencia en los lugares de donde vienen. Pese a ello, han vivido episodios violentos, más bien relacionados con la discriminación, sobre todo hacia personas de origen africano, describen.

“No estamos preparados para entender lo que le está pasando a esa persona o, en todo caso, malinterpretamos lo que le está ocurriendo. Esperamos que el paciente sea totalmente explícito, lo cuente todo, como le ocurre a un psicólogo o psiquiatra que demanda una confianza total. Esto, en otras culturas, es inconcebible”, señalan los investigadores. Por ello, es crucial interpretar estas interacciones para que, una vez recogidos los testimonios, se diseñe un programa de formación con el que los profesionales sociosanitarios adquieran nuevas competencias culturales y aborden de una forma más efectiva la salud mental de las personas migrantes.

Una red “insuficiente”

Desde 2002, la cifra de personas extranjeras que viven en España no ha parado de crecer. Ya representan un 20% de la población, lo que significa unas 10 millones de personas, de las que unas 900.000 residen en Andalucía, según el censo anual de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). ¿Está preparado el sistema sociosanitario para acoger a este colectivo? “Está aprendiendo a marchas forzadas”, adelanta Saavedra, “en apenas 15 años hemos pasado de ser un país de emigrantes a un país de inmigrantes, lo cual es un cambio muy importante que provoca unas tensiones, como las que estamos viviendo”. En cuanto a los recursos de la autonomía, advierte que la red para la atención a la salud mental “es muy insuficiente y tiene muchas dificultades”, aunque haya una menor proporción de extranjeros en comparación con Cataluña o Madrid.

Con un sistema sanitario colapsado, en el que las visitas con especialistas se espacia en el tiempo, el equipo de la Universidad de Sevilla advierte que “no se dan las mejores condiciones para atender la diversidad cultural”, así como para hacer un seguimiento de su situación, dadas las condiciones a las que se enfrentan estos individuos que parten de cero y deben sobrevivir y la escasez de recursos a los que pueden acceder. En esta línea, cabe recordar que un informe publicado por el Ministerio de Sanidad recogía que el uso de la sanidad pública sigue siendo mayor por parte de las personas nacidas en España y, en cuanto a nacionalidades extranjeras, de ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea.

La 'paradoja del migrante'

Al respecto, mencionan la “paradoja del migrante”, un término utilizado en los estudios sociales sobre la migración para explicar su buena salud en la llegada. “La migración es un proceso muy complejo, por lo que la persona que asume este viaje tiene que estar en las mejores condiciones”, las dificultades sobrevenidas para atravesar las fronteras, las huidas, los inconvenientes del transporte, enfrentar los conflictos, una serie de obstáculos para los que se necesita una barrera física y mental fuerte que soporte toda carga.

“En una investigación que realizamos en las cárceles andaluzas, observamos que la gente migrante en prisión tenía menos riesgo de sufrir esquizofrenia que la población autóctona, y la explicación está en que la trayectoria implica una fuerza cognitiva que es incompatible con cualquier tipo de rasgo psicótico. Si no, se quedarían por el camino”, aclara. Es entonces, al llegar al país y sufrir el proceso de aculturización, cuando se cierne sobre ellos miles de factores interseccionales, como una mala alimentación, la pobreza o el aislamiento social, que terminan por socavar su salud.

“Lo que más me conmueve es la capacidad que tienen, en muchos casos, de salir adelante. Uno se pregunta si seríamos capaces de afrontar todo esto”, añade De la Mata. Al encontrarse con discursos xenófobos como el de la prioridad nacional promovidos por Vox, ¿qué opinan? “Algunas de estas personas vienen de contextos políticos muy complejos y mucho más agresivos, así que, lo viven con mucha más naturalidad y nos cuentan que, en general, no hacen caso. Procuran obviarlo y, otras veces, sirve para reivindicar su identidad nacional y cultural frente al 'tú no vales, tú eres menos', a lo que ellos responden, 'yo sí valgo'”, indica. Pese a eso, se muestran preocupados por el señalamiento de los grupos políticos hacia estos grupos vulnerables y el intento de canalizar a través de ellos el descontento social.

“La convivencia”

Una vez reunidos y analizados estos datos, los investigadores de la Universidad de Sevilla pasarán a una segunda fase de intervención mediante el diseño de varios programas de formación dirigidos a los profesionales sociosanitarios y voluntariado en los que pretenden favorecer una atención más equitativa e inclusiva de las personas migrantes, como en las consultas médicas o psicológicas.

Por último, BIENMIGRA difundirá los resultados obtenidos a través de publicaciones científicas o la elaboración de un manual de buenas prácticas para que este conocimiento llegue al conjunto de la sociedad. “Esperamos aplicar una intervención que no sea solamente informativa, sino experiencial y positiva para que la gente cambie sus actitudes con respecto a las personas con trastornos mentales”, expresan, “la convivencia te demuestra que, más allá de los estereotipos y los prejuicios, somos mucho más, y estas diferencias y similitudes es donde nos encontramos”.

La apertura oficial del curso 2026/2027 en la Universidad de Sevilla estará acompañada de una protesta contra los recortes anunciados para este curso y la “grave situación financiera que atraviesa actualmente la institución”, según la plataforma USxLaPública y el Comité de Empresa del Personal Docente e Investigador (PDI) Laboral. Ambas entidades han convocado una concentración este sábado 5 de septiembre a las 11.30 horas ante el Rectorado, coincidiendo con el acto solemne de inauguración del nuevo curso.

Cabe recordar que el sistema universitario público andaluz en su conjunto cerró el ejercicio 2025 con un déficit ajustado de 44 millones de euros, confirmando así la entrada en un escenario de déficit estructural que los rectores venían advirtiendo desde hace dos años. En este contexto, la Hispalense aprobó un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros del presupuesto, con medidas como la reducción de grupos docentes, el cierre del turno de tarde en algunas facultades o restricciones en la contratación de profesorado.

Desde USxLaPública sostienen que el problema tiene su origen en la “infrafinanciación” que, a su juicio, sufre desde hace años el sistema universitario público andaluz por parte de la Junta. En el caso de la Universidad de Sevilla, la plataforma añade a esta situación la responsabilidad de anteriores equipos de gobierno por lo que considera una “mala gestión” de la institución.

Según el colectivo, las restricciones presupuestarias están teniendo consecuencias en distintos ámbitos de la universidad. Entre ellas, apuntan a una menor contratación de personal y el aumento de las ratios, la paralización de promociones, la reducción de fondos bibliográficos y de las ayudas de los planes propios, así como la eliminación de ayudas de acción social y la cancelación o reducción de actividades culturales, becas y programas de movilidad.

“Todo es objeto de recorte, pues la financiación no llega para cubrir las partidas más básicas, y esto afecta a toda la comunidad universitaria sin excepción”, lamentan en un comunicado. A ojos de la plataforma USxLaPública se trata de “una estrategia que pretende asfixiar a las universidades públicas para favorecer el crecimiento de universidades privadas”.

Por todo ello, han convocado una concentración a las puertas del Rectorado durante el acto de apertura del curso para “exigir tanto a las autoridades académicas, como a los responsables de la Junta de Andalucía, el fin de los recortes y una financiación justa y suficiente para que la universidad pública pueda seguir realizando su labor de transmisión y generación del conocimiento, necesaria e indispensable más que nunca para nuestra sociedad actual”.

Cuando era niña, Sara Rebollo-Bueno descubrió el poder asombroso del miedo. El mundo cambiaba de forma rápida y vertiginosa y ella lo contemplaba temerosa, pero, ¿qué había tras esa emoción? Estaba en la carrera de Publicidad y Relaciones Institucionales cuando tomó un camino alejado de lo previsible: quería saber qué efectos tenía el miedo sobre la propaganda y cómo lo usaban los partidos políticos a la hora de dirigirse hacia la ciudadanía.

La investigadora y profesora del Departamento de Comunicación y Educación de la Universidad Loyola Andalucía profundizó a lo largo de su tesis en cómo se efectúan estos mecanismos de control y cómo, finalmente, afecta a la democracia, a la que contempla con pesar por la extrema polarización que se vive en la actualidad. Entre sus manos está Miedo y propaganda. Subordinación a cambio de seguridad, un libro en el que toma ejemplos de la manera en que este miedo ha dado pie a los discursos de odio, imperantes en una España donde, una vez superado el bipartidismo, los partidos tienen que buscar la forma de enganchar y fidelizar, sí, fidelizar, a sus votantes.

“Las personas no saben identificar qué les genera el miedo, sino que simplemente saben que lo sienten”, comenta en su libro. ¿Cómo lo aprovecha la propaganda?

A día de hoy tenemos tantos inputs sobre tantas cosas que son amenaza que ya no sabemos ni a qué tenemos miedo. Si ponemos la televisión un ratito, vemos que, por un lado, están los ocupas, por otro lado, la inmigración, incluso, las feministas, la crisis climática, es decir, una serie de cuestiones que crean una atmósfera de amenaza constante. De hecho, de ahí sale el término de la “cultura del miedo” que vivimos en Occidente: un concepto que abarca por qué sentimos constantemente miedo.

Hay tantísimas amenazas que ya no sabemos muy bien a qué temerle. Escogemos uno o dos, pero realmente no sabemos discernir todo lo que nos rodea. Por tanto, una de las principales conclusiones es que los partidos políticos, en sus discursos electorales y en sus discursos propagandísticos, se benefician de esa nube omnipresente de amenazas que no sabemos muy bien cómo funciona, pero afecta al estado social e individual de las personas.

En un contexto marcado por las guerras mundiales, donde la propaganda tiene su origen como tal, el enemigo estaba claramente identificado. Pero, ahora que atravesamos tantas crisis y de diversas índoles, ¿cómo funciona la incertidumbre?

La incertidumbre es uno de los valores asociados a ese miedo. Si existen tantísimas amenazas por las que uno ha vivido, lo primero que uno se pregunta es qué va a ser lo siguiente: porque ya no sé vivir en otra atmósfera. Hay varias generaciones que nos hemos criado en base a la posibilidad de que ocurran o no ciertos escenarios, hechos futuribles. Esto es lo que alimenta los discursos propagandísticos: ¿qué es lo que va a pasar si yo no gobierno?, o, ¿qué va a pasar si gobierna el contrario? Yo te lo voy a contar qué sucederá en esos hechos futuribles para que tú sigas alimentando esa atmósfera terrorífica en la que vives.

¿Cómo ha evolucionado la propaganda?

En términos de agresividad, seguimos en los mismos estándares, recordemos, por ejemplo, el spot de la niña Daisy [en las elecciones estadounidenses de 1964, la campaña de Lyndon B. Johson lanza este anuncio en el que se asocia a su rival con la guerra nuclear, el cual marcó un punto de inflexión en la historia propagandística]. Era brutal, igual que ahora existen esos discursos. Lo que más ha cambiado es el contenido emocional, hay muchísimo más, que pasa por la evolución de la publicidad comercial y, también, alimentamos mucho la polarización. Estamos en un contexto social y político en el que ya hay de por sí una polarización importante y la propaganda lo alimenta, porque eso es lo que interesa. Interesa que haya dos grupos, nosotros contra ellos, para que haya un conflicto.

Ya sea de derecha a izquierda o viceversa, ¿no?

Mis investigaciones se centran en la ruptura del bipartidismo a partir de 2014, con relación a las elecciones generales y alguna autonómica andaluza, y se concluye que los partidos que pertenecen a lo que llamamos el ala derecha hacen un uso mayor del miedo. Vox estaría en primer lugar, y Partido Popular y Ciudadanos, en segundo y tercero, respectivamente. Eso sí, la izquierda también lo utiliza, pero en menor medida.

¿Qué es lo que cambia en los discursos propagandísticos? La amenaza. La derecha se concentra en cuestiones como, en 2019, el independentismo catalán, que era un chivo expiatorio superfuerte y lo convirtieron en la amenaza principal, “va a destrozar el país, va a suponer la ruptura de España”, o la inmigración, un tema muy común. En partidos más extremistas, como Vox, se utiliza la figura del golpe de Estado o a las feministas y el colectivo LGTBI, como se veía en un montaje con El señor de los anillos para hacer ver que “luchaban” contra los comunistas o los anarquistas.

En cambio, la izquierda se centra, por ejemplo, en la destrucción del Estado de Bienestar o en el tema de la vivienda, que se utiliza mucho ahora. Desde mi punto de vista personal, hay amenazas más legítimas que otras, como las respaldadas por los datos, como la crisis habitacional, pero desde el punto de vista académico, los dos grandes grupos utilizan el miedo difiriendo en el tipo de amenaza y en si es más medido o no.

Los partidos que pertenecen a lo que llamamos el ala derecha hacen mayor uso del miedo. Vox estaría en primer lugar, y Partido Popular y Ciudadanos, en segundo y tercero, respectivamente. La izquierda también lo utiliza, pero en menor medida

Llama la atención que hablemos de dos grupos polarizados cuando el bipartidismo ha dado paso a un reguero de formaciones, ¿no cree?

A pesar de que haya tanta pluralidad, se tienen que reubicar en esos dos espacios. Esto sigue siendo uno contra otro, la cuestión es quién es mi compañero de batalla. La izquierda tiende a tener más disputas internas y en la derecha parece ser más fácil hacer piña, pero, realmente, ¿quiénes pueden ser mis socios de gobierno? Con eso se juega. En el libro, pongo, por así decirlo, en el mismo saco a Vox, Ciudadanos y el PP, aunque sus programas electorales difieran, pero son socios de gobierno. Por tanto, su propaganda se retroalimenta, aunque necesitan distinguirse para luchar por ciertos votantes que continúan indecisos entre estas opciones. Lo mismo ocurre en el otro bando: Unidas Podemos, Sumar, Izquierda Unida, PSOE, que se equilibran entre la diferenciación por el caladero de votos y los puntos comunes.

Me recuerda al momento en el que se le gritaba a Pedro Sánchez que "con Rivera, no”.

Ya había fallado el intento de socio de gobierno y el voto de confianza que se le había dado a Sánchez era claramente para que fuese más a la izquierda, una cuestión que, estoy segura, el PSOE ya sabía. Es más, recordemos todo ese recorrido épico, a lo Campbell, de Pedro Sánchez en su Peugeot recorriendo toda España como si fuera una ruta épica del héroe, enfrentándose a Susana Díaz o a Felipe González. Una pista más de lo que iba a suceder.

En todo este engranaje de la propaganda y el miedo, los medios de comunicación no son inocuos. Es más, los define como constructores de relatos en vez de meros difusores. ¿Qué formato ves más proclive para ello?

Es complicado, porque depende mucho del o de la periodista. En todo caso, creo que ya hemos pasado de esta fase en la que pensamos que los periodistas sois totalmente transparentes y que los hechos son objetivos. Es imposible ser objetivo en el momento en el que nosotros mismos ya no lo somos. Ni siquiera yo, o los académicos cuando intentamos ser neutros. Tienes unos datos empíricos, pero en la forma ya de redactarlo hay un deje que te lleva a un sitio a otro.

¿Dónde es más proclive? Se ve más en las tertulias en según a quién invites. Es más, ahí está el concepto de politainment, cómo llevar la política al entretenimiento. Todos recordamos a Soraya Sáenz de Santamaría bailando en El Hormiguero y ya vemos que todos los candidatos pasan de igual forma por una entrevista en un informativo como por un formato de entretenimiento, lo cual, diría, deriva mucho del márquetin político: creas una marca a partir del líder político. Ejemplo perfecto: no es el PSOE, es Pedro Sánchez; no es Vox, es Abascal.

Con el PP no lo tengo tan claro.

Porque también depende de la fuerza que tenga el líder político. Alberto Núñez Feijóo ha sido un intento. Mira, Isabel Díaz Ayuso es un ejemplo maravilloso, aunque está generalizada en Madrid.

Como Juanma Moreno en Andalucía.

Por supuesto. Además, Ayuso y Moreno difieren, o así lo quieren hacer ver. Moreno va en la línea de esa política “andalucista”, de reivindicación de la bandera, con la foto en la que deja el ramo a Blas Infante sin la presencia de sus socios de gobierno, de Vox. Mientras, Ayuso tiene ese espíritu madrileño que está relacionado con el entretenimiento y con la construcción de la persona más que del partido.

Entre los partidos se utiliza mucho más las emociones ligadas a la ira y el desprecio, sobre todo los partidos centrales y de extrema derecha, como Vox

¿Ese personalismo va en contra o a favor del partido?

No te puedo dar una respuesta clara en términos académicos, pero sí te puedo decir que los personalismos funcionan. Esa idea de que la persona está por encima de las siglas del partido la traemos de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona se va y no hay relevo? Hay problemas. Cierto es que si pones al partido por delante del líder, podría ser una buena solución a esa sucesión.

No obstante, tiene que ver con la construcción del político a través de las redes sociales, en todo lo que alimenta el márquetin político y esa política del entretenimiento. Recordemos las fotos de Abascal sentado en el campo durante la jornada de reflexión en las generales de 2019. O sus fotos con la familia. Todos los valores del partido se concentran en él. Además, los jóvenes, ¿dónde están? En esas redes sociales, y cada vez hay más adultos. Entonces, construir las siglas del partido por encima del líder puede ser más complicado, según cómo se consume ahora la información.

¿Y cómo se conjuga la emoción en todo esto, una de las características que resaltaba de la propaganda actual?

En el libro hablo del miedo, pero, realmente, en estudios cuantitativos no tiene un peso tan grande, aunque es muy potente porque funciona como un controlador social nato. En cambio, la ira y el desprecio tienen unos índices altísimos. Entre los partidos se utiliza mucho más estas emociones, sobre todo los centrales y de extrema derecha, como Vox. Con dos compañeras, analizamos el término de “violencia de género” que utiliza Vox, cómo se refiere a eso en redes sociales y los comentarios que recibe de sus seguidores. El desprecio gana, indudablemente. Hemos rebasado la barrera del miedo a que “nos arrebaten” y hemos pasado a la siguiente fase, el odio.

¿Acción, reacción?

Funcionan como un binomio. Por ejemplo, pasamos del miedo a las feministas que van en contra de la familia tradicional y, como ya se han planteado leyes, como la trans o en materia de igualdad, ya no le tengo miedo, sino que ahora hay que ir contra ellas. Sé qué me puedo esperar, así que ahora hay que despreciar, generar ira.

¿Y el humor?

Ayuda a que el mensaje cale mejor. Acerca del meme de Vox que comenté antes, se sigue describiendo una amenaza contra la que hay que luchar desde ese mismo humor. Hay muchas investigaciones en marcha y la cuestión es que esos memes definen a través de un mensaje propagandístico condensado en una sola imagen quién es el enemigo y quién es el salvador, dos estrategias superimportantes. Encima, tienes una difusión gratuita a través de tus votantes.

Los delitos de odio aumentaron en 2025.

Sí, y la impunidad. Cuatro mujeres han sido asesinadas en unos días, y todo ello, con un discurso institucional que lo respalda, ya que no se habla de violencia de género, sino intrafamiliar. Todo esto ayuda a ese cultivo a emociones con miedo, ira, odio. Y la alegría también tiene su hueco, porque si todo fuera malo y la gente no encontrara una forma de canalizar ese miedo o ira, daría todo igual. La gente saldría a quemar las calles porque no habría nada que perder. Por lo que ese odio y estrés hay que administrarlo con dosis de alegría y esperanza.

¿Cuál es la esperanza? El líder político. En propaganda se utiliza “la estrategia del salvador”: esto es todo lo malo que sucederá si el otro está en el gobierno y yo soy la única alternativa. De ahí también los ataques, más bien mini, que le hace Vox al PP, como cuando les llamaba “la derechita cobarde”. Vox necesita seguir recolectando votantes y, tras lograr los de Ciudadanos, intenta captar los del PP, posicionándose como la alternativa ante las feministas, los comunistas, los socialistas, la Agenda 2030, todo ello.

Vox ha intentado rebajar el tono con respecto a las mujeres y al colectivo LGTBI.

Recordemos que el caladero de Vox son los hombres jóvenes y heteros. Algo limitado, en función de la diversidad social. Necesitan ampliar el espectro y, por eso, vemos que utilizan mucho un término, que es la “mujer española”, sobre todo a partir de 2023. La mujer contraria a otros ideales feministas, como una mujer de bien que comparta los valores nacionales que promueven, o los que ellos consideran que son positivos. Un fenómeno que también se puede vincular a la ola trade wife, las jóvenes religiosas, por mencionar, aunque todo esto eso daría para otro libro.

¿Cuál es la esperanza? El líder político. En propaganda se utiliza "la estrategia del salvador": esto es todo lo malo que sucederá si el otro está en el gobierno y yo soy la única alternativa

Sobre la esperanza, Adelante Andalucía hacía bandera de la alegría en estas elecciones.

Considero que está siendo muy personalista, aunque aún le falta recorrido al partido. Veremos en unos años. Pero, también, se antepone “a algo”: a la política más a la derecha. Si vemos las intervenciones o discursos de José Ignacio García en el Parlamento, empieza diciendo “frente a esto, nosotros”, así que sigue siendo el binomio miedo-esperanza.

¿Diría que la propaganda se ha simplificado o complejizado?

Seguimos utilizando las mismas estrategias que en la I Guerra Mundial, pero se adaptan al contexto y a las vías de comunicación que tenemos, como ocurre con el vocabulario o el lenguaje, es una cuestión generacional. En cuanto a las técnicas, las principales siguen siendo el maniqueísmo, donde se retroalimenta la polarización con el nosotros versus el otro; la creación del enemigo, cómo señalo y caracterizo al otro a través de la deshumanización, como cuando en la II Guerra Mundial se comparaban a los judíos con ratas y que, por el contrario, ahora lo vemos en la propaganda israelí para describir al pueblo palestino. También, la técnica del apocalipsis: elegir entre el camino del bien y del mal en función del futuro que quieras y, finalmente, la estrategia del salvador.

En España, esta adaptación se ha hecho en períodos muy cortos. Hace diez años no estaban normalizados términos como “socialcomunistas”, “fachas” o referirse al presidente como “perro”.

Llevamos a la polarización a unos límites en que predomina por encima de cualquier cosa. Entonces, ese tipo de lenguaje encaja con un contexto polarizado que se sigue retroalimentando y para el que ha sido fundamental el concepto de lo “políticamente incorrecto”. La incorrección, por así decirlo, lo que no está dentro de los estándares. Una excusa para ser tremendamente machista, xenófobo u homófobo. Ese vocabulario, por ambas partes, es también una apropiación, porque, remontándonos a los orígenes de la propaganda, era de los anarquistas. Ahora, en cambio, se utiliza para la creación del enemigo llevado al extremo a través de su demonización.

Haría falta una toma de conciencia generalizada en donde primase la construcción del otro como humano por encima del mensaje

Como investigadora en la materia, ¿cree que haría falta algún tipo de identificación para marcar este tipo de estrategias?

Haría falta una asignatura de alfabetización mediática en los colegios e institutos. Nuestros niños, nuestros adolescentes, están con un móvil en la mano prácticamente desde que nacen y con un acceso absoluto a la información. Sin embargo, no existen unas herramientas para analizarla. Desde las universidades, llevamos tiempo luchando para que haya una forma de educar sobre cómo se utiliza esa información y cómo se queda en el imaginario. Qué estamos leyendo, cómo lo estamos leyendo, utilizar la verificación..., aunque reconozco que es muy complicado. Estaría muy bien que nos parásemos a pensar que los otros también son personas.

Estoy en un estudio sobre la propaganda desarrollada en Irán o la forma en la que Israel construye al enemigo palestino, y es absolutamente abrumador, porque se parece a la II Guerra Mundial. ¿No habíamos pasado esto ya? Deshumanizar para que la persona no sienta empatía por el otro. Parte de la culpa lo tiene el acceso a la tecnología, que quita la sensación de colectivo. Una cuestión que veo en las clases, los estudiantes antes se organizaban y se movían en conjunto, en vez de eso, ahora se juntan en grupos de dos o tres personas. No necesitan leer otras cosas, la empatía, da igual que lo que me estén diciendo tenga sentido o no.

¿Qué es lo que viene?

Hay un debate abierto sobre si el uso del miedo es democrático o no. Hay autores que dicen que sí, porque fomenta el voto del ciudadano, pero otros que piensan que no, ya que es una emoción vinculada a la supervivencia y no se le dan más opciones al votante. En la última parte del libro, me posiciono, algo que nunca había hecho. Considero que no es democrático.

¿Qué viene? Creo que aumentará la polarización, la guerra entre “tú eres fascista, tú eres comunista”, y la empatía seguirá faltando: viene una época en la que la democracia se resentirá bastante. Ojalá me equivoque. Haría falta una toma de conciencia generalizada en donde primase la construcción del otro como humano por encima del mensaje. Todo ello, en una lucha contra la desinformación en la que tendríamos que tomar partidos todos, futuros profesores, futuros políticos, futuros periodistas, con tal de informar bien y mantener la ética y la deontología hasta el final.

El paisaje semidesértico que caracteriza actualmente buena parte del entorno de Orce, en Granada, era radicalmente diferente hace aproximadamente 1,5 millones de años. En aquel momento, durante el Pleistoceno, en la cuenca de Baza había un enorme humedal por el que se movían elefantes, hipopótamos, grandes hienas y tigres dientes de sable. Ahora, el descubrimiento de fósiles de tres especies de aves permite conocer con mayor precisión cómo funcionaba aquel ecosistema.

Una investigación en la que ha participado la Universidad de Sevilla ha identificado por primera vez restos esqueléticos de aves en el yacimiento arqueológico de Venta Micena, situado en el término municipal de Orce. El estudio se ha realizado a partir de decenas de miles de fósiles conservados en el Museo Arqueológico de Granada, entre los que los investigadores han localizado siete restos atribuibles a tres especies.

Las aves identificadas son un pato, una grulla y un cuervo, y cada una proporciona información diferente sobre las condiciones ambientales existentes entonces. Los restos permiten completar así la imagen de un territorio en el que las precipitaciones eran mucho más habituales que ahora y donde el agua constituía uno de los elementos fundamentales del paisaje.

Un humedal de más de 1.000 kilómetros cuadrados

La primera especie identificada es el tarro blanco (Tadorna tadorna), un pato que se alimentaba de pequeños invertebrados, especialmente de caracoles del género Hydrobia, también documentados en los yacimientos de Orce. Estos moluscos pueden vivir en aguas con diferentes niveles de salinidad, por lo que su presencia indica que alrededor del gran lago pudieron existir charcas sometidas a una intensa evaporación y con una salinidad variable.

El segundo fósil es de una grulla cuyo tamaño era algo superior al de la grulla común actual (Grus grus). Los investigadores han podido identificarla a partir de un hueso del antebrazo y el descubrimiento tiene especial importancia porque es el registro más antiguo conocido hasta el momento en Europa de las grullas gigantes del Pleistoceno.

La tercera especie localizada es un cuervo, concretamente un Corvus corax antecorax. También en este caso el fósil establece un nuevo registro: es la evidencia más antigua conocida de estos animales en la península ibérica. Además de ayudar a reconstruir la biodiversidad de Venta Micena, su presencia permite conocer mejor las relaciones entre las especies, ya que habría consumido parte de la carne disponible para depredadores y carroñeros.

Hay que tener en cuenta que hace 1,5 millones de años, la cuenca de Baza albergaba un extenso humedal de más de 1.000 kilómetros cuadrados, que recibía agua desde Sierra Nevada a través de la cuenca de Guadix y también de numerosos manantiales hidrotermales, que aportaban al gran lago aguas cálidas y sales.

Elefantes, hipopótamos y grandes depredadores

Alrededor de este ecosistema acuático se concentraba una fauna que hoy resultaría difícil de imaginar en Granada. Por el altiplano se desplazaban grandes elefantes, hipopótamos y numerosos herbívoros, que encontraban en el entorno del humedal los recursos necesarios para sobrevivir.

Junto a ellos se encontraban algunos de los principales depredadores de aquella época. Entre estos destacaban los tigres dientes de sable y unas enormes hienas carroñeras, estas últimas con dimensiones comparables a las de una leona moderna. Los nuevos fósiles de aves completan ahora ese complejo ecosistema y permiten comprender mejor cómo convivían sus diferentes habitantes.

A este escenario se sumaría además otro protagonista fundamental para reconstruir la historia del continente: los primeros humanos que habitaron el subcontinente europeo.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado por 37 votos a favor, cinco noes y una abstención la liquidación del ejercicio presupuestario de 2025. La Gerencia de la US ha detallado la auditoría externa del ejercicio 2025, que ha arrojado un déficit de 14,8 millones de euros, elevando el “déficit estructural” de las universidades andaluzas a unos 57 millones de euros en total.

La auditoría de la US apunta a las subidas salariales del sector público aprobadas por el Gobierno central -aumento del gasto en plantilla de casi un 7% y unas transferencias de la Junta que “no se acompasan con este crecimiento”-, el encarecimiento de los suministros y a las infraestructuras que está acometiendo la US.

El presupuesto inicial de 2025 fue de 634,4 millones de euros y el ejercicio cerró con un “déficit presupuestario ajustado” de 14,8 millones. La situación de la Universidad de Sevilla se agrava porque no dispone de remanentes de tesorería de libre disposición con los que compensar este desequilibrio. La Gerencia ha insistido en que la profusión de datos de la auditoría y la transparencia de la misma no puede convertirse en “algo contraproducente” de manera que se acabe “alarmando”.

Entre las voces contrarias a aprobar las cuentas de 2025, miembros del sector D han destacado la de sectores que han argumentado que “no podemos validar unas cuentas” que son consecuencia de la “infrafinanciación” de la Administración autonómica. A este particular, la rectora ha replicado que “no estamos votando si estamos a favor o en contra de unas cuentas; o si estamos a favor o en contra de la financiación autonómica. Estamos votando un informe técnico externo que refleja fielmente las cuentas” de la institución.

Déficit estructural

El déficit no es exclusivo de la Universidad de Sevilla. Las universidades públicas de Andalucía han cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 con un déficit superior a los 57 millones de euros. Una situación que achacan, fundamentalmente, a que la financiación que reciben de la Junta de Andalucía para abordar los pagos del capítulo 1 -gastos de plantilla- no cubre los costes, que se han disparado en los últimos años.

Por universidades, en el caso de la Universidad de Sevilla (US), el déficit es de 14,8 millones de euros; en la Pablo de Olavide (UPO), 2,542; en Málaga (UMA), 18,8; en Cádiz (UCA), 4,4; en Jaén (UJA), 2,3; en Córdoba (UCO), 4,4; en Granada (UGR), 5,03; en Huelva (UHU), 1,8; y en Almería (UAL), 3,4 millones. Según el sumatorio de los cierres presupuestarios elaborado por CCOO, el déficit global ronda los 38 millones de euros, y con el cómputo de la US, ascendería a los 57,4 millones.

Además de las auditorías que las universidades hacen todos los años, el sistema andaluz y la Junta de Andalucía pactaron la realización de un estudio pormenorizado universidad por universidad sobre los gastos de personal a fin de ajustar el modelo de financiación aprobado por unanimidad. El cambio de Gobierno mantiene esta medida en punto muerto. Será el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, el que tenga que abordar este asunto.

El “déficit estructural” supone un punto de inflexión en el pulso que desde hace dos años mantienen los rectores con la Junta por el modelo de financiación. Las nueve universidades públicas llevan reclamando al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla con los pactos firmados en materia de financiación desde 2024, advirtiendo de que, sin esos recursos, el sistema entraría en déficit. Los resultados presupuestarios de 2025 apuntan a que ese escenario ya se ha materializado.

La US valora cobrar por las visitas guiadas

El equipo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha presentado este jueves al Consejo de Gobierno las líneas de trabajo de la Oficina de captación de fondos estratégicos e institucionales (OCFEI) para captar ingresos a fin de cumplir un objetivo concreto: en 2031, el 35% de los fondos de la US tienen que haber sido captados por la institución de manera individual.

Entre las acciones específicas que se prevén para obtener recursos propios, la oficina, dependiente del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Económica, tiene prevista una “optimización de la explotación” de las infraestructuras e instalaciones -entre las que se encuentra la Fábrica de Tabacos-; poner una entrada al futuro museo de la US; instalar energías renovables y estudiar la integración en una comunidad energética ciudadana; impulsar la tienda de la US; y cobrar por las visitas guiadas a los edificios “emblemáticos” de la Hispalense.

La nueva oficina mantendrá cuatro las líneas de trabajo: captación de fondos nacionales e internacionales; diseño de un plan estratégico de subvenciones; impulso de iniciativas de mecenazgo; y desarrollo de otras actuaciones orientadas a incrementar los recursos propios de la Universidad, en la que se enmarca el cobro de entradas de visitas guiadas, por ejemplo, que hasta la fecha son gratuitas.

Además, en el área de internacionalización, el Consejo de Gobierno ha aprobado las bases para el desarrollo de tres nuevas dobles titulaciones internacionales de grado con el Beijing Institute of Technology (BIT) de Pekín (China): la doble titulación internacional de Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software; la doble titulación internacional de Grado en Ingeniería de Materiales, y la doble titulación internacional de Grado en Filología Hispánica.

La Universidad de Sevilla sigue sin fijar una fecha para el descubrimiento oficial de la placa conmemorativa del traslado de la Hispalense a la Real Fábrica de Tabacos modificada hace más de un año para eliminar la referencia al dictador Francisco Franco.

La rectora de la institución, Carmen Vargas, ha explicado a este periódico que actualmente “se están valorando distintas fechas, pero aún no está cerrada” y que la intención es hacer coincidir el acto con alguna jornada relacionada con la memoria democrática que se celebre en la Universidad, aunque “no se descartan otras alternativas”.

La respuesta llega apenas unos días después de la firma del convenio entre la Universidad de Sevilla y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la creación de la Cátedra de Memoria Democrática 'Bartolomé Clavero', un hito que el anterior equipo rectoral llegó a señalar como posible marco para la inauguración de la nueva placa, ubicada en el patio de Maese Rodrigo.

Sin embargo, el proyecto académico de la cátedra ha comenzado su andadura esta semana mientras que la lápida reformada continúa cubierta con una lona, a la espera de su descubrimiento oficial. Fuentes del grupo de trabajo de Memoria Histórica y Democrática de la Universidad de Sevilla indican a este periódico que destapar formalmente la placa sin alusiones a Franco era una línea prioritaria frente a la puesta en marcha de la cátedra, que al final se ha adelantado.

La placa sin mención a Franco aún no ha visto la luz

La modificación de la placa en la que estaba presente el dictador, ubicada en la galería del patio de Maese Rodrigo del edificio de la antigua Real Fábrica de Tabacos, se ejecutó hace más de un año en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, tras numerosas protestas por parte de colectivos memorialistas como la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de Plaza de la Gavidia, así como del propio grupo de trabajo de la Universidad.

La intervención consistió en la eliminación de la referencia explícita a Franco, que aparecía en la grabación de la placa original, donde se podía leer en latín: “En el año de 1965, siendo Franco caudillo de España, la Universidad Hispalense comenzó a tener su sede en este edificio y en su nueva función se conservaron los preciosos restos de su pasado”. La inscripción, en latín, aludía a Franco como 'Duce', el mismo título que se le dio a Mussolini en la Italia fascista, como lo fue la voz führer de la Alemania nazi para referirse a Adolf Hitler.

La nueva grabación se mantiene en el mismo enclave, pero ya sin mención expresa al caudillo, de manera que conserva su función histórica y conmemorativa, pero adaptada a la vigente Ley de Memoria Democrática. No obstante, esa reforma aún no se ha mostrado al público.

A la espera de poner punto y final

Hace un año el Rectorado barajó el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, que en Andalucía se conmemora cada 14 de junio, como la fecha idónea para decir adiós al 'duce' Franco de una manera simbólica. No fue entonces ni ha sido ahora.

Unos meses antes, en marzo de 2025, el anterior rector, Miguel Ángel Castro, manifestó su intención de hacer coincidir la eliminación de la referencia al franquismo en uno de los patios del Rectorado con la firma para la puesta en marcha de la Cátedra de Memoria Democrática. Iniciativa que se formalizó finalmente el pasado lunes, coincidiendo, además, con el arranque de unas jornadas sobre memoria histórica y democrática organizadas por la Diputación de Sevilla, en colaboración con la Hispalense.

Ambos actos, por tanto, han seguido ritmos distintos: la cátedra ya está en marcha, mientras que la placa continúa pendiente de inauguración oficial. Ese descubrimiento sería el punto y final para el movimiento memorialista de la ciudad que lleva años reclamando la supresión del dictador de los elementos simbólicos y distintivos del Rectorado.

Por el momento, la Universidad mantiene la intención de vincular el descubrimiento de la placa a alguna actividad relacionada con la memoria democrática que se celebre en el campus, aunque, según las fuentes oficiales, todavía no existe una fecha cerrada para el acto.

La Universidad de Sevilla y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han firmado este lunes un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra de Memoria Democrática 'Bartolomé Clavero', destinada a impulsar la divulgación y transferencia del conocimiento sobre la represión franquista y la construcción de la democracia.

El acuerdo se ha materializado en un acto en el que ha participado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, quien ha subrayado que el objetivo principal de esta cátedra no es tanto generar nuevas investigaciones como contribuir a que “todo lo que se ha investigado trascienda” a la sociedad, especialmente a los jóvenes. “Que trascienda primero a la gente joven, que en muchos casos desconoce lo que fue el franquismo, desde el rigor que da la universidad”, ha señalado tras la firma.

En la misma línea, la rectora de la Hispalense, Carmen Vargas, ha destacado que con esta cátedra, la institución sevillana ha defendido el papel de la universidad en la construcción de una ciudadanía crítica y consciente de su pasado: “Nuestra misión no consiste solo en transmitir saberes, sino también en ayudar a la sociedad a comprender su pasado para afrontar con mayor madurez los desafíos del presente y del futuro”, ha afirmado.

La cátedra, que cuenta con el profesor Alberto Carrillo como director académico, lleva el nombre del jurista y catedrático Bartolomé Clavero como reconocimiento a “una trayectoria de relevancia internacional, marcada por el compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos”. Implicado en la lucha contra la dictadura, fue represaliado y “dedicó su vida a la Universidad y a la reflexión sobre la cuestión de la memoria en España y otros países”, como ha recordado Carrillo.

La quinta en Andalucía

Actualmente, existen en España, en torno a una docena de cátedras de memoria democrática firmadas, según datos aportados por el secretario de Estado a preguntas de este periódico. La previsión del Ministerio es alcanzar las 18 “a final de este año” y ampliar su implantación hasta las 24 universidades públicas para el próximo año. En Andalucía, la de Sevilla se convierte en la quinta cátedra de este tipo, tras las de Granada, Córdoba, Cádiz y Almería.

Como referencia, la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, creada hace siete años, ha desarrollado actividades de investigación, formación y divulgación en colaboración con instituciones como la Diputación de Córdoba. Su objetivo ha sido contribuir al conocimiento y promoción del denominado “deber de memoria”, recogido por Naciones Unidas como parte de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La nueva cátedra de la Universidad de Sevilla se incorpora así a una red en expansión que el Gobierno de España prevé seguir ampliando en los próximos años, en el marco de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Para la ejecución de las actividades, el Ministerio se compromete a realizar una aportación económica máxima de 100.000 euros, distribuidos en dos anualidades de 50.000 euros para los ejercicios de 2026 y 2027.

Por su parte, la institución sevillana aportará recursos humanos, materiales y el uso de sus instalaciones por un valor equivalente a otros 50.000 euros por cada ejercicio. La gestión de estos fondos correrá a cargo de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS). Entre sus propósitos, según lo expuesto en el acto, se encuentra la implicación de la sociedad civil y del movimiento memorialista en las actividades que desarrolle la universidad, desde una perspectiva interdisciplinar.

Impulso a la memoria democrática

El acuerdo también prevé la definición conjunta de líneas de trabajo, el acceso a documentación pública sobre la dictadura franquista y la promoción de encuentros con otras cátedras similares del sistema universitario. Entre las actividades previstas se incluye el análisis didáctico de la II República, la Guerra de España, la dictadura franquista y la Transición en el sistema educativo, en colaboración con institutos y grupos escolares; así como el estudio y la divulgación de la persecución sufrida por el pueblo gitano o la trayectoria del Patronato de la Mujer. 

Según ha explicado la rectora, la puesta en marcha de esta cátedra se venía trabajando desde hace aproximadamente un año, en contacto con la Secretaría de Estado. Su tramitación se inició durante el mandato del anterior rector y, tras asumir el cargo en diciembre, Vargas retomó las reuniones con los colectivos memorialistas y asumió el compromiso de culminar el acuerdo, que finalmente se ha formalizado este lunes.

Coincidiendo con la creación de la cátedra, han arrancado este lunes las jornadas ‘Del olvido a la luz. Memoria Histórica y Democrática de la Provincia de Sevilla. 1936-2026', que se celebran hasta el próximo jueves 18 en la Casa de la Provincia. En estas jornadas, organizadas por la Diputación de Sevilla, también colabora la Universidad de Sevilla, tanto en la coordinación, de la que forma parte a través del profesor Alberto Carrillo, como en las diversas ponencias presentes en el programa, que abordan la memoria desde la psicología, la educación y el análisis territorial de la represión. 

La Universidad de Sevilla (US) ha sacado músculo económico presentando un nuevo estudio sobre el impacto socioeconómico que genera la institución en su entorno. La Hispalense pone así cifras a una idea que los rectorados públicos llevan meses defendiendo en pleno conflicto con el Gobierno andaluz por la financiación universitaria: “Invertir en universidad pública no es un gasto, sino una inversión”.

Así lo ha manifestado este jueves la rectora de la US, Carmen Vargas, durante el acto de presentación del informe impulsado por el Consejo Social. Entre sus principales conclusiones, destaca que la institución sevillana genera un impacto económico superior a los 2.600 millones de euros. Esa cifra equivale a un retorno de 6,2 euros por cada euro transferido por la Junta de Andalucía. Es decir, “se multiplica por más de seis veces la inversión realizada dentro de la propia universidad”, como ha apuntado el profesor encargado del estudio, Francisco José Acedo.

La presentación del informe –elaborado a partir de datos de 2024– llega apenas una semana después de que la US alertara de un desfase de casi 13 millones entre el coste de su plantilla y la financiación prevista por la Junta para 2026, así como del anuncio de un plan de ajuste de 16 millones de euros ante unos fondos que el Rectorado considera “claramente insuficientes”.

Aunque la rectora ha querido desvincular el informe del pulso abierto con el Gobierno andaluz por el modelo de financiación, tanto el momento elegido para difundirlo como el propio enfoque del estudio –iniciado en 2025, coincidiendo con el endurecimiento de las negociaciones con la Junta– refuerzan el mensaje que los rectorados vienen defendiendo desde hace dos años: infrafinanciar la universidad pública conlleva consecuencias económicas y sociales mucho más amplias que las puramente académicas.

El impacto de la US en cifras

El informe, que trata de radiografiar la contribución de la institución a la sociedad, sitúa a la Universidad de Sevilla como “uno de los grandes motores económicos y sociales de Andalucía”. Según los datos recogidos, la actividad de la institución generó en 2024 un impacto económico total de 2.663 millones de euros y contribuyó a la creación de 24.654 empleos. Ese impacto equivale al 1,2% del PIB andaluz y supera el 5% de la riqueza provincial.

El análisis también pone el foco en el retorno fiscal de la inversión universitaria. Según sus cálculos, el Estado recupera el coste de una plaza universitaria en menos de cinco años gracias a la mayor contribución tributaria de los titulados y a un patrón de consumo que aporta entre 1.150 y 1.350 euros anuales adicionales en IVA al sistema tributario.

El informe sostiene además que la formación universitaria mejora las oportunidades laborales y salariales de los titulados. El estudio avala que un egresado de la institución percibe, de media, un 92,7% más de salario que un trabajador con educación secundaria. Ese diferencial asciende al 111,2% en el caso de las mujeres.

Más allá de los datos económicos

La Universidad de Sevilla —la mayor de Andalucía, con más de 71.000 estudiantes y unos 7.600 profesores— sostiene que su impacto trasciende lo estrictamente económico y alcanza ámbitos como la cohesión social, la investigación, la innovación o la dinamización cultural. Más allá de las cifras macroeconómicas, el estudio busca responder a una cuestión de fondo: qué devuelve la Universidad de Sevilla a su entorno en forma de conocimiento, oportunidades, investigación, empleo y cohesión social.

En el ámbito social, el informe destaca que durante el último curso se concedieron 20.039 becas y ayudas, complementadas con programas orientados a la inclusión y la conciliación. Además, 2.537 estudiantes recibieron apoyo directo en materias relacionadas con salud, conciliación o asesoramiento jurídico.

La dimensión cultural y patrimonial también ocupa un lugar destacado en el análisis. La US cuenta con 14.200 bienes digitalizados en su Sistema de Información Patrimonial y registró en 2024 más de 11.400 asistentes a exposiciones y más de 33.000 a espectáculos y actividades culturales.

En investigación, la institución mantiene una posición destacada al situarse como la segunda universidad española en captación de recursos mediante contratos de I+D, con una financiación anual de 63,3 millones de euros. Asimismo, el informe refleja que la producción científica de la US ha aumentado más del 27% desde 2019, no solo en términos cuantitativos, sino también de calidad.

Una decisión de futuro

Por todo ello, el profesor encargado de liderar esta investigación concluye que “los recursos que se destinan a nuestra universidad no son un gasto, son una inversión que retorna a la sociedad a través de múltiples vías”. “Más que el volumen, importa el efecto relativo: por cada euro invertido somos capaces de devolver 6,20 euros a la sociedad”, ha resumido el profesor Acedo, insistiendo en que la Hispalense genera riqueza tanto a corto plazo —a través del gasto, el empleo y la actividad económica— como a largo plazo mediante formación, innovación, atracción de talento y una mayor capacidad fiscal futura de sus egresados.

La principal conclusión del informe, según sus autores, es que “invertir en la universidad es una decisión de futuro”, una apuesta por “construir una sociedad más próspera, más equitativa y culturalmente más rica”.

Una idea en la que ha coincidido la rectora, defendiendo que la universidad pública constituye “una inversión estratégica para el desarrollo económico y social de un territorio” porque “genera empleo, atrae talento, impulsa innovación y emprendimiento, fortalece el tejido empresarial y dinamiza la vida económica y cultural de su entorno”.

Ese mensaje cobra especial relevancia en un contexto en el que los rectorados andaluces siguen a la espera de los resultados de la auditoría pactada con la Junta para revisar el cálculo de unos fondos que consideran insuficientes para afrontar el coste de personal. Si bien la rectora ha tratado de separar el estudio de las tensiones institucionales, ha apelado a la importancia de contar con una “suficiencia financiera” para poder “desarrollar toda esta labor”, en alusión al impacto documentado.

Más allá de cuantificar el impacto económico de la Universidad de Sevilla y medir qué aporta a la sociedad andaluza, el informe plantea de forma implícita una reflexión de fondo: qué perderían Sevilla y Andalucía si una institución de estas dimensiones viera limitada su capacidad de actuación por problemas de financiación.

La Universidad de Sevilla (US), la más grande de Andalucía con 71.000 alumnos y unos 7.600 profesores, advierte de que la financiación de la Junta es “claramente insuficiente” para cubrir el coste real del personal, que cifra en 462 millones de euros frente a los 449 millones asignados para 2026 en el último reparto de fondos autonómicos.

En el informe que la rectora, Carmen Vargas, traslada este jueves al Consejo de Gobierno, la institución analiza los números actuales de la plantilla tras el acuerdo de financiación alcanzado en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Según este análisis, la US se enfrenta a un desfase de 12,7 millones que obligará a adoptar medidas de contención del gasto y posibles ajustes presupuestarios para equilibrar el capítulo de personal en 2026.

“Aunque se recibirán mayores transferencias tras el proceso de auditoría o evaluación técnica prevista [medida acordada también en el último CAU], al ser un proceso externo y difícil de cuantificar, se considera necesario cubrir ese desfase en el capítulo 1 [personal] con el ahorro de otros capítulos de gasto”, recoge el informe al que ha tenido acceso Europa Press. En este contexto, la universidad estudia medidas que podrían afectar a la organización interna, la dedicación docente, la asignación del PTGAS, promociones, contrataciones y planes propios, con el objetivo de minimizar el impacto directo en las retribuciones.

Cabe recordar que, hace un mes, la rectora presentó un plan de recortes de 16 millones de euros en el gasto, que obligará al Rectorado a tomar medidas drásticas, como reducir los grupos (meter más alumnos por aulas), cerrar el turno de tarde en algunas facultades, restringir la contratación de personal laboral temporal y suspender temporalmente los procesos ya abiertos de promoción a cátedra.

El motivo esgrimido entonces era que la institución se encuentra aún con el presupuesto prorrogado de 2025, con un techo de gasto para la plantilla que se ha demostrado insuficiente para asumir la obligada subida del 2,5% en el salario de su personal funcionario, una medida aprobada por el Gobierno de España, con efectos desde el 1 de enero de 2025.

Todo ello en el marco del pulso que los rectores llevan dos años librando con la Junta de Andalucía por la financiación universitaria. Los rectorados denuncian un “incumplimiento” reiterado del modelo de financiación aprobado por el propio Gobierno autonómico en 2023, hasta el punto de amenazar con acudir a los tribunales. La infrafinanciación es, de hecho, uno de los frentes del conflicto que la comunidad universitaria mantiene con la administración autonómica.

Política de contención del gasto

De acuerdo con el reparto de fondos aprobado, la Hispalense percibirá, de momento, para el ejercicio 2026 un total de 449,3 millones de euros. En esa cantidad se incluyen 2,5 millones para la “sostenibilidad financiera” y 5,5 millones del acuerdo de abril de 2025 para afrontar el pago de complementos autonómicos y el 50% del quinto tramo de productividad del Personal Técnico, de Gestión y de Administración, PTGAS.

A la espera de las auditorías pactadas entre la Junta y las universidades, el Rectorado insiste en que el coste real de la plantilla —incluyendo nómina base, complementos y obligaciones legales— asciende a 462 millones de euros. Ante este escenario, la US prevé establecer un “control” en el crecimiento del capítulo 1, con una “política de contención del gasto para que el coste de la plantilla no se incremente más de lo estimado, garantizando que el personal puede percibir todo lo consolidado en 2025”.

Concretamente, en el caso del PTGAS, la US prevé que este año el incremento de la masa salarial es de un 6,9% –un 4% debido al incremento salarial de 2025/2026, un 2,5% de atrasos por la subida salarial de 2025 y el resto para atender actuaciones en 2026– mientras que en el caso del Personal Docente e Investigador (PDI), esa subida es de un 12,9%.

Comisión técnica para el cálculo de los costes de personal

El acuerdo alcanzado en materia de financiación después de meses de negociación entre la Consejería de Universidad y los rectores de las universidades públicas andaluzas prevé la creación de una comisión “técnica”, con la presencia de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, para “determinar con total transparencia la cláusula de salvaguarda” que recoge el modelo de financiación pactado entre la Junta y los rectores en 2023. La cláusula de salvaguarda garantiza que las universidades reciben cada ejercicio la misma cantidad que el año anterior más los incrementos salariales, para asegurar la estabilidad financiera del sistema.

Y es en esos incrementos salariales donde entra el papel de la comisión que va a analizar los “criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario [capítulo 1 de los presupuestos]” y eliminar así las diferencias en esta materia; diferencias que han estado en el meollo de las largas negociaciones entre las partes. Fuentes de la Junta y de los rectores reconocen que la intención es que antes de la primera quincena de julio esté listo este análisis “universidad por universidad” de los gastos de personal para así tener clara cuál es la fórmula precisa para calcular la cláusula de salvaguarda.

Con esta medida, explicaba la Junta, se pretende “alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que las universidades, en colaboración con la Junta de Andalucía, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado”. Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios.

Este órgano técnico también estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos. Los resultados de este trabajo, que se desarrollará y concluirá este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.

El pulso entre las universidades públicas y el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha atravesado buena parte de la legislatura del ahora candidato del PP a la reelección, hasta convertirse en uno de los focos de contestación política dentro de la campaña electoral andaluza.

Los últimos cuatro años del PP al frente de la Junta han sido los de mayor tensión que se recuerdan en el ámbito universitario andaluz, debido al conflicto que los rectorados de las universidades públicas han mantenido con la administración autonómica en dos frentes principales.

Por un lado, el controvertido avance de las universidades privadas –que han pasado de una a cinco desde la llegada de Moreno a la presidencia–. Y, por otro, el “incumplimiento” del modelo de financiación, que los rectores llevan dos años denunciando hasta el punto de amenazar con acudir a los tribunales.

En paralelo a las tensiones institucionales, el conflicto ha terminado por extenderse a la comunidad universitaria. Durante el último año, profesores, estudiantes y personal de administración y servicios de las distintas instituciones andaluzas –sobre todo en Jaén y en Málaga– han comenzado a organizarse en torno a plataformas en defensa de la universidad pública, protagonizando movilizaciones por una financiación justa y contra lo que consideran una tendencia hacia la mercantilización del sistema.

Actualmente, ese movimiento trabaja ya en coordinación a escala autonómica con el objetivo de consolidar una estructura estable de movilización y mantener las protestas más allá del ciclo electoral. Aseguran que las protestas continuarán “gobierne quien gobierne”, aunque preocupa especialmente la continuidad del actual Ejecutivo del PP, como apuntan las encuestas. “Moreno lleva ocho años y si hubiera querido hacer algo bueno por la pública, lo hubiera hecho ya”, señala al respecto Salvador Pineda, portavoz de UMAxlaPública, precursora de la coordinadora andaluza.

De Málaga a Sevilla: el germen de un movimiento coordinado

El origen de esta coordinación andaluza se sitúa en la Universidad de Málaga (UMA), donde hace justo un año surgió una de las primeras plataformas para defender los intereses de la pública. La situación financiera de la UMA es especialmente compleja, pues permanece bajo supervisión financiera de la Junta después de que el Gobierno andaluz inyectara un crédito extraordinario para rescatarla de una crisis “sin precedentes” en diciembre de 2024.

A partir de entonces, explican desde la plataforma, el rectorado llevó a cabo “una serie de recortes” que llevaron a los distintos colectivos de la comunidad universitaria a plantear la necesidad de dar una respuesta conjunta ante la situación de “infrafinanciación” que percibían. A ello sumaron también la crítica del auge de las privadas, ya que Málaga concentra el mayor desembarco de centros privados de la comunidad andaluza.

Ese malestar, que había estallado primero en la UMA, pronto comenzó a resonar en otras universidades públicas. En la Universidad de Sevilla, la más grande de Andalucía, el conflicto que venían denunciando sindicatos como CCOO adquirió una nueva dimensión cuando el Rectorado anunció a mediados de abril un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros. Entre otras medidas, se reducirá el número de grupos, se cerrarán algunas facultades en turno de tarde y se limitará la contratación de profesorado.

En ese momento, la comunidad universitaria de la Hispalense impulsó su propia plataforma –USxlaPública– en un proceso que, según sus portavoces, se inspiró tanto en la experiencia malagueña como en el movimiento universitario de Madrid. “Vimos que el patrón se repetía y que la causa es la misma: la política del Gobierno andaluz de asfixiar a la universidad pública”, recuerda Ana Rincón, portavoz de USxLaPública y enlace en la coordinadora andaluza.

Al detectar también esas reivindicaciones compartidas entre universidades, Salvador Pineda empezó a contactar con sus homólogos en otros campus. Un mes después de esas conversaciones iniciales, convocaron la primera manifestación de la nueva red de Universidades Andaluzas x la Pública, a las puertas de la campaña electoral del 17M. Pero ese fue “solo el inicio” de un proceso de organización más amplio en el que trabaja ya la coordinadora andaluza, como afirman sus impulsores.

Más allá de las elecciones

Ese proceso de coordinación ha cristalizado en un movimiento que prepara ya nuevas acciones de protesta para el próximo curso, ante el temor de que Andalucía reproduzca el modelo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que es la que menos dinero destina a sus universidades públicas. También allí la expansión de universidades privadas ha superado ya en número a las públicas, (13 frente a 6), en un escenario que desde Andalucía se percibe como un posible horizonte si no se corrige la tendencia actual.

En la comunidad andaluza, antes de la llegada de Moreno a la Junta, existía una única universidad privada —la Universidad Loyola, en Sevilla—, mientras que en la actualidad hay cinco autorizadas y otras seis se encuentran en distintas fases de tramitación. Para los colectivos universitarios, este crecimiento refleja un cambio de paradigma en el sistema universitario andaluz impulsado por las “políticas privatizadoras” que atribuyen al Gobierno de Moreno.

Por ello, trabajan en la consolidación de una estructura estable de movilización con vistas a articular una respuesta coordinada frente a lo que consideran un deterioro progresivo del sistema público.

La universidad en el tablero político

La universidad se ha consolidado así como uno de los asuntos con mayor carga política en el debate público, junto a la sanidad. Aunque tradicionalmente ha sido un sector menos movilizado en las calles que otros servicios públicos, la combinación de infrafinanciación, tensiones institucionales y expansión del sector privado ha activado un nivel de organización inédito en el ámbito universitario andaluz.

Los colectivos implicados aseguran que su intención es mantener la movilización con independencia del resultado electoral del próximo 17 de mayo, aunque reconocen que la continuidad del actual Gobierno autonómico será un factor determinante en la intensidad del conflicto en los próximos meses.

En ese contexto, el movimiento universitario andaluz se prepara para un nuevo ciclo de protestas a partir del próximo curso, con la intención de asentar una movilización estable que ya no se limita a los rectorados y que aspira a convertir la defensa de la universidad pública en uno de los grandes frentes sociales de la próxima legislatura.

Algo más de un centenar de miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla (US), convocados por la sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Hispalense, han reclamado este lunes a la Junta de Andalucía “suficiencia financiera ¡ya!” en la asamblea-concentración celebrada a las puertas del Rectorado y que ha terminado en el Palacio de San Telmo bajo el lema 'Por la defensa de la universidad pública'.

Tras informar la rectora Carmen Vargas en el Consejo de Gobierno de un plan de ajuste de 16 millones de euros que incluye desde menos contrataciones de profesores hasta reducción de grupos, cuando sea posible, entre otras cuestiones, CCOO ha convocado esta asamblea “dada la grave situación a la que nos aboca la Junta de Andalucía como financiadora del sistema universitario público andaluz”, se puede leer en la convocatoria lanzada por el sindicato.

“No pedimos dinero extra, sólo lo pactado por Ley. Exigimos el cumplimiento de las subidas salariales de los Presupuestos Generales del Estado; el pago de trienios; los acuerdos firmados y las sentencias ganadas”. CCOO en la US lamenta, igualmente, que la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) supone el “desmantelamiento del sistema público” al “no garantizar” gastos para personal, gastos básicos, el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) y la cláusula de salvaguarda, recogida en el modelo de financiación y que implica que las universidades reciben todos los años la misma cantidad que el ejercicio anterior más las subidas salariales que se aprueben.

En la asamblea-manifestación se ha reprochado a la Junta también la “inversión privada” y la “competencia deseal” generada al autorizarse la apertura de cuatro nuevas universidades privadas “más seis que están en espera”; y que de las 64 titulaciones privadas autorizadas, 57 sean “titulaciones espejo, creadas para hacer competencia directa a la pública”.

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, se ha dirigido recientemente a toda la comunidad universitaria de la Hispalense para trasladar un mensaje de “tranquilidad” en relación con la situación financiera de la institución. En su comunicado, adelantado por Europa Press, Carmen Vargas explicaba que “la previsión que tenemos actualmente es que la cuantía asignada a la Universidad de Sevilla en el reparto presupuestario aprobado por el Consejo Andaluz de Universidades celebrado el pasado 17 de abril --449,36 millones-- podría resultar insuficiente para atender íntegramente los gastos de personal, incluidos salarios y complementos salariales. Ello es debido a que el incremento de nuestra masa salarial es porcentualmente superior al aumento de la financiación inicialmente recibida de la Junta de Andalucía”.

Por eso, y mientras se determina con “exactitud” los costes “reales” de las plantillas en la comisión técnica acordada entre las universidades públicas y la Junta, “la Universidad de Sevilla debe actuar con criterios de prudencia y responsabilidad, revisando y ajustando determinadas partidas presupuestarias con carácter preventivo para garantizar la cobertura de las nóminas hasta final de año”.

Además, la rectora de la US apuntaba que “quedan pendientes de resolver algunas cuestiones de especial relevancia, como el abono completo de las cantidades adeudadas por la Junta de Andalucía correspondientes al ejercicio 2025 tras la mencionada auditoría. Por ello, las universidades públicas andaluzas hemos emplazado a la Junta de Andalucía a seguir negociando con la finalidad de garantizar el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados y por tanto del modelo de financiación que, en este momento, siguen sin atenderse en su totalidad”.

El acuerdo alcanzado en materia de financiación después de meses de negociación entre la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y los rectores de las universidades públicas andaluzas prevé la creación de una comisión “técnica”, con la presencia de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, para “determinar con total transparencia la cláusula de salvaguarda” que recoge el modelo de financiación pactado entre la Administración y los rectores. La cláusula de salvaguarda garantiza que las universidades reciben cada ejercicio la misma cantidad que el año anterior más los incrementos salariales.

Y en esto último --los incrementos salariales-- es donde entra el papel de la comisión que va a analizar los “criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario --capítulo 1 de los presupuestos--” y eliminar así las diferencias en esta materia; diferencias que han estado en el meollo de las largas negociaciones entre las partes. Fuentes de la Junta y de los rectores reconocen que la intención es que antes de la primera quincena de julio esté listo este análisis “universidad por universidad” de los gastos de personal para así tener clara cuál es la fórmula precisa para calcular la cláusula de salvaguarda.

Con esta medida, explicaba la Junta, se pretende “alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que las universidades, en colaboración con la Junta de Andalucía, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado”. Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el Ptgas: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios.

Este órgano técnico también estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos. Los resultados de este trabajo, que se desarrollarán y concluirán este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.