La falta de clínicas que practiquen abortos en Jaén obliga a 930 mujeres al año a viajar a otras provincias
La última ley que ha aprobado el Parlamento andaluz en esta legislatura fue la reforma de la Ley de Igualdad, que vino a actualizar una norma de 2007. Es una modificación que ya planteó IU en el mandato anterior, cuando cogobernaba con el PSOE, pero que ahora ha rechazado porque considera el nuevo texto “un símbolo de la falta de voluntad del PSOE para ejercer cambios reales”.
Podemos e IU votaron contra la nueva Ley de Igualdad por muchas razones que sintetizan un rechazo total “a la forma de hacer política del Gobierno socialista de Susana Díaz”. Pero eligieron poner el acento en un aspecto concreto y llamativo: el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La diputada de IU Elena Cortés, que defendió la posición de su grupo durante el debate, denunció que “al menos” las mujeres de Jaén, Córdoba y Huelva tenían que irse a abortar a otras provincias andaluzas, porque en las suyas no existían clínicas concertadas por la Junta para facilitar la interrupción del embarazo.
La líder andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, comparó esta situación con la realidad que se vivió en España antes de la legalización del aborto (1985), cuando las jóvenes que podían permitírselo viajaban en secreto a Londres para poder abortar, y las mujeres sin recursos económicos buscaban “una clínica clandestina de mala muerte para hacerse un apaño”.
La denuncia de Podemos e IU es una verdad a medias. En Andalucía hay clínicas abortistas concertadas por la Junta en todas las provincias, menos en Jaén. Allí sí, las mujeres tienen que viajar a otras provincias vecinas -normalmente Granada y Málaga- para interrumpir su embarazo. Entre 2006 y 2016 (último dato publicado por el Ministerio de Sanidad), 10.240 mujeres jiennenses (una media de 931 al año) tuvieron que desplazarse entre 90 y 130 kilómetros para abortar fuera de su provincia, datos confirmados por la Consejería de Salud de la Junta.
La coalición de izquierdas defiende que sea el Sistema Andaluz de Salud (SAS) el que practique directamente los abortos, en vez de derivar a las mujeres a clínicas especializadas con las que mantiene conciertos. El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, calificó de “escándalo” que haya mujeres en Andalucía que tengan que viajar fuera de su provincia para poder abortar, y subrayó este dato como una de las “claves” de su voto contrario a la ley. “No nos parece que tengan que ir a abortar a clínicas privadas y casi oscuras, de remanguillé, clandestinas y fuera de su localidad”, apuntó. Teresa Rodríguez escribió en su cuenta de Twitter: “Votamos que no porque se han negado a garantizar el aborto en la sanidad pública con total normalidad. Las señoras del PSOE obligan a las mujeres y a las chavalas a ir a una clínica privada, (...) con una sensación horrible de clandestinidad”.
Jaén es la única provincia andaluza -y una de las pocas de España- donde no hay y nunca ha habido clínicas concertadas por la Junta que practiquen abortos. La Consejería de Salud argumenta que “ninguna empresa ha concursado nunca para prestar este servicio en Jaén”. La Junta tiene actualmente contrato con diez empresas que hacen abortos en 13 clínicas privadas ubicadas en todas las provincias andaluzas, excepto en Jaén. En 2016 -último año con datos oficiales publicados- hubo 761 mujeres jiennenses que tuvieron que abortar fuera de su localidad, trasladándose a clínicas de Granada o Málaga, principalmente. Las jiennenses representaron el 4,4% de los 17.320 abortos practicados en Andalucía ese año.
Dos tipos de aborto
Sin embargo estos datos tienen matices. Se refieren al aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, que es el más común (el 98%, según cifras del Ministerio). La interrupción del embarazo tardía -hasta las 22 semanas que permite la legislación estatal- es menos habitual, se realiza con otros métodos y no todas las clínicas concertadas están preparadas para ofrecer este servicio. En Andalucía, el aborto hasta las 22 semanas se realiza en dos clínicas de Sevilla, una de Málaga y otra de Cádiz, pero “el volumen de trabajo no es muy alto”. “No todos los hospitales andaluces cuentan con esta técnica, pero tampoco los catalanes, porque son casos minoritarios. En Andalucía, los centros hospitalarios derivan pacientes a estas clínicas especializadas una vez cada dos años”, explica Eva Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) en Andalucía y directora médica de Ginesur.
La mayoría de abortos en España se realizan antes de la semana 14 (habitualmente antes de la novena semana). Menos del 7% de las mujeres interrumpe el embarazo después de la semana 14, según datos estimados por ACAI. Estos casos no suelen ser abortos por voluntad propia, tienen más que ver con malformaciones, con alguna patología fetal o materna detectada a partir del cuarto mes de embarazo, y se realizan previo dictamen médico. “La gran mayoría son embarazos deseados que deben frenarse por razones sanitarias”, explican desde la Consejería de Salud.
“La intervención es más compleja y para que te acrediten necesitas cumplir con otros requisitos técnicos. Son casos muy raros, por eso la prestación no está generalizada en toda Andalucía. También es verdad que existe un mayor vínculo emocional de las mujeres, porque tienen que interrumpir su embarazo contra su voluntad, y tener que viajar a otra ciudad para abortar no debe ser fácil ni agradable”, explica Rodríguez. Las mujeres de Almería, Granada y Jaén que se enfrentan a problemas de embarazo de este tipo suelen viajar hasta la clínica de Málaga.
No obstante, cuando la intervención es urgente porque existe un riesgo mayor para la mujer, ésta se realiza directamente en un centro hospitalario público de su propia provincia. En 2016, hubo cien casos graves de las 17.320 intervenciones que se practicaron ese año.
Objeción de conciencia médica
Hasta las nueve semanas, existe el aborto farmacológico o instrumental (a elección de la mujer o en función de sus condiciones sanitarias). En Andalucía, la interrupción del embarazo con fármacos no llega al 1%, suele ser una opción muy residual, porque provoca más sangrado (y en la mitad de los casos hay síntomas colaterales: náuseas, vómitos, diarreas...). El 80% de los abortos se realizan antes de las ocho semanas y la mayoría se hacen con la técnica de la aspiración (con sedación), que no dura más de tres a cinco minutos. “Es la más elegida y la más rápida, porque no crea problemas en el trabajo ni en la familia en caso de que la mujer quiera mantenerlo en secreto. También es la que menos secuelas psíquicas y emocionales tiene”, explica Rodríguez.
En Andalucía, se garantiza la interrupción voluntaria del embarazo a todas las mujeres que tengan derecho a la asistencia sanitaria pública. La Junta ofrece esta asistencia a través de clínicas privadas con las que tiene suscrito conciertos, una fórmula prevista en la Ley General de Sanidad y la Ley de Salud de Andalucía. “Esta forma de provisión de servicios permite preservar la intimidad de las mujeres y proteger la confidencialidad del proceso. Se viene realizando sin problemas y sin quejas de sus usuarias ni de los profesionales, de ahí que no se plantee ningún cambio en el modelo actual en estos momentos”, aseguran desde Salud.
Podemos e IU reclaman que los abortos se practiquen directamente en los hospitales públicos, pero la Junta replica que esta fórmula se descartó en su día para sortear la objeción de conciencia de los médicos que están en contra del aborto, un derecho reconocido por una sentencia del Tribunal Constitucional. La Justicia reconoció a los facultativos el derecho a negarse a practicar un aborto por razones de conciencia, y el Gobierno andaluz buscó una vía alternativa “para garantizar sin demoras el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo voluntariamente en el marco de la ley”. Las formaciones que se sitúan a la izquierda del PSOE no les valió esta explicación y terminaron votando en contra de la nueva Ley de Igualdad. El otro asunto que fracturó la unidad del voto de izquierdas en el Parlamento fue las políticas contra la prostitución: PSOE e IU defienden abiertamente la abolición, mientras que en Podemos hay un debate no resuelto, porque un sector aboga por regularizar su situación laboral.
Las políticas de igualdad y de mujer siempre han sido un espacio preferente de la ideología de izquierdas, por eso la ruptura del consenso entre PSOE, Podemos e IU en torno a la ley derivó en una bronca dialéctica en la Cámara. Los socialistas reprocharon a los confluyentes que se apearan del acuerdo sobre la nueva Ley de Igualdad, y éstos acusaron a la presidenta Susana Díaz de buscar apoyo en la derecha (PP y Ciudadanos).
Cada grupo esgrimió sus argumentos durante el debate, pero al final el diario de sesiones recogió que el Parlamento andaluz aprobaba la nueva Ley de Igualdad con los votos en contra de Podemos e IU. El resultado descontextualizado de la votación pareció incomodar a los líderes de ambas formaciones, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, que, una vez concluido el debate parlamentario, creyeron necesario seguir aportando explicaciones extra de su no a la ley a través de las redes sociales. “El PSOE-A ha aprobado con PP y C's otra Ley de Igualdad. Las mujeres estamos hasta los ovarios de leyes de igualdad que no se comen, aunque algunas coman de ellas, ni se han cumplido, ni han evitado que la crisis y ajustes se ceben con nosotras”, escribió Rodríguez, que acusó a los socialistas de “practicar un feminismo de moqueta que no cambia la vida de las mujeres reales”. “Vuestro feminismo es para vosotras, para seguir viviendo del cuento. A hacer puñetas los lavados de cara. Con nosotras no”, concluyó. Igualmente duro reaccionó Maíllo: “La ley tiene el sello de Susana Díaz y de su consejera, que no sé qué hace ahí. Es un paná, toda una liturgia, un relato progre, una literatura guay y un feminismo pret a porter, pero al final es la reforma de una ley que no se ha cumplido”, dijo.
Desde las filas del PSOE también se impulsó una dura campaña de críticas en las redes sociales y en intervenciones públicas de sus dirigentes para denunciar que Podemos e IU habían “dado la espalda” a la nueva Ley andaluza de Igualdad, acusando a sus dirigentes de “falta de sensibilidad y de compromiso político con todas las demandas del movimiento feminista del 8 de marzo”.
