Ricardo Bodas, magistrado emérito del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial perteneciente al bloque progresista -miembros elegidos a propuesta del PSOE y de Sumar- ha presentado su dimisión como presidente de la comisión de Carrera y Salud judicial. En una carta remitida a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, al magistrado lamenta los acuerdos adoptados por este órgano en el pleno celebrado el pasado 22 de julio en relación con cuestiones de salud laboral que afectan a todos los jueces.

“Como te adelanté a la finalización del Pleno de 22 de julio pasado”, señala Bodas en su carta, “la aprobación por mayoría de doce votos, incluido el tuyo, de la propuesta del vocal José Antonio Montero Fernández para la aprobación del documento técnico de trabajo sobre los parámetros de carga saludable de la Carrera Judicial a efectos de salud judicial, contenido en el punto I.52 del orden del día, me impide, por las razones que expuse en el propio Pleno, continuar presidiendo la Comisión de Carrera y la Comisión de Salud Judicial”.

El magistrado, uno de los mayores expertos en Salud Laboral de la carrera judicial, sostiene que el acuerdo alcanzado por el pleno gracias a los 10 vocales conservadores junto al voto de la presidenta, Isabel Perelló, y del de Carlos Hugo Preciado, vocal elegido a propuesta de Sumar, es “un acto de representación del colectivo judicial, que se aparta de los acuerdos previos del Pleno en materia de salud judicial”.

Bodas sostiene que el acuerdo atribuye al Gobierno de los jueces “un deber de seguridad para con los jueces/as y magistrados/as, que solo sería asumible si mantuviéramos con ellos una relación laboral o funcionarial, lo que no sucede en absoluto, puesto que son los propios jueces/as y magistrados/as, quienes dirigen e inspeccionan todos sus asuntos y deciden el número y calidad de los señalamientos que están dispuestos a acometer”. Bodas explica a Perelló que el acuerdo que votó la presidenta del CGPJ “desautoriza injustificadamente el trabajo efectuado por los servicios técnicos”, y “lo sustituye por propuestas voluntaristas y máximas de experiencia, que carecen de cualquier valor científico”.

“La demanda de justicia, en situación lamentable”

Ricardo Bodas se queja de que se haya dado traslado del acuerdo al conjunto del colectivo judicial, “lo cual comporta que todos sus componentes podrán efectuar las alegaciones, que consideren oportunas, en una especie de referéndum cuyas conclusiones se impondrán inevitablemente y provocarán con toda seguridad una reducción generalizada de nuestra capacidad de respuesta a la demanda de justicia, que ya se encuentra en una situación lamentable”.

El magistrado denuncia que “el acuerdo alcanzado no permitirá realmente el cumplimiento de la sentencia del Supremo que condenó al CGPJ a regular las cargas de trabajo a efectos de salud laboral, aunque no dijo cómo debería cumplirse dicha obligación, ya que el CGPJ ha desplazado unilateralmente su responsabilidad a la opinión mayoritaria del colectivo judicial, lo que demuestra claramente que el CGPJ no es el empleador de los titulares del poder judicial, ya que serán los jueces/as y magistrados/as quienes decidirán a la postre cuáles son las cargas de trabajo que están dispuestos a asumir, lo que no sucede en ninguna actividad pública o privada en el mundo”. “Nadie convoca un referéndum para hacer caso omiso de sus resultados”, concluye Bodas.

Por esa razón, el magistrado comunica a la presidenta del CGPJ su dimisión irrevocable: “No sería razonable que yo dirigiera esas áreas cuando discrepo radicalmente de las políticas que se impulsarán desde estas. En todo caso, quiero mostrar mi agradecimiento por la confianza que se me atribuyó en su momento por el Pleno del Consejo del Poder Judicial, así como a los compañeros y compañeras que me han acompañado en esa andadura en los últimos dos años”.

Carlos Hugo Preciado, uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que forma parte, además, de la Comisión Permanente de este órgano, fue elegido para el cargo a propuesta de la formación política Sumar. A pesar de que se presupone que encaja entre los vocales progresistas, este martes ha demostrado una vez más que es un verso suelto: se ha opuesto a apoyar la posible sanción al juez Juan Carlos Peinado por las irregularidades que denunció el ministro Félix Bolaños.

Bolaños acusaba a Peinado en sus quejas de haber actuado de forma anómala cuando le interrogó como testigo en La Moncloa y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. En esa queja se ponía el foco en que el magistrado que investiga a la esposa del presidente del Gobierno solicitó un vehículo oficial para acceder al Palacio de la Moncloa y una tarima para ubicarse, físicamente, en una posición más alta que la del compareciente.

Preciado se ha subido al carro conservador que ha acabado convirtiendo la queja de Bolaños en agua de borrajas. Y eso que desde el sector progresista se ha emitido un voto discrepante al sentir de la Comisión Permanente en el que se indica que la valoración del trato dispensado durante esa declaración no podía limitarse a constatar que no hubo insultos o expresiones abiertamente ofensivas porque esa falta de consideración puede resultar también de una conducta apreciada en su conjunto. A su juicio, la reiteración de advertencias, los reproches sobre la forma de responder y las censuras de los gestos del testigo excedían de un episodio aislado de tensión dialéctica y justificaban, al menos, la apreciación de una falta leve.

Por contra, Preciado y los conservadores han sostenido que las quejas se refieren a cuestiones accesorias de la declaración judicial basadas en interpretaciones de las normas procesales que pueden ser discutibles, pero que no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo. Añaden que, aunque la diligencia se desarrolló en un clima de tensión, no hubo desconsideraciones explícitas al declarante.

Más allá de ese episodio, Carlos Hugo Preciado ha emitido hasta dos votos particulares, a los que ha tenido acceso elDiario.es, para pronunciarse sobre otros dos asuntos que se veían también en el conjunto de quejas contra Peinado y que han acabado en archivo. El primero era relacionado con la queja de la asesora de Begoña Gómez por la filtración a una web –OkDiario– del contenido de una providencia que no había sido dictada. El Promotor de la Acción Disciplinaria en su informe concluyó que no había resultado indiciariamente acreditado que fuera el propio magistrado quien anticipase al medio de comunicación su intención de dictar una resolución, así como su contenido.

El minuto a minuto de la providencia

Carlos Hugo Preciado indica que, si bien está de acuerdo con la mayoría de la Comisión Permanente en que procede el archivo de la diligencia informativa, difiere en que el motivo de ese archivo sea por falta de indicios suficientes. Resalta que él considera que las actuaciones revelan hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de revelación de datos reservados, y por tanto, no es competente el CGPJ.

En su voto hace un minuto a minuto de cómo se desarrollaron los hechos investigados. Recuerda que la defensa de la asistente sostiene que ese medio publicó el 13 de enero de 2026 información relativa al contenido de una providencia dictada en el procedimiento de Tribunal del Jurado antes de su notificación a las partes. El vocal indica que las actuaciones practicadas acreditan la existencia de publicaciones periodísticas previas a la notificación de la resolución, pero no permiten identificar de manera cierta la fuente de la información.

Explica que la noticia de esa web que llevaba el titular 'Begoña y su asesora desafían a Peinado: se niegan a entregar sus pasaportes y el juez pide ayuda a la Policía' hacía mención a que el juez había solicitado a la Policía Judicial que obtuviera los pasaportes de las investigadas y atribuía tal actuación a una providencia dictada el día anterior.

Esa misma madrugada del 13 de enero, a las 5.50 horas, ese mismo medio publicó un editorial en el que también afirmaba que el magistrado había decidido dictar una providencia relacionada con la obtención de los pasaportes. Pero no fue hasta la 11.30 horas que Peinado firmó electrónicamente la providencia redactada el día anterior. Según el histórico remitido por el Letrado de la Administración de Justicia, la resolución todavía no había sido notificada cuando se publicaron las noticias.

A las 13.15 horas, OkDiario modificó la noticia inicial para eliminar referencias explícitas a la providencia del 12 de enero y reformulando parte del texto, aunque mantuvo referencias al hecho de que el juez había pedido ayuda a la Policía, recuerda Preciado.

A las 20.02 horas, esa providencia de Peinado fue remitida y notificada a través del portal digital a las partes personadas en el caso Begoña Gómez. Y ya el 14 de enero los procuradores recibieron y descargaron la notificación de la providencia. La denunciante sostiene, indica el vocal del CGPJ, que ya conocía su contenido por haberlo leído previamente en la prensa digital.

Un día después, el 15 de enero, el medio publicaba una nueva noticia: 'OkDiario tenía razón: Peinado pide ayuda a la Policía ante la resistencia de Begoña a entregar su pasaporte' ,reivindicando haber adelantado la existencia de la providencia antes de su notificación oficial.

Preciado advierte de que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera como falta muy grave “la revelación por juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función cuando se cause perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona”. Y añade que sería tipificado como revelación cuando el juez, fuera de los cauces de información judicial establecidos, difunde “hechos o datos de los que conozca en el ejercicio de su función”. Al hilo, cita jurisprudencia de la Sala Tercera del Supremo para indicar que revelar “supone descubrir o manifestar lo ignorado o secreto, siendo necesario acreditar una conducta positiva de divulgación”.

Añade que la propia denuncia se construye sobre la hipótesis de una filtración de información reservada procedente de un procedimiento judicial en curso. E indica que si los hechos denunciados fueran ciertos, “podrían presentar apariencia de delito de revelación de datos reservados” y, por tanto, “la averiguación de la existencia de la filtración, la identificación de su autor y la determinación de su relevancia penal exceden de las competencias disciplinarias del CGPJ”.

La prórroga fuera de plazo

Preciado ha emitido voto particular también sobre el archivo de la diligencia abierta por las quejas de Más Madrid y del diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita, que acusaban a Peinado de haber acordado fuera de plazo la prórroga de una instrucción de una causa en la que se investigaba un delito de malversación.

El Promotor de la Acción Disciplinaria señalaba en su escrito que consta en el cronograma de la causa que no se dio cuenta al magistrado del estado de las actuaciones y, por tanto, del vencimiento del plazo para acordar la prórroga. La Comisión Permanente tuvo en cuenta la poca antelación con la que las acusaciones solicitaron la prórroga de la instrucción -apenas dos semanas antes de que finalizara el plazo-. Y añadía que los precedentes jurisprudenciales señalan que acordar la prórroga de una instrucción fuera de plazo es un defecto procesal que no supone automáticamente una infracción sancionable.

Pero en su voto particular, Carlos Hugo Preciado explica que los hechos descritos en la queja no constituyen una infracción de la que deba conocer el CGPJ sino que presentan indicios de un ilícito penal que encajaría en el tipo de la prevaricación por imprudencia o ignorancia inexcusable o retraso malicioso en la Administración de Justicia. Añade que esto también debe ser conocido por la jurisdicción penal.

Preciado recuerda que la prórroga de la instrucción vencía el 27 de enero de 2025, que tanto las acusaciones populares solicitaron nuevas prórrogas que fueron informadas favorablemente por la Fiscalía y que, sin embargo, Peinado no resolvió la solicitud hasta el 2 de abril de 2025. La Audiencia Provincial declaró extemporánea la decisión del juez y la dejó sin efecto.

El vocal explica que no corresponde al CGPJ determinar si concurren todos los elementos típicos del delito. Sin embargo, sí corresponde apreciar “si existen indicios suficientes para considerar que la resolución pudo haber sido dictada con una ignorancia inexcusable de un régimen legal de plazos imperativos ampliamente conocido en la práctica procesal penal o, al menos, mediante una imprudencia grave incompatible con los deberes de diligencia exigibles al titular de un órgano jurisdiccional”.

Entiende que la cuestión excede claramente del ámbito disciplinario porque afecta directamente a la legalidad de una resolución jurisdiccional concreta y a la posible concurrencia de un delito de prevaricación judicial imprudente.

Añade que subsidiariamente podría encajar en un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Y al hilo, explica que la excusa ofrecida por el magistrado descansa en que no se le dio cuenta de los escritos presentados por las partes. Pero advierte de que esa circunstancia debe impulsar una investigación para determinar el origen de la demora, el grado de conocimiento efectivo del incidente procesal y la razón por la que una cuestión tan sensible permaneció sin resolver durante más de dos meses.

Un total de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial consideran “injustificado” y “nulo de pleno derecho” el traslado forzoso del magistrado Luís Villares decidido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al apartarlo de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administratrivo, encargada de decidir sobre proyectos eólicos, para pasarlo a la sección cuarta. Así figura en un voto particular discrepante que firman a raíz de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya desestimado por solo un voto de diferencia los recursos de alzada del juez Luís Villares y Juezas y Jueces para la Democracia contra este traslado forzoso que afecta en total a cuatro magistrados que se intercambian entre las secciones tercera y cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, decidió en marzo, unos días después de su llegada a este cargo, el traslado forzoso de quien fue portavoz de En Marea y de otros jueces entre las secciones tercera y cuarta. Sobre esta cuestión, los ocho vocales advierten en su voto particular que se trata de una decisión nula por “haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

De tal forma, cuestionan la propia forma en que se adoptó la decisión. Según exponen sus firmantes, el traslado fue ejecutado de manera inmediata y los órganos de gobierno llamados a intervenir tuvieron conocimiento de la medida cuando ya estaba plenamente en vigor, lo que supone “apartarse del procedimiento legalmente previsto”.

Justificación “insuficiente”

Asimismo, señalan que el recurso debió ser estimado porque la decisión se adoptó sin seguir adecuadamente el procedimiento, pero también porque la justificación ofrecida para acordar el traslado resulta insuficiente.

Indican que laa presidenta de la Sala vinculó la reorganización de las secciones a varias sentencias del Tribunal Supremo relativas a la participación previa de Villares en la actividad política y a posibles dudas sobre su imparcialidad en determinados procedimientos. Los firmantes del voto particular no cuestionan la relevancia de esas resoluciones ni la necesidad de preservar la imparcialidad judicial, pero consideran que no se explica de forma convincente “por qué dichas sentencias hacían necesaria una reorganización de las secciones de la Sala ni por qué la medida adoptada era la más adecuada para alcanzar ese objetivo”. A su parecer, el acuerdo realiza un juicio anticipado sobre eventuales problemas de imparcialidad que podrían producirse en el futuro, sin acreditar que esos riesgos justificaran una reorganización inmediata.

Además, advierten de que el cambio de sección no elimina necesariamente las situaciones que se invocan como fundamento de la medida. Y recuerdan que, en todo caso, el ordenamiento prevé mecanismos específicos para afrontar posibles conflictos de imparcialidad en asuntos concretos, como la abstención o la recusación, respecto de los que la presidenta “no explica por qué serían insuficientes”. El voto particular está firmado por: Bernardo Fernández Pérez, Ricardo Bodas Martín, Ángel Arozamena Laso, Luis Martín Contreras, Esther Erice Martínez, José María Fernández Seijo, Argelia Queralt Jiménez y Lucía Avilés Palacios

Si hablamos de Impunidad y de corporativismo, hablamos de jueces y de un sistema diseñado para que rara vez se pague por los excesos. Todo a cuenta del bochornoso espectáculo ofrecido por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dividido ante la propuesta de archivar las denuncias contra Juan Carlos Peinado, el polémico instructor del caso Begoña Gómez. Sepan que el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, ha propuesto dar “carpetazo” y archivar todas las quejas mientras que el órgano de gobierno de los jueces prefiere aplazar la decisión definitiva ante la falta de consenso interno.

Las cinco diligencias analizadas por el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, tienen diferentes orígenes, pero la que mayor escándalo ha generado fue motivada por un auto del propio Peinado en el que retiró el pasaporte a Begoña Gómez y sugirió que los escoltas de la esposa del presidente podrían, por iniciativa propia o siguiendo órdenes, “colaborar” en una hipotética fuga del país. Esta afirmación provocó protestas formales tanto del Ministerio del Interior como del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, interpuso también reclamación contra el juez por la forma en que el magistrado condujo su declaración como testigo en el complejo de La Moncloa. Más Madrid, diputados del PSOE, un particular y la asesora de Gómez cierran la lista de denuncias contra la discutible labor del togado.

El debate abierto en la Comisión Permanente del Consejo proyecta, además de la habitual fractura de un órgano que hace poco y del que se espera aún menos, un sistema diseñado para que sean contados los casos en los que los jueces asuman las consecuencias de sus desmanes. Y aun así el órgano de gobierno acaba de reformar, según hemos sabido por el periodista Pedro Jiménez de la Cadena SER, el reglamento que permite interponer denuncias contra las actuaciones judiciales para que solo sean las partes vinculadas a un procedimiento las que puedan activar una queja. Particulares o asociaciones ya no podrán elevar denuncias con este nuevo modelo y tampoco se permitirán denuncias anónimas o escritos que persigan revisar decisiones judiciales.

El caso es que el sector conservador del Consejo se ha alineado con la propuesta de archivo del promotor de la acción disciplinaria, tras argumentar que cualquier expresión desafortunada o controvertida incluida en un auto debe corregirse únicamente mediante la vía penal o de recursos ordinarios ante la Audiencia Provincial de Madrid (órgano que, por cierto, ya anuló la retirada del pasaporte por considerarla injustificada). Por su parte, el sector progresista rechaza el archivo directo y quiere que se investigue si el juez Peinado incurrió en una falta grave de consideración o en un exceso o abuso de autoridad (recogido en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

La falta de resolución inmediata añade una presión añadida, ya que el juez Juan Carlos Peinado tiene fijada su jubilación obligatoria el próximo septiembre, por lo que los plazos de tramitación del CGPJ siempre lentos e ineficaces resultan determinantes. Y es que si el proceso se dilata en exceso sin abrirse un expediente formal con propuesta de sanción, cualquier medida quedaría sin efecto una vez que el magistrado deje de estar en activo. Peinado se irá a su casa y pasará a los anales de la judicatura sin tacha del Consejo, pese a haber protagonizado no pocas actuaciones discutibles y haber sido objeto de casi una veintena de correcciones a su instrucción por instancias superiores.

Juan Carlos Peinado, sin embargo, no es una excepción. En 2017 —el último año del que existen cifras oficiales—, de 9.679 quejas ciudadanas contra jueces, solo 567 merecieron la atención del Promotor de la Acción Disciplinaria, y de esas 567, apenas 21 se convirtieron en expediente. Es decir, que cuando un ciudadano eleva una queja contra un juez tiene algo así como un 0,2% de probabilidades de que su denuncia termine en algo parecido a una investigación formal.

El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, cifró en febrero de este año en un 0,19% el porcentaje de sanciones impuestas a jueces por decisiones ajenas a su poder jurisdiccional, y habló incluso de “corporativismo malentendido” dentro del órgano de gobierno de los jueces. Eso sí distinguió entre la parte jurisdiccional, la “que tiene que ver directamente con el Estado de derecho” y que, en su opinión, “funciona” y lo que es ajeno a ese rol, que son los casos que resuelve el Consejo General del Poder Judicial. “El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General de Poder Judicial, en ocasiones, actúa con un corporativismo malentendido”, afirmó el también ministro de la Presidencia en la Forbes House de Madrid.

Entre preservar el buen nombre de la justicia y la protección al juez que haya podido cometer una irregularidad, el Consejo siempre elige lo segundo. Y es en ese marco en el que hay que leer el embarazoso espectáculo que estos días vive la Comisión Permanente del CGPJ con el caso Peinado: cinco quejas, un año de idas y venidas, un promotor de la acción disciplinaria que propone archivarlo todo, una Comisión Permanente dividida en bloques, y un magistrado que instruye la causa más mediática del país como si nada de ello le concerniera.

¿Justicia o política? Juzguen ustedes, pero basta con detenerse en el funcionamiento del sistema, para sospechar que el diseño institucional favorece el archivo antes que la sanción. Cuando un ciudadano se queja de un juez, su reclamación pasa primero por la Unidad de Atención Ciudadana, que en la inmensa mayoría de los casos se limita a tramitar la queja como una incidencia administrativa —un retraso, una demora, una disfunción— sin relevancia disciplinaria alguna. Solo una minoría de las que se registran llega al promotor de la acción disciplinaria, el único que tiene capacidad para convertir una queja en un expediente con consecuencias. Y resulta que ese promotor —el mismo cargo, ocupado por la misma persona desde 2017— es quien decide, caso por caso, si abre diligencias, si las archiva o si las convierte en la apertura de un expediente. Pero su criterio, se apoya casi siempre en el mismo argumento: que el contenido de una resolución judicial pertenece al “núcleo jurisdiccional” y que revisarlo equivaldría a una injerencia en la independencia judicial, lo que permite archivar casi todo lo que un juez diga o escriba mientras lo haga dentro de un auto o una sentencia.

Bajo la apariencia de control ciudadano se esconde, pues, de facto una evidente autoprotección corporativa o una casta que se juzga a sí misma, como demuestran los datos, ya que según las memorias del CGPJ, entre julio de 2014 y diciembre de 2020, España impuso una media de apenas 19 sanciones disciplinarias al año a un cuerpo con más de 5.000 jueces y magistrados en activo. La mitad de esas sanciones fueron multas económicas y medidas más simbólicas que disuasorias, como ocurrió con el caso del juez Manuel Ruiz de Lara, expedientado en 2024 por llamar en redes sociales “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno y “siervo mentiroso patológico” al ministro de Justicia. ¿Las consecuencias? El expediente acabó archivado, pese a la evidencia de que ese corporativismo malentendido del que hablaba Bolaños tolera comportamientos que, en cualquier otra profesión habrían costado el puesto.

Y todo porque el artículo 117 de la Constitución proclama que los jueces están “sometidos únicamente al imperio de la ley” y la carrera entiende que el precepto es la garantía de que ningún ciudadano, ningún ministro o ningún Gobierno pueda torcer una resolución judicial. Un argumento que, en ocasiones, se convierte en coartada cuando lo que hay detrás no es una discrepancia jurídica, sino un comportamiento abusivo.

Así que lo que se dirime estos días no solo es la suerte de un juez polémico como Peinado, sino que reabre el debate sobre dónde termina la independencia judicial y dónde empieza la exigencia de responsabilidad disciplinaria a un magistrado en el ejercicio de su función jurisdiccional. Y también sobre si el Consejo debe actuar de oficio ante declaraciones polémicas incluidas en una resolución o, por el contrario, debe esperar a que un tribunal superior las revise por la vía de los recursos.

Lo que parece a todas luces es que la línea entre lo que es jurisdicción y lo que es mala conducta disfrazada de auto judicial es muy delgada y que quien la traza es un promotor que tiene todos los incentivos corporativos para delinear siempre del mismo lado. Un último dato: en 2024, a 31 de diciembre, se habían abierto más de 10.000 diligencias, pero el CGPJ solo ejecutó 18 sanciones. Y, luego, se preguntarán sobre el porqué de su descrédito.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra dividido sobre si debe archivar o no las quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado por sus polémicas insinuaciones sobre la Policía cuando decidió retirarle el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que investiga por presunto tráfico de influencias. La Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces se ha reunido este martes para estudiar la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria que pide archivar cinco diligencias informativas incoadas a raíz de quejas recibidas contra el titular de la plaza número 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.

Además de la referida a la posible connivencia de los escoltas de la mujer de Sánchez en una hipotética huida de España, insinuada por Peinado en uno de sus autos, también están encima de la mesa del CGPJ otras quejas como la del ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien Peinado quiso imputar en la causa, por el trato que le dio durante el interrogatorio que le realizó en el Palacio de la Moncloa.

Pero según han comunicado desde el CGPJ, las “deliberaciones continuarán en los próximos días” porque la reunión ha concluido “sin alcanzar ningún acuerdo”. Los vocales conservadores apoyan la tesis del promotor de archivar las quejas, mientras los progresistas abogan porque se continúe investigando para promulgar alguna sanción. Por tanto, la última palabra podría estar en la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló.

Cuando Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos, fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado. El magistrado puso por escrito en su auto que los agentes que se ocupan de las tareas de escolta de la pareja del presidente del Gobierno podrían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga”. Lo hizo en medio de su argumentación para imponer la retirada del pasaporte a la esposa del presidente como una medida cautelar para evitar que intente eludir la actuación de la Justicia en el mismo auto en el que propone la apertura de juicio oral contra ella.

Las quejas de los policías

A raíz de este auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una queja ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que el titular de Interior considera “un hecho de máxima gravedad”. Para el Ministerio del Interior, las “sospechas injustificadas” de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, “sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales”.

A esta queja de Interior se sumó otra del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Otros sindicatos policiales, como Jupol o la Confederación Española de Policía (CEP), también criticaron a través de redes sociales las afirmaciones de Peinado calificándolas de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”.

A raíz de estas quejas, Perelló decidió incoar expediente disciplinario al magistrado por una posible infracción tipificada en el artículo 418.5 de la LOPJ, es decir, por un “exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración” respecto de, entre otros, instituciones, el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia o funcionarios de la Policía Judicial.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a Andrés Arrieta, actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como Magistrado competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución Española. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se debe a que el anterior responsable del puesto, Pablo Lucas, se ha jubilado “forzosamente” y a que Arrieta era ya el sustituto del mismo. Él compaginará sus distintas responsabilidades hasta su jubilación, prevista en abril.

El magistrado encargado del CNI es quien debe autorizar judicialmente escuchas o espionajes, si bien después el contenido de lo recogido queda en manos de la oficina de inteligencia, que no tiene la obligación de explicar sus resultados a este juez. El Poder Judicial nombra como sustituto de Arrieta, para casos de vacancia, ausencia o enfermedad, a Eduardo Calvo Rojas, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Según ha podido saber elDiario.es de fuentes jurídicas, el nombramiento fue propuesto por la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y votaron en contra los vocales progresistas Ángel Arozamena e Inés Herrero.

Arrieta fue nombrado magistrado de la Sala Segunda del Supremo en 1998, con 43 años, convirtiéndose en el juez más joven en acceder al alto tribunal. En los últimos meses ha sido especialmente conocido por haber presidido los tribunales que condenaron al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de la confesión de la pareja de Ayuso y, más recientemente, el que condenó a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el marco del caso Mascarillas. Además, ha formado parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas de Gürtel y del que le absolvió por investigar las fosas del franquismo.

El sindicato STAR ha registrado una denuncia ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial para solicitar una intervención urgente en el Partido Judicial de Calahorra, ante lo que considera una situación “de colapso estructural que afecta gravemente al funcionamiento del servicio público de Justicia y a las condiciones laborales de su plantilla”

La organización sindical denuncia que la situación viene siendo advertida desde hace meses ante la Dirección General de Justicia del Gobierno de La Rioja y la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas suficientes para corregir una realidad que STAR califica de “insostenible”.

Según el sindicato, el deterioro del servicio ya está teniendo consecuencias directas en la tramitación judicial. La sobrecarga derivada del incremento de asuntos penales, la falta de refuerzos y la insuficiencia de medios personales están provocando retrasos generalizados, acumulación de procedimientos y una presión laboral inasumible para el personal destinado en Calahorra.

Guardias penales y presencia efectiva los fines de semana

Uno de los puntos principales de la denuncia se centra en el régimen de guardias. STAR afirma que, aunque formalmente se retribuyen como guardias de disponibilidad, en la práctica “obligan al personal funcionario a acudir de forma presencial a la sede judicial todos los fines de semana”.

Para el sindicato, esta situación supone una clara distorsión del sistema de guardias, ya que “impide el descanso efectivo, dificulta gravemente la conciliación y genera una carga añadida que no se corresponde con el régimen administrativo reconocido”. Por ello, STAR reclama que se revise de manera inmediata este modelo y que se reconozca el carácter real de la prestación del servicio.

La denuncia también incorpora la situación del archivo judicial de Calahorra, que STAR considera un “ejemplo del abandono acumulado durante años”. El sindicato señala que la documentación se encuentra repartida en varias dependencias y que parte de los expedientes se almacenan en el antiguo calabozo del juzgado, “un espacio sin condiciones adecuadas de ventilación, iluminación ni salubridad”. En dichas dependencias se acumulan expedientes de hace décadas, algunos desde el año 1995, que deberían haber sido transferidos a Logroño. STAR considera inviable que “una plantilla mermada y sometida a una fuerte rotación pueda asumir ahora, sin medios adicionales, más de veinte años de retraso en la gestión documental”

Por ello, el sindicato exige la contratación de personal de refuerzo específico para acometer la transferencia de documentación y la clausura inmediata del antiguo calabozo como espacio de archivo, especialmente cuando también se encuentran allí piezas de convicción.

STAR denuncia igualmente la situación del servicio de notificaciones. Mientras otros partidos judiciales cuentan con personal específico para realizar estas funciones, en Calahorra no existe una plaza de Auxilio Judicial dedicada en exclusiva a las notificaciones de calle. El sindicato advierte de que los cuatro efectivos de Auxilio Judicial deben atender simultáneamente juicios, guardias, declaraciones, oficina judicial y otras tareas ordinarias, lo que impide dar salida adecuada a las diligencias pendientes. Como consecuencia, según los datos aportados por STAR, existen más de 2.500 diligencias y notificaciones paralizadas desde el año pasado.

La organización reclama la creación o adscripción urgente de una plaza de Auxilio Judicial destinada exclusivamente a notificaciones de calle.

Bloqueo en depósitos, consignaciones y ejecuciones

La denuncia también pone el foco en el bloqueo producido en la cuenta de depósitos y consignaciones, que afecta directamente a cantidades económicas pertenecientes a ciudadanos, como indemnizaciones, pensiones de alimentos o deudas reconocidas judicialmente.

STAR señala que la falta de personal y la marcha de una Letrada de la Administración de Justicia interina han agravado una situación ya muy delicada, dejando a dos Letradas recién incorporadas la tarea de afrontar un volumen de trabajo acumulado muy superior a los medios disponibles. A ello se suma la fragilidad del servicio de registro, cubierto por un único funcionario. “Cuando esta persona se ausenta por vacaciones, permisos o asuntos propios, la Administración detrae personal de ejecución, paralizando una mesa que ya soporta una carga muy elevada, con miles de procedimientos activos”.

Ante esta situación, STAR solicita formalmente al Consejo General del Poder Judicial el desplazamiento urgente del Servicio de Inspección de Tribunales a Calahorra para comprobar sobre el terreno el estado real del partido judicial.

Asimismo, el sindicato reclama a las administraciones competentes la adopción inmediata de medidas de refuerzo, entre ellas:

STAR advierte de que el problema de los Juzgados de Calahorra no es “puntual ni coyuntural, sino estructural”, y exige una respuesta urgente para garantizar el derecho de la ciudadanía a una Justicia eficaz, así como unas condiciones laborales dignas y seguras para el personal funcionario.

Sólo hay que echarle un poco de creatividad judicial para imaginarse a Begoña Gómez huyendo de la justicia, convirtiéndose en una fugitiva por todo el mundo y dedicada a una vida consagrada al crimen. Abandonaría a su marido e hijas y se lanzaría al lado salvaje de la vida, quizá dirigiendo un cártel de narcos en Latinoamérica o una organización en el sureste asiático centrada en la exportación de heroína. Se cortaría el pelo para que no la identificaran y se haría unos tatuajes para dar imagen peligrosa. De vez en cuando, enviaría un mensaje al juez Peinado para burlarse de él. De esposa del presidente a la nueva Lara Croft.

El juez Antonio Viejo creía estar en un escenario de esas características al tener que decidir sobre si Gómez podía viajar a Turquía para asistir a una cumbre de la OTAN acompañando a Pedro Sánchez y a Londres para presenciar la graduación de su hija. Todo porque Juan Carlos Peinado cree que existe riesgo de fuga, por lo que ordenó retirarle el pasaporte. Viejo se ocupó de resaltar las diferencias entre Reino Unido y Turquía para terminar decretando que la colaboración judicial con el país que abandonó la Unión Europea es mucho mayor. No debió de haberse enterado de los años que pasaron desde que EEUU pidió a los británicos la extradición de Julian Assange. Por no hablar de que Bélgica y Alemania forman parte de la UE y no por eso concedieron a España la entrega de Carles Puigdemont.

Es simplemente otra semana en que los magistrados han tomado decisiones en casos de gran impacto político ante la evidente incomprensión de muchos ciudadanos. Peinado suele protagonizar estos momentos, no en vano su porcentaje de aciertos no es muy alto. Durante los más de dos años que ha durado su investigación contra Gómez, la Audiencia de Madrid ha tenido que estudiar veinte recursos y ha anulado una decena de resoluciones del juez. Eso no es lo habitual en la justicia. Como magistrado, su balance parece bastante mediocre.

En una ocasión, la Audiencia Provincial criticó la “sumamente reducida, por no decir prácticamente inexistente” motivación del auto por el que Peinado acordó que Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, pasara de testigo a imputada. La Fiscalía le acusó de basarse en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para sentar en el banquillo a Gómez.

Lo que para las asociaciones judiciales es una muestra de que el sistema funciona –porque las instancias superiores revisan las decisiones de los jueces instructores– no lo es tanto para los votantes de izquierda. No dan crédito a que esa instrucción se haya prolongado tanto tiempo y que haya concluido con un procesamiento por varios delitos, incluido el de apropiación indebida, cuando Gómez no ha recibido ningún ingreso por ser directora de una cátedra extraordinaria de la Complutense ni por el software de uso gratuito que varias empresas financiaron.

Ante este escenario, los resultados de una encuesta del Instituto 40dB para El País revelan cómo la politización de la justicia ha contribuido a la caída de la reputación de jueces y tribunales. El 65% cree que en España existe lawfare (decisiones judiciales aprobadas con intención política), una acusación desde la izquierda que ha proliferado en esta legislatura. Sólo el 23% está convencido de que los jueces son imparciales. Un 50% responde que sus decisiones favorecen a la derecha (un 34%) o la izquierda (16%). Cuando se les pregunta por casos concretos, el mayor grado de escepticismo se manifiesta sobre las investigaciones de Begoña Gómez y David Sánchez, el hermano del presidente que ya ha sido juzgado.

Una encuesta publicada por este diario arroja conclusiones similares. El 47,8% considera que la justicia no actúa de forma imparcial, frente al 34,9% que cree que jueces y fiscales realizan su trabajo de forma objetiva. Lo mismo se puede decir de otro sondeo reciente de La Vanguardia, que dice que el 58% de la gente piensa que “hay jueces que están haciendo política”.

El CIS incluye cuatro preguntas sobre la justicia en su último sondeo. En una de ellas, sólo un 21,8% cree que la justicia “siempre es imparcial en procesos políticos que afectan a partidos políticos”. Un 76,9% opina lo contrario.

No todo se debe a la crispada situación política actual. En una encuesta del CIS de julio de 2019, los españoles ya mostraban su malestar con el funcionamiento de la justicia. El 50,8% decía que el grado de independencia de los jueces era muy o bastante bajo. Sólo el 29,4% lo consideraba alto. Un 59,4% pensaba que los jueces inspiraban poca o ninguna confianza.

Fueron los jueces los que decidieron ocupar la primera línea de la confrontación política con las concentraciones contra el proyecto de ley de amnistía en 2023. Los magistrados tenían el derecho a mostrar su opinión como ciudadanos. Decidieron responder a ella como colectivo, lo que les convirtió en otro actor político. En el plano simbólico, dieron un paso fácilmente interpretable. Algunos de ellos se plantaron ante los juzgados vestidos con sus togas. Con esas concentraciones, pretendían representar a un poder del Estado enfrentado a un Gobierno y después al Parlamento que iba a aprobar esa ley.

El ministro de Justicia optó el martes por reducir la polémica a unos casos específicos cuando le preguntaron sobre el tema en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Algunas resoluciones judiciales, muy pocas, generan daño a la imagen de la justicia”, dijo Félix Bolaños, que pidió que se regule cuanto antes la acusación popular. En el estado actual de la legislatura, no hay ninguna posibilidad de que salga adelante una reforma de un derecho que está además reconocido por el artículo 125 de la Constitución.

Varias asociaciones jurídicas de ideología ultraderechista han contribuido con sus querellas a la politización de la justicia al encontrar a jueces comprensivos con sus teorías y personarse en esas investigaciones. También han cosechado sonoras derrotas en el Tribunal Supremo. Pero sólo necesitan unas pocas victorias para justificar su conducta ante los que financian sus iniciativas.

Bolaños puede argumentar que solo unos pocos ejemplos de instrucciones judiciales pueden resultar “incomprensibles para la ciudadanía” y que la mayoría de los jueces realiza bien su trabajo. Pero cuando la actualidad política está totalmente condicionada por esos casos y algunos son extremadamente polémicos, es cuestión de tiempo que la imagen de toda la justicia se vea abducida por la crispación en la que vive inmersa la política. Para la derecha judicial, eso no es un problema, sino una oportunidad.

Los silencios forman parte de la partitura, dicen los músicos; hay silencios temidos, eso oí un día decir a un torero de los silencios de la Maestranza; otros invitan a la duda e inquietan, los interminables de Jesús Quintero; otros no se explican: los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En las últimas controversias judiciales, procesales, casos Begoña Gómez o José Luis Rodríguez Zapatero, no extraña el silencio concejil por ser el modo. En realidad, dicen los que saben, el CGPJ no tiene nada que decir y menos que hacer, así es la rosa. Y ello porque no se ha perturbado o inquietado a ningún juez en su independencia, será por eso que sus competencias no lo exigen. En realidad, sin embargo, no solo pueden ser perturbados los jueces, y es normal que en esos casos se actúe, es que los jueces pueden también perturbar e incluso estar perturbados, y no parece normal que en esos otros casos no se actúe.

Igual entre Manuel Marchena, magistrado dolido por las críticas, e Isabel Perelló, pueden echar una manita, que dicen las encuestas que la mayoría de los españoles creen que hay lawfare en España y que la justicia está por los suelos en aprecio popular. Popular de gente, populus, que no de Partido Popular.

De las cuestiones disciplinarías mejor no hablar, incluso se han esgrimido vacíos legales para no exigir a los jueces que, al menos, garanticen a los justiciables el respeto de sus derechos constitucionales

Hay una amplia y difundida opinión sobre que ciertos jueces van a escape. Los que nos exigen, con razón, cumplir la ley parecen no encontrar ley que cumplir que les afecte, un deterioro de la función jurisdiccional que no parece conmover ni activar al máximo órgano de gobierno de los jueces. De las cuestiones disciplinarías mejor no hablar, incluso se han esgrimido vacíos legales para no exigir a los jueces que, al menos, garanticen a los justiciables el respeto de sus derechos constitucionales.

En la separación de poderes no hay amparo similar a la bizarra protección frente a perturbaciones que ejerce el CGPJ, con su mero silencio, al que deberían tener los miembros del poder ejecutivo, del que dicen querer protegerse, ni del poder legislativo. Podríamos recordar a Montesquieu, quien advertía en su obra cumbre, El espíritu de las leyes, precisamente, que había que protegerse de los jueces si queríamos, como queremos, un equilibrio entre los tres poderes.

Por recordar, también, aquella algazara callejera de jueces con sus vestimentas ceremoniales contra el poder legislativo y el ejecutivo, que había ejercido la iniciática legislativa, contra la ley de la amnistía, que el CGPJ ignoró.

Y eso que fue un ejerció llamativo y florido de poder, huelga cobardemente encubierta, y manifestación con sus ropones, togas pullas, quizá en señal de luto por la división de poderes, para que, al menos, simbólicamente quedara noticia de su reto y poder. Una prenda con la que no se puede correr por ajustada. En otros tiempos íbamos a nuestras cosas con botines y sin tacones porque siempre había que correr. En esta civilizada manifestación a toga suelta se sabía que no se correría, que no habría exceso policial, ni empellones proporcionados ni acaso un manguerazo. 

La foto de la insumisión de los jueces contra la ley de amnistía no es una foto cualquiera, es la prueba gráfica de una manera soberbia y arrogante de creerse el centro del sistema democrático

Pobres legisladores, cómo fueron zarandeados a las puertas de la soberanía nacional, pobres ministros y presidente, cómo son insultados por ciertos jueces. Ni la ineficaz presidencia del Congreso ni el ministro de Justicia empatan con el CGPJ a la hora de contener a los perturbadores.

Lo que resalto es la distancia cada día mayor de la justicia y el pueblo, del que trae fundamento y legalidad, no por inspiración etérea sino a través de la voluntad popular expresada en leyes emanadas del Parlamento, el poder legislativo.

Ahora que, hasta el PP, o al menos su presidente Núñez Feijóo, dice que lo de Catalunya, su procés y su amnistía, son pelillos a la mar, qué van a decir los jueces que con tanto brío se apuntaron a lo que fuera menester. 

La foto de la insumisión de los jueces contra la ley de amnistía no es una foto cualquiera, es la prueba gráfica de una manera soberbia y arrogante de creerse el centro del sistema democrático. Aquellas expresiones, aquellas sentencias, aquellas bravatas a las claras o de jueces embozados en el anonimato son para la historia. Silencio que ahora atruena entre lamentos corporativos sin que haya un lugar para cobijarse de la tormenta.

El Consejo General del Poder Judicial ha puesto en marcha la apertura de un expediente contra el juez Juan Carlos Peinado por sus afirmaciones del auto de juicio oral contra Begoña Gómez. La decisión de remitir el asunto al Promotor de la Acción Disciplinaria para que valore si incurrió en una infracción ha sido tomada por una Permanente dividida con cuatro votos a favor, cuatro en contra del sector conservador y el voto de la presidenta, Isabel Perelló, decantando la balanza a favor de tramitar la queja.

Fuentes del organismo explican que la Permanente ha pedido al Promotor, encargado de investigar si los jueces incurren en faltas disciplinarias, que analice si el auto de Peinado pudo incurrir en una falta de trato desconsiderado. Queda en manos del Promotor, que tiene un plazo de un mes, abrir diligencias informativas y proponer una sanción para el juez o archivar el caso por el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Comisión Permanente, que ya empezó sus debates el domingo, se ha reunido este lunes de forma extraordinaria para analizar las quejas llegadas desde el Ministerio del Interior y de la defensa de la propia esposa del presidente del Gobierno. Bajo el foco está una de las afirmaciones más polémicas de su auto de apertura de juicio oral, conocido este sábado, en el que además impuso medidas cautelares a Gómez: que los policías que trabajan como escolta podrían facilitar su huida.

“Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”, afirma el auto dictado y difundido en pleno fin de semana.

La afirmación de Peinado para justificar la imposición de medidas cautelares a Gómez –la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias quincenales– ha provocado la reacción de distintos sectores policiales. Por un lado el Ministerio del Interior se dirigió por escrito al CGPJ y por otro lado los sindicatos policiales protestaron contra lo que consideran una “barbaridad” del magistrado. La defensa de Begoña Gómez, además, recurrirá este auto ante la Audiencia Provincial de Madrid, que además tiene pendiente resolver otras impugnaciones clave antes de que se siente ante un tribunal del jurado.

La decisión de la Permanente de tramitar estas quejas contra Peinado por su último auto y sus alusiones a la Policía ha contado con el voto en contra de los vocales de tendencia conservadora de este organismo. Entienden que la decisión del magistrado es “estrictamente jurisdiccional” y por tanto “revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos”. “Ese juicio revisor no es competencia del CGPJ por vía disciplinaria”, alegan.

El CGPJ ya ha estudiado varias quejas contra la actuación de Peinado durante los dos años y medio de instrucción del caso contra la esposa del presidente del Gobierno a raíz de una denuncia de Manos Limpias. La autoridad disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, por ejemplo, ha propuesto archivar las quejas del ministro Félix Bolaños, que fue citado como testigo, contra el juez.

El futuro judicial de Begoña Gómez y el de los otros dos investigados —su asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés— queda ahora en manos de la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción. En este caso, dependerá del juicio de los tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción de Juan Carlos Peinado. Durante los más de dos años que dura la investigación, esos tres jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Este tribunal ha avalado una parte importante de las pesquisas de Peinado, pero también ha corregido algunos de sus excesos. Le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas —como el rescate de Air Europa— por basarse en meras conjeturas, o levantar la imputación de cuatro investigados –el rector de la Complutense, un directivo del IE, el actual Delegado del Gobierno en Madrid y la secretaria general de Presidencia– o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etcétera dentro de los parámetros fijados en la ley (…) La resolución no justifica los motivos que llevan a registrar el domicilio (…) tampoco se justifica la necesidad de que el registro se practique a la media hora de la firma del auto, y todo ello considerando que se limitan los derechos del investigado, quien se encontraba ingresado en el Hospital 12 de octubre, tampoco se comprende una medida tan extensa y desproporcionada a los fines de la instrucción (…) Son producto de un juicio de inferencia absolutamente ilógico y arbitrario”, le advirtieron ya entonces los magistrados de la Audiencia Provincial.

El Tribunal Supremo rechazó con un portazo la exposición razonada donde Peinado pretendía la imputación del ministro de Justicia, Félix Bolaños: “No se aprecia ni un mínimo respaldo indiciario”. Entre la decena de recursos que estos magistrados tienen que resolver ahora están los que impugnan la decisión del juez de derivar el procedimiento por la vía del jurado popular, o su última decisión de abrir juicio oral por el procedimiento del jurado e imponer medidas cautelares a Begoña Gómez —retirada del pasaporte y comparecencias ante el juzgado dos veces al mes—. La motivación del juez para justificar el riesgo de fuga —que los policías que la escoltan diariamente o sus jefes superiores pueden ayudar a huir a la mujer del presidente— desencadenó una denuncia del ministro del Interior ante el Consejo General del Poder Judicial. Su presidenta, Isabel Perelló, propuso a la comisión permanente abrir expediente disciplinario al juez por estos hechos. Ese órgano debatirá hoy la propuesta.

Las diligencias del caso Begoña Gómez arrancaron con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez basándose en diversas informaciones de prensa sobre un supuesto tráfico de influencias, sin acreditar, más un bulo sobre una subvención pública a una empresa de la mujer del presidente. La investigación amagó con transformarse en macrocausa cuando Peinado llegó a investigar a Begoña Gómez por media docena de aspectos de su vida profesional desde que su marido fue elegido presidente del Gobierno. Desde sus másteres y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense –con la que colaboraba desde 2012, antes de que Sánchez fuera siquiera líder del PSOE– hasta su puesto en el Africa Center del IE pasando por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés o su supuesta vinculación con el rescate de Air Europa a través de una supuesta amistad con su entonces consejero delegado Javier Hidalgo y Globalia.

Muchas de estas ramificaciones fueron cerradas a golpe de auto por la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Air Europa, hicieron falta varias resoluciones de este tribunal para que Peinado, a regañadientes, dejara de encargar informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para saber si Begoña Gómez había presionado a su marido para rescatar esta aerolínea. También forzaron el cierre de la rama de la investigación que tenía que ver con el trabajo de Begoña Gómez para el IE, quedando entonces de manifiesto que Peinado había retorcido la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro y exconsejero con Esperanza Aguirre, para buscar ilegalidades en la contratación de la pareja del presidente.

“Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la señora Gómez”, dijo la Audiencia Provincial a Peinado. También fue archivada la parte de la causa que abrió Peinado contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado por los dos masters y la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez llegó a tener en esa universidad. La imputación, dijeron los jueces, “carece de fundamento” por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. Las reiteradas imputaciones de testigos por lo que habían dicho cuando estaban obligados a contestar y a decir la verdad también fueron cuestionadas por el tribunal supervisor.

El juez Peinado llegó a citar a Pedro Sánchez como testigo y le tomó declaración en el Palacio de la Moncloa aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al presidente declarar por escrito “sobre los hechos de que tenga conocimiento por razón de su cargo”. Aunque Gómez estaba imputada por un delito de tráfico de influencias, que solo puede cometer porque su marido es presidente del Gobierno, el juez justificó su decisión en que quería interrogar a Sánchez sobre “cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo” y logró interrogarle en un despacho de Moncloa, aunque sin ningún resultado. El presidente se acogió a su derecho a no declarar y, pese a ello, el juez Peinado facilitó el vídeo de ese testimonio fallido a las partes. La Audiencia Provincial se lo afeó: “Carecía de cualquier utilidad la entrega de dicha declaración, ya que en dicha diligencia el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar, por lo que la entrega y publicación de dicho acto carecía de sentido, debiendo permitirse a las partes se instruyeran sin necesidad de entregar copia porque el citado contenido carecía de interés ya que solo contenía determinados formalismos”.

La tormentosa instrucción llegó a provocar incluso que las acusaciones populares de ultraderecha pidieran al juez que motivara mejor sus autos para evitar que prosperaran los recursos de la defensa de Gómez y el resto de imputados. Hazte Oír, Vox o Manos Limpias, presentes en la causa, recurrieron en reforma tras la imputación de la asistente de Begoña Gómez con una censura insólita al juez instructor, exigiéndole que aportara “mayor argumentación, todo ello con el propósito de evitar riesgo innecesario de futuras nulidades que pudieran poner en peligro la progresión de la causa”.

Peinado llegó a sancionar con una multa de 5.000 euros al abogado Antonio Camacho, defensor de Gómez, por hacer declaraciones a los periodistas a las puertas del juzgado. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sanción.

El juez Juan Carlos Peinado ha abocado este sábado a Begoña Gómez a ser juzgada ante un tribunal del jurado, a falta de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos pendientes. Peinado imputa a la esposa del presidente del Gobierno delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Si todo sigue adelante por esa vía, serán nueve ciudadanos, elegidos por sorteo, los encargados de decidir si se creen a las acusaciones o a las defensas. En España, la composición de los nueve miembros y dos suplentes del jurado se decide entre los vecinos de un mismo municipio, dentro de la provincia en la que se ha cometido el delito, según la Ley del Tribunal del Jurado, que data de 1995. Tienen que ser españoles y mayores de edad, saber leer y escribir, poder ejercer sus derechos políticos y no tener una discapacidad psíquica o física que impida el desempeño de sus funciones.

La mayoría de las sentencias emitidas por un jurado popular son condenatorias. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, que datan de hace una década, 2016, el 92,3% del total (193 de 209) fueron condenatorias.

¿Cómo se forma el jurado?

La lista de candidatos a jurado −que podrán ser llamados o no− se realiza cada dos años por sorteo dentro del censo electoral. Hay varios impedimentos: estar procesado, cumplir condena por delito doloso o estar suspendido de cargo público, entre otras. Tampoco pueden formar parte de un jurado popular los diputados y senadores, la familia real o los miembros en activo de la carrera judicial y fiscal; así como las personas que tengan vínculos familiares, amistad o interés directo o indirecto en la causa.

Cada vez que hay una causa, con una antelación de un mes con respecto a la primera vista del juicio, se hace un sorteo de entre los candidatos a jurados de la lista para elegir a 36 candidatos. Hay un periodo de excusas en el que los candidatos pueden exponer sus motivos para no participar en un cuestionario. La Fiscalía y las demás partes, a quienes se ha debido entregar previamente el cuestionario que han respondido los candidatos a jurados, podrán formular recusación por concurrir falta de requisitos o cualquiera de las causas de incapacidad o incompatibilidad. Y después de esto, si todavía quedan al menos 20 ciudadanos, se procederá a otro sorteo para seleccionar a los nueve jurados que formarán parte del Tribunal, y otros dos más como suplentes.

¿Qué delitos se pueden juzgar?

Los ciudadanos de a pie solo pueden enjuiciar delitos contra las personas, los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, contra el honor y contra la libertad y seguridad. Entre estos delitos está incluida la malversación de caudales públicos, como ocurre en este caso, aunque son pocos los casos de este tipo que enjuician.

¿Se puede recusar a los miembros elegidos?

Sí. Las partes, después de formular las preguntas que quieran (y que el magistrado que preside el tribunal declare pertinentes) podrán recusar sin alegar ningún motivo determinado hasta cuatro por parte de las acusaciones y otros cuatro por parte de las defensas, según recoge la Ley.

¿Qué ocurre durante el juicio?

Los miembros del jurado tienen derecho a ausentarse del trabajo de forma justificada y la Ley contempla una retribución por cada día que dure el juicio de 67 euros, además de indemnizaciones por gastos de viaje en vehículo particular, alojamiento y gastos de manutención en caso de ser necesarios.

Los ciudadanos tienen que pronunciarse sobre los hechos, pero nunca realizan calificaciones jurídicas. Durante el desarrollo del juicio, el tribunal puede realizar preguntas a los testigos, acusados y peritos. El juez es el encargado de decidir si las cuestiones son procedentes o no, como en cualquier otro proceso.

Al final, el presidente del tribunal tiene que entregarles una hoja con los hechos concretos para que ellos declaren si han sido probados o no probados, y deben emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia. Para el de culpabilidad se necesitan siete votos, mientras que para la inocencia son cinco. Es el magistrado el que debe dar forma jurídica al veredicto y acatarlo, salvo que se produzcan contradicciones en los hechos probados o haya defectos en la votación.

¿Qué ocurre en los casos mediáticos?

Durante la deliberación, los nueve ciudadanos permanecen incomunicados con el exterior. De esta forma se pretende evitar la influencia que puede tener la información de los medios de comunicación o incluso que la realización de llamadas relacionadas con el caso, por ejemplo.

Eso no quita que, en casos como este, los ciudadanos ya conozcan cómo ha transcurrido el procedimiento: el juez Peinado lleva más de dos años investigando a Begoña Gómez y ha cerrado la instrucción cuando quedan un par de meses para su jubilación.

La causa de los trajes de Francisco Camps es otro de los ejemplos de juicio con mucha relevancia mediática: en 2012, el jurado le declaró a él y al exdirigente regional del PP Ricardo Costa “no culpables” por cinco votos a cuatro de un delito de cohecho pasivo impropio al no considerar demostrado que la trama Gürtel le hubiera regalado unos trajes de Milano. Un militante del PP que había estado presente en todas las sesiones del juicio, Carlos Lirio, fue fotografiado en la terraza del hotel donde se alojaba el jurado. El Supremo confirmó la decisión un año después.

La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en la noche del sábado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por entender que el juez Juan Carlos Peinado pudo vulnerar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva en su última actuación como instructor. Antonio Camacho, el abogado de Gómez, sostiene en su escrito que tuvieron conocimiento ayer sábado de la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno y de la adopción de medidas cautelares —retirada del pasaporte y dos comparecencias al mes en el juzgado— “a través de los medios de comunicación”.

“Lo verdaderamente alarmante y objeto de la presente queja”, señala el escrito, “radica en que dichas resoluciones, dictadas presuntamente este sábado, día 20 de junio de 2026, no han sido notificadas a esta parte en ningún momento, de suerte que el compareciente —en su condición de defensa técnica— ha debido enterarse de su existencia y contenido a través de la prensa, sin que hasta la fecha de presentación de este escrito haya recibido notificación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos”. Los medios de comunicación tuvieron acceso al auto, firmado electrónicamente por Peinado a las 11.59, en torno a las 13.00.

Esta “grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial”, señala Camacho, “es contraria a los principios y garantías que informan el proceso penal en un Estado de Derecho”. La defensa de Gómez denuncia en su escrito al Consejo General del Poder Judicial una “vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva”. El artículo 24 de la Constitución protege “el derecho a ser informado de las actuaciones que afectan directamente al investigado”, destaca. La apertura de juicio oral y la adopción de medidas cautelares son resoluciones de extraordinaria trascendencia “que exigen una notificación formal, inmediata y efectiva a las partes personadas y a sus defensas técnicas”. “Los artículos 160 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen con claridad la obligación de notificar todas las resoluciones judiciales a las partes personadas en el procedimiento. Dicha obligación no queda condicionada al día de la semana en que se dicte la resolución, y en todo caso debería haberse procedido a su comunicación en cuanto fue dictada o en el primer momento hábil posterior”.

Además, el escrito denuncia por su “especial gravedad” la adopción, sin comunicación previa y simultánea a la defensa, de medidas cautelares “que pueden implicar restricciones a la libertad, al patrimonio o a otros derechos fundamentales de la investigada”. Y es especialmente grave, según el abogado de Gómez, porque “impide a la parte el ejercicio inmediato de los recursos y remedios procesales que el ordenamiento le reconoce, causando un perjuicio irreparable de orden material y procesal”.

El hecho de que la defensa de Begoña Gómez “haya tenido que conocer la existencia de estas resoluciones a través de la prensa —y no a través de los cauces procesales legalmente establecidos— constituye una situación de extraordinaria gravedad que compromete seriamente la imagen de la Administración de Justicia y el principio de igualdad de armas entre las partes”, señala el abogado.

El escrito de queja solicita al Consejo General del Poder Judicial que “inste a la Inspección de Tribunales a verificar las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones referidas, con especial atención a los motivos por los que no se procedió a su notificación a esta defensa”. También solicita que se adopten las medidas oportunas “si de las actuaciones inspectoras resultase acreditado un funcionamiento anormal o irregular del órgano judicial, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de los hechos expuestos”.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial aplazó hasta mañana la votación sobre la propuesta de la presidenta de este órgano, Isabel Perello, para abrir expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado a raíz de la queja presentada por el ministerio del Interior. Peinado justificó su decisión de retirada del pasaporte de Begoña Gómez en la posibilidad de que los policías que trabajan como escolta de la mujer del presidente o sus jefes pudieran ayudar en una posible fuga. La defensa de Begoña Gómez espera que su escrito de queja contra Peinado por supuesta vulneración de su derecho de defensa también se trate en la reunión de los vocales que integran la comisión permanente del Poder Judicial.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido este domingo de urgencia para convocar otra reunión el lunes y decidir si abre un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado tras el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga. La convocatoria de este domingo se ha producido después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladase el sábado a última hora de la tarde la “más enérgica queja” al CGPJ y solicitase la adopción de “las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones”.

Estaba previsto que en la convocatoria de este domingo, que comenzó a las 10.00, se votase la propuesta de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, de incoar expediente disciplinario al magistrado por una posible infracción tipificada en el artículo 418.5 de la LOPJ, es decir, por un “exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración” respecto de, entre otros, instituciones, el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia o funcionarios de la Policía Judicial. Pero finalmente la presidenta del Poder Judicial decidió aplazar la votación con el fin de posibilitar un debate previo. La nueva convocatoria tendrá lugar este lunes a las 9.00 horas.

El sábado, Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado. El magistrado puso por escrito en su auto que los agentes que se ocupan de las tareas de escolta de la pareja del presidente del Gobierno podrían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga”. Lo hizo en medio de su argumentación para imponer la retirada del pasaporte a la esposa del presidente como una medida cautelar para evitar que intente eludir la actuación de la Justicia en el mismo auto en el que propone la apertura de juicio oral contra ella.

A raíz de este auto, Marlaska elevó una queja ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que el titular de Interior considera “un hecho de máxima gravedad”. Para el Ministerio del Interior, las “sospechas injustificadas” de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, “sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales”.

A esta queja de Interior se suma otra del Sindicato Unificado de Policía (SUP) remitió el sábado al Ministerio del Interior y al CGPJ. Otros sindicatos policiales, como Jupol o la Confederación Española de Policía (CEP), también criticaron a través de redes sociales las afirmaciones de Peinado calificándolas de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”.

En un comunicado difundido este domingo, el SUP considera “profundamente injusto” que Peinado “proyecte sospechas sobre funcionarios policiales”, después de que, en el auto, apuntase que los escoltas de Gómez podrían colaborar con una eventual fuga de la esposa del presidente del Gobierno.

El SUP envió la queja a las 20:16 horas del sábado. Para este sindicato policial, “la coincidencia en la preocupación expresada desde distintos ámbitos institucionales” pone de manifiesto que no se trata de “una cuestión corporativa o sindical, sino ante la necesidad de preservar el prestigio, la credibilidad y la confianza pública en una institución esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho”.

Una estrategia destinada a destruir personalmente a Pedro Sánchez para que tire la toalla y se marche. Así reciben en el Palacio de la Moncloa la última maniobra del juez Peinado, que este sábado envió a juicio a la pareja del presidente, Begoña Gómez, e hizo suya la petición de la asociación ultraderechista HazteOir para imponerle la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días como medidas cautelares. Una decisión que “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”, según una nota distribuida a los medios por el propio Ejecutivo.

Aunque la noticia no cayó por sorpresa en el Gobierno, la confirmación de que Juan Carlos Peinado está dispuesto a llegar hasta el final y cruzar todas las líneas rojas procesales ha conseguido soliviantar a las filas socialistas después de semanas de 'shocks' postraumáticos por las investigaciones de José Luis Rodríguez Zapatero o Leire Díez. La sensación de flagrante injusticia respecto a una causa que afecta al entorno familiar más íntimo del presidente volvió a recorrer este sábado los chats internos de federaciones, de dirigentes y de militantes del PSOE, en los que incluso en algún caso se animó a salir a la calle en señal de protesta y apoyo a Sánchez y Begoña Gómez.

“Estamos ante un señor que utiliza de manera autoritaria el poder que le confiere ser juez para humillar a una persona y para reventar al presidente. No nos engañemos, esto no busca desgastarlo sin más para que pierda las próximas elecciones. Es más grave. Busca reventar a Sánchez en lo personal y que se rinda ya hoy por el miedo a que su mujer acabe en la cárcel”, apunta una de las personas del Ejecutivo más cercanas al presidente.

El impacto de las medidas cautelares en lo personal, en efecto, es enorme. Además de la exposición pública a la que obliga a Begoña Gómez por tener que acudir cada dos semanas a uno de los juzgados más concurridos de Madrid, la pareja del presidente del Gobierno no puede desde este sábado viajar fuera de España. La razón esgrimida por Juan Carlos Peinado es que podría fugarse. Y no tiene reparos incluso en señalar a los agentes de su permanente escolta policial como posibles facilitadores.

“Es un delirio. Y aunque nos afecte en primera persona lo que más nos preocupa es la afectación a la institucionalidad básica en una democracia. Porque puede fallar un eslabón de la cadena, como es el juez Peinado, pero no debería fallar el sistema. El Poder Judicial tendría que haber impedido llegar hasta aquí”, reflexiona otra fuente del más alto nivel en el Ejecutivo.

Más allá de lo personal, en el plano político empieza a consolidarse el 'efecto Peinado' como un elemento nuclear de la foto fija de la legislatura. En mitad de una tormenta perfecta de investigaciones que monopolizan el debate público y de las que hoy parece imposible que el PSOE salga indemne, como las de Zapatero o Leire Díez, la evidencia de que la causa contra la pareja del presidente es un exceso y un atropello judicial —la Audiencia Provincial ha tenido que revertir algunas de sus decisiones— ayuda al Ejecutivo a intentar asentar en la opinión pública la idea de una campaña orquestada para tumbar al Gobierno por medios no democráticos. Un discurso que pone en bandeja el proceder del instructor que investiga a Begoña Gómez y con el que los socialistas se lanzan ahora en tromba en busca de algo parecido a un efecto bumerán.

“Es una persecución injusta contra una persona inocente. Se ha intentado destruir su reputación y utilizar su nombre como arma política contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE”, emitieron desde Ferraz en un comunicado. En esa línea se sucedieron mensajes públicos durante toda la jornada. “La instrucción pone de manifiesto una obsesión enfermiza por parte de Peinado por llevarse por delante a la mujer del Presidente del Gobierno, como sea”, publicó en sus redes sociales el ministro Óscar Puente. “Es un atropello sin precedentes: la fijación, el ensañamiento y la ausencia de garantías desde el primer momento. Así no se defiende el Estado de derecho, se erosiona. La justicia debe ser igual para todos. No se puede perseguir a una persona inocente por cuestiones políticas”, compartió Óscar López. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, reaccionó: “Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia. Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo. ¿Quién reparará el daño causado?”.

A la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid responda al recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, nadie esperaba este sábado en Moncloa giros de guion del presidente del Gobierno, que tras la imputación de su pareja se tomó cinco días de reflexión y amagó con dimitir. Según las fuentes consultadas, aquella decisión de no tirar la toalla ante el envite “personal y político” de Peinado y la estrategia del PP y la ultraderecha se mantiene vigente. Y se preguntan cuánto de lejos no habrá ido el juez en su escrito para que salieran en cascada a reprender su argumentación organizaciones tan poco amistosas con el Gobierno de Pedro Sánchez como los sindicatos policiales.

A última hora del día, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó la “más enérgica queja” a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” realizado por el magistrado Juan Carlos Peinado. El ministro del Interior defendió que la actuación de los agentes “se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho”. Y por eso, según un comunicado del departamento de Marlaska, decidió ponerlas en conocimiento de la presidenta del Poder Judicial “al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones”.

“Ninguna institución española sabe, ni de manera aproximada, cuántas sentencias se han dictado por los delitos sexuales más graves ni cuántas personas han sido juzgadas y condenadas por ello”.

Esta es la conclusión de una investigación de la Universitat de Girona (UdG) tras analizar las bases de datos sobre sentencias por estos tipos penales de las tres instituciones que los recogen: la Fiscalía General del Estado (FGE), el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS), dependiente del Ministerio de Justicia, y el Centro de Documentación del Poder Judicial (CENDOJ), que recopila resoluciones de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y el Tribunal Supremo.

El estudio, publicado en la Revista Española de Investigación Criminológica, revela las carencias a la hora de recopilar los datos, pese a que la última ley sobre delitos sexuales tenía un apartado específicamente dedicado a la necesidad de contar con encuestas y trabajos sobre “índices de condena y consecuencias” de la violencia sexual.

El catedrático de Derecho Penal y Criminología de la UdG, Daniel Varona, destaca que el objetivo del estudio no es criticar a las instituciones, sino que España se sitúe en la línea de los países europeos que mejor recogen las estadísticas de criminalidad.

La comparación de datos que Varona ha realizado junto a los profesores Steven Kemp y José María López Riba constata la disparidad entre las estadísticas de distintas instituciones, lo que, a juicio de los autores del estudio, implica que se infraestiman “de manera muy notable” las cifras penales para uno de los delitos de mayor relevancia. “Se recogen menos sentencias de las que realmente se dictan”, concluye Varona.

“En Inglaterra, las estadísticas del propio sistema judicial revelan que menos del 5% de las denuncias por violación terminan en condena, pero este porcentaje no podemos conocerlo oficialmente y con exactitud en España”, señala el catedrático.

ElDiario.es ha contactado con las tres instituciones comparadas en el estudio. El Ministerio de Justicia, del que depende el RCDS, ha indicado que no valora estudios académicos, mientras que la Fiscalía General sí ha admitido algunas dificultades en la recogida de datos.

Por su lado, el Poder Judicial explica que desde la entrada en vigor el año pasado de la nueva ley de organización judicial, los informes trimestrales del Observatorio contra la violencia de género incluyen algunos datos sobre asuntos relativos a violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja.

En 2023, por ejemplo, la memoria anual de la Fiscalía reportó un total de 145 sentencias (59 por violación y 86 por abuso sexual); el Registro Central, apenas 82 entre ambos delitos; mientras que el CENDOJ alcanzó las 575 sentencias en España por delitos sexuales graves.

Cinco años antes ya había ocurrido algo parecido: la memoria de la FGE recopiló 105 sentencias por delitos sexuales graves, por 64 el RCDS y 214 el CENDOJ.

Incluso dentro del portal estadístico del Poder Judicial, que es la institución que más sentencias recoge, se han detectado déficits. Al poderse filtrar por Audiencias Provinciales, el estudio ha descubierto que Alicante, a pesar de ser la cuarta provincia más poblada de España, presenta en el CENDOJ cuatro veces menos sentencias de violación que la trigesimosexta, Navarra. Y Valencia, que es la tercera provincia en número de habitantes, registra la mitad de sentencias que la vigésima, Guipúzcoa.

Pese a que, en el conjunto de España, la Fiscalía registra menos sentencias que el Poder Judicial, en Alicante la proporción es inversa: en 2023, la memoria anual del Ministerio Público contabilizó siete sentencias en Alicante por delitos sexuales graves, por solo cinco del CENDOJ.

“Hay algunas Audiencias Provinciales que parece que son objetoras del CENDOJ”, advierte Varona, que no ve “manos negras” en estos déficits, sino “una cuestión mucho más pedestre” vinculada al funcionamiento ordinario de las oficinas judiciales.

Por ejemplo, Varona explica que en Catalunya la aplicación informática interna en la que se tramitan las sentencias no incluye su envío automático al CENDOJ, por lo que si el funcionario se olvida de activar la casilla que lo habilita, la resolución no llega a la base de datos central. “No es algo que requiera mucha inversión, simplemente se tendría que habilitar el envío por defecto en los programas informáticos”, expone.

Varona enfatiza que para solucionar los déficits detectados por el estudio en la recopilación de datos “es más necesaria una voluntad de cambio de las instituciones que grandes inversiones”. “Si todos ponemos un poco de nuestra parte, se puede mejorar”, agrega.

Es más, Varona lamenta que en España ninguna institución realice una encuesta nacional de victimización (de todos los delitos, no solo de los sexuales). Solo Barcelona tiene una buena encuesta de este tipo, resalta el experto, pero limitada al ámbito municipal. “Recoger mejor los datos con unas reglas comunes nos permitiría conocer la magnitud de los problemas”, asevera.

La respuesta de las instituciones

Además de no comentar estudios académicos, desde el Ministerio de Justicia han considerado que la información contenida en el Registro “se considera suficiente para los objetivos para los que fue creado”. Sí han dado más explicaciones la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde la Fiscalía General han admitido que la variedad de sistemas de gestión informática en función de las comunidades autónomas “dificulta la recopilación de información estadística”.

Como la estadística de las memorias refleja tanto datos propios de la actividad de las fiscalías provinciales como de los procedimientos judiciales, “con carácter general resulta más difícil para las distintas fiscalías el control de la calidad estadística del detalle de la información, como es el caso de las sentencias”, explican fuentes de la FGE.

Desde la Fiscalía General, indican las mismas fuentes, se comprueba toda la información que remiten las fiscalías provinciales para realizar la memoria. Sin embargo, la FGE reconoce que no dispone de medios técnicos propios para comprobar “la exactitud de los datos estadísticos que se recopilan”, debido a los distintos sistemas de gestión informática, tal y como viene manifestando la propia institución en sus memorias.

La FGE, recuerdan desde la institución, ha pedido al Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) en varias ocasiones mejoras en la extracción automática de la información de los sistemas para su memoria, así como la necesidad de un mayor detalle en el desglose en la información estadística relativa a los delitos. También considera que hay que unificar los sistemas informáticos disponibles o, al menos, que el tratamiento de la información estadística sea uniforme.

Por su lado, fuentes del CGPJ explican que el CENDOJ no tiene una finalidad estadística de recuento de sentencias, sino que está concebido como una base de datos de consulta. En consecuencia, añaden, es posible que no estén todas las sentencias.

Desde el Poder Judicial también recuerdan que, desde la última reforma legal, los informes trimestrales del Observatorio contra la violencia de género incluyen algunos datos sobre asuntos relativos a violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja, como las agresiones sexuales, la trata u otros tipos penales recomendados por el Convenio de Estambul. Ello permitirá “una estadística más pormenorizada”, defienden desde la institución. Los datos se están empezando a recoger y la estadística “tendrá que ir mejorando”, agregan.

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza de nuevo expedientar al juez Juan Carlos Peinado por las quejas que recibió hace meses por su forma de instruir dos casos con repercusión política, según ha publicado El Español y han confirmado fuentes del órgano a elDiario.es. La autoridad disciplinaria ya propuso el archivo en una primera ocasión, el pasado abril, pero la Comisión Permanente lo rechazó y le pidió que completara la investigación. 

Dos de esas quejas las formuló el ministro Félix Bolaños, que denunció que el juez actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra Begoña Gómez y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. En su propuesta de archivo, el Promotor afirma que se trata de “decisiones que pueden debatirse, pero que, al margen de su acierto o desacierto, constituyen una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional de la que el denunciado es titular”. 

Las otras dos quejas fueron presentadas por Más Madrid y el diputado del PSOE Guillermo Hita, que denunciaron una “desatención de sus obligaciones judiciales” porque Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en el caso de presunta malversación del gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por pagar un precio desorbitado por un acto a OkDiario. El Promotor también proponía el archivo de la queja presentada por Más Madrid.

La Permanente, que tendrá la última palabra al respecto, está formada por siete miembros: cuatro vocales conservadores, tres progresistas y la presidenta, Isabel Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate.

Además, el Promotor también tiene abiertas otras diligencias a Peinado tras una queja por una filtración a OkDiario de información de la causa que sigue contra Begoña Gómez. Esta queja parte de la defensa de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente.

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

La derecha judicial ha arrasado en la renovación parcial de la Comisión de Ética Judicial, el organismo al que pueden dirigirse los jueces cuando tienen dudas sobre si un determinado comportamiento puede comprometer su ética profesional. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones de Junta Electoral, ha proclamado este martes los resultados de las elecciones, a las que está llamada a participar toda la carrera.

Los elegidos para ocupar los tres puestos vacantes tras el vencimiento del mandato de los tres miembros salientes están vinculados a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, informan fuentes jurídicas a elDiario.es. Se trata del magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo Manuel Almenar, que fue presidente de la APM; de la magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga María Teresa Sáez Martínez, que fue portavoz de esa misma asociación; y del magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Juan Jesús García Vélez. 

Son los tres candidatos que mayor número de votos han obtenido: Almenar ha recibido 950 votos y Sáez Martínez y García Vélez 858 cada uno. Las votaciones tuvieron lugar por vía telemática entre el domingo y el lunes. Han participado 2.089 jueces y magistrados. La Comisión de Ética Judicial es el único organismo elegido al 100% entre los integrantes activos de la carrera judicial. Este modelo ha provocado que miembros y exintegrantes de las asociaciones conservadoras de la judicatura copen sus principales puestos. 

Entre los candidatos estaban también otros aspirantes vinculados a la Asociación Francisco de Vitoria, que se autodenomina como independiente. Se trata de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón (723 votos), del magistrado del Supremo Juan Manuel San Cristóbal (695 votos) y del titular del juzgado de instrucción 5 de Roquetas de Mar (Almería), Claudio García Vidales (685 votos). 

Además, se han presentado la magistrada del Supremo Consuelo Uris (349 votos) y Sandra Piñeiro, presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, que ha obtenido 408 votos. Ambas están asociadas a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. También se ha postulado David Ordóñez Solís, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha recabado 128 votos. Este último magistrado no está asociado.

Avaló las manifestaciones con togas contra la amnistía

La Comisión de Ética Judicial es un organismo asesor en materia de comportamiento ético que es independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Está compuesta por seis jueces elegidos de forma directa por sus compañeros. Estos seis jueces eligen, a su vez, a un académico experto en ética o filosofía del derecho. 

El proyecto con el que el Gobierno pretende modificar el acceso a la carrera amplía la composición de este órgano con un total de cuatro catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral que serán designados por el Congreso y el Senado. Para lograr una mayor representación de los diversos grupos parlamentarios, cada diputado o senador votará a un solo candidato y resultarán elegidos los dos que obtengan el mayor número de votos. Los jueces, que seguirán siendo elegidos por sus compañeros, seguirán siendo mayoría con un total de cinco representantes.

En algunos de sus dictámenes, la Comisión de Ética Judicial ha desaconsejado a los jueces acudir a manifestaciones y mítines políticos para “evitar toda actuación que pueda cuestionar la independencia o la confianza de la sociedad en el Poder Judicial”. No obstante, este organismo avaló las concentraciones de jueces vestidos con togas contra la amnistía. Sus miembros consideraron que si el juez que se manifiesta tiene “un honesto, meditado y sincero convencimiento” de que la ley de amnistía “pueda afectar al Estado de Derecho”, su actuación no merece una sanción disciplinaria.

Negaba con la cabeza cada vez que miraba el móvil. Según explicó, alguien le estaba enviando noticias continuamente justo el día en el que se conocía el sumario del llamado caso Leire y se mostraba indignado con lo que veía. Baltasar Garzón (Jaén, 1955) recibió el miércoles a elDiario.es en un céntrico hotel madrileño en el que realizó un carrusel de entrevistas por la publicación de su nuevo libro, La democracia amenazada (Planeta, 2026). Durante la conversación, el exmagistrado mencionó una y otra vez el juicio al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como punto de inflexión de la degradación del poder judicial. Precisamente de eso trata su nuevo trabajo.

En el libro repasa las actuaciones judiciales para acabar con García Ortiz, pero también de su predecesora en el cargo Dolores Delgado, que es además pareja sentimental de Garzón. También analiza las consecuencias de la irrupción de Donald Trump en la política internacional, las investigaciones de crímenes del franquismo, los casos de lawfare, la corrupción, el racismo o los bulos.

El mes pasado el Tribunal Supremo ratificaba la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que confirmó la inhabilitación de Garzón como juez en 2012 por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'. Todo sucedió después de que el entonces juez iniciara una investigación del franquismo y tras años de polémicas por sus actuaciones contra el terrorismo de ETA.

Presenta La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia. ¿Es una respuesta a La justicia amenazada (Espasa, 2025), el libro escrito por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena hace un año?

No es una respuesta. Objetivamente la justicia no está amenazada ni lo ha estado en España. Por mucho que determinadas personas puedan llegar a inducir o induzcan a que hay un acoso a la justicia, honestamente, no lo veo. Se dice que existe. Hay medios de comunicación que hacen gala de esa supuesta amenaza o presión. Estos días estamos viendo cómo se dice que determinadas personas han podido estar actuando, conspirando para llevar a cabo alguna presión sobre casos que se investigan en la Audiencia Nacional. Siempre ha habido amenazas de este tipo. Siempre ha habido campañas. Yo recuerdo haber sufrido algunas en carne propia cuando investigaba a los GAL, incluso entrando en mi casa a sustraer causas judiciales o a dejarme señales de que mi seguridad estaba comprometida.

También cuando intentó investigar al franquismo.

Y quemaron el vehículo de una de mis hijas y colocaron cruces gamadas en la casa y en los propios vehículos de la familia. La justicia no puede aceptar ser amenazada porque si es amenazada tiene que denunciar esa amenaza. En cambio, el título La democracia amenazada plantea una serie de riesgos reales y objetivos como son las agresiones internacionales al sistema internacional de derechos, cuestionando la arquitectura de derechos creada desde la Segunda Guerra Mundial hasta el punto de intentar aniquilarla.

En nuestro sistema judicial hay mecanismos que no están bien diseñados

Habla de Donald Trump y de las políticas que está poniendo en marcha.

Efectivamente, hablo de la deriva que hay de la extrema derecha y de políticas absolutamente reaccionarias. También de la incidencia de la corrupción y de la negación y restricción de derechos fundamentales, como por ejemplo en el caso de la inmigración y esas políticas xenófobas que hemos visto en Estados Unidos.

También hablo de la posverdad, de la manipulación informativa, de la influencia de redes sociales, de una mecánica de actuación en contra de la memoria democrática como uno de los baluartes necesarios para consolidar una democracia y de acciones claramente instrumentales del Derecho en procesos judiciales que afectan, por ejemplo, al fiscal general del Estado o a la anterior fiscal, Dolores Delgado. Es decir, trato de hacer una interpretación en conjunto de esos distintos escenarios que desde mi punto de vista provocan riesgos efectivos para la democracia.

Habla de que el poder punitivo se ha convertido en un fenómeno político. ¿Cómo es posible?

Porque hay un ejercicio de la soberbia del poder y en la consideración de que tener ese poder, en vez de ser una proyección del servicio público, se ha convertido en controlador de los ciudadanos y en imposición, donde una supuesta seguridad se antepone a cualquier derecho ciudadano. El poder de la voluntad de quien lo ejerce lo impone. La Sala Segunda del Tribunal Supremo es el órgano institucional que mayor poder político ejerce. ¿Con esto quiero decir que es un órgano político o que se guía por finalidades políticas? No. El desarrollo de la administración de justicia no tiene nada que ver o no debería de tener nada que ver con la política. Lo que ocurre es que en nuestro sistema hay mecanismos que no están bien diseñados. Por ejemplo, ¿quién controla el Tribunal Supremo cuando actúa en única instancia?

¿Por qué considera que la frase de Aznar de que “el que pueda hacer que haga” es posfascismo?

Porque avasalla contra todas las normas y principios básicos de la democracia desde una posición indudablemente de poder y autoridad. Él lo dice porque además hay ejemplos previos. Este señor nos metió en una guerra de Irak y dijo que los atentados del 11 de marzo de 2004 eran de ETA. Generó una dinámica y tiene una influencia en la posición de autoridad en su partido. Porque la pregunta debería de ser qué quiere decir con eso. Es decir, las palabras no son casuales. Soy una persona obsesionada con el lenguaje y coloco las palabras que quiero colocar en cada lugar. Determinados sujetos que se manifiestan en la opinión pública y política dicen lo que quieren decir. Entonces, si José María Aznar dice “el que puede hacer que haga” y lo dice en un contexto determinado no se puede decir que se esté refiriendo a que los niños vienen de París.

¿Se refiere a actuaciones judiciales, por ejemplo, contra fuerzas progresistas o el Gobierno?

Por ejemplo, que el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, a dos días de unas actuaciones judiciales diga que va a llamar a Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, porque parece ser que aparece mencionado. ¿A eso cómo se le llama, en una comisión de investigación que es un instrumento del Legislativo?

Esa comisión se ha convertido en una especie de cajón de sastre...

Eso es lawfare. El lawfare se hace desde muchos ámbitos, no solamente como algunos creen desde el Poder Judicial o por parte de determinados jueces o fiscales. El lawfare es mucho más complejo y unas veces viene por la vía mediática, otras veces por la económica, financiera, corporativa, política y a veces también judicial. El único elemento común que tiene es que es la instrumentalización del Derecho con unos fines espurios. Por tanto, desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido la mañana del día 3 de junio de 2026 por parte del Senado de España y en la voz de su portavoz es puro lawfare.

¿Son también lawfare las investigaciones a Zapatero o el caso de Leire Díez?

Tengo que ser respetuoso con los procesos judiciales, lo mismo que reclamaría para mí porque he sido juez instructor durante muchos años. Además, en la Audiencia Nacional tengo que dar por hecho que mis colegas hacen lo propio. Lo único que nos tiene que centrar es que las acciones y las actuaciones judiciales en un proceso penal, cuando están en instrucción, son acciones provisionales, se basan en indicios. El lenguaje es muy importante. En estos casos hay que tener la prudencia necesaria a la hora del análisis de esas actuaciones judiciales.

Yo entiendo que los medios de comunicación tienen que cumplir con su obligación y dar información al respecto, pero no es lo mismo dar una información con las limitaciones y con las precauciones correspondientes que utilizar como un dardo envenenado ya una plataforma de comunicación en contra de determinadas personas. En el caso que usted me planteaba de José Luis Rodríguez Zapatero todavía no hemos oído siquiera a la persona afectada. Vamos a esperar.

Se lo voy a preguntar desde otro ángulo. ¿Cree que el lawfare puede terminar con el Gobierno progresista?

El uso del lawfare lo primero que puede producir es una desestabilización del Estado de Derecho democrático. Por eso hay que ser vigilantes, hay que denunciar cuando hay ese tipo de conductas. Hay que defender, por supuesto a las instituciones, cuando hay un acoso contra las instituciones. Yo no digo que no se le defienda. Yo soy el primero que las defiende. Lo que indico es que también hace daño cuando asociaciones judiciales conservadoras, como se ha conocido hoy mismo [en referencia al miércoles], critican al Poder Judicial porque no ha sido suficientemente beligerante para defender corporativamente a los jueces.

Pero es que, oiga, cuando algunos éramos objeto de ataques sistemáticos y no nos protegía el Consejo General del Poder Judicial, ¿quiere decir que no teníamos que cumplir con nuestra obligación? La justicia siempre va a estar en el ojo del huracán y cuando se hacen investigaciones concretas y difíciles siempre va a haber críticas, pero hay que hacerlo. El sistema español establece los mecanismos de protección para no tener que estar implorando que se respete la independencia judicial.

En el libro dice que no solo en España, también en diferentes países del mundo las élites del Poder Judicial o de los tribunales supremos se están apoderando de espacios que no les corresponden. ¿A qué se refiere?

No hay contrapesos de poder ante el ejercicio de esa función constitucional de administrar justicia. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo es el último eslabón de la cúspide judicial con un recurso de casación, como he dicho, ya viene un camino recorrido. En cambio, cuando es en única instancia respecto de aforados quizás habría que diseñar como mínimo una segunda instancia.

¿Esa es la revolución pendiente de la justicia de la que habla también en el libro?

Sí, uno de los aspectos.

¿Cómo se podrían construir esos contrapesos?

Por ejemplo, atendiendo a los requerimientos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que reiteradamente nos ha dicho que se instaure la segunda instancia en el Tribunal Supremo. Lo que era una protección para aforados se ha convertido en un instrumento más que cuestionable. Lo que quiero es que haya lo mismo que en todas las demás instancias. La diferencia, por ejemplo, con la Audiencia Provincial de Badajoz es que luego va a haber un Tribunal Superior de Justicia que puede ver la apelación y se puede llevar en casación ante magistrados del Tribunal Supremo, que yo cuestiono que estén en los más idóneos y que ahí se esté por méritos. Por ejemplo, en otros países hay lo que se llama el juicio político o contrapesos en la investigación de delitos de prevaricación, que a lo mejor se tienen que juzgar por un jurado popular. ¿Por qué nos tenemos que lavar los “trapos sucios” los mismos jueces, como una especie de contubernio extraño, y que no nos toquen los demás porque los demás no saben tanto como nosotros?

Habla de que la condena al fiscal general es un punto de inflexión para llegar a la conclusión de su libro, La democracia amenazada. ¿Qué antecedentes o síntomas percibió antes?

Cito algunos casos personales que me afectan y otros como el de Vicky Rosell, el diputado de Podemos también de Canarias [Alberto Rodríguez] y en otros en ámbitos diferentes que afectaban a Podemos. Y utilizo palabras del propio voto particular [de la sentencia de Álvaro García Ortiz]. ¿Cómo puede haber esas dos realidades tan diametralmente opuestas? Los hechos probados son los que dan base a una sentencia absolutoria o condenatoria. Pero cuando en la sentencia se reconoce, por ejemplo, el valor y la veracidad de las propias declaraciones de los periodistas y luego no se explica por qué no se les da razón y justificación o cuando se dice que la autoría es del condenado o de otras personas alrededor quiere decir que puede no haber sido él. Y si no ha sido él, la sentencia tendría que ser absolutoria.

¿Por qué el tribunal no creyó a los periodistas de elDiario.es que sabemos quién filtró ese documento [de la confesión de la pareja de Ayuso]?

A lo mejor tendría que contestar usted. Porque yo no lo sé. Si no los crees tienes que deducir por falso testimonio. Lo que no puedes hacer es, como dicen en mi tierra, ni chicha ni limoná. Es decir, si un testigo dice 'blanco' y el tribunal dice está bien, pero luego no lo valora, entonces es que no sé lo que quieren decir.

En un juicio oral no se puede permitir a testigos interrogar o increpar al acusado como en el caso del fiscal general

Señala al presidente de ese tribunal, al señor Andrés Martínez Arrieta, por la “desprotección” del tribunal hacia el acusado. En el juicio al fiscal general, ¿no se cumplieron las garantías debidas?

En un juicio oral no se puede permitir a testigos interrogar o increpar al acusado y que se les deje hacerlo sin cuestionarles.

¿Se refiere, por ejemplo, a las intervenciones en el juicio de Miguel Ángel Rodríguez o de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso?

Al titular responsable de la UCO, cuando dice: “Dígame usted dónde está eso”. Mire, usted no viene a interrogar. Esa función ya se hizo, se llevó a cabo en instrucción. Yo creo que hubo mucha permisividad que no fue equilibrada.

¿Cree que hubo una suerte de vendetta contra Álvaro García Ortiz por parte de sus compañeros?

En algún punto de todos estos acontecimientos, sí. De hecho, hubo una asociación fiscal profesional que ejerció la acusación popular y que incluso pidió casi la máxima pena para él. ¿Qué hace una asociación profesional ejerciendo la acusación popular, defendiendo los intereses corporativos en una estructura que es piramidal?

¿Qué cree que no se le ha perdonado al ex fiscal general?

Probablemente, su posición perfectamente admisible, defendible y sujeta a la legalidad en el caso de la ley de amnistía y en otros casos de nombramientos en planteamientos que eran totalmente indeseados por un sector conservador que cuestionaba los avances que se produjeron en los últimos dos mandatos del Ministerio Público. En algún momento a Cándido [Conde-Pumpido] se le permitió porque era magistrado del Tribunal Supremo, pero a quienes son fiscales a lo mejor no se les consiente tanto que horaden esa especie de aura tan protectora de una justicia muy conservadora.

La transición en la justicia fue inexistente

Consideraba antes que en esa sala quizás no estaban los más adecuados. ¿Parte de la revolución de la justicia debería ser también modificar las formas de acceso al Supremo?

La forma de acceso y de mantenimiento. No entiendo que se pueda llegar al Tribunal Supremo tan joven y el cargo sea vitalicio. El propio Tribunal Constitucional o la Corte Penal Internacional tienen un límite de tiempo. Es muy peligroso hacer esa estructura que viene del franquismo y que no tiene contrapesos. Y el sistema de nombramientos no es precisamente el más idóneo.

¿Ha faltado una transición en el Poder Judicial? Usted mismo ha dicho que hay reminiscencias del franquismo.

No hubo una transición en el Poder Judicial. Una Transición con la que no estoy de acuerdo en muchos puntos. La transición en la Justicia fue inexistente. No nos levantamos. Yo todavía no formaba parte porque mi promoción fue la primera de la Constitución, pero nos acostamos con la dictadura y nos levantamos demócratas.

Se acostaron con el Tribunal de Orden Público y se levantaron con la Audiencia Nacional.

Se aceptó que el Poder Judicial era puro, inmaculado y que no había ningún tipo de contaminación y probablemente en algunos casos fuera así, pero en otros no tanto. Por no haber, no hubo ni un acto de acatamiento de la Constitución. Se daba por hecho.

En el libro menciona también el caso de [la actual fiscal de Memoria Histórica y exfiscal general] Dolores Delgado. ¿Cree que no se le ha perdonado, por ejemplo, que permitiera investigaciones al rey emérito o que avalase la salida del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos?

Eso seguro. Objetivamente, el avance progresista durante el mandato de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado fue muy notorio. Y no se le perdonó que hiciera nombramientos como el de Eduardo Esteban y, luego, que se le nombrara fiscal de Sala de la Memoria Democrática. Se acabó con su integridad corporal, porque al final ella tuvo que dimitir o renunciar, mejor dicho, porque se rompió. Y en el caso de Álvaro [García Ortiz], pues terminó traumáticamente, como todos conocemos.

¿Cree que un cambio de gobierno podría poner en amenaza una Fiscalía como la de Memoria democrática?

Sí. Bueno, no es que lo crea, es que lo han dicho. Y eso, entre otras cosas, desvela la falta de consideración a las víctimas del franquismo de su categoría de víctimas, que desgraciadamente siempre ha ocurrido. Ha habido categorización de víctimas y las del franquismo están en el último grado del escalafón, cuando sin dudarlo también han sufrido persecución durante años y décadas.

Comenzábamos la entrevista hablando del libro de Marchena. Usted lo menciona como uno de esos miembros del Supremo que quizás esté poniendo la democracia en amenaza.

Eso lo dejo al juicio del lector. No es rehuir porque el que lea el libro claramente sabe.

A mí me lo ha parecido.

Lo dejo a la decisión y el juicio del lector. Yo establezco una serie de criterios, de parámetros en los que trato de expresar lo que ha sucedido y a partir de ahí. Y utilizo un término que es el de urdidor de voluntades que cada uno puede interpretar como considere.

Está de moda hablar de las cloacas del Estado. No sé si a lo largo de su trayectoria usted ha tenido contacto con esas cloacas y si se arrepiente de alguno de esos contactos.

He tenido contacto con policías que han investigado delitos de terrorismo y que en algún caso han resultado afectados por hechos que tuvieron lugar en tiempos en los que yo ya no tenía ninguna responsabilidad. Desde luego, en lo que de mí depende y bajo mi mando jamás hubiese ocurrido lo que aconteció. Dicho esto, también por respeto profesional y demás, me quedo ahí, pero para mí son inaceptables. Lo que sí quiero decir es que el despacho defendió a una de las personas que ha sido cuestionada y que no ha podido ser juzgado porque...

¿Se refiere a Eugenio Pino?

No. Me refiero a Enrique García Castaño, que por su incapacidad física después del ictus que le dio no ha podido decir nada aunque todo el mundo se refiere a él. Lo único que ocurre es que, sin quebrantar el secreto profesional, aunque él tenía sus abogados, el despacho optó por su defensa porque colaboró con la justicia. A partir de ahí no quiero tampoco incidir en este tema porque han sido muchas las falsedades y las manipulaciones que se han hecho.

En todo caso, el Estado de Derecho no se defiende como se decía desde las cloacas, se defiende con mecanismos y con la legalidad. Cuando en España hubo un ataque durísimo del Estado de Derecho con los GAL, la única respuesta que solventó la situación fue la investigación judicial. Cuando los fondos reservados se utilizaron ilegalmente, hubo respuesta judicial. Cuando después se han utilizado espero que haya respuesta judicial. Esos son los mecanismos que tenemos. No son otros.

Vídeo y fotos: Lourdes Jiménez

El pasado miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en la sede del PSOE en la calle Ferraz para requerir una cantidad considerable de documentación en el marco del caso Leire. Además, el mismo juez de la Audiencia Nacional que ordenó esa diligencia, Santiago Pedraz, emitía un auto por el que acordaba la imputación de quien fuera número tres del partido Santos Cerdán y de la actual gerente de los socialistas, Ana Fuentes.

El estallido de esta operación venía a sumarse a otros golpes judiciales que afectaban de lleno al PSOE, como la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su papel protagónico en una presunta trama dedicada al tráfico de influencias. Y ante ese cúmulo de noticias judiciales hubo ministros socialistas, como Óscar Puente, que decidieron saltar a la palestra pública para denunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez era víctima de una operación de algunos sectores de la política, la justicia y los medios de comunicación para derribarlo “con métodos nada democráticos”.

Una vez más, la respuesta del Poder Judicial a este nuevo ataque del Ejecutivo no se ha hecho esperar. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una declaración institucional en la que muestra su preocupación por manifestaciones de “cualificados responsables de altas instituciones del Estado” que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales. A su juicio, “contribuyen con ello a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho”.

Como ya hicieran en anteriores ocasiones, la comisión, presidida por la presidenta 'progresista' del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, recuerda que la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho. Y considera que un entorno político en el que se realizan críticas de esta naturaleza “debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada y cuestiona los fundamentos del Estado de Derecho al instrumentalizarse la actividad judicial”.

 Al hilo, en este breve comunicado, el CGPJ recuerda la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial, “respeto que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho y de las libertades del ciudadano”.

La denucia pública de Puente sobre esa supuesta operación político-judicial para acabar con el Gobierno no ha sido el único aldabonazo socialista hacia el trabajo de los jueces. Tras conocerse el sumario del caso que afecta a Zapatero y que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado José Luis Calama, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, exigía en público una justicia igualitaria. Apuntaba, además, a que se redactaban sumarios que “podrían presentarse al Premio Planeta como mejor obra literaria”.