Cuatro magistrados han presentado su candidatura para presidir la Audiencia Provincial de Cantabria, una plaza que ha quedado vacante desde que el pasado 3 de marzo su titular, José Arsuaga, pasó a ser el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). 

El pasado 10 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la convocatoria de la plaza aprobada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la que han concurrido cuatro magistrados: Amaya Merchán, Paz Aldecoa, Jaime Anta y Ernesto Sagüillo. 

En su solicitud, los aspirantes tienen que acreditar sus méritos, que serán ponderados por una Comisión de Calificación que les citará a una comparecencia, en la que los candidatos defenderán su currículo y presentarán su programa sobre la organización y el funcionamiento del órgano. 

Entre los méritos computan el tiempo de servicio activo en la carrera judicial, los destinos en jurisdicciones de los ámbitos civil y penal, el servicio en órganos judiciales colegiados y las resoluciones de relevancia jurídica y significativa, entre otros aspectos.

Una vez concluidas las comparecencias, la Comisión de Calificación formulará una propuesta con tres aspirantes que se elevará al Pleno del Consejo General del Poder Judicial, quien decide finalmente el nombramiento. El candidato o candidata designado sustituirá a José Arsuaga, que ha ejercido como presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria desde el año 2015. El mandato dura cinco años. 

Las audiencias provinciales son tribunales de justicia que abarcan una provincia y tienen su sede en la capital respectiva. Tienen competencia sobre procesos civiles y penales. En el orden penal, juzga los delitos que llevan aparejadas penas de mayor gravedad (para las que no son competentes las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia o de otros Tribunales) y resuelve los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de Instrucción y de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer y de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria de los Tribunales de Instancia de la provincia.

“Uno de los episodios más preocupantes contra la independencia judicial en Galicia en los últimos años”. Así define la Asociación Xustiza e Sociedade de Galicia –entidad de carácter progresista que agrupa a más de 200 juristas gallegos– el traslado forzoso de dos magistrados de la Sección Tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que los aparta “de los asuntos de autorizaciónes eólicas, contratación administrativa y procedimientos de especial trascendencia pública”. La decisión, tomada “sin la existencia de criterios objetivos”, “desmantela una unidad judicial altamente especializada” y “amenaza con convertir las presiones externas en un factor determinante en la composición de los órganos jurisdiccionales”.

En un comunicado, Xustiza e Sociedade considera “gravísimos” los acuerdos adoptados el pasado 12 de marzo por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, que enviaron a la Sección Cuarta a los magistrados María Dolores López y Luís Villares. Este último, líder de En Marea entre 2016 y 2020, había sido acusado por Xunta y PP de ser “juez y parte” en causas como la paralización de los parques eólicos. Recio tomó la decisión apenas una semana después de asumir un cargo para el que había competido, precisamente, con Villares.

La asociación señala que los traslados pueden suponer “desviación de poder” porque se decidieron sin que existiesen “criterios objetivos aprobados por la Sala de Gobierno”, tal y como exige la Ley Orgánica del Poder Judicial; tampoco se dio “audiencia” a las personas afectadas, algo que, en su opinión “constituye una alteración irregular del funcionamiento jurisdiccional de la Sección y una posible vulneración de las garantías constitucionales de independencia e inamovilidad judicial”

“La Sección Tercera ha soportado durante meses presiones políticas, empresariales y mediáticas, derivadas de sus resoluciones sobre proyectos eólicos y contratación pública”. Por eso, si se une la “coincidencia temporal” entre presiones y traslados y la “ausencia de motivación reforzada”, todo junto “genera la apariencia de que la reorganización podría responder a factores ajenos al interés público”. Para la Asociación, “supone un riesgo directo para la apariencia de imparcialidad, para la confianza ciudadana en el Poder Judicial y para el funcionamiento equilibrado de una Sala especializada en asuntos de enorme relevancia”.

Reclaman la intervención del CGPJ

Xustiza e Sociedade ha enviado ya una comunicación formal a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG en la que “exige” la revisión “urgente” de los acuerdos del 12 de marzo, “la rectificación de las decisiones adoptadas y la plena restauración de los principios de legalidad, motivación y transparencia”.

Pero no se ha quedado ahí. También envió otra comunicación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que solicita la apertura de un expediente, la suspensión cautelar de los traslados y la emisión de un informe oficial sobre la conformidad legal del procedimiento. A eso suma la demanda de “medidas correctoras o disciplinarias si se confirma desviación de poder o irregularidad”.

Para la Asociación, los traslados forzosos constituyen “uno de los episodios más preocupantes contra la independencia judicial en Galicia en los últimos años”, y eso se debe a que la “reorganización” de la Sección Tercera “desmantela una unidad judicial altamente especializada, afecta directamente a magistrados con experiencia acreditada y amenaza con convertir las presiones externas en un factor determinante en la composición de los órganos jurisdiccionales”.

“Esto es absolutamente incompatible con un Estado de Derecho sólido y digno de tal nombre”, considera la entidad y, por eso, insta tanto a la Sala como al CGPJ a “actuar con contundencia, transparencia y responsabilidad, protegiendo a los magistrados afectados y garantizando que ninguna decisión interna —ni presente ni futura— pueda interpretarse como una interferencia en la independencia judicial en Galicia”. “La Justicia no puede quedar expuesta a presiones externas. La ciudadanía merece instituciones independientes y creíbles”, concluye el comunicado.

La tensión institucional vuelve a situarse en el centro del debate por el bloqueo en la renovación de instancias clave de la Justicia. El Partido Popular mantiene paralizada la designación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que tienen el mandato caducado desde el pasado diciembre, mientras que sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retrasan nombramientos esenciales en el Tribunal Supremo. Esta estrategia, que prolonga la interinidad en instancias decisivas, evidencia el pulso de la derecha por tratar de mantener o ganar influencia en los tribunales. 

Cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, el progresista Cándido Conde-Pumpido, alcanzaron el final de su mandato el pasado 17 de diciembre. Su sustitución depende del Senado, donde el PP tiene una mayoría absoluta pero insuficiente para hacer esas designaciones: le faltan 15 votos. La renovación requiere el respaldo de tres quintos de la Cámara Alta (160 votos), por lo que pasa inevitablemente por un acuerdo con el PSOE, que cuenta con 91 escaños.

Es lo que ha venido ocurriendo históricamente: PP y PSOE se reparten esos cuatro puestos y cada formación propone dos nombres. Pero esa distribución no serviría para alterar la mayoría progresista de siete votos a cinco que ha inclinado la balanza en leyes relevantes, como la amnistía, lo que hace que el PP tenga pocos incentivos para llegar a un acuerdo. 

Fuentes del PP aseguran a elDiario.es que no tienen intención de dar un perfil pactista con el PSOE en un momento de contienda electoral, con las elecciones andaluzas a la vuelta de esquina y en plena pugna con Vox. El partido de Alberto Núñez Feijóo apuesta por dilatar el bloqueo, esperar a mejorar sus resultados en las próximas elecciones generales y acercarse a esa mayoría de tres quintos del Senado, ya sea en solitario o de la mano de socios habituales como Vox o UPN. Eso le permitiría nombrar a cuatro magistrados de sensibilidad conservadora, lo que daría un vuelco a la actual distribución favorable a la izquierda.

El pasado marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, denunció en el Senado que el PP “incumple la Constitución” por no renovar “en plazo” el tribunal de garantías. “Fijemos día y hora, señora portavoz, señores del Grupo Parlamentario Popular. Nos sentamos esta misma tarde para empezar a hablar de la renovación”, dijo Bolaños. Fuentes de su departamento confirman que no se ha producido ningún contacto. 

La primera consecuencia de la decisión del PP es que los magistrados cuyo mandato está ya caducado seguirán en sus cargos hasta que lleguen sus sustitutos. Además de Conde-Pumpido, los magistrados salientes son la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último, uno de los puntales de la derecha judicial, accedió al puesto en julio de 2024 y tiene la opción de ser reelegido.

No es la primera vez que el PP bloquea la renovación del Constitucional por cálculos políticos. Ya lo hizo durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el órgano debatía la sentencia sobre el Estatut de Catalunya que acabó prendiendo la mecha que derivó en el procés. Tampoco fue nada pacífica la última renovación del tribunal de garantías que tuvo lugar en 2022. En ese caso, el relevo correspondía hacerlo al CGPJ (dos magistrados) y al Gobierno (otros dos), lo que suponía recuperar la mayoría progresista en el tribunal una década después. 

Durante tres meses, un grupo de vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces hizo imposible el acuerdo y retrasó el cumplimiento de la ley en un momento en el que beneficiaba a los progresistas. Finalmente, el sector progresista del CGPJ decidió conceder una victoria pírrica a los conservadores: dejar que impusieran a los dos magistrados a cambio de que el tribunal volviera a tener mayoría de magistrados de esa sensibilidad. Fue entonces cuando accedieron al tribunal el conservador César Tolosa y los progresistas María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez, lo que permitió que las mayorías políticas del Parlamento tuvieran su reflejo en el tribunal.

El Constitucional como contrapeso

En la actual coyuntura política, es al PSOE a quien más le interesa una renovación que le garantice mantener la actual correlación de fuerzas del Constitucional, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores. En caso de que el PP consiguiera acceder a la Moncloa, el tribunal tendría la capacidad de actuar como contrapeso ante las eventuales políticas regresivas de un PP condicionado por la extrema derecha. 

El mandato de los 12 magistrados del Constitucional se alarga durante nueve años y se renueva por tercios cada tres años. Después del tercio del Senado, la renovación de los cuatro magistrados que elige el Congreso está prevista en 2028. Esa elección también requiere una mayoría de tres quintos, por lo que suele haber un reparto con dos integrantes de sensibilidad progresista y dos conservadores. 

Así, la conformación a favor de la izquierda estaría garantizada, en principio, hasta 2031, que es cuando le tocaría el turno al Gobierno y al CGPJ. Lo habitual es que el cambio de ciclo en el Constitucional se produzca con la renovación parcial de los dos magistrados que escoge el Ejecutivo y los otros que decide el órgano de gobierno de los jueces.

En los últimos años, la mayoría progresista del Constitucional ha blindado derechos como la eutanasia o el aborto y ha respaldado otras normas relevantes para el Gobierno de coalición como la ley de vivienda o la ley rider. También ha avalado la ley de amnistía. El órgano todavía tiene pendiente algunos asuntos de mucho peso, como el regreso de Carles Puigdemont o el posible recurso del ex fiscal general contra su condena por haber filtrado el correo autoinculpatorio de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Vacante en el Supremo  

Al bloqueo en la renovación del Constitucional se suma la intención de los vocales elegidos a iniciativa del PP en el CGPJ de dilatar la elección de una vacante en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados, como el ya ex fiscal general del Estado o el exministro socialista José Luis Ábalos. Esa Sala tiene sin cubrir desde hace casi dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio y las fuentes consultadas coinciden en que su renovación no será ni mucho menos inmediata. 

Los vocales progresistas consideran imprescindible que esta plaza sea adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora. Sin embargo, las negociaciones ni siquiera se han iniciado. 

La estrategia del grupo conservador pasa por esperar a que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque. Para ello, sin embargo, habría que esperar varios meses. Los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado se jubilarán de manera forzosa el próximo junio y Juan Ramón Berdugo en septiembre. 

“Nosotros insistimos en que la plaza del turno de juristas exige una negociación independiente, pero sin mucha suerte”, sostiene un vocal de la izquierda. Pese a ello, el sector de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar tampoco ha forzado llevar al pleno una votación sobre este puesto, lo que podría evidenciar la actitud obstruccionista del otro grupo. “Ellos saben que el déficit progresista y de mujeres en la Sala Segunda es alto. Y que esta plaza debería adjudicarse a una mujer progresista. Pero prefieren paralizarla. Los ritmos los marca la derecha”, lamenta otra voz progresista.  

A pesar de que las negociaciones no se han iniciado, en las conversaciones informales previas los vocales conservadores ya han dejado claro su veto a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo, una de las candidatas más valoradas por el sector progresista. Es una catedrática con un amplio currículum y que en 2015 formó parte del “grupo de expertos” que colaboró con el PSOE en la redacción del programa de las primeras generales a las que se presentó Pedro Sánchez. Además, es cuñada de la exvicepresidenta y actual comisaria europea Teresa Ribera. 

Los vocales conservadores repiten así la estrategia urdida hace un año, cuando descartaron la elección de las progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso para la presidencia de esa misma Sala y también para la de lo Contencioso-Administrativo, las más delicadas del Supremo. Ambas acabaron renunciando, lo que allanó el camino para sus compañeros. Los progresistas transigieron y finalmente apoyaron de forma mayoritaria a los candidatos preferidos por el bloque conservador. 

Los nombramientos realizados durante el primer año de mandato evidencian que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, logró el 38% de las designaciones realizadas en la cúpula judicial. Es casi el doble de lo que consiguieron las otras tres asociaciones juntas. Además, la APM copó casi la mitad de los ascensos al Supremo, que son especialmente relevantes porque se mantienen hasta la jubilación. 

Solo unos días después de que Pedro Sánchez acordase con Junts aprobar en el Congreso una ley de amnistía a cambio de los siete votos que le faltaban para garantizar su investidura, un veterano magistrado del Supremo contestó así a la pregunta de si el Poder Judicial podría evitar la iniciativa del Poder Legislativo: “La batalla la estamos perdiendo pero, en mi ingenuidad, creo que todavía hay partido”. Dos años después, la ley de amnistía vigente no se puede aplicar al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros ex consejeros de su Gobierno por la jurisprudencia creativa que el Supremo impuso a este caso al interpretar que la malversación cometida por los altos cargos independentistas no era amnistiable.

Ese mismo magistrado del Supremo le contó a un periodista que los procedimientos judiciales en España poseen instrumentos suficientes de control para castigar a aquellos jueces que hacen mal su trabajo. El periodista le recordó entonces que eso no se cumple en algunos casos porque había instancias superiores que rechazaban recursos contra la mala praxis de instructores y protegían al juez infractor: “A veces los jueces no vigilan a los jueces, ese es el problema”.

El magistrado replicó: “Ten cuidado con sugerir la posibilidad de echar de la judicatura a jueces por mala praxis. La interpretación gubernamental de lo que se entiende por mala praxis es lo que ha permitido a Trump detener a un juez que se negó a avalar las deportaciones a El Salvador”.

El ejemplo del veterano magistrado no podía estar más lejos de la realidad española. Aquí, un juez instructor, Juan Carlos Peinado, imputó a Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa, por unas declaraciones en la fase de instrucción del caso Begoña Gómez que nunca hizo. Güemes estuvo imputado seis meses hasta que la Audiencia Provincial corrigió el despropósito. El juez siguió en su puesto sin sanción.

Peinado maltrató verbalmente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su declaración judicial, y le exigió que buscase en los despachos de Moncloa unos datos que ya estaban en el sumario. El juez le intentó imputar por un delito de malversación de fondos públicos que nunca pudo cometer y tergiversó la declaración del dirigente socialista en la exposición razonada que el Supremo rechazó. Ahora, la derecha judicial quiere archivar sin sanción la queja de Bolaños contra el juez Peinado.

Ángel Hurtado, magistrado del Supremo, acusó por escrito y sin pruebas al Gobierno de ordenar al fiscal general del Estado –“por indicaciones de Moncloa”, según un auto judicial– la filtración de un correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber cometido dos delitos fiscales. Es el mismo magistrado que cuando ejercía en la Audiencia Nacional se opuso a condenar al PP en el caso Gürtel y protegió con descaro a Rajoy durante su declaración como testigo en ese procedimiento. Unos meses después de aquello ascendió a magistrado del Supremo por decisión de un Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora.

El juez Juan José Escalonilla mantuvo durante tres años una investigación abierta a dirigentes de Podemos con hasta diez piezas separadas que mantuvieron todo ese tiempo la sospecha de corrupción sobre la formación política de izquierdas. Pero acabó archivando una a una todas las causas en las que imputó a los altos cargos de Podemos. Solo unos meses después, Escalonilla ascendió por concurso a la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.

Un juez de la Audiencia Nacional ya jubilado, Manuel García Castellón, atribuyó un supuesto delito de terrorismo al expresidente catalán, Carles Puigdemont sin una sola prueba para intentar así que no se pudiera beneficiar de la Ley de Amnistía. Pese a ello, el Tribunal Supremo decidió avalar esa investigación tras admitir a trámite una exposición razonada que incumplía las condiciones que imponía su propia jurisprudencia. Aquella investigación a Puigdemont por terrorismo se frustró solo por un olvido del instructor en la aprobación de las prórrogas necesarias.

Además de la existencia de un sistema de recursos que permite a las partes de un litigio recurrir a instancias superiores contra decisiones del juez que investiga, existe en España una comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial que también vigila el trabajo de jueces bajo sospecha.

El promotor de la acción disciplinaria es Ricardo Conde, de sensibilidad conservadora. Lleva en ese puesto ocho años –los mandatos de los vocales del Gobierno de los jueces son de cinco años– y sus propuestas en los casos polémicos conocidos tienden siempre a relativizar los insultos de jueces a ministros y altos cargos en redes sociales, o minimizar la gravedad de los excesos o errores cometidos por jueces. La derecha judicial, que manda en el CGPJ desde hace 30 años y ahora tiene mayoría absoluta en la comisión disciplinaria, avala las propuestas de Conde y deja sin sanción actuaciones bochornosas de jueces contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Aquí van algunos ejemplos.

En aquellos días de la negociación sobre la ley de amnistía (noviembre de 2023), el magistrado Manuel Ruiz de Lara, titular del juzgado número 11 de lo Mercantil en Madrid, comenzó su particular cruzada contra el Gobierno en la red social X: “Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa”, escribió. Y continuó: “Era lógico que un mentiroso patológico como @sanchezcastejon eligiese al siervo mentiroso patológico @felixbolanosg al frente del ministerio de @justiciagob para que manipulase, omitiese las exigencias de @CoeGreco y continuase la senda de ataque al @PoderJudicialEs RESISTIREMOS”. Y más: “Al igual que Grande-Marlaska, Margarita Robles, Pilar Llop, la ‘disparatada podemita’ prefieren, deshonrando la toga, arrastrarse en la indignidad por las migajas de un cargo”.  

El atrevido juez decidió eliminar su cuenta de X cuando conoció que el Consejo General del Poder Judicial decidió investigar aquellos insultos graves. El juez de los ataques era miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. La misma Asociación que aquellos días acusaba a Sánchez con mensajes apocalípticos: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”.

Dos años y medio después, el Estado de derecho en España parece firme y las reglas de la Constitución, vigentes. Los tribunales y las comunidades autónomas recurrieron la Ley de Amnistía de acuerdo con las normas del Estado de derecho y el Tribunal Constitucional avaló su constitucionalidad.

La comisión disciplinaria del CGPJ, de mayoría conservadora, archivó hace dos años las diligencias abiertas a Ruiz de Lera con varios argumentos: el juez de lo Mercantil había borrado los mensajes y no era posible comprobar si los escribió el mismo o si lo hizo identificándose como miembro de la carrera judicial. La documentación analizada acreditaba todos estos extremos, pero al promotor de la Acción Disciplinaria dictó su veredicto: “Aun dando por cierto el tuit y su autoría, en ningún caso concurriría esa otra acción que integra el tipo en cuestión de invocar la condición de juez, o de haberse servido de la misma al momento de formular sus críticas”.

El susto de Ruiz de Lara ante una posible sanción disciplinaria no le impidió insistir en sus ataques al Gobierno, aunque tuvieron que pasar dos años, con una Ley de Amnistía aprobada y respaldada por el Constitucional, para volver a la carga en 2025 contra Sánchez y su mujer, a la que llamó “Barbigoña”. La derecha del Poder Judicial, mayoritaria en la comisión disciplinaria, votó hace un mes contra la sanción a Ruiz de Lara.

Los responsables del Poder Judicial que se atreven a hablar de esta situación escudados en el anonimato admiten que muchas de las afirmaciones vertidas por jueces en las redes sociales incumplen estos principios, pero señalan que el órgano de gobierno no puede actuar contra ellos porque no son preceptos cuyo incumplimiento se pueda sancionar.

El juez Manuel Piñar Díaz, que condenó a cinco años de prisión a Juana Rivas, cargó en Facebook contra las políticas de igualdad del Gobierno de coalición. Habló de “comunismo feminazi” para referirse a Irene Montero o escribió “ladrones, corruptos” sobre una foto de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo tampoco actuó de oficio en este caso, pero sí le abrió expediente a raíz de una denuncia del abogado de Juana Rivas, a la que también criticó. El Poder Judicial archivó la queja con el siguiente argumento: “La publicación por parte de un miembro de la Carrera Judicial, en una red social, de determinadas opiniones —con independencia total de la que, a su vez, a cada cual nos merezcan—, cuando en tal medio no se hace invocación expresa de su condición profesional o cuando sea factible entender que su intervención se hace a título particular como mero ciudadano, constituye una manifestación del derecho a la libertad de expresión”.

Los Principios de Ética Judicial establecen que la imparcialidad de los miembros del Poder Judicial impone el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia. Algunos jueces incumplen de manera grosera esos principios de ética judicial y siempre contra políticos y altos cargos del mismo signo ideológico. Pero su conducta sigue impune.

La ley establece que los jueces cometerán una falta disciplinaria si dirigen “a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”. Jueces con toga se manifestaron a las puertas de los juzgados contra una ley de amnistía que ni siquiera estaba aprobada ni había comenzado a tramitarse en el Congreso de los Diputados.

La Comisión de Ética Judicial, elegida por los jueces de carrera y de abrumadora mayoría conservadora, avaló la protesta a raíz de la consulta de un profesional, preocupado por si la concentración de togados a las puertas de los juzgados afectaban al principio de independencia judicial y al deber de imparcialidad e integridad al que están sometidos los miembros de la carrera. La Comisión consideró que si el juez que se manifiesta –un derecho reconocido en la Constitución a todos los ciudadanos, según aclaró– tiene “un honesto, meditado y sincero convencimiento” de que la ley de amnistía “pueda afectar al Estado de Derecho”, su actuación no merece una sanción disciplinaria.

Desde hace un tiempo, la derecha judicial tiene el “sincero convencimiento” de que todo vale para tumbar al Gobierno que se atrevió a aprobar una ley de amnistía que perdonaba a los independentistas catalanes los delitos por los que el Supremo les condenó.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta una factura que supera los 300.000 euros en indemnizaciones tras ser condenado en al menos tres ocasiones en los tribunales por incumplir sus obligaciones como garante de la seguridad y la prevención de riesgos laborales de jueces y magistrados. La más cuantiosa de esas condenas, que ya es firme, suma 225.264,68 euros. Este es el contexto en el que el pleno del órgano, con el voto en contra de los dos vocales elegidos a iniciativa de Sumar, acordó este miércoles posicionarse a favor de excluir a los miembros de la carrera judicial de la legislación sobre protección laboral. 

El acuerdo suscrito por los diez vocales elegidos a iniciativa del PP y los ocho designados a propuesta del PSOE, y al que se sumó la presidenta Isabel Perelló, propone suprimir el artículo 317 del Reglamento de la Carrera Judicial. Ese artículo es el que, hasta el momento, reconocía el derecho de los jueces y magistrados a la protección en materia de seguridad y salud al remitir a la normativa de prevención de riesgos laborales. El documento aprobado supone eludir la aplicación del marco legal que vincula al CGPJ en materia de prevención y busca abrir una vía para tratar de sortear estas condenas de miles de euros, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

En un comunicado conjunto hecho público este viernes, las cuatro asociaciones judiciales —conservadoras y progresistas— han exigido al CGPJ que corrija su criterio y mantenga la aplicación de las normas de protección laboral. “Sin condiciones de trabajo seguras, con cargas de trabajo reguladas y evaluadas preventivamente, no hay protección real de la integridad física y moral de jueces y magistrados, ni tampoco una independencia judicial materialmente garantizada”, sostiene el comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

La tesis del documento consensuado entre los vocales conservadores y la mayoría de los progresistas es que el texto mejora el actual marco legal y despeja dudas sobre las competencias del CGPJ, al indicar que hay aspectos de la salud de los jueces que quedan fuera de su ámbito de actuación. “No es jurídicamente correcto construir, por simple traslación conceptual, un régimen de prevención de riesgos laborales de cuño general y proyectarlo íntegramente sobre la Carrera Judicial como si jueces y magistrados fueran, sin más, trabajadores o empleados públicos ordinarios”, recoge el texto aprobado. 

El argumento es que tratar a los jueces como “trabajadores ordinarios” sometidos a la regulación general sobre riesgos laborales implicaría una relación de subordinación como la que existe entre un empleado y un empresario, lo que choca frontalmente con la “independencia” que debe regir en la función jurisdiccional. “La salud de quienes integran el Poder Judicial no puede quedar reducida a un problema de organización empresarial o de relaciones de empleo, porque afecta al núcleo mismo de las condiciones de ejercicio de la potestad de juzgar”, recoge el documento. 

Una “desregulación” absoluta

Frente a este acuerdo, la vocal Inés Herreros presentó un voto particular al que se sumó el vocal Carlos Hugo Preciado que defiende que la nueva normativa supone una desregulación absoluta y una “ruptura con la trayectoria” de más de una década de avances. Su texto apunta que la prevención de riesgos es una garantía material indispensable para la propia independencia. Y alude a la “capital importancia” que reviste la protección de la seguridad y salud en la independencia judicial y al hecho de que a la ciudadanía “también le asiste el derecho a que la actividad jurisdiccional se realice con la serenidad y el sosiego que ofrece un sistema que garantice la salud en el trabajo”. 

Según el texto que suscriben ambos vocales, el planteamiento de la mayoría “instrumentaliza la salud” de los jueces y “convierte su protección no en un fin en sí mismo —como correspondería a un derecho laboral básico— sino en un medio para garantizar el rendimiento del sistema, con lo que se desprotege precisamente aquello que debería ser el núcleo de cualquier política de prevención de riesgos laborales: la dignidad y el bienestar de las personas”. 

Los vocales elegidos a iniciativa de Sumar apuntan a la paradoja de que el texto aprobado una el derecho a la seguridad y salud de la carrera judicial a la independencia judicial “para después desregular su protección y dejarlo sin cobertura ni protección al desligarlo de la Prevención de Riesgos Laborales”. 

Además, el pleno rechazó una propuesta realizada por el vocal Preciado que defiende que los derechos profesionales de los jueces —retribuciones, protección social, la prevención de riesgos o conciliación— constituyen “garantías materiales de la independencia”. “Un juez/a no puede ejercer con independencia la jurisdicción si sus condiciones profesionales ponen en riesgo su vida, integridad física o moral o su salud”, recoge su propuesta. 

Además, Preciado proponía renovar la evaluación de riesgos psicosociales, que data de 2018, para medir adecuadamente el estrés derivado de la asunción de cargas familiares y de cuidado por parte de los jueces. También contemplaba actualizar la guía práctica de riesgo por lactancia natural, de 2023, para evitar decisiones dispares entre los distintos Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, planteaba incluir medidas específicas frente al acoso y la violencia, así como iniciativas específicas de protección para los jueces mayores de 60 años, como la exención de realizar guardias o el establecimiento de normas para evitar que se les repartan macroprocesos. 

Varias sentencias

El núcleo de este conflicto radica en la histórica reclamación de las asociaciones de jueces para que el CGPJ cumpla con su obligación legal de regular de forma específica la carga de trabajo a efectos de salud laboral. Ante la inactividad del órgano, que se defendía argumentando que no era posible fijar un límite abstracto para todos y que la jurisdicción competente no era la social, los tribunales acabaron fallando en su contra. El Tribunal Supremo condenó en 2023 al CGPJ por no regular la carga de trabajo de los jueces para proteger su salud laboral.

En paralelo, distintos jueces han presentado en los últimos años reclamaciones individuales de daños y perjuicios que, en algunos casos, han derivado en indemnizaciones de miles de euros. Entre los casos más graves destaca el de una magistrada que alegó haber sufrido un síndrome ansioso-depresivo derivado del estrés laboral. Según su demanda, el CGPJ “no puso los medios para detectarlo ni aplicó medios para evitarlo, como pudiera haber sido un refuerzo, o cualquier otra medida similar”. 

En 2022, un juzgado de lo Social condenó al órgano de gobierno de los jueces a pagarle una indemnización de 122.963,50 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró que la indemnización inicial no reparaba íntegramente el daño y reconoció además el lucro cesante y secuelas, por lo que elevó la indemnización a 225.264,68 euros. En diciembre de 2024, el Supremo declaró firme la sentencia y confirmó la obligación del CGPJ de abonar esa cantidad. 

También está el caso de un magistrado que denunció que había desarrollado un trastorno depresivo mayor crónico (síndrome de burnout o desgaste profesional) que derivó en su incapacidad permanente. Según su demanda, esa patología se debió a una sobrecarga de trabajo, ya que su juzgado superaba los módulos teóricos de entrada de asuntos fijados por el CGPJ. El órgano le abrió varios expedientes disciplinarios por los recurrentes retrasos de su órgano judicial.

Un juzgado de lo Social le dio la razón en diciembre de 2024 y condenó al CGPJ al pago de 42.745,50 euros de indemnización. Tras los recursos interpuestos por ambas partes, el TSJ de Catalunya confirmó este mismo marzo que había habido una vulneración de las normativas de prevención por parte del CGPJ frente a un juzgado sobrecargado y elevó la condena al imponer al Consejo el pago de una indemnización principal de 77.730,36 euros, a los que se sumaron 7.376,40 euros extra en concepto de intereses legales devengados desde el año 2021.

A estas sentencias se suma la de otro magistrado que fue indemnizado con 548,03 euros por el coste de unas gafas graduadas necesarias para su trabajo con pantallas. El CGPJ alegó que se desconocía si la miopía del magistrado se había producido tras su ingreso en la carrera judicial. Pero la sentencia se apoyó en una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que los empleadores deben proporcionar dispositivos correctores especiales a los trabajadores que los necesiten por el uso de pantallas y que el trabajador no debe verse obligado a costear sus propios medios de protección. 

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este martes por unanimidad devolver al Promotor de la Acción Disciplinaria las diligencias incoadas por las quejas presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El órgano de gobierno de los jueces quiere que su autoridad disciplinaria complete su investigación sobre esas quejas que guardan relación con la declaración de Bolaños en calidad de testigo en el marco de ese procedimiento.

En una nota de prensa difundida por el CGPJ se indica además que la Comisión Permanente ha decidido dejar para más adelante -lo ha sacado del orden del día- su deliberación sobre la diligencia informativa incoada a raíz de las denuncias presentadas contra el magistrado por Más Madrid y el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita. Denunciaban a Peinado por haber acordado fuera de plazo la prórroga de la instrucción de una causa en la que se investigaba por un delito de malversación al gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por pagar un precio desorbitado por un acto a OkDiario.

Además, el órgano de gobierno de los jueces ha acordado por unanimidad tomar conocimiento del archivo de otras cuatro investigaciones disciplinarias abiertas contra Peinado a raíz de quejas o denuncias presentadas contra el magistrado por anónimos y particulares.

Las quejas de Bolaños

Cabe recordar que Bolaños denunció que el juez actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en La Moncloa en el caso contra la esposa de Pedro Sánchez y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. Después, tergiversó el testimonio del ministro para apuntalar su petición al Supremo de que abriera una causa contra él. 

La propuesta de archivo del Promotor afirmaba que Peinado tomó “decisiones que pueden debatirse, pero que, al margen de su acierto o desacierto, constituyen una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional de la que el denunciado es titular”. La autoridad disciplinaria, Ricardo Conde, acordó abrir una diligencia informativa contra el magistrado tras recibir el 4 de junio de 2025 una primera denuncia de Bolaños con relación a la actuación del juez durante el interrogatorio. El 29 de julio, el ministro presentó una segunda denuncia después de que el Supremo rechazara investigarle. Durante la tramitación de las diligencias, Peinado alegó que actuó en todo momento con el objetivo de que la declaración “se desarrollara del mejor modo posible”. 

Bolaños denunció también la filtración a la prensa de resoluciones judiciales antes de que le fueran notificadas formalmente a él o a las partes, lo que, a su juicio, supone una vulneración del carácter reservado de las diligencias que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para fundamentar su queja, expuso dos casos concretos que siguen un mismo patrón. En su propuesta de archivo, la autoridad disciplinaria alegó que “no existe indicio que permita atribuir al instructor, ni siquiera indiciariamente, la revelación de datos judiciales”. 

Archivo para las otras quejas

Respecto al archivo por parte del Promotor de las otras cuatro diligencias abiertas contra Peinado, la Comisión Permanente detalla que la primera de ellas se abrió tras la queja de un ciudadano que dijo estar preocupado por la actuación del magistrado en el caso Begoña Gómez dado que ese procedimiento se había iniciado tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Tampoco le encajaba que el juez hubiera discrepado en reiteradas ocasiones del criterio del fiscal o que citara a personas del entorno político del Gobierno sin aparente relación con los hechos, entre otros motivos.

Sobre esa queja, la autoridad disciplinaria dice en su acuerdo de archivo que el CGPJ tiene vedado valorar cuestiones jurisdiccionales o revisar las resoluciones que puedan dictar los juzgados en el ejercicio de su función. Hacer lo contrario, añade, supondría una injerencia en la independencia judicial por lo que entendía que los desacuerdos con resoluciones judiciales deben ventilarse por medio de los oportunos recursos.

La segunda de las diligencias informativas archivadas fue abierta a raíz de una queja presentada por dos particulares que tras leer informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela propiedad del magistrado, decidieron que debían denunciar los hechos por si había infringido los principios de Ética Judicial. El Promotor, en su archivo, señala que los hechos contenidos en las informaciones periodísticas no guardan ninguna relación con la actuación jurisdiccional del magistrado y que se habrían producido en el ámbito personal o privado del juez, ajeno a su condición de miembro de la carrera judicial y al desempeño de la función jurisdiccional. Añade que no se atribuye a Peinado la comisión de infracción disciplinaria alguna y que la infracción de los principios de Ética Judicial -según el documento aprobado por el Pleno del CGPJ en 2016- carece de consecuencias disciplinarias.

La tercera de las diligencias archivadas provenía de una queja de otro ciudadano que ponía el foco en que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid había venido adoptando decisiones en procedimientos de gran relevancia política y mediática cuya motivación y oportunidad generaban en la ciudadanía una fundada apariencia de parcialidad. El Promotor archiva porque el denunciante no ha ratificado la queja.

La última de las quejas nacía de un escrito anónimo en el que se reprochaban determinadas actuaciones, criterios y decisiones jurisdiccionales del magistrado, como el hecho de que citara a personas investigadas en días y horarios poco habituales, tales como sábados o domingos en guardias judiciales. La autoridad disciplinaria señala que procede el archivo de toda denuncia anónima de acuerdo con la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza expedientar al juez Juan Carlos Peinado tras investigar las cuatro quejas que recibió hace meses por su forma de instruir dos casos con repercusión política. La Comisión Permanente del órgano —el llamado 'núcleo duro'— analizará en su sesión de este martes si acepta el criterio del Promotor o si, por el contrario, le corrige y le obliga a abrir un expediente al magistrado. 

Dos de esas quejas las formuló el ministro Félix Bolaños, que denunció que el juez actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra Begoña Gómez y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. En su propuesta de archivo, el Promotor afirma que se trata de “decisiones que pueden debatirse, pero que, al margen de su acierto o desacierto, constituyen una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional de la que el denunciado es titular”. 

Las otras dos quejas fueron presentadas por Más Madrid y el diputado del PSOE Guillermo Hita, que denunciaron una “desatención de sus obligaciones judiciales” porque Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en el caso de presunta malversación del gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por pagar un precio desorbitado por un acto a OkDiario.

Tras una investigación que se ha dilatado durante varios meses, el Promotor, Ricardo Conde, concluye que la conducta del juez no es susceptible de reproche disciplinario en ninguno de esos casos. La Permanente, que tendrá la última palabra al respecto, está formada por siete miembros: cuatro vocales conservadores, tres progresistas y la presidenta, Isabel Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate.

De forma reciente, el voto de la presidenta permitió la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos, tal y como pretendían los progresistas. Esos expedientes, no obstante, acabaron sin sanción porque los vocales conservadores, que son mayoría en la Comisión Disciplinaria, impusieron su criterio. 

Tenso interrogatorio

En el caso de Bolaños, fuentes del Ministerio de Justicia explican que esas denuncias se remitieron para informar sobre las “irregularidades” cometidas por juez “en relación con su declaración como testigo y la posterior exposición razonada elevada al Tribunal Supremo”. Durante el interrogatorio, el juez acusó al ministro de contestar con “evasivas” y se permitió cuestionar alguno de sus gestos. “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, llegó a decirle. Después, el juez tergiversó el testimonio del ministro para apuntalar su petición al Supremo de que abriera una causa contra él. 

La autoridad disciplinaria, Ricardo Conde, acordó abrir una diligencia informativa contra el magistrado tras recibir el 4 de junio de 2025 una primera denuncia de Bolaños con relación a la actuación del juez durante el interrogatorio. El 29 de julio, el ministro presentó una segunda denuncia después de que el Supremo rechazara investigarle. Durante la tramitación de las diligencias, Peinado alegó que actuó en todo momento con el objetivo de que la declaración “se desarrollara del mejor modo posible”. 

Bolaños denunció también la filtración a la prensa de resoluciones judiciales antes de que le fueran notificadas formalmente a él o a las partes, lo que, a su juicio, supone una vulneración del carácter reservado de las diligencias que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para fundamentar su queja, expuso dos casos concretos que siguen un mismo patrón. 

Por un lado, respecto a su citación como testigo, Bolaños denunció que el juez firmó a las 14.18 horas del 10 de marzo de 2025 la resolución en la que acordaba abrir una pieza separada y citarle a declarar. Y que, apenas tres horas después, a las 18.26 horas, la noticia estaba publicada en El Confidencial y la resolución “circulaba por canales telemáticos”. Según su queja, las partes no la recibieron hasta el día siguiente y Bolaños no fue notificado oficialmente hasta el 14 de marzo. 

En su denuncia, Bolaños insinúa la responsabilidad directa del juzgado al señalar que el círculo de personas con acceso era muy reducido y que el propio juez habló ese día con el departamento de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para confirmar la noticia. El titular de Justicia también pone de ejemplo la providencia en la que el juez rechazó que declarara por escrito. Según su queja, el juez firmó la resolución a las 10.01 horas y, en menos de una hora, a las 10.57 horas, ya estaba publicada en El Mundo. Bolaños asegura que no recibió la notificación formal hasta varios días después, el 3 de abril.

En su propuesta de archivo, la autoridad disciplinaria alega que “no existe indicio que permita atribuir al instructor, ni siquiera indiciariamente, la revelación de datos judiciales”. Recientemente, el Promotor ha abierto una nueva investigación a Peinado por una filtración a OkDiario de información de la causa contra Begoña Gómez. Esta nueva queja parte de la defensa de otra de las investigadas, la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente.

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

Prórroga fuera de plazo  

Las otras quejas presentadas vienen motivadas por el hecho de que Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en un caso de presunta malversación que afecta a Alfonso Sánchez Vicente que, como gerente de la EMT, es un alto cargo de la Administración que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP). Peinado investigaba desde 2023 si esa empresa municipal malversó dinero público al firmar un contrato de patrocinio con OkDiario para unas jornadas de sostenibilidad en 2022 por 72.600 euros cuando un año antes un evento similar había costado una cuarta parte, tal y como denunció Podemos.

La Audiencia Provincial de Madrid constató que Peinado prorrogó la causa dos meses después del límite legal y que muchas diligencias, por tanto, no eran válidas al haber sido acordadas fuera de plazo. La respuesta de Peinado fue archivar el caso, pero no porque su error hubiera condenado la investigación al sobreseimiento, sino porque creía que no había delito en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la web de Eduardo Inda. Según el juez, el evento fue seguido por “una gran cantidad de personas” y esa “mayor capacidad de difusión” pudo justificar el sobreprecio. 

La portavoz del grupo municipal de Más Madrid, Rita Maestre, optó por abrir también la vía disciplinaria y presentó el 3 de julio de 2025 una queja contra Peinado con relación a estos hechos. La autoridad disciplinaria acordó abrir diligencias cinco días después. Posteriormente, el 18 de julio, el diputado del PSOE Guillermo Hita presentó otra denuncia por los mismos hechos que derivó en otra apertura de diligencias el 31 de julio. Las dos denuncias consideran que Peinado desatendió sus obligaciones judiciales al acordar esa prórroga fuera de plazo a pesar de la petición de las acusaciones populares y la Fiscalía.

En sus escritos, ambos denunciantes subrayan que la actuación del juez ha causado “graves perjuicios” a la investigación y a las acusaciones personadas y un “claro favorecimiento” a las defensas de los investigados al impedir seguir investigando y llevar a cabo diligencias que hubieran llevado a un “completo esclarecimiento de los hechos”. 

¿Puede un magistrado en activo llamar “Barbigoña” a la esposa del presidente del Gobierno y salir indemne porque solo era una “gracieta” del Día de los Inocentes? El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que sí. Respaldado por el voto de la mayoría conservadora de la Comisión Disciplinaria del órgano, el juez Manuel Ruiz de Lara acaba de burlar el segundo expediente disciplinario de su carrera por sus exabruptos contra Pedro Sánchez. En la primera ocasión le llamó “psicópata sin límites éticos”. Y, como ahora, quedó exonerado porque el órgano consideró que se había expresado como un “mero ciudadano”.

El archivo del expediente, llevado a cabo con el voto en contra de los vocales del grupo progresista, ha puesto de nuevo el foco sobre los límites de la libertad de expresión de quienes imparten Justicia. Especialmente, en un momento de enorme polarización como el actual y en el que algunos jueces usan las redes sociales de parapeto para entrar en el debate político con pocas cortapisas. En la misma sesión, la Comisión Disciplinaria también rechazó sancionar, con similares argumentos, al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que en una conferencia para juristas cargó contra Irene Montero y le reprochó que diera lecciones sobre el consentimiento “desde su cajero de Mercadona”.

Juristas consultados por elDiario.es sostienen que el CGPJ ha hecho en estos casos una interpretación “excesivamente formalista” y “corporativista” de la norma, dado que la ley del Poder Judicial establece como límite a la libertad de expresión de jueces y magistrados el no poder dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos.

Estos expertos afirman que su decisión sienta un precedente peligroso porque puede vaciar de contenido uno de los principios éticos fundamentales que se exige a quienes imparten Justicia: la apariencia de imparcialidad. Esto es, la obligación de los jueces no sólo de comportarse de forma objetiva, sino de preservar la imagen de ello para evitar cualquier sombra de duda sobre sus decisiones.

El “fraude de ley” del perfil privado

“Hoy @sanchezcastejón anunciará mi nombramiento como Ministro de Justicia. El pacto incluye reforma CGPJ, dimisión como FGE del ‘borrador oficial de mensajes’ y relevo de Conde Pumpido que pasará a dirigir 1 cátedra de inconstitucionalidad y amnistía con Barbigoña en Santo Domingo”, escribió Ruiz de Lara el 28 de diciembre de 2024 en su cuenta de X, donde aparecía con su nombre real, una fotografía en la que era reconocible y se presentaba como autor de las novelas que ha publicado. La cuenta fue cancelada días después de que el mensaje apareciera en los medios de comunicación.

El argumento central para exculpar al magistrado —respaldado por la Fiscalía, que calificó el insulto de simple “gracieta”— se basa en la separación entre el ciudadano y el juez. La clave, según el acuerdo de archivo, es que Ruiz de Lara lanzó ese mensaje desde un perfil privado, en el que no se identificaba como miembro del Poder Judicial ni hacía ostentación de su cargo. Y que, además, su mensaje tuvo una resonancia limitada porque la cuenta era cerrada y tenía solo 320 seguidores.

El voto particular firmado por tres vocales del sector progresista trata de desmontar esa tesis. A su juicio, Ruiz de Lara era un opinador público notorio que intervenía asiduamente en televisión y medios para valorar, entre otros asuntos, la investigación contra la persona a la que “denigró” en sus redes con un “exceso sexista” que consideran incompatible con la condición de juez.

La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial limitan ciertos derechos a los jueces, como la afiliación política o la censura a otros poderes, con el objetivo de garantizar su imparcialidad y la confianza en la judicatura como un poder del Estado. La tesis de los vocales discrepantes con la decisión adoptada es que escudarse en la condición de “ciudadano” para emitir opiniones o insultos que la ley prohíbe expresamente a los jueces constituye un claro “fraude de ley”.

La toga no se quita en Internet

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, considera que esta resolución del CGPJ puede ser un “avance” en la medida que apuntala que cuando un juez se identifica en público como tal, hay cosas que no puede decir porque afectan a su imagen de imparcialidad. Considera, sin embargo, que el órgano ha aplicado en este caso un criterio “muy formal” y que habría que optar por una interpretación “material” en la que lo relevante sea si alguien es “percibido” como un miembro del Poder Judicial.

Ruiz de Lara es un magistrado que ha intervenido activamente en el debate público en materia de política judicial, ha ensalzado a formaciones como Vox y ha opinado sobre investigaciones de repercusión pública. Velasco, por su parte, pronunció sus palabras sobre Irene Montero en un evento en el que los participantes pagan hasta 400 euros por escuchar a expertos, según publicó El País.

“Un juez en activo nunca puede desprenderse de su toga”, señala Rosario Serra, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. A su juicio, el intento de separar al juez del ciudadano es inútil cuando su cargo es conocido, se presentan como magistrados o se les invita a dar conferencias por su condición. Esta experta recuerda que la ley prohíbe a los jueces dirigir a las autoridades felicitaciones o censuras, y considera que el “insulto” de Barbigoña funciona como un “ataque vicario” o indirecto a los poderes públicos que podría encajar en esta prohibición.

Serra alerta de un cambio de paradigma en el que los jueces han pasado de expresarse a través del filtro de los medios tradicionales a opinar “sin pudor” en las redes sociales. Según su criterio, cuando los jueces actúan como “actores políticos” y lanzan este tipo de mensajes existe el riesgo de socavar “la imagen de imparcialidad que debe acompañar a la figura de los jueces en su conjunto”. “Con una ciudadanía que está muy proclive a desconfiar de las instituciones, puede generar en el imaginario de los ciudadanos la idea de que la Justicia, que es la máxima garantía del Estado de Derecho, no es imparcial”, sostiene esta jurista.

El magistrado Miguel Pasquau, que rechaza de forma expresa pronunciarse sobre el expediente concreto de Ruiz de Lara, considera que centrar el debate en si los magistrados invocan o no expresamente su cargo es un mero “formalismo” que conduce a un “laberinto”, puesto que la condición de juez acaba siendo siempre pública y notoria. 

A su juicio, lo relevante es asumir que el juez es un ciudadano con derecho a expresar opiniones políticas, criticar leyes, iniciativas parlamentarias, decisiones gubernamentales o discursos públicos, pero que está sujeto a unos límites estrictos que no operan para cualquier ciudadano. “Un juez no puede personalizar de una manera agresiva, lo que no es solamente el insulto, sino hacer una descalificación moral de una autoridad, por ejemplo”, sostiene.

¿Reforma legal o freno al corporativismo?

La resolución que exonera a Ruiz de Lara afirma que la conducta no está descrita con exactitud milimétrica en la ley, lo que plantea el debate sobre un posible cambio legal.

El Congreso está tramitando en la actualidad una reforma de la ley del Poder Judicial que incluye una enmienda de Sumar que apunta en ese sentido. Plantea que se sancione como “falta grave de consideración” estas intervenciones en las redes sociales y otras manifestaciones públicas “cuando quien la cometa intervenga o manifieste directa o indirectamente su condición de miembro de la carrera judicial”.

El texto que salió del Ministerio de Justicia no incluía ningún retoque al respecto dado que en el departamento que dirige Félix Bolaños consideran que la reforma de la legislación no es la clave en este punto, sino el “sesgo corporativo” que aplica una parte de los vocales del CGPJ y que provoca que no haya sanciones “ante comportamientos que comprometen gravemente la apariencia de imparcialidad o el trato correcto a la ciudadanía”. 

Los expertos consultados también defienden que la ley actual ya ofrece margen suficiente para sancionar si se hiciera una “interpretación inteligente”, en palabras de Urías. No obstante, este jurista considera que sí se podría retocar para que se estableciera de forma expresa que “quien se presenta públicamente como miembro del poder judicial (...) no tiene derecho a formular expresiones que tengan contenido político”, lo que está en línea con la propuesta del grupo confederal. 

Reformas aparte, los juristas consultados hacen referencias directas al corporativismo como el problema de fondo que explica por qué el CGPJ evita sancionar los excesos verbales de los magistrados. “Hemos dejado la disciplina de los jueces en manos de los propios jueces, que están abusando de ese poder para no perseguir conductas que están prohibidas”, sentencia Urías. 

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha analizado en su reunión de este jueves un informe que concluye que la ley de eficiencia, la reforma que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia, “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí aprecia problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

El informe, de siete páginas, resume las “dificultades, incidencias o disfunciones” producidas en la Fase III de constitución de los Tribunales de Instancia, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 2025. Se basa, para ello, en los informes remitidos por los presidentes de la Audiencia Nacional y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia. Tras tomar conocimiento del informe, la Permanente ha acordado que el grupo de trabajo creado para analizar el seguimiento de esta reforma se reúna la semana que viene para abordar y tratar de resolver las disfunciones detectadas, informan fuentes de órgano.

La nueva estructura judicial transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. El Ministerio defiende que eso permite “una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas”. 

Por ejemplo, en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez, según datos del Ejecutivo. El Ministerio y las autonomías con la competencia transferida —la Comunidad de Madrid, entre ellas— pactaron el pasado diciembre mantener el modelo y la implantación progresiva en tres fases durante 2025 (junio, septiembre y diciembre), aunque con “cierta flexibilidad”.

No obstante, la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de oficina judicial ha sido asimétrica. Mientras algunas comunidades han diferido su puesta en marcha aprovechando la flexibilidad acordada, en otros territorios, como Andalucía y Canarias, la implantación ha sido solo “formal”, ya que los funcionarios y los órganos siguen trabajando físicamente y organizativamente igual que antes de la reforma. 

El problema que más unanimidad suscita es la falta de adaptación de los sistemas informáticos. Según el informe, los sistemas de gestión procesal no están preparados para el nuevo modelo organizativo, con la excepción del País Vasco. Esta circunstancia provoca errores de reparto o problemas para acceder a los expedientes, incluso en causas con presos. 

En materia de personal, el informe afirma que en muchos territorios no han concluido los procesos para acoplar al personal a sus nuevos puestos. A esto se suma una insuficiencia general de personal, escasez de plantilla, pérdida de refuerzos, desequilibrios entre secciones y un elevado volumen de personal interino “con falta de formación” e inestabilidad en la plantilla. 

Por otro lado, el informe también apunta que, con carácter general, las sedes no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo. Señala que hay problemas de dispersión de sedes, ubicaciones inadecuadas que dificultan el servicio o falta de mobiliario y escasez de equipos informáticos para el personal en determinados territorios. Además, apunta que la cartelería y señalética en muchos casos no se ha modificado, lo que hace que resulte “errónea o confusa”. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha de nuevo la maquinaria disciplinaria contra el juez Juan Carlos Peinado tras recibir otra queja por su actuación al frente del juzgado. En este caso, el Promotor de la Autoridad Disciplinaria ha abierto diligencias informativas tras una queja por una filtración a OkDiario de información de la causa que sigue desde hace casi dos años contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informan a elDiario.es fuentes del órgano. 

Hace varios meses, la autoridad disciplinaria abrió otras diligencias contra Peinado por su polémico interrogatorio al ministro Félix Bolaños en esa misma causa y por dictar con dos meses de retraso una prórroga en un caso de presunta malversación que afecta a un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. Fuentes del órgano explican que la apertura de diligencias es solo un primer paso, que puede derivar o no en la apertura de un expediente disciplinario y en una hipotética sanción.

Esta nueva queja parte de la defensa de otra de las investigadas en la causa contra Begoña Gómez. Se trata de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente. Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

OkDiario publicó a las 05:46 de la madrugada del martes 13 de enero de 2026 una información titulada “Begoña y su asesora desafían a Peinado: se niegan a entregar sus pasaportes y el juez pide ayuda a la Policía”. El texto apuntaba textualmente que la decisión de pedir auxilio a la Policía se había tomado en una “providencia dictada este lunes 12 de enero”, según los pantallazos aportados. 

Sin embargo, el juzgado no envió la providencia que recogía esa información a través del sistema LexNet hasta las 20:02 de la tarde de ese mismo día 13 de enero, 15 horas después de la noticia de OkDiario. En un escrito que consta en el sumario, el abogado afirma que considera “metafísicamente imposible que la filtración al medio OkDiario del dictado y contenido de la Providencia haya sido cometida por alguien ajeno al Juzgado”.  

Entre tanto, a las 13:15 horas del 13 de enero, el digital había editado la noticia y cambiado el tiempo verbal. En la nueva versión, la frase en pasado “el Juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Adscrita” se cambió por la construcción en futuro “el Juez Juan Carlos Peinado pedirá a la Unidad Adscrita”. También se borró la mención a la providencia, algo que, según el abogado, se hizo para “ocultar la autoría de la filtración”. Sin embargo, en el medio olvidaron modificar el titular, que alude claramente al contenido de la providencia —“el juez pide ayuda a la Policía”—, que es lo que acuerda esa resolución.  

El artículo 417.12 de la ley del Poder Judicial considera una falta muy grave “la revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona”. Las faltas muy graves se sancionan con suspensiones de empleo y sueldo, traslados forzosos o separación del servicio. 

Un primer paso

Fuentes del órgano explican que la apertura de diligencias se produce cada vez que se recibe una queja, que son más de medio millar al año. A esa apertura de diligencias sigue un primer trámite destinado a comprobar la veracidad de los hechos denunciados. Después, el promotor tendrá que decidir si propone la apertura de un expediente y da traslado a la Comisión Disciplinaria o si, por el contrario, archiva las diligencias, lo que requiere el examen de la Comisión Permanente.

En los asuntos de interés mediático o de especial relevancia lo “primero” que se hace es contactar con el propio juez o magistrado y se le adelanta por email o por el medio más efectivo que se encuentre el contenido del acuerdo por el que se le abren las diligencias.

En 2024, el último año del que hay datos, se abrieron 617 diligencias informativas, según recoge la memoria de la unidad de actuaciones disciplinarias. Además, se iniciaron 24 expedientes disciplinarios, de los que 11 acabaron en multa económica o separación del servicio, principalmente por retrasos en la tramitación y resolución de procedimientos. Los 13 restantes fueron archivados, en su mayor parte porque no se acreditó que los hechos fueran susceptibles de reproche disciplinario o porque se trataba de jueces sustitutos que ya no formaban parte de la bolsa cuando se analizaron los hechos. 

En 2024, el tiempo medio de tramitación de una diligencia informativa, desde la apertura hasta que se propone la apertura del expediente o el archivo, fue de 97 días. Además, en caso de apertura de expediente, su ejecución se prolonga durante meses. La jubilación de Peinado está prevista para septiembre de 2026, por lo que algunas fuentes dudan de que el procedimiento, en caso de apertura de expediente, pueda llegar a concluirse.

Escrito en el juzgado

En todo caso, la apertura de las diligencias obligará al CGPJ a analizar si el magistrado se apartó de los límites que marca la regulación disciplinaria en este caso concreto. Según la documentación que obra en el sumario, el abogado de la asesora reclamó también que se abriera una pieza separada para investigar la autoría de la filtración, aunque el magistrado lo ha rechazado, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.

En concreto, reclamó que el letrado de la Administración de Justicia —antiguo secretario judicial— certificara la fecha de la firma electrónica de la providencia y que se identificara a las personas que, dentro del juzgado, conocían que Peinado iba a dictar esa resolución antes de la publicación de OkDiario. Después, solicitaba que esa información fuera derivada a un juzgado distinto para ser analizada. 

En ese escrito, el letrado afirma que el ex fiscal general Álvaro García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de datos reservados “con indicios muy similares sobre la procedencia de la filtración” a los denunciados en este caso. 

Los tres vocales progresistas de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder (CGPJ) han firmado un duro voto particular en el que cuestionan la decisión de la mayoría conservadora de no sancionar al juez Manuel Ruiz de Lara, reincidente en sus ofensas a Pedro Sánchez en sus redes sociales y al que el anterior CGPJ también rechazó sancionar tras llamar “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno. En esta ocasión, el órgano le había abierto expediente por referirse como “Barbigoña” a su mujer, Begoña Gómez, un calificativo que los vocales de la izquierda consideran un “exceso sexista” incompatible con la condición de juez. 

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, rebate la tesis de la mayoría, que consideró que como Ruiz de Lara no se identificó como miembro del Poder Judicial en la cuenta X en la que publicó ese mensaje, ni hizo ostentación de su cargo, su actuación está amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión que rige para cualquier ciudadano. El archivo del expediente se llevó a cabo con el criterio favorable del fiscal, que afirmó que el comentario fue una “gracieta” que Ruiz de Lara emitió de forma absolutamente ajena a su condición de juez. 

En contraposición, los vocales Lucía Avilés, Ricardo Bodas y José María Fernández Seijo defienden que Ruiz de Lara tenía una activa presencia pública en medios y redes sociales, donde se presentaba explícitamente como magistrado e incluso opinaba sobre cuestiones relacionadas con la investigación que el juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta desde hace casi dos años a Begoña Gómez. Estos vocales consideran que no es posible un “desdoblamiento de personalidad” cuando “el mismo nombre por el que el Ruiz de Lara se identifica en las redes se utiliza para publicitar declaraciones públicas y mensajes pretendidamente privados”. 

El voto particular rechaza el argumento de que el juez no invocó expresamente su cargo en su perfil de la red social X, en la que el juez se identifica con su nombre real y alude a que es autor de las novelas ‘Patria Judicial’ y ‘Patria Olvidada’. La tesis de estos vocales es que permitir a los miembros de la judicatura intervenir en el debate político bajo el paraguas de “simples ciudadanos” cuando su condición de juez es evidente no es admisible. “Permitirles hacer como ciudadanos lo que la Constitución y su estatuto jurídico les prohíbe hacer como jueces (...) es un fraude de ley”, dice el escrito. 

El voto particular hace especial hincapié en el uso del término “Barbigoña”, con el que el magistrado se refirió a la mujer de Sánchez. Consideran que vincular a una mujer investigada judicialmente con la muñeca Barbie es una forma de ridiculizarla y reducirla a un estereotipo sexista que, además, “durante décadas ha representado un modelo muy específico de feminidad”. “Este estereotipo implica que una mujer no puede ser seria, competente o inteligente, lo cual reproduce prejuicios sexistas del todo incompatibles con el deber de la judicatura de proyectar una imagen pública de neutralidad y respeto hacia la ciudadanía”, sostiene el escrito.

“El uso de la expresión ”Barbigoña“ por parte de un magistrado con gran proyección mediática cuestiona el decoro y respeto con el que debe expresarse un integrante de la carrera judicial en el debate público que afecta a una persona investigada penalmente”, figura en el voto particular, que añade que “desde una perspectiva constitucional y convencional, el uso de expresiones sexistas por parte de un juez no constituye un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino un exceso incompatible con los principios de igualdad, imparcialidad y respeto que deben presidir el ejercicio de la función jurisdiccional”.

“Resonancia” del mensaje

El acuerdo adoptado por la mayoría conservadora de la Comisión Disciplinaria afirmaba aunque el comentario puede considerarse “desacertado, fuera de lugar, o posiblemente éticamente reprochable”, tuvo una escasa “resonancia” dado que el juez solo tenía 320 seguidores, la cuenta era de acceso restringido y el mensaje fue retirado casi de inmediato. Los vocales progresistas argumentan, sin embargo, que en las redes sociales los mensajes pueden capturarse y descontextualizarse y alcanzar gran difusión, como ocurrió cuando ese mensaje fue publicado en los medios de comunicación. 

Además, apoyándose en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el voto particular advierte que los jueces “deben abstenerse de publicar cualquier cosa que pueda comprometer la confianza pública en su imparcialidad”.

Y también recuerda que la Comisión de Ética Judicial, el organismo al que pueden dirigirse los jueces cuando tienen dudas sobre si un determinado comportamiento puede comprometer su ética profesional, también ha determinado que los miembros de la carrera judicial deben valorar éticamente si su identificación en redes sociales afecta a la percepción que los ciudadanos tienen de su “independencia, imparcialidad e integridad”.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura acogió la conferencia de la fiscal extremeña Inés Herreros Hernández con motivo de la celebración de San Raimundo de Peñafort, patrón de las y los juristas. En un auditorio cargado de simbolismo personal y profesional, la actual vocal del Consejo General del Poder Judicial ofreció una intervención marcada por la emoción y por una firme defensa del humanismo jurídico como eje vertebrador del Estado de derecho.

Herreros, nacida en Barcelona en 1974 en el seno de una familia cacereña y formada en esta misma Facultad entre 1992 y 1997, construyó su intervención como un recorrido vital. Desde sus años de estudiante hasta su paso por la Carrera Fiscal —a la que accedió en 2003— y su actual responsabilidad institucional, la jurista reivindicó una forma de ejercer el derecho que trascienda la aplicación “fría y aséptica” de la norma y sitúe la dignidad humana como fundamento y fin último del ordenamiento jurídico.

“La ley no puede convertirse en coartada de los poderes establecidos”, sostuvo ante el alumnado y el claustro, en una ponencia que combinó memoria personal, reflexión jurídica y posicionamiento público ante algunos de los grandes desafíos contemporáneos.

De Cáceres a Canarias: el choque con la realidad migratoria

Su primer destino como fiscal en Las Palmas de Gran Canaria marcó un punto de inflexión. Allí, explicó, se enfrentó a la realidad de las migraciones y de los menores extranjeros no acompañados. Describió situaciones de internamiento de familias en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y denunció déficits estructurales en la protección de menores.

Desde la Fiscalía impulsó actuaciones que, según relató, llevaron al cierre de siete centros de protección de menores en Gran Canaria y a la salida de familias completas de CIE. Aquellas decisiones, que defendió como coherentes con el principio de dignidad humana y el interés superior del menor, le costaron , según explicó, la retirada de sus competencias en esa materia durante un tiempo.

Esa etapa, lejos de suponer un repliegue, la llevó a profundizar en el estudio del impacto del derecho sobre personas situadas en los márgenes sociales: migrantes, víctimas de trata, personas empobrecidas o con problemas de salud mental. También reforzó su compromiso asociativo en la Unión Progresista de Fiscales, que presidió entre 2021 y 2023.

Memoria democrática y carencias educativas

Uno de los momentos más críticos de la intervención llegó al abordar lo que definió como una “gran carencia” en su formación: la ausencia de contenidos sobre la historia democrática española y extremeña. Desde su experiencia personal, creció frente al monumento conocido como la Cruz de los Caídos en Cáceres, lamentó haber tardado décadas en conocer episodios como la masacre de Badajoz, los campos de concentración franquistas en Extremadura o la existencia de más de 200 fosas comunes en la región.

Su paso en 2023 por la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática reforzó, afirmó, la convicción de que educar en democracia no es opcional. “La democracia no es una forma de organización política lineal que solo tiende a la mejora”, advirtió, subrayando la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones el valor y la fragilidad de las conquistas democráticas.

Perspectiva de género y transformación del derecho

Herreros también dedicó un amplio tramo de su intervención a la violencia de género, ámbito en el que se especializó a partir de 2012. Reconoció que durante años el sistema judicial trabajó sin formación específica suficiente y defendió que “sin perspectiva de género no hay eficacia” en la persecución de estos delitos.

En ese proceso de transformación profesional destacó su colaboración con la Fundación ECCA y su implicación en redes de juristas que incorporaron el análisis del artículo 14 de la Constitución, igualdad entre mujeres y hombres, como eje interpretativo transversal. Subrayó que la incorporación de nuevas miradas no ha supuesto desplazar las formas tradicionales, sino complementarlas para ofrecer un servicio público más justo y eficaz.

Afganistán, Sáhara y la crisis del orden internacional

La fiscal relató asimismo la operación impulsada desde la Unión Progresista de Fiscales tras la caída de Kabul en 2021 para facilitar el asilo en España a mujeres fiscales afganas perseguidas por los talibanes. Tras un año de gestiones infructuosas, viajó a Pakistán junto a otras juristas para recabar testimonios y presionar institucionalmente. Finalmente, lograron la llegada a España de 30 mujeres y sus familias.

Esa experiencia le sirvió para reflexionar sobre los “espacios de no-derecho” y sobre la necesidad de acción colectiva cuando las garantías fallan. En la misma línea, criticó la ineficacia del derecho internacional en conflictos como el Sáhara Occidental y lanzó una advertencia sobre Gaza, cuya situación calificó como una amenaza para la credibilidad de las democracias occidentales y del sistema internacional de derechos humanos.

“El respeto a la dignidad es nuestro único seguro de vida”

En el tramo final de la conferencia, Herreros apeló directamente al estudiantado. Reivindicó el estudio riguroso, el pensamiento crítico y el compromiso con el servicio público. “El respeto por la dignidad del ser humano es nuestro único seguro de vida”, afirmó.

El acto concluyó con un agradecimiento a la Facultad de Derecho y a la comunidad jurídica extremeña, y con una cita de José Saramago que sintetizó el sentido de su intervención: la memoria y la responsabilidad como pilares de la existencia democrática: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”.

La conferencia dejó en el aire una idea clara: el derecho, entendido como herramienta de transformación y no como mero engranaje técnico, sigue siendo un campo de disputa ética y política donde la dignidad humana debe ocupar el centro.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado sancionar con una multa de 500 euros por retrasos en su juzgado al magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La mayoría conservadora de la Comisión Disciplinaria del órgano ha impuesto su criterio y ha acordado imponerle una sanción leve. 

La propuesta realizada por el Promotor de la Autoridad Disciplinaria, que no es vinculante, le atribuía una falta muy grave por la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de procedimientos como magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma y proponía suspenderlo un mes de empleo y sueldo. La Fiscalía, por su parte, pedía que fuera suspendido durante tres meses dada la gravedad de los hechos.

Fuentes del órgano afirman que “se ha concluido la existencia de un retraso reiterado”, aunque el voto de los cuatro vocales conservadores de la Comisión Disciplinaria ha permitido rebajar casi al mínimo su sanción. Los tres vocales progresistas de esa comisión —Ricardo Bodas, José María Fernández Seijo y Lucía Avilés— han anunciado la formulación de un voto particular al considerar que los hechos constituían una falta muy grave.

González Mariscal de Gante es presidente del Tribunal de Instancia de Palma de Mallorca y fue designado el pasado septiembre juez decano gracias al voto mayoritario de sus compañeros, según una nota de prensa difundida por el CGPJ. Es un rostro muy conocido dentro de la conservadora y mayoritaria APM, donde forma parte de su Comité Ejecutivo y hace tareas de portavocía. 

También es encargado del área de Relaciones Internacionales, lo que explica su intervención en foros comunitarios. Hace solo dos semanas se reunió en Madrid con miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, a los que trasladó que, pese a las reformas de los últimos años, “no se han consolidado mejoras estructurales”. También les alertó del “deterioro” del “clima institucional” y de la “percepción pública de la independencia judicial”. 

El pasado julio participó en una mesa redonda en Estrasburgo organizada por el PP junto al resto de asociaciones conservadoras de jueces y fiscales. Meses antes, en abril, había intervenido en otro debate en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, donde acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de “normalizar prácticas que debilitan el Estado de Derecho” y llamó a la Unión Europea a actuar ante “casos tan visibles y simbólicos, de una cierta degradación institucional dentro de sus propias fronteras”. 

Como parte de su labor jurisdiccional, firmó la sentencia que anuló la gratuidad del túnel de Sóller, cuya construcción se convirtió en el epicentro del primer gran caso de corrupción impulsado en Balears y derivó en los años noventa en el primer gran golpe judicial contra los populares en las islas. Además, en 2017, suspendió el acuerdo del Ayuntamiento de Palma —gobernado entonces por el PSOE, Més y Podemos— de licitar por vía de urgencia las obras de demolición del monumento franquista sa Feixina.

El CGPJ tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados si su conducta se desvía de una serie de principios tasados entre los que están la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes. Las sanciones por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ir de simples advertencias o multas económicas a traslados forzosos, suspensiones y expulsiones. Las faltas leves sólo pueden sancionarse con advertencia o multa de hasta 500 euros o con ambas. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado sin sanción los expedientes disciplinarios abiertos a dos miembros de la carrera judicial por los insultos y exabruptos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su mujer y otros políticos de izquierda, como la exministra y ahora eurodiputada de Podemos Irene Montero. 

El bloque conservador ha impuesto su mayoría en la Comisión Disciplinaria y ha librado de una multa al juez de lo Mercantil Manuel Ruiz de Lara —reincidente en sus ofensas a Sánchez en sus redes sociales y al que el anterior CGPJ rechazó sancionar— y al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que llegó a decir en una charla que la exministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos da lecciones “desde su cajero de Mercadona”. Los vocales progresistas Ricardo Bodas, José María Fernández Seijo y Lucía Avilés han anunciado la formulación de un voto particular al discrepar con la decisión adoptada.

En la propuesta de resolución analizada por los vocales, el Promotor planteaba que Ruiz de Lara y Velasco fueran sancionados por una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al considerar que sus comentarios habían supuesto una “falta grave de consideración respecto de instituciones”. Las faltas graves pueden acarrear una multa de entre 501 y 6.000 euros, aunque en este caso el Promotor no hizo una propuesta concreta de multa y se limitó a aludir a la horquilla que establece la ley. La Fiscalía se había posicionado a favor de archivar sendos expedientes.

El Promotor, que el pasado octubre propuso archivar de plano la investigación abierta a ambos magistrados, fue obligado por la Comisión Permanente a abrirles un expediente disciplinario. Los vocales progresistas, a los que se sumó la presidenta del órgano, Isabel Perelló, consideraron el carácter novedoso del caso, ya que no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de redes sociales por parte de jueces y magistrados. También es la primera vez que este Consejo se enfrentaba a un asunto de este tipo, por lo que estimó conveniente derivar la decisión a la Disciplinaria, que finalmente ha decidido que no deben ser sancionados. 

En el caso de Ruiz de Lara, el expediente venía motivado por dos mensajes publicados en su cuenta de X —en la que ya no se identifica como magistrado— y que ya aparecen borrados. En el primero de ellos, publicado el 14 de diciembre de 2024, acusaba al jefe del Ejecutivo de ejercer el “golpismo” por “atacar a los jueces”. En el segundo, del 28 de diciembre, descalificó públicamente a su esposa, Begoña Gómez, al llamarla “Barbigoña”. 

Fuentes del CGPJ afirman que, con este caso, se ha puesto de manifiesto una discrepancia en torno al alcance del ejercicio de la libertad de expresión por parte de los jueces. Los vocales conservadores que han defendido el archivo del expediente consideran que las manifestaciones objeto de la queja quedan amparadas por dicha libertad.

Los vocales progresistas, sin embargo, han sostenido que la libertad de expresión “no protege ni el abuso ni manifestaciones que resulten ofensivas o carentes de la debida consideración hacia terceros”. En esta línea, han afirmado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la libertad de expresión está amparada, pero “no así el abuso o el insulto”.

En el caso del juez Eloy Velasco y su comentario sobre la exministra Irene Montero, la apertura de la investigación se produjo después de que el Promotor recibiera varias quejas. El magistrado aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”.

Esta fue su frase completa, pronunciada durante una conferencia el 13 de noviembre de 2024, tal y como contó infoLibre: “De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el Derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decide este martes si actúa disciplinariamente contra dos miembros de la carrera judicial por los insultos y exabruptos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su mujer y otros políticos de izquierda, como la exministra Irene Montero. El órgano debatirá si sanciona al juez de lo Mercantil Manuel Ruiz de Lara —reincidente en sus ofensas a Sánchez en sus redes sociales y al que el anterior CGPJ rechazó sancionar— y al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que llegó a decir en una charla que la exministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos da lecciones “desde su cajero de Mercadona”.

La última palabra la tendrán los vocales de la Comisión Disciplinaria —cuatro conservadores y tres progresistas—, pero durante la tramitación de los expedientes la Fiscalía se ha posicionado en contra de sancionar a ambos magistrados, confirman a elDiario.es fuentes del órgano. La tesis del Ministerio Público es que ninguno de los dos invocó expresamente su condición profesional para avalar esos comentarios, por lo que sus conductas no pueden ser sancionables de acuerdo a la ley del Poder Judicial y a la jurisprudencia que ha ido moldeando la aplicación del régimen disciplinario de jueces y magistrados. 

Es el mismo posicionamiento que mantuvo el Promotor de la Acción Disciplinaria cuando, el pasado octubre, propuso archivar de plano la investigación abierta a ambos magistrados. Entonces, los votos de los vocales progresistas de la Comisión Permanente, a los que se sumó la presidenta del órgano, Isabel Perelló, le obligaron a cambiar su criterio y a abrir expediente disciplinario a ambos por una falta grave de consideración respecto de instituciones. 

La Permanente consideró el carácter novedoso del caso, ya que no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de redes sociales por parte de jueces y magistrados. También es la primera vez que este Consejo se enfrentaba a un asunto de este tipo, por lo que estimó conveniente derivar la decisión a la Disciplinaria, que debatirá el asunto este martes.

En la propuesta de resolución que analizarán los vocales, el Promotor —apremiado por la Permanente— plantea que Ruiz de Lara y Velasco sean sancionados por una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al considerar que sus comentarios han supuesto una “falta grave de consideración respecto de instituciones”. Las faltas graves pueden acarrear una multa de entre 501 y 6.000 euros, aunque en este caso el Promotor no hace una propuesta concreta de multa y se limita a aludir a la horquilla que establece la ley.

La Comisión de Ética Judicial, el organismo al que pueden dirigirse los jueces cuando tienen dudas sobre si un determinado comportamiento puede comprometer su ética profesional, se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la obligación de los jueces y magistrados de usar las redes sociales con prudencia y moderación de modo que no perjudiquen la imagen de la Justicia. 

Ejercer el “golpismo”

En el caso de Ruiz de Lara, el expediente viene motivado por dos mensajes publicados en su cuenta de X —en la que ya no se identifica como magistrado— y que ya aparecen borrados. En el primero de ellos, publicado el 14 de diciembre de 2024, acusaba al jefe del Ejecutivo de ejercer el “golpismo” por “atacar a los jueces”. En el segundo, del 28 de diciembre, descalificó públicamente a su esposa, Begoña Gómez, al llamarla “Barbigoña”. 

Ruiz de Lara no es precisamente alguien que pase desapercibido en la carrera y es especialmente conocido en el ámbito asociativo. Es el juez que estuvo durante meses al frente del caso de la Superliga y firmó el polémico auto que respaldó el frustrado proyecto de Florentino Pérez y otros magnates del fútbol. Además, ha sido portavoz de una minoritaria plataforma por la independencia judicial que difundió una guía contra la amnistía a través del correo corporativo del CGPJ.

Es la tercera vez que se enfrenta a un procedimiento disciplinario. El anterior órgano, de amplia mayoría conservadora, rechazó sancionarle tras llamar “psicópata sin límites éticos” a Sánchez, “personificación del deshonor” al ex fiscal general del Estado y “siervo mentiroso patológico” al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

Lo hizo con el argumento de que no se había podido acreditar que hubiera invocado su condición profesional cuando vertió esos descalificativos en sus redes sociales —en las que durante tiempo figuró con sus nombres y apellidos y se presentaba como juez— y que se había limitado a hacer uso de su derecho a expresarse como mero ciudadano. 

Además, en junio de 2017, el órgano le abrió un expediente disciplinario por supuestamente no pedir la compatibilidad para organizar unos torneos de debate universitario. Entonces, las principales asociaciones judiciales y los jueces decanos de toda España pidieron explicaciones sobre las circunstancias de esta investigación, de la que Ruiz de Lara denunció su carácter secreto, aunque el CGPJ siempre negó ese extremo. Al final, el expediente quedó archivado cuatro meses después.

Críticas a Irene Montero

En el caso del juez Eloy Velasco y su comentario sobre la exministra Irene Montero, la apertura de la investigación se produjo después de que el Promotor recibiera varias quejas. El magistrado aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”.

Esta fue su frase completa, pronunciada durante una conferencia el 13 de noviembre y por la que le investiga el CGPJ, tal y como contó infoLibre: “De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el Derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás”.

La legislación establece que corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria la recepción de quejas y denuncias sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios. Si propone la apertura de un expediente debe dar traslado a la Comisión Disciplinaria, que tiene la última palabra sobre las sanciones. La decisión de no iniciar expediente o de archivar el ya iniciado requiere el examen de la Permanente. El magistrado Ricardo Conde ocupa desde 2017 el puesto de Promotor. Su mandato expiró cuando cesó el anterior CGPJ, pero fue elegido de nuevo en diciembre de 2024. 

Durante la tramitación, la Sección de Expedientes Disciplinarios ordena la práctica de las diligencias necesarias para comprobar los hechos. Entre ellas, la declaración del juez expedientado para que comparezca ante el Promotor. Una vez practicadas las pruebas y actuaciones aclaratorias, el Promotor dicta un pliego de cargos que se notifica al afectado, quien dispone de un plazo de ocho días para contestarlo y solicitar las pruebas adicionales que considere oportunas. Después se da audiencia al fiscal, que en este caso se ha posicionado en contra de imponer sanción alguna. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este miércoles en un pleno de urgencia para analizar una convocatoria extraordinaria de 500 plazas para jueces. La reunión se produce después de que, este lunes, el titular de Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, mantuvieran una reunión discreta en la que cerraron un principio de acuerdo para dotar de contenido a las 500 nuevas plazas que el Gobierno se ha comprometido a crear este año, informan a elDiario.es fuentes conocedoras de estas negociaciones. 

Esa propuesta inicial, que debe ser ratificada por los vocales, establece que el CGPJ se compromete a convocar 125 plazas del llamado cuarto turno de juristas de reconocido prestigio, una vía alternativa que permite el acceso a la carrera de juristas con más de una década de experiencia a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El Ministerio de Justicia, por su parte, accede a triplicar esa cifra, hasta las 375, a través de una convocatoria extraordinaria del turno libre, la tradicional oposición memorística. 

Los grupos conservador y progresista analizarán en la tarde de este martes en sendas reuniones su posición ante esta propuesta. A falta de abordar el asunto en profundidad, voces de ambos grupos consultadas por elDiario.es avanzan que sus posturas son favorables dada la necesidad acuciante de profesionales en la carrera judicial. Según el Plan Estratégico de Recursos Humanos del CGPJ, el sistema judicial se enfrenta a una jubilación masiva en la próxima década que dejaría la plantilla en 4.401 efectivos en 2035 si no se toman medidas drásticas, lo que generaría un agujero de más de 2.200 jueces. 

El compromiso del Gobierno de crear 500 nuevas plazas de jueces enfrenta el reto de una implementación que no será inmediata y que se produce en un escenario de cierta tensión con el CGPJ. Perelló dijo recientemente que el proyecto del Gobierno “no resuelve el problema de fondo” de falta de magistrados a pesar de que el órgano había reclamado este incremento. El ministro Bolaños tachó de “político” su discurso y cuestionó el “inmovilismo” de la cúpula judicial. Finalmente, ambos han logrado alcanzar un principio de acuerdo.  

En un oficio remitido al CGPJ, Justicia urgió hace unos días al CGPJ a convocar “de inmediato” el cuarto turno de juristas de reconocido prestigio, una vía alternativa que permite el acceso a la carrera de juristas con más de una década de experiencia a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El CGPJ está obligado a convocar este proceso cada dos años. La última convocatoria es de febrero de 2023, por lo que lleva un año de retraso. 

El pasado 27 de enero representantes de Justicia y del CGPJ se reunieron en la llamada comisión-mixta para abordar la dotación de esas 500 nuevas plazas que el Ejecutivo confía en tener creadas después del verano. Pero una cosa es la creación administrativa de la plaza y otra la llegada efectiva de un juez que la ocupe. “Eso es una silla con una mesa, no es el señor o la señora que va a dictar sentencias”, explica una fuente. 

El proceso funciona como un efecto dominó en el que las nuevas plazas se ofrecen a los magistrados más veteranos, que tienen la opción de optar a los nuevos destinos en función de su antigüedad. Solo cuando la vacante llega al final de cadena se puede ofrecer a quienes acaban de entrar en la carrera. Ese proceso no estará culminado hasta dentro de un año, según el horizonte temporal con el que trabaja el Ministerio.

Los miembros del CGPJ reclamaron al Ejecutivo que aumente el número de plazas de la convocatoria de acceso por oposición de 2026, que alcanza un total de 200. Citaron el precedente de 2004, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tomó una decisión similar. El Gobierno finalmente ha accedido a esa propuesta y propone convocar 375 plazas. A cambio, el CGPJ debe comprometerse a convocar otras 125 plazas del llamado cuarto turno de juristas. 

El conflicto se recrudece en el bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El último pleno del órgano, celebrado este miércoles, ha mostrado de nuevo la imagen de la presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votando junto a los diez vocales del grupo conservador. 

En esta ocasión, el órgano decidía qué dos vocales iban a asumir a partir de ahora las relaciones con las asociaciones judiciales. Por doce votos, el pleno ha decidido que esos interlocutores sean dos hombres: el propio Preciado y el vocal elegido a iniciativa del PP José Antonio Montero, considerado muy cercano a Perelló. Ambos eran compañeros en el Tribunal Supremo.

Los otros nueve vocales progresistas habían propuesto a la vocal Inés Herreros, también elegida a iniciativa de Sumar, y que ya resultó excluida por Preciado de su propuesta de reparto de comisiones pactada con los vocales de la derecha el pasado octubre. Tras ese reparto, ocho de las once tienen mayoría conservadora. Además, Preciado mantuvo su puesto en la Permanente, el núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado. 

La decisión ha generado malestar en el resto de progresistas, que consideran que se ha fraguado un bloque “absolutamente corporativista” que va incluso más allá del eje ideológico. Este último movimiento supone, además, una afrenta a la paridad que el Consejo está obligado a aplicar en las designaciones que realiza en la cúpula judicial.

Los dos vocales elegidos son magistrados y pertenecen a las asociaciones más identificadas con la derecha y la izquierda judicial. Montero está vinculado a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Preciado es afiliado desde hace 21 años a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de tendencia progresista y tercera en representación en la carrera. Ha sido miembro de su secretariado en dos ocasiones. Herreros también tiene una larga trayectoria asociativa: dos décadas de afiliación a la Unión Progresista de Fiscales, de la que fue presidenta y representante en el Consejo Fiscal. 

En declaraciones a elDiario.es, la vocal Herreros cuestiona que se haya designado a dos personas “estrechamente vinculadas a dos asociaciones judiciales concretas”, lo que “empaña la debida apariencia de neutralidad”. Y afirma que este hecho “rompe con las formas inicialmente pactadas de ejercicio neutral de la presidenta y el acuerdo inicial de equilibrio, así como también rompe con el respeto a la igualdad de género y constituye una nueva muestra de acumulación de poder en estos dos vocales que refuerzan las formas presidencialistas e incide, de nuevo, en dinámicas patriarcales”. 

En una nota de prensa difundida a los medios, Preciado afirma que ambos han resultado elegidos “por su experiencia en las relaciones con asociaciones” y afirma que Herreros, que es fiscal de carrera, “no tiene experiencia previa en asociacionismo judicial”. 

Fuentes próximas a este vocal subrayan que el “relato” de que él se ha pasado a la derecha es “bastante equivocado”. Y sacan a colación una votación en la Comisión Permanente de este martes en la que Preciado se quedó solo defendiendo el derecho de las juezas sustitutas —un colectivo feminizado y precarizado— a que el cómputo de su antigüedad se realizara “teniendo en cuenta el tiempo total de vinculación y no sólo el tiempo de prestación efectiva de servicios”.  

En el pleno de este miércoles la presidenta y Preciado también han votado junto al bloque conservador en contra de la propuesta realizada por el gabinete técnico sobre la interpretación del alcance de las reglas de provisión de plazas en las secciones de Familia, Infancia y Capacidad y de Violencia contra la infancia y la adolescencia. 

La vocal Herreros afirma que el acuerdo finalmente alcanzado “flexibiliza el nivel de especialización exigido por la nueva legislación en materia de infancia y rebaja los estándares inicialmente contemplados en el informe técnico”. Por contra, en el entorno de Preciado subrayan que la propuesta defendida por el resto de progresistas era un “sin sentido”, ya que penalizaba a jueces con mucha experiencia en juzgados mixtos frente a aquellos con menos tiempo en juzgados especializados. 

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue uno de los primeros en reaccionar a la elección de Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. Tras un lustro de bloqueo, Bolaños afirmó en septiembre de 2024 que su elección era una “magnífica noticia” y que estaba “muy contento”. Esta semana, cuando ese mandato está a punto de superar el año y medio, el titular de Justicia no pudo disimular su malestar con uno de los últimos discursos de Isabel Perelló, que tachó de “político”. 

Por segundo año consecutivo la presidenta del Poder Judicial y del Supremo había empleado su intervención institucional de bienvenida a los nuevos jueces en Barcelona para censurar proyectos del Gobierno. Meses atrás, en la apertura del año judicial y de nuevo ante el rey Felipe VI, Perelló también pidió frenar las “inoportunas y rechazables (...) descalificaciones” a los jueces después de que Pedro Sánchez afirmara en televisión que algunos jueces “hacen política”. Meses antes, en junio, había hablado de “presiones intolerables” tras el cuestionamiento por parte de algunos ministros de la causa contra el ex fiscal general del Estado. 

En privado, fuentes del Ejecutivo consideran que Perelló ha decidido situarse en una posición política de confrontación que “no le corresponde” como sexta autoridad del Estado. Por contra, sus discursos son alabados por el bloque conservador del CGPJ, cuyos vocales se sienten cómodos con sus exposiciones de tinte corporativista, en las que hace constantes alusiones a la independencia judicial y únicamente admite como aceptables las críticas “razonables”, tal y como dijo en su discurso de esta semana. 

Esa sintonía se deja ver también en sus movimientos dentro del órgano. El pasado octubre unió sus votos al grupo conservador para acordar un nuevo reparto de poder claramente favorable a los vocales elegidos a iniciativa del Partido Popular. Con la nueva configuración, ocho de las once comisiones en las que se organiza el trabajo institucional tienen mayoría conservadora. El vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado también participó en esa operación y logró mantener su puesto en la Comisión Permanente, el núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado. 

Fue un reparto negociado a espaldas de los progresistas, lo que elevó la tensión hasta límites no vistos durante este mandato. En un duro comunicado, ocho vocales elegidos a iniciativa del PSOE y otra de Sumar acusaron a la presidenta de haber impuesto de “manera abrupta y deliberada” un cambio de reglas que les “excluye”. El líder en la sombra de los vocales de la izquierda amenazó incluso con presentar su dimisión. 

En esa nueva distribución es clave el posicionamiento de la presidenta, que tiene voto de calidad en caso de empate y que se ha puesto de perfil en asuntos de calado. Es el caso de las propuestas sobre el sistema de elección de los vocales o las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha.

De forma reciente, su voto permitió la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos, tal y como pretendían los progresistas. Pero también se volvió a unir a los consejeros de la derecha y Preciado para situar a una magistrada vinculada a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura en un puesto de carácter técnico. 

Malestar en el grupo progresista

En el grupo de vocales elegidos a iniciativa de Sumar no ven a Perelló como una de las suyas. Distintas fuentes de este grupo coinciden en señalar que el malestar viene de lejos y subrayan la incomodidad que sintieron el pasado martes, en el acto institucional de bienvenida a los nuevos jueces. Recuerdan que el año pasado, en este mismo acto, el objeto de reproches fue el nuevo sistema de oposiciones a la carrera que prepara el Gobierno y que se encuentra en tramitación parlamentaria.

Cuestionan que esta semana Perelló hiciera, de nuevo, un discurso “sesgado”. La presidenta señaló, por ejemplo, que la mayoría de los nuevos jueces no tienen vínculos familiares previos con la Carrera Judicial —tal y como confirman los datos—, pero también dijo que son “representativos de la sociedad”. Según la propia encuesta realizada por el CGPJ, el 97,32% contó con el soporte económico de sus padres durante la preparación de la oposición, que la mayoría preparó durante más de cinco años. Además, el 69,49% no había trabajado anteriormente. 

También critican que hiciera alusión a cuestiones “absolutamente políticas” y sobre las que “no hay consenso” en el CGPJ, como la ley de eficiencia que supone una nueva organización de los juzgados. Perelló aludió a la “preocupación” del órgano sobre este cambio. Y afeó al Ministerio que haya implantado la reforma “desconociendo el papel del juez y su relación con los procedimientos”, además de no haber contado con los magistrados. “Las reformas han de hacerse de forma ordenada, garantizada y con el tiempo necesario”, apostilló.

Por otro lado, tildó de “buena noticia” la creación de 500 plazas de juez anunciada por el Ministerio, pero a renglón seguido lamentó que “no aborda ni resuelve el problema de fondo”. “No incrementa el número real de jueces disponibles, de modo que las vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando”, aseveró. “Me sorprende que el Consejo solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, lo conceda (...) y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso, no hay que perder la paciencia”, respondió Bolaños un día después. 

En el bloque conservador, por contra, sostienen que la presidenta hizo un discurso “muy correcto”. “Estoy conforme con todo lo dicho”, dice una fuente de este grupo. “No sé cómo el Gobierno anuncia la creación de 500 plazas cuando solo ha convocado 120 [en la oposición del turno libre]”, apostilla otro vocal que sostiene que la información que les llega sobre los nuevos tribunales de instancia es que su implantación está siendo “caótica”. 

El cruce de reproches entre los máximos responsables del CGPJ y del Ministerio de Justicia se produce precisamente en un momento en el que ambas instituciones están negociando asuntos de enorme calado. Es el caso de la implantación de los tribunales de instancia y la cobertura de esas 500 nuevas plazas que no se pueden dotar de personal solo con la tradicional oposición memorística debido a la falta de Presupuestos.

El Gobierno pretende que el órgano de gobierno de los jueces mueva ficha y active el llamado cuarto turno, la vía reservada a profesionales del Derecho con un mínimo de 10 años de ejercicio que deberían ser el 25% de la carrera y solo llegan al 9% por el incumplimiento histórico del CGPJ. Está obligado a convocar este proceso cada dos años. Pero la última convocatoria es de febrero de 2023 y todavía no hay nueva fecha. Las negociaciones siguen abiertas. 

El Ministerio de Justicia quiere revertir el “déficit” histórico de jueces del llamado cuarto turno de juristas de reconocido prestigio y cubrir así gran parte de las 500 nuevas plazas que se crearán este 2026. En un oficio remitido este miércoles al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que ha tenido acceso elDiario.es, el departamento dirigido por Félix Bolaños urge al órgano de gobierno de los jueces a convocar “de inmediato” esta vía alternativa que permite el acceso a la carrera de juristas con más de una década de experiencia a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El CGPJ está obligado a convocar este proceso cada dos años. La última convocatoria es de febrero de 2023, por lo que lleva un año de retraso. 

El compromiso del Gobierno de crear 500 nuevas plazas de jueces, que busca empezar a revertir el déficit estructural de magistrados, enfrenta el reto de una implementación que no será ni mucho menos inmediata y que se produce en un escenario de tensión creciente con el CGPJ. Su presidenta, Isabel Perelló, dijo este martes ante el rey Felipe VI que el proyecto del Gobierno “no resuelve el problema de fondo” de falta de magistrados a pesar de que el órgano había reclamado este incremento. El ministro Bolaños tachó de “político” su discurso y cuestionó el “inmovilismo” de la cúpula judicial. 

La ley establece desde 1985 que de cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría magistrado dos deben cubrirse por concursos por escalafón (antigüedad), una a través de pruebas de especialización (civil, penal, contencioso, violencia sobre la mujer...) y otra por este cuarto turno. Se llama así porque se suponía que sería una cuarta parte de las plazas: el 25%. La realidad es que solo el 9% de los jueces en activo ha entrado así debido al incumplimiento histórico del CGPJ. El Gobierno afirma que hay un “déficit” de 781 jueces elegidos por esta vía teniendo en cuenta todas las vacantes producidas en ejercicios anteriores, aunque el órgano de gobierno de los jueces lo reduce a 230, según las cifras recogidas en ese oficio. 

El Ministerio pretende que el CGPJ mueva ficha y convoque cuanto antes un proceso sobre el que tiene la competencia “exclusiva” ante “la necesidad de cubrir urgentemente las 500 nuevas plazas que se crearán” este año. Su movimiento se explica también por las enormes dificultades que tiene para dotar de personal a esas plazas por otras vías como la tradicional oposición memorística debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno. 

Por un lado, continúa en tramitación la ley que reforma el acceso a la carrera, que contempla la incorporación de 480 nuevos jueces al año durante los próximos tres ejercicios, así como la puesta en marcha de un proceso de estabilización que permitiría el acceso de alrededor de 1.000 jueces sustitutos y magistrados suplentes. Por otro, la ausencia de Presupuestos acota a 200 las plazas que se pueden convocar este año del llamado turno libre (la oposición) porque es el límite previsto en las últimas cuentas aprobadas, las de 2023, que se prorrogarán si no hay acuerdo parlamentario.

Como un efecto dominó

El pasado 27 de enero representantes de Justicia y del CGPJ se reunieron en la llamada comisión-mixta para abordar la dotación de esas 500 nuevas plazas que el Ejecutivo confía en tener creadas después del verano. Pero una cosa es la creación administrativa de la plaza y otra la llegada efectiva de un juez que la ocupe. “Eso es una silla con una mesa, no es el señor o la señora que va a dictar sentencias”, explica una fuente. 

El proceso funciona como un efecto dominó en el que las nuevas plazas se ofrecen a los magistrados más veteranos, que tienen la opción de optar a los nuevos destinos en función de su antigüedad. Solo cuando la vacante llega al final de cadena se puede ofrecer a quienes acaban de entrar en la carrera. Ese proceso no estará culminado hasta dentro de un año, según el horizonte temporal con el que trabaja el Ministerio.

Distintas fuentes presentes en esa reunión confirman que los miembros del CGPJ reclamaron al Ejecutivo que aumente el número de plazas de la convocatoria de acceso por oposición de 2026, que alcanza un total de 200. Citaron el precedente de 2004, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tomó una decisión similar. El Gobierno está analizando esta petición, pero sus técnicos lo ven difícil, ya que la ley dice explícitamente que se pueden convocar “como máximo 200 plazas” para el acceso a la carrera judicial y fiscal. Argumentan que en 2004 la redacción de la ley presupuestaria era más flexible. 

Es por ello que los representantes del Ministerio defendieron que la única opción para completar esos huecos de forma más o menos rápida es potenciar el cuarto turno, a quienes se sumarían los jueces de las últimas promociones que no tenían puesto de titular y, en última instancia, jueces sustitutos de la bolsa de casi un millar que hay en esta situación. 

Según datos del CGPJ, desde 2014 hasta la actualidad se han convocado 208 plazas para el cuarto turno: 11 en 2013, 50 en 2015, 12 en 2018, 50 en 2020 y 85 en 2023. Por contra, las plazas del turno libre han ascendido en el mismo período en 1.232. Son unas cifras que muestran el boicot permanente del órgano a una vía de acceso que es una especie de puente para que juristas ya en activo y con más de diez años de experiencia profesional –académicos, abogados…– se puedan convertir en jueces por medio de un concurso de méritos donde no se mide su capacidad para recitar de memoria el Código Penal.

Documentación interna del CGPJ reconoce un déficit de plazas del cuarto turno en la última década y recoge que “en la práctica no se vienen haciendo” las reservas que establece la ley, si bien rebaja la cifra a 88. El argumento es que las plazas del cuarto turno “se convocan a largo plazo” y “resulta poco operativo reservar plazas sin juez titular durante periodos de tiempo extensos”. Así, se ha dado preferencia a la modalidad de ascenso por escalafón con la tesis de que eso posibilita que se ofrezcan más plazas a las nuevas promociones que salen de la Escuela Judicial tras haber hecho la oposición. 

En realidad, el proceso del cuarto turno puede ser más ágil: tras superar un concurso con tres fases (valoración de méritos, dictamen y entrevista), su paso por la Escuela Judicial dura solo cuatro meses, en contraste con los dos años que requieren los aspirantes del turno libre. La última promoción del cuarto turno inició el proceso en febrero de 2023 y recogió sus despachos tres años después, en enero de 2026. En el turno libre, desde la publicación de las bases hasta la recogida de despachos celebrada este martes en Barcelona pasaron casi tres años y medio. 

Fuentes del CGPJ explican que se están valorando opciones para agilizar la convocatoria del cuarto turno. Esas medidas, que todavía están en fase de estudio, pasarían por realizar en primer lugar el dictamen y hacer la valoración de méritos de solo aquellos aspirantes que hayan pasado esa primera prueba.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reprochado a la presidenta del Consejo General Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, su “discurso político” de crítica a la propuesta de creación de 500 nuevas plazas de jueces. “Me sorprende que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, lo conceda (...) y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso, no hay que perder la paciencia”, ha afirmado Bolaños a su llegada a la inauguración de la I Jornada de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.

La jefa del órgano de gobierno de los jueces censuró este martes la propuesta del Ministerio de Justicia al considerar que “no resuelve el problema de fondo” de déficit de magistrados, al tiempo que ha reiterado la “preocupación” del CGPJ por la nueva organización de los juzgados impulsada por el Ejecutivo. Ante esta crítica, el titular de Justicia ha tirado de ironía al mostrar su respeto a “los discursos políticos que se leen”, al tiempo que dejaba entrever su malestar por “el lugar y el foro” elegido por Perelló: en el acto de entrega de despachos a la 74ª promoción de jueces celebrado, como es tradición, en Barcelona ante toda la cúpula judicial y en presencia del rey Felipe VI. 

Bolaños ha defendido las reformas que está llevando a cabo su gabinete —incluida la nueva organización de los juzgados que supone la ley de eficiencia— y ha reiterado que “el inmovilismo no lleva a ninguna parte”. “Desde el Ministerio vamos a trabajar en las reformas que necesita la Justicia, en tener una Justicia del siglo XXI, de calidad y que merezca una buena valoración de la ciudadanía, no como pasa hasta ahora. En el inmovilismo no nos van a encontrar”, ha aseverado. 

Por segundo año consecutivo, Perelló empleó su discurso institucional de bienvenida a los nuevos jueces en Barcelona para criticar proyectos del Ejecutivo. En 2025, el objeto de reproches fue el nuevo sistema de oposiciones a la carrera que prepara el Gobierno. Este martes, Perelló tildó de “buena noticia” la creación de 500 plazas de juez anunciada por Justicia, pero a renglón seguido lamentó que “no aborda ni resuelve el problema de fondo”. “No incrementa el número real de jueces disponibles, de modo que las vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando”, añadió.