El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza de nuevo expedientar al juez Juan Carlos Peinado por las quejas que recibió hace meses por su forma de instruir dos casos con repercusión política, según ha publicado El Español y han confirmado fuentes del órgano a elDiario.es. La autoridad disciplinaria ya propuso el archivo en una primera ocasión, el pasado abril, pero la Comisión Permanente lo rechazó y le pidió que completara la investigación. 

Dos de esas quejas las formuló el ministro Félix Bolaños, que denunció que el juez actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra Begoña Gómez y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. En su propuesta de archivo, el Promotor afirma que se trata de “decisiones que pueden debatirse, pero que, al margen de su acierto o desacierto, constituyen una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional de la que el denunciado es titular”. 

Las otras dos quejas fueron presentadas por Más Madrid y el diputado del PSOE Guillermo Hita, que denunciaron una “desatención de sus obligaciones judiciales” porque Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en el caso de presunta malversación del gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por pagar un precio desorbitado por un acto a OkDiario. El Promotor también proponía el archivo de la queja presentada por Más Madrid.

La Permanente, que tendrá la última palabra al respecto, está formada por siete miembros: cuatro vocales conservadores, tres progresistas y la presidenta, Isabel Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate.

Además, el Promotor también tiene abiertas otras diligencias a Peinado tras una queja por una filtración a OkDiario de información de la causa que sigue contra Begoña Gómez. Esta queja parte de la defensa de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente.

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

La derecha judicial ha arrasado en la renovación parcial de la Comisión de Ética Judicial, el organismo al que pueden dirigirse los jueces cuando tienen dudas sobre si un determinado comportamiento puede comprometer su ética profesional. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones de Junta Electoral, ha proclamado este martes los resultados de las elecciones, a las que está llamada a participar toda la carrera.

Los elegidos para ocupar los tres puestos vacantes tras el vencimiento del mandato de los tres miembros salientes están vinculados a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, informan fuentes jurídicas a elDiario.es. Se trata del magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo Manuel Almenar, que fue presidente de la APM; de la magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga María Teresa Sáez Martínez, que fue portavoz de esa misma asociación; y del magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Juan Jesús García Vélez. 

Son los tres candidatos que mayor número de votos han obtenido: Almenar ha recibido 950 votos y Sáez Martínez y García Vélez 858 cada uno. Las votaciones tuvieron lugar por vía telemática entre el domingo y el lunes. Han participado 2.089 jueces y magistrados. La Comisión de Ética Judicial es el único organismo elegido al 100% entre los integrantes activos de la carrera judicial. Este modelo ha provocado que miembros y exintegrantes de las asociaciones conservadoras de la judicatura copen sus principales puestos. 

Entre los candidatos estaban también otros aspirantes vinculados a la Asociación Francisco de Vitoria, que se autodenomina como independiente. Se trata de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón (723 votos), del magistrado del Supremo Juan Manuel San Cristóbal (695 votos) y del titular del juzgado de instrucción 5 de Roquetas de Mar (Almería), Claudio García Vidales (685 votos). 

Además, se han presentado la magistrada del Supremo Consuelo Uris (349 votos) y Sandra Piñeiro, presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, que ha obtenido 408 votos. Ambas están asociadas a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. También se ha postulado David Ordóñez Solís, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha recabado 128 votos. Este último magistrado no está asociado.

Avaló las manifestaciones con togas contra la amnistía

La Comisión de Ética Judicial es un organismo asesor en materia de comportamiento ético que es independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Está compuesta por seis jueces elegidos de forma directa por sus compañeros. Estos seis jueces eligen, a su vez, a un académico experto en ética o filosofía del derecho. 

El proyecto con el que el Gobierno pretende modificar el acceso a la carrera amplía la composición de este órgano con un total de cuatro catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral que serán designados por el Congreso y el Senado. Para lograr una mayor representación de los diversos grupos parlamentarios, cada diputado o senador votará a un solo candidato y resultarán elegidos los dos que obtengan el mayor número de votos. Los jueces, que seguirán siendo elegidos por sus compañeros, seguirán siendo mayoría con un total de cinco representantes.

En algunos de sus dictámenes, la Comisión de Ética Judicial ha desaconsejado a los jueces acudir a manifestaciones y mítines políticos para “evitar toda actuación que pueda cuestionar la independencia o la confianza de la sociedad en el Poder Judicial”. No obstante, este organismo avaló las concentraciones de jueces vestidos con togas contra la amnistía. Sus miembros consideraron que si el juez que se manifiesta tiene “un honesto, meditado y sincero convencimiento” de que la ley de amnistía “pueda afectar al Estado de Derecho”, su actuación no merece una sanción disciplinaria.

Negaba con la cabeza cada vez que miraba el móvil. Según explicó, alguien le estaba enviando noticias continuamente justo el día en el que se conocía el sumario del llamado caso Leire y se mostraba indignado con lo que veía. Baltasar Garzón (Jaén, 1955) recibió el miércoles a elDiario.es en un céntrico hotel madrileño en el que realizó un carrusel de entrevistas por la publicación de su nuevo libro, La democracia amenazada (Planeta, 2026). Durante la conversación, el exmagistrado mencionó una y otra vez el juicio al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como punto de inflexión de la degradación del poder judicial. Precisamente de eso trata su nuevo trabajo.

En el libro repasa las actuaciones judiciales para acabar con García Ortiz, pero también de su predecesora en el cargo Dolores Delgado, que es además pareja sentimental de Garzón. También analiza las consecuencias de la irrupción de Donald Trump en la política internacional, las investigaciones de crímenes del franquismo, los casos de lawfare, la corrupción, el racismo o los bulos.

El mes pasado el Tribunal Supremo ratificaba la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que confirmó la inhabilitación de Garzón como juez en 2012 por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'. Todo sucedió después de que el entonces juez iniciara una investigación del franquismo y tras años de polémicas por sus actuaciones contra el terrorismo de ETA.

Presenta La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia. ¿Es una respuesta a La justicia amenazada (Espasa, 2025), el libro escrito por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena hace un año?

No es una respuesta. Objetivamente la justicia no está amenazada ni lo ha estado en España. Por mucho que determinadas personas puedan llegar a inducir o induzcan a que hay un acoso a la justicia, honestamente, no lo veo. Se dice que existe. Hay medios de comunicación que hacen gala de esa supuesta amenaza o presión. Estos días estamos viendo cómo se dice que determinadas personas han podido estar actuando, conspirando para llevar a cabo alguna presión sobre casos que se investigan en la Audiencia Nacional. Siempre ha habido amenazas de este tipo. Siempre ha habido campañas. Yo recuerdo haber sufrido algunas en carne propia cuando investigaba a los GAL, incluso entrando en mi casa a sustraer causas judiciales o a dejarme señales de que mi seguridad estaba comprometida.

También cuando intentó investigar al franquismo.

Y quemaron el vehículo de una de mis hijas y colocaron cruces gamadas en la casa y en los propios vehículos de la familia. La justicia no puede aceptar ser amenazada porque si es amenazada tiene que denunciar esa amenaza. En cambio, el título La democracia amenazada plantea una serie de riesgos reales y objetivos como son las agresiones internacionales al sistema internacional de derechos, cuestionando la arquitectura de derechos creada desde la Segunda Guerra Mundial hasta el punto de intentar aniquilarla.

En nuestro sistema judicial hay mecanismos que no están bien diseñados

Habla de Donald Trump y de las políticas que está poniendo en marcha.

Efectivamente, hablo de la deriva que hay de la extrema derecha y de políticas absolutamente reaccionarias. También de la incidencia de la corrupción y de la negación y restricción de derechos fundamentales, como por ejemplo en el caso de la inmigración y esas políticas xenófobas que hemos visto en Estados Unidos.

También hablo de la posverdad, de la manipulación informativa, de la influencia de redes sociales, de una mecánica de actuación en contra de la memoria democrática como uno de los baluartes necesarios para consolidar una democracia y de acciones claramente instrumentales del Derecho en procesos judiciales que afectan, por ejemplo, al fiscal general del Estado o a la anterior fiscal, Dolores Delgado. Es decir, trato de hacer una interpretación en conjunto de esos distintos escenarios que desde mi punto de vista provocan riesgos efectivos para la democracia.

Habla de que el poder punitivo se ha convertido en un fenómeno político. ¿Cómo es posible?

Porque hay un ejercicio de la soberbia del poder y en la consideración de que tener ese poder, en vez de ser una proyección del servicio público, se ha convertido en controlador de los ciudadanos y en imposición, donde una supuesta seguridad se antepone a cualquier derecho ciudadano. El poder de la voluntad de quien lo ejerce lo impone. La Sala Segunda del Tribunal Supremo es el órgano institucional que mayor poder político ejerce. ¿Con esto quiero decir que es un órgano político o que se guía por finalidades políticas? No. El desarrollo de la administración de justicia no tiene nada que ver o no debería de tener nada que ver con la política. Lo que ocurre es que en nuestro sistema hay mecanismos que no están bien diseñados. Por ejemplo, ¿quién controla el Tribunal Supremo cuando actúa en única instancia?

¿Por qué considera que la frase de Aznar de que “el que pueda hacer que haga” es posfascismo?

Porque avasalla contra todas las normas y principios básicos de la democracia desde una posición indudablemente de poder y autoridad. Él lo dice porque además hay ejemplos previos. Este señor nos metió en una guerra de Irak y dijo que los atentados del 11 de marzo de 2004 eran de ETA. Generó una dinámica y tiene una influencia en la posición de autoridad en su partido. Porque la pregunta debería de ser qué quiere decir con eso. Es decir, las palabras no son casuales. Soy una persona obsesionada con el lenguaje y coloco las palabras que quiero colocar en cada lugar. Determinados sujetos que se manifiestan en la opinión pública y política dicen lo que quieren decir. Entonces, si José María Aznar dice “el que puede hacer que haga” y lo dice en un contexto determinado no se puede decir que se esté refiriendo a que los niños vienen de París.

¿Se refiere a actuaciones judiciales, por ejemplo, contra fuerzas progresistas o el Gobierno?

Por ejemplo, que el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, a dos días de unas actuaciones judiciales diga que va a llamar a Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, porque parece ser que aparece mencionado. ¿A eso cómo se le llama, en una comisión de investigación que es un instrumento del Legislativo?

Esa comisión se ha convertido en una especie de cajón de sastre...

Eso es lawfare. El lawfare se hace desde muchos ámbitos, no solamente como algunos creen desde el Poder Judicial o por parte de determinados jueces o fiscales. El lawfare es mucho más complejo y unas veces viene por la vía mediática, otras veces por la económica, financiera, corporativa, política y a veces también judicial. El único elemento común que tiene es que es la instrumentalización del Derecho con unos fines espurios. Por tanto, desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido la mañana del día 3 de junio de 2026 por parte del Senado de España y en la voz de su portavoz es puro lawfare.

¿Son también lawfare las investigaciones a Zapatero o el caso de Leire Díez?

Tengo que ser respetuoso con los procesos judiciales, lo mismo que reclamaría para mí porque he sido juez instructor durante muchos años. Además, en la Audiencia Nacional tengo que dar por hecho que mis colegas hacen lo propio. Lo único que nos tiene que centrar es que las acciones y las actuaciones judiciales en un proceso penal, cuando están en instrucción, son acciones provisionales, se basan en indicios. El lenguaje es muy importante. En estos casos hay que tener la prudencia necesaria a la hora del análisis de esas actuaciones judiciales.

Yo entiendo que los medios de comunicación tienen que cumplir con su obligación y dar información al respecto, pero no es lo mismo dar una información con las limitaciones y con las precauciones correspondientes que utilizar como un dardo envenenado ya una plataforma de comunicación en contra de determinadas personas. En el caso que usted me planteaba de José Luis Rodríguez Zapatero todavía no hemos oído siquiera a la persona afectada. Vamos a esperar.

Se lo voy a preguntar desde otro ángulo. ¿Cree que el lawfare puede terminar con el Gobierno progresista?

El uso del lawfare lo primero que puede producir es una desestabilización del Estado de Derecho democrático. Por eso hay que ser vigilantes, hay que denunciar cuando hay ese tipo de conductas. Hay que defender, por supuesto a las instituciones, cuando hay un acoso contra las instituciones. Yo no digo que no se le defienda. Yo soy el primero que las defiende. Lo que indico es que también hace daño cuando asociaciones judiciales conservadoras, como se ha conocido hoy mismo [en referencia al miércoles], critican al Poder Judicial porque no ha sido suficientemente beligerante para defender corporativamente a los jueces.

Pero es que, oiga, cuando algunos éramos objeto de ataques sistemáticos y no nos protegía el Consejo General del Poder Judicial, ¿quiere decir que no teníamos que cumplir con nuestra obligación? La justicia siempre va a estar en el ojo del huracán y cuando se hacen investigaciones concretas y difíciles siempre va a haber críticas, pero hay que hacerlo. El sistema español establece los mecanismos de protección para no tener que estar implorando que se respete la independencia judicial.

En el libro dice que no solo en España, también en diferentes países del mundo las élites del Poder Judicial o de los tribunales supremos se están apoderando de espacios que no les corresponden. ¿A qué se refiere?

No hay contrapesos de poder ante el ejercicio de esa función constitucional de administrar justicia. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo es el último eslabón de la cúspide judicial con un recurso de casación, como he dicho, ya viene un camino recorrido. En cambio, cuando es en única instancia respecto de aforados quizás habría que diseñar como mínimo una segunda instancia.

¿Esa es la revolución pendiente de la justicia de la que habla también en el libro?

Sí, uno de los aspectos.

¿Cómo se podrían construir esos contrapesos?

Por ejemplo, atendiendo a los requerimientos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que reiteradamente nos ha dicho que se instaure la segunda instancia en el Tribunal Supremo. Lo que era una protección para aforados se ha convertido en un instrumento más que cuestionable. Lo que quiero es que haya lo mismo que en todas las demás instancias. La diferencia, por ejemplo, con la Audiencia Provincial de Badajoz es que luego va a haber un Tribunal Superior de Justicia que puede ver la apelación y se puede llevar en casación ante magistrados del Tribunal Supremo, que yo cuestiono que estén en los más idóneos y que ahí se esté por méritos. Por ejemplo, en otros países hay lo que se llama el juicio político o contrapesos en la investigación de delitos de prevaricación, que a lo mejor se tienen que juzgar por un jurado popular. ¿Por qué nos tenemos que lavar los “trapos sucios” los mismos jueces, como una especie de contubernio extraño, y que no nos toquen los demás porque los demás no saben tanto como nosotros?

Habla de que la condena al fiscal general es un punto de inflexión para llegar a la conclusión de su libro, La democracia amenazada. ¿Qué antecedentes o síntomas percibió antes?

Cito algunos casos personales que me afectan y otros como el de Vicky Rosell, el diputado de Podemos también de Canarias [Alberto Rodríguez] y en otros en ámbitos diferentes que afectaban a Podemos. Y utilizo palabras del propio voto particular [de la sentencia de Álvaro García Ortiz]. ¿Cómo puede haber esas dos realidades tan diametralmente opuestas? Los hechos probados son los que dan base a una sentencia absolutoria o condenatoria. Pero cuando en la sentencia se reconoce, por ejemplo, el valor y la veracidad de las propias declaraciones de los periodistas y luego no se explica por qué no se les da razón y justificación o cuando se dice que la autoría es del condenado o de otras personas alrededor quiere decir que puede no haber sido él. Y si no ha sido él, la sentencia tendría que ser absolutoria.

¿Por qué el tribunal no creyó a los periodistas de elDiario.es que sabemos quién filtró ese documento [de la confesión de la pareja de Ayuso]?

A lo mejor tendría que contestar usted. Porque yo no lo sé. Si no los crees tienes que deducir por falso testimonio. Lo que no puedes hacer es, como dicen en mi tierra, ni chicha ni limoná. Es decir, si un testigo dice 'blanco' y el tribunal dice está bien, pero luego no lo valora, entonces es que no sé lo que quieren decir.

En un juicio oral no se puede permitir a testigos interrogar o increpar al acusado como en el caso del fiscal general

Señala al presidente de ese tribunal, al señor Andrés Martínez Arrieta, por la “desprotección” del tribunal hacia el acusado. En el juicio al fiscal general, ¿no se cumplieron las garantías debidas?

En un juicio oral no se puede permitir a testigos interrogar o increpar al acusado y que se les deje hacerlo sin cuestionarles.

¿Se refiere, por ejemplo, a las intervenciones en el juicio de Miguel Ángel Rodríguez o de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso?

Al titular responsable de la UCO, cuando dice: “Dígame usted dónde está eso”. Mire, usted no viene a interrogar. Esa función ya se hizo, se llevó a cabo en instrucción. Yo creo que hubo mucha permisividad que no fue equilibrada.

¿Cree que hubo una suerte de vendetta contra Álvaro García Ortiz por parte de sus compañeros?

En algún punto de todos estos acontecimientos, sí. De hecho, hubo una asociación fiscal profesional que ejerció la acusación popular y que incluso pidió casi la máxima pena para él. ¿Qué hace una asociación profesional ejerciendo la acusación popular, defendiendo los intereses corporativos en una estructura que es piramidal?

¿Qué cree que no se le ha perdonado al ex fiscal general?

Probablemente, su posición perfectamente admisible, defendible y sujeta a la legalidad en el caso de la ley de amnistía y en otros casos de nombramientos en planteamientos que eran totalmente indeseados por un sector conservador que cuestionaba los avances que se produjeron en los últimos dos mandatos del Ministerio Público. En algún momento a Cándido [Conde-Pumpido] se le permitió porque era magistrado del Tribunal Supremo, pero a quienes son fiscales a lo mejor no se les consiente tanto que horaden esa especie de aura tan protectora de una justicia muy conservadora.

La transición en la justicia fue inexistente

Consideraba antes que en esa sala quizás no estaban los más adecuados. ¿Parte de la revolución de la justicia debería ser también modificar las formas de acceso al Supremo?

La forma de acceso y de mantenimiento. No entiendo que se pueda llegar al Tribunal Supremo tan joven y el cargo sea vitalicio. El propio Tribunal Constitucional o la Corte Penal Internacional tienen un límite de tiempo. Es muy peligroso hacer esa estructura que viene del franquismo y que no tiene contrapesos. Y el sistema de nombramientos no es precisamente el más idóneo.

¿Ha faltado una transición en el Poder Judicial? Usted mismo ha dicho que hay reminiscencias del franquismo.

No hubo una transición en el Poder Judicial. Una Transición con la que no estoy de acuerdo en muchos puntos. La transición en la Justicia fue inexistente. No nos levantamos. Yo todavía no formaba parte porque mi promoción fue la primera de la Constitución, pero nos acostamos con la dictadura y nos levantamos demócratas.

Se acostaron con el Tribunal de Orden Público y se levantaron con la Audiencia Nacional.

Se aceptó que el Poder Judicial era puro, inmaculado y que no había ningún tipo de contaminación y probablemente en algunos casos fuera así, pero en otros no tanto. Por no haber, no hubo ni un acto de acatamiento de la Constitución. Se daba por hecho.

En el libro menciona también el caso de [la actual fiscal de Memoria Histórica y exfiscal general] Dolores Delgado. ¿Cree que no se le ha perdonado, por ejemplo, que permitiera investigaciones al rey emérito o que avalase la salida del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos?

Eso seguro. Objetivamente, el avance progresista durante el mandato de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado fue muy notorio. Y no se le perdonó que hiciera nombramientos como el de Eduardo Esteban y, luego, que se le nombrara fiscal de Sala de la Memoria Democrática. Se acabó con su integridad corporal, porque al final ella tuvo que dimitir o renunciar, mejor dicho, porque se rompió. Y en el caso de Álvaro [García Ortiz], pues terminó traumáticamente, como todos conocemos.

¿Cree que un cambio de gobierno podría poner en amenaza una Fiscalía como la de Memoria democrática?

Sí. Bueno, no es que lo crea, es que lo han dicho. Y eso, entre otras cosas, desvela la falta de consideración a las víctimas del franquismo de su categoría de víctimas, que desgraciadamente siempre ha ocurrido. Ha habido categorización de víctimas y las del franquismo están en el último grado del escalafón, cuando sin dudarlo también han sufrido persecución durante años y décadas.

Comenzábamos la entrevista hablando del libro de Marchena. Usted lo menciona como uno de esos miembros del Supremo que quizás esté poniendo la democracia en amenaza.

Eso lo dejo al juicio del lector. No es rehuir porque el que lea el libro claramente sabe.

A mí me lo ha parecido.

Lo dejo a la decisión y el juicio del lector. Yo establezco una serie de criterios, de parámetros en los que trato de expresar lo que ha sucedido y a partir de ahí. Y utilizo un término que es el de urdidor de voluntades que cada uno puede interpretar como considere.

Está de moda hablar de las cloacas del Estado. No sé si a lo largo de su trayectoria usted ha tenido contacto con esas cloacas y si se arrepiente de alguno de esos contactos.

He tenido contacto con policías que han investigado delitos de terrorismo y que en algún caso han resultado afectados por hechos que tuvieron lugar en tiempos en los que yo ya no tenía ninguna responsabilidad. Desde luego, en lo que de mí depende y bajo mi mando jamás hubiese ocurrido lo que aconteció. Dicho esto, también por respeto profesional y demás, me quedo ahí, pero para mí son inaceptables. Lo que sí quiero decir es que el despacho defendió a una de las personas que ha sido cuestionada y que no ha podido ser juzgado porque...

¿Se refiere a Eugenio Pino?

No. Me refiero a Enrique García Castaño, que por su incapacidad física después del ictus que le dio no ha podido decir nada aunque todo el mundo se refiere a él. Lo único que ocurre es que, sin quebrantar el secreto profesional, aunque él tenía sus abogados, el despacho optó por su defensa porque colaboró con la justicia. A partir de ahí no quiero tampoco incidir en este tema porque han sido muchas las falsedades y las manipulaciones que se han hecho.

En todo caso, el Estado de Derecho no se defiende como se decía desde las cloacas, se defiende con mecanismos y con la legalidad. Cuando en España hubo un ataque durísimo del Estado de Derecho con los GAL, la única respuesta que solventó la situación fue la investigación judicial. Cuando los fondos reservados se utilizaron ilegalmente, hubo respuesta judicial. Cuando después se han utilizado espero que haya respuesta judicial. Esos son los mecanismos que tenemos. No son otros.

Vídeo y fotos: Lourdes Jiménez

El pasado miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en la sede del PSOE en la calle Ferraz para requerir una cantidad considerable de documentación en el marco del caso Leire. Además, el mismo juez de la Audiencia Nacional que ordenó esa diligencia, Santiago Pedraz, emitía un auto por el que acordaba la imputación de quien fuera número tres del partido Santos Cerdán y de la actual gerente de los socialistas, Ana Fuentes.

El estallido de esta operación venía a sumarse a otros golpes judiciales que afectaban de lleno al PSOE, como la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su papel protagónico en una presunta trama dedicada al tráfico de influencias. Y ante ese cúmulo de noticias judiciales hubo ministros socialistas, como Óscar Puente, que decidieron saltar a la palestra pública para denunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez era víctima de una operación de algunos sectores de la política, la justicia y los medios de comunicación para derribarlo “con métodos nada democráticos”.

Una vez más, la respuesta del Poder Judicial a este nuevo ataque del Ejecutivo no se ha hecho esperar. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una declaración institucional en la que muestra su preocupación por manifestaciones de “cualificados responsables de altas instituciones del Estado” que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales. A su juicio, “contribuyen con ello a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho”.

Como ya hicieran en anteriores ocasiones, la comisión, presidida por la presidenta 'progresista' del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, recuerda que la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho. Y considera que un entorno político en el que se realizan críticas de esta naturaleza “debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada y cuestiona los fundamentos del Estado de Derecho al instrumentalizarse la actividad judicial”.

 Al hilo, en este breve comunicado, el CGPJ recuerda la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial, “respeto que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho y de las libertades del ciudadano”.

La denucia pública de Puente sobre esa supuesta operación político-judicial para acabar con el Gobierno no ha sido el único aldabonazo socialista hacia el trabajo de los jueces. Tras conocerse el sumario del caso que afecta a Zapatero y que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado José Luis Calama, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, exigía en público una justicia igualitaria. Apuntaba, además, a que se redactaban sumarios que “podrían presentarse al Premio Planeta como mejor obra literaria”.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles por unanimidad estimar el recurso de alzada interpuesto por una magistrada destinada en Canarias contra el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente el pasado 17 de febrero por el que se inadmitía su renuncia a la plaza obtenida en Galicia en un concurso de traslado, y ha dejado sin efecto la adjudicación de la plaza.

En un comunicado, el CGPJ explica que la magistrada, que participó voluntariamente en el concurso de traslado y obtuvo la plaza solicitada, pidió a la Comisión Permanente que, debido a circunstancias familiares sobrevenidas, se la tuviera por renunciada al destino, cuando la resolución del concurso ya había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 20 de enero.

Entonces, la Comisión Permanente acordó no admitir su renuncia a una plaza obtenida en un concurso de traslado al considerar que la solicitud iba contra una obligación, la de tomar posesión de su cargo, establecida por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Ahora, el pleno estima el recurso de alzada interpuesto contra esa decisión y revoca el acuerdo recurrido al apreciar, “de forma estrictamente excepcional y no generalizable, la concurrencia de circunstancias que permiten declarar la ineficacia de la adjudicación de la plaza obtenida, al no haberse producido el cese ni la toma de posesión y no haberse generado perjuicio a terceros ni alteración del servicio público”, concluye el comunicado.

El CGPJ no da más detalles de cuáles son esas circunstancias sobrevenidas alegadas por la magistrada.

Sin embargo, según informa la Agencia EFE, estas figuran en un queja pública publicada el pasado 10 de marzo por la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE).

Este colectivo protestó por hecho de que la Comisión Permanente del Poder Judicial hubiera rechazado la solicitud de esta magistrada, a pesar de contar con un informe favorable de la Comisión de Igualdad y de que concurrían, a su entender, “poderosas y sobrevenidas razones de conciliación y protección de la infancia”.

El motivo de la magistrada, explicaba la AMJE, era que, con la plaza ya adjudicada y a 24 horas de que se publicase en el BOE, su exmarido se había negado a autorizar el cambio de domicilio de sus hijos, “que se encuentran bajo la guarda y custodia de la madre, llevando a esta a tomar la decisión de renunciar al traslado”.

Este colectivo ya argumentaba entonces que la petición de la magistrada no perjudicaba a nadie y que, en cambio, negarse a ella iba a tener graves consecuencias.

“La decisión que se ha adoptado (y que este miércoles ha revocado el propio CGPJ) deja a las juezas ante el trance de tener que decidir entre renunciar a la carrera judicial, única opción que se ofrece, o poner en riesgo el bienestar de sus hijos, en lo que viene siendo una clara revictimización de personas que deben ser protegidas”, apuntaba. 

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que confirmó la inhabilitación a Baltasar Garzón como juez en 2012 por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'.

El TS ha desestimado así el recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón contra la decisión del CGPJ que denegó anular los acuerdos que decretaron su expulsión de la carrera judicial, según una nota de prensa del alto tribunal, que añade que la sentencia se conocerá en los próximos días.

Dicha decisión confirmó la condena que le impuso el alto tribunal a Garzón en 2012 a once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva de su cargo, así como la capacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales.

La pretensión de Garzón, desestimada por el CGPJ, se basaba en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 13 de julio de 2021 que declaró que la sentencia del Supremo violó los derechos fundamentales del exmagistrado.

Por tanto, se mantiene vigente el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 20 de febrero de 2012 —ratificado por acuerdo del Pleno de 23 de febrero de 2012— que declaró la pérdida de la condición de miembro de la carrera judicial de Garzón en cumplimiento de la sentencia del Supremo.

El alto tribunal le condenó, como autor de los delitos de prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones, a la pena —entre otras— de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado por tiempo de once años, con pérdida definitiva del cargo que ostentaba.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reelegido a Iñaki Subijana como presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para un segundo mandato, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. Subijana, asociado a la progresista Jueces para la Democracia (JJpD), se presentó a la reelección tras un mandato de cinco años. Tomó posesión de su cargo el 29 de abril de 2021.

Le disputaba el puesto Aner Uriarte, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), presidente del Tribunal de Instancia de Bilbao después de un tercer mandato como juez decano de Bilbao. Subijana, antes en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, sustituyó en el cargo a Juan Luis Ibarra, aunque hubo un interregno con Garbiñe Biurrun al frente por retrasos en las designaciones.

El magistrado Juan Avello Formoso ha sido designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En la presentación de su proyecto semanas antes de la designación, Avello defendió un programa de actuación centrado en la mejora del servicio público de la justicia y la reducción de la litigiosidad en el archipiélago, la más alta del país.

Avello se ha impuesto a los otros dos candidatos, Jaime Borrás, y el hasta ahora presidente, Juan Luis Lorenzo Bragado.

(Habrá ampliación)

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará previsiblemente este martes un informe que, en términos generales, avala la última versión del anteproyecto de ley contra la violencia vicaria que el Gobierno le remitió el pasado marzo. El borrador del dictamen, cuyos detalles ha conocido elDiario.es, respalda la privación automática de la patria potestad en todos los casos en que exista una condena firme por un delito grave de violencia de género, vicaria o sexual contra la pareja o alguno de los hijos a cargo. 

Esta es una de las medidas que prevé la nueva regulación que pretende hacer frente a esta forma de violencia machista en la que el agresor utiliza al entorno de la mujer —principalmente a los hijos e hijas— para causarle el mayor daño posible. El Código Penal ya contempla la privación de la patria potestad o la inhabilitación especial para su ejercicio, aunque en delitos con penas muy altas, con carácter potestativo y siempre que exista una vinculación entre el delito cometido y la patria potestad. 

El nuevo texto del anteproyecto de ley contra la violencia vicaria incorpora una novedad relevante en la redacción del artículo 92.3 del Código Civil al establecer en las sentencias de nulidad, separación y divorcio la privación automática de la patria potestad cuando exista una condena firme por delitos graves contra la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o la libertad sexual cometidos contra los hijos comunes o la pareja del agresor. 

El anteproyecto del Gobierno justifica que esa retirada sea automática debido a la existencia de un pronunciamiento judicial que constata la existencia de un delito grave contra los hijos comunes o la pareja del que se desprende la necesidad de garantizar la integridad y seguridad de los menores. 

El borrador de informe que analizarán los vocales del CGPJ en un pleno extraordinario defiende que la comisión de estos delitos constituye una infracción del deber de respetar los derechos de los hijos al que obliga la patria potestad. Considera, en consecuencia, que es una medida adecuada para proteger a los menores, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

La propuesta de dictamen respalda el carácter automático de la retirada de la patria potestad en estos supuestos, aunque propone que se prevea la posibilidad de que esa privación sea revisada cuando esté justificado por el interés superior del menor. Además, también plantea que haya una adecuada coordinación de la medida que se impone en el ámbito civil con los pronunciamientos en el ámbito penal. 

La propuesta ha sido elaborada por las vocales Lucía Avilés, del bloque progresista; y Esther Rojo, del grupo conservador. El CGPJ ya analizó el pasado diciembre una primera versión del anteproyecto.

Custodia compartida

En paralelo, el texto que valorará el pleno también respalda la nueva redacción del artículo 92.5 del Código Civil, que prevé que los jueces podrán no acordar la custodia compartida en aquellos casos en los que existan indicios de que dicho régimen podría causar un “impacto negativo en la salud física, psíquica y emocional de los hijos”. 

La propuesta de dictamen también valora la decisión del Ejecutivo de potenciar el derecho de los menores a ser escuchados en los procedimientos judiciales sobre el régimen de guarda y custodia. Con la nueva regulación, ese derecho a ser escuchados ya no estará condicionado a que hayan alcanzado un determinado grado de madurez. 

Por otro lado, el borrador de dictamen sí hace objeciones al nuevo planteamiento del tratamiento penal de la violencia vicaria que se articula en dos tipos distintos: un tipo agravado de violencia vicaria de género para el caso de que la víctima a la que se quiere causar ese daño sea una mujer y un tipo genérico que, en la práctica, afecta a todo tipo de parejas independientemente del género –violencia vicaria familiar–. 

En este segundo supuesto, las personas sobre las que se puede cometer el delito de violencia vicaria son pareja (que no sea mujer), hijos, padres, hermanos o “la persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados”. Es un círculo que el borrador de informe considera muy amplio y plantea reconsiderar. 

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y los diez vocales conservadores del órgano han sumado sus votos para otorgar amparo a la jueza Aurora Angulo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada que decidió inhibirse en la causa por la que Juana Rivas pedía que su hijo se quedara en España con ella, informan a elDiario.es fuentes del órgano de gobierno de los jueces. 

La magistrada denunció una “campaña de desprestigio” y señalamiento puesta en marcha por el abogado de la mujer que, a su juicio, fue amplificada por la “cobertura mediática” y el “ataque intolerable” de determinadas “personas que ostentan o han ostentado cargos públicos”. Entre ellas, las ministras de Igualdad (Ana Redondo) e Infancia (Sira Rego) o la eurodiputada y exministra Irene Montero. 

En su petición de amparo, la magistrada denunció que la actuación coordinada del abogado Carlos Aránguez junto con distintas personalidades de la política y las instituciones buscaba crear un ambiente intimidatorio que pretendía vulnerar su independencia judicial e influir en su libre capacidad de resolución. 

El 10 de enero de 2025, después de que la jueza rechazara pronunciarse sobre si el hijo menor de Juana Rivas debía volver a Italia con su padre o permanecer con su madre en España, el letrado que asume la defensa de la mujer difundió un comunicado en el que la acusaba de haber archivado denuncias pasadas, de dictar autos equivocados y afirmaba que era “un hecho gravísimo que una magistrada especializada en violencia de género no comprenda lo que es la violencia vicaria”. “Quédense con este nombre: Aurora Angulo”, podía leerse también. 

La magistrada vincula ese comunicado con otro publicado por el Ministerio de Igualdad que recordaba la necesidad de que prevaleciera el interés superior del menor. Ese comunicado del departamento que dirige Ana Redondo apuntaba también que “en relación a la indeterminación o discrepancias sobre cuál es el órgano judicial en España para decidir sobre la situación del hijo pequeño de Juana Rivas y el riesgo de que tenga que regresar a Italia con su padre”, existen varias normas internacionales por las que se debería escuchar al menor y tener en cuenta su opinión para “garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador”. 

Además, tres días antes de la decisión de la magistrada, la titular de Juventud e Infancia, Sira Riego, publicó el siguiente post: “He escuchado a Daniel, hijo de Juana Rivas, decir que muchas veces piensa que se va a morir. Estamos preocupadas por su seguridad. Su testimonio es desgarrador. Yo le creo”. Su mensaje tuvo 90.400 visualizaciones. 

En sus alegaciones, la ministra de Igualdad defendió que su comunicado no era susceptible de interferir en la independencia de la magistrada y que tampoco contenía una valoración respecto de sus decisiones, por lo que no ponía en riesgo su capacidad de decidir sin presiones. La ministra de Infancia, por su parte, señaló que sus declaraciones fueron una manifestación de preocupación por el menor y que no hubo voluntad de interferir en el procedimiento judicial. 

En un comunicado publicado en la tarde de este miércoles, el CGPJ afirma que del acuerdo se han excluido las referencias a las declaraciones realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia “por considerar que se formularon en un tono respetuoso con la función judicial y que entran dentro del ámbito de su actuación política”.

No obstante, las fuentes consultadas sostienen que el acuerdo al que se ha llegado en el pleno ha sido eliminar un párrafo en la fundamentación jurídica que recogía las declaraciones de las ministras, pero se han mantenido tanto en los antecedentes, como en la parte dispositiva. Y que, por tanto, el amparo se ha concedido en los términos solicitados. De hecho, se ha debatido la posibilidad de otorgar el amparo únicamente en lo relativo a las declaraciones del abogado, pero esa propuesta no ha salido adelante, de acuerdo a las citadas fuentes.

Sanción al letrado de Rivas

En su petición de amparo, la jueza también alude a la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad Irene Montero, quien la acusó de estar “fuera de la ley”, calificó su decisión como “violencia institucional insoportable” y afirmó que “hay jueces que están haciendo política contra las leyes feministas y la infancia”. Por su parte, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias publicó en la red social X una fotografía de la jueza refiriéndose a ella como “la jueza conservadora que no quiere escuchar al hijo de Juana Rivas”. 

Además, la magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria Rosell, comparó el caso con situaciones donde otros menores fueron asesinados por sus progenitores y afirmó que el menor estaba en riesgo. 

Precisamente en relación con estos hechos, el Ilustre Colegio de Abogados de Granada impuso una sanción de suspensión del ejercicio de la abogacía durante el plazo de dieciséis días al abogado Carlos Aránguez. Los hechos objeto de reproche disciplinario iban referidos a las alusiones personales que el letrado dirigió a la magistrada en el citado comunicado. 

Las críticas contra “la España sindicalizada” y la labor de tres inspectoras de Trabajo para investigar los abusos laborales en Glovo que el juez Álvaro Lobato efectuó en una sentencia han quedado sin castigo. Así lo confirmó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre, según ha podido saber ahora elDiario.es.

El juez Lobato, titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, trasladó su ideología antisindical que antes había expuesto en artículos de prensa y en actos de la fundación en la que participa en la sentencia por la que rechazó la demanda por competencia desleal de Just Eat contra Glovo.

En su resolución del pasado julio, el magistrado cuestionó la profesionalidad de las inspectoras de Trabajo que testificaron en la vista, a las que atribuyó “un indiscutible sesgo de grupo”, y consideró que su “proceso de toma de decisiones está inevitablemente contaminado por tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”.

“En todas las declaraciones [de las inspectoras] parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático”, apostilló el juez.

Además de desestimar la demanda de Just Eat, que consideraba que los falsos autónomos de Glovo implicaban una competencia desleal contra las compañías de reparto que sí tenían contratados a sus repartidores, el juez Lobato incluyó en su sentencia elogios al modelo laboral de la compañía fundada por Óscar Pierre. El Supremo declaró ilegal el modelo laboral de Glovo en 2020, pese a lo que la compañía lo mantuvo hasta que su fundador fue imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las inusuales manifestaciones del juez en su resolución provocaron que varias instituciones, como el Ministerio de Trabajo, el sindicato CCOO o la Unión Progresista de Inspectoras e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (UPIT), remitieran escritos de queja ante el CGPJ. La UPIT alertó del “grave precedente” de los ataques “misóginos” del magistrado, a quien afearon sus “flagrantes faltas de equidad y objetividad”.

Pese a la petición de la central que en Catalunya encabeza Belén López, el Govern rechazó sumarse a las quejas ante el CGPJ contra Lobato tras participar el año pasado en el acto de los 10 años de la compañía junto a representantes de UGT, CCOO y las patronales pocos días antes del juicio. El acto fue esgrimido por la defensa de Glovo en su juicio por la demanda de Just Eat.

Según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, tras las quejas presentadas por distintas instituciones, el CGPJ incoó una diligencia informativa (una investigación preliminar antes de decidir si se abre un expediente sancionador) que se archivó el pasado mes de noviembre al no considerar las consideraciones del juez Lobato pudieran suponer una infracción disciplinaria.

Un mes después, la comisión permanente del CGPJ tomó conocimiento por mayoría del carpetazo de las quejas. El vocal Carlos Hugo Preciado, elegido a iniciativa de Sumar, fue el único que votó en contra del archivo al considerar que el magistrado cometió una falta de desconsideración porque sus manifestaciones fueron impertinentes y despectivas.

Lobato llegó al juzgado mercantil 2 de Barcelona hace cuatro años. Se reincorporó así a la carrera judicial, de la que había cogido una excedencia en 1996 para pasar por grandes despachos privados como Gómez-Acebo y Pombo y DLA Piper. También fundó su propio bufete. En la actualidad, es secretario de la fundación Fide.

En un vídeo de hace once meses de la fundación, el juez había cuestionado abiertamente el papel de los sindicatos. “Se está produciendo un desplazamiento de lo colectivo a lo individual. En el seno de una empresa, las jerarquías rígidas y autoritarias pierden pertinencia. ¿Qué sentido tiene hoy la defensa colectiva de los intereses que ya no son homogéneos de los trabajadores de una empresa? Planteo el tema, que ya sé que es vidrioso, de los sindicatos...”, se preguntaba el juez Lobato.

La derecha del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a evidenciar su capacidad de bloqueo en los nombramientos clave de la cúpula judicial. Los equipos negociadores de los bloques conservador y progresista se reunieron este lunes por primera vez para tratar la renovación de una vacante en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados, como el exministro socialista José Luis Ábalos o el ya ex fiscal general del Estado, pero el encuentro terminó sin avances después de que los vocales elegidos a iniciativa del PP decidieran “levantarse de la mesa”, según fuentes del grupo progresista.

Esa Sala tiene sin cubrir desde hace dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio. Los vocales progresistas consideran imprescindible que esta plaza sea adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora. 

Sin embargo, el primer contacto formal entre ambos grupos ha puesto de manifiesto que la estrategia del grupo conservador pasa por esperar a que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque. Para ello, sin embargo, habría que esperar varios meses. Los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado se jubilarán de manera forzosa el próximo junio y Juan Ramón Berdugo en septiembre. No obstante, ambas partes se han emplazado a seguir negociando, según fuentes de los bloques del órgano, que cuenta con diez vocales cada uno. 

“Nosotros queremos que se cumplan los plazos y se cubra ya la vacante pendiente en la Sala Segunda. Pero el otro grupo quiere acumular las vacantes. Ha habido un primer contacto y se han levantado de la mesa”, explica una fuente del grupo de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar. “Los conservadores se niegan a hacer ya la renovación porque consideran que pueden sacar un mayor beneficio con una negociación en bloque”, lamenta otra fuente de este mismo grupo. 

En las conversaciones informales previas, antes incluso de que se hubiera iniciado la negociación, los vocales conservadores ya habían dejado claro su veto a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo, una de las candidatas más valoradas por el sector progresista, si bien en este grupo barajan otros perfiles.

Bacigalupo es una catedrática con un amplio currículum y que en 2015 formó parte del “grupo de expertos” que colaboró con el PSOE en la redacción del programa de las primeras generales a las que se presentó Pedro Sánchez. Además, es cuñada de la exvicepresidenta y actual comisaria europea Teresa Ribera. 

Los vocales conservadores repiten así la estrategia urdida hace un año, cuando descartaron la elección de las progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso para la presidencia de esa misma Sala y también para la de lo Contencioso-Administrativo, las más delicadas del Supremo. Ambas acabaron renunciando, lo que allanó el camino para sus compañeros. Los progresistas transigieron y finalmente apoyaron de forma mayoritaria a los candidatos preferidos por el bloque conservador. 

Los nombramientos realizados durante el primer año de mandato evidencian que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, logró el 38% de las designaciones realizadas en la cúpula judicial. Es casi el doble de lo que consiguieron las otras tres asociaciones juntas. Además, la APM copó casi la mitad de los ascensos al Supremo, que son especialmente relevantes porque se mantienen hasta la jubilación. 

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha mostrado este viernes su “absoluto respaldo y apoyo” a los integrantes de la carrera judicial que “se ven afectados por actuaciones y presiones”. Durante su intervención en el acto de clausura de las XXXIV Jornadas de presidentes de Tribunales de Instancia —los antiguos jueces decanos—, Perelló ha dicho que ese tipo de manifestaciones “no respetan” el marco de lealtad institucional, que es “un deber implícito en la Constitución”. 

Las palabras de la también presidenta del Tribunal Supremo se producen semanas después de que diferentes miembros del Gobierno salieran en tromba contra el juez Juan Carlos Peinado tras su decisión de proponer sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria y en contra del criterio de la Fiscalía, que ha solicitado de forma reiterada el archivo de esa causa.

En la mañana de este mismo viernes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en una entrevista en Espejo Público (Antena 3) su derecho a criticar a Peinado y ha negado que sus manifestaciones supongan ninguna forma de “presión” contra el magistrado.

Así, el ministro ha reiterado que su opinión que tiene sobre la instrucción del juez Peinado “es muy negativa”, pues considera que “no es normal que haya 15 revocaciones” de la Audiencia Provincial en una fase de instrucción y que el Tribunal Supremo también haya “tumbado instrucciones”. El alto tribunal frenó el intento del juez de implicarle a él mismo en la causa. 

“Injerencia externa”

Horas después, en su discurso ante los antiguos jueces decanos, la presidenta del CGPJ ha llamado a defender la “independencia” de los jueces “frente a cualquier forma de injerencia externa, venga de donde venga”. “Los jueces necesitan ejercer su función con plena autonomía de criterio, guiados únicamente por el Derecho”, ha aseverado. 

“Ni la mejor organización, ni las mejores leyes, ni los medios mejor dotados servirían para dar respuesta a la sociedad si no contáramos con el factor humano que representan todos los integrantes de la Carrera Judicial”, ha afirmado Perelló. 

Además, la presidenta ha hecho alusión a las palabras que pronunció la semana pasada el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, durante su visita al alto tribunal español. Guyomar afirmó que “cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio”, según ha recordado Perelló, que también se ha referido a las advertencias de la Comisión Europea de que los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia del Poder Judicial o la confianza pública en este.

Críticas a la reforma de Bolaños

En las jornadas que ha clausurado Perelló, los presidentes de Tribunales de Instancia han suscrito un escrito de conclusiones crítico con la reforma que sustituye los antiguos 3.900 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. Así, cuestionan los mensajes “optimistas” sobre ese cambio legal y denuncia que se ha llevado a cabo con “desorganización”, “sin medios”, “sin tiempo suficiente” y “sin escuchar” a los operadores jurídicos. 

En este sentido, sostienen que los tribunales siguen careciendo de los recursos materiales y personales necesarios, lo que obliga a los profesionales a trabajar con un “notable sobreesfuerzo personal” debido a las “tímidas inversiones” por parte de la Administración. Y exigen al Ministro de Justicia que su promesa de crear nuevas plazas judiciales vaya acompañada de “la debida dotación de recursos personales y materiales”. “No es asumible que la creación de una Plaza Judicial no se acompañe del incremento proporcional de personal al servicio del Tribunal de Instancia”, recoge el escrito. 

La implementación progresiva del nuevo modelo se inició en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026, hace apenas tres meses. El asunto fue abordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó en un informe que la reforma “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí apreciaba problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

El Ministerio de Justicia ha defendido, de acuerdo a sus datos oficiales, que en el primer año de la entrada en vigor de la reforma se han empezado a notar los efectos con un descenso de la litigiosidad y, por primera vez desde 2016, una reducción de los asuntos pendientes. 

En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Solo en los órdenes civil y mercantil, donde la mediación es obligatoria desde hace un año, el porcentaje de caída llega al 20,4%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según datos del CGPJ. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, a los que se suman los de Asturias y La Rioja. 

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en su reunión del pasado 27 de abril admitir a trámite dos solicitudes de amparo de la jueza instructora de la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, tal como ha adelantado El Confidencial.

La magistrada de Catarroja solicitó amparo al CGPJ tras un mensaje en la cuenta de X de Rafael Hernando, diputado del PP en el Congreso, en el que acusaba a la jueza de prevaricación “palmaria” y las críticas en una concentración pública del abogado y 'youtuber' conspiranoico Rubén Gisbert, que ejerce una de las acusaciones particulares en el procedimiento de la dana.

El órgano del CGPJ da un plazo de 10 días a ambos para que planteen sus alegaciones en relación con los hechos que motivaron la petición de amparo.

Gisbert ha llegado a llamar “delincuente” y “corrupta” a la jueza, según informó elDiario.es. También llamó en redes sociales “hija de la gran puta” a la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, una de las testigos principales de la causa.

Por otro lado, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) confirmó el pasado 27 de abril el archivo de la querella del 'youtuber' contra la jueza y su marido, el también magistrado Jorge Martínez Ribera.

La comisión disciplinaria del CGPJ mantiene abiertas diligencias informativas por las quejas presentadas por las defensas de los dos investigados en el procedimiento, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Los tres magistrados que aspiran a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han expuesto este miércoles ante el Consejo General del Poder Judicial sus proyectos basados en disminuir la litigiosidad, en un nuevo modelo organizativo y en el apoyo a los jueces.

El juez decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello Formoso, el magistrado de lo Contencioso-Administrativo, Jaime Borrás, y el actual presidente, Juan Luis Lorenzo Bragado, han expuesto sus proyectos ante el órgano que decidirá su elección.

Avello, la litigiosidad como principal problema de la justicia en Canarias

Juan Avello ha defendido un programa de actuación centrado en la mejora del servicio público de la justicia y la reducción de la litigiosidad en el archipiélago.

Según ha dicho, Canarias es la comunidad autónoma con mayor índice de litigiosidad, una situación que, según ha indicado, “afecta no solo a los derechos de los ciudadanos, sino también a la imagen misma de la justicia”.

Ha abogado por la elaboración de protocolos con los colegios de abogados para evitar suspensiones de juicios por coincidencia de señalamientos y, junto a la fiscalía y las audiencias provinciales, la creación de un grupo de trabajo para establecer buenas prácticas en las conformidades previas al juicio oral.

El candidato ha subrayado que “el correcto funcionamiento de la administración de justicia no es solo responsabilidad de los integrantes del poder judicial, sino de todos los operadores jurídicos”, y ha planteado medidas de sensibilización e implicación en este ámbito.

En relación con la organización, ha defendido reforzar la atención a jueces y ciudadanos mediante reuniones periódicas, visitas a los partidos judiciales y la mejora de los sistemas de atención, además de la extensión de protocolos ya existentes en determinados ámbitos.

Asimismo, se ha mostrado partidario de la incorporación de la perspectiva de género en todas las jurisdicciones al señalar que “no es una opción, es un mandato legal”.

Lorenzo reivindica su mandato y apuesta por la continuidad

Por su parte, el actual presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, ha defendido ante el Consejo General del Poder Judicial la gestión realizada durante su mandato y ha apostado por la continuidad como “la opción más adecuada” para la gobernanza del sistema judicial en el archipiélago.

Lorenzo ha aseverado que los “setenta y tres compromisos” asumidos al inicio de su etapa “están cumplidos” y ha destacado el “óptimo funcionamiento de la sala de gobierno”, con reuniones periódicas, implicación de sus integrantes y más de “dos mil ochenta y cinco acuerdos”.

El candidato ha enumerado distintas actuaciones desarrolladas durante su mandato, como la reactivación de la comisión mixta, la renovación de las memorias anuales, la actualización de los portales de transparencia y la implantación del expediente judicial electrónico, así como iniciativas en materia de formación, igualdad y organización territorial.

Entre los logros, ha resaltado la puesta en marcha de los tribunales de instancia, la creación del juzgado de violencia sobre la infancia “pionero y referencia internacional” y la gestión de situaciones como la crisis migratoria, para la que se adoptaron medidas de refuerzo y un proyecto piloto de apoyo a la resolución mediante inteligencia artificial.

Ha planteado propuestas para el próximo mandato, entre ellas consolidar el nuevo modelo organizativo, poner en marcha la comisión autonómica de calidad del servicio público de justicia y promover medidas frente a la sobrecarga de trabajo.

También ha propuesto impulsar un centro permanente de estudios en materia de inmigración y continuar desarrollando la agenda estratégica con refuerzos en los medios personales y materiales.

“La continuidad es la opción más adecuada”, ha manifestado, al tiempo que ha opinado que quien “conoce el territorio” y “ha gestionado situaciones complejas” está “en mejor posición para acompañar el proceso de transformación del sistema judicial”.

Borrás: una presidencia basada en objetivos y apoyo a los jueces en Canarias

Por último, Jaime Borrás ha defendido ante el Consejo General del Poder Judicial un modelo de gestión basado en objetivos concretos, seguimiento de resultados y apoyo a los jueces.

Borrás ha comentado que la presidencia “no puede ser una instancia interpretativa”, sino que debe basarse en “datos concretos” como tiempos de resolución, señalamientos o ejecución, con el fin de detectar desviaciones y actuar sobre ellas.

En este sentido, ha planteado la necesidad de fijar objetivos y participar en la planificación del trabajo, así como en la resolución de conflictos, con una implicación activa de la presidencia en el funcionamiento de los órganos judiciales.

El candidato ha hecho hincapié también la importancia del apoyo a los jueces y al resto de operadores jurídicos, al indicar que cuando un profesional plantea problemas “hay que apoyarle” y trasladarle que cuenta con el respaldo de la presidencia.

Ha incidido en la necesidad de evitar diferencias relevantes en los tiempos de respuesta entre órganos judiciales y ha reclamado una mayor coherencia en la actuación jurisdiccional en el conjunto del archipiélago.

Asimismo, se ha referido a las particularidades territoriales de Canarias y a las diferencias de medios entre islas, al tiempo que apuntó a problemas organizativos y a la falta de herramientas tecnológicas adecuadas en algunos casos. 

El magistrado Luís Villares y Juezas y Jueces para la Democracia han presentado sendos recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frente al acuerdo de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, por el que se decide el traslado forzoso del juez de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, la cual ha paralizado decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, para pasar a la sección cuarta.

De ello informa a Europa Press un portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia que explica que se han presentados los dos recursos. En un comunicado, Juezas y Jueces para la Democracia explica que ha planteado recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial frente a los traslados forzosos de cuatro magistrados de lo Contencioso del TSXG, entre los que se encuentra Villares.

Considera que estas decisiones “adolecen de graves defectos que ponen en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial”.

Juezas y Jueces para la Democracia sostiene que el procedimiento para adoptar esta decisión se ha verificado “sin audiencia de los cuatro magistrados y magistradas afectados” entre los que se encuentra Luis Villares, asociado de la entidad.

El hecho es que el TSXG decidió el trasladó forzoso de la sección tercera a la cuarta de Luís Villares y María Dolores López López. Mientras que Rosa Agrasso y Alexis Fernández pasan de la sección cuarta a la tercera.

Sin “motivos claros” ni “criterios objetivos”

Además, sostienen que se llevó a cabo con “una motivación meramente aparente e inidónea para justificarla”, “incumpliendo la norma que exige una serie de contenidos y trámites” que, según Juezas y Jueces para la Democracia, “no se atienden en el presente caso”. Así, señala que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Bilinski contra Polonia y la del Tribunal de Justicia de la Unión de 6 de marzo de 2025, apunta la necesidad de “motivos claros y criterios objetivos” que consideran que en este caso no concurren.

El resultado de estos defectos, para la asociación, “es la ausencia de tales criterios objetivos y motivos claros”, que, en su opinión, “ponen en tela de juicio la propia medida, dentro de un contexto de presión por parte de representantes políticos y empresariales que hacen más necesario, si cabe, extremar las garantías”. “La quiebra de la forma, según el TEDH, junto con la ausencia de motivos claros, llevan a apreciar un riesgo evidente para la inamovilidad y la independencia del tribunal que JJpD no puede ignorar”, apunta.

JJpD ha solicitado también al CGPJ la suspensión de los acuerdos recurridos, recordando que la quiebra en la formación de los órganos judiciales y en el nombramiento de sus integrantes, puede llegar a ser motivo de nulidad de las resoluciones según la jurisprudencia del TEDH.

Por último, defienden que la asociación está plenamente legitimada en base a las previsiones de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial como conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para “actuar en defensa de la independencia judicial”.

JJpD traslada su confianza en las instituciones y espera que el sistema de garantías de un Estado de Derecho “robusto” conjure lo que representa un verdadero y objetivo peligro para la independencia judicial y la integridad del sistema jurisdiccional europeo.

La semana pasada, el magistrado Luís Villares acudió a apoyar al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en el homenaje vecinal organizado en Santiago de Compostela.

Cuatro magistrados han presentado su candidatura para presidir la Audiencia Provincial de Cantabria, una plaza que ha quedado vacante desde que el pasado 3 de marzo su titular, José Arsuaga, pasó a ser el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). 

El pasado 10 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la convocatoria de la plaza aprobada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la que han concurrido cuatro magistrados: Amaya Merchán, Paz Aldecoa, Jaime Anta y Ernesto Sagüillo. 

En su solicitud, los aspirantes tienen que acreditar sus méritos, que serán ponderados por una Comisión de Calificación que les citará a una comparecencia, en la que los candidatos defenderán su currículo y presentarán su programa sobre la organización y el funcionamiento del órgano. 

Entre los méritos computan el tiempo de servicio activo en la carrera judicial, los destinos en jurisdicciones de los ámbitos civil y penal, el servicio en órganos judiciales colegiados y las resoluciones de relevancia jurídica y significativa, entre otros aspectos.

Una vez concluidas las comparecencias, la Comisión de Calificación formulará una propuesta con tres aspirantes que se elevará al Pleno del Consejo General del Poder Judicial, quien decide finalmente el nombramiento. El candidato o candidata designado sustituirá a José Arsuaga, que ha ejercido como presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria desde el año 2015. El mandato dura cinco años. 

Las audiencias provinciales son tribunales de justicia que abarcan una provincia y tienen su sede en la capital respectiva. Tienen competencia sobre procesos civiles y penales. En el orden penal, juzga los delitos que llevan aparejadas penas de mayor gravedad (para las que no son competentes las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia o de otros Tribunales) y resuelve los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de Instrucción y de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer y de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria de los Tribunales de Instancia de la provincia.

“Uno de los episodios más preocupantes contra la independencia judicial en Galicia en los últimos años”. Así define la Asociación Xustiza e Sociedade de Galicia –entidad de carácter progresista que agrupa a más de 200 juristas gallegos– el traslado forzoso de dos magistrados de la Sección Tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que los aparta “de los asuntos de autorizaciónes eólicas, contratación administrativa y procedimientos de especial trascendencia pública”. La decisión, tomada “sin la existencia de criterios objetivos”, “desmantela una unidad judicial altamente especializada” y “amenaza con convertir las presiones externas en un factor determinante en la composición de los órganos jurisdiccionales”.

En un comunicado, Xustiza e Sociedade considera “gravísimos” los acuerdos adoptados el pasado 12 de marzo por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, que enviaron a la Sección Cuarta a los magistrados María Dolores López y Luís Villares. Este último, líder de En Marea entre 2016 y 2020, había sido acusado por Xunta y PP de ser “juez y parte” en causas como la paralización de los parques eólicos. Recio tomó la decisión apenas una semana después de asumir un cargo para el que había competido, precisamente, con Villares.

La asociación señala que los traslados pueden suponer “desviación de poder” porque se decidieron sin que existiesen “criterios objetivos aprobados por la Sala de Gobierno”, tal y como exige la Ley Orgánica del Poder Judicial; tampoco se dio “audiencia” a las personas afectadas, algo que, en su opinión “constituye una alteración irregular del funcionamiento jurisdiccional de la Sección y una posible vulneración de las garantías constitucionales de independencia e inamovilidad judicial”

“La Sección Tercera ha soportado durante meses presiones políticas, empresariales y mediáticas, derivadas de sus resoluciones sobre proyectos eólicos y contratación pública”. Por eso, si se une la “coincidencia temporal” entre presiones y traslados y la “ausencia de motivación reforzada”, todo junto “genera la apariencia de que la reorganización podría responder a factores ajenos al interés público”. Para la Asociación, “supone un riesgo directo para la apariencia de imparcialidad, para la confianza ciudadana en el Poder Judicial y para el funcionamiento equilibrado de una Sala especializada en asuntos de enorme relevancia”.

Reclaman la intervención del CGPJ

Xustiza e Sociedade ha enviado ya una comunicación formal a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG en la que “exige” la revisión “urgente” de los acuerdos del 12 de marzo, “la rectificación de las decisiones adoptadas y la plena restauración de los principios de legalidad, motivación y transparencia”.

Pero no se ha quedado ahí. También envió otra comunicación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que solicita la apertura de un expediente, la suspensión cautelar de los traslados y la emisión de un informe oficial sobre la conformidad legal del procedimiento. A eso suma la demanda de “medidas correctoras o disciplinarias si se confirma desviación de poder o irregularidad”.

Para la Asociación, los traslados forzosos constituyen “uno de los episodios más preocupantes contra la independencia judicial en Galicia en los últimos años”, y eso se debe a que la “reorganización” de la Sección Tercera “desmantela una unidad judicial altamente especializada, afecta directamente a magistrados con experiencia acreditada y amenaza con convertir las presiones externas en un factor determinante en la composición de los órganos jurisdiccionales”.

“Esto es absolutamente incompatible con un Estado de Derecho sólido y digno de tal nombre”, considera la entidad y, por eso, insta tanto a la Sala como al CGPJ a “actuar con contundencia, transparencia y responsabilidad, protegiendo a los magistrados afectados y garantizando que ninguna decisión interna —ni presente ni futura— pueda interpretarse como una interferencia en la independencia judicial en Galicia”. “La Justicia no puede quedar expuesta a presiones externas. La ciudadanía merece instituciones independientes y creíbles”, concluye el comunicado.

La tensión institucional vuelve a situarse en el centro del debate por el bloqueo en la renovación de instancias clave de la Justicia. El Partido Popular mantiene paralizada la designación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que tienen el mandato caducado desde el pasado diciembre, mientras que sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retrasan nombramientos esenciales en el Tribunal Supremo. Esta estrategia, que prolonga la interinidad en instancias decisivas, evidencia el pulso de la derecha por tratar de mantener o ganar influencia en los tribunales. 

Cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, el progresista Cándido Conde-Pumpido, alcanzaron el final de su mandato el pasado 17 de diciembre. Su sustitución depende del Senado, donde el PP tiene una mayoría absoluta pero insuficiente para hacer esas designaciones: le faltan 15 votos. La renovación requiere el respaldo de tres quintos de la Cámara Alta (160 votos), por lo que pasa inevitablemente por un acuerdo con el PSOE, que cuenta con 91 escaños.

Es lo que ha venido ocurriendo históricamente: PP y PSOE se reparten esos cuatro puestos y cada formación propone dos nombres. Pero esa distribución no serviría para alterar la mayoría progresista de siete votos a cinco que ha inclinado la balanza en leyes relevantes, como la amnistía, lo que hace que el PP tenga pocos incentivos para llegar a un acuerdo. 

Fuentes del PP aseguran a elDiario.es que no tienen intención de dar un perfil pactista con el PSOE en un momento de contienda electoral, con las elecciones andaluzas a la vuelta de esquina y en plena pugna con Vox. El partido de Alberto Núñez Feijóo apuesta por dilatar el bloqueo, esperar a mejorar sus resultados en las próximas elecciones generales y acercarse a esa mayoría de tres quintos del Senado, ya sea en solitario o de la mano de socios habituales como Vox o UPN. Eso le permitiría nombrar a cuatro magistrados de sensibilidad conservadora, lo que daría un vuelco a la actual distribución favorable a la izquierda.

El pasado marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, denunció en el Senado que el PP “incumple la Constitución” por no renovar “en plazo” el tribunal de garantías. “Fijemos día y hora, señora portavoz, señores del Grupo Parlamentario Popular. Nos sentamos esta misma tarde para empezar a hablar de la renovación”, dijo Bolaños. Fuentes de su departamento confirman que no se ha producido ningún contacto. 

La primera consecuencia de la decisión del PP es que los magistrados cuyo mandato está ya caducado seguirán en sus cargos hasta que lleguen sus sustitutos. Además de Conde-Pumpido, los magistrados salientes son la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último, uno de los puntales de la derecha judicial, accedió al puesto en julio de 2024 y tiene la opción de ser reelegido.

No es la primera vez que el PP bloquea la renovación del Constitucional por cálculos políticos. Ya lo hizo durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el órgano debatía la sentencia sobre el Estatut de Catalunya que acabó prendiendo la mecha que derivó en el procés. Tampoco fue nada pacífica la última renovación del tribunal de garantías que tuvo lugar en 2022. En ese caso, el relevo correspondía hacerlo al CGPJ (dos magistrados) y al Gobierno (otros dos), lo que suponía recuperar la mayoría progresista en el tribunal una década después. 

Durante tres meses, un grupo de vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces hizo imposible el acuerdo y retrasó el cumplimiento de la ley en un momento en el que beneficiaba a los progresistas. Finalmente, el sector progresista del CGPJ decidió conceder una victoria pírrica a los conservadores: dejar que impusieran a los dos magistrados a cambio de que el tribunal volviera a tener mayoría de magistrados de esa sensibilidad. Fue entonces cuando accedieron al tribunal el conservador César Tolosa y los progresistas María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez, lo que permitió que las mayorías políticas del Parlamento tuvieran su reflejo en el tribunal.

El Constitucional como contrapeso

En la actual coyuntura política, es al PSOE a quien más le interesa una renovación que le garantice mantener la actual correlación de fuerzas del Constitucional, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores. En caso de que el PP consiguiera acceder a la Moncloa, el tribunal tendría la capacidad de actuar como contrapeso ante las eventuales políticas regresivas de un PP condicionado por la extrema derecha. 

El mandato de los 12 magistrados del Constitucional se alarga durante nueve años y se renueva por tercios cada tres años. Después del tercio del Senado, la renovación de los cuatro magistrados que elige el Congreso está prevista en 2028. Esa elección también requiere una mayoría de tres quintos, por lo que suele haber un reparto con dos integrantes de sensibilidad progresista y dos conservadores. 

Así, la conformación a favor de la izquierda estaría garantizada, en principio, hasta 2031, que es cuando le tocaría el turno al Gobierno y al CGPJ. Lo habitual es que el cambio de ciclo en el Constitucional se produzca con la renovación parcial de los dos magistrados que escoge el Ejecutivo y los otros que decide el órgano de gobierno de los jueces.

En los últimos años, la mayoría progresista del Constitucional ha blindado derechos como la eutanasia o el aborto y ha respaldado otras normas relevantes para el Gobierno de coalición como la ley de vivienda o la ley rider. También ha avalado la ley de amnistía. El órgano todavía tiene pendiente algunos asuntos de mucho peso, como el regreso de Carles Puigdemont o el posible recurso del ex fiscal general contra su condena por haber filtrado el correo autoinculpatorio de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Vacante en el Supremo  

Al bloqueo en la renovación del Constitucional se suma la intención de los vocales elegidos a iniciativa del PP en el CGPJ de dilatar la elección de una vacante en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados, como el ya ex fiscal general del Estado o el exministro socialista José Luis Ábalos. Esa Sala tiene sin cubrir desde hace casi dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio y las fuentes consultadas coinciden en que su renovación no será ni mucho menos inmediata. 

Los vocales progresistas consideran imprescindible que esta plaza sea adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora. Sin embargo, las negociaciones ni siquiera se han iniciado. 

La estrategia del grupo conservador pasa por esperar a que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque. Para ello, sin embargo, habría que esperar varios meses. Los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado se jubilarán de manera forzosa el próximo junio y Juan Ramón Berdugo en septiembre. 

“Nosotros insistimos en que la plaza del turno de juristas exige una negociación independiente, pero sin mucha suerte”, sostiene un vocal de la izquierda. Pese a ello, el sector de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar tampoco ha forzado llevar al pleno una votación sobre este puesto, lo que podría evidenciar la actitud obstruccionista del otro grupo. “Ellos saben que el déficit progresista y de mujeres en la Sala Segunda es alto. Y que esta plaza debería adjudicarse a una mujer progresista. Pero prefieren paralizarla. Los ritmos los marca la derecha”, lamenta otra voz progresista.  

A pesar de que las negociaciones no se han iniciado, en las conversaciones informales previas los vocales conservadores ya han dejado claro su veto a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo, una de las candidatas más valoradas por el sector progresista. Es una catedrática con un amplio currículum y que en 2015 formó parte del “grupo de expertos” que colaboró con el PSOE en la redacción del programa de las primeras generales a las que se presentó Pedro Sánchez. Además, es cuñada de la exvicepresidenta y actual comisaria europea Teresa Ribera. 

Los vocales conservadores repiten así la estrategia urdida hace un año, cuando descartaron la elección de las progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso para la presidencia de esa misma Sala y también para la de lo Contencioso-Administrativo, las más delicadas del Supremo. Ambas acabaron renunciando, lo que allanó el camino para sus compañeros. Los progresistas transigieron y finalmente apoyaron de forma mayoritaria a los candidatos preferidos por el bloque conservador. 

Los nombramientos realizados durante el primer año de mandato evidencian que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, logró el 38% de las designaciones realizadas en la cúpula judicial. Es casi el doble de lo que consiguieron las otras tres asociaciones juntas. Además, la APM copó casi la mitad de los ascensos al Supremo, que son especialmente relevantes porque se mantienen hasta la jubilación. 

Solo unos días después de que Pedro Sánchez acordase con Junts aprobar en el Congreso una ley de amnistía a cambio de los siete votos que le faltaban para garantizar su investidura, un veterano magistrado del Supremo contestó así a la pregunta de si el Poder Judicial podría evitar la iniciativa del Poder Legislativo: “La batalla la estamos perdiendo pero, en mi ingenuidad, creo que todavía hay partido”. Dos años después, la ley de amnistía vigente no se puede aplicar al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros ex consejeros de su Gobierno por la jurisprudencia creativa que el Supremo impuso a este caso al interpretar que la malversación cometida por los altos cargos independentistas no era amnistiable.

Ese mismo magistrado del Supremo le contó a un periodista que los procedimientos judiciales en España poseen instrumentos suficientes de control para castigar a aquellos jueces que hacen mal su trabajo. El periodista le recordó entonces que eso no se cumple en algunos casos porque había instancias superiores que rechazaban recursos contra la mala praxis de instructores y protegían al juez infractor: “A veces los jueces no vigilan a los jueces, ese es el problema”.

El magistrado replicó: “Ten cuidado con sugerir la posibilidad de echar de la judicatura a jueces por mala praxis. La interpretación gubernamental de lo que se entiende por mala praxis es lo que ha permitido a Trump detener a un juez que se negó a avalar las deportaciones a El Salvador”.

El ejemplo del veterano magistrado no podía estar más lejos de la realidad española. Aquí, un juez instructor, Juan Carlos Peinado, imputó a Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa, por unas declaraciones en la fase de instrucción del caso Begoña Gómez que nunca hizo. Güemes estuvo imputado seis meses hasta que la Audiencia Provincial corrigió el despropósito. El juez siguió en su puesto sin sanción.

Peinado maltrató verbalmente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su declaración judicial, y le exigió que buscase en los despachos de Moncloa unos datos que ya estaban en el sumario. El juez le intentó imputar por un delito de malversación de fondos públicos que nunca pudo cometer y tergiversó la declaración del dirigente socialista en la exposición razonada que el Supremo rechazó. Ahora, la derecha judicial quiere archivar sin sanción la queja de Bolaños contra el juez Peinado.

Ángel Hurtado, magistrado del Supremo, acusó por escrito y sin pruebas al Gobierno de ordenar al fiscal general del Estado –“por indicaciones de Moncloa”, según un auto judicial– la filtración de un correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber cometido dos delitos fiscales. Es el mismo magistrado que cuando ejercía en la Audiencia Nacional se opuso a condenar al PP en el caso Gürtel y protegió con descaro a Rajoy durante su declaración como testigo en ese procedimiento. Unos meses después de aquello ascendió a magistrado del Supremo por decisión de un Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora.

El juez Juan José Escalonilla mantuvo durante tres años una investigación abierta a dirigentes de Podemos con hasta diez piezas separadas que mantuvieron todo ese tiempo la sospecha de corrupción sobre la formación política de izquierdas. Pero acabó archivando una a una todas las causas en las que imputó a los altos cargos de Podemos. Solo unos meses después, Escalonilla ascendió por concurso a la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.

Un juez de la Audiencia Nacional ya jubilado, Manuel García Castellón, atribuyó un supuesto delito de terrorismo al expresidente catalán, Carles Puigdemont sin una sola prueba para intentar así que no se pudiera beneficiar de la Ley de Amnistía. Pese a ello, el Tribunal Supremo decidió avalar esa investigación tras admitir a trámite una exposición razonada que incumplía las condiciones que imponía su propia jurisprudencia. Aquella investigación a Puigdemont por terrorismo se frustró solo por un olvido del instructor en la aprobación de las prórrogas necesarias.

Además de la existencia de un sistema de recursos que permite a las partes de un litigio recurrir a instancias superiores contra decisiones del juez que investiga, existe en España una comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial que también vigila el trabajo de jueces bajo sospecha.

El promotor de la acción disciplinaria es Ricardo Conde, de sensibilidad conservadora. Lleva en ese puesto ocho años –los mandatos de los vocales del Gobierno de los jueces son de cinco años– y sus propuestas en los casos polémicos conocidos tienden siempre a relativizar los insultos de jueces a ministros y altos cargos en redes sociales, o minimizar la gravedad de los excesos o errores cometidos por jueces. La derecha judicial, que manda en el CGPJ desde hace 30 años y ahora tiene mayoría absoluta en la comisión disciplinaria, avala las propuestas de Conde y deja sin sanción actuaciones bochornosas de jueces contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Aquí van algunos ejemplos.

En aquellos días de la negociación sobre la ley de amnistía (noviembre de 2023), el magistrado Manuel Ruiz de Lara, titular del juzgado número 11 de lo Mercantil en Madrid, comenzó su particular cruzada contra el Gobierno en la red social X: “Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa”, escribió. Y continuó: “Era lógico que un mentiroso patológico como @sanchezcastejon eligiese al siervo mentiroso patológico @felixbolanosg al frente del ministerio de @justiciagob para que manipulase, omitiese las exigencias de @CoeGreco y continuase la senda de ataque al @PoderJudicialEs RESISTIREMOS”. Y más: “Al igual que Grande-Marlaska, Margarita Robles, Pilar Llop, la ‘disparatada podemita’ prefieren, deshonrando la toga, arrastrarse en la indignidad por las migajas de un cargo”.  

El atrevido juez decidió eliminar su cuenta de X cuando conoció que el Consejo General del Poder Judicial decidió investigar aquellos insultos graves. El juez de los ataques era miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. La misma Asociación que aquellos días acusaba a Sánchez con mensajes apocalípticos: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”.

Dos años y medio después, el Estado de derecho en España parece firme y las reglas de la Constitución, vigentes. Los tribunales y las comunidades autónomas recurrieron la Ley de Amnistía de acuerdo con las normas del Estado de derecho y el Tribunal Constitucional avaló su constitucionalidad.

La comisión disciplinaria del CGPJ, de mayoría conservadora, archivó hace dos años las diligencias abiertas a Ruiz de Lera con varios argumentos: el juez de lo Mercantil había borrado los mensajes y no era posible comprobar si los escribió el mismo o si lo hizo identificándose como miembro de la carrera judicial. La documentación analizada acreditaba todos estos extremos, pero al promotor de la Acción Disciplinaria dictó su veredicto: “Aun dando por cierto el tuit y su autoría, en ningún caso concurriría esa otra acción que integra el tipo en cuestión de invocar la condición de juez, o de haberse servido de la misma al momento de formular sus críticas”.

El susto de Ruiz de Lara ante una posible sanción disciplinaria no le impidió insistir en sus ataques al Gobierno, aunque tuvieron que pasar dos años, con una Ley de Amnistía aprobada y respaldada por el Constitucional, para volver a la carga en 2025 contra Sánchez y su mujer, a la que llamó “Barbigoña”. La derecha del Poder Judicial, mayoritaria en la comisión disciplinaria, votó hace un mes contra la sanción a Ruiz de Lara.

Los responsables del Poder Judicial que se atreven a hablar de esta situación escudados en el anonimato admiten que muchas de las afirmaciones vertidas por jueces en las redes sociales incumplen estos principios, pero señalan que el órgano de gobierno no puede actuar contra ellos porque no son preceptos cuyo incumplimiento se pueda sancionar.

El juez Manuel Piñar Díaz, que condenó a cinco años de prisión a Juana Rivas, cargó en Facebook contra las políticas de igualdad del Gobierno de coalición. Habló de “comunismo feminazi” para referirse a Irene Montero o escribió “ladrones, corruptos” sobre una foto de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo tampoco actuó de oficio en este caso, pero sí le abrió expediente a raíz de una denuncia del abogado de Juana Rivas, a la que también criticó. El Poder Judicial archivó la queja con el siguiente argumento: “La publicación por parte de un miembro de la Carrera Judicial, en una red social, de determinadas opiniones —con independencia total de la que, a su vez, a cada cual nos merezcan—, cuando en tal medio no se hace invocación expresa de su condición profesional o cuando sea factible entender que su intervención se hace a título particular como mero ciudadano, constituye una manifestación del derecho a la libertad de expresión”.

Los Principios de Ética Judicial establecen que la imparcialidad de los miembros del Poder Judicial impone el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia. Algunos jueces incumplen de manera grosera esos principios de ética judicial y siempre contra políticos y altos cargos del mismo signo ideológico. Pero su conducta sigue impune.

La ley establece que los jueces cometerán una falta disciplinaria si dirigen “a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”. Jueces con toga se manifestaron a las puertas de los juzgados contra una ley de amnistía que ni siquiera estaba aprobada ni había comenzado a tramitarse en el Congreso de los Diputados.

La Comisión de Ética Judicial, elegida por los jueces de carrera y de abrumadora mayoría conservadora, avaló la protesta a raíz de la consulta de un profesional, preocupado por si la concentración de togados a las puertas de los juzgados afectaban al principio de independencia judicial y al deber de imparcialidad e integridad al que están sometidos los miembros de la carrera. La Comisión consideró que si el juez que se manifiesta –un derecho reconocido en la Constitución a todos los ciudadanos, según aclaró– tiene “un honesto, meditado y sincero convencimiento” de que la ley de amnistía “pueda afectar al Estado de Derecho”, su actuación no merece una sanción disciplinaria.

Desde hace un tiempo, la derecha judicial tiene el “sincero convencimiento” de que todo vale para tumbar al Gobierno que se atrevió a aprobar una ley de amnistía que perdonaba a los independentistas catalanes los delitos por los que el Supremo les condenó.