La aplicación práctica de la Ley de Memoria Democrática dará un paso inédito en Cádiz el próximo 17 de junio. Ese día comenzarán en los juzgados de San José las primeras vistas destinadas a declarar ilegítimas y nulas las condenas y represalias sufridas por cinco víctimas del franquismo, en unos procedimientos impulsados por la Asociación para la Recuperación y la Divulgación de la Memoria Histórica en Cádiz y la Fiscalía de Memoria Democrática. Es un paso que los colectivos memorialistas consideran histórico porque abre una vía judicial novedosa para reparar, aunque sea simbólicamente, a quienes fueron represaliados tras el golpe militar de julio de 1936.

No habrá acusados en el banquillo ni responsabilidades penales que depurar. Lo que se juzgará será la posibilidad de que el Estado reconozca oficialmente que cinco víctimas de la represión franquista nunca debieron ser perseguidas, condenadas o castigadas. La iniciativa parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de Cádiz, creada al amparo de la legislación estatal aprobada en 2022.

Según explica el presidente de la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica de Cádiz, Felipe Barbosa, el origen de estos procedimientos se remonta a una reunión celebrada en otoño de 2024 con el entonces recién nombrado fiscal de Memoria, José Miguel Ruiz de Molina. Los memorialistas plantearon entonces una cuestión evidente: si la persecución penal de los responsables era ya imposible por el tiempo transcurrido, ¿qué mecanismos quedaban para hacer justicia?

La respuesta fue explorar la vía de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Un procedimiento civil que permite revisar y declarar ilegítimas las actuaciones represivas sufridas por determinadas personas durante la dictadura. El objetivo no es castigar a nadie, sino restaurar oficialmente el honor y la dignidad de quienes fueron convertidos en enemigos por defender la legalidad republicana o por su actividad profesional, sindical o política.

“Fueron asesinados, apartados de sus trabajos, humillados, y sus familias tuvieron que pasar un calvario muy grande”, resume Barbosa. Lo que se busca ahora es “recuperar su anterior estatus profesional y familiar”.

Una represión sistemática

Los colectivos memorialistas ven en estas vistas la apertura de una vía judicial que nunca existió para cientos de represaliados gaditanos. Durante décadas, historiadores, investigadores y familiares han reconstruido sus historias en libros, archivos y testimonios. Ahora será un juez quien reciba esa documentación, la incorpore a un procedimiento y determine institucionalmente que aquellas condenas y represalias fueron ilegítimas.

La historia de estos expedientes comienza en una provincia donde la violencia franquista se desplegó con rapidez tras el golpe militar de julio de 1936. Cádiz fue una de las primeras ciudades en caer en manos de los sublevados. La resistencia apenas pudo sostenerse durante unas horas. Hubo barricadas, enfrentamientos armados, el Gobierno Civil cercado y el Ayuntamiento convertido en uno de los objetivos prioritarios de los golpistas. Después llegó la represión sistemática. Historiadores como José Luis Gutiérrez Molina han documentado cómo jueces, abogados y fiscales militarizados instruyeron en 1937 un total de 456 procedimientos sumarísimos de urgencia que afectaron a unas 1.300 personas. Muchos otros represaliados nunca llegaron siquiera a tener un juicio formal.

Los cinco casos seleccionados pretenden representar distintas formas de esa represión. Uno de ellos es Mariano Zapico, gobernador civil de Cádiz cuando se produjo el golpe de Estado. Como máxima autoridad del Gobierno de la República en la provincia, intentó coordinar la resistencia frente a los militares sublevados. Su caso simboliza el derrumbe violento de las instituciones democráticas y la persecución de quienes intentaron mantener la legalidad constitucional en aquellos días decisivos de julio de 1936. Barbosa lo define como la figura que trató de organizar la respuesta de ciudadanos y fuerzas leales frente a unos golpistas que contaban con una aplastante superioridad militar.

El diputado y el médico

Junto a él figura Manuel Muñoz Martínez, probablemente el dirigente republicano más relevante de la provincia de Cádiz durante la II República. Diputado en Cortes y una de las figuras políticas más influyentes del republicanismo gaditano, su incorporación a estas diligencias ha sido promovida también por su familia, encabezada por su nieta Lola Esteban. Su caso representa la persecución contra quienes encarnaron el proyecto político derrotado por la fuerza de las armas.

La historia más detalladamente documentada es quizás la de Pablo Bauzano Guillén. Nacido en Chipiona en 1904, médico municipal, miembro de Izquierda Republicana y masón desde 1927, fue jefe del Servicio de Desinfección de la Beneficencia Municipal de Cádiz. Tras el golpe siguió atendiendo a heridos en la Casa de Socorro. Primero fue sometido a arresto domiciliario y después detenido de nuevo. Entre los hechos utilizados contra él figuraba la escucha de emisoras gubernamentales a través de un aparato de radio instalado en el Parque de Desinfección Municipal.

Aquellas acusaciones desembocaron en un consejo de guerra celebrado en mayo de 1937. Bauzano fue condenado a muerte por “rebelión militar”, una paradoja jurídica que convirtió en rebeldes a quienes permanecieron fieles al Gobierno legítimo. La sentencia fue anulada por defectos formales, pero la persecución continuó. Volvió a ser juzgado, fue condenado por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, sometido a un expediente de responsabilidades políticas y depurado profesionalmente. Su trayectoria resume el funcionamiento de una maquinaria represiva que no se limitó a los fusilamientos, sino que buscó la exclusión social, profesional y económica de los vencidos.

El capitán y el sindicalista

Otro de los expedientes corresponde a Julio Ramos Hermoso, capitán de Artillería destinado en Cádiz. Fue condenado a seis años de prisión. Su presencia en estas vistas recuerda que la represión también alcanzó a militares que permanecieron leales a la República y que fueron castigados precisamente por no secundar el golpe.

La quinta historia es la de José Díaz Díaz, secretario del metal de UGT de Cádiz. Fue asesinado y se ha convertido en el representante simbólico de miles de trabajadores, sindicalistas y dirigentes obreros perseguidos tras el triunfo de los sublevados. Su nombre lleva ahora ante los tribunales la memoria de un movimiento obrero que sufrió una de las represiones más intensas de toda la provincia.

Felipe Barbosa reconoce el carácter simbólico de estos procedimientos, pero rechaza que se trate únicamente de un gesto. Él y miembros de la asociación comparecerán como testigos para ratificar la documentación histórica aportada a la Fiscalía. También participarán familiares de las víctimas. El objetivo es que los tribunales declaren la ilegalidad y la ilegitimidad de las sanciones y condenas impuestas a estas personas y que esa declaración sirva de precedente para otros muchos casos.

La importancia de lo que ocurrirá el 17 de junio reside precisamente ahí. Durante décadas, estas historias sobrevivieron en archivos, investigaciones académicas y recuerdos familiares. Ahora pasarán a formar parte de un procedimiento judicial. La aspiración de quienes han impulsado el proceso es sencilla y ambiciosa al mismo tiempo: que un juez afirme oficialmente que aquellas personas no fueron culpables de nada. Fueron víctimas. Que se haga justicia, aunque sea 90 años después.

El Govern central portarà davant del Tribunal Constitucional la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Balears, suprimida el passat mes de març per PP i Vox. La norma, aprovada el 2016, va articular un marc institucional per investigar els crims del franquisme i el reconeixement públic dels qui van ser represaliats després del cop militar de 1936. Segons ha defensat el Consell de Ministres, l'eliminació de la llei autonòmica suposa una vulneració dels drets de les víctimes del franquisme i dificulta el compliment de la legislació estatal en matèria de memòria democràtica.

La portaveu de l'Executiu espanyol, Elma Saiz, ha anunciat aquest dimarts la interposició del recurs després que fracassassin les negociacions obertes amb el Govern balear per intentar revertir la derogació del text, que preveia mesures com l'elaboració d'un cens de símbols franquistes per facilitar-ne la retirada, la prohibició d'actes d'exaltació de la dictadura, la conservació d'arxius vinculats a la memòria democràtica i la garantia d'accés a la documentació relacionada amb la repressió franquista.

El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, dirigit per Ángel Víctor Torres, va oferir al Govern obrir una via de negociació per restituir la llei. Tanmateix, les converses no varen fructificar i l'Executiu central ha optat finalment per acudir al Constitucional amb la intenció, a més, que la suspensió de la derogació es pugui aplicar de manera cautelar mentre es resol el procediment.

El Govern sosté que la decisió compta amb l'aval del Consell d'Estat, que considera que la supressió de la norma balear vulnera el deure de col·laboració de les comunitats autònomes en el desplegament de la Llei estatal de Memòria Democràtica. L'òrgan consultiu entén, a més, que la derogació afecta drets fonamentals relacionats amb la dignitat de les persones i la integritat moral de les víctimes.

L'ofensiva judicial contra la decisió adoptada a les Balears s'emmarca en la línia ja iniciada per l'Executiu de Pedro Sánchez amb comunitats autònomes com Comunitat Valenciana, Aragó i Cantàbria, les normatives de memòria històrica de les quals han estat substituïdes per “lleis de la concòrdia” que, amb el pretext de “reconciliar” els espanyols en lloc de “reobrir ferides”, equiparen el franquisme amb la democràcia, mentre manté negociacions sobre iniciatives impulsades en altres territoris com Extremadura.

El Govern central considera que aquests textos “blanquegen la dictadura franquista, neguen l'existència del cop d'Estat com a causant de la Guerra d'Espanya de 1936 a 1939, pretenen que no es conegui la veritat del que va succeir i, el que és pitjor, condemnen les víctimes novament a l'oblit”. Així mateix, sosté que aquestes reformes mantenen aspectes vinculats a les exhumacions però eliminen elements essencials relacionats amb el dret a la veritat, la reparació i les garanties de no repetició.

L'esquerra celebra la impugnació

La decisió ha estat celebrada pels grups d'esquerra a les Balears. El portaveu del PSIB-PSOE al Parlament, Iago Negueruela, ha acusat la presidenta autonòmica, Marga Prohens (PP), d'haver cedit davant Vox, defensant que el recurs suposa un fre a l'extrema dreta i assegurant que, si el Constitucional admet la impugnació i acorda mesures cautelars, la derogació podria quedar suspesa i la llei autonòmica tornaria temporalment a estar vigent.

També Més per Mallorca ha acollit positivament l'anunci. La diputada Maria Ramon ha assenyalat que recuperar la norma és especialment rellevant quan es compleixen deu anys de l'aprovació de la llei de fosses de les Balears, i ha defensat que ambdues legislacions formen part d'una mateixa política pública destinada al reconeixement i la reparació de les víctimes.

Vox, per contra, ha carregat durament contra la iniciativa de l'Executiu estatal. La seva portaveu parlamentària, Manuela Cañadas, ha qualificat el recurs de “rebequeria” i ha qüestionat que el Govern pugui impedir que una majoria parlamentària autonòmica derogui una llei aprovada pel Parlament. La diputada ha titllat, a més, d'“antidemocràtica” la possibilitat que la derogació quedi suspesa cautelarment i ha insistit que la norma eliminada era, al seu parer, “injusta i sectària”.

La derogació de la Llei de Memòria Democràtica va ser aprovada definitivament pel Parlament el març passat i va entrar en vigor després de la seva publicació al BOE el 10 d'abril. La mesura va formar part de les exigències plantejades per Vox al PP durant la legislatura i va convertir les Balears en una de les comunitats autònomes on l'agenda memorialista impulsada pel Govern central ha patit un major retrocés institucional.

El Gobierno central llevará ante el Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears, suprimida el pasado mes de marzo por PP y Vox. La norma, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. Según ha defendido el Consejo de Ministros, la eliminación de la ley autonómica supone una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

La portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz, ha anunciado este martes la interposición del recurso después de que fracasaran las negociaciones abiertas con el Govern balear para intentar revertir la derogación del texto, que contemplaba medidas como la elaboración de un censo de símbolos franquistas para facilitar su retirada, la prohibición de actos de exaltación de la dictadura, la conservación de archivos vinculados a la memoria democrática y la garantía de acceso a la documentación relacionada con la represión franquista.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ofreció al Govern abrir una vía de negociación para restituir la ley. Sin embargo, las conversaciones no fructificaron y el Ejecutivo central ha optado finalmente por acudir al Constitucional con la intención además de que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento.

El Gobierno sostiene que la decisión cuenta con el aval del Consejo de Estado, que considera que la supresión de la norma balear vulnera el deber de colaboración de las comunidades autónomas en el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática. El órgano consultivo entiende además que la derogación afecta a derechos fundamentales relacionados con la dignidad de las personas y la integridad moral de las víctimas.

La ofensiva judicial contra la decisión adoptada en Balears se enmarca en la senda ya iniciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria histórica han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia, mientras mantiene negociaciones sobre iniciativas impulsadas en otros territorios como Extremadura. El Gobierno considera que estos textos “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

La izquierda celebra la impugnación

La decisión ha sido celebrada por los grupos de izquierda en Balears. El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta autonómica, Marga Prohens (PP), de haber cedido ante Vox, defendiendo que el recurso supone un freno a la extrema derecha y aseverando que, si el Constitucional admite la impugnación y acuerda medidas cautelares, la derogación podría quedar suspendida y la ley autonómica volvería temporalmente a estar en vigor.

También Més per Mallorca ha acogido positivamente el anuncio. La diputada Maria Ramon ha señalado que recuperar la norma es especialmente relevante cuando se cumplen diez años de la aprobación de la ley de fosas de Baleares, y ha defendido que ambas legislaciones forman parte de una misma política pública destinada al reconocimiento y reparación de las víctimas.

Vox, por el contrario, ha cargado duramente contra la iniciativa del Ejecutivo estatal. Su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, ha calificado el recurso de “pataleta” y ha cuestionado que el Gobierno pueda impedir que una mayoría parlamentaria autonómica derogue una ley aprobada por el Parlament. La diputada ha tildado además de “antidemocrática” la posibilidad de que la derogación quede suspendida cautelarmente y ha insistido en que la norma eliminada era, a su juicio, “injusta y sectaria”.

La derogación de la Ley de Memoria Democrática fue aprobada definitivamente por el Parlament el pasado marzo y entró en vigor tras su publicación en el BOE el 10 de abril. La medida formó parte de las exigencias planteadas por Vox al PP durante la legislatura y convirtió a Balears en una de las comunidades donde la agenda memorialista impulsada por el Gobierno central ha sufrido un mayor retroceso institucional.

La Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD) ha denunciado el “incumplimiento” por parte de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía de los acuerdos adoptados en el Consejo de la Memoria celebrado el pasado 15 de diciembre de 2025, mediante los cuales la administración se comprometía, a iniciativa propia, a agilizar los expedientes de declaración de Lugares y Senderos de Memoria Democrática pendientes desde que el PP llegó al gobierno.

En dicho Consejo, fue la propia consejera la que estableció el funcionamiento y la planificación, acordándose la convocatoria de la Comisión de Lugares y Senderos de la Memoria con una periodicidad mensual entre enero y junio de 2026, con el objetivo de aprobar un total de 68 expedientes pendientes, informa la FAMD. “Sin embargo, transcurridos ya cinco meses del año, dicha comisión únicamente se ha reunido una sola vez, en marzo de 2026, aprobándose tan solo 8 expedientes”, añaden en un comunicado.

“De nuevo, desde la FAMD tenemos que denunciar la clara falta de voluntad política de la Junta de Andalucía con las políticas públicas de Memoria Democrática y la falta de respeto a los miembros del Consejo de la Memoria, así como la total impunidad pese al incumplimiento sistemático de la ley. A todo esto se suma el incumplimiento de la obligación de convocar el Consejo de la Memoria. La normativa establece la celebración de cuatro reuniones al año, si bien en lo que llevamos de 2026 no se ha convocado ninguna sesión”, denuncia la FAMD.

Esta “paralización administrativa” afecta “directamente al reconocimiento institucional de espacios vinculados a la lucha por las libertades democráticas y a la dignificación de las víctimas del franquismo”. Por tanto, la FAMD exige a la Consejería “el cumplimiento inmediato de los acuerdos adoptados y la convocatoria urgente tanto de la Comisión de Lugares y Senderos como del propio Consejo de la Memoria, y el desbloqueo de los expedientes que siguen pendientes”.

Consultada por este periódico, la Consejería opta por “no hacer comentarios” a esta denuncia pública de la FAMD.

Una nueva campaña de trabajos en el cementerio de Castuera ha permitido localizar restos óseos de 11 posibles víctimas de la represión franquista, según los resultados preliminares expuestos esta semana en una jornada de puertas abiertas. Los trabajos, iniciados el pasado 11 de mayo, tienen como objetivo la localización y exhumación de fosas clandestinas en este camposanto pacense.

El proyecto está promovido por el Ayuntamiento de Castuera, en colaboración con la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC), y cuenta con financiación del Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Badajoz.

Durante las dos primeras semanas de intervención, el equipo dirigido por el departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha localizado cinco zanjas longitudinales en las que se han documentado más de 30 enterramientos en ataúd y otros 11 con un patrón irregular. Según han explicado los técnicos, estos últimos presentan inhumaciones sin ataúd, posturas forzadas y la presencia de evidencias materiales como cucharas, alambres, lápices y otros elementos asociados a la vestimenta.

Entre los hallazgos destaca el denominado enterramiento número 9, en el que se observa la inhumación simultánea de un individuo adulto y otro infantil, este último de menos de diez años según las estimaciones preliminares. El individuo adulto, colocado en decúbito supino, presenta cerca de la región pélvica izquierda un dedal y un conjunto de botones, mientras que sobre la parte derecha del esqueleto se ha constatado la presencia del menor, en posición lateral.

La investigación histórica ha localizado documentación que podría relacionar estos restos con una supuesta huida de la cárcel de una mujer y su hijo de nueve años, asesinados “a consecuencia de disparos de arma de fuego” en agosto de 1941.

Los trabajos continúan abiertos y las fases posteriores permitirán obtener nuevos datos para avanzar en el proceso de identificación de los restos localizados. 

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha nuevas actuaciones de exhumación de víctimas de la represión franquista en los cementerios de Cáceres capital y Conquista de la Sierra, un proceso que se enmarca en el convenio firmado este martes con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la asociación memorialista AMECECA.

El acuerdo cuenta con una financiación inicial de 100.000 euros procedente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y permitirá desarrollar trabajos de investigación, localización, excavación y recuperación de restos humanos en ambas localizaciones.

El proyecto estará dirigido por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entidad especializada en exhumaciones y análisis forense, que coordinará las distintas fases técnicas del proceso, desde la prospección arqueológica hasta los estudios antropológicos.

Las actuaciones incluyen además la realización de análisis genéticos para la identificación de los restos, con la participación de familiares de las víctimas en la toma de muestras, lo que permitirá avanzar en la posible restitución de identidades.

En el caso del cementerio de Cáceres, las estimaciones apuntan a la posible localización de hasta 300 cuerpos, mientras que en el municipio cacereño de Conquista de la Sierra se calcula que podrían hallarse alrededor de 15 víctimas en las fosas previstas.

Desde Aranzadi se prevé iniciar los trabajos en Conquista de la Sierra en los próximos meses, con una primera fase de localización de fosas; mientras que en el cementerio de Cáceres el comienzo de las intervenciones está previsto posteriormente, una vez obtenidas las autorizaciones administrativas.

La asociación AMECECA colaborará en el proceso mediante el acompañamiento a familiares, así como en labores de divulgación y sensibilización sobre la memoria democrática y la represión sufrida durante la Guerra Civil y la dictadura.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha subrayado el compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica y ha defendido la necesidad de continuar con estos trabajos “hasta poder dar sepultura digna a las víctimas”, en un proceso que, según ha señalado, busca también ofrecer respuestas a las familias que llevan décadas esperando.

El 11 de agosto de 1975, el militante nacionalista Moncho Reboiras fue asesinado a tiros por la policía en Ferrol. Se convirtió en la última víctima mortal de la dictadura en Galicia. Un mes y medio después, el 28 de septiembre, su hermano Manuel era detenido y torturado en Padrón. Medio siglo más tarde, la suya fue la primera querella contra crímenes del franquismo admitida a trámite por un juzgado gallego. Hoy, es la única que “sigue viva”, debido a los obstáculos que la justicia sigue interponiendo a estas causas, hasta el punto de merecer un toque de atención de la ONU. A Moncho, desde hace un mes, lo recuerda en el centro de Santiago una estatua pagada por suscripción popular. El monumento no tardó en sufrir actos vandálicos y el candidato del PP ha prometido retirarlo si llega a la alcaldía.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el centro para la defensa de los derechos humanos Iridia y la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) impulsaron al menos 18 casos en los tribunales que se toparon con problemas para la instrucción. Eso fue lo que motivó su queja ante la ONU que cuatro relatores recogieron en una declaración conjunta para recordar al Gobierno español que “estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

El documento recoge varias causas gallegas, empezando por el asesinato de Moncho “en un contexto de crímenes de lesa humanidad”. La querella de su familia contra 26 agentes fue archivada por los juzgados de Ferrol. Tras agotar todos la vía judicial –incluido el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional–  se interpuso denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La misma suerte siguió la demanda de Xosé María Brañas Pérez, detenido en Lugo y torturado en A Coruña en el mismo operativo que acabó con Reboiras. También las de los vigueses Jesús Vázquez González y Francisco Domingo García Montes, torturados en la comisaría de su ciudad. En febrero, cuando los relatores redactaron el informe que se acaba de conocer, su caso estaba pendiente de que el juzgado se pronunciase sobre su admisión. Hoy, según confirma Irene A. Francés, integrante del equipo jurídico de Ceaqua en Galicia, ya espera que el Constitucional se pronuncie sobre su recurso de amparo.

Es por eso que la única “causa viva” en Galicia, según Francés, es la de Manuel Reboiras. Aquel 28 de septiembre del 75, cuando tenía 18 años, fue detenido durante un día y torturado en el cuartel de la Guardia Civil de Padrón (A Coruña). Unos meses después, el 18 de junio de 1976, ya muerto el dictador, era arrestado de nuevo y sometido a torturas en la comisaría de policía de Vigo (Pontevedra).

Ceaqua presentó la querella de Manuel en octubre de 2024, denunciando un delito de torturas en concurso con un delito de lesa humanidad. “Lo presentamos por su detención en Vigo, en el Monte do Castro pero, en el relato de los hechos, hablamos también de su detención previa, en Padrón”, relata la letrada. “El juzgado de Vigo no admitió la causa pero se inhibió de las actuaciones sobre lo sucedido en Padrón y se lo pasó al juzgado de la localidad. Esta es la única parte que aún sigue abierta”. La otra, la tortura en la comisaría viguesa, llegó hasta la apelación a la Audiencia y fue trasladada al Comité contra la Tortura de la ONU.

“Lo que trasladan los relatores de la ONU es la ausencia de investigación en casos denunciados ante los juzgados. No se está cumpliendo la obligación de perseguir, investigar y enjuiciar los crímenes internacionales cometidos en su territorio. Seguimos chocando contra un muro de impunidad”, explica por teléfono Francés a elDiario.es.

La comunicación señala que, cuando estas causas se archivan, se hace basándose en normativas internas como la Ley de Amnistia o la prescripción de delitos, algo que “el derecho internacional no permite aplicar a crímenes internacionales, de lesa humanidad y que afectan a los derechos humanos”.

La abogada achaca “a los tres poderes del Estado” la “falta de voluntad” para aplicar ese derecho internacional: “el Judicial archiva, el Ejecutivo no responde y el Legislativo sigue sin derogar la Ley de Amnistía, mantiene una Ley de Secretos Oficiales en la que falta transparencia y normativas como la Ley Mordaza”.

La estatua de Moncho

El 18 de abril se inauguró en la Carreira do Conde de Santiago, una transitada calle peatonal en el límite entre la Alameda, el Casco Histórico y el Ensanche, la estatua en homenaje a Moncho Reboiras. Esculpida en bronce, a tamaño natural, fue sufragada por las aportaciones de unas 200 personas. Su inauguración estuvo presidida por la alcaldesa de la capital gallega, la nacionalista Goretti Sanmartín.

Reboiras tenía 25 años cuando fue asesinado por la policía. Era un destacado militante de la UPG –la formación que hoy nuclea el BNG– muy activo tanto en el ámbito político como en el sindical, defensor de la creación de un frente armado para combatir el franquismo. Su figura se elevó rápidamente a la categoría de mito. En 2009, el gobierno lo reconoció como víctima de la dictadura.

Su figura comenzó a ser reivindicada, con libros como Reboiras. O camiño da rebeldía, del historiador Xurxo Martínez y el periodista Xosé Manuel Pereiro, donde se desmontan tanto la hipótesis del tiroteo como del suicidio del activista, que falleció con tres balas en la espalda. Las fundaciones Moncho Reboiras, Galiza Sempre y Terra e Tempo colocaron en diciembre un busto en su honor en Lugo, al lado del Centro Cultural O Vello Cárcere, la antigua prisión de la ciudad, convertida en símbolo de memoria. Allí ondeaba la bandera palestina que la popular Elena Candia ordenó retirar tres horas después de hacerse con el gobierno local con la ayuda de una tránsfuga.

Mientras el busto lucense no generó gran controversia, la estatua compostelana –impulsada por las mismas entidades– estuvo desde el primer momento en el centro de la polémica. Tres días después de su inauguración, la número dos del PP gallego, Paula Prado, tildó a Reboiras de “delincuente” en el Parlamento gallego. “Al único delincuente al que se le ha hecho un homenaje” y “se han dado honores” en la Cámara es “al asesino fascista Manuel Fraga”, le replicó el diputado del BNG Paulo Ríos. La Iniciativa Galega pola Memoria pidió, sin éxito, a Prado que retirase sus palabras. La respuesta desde las filas populares llegó del candidato a la alcaldía, Borja Verea, quien prometió retirarla si llega a alcalde ya que considera que “divide” a la sociedad compostelana.

Verea “retó” a la regidora a que explicase “cuál es la vinculación de Reboiras con Santiago”. Sanmartín respondió que el pleno municipal alcanzó un acuerdo “mayoritario” para rendir homenaje a Reboiras y, por eso, el ayuntamiento colaboró “en su colocación”, después de que la comisión de Patrimonio propusiese varias ubicaciones. “El PP usa la mentira y la difamación. Es un tema de memoria histórica. Reboiras fue el último asesinado por la dictadura franquista en Galicia”, concluyó.

Dos semanas después, la estatua apareció vandalizada con pintura roja. A sus pies, un texto en árabe: “No hay Dios sino comunismo. La democracia y la libertad no se consiguen con violencia, el terrorismo nunca es la solución. Los antifascistas del presente son los fascistas del futuro”. La Fundación Moncho Reboiras lo consideró un “atentado fascista”. Acusó al PP de provocar un “efecto llamada”. Prado condenó “cualquier vandalización” pero dejó claro que, en su opinión, el monumento “rompió la convivencia”.

El monument de sa Feixina, aixecat durant el franquisme per homenatjar els “caiguts” del creuer Baleares -el vaixell revoltat que va bombardejar milers de civils durant 'la Desbandà'-, torna a situar-se al centre de la tensió política i memorialista a Mallorca. La convocatòria d'una concentració del grup ultradretà Núcleo Nacional per defensar la permanència del monòlit ha deslligat una onada de crítiques de partits d'esquerres, col·lectius memorialistes i organitzacions antifeixistes, que reclamen a la Delegació del Govern que impedeixi un acte que consideren una “apologia del franquisme” i un acte d'exaltació feixista d'un espai recentment assenyalat per l'Estat com a contrari a la memòria democràtica.

La protesta, convocada sota el lema Glòria als herois, busca defensar la permanència de la icona franquista de sa Feixina després que la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica acordés incloure'l al catàleg estatal de símbols franquistes i n'ordenés la retirada. L'anunci va tenir lloc el mateix dia en què l'Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, ratificava la inclusió del monument al Catàleg municipal d'Edificis i Elements Protegits, cosa que li atorga el màxim grau de protecció patrimonial. 

Núcleo Nacional, que reivindica postulats supremacistes i combina missatges contra la immigració amb referències al “llegat” hitlerià, l'exaltació de la “raça” i l'estètica neonazi clàssica, ha intentat expandir-se per diferents ciutats mitjançant la promoció de campanyes xenòfobes i discursos d'odi i la barreja de simbologia nazi, falangista i franquista.

La Delegació del Govern ha precisat que la concentració no ha estat “autoritzada” expressament, sinó comunicada conforme al procediment administratiu habitual. La Policia supervisarà l'acte per comprovar que no es produeixin exaltacions feixistes ni vulneracions de la Llei de Memòria Democràtica.

La convocatòria ha provocat una intensa mobilització a les xarxes socials. Organitzacions com la Coordinadora Antifeixista de Mallorca i Alerta Antifeixista acusen l'Ajuntament de Palma -governat per PP i Vox- i la Delegació del Govern de tolerar la concentració i d'atorgar “impunitat” a grups neonazis mentre, denuncien, es posen “travetes burocràtiques” a col·lectius socials i d'esquerres per organitzar activitats a l'espai públic.

La Coordinadora Antifeixista de Mallorca sosté a més que l'elecció de sa Feixina no és casual, sinó que busca reivindicar un símbol lligat al franquisme i al creuer Baleares, un dels responsables del bombardeig dut a terme el 1937 contra la població que fugia de Màlaga a Almeria en plena ofensiva feixista. El col·lectiu vincula el grup amb accions recents com els atacs al bust d'Aurora Picornell -activista sindical assassinada pel franquisme la nit de reis de 1937 i icona del republicanisme a Mallorca- o agressions a militants d'esquerres i recorda, així mateix, els aldarulls protagonitzats per membres de l'organització a Madrid. També sostenen que integrants de Núcleo Nacional mantenen vincles amb el grup ultra Devenir Europeo, conegut per reivindicar el “legat d'Hitler”.

La plataforma alerta que l'illa està vivint un intent d'implantació d'organitzacions d'extrema dreta similars a les que han guanyat presència en ciutats com Madrid, Barcelona o València, vinculant-les amb accions com els atacs perpetrats contra el bust d'Aurora Picornell o agressions a militants d'esquerres. També denuncia que integrants de l'organització ultra mantenen vincles amb el grup ultra Devenir Europeo, conegut per reivindicar el “legat d'Hitler”.

“Defensar la memòria és defensar la dignitat dels nostres pobles. Contra l'oblit i el feixisme: ens trobaran als carrers”, assenyala un dels manifestos difosos per la Coordinadora Antifeixista a les xarxes socials, en què crida a la mobilització antifeixista davant la protesta convocada a sa Feixina. “No hi ha espai per als neonazis”, insisteix.

Des de les formacions polítiques, Més per Mallorca ha presentat formalment una petició davant la Delegació del Govern perquè no autoritzi la concentració. El diputat Vicenç Vidal sosté que l'acte suposaria l'“enaltiment del franquisme, el feixisme, anirà contra la memòria i ridiculitzarà les víctimes”, recordant el paper clau del creuer Baleares en la represió després del cop franquista de 1937.

Per la seva banda, l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha reclamat a la Delegació del Govern que desautoritzi la concentració de Núcleo Nacional, deixant clar, tanmateix, que l'entitat defensa el monument pels seus “valors culturals històrics i arquitectònics”. Els conservacionistes han expressat la seva “indignació” davant el fet que sigui un grup d'ideologia ultradretana i contrari “als drets universals” el que s'erigeixi en “defensor” del monòlit. En una nota de premsa, ARCA assenyala que, “evidentment”, Núcleo Nacional “cerca protagonisme” i “fer apologia de la seva ideologia destructiva a expenses de posar en perill el monument”.

L'entitat ha rebutjat, en aquest sentit, qualsevol “utilització partidista” del monument, posicionant-se a favor de la “veritat històrica” i dels “valors constitucionals”.

L'anunci de la protesta ha reobert l'històric conflicte al voltant del monument de sa Feixina. Des de fa més d'una dècada, associacions memorialistes i partits d'esquerra reclamen el seu enderrocament en considerar-lo un símbol d'exaltació franquista, mentre sectors conservadors defensen que va ser resignificat i convertit en un monument a totes les víctimes de la Guerra Civil. El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica va fer un pas decisiu el passat mes de març en ordenar-ne la retirada i incorporar-lo al catàleg estatal de vestigis franquistes. La decisió va xocar amb la postura de l'Ajuntament de Palma, que manté la seva defensa de la conservació del monòlit.

El monumento de sa Feixina, levantado durante el franquismo para homenajear a los “caídos” del crucero Baleares -el buque sublevado que bombardeó a miles de civiles durante 'La Desbandá'-, vuelve a situarse en el centro de la tensión política y memorialista en Mallorca. La convocatoria de una concentración del grupo ultraderechista Núcleo Nacional para defender la permanencia del monolito ha desatado una oleada de críticas de partidos de izquierdas, colectivos memorialistas y organizaciones antifascistas, que reclaman a la Delegación del Gobierno que impida un acto que consideran una “apología del franquismo” y un acto de exaltación fascista de un espacio recientemente señalado por el Estado como contrario a la memoria democrática.

La protesta, convocada bajo el lema Gloria a los héroes, busca defender la permanencia del icono franquista de sa Feixina después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordara incluirlo en el catálogo estatal de símbolos franquistas y ordenara su retirada. El anuncio tuvo lugar el mismo día en que el Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ratificaba la inclusión del monumento en el Catálogo municipal de Edificios y Elementos Protegidos, lo que le otorga el máximo grado de protección patrimonial. 

Núcleo Nacional, que reivindica postulados supremacistas y combina mensajes contra la inmigración con referencias al “legado” hitleriano, la exaltación de la “raza” y la estética neonazi clásica, ha intentado expandirse por distintas ciudades mediante la promoción de campañas xenófobas y discursos de odio y la mezcla de simbología nazi, falangista y franquista.

La Delegación del Gobierno ha precisado que la concentración no ha sido “autorizada” expresamente, sino comunicada conforme al procedimiento administrativo habitual. La Policía supervisará el acto para comprobar que no se produzcan exaltaciones fascistas ni vulneraciones de la Ley de Memoria Democrática.

La convocatoria ha provocado una intensa movilización en redes sociales. Organizaciones como la Coordinadora Antifeixista de Mallorca y Alerta Antifeixista acusan al Ayuntamiento de Palma -gobernado por PP y Vox- y a la Delegación del Gobierno de tolerar la concentración y de otorgar “impunidad” a grupos neonazis mientras, denuncian, se ponen “trabas burocráticas” a colectivos sociales y de izquierdas para organizar actividades en el espacio público.

La Coordinadora Antifeixista de Mallorca sostiene además que la elección de sa Feixina no es casual, sino que busca reivindicar un símbolo ligado al franquismo y al crucero Baleares, uno de los responsables del bombardeo llevado a cabo en 1937 contra la población que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista. El colectivo vincula al grupo con acciones recientes como los ataques al busto de Aurora Picornell -activista sindical asesinada por el franquismo en la noche de reyes de 1937 e icono del republicanismo y en Mallorca- o agresiones a militantes de izquierdas y recuerdan, asimismo, los disturbios protagonizados por miembros de la organización en Madrid. También sostienen que integrantes de Núcleo Nacional mantienen vínculos con el grupo ultra Devenir Europeo, conocido por reivindicar el “legado de Hitler”.

La plataforma alerta de que la isla está viviendo un intento de implantación de organizaciones de extrema derecha similares a las que han ganado presencia en ciudades como Madrid, Barcelona o València, vinculándolas con acciones como los ataques perpetrados contra el busto de Aurora Picornell o agresiones a militantes de izquierdas. También denuncia que integrantes de la organización ultra mantienen vínculos con el grupo ultra Devenir Europeo, conocido por reivindicar el “legado de Hitler”.

“Defender la memoria es defender la dignidad de nuestros pueblos. Contra el olvido y el fascismo: nos encontrarán en las calles”, señala uno de los manifiestos difundidos por la Coordinadora Antifeixista en redes sociales, en el que llama a la movilización antifascista frente a la protesta convocada en sa Feixina. “No hay espacio para los neonazis”, insiste.

Desde las formaciones políticas, Més per Mallorca ha presentado formalmente una petición ante la Delegación del Gobierno para que no autorice la concentración. El diputado Vicenç Vidal sostiene que el acto supondría el “enaltecimiento del franquismo, el fascismo, irá contra la memoria y ridiculizará a las víctimas”, recordando el papel clave del crucero Baleares en la represión tras el golpe franquista de 1937.

Por su parte, la Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha reclamado a la Delegación del Gobierno que desautorice la concentración de Núcleo Nacional, dejando claro, sin embargo, que la entidad defiende el monumento por “sus valores culturales históricos y arquitectónicos”. Los conservacionistas han expresado su “indignación” ante el hecho de que sea un grupo de ideología ultraderechista y contrario “a los derechos universales” el que se erija en “defensor” del monolito. En una nota de prensa, ARCA señala que, “evidentemente”, Núcleo Nacional “busca protagonismo” y “hacer apología de su ideología destructiva a expensas de poner en peligro el monumento”.

La entidad ha rechazado, en este sentido, cualquier “utilización partidista” del monumento, posicionándose a favor de la “verdad histórica” y de los “valores constitucionales”.

El anuncio de la protesta ha reabierto el histórico conflicto alrededor del monumento de sa Feixina. Desde hace más de una década, asociaciones memorialistas y partidos de izquierda reclaman su derribo al considerarlo un símbolo de exaltación franquista, mientras sectores conservadores defienden que fue resignificado y convertido en un monumento a todas las víctimas de la Guerra Civil. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática dio un paso decisivo el pasado mes de marzo al ordenar su retirada e incorporarlo al catálogo estatal de vestigios franquistas. La decisión chocó con la postura del Ayuntamiento de Palma, que mantiene su defensa de la conservación del monolito.

La Diputación de Cáceres entregará este jueves la tercera edición del Premio de Memoria Histórica y Democrática 'Conchita Viera', que rinde homenaje a esta vecina del municipio cacereño de Valencia de Alcántara que dedicó su vida a la búsqueda y dignificación de su padre, Amado Viera, asesinado durante el franquismo en 1936.

Con este premio se reconocen de forma pública las trayectorias profesionales, investigaciones y proyectos que contribuyen de manera activa al fortalecimiento de la memoria democrática.

El fallo del jurado se dará a conocer a partir de las 19.30 horas en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco de la capital cacereña.

El evento contará con una destacada presencia cultural y periodística, ya que será conducido por la escritora Nieves Concostrina y musicalizado por el cantante Juan Valderrama.

Asimismo, en la ceremonia participarán alumnos del Conservatorio Elemental de Danza 'El Brocense' y la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres.

El certamen consolida el legado de Conchita Viera como un referente de la memoria democrática en la provincia y sitúa la historia de reparación de Valencia de Alcántara en el centro de este reconocimiento institucional.

El premio busca mantener el compromiso con la dignificación de todas las personas represaliadas por motivos políticos, ideológicos o sociales.

En septiembre de 1983, una niña tutelada por el Estado falleció al caer desde una ventana situada en el tercer piso de un reformatorio en Madrid. Tenía 14 años, vestía un suéter sobre la ropa interior y llevaba un tatuaje con el nombre de otra chica. Había sido detenida dos veces: una, por fugarse con su hermana; otra, acusada de ejercer la prostitución.

El lunes de su muerte, a la hora del desayuno, de la ventana colgaba una cuerda con sábanas. Un intento de fuga. O tal vez un suicidio. Caso cerrado. La niña se llamaba Inmaculada Valderrama y el centro era el de Nuestra Señora del Pilar, en San Fernando de Henares, reformatorio vinculado al Patronato de Protección a la Mujer, una de las redes represivas más longevas y opacas de la dictadura franquista. El lugar donde enviaban a las niñas más rebeldes. El lugar donde vigilar y castigar.

Escribe Nerea Barjola: “La protección es una tecnología del poder. Nos vacía de vida, de opciones y de posibilidades”. Señala Marta García: “Bajo el paraguas de la protección, en realidad lo que se esconde es el control a los cuerpos, las actitudes y los comportamientos de las mujeres”. Desarrolla María Palau: “Sí que hay una protección. Una protección al régimen y a las mujeres que no son encerradas. Unas son encerradas para ser castigadas, pero también para advertir al resto de mujeres, para que no contaminen al resto”.

Las investigadoras feministas llevan décadas abordando los mecanismos del poder sobre el control de los cuerpos, de las vidas, de la moral de las mujeres. El castigo a una que sirve como castigo a todas. La advertencia. La vigilancia.

María Palau y Marta García llevan años estudiando el Patronato de Protección a la Mujer. Forman parte de una red de investigadoras y supervivientes que tratan de desentrañar el oscuro funcionamiento de estos centros que, bajo el aparente control de la prostitución, se convirtieron en unas cárceles de niñas y control de la moralidad pública. En 2023 publicaron Indignas hijas de su Patria, un trabajo de investigación periodística que vio la luz gracias a la Beca Josep Torrent de Periodisme d'Investigació otorgada por la Unió de Periodistes Valencians y la Institució Alfons El Magnànim. Prologado por Esther López Barceló, fue el germen de una obsesión: averiguar qué sucedió para que una niña de 14 años apareciera muerta en el patio del reformatorio. Y en la vida y muerte de Inmaculada encontraron un caso paradigmático, que encierra los elementos comunes de las supervivientes del Patronato y las fragilidades de la joven democracia española en la época.

Por entonces, las periodistas y la historiadora apenas contaban con varios recortes de prensa que hablaban del caso de Inmaculada Valderrama y escasas referencias al centro de San Fernando de Henares. Tres años después, las investigadoras han documentado una cadena de negligencias e incongruencias en torno al caso del reformatorio, a cargo de una orden religiosa y, en última instancia, del Ministerio de Justicia, según denuncian. El resultado del trabajo es Inmaculada: La muerte que precipitó el final del Patronato, un ensayo en formato 'true crime' publicado por Libros del KO y que ha sido una de las obras más vendidas de la Feria del Libro de Valencia.

El libro está plagado de dudas, como señalan las investigadoras, sombras a imagen del propio Patronato. “En pleno 1983 tenemos el caso de una niña que muere tutelada por el Ministerio de Justicia en un reformatorio, pero su caso deja más incógnitas que respuestas”, señalan. Las pesquisas abren incógnitas “tanto sobre el propio caso de Inmaculada, sobre la gestión de los centros; a veces reformatorios, a veces casi prisiones. Es muy representativo de lo que es la transición”, señalan en conversación con elDiario.es. “En el caso de Inmaculada, estas dudas o estas incógnitas se magnifican: por qué llega Inmaculada al patronato, por qué es encerrada allí, cómo funcionaba el centro en el que ella estaba internada... Y se añaden las incógnitas en torno a su muerte, desde ese levantamiento del cadáver que realiza un juez de paz que desde el principio está mal hecho, hasta el cierre en falso del caso”, expresan.

En el viaje de tres años, las investigadoras se topan con decenas de barreras para acceder a documentación, carpetas vacías, silencios. Apenas un oficio policial y una investigación judicial breve, que archiva el caso como un suicidio. Pero también encuentran voces elocuentes, como una familia que cuarenta años después conoce el expediente de su hermana más joven, un forense que reitera las dudas sobre la autopsia que realizó, y los testimonios de supervivientes del patronato, que relatan los abusos de los centros regentados por órdenes religiosas.

Una cárcel de los pecados

Inmaculada cometió tres pecados por los que fue encerrada y castigada, explican las autoras. “El primero es que venía de una familia humilde de Andalucía, una familia rural de padres analfabetos, con 12 hijos. El segundo, por lo que se le acusa, es que un fin de semana decide irse con su hermana a Madrid, se fugan de casa. Este primer internamiento sí que se le comunica a su madre, una madre que no sabe dónde están sus hijas, que no sabe nada. Y el tercer pecado de Inmaculada sería ser lesbiana. Las mujeres que se salían de la identidad sexual o de la orientación sexual heterosexual eran encerradas también”.

Las autoras accedieron a un informe elaborado por un psicólogo en 1981 sobre las internas de Nuestra Señora del Pilar, una encuesta realizada a varias menores. “Nos encontramos con que el nexo común que tenían todas ellas es que tenían problemas dentro de casa. Ninguna había cometido ningún delito. Algunas se fugaron debido precisamente a esos problemas y nunca, en ningún momento, este señor que les pregunta ¿qué te ha pasado? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Qué te han hecho? Es una pregunta que está constantemente presente en el libro”, apuntan. “Ese informe es revictimizador con ellas, porque de alguna forma las responsabiliza de que los problemas que tienen; evidentemente, todos vienen derivados en última instancia de la mala educación que han recibido por tener familias desestructuradas”, explica López Barceló. “En los años cuarenta sí podemos hablar de un factor socioeconómico y de muchas niñas huérfanas que se ven abocadas a la prostitución o a la mendicidad por una cuestión de supervivencia. Pero este factor se diluye prácticamente en el mismo momento de fundación del patronato, porque delincuencia e inmoralidad se fusionan completamente. Es al final una cárcel de los pecados”, añade Palau. La pobreza, la familia, la moral.

El fin del patronato

La muerte de Inmaculada provocó la indignación del municipio madrileño de San Fernando de Henares. Intervino el alcalde, el Consejo Superior del Menor, se celebraron manifestaciones. Y también aceleró el proceso de expulsión de las órdenes religiosas de los centros, hasta su cierre dos años después. El periódico El PAÍS recoge en abril de 1985: “El cierre del reformatorio de San Fernando de Henares acabará con una situación ”digna de las novelas de Dickens“.

Responsabilidad y reparación

La muerte de Inmaculada se produce en 1983, cinco años después de la aprobación de Constitución española, y queda fuera del amparo de la ley de Amnistía. Es un hecho sucedido en democracia “que no ha sido reparado”, señala López Barceló. “La parte que nos tocaba a las investigadoras está hecha, ahora le toca al Estado”, plantea, poniendo sobre la mesa una reparación económica para la familia.

El objetivo de las investigadoras es “que las víctimas dejen de sentir vergüenza. Romper silencios para contar las violaciones de derechos humanos. Que las familias que llevan años calladas puedan dar el paso”, añade Palau, que reclama que se revisen los convenios con las órdenes religiosas que siguen en los mismos espacios. No sirve una disculpa simbólica. García concluye, sumándose a sus compañeras: “Queríamos reescribir su historia, contar que a Inmaculada no solo le pasó la muerte”.

Cinquanta anys després de la mort de Franco, Roser Rius continua recordant amb nitidesa els crits i les tortures als calabossos de la Direcció General de Seguretat -principal centre de detenció i tortura policial durant la dictadura, avui seu de la Reial Casa de Correus i declarat Lloc de Memòria malgrat el boicot de la Comunitat de Madrid. Militant de la Lliga Comunista Revolucionària, va ser detinguda a Madrid l'octubre de 1974 durant una caiguda policial contra la seva organització. Durant els interrogatoris va ser colpejada i sotmesa a tortures físiques i psicològiques per agents de la Brigada Polític-Social, entre els quals es trobava Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, qui li va destrossar els peus a cops mentre alternava les pallisses amb converses aparentment normals. “Ells volien que sentissis que allà no eres ningú. Fins que no passaves davant d'un jutge, pràcticament no existies”, recorda.

En aquesta entrevista concedida a elDiario.es, Rius (Barcelona, 1947) recorda com, després de passar pels calabossos de la DGS, va ser empresonada durant catorze mesos a la presó madrilenya de Yeserías. Allà va escriure cartes i va convertir el dibuix en una forma de resistència i de comunicació amb l'exterior. “Dibuixar m'ajudava a treure coses de dins”, explica. Ara ha reconstruït aquella experiència a Memòria dibuixada. Presó de Yeserías (1974-1975), un diari il·lustrat travessat no només per la tortura i la represió, sinó també pels petits gestos quotidians d'afecte i supervivència: un cafè després de repartir octavetes, una carta enviada clandestinament, la solidaritat entre preses o l'emoció de descobrir, després de dies de cops i interrogatoris, que ningú havia delatat ningú. “Sentíem que els haviem vençut”, subratlla.

Querellant contra Billy el Niño i activista memorialista des de fa dècades, Rius denuncia que les tortures dutes a terme per l'aparell policial franquista “no eren excessos aïllats”, sinó “part d'un sistema organitzat”. La il·lustradora, qui ha estat a Palma per participar en la jornada 'Malgrat la por, la solidaritat i la memòria. Relats de presó de dones durant el franquisme', organitzada per la Universitat de les Illes Balears (UIB), qüestiona, així mateix, el relat oficial de la Transició: “No tenien cap interès real a acabar amb allò. Tenien interès a maquillar una mica el règim per a Europa i que els seus negocis continuassin funcionant”.

A Memòria dibuixada hi ha escenes molt quotidianes -un desdejuni, una conversa, un comiat- just abans de la seva detenció. Quina importància té recuperar aquesta vida quotidiana que la dictadura va intentar trencar?

Quan hi ha una malaltia, una desaparició o, en aquest cas, una detenció, el que fèiem abans sempre queda molt marcat. D'alguna manera sabíem que en qualsevol moment podien detenir-nos, però intentàvem fer una vida el més normal possible: treballar, trobar-te amb els amics després dins del que la clandestinitat ens permetia, anar a prendre una canya després d'una manifestació o un cafè després d'haver repartit fulls. Tot això ho trobaves molt a faltar a la presó.

D'alguna manera sabíem que en qualsevol moment podien detenir-nos, però intentàvem fer una vida el més normal possible: treballar, trobar-te amb els amics o, dins del que la clandestinitat ens permetia, anar a prendre una canya després d'una manifestació o un cafè després d'haver repartit fulls

Relata que quan la van detenir va sentir fins i tot “el final de la por a ser detinguda”.

Així és... Com les veies venir, perquè hi havia moltíssimes detencions, judicis i caigudes a Madrid i a Barcelona, vivies amb la por al cos, com se sol dir. Llavors, en el moment en què em van detenir, vaig pensar: “Ja ha passat. Ha passat allò que durant tant de temps havies pensat i temut que podia passar”.

Descriu la Direcció General de Seguretat (DGS) com “el palau del terror” i parla de l'absència actual de plaques o memòria a l'edifici. Què recorda amb més nitidesa d'aquelles hores a la DGS?

El més dur eren els interrogatoris, que es feien en despatxos, de vegades amb molts homes alhora. Evidentment, hi havia els cops, la tortura psicològica i, en el meu cas, intentaven fer-me creure que en Francesc, el meu company, estava molt malament i que li havien pegat molt al carrer. També hi havia els crits que escoltaves constantment. No sabies si eren reals o si hi posaven una cinta. I sobretot hi havia aquella sensació que allà tu no eres ningú. Ells volien que no fossis ningú i que sabessis que podien fer amb tu el que volguessin. Recordo que una metgessa, quan jo vaig cridar que volia saber què li havien fet al meu company, em va respondre: “Vostè aquí no té cap dret”. I tenia raó. Eres allà, a les seves mans, i fins que no passaves davant d'un jutge pràcticament no existies. Aquella sensació era molt forta.

A la Direcció General de Seguretat volien que no fossis ningú i que sabessis que podien fer amb tu el que volguessin. Estabes allà, a les seves mans, i fins que no passaves davant d'un jutge pràcticament no existies. Aquesta sensació era molt forta

Al mateix temps, també era molt forta la sensació que aquella gent era exactament el que esperaves que fossin: uns desgraciats, uns malnacuts. No hi havia cap síntoma d'humanitat que pogués fer-te canviar d'idea. Eren els representants perfectes d'una dictadura. I això, vulguis o no, també reforçava les teves conviccions. Als calabossos, quan estaves a baix, senties que la vida seguia al carrer perquè senties les petjades i veies les cames de la gent passar. Pensaves: “Mira, la vida segueix allà fora”. Aquesta sensació també la tenies a la presó, veient els balcons i la vida al voltant. Era com si tu estiguessis vivint una altra vida obligada, una cosa semblant al conte de La bella dorment.

Al seu llibre apareix molt la memòria del cos: els cops, el cansament, la por. Creu que el cos conserva records que mai desapareixen?

Sí, com quan ens van traslladar als calabossos de Saleses, on vam estar tres dies abans de declarar davant del jutge. Ja només el fet d'arribar allà ja suposava un canvi. El teu cos estava contusionat, ple de ferides, però senties que allò ja era una altra cosa. I a més hi va haver una cosa molt important: ningú de la nostra caiguda va parlar ni va delatar ningú. Això ens va donar moltíssima força. Quan ens van ficar a la furgoneta que ens portava des de la DGS fins al Palau de Justícia, anàvem eufòrics. Semblava que ens haguessin donat un premi, encara que jo tenia els peus destrossats i gairebé no podia caminar.

Mirava els altres: el 'Peque', que estava fet un naufragi, la 'Cuchi', a qui havien obligat a fer 'el pato' [tortura que els policies exercien obligant el detingut a ajupir-se amb les mans per sota dels genolls mentre el colpejaven], altres companys plens de cops... Sentíem una sensació... jo diria que de les més plenes que he tingut a la meva vida. Era com pensar: “Hem guanyat, els hem vençut”. I això que ni tan sols ens coneixíem tots. A una de les companyes detingudes no la coneixia de res, a una altra molt poc i amb una altra sí que hi tenia més relació. Després, a la presó, totes quatre ens vam fer molt amigues.

Ningú de la nostra caiguda va parlar ni va delatar ningú. Això ens va donar moltíssima força

Explica que Billy el Niño alternava cops amb converses aparentment normals. Quin efecte psicològic tenia allò?

Jo ho vivia pensant que aquell paio estava com una 'xota'. Amb el temps em vaig assabentar que teníem la mateixa edat, 27 anys, però en aquell moment no podia imaginar-ho. No em cabia al cap que una espècie de desgraciat així pogués tenir aleshores la mateixa edat que jo. Començava parlant-me que havia estat a Barcelona i jo pensava: “Aquest paio es creu que estem en un cafè?”. Només podies pensar que tenia un excés d'alguna cosa que no li anava bé. Però, més enllà d'això, dubto molt que allò pogués produir un efecte diferent. No crec que una persona detinguda pugui pensar que hi ha un policia que vol fer-se amic seu després d'haver-te donat una pallissa.

Amb el temps em vaig assabentar que Billy el Niño i jo teníem la mateixa edat, 27 anys, però en aquell moment no ho podia imaginar. No em cabia al cap que una espècie de desgraciat així pogués tenir aleshores la mateixa edat que jo

Considera que allò forma part d'un sistema organitzat?

Les tortures no eren un fet aïllat. Com escric al llibre, darrere de cada torturador hi havia un sistema que els preparava i protegia. A l'actualitat, dues vegades al mes, fem assemblees al carrer, davant de Via Laietana, que era la gran comissaria de Barcelona: allà escoltes nombrosos testimonis i, si no ho hagués sabut ja abans -perquè vaig estar a la presó amb 200 o 300 detingudes-, m'hauria adonat ara: les coses es repeteixen. I es repeteixen a tot arreu, a totes les ciutats i a tots els llocs.

Ells tenien una sèrie de protocols, fins i tot per escrit. Els aprenien en campaments de formació policial. Hi havia tota una sèrie de pràctiques que aplicaven, de vegades amb més violència i altres amb menys. De vegades no sabies molt bé per què. En el nostre cas, a més, feia tres setmanes que [l'11 de gener de 1977] s'havia produït l'atemptat de la cafeteria Rolando, davant de la DGS: van morir tretze persones, entre elles un policia. Aquell els havia encès moltíssim i potser estaven especialment rabiosos. Nosaltres no teníem res a veure ni amb allò ni amb cap tipus de violència armada, però igualment ens donaven cops. Recordo fins i tot que alguna vegada, mentre ens pegaven, deien alguna cosa així com: “Aquest cop és pel que li van fer al meu company”. I allà sí que notaves clarament que estaven molt enfadats.

Les tortures no eren un fet aïllat. Darrere de cada torturador hi havia un sistema que els preparava i protegia

Era també el dibuix una manera de resistir a la deshumanització de la càrcer?

Sempre m'ha agradat dibuixar i m'he guanyat la vida amb això. Dibuixar em feia sentir bé i era una forma de treure coses que d'una altra manera em resultava més difícil expressar. També era una forma de comunicació amb el meu company. Alguns dibuixos no podia enviar-se'ls, però d'altres sí. Hi havia dibuixos molt conscients, com els de la Direcció General de Seguretat, perquè volia reflectir coses que havien ocorregut allà. Un dels primers que vaig fer tot just sortir de presó buscava expressar com una persona pot sentir-se completament dominada per la violència sense necessitat de dibuixar directament els cops. Jo soc il·lustradora de llibres infantils i em costa molt expressar determinades coses relacionades amb l'odi. Per això intentava buscar altres formes de transmetre aquella sensació. Dibuixar em va servir de vàlvula d'escapament.

Un dels primers dibuixos que vaig fer tot just sortir de presó buscava expressar com una persona pot sentir-se completament dominada per la violència sense necessitat de dibuixar directament els cops. Jo sóc il·lustradora de llibres infantils i em costa molt expressar determinades coses relacionades amb l'odi

Un altre dels dibuixos que vaig fer reflecteix una tortura que no tenia una explicació senzilla: l'anomenaven 'el pato' i era molt humiliant perquè t'obligaven a ajupir-te amb les mans lligades per sota de les cames mentre et donaven puntades de peu i cops. Si duies temps militant, intentaves resistir per no acabar caient-hi perquè sabies que això els encantava. Una de les companyes que la va patir encara no havia complit els divuit anys. També hi havia una altra tortura sistemàtica: lligar-nos a un radiador i colpejar-nos repetidament a la planta dels peus: “pim, pam, pim, pam”. L'efecte d'allò el vaig intentar explicar després al poema inicial del llibre.

(Jo vaig tenir els peus negres

l’octubre de 1974,

negres, verats de verd i de morat.

El dolor pujava pels turmells

morint a mitja cama.

A còpia de cops,

l’ànima de ferro de la porra

va dibuixar una geografia

de la tortura sobre la meva pell.

L’amor, les idees, la solidaritat

van embolcallar la meva por.

Protegint-me de la delació.

Més tard, les negres ungles

van caure una a una.

I, al mig dels peus,

m’hi van quedar uns estigmes

rodons, com monedes.

Jo vaig tenir els peus negres

a l’octubre de l’any 74,

però els cops,

com el mall contra el ferro,

van forjar la meva força).

Relata al seu llibre el component específicament masclista de la violència i també com, malgrat compartir espai amb altres preses polítiques molt diferents entre si, es va crear una gran solidaritat a Yeserías. Va ser aquella xarxa de suport el que els va permetre resistir?

La sort va ser poder comptar amb companyes en qui podies recolzar-te. Bàsicament eren companyes del meu partit, encara que vam estar molt poc temps juntes perquè les tres noies que havien detingut amb mi van quedar en llibertat al cap de dos mesos. Després, dins la presó, hi havia tanta gent que anaves buscant afinitats. Jo estava amb dones d'altres partits i d'altres organitzacions i amb algunes vam establir relacions molt bones i moltíssima solidaritat.

Era una qüestió de supervivència, d'autodefensa, de formar un grup que pogués sostenir-se. Perquè un lloc tancat, ja sigui una presó, un convent o qualsevol altre lloc, acaba generant dinàmiques molt particulars i has de saber distingir moltes coses i no deixar-te arrossegar. Però, si aconsegueixes construir amistat, companyerisme i aliances amb persones que més o menys pensen com tu, això ajuda moltíssim, perquè sentir-se sola és molt dur. Jo vaig tenir companyes basques i una altra de Madrid, i amb elles vaig fer una relació especialment forta. En general em vaig portar bé amb gairebé tothom.

Jo estava amb dones d'altres partits i d'altres organitzacions, i amb algunes vam establir relacions molt bones i moltíssima solidaritat. Era una qüestió de supervivència, d'autodefensa, de formar un grup que pogués sostenir-se

S'ha explicat suficientment la repressió específica que van patir les dones durant el franquisme?

Jo crec que en els últims anys s'ha anat obrint molt tota aquesta part de la memòria, perquè durant molt de temps tot el relacionat amb la postguerra va estar molt ocult, tant en el cas de les dones com en el dels homes. A poc a poc això s'ha anat coneixent i moltes vegades han estat elles mateixes qui han acabat escrivint, buscant testimonis de les seves companyes d'aleshores i fent treballs molt interessants. Moltes ja no hi són, però els seus fills o els seus nets han continuat aquesta tasca. I després també han arribat dones d'altres generacions.

Crec que des de fa uns anys hi ha molt més coneixement i moltes més ganes de donar aquest testimoni. El meu llibre s'inscriu precisament en aquest exercici de memòria col·lectiva que molta gent estem impulsant. El que passa és que el protagonisme masculí sempre ha estat molt fort i durant molt de temps semblava que les dones només havien tingut un paper de suport. Les dones democràtiques eren les que cuidaven els presos, per exemple, quan en realitat també hi havia dones preses. Les dones van quedar invisibilitzades, com si no haguessin lluitat.

Abans parlava de l'orgull que sentien de no haver delatat companys. Com ho recorda avui?

És una cosa que et serveix sempre en algun moment dur. Penses: “A mi allò no em va fer abaixar el cap. La policia no va aconseguir doblegar-me, així que tu tampoc ho faràs”. No és que vagis explicant la teva vida constantment, però en el fons estàs dient a aquella persona: “A mi no”. Si no em va enfonsar la policia, aquesta persona tampoc ho aconseguirà. I això et dóna força. Per sort són moments molt concrets, però alguna vegada a la vida et trobes amb algú i penses: “Tu a mi no, eh?”. No sé si és fortalesa o supervivència. Suposo que és intentar extreure alguna cosa del que t'ha passat.

Què sent en pensar que molts torturadors van morir sense ser jutjats? Què va sentir en el cas de Billy el Nen?

El cas d'Antonio González Pacheco va ser molt curiós i contradictori. Tant la Comuna com l'associació d'ex-presos el que volíem era poder presentar querelles i portar aquesta gent a judici. Llavors, quan durant la pandèmia va morir Antonio González Pacheco, d'entrada em vaig alegrar i vaig pensar: “Mira, un menys”. Però gairebé immediatament alguns companys em van dir: “Ja no podrem jutjar-lo, se n'ha anat”. I aleshores em va donar moltíssima ràbia.

És un sentiment contradictori perquè tampoc desitges la mort de ningú, però t'adones que se'n van morint i desapareix la possibilitat de jutjar-los. I això està passant amb molts protagonistes tant de la política com de la policia franquista. Billy el Niño encara va morir relativament jove, tindria 72 o 73 anys. El mateix passa amb Martín Villa. Havia de comparèixer fa uns mesos a Alacant i al final ha aconseguit evitar-ho. Havien aconseguit que una jutgessa el cités a declarar [per la mort el 1976 de l'antifranquista Teófilo del Valle a mans de la Policia Armada], però sembla que sempre aconsegueixen moure peces i esquivar aquest moment.

Quan durant la pandèmia va morir Antonio González Pacheco, d'entrada em vaig alegrar i vaig pensar: 'Mira, un menys'. Però gairebé immediatament alguns companys em van dir: ‘Ja no podrem jutjar-lo, se n'ha anat’. És un sentiment contradictori, perquè no desitges la mort de ningú, però t'adones que se'n van morint i desapareix la possibilitat de jutjar-los

Durant dècades, la Llei d'Amnistia ha estat presentada com un dels pilars de la Transició. És del parer que l'Estat espanyol ha estat més a prop de protegir els botxins que de reparar les víctimes?

Sí, està claríssim. L'altre dia vaig ser en una universitat parlant amb professors de Dret i ells m'ho explicaven molt millor del que puc fer-ho jo. Deien que els articles de la Llei d'Amnistia que blindaven jutges, policies i militars es van introduir gairebé al final, amb moltíssima pressió dels propis aparells franquistes. I això va ser el que la va convertir en una mena de llei de punt final, que a més segueix vigent. És veritat que gràcies a aquesta llei va sortir molta gent de presó perquè encara quedaven prou presos polítics. Però, al mateix temps, també va servir per cobrir completament les esquenes dels qui havien participat en la repressió.

En països com Argentina aquestes lleis de punt final van acabar derrogant-se parcialment i aquí també podrien modificar-se aquests articles. No necessàriament tota la llei, perquè hi ha parts que van afectar positivament molta gent represaliada. Però, segons m'explicaven aquests professors, el que fa falta és voluntat política: que els legisladors canviïn la llei. Aleshores els jutges no tindrien més remei que aplicar també aquesta modificació.

Gràcies a la llei d'amnistia va sortir molta gent de presó, perquè encara quedaven bastants presos polítics. Però al mateix temps també va servir per cobrir completament les esquenes dels qui havien participat en la repressió

Per què creu que Espanya continua sent una anomalia a Europa en la investigació dels crims del franquisme? Potser ha pesat més la voluntat de “passar pàgina” que la de depurar responsabilitats?

Perquè tot estava 'atado y bien atado'. Amb la Transició, el franquisme no es va trencar del tot. Hi va haver eleccions lliures, sí, però qui van ser els primers que van guanyar aquelles eleccions? Eren franquistes. Era Adolfo Suárez. Aquella gent, com anava a canviar completament una cosa que havia defensat durant quaranta anys? No tenien cap interès real a acabar amb allò. Tenien interès a maquillar una mica el règim per a Europa, perquè els seus negocis poguessin funcionar millor, però al final van prevaler els seus propis interessos. A més, els anava molt bé tenir al darrere uns quants militars amenaçant constantment amb un cop d'estat. Des de la mort de Franco hi va haver amenaces contínues i, especialment entre 1979 i 1981, l'ambient estava ple d'aquesta pressió militar fins que va arribar el cop del 23F. Hi havia molta por que allò pogués tornar enrere.

Què sent quan organismes internacionals qüestionen la compatibilitat de la Llei d'Amnistia amb els principis del dret internacional sobre veritat, justícia i reparació per a les víctimes de delictes de lesa humanitat?

Hauríem d'aconseguir que tot això es revisés a fons. Per a mi, la major reparació seria precisament aquesta: reconèixer que lluitàvem per coses que avui són completament legals i que, a més, formen part dels drets humans, com el dret de reunió o el dret de manifestació. Lluitàvem per això, entre moltes altres coses. Que hi hagués un reconeixement clar que allò pel que vam ser condemnats era completament injust i que els qui van participar en aquesta repressió -jutges, policies- van ser responsables de crims de lesa humanitat.

Encara que la majoria ja hagin mort, almenys hauria de quedar constància pública d'això. I els qui segueixen vius no haurien de continuar cobrant privilegis o sobresous vinculats a aquella repressió. Perquè la policia cobrava sobresous per les nostres detencions i per les nostres tortures. I aquests complements els han continuat cobrant durant anys. Com pot ser això? Això sí que seria una manera de demostrar que realment existeix voluntat d'assumir el que va ocórrer.

Li preocupa el revisionisme actual sobre la dictadura franquista i l'auge dels discursos que la relativitzen?

Sí, clar, especialment entre la gent jove. També és veritat que he anat a alguns instituts i universitats i, de moment, no m'he trobat ningú que defensés obertament la dictadura. Jo sempre els dic: “Si penseu una altra cosa, podeu dir-ho i ho parlem”. Però ningú m'ha dit a la cara que la dictadura fos una cosa a enyorar. El problema és que la democràcia té molts defectes, els polítics tenen molts defectes i hi ha molta corrupció. I si la gent jove no coneix realment el que va ser allò, pot acabar pensant que era un món molt ordenat i molt senzill.

L'extrema dreta sempre presenta alternatives senzilles, una espècie de nou paternalisme: “No pensis massa, no et moguis i no passarà res”. Aquest tipus de missatges poden fer molt de mal i ja ho estan fent. A més, les xarxes socials han ajudat moltíssim a això i al darrere hi ha diners i mecanismes molt potents. Per això nosaltres hem d'intentar explicar al màxim tot el que sabem, oferir alternatives noves i, a més, dir-los als joves que pensin. Si realment pensen que allò era millor vol dir que alguna cosa passa, però que facin l'esforç de reflexionar abans de dir-ho.

Què li agradaria que entengués algú de 20 anys en llegir avui el seu llibre?

Quan presento el llibre sempre dic que m'agradaria molt anar a instituts. Ja m'han sortit algunes oportunitats de fer-ho i també he anat a un parell d'aules universitàries. A mi m'interessa parlar amb la gent jove. No sé si els joves de 20 anys estan llegint el llibre. Sé d'alguna persona jove que sí l'ha llegit, però crec que la majoria de lectors són persones que senten que allò també va ser el seu moment, encara que no patissin directament la repressió: gent que ara té entre 65 i 85 anys i que va viure aquella època d'una manera o altra. M'agradaria que els joves el llegissin i em diguessin què pensen, però, sobretot, m'agradaria que reflexionessin davant d'aquests discursos d'odi i aquests missatges tan simples que circulen per les xarxes socials i que acaben calant tant.

M'agradaria que els joves llegissin 'Memòria dibuixada' i em diguessin què pensen, però, sobretot, m'agradaria que reflexionessin davant dels discursos d'odi i els missatges tan simples que circulen per les xarxes socials i que acaben calant tant

Què creu que Espanya encara no ha volgut mirar de cara sobre la dictadura? Pensa que hi ha encara una cultura de protecció cap a determinades estructures heretades del franquisme?

Jo crec que, després de tants anys des de la Transició, molta gent ni tan sols s'ho pregunta. Hi ha algunes persones que sí que ens ho preguntem molt, però gran part de la societat no ha volgut qüestionar-se realment què va passar. Si tu els dius: “Saps que tota aquesta gent era la mateixa que la del Tribunal d'Ordre Públic? Que simplement se li va canviar el nom i que eren els mateixos jutges i els mateixos fiscals?”, molta gent no ho sap o no ha volgut veure-ho.

Però són coses que nosaltres tenim molt clares: hi va haver tota una política destinada a això, no va ser una cosa que sortís sola. I els va anar bé. Va ser una política d'oblit impulsada des de dalt a la qual van contribuir els partits polítics, la premsa… tothom. Tot allò va tenir molta força i, com que a més les coses havien millorat una mica, van decidir no mirar què és el que estava passant, tota la repressió que hi va haver als carrers a finals dels setanta i principis dels vuitanta. Es va instal·lar aquesta idea de: “Bé, és que estem a Europa”, “ja tenim democràcia, ja podem votar”.

Mentre uns deien que calia “tancar les ferides”, hi havia famílies buscant els seus morts a les fosses sense que gairebé ningú en parlés...

De fet, els qui van començar la lluita per la memòria democràtica perquè tot això es veiés van ser les persones que tenien els seus pares o avis a les cunetes. Van ser ells qui van començar a presentar querelles, fins i tot a Argentina. No es van creure aquest discurs que tot estava ja superat. Les ferides eren tan profundes que els descendents encara les porten a sobre i continuen volent tancar-les de veritat.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, Roser Rius continúa recordando con nitidez los gritos y las torturas en los calabozos de la Dirección General de Seguridad -principal centro de detención y tortura policial durante la dictadura, hoy sede de la Real Casa de Correos y declarada Lugar de Memoria pese al boicot de la Comunidad de Madrid. Militante de la Liga Comunista Revolucionaria, fue detenida en Madrid en octubre de 1974 durante una caída policial contra su organización. Durante los interrogatorios fue golpeada y sometida a torturas físicas y psicológicas por agentes de la Brigada Político-Social, entre quienes se encontraba Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, quien le destrozó los pies a golpes mientras alternaba las palizas con conversaciones aparentemente normales. “Ellos querían que sintieras que allí no eras nadie. Hasta que no pasabas delante de un juez, prácticamente no existías”, recuerda.

En esta entrevista concedida a elDiario.es, Rius (Barcelona, 1947) recuerda cómo, tras pasar por los calabozos de la DGS, fue encarcelada durante catorce meses en la prisión madrileña de Yeserías. Allí escribió cartas y convirtió el dibujo en una forma de resistencia y de comunicación con el exterior. “Dibujar me ayudaba a sacar cosas de dentro”, explica. Ahora ha reconstruido aquella experiencia en Memòria dibuixada. Presó de Yeserías (1974-1975), un diario ilustrado atravesado no solo por la tortura y la represión, sino también por los pequeños gestos cotidianos de afecto y supervivencia: un café después de repartir octavillas, una carta enviada clandestinamente, la solidaridad entre presas o la emoción de descubrir, tras días de golpes e interrogatorios, que nadie había delatado a nadie. “Sentíamos que les habíamos vencido”, subraya.

Querellante contra Billy el Niño y activista memorialista desde hace décadas, Rius denuncia que las torturas llevadas a cabo por el aparato policial franquista “no eran excesos aislados”, sino “parte de un sistema organizado”. La ilustradora, quien ha estado en Palma para participar en la jornada 'Malgrat la por, la solidaritat i la memòria. Relats de presó de dones durant el franquisme', organizada por la Universitat de les Illes Balears (UIB), cuestiona, asimismo, el relato oficial de la Transición: “No tenían ningún interés real en acabar con aquello. Tenían interés en maquillar un poco el régimen para Europa y que sus negocios siguieran funcionando”.

En Memòria dibuixada hay escenas muy cotidianas -un desayuno, una conversación, una despedida- justo antes de su detención. ¿Qué importancia tiene recuperar esa vida cotidiana que la dictadura intentó romper?

Cuando hay una enfermedad, una desaparición o, en este caso, una detención, lo que estábamos haciendo antes siempre queda muy marcado. De alguna forma sabíamos que en cualquier momento podían detenernos, pero intentábamos hacer una vida lo más normal posible: trabajar, encontrarte con los amigos después dentro de lo que la clandestinidad nos permitía, ir a tomar una caña tras una manifestación o un café después de haber repartido octavillas. Todo eso lo echabas mucho a faltar en prisión.

De alguna forma sabíamos que en cualquier momento podían detenernos, pero intentábamos hacer una vida lo más normal posible: trabajar, encontrarte con los amigos después dentro de lo que la clandestinidad nos permitía, ir a tomar una caña tras una manifestación o un café después de haber repartido octavillas

Relata que cuando la detuvieron sintió incluso “el fin del miedo a ser detenida”.

Así es... Como las veías venir, porque había muchísimas detenciones, juicios y caídas en Madrid y en Barcelona, vivías con el miedo en el cuerpo, como se suele decir. Entonces, en el momento en que me detuvieron, pensé: “Ya ha pasado. Ha pasado eso que durante tanto tiempo habías pensado y temido que podía ocurrir”.

Describe la Dirección General de Seguridad (DGS) como “el palacio del terror” y habla de la ausencia actual de placas o memoria en el edificio. ¿Qué recuerda con más nitidez de aquellas horas en la DGS?

Lo más duro eran los interrogatorios, que se hacían en despachos, a veces con muchos hombres a la vez. Evidentemente estaban los golpes, la tortura psicológica y, en mi caso, intentaban hacerme creer que Francesc, mi compañero, estaba muy mal y que le habían pegado muchísimo en la calle. También estaban los gritos que escuchabas constantemente. No sabías si eran reales o si ponían una cinta. Y sobre todo estaba esa sensación de que allí tú no eras nadie. Ellos querían que no fueses nadie y que supieses que podían hacer contigo lo que quisieran. Recuerdo que una médica, cuando yo grité que quería saber qué le habían hecho a mi compañero, me respondió: “Usted aquí no tiene ningún derecho”. Y tenía razón. Estabas allí, en sus manos, y hasta que no pasabas delante de un juez prácticamente no existías. Esa sensación era muy fuerte.

En la Dirección General de Seguridad querían que no fueses nadie y que supieses que podían hacer contigo lo que quisieran. Estabas allí, en sus manos, y hasta que no pasabas delante de un juez prácticamente no existías. Esa sensación era muy fuerte

Al mismo tiempo, también era muy fuerte la sensación de que aquella gente era exactamente lo que esperabas que fueran: unos desgraciados, unos malnacidos. No había ningún síntoma de humanidad que pudiera hacerte cambiar de idea. Eran los representantes perfectos de una dictadura. Y eso, quieras o no, también reforzaba tus convicciones. En los calabozos, cuando estabas abajo, sentías que la vida seguía en la calle porque oías las pisadas y veías las piernas de la gente pasar. Pensabas: “Mira, la vida sigue ahí fuera”. Esa sensación también la tenías en prisión, viendo los balcones y la vida alrededor. Era como si tú estuvieras viviendo otra vida obligada, algo parecido al cuento de La bella durmiente.

En su libro aparece mucho la memoria del cuerpo: los golpes, el cansancio, el miedo. ¿El cuerpo conserva recuerdos que nunca desaparecen?

Sí, como cuando nos trasladaron a los calabozos de Salesas, donde estuvimos tres días antes de declarar ante el juez. Ya solo el hecho de llegar allí suponía un cambio. Tu cuerpo estaba magullado, lleno de heridas, pero sentías que aquello ya era otra cosa. Y además hubo algo muy importante: nadie de nuestra caída habló ni delató a nadie. Eso nos dio muchísima fuerza. Cuando nos metieron en la camioneta que nos llevaba desde la DGS hasta el Palacio de Justicia, íbamos eufóricos. Parecía que nos hubieran dado un premio, aunque yo tenía los pies destrozados y casi no podía andar.

Miraba a los demás: al 'Peque', que estaba hecho un naufragio; a la 'Cuchi', a la que habían obligado a hacer 'el pato' [tortura que los policías ejercían obligando al detenido a agacharse con las manos por debajo de las rodillas mientras lo golpeaban], a otros compañeros llenos de golpes… Sentíamos una sensación... yo diría que de las más plenas que he tenido en mi vida. Era como pensar: “Hemos ganado, les hemos vencido”. Y eso que ni siquiera nos conocíamos todos. A una de las compañeras detenidas no la conocía de nada, a otra muy poco y con otra sí tenía más relación. Después, en prisión, las cuatro nos hicimos muy amigas.

Nadie de nuestra caída habló ni delató a nadie. Eso nos dio muchísima fuerza

Explica que Billy el Niño alternaba golpes con conversaciones aparentemente normales. ¿Qué efecto psicológico tenía aquello?

Yo lo vivía pensando que aquel tipo estaba como una 'chota'. Con el tiempo me enteré de que teníamos la misma edad, 27 años, pero en aquel momento no podía imaginarlo. No me cabía en la cabeza que una especie de desgraciado así pudiera tener entonces la misma edad que yo. Comenzaba hablándome de que había estado en Barcelona y yo pensaba: “¿Este tío se cree que estamos en un café?”. Solo podías pensar que tenía un exceso de alguna cosa que no le iba bien. Pero, más allá de eso, dudo mucho que aquello pudiera producir un efecto diferente. No creo que una persona detenida pueda pensar que hay un policía que quiere hacerse amigo suyo después de haberte dado una paliza.

Con el tiempo me enteré de que Billy el Niño y yo teníamos la misma edad, 27 años, pero en aquel momento no podía imaginarlo. No me cabía en la cabeza que una especie de desgraciado así pudiera tener entonces la misma edad que yo

¿Considera que aquello parte de un sistema organizado?

Las torturas no eran un hecho aislado. Como escribo en el libro, detrás de cada torturador había un sistema que los preparaba y protegía. En la actualidad, dos veces al mes, hacemos asambleas en la calle, delante de Via Laietana, que era la gran comisaría de Barcelona: allí escuchas numerosos testimonios y, si no lo hubiera sabido ya antes -porque estuve en prisión con 200 ó 300 detenidas-, me habría dado cuenta ahora: las cosas se repiten. Y se repiten en todas partes, en todas las ciudades y en todos los lugares.

Ellos tenían una serie de protocolos, incluso por escrito. Los aprendían en campamentos de formación policial. Había toda una serie de prácticas que aplicaban, a veces con más violencia y otras con menos. A veces no sabías muy bien por qué. En nuestro caso, además, hacía tres semanas que [el 11 de enero de 1977] se había producido el atentado de la cafetería Rolando, delante de la DGS: murieron trece personas, entre ellas un policía. Aquello les había encendido muchísimo y puede que estuvieran especialmente rabiosos. Nosotros no teníamos nada que ver ni con aquello ni con ningún tipo de violencia armada, pero igualmente nos daban golpes. Recuerdo incluso que alguna vez, mientras nos pegaban, decían algo así como: “Este golpe es por lo que le hicieron a mi compañero”. Y ahí sí notabas claramente que estaban muy enfadados.

Las torturas no eran un hecho aislado. Detrás de cada torturador había un sistema que los preparaba y protegía

¿Era también el dibujo una manera de resistir a la deshumanización de la cárcel?

Siempre me ha gustado dibujar y me he ganado la vida con ello. Dibujar me hacía sentir bien y era una forma de sacar cosas que de otra manera me resultaba más difícil expresar. También era una forma de comunicación con mi compañero. Algunos dibujos no podía enviárselos, pero otros sí. Había dibujos muy conscientes, como los de la Dirección General de Seguridad, porque quería reflejar cosas que habían ocurrido allí. Uno de los primeros que hice nada más salir de prisión buscaba expresar cómo una persona puede sentirse completamente dominada por la violencia sin necesidad de dibujar directamente los golpes. Yo soy ilustradora de libros infantiles y me cuesta mucho expresar determinadas cosas relacionadas con el odio. Por eso intentaba buscar otras formas de transmitir aquella sensación. Dibujar me sirvió de válvula de escape.

Uno de los primeros dibujos que hice nada más salir de prisión buscaba expresar cómo una persona puede sentirse completamente dominada por la violencia sin necesidad de dibujar directamente los golpes. Yo soy ilustradora de libros infantiles y me cuesta mucho expresar determinadas cosas relacionadas con el odio

Otro de los dibujos que hice refleja una tortura que no tenía una explicación sencilla: la llamaban 'el pato' y era muy humillante porque te obligaban a agacharte con las manos atadas por debajo de las piernas mientras te daban patadas y golpes. Si llevabas tiempo militando, intentabas resistir para no acabar cayendo porque sabías que eso les encantaba. Una de las compañeras que la sufrió todavía no había cumplido los dieciocho años. También otra tortura sistemática era la de atarnos a un radiador y golpearnos repetidamente en la planta de los pies: ‘pim, pam, pim, pam’. El efecto de aquello lo intenté explicar después en el poema inicial del libro.

(Jo vaig tenir els peus negres / Yo tuve los pies negros

l’octubre de 1974, / en octubre de 1974,

negres, verats de verd i de morat. / negros, veteados de verde y de morado.

El dolor pujava pels turmells / El dolor subía por los tobillos

morint a mitja cama. / muriendo a media pierna.

A còpia de cops, / A fuerza de golpes,

l’ànima de ferro de la porra / el alma de hierro de la porra

va dibuixar una geografia / dibujó una geografía

de la tortura sobre la meva pell. / de la tortura sobre mi piel.

L’amor, les idees, la solidaritat / El amor, las ideas, la solidaridad

van embolcallar la meva por. / envolvieron mi miedo.

Protegint-me de la delació. / Protegiéndome de la delación.

Més tard, les negres ungles / Más tarde, las uñas negras

van caure una a una. / fueron cayendo una a una.

I, al mig dels peus, / Y, en medio de los pies,

m’hi van quedar uns estigmes / me quedaron unos estigmas

rodons, com monedes. / redondos, como monedas.

Jo vaig tenir els peus negres / Yo tuve los pies negros

a l’octubre de l’any 74, / en octubre del año 74,

però els cops, / pero los golpes,

com el mall contra el ferro, / como el mazo contra el hierro,

van forjar la meva força. / forjaron mi fuerza).

Relata en su libro el componente específicamente machista de la violencia y también cómo, pese a compartir espacio con otras presas políticas muy distintas entre sí, se creó una gran solidaridad en Yeserías. ¿Fue aquella red de apoyo lo que les permitió resistir?

La suerte fue poder contar con compañeras en las que podías apoyarte. Básicamente eran compañeras de mi partido, aunque estuvimos muy poco tiempo juntas porque las tres chicas que habían detenido conmigo quedaron en libertad al cabo de dos meses. Después, dentro de prisión, había tanta gente que ibas buscando afinidades. Yo estaba con mujeres de otros partidos y de otras organizaciones y con algunas establecimos relaciones muy buenas y muchísima solidaridad.

Era una cuestión de supervivencia, de autodefensa, de formar un grupo que pudiera sostenerse. Porque un lugar cerrado, ya sea una prisión, un convento o cualquier otro sitio acaba generando dinámicas muy particulares y tienes que saber distinguir muchas cosas y no dejarte arrastrar. Pero, si consigues construir amistad, compañerismo y alianzas con personas que más o menos piensan como tú, eso ayuda muchísimo, porque sentirse sola es muy duro. Yo tuve compañeras vascas y otra de Madrid y con ellas hice una relación especialmente fuerte. En general me llevé bien con casi todo el mundo.

Yo estaba con mujeres de otros partidos y de otras organizaciones, y con algunas establecimos relaciones muy buenas y muchísima solidaridad. Era una cuestión de supervivencia, de autodefensa, de formar un grupo que pudiera sostenerse

¿Se ha contado suficientemente la represión específica que sufrieron las mujeres durante el franquismo?

Yo creo que en los últimos años se ha ido abriendo mucho toda esta parte de la memoria, porque durante mucho tiempo todo lo relacionado con la posguerra estuvo muy oculto, tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres. Poco a poco eso se ha ido conociendo y muchas veces han sido ellas mismas quienes han acabado escribiendo, buscando testimonios de sus compañeras de entonces y haciendo trabajos muy interesantes. Muchas ya no están, pero sus hijos o sus nietos han continuado esa labor. Y después también han llegado mujeres de otras generaciones.

Creo que desde hace unos años hay mucho más conocimiento y muchas más ganas de dar este testimonio. Mi libro se inscribe precisamente en ese ejercicio de memoria colectiva que mucha gente estamos impulsando. Lo que pasa es que el protagonismo masculino siempre ha sido muy fuerte y durante mucho tiempo parecía que las mujeres solo habían tenido un papel de apoyo. Las mujeres democráticas eran las que cuidaban de los presos, por ejemplo, cuando en realidad también había mujeres presas. Las mujeres quedaron invisibilizadas, como si no hubieran luchado.

Hablaba antes del orgullo que sentían de no haber delatado a compañeros. ¿Cómo lo recuerda hoy?

Es algo que te sirve siempre en algún momento duro. Piensas: “A mí aquello no me hizo bajar la cabeza. La policía no consiguió doblegarme, así que tú tampoco lo vas a hacer”. No es que vayas contando tu vida constantemente, pero en el fondo estás diciéndole a esa persona: “A mí no”. Si no me hundió la policía, esta persona tampoco lo va a conseguir. Y eso te da fuerza. Por suerte son momentos muy concretos, pero alguna vez en la vida te encuentras con alguien y piensas: “Tú a mí no, ¿eh?”. No sé si es fortaleza o supervivencia. Supongo que es intentar extraer algo de lo que te ha pasado.

¿Qué siente al pensar que muchos torturadores murieron sin ser juzgados? ¿Qué sintió en el caso de Billy el Niño?

Lo de Antonio González Pacheco fue muy curioso y contradictorio. Tanto la Comuna como la asociación de expresos lo que queríamos era poder presentar querellas y llevar a esta gente a juicio. Entonces, cuando durante la pandemia murió Antonio González Pacheco, de entrada me alegré y pensé: “Mira, uno menos”. Pero casi inmediatamente algunos compañeros me dijeron: “Ya no podremos juzgarlo, se ha ido”. Y entonces me dio muchísima rabia.

Es un sentimiento contradictorio porque tampoco deseas la muerte de nadie, pero te das cuenta de que se van muriendo y desaparece la posibilidad de juzgarlos. Y eso está pasando con muchos protagonistas tanto de la política como de la policía franquista. Billy el Niño todavía murió relativamente joven, tendría 72 o 73 años. Lo mismo pasa con Martín Villa. Debía comparecer hace unos meses en Alicante y al final ha conseguido evitarlo. Habían logrado que una jueza lo citara a declarar [por la muerte en 1976 del antifranquista Teófilo del Valle a manos de la Policía Armada], pero parece que siempre consiguen mover piezas y esquivar ese momento.

Cuando durante la pandemia murió Antonio González Pacheco, de entrada me alegré y pensé: 'Mira, uno menos’. Pero casi inmediatamente algunos compañeros me dijeron: ‘Ya no podremos juzgarlo, se ha ido’. Es un sentimiento contradictorio, porque no deseas la muerte de nadie, pero te das cuenta de que se van muriendo y desaparece la posibilidad de juzgarlos

Durante décadas, la Ley de Amnistía ha sido presentada como uno de los pilares de la Transición. ¿Siente que el Estado español ha estado más cerca de proteger a los verdugos que de reparar a las víctimas?

Sí, está clarísimo. El otro día estuve en una universidad hablando con profesores de Derecho y ellos me lo explicaban mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo. Decían que los artículos de la Ley de Amnistía que blindaban a jueces, policías y militares se introdujeron casi al final, con muchísima presión de los propios aparatos franquistas. Y eso fue lo que la convirtió en una especie de ley de punto final, que además sigue vigente. Es verdad que gracias a esa ley salió mucha gente de prisión porque todavía quedaban bastantes presos políticos. Pero, al mismo tiempo, también sirvió para cubrir completamente las espaldas de quienes habían participado en la represión.

En países como Argentina esas leyes de punto final acabaron derogándose parcialmente y aquí también podrían modificarse esos artículos. No necesariamente toda la ley, porque hay partes que afectaron positivamente a mucha gente represaliada. Pero, según me explicaban estos profesores, lo que hace falta es voluntad política: que los legisladores cambien la ley. Entonces los jueces no tendrían más remedio que aplicar también esa modificación.

Gracias a la ley de amnistía salió mucha gente de prisión, porque todavía quedaban bastantes presos políticos. Pero al mismo tiempo también sirvió para cubrir completamente las espaldas de quienes habían participado en la represión

¿Por qué cree que España continúa siendo una anomalía en Europa en la investigación de los crímenes del franquismo? ¿Ha pesado más la voluntad de “pasar página” que la de depurar responsabilidades?

Porque todo estaba 'atado y bien atado'. Con la Transición, el franquismo no se rompió del todo. Hubo elecciones libres, sí, pero ¿quiénes fueron los primeros que ganaron aquellas elecciones? Eran franquistas. Era Adolfo Suárez. Aquella gente, ¿cómo iba a cambiar completamente algo que había defendido durante cuarenta años? No tenían ningún interés real en acabar con aquello. Tenían interés en maquillar un poco el régimen para Europa, para que sus negocios pudieran funcionar mejor, pero al final prevalecieron sus propios intereses. Además, les iba muy bien tener detrás a unos cuantos militares amenazando constantemente con un golpe. Desde la muerte de Franco hubo amenazas continuas y, especialmente entre 1979 y 1981, el ambiente estaba lleno de esa presión militar hasta que llegó el golpe del 23F. Había mucho miedo a que aquello pudiera volver atrás.

¿Qué siente cuando organismos internacionales cuestionan la compatibilidad de la Ley de Amnistía con los principios del derecho internacional sobre verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes de lesa humanidad?

Deberíamos conseguir que todo esto se revisara a fondo. Para mí, la mayor reparación sería precisamente esa: reconocer que luchábamos por cosas que hoy son completamente legales y que, además, forman parte de los derechos humanos, como el derecho de reunión o el derecho de manifestación. Luchábamos por eso, entre otras muchas cosas. Que hubiera un reconocimiento claro de que aquello por lo que fuimos condenados era completamente injusto y de que quienes participaron en esa represión -jueces, policías- fueron responsables de crímenes de lesa humanidad.

Aunque la mayoría ya hayan muerto, al menos debería quedar constancia pública de ello. Y los que siguen vivos no deberían continuar cobrando privilegios o sobresueldos vinculados a aquella represión. Porque la policía cobraba sobresueldos por nuestras detenciones y por nuestras torturas. Y esos complementos los han seguido cobrando durante años. ¿Cómo puede ser eso? Eso sí sería una manera de demostrar que realmente existe voluntad de asumir lo que ocurrió.

¿Le preocupa el revisionismo actual sobre la dictadura franquista y el auge de los discursos que la relativizan?

Sí, claro, especialmente entre la gente joven. También es verdad que he ido a algunos institutos y universidades y, de momento, no me he encontrado a nadie que defendiera abiertamente la dictadura. Yo siempre les digo: “Si pensáis otra cosa, podéis decirlo y lo hablamos”. Pero nadie me ha dicho a la cara que la dictadura fuera algo a añorar. El problema es que la democracia tiene muchos defectos, los políticos tienen muchos defectos y hay mucha corrupción. Y si la gente joven no conoce realmente lo que fue aquello, puede acabar pensando que era un mundo muy ordenado y muy sencillo.

La extrema derecha siempre presenta alternativas sencillas, una especie de nuevo paternalismo: “No pienses demasiado, no te muevas y no pasará nada”. Ese tipo de mensajes pueden hacer mucho daño y ya lo están haciendo. Además, las redes sociales han ayudado muchísimo a eso y detrás hay dinero y mecanismos muy potentes. Por eso nosotros tenemos que intentar explicar al máximo todo lo que sabemos, ofrecer alternativas nuevas y, además, decirles a los jóvenes que piensen. Si realmente piensan que aquello era mejor quiere decir que algo pasa, pero que hagan el esfuerzo de reflexionar antes de decirlo.

¿Qué le gustaría que entendiera alguien de 20 años al leer hoy su libro?

Cuando presento el libro siempre digo que me gustaría mucho ir a institutos. Ya me han salido algunas oportunidades de hacerlo y también he ido a un par de aulas universitarias. A mí me interesa hablar con la gente joven. No sé si los jóvenes de 20 años están leyendo el libro. Sé de alguna persona joven que sí lo ha leído, pero creo que la mayoría de lectores son personas que sienten que aquello también fue su momento, aunque no sufrieran directamente la represión: gente que ahora tiene entre 65 y 85 años y que vivió aquella época de una manera u otra. Me gustaría que los jóvenes lo leyeran y me dijeran qué piensan, pero, sobre todo, me gustaría que reflexionaran frente a esos discursos de odio y esos mensajes tan simples que circulan por las redes sociales y que acaban calando tanto.

Me gustaría que los jóvenes leyeran 'Memòria dibuixada' y me dijeran qué piensan, pero, sobre todo, me gustaría que reflexionaran frente a los discursos de odio y los mensajes tan simples que circulan por las redes sociales y que acaban calando tanto

¿Qué cree que España todavía no ha querido mirar de frente sobre la dictadura? ¿Existe todavía una cultura de protección hacia determinadas estructuras heredadas del franquismo?

Yo creo que, después de tantos años desde la Transición, mucha gente ni siquiera se lo pregunta. Hay algunas personas que sí nos lo preguntamos mucho, pero gran parte de la sociedad no ha querido cuestionarse realmente qué pasó. Si tú les dices: “¿Sabes que toda esta gente era la misma que la del Tribunal de Orden Público? ¿Que simplemente se le cambió el nombre y que eran los mismos jueces y los mismos fiscales?”, mucha gente no lo sabe o no ha querido verlo.

Pero son cosas que nosotros las tenemos muy claras: hubo toda una política destinada a eso, no fue algo que saliera solo. Y les fue bien. Fue una política de olvido impulsada desde arriba a la que contribuyeron los partidos políticos, la prensa… todo el mundo. Todo aquello tuvo mucha fuerza y, como además las cosas habían mejorado un poco, decidieron no mirar qué es lo que estaba ocurriendo, toda la represión que hubo en las calles a finales de los setenta y principios de los ochenta. Se instaló esa idea de: “Bueno, es que estamos en Europa”, “ya tenemos democracia, ya podemos votar”.

Mientras unos decían que había que “cerrar las heridas”, había familias buscando a sus muertos en las fosas sin que casi nadie hablara de ello...

De hecho, quienes comenzaron la lucha por la memoria democrática para que todo esto se conociera fueron las personas que tenían a sus padres o abuelos en las cunetas. Fueron ellos quienes comenzaron a presentar querellas, incluso en Argentina. No se creyeron ese discurso de que todo estaba ya superado. Las heridas eran tan profundas que los descendientes todavía las llevan encima y continúan queriendo cerrarlas de verdad.

La Diputación de Cáceres firmará el 26 de mayo un convenio con la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) y la Sociedad de Ciencias Aranzadi para intervenir en la fosa del cementerio de la capital cacereña, donde se prevé exhumar hasta 300 cuerpos, dentro de las actuaciones para la recuperación e identificación de víctimas de la represión franquista, ha anunciado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales.

No obstante, la Sociedad de Ciencias Aranzadi ya dispone de una subvención inicial de la Diputación de Cáceres de 100.000 euros para la intervención (aprobada en el último pleno), que busca identificar a las víctimas mediante pruebas de ADN en coordinación con familiares y AMECECA.

Morales ha informado también de que este sábado se retomará la cuarta fase de los trabajos de exhumación en la mina La Paloma, en la localidad de Zarza la Mayor, una de las intervenciones más destacadas que se desarrollan actualmente en la provincia en materia de recuperación de restos de personas asesinadas durante el franquismo.

Asimismo, continúan las actuaciones para localizar y recuperar cuerpos en las inmediaciones de la caseta de peón caminero de la carretera N-V, en el camino de Arroyo Molino, dentro del término municipal de Almoharín. También siguen las intervenciones en el cementerio municipal de Villamesías.

El presidente provincial ha señalado que estas actuaciones forman parte del “compromiso” de la Diputación de Cáceres con la “dignificación de las víctimas represaliadas por motivos políticos, ideológicos o sociales y con el derecho de las familias a conocer el paradero de sus allegados desaparecidos”.

III Premio de Memoria Histórica y Democrática Conchita Viera

Morales ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la III edición del Premio de Memoria Histórica y Democrática Conchita Viera, impulsado por el Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres para reconocer trayectorias, investigaciones y proyectos vinculados a la defensa de la memoria democrática.

El fallo del premio se dará a conocer el 21 de mayo, en una gala que se celebrará en el Complejo Cultural San Francisco y que estará conducida por la periodista y escritora Nieves Concostrina.

El acto contará, además, con la actuación del cantante Juan Valderrama y la participación de alumnado del Conservatorio Elemental de Danza “El Brocense” y de la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres.

El galardón lleva el nombre de Conchita Viera, vecina de Valencia de Alcántara convertida en símbolo de la lucha por la recuperación de la memoria democrática tras dedicar gran parte de su vida a buscar los restos de su padre, Amado Viera, asesinado en 1936 por el franquismo.

El jurado de esta tercera edición está integrado por especialistas en ámbitos como la historia contemporánea, la antropología forense, el derecho constitucional y los derechos humanos.

La presidencia recae en Laura Muñoz Encinar, arqueóloga y antropóloga forense especializada en procesos represivos de regímenes totalitarios y fascistas del siglo XX e investigadora del INCIPIT-CSIC.

El broche del programa del PP andaluz para el 17M es un retrato de Juan Manuel Moreno sobre fondo de banderas europeas y un marco de “memoria democrática”. Un catálogo electoral que cierra así su literatura con una sola promesa, buscar las fosas comunes, y una novedad: por primera vez se interesa en solucionar el atasco en la identificación de las víctimas del franquismo. La oferta defiende además una coincidencia recurrente con Vox: liquidar la Ley de Memoria Histórica y sustituirla por la de “Concordia”.

La cuestión está en cómo casa el PP su propuesta y la oposición frontal de la extrema derecha, con quien negociará el sillón presidencial de la Junta de Andalucía si no logra mayoría absoluta. Porque los populares prometen localizar y recuperar a los represaliados por los golpistas y aligerar los plazos en las identificaciones genéticas y Vox quiere acabar con lo que considera “leyes ideológicas” que, dicen, “pretenden reescribir la historia”.

No es la primera vez que las derechas anuncian que irán de la mano para exterminar la legislación memorialista andaluza, aprobada en 2017 sin votos en contra. En el programa electoral de 2018 el PP de Moreno no aludía a estos términos pero sí en el acuerdo de investidura que alcanzó con la formación ultra de Santiago Abascal para llegar a San Telmo. En 2022 ya ponía negro sobre blanco la idea reincidente de canjear “Memoria” por “Concordia”.

En 2026, el PP considera “necesario avanzar hacia una Ley de Concordia que nazca del diálogo parlamentario y cuente con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas”. Vox, por su parte, habla de “un marco de Concordia que una a los españoles”. La derogación del texto legal ya fue propuesta por la extrema derecha en 2021 y contó con el rechazo del Parlamento de Andalucía tras los votos contrarios del bloque de izquierda y la abstención determinante de PP y Ciudadanos.

La “principal deuda” de Andalucía

El atasco en la identificación de las víctimas del franquismo en suelo andaluz alarga la espera de al menos un millar de familias, como contó elDiario.es Andalucía. La Junta presidida por Moreno reconoció el retraso en la respuesta que ahora promete solucionar. “El paso del tiempo dificulta cada vez más los procesos de identificación, lo que hace imprescindible intensificar los esfuerzos”, reza su programa electoral para el 17M.

Localizar, recuperar e identificar a los represaliados es “la principal deuda pendiente de nuestra sociedad”, según el PP, y una “prioridad compartida” por la “mayoría” de andaluces, subrayan los conservadores. Por eso, ponen números, “desde 2019, la Junta de Andalucía ha exhumado 2.840 víctimas y ha llevado a cabo el análisis de ADN de 2.700 familiares y 4.146 víctimas, incluyendo muestras procedentes de exhumaciones realizadas por otras administraciones”.

No matizan, sin embargo, que gran parte de esos casos siguen sin respuesta. El Gobierno de Moreno acumula un total de 2.709 esqueletos, 994 familias y un tiempo de respuesta que oscila “entre 12 y 18 meses”, según reconoció a este medio. Las cifras de esa larga lista de espera casan con la apuesta alicortada de Andalucía por la Memoria Histórica en los gobiernos del PP, con un II Plan Andaluz de Memoria Democrática echa a andar con tres años de retraso –en un programa que heredó del PSOE y debía arrancar en 2023– y cientos de tumbas ilegales todavía por buscar.

Andalucía, cabe recordar, es la zona de España con más víctimas del terror golpista: 50.000 civiles ejecutados y 900 fosas comunes, más desaparecidos forzados que las dictaduras de Argentina y Chile juntas, como contó este periódico. La mayoría de estas víctimas siguen bajo tierra. La región es, además, una tierra de fosas de mujeres con 1.500 “rosas” asesinadas por el franquismo y cinco casos simbólicos.

La reincidente Ley de Concordia

El programa electoral del PP entra en materia memorialista en su último punto, que titula ‘Una Andalucía con valores. Atención a las víctimas y concordia’. Ahí centran su atención en la “deuda permanente con las víctimas del terrorismo” para finiquitar el asunto tocando la Memoria Histórica y su promesa, reincidente, de liquidarla: “Seguimos considerando necesario avanzar hacia una Ley de Concordia que nazca del diálogo parlamentario y cuente con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas”, sostiene.

“Defendemos una política de memoria democrática alejada de la confrontación y centrada en las personas”, matizan los populares. Por eso, continúan, desde el Gobierno andaluz han abordado “la principal deuda pendiente de nuestra sociedad”. Aunque las víctimas del franquismo denuncian el “parón” en las políticas públicas memorialistas desde la Junta de Andalucía.

Concluye el retrato de Moreno con una única promesa: “Seguiremos reforzando los trabajos de localización de fosas, exhumaciones e identificación genética, con el objetivo de avanzar en la reparación y dignificación de las víctimas”. Una oferta que choca con el ideario de Vox contra la Memoria Histórica y ambas formaciones tendrán que maridar, llegado el caso en la mesa de negociaciones.

La extrema derecha de Abascal sí extiende en varios puntos su ataque a las políticas que consideran un “lastre ideológico”. La formación ultra defiende “la reconciliación heredada” frente a quienes “pretenden reescribir la historia e imponer una verdad oficial” y buscan impulsar “la superación de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, sustituyéndola por un marco de Concordia que una a los españoles”. El resto de la literatura memorialista de Vox apela a la manida equidistancia de “homenajear a todos”, es decir, golpistas y demócratas, y cuestiones como oponerse a la retirada de las denominadas ‘cruces de los caídos’ franquistas.

En octubre de 1977, el Parlamento español daba luz verde a la Ley de Amnistía, celebrada entonces, tras casi cuatro décadas de dictadura, como uno de los hitos de la transición en el camino hacia la democracia. Aquella norma, que permitió la liberación de miles de presos políticos y el retorno de los exiliados, acabó blindando en la práctica la impunidad judicial de funcionarios, agentes del orden público y otros responsables de los crímenes cometidos por el aparato franquista. En aras a la “reconciliación” nacional, el texto amnistiaba no solo a las víctimas, sino también a los verdugos, una decisión que colisionaba con el compromiso asumido por España apenas unos meses antes: en abril de ese mismo año, el Estado había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a investigar y garantizar justicia ante las violaciones de los derechos humanos. España, sin embargo, decidió olvidar.

Sobre ello puso negro sobre blanco, en 2014, el relator de la ONU Pablo de Greiff. En un demoledor informe, puso de manifiesto la deuda estructural del país con las víctimas del franquismo, marcada por la ausencia de una política de Estado en materia de verdad, justicia y reparación. Recriminaba, asimismo, que algunos de los capítulos más oscuros de la contienda y el régimen franquista continuaban envueltos en silencio, como los trabajos forzosos de presos, las muertes en bombardeos y los niños robados. Reprochaba la “indiferencia” institucional que delegó en las familias y las asociaciones la exhumación de sus muertos. Y denunciaba las restrictivas interpretaciones que los tribunales habían realizado de la Ley de Amnistía. Pablo de Greiff lo dejó claro: una democracia no se fortalece evitando estos debates, sino afrontándolos, por muy “complejos e incómodos” que sean.

“El derecho a la Justicia ha sido denegado en España”, resume desde Mallorca Catalina Moragues, autora de uno de los quince estudios inéditos sobre memoria democrática que el Govern balear encargó durante la pasada legislatura y que el actual Ejecutivo del PP mantiene sin difundir -según su versión, porque uno de los trabajos está pendiente de ser “enmendado”-. La jurista, la primera autora de los quince estudios 'ocultados' que decide hablar con un medio de comunicación, concede, sin embargo, que el escenario comenzó a cambiar con la ley estatal de memoria democrática de 2022, que, por primera vez, incorpora de forma expresa los principios de verdad, justicia y reparación.

Figura clave para entender el antifranquismo y la lucha obrera en Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) fue elegida en las listas del Partido Comunista en las primeras elecciones municipales democráticas y formó parte del primer despacho laboralista de Balears, desde donde defendió los derechos de los trabajadores en plena Transición. Su trayectoria combina compromiso político, ejercicio del derecho -fue magistrada en la Audiencia Provincial de Palma- y activismo social, y ofrece un testimonio directo sobre la resistencia al franquismo, la construcción del sindicalismo y los retos actuales de la izquierda.

Entre libros e ingente documentación, Moragues recibe a elDiario.es en su vivienda, donde desgrana con precisión jurídica y memoria militante las grietas de un sistema que, a su juicio, continúa sin garantizar plenamente los derechos de las víctimas del franquismo. Moragues sitúa su análisis en el ámbito de la llamada justicia transicional -el marco desarrollado por Naciones Unidas para abordar violaciones masivas de derechos humanos en contextos de dictaduras o conflictos- y analiza hasta qué punto España ha respondido ante los crímenes del régimen franquista a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión es contundente: España no solo arrastra el legado de una represión que impuso una memoria oficial que “solo hablaba de los caídos por Dios y por España”, sino que mantiene un bloqueo estructural que impide investigar judicialmente estos crímenes, evidenciando una deuda democrática aún no resuelta.

Su diagnóstico se apoya en el análisis de la práctica judicial de las últimas décadas, durante las cuales tribunales y fiscalías han mantenido una interpretación uniforme que ha impedido aplicar plenamente los estándares internacionales de derechos humanos y abrir la vía penal a estas investigaciones, recurriendo de forma reiterada a dos argumentos: la prescripción de los delitos y la aplicación de la Ley de Amnistía. La jurista asevera que esta interpretación entra de lleno en conflicto con el derecho internacional, que considera imprescriptibles los crímenes contra la humanidad y define la desaparición forzada como un delito permanente mientras no se esclarezca el destino de la víctima. A pesar de que la propia Constitución, en su artículo 10.2, insta a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por España, esa cláusula apenas ha tenido efectos en la práctica judicial cuando se trata de investigar los crímenes del franquismo.

¿Qué aborda específicamente su informe?

El estudio analiza las obligaciones que tiene el Estado español, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, para dar respuesta a las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura franquista. Estas obligaciones se encuadran en lo que Naciones Unidas denomina justicia transicional, es decir, el conjunto de mecanismos que deben aplicarse en contextos de transición de un régimen autoritario a uno democrático.

Este marco se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Mi trabajo examina hasta qué punto estos principios se han aplicado en España y, más en concreto, en Balears, a raíz de las dos leyes autonómicas de fosas y memoria democrática, tanto desde el punto de vista legislativo como judicial. Y la conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España, es decir, no han sido investigadas judicialmente las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo pese a que existe una obligación internacional de hacerlo.

La conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España para las víctimas del franquismo

Los tribunales españoles han venido argumentando que esos delitos estarían prescritos o amparados por la Ley de Amnistía de 1977. ¿Es compatible esa interpretación con el derecho internacional?

No. El derecho internacional establece que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y que la desaparición forzada es un delito permanente, mientras no se esclarezca el destino de la víctima. Por tanto, no se puede cerrar la puerta a la investigación con esos argumentos. Además, hay una cuestión jurídica de fondo que considero especialmente relevante: España ratificó en abril de 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a través de su artículo 2 obliga a los Estados a garantizar recursos efectivos ante violaciones de derechos humanos, es decir, a investigar, perseguir y reparar. Sin embargo, apenas unos meses después, en octubre de 1977, se aprobó la Ley de Amnistía. En su artículo 2.f se incluían los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Es decir, la amnistía se extendía también a quienes habían vulnerado derechos humanos.

Desde mi punto de vista, esta inclusión plantea una contradicción clara con el propio Pacto Internacional. Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones, no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. Esa tensión entre el derecho internacional y la normativa interna ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos. Ya lo advirtió en 2014 relator de la ONU Pablo de Greiff: en España este tema se estaba tratando como una cuestión política, cuando debería estar por encima de cualquier interés partidista.

Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones [del franquismo], no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos

Javier Pérez Royo, jurista y catedrático de Derecho Constitucional, apunta que si los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no han sido perseguidos en la España democrática no es a causa de la Ley de Amnistía, sino por la interpretación que de la misma han hechos los jueces y magistrados del Poder Judicial en general, y del Tribunal Supremo y del Constitucional en particular. ¿Qué opina? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa interpretación por parte de los tribunales?

Estoy totalmente de acuerdo con él. Miles de denuncias presentadas por víctimas y asociaciones han sido inadmitidas o archivadas sin investigación. Hasta el punto de que puede decirse que la noticia es cuando alguna no se archiva. Esto no responde a decisiones puntuales, sino a una práctica consolidada en el sistema judicial. La consecuencia más importe, la desprotección de las víctimas, lo que supone revictimizarla.

Historiadores como Miguel Ángel del Arco, Paul Preston y Julián Casanova, y el propio informe de elaborado por Pablo Greiff, han analizado cómo el franquismo construyó un relato oficial de la guerra e incluso moldeó los libros de texto y la enseñanza para legitimar la dictadura, imponiendo una narración de vencedores y vencidos.

Efectivamente. Durante la dictadura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados “caídos por Dios y por España”- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años. Consecuentemente, las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador.

Durante la dictatura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados "caídos por Dios y por España"- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años, por lo que las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador

¿Hasta qué punto la Transición rompió con ese modelo de memoria impuesto por la dictadura?

En términos de justicia no se produjo una ruptura con ese modelo. El Estado no ofreció a los ciudadanos otro relato que no fuera el que existió durante el franquismo. No hubo investigaciones judiciales sobre los crímenes, ni se impulsaron mecanismos como una comisión de la verdad que permitiera esclarecer lo ocurrido de forma institucional. Tampoco se desarrolló una política pública orientada a garantizar el derecho a la verdad desde una perspectiva de derechos humanos.

La Ley de Amnistía tuvo como finalidad principal devolver las libertades a todos y todas aquellos que habían perdido la libertad en su lucha por la democracia. Pero también fue una ley, en cierto, de punto final, con unas consecuencias que todavía hoy perduran. En la práctica, lo que se consolidó fue un modelo basado en la no intervención judicial. Ese vacío inicial ha tenido efectos duraderos: ha condicionado la actuación de los tribunales, ha limitado las posibilidades de las víctimas y ha contribuido a que, décadas después, el acceso a la justicia siga siendo excepcional en lugar de la norma.

¿Se puede decir que hubo un pacto de silencio en relación con los crímenes del franquismo?

Totalmente. Hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado.

Los representantes designados por el pueblo en unas elecciones libres pasaron la esponja sobre la inmensa mayoría de los agravios y de las injusticias. Decían que la amnistía era un acto excepcional justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva. Hay que tener en cuenta que en ese momento había miles de personas encarceladas por motivos políticos, lo que explica en parte el consenso en torno a la amnistía. Pero esa decisión tuvo también consecuencias duraderas: supuso dejar sin respuesta judicial las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Durante la transición, hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado

Las consecuencias de aquel pacto de silencio siguen siendo muy visibles. A diferencia de otros países que atravesaron procesos similares, en España nunca se desarrollaron mecanismos como una comisión de la verdad, y eso ha condicionado completamente la respuesta judicial a las demandas de las víctimas. Lo paradójico es que los tribunales españoles han avalado la anulación de leyes de amnistía en países como Argentina o Chile, donde sí se han podido juzgar los crímenes de las dictaduras, mientras aquí se sigue utilizando la Ley de Amnistía como un muro para impedir investigaciones.

Es verdad que la Ley de Memoria Democrática de 2022 incorpora explícitamente los principios de verdad, justicia y reparación y obliga a interpretar las normas conforme al derecho internacional y también que la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto una cierta ventana de oportunidad. Pero, en la práctica, eso todavía no ha cambiado de forma sustancial la dinámica judicial previa ni la tendencia al archivo sistemático de las denuncias.

Desde la muerte del dictador hasta bien entrada la década de los noventa se continuaba hablando de una “memoria de reconciliación”. ¿Qué diferencia hay entre la “reconciliación” de la Transición y el concepto de reconciliación en el derecho internacional?

Es importante matizar qué significa realmente ese concepto, que desde luego no se corresponde con la idea de reconciliación que manejan hoy los organismos internacionales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o los relatores especiales. En el ámbito internacional, la reconciliación no puede construirse sin verdad, justicia y reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, en el caso español, la reconciliación se planteó sobre una lógica distinta, basada en el olvido y en la idea de que “todos fuimos culpables” o de que se trató de una guerra entre hermanos.

Ese enfoque, aunque pudo tener una función política en el contexto de la Transición, implicaba diluir una cuestión fundamental: la diferencia entre víctimas y verdugos. Y una reconciliación basada en el olvido difícilmente puede sostenerse desde el punto de vista de los derechos humanos, porque deja sin resolver cuestiones esenciales como el reconocimiento de las víctimas y la exigencia de responsabilidades. Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación.

Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación

La ley estatal de memoria democrática aprobada en 2007 fue presentada como el primer gran intento institucional de abordar el legado del franquismo, pero juristas, asociaciones memorialistas y organismos internacionales cuestionaron desde el inicio su alcance, principalmente por no declarar la nulidad jurídica de los juicios y sentencias dictados por los tribunales franquistas contra republicanos -algo que sí llegó con la ley de memoria de 2022- así como por el limitado papel que el Estado asumía en la búsqueda de las víctimas. ¿Qué carencias cree que arrastraba aquella norma?

En mi opinión era bastante incompleta, porque hacía descansar sobre las familias la apertura de fosas y la identificación de las víctimas, cuando esta labor, de acuerdo a todos los estándares internacionales, es una obligación del Estado. El propio relator de la ONU Pablo de Greiff criticó duramente este modelo y advirtió de que esa 'privatización' alimentaba la indiferencia institucional. No puede depender de la capacidad o los recursos de una familia recuperar a una víctima de desaparición forzada. Aun así, la ley empezó a desplegarse y generó un cierto impulso, sobre todo en las comunidades autónomas, donde ya existía un movimiento fuerte que pasó de hablar de memoria histórica a memoria democrática, porque estamos hablando de quienes lucharon por la libertad y eso es una columna fundamental de cualquier Estado democrático.

En mi informe explico cómo en Balears, por ejemplo, se creó en 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existían todavía leyes autonómicas ni una Conselleria específica, pero se impulsó como una política pública desde el Govern, adscrita a Asuntos Sociales, con un objetivo muy claro: localizar fosas, asesorar jurídicamente a las familias y acompañar a los municipios. En ese sentido fuimos bastante pioneros, aunque Catalunya ya llevaba algo de ventaja. La Fundación fue clave porque permitió firmar convenios con entidades como la Asociación Memòria de Mallorca y el Fòrum de Eivissa y Formentera, y gracias a ese trabajo previo se pudieron iniciar las primeras excavaciones.

De hecho, en 2014 se llevó a cabo la primera exhumación en Balears, antes incluso de que hubiera una ley. Eso aceleró la aprobación de la ley de fosas de 2016, que por primera vez implicaba que una comunidad autónoma asumiera oficialmente estas actuaciones. Es importante entender este recorrido porque muestra cómo, ante la inacción del Estado, fueron los territorios los que empezaron a construir políticas públicas de memoria.

El informe de la ONU también habla de la escasa atención a la represión específica sufrida por las mujeres. ¿Cree que sigue siendo una dimensión poco abordada?

Sí, aunque en la actualidad el panorama se está modificando en positivo: existen grupos de investigadoras y grupos de divulgación sobre la represión específica durante la guerra civil y el franquismo. Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

¿Fue el caso Baltasar Garzón un punto de inflexión en el tratamiento judicial de los crímenes del franquismo?

Claramente. Las asociaciones de memoria, entre ellas la Asociación Memòria de Mallorca, decidieron dar un paso adelante cuando vieron que la ley de memoria de 2007 no incluía la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos. Era una ley claramente incompleta. Por eso, en diciembre de 2006, muchas asociaciones de todo el Estado presentaron denuncias por desapariciones forzadas ante la Audiencia Nacional invocando el derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El caso recayó en el juzgado número 5, el de Baltasar Garzón.

Pero en enero de 2008, la Fiscalía, siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado, emitió un dictamen en contra de admitir esas denuncias. Aun así, Garzón dictó un auto en octubre de ese mismo año asumiendo la competencia para investigar los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad e intentando aplicar el derecho internacional. Esa decisión fue recurrida y, en diciembre de 2008, el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional decidió por mayoría que no era competente para investigar. Hubo votos discrepantes que advertían que esa decisión iba en contra de los criterios de la ONU. Y, poco después, Garzón fue perseguido penalmente por haber admitido a trámite estas denuncias. Para mí, eso fue un aviso clarísimo: a partir de ahí, ningún juez se ha atrevido a investigar estos crímenes. Se consolidó un cierre judicial que explica por qué hoy la inmensa mayoría de las denuncias siguen siendo archivadas sin investigación.

A eso se sumó que en 2011, con la llegada de Mariano Rajoy, se eliminó el presupuesto destinado a memoria y se cerró la Oficina de Víctimas que había creado la ley. Es decir, desaparece la estructura institucional y, en la práctica, desaparecen también las víctimas del ámbito público.

¿Se han producido avances reales en los últimos años en materia de memoria democrática?

Sí, tanto en Balears con la ley de memoria democrática de 2018 [recientemente derogada por PP y Vox] como a nivel estatal con la de 2022. En el archipiélago, con la norma se avanzó enormemente en las políticas públicas de memoria. La norma consolidó numerosas iniciativas que ya se habían empezado a impulsar años antes, como las exhumaciones, los mapas de fosas, el reconocimiento institucional de las víctimas o la retirada de símbolos franquistas, y permitió abordar la memoria democrática como una política pública estable y no como actuaciones aisladas.

A nivel estatal, la ley de memoria democrática de 2022 también representa un avance relevante porque incorpora expresamente los principios de verdad, justicia y reparación y establece la obligación de interpretar las normas conforme al derecho internacional. Sin embargo, ese avance normativo no se ha traducido todavía en una transformación sustancial de la respuesta judicial. La creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto también una cierta ventana de oportunidad, aunque de momento no ha alterado el bloqueo judicial de fondo. Seguimos lejos de una respuesta equiparable a la que se ha dado en otros países que sí han afrontado judicialmente los crímenes de sus dictaduras.

¿Cree que el debate sobre memoria democrática sigue siendo visto como una cuestión partidista?

Sí, y ese ha sido uno de los grandes problemas desde la Transición. Se ha tendido a presentar la memoria democrática como una cuestión ideológica o partidista, cuando en realidad estamos hablando de derechos humanos y de obligaciones del Estado. Eso es precisamente lo que criticó el relator de la ONU Pablo de Greiff: que determinados partidos políticos españoles siguieran tratando este tema como un problema político en lugar de abordarlo desde la verdad, la justicia y la reparación. La memoria democrática no consiste en reabrir heridas, sino en garantizar derechos y fortalecer la democracia. Derogar la ley de memoria democrática como ha ocurrido en Balears no es hacer política, ni siquiera mala política, es simplemente vulnerar los derechos humanos y revictimizar a las víctimas. La memoria democrática no es hacer política, es hacer justicia para las víctimas.

L'octubre de 1977, el Parlament espanyol donava llum verda a la Llei d'Amnistia, celebrada aleshores, després de gairebé quatre dècades de dictadura, com una de les fites de la Transició en el camí cap a la democràcia. Aquella norma, que va permetre l'alliberament de milers de presos polítics i el retorn dels exiliats, va acabar blindant, en la pràctica, la impunitat judicial de funcionaris, agents de l'ordre públic i altres responsables dels crims comesos per l'aparell franquista. En nom de la “reconciliació” nacional, el text amnistià no només les víctimes, sinó també els responsables de la repressió, una decisió que col·lidia amb el compromís assumit per Espanya tot just uns mesos abans: l'abril d'aquell mateix any, l'Estat havia ratificat el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que obliga a investigar i garantir justícia davant les violacions dels dreis humans. Espanya, però, va decidir oblidar.

Sobre això va posar negre sobre blanc, el 2014, el relator de l'ONU Pablo de Greiff. En un demolidor informe, va posar de manifest el deute estructural del país amb les víctimes del franquisme, marcat per l'absència d'una política d'Estat en matèria de veritat, justícia i reparació. Recriminava, així mateix, que alguns dels capítols més foscos de la contesa i del règim franquista continuaven envoltats de silenci, com els treballs forçats de presos, les morts en bombardeigs i els nens robats. Retreia la “indiferència” institucional que va delegar en les famílies i les associacions l'exhumació dels seus morts. I denunciava les restrictives interpretacions que els tribunals havien realitzat de la Llei d'Amnistia. Pablo de Greiff ho va deixar clar: una democràcia no s'enforteix evitant aquests debats, sinó afrontant-los, per molt “complexos i incòmodes” que siguin.

“El dret a la Justícia ha estat denegat a Espanya”, resumeix des de Mallorca Catalina Moragues, autora d'un dels quinze estudis inèdits sobre memòria democràtica que el Govern balear va encarregar durant la passada legislatura i que l'actual Executiu del PP manté sense difondre -segons la seva versió, perquè un dels treballs està pendent de ser “esmenat”-. La jurista, la primera autora dels quinze estudis 'ocultats' que decideix parlar amb un mitjà de comunicació, concedeix, però, que l'escenari va començar a canviar amb la llei estatal de memòria democràtica de 2022, que, per primera vegada, incorpora de forma expressa els principis de veritat, justícia i reparació.

Figura clau per entendre l'antifranquisme i la lluita obrera a Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) va ser elegida a les llistes del Partit Comunista a les primeres eleccions municipals democràtiques i va formar part del primer despatx laboralista de Balears, des d'on va defensar els drets dels treballadors en plena Transició. La seva trajectòria combina compromís polític, exercici del dret —va ser magistrada a l'Audiència Provincial de Palma— i activisme social, i ofereix un testimoni directe sobre la resistència al franquisme, la construcció del sindicalisme i els reptes actuals de l'esquerra.

Entre llibres i ingent documentació, Moragues rep elDiario.es al seu habitatge, on desgrana amb precisió jurídica i memòria militant les escletxes d'un sistema que, al seu parer, continua sense garantir plenament els drets de les víctimes del franquisme. Moragues situa la seva anàlisi en l'àmbit de l'anomenada justícia transicional —el marc desenvolupat per les Nacions Unides per abordar violacions massives de drets humans en contextos de dictadures o conflictes— i analitza fins a quin punt Espanya ha respost davant els crims del règim franquista a la llum del dret internacional dels drets humans. La conclusió és contundent: Espanya no només arrossega el llegat d'una repressió que va imposar una memòria oficial que “només parlava dels caiguts per Déu i per Espanya”, sinó que manté un bloqueig estructural que impedeix investigar judicialment aquests crims, evidenciant un deute democràtic encara no resolt.

El seu diagnòstic es basa en l'anàlisi de la pràctica judicial de les últimes dècades, durant les quals tribunals i fiscalies han mantingut una interpretació uniforme que ha impedit aplicar plenament els estàndards internacionals de drets humans i obrir la via penal a aquestes investigacions, recorrent de forma reiterada a dos arguments: la prescripció dels delictes i l'aplicació de la Llei d'Amnistia. La jurista sosté que aquesta interpretació entra de ple en conflicte amb el dret internacional, que considera imprescriptibles els crims contra la humanitat i defineix la desaparició forçada com un delicte permanent mentre no s'aclareixi el destí de la víctima. Malgrat que la pròpia Constitució, en el seu article 10.2, insta a interpretar els drets fonamentals conforme als tractats internacionals ratificats per Espanya, aquesta clàusula amb prou feines ha tingut efectes en la pràctica judicial quan es tracta d'investigar els crims del franquisme.

Què aborda específicament el seu informe?

L'estudi analitza les obligacions que té l'Estat espanyol, des del punt de vista del dret internacional dels drets humans, per donar resposta a les violacions massives, sistemàtiques i generalitzades que es van produir durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Aquestes obligacions s'emmarquen en el que les Nacions Unides denominen justícia transicional, és a dir, el conjunt de mecanismes que s'han d'aplicar en contextos de transició d'un règim autoritari a un de democràtic.

Aquest marc s'articula al voltant de quatre pilars fonamentals: veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. El meu treball examina fins a quin punt aquests principis s'han aplicat a Espanya i, més concretament, a les Balears, arran de les dues lleis autonòmiques de fosses i memòria democràtica, tant des del punt de vista legislatiu com judicial. I la conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya. És a dir, les violacions de drets humans comeses durant el franquisme no han estat investigades judicialment malgrat que existeix una obligació internacional de fer-ho.

La conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya per a les víctimes del franquisme

Els tribunals espanyols han argumentat que aquests delictes estarien prescrits o emparats per la Llei d'Amnistia de 1977. És compatible aquesta interpretació amb el dret internacional?

No. El dret internacional estableix que els crims contra la humanitat són imprescriptibles i que la desaparició forçada és un delicte permanent mentre no s'esclareixi el destí de la víctima. Per tant, no es pot tancar la porta a la investigació amb aquests arguments. A més, hi ha una qüestió jurídica de fons que considero especialment rellevant: Espanya va ratificar l'abril de 1977 el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que, a través del seu article 2, obliga els estats a garantir recursos efectius davant les violacions de drets humans, és a dir, a investigar, perseguir i reparar. No obstant això, tot just uns mesos després, l'octubre de 1977, es va aprovar la Llei d'Amnistia. En el seu article 2.f s'incloïen els delictes comesos per funcionaris i agents de l'ordre públic contra l'exercici dels drets de les persones. És a dir, l'amnistia s'estenia també a qui havia vulnerat drets humans.

Des del meu punt de vista, aquesta inclusió planteja una contradicció clara amb el mateix Pacte Internacional. Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions, no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. Aquesta tensió entre el dret internacional i la normativa interna ha estat assenyalada reiteradament per organismes internacionals, com el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions aplicant la Llei d'Amnistia en aquests casos. Ja ho va advertir el 2014 el relator de l'ONU Pablo de Greiff: a Espanya aquest tema s'estava tractant com una qüestió política, quan hauria d'estar per damunt de qualsevol interès partidista.

Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions [del franquisme], no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions en aplicar la Llei d'Amnistia en aquests casos

Javier Pérez Royo, jurista i catedràtic de Dret Constitucional, apunta que si els crims de guerra, de lesa humanitat, genocidi i tortura no han estat perseguits en l'Espanya democràtica no és a causa de la Llei d'Amnistia, sinó per la interpretació que de la mateixa han fet els jutges i magistrats del Poder Judicial en general, i del Tribunal Suprem i del Constitucional en particular. Què opina? Quins han estat les conseqüències d'aquesta interpretació per part dels tribunals?

Hi estic totalment d'acord. Milers de denúncies presentades per víctimes i associacions han estat inadmeses o arxivades sense investigació. Fins al punt que es pot dir que la notícia és quan alguna no s'arxiva. Això no respon a decisions puntuals, sinó a una pràctica consolidada dins el sistema judicial. La conseqüència més important és la desprotecció de les víctimes, cosa que suposa revictimitzar-les.

Historiadors com Miguel Ángel del Arco, Paul Preston i Julián Casanova, i el propi informe elaborat per Pablo Greiff, han analitzat com el franquisme va construir un relat oficial de la guerra i fins i tot va modelar els llibres de text i l'ensenyament per legitimar la dictadura, imposant una narració de vencedors i vençuts.

Efectivament. Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors —els anomenats “caídos por Dios y por España”— i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys. Conseqüentment, les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador.

Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors -els anomenats "caídos por Dios y por España"- i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys, per la qual cosa les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador

Fins a quin punt la Transició va trencar amb aquell model de memòria imposat per la dictadura?

En termes de justícia no es va produir una ruptura amb aquest model. L'Estat no va oferir als ciutadans un altre relat que no fos el que havia existit durant el franquisme. No hi va haver investigacions judicials sobre els crims, ni es van impulsar mecanismes com una comissió de la veritat que permetessin esclarir el que va passar de manera institucional. Tampoc es va desenvolupar una política pública orientada a garantir el dret a la veritat des d'una perspectiva de drets humans.

La Llei d'Amnistia va tenir com a finalitat principal retornar les llibertats a totes aquelles persones que havien perdut la llibertat en la seva lluita per la democràcia. Però també va ser, en certa manera, una llei de punt final, amb unes conseqüències que encara avui perduren. En la pràctica, el que es va consolidar va ser un model basat en la no-intervenció judicial. Aquest buit inicial ha tingut efectes duradors: ha condicionat l'actuació dels tribunals, ha limitat les possibilitats de les víctimes i ha contribuït que, dècades després, l'accés a la justícia continuï sent excepcional en lloc de la norma.

És es pot dir que hi va haver un pacte de silenci en relació amb els crims del franquisme?

Totalment. Hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte de la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrades durant la Guerra Civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat.

Els representants escollits pel poble en unes eleccions lliures van optar per passar pàgina davant la immensa majoria dels greuges i les injustícies. Deien que l'amnistia era un acte excepcional justificat per la raó d'Estat i per la necessitat de fer net i començar de zero. Cal tenir en compte que en aquell moment hi havia milers de persones empresonades per motius polítics, cosa que explica en part el consens al voltant de l'amnistia. Però aquesta decisió va tenir també conseqüències duradores: va suposar deixar sense resposta judicial les violacions de drets humans comeses durant la dictadura.

Durant la transició, hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte a la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrats durant la guerra civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat

Les conseqüències d'aquell pacte de silenci continuen sent molt visibles. A diferència d'altres països que van travessar processos similars, a Espanya mai no es van desenvolupar mecanismes com una comissió de la veritat, i això ha condicionat completament la resposta judicial a les demandes de les víctimes. El més paradoxal és que els tribunals espanyols han avalat l'anul·lació de lleis d'amnistia en països com l'Argentina o Xile, on sí que s'han pogut jutjar els crims de les dictadures, mentre aquí se segueix utilitzant la Llei d'Amnistia com un mur per impedir investigacions.

És veritat que la Llei de Memòria Democràtica de 2022 incorpora explícitament els principis de veritat, justícia i reparació i obliga a interpretar les normes conforme al dret internacional, i també que la creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert una certa finestra d'oportunitat. Però, en la pràctica, això encara no ha canviat de manera substancial la dinàmica judicial prèvia ni la tendència a l'arxivament sistemàtic de les denúncies.

Des de la mort del dictador fins ben entrada la dècada dels noranta es continuava parlant d'una “memòria de reconciliació”. Quina diferència hi ha entre la “reconciliació” de la Transició i el concepte de reconciliació en el dret internacional?

Cal matisar què significa realment aquest concepte, que sens dubte no es correspon amb la idea de reconciliació que fan servir avui els organismes internacionals de drets humans, com el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides o els relators especials. Àmbit internacional, la reconciliació no pot construir-se sense veritat, justícia i reconeixement de les víctimes. No obstant això, en el cas espanyol, la reconciliació es va plantejar sobre una lògica diferent, basada en l'oblit i en la idea que “tots vam ser culpables” o que es va tractar d'una guerra entre germans.

Aquest enfocament, tot i que va poder tenir una funció política en el context de la Transició, implicava diluir una qüestió fonamental: la diferència entre víctimes i botxins. I una reconciliació basada en l'oblit difícilment es pot sostenir des del punt de vista dels drets humans, perquè deixa sense resoldre qüestions essencials com el reconeixement de les víctimes i l'exigència de responsabilitats. Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació.

Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació

La llei estatal de memòria democràtica aprovada el 2007 va ser presentada com el primer gran intent institucional d'abordar el llegat del franquisme, però juristes, associacions memorialistes i organismes internacionals van qüestionar des de l'inici el seu abast, principalment per no declarar la nul·litat jurídica dels judicis i sentències dictats pels tribunals franquistes contra republicans -cosa que sí va arribar amb la llei de memòria del 2022- així com pel limitat paper que l'Estat assumia en la cerca de les víctimes. Üuines mancances creu que arrossegava aquella norma?

En la meva opinió era bastant incompleta, perquè feia descansar sobre les famílies l' obertura de fosses i la identificació de les víctimes, quan aquesta tasca, d'acord a tots els estàndards internacionals, és una obligació de l'Estat. El propi relator de l'ONU Pablo de Greiff va criticar durament aquest model i va advertir que aquesta 'privatització' alimentava la indiferència institucional. No pot dependre de la capacitat o els recursos d'una família recuperar una víctima de desaparició forçada. Aun així, la llei va començar a desplegar-se i va generar un cert impuls, sobretot a les comunitats autònomes, on ja existia un moviment fort que va passar de parlar de memòria històrica a memòria democràtica, perquè estem parlant dels qui van lluitar per la llibertat i això és una columna fonamental de qualsevol Estat democràtic.

En el meu informe explico com a Balears, per exemple, es va crear el 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existien encara lleis autonòmiques ni una Conselleria específica, però es va impulsar com una política pública des del Govern, adscrita a Afers Socials, amb un objectiu molt clar: localitzar fosses, assessorar jurídicament les famílies i acompanyar els municipis. En aquest sentit vam ser bastant pioners, encara que Catalunya ja portava avantatge. La Fundació va ser clau perquè va permetre signar convenis amb entitats com l'Associació Memòria de Mallorca i el Fòrum d'Eivissa i Formentera, i gràcies a aquesta feina prèvia es van poder iniciar les primeres excavacions.

De fet, el 2014 es va dur a terme la primera exhumació a Balears, abans fins i tot que hi hagués una llei. Això va accelerar l'aprovació de la llei de fosses de 2016, que per primera vegada implicava que una comunitat autònoma assumís oficialment aquestes actuacions. És important entendre aquest recorregut perquè mostra com, davant la inacció de l'Estat, van ser els territoris els que van començar a construir polítiques públiques de memòria.

L'informe de l'ONU també parla de l'escassa atenció a la repressió específica patida per les dones. Creu que continua sent una dimensió poc abordada?

Sí, encara que en l'actualitat el panorama s'està modificant en positiu: existeixen grups d'investigadores i grups de divulgació sobre la repressió específica durant la guerra civil i el franquisme. Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

El cas Baltasar Garzón va ser un punt d'inflexió en el tractament judicial dels crims del franquisme?

Clarament. Les associacions de memòria, entre elles l'Associació Memòria de Mallorca, van decidir fer una passa endavant quan van veure que la llei de memòria de 2007 no incloïa l'obligació d'investigar les violacions de drets humans. Era una llei clarament incompleta. Per això, el desembre de 2006, moltes associacions de tot l'Estat van presentar denúncies per desaparicions forçades davant l'Audiència Nacional invocant el dret internacional, com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. El cas va recaure en el jutjat número 5, el de Baltasar Garzón.

Però el gener de 2008, la Fiscalia, seguint instruccions del fiscal general de l'Estat, va emetre un dictamen contrari a l'admissió d'aquestes denúncies. Tot i això, Garzón va dictar una interlocutòria l'octubre d'aquell mateix any assumint la competència per investigar els crims del franquisme com a crims contra la humanitat i intentant aplicar el dret internacional. Aquella decisió va ser recorreguda i, el desembre de 2008, el ple de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va decidir per majoria que no era competent per investigar. Hi va haver vots discrepants que advertien que aquella decisió anava en contra dels criteris de l'ONU. I, poc després, Garzón va ser perseguit penalment per haver admès a tràmit aquestes denúncies. Per a mi, això va ser un avís claríssim: a partir d'aquí, cap jutge s'ha atrevit a investigar aquests crims. Es va consolidar un tancament judicial que explica per què avui la immensa majoria de les denúncies continuen essent arxivades sense investigació.

A això s'hi va afegir que el 2011, amb l'arribada de Mariano Rajoy, es va eliminar el pressupost destinat a memòria i es va tancar l'Oficina de Víctimes que havia creat la llei. És a dir, desapareix l'estructura institucional i, en la pràctica, desapareixen també les víctimes de l'espai públic.

S'han produït avenços reals en els últims anys en matèria de memòria democràtica?

Sí, tant a les Balears amb la llei de memòria democràtica de 2018 [recentment derogada per PP i Vox] com a nivell estatal amb la de 2022. A l'arxipèlag, amb aquesta norma es va avançar enormement en les polítiques públiques de memòria. La llei va consolidar nombroses iniciatives que ja s'havien començat a impulsar anys abans, com les exhumacions, els mapes de fosses, el reconeixement institucional de les víctimes o la retirada de símbols franquistes, i va permetre abordar la memòria democràtica com una política pública estable i no com actuacions aïllades.

A nivell estatal, la llei de memòria democràtica de 2022 també representa un avanç rellevant perquè incorpora expressament els principis de veritat, justícia i reparació i estableix l'obligació d'interpretar les normes conforme al dret internacional. No obstant això, aquest avanç normatiu encara no s'ha traduït en una transformació substancial de la resposta judicial. La creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert també una certa finestra d'oportunitat, encara que, de moment, no ha alterat el bloqueig judicial de fons. Seguim lluny d'una resposta equiparable a la que s'ha donat en altres països que sí han afrontat judicialment els crims de les seves dictadures.

Creu que el debat sobre memòria democràtica continua sent vist com una qüestió partidista?

Sí, i aquest ha estat un dels grans problemes des de la Transició. S'ha tendit a presentar la memòria democràtica com una qüestió ideològica o partidista, quan en realitat estem parlant de drets humans i d'obligacions de l'Estat. Això és precisament el que va criticar el relator de l'ONU Pablo de Greiff: que determinats partits polítics espanyols continuassin tractant aquest tema com un problema polític en lloc d'abordar-lo des de la veritat, la justícia i la reparació.

La memòria democràtica no consisteix a reobrir ferides, sinó a garantir drets i enfortir la democràcia. Derogar la llei de memòria democràtica, com ha passat a les Balears, no és fer política —ni tan sols mala política—, és simplement vulnerar els drets humans i revictimitzar les víctimes. La memòria democràtica no és fer política: és fer justícia per a les víctimes.

El monumento de exaltación franquista dedicado a los 'Héroes del Simancas', que está adosado a la fachada del colegio de La Inmaculada Concepción en Gijón/Xixón, no será suprimido “mientras Foro Asturias siga gobernando” en la ciudad. Así lo ha manifestado el portavoz y responsable de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

Con esta decisión, el equipo de gobierno local no piensa acatar la resolución dictada el pasado martes por el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, por la que se concede un plazo de cuatro meses a la Compañía de Jesús, propietaria del edificio, para la eliminación de este memorial, inaugurado en 1958, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Foro: “la historia no hay que eliminarla”

Foro Asturias no tendrá en cuenta la última decisión del Gobierno asturiano en base al argumento de que la fachada del Colegio de la Inmaculada goza de protección y retirar el conjunto escultórico conmemorativo del bando sublevado durante la Guerra Civil requerirá de licencia municipal.

“La historia no hay que eliminarla, hay que contarla para poder aprender de ella y para que no vuelva a ocurrir en el futuro”, ha refrendado el portavoz forista.

Collado: “No es sectarismo”

La directora general de Memoria Democrática del Gobierno de Asturias, Begoña Collado, ha defendido la retirada del monumento y ha rechazado las acusaciones de sectarismo que han vertido contra esta resolución del Principado desde las filas de Foro Asturias, PP y Vox.

“No es sectarismo, lo que hacemos es cumplir la ley. La carga ideológica no está en la retirada de un monumento contrario a la ley, está en quienes defienden que siga lo que es un homenaje a unos golpistas, que mandaron bombardear Gijón”, ha puntualizado la directora general.

La advertencia de Zapico

La Consejería de Derechos Ciudadanos, que dirige Ovidio Zapico, no ha tardado en responder públicamente. Este jueves ha advertido al Ayuntamiento de Gijón de que incumplir la Ley de Memoria Democrática “puede suponer prevaricar”.

El cumplimiento de la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la Recuperación de la Memoria Democrática en el Principado de Asturias es “una obligación legal para todas las administraciones públicas”, añade a la vez que advierte de que “ignorar o incumplir sus mandatos supone actuar al margen del ordenamiento jurídico vigente”.

Desde la consejería inciden en que el artículo 48 de la norma obliga expresamente a las entidades locales a adoptar las medidas necesarias para retirar o eliminar elementos contrarios a la memoria democrática.

Una ley aprobada por el Parlamento

Además, subraya que esta obligación se entiende sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas en defensa de su derecho al honor y a la dignidad. Este mandato legal no es potestativo ni depende de valoraciones políticas o ideológicas, sino que deriva directamente de una ley aprobada por el Parlamento asturiano y plenamente vigente.

“Las administraciones públicas están sometidas a la ley y al derecho, exactamente igual que el resto de la ciudadanía”, asegura la consejería.

El Principado estará “vigilante”

El Principado indica, además, que “se mantendrá vigilante” para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria Democrática en Asturias. La normativa habilita a la Administración autonómica a actuar de forma subsidiaria en caso de incumplimiento por parte de las entidades obligadas, con el objetivo de evitar la permanencia de elementos de exaltación franquista en espacios públicos o privados con proyección pública.

El Gobierno asturiano advierte expresamente en la resolución dictada esta semana de la posible ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento.

El Catálogo Urbanístico

El expediente concluye que no concurren razones artísticas, arquitectónicas o patrimoniales que justifiquen una excepción. En este sentido, el Consejo de Patrimonio Cultural del Principado ha constatado que el memorial “no está declarado bien de interés cultural (BIC) ni figura en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias”.

“El Catálogo Urbanístico de Gijón atribuye protección integral únicamente al edificio de la iglesia, pero no al elemento escultórico objeto del expediente”, recalca el Principado.

“El propio catálogo establece que no quedan incluidas en la protección las intervenciones realizadas después de 1950, salvo en casos excepcionales de relevancia histórica debidamente acreditada”, corrobora.

El compromiso del Ejecutivo

La consejería insiste en que el cumplimiento de la legislación en materia de memoria democrática forma parte de las obligaciones inherentes al ejercicio de responsabilidades públicas. En este sentido, recuerda que el ordenamiento jurídico español considera prevaricación la adopción de resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos o judiciales a sabiendas de su injusticia y de su contradicción con la ley.

El Gobierno de Asturias reafirma así su compromiso con las políticas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con la retirada de símbolos y elementos de exaltación de la dictadura franquista “conforme a la legalidad democrática vigente”.

La protección

A la inamovible postura del gobierno local -que conforman Foro Asturias y Partido Popular (PP)- se suma la posible interposición de un recurso contencioso-administrativo que se está planteando la Compañía de Jesús, propietaria del edificio, y a la que el Principado ha instado a retirar el símbolo franquista que es habitualmente un punto de encuentro para concentraciones y manifestaciones de simpatizantes de la extrema derecha que generalmente acaban cantando el 'Cara al sol', brazo en alto.

Foro Asturias pone el acento en que ese nivel de protección recogido en el Catálogo Urbanístico Municipal no permite modificar la fachada, su composición, estructura, dimensiones, ni la disposición de sus huecos y, por tanto, deben mantenerse materiales, formas y acabados.

Un manifiesto para la retirada

La retirada del monumento, conocido popularmente como el de 'los jesuitas', ha contado con un amplio respaldo de organizaciones políticas, sindicales, culturales, asociaciones de vecinos y activistas de movimientos alineados en la izquierda en contra de la exaltación de los símbolos franquistas.

Un total de 116 personalidades de diversos ámbitos de la sociedad asturiana suscribieron, el pasado mes de abril, un manifiesto, entre los que figuran historiadores, politólogos, médicos, docentes, artistas y pensionistas que recuerdan que esta escultura “no puede tener resignificación ninguna, ni con explicaciones didácticas, ni con placas. No es un lugar histórico neutro, sino un monolito de exaltación de una dictadura”.

Foro Asturias no está solo en esta cruzada administrativa que ha emprendido contra el Gobierno asturiano y la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), cuyo presidente Rafael Velasco, es el principal promotor de la iniciativa para su retirada como gesto de “respeto a las víctimas del franquismo”.

El apoyo del PP y Vox

En la negativa del gobierno local a retirar este símbolo le apoyan su socio de coalición -el PP- y Vox. El partido de ultraderecha incluso ha iniciado una campaña de recogida de firmas para frenar la retirada del monumento a través de la web del partido.

La diputada de Vox en la Junta General del Principado y portavoz en Gijón/Xixón, Sara A. Rouco, ha señalado que esta actuación “enseña la peor cara del sectarismo comunista” y responde a “una intransigencia ideológica elevada a su máxima expresión”. Unas acusaciones que han sido desmentidas desde el Gobierno asturiano.

Posibles recursos

Entre tanto, la resolución del consejero pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes.

A continuación, reproducimos íntegro el contenido de la resolución dictada por el consejero este pasado martes.

El presidente de la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), Rafael Velasco, emprendió una dura cruzada administrativa para que el monumento a los 'Héroes del Simancas', que está ubicado desde 1958 en un lateral de la fachada del Colegio de La Inmaculada Concepción, en Gijón/Xixón, sea retirado como gesto de “respeto a las víctimas del franquismo” y este martes se ha convertido para él en una fecha marcada a fuego porque ha logrado que, por fin, sus peticiones sean escuchadas por el Gobierno de Asturias.

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, de la que es titular Ovidio Zapico de IU-Convocatoria por Asturies, ha dictado una resolución que pone fin a la vía administrativa por la que acuerda ordenar a la “Compañía de Jesús Provincia de España”, propietaria del edificio, la retirada de los símbolos de exaltación del franquismo.

Cuatro meses para su retirada

El Principado concede a los jesuitas un plazo de cuatro meses para que suprima este símbolo de exaltación del franquismo, sin perjuicio de las autorizaciones, permisos o licencias que “resulten exigibles en aplicación de la normativa urbanística”.

En esta resolución se advierte igualmente de la obligatoriedad de su ejecución y de que, en el caso que transcurriera el plazo concedido sin que se haya procedido a la retirada del elemento, se haría por parte de la administración autonómica “con independencia de la exigencia de responsabilidad que se pudiera deducir previa la instrucción del pertinente expediente sancionador”, según se recoge expresamente.

Los cánticos del 'Cara al Sol'

El monumento a los 'Héroes del Simancas' era el punto de encuentro de grupos de tendencia de extrema derecha, principalmente, y de algunos nostálgicos del franquismo que se reunían para cantar el 'Cara al Sol'.

El 28 de junio de 2024, el grupo de personas que secundó la convocatoria para realizar una concentración en torno a este símbolo profirió gritos de 'Viva España' y a favor del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. La Policía Nacional anunció entonces la apertura de una investigación ante las críticas surgidas tras hacerse virales las imágenes en los vídeos difundidos en redes sociales.

Símbolos “fuera de lugar”

En aquella ocasión, el entonces jefe superior de Policía de Asturias, Luis Carlos Espino, aseguró que “la ley (de memoria democrática) es la que es para todos y esos símbolos no están permitidos y yo creo que están totalmente fuera de lugar”, respondió al ser preguntado por los periodistas por este acto de exaltación franquista.

elDiario.es Asturias se ha puesto en contacto con el presidente de Famyr, Rafael Velasco, para conocer sus primeras impresiones tras ser notificada la resolución del Gobierno asturiano, por la que tanto “ha peleado”.

Una satisfacción que “llega tarde”

A pesar de su satisfacción por ver su objetivo cumplido, Rafael Velasco cree que es una decisión que llega tarde: “estamos muy contentos en la Federación por esta resolución. Aunque como dice la expresión 'nunca es tarde si la dicha es buena', creemos que podría haber llegado antes y en mejores condiciones políticas”, asegura.

La resolución del Gobierno asturiano sigue el planteamiento que reclamaba el presidente de FAMYR desde el minuto uno, aunque actualmente espera que ni la Compañía de Jesús, ni el Ayuntamiento de Gijón/Xixón “pongan pegas” a su supresión.

Los antecedentes

“Esperamos la colaboración del Ayuntamiento y de la Compañía de Jesús para que se retire ya este símbolo, aunque nos gustaría que viniera acompañada de una petición de perdón”, dice el presidente, mientras muestra su deseo de que ninguno de los dos decidan interponer un recurso contencioso-administrativo.

El documento contiene un relato de los antecedentes de esta iniciativa que comenzó el 16 de julio de 2024 cuando FAMYR registró un escrito dirigido a la Dirección General de Memoria Democrática donde interesaba que este monumento que aún perdura en el colegio gijonés, en lo que fue el antiguo Cuartel de Simancas como homenaje a los golpistas de 1936, se suprimiera.

Las denuncias

Un año después de entregada su petición en el registro y, a la vista de que nada había cambiado, ni se había movido un papel en la administración para llevar adelante la propuesta, FAMYR presentó una denuncia contra el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y el Gobierno de Asturias ante la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática del Estado y ante el Defensor del Pueblo por su “inacción” al mantener el monumento.

La Federación argumentaba que tanto la administración local como la regional incurrían en un “flagrante incumplimiento” de sus obligaciones legales en materia de memoria democrática.

La inscripción en el pedestal

Este símbolo franquista había sido adosado al edificio del centro académico 12 años después de su reconstrucción -que se realizó en el período 1942-1946- y en su pedestal lleva grabada la inscripción: “DISPARAD SOBRE NOSOTROS [insignia Laureada San Fernando] SIMANCAS 18 JULIO 1936-21 AGOSTO 1936 CAIDOS POR DIOS Y POR LA PATRIA. PRESENTES”.

“Se trata de un texto laudatorio, característico del régimen dictatorial que lo inauguró, en honor y homenaje exclusivo y parcial de los mandos y unidades militares que proclamaron y consumaron ilegalmente la proclamación del estado de guerra en la ciudad la tarde del 19 de julio de 1936 hasta que fueron reducidos el 21 de agosto siguiente”, expone la resolución del Gobierno asturiano en su relato de antecedentes.

El expediente y su caducidad

Transcurridos dos años desde que FAMYR registró su escrito, el consejero Ovidio Zapico firmó una resolución por la que se fijaba un plazo de 15 días a la Compañía de Jesús para que formulara las alegaciones que considerara oportunas al anunciar el inicio del expediente para la retirada del símbolo franquista de la fachada del colegio gijonés.

Un año más tarde, la directora general de Memoria Democrática resolvió la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones.

Las alegaciones

Tres meses después, el 9 de febrero de 2026, se inició un nuevo procedimiento en el que tanto FAMYR como la Compañía de Jesús presentaron sus correspondientes alegaciones.

El pasado 18 de marzo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática comunicó a la Administración el procedimiento de inclusión del 'Monumento a los Héroes del Simancas, Gijón (Asturias)' en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática, así como el informe favorable de la Comisión Técnica, emitido una semana antes, sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en el que se aducía que “no concurrían razones artísticas o arquitectónicas suficientes para justificar su mantenimiento (...)”.

Protegido por el Catálogo Urbanístico

La Compañía de Jesús reiteró sus alegaciones, el pasado mes de abril, en las que ya aludía a la calificación de “inviabilidad jurídica” de la posible retirada del monumento y recordaba que “estaba protegido por el Catálogo Urbanístico de Gijón” donde al referirse a la fachada incidía en que no se permitía su modificación, composición, estructura, dimensiones y disposición de huecos, balcones, antepechos, cerrajerías, losas y miradores y cualquier otro elemento compositivo original.

La resolución firmada este martes por Ovidio Zapico deja ya claro que la competencia sobre las actuaciones en materia de memoria democrática en el Principado de Asturias se encuentra atribuida a la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.

Entre otros extremos, se hace hincapié en que el Consejo del Patrimonio Cultural ha señalado que el símbolo de los 'Héroes del Simancas' no consta declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) ni está incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, “remitiéndose al Catálogo Urbanístico del Municipio de Gijón que atribuye un nivel de protección 1 integral exclusivamente al edificio de la iglesia, pero no al elemento escultórico objeto del presente expediente”.

El contenido de la resolución

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes.

A continuación, reproducimos íntegro el contenido de la resolución dictada este martes.

Los hermanos Pepus y Maribel Ferrándiz, Manel Pujades y Carles Vallejo, todos ellos víctimas de la represión franquista, accedieron el pasado 18 de diciembre a los calabozos de Via Laietana 43 en Barcelona como testigos en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía de Memoria y Derechos Humanos de Barcelona.

Así lo han desvelado los represaliados este martes en una atención a los medios ante la conocida como la 'casa de los horrores' franquista de Barcelona, sede durante años de torturas a opositores al régimen y que, pese a las reiteradas demandas de las víctimas, el Gobierno se resiste a convertir en un espacio de memoria.

“El impacto humano de volver no se puede describir”, ha recordado Carles Vallejo, torturado por su actividad sindical, que ha calificado la visita como “histórica”, pues fueron los primeros represaliados en volver “al lugar del crimen”.

“Lo hablé con mi familia y otros represaliados, pero prevaleció el derecho a la memoria y poder explicar lo que otros ya no pueden explicar”, ha aseverado Vallejo.

El edificio sigue inmerso, en pleno 2026, en un profundo debate sobre su futuro: las víctimas del franquismo reclaman que la Policía se traslade a otra sede y la Jefatura se convierta en un memorial, como ocurrió con la sede de la Stasi en Berlín. Sin embargo, tanto los Ejecutivos central como catalán, ambos socialistas, han enfriado el traslado y mantienen que el edificio puede ser al mismo tiempo sede policial y lugar de memoria.

La visita comenzó con una reunión con la fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, Sara Gómez Expósito, la primera representante del Ministerio Público o la judicatura que ha escuchado a víctimas de la represión franquista tras años de denuncias que terminaban archivadas debido a la prescripción o a la amnistía del 1977.

En la visita, los represaliados pudieron relatar sus experiencias y, posteriormente, accedieron a los calabozos en los que, durante la dictadura franquista, se produjeron detenciones, interrogatorio y torturas.

Vallejo también ha explicado que incluso funcionarios actuales con los que pudieron hablar manifestaron su malestar por permanecer en el edificio al no contar con las “condiciones operativas” óptimas debido a su antigüedad.

Las entidades memorialistas lamentan que, si bien se trataba de una reivindicación histórica, se haya producido 50 años después de la muerte del dictador y que la visita no se haya podido hacer en condiciones “adecuadas”, dado que el edificio funciona en la actualidad como Jefatura Superior de Policía Nacional en Catalunya.

Los represaliados han reclamado que el edifico sea exclusivamente en un espacio de memoria de la represión franquista, sin presencia policial, un hecho que consideran “imprescindible” para que las personas que sufrieron torturas puedan acceder junto a sus familiares y compañeros para explicar lo vivido y que la experiencia sea reparadora.

También reclaman que el edificio se abra a la sociedad y a los centros educativos, como ha sucedido con otros espacios, como las antiguas prisiones de La Modelo y de la Trinitat.

Durante la visita, los testigos pudieron constatar que el edificio ha sufrido modificaciones y reformas, aunque parte de la estructura original y elementos significativos todavía se conservan.

Las entidades recuerdan que en julio de este año se debe resolver el expediente para declarar Via Laietana 43 como lugar de memoria democrática y reiteran que no tiene sentido que continúe operando como comisaría, pues gran parte de las instalaciones ya no son operativas, mientras el cuerpo policial dispone de un complejo moderno en La Verneda.