El Fuerte franquista de San Cristóbal por el que pasaron más de 7.000 presos republicanos ha sido declarado Lugar de Memoria por el Estado este miércoles tras su publicación en el BOE. En enero, los Gobiernos navarro y central firmaron un protocolo por el cual, además de la declaración, se convertirá el fuerte en un Centro de Interpretación Histórica (que incorpore los espacios emblemáticos) al que se podrán hacer visitas guiadas.

“Hoy es un día importante para su recuerdo. Y también para mirar al futuro desde el ejemplo de su compromiso. Y para ello los símbolos son importantes. Y el hecho de que hoy este enclave se haya declarado formalmente Lugar de Memoria es un hito importante en un camino que arranca muchos años atrás”, ha señalado la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria, Ana Ollo. “Los lugares de Memoria Democrática tienen una finalidad pedagógica y de divulgación. La placa que se ha descubierto pretende fundamentalmente que las nuevas generaciones de la juventud navarra conozcan la historia del Fuerte de San Cristóbal, especialmente su vinculación con la represión franquista, y la fuga que se produjo en mayo de 1938 con las consecuencias tan atroces para quienes lo intentaron”, ha añadido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

El fuerte de San Cristóbal fue uno de los principales penales de la dictadura por el que pasaron más de 7.000 presos políticos republicanos, de los que 795 protagonizaron en mayo de 1938 la mayor fuga carcelaria de Europa hasta la fecha, si bien solo tres lograron el objetivo de recorrer los 53 kilómetros que los separaban de Francia. La gran mayoría de ellos fueron ejecutados en los montes de alrededor o capturados y devueltos al penal.

En el acto celebrado este martes en el que se ha inaugurado la placa que lo define como Lugar de Memoria ha participado Ana Fernández Gurrutxaga, hija de Jovino Fernández, uno de los únicos tres presos que lograron alcanzar la frontera francesa. Además de recordar la historia de su padre quien, tras huir a Francia del fuerte volvió al frente republicano de Barcelona donde conoció a su madre, Luisa Gurrutxaga, con quien acabó en el exilio- ha puesto la mirada en dos cuestiones. Por un lado, ha elogiado el “gran trabajo que se hace en Navarra para que la historia de las víctimas del franquismo no quede sepultada en el olvido: sin memoria no se hace camino”, ha dicho.

Por otro lado, desde una perspectiva más actual y amplia (Ana, de 82 años, vive en Breziers, el sur de Francia) ha resaltado previamente durante la visita a Navarra la importancia de que, sobre todo “los y las jóvenes conozcan lo que pasó”. “No solo en la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino también por ejemplo en Francia con el régimen de Petain en la II Guerra Mundial. Es increíble, para alguien que pertenece a la generación del 44 como yo, que esto sea así y más en el contexto actual”, ha reflexionado.

Antes del acto, en el Palacio de Navarra se ha constituido la Comisión de Seguimiento contemplada en el protocolo firmado recientemente entre el Estado y Navarra. Para su adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en él, se han creado dos instrumentos: por un lado, una comisión de Asesoramiento Científico y Técnico integrada por personas expertas; y, por otro lado, en un ámbito más político e institucional, una comisión de seguimiento paritaria integrada por dos representantes designados por cada una de las tres partes firmantes del mismo. Así, esta última está copresidida por el titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la vicepresidenta del Gobierno de Navarra, Ana Ollo. 

En la reunión se ha acordado la puesta en marcha de un grupo de trabajo técnico para avanzar en temas como la elaboración de un diagnóstico del estado de conservación del Fuerte de San Cristóbal y una propuesta de calendario de las medidas urgentes de intervención (a cargo del Estado) para garantizar la seguridad; el régimen de visitas públicas y educativas del monumento o compartir información sobre el futuro proyecto memorialista que está preparando el Gobierno de Navarra. La Comisión ha trabajado un calendario para seguir avanzando en los respectivos temas en los próximos meses. 

El objetivo principal de este Protocolo General es fijar el marco general de colaboración entre los dos gobiernos. Además de esa declaración como lugar, el Gobierno de España se compromete a “colaborar en la custodia, vigilancia y conservación del inmueble en tanto la propiedad y/o posesión del inmueble residan en la Administración General del Estado. 

A estos efectos, al margen de las visitas públicas, “el acceso al Fuerte de San Cristóbal se deberá autorizar por la Delegación del Ministerio de Defensa en Navarra”, se especifica en el protocolo vigente. Aunque también se apuesta por “favorecer el mantenimiento del régimen de visitas exigido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, así como facilitar al Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra el acceso y la organización de un régimen de visitas guiadas, complementarias al régimen previsto por la mencionada Ley 16/1985, estableciendo las condiciones adecuadas para ello”. Para garantizar la seguridad de estas actividades el Estado realizará “un diagnóstico del estado de conservación del bien y de las medidas urgentes de intervención”. 

Por parte del Gobierno de Navarra –que también contempla la importancia del trabajo con entidades locales y sociales-, se impulsará un proyecto memorialista diseñado por el Instituto Navarro de la Memoria, con la participación de las asociaciones memorialistas, así como la puesta en marcha de “un Centro de Interpretación Histórica del Fuerte y de sus usos carcelarios. Un proyecto que incorpore espacios emblemáticos como el cuerpo de guardia, el primer patio, las celdas de castigo, el patio central, las galerías, las brigadas y los aljibes, así como el cementerio de las Botellas”. También corresponderá a la Administración Foral “implementar un régimen de visitas públicas del monumento, tanto para la ciudadanía, en general, como para el alumnado de los centros escolares de Navarra, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Defensa como titular del bien, y contando con la participación de la administración local” según indica en el documento legal.

La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado permiso al Ayuntamiento de Villoslada de Cameros (PP) para exhumar a cinco personas desaparecidas durante el franquismo de una fosa común: José Ferreras, Ramiro Sánchez, José Caballero, Valeriano Núñez y Jacinto Ramírez. Y el Consistorio riojano les ha exigido un proyecto de obra. La petición se formuló el pasado 27 de marzo. La asociación pidió permiso para llevar a cabo una intervención en una fosa común en la que permanecen los cuerpos de cinco republicanos asesinados y desaparecidos por la represión franquista.

En su respuesta, el Consistorio riojano se ha acogido a la legislación urbanística y reclama a la Asociación una “memoria descriptiva de las características generales de la obra y justificación de las soluciones concretas adoptadas y de las condiciones urbanísticas con referencia expresa a estas normas urbanísticas y a la normativa de desarrollo si fuera preciso, firmado y visado por el técnico competente”.

Asimismo, para poder llevar a cabo esta exhumación, el Ayuntamiento de Villoslada de Cameros les exige “una descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos y fotografías en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones que requieren reparación o consolidación. Este apartado viene definido en el punto ”4. Intervenciones de conservación y ornato, consolidación y reforma“ del artículo 23 de esta normativa. ”Documentos Específicos“.

Sin embargo, la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica no pretende edificar nada sino “intervenir en un espacio de terreno de cuatro metros cuadrados, coronados por una cruz en la que se encuentra el nombre de una de las víctimas”. Por lo que consideran que las exigencias del Ayuntamiento de Villoslada de Cameros solo pretenden “dificultar el derecho de las familias”. Es más, el vicepresidente de la Asociación y coordinador de las exhumaciones, Marco Antonio González, habla de un “veto a un derecho fundamental: el deseo de las familias a dar una sepultura digna a sus seres queridos y dificultar la exhumación de cinco víctimas del franquismo tratando el proceso como si fuera la construcción de un panteón”.

“Aplicar una normativa urbanística es una forma de deshumanizar a esas personas y a quienes quieren buscarlas, algo que no debería hacer un representante político y que muestra una total falta de empatía con quienes además de sufrir todas las consecuencias de esos crímenes han padecido ser gobernados por los responsables de esos asesinatos durante décadas y olvidados por la recuperada democracia”.

Y es que recuerdan que hasta la fecha solo han tenido una exigencia similar en el ayuntamiento leonés de Villadangos del Páramo donde “el alcalde incluso llegó a convocar un referéndum para que la Junta Vecinal, responsable del cementerio, decidiera si se hacía o no se hacía la exhumación. Finalmente, se impuso el derecho de las familias y se vio públicamente que el alcalde había llevado a cabo una prevaricación administrativa de manual”, apunta González.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica es la primera en España que llevó a cabo con métodos científicos la exhumación de una fosa común de desaparecidos asesinados por la represión franquista y desde el año 2000 ha llevado a cabo decenas de exhumaciones. Actuaciones que financian con recursos propios proporcionados por los socios, personas voluntarias y donantes. De hecho, apuntan, no aceptan subvenciones de ninguna institución pública.

Los cinco hombres trabajaban en los pantanos cercanos a Ortigosa

Se trata de cinco hombres, vecinos de localidades cercanas y todos ellos trabajadores de los pantanos cercanos de Ortigosa/González Lacasa. Según el libro Aquí nunca pasó nada del investigador riojano Jesús Vicente Aguirre, las víctimas aparecieron asesinadas dentro de término Municipal de Villoslada de Cameros el 10 de agosto de 1936.

José Ferreras Iglesias

Nacido en Zamora y de 49 años. Su certificado de defunción solo indica que está domiciliado en Pradillo. Se trata, seguramente, de un trabajador del pantano. Asesinado con otros cuatro compañeros el 10 de agosto en las Tejeras, Villoslada de Cameros, donde se le enterró.

Ramiro Sánchez Herrero

23 años, natural de Lucainena de las Torres, Almería. Soltero, hijo de Pedro y María. Trabajador del pantano. Asesinado en las Tejeras, en el límite de Villoslada de Cameros y Montenegro de Cameros, Soria, el 10 de agosto. Falleció “a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego”. Enterrado en Villoslada.

José Caballero Villa

35 años, nacido en Portugal. Soltero, tenía novia. “Se llamaba Basilia, se fue a Argentina con otras hermanas”. Obrero del pantano. Hermano de Antonio, también asesinado. Murió el 10 de agosto en Villoslada de Cameros, “en las Tejuelas de ese término municipal en el empalme de la carretera de Montenegro de Cameros”, Soria. Fallecido “a consecuencia de heridas por arma de fuego”.

Valeriano Núñez

De entre 28 y 30 años. Es la única indicación personal de Valeriano, con toda seguridad trabajador del pantano de Ortigosa. Por eso lo situamos en esta localidad. Asesinado con otros cuatro compañeros el 10 de agosto en Villoslada, “en las Tejuelas de este término municipal, en el empalme de la carretera de Montenegro de Cameros”. Fallecido “a consecuencia de heridas por arma de fuego”. Fue enterrado en Villoslada.

Jacinto Ramírez García

21 años, natural de Laguna de Cameros. Residía en el barrio Los Molinos de Ortigosa. Soltero, hijo de Cecilio y Petra. Trabajador del pantano. Asesinado en las Tejuelas, entre Villoslada y Montenegro, el 10 de agosto.

Jóvenes cantando el 'Cara al sol' entre risas, la figura del dictador Francisco Franco convertido en meme o la historia reducida a eslóganes que circulan por redes sociales en publicaciones vacías de contexto. La escena se repite entre los estudiantes mientras el profesorado asiste a “una peligrosa banalización de las dictaduras y a la simplificación de los regímenes totalitarios entre las generaciones más jóvenes”.

Es el diagnóstico que hace Javier Giráldez, profesor de Historia en el IES Vía Verde de Puerto Serrano (Cádiz), uno de los siete institutos de la provincia de Cádiz que han participado en la última jornada de 'Estudiantes con memoria', organizada por el IES Carlos III en el municipio gaditano de Prado del Rey. Este instituto lleva 15 años celebrando este encuentro educativo “único en España”, en el que el alumnado investiga y comparte sus trabajos sobre memoria histórica para combatir desde las aulas lo que sus organizadores denominan “memoricidio”.

El director del IES Carlos III, David Fernández, resume el memoricidio como “negar las evidencias de lo que ha ocurrido en el pasado”. Frente a ello, en un contexto donde el profesorado percibe “un auge del fascismo entre los jóvenes”, cobra aún más sentido celebrar una iniciativa que reúne a cientos de estudiantes andaluces en torno a una idea sencilla: conocer la historia para entender el presente.

Sembrando democracia

Lo que comenzó en 2008 como un trabajo de clase ha terminado convirtiéndose en una cita consolidada en la provincia de Cádiz. Fernández recuerda cómo, al llegar al centro, empezó a escuchar a sus alumnos hablar de historias que les contaban sus abuelos, relatos que se quedaban encerrados en el ámbito familiar. “Empezamos a recopilar testimonios y aquello acabó en un primer encuentro con otro instituto de San Fernando”, explica.

15 años después, aquella intuición se ha transformado en una experiencia pedagógica que busca llenar un vacío. “Existe una profunda ignorancia sobre la historia contemporánea en España entre los jóvenes”, sostiene el director del IES Carlos III. Un desconocimiento que, en muchos casos, se ve agravado por el hecho de que el alumnado se acerca a episodios históricos clave como la Guerra Civil o la dictadura franquista a través de redes sociales, donde proliferan los bulos y la desinformación.

El resultado, advierte, es preocupante: “Alumnos cantando el Cara al sol o frivolizando con la dictadura y el franquismo”. Frente a ello, el objetivo es claro: “Formarlos para que tengan sentido crítico y sepan argumentar sus opiniones”. Fernández está convencido de que, si conocen con rigor lo que supusieron la guerra y los 40 años de dictadura, “van a optar por la democracia y no por ideologías que derivan en el totalitarismo”. No se trata solo de transmitir contenidos, sino de “enseñarles a pensar por sí mismos” para que sean ellos quienes confronten los discursos fascistas que proliferan en el entorno digital.

El alumnado, en el centro

La evolución del proyecto también se mide en cifras. De los dos institutos que participaron en los primeros años se ha pasado a siete centros en esta edición, con cerca de 400 estudiantes, desde tercero y cuarto de ESO hasta Bachillerato. Pero más allá de los números, lo que define el encuentro es su enfoque innovador: “Una experiencia por y para el alumnado”. Son ellos quienes protagonizan el encuentro, conducen el acto y se encargan de presentar los proyectos en los que han estado trabajando en sus respectivos centros.

Durante el curso, cada instituto desarrolla su propio proyecto, que luego comparte en Prado del Rey en formatos que van desde el teatro hasta los cortometrajes o las performances. “No es común que se organice un evento de este calibre con tanta libertad y tanta implicación por parte del alumnado”, destacan los docentes participantes, que destacan el carácter “reivindicativo de la memoria histórica y fortalecedor de la democracia” que propicia este encuentro.

Entre los participantes está el IES Vía Verde de Puerto Serrano. Su profesor de Geografía e Historia, Óscar, coincide en el diagnóstico de Javier Giráldez: “Hay un auge de discursos que banalizan el fascismo entre los jóvenes, que se lo toman como algo divertido cuando fue la época más oscura de nuestra historia”. A su juicio, ese fenómeno no puede entenderse sin el peso de una Transición que dejó muchas cuestiones sin abordar. “Se impuso la ley del olvido”, recuerda para señalar que eso hace aún más necesarias iniciativas que recuperen la memoria democrática empezando por las aulas.

En esa línea se expresan también las alumnas Claudia y Adriana, de 3º de ESO, que defienden la importancia de este tipo de actividades. “Es muy necesario porque muchos jóvenes se creen lo que ven en redes sociales sobre la época de Franco y piensan que fue algo bueno, cuando fue todo lo contrario”, aseguran. Para ellas, estos encuentros permiten “aprender todos de todos” y entender mejor “de dónde venimos para no querer volver a esa época”.

Igual de directo se muestra Jesús Hinojo, alumno de 2º de Bachillerato y uno de los presentadores del acto: “La derecha está blanqueando la historia”, señala. A las puertas de convertirse en votante, reivindica la importancia de conocer el pasado con rigor. “En Alemania e Italia tienen bastante conciencia sobre los totalitarismos, pero en España todavía no”.

La memoria como herramienta de futuro

Más allá de la teoría a la que están acostumbrados en las aulas, la jornada en Prado del Rey se convierte en una puesta en común práctica en la que el alumnado “expone, argumenta, comparte y vivencia” el contenido que han estado trabajando durante el curso desde una perspectiva interdisciplinar entre asignaturas.

La directora del IES Fuente Alta de Algodonales, Cristina Sánchez, explica que el proyecto de su centro se ha centrado este año en el intento de golpe de Estado del 23-F, a través de un enfoque de “microhistoria” que conecta los grandes acontecimientos con la experiencia cotidiana de la población. “El objetivo principal era recuperar el recuerdo de las personas que vivieron el golpe y que muchas veces no fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo hasta mucho después”, señala al término del encuentro.

Sánchez, que es también profesora de Geografía e Historia, reconoce además que, pese a las dificultades del sistema educativo, iniciativas como esta generan cierta esperanza. “Cuando se dedica tiempo a trabajar la memoria, a reflexionar sobre la democracia y a desmontar bulos, se pueden hacer cosas como estas”, afirma. Tras quince años de recorrido, concluye, la experiencia del IES Carlos III de Prado del Rey se ha convertido en una referencia de trabajo colaborativo entre centros: “Ojalá hubiera más experiencias como esta”.

Quince años después, aquel experimento surgido casi por casualidad se ha convertido en una referencia entre centros andaluces. Una forma de sembrar preguntas más que certezas. De generar conciencia en lugar de consignas. Porque, como coinciden profesores y alumnos, la memoria no es solo pasado. Es, sobre todo, una herramienta para no repetirlo.

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un Plan estratégico de memoria que plantea la creación de diversos espacios memoriales y actividades para “contrarrestar una cierta falta de transmisión pública y educativa de la historia del siglo XX”. Entre las principales propuestas destaca la inauguración de un espacio memorial en el Castillo de Montjuïc sobre el terrorismo.

Este museo, que también funcionará como archivo y centro de investigación, zanja una larga negociación con las víctimas del terrorismo, que hace años que piden a diversas instituciones -entre ellas el Ayuntamiento- más reconocimiento y acompañamiento. El consistorio se comprometió a crear este espacio ya en 2024 y ahora queda financiado bajo el paraguas de este Plan estratégico.

Se espera que las obras finalicen durante el primer semestre de este 2026, aunque el espacio de memoria y museo no se estrenará hasta 2027. La idea es que este castillo, históricamente vinculado a la represión militar y en el que se llevaron a cabo diversas ejecuciones durante el franquismo, tenga 200 metros cuadrados dedicados a la divulgación sobre estos episodios.

El consistorio apunta que combinará una exposición permanente con actividades de investigación y educativas. “Barcelona ha estado marcada por episodios de alto impacto, como los atentados multitudinarios de Hipercor, en 1987, y de la Rambla, en 2017, que han dejado una profunda huella humana, social y emocional en la ciudad”, apuntan desde el Ayuntamiento. Por ello, el memorial pretende ser un espacio que explique “con rigor y sensibilidad” el terrorismo “en toda su complejidad, situando a las víctimas en el centro y contribuyendo a su reconocimiento”.

La teniente de Alcaldía del área de Derechos Sociales y Memoria Democrática, Raquel Gil, considera que “se debe preservar el pasado para fortalecer el futuro” y destaca que el Plan de memoria es “fruto de un proceso colectivo”. A él han contribuido diversas entidades como el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), la Asociación Pro-Memoria de los Inmolados por la Libertad en Catalunya, el Ateneu de Memoria Popular, el Amical de Mauthausen, el de las Brigadas Internacionales, el espacio feminista Ca la Dona o la Fundación Cipriano García.

Y es que, además del memorial de terrorismo, el Plan -financiado con 6.151.280 euros- contempla otros proyectos, como el Centro Model de la Memoria, que transformará la antigua galería 4 de la cárcel en un espacio museístico. También se revisará la normativa del nomenclátor de la ciudad para “garantizar la coherencia y la precisión historiográfica”, así como para impulsar nombres que, hasta ahora, han sido “poco visibles”, con especial atención a la “necesaria feminización” de las calles.

Por último, también se reactivará la Junta de Valoración del Tardofranquismo, que revisará los protocolos e incorporará perfiles no contemplados hasta la fecha, como el de las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, las represaliadas por motivos políticos o morales o las perseguidas por su orientación sexual y de género.

Además, se prevé realizar un ciclo de actividades, con diversas propuestas educativas, así como la creación de una web interactiva sobre el pasado esclavista de Barcelona. En él, se identificarán los espacios de la ciudad vinculados al tráfico de esclavos. “Son memorias que han estado largamente silenciadas y la ciudad conserva numerosas trazas de esta participación, desde los domicilios de armadores de indianos hasta aquellos financiados con capitales procedentes de la explotación”, apuntan desde el Ayuntamiento.

“Me costará de digerir, toda la vida he sido acusada y ahora soy acusadora”. La frase la pronunció Blanca Serra tras convertirse en la primera víctima que relató a la Fiscalía de Memoria Democrática las torturas que sufrió de manos de policías franquistas. Menos de un mes después de que la Fiscalía concluyera la investigación, esta histórica activista de la izquierda independentista catalana murió este viernes a los 82 años.

La juventud de Serra es un ejemplo de la violencia sufrida por ser mujer e independentista durante la supuestamente modélica Transición: junto a su hermana Eva, fue detenida en cuatro ocasiones entre 1977 y 1982 (las tres últimas con la Constitución vigente). Los agentes las arrestaron siempre en su casa. Estaban vigiladas.

Los policías torturaron Serra ya muerto el dictador en la misma comisaría conocida por la oposición al franquismo como 'la casa de los horrores'. Via Laietana 43, sede de persecución a los disidentes antes y después de 1975. A día de hoy, sigue albergando la Jefatura de la Policía Nacional en Catalunya pese a las reiteradas demandas de las víctimas para convertirlo en un espacio de memoria. Todos los Gobiernos de PP o PSOE se han negado a sacar a la Policía del edificio. Otra muestra de modélica Transición.

El archivo de la investigación por torturas resultó agridulce para Serra: por primera vez se investigaron las torturas, pero al final la Fiscalía no pudo identificar a sus autores. “No se reconstruye la estructura jerárquica de la represión ni se abre la puerta a una reparación integral ni a depurar responsabilidades”, lamentó Serra en un vídeo, su última aparición pública el pasado marzo.

Blanca Serra nació en Barcelona en 1943. Licenciada en filología clásica por la Universidad de Barcelona, trabajó como profesora de lengua española. Era hija del arqueólogo Josep de Calassanç Serra, y hermana de la historiadora y activista independentista Eva y de Josep de Calassanç Serra, uno de los fundadores de Terra Lliure.

Durante el franquismo, Serra militó en el Front Nacional de Catalunya y a finales de los años sesenta fue una de las fundadoras del Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN), formación de visión marxista con bases de anarquismo. También fue miembro de la Assemblea de Catalunya.

En noviembre de 1975 tuvo que exiliarse en Francia y participó en el Congrés de Cultura Catalana en Perpiñán. Cuando regresó a España, fue detenida, acusada de haber colaborado con ETA y Terra Lliure y le aplicaron la ley antiterrorista, que amparaba detenciones largas e incomunicadas sin garantías legales.

Durante la Transición, tanto ella como su hermana Eva (fallecida en el 2018), fueron torturadas varias veces por la policía franquista, primero en la jefatura de Vía Laietana de Barcelona, y después en la Dirección General de Seguridad, en Madrid.

Toda su vida estuvo marcada por el activismo político en favor de la independencia de Catalunya y la lengua catalana: fue portavoz de la Plataforma pel Dret a Decidir que promovió las consultas independentistas en Catalunya desde 2006.

Posteriormente, formó parte de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y suscribió el polémico Manifest Koiné, documento firmado en 2016 por un grupo de filólogos, lingüistas y docentes que criticaban el bilingüismo en la sociedad catalana y abogaban porque el catalán fuera la única lengua oficial de una hipotética Catalunya independiente.

La investigación de la fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, la primera del Ministerio Público que requirió documentos a la Policía y a los archivos, dio plena credibilidad a Serra, consideró demostradas las torturas, las calificó de crímenes contra la humanidad, pero pidió su archivo al no poder identificar a sus autores.

“Es un gran día para hacer memoria y recuperar un pasado que no se ha acabado”, declaró Serra el 19 de mayo de 2025 tras comparecer ante la fiscal delegada de Memoria Democrática en Barcelona, Sara Expósito. Pese a andar con la ayuda de un caminador, albergaba la certeza de que tenía que declarar ante la Fiscalía. “Los jóvenes tienen que conocer lo que pasó”, dijo, alertando del contexto global de ascenso de la extrema derecha. Conocer el pasado para que no se repita. Blanca Serra lo intentó toda su vida.

Asturias avanza en el proceso de reparación a las víctimas del franquismo al lograr la identificación de cinco de las seis personas exhumadas en la fosa común del cementerio de La Caridad/A Caridá, en el concejo asturiano de El Franco.

El tiempo transcurrido desde su fusilamiento hasta el pleno reconocimiento de su filiación ha impedido a muchos de sus familiares más directos llegar con vida a ver estos resultados, pero sus descendientes han conseguido al menos cerrar esa herida al recuperar sus restos para un enterramiento en condiciones más dignas.

Las víctimas

Los estudios genéticos han confirmado que dos de los restos corresponden a las hermanas Ferrer, desaparecidas tras el golpe de Estado de agosto de 1936, si bien la ausencia de muestras biológicas previas impide determinar con exactitud cuál de las tres no se encuentra en la fosa.

Las hermanas Luz, Mercedes y Maura Ferrer Díaz tenían entre 17 y 21 años en el momento de su desaparición. Junto a ellas, también han sido identificados los restos de Ramón Cuesta Blanco, Lorenzo Solís y Francisco Pena, víctimas de la represión franquista en los primeros meses de la Guerra Civil.

Reunión con los familiares

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Asturies, no ha podido disimular su emoción al anunciar la identificación de cinco de las seis personas exhumadas en la fosa común, ya que entre sus compromisos políticos se encuentra la culminación de estos procesos de identificación para avanzar en los principios de “verdad, justicia y reparación”.

Previamente a la confirmación oficial de esta identificación, el consejero se ha reunido con los familiares de las víctimas, en un encuentro en el que han participado también la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de El Franco, Victoria Zarcero.

Tras la reunión con los representantes políticos, dos familiares de las hermanas Ferrer y Lorenzo Solís han trasladado su agradecimiento a la Consejería de Derechos Ciudadanos y al equipo técnico implicado en el proceso y han resaltado la importancia de su trabajo para las familias tras décadas de incertidumbre.

Una deuda histórica

En su intervención, el consejero ha calificado este avance como “especialmente emotivo” y ha señalado que permite “cumplir una parte, pequeña pero muy significativa, de la deuda histórica que las administraciones tenemos con las víctimas del franquismo y sus familias”.  

“Lo que no sabían los que les asesinaron y les enterraron en esa fosa, era que sembraban semillas y esas semillas germinan cada día y hoy germinan especialmente, y nos animan y empujan a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación”, ha afirmado el consejero.

Exhumaciones con fondos públicos

Zapico ha recordado que estas actuaciones forman parte de las primeras exhumaciones financiadas íntegramente con fondos públicos en Asturias y ha destacado que permitirán a las familias “cerrar un círculo tras décadas de dolor, dudas y estigmatización”.

Por su parte, la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, ha explicado que el proceso incluyó un primer análisis antropológico realizado en la Universidad de Oviedo, que determinó la existencia de dos mujeres y cuatro hombres entre los restos hallados. A esta fase le siguieron los estudios genéticos que han permitido confirmar la identidad de cinco de las víctimas.

La fiabilidad

Los trabajos de exhumación comenzaron en el mes de diciembre de 2024 y han permitido localizar seis cuerpos en una fosa en la que inicialmente se buscaba a tres personas.

Los análisis antropológicos y genéticos realizados posteriormente han hecho posible identificar con certeza a cinco de ellas, lo que supone un índice de efectividad del 83 %, muy por encima de la media habitual en este tipo de procesos, que según explican desde la consejería ronda el 10 %.

El consejero de Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha avanzado que la entrega oficial de los restos a las familias de estas cinco personas identificadas se prevé para el próximo mes de mayo

La recopilación de testimonios

Collado ha señalado además que la investigación se ha ido ampliando gracias a la colaboración de los familiares y a la recopilación de testimonios, lo que ha facilitado avances en la identificación de personas desaparecidas en el mismo periodo.

El consejero ha avanzado que la entrega oficial de los restos a las familias está prevista para el próximo mes de mayo en un acto que “permitirá culminar el proceso de identificación y avanzar en los principios de verdad, justicia y reparación”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) ha denunciado el ataque vandálico al memorial a las víctimas del franquismo ubicado en el cementerio de Cabeza la Vaca (Badajoz) como un acto de odio y humillación a las víctimas y a sus familias.

“Resulta profundamente doloroso comprobar cómo, tras haber sido recuperados los restos de las víctimas y restituida su memoria, ni siquiera se les permite descansar en paz”, ha lamentado la asociación, que, además, ha afirmado que se trata de un ataque que vulnera la estatal Ley de Memoria Democrática, que se produce en un contexto de paralización de la políticas públicas de Memoria Democrática de la Junta de Extremadura y de desprotección institucional tras la reciente aprobación de la llamada Ley de Concordia, promovida por PP y Vox en Extremadura.

Según explica ARMHEX, “en fechas recientes” han sido destruidas y arrancadas varias lápidas con los nombres de las víctimas asesinadas por el franquismo, por lo que considera que estos hechos “no son simples y aislados actos vandálicos, sino un ataque directo a la dignidad de las víctimas asesinadas y una humillación intolerable para sus familiares”.

El colectivo asegura que el memorial vandalizado es el resultado de años de trabajos de investigación y excavaciones arqueológicas en el propio cementerio de Cabeza la Vaca, desarrollados desde 2011, año en el que se localizó una primera fosa común con cuatro personas represaliadas de las más de 36 víctimas de las que se ha encontrado información. En años posteriores se llevaron a cabo nuevas campañas promovidas por el Ayuntamiento y alguna de ellas, ejecutadas por ARMHEX, con financiación del Plan de Recuperación de Memoria Democrática a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y fondos del Estado.

Como resultado de estas intervenciones, se han localizado y exhumado al menos 19 víctimas de la represión franquista, incluidas varias mujeres asesinadas tras la ocupación del municipio en agosto de 1936, tanto de Cabeza la Vaca, como de Calera de León y otras localidades cercanas.

El memorial fue construido posteriormente como acto público de homenaje y reparación, incorporando los nombres de las víctimas y convirtiéndose en un lugar de memoria democrática y de dignificación.

ARMHEX ha puesto estos hechos en conocimiento del Fiscal Delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Badajoz. Además, ha expresado su confianza en que las autoridades competentes identifiquen y lleven ante la justicia a los responsables “de estos intolerables hechos en una sociedad democrática, como es de esperar un Estado de Derecho”.

Asimismo, la asociación ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a defender los valores democráticos frente al odio y el negacionismo, tomando como base el ordenamiento jurídico vigente, tanto la Ley de Memoria Democrática como otras normas aplicables para delitos de odio.

La memoria colectiva permite que los recuerdos y los acontecimientos nunca se olviden. Sin embargo, a menudo, esos recuerdos dejan de pronunciarse en voz alta. Por miedo, por represión, por el qué dirán, y acaban relegándose al olvido. A lo largo de casi 90 años, muchas historias de personas que fueron asesinadas durante la guerra civil se han ido perdiendo. Otras han permanecido en silencio.

Este es el caso de cinco víctimas de Los Cerralbos, un pequeño pueblo de Toledo. Una madrugada de noviembre de 1936 condujeron a estos cinco hombres hasta un paraje en medio del campo y allí los asesinaron: Pablo, Teodoro, Lucio y dos hermanos, Baldomero y Eulogio.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), a petición de los familiares de las tres primeras víctimas, inició un proyecto con el objetivo de conocer las circunstancias de la muerte de estos tres varones y recuperar sus restos. Realizaron dos incursiones en la zona, una en julio de 2021, donde encontraron varios casquillos de bala, y otra en mayo 2022. Sin embargo, no fueron del todo provechosas. Una nueva fase de excavación tuvo lugar durante dos días en febrero de 2026, pero tampoco ha sido fructífera. Marco González, coordinador del proyecto, asegura que “no encontrar esos cuerpos ha sido durísimo para la familia y para el equipo”.

Las víctimas

Pablo Arrogante Alía, nacido en Lucillos (Toledo) en 1907. En el momento de su detención vivía en la localidad toledana de Los Cerralbos. Según su familia, era Miembro de la Casa del Pueblo y afiliado sindical. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Arrogante fue detenido junto a otros seis hombres del pueblo, la noche anterior a su fusilamiento y llevado por la Guardia Civil a Talavera de la Reina. Del grupo de siete solo sobrevivieron dos. Pablo Arrogante tenía 21 años.

Teodoro Dionisio Fernández Fernández, nacido en Los Cerralbos (Toledo) en 1909, era jornalero. Casado y con tres hijos, su familia señala que pudo ser simpatizante de la II República.

Lucio Jiménez Fernández, nacido en 1909 en Los Cerralbos (Toledo). Trabajaba como jornalero y era soltero. Pertenecía a un sindicato y era afiliado a un partido político, aunque no ha trascendido a cuál.

También buscan los restos de Baldomero Díaz Zapata y su hermano Eulogio Díaz Zapata, de los cuales no se conocen más datos, dado que “eran solteros”.

Estos cinco hombres fueron ejecutados de forma extrajudicial aproximadamente el 5 de noviembre de 1936. A través de testimonios de la familia de Teodoro, la ARMH ha conocido parte de este suceso: “Sé por mi abuela, hija de Teodoro, que se fueron a por un cargamento de leña al monte, para calentar sus casas que eran muy pobres. Alguien del pueblo les delató diciendo a la familia rica del pueblo que les estaban robando”. También, esta persona apunta que “a él y a otros cuatro hombres los fusilaron a las afueras del pueblo. Había un sexto, Ángel el maestro, que lo soltaron por pertenecer a buena familia”.

Los inicios del proyecto para encontrar los cuerpos

Marco González, vicepresidente de la ARMH y coordinador del proyecto en Los Cerralbos, explica que el proyecto comienza a raíz de los testimonios de varios familiares de tres de las víctimas -de Pablo, Teodoro y Lucio-. Este paraje “está situado a un kilómetro del pueblo y es la fosa común que se conoce en el propio pueblo”. Sin embargo, a lo largo de las intervenciones han encontrado dificultades.

Además de los propios testimonios familiares, se guiaron a través del libro 'Azulejo: un niño en la gran tormenta', escrito por Francisco Fernández Santos, hijo de Ángel, el maestro que sobrevivió a la matanza. “En él se cuenta cómo matan a esos cinco hombres y los entierran en una finca del maestro de Los Cerralbos, que realmente no era de él, sino de su mujer”, explica Marco González.

Por otro lado, se sirvieron de diferentes investigaciones publicadas durante los primeros años del siglo XXI.

La ubicación del lugar en el que fueron asesinados sigue siendo un misterio. Desde la ARMH, a través de los testimonios recogidos y documentación revisada, creen que sus restos se encuentran en una finca dentro del paraje de 'Los Parrales', a una distancia de un kilómetro del municipio. Dentro de ese paraje, comparando los registros catastrales actuales con imágenes de los vuelos americanos -llevados a cabo en 1946 por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para cartografiar Europa-, han podido hacerse una mejor idea para acotar el terreno.

Tres incursiones sin resultados

Comenzaron buscando en la parcela que pertenece a la familia de Ángel, el maestro que los franquistas liberaron, en una zona que se denomina 'Las siete olivillas', y que se encuentra en el camino de Lucillos, justo en la margen de un arroyo.

Tras esto, en 2021, realizaron la primera incursión en el terreno. Marco González destaca que llevaron a cabo un rastreo de toda la zona “con detectores de metales” y fue entonces cuando encontraron “casquillos de bala Mauser con marcaje de la época”. Para desbrozar la tierra utilizaron dos máquinas simultáneamente para poder cubrir más terreno. Realizaron zanjas, “durante cinco o seis días”

En 2022 lograron un nuevo testimonio y, con él, nuevas pistas. Marco González detalla que les hablaron “de la finca de enfrente y siempre pegado a un reguero”. Tras conseguir los permisos del propietario para intervenir en una zona donde se había realizado una plantación de pistachos, sin que el propietario pusiera objeción alguna siguieron abriendo zanjas durante “dos o tres días más”, sin llegar a encontrar nada, “ni una pista”.

La familia Arrogante, explica, “siempre escuchó que en los años 60, con la concentración parcelaria, alinearon el reguero porque era como más bajo y no tan recto. Nos centramos en el reguero, pero nada, tampoco aparecieron”, pero se muestra convencido: “Está claro que tienen que estar en esa finca, por los testimonios que hemos recogido”.

Tras esta nueva incursión, González asegura que paralizaron la búsqueda, ya que “se perdían las referencias, pero dijimos que si algún día había un nuevo testimonio que nos pudiera afianzar, volveríamos”. Y así fue.

A finales de 2025 se pusieron en contacto de nuevo con ellos dos familiares de Teodoro Dionisio: su hija y la bisnieta del represaliado, Patricia, para interesarse sobre el caso de su familiar. Querían saber si la búsqueda tendría continuidad.

Los integrantes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica volvió entonces a realizar un estudio de la zona y se dieron cuenta de que habían dejado “un buen trozo sin cubrir cerca de la zona que habíamos encontrado los casquillos, unos 300 o 400 metros cuadrados”.

En esta tercera búsqueda encontraron “varios casquillos nuevos con marcaje italiano de la época”. Marco González cree que “posiblemente en 2021 estuviesen también pero más profundos”. Es posible que tras haberse labrado la tierra terminasen por salir a la superficie. Trabajaron durante tres jornadas, pero “desgraciadamente no ha habido suerte”.

El problema, tal y como comenta el vicepresidente de esta asociación memorialista, es que la estructura de las parcelas “se desdibujó” como consecuencia de la concentración parcelaria de 1960. “Antes de la concentración la finca tenía cuatro parcelas, pero después se convirtió en una única que debe tener tres o cuatro hectáreas de superficie. Al perder toda referencia, hemos peinado todo el trozo pegado al camino y al reguero, pero ya no sé qué más nos queda”.

Igualmente, en otros documentos que han encontrado de la década de 1950 pudieron confirmar que “hubo traslados al Valle de los Caídos. El gobernador civil de Toledo hizo un listado de fosas comunes. Aparece una con el paraje, el camino y habla de Los Cerralbos y de una fosa con cinco personas, pero no da las coordenadas. Aparece como referencia el Camino de Lucillos, pero no la finca exacta”, expone González.

Otras hipótesis planteadas

Marco González señala que lo que se creía como ubicación popular de la fosa común a través de “la transmisión oral es errónea, al no tener un mapa concreto o unas coordenadas de la finca”, es complicado de determinar.

Ahora barajan la posibilidad de que los cuerpos “estén en unos límites de la finca, porque los asesinos dejaron los cuerpos ahí abandonados y no les dieron sepultura en el cementerio. Luego iban unos mozos del pueblo y los enterraban allí, en campo abierto”.

Otra hipótesis “guiada por la lógica”, apunta, “es que estén en los márgenes o los límites de la finca, pero si abrimos la posibilidad a que estén en otra finca, la de al lado que hay cuatro o cinco y rodean lo que estamos buscando, pues se vuelve infinito”.

La “impresionante” implicación de las familias

Marco González reconoce que esta búsqueda ha sido “tremendamente dura” y que les dio “bastantes problemas”. Primeramente en 2021, porque la incursión se realizó en verano, donde tuvieron que trabajar a más de 40 grados haciendo zanjas: “Las tuvimos que hacer después de que el dueño recogiese la siembra y él nunca puso ningún reparo”, comenta González. En 2022, a pesar de comenzar entre mayo y junio, también “hubo una ola de calor”.

Sin embargo, la intervención más reciente en 2026 la realizaron en febrero, pero “previamente tuvimos que posponerla por los episodios de lluvias e inundaciones”, e igualmente el campo estaba completamente sembrado de trigo “a más de un palmo de altura, pero el propietario nos dijo que sin ningún problema, que pisáramos lo que hiciera falta, que si había que buscar a esa gente había que hacerlo, y nos facilitó muchísimo el trabajo, pues la tierra estaba mucho más blanda”.

A pesar de las inclemencias meteorológicas, Marco González resalta que la mayor dificultad es la información, “la pérdida de referencias”. Asegura que la implicación de las familias es “impresionante”, ya que una de ellas “llevó por su cuenta un georradar y nos marcaron varias zonas donde se veía incidencias en el terreno”. Aunque ellos consideran que “no somos muy creyentes del georradar, la familia se lo ha currado muchísimo y en estos años no se ha quedado de brazos cruzados”.

Si las familias se hubieran visto amparadas una vez murió Franco, si alguien hubiera hecho estas búsquedas... pero nadie lo hizo y las autoridades no estuvieron a la altura

Marco González apunta que la familia que más presente ha estado es la de Teodoro, y es la que “hizo que estuviéramos allí”. Se creó una vinculación muy estrecha: “Comíamos con ellos y todo, es una putada que no hayan salido bien las cosas y tener que decirle a la hija de Teodoro que no ha habido suerte y no hemos encontrado a su padre. Eso mina a las personas mayores, sobre todo porque nunca han tenido una respuesta del Estado”.

A la espera de nuevos testimonios y pistas para seguir buscando

El coordinador del proyecto expone que hablar con la hija de Teodoro y contarle que “no ha aparecido es durísimo, tanto para ella como para el equipo” y reivindica que “si las familias se hubieran visto amparadas una vez murió Franco, si alguien hubiera hecho estas búsquedas... pero nadie lo hizo y las autoridades no estuvieron a la altura”.

El proyecto de intervención en la búsqueda de la fosa de Los Cerralbos ha sido financiado en exclusiva con fondos propios de la ARMH. Forma parte de la política interna de la asociación. “Creemos que tiene que ser el propio Estado con sus medios, no subcontratando empresas para buscar a personas desaparecidas”, expone González.

Por el momento se encuentra paralizado pero no dejarán de intentarlo: “Si hay una pista solvente, si aparece un testimonio de una persona que nos dice 'está en la finca de al lado, ¿cómo no buscasteis ahí?', alguien que quizá tiene 95 años y no vienen al pueblo de hace muchos años... volveríamos”.

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha entregado a las familias en Talarrubias (Badajoz) y Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real) los restos mortales de Manuel Cabezas y Tiburcio Zazo, exhumados del cementerio de Orduña (Bizkaia), localidad en la que estuvieron presos tras la guerra civil española.

Ambos murieron en marzo der 1941 en la Prisión Central de Orduña y sus restos fueron exhumados del cementerio de esta localidad vizcaína en 2022.

La familia de Tiburcio Zazo ha recibido sus restos mortales este viernes en el cementerio de Talarrubias (Badajoz), de la mano de la consejera y del director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso.

El acto de entrega, de carácter familiar, ha contado con la presencia del jefe de servicio del Área de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Badajoz, Juan Ceballos.

Los restos de Manuel Cabezas fueron entregados a sus familiares ayer en Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real). En presencia de viceconsejero de Relaciones Institucionales de la vicepresidencia segunda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Vicario, y de la alcaldesa de la localidad, Laura Flores.

Apresados tras la guerra

Ambos fueron apresados una vez terminada la guerra, llevados lejos de sus lugares de origen, y murieron víctimas de las condiciones de las cárceles franquistas.

Manuel Cabezas era natural y vecino de Los Pozuelos de Calatrava t estaba soltero y trabajaba como jornalero. La documentación histórica recoge que ingresó en la Prisión Provincial de Ciudad Real el 22 de enero de 1940, trasladado desde la Prisión de Almodóvar del Campo.

El 8 de febrero de ese año ingresó en la Prisión Central del municipio vizcaíno y poco más de un año después, el 10 de marzo de 1941, falleció a los 24 años, según el certificado de defunción, por una enfermedad renal.

Tiburcio Zazo nació y vivió en Talarrubias y estaba casado con 4 hijos. El 29 de diciembre de 1939 ingresó en la Prisión de partido de Herrera de Duque procedente del Depósito Municipal de Talarrubias, y de allí fue enviado a la Prisión Central de Castuera en enero de 1940.

Apenas un mes después fue trasladado a la Prisión Central de Orduña, donde falleció a los 66 años el 24 de marzo de 1941 también por la misma dolencia.

La familia de Eusebio Moreno, natural y vecino de Peñalsordo (Badajoz), la última de las persona enterrada en el cementerio de Orduña e identificadas, recibirá sus restos en las próximas semanas.

Al menos 225 personas fallecieron en la Prisión de Orduña, todos ellos varones y trasladados desde otras comunidades autónomas.

Programa de Búsqueda Desaparecidas

Más de la mitad (127) eran extremeños y a ellos se les suman 41 castellanomanchegos (34 de Ciudad Real, 4 de Toledo y 3 de Albacete), mientras que 22 fueron trasladados desde la prisión de Málaga, 7 de Tarragona y los 28 restantes eran naturales de otras provincias.

Las identificaciones se enmarcan en el 'Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil' que lleva a cabo Gogora.

 La consejera ha subrayado en un comunicado que con gestos como estos no existe ningún ánimo de revancha “frente a lo que argumentan quienes quieren terminar con las leyes de memoria”.

“Nadie quiere señalar ni alimentar ningún rencor, al menos entre quienes somos firmes defensores del derecho que tiene toda víctima a la verdad, la justicia y la reparación”, ha dicho. Ha defendido que estas leyes permiten hablar de aquello que pasó “sin miedo a enfrentarnos a un pasado sucio y doloroso”.

Por todo ello, ha respaldado las leyes de memoria “comprometidas con la mirada crítica y reflexiva al pasado, con el apoyo firme de las instituciones” y ha subrayado que el recuerdo de las historias de vida de víctimas como Manuel y Tiburcio “sirven de faro para advertir de que el odio puede llegar a ser un gas venenoso que contamina la convivencia”.

Después de cinco años de “duro trabajo” que se han repartido en cuatro fases, el Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) ha comunicado que no hay más víctimas del franquismo en las fosas comunes del cementerio municipal.

Con ello, ha dado por finalizados los trabajos que ha llevado a cabo la empresa Drakkar Consultores con el impulso del Ayuntamiento, después de que el pasado 13 de marzo se recuperara el último de los 136 cuerpos exhumados en esta última fase del proyecto de un total de 270.

El Ayuntamiento destaca que esa fecha ha quedado “para la historia” al haber culminado la exhumación de restos de todas las personas represaliadas por el franquismo que yacían en fosas comunes del cementerio de nuestra localidad. “Damos por finalizados los trabajos en las ocho fosas comunes, por lo que a día de hoy podemos decir que ya no quedan fusilados en fosas comunes en este camposanto”, ha anunciado Jorge García, director gerente de Drakkar Consultores, empresa encargada de realizar estos trabajos.

La cuarta y última fase de este proyecto de exhumaciones tenía como objetivo recuperar los cuerpos de 136 víctimas que fueron enterradas en ocho fosas comunes.

Los trabajos, que comenzaron en verano, no han sido sencillos debido a las inclemencias meteorológicas (sobre todo a las semanas de frío e intensas lluvias que hubo durante el invierno), pero también a las propias características de las fosas. “Había algunas que estaban a cinco metros de profundidad. Y otras con hasta 26 víctimas, por lo que los cuerpos estaban muy mezclados”.

Aunque las labores de exhumación han finalizado, todavía restan unas semanas para que concluya el proceso: “Paralelamente a las exhumaciones hemos ido realizando el estudio antropológico de los cuerpos para conseguir las muestras de ADN que enviaremos al laboratorio para realizar el cotejo con los familiares vivos”. Para llevar a buen puerto esta parte del proceso se sigue solicitando la colaboración ciudadana, puesto que “todavía no están identificados los familiares de las 136 víctimas”.

“Manzanares pasará a la historia por este proyecto”

Una vez que finalice esta cuarta fase, se dará por concluido el ambicioso proyecto de exhumaciones puesto en marcha por el Ayuntamiento de Manzanares hace cinco años y que ha permitido recuperar los restos de 270 personas. “Manzanares pasará a la historia por muchas cosas y esta es una de ellas”, destaca el alcalde, Julián Nieva, “satisfecho” por haber podido culminar este proyecto “que tan complicado de finalizar parecía cuando lo planteamos”.

Asimismo, ha avanzado que muy pronto se realizará otro acto de entrega de restos de represaliados a sus familiares. También ha querido dar las gracias a todas las administraciones que se han implicado en el proyecto desde 2021: la Diputación de Ciudad Real, el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, así como el colectivo Memoria Histórica de Manzanares (MHM) y la empresa Drakkar Consultores.

El Ayuntamiento de Palma, con los votos a favor del PP y Vox, ha dado un paso más para blindar el mayor monumento franquista de Balears, el situado en el parque palmesano de Sa Feixina en homenaje a los “héroes” del Crucero Baleares, hundido en marzo de 1938 y responsable del bombardeo llevado a cabo un año antes, en plena ofensiva fascista, contra la población que huía de Málaga a Almería -más de 300.000 personas, según algunas invesigaciones-, episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'. Los historiadores calculan que fallecieron entre 5.000 y 10.000 civiles. 

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este viernes la inclusión definitiva del monumento en el Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una medida que, de ratificarse en el próximo pleno municipal, le otorgará el máximo grado de protección patrimonial.

El monumento, cuya presencia lleva años en disputa política, social y judicial en la capital balear, fue erigido por el franquismo en 1947 para homenajear a los marinos del buque de guerra que protagonizó una de las mayores masacres tras el golpe de Estado de 1936: la llevada a cabo contra los miles de civiles que el 7 de febrero de 1937 se arrojaron a la carretera en dirección este para escapar de las tropas sublevadas que, apoyadas por las fuerzas italianas y los regulares marroquíes, avanzaban desde el oeste. En su huida, los civiles fueron ametrallados por los aviones Heinkel de la Luftwaffe y bombardeados por tres buques que los cañoneaban desde el mar: el Almirante Cervera, el Baleares y el Canarias.

Un año después, el Crucero Baleares fue torpedeado por la flota republicana durante la batalla del cabo de Palos. El barco se hundió con más de 700 hombres a bordo, muchos de ellos reclutados en Mallorca. El régimen franquista lo erigió en emblema de heroísmo y martirio nacional y lo utilizó como herramienta de propaganda en todo el país, mientras las víctimas del bombardeo fueron abocadas al olvido.

El monolito, diseñado por los arquitectos Francisco Roca Simó y Antoni Roca Cabanellas, fue construido gracias a las abundantes donaciones de particulares y empresas que reunieron las 100.000 pesetas que costó su ejecución. Fue inaugurado en 1947 con la presencia del dictador Francisco Franco.

Aunque las fuerzas progresistas que gobernaban el Ayuntamiento lo 'resignificaron' en 2010, al abrigo de la Ley de Memoria Histórica, con la retirada de la simbología franquista explícita, como la cruz laureada, las asociaciones memorialistas denuncian que su origen continúa ligado a la exaltación de los vencedores del golpe de Estado contra la Segunda República.

“Una piedra que glorifica la violencia contra la población civil”

Desde Més per Palma, su portavoz, Neus Truyol, ha denunciado que la decisión supone consolidar un símbolo “fascista” en el espacio público. “No puede haber neutralidad ante un símbolo franquista. O estás con las víctimas o estás con los verdugos. Y PP y Vox han elegido bando”, ha afirmado.

La formación ecosoberanista considera que la protección del monolito forma parte de una estrategia más amplia de la derecha para “blanquear el franquismo” en un contexto marcado por la derogación de la ley balear de memoria democrática y decisiones como la cancelación de actos de homenaje a víctimas del franquismo, como Aurora Picornell, conocida como 'la Pasionaria' de Mallorca y asesinada por el franquismo la noche de reyes de 1937.

“Se está blindando una piedra que glorifica la violencia contra la población civil mientras se abandona el patrimonio vivo de Palma”, ha criticado Truyol, quien ha recordado que existen más de 600 elementos patrimoniales en la ciudad pendientes de protección.

El proceso para catalogar el monolito arrancó el año pasado con su aprobación inicial en la Gerencia de Urbanismo. La votación definitiva está prevista para el próximo pleno municipal, donde previsiblemente saldrá adelante con la mayoría de PP y Vox.

“Exponente del 'art déco'”

El pasado mes de noviembre, ambas formaciones se opusieron en el Parlament balear al derribo del monumento. “Hay informes que le otorgan un valor artístico digno a proteger y se le considera un exponente del art déco”, defendió entonces la diputada del grupo popular Cristina Gil. Aludía, en concreto, al documento elaborado por el historiador Jaume Llabrés, quien señala en su informe que el monolito “es la única construcción relevante” de este estilo arquitectónico en la capital balear. “Forma parte de una etapa muy significativa de la evolución de la arquitectura del siglo XX en Palma y, una vez desprovisto de toda su simbología original, merece ser preservado”, concluía.

Con su silueta de hormigón armado y su impronta monumental, el monumento de sa Feixina ha servido, además, de fondo para algunos los actos políticos de Vox. Desde su irrupción institucional en las islas en 2019, la formación de extrema derecha ha utilizado este lugar como escenario simbólico para sus manifestaciones en defensa de lo que denominan “la historia de España sin complejos”.

El 20 de noviembre de 2023, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Franco, varios miembros del partido acudieron al lugar en una acción no oficial, pero ampliamente difundida en redes sociales. Fue además en esta zona donde el líder de Vox, Santiago Abascal, celebró en abril de 2023 el mitin principal de precampaña del partido en Balears. En otras ocasiones, Falange ha organizado ofrendas florales en el monolito como homenaje a los “caídos por Dios y por España”, mientras que la organización ultracatólica HazteOir ha convocado concentraciones en sa Feixina en varias ocasiones, especialmente en 2016 y 2017, cuando se intensificó el debate sobre la posible demolición del monumento.

Mientras PP y Vox velan en Palma por la protección del monolito, la Asociación Contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha puesto en marcha un proyecto en la plataforma Goteo con el objetivo de recaudar fondos para levantar un monumento, por suscripción popular, en reconocimiento de los protagonistas de 'La Desbandá'. La escultura se levantará en el Campus de Teatinos, tal como se establece en el convenio firmado por la ARMH y la Universidad de Málaga, y contará con un diseño coherente con otras levantadas en pueblos del valle del Guadalhorce.

La Asociación Manuel Azaña ha finalizado la elaboración del mapa de fosas existentes en el cementerio municipal de Talavera de la Reina donde están enterradas 430 víctimas de la represión franquista durante el periodo 1936-1939, “una parte importante de las 978 víctimas producidas en la ciudad”.

La iniciativa forma parte de un amplio proyecto de identificación y reivindicación de lugares de memoria. Talavera de la Reina fue ocupada por el ejército de Africa el 3 de septiembre de 1936 y permaneció durante toda la guerra civil controlada por las tropas de Franco.

Del informe realizado se ha deducido que “no todos los represaliados físicos, fusilados y reclusos fallecidos en prisión, fueron enterrados en la fosa común del cementerio de Talavera, conocida en el mapa de fosas oficial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática como: FOSA 441/2009 TOLE”.

Tres espacios de enterramiento

La Asociación ha diferenciado tres espacios de enterramiento: el cementerio vivil, donde fueron enterradas al menos 15 víctimas o sus restos, la Fosa Común o Fosa Católica, en la que hay 80 víctimas registradas, anotadas e identificadas en los libros de inhumaciones del cementerio y, por último, las unidades de enterramiento o sepulturas comerciales que configuran los cuarenta cuadros en los que se subdividía el cementerio original de Talavera durante el período represivo estudiado.

Además, al menos 335 víctimas identificadas forman parte de la foto fija que ha realizado la asociación a través de cotejar los resultados de los libros de defunciones del Registro Civil talaverano, con las anotaciones de los libros de Adultos del cementerio, que se encuentran en el Archivo Municipal de la ciudad.

Esto ha dado como resultado el mapa de fosas con 430 víctimas identificadas y ubicadas en el cementerio, en estos tres espacios diferenciados ya descritos.

El contexto bélico y las “purgas” franquistas camino de Madrid

La asociación ha recordado que Talavera del Tajo fue una de las plazas intermedias esenciales para ejército sublevado camino de Madrid.

El modus operandi del ejército africanista durante la toma y posterior control de la ciudad es similar al practicado en Badajoz, y semejante al que aplicarán posteriormente en Toledo, a partir del 27 y 28 de septiembre: “A la masacre inicial durante la conquista de la ciudad, le seguirán, durante unos meses, las purgas ideológicas sistemáticas de la población, hasta consolidar el control total de la plaza”.

Una vez tomada y consolidada militarmente esta posición, Talavera será la ciudad donde la “jurisdicción de guerra franquista” ensayará e implantará el modelo de Juicio Sumarísimo Urgente Militar durante 1937, llegando “a fusilar a 138 afectos a la II República durante ese año mediante este procedimiento”.

“Una experiencia que la jurisdicción de guerra del Nuevo Estado aplicará posteriormente en toda España. Talavera fue uno de los laboratorios donde se ensayó la represión institucionalizada franquista”, ha expresado esta asociación.

La Fiscalía ha concluido su primera investigación sobre las torturas perpetradas durante el franquismo por policías de la Brigada Político-Social sin hallar a los uniformados que perpetraron los delitos. Así lo ha comunicado este jueves la Fiscalía de Barcelona, que durante casi un año ha investigado la denuncia presentada por la histórica activista de la izquierda independentista catalana Blanca Serra.

Las conclusiones de la Fiscalía suponen un resultado agridulce. Por primera vez, una víctima ha encontrado la escucha de las instituciones judiciales, hasta ahora un muro de impunidad para los policías torturadores. Pero el resultado final sigue siendo, en la práctica, el mismo: el archivo del caso.

En un vídeo grabado este jueves, Serra ha agradecido el trato que le ha dispensado la fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, Sara Gómez Expósito, si bien ha lamentado que la vía de la jurisdicción voluntaria que le queda (penalmente el caso quedará archivado) no comporta la identificación ni la toma de declaración de los policías que la torturaron, ni de sus superiores jerárquicos. “Tampoco permite reconstruir la estructura jerárquica de la represión ni abre la puerta a una reparación integral ni a depurar responsabilidades”, ha constatado.

El Ministerio Público tomó declaración a Serra como víctima, a un perito y al forense que constató las secuelas psicológicas que sufre Serra. También reclamó documentos a varias instituciones, algo inédito hasta ahora en las denuncias por torturas franquistas, que los juzgados solían despachar con una inadmisión de plano o una investigación exigua. La Policía envió a la fiscal varias actas de detención o del registro en el domicilio de Serra.

Tras practicar todas las diligencias, la Fiscalía concluye que Serra sufrió un delito de torturas perpetradas en un contexto de crímenes contra la humanidad y “de persecución y represión política instaurada por el franquismo”, al que define como un “régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada”.

Los agentes de la llamada Brigada Político-Social, expone la fiscal, detuvieron a la activista y a su hermana “por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura”, y le infligieron violencia física y psíquica “con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático”.

Sin embargo, la investigación no ha podido revelar la identidad de los policías que perpetraron las torturas, por lo que la Fiscalía ha procedido a presentar denuncia ante el juzgado, en la que se pide el archivo provisional por falta de autor conocido.

“Esta investigación es absolutamente insuficiente. Ha habido una falta de voluntad política más que evidente por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de ir hasta el fondo. No se han recabado informes judiciales, ni se ha hecho ni una sola diligencia para identificar a los autores, saber si están vivos o muertos ni citarlos a declarar, aunque la información estaba en los expedientes”, ha denunciado este la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella.

Más allá de haber sido escuchada, el caso de Serra constata que, 50 años después de la muerte del dictador, la operación de olvido que se impuso a la recién nacida democracia española sigue vigente: la ley de amnistía del 1977 y la prescripción de los delitos siguen siendo obstáculos, pese a la Ley de Memoria, para abrir causas en los juzgados. A ello hay que añadir el paso del tiempo, pues la mayoría de policías torturadores ya han fallecido.

Lo que sí ha permitido la nueva ley es que el Ministerio Público escuche a la víctima, como hizo con Serra, y pueda pedir documentos a organismos oficiales para ofrecer una mínima reparación a las personas que sufrieron torturas y que hasta entonces se encontraban con el portazo del sistema.

Las de Serra fueron las primeras diligencias penales abiertas por la Fiscalía para investigar las torturas perpetradas durante el franquismo por policías de la Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana (Barcelona), la conocida como 'casa de los horrores'.

El edificio sigue inmerso, en pleno 2025, en un profundo debate sobre su futuro: las víctimas del franquismo reclaman que la Policía se traslade a otra sede y la Jefatura se convierta en un memorial, como ocurrió con la sede de la Stasi en Berlín. Sin embargo, tanto los Ejecutivos central como catalán, ambos socialistas, han enfriado el traslado y mantienen que el edificio puede ser al mismo tiempo sede policial y lugar de memoria.

Mientras España celebraba al ritmo de 'Naranjito' el Mundial de Fútbol en junio de 1982, el primer gran evento de la vuelta a la democracia, Loli Benito (Torrelavega, 1966) daba a luz a su primera hija en Peñagrande (Madrid), uno de los centros de internamiento más oscuros del Patronato de Protección a la Mujer. La obscena institución creada en 1941 para “reconducir la moral” de mujeres consideradas lejos del camino marcado por la dictadura franquista —y presidida por la esposa de Franco, Carmen Polo— sobrevivió nada más y nada menos que una década a la muerte del dictador, hasta el año 1985.

El Patronato, por el que se dice que pasaron más de 40.000 niñas y mujeres —aunque la destrucción de documentación impide determinar la cifra exacta—, tuvo alrededor de 800 centros repartidos por todo el país, gracias a la colaboración de órdenes religiosas como Las Adoratrices, Las Trinitarias, El Buen Pastor, Las Oblatas o la orden secular de Las Cruzadas Evangélicas —gestoras de Peñagrande—, entre otras. La doctora en Historia Contemporánea Carmen Guillén (Mazarrón, 1988) desglosa en la primera tesis doctoral centrada en el Patronato, y recientemente convertida en el libro Redimir y Adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985), su compleja estructura.

La cántabra Loli Benito reconstruye su historia con elDiario.es y explica que llegó a Peñagrande con solo 13 años, embarazada como consecuencia de los abusos continuados que sufría por parte de su padre, que fue quien la entregó al Tribunal Tutelar de Menores de Cantabria para que se hicieran cargo de ella. Fue su propio progenitor, tras la muerte de su madre por enfermedad, quien volvió a abusar de ella en 1983, durante una visita en la que le permitieron llevarse a la niña fuera del centro unos días. “Jueves, viernes, sábado santo y domingo de Pascua, me acuerdo perfectamente… Me llevó a un hostal, me violó otra vez y me volví a quedar embarazada”, detalla.

Loli Benito llegó a Peñagrande con solo 13 años, embarazada como consecuencia de los abusos continuados que sufría por parte de su padre, que fue quien la entregó al Tribunal Tutelar de Menores de Cantabria para que se hicieran cargo de ella

No fue hasta el año 1984, cuando durante el primer mandato del Gobierno socialista de Felipe González comenzaron a cerrar los centros dependientes del Patronato y a aconsejar a las internas que regresasen a sus lugares de origen. Loli fue trasladada a Santander. “Yo les expliqué que no tenía familia a la que recurrir, pero no me creyeron. Me trajo una trabajadora social en su coche, con mis dos niños”.

Ya en Cantabria, recuerda cómo fue en la Diputación donde le advirtieron: “Tienes dos opciones, te vas tú sola y dejas a los niños o te vas con los niños a la calle”. Porque, según le contaron entonces, “no había ningún centro o albergue donde pudiera estar una mamá con dos niños”. Loli lamenta que con el tiempo supo que eso no era verdad, que en 1985 sí existían recursos de acogida en la región para casos como el suyo.

“Yo no tenía apoyos, no tenía visitas, no tenía nadie… Entonces era muy fácil quitarme a los niños, nadie se iba a quejar”, lamenta. “Me dijeron que me tomara un mes para pensármelo. Pero después me he dado cuenta de que lo que pasaba era que me faltaba un mes para cumplir los 18 años y, claro, yo no podía firmar. En aquel momento, porque yo aún estaba tutelada por el Patronato, era menor de edad. Es decir, que el objetivo era quedarse con los niños. Siempre lo fue”, asegura. Así, en agosto de ese año, una vez cumplida la mayoría de edad, firmó los papeles de entrega en adopción de su hija de tres años y su hijo menor, de apenas uno. “Ya no volví a verlos”, añade.

Yo no tenía apoyos, no tenía visitas, no tenía nadie… Entonces era muy fácil quitarme a los niños, nadie se iba a quejar

Ese periodo en Peñagrande, de 1980 a 1985, marcó para siempre su vida. La rutina de ella y del resto de mujeres con las que convivía consistía en compatibilizar largas jornadas de trabajo en los distintos talleres —confección de sábanas de quirófano para hospitales, edredones y otros productos para El Corte Inglés, Galerías Preciados, Iberia, hoteles o la marca Puma— con la crianza de sus hijos. “Me llegaron a entregar un resguardo del título de Graduado Escolar, pero yo no recibí educación, jamás asistí a ninguna clase”, explica. “Lo hacían simplemente para poder justificar que allí se nos formaba cuando, en realidad, se nos explotaba laboralmente siendo incluso menores”.

Trato diferenciado por clases sociales

Ana Rubio, en cambio, aunque también trabajó duramente en talleres, sí que pudo estudiar auxiliar de enfermería estando en el Patronato. Pertenecía a otra clase social y eso en Peñagrande lo tenían en cuenta. Incluso les separaban por módulos en función de su estatus, o de si eran tuteladas o no. “Depende de dónde vinieras, si tenías dinero o no, te colocaban en un sitio o en otro. Y claro, el trato era diferente”, sostiene. Para la mayoría de niñas recluidas allí, Peñagrande era inmenso, “como el castillo de Drácula”, describe en conversación con este periódico.

Depende de dónde vinieras, si tenías dinero o no, te colocaban en un sitio o en otro. Y claro, el trato era diferente

“Yo venía de una familia muy religiosa y de clase media”, cuenta Ana, a quien sus padres dejaron en Peñagrande con 17 años para “esconder” su embarazo por “la vergüenza y el miedo al qué dirán” de la época. A diferencia de Loli, ella sí pudo regresar a la casa familiar con su hija en brazos, pero con el condicionante de que, de puertas para afuera, sería su hermana. Sus padres se habían mudado de casa, a una zona alejada de su entorno anterior, para evitar coincidir con personas conocidas. “Lo peor que llevaba era lo de tener que esconderme”, reconoce, “lo de sentirte menos que los demás”. “Pero supongo que no lo hicieron con mala intención, creían que era lo mejor para mí, por eso creo que lo he perdonado”, reflexiona.

Ana cuenta que, junto a la fuerte depresión post parto que sufrió, “porque era una niña”, otros de los episodios más duros que vivió en Peñagrande fueron los incendios. Uno de ellos comenzó en uno de los talleres de costura en el que se confeccionaban edredones porque alguien tiró una colilla. “No podíamos salir y cuando los bomberos llegaron tampoco nos pudieron sacar por la ventana porque había barrotes, tuvieron que esperar a que se apagara un poco el fuego para sacarnos por las escaleras. Imagínate yo con la barriga, que no me veía los pies…”, cuenta aún con gesto compungido.

Aunque Loli y Ana coincidieron en el tiempo en la maternidad de Peñagrande, no se reencontraron en Torrelavega hasta hace apenas un año. Lo hicieron gracias a la organización ‘Desterradas hijas de Eva’ fundada por Consuelo García del Cid, otra superviviente del Patronato volcada hasta hoy en la investigación y búsqueda de justicia y reparación. Loli llevaba tiempo vinculada a ese grupo de mujeres supervivientes, pero en cambio Ana indagó en redes sociales a raíz del acto de perdón organizado por la Conferencia Española de Religiosos (Confer) en junio de 2025 en Madrid.

Este evento público en el que participaron algunas de las órdenes religiosas cómplices del Patronato franquista no fue considerado suficiente para las víctimas, que mostraron su disconformidad en el propio acto, exigiendo “verdad, justicia y reparación” reales. Para Loli, “no sirvió para nada”. Y es que una de las condiciones impuestas por la organización fue que no se hablase de niños robados.

Amistad, sororidad y… violencia machista

Las dos supervivientes dicen que la mejor lección de vida de Peñagrande fue el compañerismo que sintieron nada más llegar allí. Insisten en que el apoyo entre internas fue quizás lo que les salvó y que el concepto de sororidad es reciente, pero “allí ya existía”, aseguran. “Nos ayudaban en todo, en todo, sin conocernos”.

A dos voces describen con complicidad cómo acudían a darse apoyo en los partos. “Nosotras mismas cogíamos las placentas, las pesábamos, poníamos el peso y las metíamos en el congelador, porque servían para cosméticos, ahí se vendía todo”, explica Loli. “Sí, entonces había cremas muy famosas de placenta”, apostilla Ana, al tiempo que recuerda que una compañera canaria siempre le agradece que diera de mamar a su hijo “porque a ella no le subía la leche”.

Asumes el maltrato como una forma de vida, por lo que has vivido primero

Pero el pasado común de Loli y Ana no se limita a su traumática estancia en Peñagrande. Años después, ambas sufrieron violencia machista en sus primeras relaciones sentimentales. Se miran, sonríen con la resignación de quien ha sobrevivido a demasiadas adversidades y coinciden en señalar que “sin quererlo asumes el maltrato como una forma de vida, por lo que has vivido primero”.

Aseguran que ese destino es compartido por muchas de ellas. “Me casé con un maltratador”, sentencia Ana. “Por eso yo tengo un poco olvidado el tema de Peñagrande, porque lo de después para mí fue incluso peor. Es un proceso muy largo en el que cuando llega la primera bofetada, tú ya estás destrozada”.

40 años sin asistencia psicológica

Y es que para las dos, el daño psicológico y emocional después de su paso por el Patronato es una realidad que pasa factura. Loli detalla cómo en Peñagrande conoció a una chica que se suicidó. “Los padres la llevaron con la intención de que dejara al niño allí y se volviera al pueblo. Pero ella no quería. Y entonces, cuando dio a luz, le quitaron al niño y el mismo día que venían los padres para llevársela al pueblo, ella se tiró por el hueco de la escalera de maternidad”.

Si bien después de 27 años de sufrir en silencio, Loli tuvo la “inmensa suerte y casualidad” de ser contactada por Nerea, su hija mayor, a través de redes sociales. “Hay muchas madres que siguen buscando a sus hijos. Nunca hemos tenido apoyo psicológico. Bueno, cada una el que se ha buscado. Yo tengo mi psiquiatra y mi psicólogo en la Seguridad Social y es lo que he tenido”.

Ambas coinciden en que la angustia que genera el no poder contarlo es lo peor. “Cuando ahora participo en alguna charla”, relata Loli, “y me dicen: 'ay, gracias por contarlo', yo digo que 'no, gracias a vosotras, porque para mí contarlo es terapéutico'. ¿Tú sabes lo que es esconder dos hijos durante 27 años?”, subraya.

En cambio, “las órdenes religiosas se han reconvertido en oenegés. Las Cruzadas Evangélicas siguen a cargo de centros de menores y centros para mujeres maltratadas con grandes subvenciones”, denuncian. Otras de esas congregaciones religiosas que actualmente recibe cuantiosas ayudas públicas son Las Adoratrices.

Ley de Memoria Democrática

Después de lo vivido, Loli y Ana comparten con elDiario.es que, “por fin”, el 20 de marzo hay previsto un acto institucional en el que el Gobierno de España, a través de los ministerios de Memoria Democrática, Justicia e Igualdad, les va a entregar un reconocimiento como víctimas del franquismo. Se trata de una de las principales peticiones que mujeres como ellas, supervivientes del Patronato, vienen solicitando con insistencia, en el marco de la Ley de Memoria Democrática, y que ha tardado más de 40 años en ser atendida.

Para Consuelo García del Cid, “es algo necesario, y un paso más para continuar luchando”, ya que todavía hay otras reclamaciones sobre la mesa. “Pedimos una comisión de la verdad, que investiguen y soliciten los libros de contabilidad de las congregaciones religiosas, no nos están entregando la documentación solicitada pese al compromiso público establecido el pasado 9 de junio, dicen que no tienen nada o entregan fechas de entrada y salida, nada más”, reclama.

Esta mujer, que ha logrado reunir a más de 100 supervivientes del Patronato, aunque solo unas 30 dispuestas a hablar ya que “el estigma de vergüenza quedó enquistado y, en la mayoría de los casos, ni maridos ni hijos saben de su paso por esos lugares”, advierte: “Somos todas muy mayores y no tenemos tiempo material de espera, no puede prologarse durante años. Llevo 15 años luchando y en ese tiempo hemos perdido a tres compañeras ya fallecidas y serán sus hijos quienes recogerán el certificado de victima del franquismo”.

Entre tanto, Loli Benito aboga por seguir acudiendo allá dónde le llamen para explicar en primera persona su sobrecogedora experiencia en el Patronato de Protección a la Mujer, durante tantas décadas silenciado. Así, el próximo 29 de abril estará en Santander junto a la investigadora Pilar Iglesias, para intervenir en el ciclo sobre ‘Guerra y dominación, heridas y reparación’ organizado por la Universidad de Cantabria.   

Se suele decir que, tras el golpe de Estado de Francisco Franco en 1936, en Sevilla no hubo guerra, pero sí una larga y durísima represión. La capital hispalense fue –y de manera inesperada– la primera gran ciudad en caer en manos franquistas tras la que fue la batalla fundacional del conflicto en la Península Ibérica. En tres o cuatro días, los golpistas liquidaron los conatos de resistencia, sobre todo en barrios obreros como Triana, la Macarena o San Bernardo. Y precisamente muchos obreros fueron a partir de ahí depurados, como ahora refleja de manera muy gráfica la documentación que ha salido a la luz en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla sobre cómo fue en la Fábrica de Tabacos el proceso de busca y captura de izquierdistas y sindicalistas.

El sorpresivo golpe de mano en la capital y la posterior represión tuvo nombre y apellidos: Gonzalo Queipo de Llano, el general que asumió el mando del Ejército del Sur golpista y fue responsable directo de la muerte de más de 45.000 personas, 14.000 de ellas en Sevilla. Ahora ha sido un estudiante de Historia de la UPO en prácticas el que se ha topado con un ejemplo más de cómo funcionaron las cosas una vez tomada la ciudad, al encontrarse con una carpeta marcada como 'Confidencial' y 'Muy reservado' en el Archivo Histórico, dependiente de la Consejería de Cultura.

Este archivador de fuelle almacenaba toda la documentación que se intercambiaron el Gobierno Civil ya en manos franquistas y la dirección de la Fábrica de Tabacos, por entonces perteneciente a la empresa estatal Compañía Arrendataria de Tabacos, en los meses posteriores a julio de 1936. Y refleja al detalle el modus operandi: cartas pidiendo listados según la ideología, órdenes de apartar a trabajadores, informes personales... Este mecanismo se repitió en todos los grandes centros de trabajo en una ciudad que por desgracia se acostumbró a los fusilamientos, como muestran las grandes fosas de Pico Reja o Monumento.

“Refleja la época más dura de la represión”, explica el director del Archivo Histórico, Braulio Vázquez, que señala que el archivo completo de la Fábrica de Tabacos les fue entregado en 2021, nada más y nada menos que en 3.500 cajas. El proceso, por lo tanto, es lento y laborioso, “harían falta diez vidas para clasificar todo lo que nos llega”, ya que se custodia la documentación administrativa histórica, los protocolos notariales del distrito de Sevilla y fondos de muchas empresas, como la naviera Ybarra, la Fábrica de Vidrio o La Cartuja Pickman.

Amigo de Azaña y Casares Quiroga

“Se investigó a todo el personal, desde peones a ingenieros”. De uno de ellos, el teniente de Artillería retirado Fernando de Bedia Alfaro, se detalla por ejemplo que “desde luego este funcionario no se ocultaba de profesar ideas extremistas de la extrema izquierda”, y se le reprocha incluso que hacía gala de “su amistad con los señores Azaña y Casares Quiroga”.

La dirección de la fábrica detalla que este ingeniero fue detenido por orden del mando militar el 22 de julio de 1936, “y desde entonces continúa en prisión y procesado, al parecer como desafecto al movimiento”. De hecho, el encabezamiento de su informe lleva el revelador título de “Relación de los funcionarios de esta fábrica que por su conducta anterior y posterior al movimiento de España se consideran contrarios a éste”. Pese a ello, la dirección cree que “no tomó parte activa en la propaganda del Frente Popular”, algo que “todo el personal hacía con el mayor descaro sin tener necesidad de excitaciones”.

Pedro Parias, el militar al que Queipo de Llano pone como gobernador civil el mismo 18 de julio, es el que en septiembre de 1936 envía una carta al director de las instalaciones para pedirle que remita, “a la mayor brevedad posible”, una relación del personal que haya cesado “en virtud de las disposiciones contenidas en el bando por el que se declaró el estado de guerra”. Reclama asimismo que se detallen los puestos que ocupaban.

Análisis del comportamiento íntimo

“En algunos casos se piden explicaciones por trabajadores que no están acudiendo a su puesto de trabajo, porque se sospecha que son izquierdistas que han huido, y resulta que están combatiendo en el frente en el bando franquista”, señala Braulio Vázquez, que apunta lo vistoso del caso con ese etiquetado de 'Muy reservado'. La investigación se llevó a cabo tanto en el personal masculino como en el femenino, con mucha presencia siempre en la Fábrica de Tabacos, y en algunos casos “se entra incluso en el comportamiento íntimo”, como cuando de una trabajadora “se dice que está casada pero liada con su jefe”.

En otra misiva, rubricada también por Parias, se adjunta un listado de trabajadores de los que se exige que “cesen inmediatamente” en sus funciones. “Los individuos incluidos en la adjunta relación”, apunta el gobernador civil, “pertenecían unos a los cuadros dirigentes de las organizaciones en lucha contra el Ejército de España y eran otros colaboradores de dichos elementos”.

Hay informes, en cambio, que son positivos, con todas las cautelas del mundo. De una trabajadora (Luisa de Castro Salas, detenida en noviembre de 1936) se detalla que llevaba una década como liadora de tabaco y que “ha observado siempre buena conducta, no actuó en política y en su trabajo se distinguió por su buena labor”. Eso sí, se detalla que eso ocurrió “dentro de la fábrica”, fechándose el breve documento el 29 de agosto de 1939, “Año de la Victoria”.

Ahora se sigue trabajando en la clasificación, con la prioridad puesta en la macrodescripción de la documentación para orientar a investigadores e historiadores, que poco a poco serán los que vayan profundizando en este mar de papel. Andado el camino se llegará también a la digitalización del material, como se viene haciendo en un Archivo Histórico Provincial que custodia documentos fechados entre 1441 y el siglo XXI que ocupan diez kilómetros lineales de estanterías. Como insiste Braulio Vázquez, aquí el trabajo “no se acaba nunca”.

A penes 24 hores després que PP i Vox tombassin la llei balear de memòria democràtica, la formació d’extrema dreta ha carregat contra les víctimes del franquisme que es varen concentrar a les portes del Parlament balear en protesta per l’eliminació de la norma. Els de Santiago Abascal s’han presentat com a blancs d’un suposat “clima d’hostilitat” que, asseguren, varen generar aquells que varen mostrar al carrer el seu rebuig a la derogació del text i posteriorment es varen congregar al saló contigu a l’hemicicle per seguir el ple.

La portaveu del grup, Manuela Cañadas, ha comparegut en roda de premsa per denunciar el que ha considerat “un espectacle lamentable i d’una violència preocupant” per part dels familiars de represaliats del franquisme, amplificant la indignació d’aquests i acusant-los d’haver protagonitzat un comportament tal que els seus companys de bancada varen córrer fins i tot el risc de ser agredits amb arma blanca: “Podríem haver patit, i ho dic així de clar, un apunyalament contra qualsevol dels nostres càrrecs i hauríem hagut de lamentar una cosa molt més greu”.

“És inacceptable que els càrrecs públics d’un partit polític no puguin accedir sense ser escopits, insultats i sense mantenir la distància de seguretat, envoltats per 150 persones”, ha asseverat.

La diputada ha fet aquestes manifestacions malgrat que l'ambient va transcórrer sense incidències -i sota presència policial- més enllà dels moments de tensió que es varen viure abans d’iniciar-se el debat, quan el diputat de Vox al Congrés Jorge Campos es va dirigir als manifestants per dedicar-los un gest de desaprovació amb el polze cap avall, o després de la votació que va possibilitar la derogació del text memorialista. En un missatge difós a 'X', Campos assegurava que els d’Abascal havien estat víctimes de “intents d’agressió” per part de “l’associació Memòria de Mallorca i la Fundació Darder Mascaró”, les quals va qualificar de “xiringuitos que han viscut de la subvenció pública i que treballen per enfrontar i dividir la societat”, així com per part de membres del PSIB-PSOE i de Més per Mallorca.

En la mateixa publicació, el diputat es va vantar, amb tot, que els suposats increpadors no varen poder “aturar el mandat democràtic de Balears”: “Avui, els defensors de la concòrdia entre espanyols estam d’enhorabona per la derogació de la sectària llei de memòria democràtica”.

En declaracions a eldiario.es, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha condemnat les acusacions efectuades per Vox, lamentant que la formació pretengui desacreditar les víctimes del franquisme i els col·lectius memorialistes amb “mentides que intenten embrutar la nostra imatge”. “Ahir va ser un dia terrible, però ja podíem preveure que passarien coses així”, ha assenyalat, recordant que no és la primera vegada que des de Vox utilitzen un llenguatge hostil cap a ells.

No debades, el 2021 el portaveu adjunt de la formació al Parlament, Sergio Rodríguez, va apel·lar a tancar la Secretaria General de Memòria Democràtica, “fumigar-la i acabar amb totes les paparres, paneroles i xinxes que hi habiten”, unes declaracions que varen ser durament criticades per col·lectius de víctimes i partits de l’oposició per considerar que deshumanitzaven aquells que treballen en polítiques de memòria i per tractar-se de termes utilitzats pels nazis per referir-se als jueus i per la propaganda del genocidi de Ruanda, quan determinats mitjans incitaven a “exterminar les paneroles” en al·lusió a la minoria tutsi.

A aquest episodi s’hi va sumar un altre dels moments més controvertits de la legislatura, quan el president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), va rompre en ple hemicicle la fotografia de tres víctimes del franquisme durant un altre debat entorn de la supressió de la llei, uns fets que varen provocar una onada d’indignació dins i fora de l’arxipèlag, amb peticions de dimissió que Le Senne mai no ha atès. El Govern de Marga Prohens (PP) tampoc no l’ha forçat a abandonar el càrrec.

El responsable ultra es troba pendent de ser jutjat per un delicte d’odi com a conseqüència d’aquella acció, per la qual els querellants i les acusacions populars personades en la causa —els descendents de les republicanes assassinades, Memòria de Mallorca, el col·lectiu Estimada Aurora (que engloba uns 50 ciutadans), el Partit Comunista (PCE) i el Partit Comunista dels Pobles d’Espanya (PCPE)— reclamen per a ell des d’un any i quatre mesos fins a quatre anys de presó, així com fins a 11 anys d’inhabilitació. La Fiscalia i el mateix inculpat, per la seva banda, demanen l’arxivament de la causa en al·legar que va actuar en l’exercici de les seves funcions per preservar la neutralitat institucional i el pluralisme polític.

En la roda de premsa d’aquest dimecres, ha acusat a més el PSIB-PSOE d’organitzar “performances totalment calculades” cada vegada que s’aborden debats “complicats” al Parlament. “Si tiram d’hemeroteca fotogràfica, sempre són les mateixes persones les que venen”, ha etzibat. La portaveu de Vox ha matisat, no obstant això, que exclou d’aquestes acusacions els grups de Més per Mallorca i Més per Menorca.

L’esquerra demana a Le Senne moderar els plens: “Alguns actuen com hooligans”

Precisament, la Junta de Portaveus, que s’ha prolongat durant prop d’una hora, ha abordat avui les formes i la cortesia parlamentària després de la tensió viscuda al ple del dia anterior. Així ho ha explicat el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, qui ha impulsat el debat i ha traslladat que existeix un sentir majoritari entre els grups que el president del Parlament ha d’intervenir quan es produeixin afirmacions ofensives durant els debats, interrompre l’orador quan se sobrepassen determinats límits i, si és necessari, cridar a l’ordre els diputats.

“No es tracta d’atacar ningú, sinó de millorar la feina que es fa aquí. Confrontam idees i debatem civilitzadament i, si no som capaços de fer-ho, no mereixem estar en aquests escons”, ha afirmat, lamentant que en ocasions alguns parlamentaris actuen com a “hooligans”.

En la mateixa línia, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sostingut que Le Senne ha demostrat ser “incapaç de dirigir els debats” i ha denunciat una “falta d’actuació del president respecte a les seves obligacions parlamentàries”. L’ecosobiranista també ha criticat que, durant la reunió, el dirigent de Vox no hagi respost a les qüestions plantejades pels grups.

Per la seva banda, Cañadas ha assenyalat que comparteix que han d’existir límits en el debat parlamentari i que tots els diputats tenen la responsabilitat de donar exemple, mentre que des del PSIB-PSOE, el seu portaveu adjunt, Marc Pons, ha acusat l’extrema dreta d’actuar amb “cinisme” i d’alimentar la confrontació política, alhora que ha lamentat que Le Senne no hagi exercit l’autoritat que li correspon des de l’inici de la legislatura.

Finalment, la portaveu adjunta del PP, Marga Durán, ha admès que el ple de dimarts va ser “tens i difícil”, si bé ha assenyalat que correspon al president del Parlament exercir la moderació. Durán ha afegit que quan els diputats interrompen els consellers durant les seves intervencions també haurien de ser cridats a l’ordre.

Apenas 24 horas después de que PP y Vox tumbaran la ley balear de memoria democrática, la formación de extrema derecha ha cargado contra las víctimas del franquismo que se concentraron a las afueras del Parlament balear en protesta por la eliminación de la norma. Los de Santiago Abascal se han presentado como blancos de un supuesto “clima de hostilidad” que, aseguran, generaron quienes mostraron en la calle su rechazo a la derogación del texto y posteriormente se congregaron en el salón contiguo al hemiciclo para seguir el pleno.

La portavoz del grupo, Manuela Cañadas, ha comparecido en rueda de prensa para denunciar lo que ha considerado “un espectáculo lamentable y de una violencia preocupante” por parte de los familiares de represaliados del franquismo, amplificando la indignación de estos y acusándolos de haber protagonizado tal comportamiento que sus compañeros de bancada corrieron incluso el riesgo de ser agredidos con arma blanca: “Podríamos haber sufrido, y lo digo así de claro, un apuñalamiento contra cualquiera de nuestros cargos y hubiéramos tenido que lamentar algo mucho más grave”.

“Es inaceptable que los cargos públicos de un partido político no puedan acceder sin ser escupidos, insultados y sin mantener la distancia de seguridad, rodeados por 150 personas”, ha aseverado.

La diputada ha efectuado estas manifestaciones a pesar de que el ambiente transcurrió sin incidencias -y bajo presencia policial- más allá de los momentos de tensión que se vivieron antes de iniciarse el debate, cuando el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos se dirigió a los manifestantes para dedicarles un gesto de desaprobación con su pulgar hacia abajo, o tras la votación que posibilitó la derogación del texto memorialista. En un mensaje en 'X' difundido en 'X', Campos aseguraba que los de Abascal habían sido víctimas de “intentos de agresión” por parte de “la asociación Memòria de Mallorca y la Fundación Darder Mascaró”, a las que tachó de “chiringuitos que han vivido de la subvención pública y que trabajan para enfrentar y dividir a la sociedad”, así como por parte de miembros del PSIB-PSOE y de Més per Mallorca.

En la misma publicación, el diputado se jactó, con todo, de que los supuestos increpadores no pudieron “parar el mandato democrático de Baleares”: “Hoy, los defensores de la concordia entre españoles estamos de enhorabuena por la derogación de la sectaria ley de memoria democrática”.

En declaraciones a elDiario.es, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha condenado las acusaciones efectuadas por Vox, lamentando que la formación pretenda y desacreditar a las víctimas del franquismo y a los colectivos memorialistas con “mentiras que intentan ensuciar nuestra imagen”. “Ayer fue un día terrible, pero ya podíamos prever que pasarían cosas así”, ha señalado, recordando que no es la primera vez que desde Vox utilizan un lenguaje hostil hacia ellos.

No en vano, en 2021, el portavoz adjunto de la formación en el Parlament, Sergio Rodríguez apeló a cerrar la secretaría general de Memoria Democrática, “fumigarla y acabar con todas las garrapatas, cucarachas y chinches que habitan en ella”, unas declaraciones que fueron duramente criticadas por colectivos de víctimas y partidos de la oposición por considerar que deshumanizaban a quienes trabajan en políticas de memoria y por tratarse de términos utilizados por los nazis para referirse a los judíos y por la propaganda del genocidio de Ruanda, cuando determinados medios incitaban a “exterminar a las cucarachas” en alusión a la minoría tutsi.

A ese episodio se sumó otro de los momentos más controvertidos de la legislatura, cuando el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), rompió en pleno hemiciclo la fotografía de tres víctimas del franquismo durante otro debate en torno a la supresión de la ley, unos hechos que provocaron una oleada de indignación dentro y fuera del archipiélago, con peticiones de dimisión que Le Senne nunca ha atendido. El Govern de Marga Prohens (PP) tampoco le ha forzado a abandonar el cargo.

El responsable ultra se encuentra pendiente de ser juzgado por un delito de odio como consecuencia de aquella acción, por la que los querellantes y las acusaciones populares personadas en la causa -los descendientes de las republicanas asesinadas, Memòria de Mallorca, el colectivo Estimada Aurora (que engloba a unos 50 ciudadanos), el Partido Comunista (PCE) y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)- reclaman para él desde un año y cuatro meses hasta cuatro años de cárcel, así como hasta 11 años de inhabilitación. La Fiscalía y el propio inculpado, por su parte, piden el archivo de la causa al alegar que actuó en el ejercicio de sus funciones para preservar la neutralidad institucional y el pluralismo político.

En la rueda de prensa de este miércoles, ha acusado además al PSIB-PSOE de organizar “performances totalmente calculadas” cada vez que se abordan debates “complicados” en el Parlament. “Si tiramos de hemeroteca fotográfica, siempre son las mismas personas las que vienen”, ha espetado. La portavoz de Vox ha matizado, no obstante, que excluye de esas acusaciones a los grupos de Més per Mallorca y Més per Menorca.

La izquierda pide a Le Senne moderar los plenos: “Algunos actúan como hooligans”

Precisamente, la Junta de Portavoces, que se ha prolongado durante cerca de una hora, ha abordado hoy las formas y la cortesía parlamentaria tras la tensión vivida en el pleno del día anterior. Así lo ha explicado el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha impulsado el debate y ha trasladado que existe un sentir mayoritario entre los grupos de que el presidente del Parlament debe intervenir cuando se produzcan afirmaciones ofensivas durante los debates, interrumpir al orador cuando se sobrepasan determinados límites y, si es necesario, llamar al orden a los diputados.

“No se trata de atacar a nadie, sino de mejorar el trabajo que se hace aquí. Confrontamos ideas y debatimos civilizadamente y, si no somos capaces de hacerlo, no merecemos estar en estos escaños”, ha afirmado, lamentando que en ocasiones algunos parlamentarios actúan como “hooligans”. En la misma línea, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sostenido que Le Senne ha demostrado ser “incapaz de dirigir los debates” y ha denunciado una “falta de actuación del presidente respecto a sus obligaciones parlamentarias”. El ecosoberanista también ha criticado que, durante la reunión, el dirigente de Vox haya respondido a las cuestiones planteadas por los grupos.

Por su parte, Cañadas ha señalado que comparte que deben existir límites en el debate parlamentario y que todos los diputados tienen la responsabilidad de dar ejemplo, mientras que desde el PSIB-PSOE, su portavoz adjunto, Marc Pons, ha acusado a la extrema derecha de actuar con “cinismo” y de alimentar la confrontación política, al tiempo que ha lamentado que Le Senne no haya ejercido la autoridad que le corresponde desde el inicio de la legislatura. Finalmente, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha admitido que el pleno del martes fue “tenso y difícil”, si bien ha señalado que corresponde al presidente del Parlament ejercer la moderación. Durán ha añadido que cuando los diputados interrumpen a los consellers durante sus intervenciones también deberían ser llamados al orden.

EH Bildu y PSN han sacado adelante, con la abstención de Geroa Bai, una declaración en la que se reprueba al concejal de UPN Juan José Echeverría, que el pasado jueves acusó al Gobierno municipal (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) de querer “convertir” la capital navarra “en un parque temático de la Memoria”. En Navarra más de 3.000 personas fueron asesinadas por el franquismo y que en su gran mayoría fueron enterradas en fosas comunes.

La declaración presentada por el PSN, que ha contado con el rechazo de UPN y PP, justifica la reprobación del edil regionalista “por ridiculizar las políticas de memoria democrática en favor de las víctimas del franquismo”. En el texto también se “reafirma el compromiso con dichas políticas, el respeto a las víctimas y la defensa de una convivencia basada en los valores democráticos”.

El concejal de UPN Juan José Echeverría se ha disculpado en su turno de palabra “con las personas que se hayan podido sentir ofendidas”. “Mi intención era utilizar una figura retórica”, ha apuntado, para afirmar que no estuvo “afortunado”.

Con todo, ha insistido en que le parece “demasiado” que se destine un segundo edificio e la ciudad para la Memoria histórica y ha vuelto a atacar al PSN por sus pactos con EH Bildu y les ha acusado de ser “más tolerantes” con “otros actos ofensivos” como “la quema de banderas españolas” o “la performance de Rita Maestre en la capilla de la Universidad”.

“¿Ustedes pueden permitirse todo tipo de ofensas de la calaña más cruel y vienen aquí a pedir cuentas por una figura retórica?”, ha señalado para añadir: “A este paso acabaremos todo el grupo [UPN] reprobado”.

PP i Vox han culminat aquest dimarts un dels compromisos polítics assumits per ambdós partits a l’inici de la legislatura a Balears: la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica. La votació duta a terme al Parlament de les Illes Balears ha suposat l’eliminació definitiva d’una de les primeres normes aprovades a nivell estatal en aquesta matèria, la que per primera vegada a l’arxipèlag va articular un marc institucional per investigar els crims del franquisme i el reconeixement públic de qui va ser represaliat després del cop militar de 1936. L’arxipèlag s’afegeix així a les comunitats autònomes que, governades pels populars i l’extrema dreta, ja han tombat els seus textos memorialistes, substituïts en alguns casos per “lleis de la concòrdia” que, sota el pretext de “reconciliar” els espanyols en lloc de “reobrir ferides”, equiparen el franquisme amb la democràcia.

Malgrat que el desembre de 2024 els conservadors van assolir un insòlit pacte amb els partits d'esquerres per no suprimir la normativa balear, tan sols mig any després van incomplir el seu compromís en pactar novament amb Vox la seva eliminació a canvi d’aconseguir el suport dels de Santiago Abascal per poder tirar endavant els pressupostos autonòmics de 2025. Aquest dimarts, lluny d’expressar cap mena de condemna a la sublevació feixista i a les violacions de drets humans comeses durant la dictadura, PP i Vox han sumat els seus vots per fer caure un document que rebutja expressament “qualsevol totalitarisme i règim antidemocràtic”.

Mentre a les portes de la Cambra un centenar de persones es manifestaven contra l’eliminació de la llei, a l’hemicicle la bancada de l’esquerra exhibia fotografies de víctimes del franquisme i carregava amb duresa contra la derogació i contra “l’assumpció”, per part dels populars, dels postulats de l’extrema dreta “per un grapat de vots per continuar governant”. “Han quedat desdibuixats com a partit democràtic”, els ha retret el diputat d’Unides Podem, José María García, qui ha lamentat que la supressió no només afecta les víctimes del franquisme, sinó el conjunt del sistema democràtic. “Amb la derogació de les lleis de memòria democràtica no només perden les víctimes i els seus familiars: hi perdem totes i tots, i també hi perd la democràcia”, ha subratllat, retraient al PP que utilitzi la seva majoria parlamentària per eliminar una llei que, tal com ha defensat l’oposició, va ser fruit d’un consens previ.

“La història és clara: quan la dreta moderada assumeix el marc ideològic de l’extrema dreta per por de perdre vots, no l’atura, el legitima. I sovint el reforça”, ha expressat per la seva banda la diputada de Més per Mallorca Joana Gomila, assegurant que les seves paraules no són paral·lelismes “simplistes”, sinó un recordatori que Europa “ja ha recorregut aquest camí abans i sap perfectament on acaba quan ningú s’atreveix a plantar-hi cara a temps”.

En aquesta mateixa línia, el portaveu socialista, Iago Negueruela, ha qualificat la jornada com “un dia trist per a aquest Parlament i per a aquesta societat”, retraient als populars que cedeixin davant l’extrema dreta per modificar un marc legal que, ha remarcat, formava part dels consensos bàsics de la convivència democràtica. Negueruela també ha reivindicat la importància de mantenir les polítiques públiques de memòria per explicar a les escoles el que va passar durant la dictadura i evitar que es repeteixi, alhora que ha incidit que les lleis de memòria no busquen reobrir conflictes, sinó garantir que les noves generacions coneguin els fets i comprenguin la gravetat de les vulneracions de drets humans comeses durant el franquisme.

“Mai callaran ni esborraran les víctimes”

“Però els diré una cosa”, ha advertit: “Els asseguro que per moltes lleis que deroguin mai esborraran els grans horrors que es van cometre, mai callaran ni esborraran les víctimes. Veuran les seves cares tantes vegades com faci falta, aquí o al Consolat de Mar, perquè la presidenta [Marga Prohens] vegi què suposa la derogació”. Una apel·lació que la líder autonòmica del PP no ha pogut escoltar atès que no ha estat present durant el debat i només ha acudit per participar en la votació.

Davant les manifestacions de l’esquerra, el portaveu adjunt de Vox, Sergio Rodríguez, ha defensat la derogació de la llei de memòria democràtica recorrent al relat habitualment brandat per l’extrema dreta i rebutjat pel consens historiogràfic: que el govern del Front Popular sorgit després de les eleccions de febrer de 1936 no tenia “legitimitat d’origen” perquè “mig centenar de vots van ser robats” a la comissió d’actes del Congrés.

Malgrat que el cop militar contra la Segona República feia mesos que es preparava per part d’amplis sectors de l’Exèrcit i de la dreta autoritària, i que la repressió es va prolongar de manera sistemàtica durant dècades, el parlamentari d’extrema dreta ha presentat l’assassinat del dirigent monàrquic José Calvo Sotelo com el “tret de sortida” de la contesa i ha assegurat que en ambdós bàndols hi va haver víctimes, com les de Massacres de Paracuellos del Jarama.

Rodríguez ha acabat mostrant a l’hemicicle una fotografia del seu besavi, qui —segons ha explicat— va ser maître de l’Hotel Ritz Barcelona, i ha relatat que va ser tret de casa seva una nit i assassinat. També ha afirmat que un altre familiar seu, de 19 anys, va ser executat i que el seu cos encara podria trobar-se en alguna cuneta.

Vox: “Estan molt acostumats a treure pit pels assassins”

En la seva segona intervenció, Rodríguez ha elevat el to del debat, acusant els socialistes de reivindicar figures històriques a les quals ha considerat responsables d’episodis violents, entre les quals ha citat el fundador del PSOE y de UGT, Pablo Iglesias Posse, o l'exdirigent socialista Francisco Largo Caballero, a qui ha assenyalat com “un dels màxims responsables d’arribar a la guerra civil per les seves declaracions incendiàries, per la seva participació en la Revolució d’Astúries i, per descomptat, en la repressió que es va produir al bàndol republicà durant els primers mesos de la guerra civil”. “Vostès estan, pel que veig, molt acostumats a treure pit pels assassins”, ha etzibat.

El diputat ha acabat mostrant a l’hemicicle una fotografia del seu besavi, qui —segons ha explicat— va ser maître de l’Hotel Ritz Barcelona. “El varen treure una nit de casa seva i li varen pegar un tir”. “I aquest és el seu fill, el meu oncle Salvador”, ha continuat mostrant una altra imatge: “19 anys i sense cap participació política de cap tipus. El seu cos deu estar encara en alguna cuneta, perquè no l’hem recuperat”. “I com es pensen que em sent jo com a víctima quan vostès fan actes de reconeixement, estàtues i posen carrers a Lluís Companys?”, ha afegit, qualificant d’“assassí” l’expresident de la Generalitat de Catalunya i considerant-lo “responsable dels assassinats dels meus familiars”.

“En el fons, l’únic que volen vostès és blanquejar el partit del qual són directament hereus. Perquè aquí no hi ha ni falangistes, ni carlins, ni cap participant del bàndol nacional de la guerra civil”, ha afirmat, per acabar titllant d’“assassins” “tots els responsables de la barbàrie roja a la rereguarda republicana, majoritàriament socialista”.

Després de les paraules de Sergio Rodríguez, Iago Negueruela ha pres la paraula per reprovar la seva intervenció i invocar el reglament de la Cambra. “Li record unes paraules seves a la Junta de Portaveus de la setmana passada”, ha assenyalat adreçant-se al president del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne (Vox), “en què vostè ens va dir a tots que no toleraria segons quins comentaris dirigits a grups o a partits”.

“Dir que el Partit Socialista és un partit d’assassins és una falsedat històrica. És una falsedat pròpia d’una persona que no té el més mínim respecte i que es creu superior a la resta de persones que formen part d’aquesta Cambra”, ha continuat el portaveu del PSIB, qui ha instat Le Senne —que està pendent de ser jutjat per un delicte d’odi per haver romput en ple hemicicle la fotografia de tres víctimes del franquisme— a retirar les acusacions abocades per Rodríguez. El màxim responsable de la Cambra legislativa, però, no hi ha accedit.

El PP reivindica les víctimes del bàndol franquista

Per part del PP, la diputada Cristina Gil ha mostrat el seu suport a la iniciativa de Vox en considerar que la llei de memòria “no uneix, sinó que separa i enfronta”. “La memòria és individual i cap llei, excepte en les dictadures més abjectes, es pot imposar”, ha argumentat, acusant l’esquerra d’obviar la memòria de les víctimes que no combreguen amb la seva ideologia. “Són víctimes de segona? Són noms sense memòria?”, s’ha demanat. “Sota el pretext d’una llei que sí que és cert que podia ser justa en el seu inici s’ha dut a terme una veritat oficial, la del costat bo de la història que vostès repeteixen com un mantra marxista”, ha sostingut, per tot seguit insinuar que la normativa memorialista mai no ha estat una “prioritat” per al seu partit. Per al PP, ha asseverat, la veritablement important, i que per tant continuarà vigent, és la llei de recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme —més coneguda com la ‘llei de fosses’—, aprovada per unanimitat el 2016.

Es tracta d’una norma que ha permès recuperar les restes de més de 280 víctimes del franquisme —de les quals més de 50 han estat identificades— que van ser assassinades de forma violenta i enterrades, la majoria d’elles de manera clandestina, en clots excavats dins i fora dels cementiris. Els investigadors apunten que altres persones van ser llançades a pous i simes. Amb tot, s’estima que més de 1.700 víctimes continuen desaparegudes arreu del territori balear.

Després de la intervenció de la diputada conservadora, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha respost que la memòria “no és una qüestió individual”. “La memòria es construeix com un fet social i col·lectiu, i en aquest país, durant quaranta anys, es va intentar construir una memòria de bons i dolents en què es va culpabilitzar sistemàticament les persones derrotades del bàndol republicà. I vostès no poden entendre que no només cal recuperar els cossos de les persones que van ser assassinades i torturades durant la guerra civil, sigui quin sigui el seu bàndol. Cal recuperar la memòria de totes les persones que durant 40 anys van lluitar per la llibertat”.

Després de la votació, els diputats de Vox han aplaudit mentre els del PP, tot i haver donat suport a l’eliminació, han romàs en silenci, fet que ha portat alguns diputats de l’esquerra a qualificar-los de “covards” des dels seus escons. “Ara no aplaudiu?”, els han etzibat. Entre els diputats de l’extrema dreta han predominat les abraçades i els gestos d’alegria, primer des dels seus escons i després als passadissos del Parlament de les Illes Balears, on s’han trobat amb el diputat al Congrés Jorge Campos, qui havia seguit el debat des de la tribuna de convidats. El mateix Campos ha estès la mà a Marga Prohens, qui li ha correspost amb una encaixada. Per la seva banda, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha fet dos besos a la presidenta balear, mentre que el diputat Sergio Rodríguez ha encaixat la mà amb el líder parlamentari dels populars, Sebastià Sagreras.

En un moment donat, la presidenta de l’entitat Memòria de Mallorca s’ha acostat a Prohens, sobre la taula de la qual ha dipositat un mocador amb el lema “Justícia, reparació i no repetició”, un dels lemes del moviment memorialista. El gest, silenciós i breu, ha servit com a símbol de protesta de les víctimes davant la derogació de la llei. La presidenta del Govern, però, ha recollit immediatament la peça i l’ha guardada a la butxaca.

Fites de la llei de memòria

Entre altres fites, la llei balear de memòria democràtica havia permès delimitar i ampliar la consideració de víctimes de la guerra civil i la dictadura: no només havia possibilitat reconèixer persones represaliades directament, sinó també organitzacions socials, professionals o culturals, partits polítics, sindicats, lògies maçòniques, moviments feministes o col·lectius LGTBI, així com víctimes de bombardejos, nadons robats o persones perseguides per motius ideològics.

Sota l’empara d’aquesta normativa també es va declarar la nul·litat de ple dret de totes les sentències i resolucions dictades per raons polítiques en causes penals, civils o administratives durant la dictadura a les illes, una mesura simbòlica destinada a reparar jurídicament aquells que van ser condemnats per tribunals franquistes. La llei també va introduir mesures en l’àmbit educatiu per garantir la transmissió d’aquest període històric a les noves generacions. Entre altres disposicions, establia la incorporació de la memòria democràtica als currículums escolars, l’impuls de programes pedagògics sobre el conflicte bèl·lic i el règim franquista, així com activitats d’investigació i divulgació en col·laboració amb centres educatius i universitats.

Mentrestant, a l’empara d’aquesta norma es van crear els Espais i itineraris de la Memòria i Reconeixement Democràtics com a nova figura de protecció a l’arxipèlag, es va declarar el 29 d’octubre com a data simbòlica de record i reivindicació dels valors democràtics i de la lluita per la llibertat, i es va elaborar un cens de símbols i mencions franquistes.

PP y Vox han culminado este martes uno de los compromisos políticos asumidos por ambos partidos al inicio de la legislatura en Balears: la derogación de la ley autonómica de memoria democrática. La votación llevada a cabo en el Parlament ha supuesto la eliminación definitiva de una de las primeras normas aprobadas a nivel estatal en esta materia, la que por primera vez en el archipiélago articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. El archipiélago se suma así a las Comunidades Autónomas que, gobernadas por populares y extrema derecha, ya han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia. 

A pesar de que en diciembre de 2024 los conservadores alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimir la normativa balear, tan solo medio año después incumplieron su compromiso al pactar nuevamente con Vox su eliminación a cambio de granjearse el apoyo de los de Santiago Abascal para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Este martes, lejos de expresar cualquier tipo de condena a la sublevación fascista y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, PP y Vox han sumado sus votos para echar abajo un documento que rechaza expresamente “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.

Mientras a las puertas de la Cámara un centenar de personas se manifestaban contra la eliminación de la ley, en el hemiciclo la bancada de la izquierda exhibía fotografías de víctimas del franquismo y cargaba con dureza contra la derogación y contra la “asunción”, por parte de los populares, de los postulados de la extrema derecha “por un puñado de votos para seguir gobernando”. “Han quedado desdibujados como partido democrático”, les ha recriminado el diputado de Unides Podem, José María García, quien ha lamentado que la supresión no solo afecta a las víctimas del franquismo, sino al conjunto del sistema democrático. “Con la derogación de las leyes de memoria democrática no solo pierden las víctimas y sus familiares: perdemos todas y todos, y también pierde la democracia”, ha subrayado, reprochando al PP que utilice su mayoría parlamentaria para eliminar una ley que, tal como ha defendido la oposición, fue fruto de un consenso previo.

“La historia es clara: cuando la derecha moderada asume el marco ideológico de la extrema derecha por miedo a perder votos, no lo detiene, lo legitima. Y a menudo lo fortalece”, ha expresado por su parte la diputada de Més per Mallorca Joana Gomila, aseverando que sus palabras no son paralelismos “simplistas”, sino un recordatorio de que Europa “ya ha recorrido este camino antes y sabe perfectamente dónde acaba cuando nadie se atreve a hacer frente a tiempo”.

En esta misma línea, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha calificado la jornada como “un día triste para este Parlament y para esta sociedad”, reprochando a los populares que cedan ante la ultraderecha para modificar un marco legal que, ha recalcado, formaba parte de los consensos básicos de la convivencia democrática. Negueruela también ha reivindicado la importancia de mantener las políticas públicas de memoria para explicar en las escuelas lo ocurrido durante la dictadura y evitar que se repita, al tiempo que ha incidido en que las leyes de memoria no buscan reabrir conflictos, sino garantizar que las nuevas generaciones conozcan los hechos y comprendan la gravedad de las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo.

“Jamás van a callar ni a borrar a las víctimas”

“Pero les digo una cosa” -ha advertido-: “Les aseguro que por muchas leyes que deroguen jamás borrarán los grandes horrores que se hicieron, jamás van a callar ni a borrar a las víctimas. Verán sus rostros las veces que hagan falta, aquí o en el Consolat de Mar [sede de la Presidencia balear-, para que la presidenta [Marga Prohens] vea lo que supone la derogación”. Una apelación que la líder autonómica del PP no ha podido escuchar dado que no ha estado presente durante el debate y tan solo ha acudido para participar en la votación. “Hoy escuchamos crueldad y rabia en un parlamento democrático que no requiere ni de crueldad ni de rabia”, ha continuado, lamentando que lo vivido en el hemiciclo “es el dolor de muchas personas que no entienden qué rabia hay que tener para atentar contra una ley como esta, que lo único que exige es reparación y justicia”. En su opinión, la derogación de la normativa “es una traición a la democracia y a la palabra”.

Frente a las manifestaciones de la izquierda, el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha defendido la derogación de la ley de memoria democrática recurriendo a la narrativa habitualmente enarbolada por la extrema derecha y rechazada por el consenso historiográfico: que el gobierno del Frente Popular surgido tras las elecciones de febrero de 1936 carecía de “legitimidad de origen” porque “medio centenar de votos fueron robados” en la comisión de actas del Congreso.

A pesar de que el golpe militar contra la Segunda República llevaba meses preparándose por parte de amplios sectores del Ejército y de la derecha autoritaria, y de que la represión se prolongó de forma sistemática durante décadas, el parlamentario de extrema derecha ha presentado el asesinato del dirigente monárquico José Calvo Sotelo como el “pistoletazo de salida” de la contienda y ha aseverado que en ambos bandos hubo víctimas, como las de “Paracuellos del Jarama”, recordando a quienes fueron “asesinados por las hordas rojas” para sostener, de este modo, que las leyes de memoria democrática ignoran a estos últimos.

Vox: “Están muy acostumbrados a sacar pecho por los asesinos”

En su segunda intervención, Rodríguez ha elevado el tono del debate, acusando a los socialistas de reivindicar a figuras históricas a las que ha considerado responsables de episodios violentos, entre quienes ha citado al fundador del PSOE y de UGT, Pablo Iglesias, o el exdirigente socialista Francisco Largo Caballero, a quien ha señalado como “uno de los máximos responsables de llegar a la guerra civil por sus declaraciones incendiarias, por su participación en la Revolución de Asturias y, por supuestísimo, en la represión que se produjo en el bando republicano durante los primeros meses de la guerra civil”. “Ustedes están, por lo que veo, muy acostumbrados a sacar pecho por los asesinos”, ha espetado.

El diputado ha finalizado mostrando en el hemiciclo una fotografía de su bisabuelo, quien -según ha explicado- fue maître del Hotel Ritz Barcelona. “Lo fueron a sacar una noche de su casa y le pegaron un tiro”. “Y este es su hijo, mi tío Salvador”, ha continuado exhibiendo otra imagen: “19 años y sin ninguna participación política de ningún tipo. Su cuerpo debe de estar todavía en alguna cuneta, porque no lo hemos recuperado”. “¿Y cómo se creen que me siento yo como víctima cuando ustedes hacen actos de reconocimiento, estatuas y le ponen calles a Lluís Companys?”, ha abundado, calificando de “asesino” al expresidente de la Generalitat de Catalunya y considerándolo “responsable de los asesinatos de mis familiares”.

“En el fondo, lo único que quieren ustedes es blanquear al partido del que son ustedes directamente herederos. Porque aquí no hay ni falangistas, ni carlistas, ni ningún participante en el bando nacional de la guerra civil”, ha manifestado, para terminar tachando de “asesinos” a “todos los responsables de la barbarie roja en la retaguardia republicana, mayoritariamente socialista”.

Tras las palabras de Rodríguez, Negueruela ha tomado la palabra para reprobar las palabras de Rodríguez e invocar el reglamento de la Cámara. “Le recuerdo unas palabras suyas en la Junta de Portavoces de la semana pasada” -ha señalado dirigiéndose al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox)- “en la que usted nos dijo a todos que no toleraría según qué comentarios dirigidos a grupos o a partidos”.

“Decir que el Partido Socialista es un partido de asesinos es una falsedad histórica. Es una falsedad propia de una persona que no tiene el más mínimo respeto y que se cree superior al resto de las personas que forman parte de esta Cámara”, ha proseguido el portavoz del PSIB, quien ha emplazado a Le Senne -quien se encuentra pendiente de ser juzgado por un delito de odio por romper en pleno hemiciclo la fotografía de tres víctimas del franquismo- a retirar las acusaciones vertidas por Rodríguez. El máximo responsable de la Cámara legislativa no ha accedido a ello.

El PP reivindica las víctimas del bando franquista

Por parte del PP, la diputada Cristina Gil ha mostrado su apoyo a la iniciativa de Vox al considerar que la ley de memoria “no une, sino que separa y enfrenta”. “La memoria es individual y ninguna ley, salvo en las dictaduras más abyectas, se puede imponer”, ha argumentado, acusando a la izquierda de obviar la memoria de las víctimas que no comulgan con su ideología. “¿Son víctimas de segunda? ¿Son nombres sin memoria?”, se ha preguntado. “Bajo el pretexto de una ley que sí que es cierto que podía ser justa en su inicio se ha llevado a cabo una verdad oficial, la del lado bueno de la historia que repiten ustedes a modo de mantra marxista”, ha sostenido, para acto seguido deslizar que la normativa memorialista nunca ha sido una “prioridad” para su partido. Para el PP, ha aseverado, la verdaderamente importante, y que por lo tanto la que sí seguirá vigente, es la ley de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo -más conocida como la 'ley de fosas'-, aprobada por unanimidad en 2016.

Se trata de una norma que ha permitido recuperar los restos de más de 280 víctimas del franquismo -de las que han sido identificadas más de 50- que fueron asesinadas de forma violenta y enterradas la mayoría de ellas de forma clandestina en hoyos excavados dentro y fuera de los cementerios. Los investigadores apuntan a que otras personas fueron lanzadas a pozos y simas. Se estima, con todo, que más de 1.700 víctimas continúan desaparecidas a lo largo del territorio balear.

Tras la intervención de la diputada conservadora, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha respondido que la memoria “no es una cuestión individual”. “La memoria se construye como un hecho social y colectivo, y en este país, durante cuarenta años se intentó construir una memoria de buenos y de malos en la que se culpó sistemáticamente a las personas derrotadas del bando republicano. Y ustedes no pueden entender que no solo hace falta recuperar los cuerpos de las personas que fueron asesinadas y torturadas durante la guerra civil, sea cual sea su bando. Hace falta recuperar la memoria de todas las personas que durante 40 años lucharon por la libertad”.

Tras la votación, los diputados de Vox han aplaudido mientras los del PP, pese a respaldar la eliminación, permanecían en silencio, lo que ha llevado a algunos diputados de izquierdas a calificarles de “cobardes” desde su bancada. “¿No aplaudís ahora?”, han proferido. Entre los diputados de la extrema derecha han primado los abrazos y las caras de alegría, primero desde sus escaños y después en los pasillos del Parlament, donde se han encontrado con el diputado en el Congreso Jorge Campos, quien ha seguido el debate desde la tribuna de invitados. El propio Campos le ha tendido la mano a Prohens, quien le ha correspondido con un apretón. Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, le ha dado dos besos a la presidenta balear, mientras que el diputado Sergio Rodríguez ha estrechado la mano al líder parlamentario de los populares, Sebastià Sagreras.

En un momento dado, la presidenta de la entidadad Memòria de Mallorca se ha acercado a Prohens, en cuya mesa ha depositado un pañuelo con las insignias “Justicia, reparación y no repetición”, uno de los lemas del movimiento memorialista. El gesto, silencioso y breve, ha servido como símbolo de protesta de las víctimas frente a la derogación de la ley. La presidenta del Govern, sin embargo, ha recogido de inmediato la pieza y la ha guardado en el bolsillo.

Hitos de la ley de memoria

Entre otros hitos, la ley balear de memoria democrática ha permitido delimitar y ampliar la consideración de víctimas de la guerra civil y la dictadura: no solo ha posibilitado reconocer a personas represaliadas directamente, sino también a organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o colectivos LGTBI, además de víctimas de bombardeos, bebés robados o personas perseguidas por motivos ideológicos.

Bajo el amparo de esta normativa también se declaró la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones dictadas por razones políticas en causas penales, civiles o administrativas durante la dictadura en las islas, una medida simbólica destinada a reparar jurídicamente a quienes fueron condenados por tribunales franquistas. La ley también introdujo medidas en el ámbito educativo para garantizar la transmisión de este periodo histórico a las nuevas generaciones. Entre otras disposiciones, establecía la incorporación de la memoria democrática en los currículos escolares, el impulso de programas pedagógicos sobre el conflicto bélico y el régimen franquista, así como actividades de investigación y divulgación en colaboración con centros educativos y universidades.

Mientras tanto, al socaire de esta norma fueron creados los Espacios e itinerarios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos como nueva figura de protección en el archipiélago, fue declarado el 29 de octubre como fecha simbólica de recuerdo y reivindicación de los valores democráticos y la lucha por la libertad, y fue confeccionado un censo de símbolos y menciones franquistas.