El Partido Popular, que representa a las acusaciones populares del caso, ha pedido la imputación de las dos hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la causa seguida contra él en la Audiencia Nacional. El partido de Alberto Núñez Feijóo entiende que ambas son las administradoras de la empresa Whathefav que recibieron dinero del entramado como “parte de un acuerdo” entre su padre y Julio Martínez por el rescate de Plus Ultra, incurriendo en posibles delitos de blanqueo, falsedad documental y organización criminal. También solicita el PP, entre otras medidas, que el exministro José Luis Ábalos y Koldo García pasen a formar parte de la lista de investigados en la causa.

El juez José Luis Calama investiga en su juzgado de la Audiencia Nacional el rescate millonario que el Gobierno firmó para la aerolínea Plus Ultra para paliar los efectos de la pandemia y si ese dinero fue destinado al blanqueo de capitales. En cuanto al expresidente socialista y su amigo Julio Martínez, el magistrado asumió el informe de la UDEF para atribuirle el liderazgo de la trama y supuestas gestiones para que fuera rescatada y después cobrar un porcentaje. Esos informes apuntan directamente a la empresa de sus hijas que, sin aportar ningún “valor técnico” según los agentes, cobró más de 800.000 euros en un lustro de dos sociedades bajo sospecha. En sus cuentas personales, destaca ahora el PP, cobraron en torno a 200.000 euros cada una en esos cinco años de una empresa considerada clave en la trama.

Para el PP y el resto de acusaciones, para el rescate de Plus Ultra existió la “vía Zapatero” pero también la “vía Ábalos” y por eso solicitan la imputación del exministro de Transportes, que está a la espera de sentencia en el Tribunal Supremo. Junto a él entienden que su entonces asesor Koldo García fue una “pieza fundamental”. La lista de peticiones del partido alcanza a un alto cargo de la SEPI, José Ángel Partearroyo, varios mediadores en el rescate y los administradores de las sociedades supuestamente instrumentales. En la lista de testificales, el PP solicita que Pedro Saura, hoy al frente de Correos y entonces secretario de Estado de Transportes, sea llamado a declarar.

Las diligencias giran en torno al rescate de más de 50 millones de euros de Plus Ultra en la pandemia. También en torno a una serie de empresas del entorno de la aerolínea y si hubieran sido usadas para mover comisiones y blanquear dinero. En el epicentro está la empresa Análisis Relevante, considerada como “instrumental” por el juez Calama y de la que cobraron 239.755 las hijas del expresidente del Gobierno. Análisis Relevante, que cobró más de 300.000 euros de Plus Ultra, compañía rescatada en la pandemia, también pagó 490.780 euros a Zapatero. Esta sociedad firmó un contrato el 1 de junio de 2020 con Whathefav para supuestos servicios de marketing, posicionamiento en internet y logística de eventos. 

La fiscal del caso ya afirmó en uno de sus escritos que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa se “benefició” a través de Análisis Relevante. La Policía considera que su agencia era, en realidad, un “centro de redistribución de flujos económicos” dentro del entramado.

“Para que la legislatura pueda continuar hay que actuar, no vale quedarse de brazos cruzados”, y el movimiento clave debe ser el despliegue de la “agenda social”. Esas dos frases, pronunciadas el pasado miércoles por el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, resumen la actitud que ha adoptado el conjunto de la coalición que lidera Yolanda Díaz después de una primera reacción dubitativa ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las nuevas revelaciones del caso Leire Díez. Pese a las diferencias internas en su seno, Sumar ha apostado por presionar al PSOE para reanudar la agenda legislativa, y ha puesto en el foco tres asuntos: la vivienda, el final de la vigencia de algunas de las medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán y la derogación de la ley mordaza.

Con diferentes formulaciones, varios portavoces de Sumar pertenecientes a distintos partidos de los que integran la coalición han insistido en estos días en esta idea: la de que el Ejecutivo no puede quedarse instalado en el shock y debe recuperar la iniciativa política si quiere que la legislatura sobreviva. “Los casos [de supuesta corrupción] no pueden paralizar la acción de Gobierno”, y el Ejecutivo debe “actuar y profundizar en las reformas y abordar ya el problema de la vivienda”, señalaba hace unos días la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. “Vamos a presionar para obligar al PSOE a desbloquear y acelerar las reformas pendientes”, sostuvo por su parte el pasado martes el diputado Gerardo Pisarello, de los Comuns.

Presionar con la agenda social es la manera que ha encontrado Sumar de resolver el complejo equilibrio que se ha visto obligado a hacer desde que el tablero político saltó por los aires hace un par de semanas, con la imputación de Zapatero. En el seno de la formación se han producido serias diferencias en relación a cómo desvincularse de las investigaciones por supuestas corruptelas que afectan al PSOE sin, en ningún caso, plantearse la salida del Gobierno. No es la primera vez que la alianza que lidera Yolanda Díaz apuesta por esta vía, la de exigir a los socialistas un impulso de las medidas sociales para no quedar atrapados en un debate sobre corrupción, aunque en ocasiones anteriores Sumar no ha tenido demasiado éxito. 

En diciembre, por ejemplo, los de Díaz exigieron al PSOE una reunión para concretar “medidas sociales y en defensa del derecho a la vivienda”, así como la sustitución de algunos ministros del PSOE, una petición que fue desdeñada desde el ala socialista del Consejo de Ministros. El encuentro se realizó, pero de él no salió ninguna conclusión, lo cual llevó a Sumar a criticar la “actitud inmovilista” del socio mayoritario del Gobierno y a alertar de que esta actitud “solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox y sus políticas de extrema derecha”.

En esta nueva crisis desatada hace un par de semanas, son tres las áreas en las que Sumar ha exigido —por ahora, sin éxito— al PSOE que apruebe nuevas medidas. El pasado lunes, el mismo día que decayeron las rebajas fiscales a la luz y el gas que aprobó el Gobierno en marzo para hacer frente a la amenaza inflacionaria por la guerra de Irán, Díaz planteó la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha de manera “urgente” un nuevo decreto que recupere estas bajadas del IVA del 21% al 10%. Por el momento, la exigencia no ha tomado demasiado cuerpo, entre otras cosas porque el debate público ha girado en torno a la posibilidad de que el PP presentara una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez y en relación al sumario del caso Leire.

Pese a la presión de Sumar, el ala socialista del Ejecutivo se ha limitado a afirmar que está analizando los efectos de las medidas que desplegó en marzo y a anunciar que se reunirá con los agentes sociales para definir cuáles extender o adaptar más allá del 30 de junio. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron el lunes que no tomarán ninguna decisión antes de estos encuentros, que se celebrarán en las próximas semanas y que también incluirán conversaciones los sectores más afectados “de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias” a partir de finales de este mes.

La prórroga de los alquileres, parada

La gran batalla de los de Díaz en el seno del Gobierno, no obstante, sigue siendo la vivienda, y así lo refieren públicamente todos sus portavoces, especialmente desde que hace algo más de un mes PP, Vox y Junts unieron sus votos para derribar el decreto que permitió durante su vigencia prorrogar su contrato de alquiler por dos años a los inquilinos a los que les vencía. Desde entonces, Sumar ha presionado al PSOE para recuperar esa medida asegurando que Junts estaría dispuesto a aceptarla siempre y cuando se le ofreciesen a cambio iniciativas como el IVA franquiciado o exenciones fiscales para los arrendatarios. 

Pero esas conversaciones no avanzan, al menos no muy rápidamente: fuentes del Ministerio de Vivienda afirman que siguen abiertos a un nuevo paquete de medidas, si bien admiten que el mazazo que ha supuesto el estallido de los casos de corrupción ha ralentizado las negociaciones. Y Junts no parece por la labor de dar ninguna victoria a un Gobierno al que han pedido que convoque elecciones porque “desde hace seis meses no tiene mayoría”... precisamente por la decisión de la formación independentista de retirarle su apoyo parlamentario.

La última de las áreas en las que Sumar ha pedido al PSOE poner el foco es la derogación de la ley mordaza, que lleva más de un año varada en el Congreso por la falta de acuerdo entre los socios del Ejecutivo para su redacción final, pese a que a priori sí hay números suficientes para aprobarla. “Existe una mayoría para democratizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, planteó a este respecto el martes pasado el diputado Alberto Ibáñez, y exigió al PSOE que “cumpla” con su compromiso electoral de acabar con la norma aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, también llamó “al conjunto de los socios a evitar vetos cruzados” y a no dar pie a que el PSOE ponga “más excusas” para poner en marcha una nueva regulación.

El exalcalde de Vega de Pas por el PRC Víctor Manuel Gómez ha afirmado conocer “muy bien” a la exconcejala socialista en este municipio cántabro y exmilitante del PSOE Leire Díez, a la que ha tildado de “narcisista, fanática, trepa, poco inteligente y mala hasta decir basta”.

Gómez ha afirmado que se trata de una persona para la que todo es “armar el espectáculo”. “Una fashion, una pequeña Nicolasa o una Antoñita la Fantástica”, sin ninguna “moralidad” y que estaba en el PSOE “pero lo mismo podía haber dado en el PP”.

“El karma existe y lo va a pagar bien”, ha opinado en relación al caso que lleva su nombre y con la que supuestamente se pretende desestabilizar las causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez.

En declaraciones a Europa Press, el exalcalde de Vega de Pas ha detallado que Leire Díez llegó al municipio sobre el año 2007 cuando adquirió una cabaña pasiega que rehabilitó. “Era una de tanta gente que hay aquí que vende y compra cabañas”.

Según ha relatado, antes de ser concejala ya era “un poco exigente” con el exregidor en sus peticiones, tales como que arreglase una carretera por un bache o por problemas con el suministro de agua, “estaba siempre así”.

Y dado que Leire es “muy activa”, “enseguida la captó la oposición” que Gómez tenía en el Ayuntamiento, cuando aquello el PP, junto al médico del pueblo, pero para acabar ambos formando parte de las listas del PSOE. “Eran (los 'populares') la gente pensante que les utilizó; a ella porque era muy revolucionaria y a él porque era una autoridad moral dentro del pueblo”.

Un “infierno” de oposición y fraude electoral

“Me empezaron a hacer una oposición muy dura: muchas denuncias, cualquier cosa que hacíamos estaban en encima, querellas... Un infierno con ellos”, ha lamento Gómez, que, incluso, les ha acusado de realizar fraude electoral en los comicios de 2011, cuando un pacto entre PP y PSOE le arrebató la Alcaldía.

El exalcalde del PRC ha afirmado que Díez y el médico tenían como objetivo a las personas mayores y vulnerables para que emitieran su voto por correo, una práctica que “hacen todos los años” -incluido el PP, ha señalado-.

“Ya veía que me la iban a hacer gordísima”, ha dicho, por lo que puso en conocimiento de estos “movimientos” a la Junta Electoral Central a través de una carta y también lo denunció ante la Guardia Civil, cuerpo que encontró en la papelera del asilo de Vega de Pas “30 solicitudes de voto por correo con la misma letra: la del médico”.

También ha insinuado que tanto Leire como el doctor “estaban compinchados con gente de Correos”. De este modo, este último “era el que llevaba a la oficina como 30 o 40 solicitudes de voto por correo”, algo que ha justificado en que la entrada en Correos fue a las 13.05 horas, las 13.06, las 13.07...“. Sin embargo, ni la Junta Electoral Central ni los tribunales dieron la razón al exalcalde.

“Los tribunales no son Dios, también están hechos por personas”, ha afirmado Gómez para también insinuar que en aquella época Leire Díez “se movía por esferas muy altas”, apuntando al cántabro Alfredo Pérez Rubalcaba, del que “era muy amiga”.

Con todo ello, ha dicho que perdió y que le echaron de la Alcaldía “de malas maneras”, y a día de hoy sigue pensando que aquellas elecciones “fueron fraudulentas” y que se las “robaron”, ha sostenido.

Incluso ha comentado que le condenaron a dos años y cuatro meses de inhabilitaron en 2017 por una querella interpuesta por Leire por contratar como guía del Museo Etnográfico a una amiga suya -la que le vendió la cabaña- “porque no encontrábamos a nadie”, aunque la jueza entendió que la metió “a dedo”.

Así las cosas, Gómez ha aseverado que Leire “ya despuntaba” por lo que no le extraña “lo que está pasando” y ha opinado que “el karma existe y lo va a pagar bien. Ya sería el colmo que la absolvieran”.

En cuanto al ascenso de la exedil en Madrid, a su juicio, se trata de una persona “mala, atrevida y poco inteligente” por lo que ha concluido que “la han utilizado para hacer la labor sucia”, afirmando que la prueba está “en que la han grabado todas las conversaciones”, con lo que “no se fían mucho de ella tampoco”.

Según ha explicado el exalcalde, tras las elecciones del 2011, Leire “salió mal” con el actual regidor del PP de Vega de Pas y también senador, Juan Carlos García, que la expulsó junto al médico del equipo de Gobierno.

A raíz de ahí, se quedó “desamparada” y la “metió” la exvicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, en el PSOE autonómico para hacerse cargo de las redes sociales del partido entre 2015 y 2017. “La pagaban bien, 45.000 euros para llevar cuatro redes y cuatro tweets”, ha enfatizado.

Gómez ha continuado con que cuando Pablo Zuloaga ganó en 2017 las primarias en el seno de la formación socialista en la región, “se la quitó de encima. Pienso que sospechaba qué tipo de persona era, que era peligrosa”.

Tras esto, Leire se fue a Madrid y “ya no sé si por Ábalos o Narbona y como es de un carácter muy trepa”, ha ido “subiendo y subiendo”, conociendo gente. “Casi ha tocado al presidente, si no ha tenido reuniones con él”, ha opinado.

Finalmente, por su experiencia, el exalcalde cree que Díez “es de estas personas que vale más que estén lejos y más tenerlas de amigas que de enemigas”.

Voy a comenzar el boletín de este domingo con unas palabras de Emiliano García-Page. No es que el presidente de Castilla La Mancha tenga un olfato político bien calibrado, pero estas frases no están mal tiradas. “En España tenemos la mala costumbre de pensar que la gente mala es lista. Pues no, también hay corruptos tontos y torpes. Esta es una”, dijo esta semana al hablar de Leire Díez, la espía tonta que el PSOE, a través de Santos Cerdán, financió para que buscara trapos sucios de jueces, fiscales y policías. 

Con Page, es fácil encontrar frases que confirman que ha comprado la mayor parte del mensaje de la derecha. En esa misma entrevista, dice que se deberían haber celebrado elecciones anticipadas hace un año y que ya es imposible gobernar, porque “el poder lo tiene Puigdemont”. Claro que sí. Por eso, sigue viviendo de alquiler en Bélgica y su partido se va consumiendo en los sondeos.

Volviendo a Leire Díez y lo que se ha sabido esta semana, tenemos una nueva víctima política a la que se podría añadir a su jefe, que resulta que es el ministro de Interior. Se trata de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de la que Marlaska dijo antes que no se había reunido con Díez. Eso ha quedado viejo. El informe de la UCO describe tres contactos entre ambas. El ministro ha pasado a decir que “no tuvo con Leire ninguna conversación relativa a la trama”. Entonces, ¿de qué hablaron? La nueva versión es que Díez le pidió que echara un cable al comandante Rubén Villalba, que estaba implicado en el caso Koldo, y que en ese momento González puso fin al encuentro y no hubo más relación. 

Este tipo de situaciones ponen a prueba la paciencia de los votantes y eso en política nunca acaba bien. ¿Por qué no se contó toda la verdad desde el principio? La respuesta es sencilla: porque sabían que eso daría mala imagen y regalaría argumentos al rival político. O porque se estaba intentando ocultar algo. Al final, las consecuencias son peores. Una investigación revela hechos que podrían ser sospechosos o no muy relevantes, pero, como no fuiste honesto desde el primer momento, ahora lo tienes más difícil para que te crean. 

También podrías llegar a la conclusión, aunque creas que no hay indicios de delito en esa situación, de que alguien tiene que pagar con el puesto al asumir las consecuencias políticas de esos actos. No siempre es justo, pero la política dista mucho de ser justa cuando vuelan las sospechas. Necesitas poner a alguien que no tenga ninguna relación con los hechos y que por tanto esté libre de toda culpa, real o potencial. 

No va a ocurrir nada de eso. Es más fácil que Donald Trump o el Papa tengan que dimitir a que lo haga Marlaska. Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo al ministro y a la directora de la Guardia Civil. En resumidas cuentas, el marrón se lo comerá entero Moncloa. Y luego se quejarán. 

Ya no se puede negar que un grupo de personajes lamentables se dedicaba a intentar desacreditar las investigaciones policiales y judiciales que podían perjudicar al Gobierno. ¿Con qué nivel de apoyo político? Los informes policiales indican que recibían dinero de Santos Cerdán cuando era secretario de Organización del PSOE. Los socialistas pueden decir ahora que ya no tienen ninguna relación con él y que se busque la vida en las causas judiciales que le atañen. Vale, de acuerdo, pero Cerdán era quien dirigía el partido desde Ferraz, por decisión de Sánchez, y quien controlaba sus fondos. La distinción de que era Cerdán, y no el PSOE, quien hacía esos pagos a la banda de Díez es casi bizantina. No te absuelve en absoluto de tu responsabilidad política. 

Una explicación convincente la ha dado el ministro Félix Bolaños: “Es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del Gobierno continuamente y probablemente lo hace para darse importancia. Pero es que el propio sumario responde a esa pregunta, porque no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del Gobierno tuviera ningún conocimiento de esto”.

No es eso lo que dice la UCO en su informe. En el estilo habitual de estos agentes, donde se mezclan los hechos, las deducciones y el uso frecuente del condicional, escriben que “lo que se evidenciaría del contenido de los mensajes anteriores es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando la propia Leire”. Y con eso el diario ABC ya tenía hecho el titular: “La UCO sostiene que Pedro Sánchez conocía el trabajo de las cloacas del PSOE”.

Sánchez confirmó el viernes que no sabía nada de las maniobras de Díez: “Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”. 

El Partido Popular afirma que estamos ante el escándalo más grave de la democracia, como si hubiera pocos. Mientras tanto, se celebra en la Audiencia Nacional el juicio de la Kitchen donde no encontrarás a una exmilitante y exconcejal del PP con delirios de grandeza. En el banquillo de los acusados están: un ministro (Fernández Díaz), un secretario de Estado (Martínez), un director operativo de la policía (Pino), el célebre comisario Villarejo, el comisario Gómez Gordo que fue también cargo de confianza de Cospedal, el comisario y jefe de la UDEF Martín Blas, el comisario Olivera que había sido jefe de la UDEF, el inspector jefe Fuentes Gago, mano derecha de Pino, y el inspector jefe Díez Sevillano, también colaborador de Pino. Toda la plana mayor del Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy. Si eso no es una conspiración, ya casi no se puede utilizar esa palabra.

Desde luego, Rajoy dice que no sabía nada de lo que pasaba en ese Ministerio ni de lo que había hecho su tesorero, Luis Bárcenas, de la misma forma que Aznar no sabía nada de la Gürtel. Pero el PP está convencido de que Sánchez lo sabía todo de Ábalos, Koldo, Cerdán y Leire. Y que algún juez le llamará a declarar como imputado más pronto que tarde.

Cada uno puede valorar la credibilidad de los indicios conocidos del caso Leire. Lo que no puede hacer es restar gravedad a las acusaciones sobre las maniobras de Leire Díez pagadas con fondos del PSOE porque los de antes hacían lo mismo, pero mejor y con tipos con más experiencia en el ramo.

Un delirio judicial

A las acusaciones populares, incluidas las del PP y Vox, en el juicio de David Sánchez no les vino muy bien el testimonio de los tres directores que han dirigido los dos conservatorios de Badajoz en los últimos años sobre la conducta profesional del hermano del presidente del Gobierno. Así que han doblado su petición de pena, de tres a seis años de prisión. Intentan aprovecharse del testimonio del teniente coronel Antonio Balas, que una vez más se explayó con sus deducciones y su teoría de que si hay una jerarquía de mando en una institución, y las hay en todas, el de arriba tuvo que cometer todos los delitos que se están juzgando. ¿Qué pruebas tiene para afirmarlo? No necesita ninguna. Le preguntaron por el resto de acusados. Dijo que no sabía nada de ellos, como escribí en el artículo del jueves. Él estaba ahí sólo por David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

El juicio de Sánchez es un puro dislate. Es un agravio comparativo con los casos de enchufes o nepotismo que han pasado por los tribunales. Ignacio Escolar recuerda uno muy conocido, el de José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Ourense desde 1990 a 2012. Colocó de forma ilegal a 104 personas en nómina, la mayoría familiares y cargos vinculados al PP. Nunca le pidieron pena de prisión y solo fue condenado, cuando ya estaba fuera de la política, a nueve años de inhabilitación. 

El que pueda pedir seis años de prisión al hermano de Pedro Sánchez, que lo pida.

A tope con los fetos y que les den a los niños

Todas las veces que he estado en la Asamblea de Madrid en épocas de calor, la temperatura era gélida. No me hubiera sorprendido ver a un oso polar siguiendo una rueda de prensa con el boli y el cuaderno sintiéndose como en casa. Cuando en plena crisis energética por la invasión de Ucrania el Gobierno de Sánchez impuso una temperatura mínima de 24 grados en los edificios de la Administración, en la Asamblea pasaron del tema y puede que hasta bajaran el termostato.

Por eso, resulta grotesco que un consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se riera de la petición de acelerar la instalación de equipos de aire acondicionado en los colegios. Mariano de Paco dijo que el calor puede ser “fuente de inspiración” y que él fue al colegio en Murcia, que allí hacía mucho calor “y aquí estoy y no pasa absolutamente nada”. Que vayan los niños en manga corta, dijo, como hace con su hijo. Se creerá que lo normal es que estén a 30 grados en las aulas con un plumífero.

Puedes estar seguro de una cosa. Todos los políticos que restan importancia al tema de calor tienen puesto el aire acondicionado en sus despachos. Nunca prescindirán de él. Para los demás, ya se verá, y si son niños, que les den.

Lo curioso es que momentos antes Ayuso defendió su medida de considerar al embrión como parte de la unidad familiar con vistas a las ayudas sociales. “Cada vida importa desde el primer suspiro”, dijo, y por eso “estamos legislando para el no nacido que está en camino”. Ya lo decía George Carlin en una de sus actuaciones: “Los conservadores son de lo que no hay. Harían cualquier cosa por el no nacido, pero una vez que has nacido, te buscas la vida. Los conservadores están obsesionados con el feto desde la concepción hasta los nueve meses. Después de eso, no quieren saber nada de ti”. 

En otoño de 2026, en primavera de 2027, un superdomingo en mayo, después de las autonómicas y municipales… Las hipótesis son múltiples; los análisis, libres, pero la realidad rara vez coincide con lo que unas veces se pronostica y otras se anticipa como certeza. El anuncio de Pedro Sánchez esta semana de que el Gobierno ha empezado los trámites para presentar los Presupuestos del próximo año, en medio de la ofensiva judicial y el goteo de informes de la UCO sobre el PSOE, ha vuelto a disparar las especulaciones sobre un posible adelanto electoral, que no está sobre la mesa de un presidente del Gobierno con mentalidad de jugador de basket. El propósito es, como siempre, llegar al verano del próximo año, con una sentencia favorable de TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre la amnistía, un nuevo modelo de financiación autonómica a debate en el Congreso y la última entrega de los fondos europeos.

“Si con esta traca de titulares, sumarios, autos, requerimientos, juicios y registros, la derecha judicial, política y mediática pretendía dar el golpe de gracia al Gobierno y precipitar elecciones, no ha sabido jugar bien la partida. Ni hay tiempo ya para convocar ni lo hubiera habido si esto hubiera saltado hace 15 días. Agosto no es una opción para votar. El timing se les ha ido de las manos”. Es el análisis monclovita sobre la excitación del PP ante la grave situación que vive el Gobierno, acosado por varios sumarios judiciales. Por tanto, opción 1 (elecciones inmediatas), descartada.

Y es que, a diferencia de los que conciben la política como una larga partida de ajedrez, Sánchez está acostumbrado a moverse sobre un espacio de incertidumbre y constante movimiento donde operan muchos jugadores y múltiples tácticas. Pero, sobre todo, a jugar partidos en los que cuando el rival gana ventaja, como es el caso ahora del PP, hay que reaccionar para recuperar la pelota. Y eso es lo que subyace tras su voluntad de llevar en septiembre al Congreso los primeros Presupuestos Generales de la legislatura: transformar la frustración por los casos de corrupción en una intensidad defensiva con la que conquistar la siguiente posesión. En el basket lo llaman mentalidad de remontada en el último cuarto y consiste en no pensar en los 20 puntos de ventaja del rival, sino en los siguientes 10 minutos de juego para recortar distancias. En el marco mental de Sánchez significa una nueva patada hacia delante, poner tiempo de por medio y esperar a que pase el verano, como hizo el año pasado tras la detención de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y la oposición también especuló con un anticipo electoral en 2025.

Ha pasado un año de aquello y aunque el PP interpretó que la entrada en prisión preventiva de Cerdán sería una sangría de votos para el PSOE, la curva de la demoscopia no marcó precisamente eso, sino que en septiembre los socialistas recuperaron posiciones. “Los precedentes animan a la prudencia y a la paciencia”, resumen en el gabinete del presidente del Gobierno. Opción 2 (elecciones en otoño), también descartada.

Así que, tras el portazo del nacionalismo vasco y catalán a la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para una moción de censura, el rechazo rotundo a disolver las Cortes de inmediato y el enésimo 'no' del presidente a un superdomingo electoral en el que coincidan generales con municipales y autonómicas el próximo mayo (opción 3), las posibilidades para las legislativas, salvo cataclismo, se reducen a dos: primavera o verano de 2027. El objetivo es más lo segundo que lo primero, ya que si en algo coinciden varios miembros del Gobierno es en que “la presentación de los Presupuestos no es un paripé”, sino una decisión con la que el presidente quiere “hacer del Parlamento el centro de la conversación pública, que además valoran positivamente los socios de investidura y que servirá para que los ciudadanos comprueben que, pese al ruido, no todo es Cerdán, Ábalos o Leire Díez”.

Es la respuesta de La Moncloa a quienes tras el anuncio de Sánchez ven una jugada con la que abrir la campaña electoral de unas elecciones que tendrían lugar en el primer trimestre de 2027, si el Congreso tumbara las cuentas públicas. “Hablar de un plan B es aceptar de antemano que el plan A, que sería la aprobación de los Presupuestos, será un fracaso y no estamos en esa pantalla” añaden. En el entorno del presidente admiten que el PP ha consolidado la idea de que Sánchez es un activo tóxico, pero no creen cree que unas generales en febrero o marzo del próximo año con un mal resultado del PSOE fueran a librar de la hecatombe, dos meses después, a alcaldes y candidatos en las municipales y autonómicas. Opción 4, posible pero poco probable.

En el PSOE saben que la fotografía de Aitor Esteban esta semana junto al secretario general del PSE, Eneko Andueza, es un mensaje en sí misma, después de que el presidente del PNV calificase unos días antes de “irresponsabilidad” que la legislatura llegara a término en unas declaraciones que no entendieron ni los propios jeltzales. Son los peneuvistas quienes más temen un hipotético superdomingo en el que coincidan generales con municipales.

Convencido de que ni al PNV ni a Junts les interesa tampoco echarse en brazos de un PP que ha dinamitado todos los puentes de entendimiento con el nacionalismo y que tiene además como compañero de viaje a Vox, Sánchez intenta ganar tiempo. Su propósito es, como siempre dijo, llegar al verano de 2027, en una nueva partida de resistencia en la que comprende que los socios puedan marcar una distancia prudente con el Gobierno, pero no perseguir el game over que tanto anhela la derecha.

“Ahora —añade un ministro socialista— toca fractura, erosión, distancia y mucho más ruido, pero PNV y Junts están tranquilos, si bien no se les puede pedir un cierre absoluto de filas con la que está cayendo y teniendo en frente a un PP cuyo sueño húmedo es la imputación del presidente del Gobierno”. Por eso el guiño de Sánchez esta semana a los de Puigdemont en el Cercle d’Economia, que fue donde anunció el inicio de los trámites para la presentación de los Presupuestos, llevó de nuevo al centro del debate la financiación autonómica y se mostró dispuesto a reanudar con Junts las negociaciones sobre el “conflicto político” en Catalunya. La expresión no es baladí y persigue tentar al independentismo a culminar la legislatura, una vez que se conozca, previsiblemente en septiembre, la sentencia del TJUE sobre la amnistía que permita el regreso de Puigdemont. Con el de Waterloo de regreso y Junqueras sin inhabilitación, en el Gobierno creen que el marco de discusión será otro a partir de 2027. Por eso Sánchez reclamó un “esfuerzo” a los independentistas para aprobar unas cuentas que, junto con el debate sobre el modelo de financiación autonómica, la quita de la deuda y la última entrega de los Fondos Next Generation, le darían oxígeno en su momento de mayor debilidad. 

Para llegar ahí antes tendrá que pasar por una comparecencia en el Congreso sobre los casos de corrupción que acechan a su partido y un Comité Federal del PSOE el próximo día 27 en el que sus integrantes se han propuesto no pasar de puntillas por la grave situación que atraviesan y hablar “con honestidad” sobre la debilidad estructural de una organización que no ha dado respuestas a las federaciones ni ha estado a la altura de lo que exigían los acontecimientos. Y esa es otra historia que en los próximos días dará también mucho que hablar.

Fins a quatre dels 12 membres del Govern de Marga Prohens no compleixen la normativa de transparència aprovada pel seu propi Executiu —després d’haver retallat l’anterior— en el moment en què es publica aquesta notícia, com es pot comprovar al registre. La norma obliga els càrrecs públics de l’arxipèlag balear a registrar les declaracions de renda cada any. Almenys així consta en la informació del Registre de Transparència i Control del Patrimoni i de les Activitats dels Càrrecs Públics.

Després de dues legislatures amb diferents coalicions progressistes encapçalades per Francina Armengol, el Partit Popular va guanyar les eleccions autonòmiques de 2023. Prohens va arribar al Consolat de Mar gràcies a un acord de governabilitat amb Vox, que es manté fora del Govern autonòmic.

Aquest acord va comportar l’eliminació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció. Així, les Illes Balears es van convertir en la primera autonomia a eliminar un organisme anticorrupció —tot i que Catalunya, la Comunitat Valenciana, Andalusia i Navarra compten amb òrgans d’aquest tipus—. El tancament de l’Oficina va comportar un altre canvi a la nova llei promulgada per Marga Prohens: les declaracions de béns dels càrrecs públics queden dipositades al Registre de Transparència i Control del Patrimoni i de les Activitats dels Càrrecs Públics. El principal canvi respecte a la normativa anterior és que ara tenen “caràcter reservat”, és a dir, que la informació deixa de ser pública.

Aquest canvi permet que només es puguin consultar les declaracions de la renda de 2023 i 2024 d’un únic membre del Govern, el conseller d’Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Sáenz, com es pot comprovar al registre. Amb la normativa anterior, els càrrecs públics tenien l’obligació de declarar tot el seu patrimoni. És a dir, havien d’informar de manera completa sobre tots els seus béns (propietats o diners), drets (per exemple, participacions o crèdits), deutes i també les seves activitats econòmiques o professionals.

Aquesta informació, a més, era accessible per a la ciutadania a través del web de l’Oficina. La nova llei, en canvi, és discrecional: cada administració, d’acord amb el seu règim normatiu, “haurà de comunicar motivadament al Registre quins camps d’informació continguts en la declaració dels càrrecs públics s’han de fer públics”, segons l’article 10.5.

La meitat dels consellers del Govern Prohens han registrat les seves declaracions de la renda de 2023 i 2024, tot i que en general no estan disponibles. Per exemple, en el cas de la presidenta es pot consultar la de 2023, però no la de 2024. Les han registrat en ambdós exercicis, sense estar disponibles, els consellers Antònia Maria Estarellas (Presidència, Coordinació d’Acció de Govern i Cooperació Local), Jaume Bauzá (Turisme, Cultura i Esports), José Luis Mateo (Habitatge, Territori i Mobilitat), Catalina Cabrer (Treball, Funció Pública i Diàleg Social) i Juan Manuel Lafuente (Mar i Cicle de l’Aigua).

Quins consellers no compleixen

Antoni Costa (Economia, Hisenda i Innovació), Manuela García (Salut), Sandra Fernández (Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència) i Joan Simonet (Agricultura, Pesca i Medi Natural) no compleixen la normativa aprovada per l’Executiu que els va nomenar consellers. El primer i l’últim només van registrar una de les declaracions de la renda dels anys 2023 i 2024. En el cas de Costa, la va registrar el 2024, però no el 2023; en el de Simonet, el 2023 però no el 2024. La resta no la va dipositar en cap dels dos anys. Antoni Vera (Educació i Universitats) tampoc complia, però ha pujat les seves declaracions de la renda de 2023 i 2024 després de ser consultat per aquest diari. “Ha estat una distracció personal. Ja estan penjades”, responen fonts de la seva conselleria.

Aquesta realitat incompleix l’article 4.4 de la Llei 2/2024, de creació del Registre de Transparència i Control del Patrimoni i de les Activitats dels Càrrecs Públics de les Illes Balears. Aquesta manca de transparència contrasta amb la situació de les legislatures anteriors (la llei que regulava l’Oficina Anticorrupció va entrar en vigor el 2016), quan les declaracions eren públiques.

La restricció que la llei permet sobre l’accés a les declaracions de béns patrimonials també pot dificultar la fiscalització de càrrecs públics en casos com el de Rafael Triguero (PP), alcalde d’Eivissa, que està sota el focus mediàtic per una operació urbanística que perseguia, presumptament i segons denuncia l’oposició, obtenir irregularment un habitatge de preu limitat (VPL).

Facilita ocultar maniobres urbanístiques

Triguero va presentar la declaració de béns patrimonials el 17 de juny de 2023, quan va prendre possessió com a alcalde, segons el registre. L’última actualització del seu patrimoni data del 12 d’agost de 2025, quan va publicar la declaració de la renda de l’exercici 2024. Al portal de transparència municipal, les declaracions de la renda estan majoritàriament actualitzades fins al 2022, com consta al web. És a dir, quan el socialista Rafa Ruiz (2015-2023) encara era alcalde d’Eivissa.

En el cas de les declaracions patrimonials, estan actualitzades en el moment en què els regidors van prendre possessió o van cessar del càrrec, segons el portal municipal. En qualsevol cas, la declaració de béns de Rafael Triguero no està actualitzada, ja que no hi figuren les seves últimes operacions immobiliàries, segons va informar elDiario.es.

Després de les consultes d’aquest diari, l’Ajuntament d’Eivissa va respondre que les declaracions de béns patrimonials no només es dipositen al registre del Parlament, sinó que “cada institució pot acordar publicar-les també als seus propis portals de transparència”. En aquest sentit, van indicar que les declaracions del batle i dels regidors del govern municipal estaven publicades. L’Ajuntament no considera que hi hagi hagut un retrocés en matèria de transparència i rendició de comptes respecte al model anterior.

Una restricció “desproporcionada i injustificada”

Joaquín Meseguer, expert del Fòrum de Govern Obert d’Espanya, explica a elDiario.es que, sobre el “caràcter reservat” de les declaracions de béns patrimonials, la normativa “estableix una restricció desproporcionada i injustificada”. El més raonable, segons la seva opinió, seria “la publicació d’aquestes declaracions anonimitzant aquelles dades que puguin afectar categories especials de dades o que puguin generar un risc per a la seguretat personal o la integritat del patrimoni”.

L’expert explica que aquest és el procediment habitual en altres comunitats autònomes i que “no es coneix cap cas en què l’accés o la divulgació hagi generat cap perjudici que s’hagués d’evitar”. “És clar que sobre qui exerceix aquestes responsabilitats públiques ha d’existir un escrutini social més gran que en qualsevol altre cas”, detalla Meseguer.

Després que PP i Vox aprovessin la nova llei que substitueix la que regulava l’Oficina Anticorrupció, Tòfol Milán, exdirector, va explicar a aquest diari que veia amb preocupació la deriva de les Balears en matèria de transparència. Argumentava que l’organisme no només tramitava denúncies i investigacions, sinó que també prevenia pràctiques corruptes, controlava i feia públiques les declaracions de béns dels càrrecs públics, la seva formació i impulsava programes educatius a les escoles.

“Tot això es perd”, va lamentar Milán. Amb la norma anterior, el registre dels béns dels alts càrrecs era públic i accessible, igual que la llei municipal permetia que als ajuntaments també ho fos. El portal de l’Oficina comptava amb 4.400 declaracions de béns de 1.200 càrrecs i 9.300 declaracions de l’IRPF que van deixar d’estar disponibles amb la nova normativa. Milán va argumentar que era un instrument per evitar incompatibilitats i conflictes d’interessos, així com per impedir que alts càrrecs contractessin empreses on tinguessin participacions.

En una línia similar, Meseguer considera necessari poder accedir a les declaracions de béns patrimonials dels càrrecs públics, a través dels portals corresponents, “preservant també aquesta esfera d’intimitat i seguretat que la Constitució i les normes imposen”. L’expert puntualitza que tots dos drets “han d’anar plegats i aquest esforç de conciliació és possible”. “El paper dels mitjans de comunicació com a vigilants de la gestió pública és essencial per preservar la democràcia i només és possible amb un accés raonable a la informació pública”, afegeix.

Consultat sobre si la supressió de la llei de l’Oficina Anticorrupció a les Balears va suposar un retrocés respecte al model anterior, Meseguer respon que “sens dubte va ser un retrocés i un veritable cop al control de les institucions públiques”. “El mateix argument es va utilitzar a Mèxic per suprimir l’INAI, un dels principals organismes que garanteix la transparència i protecció de dades, i ara hi ha un bloqueig extraordinari del dret d’accés a la informació pública”, lamenta.

L’expert matisa que és important definir bé les competències d’aquestes institucions i dotar-les de “mitjans adequats”, així com establir “canals de coordinació entre institucions que coincideixen parcialment en la seva tasca de control”. “Totes les institucions tenen un cost de funcionament, no siguem ingenus, però el que realment ens surt car és la corrupció”, afirma, i afegeix que agències autonòmiques antifrau com la catalana o l’andalusa “han demostrat sobradament la seva eficiència i raó de ser”.

Hasta cuatro de los 12 miembros del Govern de Marga Prohens (PP) no cumplen con la normativa de transparencia aprobada por su propio Ejecutivo –tras haber recortado la anterior– en el momento en que se publica esta noticia. La norma obliga a los cargos públicos del archipiélago balear a registrar las declaraciones de renta cada año, como se puede comprobar en el registro. Al menos así figura en la información que consta en el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos.

Después de dos legislaturas con diferentes coaliciones progresistas encabezadas por Francina Armengol, el PP ganó las elecciones autonómicas de 2023. Prohens alcanzó el Consolat de Mar gracias a un acuerdo de gobernabilidad con Vox, que se mantiene fuera del Gobierno autonómico.  Este acuerdo trajo consigo la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Así, las Balears se convirtieron en la primera autonomía en eliminar un organismo anticorrupción –pese a todo, Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalucía y Navarra cuentan con órganos de este tipo–. El fin de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción trajo consigo otro cambio en la nueva ley promulgada por Prohens: las declaraciones de bienes de los cargos públicos quedan depositadas en el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos. El principal cambio respecto a la normativa anterior es que ahora tienen “carácter reservado”, es decir, que la información deja de ser pública.

Este cambio permite que solo se puedan consultar las declaraciones de la renta de 2023 y 2024 de un único miembro del Govern, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz, como se puede comprobar en el registro. Bajo la normativa anterior, los cargos públicos tenían la obligación de declarar todo su patrimonio. Es decir, debían informar de manera completa sobre todos sus bienes (propiedades o dinero), derechos (por ejemplo, participaciones o créditos), deudas y también sus actividades económicas o profesionales.

Esta información, además, era accesible para la ciudadanía a través de la web de la Oficina. La nueva ley, en cambio, es discrecional: cada administración, de acuerdo a su régimen normativo, “deberá comunicar motivadamente al Registro qué campos de información contenidos en la declaración de los cargos públicos deben hacerse públicos”, según aparece en el artículo 10.5.

La mitad de los consellers del Govern Prohens han registrado sus declaraciones de la renta de 2023 y 2024, aunque en general no están disponibles. Por ejemplo, en el caso de la presidenta se puede consultar la de 2023, pero no la de 2024. La han registrado en ambos ejercicios, sin estar disponibles, los consellers Antònia Maria Estarellas (Presidencia, Coordinación de Acción de Gobierno y Cooperación Local), Jaume Bauzá (Turismo, Cultura y Deportes), José Luis Mateo (Vivienda, Territorio y Movilidad), Catalina Cabrer (Trabajo, Función Pública y Diálogo Social) y Juan Manuel Lafuente (Mar y Ciclo del Agua).

Qué consellers no cumplen

Antoni Costa (Economía, Hacienda e Innovación), Manuela García (Salud), Sandra Fernández (Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia) y Joan Simonet (Agricultura, Pesca y Medio Natural), no cumplen con la normativa aprobada por el Ejecutivo que los nombró consellers. El primero y el último solo registraron una de las declaraciones de la renta de los años 2023 y 2024. En el caso de Costa, la registró en 2024, pero no en 2023; en el de Simonet, en 2023, pero no en 2024. El resto no la depositó en ninguno de los dos años. Antoni Vera (Educación y Universidades) tampoco cumplía, pero ha subido sus declaraciones de la renta de 2023 y 2024 después de haber sido consultado por este diario. “Ha sido un despiste personal. Ya están colgadas”, responden fuentes de su Conselleria.

Esta realidad incumple el artículo 4.4 de la Ley 2/2024, de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Esta falta de transparencia contrasta con la situación que había en los años de las legislaturas anteriores (la ley que regulaba la Oficina Anticorrupción entró en vigor en 2016), cuando las declaraciones estaban disponibles.

La restricción que la ley permite en cuanto al acceso a las declaraciones de bienes patrimoniales puede dificultar también la capacidad de fiscalización de los cargos públicos en casos como el de Rafael Triguero (PP), alcalde de Eivissa, quien está bajo el foco mediático debido a una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL).

Una restricción “desproporcionada e injustificada”

Joaquín Meseguer, experto del Foro de Gobierno Abierto de España, explica a elDiario.es, sobre el “carácter reservado” de las declaraciones de bienes patrimoniales, que la normativa “establece una restricción desproporcionada e injustificada”. Lo razonable, en su opinión, sería “la publicación de estas declaraciones anonimizando aquellos datos que puedan afectar a categorías especiales de datos o pueda generar un riesgo para la seguridad personal o la integridad de su patrimonio”.

El experto explica que este es el procedimiento habitual en otras comunidades autónomas y que “no se conoce ningún caso en el que el acceso o la divulgación haya generado ningún perjuicio que debiera haberse evitado”. “Está claro que sobre quienes ejercen estas responsabilidades públicas debe existir un escrutinio social mayor que en cualquier otro caso”, detalla Meseguer.

Después de que PP y Vox aprobaran la nueva ley que sustituye la que regulaba la Oficina Anticorrupción, Tòfol Milán, exdirector, explicó a este diario que veía con preocupación la deriva a la que se encamina Balears en materia de transparencia. Así, argumentaba que el organismo no solo se ocupaba de dar trámite a denuncias e investigaciones de todo tipo, sino también de la prevención de prácticas corruptas, de controlar y hacer públicas a la ciudadanía las declaraciones de bienes de los cargos públicos, de la formación de éstos y de impulsar programas educativos en las escuelas.

“Todo esto se pierde”, lamentó Milán. Con la anterior norma, el registro de los bienes de los altos cargos era público y accesible a todo aquel que deseara consultarlo, al igual que la Ley municipal y de régimen local de las Illes Balears permite que el registro en el caso de los ayuntamientos también sea público. El portal de la Oficina contaba con 4.400 declaraciones de bienes de 1.200 cargos y con 9.300 declaraciones de IRPF que dejaron de estar disponibles con la nueva normativa. Milán argumentó que se trataba de un instrumento que permitía evitar incompatibilidades y conflictos de intereses. También que altos cargos pudieran contratar desde las administraciones públicas a una empresa en la que tuvieran acciones.

En una línea similar, Meseguer considera necesario poder acceder a las declaraciones de bienes patrimoniales de los cargos públicos, a través de los portales correspondientes, “preservando también esa esfera de intimidad y seguridad que la Constitución y las normas imponen”. El experto puntualiza que ambos derechos “tienen que ir de la mano y ese esfuerzo de conciliación, de engarce entre ambos, aunque complejo, es posible”. “El papel de los medios de comunicación como watchdog de la gestión pública es esencial para preservar nuestra democracia y solo es posible con un acceso razonable a la información pública”, añade.

Consultado sobre si la eliminación de la ley que regulaba la Oficina Anticorrupción en Balears supuso un retroceso respecto al modelo anterior, o si se trataba de un órgano duplicado –cuyas funciones ya ejerce la Fiscalía Anticorrupción–, Meseguer responde que “claro que fue un retroceso y un verdadero varapalo para el control de las instituciones públicas”. “Ese mismo argumento se utilizó en México para la supresión del INAI, uno de los más importantes órganos garantes a nivel mundial de la transparencia y protección de datos, y ahora hay un bloqueo extraordinario del derecho de acceso a la información pública”, lamenta.

El experto matiza que es importante definir bien las competencias de estas instituciones, así como dotarlas de “medios adecuados” y establecer “canales de coordinación entre instituciones que coinciden parcialmente en su labor de control”. “Todas las instituciones tienen un coste de funcionamiento, no seamos ingenuos, pero lo que realmente nos sale caro es la corrupción”, afirma y añade que agencias autonómicas antifraude como la catalana o la andaluza “han demostrado sobradamente su eficiencia y razón de ser”.

Esta semana hemos podido acceder al sumario del caso Leire. También, escuchar nuevas grabaciones en las que la conocida como la “fontanera del PSOE” muestra su modus operandi para tratar de presionar a policías, jueces y fiscales que formaban parte de investigaciones contra el PSOE. Prometía favores que no era capaz de cumplir y se daba una importancia que todo apunta a que no era real, pero… ¿hasta dónde llega esta trama? ¿Cuándo y cómo se creó? ¿Hay algún indicio que implique al presidente del Gobierno? 

Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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Episodio relacionado: La línea de puntos que lleva de la UCO a Ferraz

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Pedro Sánchez ha negado este viernes haber conocido las presuntas operaciones de Leire Díez: “Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, ha asegurado. También ha reiterado su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, cuya relación con la militante socialista - González admitió que Díez le pidió ayuda para un comandante implicado en el caso Koldo- estaría detrás de la apertura de tres investigaciones internas por otras tantas filtraciones sobre casos que lleva la Unidad, según la UCO. Eso sí, el PP no se ha quedado ahí y ha citado para el próximo jueves 12 de junio a González para que comparezca en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Igualmente, la Fiscalía ha pedido que la presidenta socialista, Cristina Narbona, declare como testigo en el caso, algo sobre lo que el PSOE expresa su “máxima tranquilidad” porque la dirigente “ya ha dado explicaciones sobre estos hechos”.

En otra de las relaciones inesperadas de la llamada 'fontanera' del PSOE, el ex número dos de Interior con el PP e implicado en la Kitchen, Francisco Martínez, dijo a Leire Díez que “el CNI hizo informes de las saunas” del suegro de Sánchez. Aunque Díez maniobró para proteger al PSOE y a sus propios colaboradores, no consiguió ni el sobreseimiento de los casos judiciales ni cambiar el criterio de los jueces, fiscales y guardias civiles a los que apuntó. En el Gobierno, el ministro Félix Bolaños sale en defensa de Sánchez sosteniendo que en el sumario “no hay nada” que indique que el presidente conocía las actuaciones de Díez.

El verano pasado publiqué un artículo similar (El País, 26/26/2025).Tomo de nuevo la pluma para, sin asomo de espíritu acrítico, defender los principios que encarna el PSOE. Entonces nos encontramos con hechos graves protagonizados primero por Ábalos y después por Cerdán (ambos expulsados del partido). Hoy, otros asuntos, de distinto nivel, afectan a mi partido.

Conviene recordar que quienes delinquen (presuntamente) son personas y que las organizaciones sólo pueden ser declaradas penalmente responsables si sus dirigentes cometen delitos en su nombre y en su beneficio, directo o indirecto (del partido), lo que, hasta ahora, en modo alguno ha ocurrido.

En todos estos casos, lo que se juzga son conductas individuales, no el conjunto de ideas, creencias y valores fundamentales que estructuran la forma en que una persona o un grupo interpretan el mundo. Es decir, la ideología, que es como la ciencia política denomina a los valores descritos. Y la socialdemocracia, que encarna el PSOE, visto el estado del mundo, es más necesaria que nunca.

Por importantes y llamativos (mediáticamente) que resulten algunos casos, si la responsabilidad es individual, sobre el individuo debe recaer, sean situaciones que tienen más de cómicas y chapuceras (caso Leire, que parece, según el auto del juez, una prolongación del caso Cerdán dirigida a protegerse a sí mismo), o de distinto nivel, como el que afecta al presidente Zapatero (que tiene derecho a su defensa y los tribunales la obligación, en su caso, de mostrar de forma fehaciente su culpabilidad, lo que, visto el sumario, no creo que ocurra).

Sólo, pues, en el caso de que la organización hubiera obtenido un beneficio directo o indirecto, podría exigirse responsabilidad al PSOE. En todo caso, deben sus dirigentes colaborar estrechamente con la justicia e investigar a fondo las acusaciones para demostrar que jamás han sido cómplices de esas conductas presuntamente delictivas. En ello, como en tantas otras cosas, nos diferenciamos de las prácticas que utiliza la derecha española.

Se habla a menudo de lawfare, contracción de law ('ley') y warfare ('guerra') y que se traduce habitualmente como la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. En este sentido, no creo que los tribunales españoles hayan caído en esa práctica, a pesar de instrucciones muy defectuosas, casualidades contrarias a la razón o condenas, algunas del máximo órgano jurisdiccional, muy discutibles. Y ello porque la Justicia es un conjunto, con mecanismos para depurar los excesos, arbitrariedades e injusticias.

De otra parte, conviene recordar que  el diccionario de lengua inglesa de Oxford define el lawfare como “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”. En este sentido, es evidente que ello ocurre en España. Desde hace ocho años, las fuerzas conservadoras (PP y Vox) han negado la legitimidad del actual Gobierno y han procurado, con artes dudosamente democráticas, incluyendo denuncias falsas ante los tribunales, derribarlo.

Hay demasiado en juego como para mirar hacia otro lado y adoptar una actitud pasiva. Y a quien afecta es al conjunto de la sociedad española. Las ideologías iluminan nuestra comprensión del mundo y la nuestra resulta esencial para la misma. Escribió Borges en un famoso poema: “No nos une el amor, sino el espanto”. A millones de españoles nos une el amor a unos principios que, de forma muy resumida, serían estos: queremos la paz, no la guerra; defendemos la radical igualdad de mujeres y hombres; luchamos por una mejor distribución de la riqueza a favor de la inmensa mayoría; queremos cuidar nuestro planeta para que no se extinga, ante las alarmantes muestras que ofrece el cambio climático. En todos estos campos, la gestión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha arrojado resultados muy positivos, a pesar de los problemas que aún enfrentamos. Y no habría sido así con un Gobierno PP-Vox, como se encargan de recordarnos todos los días.

Si tuviera que elegir una sola imagen en la defensa de la gestión del presidente del Gobierno, que mereciera, por sí misma, el ejercicio del poder durante estos ocho años, sería esta: las portadas de los diarios nos han mostrado a todos los efectos trágicos de la guerra, injusta e ilegal, en Palestina: varias personas, presumiblemente sus padres o familiares, sostenían en sus brazos pequeños sudarios blancos de niños inocentes asesinados. Más de 50.000, según Naciones Unidas, han muerto así. Confieso, como Neruda, que he llorado, contemplando esa tragedia. Soy padre, soy abuelo, y cualquiera de nuestros niños podría haber sufrido esa suerte. No ha sido así, pues no nacieron en el lugar equivocado, como los niños de Gaza. En la terrible oscuridad del dolor, sólo queda un consuelo: la voz, primero única, luego con otros acompañamientos, clara, valiente, de Pedro Sánchez en defensa de los principios universales, los derechos y dignidad del ser humano. Sólo por ello merece mi reconocimiento permanente.

También nos une el espanto, que diría Borges. El espanto ante lo que puede venir de la mano de la derecha española, la que gobernó (PP) y ha abandonado sus principios relativamente moderados y reformistas, para abrazar los radicales de Vox y pretende, de nuevo, gobernar con ellos. La de quienes apoyaron descaradamente la guerra ilegal de Trump y Netanyahu o adoptaron posiciones tibias cuando vieron el rechazo de la inmensa mayoría de los españoles a la misma. La de quienes se oponen a los derechos de la mujer o al freno al destructor cambio climático. En fin, la de quienes imponen eso que llaman la prioridad nacional, lo que nos llevaría a ser expulsados de la Unión Europea, pues deberían decirnos si restringir derechos fundamentales como el acceso a los servicios esenciales, Sanidad o Educación, o a ayudas vitales para el desarrollo de la personalidad, de carácter social o acceso a la vivienda, se negarán a ciudadanos europeos que residen en España, pues la prioridad sólo afectará a ciudadanos españoles.

Quienes así se comportan, no pueden gobernar España. Recuerdo los versos melancólicos del soneto de Quevedo: “Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados”. Los muros de mi patria son la Constitución y la democracia, sometidos hoy a la continua tensión de quienes no aceptaron el resultado de las urnas, y se comportan en el Parlamento, ágora sagrada de la palabra, como artilleros que, primero disparan y después preguntan. Debemos impedir que esos muros se desmoronen y lo haremos con determinación. No piensen que bajaremos los brazos, sino todo lo contrario, en defensa de las creencias que profesamos.

Y, si en relación a las responsabilidades de mi partido yerro, seré el primero en exigirlas con voz clara y contundente.

En la izquierda y en el PSOE hay quien quita importancia al escándalo de Leire Díaz. O quien cree que es todo un invento de la UCO y del juez Pedraz. Atavismos del izquierdismo radical –“el estado capitalista es siempre culpable– o ciegos oportunismos –”todo vale para defender a los míos“– impiden a veces el frío análisis de las cosas y convierten las opiniones en demagogia. Porque el citado escándalo es gravísimo. Porque lo que se ha contado hasta ahora de manera creíble es que el secretario de Organización del PSOE y Leire Díez montaron un entramado de relaciones en la que a miembros de la judicatura, de la Guardia Civil y del aparato del Estado se ofrecerían toda suerte de compensaciones a cambio de que favorecieran los intereses o la suerte procesal de destacados socialistas, empezando por Pedro Sánchez.

Parece ser, pero aún no está confirmado del todo, que esa trama fue descubierta en su fase de preparación, cuando aún no se había concretado en intercambio espurio alguno, pero sí cuando ya había realizado numerosos contactos con los fines citados. En definitiva, cuando ya era algo operativo.

Aparte de avanzar en lo hasta ahora descubierto –la trama trató de influir al menos en una docena de causas judiciales– y de probarlo adecuadamente, la investigación ahora se centra en descubrir si había otras personas implicadas en la misma –los investigados y los que estarían a punto de serlo superan la decena–. Y los rumores periodísticos, así como las consabidas acusaciones que el PP ha hecho desde el primer momento, apuntan al líder del partido a la cabeza de los mismos.

¿Cómo no iba a saber el secretario general del PSOE que su número dos estaba preparando algo tan formidable y contrario a la ley sin conocimiento de Pedro Sánchez? O ¿Cómo iba a atreverse Santos Cerdán a montar la trama sin autorización, expresa o indirecta, de su jefe? Son las preguntas en las que se sostiene la sospecha de la culpabilidad de Pedro Sánchez.

Será muy difícil obtener pruebas que lo inculpen a menos que Cerdán se decida a confesar algo al respecto. Y habrá que esperar un tiempo a que tanto el desarrollo de la causa como el devenir electoral del PSOE –las actitudes pueden cambiar bastante si los socialistas pierden las elecciones– aclaren el panorama respecto de las posibilidades de que eso ocurra.

Otra razón permite pensar que el juez Pedraz habría de evitar en un futuro previsible implicar a Pedro Sánchez: el hecho de que, si lo hiciera, la causa, y en particular, la eventual imputación del líder socialista, pasaría a ser competencia del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del imputado. Es decir, que Pedraz se quedaría sin caso. Y esa no parece ser su intención en estos momentos.

Pero en teoría habría un motivo adicional más: y es que todo se hubiera montado a espaldas de Sánchez, que los conjurados hubieran pensado en rematar sus tráficos sin conocimiento del líder del partido, para ofrecerle los resultados de sus gestiones sin que éste se hubiera enterado de nada hasta ese momento.

Es ésta una hipótesis que no se puede descartar, así como ninguna de las otras. Pero en el momento actual otras son las cuestiones que marcan el desarrollo del escándalo. Y, en primer lugar, la de comprobar, por parte del juez, si todos los extremos del informe de la UCO corresponden a la verdad o son interpretaciones subjetivas –por otra parte, bastante sesgadas en contra de los acusados– del organismo policial que ha llevado a cabo la investigación. La impresión de los periodistas que han estudiado a fondo el sumario y que conocen bien el caso, que no son muchos, es que el juez tendría que hacer no pocas correcciones del texto de la UCO. Pero que la versión final que las incluyera no modificaría el sentido sustancial de la acusación contra Santos Cerdán y Leire Díaz.

Que es gravísima. Mucho más que un episodio de corrupción económica. Porque de lo que se está hablando es de un atentado al funcionamiento legal del Estado, de la subversión de las obligaciones de los servidores públicos y del modo constitucional de aplicación de la ley. Es decir, un atentado contra principios básicos del estado de derecho. Que lo haya pretendido hacer alguien en el PSOE tras de lo que haya hecho sin ambages el PP, tal y como se está viendo ahora mismo en los tribunales, sugiere que la crisis del nuestro es mucho más profunda de lo que las apariencias podrían hacer pensar.

El todo vale se está abriendo paso para el discurrir de la política. Si hasta hace poco lo que escandalizaba era el uso de la mentira y del bulo como instrumento de acción, ahora es la corrupción de los servidores de la ley lo que empieza a asomar como práctica en los manejos del poder. Y eso es como para echarse a temblar.

Algún asesor del presidente Sánchez puede susurrarle estos días ese cuentecito apócrifo, mil veces contado, del rey persa que pidió a sus sabios un anillo que llevase inscritas unas palabras que pudiese leer en los momentos de adversidad, y los sabios le respondieron con la primera frase de autoayuda de la historia: “Esto también pasará”, decía el anillo, pues en efecto todo acaba pasando, incluso el mayor dolor.

El asesor de Sánchez puede contarle el cuentecito motivacional, o puede mostrarle las portadas de la prensa de hace justo un año: junio de 2025. Acompañadme en este rápido viaje en el tiempo a lomos de la hemeroteca. El año pasado por estas fechas, la UCO entregó al juez el informe que tumbó a Santos Cerdán. ¡Búm! El secretario de Organización del PSOE, hombre de la total confianza de Sánchez, había montado una trama para cobrar mordidas. La prensa del día siguiente sentenció al gobierno y al partido, era el fin del Sanchismo. “El informe destapa una trama criminal en los 11 años de Sánchez”, “Terremoto en el PSOE”, “Pánico en las filas socialistas”, “Hundimiento”, “El fin de una era en el PSOE”…

Durante una interminable semana, los medios gotearon audios, mensajes y comisiones millonarias. Para remate, la UCO entró en Ferraz unos días después, y aquella foto de los policías en la sede socialista (idéntica a la foto de hace unos días) alentó titulares y editoriales sobre posible financiación ilegal y el jaque mate a Sánchez. Los socios tomaron distancia, el PNV se puso muy crítico, el PP pidió elecciones anticipadas, se habló de moción de censura, y hasta Aznar apareció en una entrevista dando lecciones éticas y alertando sobre un posible pucherazo electoral.

Pero “esto también pasará”, y una semana después el apocalipsis socialista fue aflojando, perdiendo espacio en las portadas, había otros temas que reclamaban atención, Israel y Estados Unidos atacaron Irán, el Constitucional avaló la amnistía, Trump cargó contra Sánchez en la cumbre de la OTAN, llegó el verano, olas de calor, incendios, vacaciones… Y en septiembre, el gobierno seguía ahí, tan pancho.

El fin del mundo de estos días también pasará, por increíble que parezca. Irá perdiendo fuerza con el paso de los días, habrá otras noticias de peso que merezcan portada (¿quién se acuerda ya de Zapatero, que era el fin del mundo hace una semana?), habrá bombardeos en Irán o en otra parte, llegará el verano, olas de calor, incendios, mundial de fútbol, vacaciones… Y en septiembre, el gobierno seguirá ahí, tan pancho.

Por supuesto, es un consuelo de mierda, que no creo que le valga a nadie, y menos a los angustiados militantes socialistas, y mucho menos a los abatidos votantes progresistas. Lo que vemos estos días se levanta sobre la montaña que dejó lo de Cerdán, y antes lo de Ábalos y Koldo, y algunos añadirán al montón lo del hermano y lo de la mujer de Sánchez, y así van pasando los años y los escándalos, acumulando y repitiendo los mismos titulares findelmundistas. Pero tranquilos, que todo pasará. O no.

El 10 de septiembre de 1995 Jordi Pujol se plantó en La Moncloa para expresar a Felipe González la firme convicción de la dirección de su partido, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de que no apoyaría los Presupuestos Generales del Estado y que lo mejor para los intereses generales era que los españoles votaran. Escenificaba así la ruptura formal de su apoyo al Gobierno, tras dos años de alianza política. España vivía una profunda crisis política provocada por múltiples escándalos de corrupción que acorralaban al gobierno. Filesa, el caso Roldán, los GAL… Sin embargo, aún pasarían seis meses hasta que González se decidió a convocar elecciones generales.

Entre 2008 y 2011, Zapatero gobernó en minoría parlamentaria, lo que le obligó a buscar apoyos puntuales y variables para sacar adelante leyes y presupuestos. A diferencia de su primer mandato, en el que contó con socios más estables como ERC e IU, el segundo estuvo marcado por la geometría variable y la presión de una feroz crisis económica, si bien su aliado estratégico más sólido fue el PNV. El drástico decreto del 20 de mayo de 2010 para reducir el déficit público marcaría, no obstante, un punto de inflexión en la relación con los socios, que desde esa fecha presionaron para que el presidente anticipara elecciones. Zapatero no lo hizo hasta noviembre del año siguiente.

En 2018, Mariano Rajoy salió de La Moncloa con una moción de censura. De no haber sido por la sentencia del caso Gürtel y porque el PNV pasó en apenas una semana de apoyar los Presupuestos del gobierno a repudiar la corrupción del PP, el presidente de entonces hubiera seguido con la retahíla de que “todo es mentira menos alguna cosa” y jamás hubiera adelantado las elecciones.

En la España de 2026, los socios parlamentarios hace meses que han abandonado a Pedro Sánchez, pero ninguno está dispuesto a apoyar una moción de censura impulsada por Feijóo. Y no porque les una el amor al presidente del Gobierno, sino por el espanto de aparecer en la fotografía junto a la extrema derecha de Vox. Tampoco es que Feijóo les inspire confianza alguna, si bien todos, como Pujol en 1995 y el PNV en 2010, defienden que lo mejor ante la cascada de sumarios judiciales que afectan al PSOE sería llamar a las urnas.

El histórico nos ha enseñado que ningún presidente convoca elecciones en medio de una tormenta. Y mucho menos porque se lo pidan socios u opositores. Sánchez no está en ello. Al menos, de momento. La impresión en el PSOE es que el presidente anhela que llegue cuanto antes el verano, que Zapatero declare ante la Audiencia Nacional, que pase su comparecencia ante el Congreso para hablar de los sumarios judiciales y que el Comité Federal del PSOE la última semana de junio se salde con un cierre de filas y que en julio media España esté de vacaciones y la otra media, pensando en ellas. 

Lo que no podrá evitar es el aroma de fin de ciclo que desprende la conversación pública, ni la sentencia del caso Ábalos/Cerdán, ni la presión de alcaldes y cargos intermedios para que la legislatura acabe cuanto antes. En el fondo sabe que ya no hay momento bueno para llamar a las urnas, que las investigaciones judiciales depararán nuevos sobresaltos, que la ofensiva política, judicial, mediática y policial no cejará y que el mensaje que emiten ya, sin disimulo, las derechas es que el siguiente peldaño a escalar será sentarle en el banquillo. A ser posible, como imputado. La amenaza corre como la pólvora en todos los mentideros: “O se marcha o acabará sentado en el banquillo”. 

Y como a Feijóo y a su Brunete mediática les ha salido rana la propuesta de la moción de censura, ahora la cantinela es la “dimisión inmediata por decencia”. González no lo hizo, pese a que un vicepresidente y un ministro, Narcís Serra y Julián García Vargas, tuvieron que dimitir tras ser imputados en el escándalo por las escuchas ilegales del CESID. Aznar da lecciones de ética política 24/7, pese a que tres cuartas partes de sus ministros fueron acusados, imputados, condenados o llamados a declarar en relación con alguna trama corrupta. Rajoy, ya saben, es Rajoy y padece amnesia, pero ahí tiene a su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en el banquillo por la Kitchen, un caso de corrupción de Estado de libro. Eso sí, Sánchez, a quien sin duda interpelan los casos Ábalos, Cerdán e incluso Leire Díaz, tiene que hacer lo que ninguno de sus antecesores hizo antes por casos igual o más escandalosos que los que ahora la UCO describe. Por decencia, dicen los mismos que por “orden de la superioridad” bucearon en los negocios del suegro del secretario general del PSOE ya en 2014 por si algún día llegase a la Presidencia del Gobierno. Por decoro, replican los que han chapoteado en el lodazal de todo tipo de cloacas. Por dignidad, añaden los que aparecen en grabaciones bochornosas. Por lo que sea, pero que se vaya, dicen. Y que se vaya, ya.

Las investigaciones de la Audiencia Nacional dejan al descubierto cuál era el objetivo de Leire Díez: desestabilizar causas judiciales que afectaran al PSOE, al Gobierno y también a sus propios colaboradores. La exconcejala socialista amontonó promesas de torpedear las diligencias incómodas y saltó de causa en causa buscando trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles, del hermano del presidente del Gobierno al caso Villarejo, pasando por el caso Koldo. El sumario desvela que las gestiones fueron intensas y que encontró aliados de dudosa reputación, pero que, en última instancia, fracasó. Todas las causas que quiso desbaratar siguen en marcha y algunas se están juzgando esta misma semana. Y las pocas que terminaron en archivo o absolución llegaron a ese desenlace por razones ajenas a la exmilitante que actuaba arropada por mandos socialistas del más alto nivel.

El “punto de inflexión” de la actividad de la trama de Leire Díez fue 2024, cuando el juez Juan Carlos Peinado abrió una causa contra Begoña Gómez y desde Ferraz, según comentó ella misma, les empezaron a hacer caso. Pero para entonces esta exconcejala de Vega de Pas (Cantabria) ya tenía experiencia estudiando a fondo causas judiciales de supuesta corrupción y buscando sus puntos flojos. También tenía experiencia en localizar a las personas que le podían ofrecer información comprometedora de jueces y fiscales.

“¿Qué podemos destapar de ella? Yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y lo demás lo sigo yo con un libro. Yo me encargo, me voy a poner hoy mismo, yo escribo rápido y con muy mala leche”. La que hablaba era Leire Díez y al otro lado del teléfono estaba Rafael S.M., entonces responsable de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla. Era 2020 y la exmilitante estaba pidiendo información delicada sobre Mercedes Alaya, la magistrada que instruyó la causa de los ERE y muchas ramificaciones que pusieron en jaque al socialismo andaluz. Ese caso acababa de ser sentenciado por la Audiencia de Sevilla, pero Díez buscaba datos para atacar más ramificaciones todavía abiertas: el caso Isofotón y el caso Aznalcóllar.

Uno de los colaboradores de Leire Díez tenía un especial interés en la segunda causa. Vicente Fernández había tenido que dimitir como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) porque Alaya había reabierto contra él esa causa, centrada en la adjudicación presuntamente ilegal de la mina de este municipio sevillano. “Yo estoy hilando un relato porque además de la muerte procesal tiene que ser social también”, le dijo Leire Díez en un mensaje. Después de sus reuniones con ese policía al que apodaban 'Torrente' decidió que tenía material para ir contra la jueza y sus causas. “Con las cosas que ya sé de Alaya lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás”. Unas semanas después, su mensaje fue aún más contundente: “Tenemos que exterminar socialmente a Alaya”.

El paso del tiempo demuestra que si Leire Díez recabó información comprometedora sobre la magistrada sevillana nunca llegó a conseguir nada con ella. Tampoco escribió el libro que prometió en esa conversación telefónica grabada por ella misma. Mercedes Alaya siguió ejerciendo como jueza. El caso de los ERE siguió su tramitación, las condenas fueron avaladas por el Tribunal Supremo y finalmente reducidas a la mínima expresión por el Tribunal Constitucional. El caso Isofotón sobre un supuesto fraude millonario de subvenciones a una empresa de placas fotovoltaicas se acabó archivando porque el juzgado se había saltado los plazos procesales. El caso Aznalcóllar en el que estaba imputado Vicente Fernández fue a juicio y terminó con una sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla por falta de pruebas con un duro varapalo a Alaya, ratificado el año pasado por el Tribunal Supremo.

Esa intervención de Leire Díez en tres causas relacionadas con Andalucía tiene todos los ingredientes apreciables en todas sus maniobras posteriores a la imputación de Begoña Gómez: contactos con informantes de los casos, promesas de dar al traste con las diligencias y, finalmente, fracasos a la hora de conseguirlo. También alusiones a que alguien, “desde posiciones elevadas”, había gente dispuesta a tomar medidas.

El “punto de inflexión”

Las causas andaluzas de 2020 fueron el punto de partida de una actividad que se prodigó hasta las primeras imputaciones de 2025. El “punto de inflexión” en su actividad, destacan todos los investigadores y la propia Leire Díez en sus conversaciones, fue la apertura de una causa contra Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado, momento en que supuestamente Santos Cerdán le abrió las puertas del número 70 de la calle Ferraz para dirigir su afán investigador y conspirador a otro nivel. Pero entonces, como ya había sucedido en Andalucía, sus enredos y contactos no tuvieron el éxito penal que se esperaba.

El sumario registra unas pocas gestiones sobre el magistrado Juan Carlos Peinado, el origen de su nueva y prolífica relación con Ferraz. Contactó con Nervis Villalobos, antiguo mandatario venezolano que había sido encarcelado por Peinado en una causa de blanqueo de capitales que finalmente había instruido la Audiencia Nacional. Era mayo de 2024 y Villalobos le entregó un “cronograma de irregularidades” a Leire Díez sobre cómo Peinado y el fiscal José Grinda habían gestionado su caso. Todo factual y todo publicado por la prensa: en 2020 el Tribunal Constitucional había dado la razón a Villalobos y decretado que Peinado le había encarcelado irregularmente allá por 2018.

El caso de Begoña Gómez siguió adelante y dos años después el juez Peinado ha mostrado su intención de llevar al banquillo a la esposa del presidente del Gobierno. Las únicas limitaciones que se han impuesto a la causa han llegado desde la Audiencia Provincial de Madrid. Pero el sumario no recoge, al menos por el momento, ninguna gestión adicional de Díez. Algo parecido sucede con una causa que estalló pocos meses después en Extremadura. Una magistrada, Beatriz Biedma, aceptó estudiar otra querella de Manos Limpias, esta vez por presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz. Leire Díez encontró aliados de dudosa trayectoria que sí pusieron en marcha una ofensiva real contra la magistrada, pero que tampoco consiguieron su objetivo.

Los extraños aliados de Leire Díez

Todo se gestó en un grupo de WhatsApp llamado “Vacaciones y viajes”. Además de Leire Díez y Javier Pérez Dolset, en ese grupo estaban Joaquín Parra y Luis José Sáenz de Tejada. El primero, el expresidente del CD Badajoz entonces imputado –y hoy ya condenado– en varias causas de fraude fiscal ligado a los hidrocarburos. El segundo había sido juez, pero llevaba dos años fuera de la judicatura tras haber sido condenado por amenazas de muerte a su exmujer con frases como: “Te pego un tiro, tú sin mí no vales nada”.

Sáenz de Tejada, según se desprende de la investigación, aceptó ser el brazo ejecutor de la estrategia de la trama contra la jueza que investigaba al hermano del presidente del Gobierno. “Paso 1. Destruir procedimiento”, anotó ella en sus agendas. El plan abarcaba que este abogado se personase en el proceso para “paralizar” la causa e incluso asumir la defensa de David Sánchez, algo que nunca sucedió. Pero si puso en marcha acciones penales contra Biedma que nunca prosperaron. Por ejemplo, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que Leire, además, rebotó a Santos Cerdán.

Sáenz de Tejada no se pudo personar en la causa, sus recusaciones contra la jueza Biedma nunca prosperaron y su denuncia fracasó de la manera más estrepitosa posible. “El Ministerio Fiscal carece de competencia para iniciar investigación alguna”, contestó Ana García León desde la Secretaría Técnica del Ministerio Público antes de enviar el asunto a Extremadura. La causa contra David Sánchez no se vio afectada y el juicio se está celebrando esta misma semana mientras se conocen los detalles del sumario de Leire Díez.

Este magistrado condenado por violencia machista no fue el único aliado atípico que buscó Leire Díez para dinamitar causas judiciales y aflorar supuestos casos de corrupción. También recurrió al considerado como bedel de dichas cloacas: el comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez. Para entonces ya sumido en decenas de piezas separadas sobre su actividad como policía al margen de la Policía, Leire Díez fue muy clara al decir a su abogado que la Fiscalía les ofrecería un pacto a cambio de su colaboración: entregar toda la información comprometedora que tuviera contra determinados jueces, políticos y fiscales. Llegaron incluso a elaborar un plan de trabajo.

Aquí las promesas de Leire Díez tampoco fructificaron y el fiscal anticorrupción del caso, César de Rivas, le espetó que no tenía “nada” que hablar con él. La Fiscalía no ha bajado desde entonces el pistón en los juicios que se han celebrado con Villarejo en el banquillo. El comisario jubilado, condenado ya en varias causas, dejó por escrito su lamento cuando el Ministerio Público no aflojó la presa: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”.

La UCO y los fiscales

Las maniobras de Leire Díez y su grupo tenían por objetivo a tres personas aborrecidas por una pluralidad de sus colaboradores. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, su subordinado José Grinda, y el teniente coronel de la Unidad Central Operativa, Antonio Balas. El primero era el impulsor de causas como Koldo que amenazaban al Gobierno mientras Luzón pactaba confesiones con Víctor de Aldama y su defensa. El segundo era considerado por Javier Pérez Dolset, Sandro Rosell y Nervis Villalobos, entre otros, como un fiscal sin escrúpulos que les había perjudicado de forma ilegal. El tercero, amparado en el habitual anonimato de los investigadores de la Guardia Civil, era señalado como el autor de informes y atestados dudosos en casos como el de Begoña Gómez, el fiscal general o la causa contra José Luis Ábalos.

Una vía de entrada para llegar a este último, el mando de la UCO Antonio Balas, fue una de las múltiples causas de hidrocarburos de la Audiencia Nacional. Entramados empresariales destinados a defraudar cientos de millones de euros en impuestos en el ámbito de las empresas dedicadas a este sector. Hubo reuniones con otro guardia civil, el capitán Juan Sánchez Yepes, hubo reuniones con la Directora General de la Guardia Civil y con Alejandro Hamlyn, empresario del sector de los hidrocarburos pendiente de juicio en la Audiencia Nacional que, supuestamente, tenía información.

Se dejaron por escrito estrategias para desacreditar a Balas, para culpar a Repsol del fraude de hidrocarburos y para explorar las múltiples causas abiertas y buscar un punto flojo. Meses después, ya en noviembre de 2025 y con Hamlyn sin salir de Dubái, la Audiencia Nacional condenó a 14 personas por este entramado fraudulento relacionado con los hidrocarburos e impuso una multa de 159,1 millones de euros a su empresa. El asunto, según Leire, era la “prioridad” de sus contactos socialistas, según sus mensajes “por orden del one”, término con el que supuestamente se refería a Pedro Sánchez. En rueda de prensa, cuando sus maniobras ya eran conocidas, ella aseguró que estaba escribiendo un libro sobre ese tipo de fraudes.

Una parte importante de estos movimientos, según la UCO, tenían por objetivo buscar los puntos flojos de la causa ya entonces abierta contra Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos y que ya entonces apuntaba al exministro de Transportes. Unas diligencias que terminarían explotando contra el propio Santos Cerdán, aunque eso entonces no era público. Durante una etapa, Leire Díez coordinó su acción con la defensa de Koldo con poco éxito. Dos años después de esas maniobras, el exministro y su asesor esperan su primera sentencia del Tribunal Supremo mientras tanto ellos como Santos Cerdán siguen imputados en otra pieza separada del caso.

Un último bloque de gestiones gira en torno a un grupo de personas que se consideraban agraviadas por el fiscal anticorrupción José Grinda. Javier Pérez Dolset y Sandro Rosell también unieron sus fuerzas a Leire Díez y, en un momento dado, plantearon exigir a Grinda el “cierre” de media docena de causas a cambio de puestos en el extranjero enterrar las derivadas judiciales de una joven a la que supuestamente este fiscal había enviado un vídeo sexual cuando ella era menor de edad.

Ni Grinda aceptó la propuesta, ni las causas se archivaron. El caso Zed que afecta a Javier Pérez Dolset sigue pendiente de juicio, como el caso Duro Felguera y la causa del 3% catalán. Lo mismo sucede con la causa de los Pujol, también integrada en esa lista de exigencias y cuyo juicio acaba de quedar visto para sentencia en la Audiencia Nacional. La petición de Sandro Rosell de que Grinda revelara el origen ilegal de sus dos años de encarcelamiento preventivo tampoco fue atendida.

Según revela la investigación de la UCO, Leire Díez pasó años haciendo gestiones judiciales entre bambalinas, creando una 'matrioshka' de promesas que, en su inmensa mayoría, nunca se cumplieron. La UCO sospecha que algunas veces, como es el caso de las denuncias contra la jueza Beatriz Biedma, alguien hizo creer a Díez que la Fiscalía atendería sus peticiones de investigación y nunca fue así. La gran baza que activó Santos Cerdán para combatir sus frentes judiciales y los del PSOE ni publicó los libros que anunció, ni tumbó las causas penales que intentó manipular.

Óscar Liria y Fernando Giménez, los dos exvicepresidentes de la Diputación de Almería que están entre los 43 investigados en por el juzgado de instrucción 1 de Almería, han evitado hoy declarar ante el juez instructor. Este jueves se ha celebrado la primera jornada de declaraciones en la investigación judicial por el presunto cobro de comisiones de altos cargos del PP en esa institución a cambio de conceder contratos supuestamente irregulares.

El juez ha suspendido la declaración de Giménez ante la petición de su letrado, que ha alegado estar enfermo. Por su parte, Liria se ha negado a responder preguntas.

Liria era exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería y exdiputado provincial de Fomento desde la que se adjudicaron los contratos presuntamente irregulares a cambio de mordidas. Su detención en 2021 desencadenó la primera fase de la investigación, que tuvo continuidad a finales del año pasado con la detención de Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación y del PP almeriense, y otras siete personas, entre ellas varios familiares.

Óscar Liria, quien ha adelantado su comparecencia por petición de su abogado, se ha acogido a su derecho a no declarar en este momento de la instrucción, a la espera de que la UCO ponga a disposición de la causa nuevos informes aún pendientes a partir de la intervención de teléfonos móviles y la documentación recopilada en los registros practicados el pasado mes de noviembre.

Por su parte, la pareja del exvicepresidente ha tratado de justificar a preguntas de su letrado la adquisición de un dúplex en Huércal-Overa, donde fue concejal por el PP en la anterior corporación. La UCO sitúa a la investigada, además, como beneficiaria a título lucrativo de coches de alta gama adquiridos con fondos del a trama.

Según su abogado, la “trazabilidad económica” de la compra del dúplex ha quedado “acreditada” sin que conste “ningún pago extraño ni a ningún tipo de cuantía económica” relacionada con Liria. El letrado ha solicitado el sobreseimiento de la causa para ella al no ver “responsabilidad ninguna”

El presunto corruptor rebaja la importancia de las adjudicaciones

El empresario Kilian L.S., supuesto comisionista en el contrato de dos millones de euros realizado por la Diputación para adquirir material sanitario durante la primera fase de la pandemia de covid-19, ha defendido este jueves que la actividad que mantuvo con la institución a través de su empresa Pulconal SL, a la que también se adjudicaron al menos 16 contratos de obras menores para el arreglo de parques o cementerios en pequeños municipios de la provincia, fue “deficitaria”.

Según han trasladado a Europa Press fuentes presentes en la declaración, el empresario y amigo desde la infancia del exvicepresidente tercero y exdiputado de Fomento Óscar Liria, y cuyos mensajes intervenidos por otra causa luego archivada desencadenaron esta operación, ha admitido que su empresa realizó varios trabajos de obra civil para la Diputación de Almería, pero estos solo supusieron “el 0,28 por ciento” del volumen de adjudicaciones del Área de Fomento en un periodo de cuatro años.

A preguntas únicamente de su abogado, el empresario ha remarcado escasa rentabilidad que le supusieron estas contrataciones con la Diputación por las que, según la investigación realizada por la UCO, obtuvo en un periodo de dos años unos 421.805 euros. Asimismo, ha encuadrado en la normalidad dichas adjudicaciones de obras.

En este sentido, a lo largo de casi 45 minutos de declaración ha abundado en los gastos derivados de la propia dinámica empresarial y el desempeño de los trabajos a la hora de justificar unos estrechos márgenes de beneficio de la sociedad que, según la UCO, habría estado también participada aunque de forma “velada” por otro empresario y el expresidente Liria bajo un supuesto “plan preconcebido” con el que obtener fondos públicos.

En cuanto a su actividad a través de Azor Corporate Ibérica, la sociedad a través de la cual se procedió a la adquisición de las mascarillas y el resto de material sanitario durante abril de 2020, el investigado se ha remitido a sus declaraciones anteriores en sede policial sin aportar nuevos detalles ante un contrato por el que la Guardia Civil advierte de un sobrecoste superior a los 900.000 euros, esto es, del 42,27 por ciento.

Declaraciones de empresarios

En esta primera sesión de declaraciones también han declarado, a preguntas de sus respectivos abogados, dos empresarios que, como parte de su actividad, se dedicarían a la importación de productos procedentes de China con quienes se habría contactado inicialmente para conseguir el material sanitario cuyo contrato destapó la supuesta trama por la que se investigan contratos desde 2016 en adelante.

Por su parte, la acusación particular que ejerce el PSOE ha lamentado que los investigados no hayan querido responder a las preguntas del resto de partes, por lo que consideran que las versiones ofrecidas hoy “no aportan nada” nuevo a la causa con respecto a lo ya instruido.

El juez instructor Manuel Rey Bellot ha programado una extensa ronda de comparecencias que finalizará el próximo 26 de junio, cuando está previsto que declare el presidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García, a quien ninguno de los investigados ha aludido este jueves en sus declaraciones.

El también exdiputado provincial de Presidencia estaría situado en el núcleo duro de la trama al formar parte del grupo de WhatsApp llamado 'Naranjito' del que también formaban parte García y Liria.

Según los investigadores, los tres hacían uso del mencionado chat para intercambiar mensajes en clave y abordar el cobro de supuestas comisiones con la adjudicación de obras y contratos de servicios que se llevaban a la junta de gobierno de la institución provincial desde 2016 en adelante.

En dichas conversaciones, que también mantenían por privado, hacían continuas alusiones a términos odontológicos para referirse a esas supuestas 'mordidas' con comentarios como “me tengo que hacer una limpieza”, “necesito empastarme dos o tres muelas”, “tengo las muelas picadas” o “sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer”, entre otras.

La investigación de la Audiencia Nacional sobre las maniobras de Leire Díez o Santos Cerdán, que tantos y tantos titulares está copando, tiene su origen en otro hito. Se trata del rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (conocida por sus siglas SEPI) de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Fue una operación de 112,8 millones de euros y se sospecha que encerró el pago de comisiones, el primero de otra serie de negocios similares y que han sido bautizados con el nombre en euskera Hirurok ('Nosotros tres', en castellano) por aglutinar a tres personas del entorno de Cerdán, la propia Díez, socialista vizcaína, Antxon Alonso, empresario guipuzcoano, y Vicente Fernández Guerrero, socialista andaluz y expresidente de la SEPI.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, ha elaborado para el instructor Santiago Pedraz un informe específico sobre este asunto. Tiene fecha de 6 de mayo. Además, menciona el tema en otro dictamen más amplio y más reciente, del 26 de mayo. En él, señala también la “intermediación” de “algún miembro” del PNV en la operación de Tubos Reunidos, aunque no se aporta ningún dato identificativo y deja el rol de estas personas en condicional. No es la primera vez que en las investigaciones de la UCO que rodean al exsecretario de Organización del PSOE, el navarro Cerdán, se menciona al PNV. En otro informe se apuntaba a que los nacionalistas sugirieron unos nombramientos tras apoyar en 2018 la moción de censura que aupó al poder a Pedro Sánchez.

La empresa ha sido registrada nuevamente este mismo jueves. Ya lo fue durante horas en diciembre de 2025, justo antes de que trascendieran las detenciones de los tres de Hirurok. En aquel momento se llevaron una ingente cantidad de archivos informáticos y buscaron el rastro de dos directivos concretos de la empresa, los mismos que habían mantenido más contacto con Cerdán y Díez.

El rescate fue ejecutado en 2021. En ese momento, el expresidente de la SEPI, Fernández Guerrero, fue contratado por Tubos Reunidos como asesor externo. Cobró 114.950 euros a través de la asesoría zaragozana Mediaciones Martínez, según ha detectado la Policía judicial. La empresa no lo niega. En paralelo, Fernández Guerrero fue dado de alta como trabajador de Servinabar 2000, mercantil pamplonesa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso y en la que Cerdán, aparentemente, controlaba el 45% de forma oculta.

Técnicamente, llevaba más de dos años fuera de su cargo y no había incompatibilidad legal en estas actividades mercantiles, pero los responsables de la investigación sostienen que en el período de 2019 a 2021, aunque formalmente estuvo fuera por otro problema legal relacionado con Aznalcóllar, siguió influyendo en el organismo estatal o intentando regresar. Es más, se sostiene que, cuando Belén Gualda fue elegida ese mismo 2021 para cubrir la vacante, la trama intentó que Díez fuese su jefa de gabinete.

Sobre los hechos de 2021, expone la Guardia Civil que “se pudo comprobar cómo Leire y Vicente, en un momento dado en el que el rescate se encontraba bloqueado, propusieron acudir a Santos y Antxón para impulsar el mismo”. En sus informes, este cuerpo siempre cita a los implicados por su nombre de pila. Agrega que, “previsiblemente como resultado de lo anterior, las acciones desarrolladas por el grupo Hirurok consistieron, según las palabras de los propios investigados, en al menos su 'intermediación' con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda en cuestión”.

Abunda la UCO que, años después del rescate, “se ha identificado una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025, a los fines de conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la cual habría podido participar Santos”. ¿En qué se basan? El 13 de noviembre de 2024 se celebró en el despacho de Cerdán “en la sede del PSOE, sita en la calle Ferraz”, una cita entre el dirigente socialista, Díez “y dos directivos de Tubos Reunidos”. Después, arreglado el problema, Fernández Guerrero facturó 40.000 euros adicionales a Tubos Reunidos. El expresidente de la SEPI mantuvo su relación económica con la empresa hasta un mes antes de ser detenido, hasta noviembre de 2025, según fuentes de la compañía.

¿Y cómo se conformó Hirurok con gentes de tan variada procedencia? La Guardia Civil ubica el inicio de la relación “personal” entre Fernández Guerrero y Díez en la SEPI, donde ella era responsable de comunicación de la filial Enusa. Era el año 2019. Un poco después, a finales de 2020, ambos conocieron a Alonso por mediación de Cerdán. Para demostrar que Cerdán y Fernández Guerrero también se conocían, la UCO muestra unos mensajes del actual secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales. A finales de 2018, Cerdán le pidió a Morales, con quien mantenía una estrecha relación, que contactara con el entonces presidente de la SEPI.

“Es un favor que nos tienes que hacer”, ponía el socialista vasco. Hace un año, cuando Morales salía mencionado en otro informe sobre las causas que rodean a Cerdán, el PSE-EE desmintió totalmente cualquier implicación en irregularidades. Morales vuelve a ser mencionado en un mensaje de Díez a Fernández Guerrero. “Hoy volveré a ver a Santos porque ayer se reunía con Eneko y Morales”, le decía, en referencia previsible a Eneko Andueza, secretario general del partido en Euskadi. Fuentes del PSE-EE explican que Morales planteaba un favor de índole persona, dentro de la legalidad y sin relación alguna con los hechos investigados.

Hirurok como tal nace en 2021. Es un grupo de Threema, una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp. Se crea el mismo día en que Fernández Guerrero es dado de alta como trabajador de Servinabar 2000. Sin embargo, operaba de antes, según la tesis de la Guardia Civil.

La UCO sostiene que cobraron 117.612 euros en comisiones de otros dos negocios además de Tubos Reunidos. Menciona 18.119,75 euros ingresados en Servinabar 2000 por una adjudicación en Mercasa y 99.492,25 euros de la empresa navarra Excavaciones Erri-Berri por unos trabajos en Asturias. Se menciona, igualmente, que Forestalia “pactó” el pago de 200.000 euros a Hirurok para que Sepides aprobara una inversión de 17,32 millones para Arapellet, una filial. Alonso ejerció de representante de Forestalia ante numerosos cargos públicos y Fernández Guerrero también participó en reuniones, siempre según la Guardia Civil. Por otro lado, Díez creó en Marbella una sociedad llamada “Andalukadi”, en probable referencia a la unión de Andalucía y Euskadi.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este jueves que Alberto Núñez Feijóo pondrá en marcha una “reconstrucción nacional” cuando llegue al Gobierno para “revertir” la “decadencia” que, ha dicho, ha provocado los mandatos de Pedro Sánchez. Ezcurra ha reclamado de nuevo la dimisión del presidente, de quien ha dicho que, ante los escándalos de corrupción que afectan al PSOE, solo puede ser un “incompetente” por desconocerlos o un “delincuente” si sabía lo que estaban haciendo las “cloacas” dirigidas por Leire Díez.

Esa “reconstrucción nacional” prometida por el PP no tiene fecha. “El Gobierno puede caer mañana o el verano que viene”, ha dicho Ezcurra en una rueda de prensa en la sede nacional del partido para valorar el sumario del llamado 'caso Leire', que para la oposición no es sino otra pieza de lo que denominan 'caso PSOE'.

Reconstrucción nacional es un lema usado por el partido ultraderechista España 2000, que también denuncia que “la corrupción se ha ido apoderando de todos los niveles de poder y que, finalmente, ha terminado siendo la característica más visible del sistema”.

Ezcurra ha hecho un minucioso repaso a los sumarios abiertos y ha señalado expresamente a Sánchez como muñidor de todos los casos de corrupción que se investigan. “No existe ningún capo que desconozca la existencia de su propia mafia”, ha dicho. “No hay nada más temible que un político corrupto desesperado”, ha apuntado.

La dirigente ha asegurado que el Gobierno comete “delincuencia de Estado”. Es decir, “usar el Estado que pagamos todos con nuestros impuestos para atacar a todos los contrapoderes democráticos, para perseguir al que estorba y para que no se investiguen los delitos del entorno personal del presidente”. Ezcurra ha señalado que se ha intentado “parar investigaciones en curso sobornar a jueces y fiscales, y poner la Fiscalía al servicio de los investigados por la Justicia”.

Pero el PP no encuentra cómo sacar al país de la situación en la que está España. Ezcurra ha reeditado a su jefe de filas para decir que “solo hay dos opciones”. Una, que Sánchez dimita y convoque elecciones. La otra, que “los socios le retiren el apoyo”.

Algo que ya ha ocurrido, en parte. Tanto el PNV como Junts han exigido en público a Pedro Sánchez que tire la toalla y convoque elecciones. Feijóo quiso ver en ambas declaraciones una grieta abierta para poder obtener su apoyo para una moción de censura y se comprometió a una instrumental con el único compromiso de convocar elecciones generales lo antes posible.

Pero su propuesta no ha logrado un solo apoyo más que los insuficientes 172 votos que obtuvo en su fallida investidura de 2023. A Feijóo le siguen faltando cuatro, y nadie parece estar dispuesto a dárselos.

Ezcurra no ha asumido ninguna autocrítica por la imposibilidad del PP de conseguir esos cuatro votos. De hecho, ha considerado “como mínimo, llamativo” que se le pregunte qué explicación da el partido a que Feijóo no haya logrado mover un solo voto desde la investidura.

El PP descarga toda la responsabilidad en los aliados parlamentarios del Gobierno, quienes tienen “la llave”, ha planteado. “La pregunta es si alguien todavía cree que por sostener este Gobierno se va a librar de las garras de su mafia”, ha dicho, porque “con una mafia no hay lealtad que valga. O se está con la corrupción o se está contra ella”.

“Para que ellos me entiendan, o se es proactivo o acatan las órdenes y se ponen de perfil”, ha concluido, en referencia a las maniobras dentro de la Guardia Civil para limitar las investigaciones contra el entorno de Sánchez.

“La historia de Pedro Sánchez ya está escrita. Hay que reconocerle la coherencia. Comenzó en unas semanas y va a terminar en una cloaca”, ha espetado Ezcurra, en referencia a los locales de ambiente gay que regentaba el suegro del presidente del Gobierno, y donde presuntamente se ejercía la prostitución. La dirigente del PP ha asumido, además, que las primarias de Sánchez se pagaron con dinero de esos negocios.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dado este jueves por totalmente zanjada la discusión sobre un hipotético apoyo a una moción de censura presentada por el PP contra Pedro Sánchez, aunque fuese “instrumental” para satisfacer el deseo de los nacionalistas de que haya elecciones generales este año. En el Parlamento Vasco, a preguntas de los periodistas, Esteban ha confirmado que ni siquiera le ha llamado Alberto Núñez Feijóo y le ha recordado los ataques que han recibido en los últimos años.

En una comparecencia acompañado del líder de los socialistas vascos, su socio Eneko Andueza, Esteban ha insistido en que “la legislatura no puede prolongarse en 2027”, aunque Sánchez ahora haya planteado la presentación de presupuestos para el próximo ejercicio después de cuatro años sin hacerlo. “No hay una mínima ruta”, ha agregado.

Eso sí, no hay contacto alguno con el PP para ponerle fin al mandato de Sánchez por la vía expeditiva de la moción de censura, al igual que pasó en 2018 con el concurso decisivo del PNV contra Mariano Rajoy. “Si ni siquiera he hablado [con Núñez Feijóo], puede pensar usted qué opinión puedo tener”, ha bromeado con un periodista.

Acto seguido, ha enumerado los agravios de los últimos tiempos que hacen inviable su entendimiento con el PP sin siquiera entrar a la incompatibilidad manifiesta del PNV con Vox. Ha mencionado que el PP es “un partido que no ha querido el euskera en Europa”, que “ha defendido en el Senado que no se hagan las transferencias” pendientes del Estatuto de 1979, que “se ha opuesto con uñas y dientes a la selección vasca de pelota vasca” y que “ha dicho verdaderas 'astokeris' [burradas] del palacio de Avenue Marceau”, el histórico edificio recuperado por el PNV en París.

Preguntado sobre las investigaciones de corrupción que rodean al PSOE, Esteban, siempre al lado de Andueza, no ha querido entrar en comentarios. “No vamos a estar comentando las noticias día a día. Mañana va a haber otra. Pasado va a haber otra”, ha indicado preguntado sobre la última novedad, el registro de las sedes de la empresa vasca Tubos Reunidos.

En los últimos días han declarado algunos de los acusados más importantes del juicio por la Operación Kitchen: el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que fuera Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino y el ex comisario, José Manuel Villarejo. Hay una tesis a la que se han sumado gran parte de los investigados en Kitchen… Y es que Kitchen no existe, que lo que existió es una investigación contra Bárcenas y que de ello se aprovecharon algunas personas.

¿Tiene esto sentido por lo que hemos visto y oído durante el juicio? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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