El nombramiento de la desconocida profesora Eva López Tarrío como directora del principal museo de arte contemporáneo de Galicia, el CGAC, desató el pasado mes de mayo una formidable tormenta de críticas. Las principales asociaciones gremiales del sector protestaron contra un proceso de libre designación que ignoró todos los códigos de buenas prácticas en instituciones culturales y desdeñó por lo menos -los aspirantes lo hicieron público- dos currículums objetivamente superiores al de López Tarrío. La Xunta de Galicia, de la que depende el centro ubicado en Santiago de Compostela, se negó a cualquier diálogo y siguió adelante con su discutida elección. Once entidades, entre ellas algunas de las más representativas del mundo del arte, acaban de presentar un recurso administrativo de reposición.

El comunicado de la parte recurrente es tan contundente como algunos de los textos y manifiestos que salieron a la luz durante mayo y junio. “El proceso presenta graves deficiencias desde el punto de vista de la transparencia, las garantías procedimentales, el respeto a las buenas prácticas en la gestión de las instituciones culturales públicas y los intereses profesionales de la comunidad artística”, señala. Además, considera “radicalmente nulo” la designación de López Tarrío, una docente de secundaria cuya tesis dirigió el polémico historiador del arte Antón Castro y con escasa experiencia en comisariado o crítica de arte, “y la convocatoria del puesto por el sistema de libre designación”.

El Gobierno gallego se apoyó en una reforma unilateral de la ley de museos y una modificación de la relación de puestos de trabajo del museo, ambas cuestionadas por el sector, para suprimir la plaza de alta dirección y sustituirla por una reducida a funcionarios autonómicos especializados en museos. Estos son tan escasos que el Ejecutivo cambió el plan de personal y abrió la convocatoria a funcionarios estatales, locales y docentes. “La convocatoria y el nombramiento son actos que lesionan la libertad fundamental de producción y creación artística y que, en contra del ordenamiento jurídico, conceden derechos y facultades a quien carece de los requisitos esenciales para su adquisición”, dicen las asociaciones que respaldan el recurso, formalmente presentado por una de ellas debido a exigencias administrativas.

“La actuación de la Xunta ha generado una profunda crisis de credibilidad en torno a uno de los principales centros de arte contemporáneo de Galicia”, sostienen, “el recurso responde además a la necesidad de defender un modelo de gobernanza cultural basado en la autonomía de las instituciones, la profesionalización de sus órganos de dirección, la transparencia en los procesos de selección y el respeto a los principios de mérito, capacidad y concurrencia”. El caso de la nueva dirección del CGAC, un museo inaugurado en 1993, llegó a medios artísticos internacionales y provocó un alud de comunicados, posicionamientos y manifiestos, entre ellos el redactado por la asociación Vegliota y rebricado por más de 1.500 personas, entre ellas Manuel Segade, director del Reina Sofía.

El recurso de reposición contra la elección de López Tarrío lo respaldan A Colectiva (Asociación Profesional de Artistas de Galicia), Contemporánea (Asociación de Galerías de Arte Contemporánea de Galicia), Vegliota, la Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cutlral, la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, la Asociación Galega de Deseño (DAG), el Instituto de Arte Contemporáneo, el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), la Unión de Artistas de Arte Contemporáneo de España y la Asociación de Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España (Adace).

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha pedido este martes la “asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno” foral y de su presidenta, la socialista María Chivite, ante la confirmación de que la UCO de la Guardia Civil y el Tribunal Central de Instancia ampliarán sus investigaciones sobre corrupción a la adjudicación de los túneles de Belate, que recayó en una UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000. Esta última es una mercantil de Antxon Alonso en la que presuntamente también participaba el exdirigente socialista Santos Cerdán.

“La realidad” es que “por primera vez en 30 años, una adjudicación de obra pública está siendo investigada por la UCO en Navarra y es una situación que la principal fuerza de la oposición considera ”tremendamente grave“. Esparza ha recalcado que la obra de los túneles está siendo investigada porque ”UPN en septiembre del año 2024 presentó una denuncia ante la Guardia Civil“. Desde el partido regionalista ”siempre“ han creído que era necesario poner el foco en ”la adjudicación de Belate“, y sostiene que la UCO ha encontrado ”indicios sólidos y suficientes“ para continuar una ”investigación en profundidad“. ”Yo creo que era blanco y en botella desde el inicio“, ha afirmado el portavoz.

“El Gobierno -ha continuado Esparza- ha ido dando tumbos desde el inicio de este caso, diciendo unas cosas y luego las contrarias y, evidentemente, al final se ha dado de bruces con la realidad. En todo este tiempo María Chivite ha negado todo, ha atacado a quien denunciaba algo y ha querido trasladar a la opinión pública que había una campaña de acoso contra su Gobierno”.

“La semana pasada la presidenta habló de caza de brujas y de una posición ridícula de Unión del Pueblo Navarro”, ha descrito. Sin embargo, ironiza con que parece que ahora el Ejecutivo foral parece que “se alegra mucho” de la investigación. “No tienen ninguna credibilidad”, considera Esparza, que cree que no puede ser una buena noticia “que la Guardia Civil tenga que venir a investigar” en una comunidad la “adjudicación de una obra pública de semejante magnitud”. Es “tomar a la sociedad navarra por tonta”.

UPN está personada en la causa. Esperan que la investigación demuestre que en Navarra el entorno de Santos Cerdán, Koldo García y el exministro Jose Luís Ábalos ha estado “recibiendo adjudicaciones de obra pública de forma ilícita” y “cobrando mordidas del 2%” al igual que han hecho “por toda España” para “enriquecerse”. En este sentido, se ha referido a la comisión parlamentaria de investigación. A su juicio, se demostró que la ajudicación de Belate está “repleta de irregularidades” pero el dictamen dijo que no hubo pruebas de ello. “La explicación la encontraremos en el informe que la Guardia Civil realiza sobre esta adjudicación”, pronostica.

La comisión, presidida por Irati Jiménez (EH Bildu) y que finalizó a comienzos del pasado junio, concluyó a partir de un documento acordado por PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que no se “ha podido acreditar” que haya habido corrupción ni injerencia política en las mesas de contratación de las siete obras adjudicadas a las empresas investigadas por presunta corrupción, Acciona y Servinabar 2000.

“Hay nervios dentro del propio Gobierno y falta de confianza entre sus socios”, perciben desde UPN, aludiendo a “algún 'quit' llamativo empezando a recular”. Se refería veladamente a EH Bildu, que quiso matizar este lunes que la comisión que ellos dirigieron no dijo que no hubiera corrupción sino que, con los datos con los que disponía, no se podía acreditar. El resto de la legislatura se va “a vivir con mucha incertidumbre” y “mucha tensión” al no saber “qué se van a encontrar” los agentes de la UCO durante la investigación, ha vaticinado el portavoz de UPN. Las elecciones forales son en mayo en 2027.

La Hacienda foral de Bizkaia entregó el pasado jueves un informe que le había sido requerido en el marco de la investigación de corrupción al entorno del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán. El documento fue remitido al Tribunal Supremo, aunque en realidad esta causa está ahora en manos del instructor Ismael Moreno, del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), adonde fue trasladado este viernes automáticamente.

Se trata de un requerimiento de noviembre de 2025 que no llegó a la Diputación vizcaína hasta mayo de 2026. La Hacienda foral, tres meses después, informa de los datos de los que tiene constancia de Karmele Atutxa, la pareja del empresario Antxon Alonso, amigo de Cerdán y titular de la empresa clave de la trama, Servinabar 2000. También repasa la trayectoria de otra mercantil de Alonso, la cooperativa Noran y la información obrante sobre el directivo de Acciona Tomás Olarte. Acciona recibió adjudicaciones en UTE con Servinabar 2000 o de acuerdo con ella y se analiza si abonó comisiones ilegales en operaciones como las obras de la cárcel de Zubieta en Donostia, los túneles de Belate en Navarra y en otros territorios. Bizkaia aclara, eso sí, que no dispone de datos de la esposa de Cerdán y de su hermana, como tampoco de otro directivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, o de otra cooperativa relacionada con Alonso, Erkolan. El informe tiene unas 340 páginas.

Entre la abundante información contenida aparece que la empresa Noran, de la que ya se conocía que tuvo dada de alta a la pareja de Cerdán y en cuya génesis participó Koldo García, tuvo relaciones económicas empresa constructora vasca VUSA. En otro sumario del Tribunal Central de Instancia, el del caso Hirurok en el que se analizan las operaciones de Alonso con otros dos socialistas, la vizcaína Leire Díez y el andaluz Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, una de las adjudicaciones bajo sospecha guarda relación con la empresa de Navarra de demoliciones Erri Berri y, según la UCO de la Guardia Civil, parte de los pagos presuntamente ilegales se canalizaron a través de VUSA.

Esos pagos investigados en torno a la operación de Erri Berri, que fue paralela al rescate de Tubos Reunidos, datan de 2021. Sin embargo, las relaciones económicas entre Noran y VUSA son de años antes, de 2015, 2016 y 2017. En concreto, en 2015 se recogen dos operaciones en la casilla de “ventas” por un valor total de 48.400 euros, en 2016 otra imputación con un total conjunto de esa misma cuantía, 48.400 euros, y en 2017 una única “venta” de un 10% de ese dinero, 4.840 euros. Aquellos flujos posteriores relacionados con Erri Berri rondaban los 240.000 euros, según las estimaciones contenidas en los atestados policiales. Se puede leer aquí más sobre las cuentas de Noran.

El juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno ha acordado investigar también la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, en el norte de Navarra, dentro de la causa por corrupción tiene abierta. Se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%.

El juez Moreno pidió la pasada semana a la UCO de la Guardia Civil, la Policía judicial, que le hiciese un reporte sobre la situación procesal de los túneles de Belate. El cuerpo, en un oficio, indica que en un informe de 2025 ya mencionó la cuestión e indica que reflejó “someramente” los “diferentes indicios” de estas obras con la etapa en el Ministerio de Fomento del ya condenado José Luis Ábalos o que el partido UPN, desde la oposición en Navarra, también había denunciado “irregularidades en el proceso licitador”.

Según la UCO, está pendiente un nuevo atestado con una “ampliación” sobre los datos relativos a estas obras. El instructor, en una providencia, ha acordado este lunes “integrar” esta adjudicación en el sumario y queda “a la espera” del informe. Solamente después de que entreguen el documento “se acordará lo procedente”.

Las obras de Belate se adjudicaron en 2023 y fueron las más cuantiosas de todas las adjudicaciones recibidas por Servinabar 2000 en Navarra. El Parlamento foral acaba de finalizar una comisión de investigación en el que la mayoría política descartó la existencia de corrupción. El dictamen aprobado por el foro presidido por Irati Jiménez, de EH Bildu, sí apuntó a “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes. Por el contrario, los últimos informes de la Guardia Civil apuntan a que Servinabar 2000 fue empleada para recaudar comisiones ilegales y que Cerdán y su familia dispusieron de fondos de esta firma.

La comisión de investigación no vio “injerencia”

Desde el Gobierno navarro han expresado su “máximo respeto” a las actuaciones “judiciales y policiales” y también un “compromiso de total colaboración”. Añaden fuentes del Gobierno de María Chivite que el Ejecutivo “estudiará solicitar la personación ante la Audiencia Nacional, como ya se intentó ante el Tribunal Supremo con respuesta negativa, por si mediase daño patrimonial contra la Hacienda navarra”.

“En lo concerniente a la adjudicación de la obra de ampliación de los túneles de Belate, el Gobierno de Navarra recuerda que se trató de una adjudicación con reparo 'no suspensivo' de la Intervención delegada y que cuenta con el aval de la Intervención General en tanto que se abordó mediante una deliberación 'adecuada'. Además la Cámara de Comptos especificó que no medió 'responsabilidad contable ni de ninguna otra naturaleza', mientras que la comisión de investigación acometida en el Parlamento de Navarra descartó la existencia de presiones ni injerencias políticas”; sostienen fuentes del Gobierno.

Volvemos a escuchar un episodio al hilo de la imputación de Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, que le investiga por un delito de tráfico de influencias. Nos preguntamos por qué el ex presidente socialista, tras dejar el Gobierno, no hizo lo mismo que otros antiguos cargos públicos: fichar por empresas dedicadas a influir en decisiones políticas, si quería dedicarse a lo mismo que ellos. ¿Por qué iba a esconderse detrás de empresas instrumentales de un amigo, cobrando una comisión encubierta con facturas falsas?

Con Alfonso López, fundador y presidente de la consultora de relaciones institucionales, o lobby, Rud Pedersen en España, y con Javier Lillo, periodista de Tribunales de elDiario.es, nos centramos en una clave de toda esta historia: ¿Cuál es la diferencia entre el lobby que hacen otros y el delito de tráfico de influencias por el que un juez de la Audiencia Nacional investiga a Zapatero?

*** Este episodio se emitió por primera vez el 21 de mayo de 2026***

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La magistrada Marta Hernández Lafuente, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, ha rechazado los recursos presentados por la acusación popular del PSOE contra su decisión de archivar el caso de corrupción contra la número 3 de Ayuso en el PP de Madrid, Ana Millán. En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, Hernández Lafuernte despacha el recurso de los socialistas sin detenerse a contradecir los argumentos presentados por la acusación popular y ciñéndose a que “las alegaciones efectuadas por la recurrente no desvirtúan la legalidad de la resolución impugnada”.

El recurso de los socialistas era de reforma, ante la propia magistrada, y de apelación, ante la Audiencia Provincial en caso de que esta lo rechazara, así que ahora el caso queda en manos de los jueces de la segunda instancia.

Marta Hernández Lafuente es la última de los siete instructores que ha tenido el caso de corrupción de Ana Millán y archivó el caso en marzo al considerar que “no ha quedado acreditada la existencia de indicios racionales de comisión” de los cuatro delitos que le atribuyeron la Fiscalía, los anteriores jueces del caso, las acusaciones populares y la Unidad Central Operativa (UCO). Hernández Lafuente no solo archivó el caso sino que, en una afirmación del todo inusual, recordó que los “perjudicados”–Millán y el empresario Francisco Roselló– podían ejercer ahora “acciones civiles”.

Las acusaciones populares recurrieron –Más Madrid también ejerce esta figura– la decisión de archivo de la jueza, que estuvo apoyada por la Fiscalía después de que el Ministerio Público que había liderado las acusaciones contra la ex alcaldesa de Arroyomolinos durante años cambiara radicamente de opinión.

En el año 2008, recuperaba el recurso del PSOE, “la investigada alquiló su ático a un precio del doble de mercado a una empresa del señor Roselló [el empresario imputado], su pareja empezó a trabajar para una empresa del señor Roselló, su hermana también empezó a trabajar. para otra empresa del señor Roselló, y la investigada ingresó en efectivo cantidades significativas de dinero no declarado en sus cuentas corrientes”.

“Todo lo anterior –prosigue– se da en el año que el señor Reselló empezó a trabajar con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y se mantienen todos esos pagos mientras hay adjudicaciones de cientos de miles de euros hasta que se terminan los contratos a favor del señor Roselló y sus empresas. No es una anecdótica coincidencia, sino un cúmulo de no coincidencias, siendo, además, técnicas habituales par el cobro de dádivas en este tipo de delitos”. “Los indicios son demoledores”, apostillaba.

Ahora, la magistrada vuelve sobre sus argumentos para archivar el caso: “En virtud de las razones ya expuestas en el auto recurrido y que por economía procesal no se vuelven a reproducir, y de conformidad con la argumentación contenida en el informe del Ministerio Fiscal es por lo que procede mantener la resolucion de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones”.

Hernández Lafuente insiste igualmente en su decisión de archivar sin llamar a declarar al marido de Ana Millán, responsable de los ingresos en metálico de origen desconocido que encontró la UCO, otro de los actores impulsores de la investigación. Tampoco considera necesario llamar a declarar a la testigo que presenciaba los contactos entre Ana Millán y el empresario investigado.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha asegurado este viernes que sufre una “caza de brujas”. Chivite ha sido llamada a comparecer en el Parlamento foral por UPN a raíz del último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. “Cuanto más se investiga y más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada de nada sobre mí. No hay nada ni va a haber nada contra mí”, ha afirmado desde la “tranquilidad total”.

“La única intervención que ha tenido este Gobierno relacionada con ese informe es la colaboración con la Justicia para dar información y contribuir al buen desarrollo de la investigación. Todo lo demás es parte de una estrategia de caza de brujas contra mí que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos porque no hay nada”, ha subrayado, según informa Europa Press.

Chivite ha indicado a UPN: “Ustedes seguirán con su historia falsa y yo diciendo una verdad que nunca van a querer creer porque no les interesa. Y así podemos estar en bucle lo que resta de legislatura. Pues yo estoy dispuesta. Si alguien ha hecho algo, que pague, pero no seré yo”.

La presidenta ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de UPN. Ha dicho que no ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil y ha criticado las filtraciones. “No sé si son conscientes sus señorías de que la filtración de informes de la UCO pudiera constituir un delito. Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos, aunque de hecho lo son”. Esas filtraciones, hechas además a modo 'goteo', permiten sobre todo a la oposición, construir un 'relato' desvirtuando la realidad, porque lo que los informes contienen son elementos indiciarios que deben ser validados en parte o en su totalidad por un juez y posteriormente en un juicio oral“, ha interpretado. Y ha agregado: ”Que la presidenta tenga que hablar de un informe que no recibimos oficialmente porque no somos parte de esta causa sobre una investigación patrimonial de una persona, que ni forma ni ha formado parte del Gobierno de Navarra, es cuando menos extraño“. Entrando al contenido, ha indicado que Cerdán hizo uso de la tarjeta de Servinabar 2000 hasta febrero de 2024, mientras que los pagos por las obras de Belate, en las que participaba esta empresa UTE, se inicieron ”en junio“ de 2024.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha dicho: “No tiene usted ninguna credibilidad; es imposible desvincular Cerdán y Belate, con 129.000 euros en medio. Usted ha pasado de cuadrarse ante Cerdán a proclamar que 'esto no va conmigo'; y esto sí va con usted”. “Sin Cerdán usted no hubiera sido presidenta nunca”, ha dicho también. “Y a Cerdán y a sus amigos, usted les abrió las puertas del Palacio de Navarra de par en par para que andaran a sus anchas”, ha añadido.

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha indicado que UPN ha llamado hoy a la presidenta con “el único objetivo de estirar el chicle de la comisión de investigación y tratando de volver a inflar un globo que ya quedó pinchado en las conclusiones”. Esta formación presidió el foro parlamentario por medio de Irati Jiménez. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido no “relativizar en absoluto la corrupción ni la preocupación ante ciertas informaciones”, pero “tampoco” el hecho de “convertir sospechas en sentencias o utilizar una investigación que está en curso para construir un relato político concreto”. “La corrupción debe investigarse hasta el final”, ha dicho.

Por su parte, Javier García, del PP, ha indicado a la presidenta “la verdad”. “Si después de todo lo que vamos conociendo sostiene usted que no sabía nada, no escuchó nada y no sospechó nada, solo quedan dos posibilidades, o es que su Gobierno carecía de controles sobre lo que ocurría a su alrededor, o que prefiere pedir a los navarros que crean en lo increíble”, ha señalado. Finalmente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha expuesto que el informe de la UCO avala “tanto la falta de ética política del señor Cerdán como ”la sospecha que tiene que ver con sus relaciones con Acciona y Servinabar“, aunque ha matizado que no hay ”ninguna prueba, tampoco indiciaria, de que haya habido alguna manipulación o injerencia en la obra pública de Navarra“.

La magistrada de lo contencioso-administrativo de Bilbao Patricia Bezos ha suspendido de modo cautelar, a través de dos autos emitidos en mayo y en junio, respectivamente, la solicitud de la Diputación de Bizkaia al municipio de Alonsotegi, ahora en manos de EH Bildu, para que devuelva una ayuda concedida en 2012 (600.000 euros) y los intereses (321.964,49 euros). El Ayuntamiento cree que es una “pequeña victoria” a la espera de que se celebre el juicio y se resuelva sobre el fondo de asunto, que tiene un claro componente político. La cantidad total de ambos conceptos, casi un millón, equivale al 19,6% del presupuesto municipal.

Hace justamente un año, en julio de 2025, este periódico informó del inicio de este tira y afloja entre la Diputación y Alonsotegi. Carambolas de la política, la institución foral, en manos del PNV, pide a los actuales gestores de EH Bildu que devuelvan un dinero cobrado cuando ese partido gobernaba en la localidad y que supuestamente iba a ser destinado a unas obras que nunca se ejecutaron.

EH Bildu, estando en la oposición, denunció este caso. De hecho, ejerció de acusación en el proceso penal al lado de la Fiscalía. El resultado de la causa judicial fue sorprendente. En la investigación, los empresarios Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra, de la contratista Laneder, confesaron la falsedad de las obras por las que había cobrado.

Después, todos los implicados llegaron a un principio de acuerdo con las acusaciones en el que admitían nuevamente los delitos y se comprometían a devolver el dinero —entonces, con intereses, rondaba los 900.000 euros— a cambio de no entrar en prisión. Hasta el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, habitualmente comedido con los casos que afectaban a su formación, consideró una “chapuza” lo sucedido en Alonsotegi, aunque evitó calificarlo como “corrupción”.

Sin embargo, no terminó de cerrarse un calendario de pagos, el exalcalde imputado José Luis Erezuma falleció por una enfermedad y el resto fue a juicio desde cero, sin que se tuviera en cuenta lo sucedido. En las vistas no se negaron los hechos, pero no hubo condenas y todos quedaron absueltos.

Fue el primer día hábil de 2026 cuando Alonsotegi pidió a la Diputación, antes de presentar un recurso contencioso-administrativo, que anulara o revocara las órdenes forales exigiendo los pagos. Bizkaia mantiene el requerimiento, pero sí accede a tenerlo en suspenso en la vía administrativa hasta que se resuelva el fondo del asunto. No obstante, Alonsotegi da relevancia a que en el juzgado no solamente se paralice cautelarmente la devolución del principal sino que se haya emitido un auto complementario que expresamente bloquea también la parte de los intereses e incluso la “generación” de más deuda.

Según el municipio, las cautelares son “de suma importancia”. La Diputación, por ejemplo, no quería que se suspendieran los intereses, lo que abría la puerta a que la cuantía creciera “de forma exponencial”. Es “una pequeña victoria”, según EH Bildu, que insiste en que hará “todo lo que esté en sus manos” para “evitar” un nuevo perjuicio para la localidad, de unos 3.000 habitantes, después de las “malas prácticas del pasado”.

Además de este caso, en Alonsotegi se abrieron otras dos investigaciones penales. En realidad, quedaron imputados tres exalcaldes consecutivos del PNV. Si Erezuma ocupó el cargo de 2011 a 2015, antes estuvo en la alcaldía Aitor Santisteban de 2007 a 2011 y antes aún Gabino Martínez de Arenaza de 1999 a 2007.

En el caso de Santisteban, los hechos son muy similares a los de la etapa de Erezuma. Se trataba de un presunto desvío de 2,3 millones de euros y las beneficiarias fueron Laneder, nuevamente, pero también Pabisa (Campezo). El dinero procedía igualmente de Bizkaia en su mayoría (1,7 millones), aunque también del Estado a través del 'plan E' de José Luis Rodríguez Zapatero mediante dos asignaciones de 230.000 euros. La Fiscalía pide siete años de cárcel para el exalcalde, los mismos que la Abogacía del Estado. Pero fuentes judiciales explican que no hay avances en la resolución de este proceso, que se está eternizando en la burocracia judicial.

En la tercera causa penal, Santisteban aparece con Martínez de Arenaza. Aquí se analiza el agujero de la sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz, cuyo quebranto económico se situaba según algunas fuentes en 15 millones de euros, más de tres veces el presupuesto total actual de la localidad. Tampoco constan avances en este sumario.

Un complot con 150.000 euros para los sicarios que ejecutaron el atentado. Otro plan de asesinato previo en 2015 que al final se abortó. Una bomba escondida en una caja de zapatos bajo el asiento del conductor activada por control remoto. Una botella con gasolina colocada junto al artefacto explosivo para asegurar que todo ardiera tras el estallido.

Son detalles que emergen estos días del llamado 'Juicio del Siglo', el proceso que ha arrancado este mes en Malta para juzgar a Yorgen Fenech, el magnate acusado de ser autor intelectual del asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia. El atentado en el que murió asesinada en 2017 conmocionó y cambió la historia de esta pequeña isla del Mediterráneo central, destapando sus redes corruptas vinculadas con el mundo político y empresarial.

Tras procesos previos que ya condenaron a los autores materiales del crimen, el actual busca resolver un hueco pendiente que para la familia y la sociedad civil maltesa es el quid de la cuestión: ¿quién ordenó matar a la reportera? Los indicios y pruebas presentadas señalan a Fenech, aunque su defensa y varios testimonios —los sicarios que han testificado en el juicio— desviaron la responsabilidad como cerebros del asesinato a figuras clave del antiguo Ejecutivo maltés de Joseph Muscat, principalmente al extitular de Economía Chris Cardona y al exjefe de Gabinete de la Oficina del Primer Ministro, Keith Schembri.

Ya hubo alegaciones en su contra en el pasado, y esto apunta de nuevo a una posible cadena de instigadores que se extendería hasta las altas esferas del laborismo maltés y el Gobierno de la época. La familia de Caruana Galizia asegura, sin embargo, que por ahora no hay pruebas contra Schembri o Cardona e insta a focalizarse en Fenech.

Caruana Galizia se convirtió en el mayor azote contra la corrupción en su país. Por las investigaciones que publicaba en su blog, donde destapaba escándalos que salpicaban a la clase política y empresarial, acabó pagando con su vida cuando una bomba en su coche la mató, el 16 de octubre de 2017. La imagen del automóvil calcinado en un campo a pocos metros de su casa, en la localidad rural de Bidnija, abrió una crisis inaudita en el país, el más pequeño de la Unión Europea. En 2021, el Estado maltés fue declarado responsable por no prevenir su muerte y “crear un ambiente de impunidad” que “llevó al colapso del Estado de derecho”, según concluyó una investigación independiente, que culpó de ello a las altas instancias del Gobierno de la época.

Un juicio en marcha tras años de tropiezos

Tras casi nueve años, queda mucho por aclarar sobre la trama de asesinato. El proceso judicial lleva más de tres semanas de audiencias desde que comenzó el 1 de julio en La Valeta, capital de Malta. “Estoy aliviada de que el juicio empezara. Se retrasó por años. Fenech y su defensa obstaculizaron las cosas para ralentizar el proceso”, dice Corinne Vella, hermana de Caruana Galizia, que habla con elDiario.es en el receso de una de las vistas diarias, presididas por la jueza Edwina Grima y con un jurado que probablemente en agosto dicte si considera culpable o no al acusado. Todo ello mientras gran cantidad de personas comparecen como testigos, desde cargos policiales a expertos forenses, así como los sicarios ya condenados.

“Repasé todas las pruebas presentadas, y, para mí, Fenech es culpable. Quiero que sea condenado. La Fiscalía solicitó cadena perpetua, y creo que esta es la pena que debería recibir”, agrega Vella, también miembro del equipo directivo de la Fundación Daphne Caruana Galizia, entidad fundada en memoria de la reportera.

Antes de morir, la periodista se sumergió en las filtraciones de los Papeles de Panamá. Detectó sociedades abiertas por dos figuras cercanas a Muscat y claves en el Gobierno maltés, Keith Schembri y el entonces ministro de Turismo, Konrad Mizzi. Este fue el primer paso para identificar una red que presuntamente canalizaba sobornos y blanqueaba dinero procedente de la concesión del proyecto energético Electrogas, consorcio vinculado a Fenech que se adjudicó la construcción y gestión de una gran central eléctrica y de gas en el país isleño.

Como parte del caso, Caruana también buscaba saber quién poseía 17 Black, una compañía con sede en Dubái que más tarde se identificó como vehículo destinado a enviar capitales a las empresas de Schembri o Mizzi. De hecho, años más tarde se descubrió que la empresa era propiedad de Fenech. Para la familia y expertos, las pesquisas de Caruana sobre este asunto pudieron ser el detonante que llevó al complot para su asesinato.

Fenech, ¿autor intelectual?

Fenech, hombre de negocios de 44 años, es una de las grandes fortunas de Malta y uno de los herederos del gran conglomerado empresarial Tumas Group. Fue detenido a fines de 2019, cuando Melvin Theuma —un taxista que hizo de intermediario en la operación de asesinato— testificó contra él y fue indultado a cambio de proveer información sobre el caso. El arresto de Fenech se produjo cuando intentaba irse de Malta en su yate.

En el juicio se enfrenta a cargos de asociación para delinquir y complicidad en asesinato. Según la Fiscalía, ordenó matar a Caruana Galizia por temor a que publicara información que le implicaba en tramas corruptas, y pagó 150.000 euros a los sicarios que la mataron. Él se declara inocente, mientras su defensa alega que está siendo usado como chivo expiatorio y apunta a la responsabilidad como instigadores de Cardona y Schembri.

En aquel momento, el magnate declaró que Schembri estaba implicado en la trama de asesinato, y aseguró que también le proporcionó información sobre las investigaciones policiales para protegerse de las pesquisas. Esto abrió una crisis política que llevó a la dimisión del primer ministro Joseph Muscat, deslegitimado para seguir en el poder tras desvelarse que uno de sus principales hombres de confianza aparecía ligado al complot.

La renuncia de Muscat fue todo un terremoto. Era uno de los líderes más populares de la historia del país, y, en 2013, logró llevar al laborismo al poder y destronar al histórico Partido Nacionalista. De hecho, las pesquisas de Caruana sobre tramas corruptas que salpicaban a la formación laborista le granjearon muchas críticas del entorno del grupo y las estructuras de poder. Su familia afirma que se orquestó una gran campaña para deslegitimarla, con más de 40 denuncias por difamación que llevaron incluso al bloqueo de su cuenta bancaria.

Reconstrucción del crimen

El día que la mataron, la reportera se dirigía a una cita en su banco. La bomba estalló de camino a la reunión, a las 15:00 horas, según el testimonio de Francis Sant, conductor que circulaba por la localidad de Bidnija y se topó con la explosión en primera persona. Él, junto con agentes policiales, fue de los primeros en testificar los primeros días del juicio, donde hizo un relato estremecedor del momento del crimen: aseguró que Caruana Galizia entró en pánico al notar que algo sucedía poco antes de la explosión.

“Vi un coche frente a mí. Algo le pasaba a la conductora, parecía muy asustada”, dijo el testigo. “Vi la primera chispa bajo su vehículo, como un petardo. Ella aún estaba consciente. La oí gritar”, agregó. “Creo que sintió algo, tal vez la activación del explosivo. Se dio cuenta de que algo iba muy mal”, hasta que hubo “una gran explosión”. El coche “salió disparado hacia el campo”, contó Sant durante su declaración, según la transcripción realizada y traducida del idioma maltés por Amphora Media, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Otros agentes que acudieron a la escena del crimen también testificaron, relatando cómo hallaron restos del cuerpo de la reportera esparcidos por el lugar. Rastreando la zona, los investigadores recogieron colillas de cigarrillos que coincidirían con el ADN de uno de los sicarios, Alfred Degiorgio. Este seguía de cerca a Caruana y pidió a otro autor del crimen, su hermano George Degiorgio, que activara la bomba por control remoto a través de un dispositivo con una tarjeta SIM que hizo detonar la carga explosiva al recibir un SMS, según la investigación.

Meses después, ambos hermanos cayeron detenidos junto al tercer sicario, Vince Muscat. Este último también vigiló por largo tiempo los pasos de Caruana Galizia y estuvo con Alfred Degiorgio la noche antes del ataque, cuando colocó la bomba en el Peugeot 108 alquilado por la reportera.

Muscat fue condenado en 2021 a 15 años de prisión, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para una rebaja de pena a cambio de cooperar con la Justicia. En 2022 llegó el turno de los hermanos de Degiorgio, condenados a 40 años después de admitir su autoría en el crimen. A ello siguió la condena a cadena perpetua en 2025 de Jamie Vella y Robert Agius, exponentes del inframundo mafioso de Malta, acusados de proveer la bomba.

Los sicarios testifican

Los tres sicarios —Muscat y los hermanos Degiorgio— han comparecido este mes como testigos. Alfred Degiorgio se limitó a una breve declaración. “Chris Cardona, David Gatt y Keith Schembri están implicados en el asesinato”, aseguró, sin dar más detalles. Su hermano, George, testificó en la misma línea, implicando a Cardona, Schembri y Gatt. Este último es un exagente policial con supuestos lazos con el crimen organizado. Más tarde se hizo abogado, llegó a ser socio del despacho de Cardona, y los testigos le vinculan con los planes y contactos entre esfera política y criminal con los que se urdió el ataque.

Hubo una campaña en contra de Daphne liderada por personas en la oficina del primer ministro. Queremos justicia por su asesinato, por la corrupción que denunció y por la campaña para deslegitimarla

Corinne Vella — Hermana de Daphne Caruana Galizia

George Degiorgio dijo que, en la primavera de 2017, el intermediario Melvin Theuma —ahora indultado y testigo del Estado— le visitó con la propuesta de articular un plan para matar a Caruana de parte de Schembri. También se reunió con Cardona, quien le confirmó, según su versión, que ambos estaban implicados. Sin embargo, el sicario añadió que ya trabajó en un primer plan de asesinato en 2015, para el que habría recibido instrucciones directas y 50.000 euros de depósito del entonces titular de Economía, hasta que se le pidió abortar el plan porque iba a haber elecciones. “Sabíamos dónde íbamos a matarla”, explicó Degiorgio sobre el plan inicial, centrado en disparar a Caruana desde una furgoneta, cuando la periodista pasara cerca de su casa en Bidnija.

Cardona llegó a ser número dos del laborismo maltés y gestionó la cartera de Economía entre 2013 y 2020. En 2017, Caruana publicó que el ministro visitó un prostíbulo durante un viaje oficial en Alemania, lo que hizo que este la demandara por difamación. Ya en 2019, el arresto de Fenech causó la renuncia temporal de Cardona tras salir a la luz su supuesta implicación en la trama, lo que llevó a su posterior exclusión como ministro en el Ejecutivo conformado a inicios de 2020 por el también laborista Robert Abela, aún hoy primer ministro.

Hasta hoy, Cardona, Schembri y Gatt niegan toda implicación en el asesinato de la periodista, rechazan todas las acusaciones que les sitúan como instigadores y en ningún momento se les procesó en relación con ello.

“Las meras acusaciones no constituyen pruebas”

Tras las alegaciones de estas semanas, la Fundación Daphne Caruana Galizia ve las declaraciones de los sicarios con cautela, y alerta de que pueden constituir “un intento de desviar la culpa de Fenech” y su responsabilidad. “La defensa parece invitar al jurado a considerar si la responsabilidad del asesinato de Daphne recae en otra persona; que el autor intelectual no es Yorgen Fenech, sino Keith Schembri o Chris Cardona. Pero las meras acusaciones no constituyen pruebas”, comentó la entidad en una nota a la que ha tenido acceso elDiario.es. “No se presentaron pruebas suficientes ante el tribunal que demuestren que Schembri o Cardona pagaron por el asesinato de Daphne. Sin embargo, las pruebas de que Fenech pagó son irrefutables”, remarca la fundación.

Corinne Vella, hermana de Caruana, insiste en que Fenech “está acusado de complicidad en asesinato, pero también como la persona que encargó el crimen y lo pagó”. “Las pruebas apuntan en una dirección: Fenech tenía contactos con personas del Gobierno y recibió ayuda de Schembri”, dice. Este, como jefe de gabinete gubernamental, “fue procesado por filtrar información y violar el secreto oficial”, y todo apunta a que “proporcionó información que acabó en manos de los criminales implicados en el asesinato”, cuenta Vella, que insta a llegar al fondo sobre las responsabilidades de Fenech como acusado para que nadie quede impune.

Ante ello, señala, la familia no parará su lucha: “Hubo una campaña en contra de Daphne liderada por personas en la oficina del primer ministro”. “Queremos justicia por su asesinato, por la corrupción que denunció y por la campaña para deslegitimarla”, dice, antes de añadir que “el Estado debió proteger su vida y fracasó”. “La única forma de arreglar el problema es asegurarse de que esto no ocurra otra vez”, concluye.

El juez ha prorrogado un mes más el secreto de sumario en la Operación Fuentona, que investiga la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal en el Ayuntamiento de Soria. El caso estalló con una entrada y registro de la Guardia Civil en el consistorio en busca de documentación con la hasta hace poco concejala de Turismo y Comercio, Yolanda Santos. Antes de ser concejala, Santos tuvo una empresa dedicada a la educación ambiental a la que renunció. La sospecha es que la traspasó a una alcaldesa de otra localidad que actuaría como testaferro para seguir cobrando gracias a los contratos municipales. Santos fue detenida junto a otras seis personas. Todos quedaron en libertad en cuestión de horas.

Durante el registro se buscó toda la documentación relacionada con Santos y la empresa de la que llegó a tener el 33% de las participaciones, Biosfera Soria SL. Santos vendió sus participaciones al tomar el acta de concejal, ya que la normativa impide acceder al cargo con una participación superior al 10% en cualquier empresa que contrate con el Ayuntamiento. Biosfera Soria SL, cuentan fuentes del PSOE es una de las pocas en la provincia especializada en la educación ambiental y el turismo activo y ha obtenido contratos municipales “desde hace muchos años”. Para los investigadores, el dato más importante es a quién vendió Santos sus participaciones: la alcaldesa de un pequeño municipio de Soria, que a su vez tiene otra empresa también dedicada a turismo y naturaleza. Según ellos, no es más que una testaferro de Santos.

Pero para llegar a demostrar que Santos tenía una persona interpuesta, es necesario acceder a documentos y correos que de existir, estarían en el Ayuntamiento. La Guardia Civil no solo pidió documentación que incluía contratos, también realizó un volcado de varios ordenadores para acceder a otros archivos o a correos electrónicos.

Tal y como ha confirmado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado la prórroga del secreto de las actuaciones un mes más a partir de hoy. Además, ha aceptado la personación de Vox como acusación popular.

Rechazada la querella del Grupo Parlamentario Vox

Sin embargo, ha rechazado la querella que presentó el Grupo Parlamentario Vox por un presunto delito de revelación de secretos. El juzgado de Instrucción 2 ha acordado la inadmisión de la querella al considerar que “no existen indicios racionales de criminalidad”, si bien la resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial. Vox quiso aprovechar un error del exalcalde de Soria y actual líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que en conversación con un periodista dijo que supo que se iba a registrar el Ayuntamiento “el lunes por la mañana” cuando en realidad se quiso referir al martes. Vox aludió a un chivatazo y reforzó su teoría cuando los concejales del PP y de Vox en el Ayuntamiento aseguraron que el alcalde actual, Javier Antón les comentó en Junta de Portavoces que se celebró después del registro que se le había comunicado que se iba a recabar información en el Ayuntamiento por lo que se requería su presencia. El Grupo Parlamentario Vox, alentado por un medio de comunicación, volvió a interpretarlo como un “soplo”. Poco después, cuando el bulo sobre un chivatazo había crecido demasiado, Antón aclaró que lejos de un soplo, lo que recibió fue una comunicación oficial del juzgado que instruye la causa para que estuviese presente cuando acudiesen a recabar información.

La jueza que ha procesado al teniente coronel interventor acusado de corrupción en obras de cuarteles de la Guardia Civil ha detectado que Miguel Ángel E. T., exjefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona del Instituto Armado, abonó un total de 18.000 euros en efectivo “sin trazabilidad bancaria ni soporte documental de origen”, destinados a la adquisición de tres inmuebles en la localidad de Siete Aguas.

La instructora, según indica el auto de procedimiento abreviado, ve “opacidad financiera” y concluye que el teniente coronel usó recurrentemente a empresarios que “resultaban adjudicatarios de obra pública” en cuarteles y otras instalaciones de la Guardia Civil “mientras ejecutaban sus reformas privadas” en los tres inmuebles.

La resolución también destaca que una “desviación de recursos” y las evidencias de que se facturaron suministros privados (tales como herramientas o toalleros) con cargo al erario. También alude a una “brecha masiva” entre el valor de mercado peritado de los inmuebles y el gasto declarado o trazable.

“Mientras que los pagos declarados por el investigado con destino a la obra y el equipamiento del inmueble fueron mínimos o inexistentes, las personas físicas y jurídicas involucradas en dichas tareas mantuvieron una relación contractual constante con la Guardia Civil de Valencia, a través de la UGE, contextualizada en el periodo analizado, resultando beneficiarias de contratos públicos por importes que superaron de forma sistemática el valor de los servicios prestados de manera privada en la vivienda objeto de estudio”, concluye el auto.

La investigación halló “incrementos especialmente relevantes” en el valor de las obras públicas ejecutadas por parte de las empresas que reformaron las viviendas de Siete Aguas en el mismo periodo temporal. La jueza se escuda en los informes periciales elaborados por la Agencia Valenciana Antifraude, en funciones de auxilio judicial de la Fiscalía Anticorrupción.

Un “patrón reiterado”

“Dichos porcentajes, podrían no constituir desviaciones puntuales o errores técnicos menores, sino un patrón reiterado de facturación por encima del valor real de mercado, generando un perjuicio económico directo para la Administración Pública, compatible con una indebida disposición de los fondos públicos por parte del teniente coronel investigado”, apostilla el auto.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, en la misma línea que Asuntos Internos de la Guardia Civil, concluye que el interventor militar lideraba una supuesta “red de corrupción sistémica”, siendo la “confección de documentos mendaces la herramienta necesaria para asegurar que las adjudicaciones recayeran en las empresas y empresarios investigados, dotando a los expedientes de un viso de integridad que superara el examen formal de la Administración”, explica la magistrada.

Una mecánica que, en definitiva, “buscaba la supresión total del mercado competitivo, permitiendo al investigado un manejo absoluto de los flujos de caja de la Comandancia”.

El teniente coronel, por su parte, declaró voluntariamente el pasado 17 de julio para negar los sobrecostes reseñados por Antifraude.

La jueza, tal como ha informado elDiario.es, ha procesado a Miguel Ángel E. T., por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y grupo criminal.

El Gobierno intenta no verse salpicado por la estrategia procesal del empresario Julio Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra, que atribuyeron el lunes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero un papel central para lograr los 53 millones de euros del rescate a Plus Ultra. Ese supuesto rol del expresidente ha puesto el foco en la legalidad del proceso que terminó con la concesión del préstamo público. Pero este martes la ministra portavoz, Elma Saiz, fue tajante al asegurar que no cabe ninguna sombra de “duda” al respecto. “La actuación del Gobierno de España en ese expediente”, dijo, “fue la correcta”, y la prueba de ello, argumentó, es que el procedimiento ha pasado por las manos de varias instituciones y ninguna ha encontrado ninguna irregularidad.

Saiz defendió la honradez del expediente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras la declaración de Martínez Martínez en la Audiencia Nacional y menos de 24 horas después de que el antiguo colaborador de Zapatero y el actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, remitieran sendos escritos señalando al expresidente como la persona que se ofreció para facilitar el rescate de la compañía aérea a cambio de una comisión del 1% del préstamo concedido. En el documento remitido por Martínez Sola se detalla que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Martínez Martínez fue de 530.000 euros, así como que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

La ministra portavoz, en su rueda de prensa de este martes, evitó valorar los testimonios ofrecidos en ambos escritos argumentando que no es tarea del Gobierno “comentar, ni calificar, ni valorar las distintas versiones, declaraciones o estrategias de defensa que, en sede judicial, se vayan desarrollando en este caso”. Pero sí insistió en que el Ejecutivo ha cumplido a rajatabla la ley y no incurrió en ninguna irregularidad al conceder el préstamo público a Plus Ultra en marzo de 2021. “Es bueno recordar que este expediente fue avalado y tramitado por los servicios jurídicos de la SEPI, fue revisado por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fue analizado por la Comisión Europea, fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y ninguna de esas instituciones encontró motivo de sospecha”, enumeró.

“Nosotros sabemos que Zapatero no hizo ninguna presión para la concesión del crédito a Plus Ultra”, entre otras cosas porque la aerolínea ya cumplía los requisitos para conseguirlo y no era necesario que nadie intercediera para la resolución del expediente, argumentan fuentes de la Moncloa. De hecho, este martes la portavoz Saiz volvió a defender no solo la “presunción de inocencia” del expresidente —máxime cuando el caso se encuentra en fase de instrucción—, sino su “inocencia”, porque el Gobierno sigue creyendo en las explicaciones que ha ofrecido Zapatero, que sostiene que no ha cometido los delitos por los que se le investiga.

Fuentes de la Moncloa admiten que su confianza en el expresidente se basa en una decisión, más que en tener pruebas fehacientes de su inocencia. “Ahora mismo existen dos versiones contrapuestas, y nosotros elegimos creer en la de Zapatero”, explica un dirigente, que insiste en que los dos escritos presentados el lunes no contienen nuevos “datos” ni “pruebas” que demuestren que el expresidente se lucró vendiendo su influencia. Lo cierto es que, este martes, Julio Martínez Martínez no aportó más detalles para concretar en qué consistió el supuesto rol protagonista de Zapatero en el rescate de Plus Ultra: en su declaración ante el juez, apenas un día después de señalarle en un escrito, el empresario no aclaró ni con quién medió o a quién presionó el expresidente ni cuánto habría cobrado por ello.

Razones “casi sentimentales”

No obstante, más allá de que consideren que los indicios acumulados hasta ahora no son suficientemente concretos para dejar de confiar en Zapatero, las fuentes de Moncloa consultadas también admiten que la decisión de cerrar filas con el expresidente obedece, en parte, a razones “humanas y casi sentimentales”. “Aceptar que Zapatero nos ha mentido no es una cosa que vaya a pasar de la noche a la mañana” y solo ocurrirá si existen pruebas incontestables de ello, porque alejarse en este momento de una persona “que lo ha sido todo para el PSOE, para el Gobierno y para un montón de ciudadanos” solo “para quedar bien ante la opinión pública” podría incluso ser contraproducente, razonan.

“Si llega un día en que es incontestable que nos ha engañado, a ese momento va a llegar todo el mundo mucho antes que el Gobierno y que la cúpula del PSOE”, resumen estas fuentes, que hacen hincapié en que, por ahora, la Moncloa cree firmemente en el “honor” y la “palabra” de Zapatero. En cualquier caso, el Ejecutivo insiste en que el expresidente no forma parte del actual Consejo de Ministros y en que, por tanto, no tiene que tomar ninguna decisión sobre su futuro. “Nos vamos a ver en la tesitura de tener que opinar, pero no es nuestra responsabilidad, será la opinión sobre una persona que es cercana al Gobierno y, en el peor de los casos, nos llevaremos una gran decepción y nos habremos equivocado”, argumentan las fuentes consultadas.

El PP, por el contrario, considera que el Gobierno debe asumir “responsabilidades políticas” aunque Zapatero no forme parte del Consejo de Ministros. “Sánchez y el resto de ministros nos van a tener que explicar qué sabían, quién habló, cómo y por qué pudo tejer esta operación” el expresidente, espetó este martes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que incluso llegó a exigir al Ejecutivo que confiese “cuántos estaban en el ajo”. “Parece, al final, que Zapatero no es mucho mejor que José Luis Ábalos, sino que, presuntamente, es igual de corrupto o peor”, sostuvo igualmente Ezcurra.

Un amigo convertido en su delator. Zapatero ha comenzado a sufrir las consecuencias de que alguien cercano decida contar a un juez y una fiscal lo que sabe de él. De alguna manera, ya tiene a su propio Aldama. Es lo peor que le puede pasar en estos primeros momentos de la instrucción judicial contra él. No tiene que enfrentarse únicamente a las preguntas y movimientos del juez instructor. También a lo que ha empezado a revelar su amigo, Julio Martínez. ¿O habría que llamarle examigo?

El testimonio de Martínez, por escrito y después este martes en su declaración en la Audiencia Nacional, es muy dañino para sus intereses con independencia de hasta dónde llegue lo que aún no ha contado y de lo que se pueda probar con lo que dice. El juez Calama ya tiene algo a lo que agarrarse para cuestionar la versión que José Luis Rodríguez Zapatero dio ante él hace un mes. Antes, tenía que limitarse a las contradicciones entre ese testimonio y la información que ha recibido de los informes policiales. Ahora, ya tiene una confirmación obtenida de lo que ha afirmado el hombre que pagaba al expresidente.

“Yo no gestionaba Análisis Relevante. Yo trabajaba para Análisis Relevante”, dijo Zapatero ante Calama. Martínez ha declarado algo muy diferente: la empresa se creó para que Zapatero fuera su “principal consultor” y extendiera sus “relaciones internacionales”. “Era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes”. La única justificación de la existencia de la compañía eran Zapatero y los ingresos que pudiera generar en su beneficio. Mal asunto si en tu primera declaración judicial cuentas algo que te desmienten en cuestión de semanas.

En el plano político, se puede decir que Zapatero conserva el apoyo de Pedro Sánchez y del Gobierno. “Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del expresidente Zapatero”, dijo el martes la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Es una frase clara y nada ambigua. Lo malo es que Saiz no quiso extenderse mucho en sus respuestas a las preguntas que recibió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fueron afirmaciones breves y rápidas sin entrar en muchos detalles. Cuando le interesa, por ejemplo para presentar un proyecto de ley, puede extenderse hasta el infinito. No era una buena idea hacerlo en este asunto.

No había razones para explayarse, porque el Gobierno se encuentra en una de las peores situaciones que se pueden dar en política. No tiene toda la información sobre lo que le preguntan. No sabe qué más datos o alegaciones pueden aparecer en las próximas semanas o meses. Ante la duda, mejor no meterse en asuntos que no pintan nada bien. “No voy a comentar ni a calificar ni a valorar las distintas declaraciones, las distintas estrategias de defensa”, dijo Saiz en dos ocasiones.

Lo que sí hizo la ministra fue defender la decisión del Gobierno de aprobar el crédito concedido a Plus Ultra. Tampoco de forma muy extensa. Dijo que el rescate fue “revisado” por un juzgado, “fiscalizado” por el Tribunal de Cuentas y “analizado” por la Comisión Europea.

En un plano más visceral, Rafael Escuredo representó a muchos de los votantes socialistas cuando mostró su desazón por todo lo que se ha sabido. “Me moriré sin entender que compañeros y amigos míos, como Rodríguez Zapatero, se vean involucrados en delitos por la pasta. ¿Eres consciente del daño que nos haces?”, escribió el expresidente de Andalucía. Seguro que también estaba pensando en las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Más de un mes después de prometer que lo explicaría todo, Zapatero sigue sin contar cómo llegaron a sus manos.

Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” para la obtención del rescate de Plus Ultra, declaró Martínez. Fue él quien le comunicó que la ayuda había sido concedida. Por esas gestiones, la aerolínea se comprometió a pagar el 1% de la financiación obtenida con el crédito público a una sociedad relacionada con Zapatero. Ahí se acaba el rastro, porque Martínez no sabe si Zapatero hizo esas gestiones o con quién habló para hacer posible el rescate. Obviamente, lo que sí se conoce es que la empresa terminó recibiendo el crédito y que se trataba de una cuestión de vida o muerte para la compañía.

En un plano no menos nocivo para Zapatero, aunque aún sin consecuencias penales, Martínez declaró ante Calama que Zapatero le presentó a la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. A partir de ese momento, Rodríguez le dijo con qué personas o autoridades tenía que hablar para hacer negocios en Venezuela, una de las mejores cartas introductorias que podía imaginar. Solo Zapatero le podía haber facilitado un contacto de tan alto nivel en el Gobierno de Caracas. Rodríguez es hoy la presidenta del país después de que Nicolás Maduro fuera secuestrado por fuerzas militares norteamericanas en enero de este año.

Zapatero siempre ha defendido que su implicación en Venezuela era únicamente política, primero como mediador entre Gobierno y oposición y luego con el papel de intervenir para facilitar la liberación de presos políticos. El favor que le hizo a su amigo plantea la posibilidad de que como mínimo permitiera a Julio Martínez ganar dinero en ese país, lo que no es un detalle menor si el empresario también se ocupaba de pagarle a través de diferentes sociedades. Si Martínez obtenía negocios y beneficios gracias al expresidente, estaba en deuda con él.

La decisión de Martínez de empezar a hablar con el juez y la Fiscalía no le coloca aún en un punto muy alto de la escala de Aldama. Se podría decir que está en torno al 30% en esa medición. En su declaración del martes, no contó mucho más de lo que había explicado en un escrito de seis folios presentado antes al juzgado. Se presentó como un “intermediario” entre Zapatero y los clientes. “¿Un correveidile?”, preguntó el juez, no se sabe si con ánimo irónico. Martínez aceptó esa palabra tan informal que en realidad tiene que ver más con chismes que con negocios.

Llegará el momento en que Martínez deba aumentar la calidad de la información suministrada si quiere obtener beneficios similares a los de Aldama, aunque ya se sabe que eso es llegar muy alto. Será quizá cuando la investigación judicial esté mucho más avanzada y le requieran que entre al detalle en asuntos que ahora solo están perfilados. Cualquiera de las alternativas que se puedan dar son muy perjudiciales para Zapatero. El Gobierno ya debe de ser consciente de ello por mucho que no se vaya a salir de la presunción de inocencia, al menos mientras sea posible.

La fiscalía de Hungría ha acudido a una sede del partido Fidesz, la formación del ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y ha registrado sus servidores informáticos en una investigación por corrupción, según ha confirmado a Associated Press una portavoz de la fiscalía del condado de Bacs-Kiskun, al sur de Budapest, donde se han producido los registros.

El propio partido reveló la actuación en un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que acusa al “régimen autocrático” de un exceso “sin precedentes” desde el fin del comunismo, en 1990. “El plan del Partido Tisza [del actual primer ministro, Péter Magyar] para eliminar a Fidesz y a la oposición mediante tácticas políticas ha fracasado. Por lo tanto, el Partido Tisza intenta ahora legalizar la inhabilitación legal de Fidesz”, sostiene el comunicado.

Magyar contestó en un mensaje en el que manifestó haberse enterado de la operación por la publicación de Fidesz. “Esperamos por la información de la fiscalía”, añadió.

Las autoridades iniciaron este año una investigación penal contra varios cargos de Fidesz, tanto en activo como retirados, por decisiones opacas sobre asignaciones de partidas del Fondo Nacional de Cultura (NKA) a artistas y organizaciones ligadas al partido por valor de más de 17.000 millones de florines (47 millones de euros). Los implicados negaron haber cometido irregularidades.

Viktor Orbán y Fidesz gobernaron Hungría de 2010 a 2026 entre crecientes acusaciones de autoritarismo y deterioro institucional. El periodo coincidió con el enriquecimiento patente de aliados personales del entonces mandatario.

Peter Magyar, que derrotó a Orbán en las elecciones del pasado abril, se afilió a Fidesz en 2002 y ocupó varios cargos en organismos estatales durante la etapa del partido en el poder hasta su ruptura con la formación en 2024.

Reforma exprés para desbancar al presidente

El nuevo gobierno de Magyar emprendió desde su conformación una ruptura drástica con el pasado. Entre sus primeras medidas estuvo la clausura sumaria de los informativos de la televisión pública, señalados por manipuladores.

Magyar también ha sido muy crítico con Tamás Sulyok, el actual presidente —una figura con algunas atribuciones constitucionales, como la capacidad de veto legislativo— al que ha acusado de ser una marioneta del exmandatario. Ante su negativa a renunciar antes del fin de su mandato, previsto para 2029, el parlamento, que Tisza domina ahora ampliamente, aprobó una reforma constitucional para su rápida destitución.

Algunas organizaciones cívicas han criticado la maniobra. “Recuerda a la era Fidesz”, afeó Human Rights Watch.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, insistió este martes en que sigue confiando en la “inocencia” del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pese a que Julio Martínez Martínez, antiguo colaborador del mandatario, y los directivos de Plus Ultra le señalaron el lunes como la persona que ofreció influir para lograr los 53 millones del préstamo público a la aerolínea. “Seguimos defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero” y “seguimos creyendo en su inocencia”, afirmó Saiz preguntada sobre estas novedades en la investigación.

“No voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, declaraciones o estrategias de defensa que, en sede judicial, se vayan desarrollando en este caso”, planteó la ministra portavoz al ser preguntada —hasta en ocho ocasiones— en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Saiz se limitó a afirmar que la investigación se encuentra “en una fase inicial” y aseguró que el Gobierno está prestando su “total colaboración” a la justicia.

La portavoz del Ejecutivo tampoco quiso pronunciarse en relación a la falta de explicaciones sobre las joyas incautadas a Zapatero tras el registro de su oficina. Lo que sí defendió es que el Gobierno en ningún momento incurrió en ninguna irregularidad al conceder el préstamo público a Plus Ultra en 2020. “Es bueno recordar que este expediente fue avalado y tramitado por los servicios jurídicos de la SEPI, fue revisado por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fue analizado por la Comisión Europea, fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y ninguna de esas instituciones encontró motivo de sospecha, enumeró Saiz, que insistió en que ”no hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno fue la correcta“.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del ala minoritaria del mismo, la de Sumar, se adhirió expresamente al respaldo a Zapatero que expresó la ministra portavoz. No obstante, Díaz también insistió en que el expresidente del Ejecutivo “tiene que dar explicaciones” sobre sus negocios ante la “inquietud y tristeza” que ha suscitado “en la ciudadanía” la apertura del caso en un contexto en el que existen varias investigaciones por corrupción que afectan al PSOE.

La vicepresidenta, sin embargo, no quiso ofrecer su opinión en relación a las declaraciones de Julio Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra: “Nunca he valorado sumarios judiciales, ni cuando gobernaba Alberto Núñez Feijóo la Xunta de Galicia ni ahora; no sería responsable por mi parte”, espetó Díaz, que se mostró crítica con el hecho de que “todos los días mucha gente habla” sobre este tipo de procedimientos “sin la pericia suficiente para ello”.

La Trama Eólica, el caso de corrupción más grave de Castilla y León, junto en el de Perla Negra, con el que comparte acusados, sigue sin sentencia cuando se cumplen seis meses exactos desde que acabó el juicio. La Audiencia Provincial de Valladolid no se ha pronunciado aún ni para aproximar en qué fecha resolverá un caso en el que la investigación judicial se prolongó a lo largo de diez años. El juicio duró cuatro meses y los acusados pasaron de 15 a 11.

El caso se descubrió en 2015, cuando un funcionario de la Agencia Tributaria inspeccionaba el impuesto de sociedades de varias empresas y descubrió presuntas mordidas para autorizar parques eólicos con un modus operandi que consistía en forzar a las eléctricas asociarse con empresarios locales elegidos por la Junta. En ese año, según datos de Red Eléctrica Española (REE), Castilla y León era la Comunidad con mayor potencia eólica en España, 5.560,01 megavatios instalados, el 24,2% del total nacional repartido en 241 parques.

Mediante la trama, parques que habían permanecido paralizados durante años, conseguían los permisos cuando en el accionariado entraba una compañía de la Comunidad. En la Consejería de Economía se manejaba una lista con los empresarios (que formaban parte del sector de la industria, la construcción o la alimentación) con los que Endesa e Iberdrola debían asociarse. Una vez conseguida la autorización, la eléctrica se hacía mediante la compra de las acciones con el 100% de la sociedad. El papel de los empresarios era, también según las declaraciones judiciales, figurar, ya que no realizaron ningún trámite administrativo. Así es como, según el fiscal anticorrupción, se pagaron 75 millones en mordidas. Lo único que no ha quedado claro es dónde acabó el dinero.

El acusado principal es el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, de quien el fiscal dijo que estuvo “de continuo, delinquiendo todo el tiempo, desde el año 2004 hasta el último acto de blanqueo de capitales que se le imputa”. Se enfrenta a una petición de pena de 42 años de cárcel y multas por valor de 239 millones de euros por delitos de prevaricación, cohecho, extorsión, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Por detrás de Delgado van los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, ambos con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente y el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa. Se juzga la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, tráfico de influencias y extorsión.

Delgado siempre ha mantenido que cumplía órdenes del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, que murió poco antes de declarar como imputado, en 2017. Rafael Delgado aportó una serie de correos electrónicos en los que tanto las eléctricas como los empresarios se dirigían directamente a Villanueva para agilizar la autorización de parques y comunicarle las alianzas son los empresarios afines.

El principal beneficiado de la trama es Alberto Esgueva, que fue consejero delegado de una de las sociedades públicas de la Consejería de Economía entre los años 2003 y 2006. Según la querella, en 2004, mientras Esgueva formaba parte de la Junta y siendo el administrador de la mercantil San Cayetano Wind, Delgado “decidió que se le asignaran parques cuya potencia eólica sumara 500 megavatios” y que fueran “de los que estuviesen más avanzados”. De la venta de las acciones de una sociedad que formó con Iberdrola y en la que aportó 24.400 euros, sacó 47 millones. Pero hubo alguna más que le hizo ganar 6 millones.

El partido Cockroach Janta (CJP) o Partido Popular de las Cucarachas empezó a movilizarse en la India al calor de una broma en Internet, pero con el impulso de millones de jóvenes descontentos de la India se ha convertido rápidamente en uno de los desafíos más inesperados para el poderoso gobierno de derechas de Narendra Modi.

El CJP fue fundado en mayo por Abhijeet Dipke, de 30 años, un ciudadano indio recién graduado en una universidad de EEUU. Indignado por los comentarios del presidente del Tribunal Supremo de la India, quien comparó a los jóvenes parados del país con “parásitos” y “cucarachas” durante una vista en el Tribunal Supremo, Dipke lanzó en tono de broma un llamamiento en las redes sociales: “¿Y si todas las cucarachas se unieran?”.

La respuesta fue abrumadora. Dipke creó una página web y cuentas en redes sociales para un partido satírico llamado “Cockroach Janta” —una pulla al partido gobernante de Modi, el Bharatiya Janata Party (BJP) o Partido Popular Indio—, con un manifiesto mordaz dirigido contra el Gobierno y un eslogan: “Un partido político para la gente que el sistema se olvidó de contar”.

En dos semanas, la página de Instagram del CJP ya contaba con más de 22 millones de seguidores, superando al BJP. El Gobierno de Modi, muy intolerante con las críticas, intentó bloquear sus cuentas en las redes sociales alegando motivos de seguridad nacional, pero no lo consiguió.

¿Cuáles son las causas que defiende el CJP?

A medida que el CJP comenzaba a movilizar apoyos, Dipke centró el movimiento en un tema candente para muchos de los millones de estudiantes de la India: las filtraciones de los exámenes de acceso a la carrera de medicina, que se han vendido repetidamente al mejor postor.

La presión sobre los estudiantes para que tengan éxito es agobiante: más de dos millones de aspirantes compiten por tan solo 130.000 plazas. Muchas familias gastan los ahorros de toda la vida y se endeudan hasta las cejas para pagar a sus hijos clases particulares de preparación para estos exámenes de medicina, tristemente célebres por lo agotadores que resultan y a los que se conoce por las siglas NEET. En la India se gasta ahora más en clases particulares que en todo el presupuesto gubernamental destinado a la educación superior.

Una serie de filtraciones de exámenes ha obligado a millones de estudiantes a repetir las pruebas y se ha relacionado con docenas de suicidios en los últimos años. Los exámenes NEET tampoco son los únicos que se han filtrado.

Se ha acusado al Gobierno de Modi de no asumir la responsabilidad por el fiasco de las pruebas. El CJP comenzó a movilizar a sus seguidores en torno a este tema, exigiendo que el Gobierno rinda cuentas por las filtraciones y que el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, dimita.

Para muchos jóvenes de la Generación Z y millennials de la India, el CJP también ha dado voz al descontento generalizado por la crisis del sistema educativo y la histórica insuficiencia del mercado laboral. Según un estudio reciente, casi el 40% de los titulados universitarios menores de 25 años están en paro.

¿Cuándo salió a la calle el CJP por primera vez?

La primera protesta presencial del CJP tuvo lugar en Delhi a principios de junio,y en ella se exigió la dimisión de Pradhan. Dipke regresó de EE UU para encabezar la manifestación, primero en Delhi y después en actos por todo el país.

Los simpatizantes del CJP celebraron su segunda gran protesta en Delhi antes de que acabase el mes, y esa vez se comprometieron a no moverse del lugar hasta que Pradhan se fuera. A los manifestantes se unió Sonam Wangchuk, un destacado ingeniero y activista educativo del estado indio de Ladakh, que el año pasado fue detenido y encarcelado por el Gobierno en virtud de la legislación antiterrorista por su actividad de movilización.

Wangchuk anunció que emprendería una huelga de hambre al estilo de Gandhi en solidaridad con los estudiantes y que no comería hasta que el ministro de Educación dimitiera.

La protesta y la huelga de hambre de Wangchuk han seguido en julio, y en ese tiempo han recibido la visita de varias figuras destacadas de la oposición. Sin embargo, el Gobierno de Modi no ha entablado diálogo alguno con el CJP ni con Wangchuk, y Pradhan los ha tildado de “equipo suplente de terroristas”.

¿Cómo ha movilizado Sonam Wangchuk el apoyo?

El estado de salud de Wangchuk ha ido empeorando tras más de dos semanas de huelga de hambre, lo que ha hecho crecer las críticas al Gobierno. Tras 18 días, el tribunal de Delhi ordenó que se supervisara su estado de salud a diario.

El domingo por la mañana, cuando ya llevaba 20 días de huelga, la policía de Delhi desató la indignación nacional al llegar y llevarse a la fuerza a Wangchuk a un hospital público. La policía afirmó que era para proteger su salud; su esposa lo condenó como una “detención ilegal”.

Desde su cama de hospital, Wangchuk hizo un llamamiento a los simpatizantes del CJP para que marcharan hacia el Parlamento el lunes y exigieran la dimisión de Pradhan.

¿Qué magnitud tuvo la protesta del lunes?

La protesta del CJP del lunes se convirtió en una de las mayores manifestaciones antigubernamentales de los últimos años. A primera hora de la mañana, miles de manifestantes comenzaron a acudir en masa a las calles del centro de Delhi, sumándose a los cientos que ya habían acampado allí durante la noche.

La multitud estaba compuesta en su mayoría por estudiantes y otros jóvenes, pero también había una gran presencia de padres cuyos hijos se habían visto afectados por las filtraciones.

La policía de Delhi denegó a los manifestantes el permiso para marchar hacia el Parlamento. Se bloquearon las carreteras de toda la ciudad con barreras, se cortó el acceso a Internet y se acorraló a los manifestantes en una zona acotada para la protesta, situada a aproximadamente 1,6 kilómetros del Parlamento. Sin embargo, los manifestantes siguieron llegando en masa, hasta reunir a más de 20.000 personas a primera hora de la tarde.

Cuando la multitud intentó avanzar hacia el Parlamento, la policía respondió con violencia, con cargas con porras y gas lacrimógeno, lo que provocó críticas por parte de los líderes del CJP y de la oposición. Tanto manifestantes como policías resultaron heridos en los enfrentamientos. Dipke condenó la respuesta policial calificándola de “absolutamente brutal”.

¿Qué va a pasar ahora?

Tras semanas ignorando al movimiento CJP, el Gobierno de Modi ofreció una reunión el lunes por la mañana. En un breve encuentro de 10 minutos, se plantearon tres reivindicaciones, pero hasta el momento “no se ha asumido ningún compromiso”, según el portavoz del CJP.

No ha habido ninguna respuesta pública a la protesta por parte de Pradhan. A última hora del lunes, incluso mientras la policía intentaba desalojar el campamento de protesta de Delhi, Dipke subrayó que, mientras Pradhan permaneciera en su cargo, no se moverían de allí. “¡Esta protesta pacífica no va a terminar!”, rezaba la publicación del partido en X.

La UCO de la Guardia Civil, en su último informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán y sobre la empresa Servinabar 2000, apunta a presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de la recién inaugurada cárcel de Zubieta, en Donostia. Detalla que el empresario Antxon Alonso, presunto socio del exdirigente del PSOE en Servinabar 2000 y administrador de esa mercantil, habría participado en la preparación de una oferta de una UTE entre Acciona, Cycasa y Murias, la adjudicataria, y que después había recibido pagos, que ascendieron a 181.492,74 euros.

La cárcel de Zubieta fue construida por el Gobierno de España y adjudicada en 2021 por 42,7 millones de euros. Ese mismo año, los Ejecutivos central y vasco acordaron la transferencia de Prisiones a la comunidad autónoma pero se acordó que Zubieta seguiría siendo responsabilidad del Estado hasta la finalización de las obras. Así, ha sido este mes de junio cuando se abierto el nuevo presidio que sustituye al viejo de Martutene, que ha sido entregado al Estado para su demolición y el inicio de un plan de construcción de viviendas.

En 2018, Alonso envió a un directivo de Acciona una noticia con los planes para las futuras obras. Acababa de llegar el PSOE al Gobierno de España. Servinabar 2000 tenía un acuerdo con Acciona para acceder a diferentes obras públicas en Navarra y fuera de ella. Oficialmente, la licitación fue anunciada en noviembre de 2020. A los cinco días, Alonso escribió al presidente de Sumelzo, Juan Sumelzo: “Me llega que tu amigo tiene interés. Hablamos”. Es la compañía de la familia de la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo.

En diciembre, un Alonso sin participación aparente en una UTE de Acciona, Murias y Cycasa, recibió un mensaje con el acuerdo de reparto entre esas empresas. En un nuevo intercambio con su contacto en Sumelzo, Alonso le explicaba que del 25% que correspondía a Cycasa ellos tendrían un porcentaje. “De ese 25 ellos el 15 y nosotros el 10”, exponía. En febrero de 2021 se confirmó la adjudicación de las obras de Zubieta a Acciona, Murias y Cycasa. Y empezaron los pagos de esta última a Servinabar 2000. Además de los 181.492,74 euros pagos de Cycasa se registaron 12.100 directamente abonados por Sumelzo.

En esta trama de corrupción, la Guardia Civil, que ejerce de Policía judicial, encontró un documento en la casa de Alonso en Elorrio por el cual el 45% de Servinabar 2000, aunque no estuviera escriturado, era de Cerdán, a quien le unía una relación de amistad. En 2021, tal y como se investiga en otra causa judicial, Alonso también participaba en un grupo llamado Hirurok con el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero y con la vizcaína Leire Díez. Se analiza si igualmente cobraban comisiones por operaciones como el rescate de Tubos Reunidos.

Unidas por Extremadura ha registrado una propuesta de Ley para la creación de la Oficina Extremeña contra el Fraude y la Corrupción, para “prevenir, investigar y denunciar” este tipo de casos de “mala gestión del dinero público”, norma que contemplaría multas de hasta 100.000 euros. Para la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, n éste sería un organismo “independiente” que se encargaría que “no viene a generar más burocracia” sino, a “proteger el dinero de los extremeños y las extremeñas”.

De Miguel ha indicado que esta oficina, una herramienta “muy útil para evitar que la corrupción campe a sus anchas” a su juicio, ya existe en otras comunidades como Andalucía, Baleares, Navarra y Comunidad Valenciana, recoge el partido en nota de prensa. “Queremos ver si el Partido Popular y Vox, que ahora parecen tan adalides de la lucha contra la corrupción, están decididos a hacer algo”, ha señalado la portavoz de Unidas por Extremadura.

La portavoz de la coalición de izquierdas ha indicado que “se pueden hacer dos cosas”, por un lado “utilizarla como arma arrojadiza contra el adversario político”, o “poner herramientas que realmente eviten que el dinero público se malgaste y se derroche”. “Nosotros somos de la segunda opción”, ha dicho De Miguel, quien ha reclamado que se ponga esta herramienta en funcionamiento porque es “la más útil y más eficaz para luchar contra la corrupción en las administraciones públicas”.

De esta forma, ha reclamado a las instituciones “transparencia” y con el dinero público así como “cultura contra la corrupción”, y ha asegurado que éste debería ser un asunto “de consenso”. “Hay que identificar dónde podemos mejorar para que el dinero público no se vaya a donde no se debe”, ha explicado sobre una de las funciones de esta oficina.

Denuncias anónimas

La propuesta de ley recoge que la oficina tendría entre sus funciones la de prevención con la elaboración de códigos éticos y de buenas prácticas, así como la formación en integridad pública, la investigación y lucha contra la corrupción, colaboración institucional y protección de denunciantes.

Según la iniciativa de Unidas, estaría dirigida por una persona elegida por la Asamblea de Extremadura por mayoría de tres quintos que acredite más de diez años de experiencia en prevención y lucha contra la corrupción y que gozaría de independencia, inamovilidad y régimen estricto de incompatibilidades.

Se crearía un canal específico para que cualquier ciudadano pudiera presentar denuncias, quejas o sugerencias relacionadas con posibles irregularidades y se admitirían las denuncias anónimas.

En cuanto a las infracciones, la ley tipificaría de muy graves, como obstruir investigaciones, represaliar denunciantes o presentar denuncias falsas dolosas, con multas que irían de los 30.001 y a los 100.000 euros.

También graves como impedir denuncias o incumplir el deber de colaboración, con multas de entre 3.001 y 30.000 euros; y leves como no denunciar hechos obligatorios o responder fuera de plazo a requerimientos, con apercibimiento o entre 300 y 3.000 euros.

Llamada de atención de la Comisión Europea a España por los casos de corrupción y la independencia del poder judicial. En el informe anual que elabora la institución europea sobre el Estado de Derecho, que va a ser presentado este viernes, se reprende al Gobierno de Pedro Sánchez por los limitados avances en la lucha contra la corrupción, según ha adelantado Politico.

Para Bruselas, el proyecto de Ley de Integridad Pública y el Plan Estatal contra la Corrupción no han tenido una aplicación eficaz y se le pide al Ejecutivo que haga un esfuerzo por la implementación de medidas para reducir los casos de corrupción. En este sentido se recuerda que es necesario la creación de un organismo supervisor independiente con competencias efectivas de investigación y sanción.

Hace un mes, El Tribunal Supremo condenó a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama.

El informe sobre el Estado de Derecho hace una llamada especial para el endurecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y de los requisitos de declaración de bienes de los altos cargos públicos.

El análisis de la Comisión Europea llega la misma semana en la que un tribunal ha condenado al hermano del presidente Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses o cuando la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado avalar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que el caso abierto en 2024 contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, siga por el procedimiento de jurado popular para determinar si es culpable de tráfico de influencias y malversación.

Tanto el presidente del Gobierno como varios ministros han comentado que los procedimientos judiciales en torno a los familiares de Pedro Sánchez tienen más que ver con motivaciones políticas y actuaciones de lawfare (utilización de la justicia con fines políticos) por parte de los jueces.

Además, Bruselas respalda, como ha hecho la Comisión de Venecia (órgano consultivo independiente del Consejo de Europa), que la elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial sea por parte de los jueces, sin pasar por el Parlamento.

Respecto a la independencia judicial, el informe destaca como positivo el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga al fiscal la instrucción de los delitos tal y como ocurre en la mayoría de países europeos, y la limitación de la acción popular, restringiendo los delitos que pueda ejercer esta acusación, aunque esta norma sigue en la Cámara Baja sin posibilidad de aprobarse.

En el informe también señala que el proyecto de ley destinado a aumentar la transparencia de las actividades de lobby sigue sin ser aprobado por el Congreso y que, consecuentemente, no hay avances en en la reforma de la regulación de los grupos de presión en España. La Comisión Europea ya había pedido a España que era urgente la creación de un registro público de carácter obligatorio para los lobistas.