Miguel Tur Contreras (PP), tercer teniente de alcalde de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) y concejal de Turismo y Fiestas, ha reconocido que llamó a varias empresas para intentar que alguna comprara la hipoteca que pesaba sobre la vivienda de su hermana. Entre ellas estaba Ice Properties S.L., la única que, según su versión, aceptó participar en la operación inmobiliaria que ahora investiga la Justicia. La sociedad está vinculada al grupo empresarial de Duane Gary Lineker, quien posee numerosos negocios en la bahía de Portmany y es propietario de O Beach, el hotel-discoteca que está en el punto de mira de los ecologistas.

La operación, que acabó con la compra de la vivienda por parte del concejal, está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa tras admitir a trámite una querella por un presunto delito de alzamiento de bienes. Tanto Tur como su hermana figuran como investigados en el marco de esta causa. El juez busca esclarecer cuáles fueron las circunstancias de la compraventa, que se formalizó el 20 de diciembre de 2024, según el auto consultado por elDiario.es.

El inmueble arrastraba desde años atrás una compleja situación de cargas. En 2018 había sido hipotecado por 160.000 euros y, tras la integración de Bankia en CaixaBank, el crédito pasó primero a manos del fondo Promontoria Backgammon Designated Activity Company y después a Ice Properties S.L., sociedad vinculada al conglomerado empresarial de Duane Gary Lineker.

La cesión del crédito a Ice Properties S.L. se formalizó el 9 de agosto de 2024, apenas cuatro meses antes de que Tur adquiriera la vivienda. Para entonces, sobre el inmueble pesaban ya dos embargos de la Seguridad Social (por 4.626 y 21.715 euros), a los que el 30 de diciembre se sumaría una anotación de embargo del propio Ayuntamiento de Sant Antoni por 5.663 euros. La ejecución de la hipoteca por impago ya había avanzado en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Eivissa ordenó expedir, en mayo de 2023, la certificación de cargas del inmueble. Es decir, el trámite legal previo e indispensable conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil para fijar fecha y sacar la vivienda a subasta pública.

Tur llamó a Ice Properties para salvar el piso de su hermana

Durante el pleno extraordinario celebrado este jueves para tratar el asunto, Tur Contreras explicó que tuvo conocimiento de la situación un mes antes de que se produjera el embargo y que, según su relato, la deuda de su hermana ponía en riesgo el patrimonio familiar. Asegura que el banco le comunicó que el piso de su hermana ya estaba perdido y que un fondo buitre de Madrid se había quedado con él. También le advirtieron, según su versión, que disponía de tres semanas para abonar 190.000 euros si quería evitar perder el resto de la casa de sus padres.

El concejal afirma que acudió al banco y habló con varias entidades para conseguir una hipoteca, pero que ninguna podía concedérsela en el plazo que necesitaba. “Me decían que sí, que me concederían la hipoteca, pero que era imposible hacerlo en tres semanas”, asegura. Se la daban en tres meses. Ante esa situación, asegura que empezó a llamar a empresarios y que “la única empresa que respaldó la operación fue Ice Properties”. Según su explicación, Ice Properties adquirió el crédito el 9 de agosto de 2024 y Tur adquirió la vivienda el 20 de diciembre de ese mismo año, momento en el que se canceló la deuda gracias a la nueva hipoteca suscrita a su nombre.

El edil defiende que se trató de una operación “legal y habitual en el ámbito inmobiliario” y sostiene que Ice Properties no obtuvo otro beneficio que recuperar el dinero invertido más los intereses. “Recuperó su inversión con los intereses, que ya he abonado. Pagué un interés mucho más alto que el que me pedía el banco”, ha afirmado.

“Los contactos comenzaron unos 20 días antes de la adquisición del crédito, es decir, a mediados de julio de 2024, más de tres meses después del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 4 de abril de 2024 sobre la licencia”, ha matizado. Tur se refiere a un expediente relacionado con una promoción de 16 viviendas de Ice Properties en la calle Vedranell del municipio. En esa Junta de Gobierno Local, Tur y el resto de concejales del Ejecutivo votaron a favor, mientras que el PSOE, en la oposición, considera que el tercer teniente de alcalde debería haberse abstenido de votar.

Un año después, en la Junta de Gobierno Local del 15 de abril de 2025, a la que asistió Tur Contreras, y donde también votó a favor, se aprobó ese expediente. Además, la Junta aceptó la cesión gratuita al Ayuntamiento –por parte de la empresa– de 13 metros cuadrados de terreno destinados a viales, una cesión que formaba parte de las condiciones de la licencia urbanística concedida a la sociedad el 4 de abril de 2024 para construir el edificio, con piscina, elementos comunes, aparcamiento y urbanización simultánea.

Posible conflicto de interés

El PSOE, en la oposición, considera que las relaciones de Tur con Ice Properties en torno a la operación inmobiliaria podrían constituir un conflicto de interés, debido a que el holding de O Beach (que incluye a Ice On The Beach S.L. y otras muchas empresas) mantiene relaciones económicas con el Ayuntamiento a través de la adjudicación de contratos. “Según la documentación recabada por este grupo municipal, el importe de las operaciones con sociedades vinculadas a este empresario supera los 2 millones de euros en los últimos tres años, extremo cuyo desglose por sociedad y ejercicio y expediente solicitamos que se facilite”, ha exigido Antonio Lorenzo, portavoz de los socialistas.

Lorenzo afirma que parte de esta contratación se ha realizado “mediante contratos menores” y que “en distintos expedientes constan reparos de la función interventora que deben examinarse individualmente”. En total, son 1,7 millones de euros que corresponden a licitaciones, más de 200.000 euros a contratos menores y 600.000 euros a gastos tramitados mediante omisión de la función interventora.

“Por tanto, resulta necesario conocer si el señor Tur ha intervenido en la selección de proveedores, promoción de contratos, solicitud de presupuestos, aprobación de gastos, conformidad de facturas o en comisiones de valoración donde hubieran participado alguna de estas empresas”, considera.

En las áreas gestionadas por Miguel Tur se han identificado esta legislatura un total de cinco contratos menores –cuatro con Essex Maintenance S.L. y uno con Xada Luxury S.L.– por un importe de 33.000 euros, según Lorenzo. Por otro lado, por omisión de función interventora, siete facturas –seis de Essex Maintenance S.L. y una de IOB Seguridad y Custodia S.L.– por un importe total de 58.700 euros. Además, se menciona un contrato respecto a las casetas del mercado de Navidad de los años 2023, 2024, 2025 y 2026, donde resultó adjudicataria Cebo Beach S.L.

Tur afirma que no ha trabajado para el holding esta legislatura

Asimismo, los socialistas señalan que Miguel Tur es, desde enero de 2017, asesor gastronómico y responsable de compras de Sol Bay S.L. y Ice Mountain Ibiza S.L., según consta en su perfil de Linkedin. Estas sociedades están vinculadas a Duane Gary Lineker. Tur tiene una dedicación del 90% en el Ayuntamiento, así como una retribución de 41.269,03 euros brutos, según el Portal de Transparencia municipal. 

Sin embargo, Tur niega haber trabajado para las empresas del holding de Lineker durante esta legislatura. “No tengo dedicación exclusiva, como concejal, ya que soy autónomo. He trabajado para muchas empresas de la isla, pero lo más importante es que durante esta legislatura no he tenido relación laboral alguna con empresas vinculadas con el grupo empresarial. Una compraventa privada de una vivienda familiar no es una actuación que haya que comunicar al Ayuntamiento. Por lo que en ese momento no lo comuniqué”, ha defendido.

Frente al resto de acusaciones, Tur ha defendido que cinco de los acuerdos municipales señalados por la oposición se aprobaron antes de la operación inmobiliaria y que todos contaban con informes favorables. “Todas, repito, todas estas resoluciones contaban con el informe favorable de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento”, ha asegurado. El concejal sostiene, además, que en esos expedientes “no concurría ninguna causa de abstención” y que “no existía ninguna deuda ni obligación económica entre referidas empresas y yo”.

El edil también ha matizado la cifra de más de dos millones de euros mencionada por los socialistas. Según su explicación, ese importe incluye contratos adjudicados mediante licitaciones públicas abiertas, entre ellos las obras de la escoleta de Sant Rafel, por 1,52 millones de euros, a lo que hay que sumar cinco lotes de limpieza de edificios, el contrato de gestión de incidencias de la línea verde y el de reparación de aceras.

En cuanto a los gastos tramitados desde la Concejalía de Fiestas y Comercios, Tur ha señalado que durante esta legislatura constan 16 servicios adjudicados a algunas de esas sociedades por un importe total de 74.704 euros. Según ha explicado, ocho cumplen las bases de ejecución presupuestaria y los otros ocho cuentan con anotaciones de los servicios económicos, que ha detallado y justificado. Entre los casos figura una factura por los trabajos de seguridad del mercado de Navidad, cuya entrada se produjo en febrero de 2024 y para la que no se formalizó contrato. Tur ha justificado esa contratación por “el crecimiento del evento” y por la necesidad de garantizar la seguridad ante “el aumento de la afluencia y la ampliación del mercado respecto a otros años”.

Las distintas velocidades a la que avanzan los procedimientos judiciales afecta de forma positiva a los intereses de Fernando Camino Maculet, el alto directivo de Quironsalud sospechoso de haber camuflado el cobro de una comisión por la compraventa de mascarillas junto a Alberto González Amador. Un escrito presentado ante el juzgado por el fiscal del caso revela que la imputación “material” del directivo no se produjo este mes, como se creía, sino en el mismo momento que se abrió la investigación por corrupción en los negocios y administración desleal, hace 30 meses. En todo este tiempo, Camino no ha sido llamado a declarar y solo en junio pasado el magistrado autorizó a la UCO a revisar sus cuentas bancarias.

A la confusión sobre la situación judicial de Fernando Camino ha contribuido el hecho de que la anterior jueza del caso, Inmaculada Iglesias, citara a declarar en un primer momento a González Amador y a Gloria Carrasco, pero no al directivo de Quirón, pese a la solicitud de la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid. Las sospechas sobre la participación de Camino en los hechos crecieron tras las comparecencias de ambos, en abril de 2025, pero tampoco eso motivó la citación del miembro del consejo director del gigante de la sanidad privada. 

Alberto González Amador, conocido por su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio un salto en su carrera empresarial cuando obtuvo casi 2 millones de euros en 2020 por la comisión de una venta de material sanitario en los inicios de la pandemia del Covid-19. Había pactado con una empresa catalana un porcentaje previo por cualquier operación y entonces llegó la oferta de Mape, sociedad gallega a cuyo consejo de administración pertenecía Fernando Camino. Este directivo lleva dando trabajo desde su puesto en Quirón a las empresas de González Amador desde hace 15 años. La Fiscalía cree que ambos ocultaron un pacto para que Camino facilitara la compra del material por Mape y luego repartirse la comisión de esa operación con González Amador. Con posterioridad este habría disfrazado el pago a Camino comprando por medio millón de euros una empresa de la mujer del directivo de Quirón, pese a que apenas tenía valor. 

El cambio de titular en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid no hizo más que ralentizar el caso del presunto “soborno”. Antonio Viejo tardó seis meses en autorizar la solicitud de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de acceder a las cuentas de González Amador, Gloria Carrasco y Fernando Camino. En el mismo auto negaba a los investigadores manejar la información societaria y tributaria de los tres. Ahora, la Audiencia Provincial ha corregido a Viejo y ha dado vía libre para que los agentes emprendan una investigación completa e indaguen en todos los ámbitos solicitados. La UCO ha bautizado sus pesquisas como Operación Cirbelia.

El pasado junio, el fiscal Diego Lucas presentó un escrito en el juzgado pronunciándose sobre varias cuestiones que le reclamaba el juez. En ese escrito aclara la confusión durante todo este tiempo: “Fernando Camino Maculet tiene materialmente la condición de investigado en este procedimiento desde el 23 de octubre de 2024”. Ese documento de junio fue adelantado por elDiario.es el pasado miércoles.

El fiscal explica que la imputación “material” de Camino está en el auto por el que la jueza abrió una pieza separada del caso de fraude fiscal contra González Amador. Esa pieza está destinada a investigar el presunto “soborno” a Camino por parte de González Amador a través de la compra de Círculo de Belleza SL, como se llamaba la sociedad de Gloria Carrasco.

“En el fundamento tercero del auto se identifica a Fernando Camino por su nombre –párrafo 7– y su cargo –presidente de Quirón Prevención–, y a lo largo de los seis folios de extensión se razonó con apoyo en varios indicios por qué la situación profesional de Fernando y el cobro de la ilícita comisión de medio millón de euros no pueden separarse del pago de la comisión sin prescindir de las reglas de la lógica y la experiencia”, escribió el fiscal el 18 de junio. 

Por si hubiera alguna duda sobre los indicios contra Camino y su situación de investigado, la UCO “solicitó en diciembre de 2025 recabar toda la información bancaria, tributaria y de Seguridad Social, no solo sobre Alberto González Amador y Gloria Carrasco Fernández, sino también sobre el único nexo entre ambos: Fernando Camino, quien es a la vez amigo, socio y jefe de Alberto, y marido de Gloria”, recupera el fiscal. A continuación, Diego Lucas recuerda que ya en ese momento el juez había autorizado a que la UCO accediera a los datos bancarios de los tres. 

Una vez expuesto todo ello, el fiscal concluye que “procede sin más demora que este investigado sea formalmente llamado al proceso para ser oído”. El juez accedió a la declaración de Camino este mismo octubre, tres meses después de que se lo pidiera el fiscal. La comparecencia está fijada para el 3 de diciembre, casi medio año del escrito de la Fiscalía diciendo que no cabía “más demora”.

Camino y su puesto directivo

La revelación del fiscal sobre la imputación de Camino en 2024 no modificará su situación en la compañía. “Nuestra posición es clara”, explica un portavoz de Quirón. “Estar investigado no es estar condenado se trate de quien se trate. Nuestro propio código ético lo recoge así. Cualquier medida se toma garantizando el derecho de defensa y la presunción de inocencia”. 

Cualquiera puede consultar el código de conducta del gigante sanitario en su página web.“Rechazamos todas las formas de corrupción y no participamos en tales actividades. Evitamos todas las situaciones en las que pueda surgir el más mínimo atisbo de corrupción”. La aplicación del mismo no afectaría únicamente a Fernando Camino. El texto indica que se aplica también a “colaboradores personal externo”, así como a “aquellas personas y/o sociedades que presten sus servicios a través de contratos de prestación de servicio”.

La relación laboral de Alberto González Amador con Quirón no ha estado nunca clara. Cuando elDiario.es desveló la querella de la Fiscalía contra él, el empresario tenía una cuenta de correo electrónico corporativo de la compañía. Por su parte, Gloria Carrasco dijo en su declaración que su marido trabajaba en las oficinas a escasos metros de González Amador. 

Alberto Gonzalez Amador multiplicó por siete sus ingresos procedentes de Quirón cuando empezó, alrededor de 2021, su relación con Isabel Díaz Ayuso. En los últimos meses, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el empresario han dejado de convivir, sin que haya trascendido si siguen manteniendo algún tipo de relación. 

Ayuso comenzó a vivir con González Amador en julio de 2023, un año después de que él comprara un piso en el distrito de Chamberí para el que adelantó una cantidad casi idéntica a la que Hacienda le acusa de haber defraudado, 350.000 euros. Ambos disfrutaron también de un ático en la planta superior por el que el empresario pagaba 5.000 euros mensuales con derecho a una compra que terminó ejecutando a finales del verano de 2025. El pasado verano de 2026, Alberto González Amador puso en venta las dos propiedades. Ha trascendido que Díaz Ayuso se ha mudado a un piso en Puerta de Hierro. 

Una funcionària de Presidència del Govern assegura que el gabinet de Marga Prohens va descartar recórrer a xofers d'altres conselleries per cobrir temporalment la plaça de conductor personal de la presidenta, una vacant que va acabar ocupant un familiar d'Alejandro Jurado, cap de Gabinet de la dirigent del PP i investigat per presumptes irregularitats en el procés de selecció. L'empleada va justificar que aquesta opció hauria deixat sense conductor els departaments d'origen.

La treballadora va declarar com a testimoni aquest dimecres davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma, en el marc de la causa que investiga el presumpte tracte de favor a un familiar de Jurado —el fill d'un cosí seu— per ocupar una plaça de conductor adscrita a Presidència. En la seva compareixença, recollida per Diario de Mallorca i confirmada per elDiario.es, la funcionària va explicar que una de les alternatives per cobrir la vacant era recórrer a una comissió de serveis per incorporar temporalment un xofer d'una altra conselleria. Tanmateix, va assenyalar que aquesta opció hauria pogut traslladar el problema a un altre departament, que es quedaria sense un dels seus conductors i hauria de buscar-ne un substitut.

A preguntes de la defensa, la testimoni també va declarar que la borsa de xofers interins consultada per cobrir la plaça estava obsoleta, ja que tenia uns deu anys d'antiguitat i no s'havia actualitzat. Per tant, la relació d'aspirants no constituïa, al seu parer, una via adequada per resoldre la necessitat de personal.

La funcionària també va manifestar que, en tractar-se d'un lloc de confiança —en aquest cas, de xofer i secretari personal—, la selecció es podia fer sense baremar els mèrits dels aspirants i sense haver de recórrer necessàriament a candidats de la borsa ni a una comissió de serveis.

Una plaça sota sospita

La causa judicial investiga Alejandro Jurado per la presumpta manipulació del procés de selecció per cobrir la plaça de xofer de Presidència. La querella la va presentar un conductor funcionari de carrera amb més de tres dècades de servei públic, que sosté que les regles de selecció es van modificar per afavorir un familiar del cap de Gabinet: el fill d'un cosí seu.

Segons la querella, uns 200 aspirants es van presentar inicialment al procés i el candidat finalment seleccionat no encapçalava la classificació per mèrits. L'escrit sosté que, posteriorment, es van introduir criteris discrecionals que van permetre escollir la persona considerada més adequada.

El maig passat, Jurado va negar les irregularitats davant la jutgessa i va defensar que el procediment s'havia desenvolupat amb legalitat i transparència. L'investigat va al·legar que la cobertura de la vacant responia a una necessitat temporal provocada per la baixa laboral d'un dels conductors oficials del Govern. També va defensar que la plaça s'havia de cobrir mitjançant lliure designació, atès que estava vinculada directament a Presidència, i va atribuir a un error la convocatòria inicial mitjançant un concurs amb baremació de mèrits. Segons la seva versió, aquest error es va corregir posteriorment per ajustar el procediment a la lliure designació.

La investigació judicial se centra precisament en aquest canvi de criteri. La querella sosté que, després d'una primera baremació en què el familiar de Jurado no hauria obtingut la millor puntuació, es van modificar les bases del procediment per permetre una selecció discrecional i afavorir-ne la contractació. El denunciant descriu la maniobra com una actuació “il·legal, injusta i arbitrària” i acusa l'entorn de Presidència d'alterar les regles a posteriori per garantir-ne el nomenament.

El cas va adquirir notorietat després que el xofer contractat estavellàs el cotxe oficial de Marga Prohens pocs mesos després d'incorporar-se al lloc. L'accident, que es va produir després que hagués deixat la presidenta a la terminal de l'aeroport de Palma, va deixar el vehicle sinistrat i va situar sota el focus públic la contractació impulsada des de l'entorn més pròxim a la presidenta.

Una funcionaria de Presidencia del Govern asegura que el gabinete de Marga Prohens descartó recurrir a chóferes de otras consellerias para cubrir temporalmente la plaza de conductor personal de la presidenta, una vacante que terminó ocupando un familiar de Alejandro Jurado, jefe de Gabinete de la dirigente del PP e investigado por presuntas irregularidades en el proceso de selección. La empleada justificó que aquella opción habría generado un vacío en los departamentos de origen, que se habrían quedado sin personal.

La trabajadora prestó declaración como testigo este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el marco de la causa que investiga el presunto trato de favor a un familiar de Jurado -el hijo de un primo- para ocupar una plaza de conductor adscrita a Presidencia. En su comparecencia, recogida por Diario de Mallorca y confirmada por elDiario.es, la funcionaria incidió en que una de las alternativas a la que podían acudir para cubrir la vacante pasaba por recurrir a una comisión de servicios para incorporar temporalmente a un chófer de otra conselleria. Sin embargo, señaló que esta opción podía trasladar el problema a otro departamento, que perdería a uno de sus conductores y tendría que buscar un sustituto.

A preguntas de la defensa, la testigo declaró también que la bolsa de chóferes interinos que se consultó para cubrir la plaza estaba obsoleta, ya que tenía unos diez años de antigüedad y no se había actualizado. La relación de aspirantes, por tanto, no ofrecía una vía que la funcionaria considerase adecuada para resolver la necesidad de personal.

Con todo, manifestó que, al tratarse de un puesto de confianza (en este caso, chófer y secretario personal), la selección podía realizarse sin una baremación de méritos y sin tener que recurrir necesariamente a candidatos de la bolsa o a una comisión de servicios.

Una plaza bajo sospecha

La causa judicial investiga a Alejandro Jurado por la presunta manipulación del proceso para cubrir la plaza de chófer de Presidencia. La querella fue presentada por un conductor funcionario de carrera con más de tres décadas de servicio público, que sostiene que las reglas de selección se modificaron para favorecer a un familiar del jefe de Gabinete: el hijo de un primo suyo.

Según la denuncia, unos 200 aspirantes concurrieron inicialmente al proceso y el candidato finalmente seleccionado no encabezaba la clasificación por méritos. La querella sostiene que después se introdujeron criterios discrecionales que permitieron escoger a la persona considerada más adecuada.

El pasado mes de mayo, Jurado negó las irregularidades ante la jueza y defendió que el procedimiento se desarrolló con legalidad y transparencia. El investigado, quien defendió que la cobertura de la vacante respondió a una necesidad temporal provocada por la baja laboral de uno de los conductores oficiales del Govern, alegó que la plaza debía cubrirse mediante libre designación, al tratarse de un puesto vinculado directamente a Presidencia, y atribuyó a un error la convocatoria inicial mediante concurso con baremación de méritos, un extremo que posteriormente se corrigió para ajustarlo al procedimiento de libre designación.

La investigación judicial se centra precisamente en ese cambio de criterio. La querella sostiene que, después de una primera baremación en la que el familiar de Jurado no habría obtenido la mejor puntuación, se modificaron las bases del procedimiento para permitir una selección discrecional y favorecer su contratación. El denunciante describe la maniobra como una actuación “ilegal, injusta y arbitraria” y acusa al entorno de Presidencia de alterar las reglas “a posteriori” para garantizar el nombramiento.

El caso adquirió notoriedad después de que el chófer contratado acabara estrellando el coche oficial de Marga Prohens apenas unos meses después de incorporarse al puesto. El accidente, ocurrido tras dejar a la presidenta en la terminal del aeropuerto de Palma, dejó el vehículo siniestro total y terminó situando bajo foco público la contratación impulsada desde el núcleo duro del Govern.

En diciembre de 2023, Javier Milei asumió la presidencia de Argentina con la promesa de poner fin a la “casta” de políticos tradicionales, a los que usualmente llama “chorros” (ladrones). Sin embargo, su Gobierno ha ido acumulando escándalos de corrupción que han apelado personalmente al propio presidente. Entre los casos más sonoros figuran las sospechas de enriquecimiento ilícito sobre su ya ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni; supuestos pagos de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad que señalan a la secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier, Karina Milei, y la estafa con la criptomoneda $LIBRA, en cuya investigación está incluido el mandatario.

Algunos de los escándalos se han vuelto incluso memes. Como el intento de Adorni de justificar su lujoso tren de vida, con una explicación tan insólita como difícil de creer. Aseguró que ganó más de 500.000 dólares invirtiendo en criptomonedas en 2014, un dinero que tenía “en un pendrive” entre sus ordenadores antiguos y que por eso no los incluyó en su declaración patrimonial al llegar al Gobierno. Esa explicación terminó por empujar la salida como jefe de ministros de un contable que no consiguió explicar con números la llamativa disparidad entre sus ingresos como cargo público (unos 5.000 dólares) y una abrupta expansión patrimonial que se tradujo en bienes por cerca de un millón de dólares, vuelos privados a destinos de lujo, compra de inmuebles con esquemas de pago atípicos y gastos suntuarios. El exportavoz de Milei aseguró que fueron ocho supuestas billeteras virtuales con las que habría operado desde el 21 de octubre de 2014 hasta el 10 de septiembre de 2018. Por eso la justicia ordenó acceder a las direcciones de bitcoin para poder reconstruir el origen del dinero.

Lucas Romero, politólogo y director de Synopsis Consultores, señala a elDiario.es que el caso Adorni impactó en los niveles de apoyo al Ejecutivo. “En nuestro registro, desde el inicio del ciclo presidencial hasta hoy bajó 13 puntos en aprobación: en enero de 2024 tenía un 48% y hoy está en el 35%, siendo abril el peor momento, con 31%. La explicación es una combinación de factores: subida de la inflación de varios meses tras las elecciones de octubre y la suma de escándalos de corrupción: además de Adorni, en marzo retomó con fuerza el caso $LIBRA, cuando se conocieron intercambios de llamadas entre Milei y los promotores del token, aunque la causa ha tenido una particular lentitud en avanzar, y también apareció el escándalo de Nucleoléctrica Argentina”. Ahora elDiario.es ha publicado la relación de Milei con CoinX, otra criptomoneda que a su vez está relacionada con una supuesta red de lavado de dinero del narco.

El caso Nucleoeléctrica Argentina son denuncias por supuesta corrupción, sobreprecios del 140% en contratos de limpieza y desmanejos con tarjetas corporativas contra el expresidente de la empresa estatal, Demian Reidel, derivando en el desplazamiento de gerentes y fuertes reclamos sindicales. Reidel ha sido un hombre de confianza de Milei.

Romero agrega otro elemento: los anuncios de beneficios para empresarios que han hecho negocios con el Estado, especialmente en el proceso de privatización de compañías públicas clave. “La venta de empresas públicas como Aysa (Aguas y Saneamientos Argentinos) al consorcio Rowing; la renovación de la concesión de 35 aeropuertos por 30 años a Eduardo Eurnekian, quien había sido jefe de Milei en la Corporación América y la venta de Metrogras (la mayor distribuidora de gas de Argentina) al grupo empresario que es dueño de Edenor (distribuidora eléctrica) constituye una serie de eventos que han ido desmejorando la idea de que Milei venía a barrer con la casta política y empresaria que vivía del Estado”.

Para entender el pulso político actual del país hay que mirar hacia los tribunales federales de Comodoro Py, que tienen en sus manos determinar la suerte penal del círculo más íntimo del presidente ultraderechista.

“El 3% de Karina”

La revelación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) escaló de escándalo de pasillo a una de las causas más incómodas para la narrativa anticorrupción de la Casa Rosada. La investigación judicial, iniciada en agosto de 2025 tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo —entonces titular de la ANDIS y amigo de Milei—, puso bajo la lupa un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos de alto costo.

El nudo político de la causa radica en el denominado “3% de Karina Milei”. En las grabaciones atribuibles a Spagnuolo, se describía una maniobra sistemática de cobro de comisiones ilegales a droguerías y proveedores de la agencia. Según las escuchas, se exigía un retorno de entre el 8% y el 20% sobre el valor total de las compras públicas. En ese mismo registro, la voz atribuida al exfuncionario afirmaba sin ambages que “a Karina le llega el 3%” —en alusión directa a la secretaria general de la Presidencia—, mientras que un 1% adicional se destinaba a la logística operativa de la red.

Frente al impacto mediático y la presión pública, el Ejecutivo reaccionó apartando de inmediato a Spagnuolo de su cargo, en tanto los abogados defensores de los involucrados ensayaron un veloz control de daños argumentando que el material sonoro era falso o prefabricado con inteligencia artificial.

Sin embargo, el expediente acumuló peso en los tribunales federales, donde las actuaciones han mostrado avances. En febrero, la Justicia dictó el procesamiento de Spagnuolo por considerar acreditados, en esa etapa preliminar, los delitos de asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. La medida alcanzó también a 18 exfuncionarios del organismo y empresarios del sector farmacéutico.

Si bien la fiscalía a cargo de Franco Picardi imputó a la cúpula de la ANDIS por el armado del sistema, el foco probatorio del expediente se centró, en términos formales, en la estructura operativa de las compras e intermediaciones. Hace un mes, los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, confirmaron el procesamiento de Spagnuolo y las otras 18 personas, entre las que figuran Daniel Garbellini (el segundo de ANDIS). En los últimos días, el juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Spagnuolo, Garbellini y Miguel Ángel Calvete —éste último lobbista de droguerías y laboratorios— y vuelven a aparecer como jefes de una asociación ilícita.

El Ministerio de Salud hizo su propia investigación y en los insumos (sillas de ruedas, ortopedia, aparatología) encontró pagos adicionales de hasta 4000%, un informe que fue incorporado a la causa. Todo fue corroborado a través de documentación, facturas y conversaciones halladas en teléfonos móviles intervenidos. Es más, los investigadores sostienen que, aunque los audios hubieran sido alterados o hechos con IA, eso no modifica el rumbo de la investigación.

Hubo un testimonio relevante del exdueño del portal La Derecha Diario y exsocio de Javier Negre, Fernando Cerimedo, quien dijo que Spagnuolo, en tiempos en que tenían una relación cercana, le había hablado del esquema de corrupción en el área de discapacidad y el porcentaje destinado al Ejecutivo. Nadia Beller, expareja de Cerimedo, ha declarado recientemente de forma remota en la investigación por este caso. La abogada aseguró que tiene en su poder audios en los que su expareja le habla sobre la “corrupción libertaria” y se puso a disposición de la Justicia argentina para brindar esas pruebas. Beller acusa a Cerimedo, hoy preso en Bolivia, de haber querido asesinarla contratando a dos sicarios que le dispararon.

La criptoestafa

Veinte meses después de iniciada la investigación en la causa $LIBRA, el expediente ha quedado prácticamente paralizado. La Sala I de la Cámara Federal —tribunal de apelaciones- confirmó a comienzos de septiembre que despojaba del rol de querellantes a cuatro damnificados de la criptoestafa. Esto implica que ya no pueden impulsar la investigación que tiene entre los imputados a Javier Milei y a su hermana Karina, y que queda solo en manos de la fiscalía de Eduardo Taiano, cuestionado por su pasividad.

En el origen de la criptoestafa hay un tuit: el 14 de febrero 2025 Milei promocionó el token $LIBRA como una supuesta herramienta de financiación para empresas. Las investigaciones revelaron una trama de estafa. Minutos antes y después de la publicación del presidente ultra, unos pocos operadores compraron activos por decenas de millones de dólares. En poco más de una hora, el precio comenzó a desplomarse. Se estima que unos 40.000 inversores de todo el mundo cayeron en la trampa, y unas pocas decenas hicieron un gran negocio al retirarse a tiempo, con ganancias estimadas de hasta 200 millones de dólares.

El gran interrogante es si el mandatario o personas de su entorno cobraron por publicitar la hasta entonces criptomoneda desconocida. Según reveló el diario La Nación, alrededor de cinco millones de dólares transferidos por Mark Hayden Davis, el CEO de la empresa que creó $LIBRA, en las horas previas al lanzamiento de la criptomoneda tuvieron como destino final la financiera en la que operaba el lobbista Mauricio Novelli, señalado como el nexo entre ambos.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi hizo suyo el argumento de la defensa —sostenido por el propio Milei y Novelli—, considerando que las criptomonedas son activos especulativos y que las pérdidas fueron fruto de la propia “volatilidad del mercado”. Bajo esta tesis, el tribunal apartó del rol de querellantes a las víctimas. A esto se sumó una dilación llamativa, cuando los teléfonos celulares de los principales intermediarios del caso estuvieron secuestrados durante siete meses sin ser peritados por decisión del fiscal federal Eduardo Taiano

Con el fallo del tribunal de apelaciones que sostuvo que los inversores no demostraron haber sido engañados y que asumieron voluntariamente los riesgos del mercado cripto se frena la búsqueda de pruebas que vincularían al presidente argentino con borradores de contratos encontrados en el teléfono móvil de Novelli. Se trata del borrador de un plan para pagar al mandatario cinco millones de dólares de forma escalonada en función de unas actuaciones pactadas con Milei y su hermana Karina.

Caso cerrado en EEUU

Mientras tanto, la investigación federal en los Tribunales de Nueva York sobre el caso $LIBRA llegó a su fin en los tribunales estadounidenses. A principios de mes, la jueza Jennifer L. Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó el cierre definitivo de la demanda colectiva impulsada por un grupo de inversores damnificados. En un fallo de tono técnico, pero con evidentes repercusiones políticas, la magistrada resolvió desestimar el caso al considerar que las acusaciones planteadas contra Hayden Davis, su entorno familiar y sus socios financieros no alcanzaban los estándares legales mínimos para sostener un litigio por fraude o crimen organizado bajo la jurisdicción federal.

La jueza señaló además que el posteo de Milei en X fue determinante para disparar el interés inicial por la moneda: tras su publicación, aumentaron el volumen de operaciones y la cotización del token. Sin embargo, aclaró que su análisis no evalúa la veracidad de esos hechos, sino únicamente si las acusaciones cumplían los requisitos legales para sostener un litigio. En Estados Unidos el capítulo judicial de $LIBRA queda así cerrado, mientras en Argentina la causa sigue abierta pero con un blindaje político-judicial.

“Presuntos delitos en materia económica y en materia del ejercicio de sus funciones o potestad”. Esta es la ‘causa’ abierta ante el Tribunal de la Rota Romana contra el ex vicario general de la diócesis de Zamora, Antonio Jesús Martín de Lera, quien también dirigió durante años la delegación de Cáritas en Castilla y León.

Tal y como ha podido conocer elDiario.es, el juicio penal canónico contra Martín de Lera comenzó tras la denuncia del propio obispo de Zamora, Fernando Valera, quien hace dos años le retiró de Cáritas y hace año y medio le forzó a presentar su renuncia como vicario. Posteriormente, le apartó de sus parroquias.

Hace unas semanas, Valera denunció ante la Guardia Civil a uno de sus sacerdotes tras recibir una queja por presuntos abusos sexuales cometidos en un campamento de la diócesis.

Según fuentes conocedoras del caso, el Tribunal Colegial se constituyó el pasado 29 de enero y tras revisar las investigaciones previas realizadas, que confirmaron presuntas irregularidades del acusado tanto en su cargo de vicario general como, especialmente, en la gestión del patrimonio de Cáritas.

La decisión se tomó tras varias consultas, en las que participaron responsables de la Conferencia Episcopal y la Nunciatura, y que arrojaron diversos informes sobre pérdidas injustificadas de importantes cantidades de dinero en Cáritas, que a punto estuvieron de colocar a la entidad en situación de quiebra técnica.

Cuestionado sobre el caso, la diócesis se remitió a una próxima nota en la que se darán detalles del presunto escándalo. En la misma, el Obispado confirma la apertura de una “investigación previa” contra Martín de Lera, tras la cual “y apreciada la existencia de elementos suficientes para que los hechos fueran examinados en sede judicial, las actuaciones siguieron el cauce previsto por el ordenamiento canónico”. La diócesis confirmó la apertura de juicio, tal y como adelantó elDiario.es el pasado 29 de enero. En cuanto al ex vicario, se sabe que hace unos meses recurrió su cese como párroco ante el Vaticano, acusando al prelado de “abuso de poder”. Sin embargo, la apertura de juicio canónico en su contra, salvaguardando la presunción de inocencia, hace presumir que Roma no ha atendido su petición.

Toda la información en www.religiondigital.org

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, será la cabeza de lista del PSN al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre. La Comisión Ejecutiva Regional del PSN-PSOE ha aprobado las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado, que deberán ser refrendadas por el Comité Federal del PSOE que se celebrará este sábado en Madrid.

A Saiz le acompañará como número dos en la lista Juan Cruz Cigudosa, actual secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades y exconsejero del Gobierno de Navarra. Completan la candidatura Nuria Medina, Guzmán García y Esther Villanueva. En las elecciones generales del 2023, el PSN fue la fuerza más votada por la división del voto de la derecha y logró dos escaños. El candidato ese año fue el exdirigente imputado por corrupción Santos Cerdán. En las elecciones del 29 de noviembre UPN y PP sí que concurrirán.

En cuanto a la plancha del Senado, estará encabezada por el secretario de política municipal y alcalde de Arróniz, Ángel Moleón, seguido por la actual diputada, Adriana Maldonado, y el director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra, Jesús María Rodríguez.

En un comunicado, la secretaria de Organización del PSN-PSOE, Esther Iso, ha calificado como “fundamental” la próxima cita electoral porque, según ha destacado, “no sólo se decide el futuro de España, también es decisiva para el avance y la prosperidad de Navarra”.

“No es lo mismo que Pedro Sánchez esté al frente del Gobierno de España, que mira por los intereses de nuestra comunidad, que fomenta nuestro autogobierno y respeta nuestra identidad; a toparse con políticas de recortes y libertades que no respeten nuestra pluralidad ni nuestros derechos históricos del PP y Vox”, ha asegurado Iso. “Nos jugamos qué modelo de sociedad elegimos para el futuro. El socialista, que sitúa a las personas en el centro de las políticas públicas y que apuesta por seguir avanzando en derechos y libertades, o el de los recortes y el sálvese quien pueda de UPN, PP y Vox”, ha subrayado.

Siete palabras y ya tienes montada una conspiración. Investigar un caso de corrupción requiere con frecuencia años de pesquisas, informes policiales, interrogatorios de testigos e imputados. Muchas pistas que parecían prometedoras se quedan por el camino. Otras sirven para armar un caso sólido. Pero si solo quieres munición para la batalla política, no necesitas ser tan remilgado.

En las últimas semanas, el Partido Popular cree que tiene pillado al PSOE por un asunto sórdido, pero con muy pocas pruebas. Esas siete palabras están en la base de la acusación. Aparecen en una agenda de Leire Díez y están fechadas en marzo de 2025: “Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. La jueza sería Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez que acabó en juicio y condena. La Celsa es el apodo de una mujer que forma parte de una organización de delincuentes de Badajoz. En el fondo del asunto está una supuesta operación para intimidar a la jueza o algo peor por parte de lo que el PP y algunos medios llaman “las cloacas del PSOE”. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz aceptó que Biedma se personara como acusación particular solo por un delito de calumnias. No fue más lejos, porque “no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas” de Díez. Sobre todo, si son un tanto crípticas. En ese momento, la historia ya había aparecido en varios medios en los términos más alarmantes. Se decía que la trama de Díez había intentado encargar la eliminación de la jueza, o que le dieran un “sustillo”, a un clan de narcotraficantes de Badajoz llamado Los Rochos con un largo historial de delitos.

La historia fue engordando gracias a filtraciones policiales y el PP no tardó en recoger esas especulaciones presentándolas como hechos confirmados. Ester Muñoz se refirió al asunto en la sesión de control del 23 de septiembre. Según la diputada, el mensaje fue: “Eliminen a Biedma y la justicia eliminará sus casos”. Destacó como un hecho singular que el Gobierno intentara “corromper” a un grupo de delincuentes, que se supone que ya venían corrompidos de casa, y que estos se negaran a aceptar el encargo. Una semana después, volvió a hablarse de ello en el Congreso. Esta vez, fueron tres los diputados del PP que lo hicieron.

Quien lo hizo con más ahínco fue Miguel Tellado. Intentó implicar directamente al ministro de Justicia, Félix Bolaños: “Usted estaba, de la mano de Leire, hablando con la fiscalía para ayudar al clan de Badajoz”. Dando por hecha una acusación que no está probada y que no se sabe muy bien de dónde sale, siguió: “¿Quién dio la orden para que se redujeran las penas al clan?”. El PP empleaba un argumento de lógica discutible. Los actos violentos no se habían realizado por la negativa del clan, como dijo Muñoz, y al mismo tiempo la fiscalía les había premiado aunque no hubieran hecho ese trabajo. Ya sabemos que la coherencia de los argumentos no es un requisito esencial en las sesiones de control, donde la prioridad es atizar al rival en toda la cabeza con el martillo más grande. 

¿Habló Leire Díez con esa mujer del clan? Quien lo hizo fue el exjuez Luis Sáenz de Tejada y fue a iniciativa de la presunta delincuente. Él fue expulsado de la carrera judicial por un caso de violencia machista y desde entonces tiene montada una cruzada personal contra los juzgados de Badajoz para lo que utiliza una cuenta de YouTube. La mujer del clan había visto una de sus intervenciones y se puso en contacto. Ahí tuvo lugar la conversación en la que el exjuez habló de pegar un susto a Biedma (“era un puto grano en el culo y que había que eliminarla”). Los entrecomillados son de la declaración de esa mujer que aparecen en el atestado policial y de ahí han partido a toda prisa hacia los medios.

Sáenz de Tejada parece un personaje con el que nadie en su sano juicio debería relacionarse. En sus comentarios en el canal de YouTube, el exjuez lanza acusaciones contra la “mafia judicial” de Badajoz, a veces vistiendo toga o dejándola colgada detrás para que se vea en el plano. No es el tipo de persona que puede conseguir que la fiscalía reduzca la pena de un preso. 

Aunque ha participado en algún programa de grupos conspiranoicos de la extrema derecha sobre la pandemia, Sáenz de Tejada debió de parecer una fuente interesante de información para Leire Díez, siempre dispuesta a hablar con gente que pudiera desacreditar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE. Y ya sabemos que sin ningún éxito.

Si se prueba que cumplía órdenes de Santos Cerdán en su calidad de secretario de Organización, algo que este niega, eso dañaría gravemente la reputación del partido, por mucho que solo él supiera lo que estaba haciendo. A fin de cuentas, fue Pedro Sánchez quien lo puso en el puesto, como había hecho antes con Ábalos.

Esta semana, se ha conocido el contenido del último informe de la UCO, cuyo único indicio seguro es la existencia de esa conversación entre Sáenz de Tejada y la integrante del clan de Los Rochos, que por lo demás niega haber cometido algún delito. No hay mucho más, aparte de las deducciones que aparecen de forma habitual en los informes de la UCO. En este caso, señalar que la trama “se habría valido especialmente del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada para desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente”. Para ello, cuenta con las anotaciones de Javier Pérez Dolset, colaborador de Díez, que se reunió con el exjuez, presumiblemente informó de ello a la exmilitante socialista —y de ahí sale la anotación con las siete palabras— y mantuvo contacto con él. 

En su declaración del jueves en la Audiencia Nacional, la jueza Biedma citó hechos sospechosos que le hicieron pensar que la estaban vigilando. Dijo que sintió “temor” por ella y sus hijas, pero que no le influyó en su trabajo en la instrucción del caso de David Sánchez.

En el recurso de su abogada contra la personación de Biedma en el caso, Leire Díez afirma que lo único que hizo ella fue “haber recibido dichas denuncias (contra Biedma) y haber mantenido conversaciones con el Sr. Sáenz de Tejada sobre las mismas”. Un relato más detallado de todos estos hechos se puede leer en este artículo de Pedro Águeda y Elena Herrera.

Como suele ocurrir con todas estas historias de corrupciones, tramas y conspiraciones, el lugar en que se rentabilizan a tope es el programa de Iker Jiménez en Cuatro. Los más leves indicios se convierten en hechos inapelables. Las sospechas más locas son la verdad revelada. Sáenz de Tejada aparece descrito como “el enviado de Leire”. La gravedad de los hechos confirma que la mafia está en el poder: “Mañana pueden venir a por cualquiera de nosotros”, dijeron en el programa 'Horizonte' del 22 de septiembre. Ellos también cuentan con un juez loco, este en ejercicio. Jesús Villegas dijo que “hemos cruzado una línea roja” y que todo esto ya es “como en los años treinta”. Uno de los periodistas tuvo a bien comunicar que la jueza Biedma “es una seguidora incondicional del programa”. 

Iker Jiménez daba la nota del abochornado por el punto al que hemos llegado: “¿A qué nivel se ha descendido? ¿A qué abismo se ha descendido?”. 

El PP lo tiene claro. Hemos llegado al momento en que no se desperdicia nada. Alberto Núñez Feijóo ya habla como Iker. En su discurso del jueves ante la Junta Directiva Nacional del PP, dio por hecho que todo lo que se ha contado es cierto y que tenemos delante “un abismo moral”. Había en su discurso un gran espacio abierto para la creatividad. “Hoy la Audiencia Nacional investiga si el PSOE quiso contratar a sicarios”, dijo, a pesar de que el juez Pedraz no ha imputado a nadie por estos hechos relacionados con Biedma. “Pedro Sánchez debe decir hoy mismo quién dio la orden de deshacerse de la jueza”.

A Feijóo no le importa nada la presunción de inocencia cuando alguien relacionado con el Gobierno es investigado por la justicia. No si se trata de alguien del PP, como el alcalde de Móstoles. En el caso del exministro Jorge Fernández Díaz y toda su cúpula policial, que esperan sentencia tras el juicio de Kitchen, sencillamente no habla de ellos. Como si no existieran. Pero cuidado con la historia de Badajoz. Allí no hay imputados, pero sí culpables, según Feijóo.

Como el programa 'Horizonte' es un bar en el que todos compiten a ver quién llega más alto, finalmente Eduardo Inda dio la nota que ya era difícil de superar. A pesar de que no hay bulo que él no haya abrazado con pasión, tuvo que admitir que lo de Badajoz no es el Watergate extremeño. “Si llegan a ser más listos, hubieran hecho mucho daño”, dijo uno de sus colegas de mesa. Sobre todo, si hubieran cometido algún delito grave. Eso sí que haría daño. Inda lo explicó a grandes voces: “¡Son Torrentes!”. Y después despejó cualquier preocupación. “La jueza Biedma es ahora la persona más segura de España”. Al final, va a resultar que el abismo no era tan profundo como nos contaron.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha suspendido el ingreso en prisión de la expresidenta del Parlament Laura Borràs para cumplir la pena de dos años que le quedaba pendiente tras obtener el indulto parcial, con la condición de que siga un curso para prevenir la corrupción.

En un auto, la sala civil y penal del TSJC libra a Borràs de entrar en la cárcel para cumplir la pena de dos años que le quedaba, después de que el Gobierno indultara parcialmente la condena que se le impuso por adjudicar contratos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La suspensión de la pena de cárcel está condicionada a que la expresidenta del Parlament y exdirigente de Junts no vuelva a delinquir en los próximos cinco años y participe en al menos “un programa formativo sobre contenidos específica y directamente relacionados con los fines que deben guiar la actuación de las administraciones públicas”.

Borràs fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión por delitos de prevaricación y falsedad documental, en una sentencia en la que el propio TSJC proponía su indulto parcial al considerar excesiva su entrada en prisión.

El pasado julio, el Gobierno le concedió la medida de gracia y dejó su condena en dos años cárcel, y el TSJC ejecutó el indulto en septiembre. El alto tribunal catalán ha suspendido la pena de prisión por los dos años que restaban, aunque esta condena podría ejecutarse si la expresidenta del Parlament vuelve a delinquir en un período de cinco años.

La sala razona en su auto que, para suspender la condena, debe imponer a Borràs la “obligatoriedad de dar cumplimiento a determinados deberes y obligaciones que deben tener una indudable utilidad rehabilitadora”.

En concreto, el TSJC obliga a Laura Borràs, que fue presidenta de Junts entre 2022 y 2024, a participar en actividades formativas “que se valoran imprescindibles y conducentes a los fines de prevención” establecidos en el Código penal.

Se trata de un máster, curso o seminario, con una duración mínima de 25 horas y unos contenidos “específica y directamente relacionados con los fines que deben guiar la actuación de las administraciones públicas”, impartido en un centro oficial, como la Escola d'Admistració Pública de Cataluña, una universidad pública o privada u otro organismo similar.

Borràs deberá presentar ante el tribunal, en un plazo máximo de tres meses, un plan que incluya la formación indicada, para “su aprobación y para implementar su seguimiento y control” por parte del TSJC.

En el caso de que la condenada no proponga el programa a seguir o que no sea aprobado por el TSJC, el seguimiento será “canalizado” a través del Servicio de Medidas Penales Alternativas, dependiente del Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, añade el auto.

La sala recuerda que los hechos por los que Borràs fue condenada se enmarcan “todos ellos dentro de la categoría genérica de los delitos de corrupción”, lo que la expresidenta del Parlament siempre ha negado.

Además, razona que ni sus circunstancias familiares o sociales exigen su ingreso en prisión para lograr “el fin último de alejamiento de la actividad delictiva”, teniendo en cuenta además que está cumpliendo la pena de inhabilitación -por trece años- y liquidó la multa de 36.000 euros impuesta en la sentencia.

La fiscal ha pedido en el primer juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP cuatro años y medio de prisión para los 19 acusados, entre ellos dos consejeros de la Comunidad de Madrid del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, por supuesta malversación de caudales públicos en su gestión en Canal de Isabel II en 2001.

De esta forma ha rebajado sus peticiones iniciales de pena, que oscilaban entre seis y siete años de cárcel, al apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento, por lo que también ha reducido su solicitud de inhabilitación para los acusados, que deja en 11 años (antes entre 12 y 15), y mantiene que deben indemnizar a Canal de Isabel II en al menos 19 millones de euros.

La vista que celebra la Audiencia Nacional se sigue por la compra en 2001 por parte de Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares, que a juicio de la fiscal se ejecutó de forma irregular con un «sobreprecio indebido» de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos y «en beneficio exclusivo de los vendedores».

Entre los 19 acusados se encuentran Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño en la época de Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados, además de tres excargos de esta empresa pública madrileña.

Un hombre de 34 años ha admitido este jueves en la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo/Uviéu, que hace tres años ofreció regalos, drogas y alcohol a dos adolescentes a cambio de sexo durante los periodos de tiempo en que permanecían fugadas de las instalaciones del centro de menores donde permanecían bajo la tutela de la administración del Principado de Asturias por su situación de vulnerabilidad.

Tras su reconocimiento explícito de los hechos imputados por la Fiscalía, el acusado ha sido condenado a tres años y dos días de cárcel y siete años de libertad vigilada por sendos delitos de corrupción de menores.

Sabía que eran menores

El acusado llegó a mantener relaciones sexuales con una adolescente de 17 años, mientras que no logró su propósito con una menor de 15 años ante la negativa de la joven a tener sexo con él.

La vista oral del juicio se ha celebrado esta mañana ante los magistrados de la Sección Tercera, en Oviedo/Uviéu y, en sede judicial, el acusado ha admitido que sabía que las víctimas eran menores de edad y residían en un centro de la comunidad autónoma.

Entradas a discotecas y alcohol

Con la intención de mantener relaciones sexuales con ellas durante los periodos en que éstas permanecían fugadas recurría a la entrega de regalos. En otras ocasiones, les ofrecía bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.

El acusado ha reconocido que a la adolescente de 17 años le pagó entradas a discotecas y bebidas alcohólicas para tener sexo.

Orden de alejamiento

El tribunal ha impuesto al acusado por el delito de corrupción de menores hacia esta joven una pena de un año y un día de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cinco años.

El acusado también ha sido inhabilitado para cualquier empleo, profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante seis años y prohibición de comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 500 metros a ella, a su domicilio y lugar de estudio o trabajo durante seis años.

Asimismo, tendrá que indemnizar a esta joven con el pago de una indemnización de 6.000 euros por los daños morales que le ha ocasionado.

Porros, cocaína y tatuaje

En el caso de la adolescente de 15 años, el acusado ha sido condenado por un delito de corrupción de menores con la agravación de menor de 16 años. La pena impuesta es de dos años y un día de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante seis años, inhabilitación especial para cualquier empleo, profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante ocho años.

Además tendrá prohibido comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 500 metros a ella, y a su domicilio y lugar de estudio o trabajo durante seis años.

El empresario Francisco Gayà ha interpuesto una querella criminal ampliada por malversación, estafa y otros delitos contra Madrid Network y sus máximos responsables. Se trata del organismo creado por la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre que canalizó más de 80 millones de euros de fondos públicos de la Unión Europea que le fueron transferidos por la Administración General del Estado con los que subvencionaron proyectos empresariales de innovación. 

Gayá, que con su empresa Flightech Systems fabricó con éxito el primer avión matriculado en Europa con capacidad para volar sin contacto humano, considera que los denunciados de Madrid Network le han originado la quiebra de su sociedad, en la que también participaban otros accionistas. El empresario fue víctima, según su querella, de un uso indebido de un poder otorgado a su propio prestamista, Madrid Network. El pacto entre Gayá y Madrid Network consistía en sustituir en el contrato de préstamo los avales personales de Gayá por la garantía del propio avión construido por su empresa, una vez que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), concediese todos los permisos de vuelo y operaciones del avión, cosa que ocurrió. 

Sin embargo, en lugar de liberar las garantías patrimoniales que el empresario puso para conseguir 1,5 millones de euros del préstamo a su empresa y cambiarlas por la prenda del activo del avión, valorado en 2,6 millones de euros, Madrid Network incumplió presuntamente el compromiso y no solo no liberó la carga al empresario, sino que añadió la garantía prendaria del avión, lo que llevó finalmente a la empresa a la suspensión de pagos y al empresario, a su asfixia patrimonial. 

El empresario señala en su denuncia, interpuesta en el juzgado número 26 de Madrid, que los querellados, “abusando de su posición dominante, utilizaron de forma desviada poderes de representación otorgados” por Flightech Systems y por el propio Gayá “para actuar en nombre de ambas partes de la relación jurídica simultáneamente”.

“Bajo un flagrante conflicto de intereses, firmaron unilateralmente la Escritura n.º 1.537 de 9 de abril de 2015. Lejos de cumplir el compromiso de liberar las garantías personales de la familia Gayá, dicha escritura se instrumentalizó para imponer una carga adicional sobre la aeronave EC-LYG (tasada en más de 2 millones de euros), manteniendo al querellante atrapado en una posición de asfixia patrimonial injustificada”, apunta la querella. Gayá señala, además, que “esta ampliación de garantías tuvo un fin puramente cosmético e institucional” y “solo pretendía aparentar una gestión eficiente del crédito que, contrario sensu, condujo a la mercantil a la declaración voluntaria de concurso”.

Presuntas facturas falsas

“Esto, en lugar de ayudar a Flightech Systems en la contratación de sus aeronaves contra incendios con los servicios de bomberos de la Comunidad de Madrid como estaba inicialmente previsto como pilar de la viabilidad de la compañía”, zanja. Para dar luz de legalidad a estas operaciones, Madrid Network emitió facturas de contenido falso porque ni Gayá ni su empresa recibieron los servicios allí especificados, que además Madrid Network no podía prestar por falta de conocimiento del negocio aeronáutico.

La querella se dirige contra Madrid Network y seis de sus directivos, “por su contribución a una estructura de Organización Criminal”. También contra los funcionarios y políticos del PP que coadyuvaron a los delitos. El texto pide la revocación de un auto anterior de la jueza Concepción Jerez, en el que esta entendía que la querella no estaba suficientemente fundada y dictó auto de archivo provisional, recurrido por Gayá. 

En la querella, el empresario considera pertinente practicar unas diligencias adicionales para aclarar mejor los hechos presuntamente delictivos. También alega que los sujetos actuaron en los presuntos delitos en el ejercicio de funciones públicas, aunque formalmente no fueran trabajadores públicos. Por tanto, la querella alega que el litigio no puede encauzarse por la vía civil, tal como sostuvo la jueza, dado el carácter material público de los fondos europeos. 

En este sentido, los abogados de Gayá reclaman que se emplace a la Fiscalía europea en concordancia con lo regulado por el orden jurídico español en relación con el Fiscal Europeo. En la nueva querella, interpuesta en el juzgado 26 de Madrid, se pide la revocación del auto de archivo anterior en el que la jueza consideraba que el empresario debía acudir a la vía civil, reclamando nuevas diligencias y se insiste en que la administración fraudulenta de fondos públicos en ningún supuesto puede enjuiciarse por la vía civil. 

El querellante denuncia delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones y ayudas públicas, estafa agravada e imposición de condiciones abusivas que conlleva la administración desleal, cohecho o exacción ilícita, organización criminal y blanqueo de capitales. 

Comisiones del 6%

La Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular y presidida ahora por Isabel Díaz Ayuso, lleva años negando a la Asamblea de Madrid la información exigida por la normativa de Transparencia sobre el destino de los fondos de más de 80 millones de euros que, procedentes de la UE, recibió en delegación por parte de la Administración General del Estado. Estos fondos debían ser concedidos como préstamos a proyectos de innovación y tecnológicamente avanzados. 

Para financiar a las personas afectas al Partido Popular se ideó un procedimiento delictivo, siempre según la querella, por el cual Madrid Network cobraba a los prestatarios el 6% de cada uno de los desembolsos de los préstamos, que se concedían en tres tramos. Lo constitutivo del engaño es que la obligación de pagar ese 6% no se estipulaba en el propio contrato de préstamo sino en una adenda que se incorporaba tiempo después de consentido el acuerdo entre las partes, justo en el momento en el que se preveía el primer desembolso. Todo ello conllevaría a la nulidad del contrato, siempre según la querella.

Estas comisiones, que podrían superar los cinco millones de euros en el conjunto de los préstamos, servirían para pagar los sueldos de personas afectas al Partido Popular que empleaba Madrid Network, entre ellas Isabel Díaz Ayuso, que llevaba la Comunicación. El pago del 6% de la cantidad obtenida de los fondos europeos se justificaba en concepto de servicios y asesoría de gestión.

En la querella se reclama que se dé cuenta a la Fiscalía de la Unión Europea de la actuación de Madrid Network y la Comunidad de Madrid, por ser los fondos de origen comunitario. Se pide también que testifiquen los exconsejeros de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid durante el periodo investigado, que son Antonio Beteta, Percival Manglano, Enrique Osorio, Engracia Hidalgo. Manuel Giménez Rasero, Javier Fernández-Lasquetty y Rocío Albert. 

Al mismo tiempo se reclama también la testifical de los expresidentes de la Comunidad de Madrid que han impedido siempre la transparencia de la actividad de Madrid Network: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, Pedro Rollán e Isabel Díaz Ayuso.

En un programa de 'Horizonte' en Cuatro en julio de 2024 se trató la noticia de que un grupo de adolescentes magrebíes había abusado de unas niñas en Petrer, Alicante. Es la clase de revelación (falsa) con la que se alimenta el odio racial y se suscribe el mensaje xenófobo de Vox. Otro medio citó después a un comisario de policía que contó que los detenidos eran cuatro varones españoles de 16 y 17 años. En ese programa, Iker Jiménez comentó que eso del “racismo y el fascismo es una milonga que empieza a estar muy sobada”. Sus espectadores habituales debieron de sentirse aliviados.

El presentador lo tuvo más difícil para conjurar las críticas después de su cobertura de la dana de Valencia. La mezcla de noticias falsas y alarmistas hizo que Antonio Lucas escribiera en El Mundo que “Iker Jiménez es un engendro de este oficio, una malformación muy bien pensada”. Pero pasaron los meses y todo ese mejunje sensacionalista no se vio frenado, mucho menos por su empresa, Mediaset, encantada con las cifras de las audiencias. Ocurrió lo contrario. Quizá porque el programa no es ninguna malformación, sino un producto natural de los tiempos políticos y televisivos que corren. En mitad de esta jungla, Iker y su manada se encuentran en un punto muy alto de la cadena alimenticia.

Debe de ser eso lo que piensan los responsables de una asociación de corresponsales extranjeros en España, no la más importante, que ha decidido esta semana conceder uno de sus premios anuales a Jiménez, de 53 años. Precisamente, en la categoría de periodismo. “Observar este fenómeno periodístico es fascinante”, explican para justificar el premio. “Un programa capaz de atrapar a millones de espectadores durante horas hablando de temas complejos con rigor, ritmo y un directo vibrante”.

La referencia a los millones, en plural, es excesiva, pero el éxito de 'Horizonte' en las audiencias es incuestionable. Desde 2005, Jiménez fue un valor seguro en la parrilla de Cuatro con 'Cuarto Milenio', que se sigue emitiendo. Su universo giraba en torno a todo lo que oliera a misterio: ocultismo, extraterrestres, fenómenos extraños... Ese tipo de cosas que, con independencia de su veracidad, no hacen daño y siempre han captado el interés de mucha gente.

Todo cambió a una dimensión más terrenal cuando en 2020 cambió el rumbo del programa hacia la actualidad. Espoleado por la pandemia –un territorio con una gran dosis de polémicas y misterios–, tuvo una respuesta rápida del público, aunque con una sorpresa inesperada. Una parte de su parroquia, la más propensa a las conspiraciones, se tomó a mal que Jiménez admitiera que la pandemia era real, no una ficción alimentada por una élite globalista con el fin de controlar el mundo. Eso no había impedido que en su programa se ofrecieran hipótesis falsas sobre el origen de la enfermedad.

Se tuvo que despedir de ellos con el corazón roto por la decepción, pero recordándoles sus credenciales: “No soy un traidor, no estoy a favor de Soros, Bildelberg ni la Masonería”. Presumía de haber tocado “todo lo que se considera intocable”. E insistía hasta llegar a extremos muy forzados o difíciles de entender: “No soy judío, no soy masón, no pertenezco a ninguna sociedad secreta u oculta”.

Aprendió la lección y decidió que ya no iba a cometer esos errores. La nave del misterio no volvería a lanzar por la borda a sus marineros más furibundos. Tras un paréntesis de varios meses por las dudas de Mediaset sobre su cobertura de la pandemia, volvió a finales de 2020 y lo hizo con un nuevo programa, 'Horizonte', ya totalmente volcado en la política.

Las consecuencias fueron las previsibles y quedaron patentes con ocasión de la tragedia de la dana en Valencia en 2024. Los invitados, ante la mirada comprensiva de Jiménez, advirtieron de que las autoridades estaban ocultando el número real de fallecidos. Se extendieron en contar que se podían llegar a encontrar 700 cuerpos en el parking de Bonaire.

En las redes sociales, Jiménez se mostró más contundente que en el plató: “Que se diga a estas horas esa cifra oficial de muertos, viendo lo que vimos y sabiendo lo que saben, es una ignominia, una jodida vergüenza para el pueblo español”. Afirmó acto seguido que “en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos”. No apareció ninguno.

Pero había que creerles, como había dicho Carmen Porter, copresentadora de 'Horizonte', porque “ya saben que aquí nunca les vamos a mentir”. Iker Jiménez achacó después el error a las circunstancias: “Estaba demasiado indignado, me había convertido en parte, y no es bueno porque pierdo objetividad”.

Meses después, fue uno de los protagonistas en unas jornadas organizadas por un grupo ultraliberal en el Palacio de Vistalegre de Madrid, donde fue uno de los más aplaudidos. Lo de la objetividad se le había olvidado. Alardeó de que “nadie estaba contando la verdad” hasta que él llegó a Valencia. “Me di cuenta de que lo que estaba pasando no era lo que nos estaban contando”. Apareció en Valencia 33 horas después de la catástrofe cuando los periodistas valencianos llevaban dos días informando de todo lo que estaba ocurriendo.

En el ambiente político actual, 'Horizonte' se ha convertido en punta de lanza televisiva del asalto contra Pedro Sánchez, y eso que el plantel está bastante concurrido. Algunas de las acusaciones de corrupción contra los socialistas –véase Ábalos, Koldo y Cerdán– tienen una base muy real. Otras, como las relacionadas con Begoña Gómez, son exageradas hasta el infinito. La crisis de Ceuta tiene una ventaja. Ya es bastante dramática sin necesidad de distorsionarla y las imágenes hablan por sí solas.

En los últimos meses, Jiménez se ha rodeado de periodistas de El Español, El Mundo, OK Diario, El Confidencial, ABC o The Objective para hacer monográficos sobre las acusaciones contra el Gobierno. Frente a los personajes esperpénticos que utilizó en la dana, ahora cuenta con representantes de los principales medios de la derecha para sustentar su mensaje. Eso no impide, más bien lo contrario, que haya una competición entre ellos para ver quién suelta la frase más salvaje contra Sánchez.

Esta semana, Ceuta les ha dado materia prima de sobra. A diferencia de lo que hacía en años anteriores, Jiménez ya no se limita a hacer de maestro de ceremonias. Se ha lanzado a la pelea, siempre con la idea de que él y sus contertulios son héroes que cuentan lo que los demás ocultan. “Sabemos que estamos en el punto de mira”, dijo Porter el martes. ¿Quién les apunta? Los malos, claro. “Todos los que estamos en esta mesa”, añadió Jiménez.

Los invitados ofrecen el producto que se les pide. Eduardo Inda, director de OK Diario, afirma, al igual que Vox y el PP, que estamos ante una invasión, que los marroquíes que se han quedado en Ceuta reciben instrucciones y dinero de Marruecos, y que hay una “población invasora oculta” en la ciudad. Ketty Garat, de ABC, llama “sociedad tribal” a ese país. José María Olmo, de El Confidencial, dice que se ha producido “un colapso del Estado” y que “el Estado ha desaparecido”.

Siempre hay espacio para atacar a todo lo que huela a la izquierda. Jiménez destacó que “no hay feministas que pongan el grito en el cielo” por las condiciones de vida de las mujeres en Marruecos. Inda entró al quite y recordó el bulo de que Podemos fue financiada por Irán y que hasta apoyaba a los talibanes. Aquí nadie desaprovecha la oportunidad de recordar sus grandes éxitos del pasado.

Sobre el ataque sufrido por una diputada ceutí en su coche el 20 de septiembre –creía que “nos iban a matar”, dijo Julia Ferreras–, Jiménez se hizo el despistado: “Ha pasado lío grande con un coche, con una ONG. Ha habido tanto lío precisamente que no me acabo de enterar muy bien”. Y eso que habían pasado 24 horas después de los hechos. Dio paso a las imágenes, a las que se añadía otro vídeo de OK Diario donde se ve a la policía impedir por la fuerza que los manifestantes se acercaran al coche de la diputada.

Inda lo tenía claro. No había nada que reprochar a los agresores: “Hay gente que estaba dentro del coche que había ido a favorecer a los invasores”. Denunció que los agentes, “cumpliendo órdenes de Marlaska”, habían atacado a “gente pacífica, normal y honrada”. Garat lo resumió en lo que querían escuchar los espectadores: “El único responsable es Pedro Sánchez”.

En cada programa, la audiencia recibe lo que está esperando. No son pocos. El lunes, tuvo un 9,6% de share, dos puntos más que el de Cuatro, y 1.125.000 espectadores de media. Se fue al 11,3% el martes y al 10,3% el jueves.

Hay un público para eso. El que cree que hay demasiados inmigrantes en España y que hay que expulsar a la mayoría, no darles papeles. El que está convencido de que Sánchez es el peor gobernante de la historia reciente, o incluso peor que Franco. El que está seguro de que se ha instaurado una dictadura en la que los críticos son perseguidos, mientras estos triunfan en el 'prime time' televisivo. El que dice que España se ha hundido en la ignominia.

Y luego está Iker Jiménez, que ofrece un vídeo de Ceuta en el que se ve a mujeres marroquíes discutiendo acaloradamente en la calle y suelta: “Es como una escena de 'El exorcista'”. No es extraño que esa asociación de corresponsales destaque su “rigor” y su “directo vibrante”.

La investigación por presuntos sobornos en la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una de las causas que más golpea el relato “anticasta” de Javier Milei, sigue adelante. Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo —el asesor de la ultraderecha latinoamericana que está preso en Bolivia—, ha declarado de forma remota ante la Justicia argentina y ha afirmado que cuenta con conversaciones grabadas con él que contienen información sobre la trama bajo sospecha.

La aparición de Beller en el escenario judicial se dio luego del intento de feminicidio que sufrió en Santa Cruz de la Sierra. El 17 de agosto, la abogada fue abordada por dos sicarios disfrazados de repartidores de comida en la puerta de un hotel y recibió tres disparos que la dejaron hospitalizada durante varios días. Beller apuntó a Cerimedo como el autor intelectual del ataque y afirmó que fue él quien la había citado en el lugar. El estratega de Milei y Rodrigo Paz (presidente de Bolivia) lleva un mes detenido y se enfrenta a varias causas judiciales, entre ellas, por enriquecimiento ilícito.

Pruebas de la “corrupción libertaria”

Beller aseguró en su declaración que tiene en su poder audios en los que su expareja le habla sobre la “corrupción libertaria” y se puso a disposición de la Justicia argentina para brindar esas pruebas. La abogada señaló, además, la existencia de un teléfono móvil incautado a Cerimedo por las autoridades bolivianas —del cual el detenido no brindó la clave—, en el que estarían almacenados diálogos fluidos con Diego Spagnuolo, el extitular de la ANDIS procesado por las irregularidades detectadas en la compra de medicamentos de la agencia.

El abogado de Beller, Jerjes Justiniano, ha hablado con elDiario.es tras la declaración de 40 minutos de su clienta: “El fiscal Franco Picardi le preguntó a Nadia si tenía información para aportar al caso. Ella dijo que su información es referencial, no directa, ya que no conoce a nadie de los involucrados. En alguna oportunidad, producto de sus conflictos sentimentales con Cerimedo, ella grabó conversaciones con él. Esos datos están en el teléfono celular que Nadia entregó a la Justicia de Bolivia y del que el fiscal argentino puede solicitar una copia”.

Beller aseguró que quien fuera estratega de Javier Milei y de la derecha latinoamericana le habló “muchas veces de la corrupción” del Gobierno ultraderechista argentino; asimismo, reveló que el propio Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios atribuidos a Spagnuolo. El caso estalló en agosto de 2025 con la filtración de esos audios, los cuales destaparon una presunta trama de sobornos a droguerías y proveedores de la ANDIS en la adquisición de medicamentos de alto costo.

El 3% de Karina

En las grabaciones atribuidas a Spagnuolo se exigía un retorno de entre el 8% y el 20% sobre el valor total de las compras públicas. La supuesta voz del entonces funcionario afirmaba que “a Karina le llega el 3%” —en alusión a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente—, mientras que un 1% adicional se destinaba a la logística operativa de la red.

Los abogados defensores de los involucrados ensayaron un veloz control de daños argumentando que los audios eran falsos o creados con inteligencia artificial. Los investigadores sostienen que, aunque las grabaciones hubieran sido alteradas, eso no modifica el rumbo de la causa. Spagnuolo tuvo que renunciar y el Ejecutivo de Milei disolvió la agencia. Por su parte, el Ministerio de Sanidad hizo su propio relevamiento y detectó sobreprecios de hasta un 4000% en insumos como sillas de ruedas, ortopedia y aparatología, informe que fue incorporado a la causa.

Esta semana comenzó con novedades en el expediente. El martes, los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, confirmaron el procesamiento de Spagnuolo junto a otras 18 personas, entre las que figuran Daniel Garbellini (el segundo de ANDIS) y diversos empresarios del sector farmacéutico. En febrero, la justicia los había imputado por los delitos de asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.

Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la agencia habría funcionado como “el centro de operaciones” de diversas actividades ilícitas, como “una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal” y “una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficios de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando”.

Las maniobras afectaron a la población con discapacidad especialmente vulnerable, esa misma que pondrá en en foco la futura visita del Papa León XIV al Cottolengo de Don Orione. Se trata de un hogar que da respuesta a personas con discapacidad y que ha denunciado falta de incumplimiento del Estado en los programas de asistencia.

El caso Montoro seguirá en Tarragona por ahora. La Audiencia de Tarragona ha rechazado resolver los recursos de las defensas de los investigados que reclamaban que el caso se instruyera desde un juzgado de Madrid, si bien ha advertido que cualquier decisión sobre la competencia (qué juez debe quedarse con la causa) corresponde al Tribunal Supremo.

Así lo indican los magistrados en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que declaran su “falta de competencia funcional” para resolver la petición de las defensas. Varios investigados del despacho del exministro, Equipo Económico, presentaron una batería de recursos ante el juez que lleva ocho años investigando los pagos de empresas gasísticas el bufete a cambio de una regulación favorable.

Como parte de estos recursos todavía están pendientes de resolver por parte del juez instructor del caso, la instancia superior acuerda “abstenerse de resolver la cuestión de competencia planteada” planteada por las defensas.

Sin embargo, los jueces de la instancia superior añaden que el camino para resolver la cuestión no pasa por Tarragona, sino por la plaza Villa de París de la capital de España, sede del Tribunal Supremo: cuando la “controversia” por la competencia de un caso afecta a dos juzgados de distintas comunidades autónomas (Tarragona y Madrid, en el caso Montoro), el órgano encargado de dirimirla no es “ni siquiera”, remarcan los magistrados, el TSJ catalán, sino el Supremo.

Las defensas del caso tenían las expectativas puestas en que este septiembre la Audiencia de Tarragona les diera la razón y el caso Montoro viajara a Madrid. Pero la incertidumbre se prolongará todavía más, hasta que el Supremo tome la decisión definitiva.

Se trata de un nuevo parón en una causa que acumula ya ocho años de instrucción desde un pequeño juzgado tarraconense que comanda el magistrado Rubén Rus, y que ahora tiene enfrente a algunos de los abogados más cotizados de Madrid que representan al exministro y a sus antiguos colaboradores en Hacienda y Equipo Económico.

En su recurso, Equipo Económico reclama que la causa la investigue un juzgado de la capital de España porque es allí donde radica la sede del Ministerio de Hacienda, epicentro de los cambios regulatorios foco de la investigación, y porque “se deriva” que en Madrid se produjeron las reuniones entre los miembros del bufete y los representantes de las gasistas.

El exministro y otros investigados, tanto de su despacho como de las gasistas, se adhirieron a la petición de Equipo Económica y cargaron contra el argumento del juez para mantener la causa en Tarragona: el hallazgo del correo con el que empezó el caso Montoro en el registro de las oficinas en la capital tarraconense de una de las gasistas en el marco de otra causa.

La Fiscalía Anticorrupción también apoya que el caso siga en Tarragona. El caso ha estado marcado por el enfrentamiento entre el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y su subordinada en la causa, Carmen García Cerdá. Tal y como informó este diario, Luzón logró anular escuchas y que no se volcara el correo del exministro, impidiendo que el caso se extendiera al uso que Montoro hizo de información tributaria de enemigos personales y adversarios políticos.

Mientras el caso pasa al Tribunal Supremo, entre la tarea pendiente de los Mossos está la de analizar los movimientos bancarios de Montoro y de seis personas más de su entorno, incluido su hermano. El juez ordenó rastrear cada paso desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad, porque le atribuye la presunta comisión de delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Se llama canutazo en el argot periodístico al momento en que un político se pone delante de un grupo de periodistas con sus micrófonos y grabadoras para hacer unas declaraciones, en general breves. Este viernes, Isabel Díaz Ayuso lo hizo en Alcalá de Henares y las preguntas fueron sobre el famoso ático. Ahí comenzó una larguísima intervención de varios minutos en las que, casi sin coger aire, se lanzó a ofrecer unas explicaciones confusas con la única intención de presentarse como víctima de una confabulación de sus enemigos reales o imaginarios. No paró de hablar mientras no contaba nada concreto o nada que no se supiera.

Resultó entre divertido y alucinante verla intentar explicarse y soltar frases que se cortaban para cambiar de argumento. Lo más importante es que ella era LA VÍCTIMA. Todo lo que había hecho era perfectamente normal, aunque por otro lado también decía que ella no había hecho absolutamente nada. Todo había ocurrido aparentemente sin que ella interviniera. Hubo una frase especialmente patética cuando dijo: “¿Por qué no intentáis creerme?”. Era como si formara parte de una canción de la película 'Los miserables', llena de dolor y rabia. Sólo faltaba la banda sonora.

La oposición dice que Ayuso está “desquiciada” y la intervención ante los periodistas lo confirmaba. Le preguntaron por qué había visitado personalmente el ático, del que había dicho que no era para ella. “Porque si lo compran y estoy buscando un lugar donde puede que me lleve las oficinas, el despacho mío, mi despacho, oye, pues por verlo”. Dijo que ser presidenta le obliga a vivir en “condiciones muy duras”, por no tener anonimato, y que le gusta “tener vecinos” (a pesar de que las lógicas medidas de seguridad les obligaría a muchas molestias): “Entonces, lo único que me da alegría es tener vecinos, que tengan sus perros, sus niños, me gusta 'qué tal, presidenta', 'buenos días', 'cómo estás', 'he traído fruta', 'te la intercambio', cosas normales de vecindad”.

Los perros, los niños, la fruta con su inevitable intercambio. Cualquier cosa antes que contar quién dio la orden de comprar el ático de lujo. Quién no ha llegado a casa y le ha dicho a la vecina del cuarto que ha comprado un kilo de naranjas, pero que le da la mitad a cambio de medio kilo de manzanas. ¡El trueque como en los albores de la humanidad! Todo esto dicho a la velocidad de un coche de Fórmula 1 del que sale un humo preocupante.

Su Gobierno difundió el viernes un informe de 224 páginas con los documentos relacionados con la compra sin que en ninguno quedara claro quién había dado la orden de compra. Los nombres estaban tachados. Los documentos habían sido escaneados para que los metadatos no revelaran de dónde había partido cada uno de ellos. 

La compra por valor de 6,3 millones fue realizada por la sociedad pública Planifica Madrid en abril, presumiblemente cumpliendo órdenes del Gobierno. Llevaban meses buscando una vivienda. Esa transacción se hizo en secreto. Luego el Gobierno firmó un contrato de alquiler (por solo 3.000 euros mensuales, un precio muy inferior al de mercado) para utilizarlo para sus propios fines. ¿Cuáles eran? Ese documento dice que el Gobierno de Ayuso “tiene interés en hacer uso del mismo como inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales”. También se dice que podría utilizarse en caso de algún tipo de emergencia como “espacios accesorios o suplementarios en contextos de gestión de crisis que pueden prolongarse en el tiempo y requerir de espacios complementarios con posibilidad de uso residencial”. 

Las dos frases vienen a confirmar la posibilidad de que sirviera de residencia para Ayuso de manera permanente u ocasional. La diferencia entre ambas opciones es irrelevante a efectos contractuales. Una vez que entras a vivir en el ático, podrías seguir allí el tiempo que quieras. Y la Comunidad no se va a gastar seis millones en un piso de lujo en una de las zonas más caras de Madrid –al lado de la casa donde reside la madre de Ayuso– para que viva en él un consejero o para que se celebren reuniones. El Gobierno ya tiene un montón de salas para ese fin y el ático no podía ser únicamente lugar de trabajo porque el edificio está catalogado como de uso residencial. Alguien podría trabajar en él si hace teletrabajo –eso es legal– siempre que la zona de despacho no supere unos máximos. 

La versión inicial decía que el ático era para celebrar reuniones durante unas obras en el edificio de la Presidencia de Madrid y que por eso se había buscado “un inmueble destinado a oficinas”, como dijo Ayuso. Fue una de las mentiras que ahora han quedado desveladas por los documentos difundidos. Por eso se ha tardado mes y medio en hacerlos públicos. 

Ese contrato de alquiler entre Planifica Madrid y la Comunidad se firmó el 27 de julio. Dos días después, El País dio la noticia y el Gobierno autonómico entró en pánico. Había que deshacerse del ático cuanto antes. Al día siguiente, se anunció la venta del piso, junto a otros edificios, y que los ingresos se destinarían a la recuperación de las zonas de Madrid dañadas por los incendios. Un cambalache disfrazado de gesto humanitario. Eso era ilegal, porque el ático forma parte de los activos de Planifica Madrid y los fondos de su posible venta no pueden emplearse para cualquier cosa solo porque lo diga la presidenta, pero les dio igual.

En este clima delirante, propiciado por la situación que vive Ayuso, el pleno de la Asamblea de Madrid del jueves ofreció otro espectáculo singular a causa de otro tema, la denuncia de un cirujano del Hospital Ramón y Cajal de que se han falseado las listas de espera por razones políticas. Ayuso lo definió así: “El bulo del culo de la semana viene cuando en el Ramón y Cajal un señor está manipulando las citas sanitarias, las suyas, y encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventar el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios, y ahora resulta que nos da lecciones de listas de espera en la tele sanchista”. La presidenta se dedicó a difamar al médico para desacreditar su testimonio en vez de investigar una presunta ilegalidad.

Lo del bulo del culo viene de una antigua denuncia de una agresión homófoba que resultó ser falsa y que en la derecha se utilizó para burlarse de los homosexuales. Ya hay que ser retorcido para hacer ahora esa comparación. Les debió de parecer gracioso. 

Aterrorizada por la situación creada por el ático, que ni siquiera ven bien en la dirección nacional del partido, Ayuso ha optado por la solución que aplica a todas las crisis. Esparcir basura a todos los lados y presentarse como víctima. La que extiende tantos bulos, con o sin culos, que es difícil seguirles el rastro. En el debate de la Asamblea, Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid, la definió en estos términos: “Ayuso lo que quiere ser es una aristócrata, una emperatriz y tener un tren de vida que le paguemos los madrileños”. Por concretar, una aristócrata a la que le encanta intercambiar fruta con sus vecinos.

Una crisis sin final en el horizonte

Cuanto más dure la crisis de Ceuta, peores consecuencias tendrá para el Gobierno. Y no tiene pinta de que esto vaya a acabar pronto. Incluso las medidas que en teoría sirven para mejorar la situación –trasladar a los inmigrantes a un campamento temporal en el puerto de Ceuta con 1.700 plazas– ofrecen imágenes que sirven para sustentar la teoría de la oposición de que todo es un caos sin control. 

El traslado realizado el viernes era una tarea complicada. Miles de personas querían poder acceder a la zona de acogida, porque allí tienen garantizado al menos una cama y comida. Mejor eso que vivir en la calle o en una playa. Y eran más que el número de plazas disponibles. No parece que hubiera suficientes efectivos policiales para mover a todas esas personas. Hubo algunos incidentes. Centenares de los migrantes comenzaron a correr por temor a quedarse sin plaza en una estampida recogida por las cámaras. 

El Gobierno dice haber cumplido su promesa de habilitar 6.000 nuevas plazas, pero, por lo que se ha podido ver después, no son suficientes. La playa del Trampolín continúa albergando a un número similar de personas al que había antes de la operación. 

Esta semana, comprobamos que el presidente de Ceuta era muy consciente justo antes del 30 de julio de las limitaciones legales existentes de cara a devolver a Marruecos a los inmigrantes que llegaran a la ciudad. “No se pueden devolver, sería delito. Lo prohíbe la ley. Para que el menor pueda retornar, tiene que querer retornar. Y ninguno quiere. Y los adultos que solicitan asilo no se pueden retornar”, dijo Juan Jesús Vivas el 29 de julio. Después, cambió de discurso y análisis jurídico, seguro que después de una llamada de la dirección del PP. 

El PP continúa con su política de criminalizar a los extranjeros que aún siguen en Ceuta. No sólo no frenan en esa deriva, sino que aceleran. Feijóo se inventó el viernes que su intención es atacar a la policía: “Estos señores no vienen a buscar un trabajo. Vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Querer dormir en una cama parece ser un atentado al orden público constitucional. En el empeño por alcanzar al nivel de xenofobia de Vox, Cayetana Álvarez de Toledo afirma que no son migrantes, sino “soldados” y que las mujeres y niños sólo están ahí “de atrezo”. Para caer en el racismo, el primer requisito es mostrar una total falta de compasión por los pobres de otros países. Algunos políticos están dispuestos a eso y a mucho más.

El exdirector de operaciones del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que presentó la primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2025 por las graves irregularidades cometidas en el centro, fue despedido como medida de represalia por estas denuncias y se vulneró su condición de informante protegido en materia de contratación pública. Así lo establece la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 12 de Madrid a la que ha tenido acceso elDiario.es y adelantada por El Mundo.

La sentencia, ante la que cabe recurso, dictamina que el despido del ex alto cargo del CNIO es nulo y que las cinco imputaciones disciplinarias esgrimidas por la empresa —entre ellas las de haber generado una situación de riesgo radiactivo en las instalaciones— eran falsas. La resolución judicial subraya que la medida se ejecutó de forma precipitada el 30 de agosto de 2025, un día antes de expirar el mandato de la gerencia interina y desoyendo el criterio del Comité de Empresa. Por este motivo, ordena la inmediata reincorporación del directivo a su puesto, el abono de los salarios de tramitación y una indemnización por daños morales calculada con efecto disuasorio para la entidad.

El dictamen judicial indica literalmente que el exdirector de operaciones del CNIO fue “represaliado tras cursar diversas denuncias por ciertas conductas empresariales”. Tal y como informó elDiario.es, el tribunal subraya que este alto cargo avisó al secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, y al patronato, de la posible existencia de irregularidades y solicitó amparo.

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades muestran su respeto a la resolución judicial y aseguran que los servicios jurídicos del CNIO llevarán a cabo un análisis exhaustivo de la sentencia, con el objeto de determinar las actuaciones que, en su caso, procedan. El Ministerio recuerda que el pasado mes de junio comenzó un proceso de refundación del CNIO para reforzar la estabilidad institucional, la transparencia y la excelencia científica del centro mediante una nueva estructura de gobernanza adaptada a los retos actuales de la investigación biomédica. 

Informante desprotegido

El tribunal recuerda que, por resolución de fecha 23 de diciembre de 2025, la Autoridad Independiente de Protección del Informante reconoció al demandante su condición de persona informante con derecho a protección y acordó sancionar a las personas responsables. Esta resolución, recuerda el juez, se basaba en la detección de “una relación temporal entre la puesta en conocimiento de las irregularidades detectadas en su organización y la incoación del expediente disciplinario que finalizó con el despido”.

Por ello, recoge el fallo judicial, la utilización del poder disciplinario de la empresa para represaliar al exdirectivo del CNIO merece el reproche de la nulidad y, además, conlleva el derecho del demandante a ser indemnizado. “Lo que está en juego —señala el juez— es el interés colectivo que subyace tras la limpieza en la contratación pública que debe empezar por la propia organización empresarial, lo que queda seriamente menoscabado si se permite que se despida, precisamente, a quien ha informado de que dicha contratación en el seno de una Fundación Pública pueda ser irregular”.

La denuncia del exdirector de operaciones ante Anticorrupción incluía un dossier de 122 páginas en el que se estimaban irregularidades en la contratación pública por un valor de entre 20 y 25 millones de euros. Desde entonces, se han sucedido las informaciones sobre la conducta irregular del exgerente del centro, Juan Arroyo, que siguen bajo la lupa de la Fiscalía. Este goteo de escándalos ha tenido como consecuencia la salida de todos los patronos privados del CNIO, desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a la Fundación CRIS Cáncer o el BBVA.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, buscaba este lunes templar las aguas con sus socios de Gobierno tras el duro revés de los servicios jurídicos, que tumbaron la vía que exploraba el Departamento de Cohesión territorial para pagar los 8,3 millones de euros de sobrecoste derivados del modificado que en noviembre de 2025 rechazó la intervención general del Gobierno. Pero lejos de eso, su principal socio, Geroa Bai, ha elevado el tono y asegura que “no se ha actuado con rigor técnico y jurídico suficiente”. “Salimos todavía más preocupados”, ha lamentado su portavoz, Pablo Azcona, a la salida de la reunión que han mantenido durante más de dos horas los tres partidos que conforman la coalición de gobierno.

La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, es una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

Al poco tiempo de iniciarse la obra, las empresas de la UTE presentaron un modificado del contrato que incluía un sobrecoste de 8,3 millones de euros. La dirección general de Obras Públicas lo autorizó, pero a última hora un informe de la Intervención General lo echó para atrás al considerar que ese sobrecoste no estaba debidamente justificado. Aquel informe derivó en una primera crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite, que terminó destituyendo al director general Pedro López Vera.

Pero los trabajos de ese modificado ya se habían ejecutado en la obra, por lo que el Gobierno de Navarra ha estado estudiando estos meses fórmulas para abonar a las empresas de la UTE esos 8,3 millones de euros. La vía elegida fue la del enriquecimiento injusto, pero de nuevo ha sido rechazada, esta vez por la asesoría jurídica.

Este nuevo varapalo jurídico ha vuelto a levantar ampollas entre los socios, que han exigido que no se pague a la UTE “ni un solo euro más” de lo que esté avalado jurídicamente. Pero Geroa Bai (Socialverdes y PNV) asegura que “encauzar las cosas va a ser difícil”. Ven complicada una solución al pago del sobrecoste y mientras tanto la obra está parada. “Ha habido una gestión defectuosa en el trámite de esta obra”, ha insistido Azcona, que ha reclamado al Gobierno que presente una propuesta con respaldo jurídico para solucionar la crisis del sobrecoste “cuanto antes”.

También Contigo/Zurekin, el tercer socio del Ejecutivo, ha reclamado “rigor” y “transparencia” y, a diferencia de Geroa Bai, su portavoz, Miguel Garrido, ha señalado que ha salido del encuentro “con algunas certezas”, como por ejemplo el compromiso por parte del Ejecutivo foral de que “no se va a pagar ni un euro más del que correspondía al proyecto inicial” de las obras de duplicación del túnel“.

El PSN, quien está al frente de la consejería de Cohesión Territoral, por su parte ha insistido en que se sigue buscando una “solución jurídica” que aporte la “máxima garantía legal” a la obra. “La prioridad absoluta del Gobierno foral es continuar con las obras de la duplicación del túnel de Belate, siempre buscando una solución jurídica que nos dé la máxima garantía legal posible”, ha aseverado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu.

El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, está siendo investigado por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas en torno a la producción de una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La investigación contra el primogénito del líder ultraderechista se abrió el julio pasado, pero ha trascendido este viernes, después de que el magistrado André Mendonça, instructor del proceso en el Tribunal Supremo, levantara el secreto del sumario sobre todo el proceso relacionado con el millonario fraude del Banco Master.

El senador es investigado por los posibles delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas por supuestamente haber intermediado en la financiación ilegal de 'Dark Horse', un filme que aún no se ha estrenado sobre la vida de Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo.

Según mensajes descubiertos en el teléfono móvil del banquero Daniel Vorcaro, controlador del Banco Master y actualmente encarcelado como responsable por el mayor fraude financiero en la historia de Brasil, Flávio Bolsonaro le pidió donaciones para financiar la película y lo urgió a agilizar los pagos para saldar una serie de deudas de los productores del filme.

Según el portal Intercept Brasil, que tuvo acceso a esos mensajes, Vorcaro habría desembolsado al menos 61 millones de reales (10,2 millones de dólares) en 2025 para financiar la película, pero los recursos fueron depositados en cuentas en Estados Unidos de personas próximas a la familia Bolsonaro, por lo que se investiga el destino real de las transferencias.

Flávio Bolsonaro aparece en las encuestas de intención de voto como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección, de cara a las presidenciales de octubre. En los últimos sondeos, ambos están en un empate técnico con miras a una eventual segunda vuelta.

La inclusión del aspirante por el ultraderechista Partido Liberal (PL) en el proceso como investigado fue autorizada por Mendonça tras una petición hecha por la Policía Federal y el aval de la Fiscalía. La Policía Federal sospecha que Flávio Bolsonaro recibió parte del dinero donado por Vorcaro para la película.

La posible financiación ilegal de 'Dark Horse' se investiga en otro proceso del Tribunal Supremo instruido por el magistrado Flávio Dino y que intenta establecer si los productores de la película recibieron recursos públicos de parlamentarios de manera irregular.

La Policía Federal registró el jueves 49 residencias y oficinas de los 29 investigados en este otro proceso, entre los cuales el diputado Mario Frias, un actor que fue secretario de Cultura en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), y la empresaria Karina Ferreira da Gama, productora ejecutiva del filme.

Frias, que fue el guionista de la película sobre Bolsonaro, es acusado de haber enviado recursos del presupuesto a los que tiene derecho como parlamentario a una organización no gubernamental vinculada a los productores. Las mismas sospechas tienen en la mira de los investigadores a los diputados Bia Kicis y Marcos Pollon, todos integrantes del PL, la formación liderada por Bolsonaro.

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dijous a Calella (Barcelona) Carlos García Roldán, 'Charly', considerat el cervell de la trama de Lujo Casa, la major estafa immobiliària orquestrada a Mallorca. El detingut feia nou mesos que estava fugit de la justícia després d'haver estat condemnat a 14 anys i nou mesos de presó per l'Audiència Provincial de Balears.

Agents de l'Institut Armat de les Illes Balears s'han desplaçat fins a la localitat barcelonina després de localitzar-ne el parador. García Roldán es trobava al domicili de la seva mare, el mateix lloc on era quan va rebre la notificació de la sentència condemnatòria el desembre de l'any passat. Quan els agents s'han personat a l'habitatge, el condemnat estava amagat en un moble situat sota l'aigüera, segons han assenyalat fonts de la investigació a elDiario.es.

La localització ha estat possible arran de la investigació duta a terme per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de les Illes Balears, que va determinar que podria estar rebent suport del seu entorn familiar. Per accedir a l'habitatge, els agents van obtenir una autorització judicial d'entrada i registre de l'Audiència Provincial de Balears. El detingut haurà de passar ara a disposició del jutjat de guàrdia del municipi on ha estat arrestat.

El tribunal de la Secció Segona de l'Audiència Provincial va condemnar García Roldán per delictes d'estafa agreujada, pertinença a grup criminal, insolvència punible i blanqueig de capitals, i el va assenyalar com el “veritable director” de l'entramat empresarial utilitzat per captar els diners dels compradors.

La sentència considera provat que els integrants de la xarxa criminal van comercialitzar promocions fantasma a través d'una enrevessada xarxa d'empreses pantalla i simulaven ser promotors amb experiència consolidada i gran solvència, malgrat que mai van comptar amb els mitjans financers i materials necessaris per desenvolupar l'activitat. Els acusats van captar bestretes per un total de 3,4 milions d'euros d'almenys 235 compradors, que van lliurar a compte desenes de milers d'euros -entre 5.000 i més de 100.000 euros cadascun- per habitatges que no existien.

Els compradors, en molts casos parelles joves que pretenien adquirir un habitatge, van lliurar desenes de milers d'euros com a reserves per a promocions que finalment mai no es van arribar a executar.

Nou mesos en parador desconegut

García Roldán es trobava en llibertat provisional quan va ser condemnat. L'endemà de la notificació de la sentència havia de comparèixer davant l'Audiència Provincial per a una vista en què estava previst revisar les mesures cautelars que pesaven sobre ell fins que la resolució adquirís fermesa. No s'hi va presentar. Va al·legar que es trobava fora de Mallorca i que no havia trobat vols per tornar a Palma. Des de llavors romania en parador desconegut i pesava sobre ell una ordre de cerca, detenció i ingrés a presó dictada per l'Audiència Provincial el mateix mes de desembre.

La fugida no era, tanmateix, una situació nova per a García Roldán. Durant la investigació de la trama ja havia abandonat Espanya i s'havia traslladat a Colòmbia, on va romandre durant un temps abans de ser extradit per poder continuar el procediment judicial. La pròpia fugida a Sud-amèrica va ser un dels episodis centrals de la investigació sobre Lujo Casa.

El principal responsable de l'entramat va arribar fins i tot a modificar la seva aparença física abans d'abandonar Espanya el 2018, quan els compradors van començar a sospitar que podien haver estat víctimes d'una estafa.

Habitatges que mai no es van construir

Va ser a finals de 2015 quan García Roldán va posar en marxa la immobiliària que acabaria donant nom a una de les majors estafes immobiliàries investigades a les Balears. L'entramat es va recolzar en diferents societats, entre elles Mallorca Investment, que permetien projectar una imatge de solvència i experiència empresarial.

Els compradors eren atrets per promocions d'habitatges sobre plànol que, segons va acreditar posteriorment la investigació, en nombrosos casos ni tan sols es corresponien amb projectes propis. Les empreses utilitzaven fotografies de promocions alienes o extretes d'Internet per publicitar habitatges que mai arribarien a construir-se.

L'aparença de professionalitat era una de les claus de l'engany: a les oficines treballaven comercials, administratius i altres professionals, mentre que arquitectes i constructors contribuïen a reforçar davant dels clients la imatge que darrere de les promocions existia una estructura empresarial real.

L'Audiència Provincial va concloure finalment que no es tractava de simples promocions immobiliàries que haguessin fracassat, sinó d'un “negoci civil criminalitzat”: contractes utilitzats com a pantalla per a un pla preconcebut de captació de fons. El tribunal va considerar provat que García Roldán controlava les societats, les promocions, els contractes i els moviments de diners.

Durant el judici, García Roldán va negar les acusacions. Va assegurar que havia explicat als compradors els riscos de les operacions i va sostenir que les promocions podrien haver-se executat si no s'hagués produït una “estampida” de clients que van reclamar la devolució de les seves reserves. Sobre la seva fugida a Colòmbia, va afirmar que va actuar “per por” i va arribar a dir que hauria d'haver sol·licitat una suspensió de pagaments.

La sentència, tanmateix, va concloure que el grup havia actuat de manera reiterada i organitzada per captar diners dels compradors sense comptar amb la capacitat ni la intenció d'executar els habitatges promesos. A més de García Roldán, l'Audiència va condemnar altres dos integrants de la trama.