El exdirector de operaciones del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que presentó la primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2025 por las graves irregularidades cometidas en el centro, fue despedido como medida de represalia por estas denuncias y se vulneró su condición de informante protegido en materia de contratación pública. Así lo establece la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 12 de Madrid a la que ha tenido acceso elDiario.es y adelantada por El Mundo.

La sentencia, ante la que cabe recurso, dictamina que el despido del ex alto cargo del CNIO es nulo y que las cinco imputaciones disciplinarias esgrimidas por la empresa —entre ellas las de haber generado una situación de riesgo radiactivo en las instalaciones— eran falsas. La resolución judicial subraya que la medida se ejecutó de forma precipitada el 30 de agosto de 2025, un día antes de expirar el mandato de la gerencia interina y desoyendo el criterio del Comité de Empresa. Por este motivo, ordena la inmediata reincorporación del directivo a su puesto, el abono de los salarios de tramitación y una indemnización por daños morales calculada con efecto disuasorio para la entidad.

El dictamen judicial indica literalmente que el exdirector de operaciones del CNIO fue “represaliado tras cursar diversas denuncias por ciertas conductas empresariales”. Tal y como informó elDiario.es, el tribunal subraya que este alto cargo avisó al secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, y al patronato, de la posible existencia de irregularidades y solicitó amparo.

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades muestran su respeto a la resolución judicial y aseguran que los servicios jurídicos del CNIO llevarán a cabo un análisis exhaustivo de la sentencia, con el objeto de determinar las actuaciones que, en su caso, procedan. El Ministerio recuerda que el pasado mes de junio comenzó un proceso de refundación del CNIO para reforzar la estabilidad institucional, la transparencia y la excelencia científica del centro mediante una nueva estructura de gobernanza adaptada a los retos actuales de la investigación biomédica. 

Informante desprotegido

El tribunal recuerda que, por resolución de fecha 23 de diciembre de 2025, la Autoridad Independiente de Protección del Informante reconoció al demandante su condición de persona informante con derecho a protección y acordó sancionar a las personas responsables. Esta resolución, recuerda el juez, se basaba en la detección de “una relación temporal entre la puesta en conocimiento de las irregularidades detectadas en su organización y la incoación del expediente disciplinario que finalizó con el despido”.

Por ello, recoge el fallo judicial, la utilización del poder disciplinario de la empresa para represaliar al exdirectivo del CNIO merece el reproche de la nulidad y, además, conlleva el derecho del demandante a ser indemnizado. “Lo que está en juego —señala el juez— es el interés colectivo que subyace tras la limpieza en la contratación pública que debe empezar por la propia organización empresarial, lo que queda seriamente menoscabado si se permite que se despida, precisamente, a quien ha informado de que dicha contratación en el seno de una Fundación Pública pueda ser irregular”.

La denuncia del exdirector de operaciones ante Anticorrupción incluía un dossier de 122 páginas en el que se estimaban irregularidades en la contratación pública por un valor de entre 20 y 25 millones de euros. Desde entonces, se han sucedido las informaciones sobre la conducta irregular del exgerente del centro, Juan Arroyo, que siguen bajo la lupa de la Fiscalía. Este goteo de escándalos ha tenido como consecuencia la salida de todos los patronos privados del CNIO, desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a la Fundación CRIS Cáncer o el BBVA.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, buscaba este lunes templar las aguas con sus socios de Gobierno tras el duro revés de los servicios jurídicos, que tumbaron la vía que exploraba el Departamento de Cohesión territorial para pagar los 8,3 millones de euros de sobrecoste derivados del modificado que en noviembre de 2025 rechazó la intervención general del Gobierno. Pero lejos de eso, su principal socio, Geroa Bai, ha elevado el tono y asegura que “no se ha actuado con rigor técnico y jurídico suficiente”. “Salimos todavía más preocupados”, ha lamentado su portavoz, Pablo Azcona, a la salida de la reunión que han mantenido durante más de dos horas los tres partidos que conforman la coalición de gobierno.

La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, es una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

Al poco tiempo de iniciarse la obra, las empresas de la UTE presentaron un modificado del contrato que incluía un sobrecoste de 8,3 millones de euros. La dirección general de Obras Públicas lo autorizó, pero a última hora un informe de la Intervención General lo echó para atrás al considerar que ese sobrecoste no estaba debidamente justificado. Aquel informe derivó en una primera crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite, que terminó destituyendo al director general Pedro López Vera.

Pero los trabajos de ese modificado ya se habían ejecutado en la obra, por lo que el Gobierno de Navarra ha estado estudiando estos meses fórmulas para abonar a las empresas de la UTE esos 8,3 millones de euros. La vía elegida fue la del enriquecimiento injusto, pero de nuevo ha sido rechazada, esta vez por la asesoría jurídica.

Este nuevo varapalo jurídico ha vuelto a levantar ampollas entre los socios, que han exigido que no se pague a la UTE “ni un solo euro más” de lo que esté avalado jurídicamente. Pero Geroa Bai (Socialverdes y PNV) asegura que “encauzar las cosas va a ser difícil”. Ven complicada una solución al pago del sobrecoste y mientras tanto la obra está parada. “Ha habido una gestión defectuosa en el trámite de esta obra”, ha insistido Azcona, que ha reclamado al Gobierno que presente una propuesta con respaldo jurídico para solucionar la crisis del sobrecoste “cuanto antes”.

También Contigo/Zurekin, el tercer socio del Ejecutivo, ha reclamado “rigor” y “transparencia” y, a diferencia de Geroa Bai, su portavoz, Miguel Garrido, ha señalado que ha salido del encuentro “con algunas certezas”, como por ejemplo el compromiso por parte del Ejecutivo foral de que “no se va a pagar ni un euro más del que correspondía al proyecto inicial” de las obras de duplicación del túnel“.

El PSN, quien está al frente de la consejería de Cohesión Territoral, por su parte ha insistido en que se sigue buscando una “solución jurídica” que aporte la “máxima garantía legal” a la obra. “La prioridad absoluta del Gobierno foral es continuar con las obras de la duplicación del túnel de Belate, siempre buscando una solución jurídica que nos dé la máxima garantía legal posible”, ha aseverado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu.

El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, está siendo investigado por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas en torno a la producción de una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La investigación contra el primogénito del líder ultraderechista se abrió el julio pasado, pero ha trascendido este viernes, después de que el magistrado André Mendonça, instructor del proceso en el Tribunal Supremo, levantara el secreto del sumario sobre todo el proceso relacionado con el millonario fraude del Banco Master.

El senador es investigado por los posibles delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas por supuestamente haber intermediado en la financiación ilegal de 'Dark Horse', un filme que aún no se ha estrenado sobre la vida de Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo.

Según mensajes descubiertos en el teléfono móvil del banquero Daniel Vorcaro, controlador del Banco Master y actualmente encarcelado como responsable por el mayor fraude financiero en la historia de Brasil, Flávio Bolsonaro le pidió donaciones para financiar la película y lo urgió a agilizar los pagos para saldar una serie de deudas de los productores del filme.

Según el portal Intercept Brasil, que tuvo acceso a esos mensajes, Vorcaro habría desembolsado al menos 61 millones de reales (10,2 millones de dólares) en 2025 para financiar la película, pero los recursos fueron depositados en cuentas en Estados Unidos de personas próximas a la familia Bolsonaro, por lo que se investiga el destino real de las transferencias.

Flávio Bolsonaro aparece en las encuestas de intención de voto como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección, de cara a las presidenciales de octubre. En los últimos sondeos, ambos están en un empate técnico con miras a una eventual segunda vuelta.

La inclusión del aspirante por el ultraderechista Partido Liberal (PL) en el proceso como investigado fue autorizada por Mendonça tras una petición hecha por la Policía Federal y el aval de la Fiscalía. La Policía Federal sospecha que Flávio Bolsonaro recibió parte del dinero donado por Vorcaro para la película.

La posible financiación ilegal de 'Dark Horse' se investiga en otro proceso del Tribunal Supremo instruido por el magistrado Flávio Dino y que intenta establecer si los productores de la película recibieron recursos públicos de parlamentarios de manera irregular.

La Policía Federal registró el jueves 49 residencias y oficinas de los 29 investigados en este otro proceso, entre los cuales el diputado Mario Frias, un actor que fue secretario de Cultura en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), y la empresaria Karina Ferreira da Gama, productora ejecutiva del filme.

Frias, que fue el guionista de la película sobre Bolsonaro, es acusado de haber enviado recursos del presupuesto a los que tiene derecho como parlamentario a una organización no gubernamental vinculada a los productores. Las mismas sospechas tienen en la mira de los investigadores a los diputados Bia Kicis y Marcos Pollon, todos integrantes del PL, la formación liderada por Bolsonaro.

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dijous a Calella (Barcelona) Carlos García Roldán, 'Charly', considerat el cervell de la trama de Lujo Casa, la major estafa immobiliària orquestrada a Mallorca. El detingut feia nou mesos que estava fugit de la justícia després d'haver estat condemnat a 14 anys i nou mesos de presó per l'Audiència Provincial de Balears.

Agents de l'Institut Armat de les Illes Balears s'han desplaçat fins a la localitat barcelonina després de localitzar-ne el parador. García Roldán es trobava al domicili de la seva mare, el mateix lloc on era quan va rebre la notificació de la sentència condemnatòria el desembre de l'any passat. Quan els agents s'han personat a l'habitatge, el condemnat estava amagat en un moble situat sota l'aigüera, segons han assenyalat fonts de la investigació a elDiario.es.

La localització ha estat possible arran de la investigació duta a terme per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de les Illes Balears, que va determinar que podria estar rebent suport del seu entorn familiar. Per accedir a l'habitatge, els agents van obtenir una autorització judicial d'entrada i registre de l'Audiència Provincial de Balears. El detingut haurà de passar ara a disposició del jutjat de guàrdia del municipi on ha estat arrestat.

El tribunal de la Secció Segona de l'Audiència Provincial va condemnar García Roldán per delictes d'estafa agreujada, pertinença a grup criminal, insolvència punible i blanqueig de capitals, i el va assenyalar com el “veritable director” de l'entramat empresarial utilitzat per captar els diners dels compradors.

La sentència considera provat que els integrants de la xarxa criminal van comercialitzar promocions fantasma a través d'una enrevessada xarxa d'empreses pantalla i simulaven ser promotors amb experiència consolidada i gran solvència, malgrat que mai van comptar amb els mitjans financers i materials necessaris per desenvolupar l'activitat. Els acusats van captar bestretes per un total de 3,4 milions d'euros d'almenys 235 compradors, que van lliurar a compte desenes de milers d'euros -entre 5.000 i més de 100.000 euros cadascun- per habitatges que no existien.

Els compradors, en molts casos parelles joves que pretenien adquirir un habitatge, van lliurar desenes de milers d'euros com a reserves per a promocions que finalment mai no es van arribar a executar.

Nou mesos en parador desconegut

García Roldán es trobava en llibertat provisional quan va ser condemnat. L'endemà de la notificació de la sentència havia de comparèixer davant l'Audiència Provincial per a una vista en què estava previst revisar les mesures cautelars que pesaven sobre ell fins que la resolució adquirís fermesa. No s'hi va presentar. Va al·legar que es trobava fora de Mallorca i que no havia trobat vols per tornar a Palma. Des de llavors romania en parador desconegut i pesava sobre ell una ordre de cerca, detenció i ingrés a presó dictada per l'Audiència Provincial el mateix mes de desembre.

La fugida no era, tanmateix, una situació nova per a García Roldán. Durant la investigació de la trama ja havia abandonat Espanya i s'havia traslladat a Colòmbia, on va romandre durant un temps abans de ser extradit per poder continuar el procediment judicial. La pròpia fugida a Sud-amèrica va ser un dels episodis centrals de la investigació sobre Lujo Casa.

El principal responsable de l'entramat va arribar fins i tot a modificar la seva aparença física abans d'abandonar Espanya el 2018, quan els compradors van començar a sospitar que podien haver estat víctimes d'una estafa.

Habitatges que mai no es van construir

Va ser a finals de 2015 quan García Roldán va posar en marxa la immobiliària que acabaria donant nom a una de les majors estafes immobiliàries investigades a les Balears. L'entramat es va recolzar en diferents societats, entre elles Mallorca Investment, que permetien projectar una imatge de solvència i experiència empresarial.

Els compradors eren atrets per promocions d'habitatges sobre plànol que, segons va acreditar posteriorment la investigació, en nombrosos casos ni tan sols es corresponien amb projectes propis. Les empreses utilitzaven fotografies de promocions alienes o extretes d'Internet per publicitar habitatges que mai arribarien a construir-se.

L'aparença de professionalitat era una de les claus de l'engany: a les oficines treballaven comercials, administratius i altres professionals, mentre que arquitectes i constructors contribuïen a reforçar davant dels clients la imatge que darrere de les promocions existia una estructura empresarial real.

L'Audiència Provincial va concloure finalment que no es tractava de simples promocions immobiliàries que haguessin fracassat, sinó d'un “negoci civil criminalitzat”: contractes utilitzats com a pantalla per a un pla preconcebut de captació de fons. El tribunal va considerar provat que García Roldán controlava les societats, les promocions, els contractes i els moviments de diners.

Durant el judici, García Roldán va negar les acusacions. Va assegurar que havia explicat als compradors els riscos de les operacions i va sostenir que les promocions podrien haver-se executat si no s'hagués produït una “estampida” de clients que van reclamar la devolució de les seves reserves. Sobre la seva fugida a Colòmbia, va afirmar que va actuar “per por” i va arribar a dir que hauria d'haver sol·licitat una suspensió de pagaments.

La sentència, tanmateix, va concloure que el grup havia actuat de manera reiterada i organitzada per captar diners dels compradors sense comptar amb la capacitat ni la intenció d'executar els habitatges promesos. A més de García Roldán, l'Audiència va condemnar altres dos integrants de la trama.

La Guardia Civil ha detenido este jueves en Calella (Barcelona) a Carlos García Roldán, 'Charly', considerado el cerebro de la trama de Lujo Casa, la mayor estafa inmobiliaria orquestada en Mallorca. El arrestado llevaba nueve meses fugado de la Justicia tras haber sido condenado a 14 años y nueve meses de prisión por la Audiencia Provincial de Balears.

Agentes del Instituto Armado de las islas se han desplazado hasta la localidad barcelonesa después de localizar su paradero. García Roldán se hallaba en el domicilio de su madre, el mismo lugar en el que se encontraba cuando recibió la notificación de la sentencia condenatoria en diciembre del pasado año. Cuando los agentes se han personado allí, el acusado estaba escondido en un mueble situado debajo del fregadero, según han señalado fuentes de la investigación a elDiario.es.

La localización ha sido posible a raíz de la investigación llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de las islas, que determinó que podría estar recibiendo apoyo de su entorno familiar. Para acceder a la vivienda, los agentes obtuvieron una autorización judicial de entrada y registro de la Audiencia balear. El detenido deberá pasar ahora a disposición del juzgado de guardia del municipio en el que ha sido arrestado.

El tribunal de la Sección Segunda condenó a García Roldán por delitos de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales, señalándolo como el “verdadero director” del entramado empresarial utilizado para captar el dinero de los compradores.

La sentencia considera probado que los integrantes de la red criminal comercializaron promociones fantasma a través de una enmarañada red de empresas pantalla y simulaban ser promotores de experiencia consolidada y gran solvencia a pesar de que nunca contaron con medios financieros y materiales para desarrollar la actividad. Los acusados captaron anticipos por un total de 3,4 millones de euros de al menos 235 compradores, quienes entregaron a cuenta decenas de miles de euros -entre 5.000 y más de 100.000 euros cada uno- por viviendas que no existían.

Los compradores, en muchos casos parejas jóvenes que pretendían adquirir una vivienda, entregaron decenas de miles de euros como reservas para promociones que finalmente nunca llegaron a ejecutarse.

Nueve meses en paradero desconocido

García Roldán se encontraba en libertad provisional cuando fue condenado. El día siguiente a la notificación de la sentencia debía comparecer ante la Audiencia Provincial para una vista en la que estaba previsto revisar las medidas cautelares que pesaban sobre él hasta que la resolución adquiriese firmeza. No se presentó. Alegó que se encontraba fuera de Mallorca y que no había encontrado vuelos para regresar a Palma. Desde entonces permanecía en paradero desconocido y pesaba sobre él una orden de búsqueda, captura y detención dictada por la Audiencia Provincial el mismo mes de diciembre.

La fuga no era, sin embargo, una situación nueva para García Roldán. Durante la investigación de la trama ya había abandonado España y se había trasladado a Colombia, donde permaneció durante un tiempo antes de ser extraditado para poder continuar el procedimiento judicial. La propia fuga a Sudamérica fue uno de los episodios centrales de la investigación sobre Lujo Casa.

El principal responsable del entramado llegó incluso a modificar su apariencia física antes de abandonar España en 2018, cuando los compradores empezaron a sospechar que podían haber sido víctimas de una estafa.

Viviendas que nunca se construyeron

Fue a finales de 2015 cuando García Roldán puso en marcha la inmobiliaria que acabaría dando nombre a una de las mayores estafas inmobiliarias investigadas en Balears. El entramado se apoyó en distintas sociedades, entre ellas Mallorca Investment, que permitían proyectar una imagen de solvencia y experiencia empresarial.

Los compradores eran atraídos por promociones de viviendas sobre plano que, según acreditó posteriormente la investigación, en numerosos casos ni siquiera se correspondían con proyectos propios. Las empresas utilizaban fotografías de promociones ajenas o extraídas de Internet para publicitar viviendas que nunca llegarían a construirse.

La apariencia de profesionalidad era una de las claves del engaño: en las oficinas trabajaban comerciales, administrativos y otros profesionales, mientras que arquitectos y constructores contribuían a reforzar ante los clientes la imagen de que detrás de las promociones existía una estructura empresarial real.

La Audiencia Provincial concluyó finalmente que no se trataba de simples promociones inmobiliarias que hubieran fracasado, sino de un “negocio civil criminalizado”: contratos utilizados como pantalla para un plan preconcebido de captación de fondos. El tribunal consideró probado que García Roldán controlaba las sociedades, las promociones, los contratos y los movimientos de dinero.

Durante el juicio, García Roldán negó las acusaciones. Aseguró que había explicado a los compradores los riesgos de las operaciones y sostuvo que las promociones podrían haberse ejecutado si no se hubiera producido una “estampida” de clientes que reclamaron la devolución de sus reservas. Sobre su huida a Colombia, afirmó que actuó “por miedo” y llegó a decir que debería haber solicitado una suspensión de pagos.

La sentencia, sin embargo, concluyó que el grupo había actuado de forma reiterada y organizada para captar dinero de los compradores sin contar con la capacidad ni la intención de ejecutar las viviendas prometidas. Además de García Roldán, la Audiencia condenó a otros dos de los integrantes de la trama.

El 4 de septiembre se ha conocido una resolución judicial del magistrado instructor del Tribunal de Instancia de Getxo Marcos Amor. Según su auto, que viene con fecha de 7 de septiembre —aquí nadie se ha quejado de que haya trascendido públicamente antes de la notificación—, no se aprecia delito en el derribo del edificio protegido de la localidad Irurak Bat. Por lo tanto, procede al sobreseimiento de la investigación. Sin duda, es una noticia de alcance.

La decisión, rápidamente celebrada por el PNV, que tenía a tres exconcejales imputados por presunta prevaricación urbanística —dos de ellos se iban a ir a vivir a las nuevas viviendas de lujo que iban a sustituir al conocido como “palacete”—, tiene muchos, muchísimos matices. Repasemos cinco de ellos.

Uno. No es ni una “sentencia” ni una decisión “definitiva”, como se ha dicho en algunos foros. Es un auto, que no es firme y puede ser recurrible por las acusaciones si estiman que sigue habiendo indicios de delito. Las acusaciones son tres en este sumario, la Fiscalía y dos partidos de la oposición, PP y EH Bildu. La Audiencia de Bizkaia puede ordenar reabrir la investigación. El juez Amor, por cierto, destaca expresamente que la argumentación del ministerio fiscal es bastante sólida, a pesar de lo cual no la tiene en consideración.

Dos. El cierre de las actuaciones se fundamenta en otra sentencia sobre otro edificio de similar protección de Getxo, La Aldea. Las defensas, al ver que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decía que un bien de “custodia municipal” no tenía automáticamente protección y podía ser derribado, instaron con toda lógica al juez Amor a que lo aplicara también en el asunto del Irurak Bat. Y lo han logrado. Sin embargo, el propio Amor admite en la resolución que la jurisdicción contencioso-administrativa no constituye ‘cosa juzgada’ para la vía penal. Resumidamente, cierra la investigación porque él está de acuerdo con esa interpretación, no porque esté obligado a ello. “El objeto del problema jurídico presenta identidades sustanciales que determinan la aplicación de las consideraciones alcanzadas en aquella resolución”, sostiene.

Tres. La investigación se cierra, por más que Amor se esfuerce en detallar las actuaciones realizadas, sin tomar declaración a los imputados, sin hacerlo tampoco a testigos clave —en particular a Urko Balciscueta, arquitecto municipal— y sin revisar los dispositivos electrónicos decomisados en enero por la Ertzaintza, la Policía judicial. ¿Han tenido las acusaciones capacidad real para poder probar sus indicios? Por cierto, estas diligencias fueron ordenadas por otra magistrada, Neus Galobardes, que dejó el Tribunal de Instancia de Getxo poco después de mandar a la Policía al Ayuntamiento. Aquello fue una medida excepcionalísima en la Euskadi en la que se investiga pidiendo información a los investigados y que probablemente no se había visto desde el ‘caso De Miguel’, allá por 2010.

Cuatro. El PNV ha rescatado las críticas a la “campaña” mediática y política en su contra, reforzado por el cierre de la investigación. Ha puesto sobre la mesa el sufrimiento padecido por los tres ediles implicados, Inaxio Uriarte, Irantzu Uriarte e Iñigo Urkitza. Sin embargo, nada obligaba legalmente a que dimitieran tras su imputación. Fue una decisión exclusiva del partido, como también lo ha sido que la alcaldesa Amaia Agirre no repita como candidata. Es más, la mayoría de códigos éticos fija ya la apertura de juicio oral como momento más oportuno para la dimisión, no una simple citación. Los estatutos del PNV, actualizados en 2025, sólo prevén la salida “automática” en caso de investigaciones por “violencia de género” o “contra la libertad sexual”, y siempre que haya unos indicios sólidos. El resto es optativo: “Excepcionalmente, el Euzkadi Buru Batzar podrá acordar la suspensión cautelar de la afiliación de una persona afiliada investigada en fase de instrucción por un hecho delictivo con evidente daño a la imagen de EAJ-PNV, previa audiencia preceptiva de la persona afiliada. La suspensión cautelar será automática si se dicta auto de apertura de juicio oral y se trata de un hecho delictivo relacionado con la corrupción”. Quien ha estimado que ahí se hacía daño a la “imagen” del partido ha sido el propio partido.

Cinco. La Ertzaintza suele ser objeto de debate político. Sin embargo, cada vez que sus escasamente dotadas unidades especializadas de investigación (delitos económicos o delitos ambientales) actúan como Policía judicial, suele ser vapuleada sin que prácticamente nadie salga a la palestra pública a poner en valor su labor. Ocurrió con el ‘caso De Miguel’ antes mencionado y se ha repetido aquí, con algunos abogados defensores coincidentes. Se ha hablado de investigaciones paralelas y “extrajudiciales” y hasta de conspiraciones. “Los agentes de la Ertzaintza, en una posición que constitucionalmente no les corresponde, e irrogándose funciones de expertos en materia urbanística, pretenden resolver de un plumazo aquello que había sido requerido por parte del ministerio fiscal y comienzan su atestado con una calificación jurídica del nivel de protección del edificio demolido, incurriendo en errores de bulto”, puso por escrito en el sumario uno de los letrados de las defensas, Jon Kepa Huertas.

El prestigioso cardiólogo Kim Fox, expresidente de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), cobró más de 50 millones de libras —más de 58 millones de euros— junto a su esposa entre 2006 y 2015 a través de una empresa que gestionaba ensayos clínicos del fármaco ivabradina para la farmacéutica Servier. Todo esto, al tiempo que presidía el comité que elaboró las guías europeas que recomendaban ese medicamento, cuya utilidad ahora está en duda. Según ha revelado la revista The BMJ, tras la emisión de un documental danés y una investigación interna, la ESC ha sancionado a Fox por incurrir en una “conducta gravemente impropia”, al no haberse inhibido ante un conflicto de intereses y cobrar cifras que sus colegas consideran “monstruosas”.

El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia de las relaciones entre médicos e industria farmacéutica y ha puesto el foco sobre las guías clínicas, que son los documentos maestros que regulan el manejo, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más comunes. También en España, donde un reciente análisis ha determinado que, a pesar de que la gran mayoría de los autores de las guías reciben transferencias de valor directas de los laboratorios, apenas el 17% de sus declaraciones de conflictos de interés son completamente exactas y fiables.

El trabajo consistió en comparar las declaraciones de interés de 704 autores con las transferencias de valor reportadas por la industria farmacéutica disponibles en las páginas web de las compañías. El 80% de ellos recibieron transferencias, pero solo el 16,9% presentaron declaraciones de interés precisas. “Las tasas de declaración son muy bajas; tan solo uno de cada seis autores analizados declaraban correctamente los pagos y eso que no pudimos registrarlos todos porque no existe un registro único”, explica Sergio Martín-Benlloch, primer autor del estudio. “Nosotros quisimos llamar un poco la atención sobre este aspecto. Esto es un problema de transparencia que no se había estudiado antes en España”.

Intereses no declarados

La situación, dicen los autores, se ve agravada por la fragmentación y debilidad del sistema de control y transparencia español. A diferencia de otros países, que cuentan con leyes específicas de transparencia, España carece de un registro público único, centralizado y de fácil acceso que permita fiscalizar estos vínculos financieros de forma sistemática. A ello se suma que la declaración y gestión de los conflictos de interés en las guías clínicas no responde a un estándar nacional uniforme, sino que depende en gran medida de las políticas de cada sociedad científica u organismo que las elabora.

El problema es que no sabemos si cuando dicen que no tienen conflictos de interés los autores de las guías están diciendo la verdad

Sergio Martín-Benlloch — Investigador de la Universidad Miguel Hernández y primer autor del estudio

“El hallazgo fundamental del trabajo es que se confirma algo que tristemente se espera: que las declaraciones de interés no sean veraces”, destaca Ildefonso Hernández-Aguado, director general de Salud Pública entre 2008 y 2011 y coordinador del estudio. En la memoria quedan algunos casos de conflictos de interés flagrantes, como el del oncólogo español Josep Baselga, que renunció en septiembre de 2018 como director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York tras conocerse que no había declarado millones de dólares en pagos recibidos de la industria farmacéutica en decenas de sus artículos científicos. O el del hepatólogo Jordi Bruix que, según una investigación de Civio, había recibido más de 98.000 euros de Bayer mientras respaldaba y lideraba investigaciones sobre dos fármacos de la compañía para el cáncer de hígado.

“El problema es que no sabemos si cuando dicen que no tienen conflictos de interés los autores de las guías están diciendo la verdad”, subraya Martín-Benlloch. “Las guías clínicas coordinan el manejo de patologías muy frecuentes y podrían ser el elemento más vulnerable a estos intereses de la industria”.

Pablo Alonso-Coello, investigador del Centro Cochrane Iberoamericano en el Instituto de Investigación Sant Pau, y responsable del Centro GRADE de Barcelona, coincide con las conclusiones del artículo, en el que no ha participado. “Es verdad que no te puedes fiar mucho, sobre todo en España”, asegura. “Hay organizaciones que desarrollan políticas cada vez más explícitas, pero no hay un registro centralizado y no hay una política de comprobación ni nadie que vaya a contrastarlo: las guías clínicas son un coladero”.

El criterio de las sociedades científicas

Las donaciones directas están prohibidas y las formas habituales de influencia son a través de pagos individuales por asistencias a congresos, ponencias, asesorías o participaciones en comités. Las farmacéuticas se suelen centrar en lo que llaman líderes clínicos (key opinion leader o KOL), personas que tienen un buen currículum, que a veces ha crecido a la sombra de estas empresas. “Aunque las sociedades de cardiología han puesto el límite en más de 10.000 euros, nosotros hemos encontrado autores de guías clínicas que reciben honorarios superiores a estos y que dicen explícitamente que no tienen conflictos de interés”, advierte Hernández-Aguado.

Decimos que es un problema estructural porque en muchas sociedades científicas el mayor financiador no son las cuotas de los asociados, sino que son las empresas farmacéuticas

Ildefonso Hernández-Aguado — Director general de Salud Pública entre 2008 y 2011 y coordinador del estudio

Pero la mayor capacidad de influencia de la industria en estos documentos de salud pública no es a través los investigadores, sino de las sociedades científicas, que son las que redactan las guías. “Nosotros decimos que es un problema estructural porque en muchas sociedades científicas el mayor financiador no son las cuotas de los asociados, sino las empresas farmacéuticas”, señala Hernández-Aguado. “Eso hace que haya probabilidades altas de que la agenda de la sociedad esté, en cierta forma, capturada por intereses ajenos a la salud y se centren en soluciones farmacológicas”.

“Además, cada sociedad tiene sus protocolos y establece lo que es un conflicto de intereses, pero hay algunas que son mucho más exigentes, mientras que otras no lo son tanto”, destaca Martín-Benlloch. Un estudio internacional de enero de este año mostraba que solo una pequeña minoría (el 10%) de las organizaciones que elaboran guías de práctica clínica describe un proceso para verificar las declaraciones y muy pocas proporcionaban criterios específicos. “Las organizaciones que elaboran guías clínicas deberían mejorar sus políticas sobre conflictos de intereses, especialmente en lo relativo a la evaluación de los mismos, y hacer mayor hincapié en la declaración de los intereses de la organización (no solo de la guía clínica)”, concluía.

En España, una investigación de Civio mostró que entre las diez entidades que más transferencias recibieron de las farmacéuticas en 2016 siete eran sociedades médicas. “Los organismos públicos están desarrollando políticas para excluir de las etapas clave a investigadores con conflictos muy gordos, pero en algunas sociedades científicas estos expertos campan a sus anchas y no tienen unas políticas tan estrictas”, asegura Alonso-Coello. “Estas sociedades están muy financiadas por la industria y deciden cuáles son las prioridades de las guías que se hacen. ¿Y qué medicamentos eligen? Los que generan dinero”.

Manzanas podridas

Borja Ibáñez, cardiólogo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) que ha coordinado algunas guías clínicas en su campo, reconoce que son “el objetivo más goloso para la industria”, pero cree que en los últimos años se han reforzado los controles para hacer cada vez más difícil esta influencia. “En cardiología no solo se ha puesto como tope los 10.000 euros, sino que la composición de los miembros que hacen las guías es totalmente confidencial hasta el día que se publican”, señala. “Además, los coordinadores tienen que tener cero intereses por parte de la industria; este es el motivo por el que yo fui el coordinador más joven de una guía que ha habido nunca en Europa, porque necesitaban gente con la hoja de conflictos de interés limpia y no había muchos”.

En general, la comunidad cardiológica, y también la médica, son mucho más limpias de lo que puede parecer con estos casos que aparecen aquí

Borja Ibáñez — Cardiólogo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)

Para Ibáñez, es cierto que hay “manzanas podridas” en la investigación, como en cualquier otro ámbito de la sociedad, pero sería injusto trasladar la idea de que no se está controlando, porque se ha hecho un gran esfuerzo para evitar estas situaciones. “En general, la comunidad cardiológica, y también la médica, es mucho más limpia de lo que puede parecer con estos casos que aparecen aquí”, recalca. “No es que todos los médicos reciban dinero de la industria y por eso deciden recetarnos fármacos o no. Hay quien puede cometer tropelías, en la misma proporción que en cualquier otra profesión”.

“Es muy frustrante que ocurran estas cosas porque hay muchísima gente haciendo buena ciencia, dejándose las pestañas en las horas y los años de trabajo para que luego venga algún pirata y lo tire por tierra”, asegura Julián Palacios, cardiólogo del hospital Son Espases en Palma. “Existe esta gente y existen los corruptos, pero eso no significa que todo el mundo esté trincando y que le pongamos a los pacientes lo que paga el mejor postor. Hay muy buena ciencia en cardiología”.

Un reglamento que no llega

Aunque es injusto generalizar, los especialistas reconocen que las declaraciones de conflicto de interés se basan en la buena fe y hay quien puede mentir sobre ellas. “A veces no tienes cómo comprobarlo, es bastante complicado ahora”, admite Ibáñez. Por eso investigadores como Martín-Benlloch piden una mayor regulación. “Nosotros tuvimos que consultar documento a documento”, dice. “Un registro centralizado sería algo muy positivo para la transparencia, porque haría mucho más sencillo el poder comprobar estos conflictos de interés”.

En 2011, durante el mandato de Ildefonso Hernández-Aguado como director general de Salud Pública, se aprobó una ley que contemplaba estos controles. “En el artículo 11 de la Ley General de Salud Pública de 2011 se dispuso que todas las sociedades científicas que participasen en recomendaciones que afectasen a la salud tendrían que hacer declaraciones de intereses”, apunta. “Pero para que fuera efectivo, se tenía que desarrollar el reglamento que no ha llegado”.

La ley recoge literalmente que “las administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas”, que deberá conocerse la composición de los comités o grupos, así como “la declaración de intereses de los intervinientes”. Consultado por elDiario.es, el actual director general de Salud Pública, Pedro Gullón, reconoce que la ley requiere del desarrollo reglamentario y asegura que están trabajando en ello. “El desarrollo reglamentario de este artículo 11 nos parece un punto muy interesante a poder desarrollar para que ese punto de la Ley General de Salud Pública tenga un ordenamiento jurídico adecuado”, dice.

El programa GuíaSalud, que elabora, evalúa y difunde guías de práctica clínica en el Sistema Nacional de Salud (SNS), dispone de un manual para su elaboración y edición en el que exige declarar, revisar y gestionar los conflictos de interés, pero no establece un mecanismo independiente para comprobar que las declaraciones sean completas o veraces. Este medio ha intentado reiteradamente hablar con sus responsables sin obtener respuesta.

El Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica incluye entre sus principios la transparencia y la gestión adecuada de conflictos de interés, pero tampoco establece una forma de verificarlo. Para Hernández-Aguado, es imprescindible que tanto las sociedades científicas como las administraciones intervengan para que haya una mayor transparencia. “La pregunta es: ¿quién decide la agenda de investigación?”, señala. “Si las industrias te dicen que investigues algo y ponen dinero, ¿crees que estás respondiendo a las necesidades de la sociedad?”.

“Lo que hemos visto nosotros con nuestro estudio es que el sistema actual es insuficiente”, resume Martín-Benlloch. “Tenemos muchos ejemplos en nuestra serie de profesionales cobrando cantidades muy importantes de la industria que podrían incluso suponer un segundo sueldo. No son la mayoría, pero es posible”, advierte. No están diciendo que en España haya casos como el de Kim Fox, sino que con la regulación actual, podría haberlos.

“La industria farmacéutica es necesaria para la producción de fármacos, pero tenemos que conseguir un sistema donde cada uno haga su parte”, sostiene el investigador. “Y, desde luego, que las guías clínicas dependan de la evidencia científica disponible, elaborada por autores transparentes”, concluye Martín-Benlloch. “Esto no quiere decir que tengan que ser totalmente asépticos en sus relaciones con la industria, pero toda comunicación se tiene que declarar, al igual que se hace en otros sistemas y en otros países, donde sabemos que funciona”.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado por conmutada la pena de cuatro años y medio de cárcel por falsedad documental y prevaricación impuesta a la expresidenta de Junts y del Parlament, Laura Borràs, tras ser indultada por el Gobierno a propuesta de los propios jueces.

Así consta en un auto, emitido por el TSJC, en el que se cierra el trámite del indulto iniciado por los mismos jueces al condenar a Borràs hace tres años por haber fraccionado contratos públicos para beneficiar a un amigo.

Los magistrados plantearon al Gobierno la concesión de la medida de gracia al considerar que la pena impuesta a Borràs, la mínima permitida por la ley, era “notablemente excesiva” en comparación con el mal causado por su conducta delictiva.

A juicio de los magistrados, la entrada en prisión de Borràs no era necesaria “para evitar la comisión futura de nuevos delitos”. En otra palabras: estar inhabilitada para gestionar dinero público durante 13 años y pagar una multa de 36.000 euros es suficiente reproche penal para la exlíder de Junts.

El Consejo de Ministros siguió la petición de los jueces y, el pasado mes de julio, conmutó la pena de prisión de Borràs pero mantuvo el resto de la condena, lo que impedirá a la expresidenta del Parlament volver a la primera línea política o a un cargo público en la próxima década.

Como reacción a su indulto parcial, Borràs destacó que, así, se disipa la posibilidad de entrar en prisión, aunque advirtió de que “la pesadilla no finalizará hasta que un tribunal determine” que el proceso judicial seguido en su causa ha sido, en su opinión, “una gran injusticia”.

El TSJC, en su auto, señala que queda un último trámite por cumplir sobre las condiciones para la suspensión de una pena de dos años de prisión, por lo que pide la valoración de la Fiscalía y de su defensa para que la exlíder de Junts participe en “programas formativos en contenidos relacionados con los fines que deben guiar las actuaciones de las Administraciones Públicas”.

Fernando Cerimedo se encuentra en el centro de una investigación judicial en Bolivia por intento de femicidio y enriquecimiento ilícito. Desde la cárcel, el extaxista devenido en consultor de la ultraderecha latinoamericana —entre sus clientes están el presidente argentino, Javier Milei, y el boliviano, Rodrigo Paz— aseguró que ganaba un millón de dólares al año, tras rectificar una declaración inicial en la que afirmó que recibía esa cantidad al mes, pero que no tenía ninguna actividad en el país andino que le reportara dinero. Esa cifra, lejos de disipar dudas, ha puesto más bajo la lupa sus negocios.

La expareja de Cerimedo, Nadia Beller, lo acusa de haber contratado sicarios para asesinarla, y además lo vincula a una red de contrabando de combustible y oro en connivencia con las altas esferas del poder en Bolivia. El hoy exdueño del portal La Derecha Diario y exsocio de Javier Negre acumula antecedentes de operaciones de desinformación y asesoría en campañas electorales en varios países de América Latina, en estrecha vinculación con el trumpismo.

Cerimedo recibió el 10 de febrero en Mar-a-Lago, el complejo turístico de Florida propiedad de Donald Trump, el premio al “consultor político hispano del año” de manos de Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro ---el expresidente brasileño condenado por intento de golpe—. El argentino agradeció entonces a Brad Parscale, jefe de campaña del mandatario republicano en 2020, la “lucha en América Latina contra el socialismo”.

El hoy detenido en La Paz no es solo un consultor digital: es el nodo latinoamericano de una red de big data dedicada a radiografiar las emociones del electorado. La operación no termina en las urnas, una vez que sus asesorados llegan al poder, la fábrica de datos muta en un engrasado mecanismo de lobby corporativo, diseñado para encauzar contratos estatales a las empresas vinculadas al entramado. De ahí el rol que ha tenido en Brasil, Argentina, Chile, Honduras y finalmente Bolivia.

Los caminos conducen a La Paz

Beller, abogada, declarará bajo el sistema de protección de testigos en los próximos días y se espera que diga que Cerimedo y la esposa del presidente boliviano Rodrigo Paz, María Elena Bibi Urquidi, urdieron una trama de contrabando de combustible. En declaraciones previas a medios de comunicación, aseguró tener pruebas. Entre las anotaciones que se encontraron en el teléfono móvil de Cerimedo figura la de “negocios” con combustibles.

Según publicó el diario argentino Página12, la investigación plantea que Cerimedo estuvo a cargo de la gestión de dos millones de litros de gasolina que desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia (YPFB) se sacaban del flujo de la compañía y se vendían en el mercado negro, muy activo ante el alza de los precios. La maniobra le reportaba dos millones de pesos diarios, equivalentes a unos 145.000 euros, según esta información.

¿Por qué Beller no denunció esto antes de ser víctima de un ataque, teniendo esa información? Su abogado, Jerjes Justiniano, justifica a elDiario.es que su cliente no puede ser señalada por cómplice, ya que no colaboró ni antes ni durante la comisión de los delitos que señala. “Nadia ha denunciado hechos de los que ha tenido conocimiento después de la comisión del delito. En Bolivia, la obligación de denunciar está reservada para funcionarios públicos y médicos; a ellos les cae la responsabilidad penal”, esgrime.

El letrado agrega: “Cerimedo manejaba fuertes sumas de dinero en su propio domicilio; producto de ello se realizaron los allanamientos. Eso dio lugar al proceso iniciado por enriquecimiento ilícito y la imputación de la segunda orden de 180 días de prisión preventiva para Cerimedo (la primera fue por la tentativa de femicidio)”.

En las viviendas allanadas se encontraron 100.000 dólares y constancias de transferencias de otros 400.000 dólares al exterior, según fuentes de la fiscalía de La Paz. Margarita Arce, abogada de Cerimedo, aseguró que su cliente introdujo legalmente en el país 200.000 dólares de su propio bolsillo y que no mantenía negocios ni contratos en suelo boliviano.

Se prevé igualmente que Beller involucre a Cerimedo en el intento de salida de 189 kilos de oro con destino a Dubái, operación en la que fue detenido el joven Adrián Lema Roca, que, según ella, es muy cercano a Catalina Paz, hija del mandatario de Bolivia.

La abogada Beller contará también, previsiblemente, que su expareja está vinculada con una maniobra en el departamento de Beni, que facilitó el aterrizaje y despegue de aviones, supuestamente, con drogas

El presidente Paz admitió que el consultor argentino trabajó en su campaña electoral en 2025, pero negó que fuera asesor de su gobierno y que estuviera vinculado a su familia. “Jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, dijo.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, enfrentado al jefe del Ejecutivo, presentó el martes una denuncia penal contra Urquidi y Cerimedo por supuesto “tráfico de influencias” con motivo del audio no verificado en el que presuntamente ambos hablan de cambiar a algunos ministros y a un exjefe policial.

Se prevé que Beller cuente también que su expareja está vinculada con una maniobra en el departamento de Beni, que facilitó el aterrizaje y despegue de aviones, supuestamente, con drogas. Según ella, Cerimedo lograba que las aeronaves fueran liberadas a cambio de que se les pusiera un transpondedor para localizar los vuelos. Por esa acusación, Cerimedo está siendo investigado en otro proceso judicial por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

En la causa sobre intento de femicidio surgió un nuevo elemento esta semana que tendrá que investigar la Justicia. Aldo Silva Peña, alias “Juancho”, sicario colombiano prófugo tras el atentado contra Beller, difundió un video en el que admitió un apoyo logístico al ataque, dijo que solo debían “darle un susto” porque “el objetivo no era matar a esa señora” y que el verdadero blanco “era una personalidad gaucha, argentina” que no identificó por su nombre.

Según la Policía boliviana, “Juancho” y “Don Fiti”, habrían participado directamente de la tentativa de feminicidio. El abogado de Beller afirmó que se trata de un elemento para desviar la investigación. “Es distractivo pretender victimizar a Cerimedo, queriendo dar a entender que el objetivo del atentado era él, cuando nunca fue citado para concurrir a ese lugar. La investigación ha sido eficiente en dar con el ciudadano colombiano, hay vínculos fácticos como la moto, el arma, los trajes de los dos repartidores de delivery y ahora este ciudadano aparece tratando de desviar la investigación”.

Un millón al mes o al año

La rutina de la cárcel boliviana de Palmasola se vio alterada el jueves pasado por la llegada de una comisión encabezada por el fiscal anticorrupción Miguel Cardozo. Frente a una lista de 219 preguntas, Cerimedo eligió la evasiva sistemática y dijo, en 159 ocasiones: “No tiene que ver con el caso”. Sí afirmó que facturaba un millón de dólares al mes, pero posteriormente corrigió la declaración y afirmó que el cobro era por año. Juró no tener actividad alguna en Bolivia, sostuvo que el presidente Paz no le solicitaba asesoramiento ni le daba instrucciones y denunció que su detención equivalía a un golpe de Estado.

Beller difundió fotos que dinamitaron ese relato de visita ocasional al país: una de Cerimedo sentado junto al presidente Paz en Miami ante la mirada del secretario de Estado, Marco Rubio; el consultor posando en el ascensor de la sede de Gobierno, viajando en el avión presidencial o instalado en el despacho del mandatario boliviano. Incluso tenía una oficina contigua a la del presidente, según su expareja.

La corrupción en el mileísmo

Beller, según su abogado, revelará la información que tiene sobre Cerimedo y la corrupción en Argentina cuando la cite algún fiscal o juez de Buenos Aires. Algo que aún no ha sucedido.

La abogada aseguró en declaraciones a la prensa que el consultor de Milei le habló “muchas veces de la corrupción” del Gobierno ultraderechista argentino. Y afirmó que la exesposa de Cerimedo, Natalia Basil, fue quien filtró en 2025 los audios en los que Diego Spanguolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelaba supuestos sobornos a Karina Milei, hermana del mandatario argentino. Cerimedo hablaba a Beller abiertamente de un “3% para Karina” en la compra de medicamentos para el área sensible de discapacidad y le aseguró que Basil trabajaba para la CIA.

Los cruces entre Argentina y Bolivia llevan el nombre de Cerimedo. Según publicó el medio La Política Online, Vicente Federico Quintanal, un empresario cercano al estratega y Karina Milei, gestionaba la compra de un terreno de 30 hectáreas sobre una vía fluvial para desarrollar un puerto multipropósito en Puerto General San Martín, localidad de la provincia argentina de Santa Fe. El proyecto quedó truncado con la detención de Cerimedo. El terreno que buscaba adquirir Vicente Federico Quintanal —supuesto testaferro de Cerimedo, según esa información— está en manos de capitales bolivianos.

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat la concessió d'una medalla simbòlica “a la dignitat professional” dels policies locals i funcionaris municipals que van ser investigats i, en alguns casos, processats i després absolts en diverses peces del conegut com a cas Cursach, cas Cursach, impulsat fa més de deu anys per a indagar les suposades pràctiques corruptes desplegades en el si de la Policia Local amb l'objectiu de protegir els interessos del magnat Bartolomé Cursach.

El reconeixement es materialitzarà aquest mes en un acte públic de “desagravi” en què Cort pretén expressar el seu reconeixement als afectats -uns 80 en total- i contribuir a “retornar-los el seu honor”. Així ho ha anunciat en roda de premsa el tinent de batle de Seguretat Ciutadana, Llorenç Bauzá, que s'ha referit als homenatjats com a “víctimes” que “van patir les conseqüències” de les investigacions de la causa Sancus -nom amb què es va denominar l'operació policial que va donar inici al cas Cursach-. Bauzá ha defensat, a més, que l'acte, que tindrà lloc al quarter de Sant Ferran, hauria d'haver-se celebrat abans com una forma de restablir el seu honor.

La iniciativa arriba després d'anys de reclamacions dels agents i funcionaris afectats perquè l'Ajuntament assumís institucionalment el perjudici que, sostenen, van patir durant la investigació. El juliol de 2023, el ple de Cort ja va aprovar la celebració d'un acte públic de desagravi i reconeixement, a més de reclamar la restitució dels drets dels empleats municipals afectats.

La demora en la seva execució va arribar fins i tot als tribunals: el 2025, un jutjat del Contenciós Administratiu va condemnar l'Ajuntament a indemnitzar amb 300 euros un dels funcionaris afectats per haver vulnerat el seu dret de petició en no respondre a una sol·licitud relacionada amb el reconeixement institucional.

Gairebé un milió d'euros en compensacions

Per altra banda, la Junta de Govern també ha aprovat la concessió d'uns 140.000 euros a un dels afectats, una quantitat que, segons ha assenyalat Bauzá, se suma al gairebé milió d'euros abonats en indemnitzacions i pagaments als policies i funcionaris.

Després de l'absolució dels processats, l'Ajuntament havia d'afrontar tant els salaris deixats de percebre per funcionaris suspesos d'ocupació i sou com les seves despeses de defensa.

El reconeixement municipal es produeix després del tomb judicial sense precedents que ha experimentat el cas Cursach. Les investigacions, iniciades a partir d'un suposat arranjament d'oposicions de la Policia Local i posteriorment ampliades a nombroses línies d'investigació sobre una presumpta trama de corrupció vinculada a l'empresari de l'oci nocturn Bartolomé Cursach, van arribar a afectar prop de 70 policies locals, a més d'empresaris i funcionaris.

Una de les peces més rellevants va ser la relativa al suposat arranjament del concurs de l'ORA de Palma. L'octubre de 2016 van ser detinguts diversos empresaris i els nou funcionaris que integraven la mesa de contractació, a més de familiars del llavors regidor del PP Álvaro Gijón. Les investigacions contra ells van acabar arxivades per falta d'indicis delictius.

El macrojudici contra Cursach i altres acusats va acabar finalment amb la absolució de l'empresari i de la resta de processats. El gir es va accentuar quan el Tribunal Superior de Justícia de Balears va condemnar el novembre de 2023 l'exjutge Manuel Penalva i l'exfiscal Miguel Ángel Subirán a nou anys de presóper delictes d'obstrucció a la Justícia, coaccions i omissió del deure de perseguir filtracions durant la instrucció en relació amb la peça relativa a l'exregidor Gijón. El tribunal va considerar provat que tots dos havien desplegat pràctiques il·legals per apuntalar les seves investigacions i pressionar diversos investigats.

La sentència també va condemnar tres policies del Grup de Blanqueig que van treballar amb ells, mentre que un altre agent va ser absolt. Les penes contra Penalva i Subirán, no obstant això, no són fermes, ja que van ser recorregudes en cassació davant el Tribunal Suprem.

El propi contingut del denominat xat Sancus, en el qual participaven Penalva, Subirán i diversos policies nacionals, va ser una de les peces centrals de la causa posterior contra els investigadors. En les converses van aparèixer missatges que, segons l'acusació, evidenciaven una actitud de pressió cap a alguns dels investigats i testimonis.

Amb l'homenatge, Cort pretén tancar institucionalment una de les etapes més conflictives de la història recent de la Policia Local de Palma i reconèixer els funcionaris que van ser investigats i, en diferents casos, detinguts, empresonats o apartats temporalment dels seus llocs i que finalment van quedar fora de les acusacions.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado la concesión de una medalla simbólica “a la dignidad profesional” de los policías locales y funcionarios municipales que fueron investigados, acusados y finalmente exonerados en varias de las piezas del conocido como caso Cursach, impulsado hace más de diez años para indagar las supuestas prácticas corruptas desplegadas en el seno de la Policía Local con el objetivo de proteger los intereses del magnate Bartolomé Cursach.

El reconocimiento se materializará este mes en un acto público de “desagravio” en el que Cort pretende expresar su reconocimiento a los afectados -unos 80 en total- y contribuir a “devolverles su honor”. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, quien se ha referido a los homenajeados como “víctimas” que “sufrieron las consecuencias” de las pesquisas de la causa Sancus (como se denominó la operación policial que dio inicio al caso Cursach), al tiempo que ha defendido que el acto, que tendrá lugar en el cuartel de San Fernando, debería haberse celebrado antes como una forma de restablecer su honor.

La iniciativa llega después de años de reclamaciones de los agentes y funcionarios afectados para que el Ayuntamiento asumiera institucionalmente el perjuicio que, sostienen, sufrieron durante la investigación. En julio de 2023, el pleno de Cort ya aprobó la celebración de un acto público de desagravio y reconocimiento, además de reclamar la restitución de los derechos de los empleados municipales afectados.

La demora en su ejecución llegó incluso a los tribunales: en 2025, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo condenó al Ayuntamiento a indemnizar con 300 euros a uno de los funcionarios afectados por vulnerar su derecho de petición al no responder a su solicitud para concretar el homenaje.

Casi un millón de euros en compensaciones

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha aprobado la concesión de unos 140.000 euros para uno de los afectados, una cantidad que, según ha señalado Bauzá, se suma al casi millón de euros abonados en indemnizaciones y pagos a los policías y funcionarios. Tras la absolución de los investigados, el Ayuntamiento debía afrontar tanto los salarios dejados de percibir por funcionarios suspendidos de empleo y sueldo como sus gastos de defensa.

El reconocimiento municipal se produce tras el vuelco judicial sin precedentes que sufrió el caso Cursach. Las investigaciones, iniciadas a partir de un supuesto amaño de oposiciones de la Policía Local y posteriormente ampliadas a numerosas líneas de investigación sobre una presunta trama de corrupción vinculada al empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, llegaron a afectar a cerca de 70 policías locales, además de empresarios y funcionarios.

Una de las piezas más relevantes fue la relativa al supuesto amaño del concurso de la ORA de Palma. En octubre de 2016 fueron detenidos varios empresarios y los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación, además de familiares del entonces concejal del PP Álvaro Gijón. Las investigaciones contra ellos acabaron archivadas por falta de indicios delictivos.

El macrojuicio contra Cursach y otros acusados terminó finalmente con la absolución del empresario y del resto de procesado. El giro se acentuó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Balears condenó en noviembre de 2023 al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán a nueve años de prisión por delitos de obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones durante la instrucción en relación con la pieza relativa al exconcejal Gijón. El tribunal consideró probado que ambos habían desplegado prácticas ilegales para apuntalar sus investigaciones y presionar a varios investigados.

La sentencia también condenó a tres policías del Grupo de Blanqueo que trabajaron con ellos, mientras que otro agente fue absuelto. Las penas contra Penalva y Subirán, no obstante, no son firmes, ya que fueron recurridas en casación ante el Tribunal Supremo.

El propio contenido del denominado chat Sancus, en el que participaban Penalva, Subirán y varios policías nacionales, fue una de las piezas centrales de la causa posterior contra los investigadores. En las conversaciones aparecieron mensajes que, según la acusación, evidenciaban una actitud de presión hacia algunos de los investigados y testigos. Con el homenaje, Cort pretende cerrar institucionalmente una de las etapas más conflictivas de la historia reciente de la Policía Local de Palma y reconocer a los funcionarios que fueron investigados y, en distintos casos, detenidos, encarcelados o apartados temporalmente de sus puestos y que finalmente quedaron fuera de las acusaciones.

Esta historia no comienza en julio de este año, cuando descubrimos que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de más de 400 metros. Empieza en la primavera de 2024, cuando elDiario.es destapa que Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, tenía una trama de facturas falsas y empresas pantalla para defraudar a Hacienda… y que la presidenta y su pareja viven juntos en un ático, pagado por él, a su nombre, y de más de un millón de euros. En ese momento, Ayuso dice esto: yo no vivo en una vivienda oficial ni pública pagada por todos ustedes.

A raíz de la crisis de este verano, el ático que paga la Comunidad de Madrid se pone a la venta, porque se descubre que solo puede ser, legalmente destinado a vivienda, no a oficinas. Esta historia sobre viviendas, áticos de lujo, inmuebles que cuesta una millonada al erario público acaba donde empezó. Es circular, porque volvemos al primer ático, el que compró su pareja después del fraude fiscal… Está ahora a la venta.

¿Será este caso un punto de inflexión en las aspiraciones políticas de Ayuso? ¿O simplemente será una historia de verano? Lo analizamos con los periodistas de elDiario.es África Gelardo y Aitor Riveiro.

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El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, que gobernó desde 2017 hasta 2021, fue condenado este viernes por un tribunal a cinco años de prisión por cohecho, al determinar que recibió sobornos para viabilizar el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, a cargo de la empresa china Sinohydro.

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) lo declaró culpable y le impuso el máximo de la pena, además de ordenar su “incapacidad perpetua para el desempeño de ejercer cargo público”.

Los jueces aseguraron que la empresa china pagó recursos millonarios hacia un círculo empresarial que luego fueron distribuidos a distintas sociedades y personas, incluidos integrantes del núcleo familiar del exmandatario. Los hechos ocurrieron cuando Moreno era vicepresidente del exmandatario Rafael Correa, entre 2007 y 2017.

Además de Moreno, en este caso estaban imputadas otras veinte personas, entre ellas su esposa, Rocío González; su hija Irina, sus hermanos Edwin y Guillermo; su cuñada Marta González; su amigo Conto Patiño, y el exembajador de China Cai Runguo, quienes también fueron declarados culpables.

González, su hija y el resto de su familia fueron condenados a dos años y seis meses de cárcel; mientras que Patiño y el exembajador chino recibieron los mismos cinco años que Moreno. Solo a una persona se le ratificó su inocencia.

Los jueces aceptaron la teoría de la Fiscalía, que acusó al exmandatario, a su familia y a su círculo cercano de recibir más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que la compañía china Sinohydro pagó para que la construcción de la hidroeléctrica, con una potencia de 1.500 megavatios, pueda llevarse acabo con financiamiento del Eximbank.

Utilizó su cargo como vicepresidente para beneficiar a su entorno familiar

De acuerdo con los magistrados, Moreno utilizó su cargo como vicepresidente para intervenir en un “ámbito ajeno a su rectoría” con el objetivo de favorecer a Sinohydro, y por ello obtuvo beneficios recibidos por su entorno familiar.

El expresidente aseguró este viernes que no había recibido “ni un solo centavo de Sinohydro” y que el caso supuestamente había sido fabricado por Correa para vengarse de él.

La hidroeléctrica entró en funcionamiento a finales de 2016, pero recién fue recibida en abril de este año por el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, pese a que tenía miles de fisuras.

Según Moreno, cuando él llegó a ser presidente lo primero que hizo fue “investigar” las obras del correísmo que “estaban mal hechas”, entre ellas la hidroeléctrica, y que en ese entonces se detectaron 17.000 fisuras.

Además de la pena de cárcel, el expresidente tendrá que pagar el triple de lo que recibió, unos 58.026 dólares. Su esposa, su hija y otros familiares también deberán cancelar el triple; mientras que los otros sentenciados tendrán que pagar entre el doble y el triple de lo que recibieron en sobornos.

Los jueces también ordenaron la suspensión de los derechos de participación durante el tiempo de la condena y que emitan disculpas públicas. Esta sentencia, de primera instancia, podrá ser apelada por el expresidente y todos los demás condenados.

Pasó de conducir taxis en Mar del Plata, a unos 400 kilómetros al sudeste de Buenos Aires, a codearse con la primera plana de la ultraderecha latinoamericana hasta que el destino se le ha torcido y ha terminado en una cárcel de Bolivia. Fernando Cerimedo, exasesor de los presidentes de Argentina y Bolivia, Javier Milei y Rodrigo Paz, y del exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, permanece desde el 18 de agosto entre rejas en Santa Cruz de la Sierra por tentativa de feminicidio contra su pareja, la abogada y activista política Nadia Beller, embarazada de pocas semanas del propio Cerimedo.

Beller, que sobrevivió a un ataque a balazos perpetrado por dos sicarios que se hicieron pasar por repartidores de comida, denunció al consultor por intento de feminicidio y por corrupción. Al allanar la casa de Cerimedo en Bolivia, la Fiscalía encontró más de 40.000 dólares y una “mini granja de bots”, es decir, dispositivos unidos por una red de software que comenta y comparte acciones automáticas en redes sociales.

Su caso trasciende el de violencia machista y tiene aristas políticas y diplomáticas: se lo investiga en una presunta trama de enriquecimiento ilícito y el martes la Fiscalía de Bolivia anunció un tercer proceso por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

Un pasado misterioso

El pasado de Cerimedo (Mar del Plata, 1981) es hasta hoy un misterio. Su versión de su trayectoria juvenil recoge estudios en Derecho, una beca de Harvard que no pudo aprovechar porque no sabía inglés, una estancia en Puerto Rico y un supuesto entrenamiento militar con los Navy Seals (una fuerza de operaciones especiales del ejército estadounidense).

Pero varias investigaciones periodísticas, entre ellas la publicada por una alianza periodística de 21 medios y cinco organizaciones especializadas en investigación digital, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), apuntan a falsedades en su biografía. La red de periodistas, en cambio, sí pudo comprobar una historia laboral que abarca desde ser taxista hasta trabajar en una empresa de seguros, en negocios de computación, en una fábrica de plásticos y como docente de secundaria.

También se conoció que en Mar del Plata fue condenado por estafa y fraude por haber vendido, en 2012, un mismo departamento a dos personas distintas. Se le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión en ejecución condicional.

Su salto profesional, sin embargo, se vincula al mundo de la publicidad, sobre todo a partir de la creación de un grupo empresarial, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, integrado por su agencia de publicidad Numen, creada en 2020, y una academia que ofrece cursos de mercado digital y político, según detalla la investigación periodística en alianza.

Conocido como “el rey de los trolls”, antes impulsó la creación de La Derecha Diario, un portal de noticias para influir en ese sector ideológico y desde el que ha difundido bulos y desinformación, para luego convertirse en propietario del 50% del medio, aunque ahora el diario haya informado en un comunicado que solo fue un “inversor estratégico” más.

Los recursos tecnológicos de la ultraderecha seguramente se verán afectados (en las próximas elecciones de Brasil) frente a la sorpresiva ausencia de su principal responsable en la región

Daniel Kersffeld — Analista internacional e investigador del Conicet

Desde su misma usina ideológica, el español Javier Negre, propietario y director actual de La Derecha Diario, desembarcó el sábado de urgencia en Buenos Aires para agilizar la desvinculación legal de Cerimedo. “¿Cuándo habló por última vez con Cerimedo?”, le preguntó el diario Clarín. “Antes de su detención en el aeropuerto (iba a viajar a Argentina). Me llamó por teléfono para anunciarme que aceptaba mi oferta por La Derecha Diario y llegamos a un acuerdo por escrito”, dijo Negre, soltando la mano a su socio. Pese a la versión que ha dado Negre, el acuerdo se firmó con Cerimedo ya bajo prisión preventiva.

Inicios con Bolsonaro

Cerimedo comenzó a conocerse en la política latinoamericana en 2022, cuando el entonces presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, fue derrotado en las elecciones por el actual mandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

El consultor, que ya había asesorado a Bolsonaro en la campaña de 2018, cuando resultó electo, reapareció cuatro años más tarde para divulgar un vídeo donde exponía una supuesta manipulación de las urnas para urdir un fraude electoral. Esa intervención sería usada para movilizar a las hordas de militantes que atacaron los palacios de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal en 2023.

A pesar de aparecer citado en el informe elaborado por la Policía Federal sobre quienes formaron parte del intento de golpe, la Fiscalía optó por excluirlo de la denuncia.

El analista internacional e investigador del Conicet, Daniel Kersffeld, avizora efectos en la elección presidencial del próximo 4 de octubre en Brasil: “La caída de Cerimedo tendrá consecuencias directas en la operatividad electoral de la ultraderecha en las próximas elecciones en Brasil, donde ya tenía un contacto muy fuerte con Jair Bolsonaro. Los recursos tecnológicos de la ultraderecha seguramente se verán afectados frente a la sorpresiva ausencia de su principal responsable en la región”.

Cerimedo también participó en la campaña que llevó a Milei a la presidencia de Argentina en 2023, con asesorías en estrategia digital y comunicación. El ultraderechista argentino insiste hoy en despegarse. En una entrevista a Radio Mitre, señaló que Cerimedo “es alguien que no forma parte del espacio”. “No tiene vínculo con nosotros de ningún tipo. Nos dejamos de vincular en el 2023”, ha afirmado Milei. Sin embargo, su exasesor registró al menos 13 ingresos a la Casa Rosada en el primer semestre de 2024. El presidente argentino nunca dejó de repostear las publicaciones de La Derecha Diario.

La semana pasada, Milei republicó en sus redes sociales mensajes de otros usuarios que ponían en duda el intento de matar a la expareja de Cerimedo. Luego, el mandatario decidió tomar otro camino y atribuir la detención de su exasesor a una conspiración del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales y “el castrochavismo”.

Estratega de Milei

Fue a partir de la victoria electoral de Milei en 2023 cuando Cerimedo amplió su red de negocios en Argentina y en el exterior, informó elDiarioAr. Junto a su exesposa argentina Natalia Basil, sumó participaciones en firmas de tecnología, deportes e inversiones, además de desembarcar en el sector energético con Patagonia Energy y Australis Energy. La expansión incluyó el registro de Numen Advisors en Miami y la representación regional de las plataformas Campaign Nucleus y Eyes Over, vinculadas a Brad Parscale, exdirector de campaña de Donald Trump.

En sus declaraciones a la prensa, la abogada Nadia Beller señaló que cuenta con grabaciones en distintos dispositivos en las que Cerimedo le habló sobre la causa de corrupción en la extinta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), exponiendo las internas en el gobierno argentino.

Según contó Beller al diario Página12, Natalia Basil, que fue funcionaria en la ANDIS entre abril y diciembre de 2024, habría sido quien filtró los audios en los que el entonces director de la agencia, Diego Spangnuolo, hablaba abiertamente de sobornos y del “3% para Karina”, en referencia a la hermana de Milei. Cerimedo supuestamente le confesó que el gobierno ultra “era una olla a presión, plagada de corrupción” y que “Karina Milei era la cabeza de todo”.

“En Bolivia gobierna Cerimedo”

Autopresentado públicamente como asesor personal del presidente Paz, en Bolivia Cerimedo lideró la comunicación digital de la campaña electoral de 2025, con la que Paz acabó con dos décadas de gobiernos de izquierda.

En los últimos meses participó del entorno político del mandatario boliviano y su pareja dijo que él tenía una oficina frente a la suya. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, reconoció que el argentino asesoró a Paz después de la campaña, pero negó que hubiera ocupado un cargo dentro de la estructura estatal. La administración de Paz le pidió a Beller que presente pruebas de sus acusaciones.

El abogado boliviano Ernesto Giraldes, cercano a Cerimedo, aseguró que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) pagaba por la consultoría que su cliente brindaba a Paz. Sin embargo, la entidad lo desmintió a través de un comunicado: “Ante versiones periodísticas que circulan en Bolivia, CAF aclara que el señor Fernando Cerimedo no ha mantenido ni mantiene ningún vínculo contractual con la institución”.

El intento de feminicidio y todos los arreglos y negocios políticos con los gobiernos de Paz y de Milei revelan la trama más oscura de la ultraderecha

Daniel Kersffeld — Analista internacional e investigador del Conicet

Nadia Beller asegura que tiene evidencias que demuestran negocios ilegales de Cerimedo en Bolivia y Argentina. En sus declaraciones sostiene que tiene cómo probar que el estratega y su exesposa Basil son dueños de una empresa llamada Future que exportó combustible a La Paz.

“Lo primero que hicieron (después del ataque) fue retirarme el teléfono celular, en el que no solo tenía pruebas de la agresión física y de la tentativa de feminicidio anterior, sino también de hechos de corrupción relacionados con el combustible”, afirmó Beller. “En Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo”, remarcó.

Según la abogada, Cerimedo recibía comisiones por los contratos de explotación hidrocarburífera y de oro del Estado boliviano con empresas privadas.

“El intento de feminicidio y todos los arreglos y negocios políticos con los gobiernos de Paz y de Milei revelan la trama más oscura de la ultraderecha, que la corrupción no es algo accidental de tal o cual gobierno, o algo que eventualmente se puede dar o no, sino que es algo estructural al modelo político instaurado por la ultraderecha”, señala Kersffeld.

Honduras y Chile

Cerimedo, que hasta hace semanas se exhibía como el cerebro detrás de la marea ultraconservadora, también asesoró al hoy presidente de Honduras, Nasry Asfura. Participó en la estrategia digital de esa campaña y tuvo un papel en la difusión del respaldo que Donald Trump dio a Asfura, quien ganó a fines de 2025. En ese país, además, está salpicado por acusaciones de financiamiento irregular.

Tras la detención del asesor argentino, la diputada liberal hondureña Saraí Espinal pidió al Ministerio Público de su país abrir una investigación formal por enriquecimiento ilícito.

El exasesor también ha sido señalado en Chile por su polémico papel en una cita electoral en el que se le ha asociado a campañas de desinformación y estrategias digitales agresivas. En septiembre de 2020, durante la campaña para el plebiscito sobre la reforma de la Constitución del país sudamericano, su empresa Numen divulgó una encuesta mostrando resultados que no reflejaban en absoluto lo que decían los sondeos chilenos.

EEUU y el trumpismo

Una investigación del Observatorio de Medios de Cubadebate reveló que Cerimedo levantó una base societaria en Miami, una red mediática transnacional cuyo centro de operaciones estuvo en Estados Unidos y recibió los beneficios de sus contactos privilegiados con altos funcionarios, como el secretario de Estado Marco Rubio, según publicó el diario La Jornada de México. El canal de acceso fue el socio de Cerimedo, Damian Merlo, propietario de la firma Latin America Advisory Group (LAAG), cuyas gestiones ante oficinas del Congreso y el Ejecutivo estadounidenses aparecen documentadas en expedientes presentados bajo la Foreign Agents Registration Act (FARA).

Según informó elDiarioAr, Cerimedo habría sido uno de los operadores centrales detrás de un proyecto que Milei viene alentando desde hace meses: una cumbre en Buenos Aires de mandatarios latinoamericanos de derecha, antes de la primera vuelta de Brasil. Una especie de plataforma internacional de apoyo a la campaña del senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula da Silva.

En octubre, Milei tiene previsto realizar un nuevo viaje a Estados Unidos para hacer campaña a favor de Trump de cara a las elecciones de medio término. La empresa norteamericana Latino Wall Street organiza una nueva gala hispana prevista para el 14 de octubre en Mar-A- Lago y Negre, por La Derecha Diario, participa en el comité organizador.

En la primera edición de la Gala Prosperidad Hispana, en febrero pasado, Cerimedo recibió el premio a “consultor del año”. Hoy, el estratega que aparece en la intersección entre campañas electorales y operaciones de comunicación digital se encuentra entre rejas en Bolivia y su captura ha desatado una tormenta en la ultraderecha latinoamericana.

A lo largo de este verano hemos recuperado el serial que hicimos tras la sentencia contra el fiscal general del Estado. Este es el tercer y último capítulo. Un año y medio después de que elDiario.es publicara la exclusiva del fraude, el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado por haber confirmado a los medios que González Amador había confesado ese fraude ante la fiscalía, desmontando las mentiras de Ayuso con “datos reservados”.

La sentencia constaba de 233 páginas. Pero no hay ninguna prueba directa que efectivamente demuestre que el filtrador de aquel correo de confesión fue el fiscal general del Estado. ¿Qué argumentos utilizaron entonces los jueces del Tribunal Supremo? ¿Qué dicen los votos particulares de las dos magistradas? Lo analizamos con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar. También con la visión de los juristas Victoria Rosell y Joaquín Urías.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 12 de diciembre de 2025***

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Ayuso vs. el fiscal general, escucha la serie completa

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, debería “responder” a los supuestos casos de corrupción en su Gobierno. Es la principal crítica que ha volcado contra él este domingo en una entrevista con la cadena pública británica BBC Mykhailo Fédorov, quien fuera ministro de Defensa de Ucrania hasta el mes de julio.

Fédorov, pionero en el uso de drones en la guerra con Rusia, fue sustituido hace poco más de un mes debido supuestamente a las diferencias con el jefe de las fuerzas armadas de Ucrania.

En unas declaraciones a la BBC hechas públicas este domingo, el exministro afirma que la investigación sobre blanqueo de capitales anunciada la semana pasada plantea interrogantes sobre si Zelenski estaba al tanto de la posible corrupción en su círculo más cercano.

También reiteró que “la democracia no debe ser rehén de Putin”, aunque evitó declarar sus propias ambiciones políticas, pocos días después de haber publicado un vídeo en el que pedía la celebración de comicios en Ucrania.

Al ser preguntado sobre si echaba de menos su antiguo cargo, respondió que no, debido al estrés que suponía gestionar la guerra contra Rusia y, además, transformar el Ministerio de Defensa.

Ucrania se encuentra bajo ley marcial desde la invasión rusa en el 2022, lo que implica la suspensión de elecciones. Pese a ello, Fédorov ha afirmado que tiene el “derecho moral” de iniciar el debate sobre la celebración de los comicios presidenciales.

“No debemos temer hablar de ello. De eso trata la democracia. Si no puedo compartir mis ideas y expresarlas abiertamente ante mi propia sociedad, ¿entonces por qué estamos luchando?”, agregó. “Si nunca se celebrasen comicios”, señaló, “entonces ya no seríamos una democracia”.

En su anterior declaración en vídeo, Fédorov había argumentado que “la gente no puede vivir indefinidamente en una situación en la que no entiende por qué se toman ciertas decisiones”, pero evitó criticar directamente al presidente y declinó responder si apoyaría a Zelenski para ganar unas elecciones.

Zelenski ha argumentado que, a su juicio, celebrar comicios en tiempos de guerra resultaría demasiado peligroso para Ucrania.

El vídeo de Fédorov de la semana pasada, en el que se denunciaba la corrupción política, se publicó un día antes de que se anunciara una investigación por blanqueo de capitales contra legisladores y banqueros.

El Parlamento ucraniano o Rada nombró el pasado miércoles a Yevgueni Jmara nuevo ministro de Defensa, horas después de que su popular Fédorov desafiase públicamente a Zelenski y pidiera elecciones pese a la guerra con Rusia.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado este miércoles que María Chivite le debe la presidencia de Navarra a “un presunto corrupto”, en referencia a Santos Cerdán. “La necesitaba en el poder”, ha aseverado la líder regionalista. UPN fue el. partido que denunció ante la Guardia Civil la adjudicación de la obra de los túneles de Belate a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000 antes de que estallara el caso de corrupción por el que está imputado el exdirigente socialista Santos Cerdán, quien presuntamente era copartícipe de la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso.

“El mayor sostén y valedor político de María Chivite está lucrándose presuntamente de una adjudicación a cargo de su Gobierno y María Chivite sigue en vano tratando de escurrir el bulto, sigue adelante a costa de lo que sea, entre otras cosas, arrastrando por los suelos la imagen de Navarra”, ha añadido la presidenta regionalista.

Ibarrola ha realizado un balance de legislatura cuando se cumplen tres años de la segunda investidura de Chivite y cuando resta solo un curso político para las próximas elecciones forales, para las que todavía no ha aclarado si UPN buscará una alianza con el PP o acudirá de nuevo a las urnas en solitario como hizo en 2023.

Para la líder del partido regionalista el PSN de María Chivite ha “deteriorado” la marca Navarra y la ha unido a la “corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicación de obra pública”. “No hay maquillaje que pueda tapar el hedor a corrupción y la mala gestión de los servicios públicos del Gobierno de Chivite y EH Bildu. Navarra solo lidera los índices de presuntos corruptos. Desde que llegó Chivite ha empeorado en cualquier parámetro que queramos comparar con otras Comunidades”, ha criticado.

Así, ha asegurado que “el teterioro” de la confianza de la ciudadanía navarra en Chivite “es cada día mayor” por “los espurios acuerdos conocidos entre Santos Cerdán y EH Bildu para repartirse el poder institucional, por ”la presunta trama corrupta que recibía adjudicaciones de obra pública a cambio de pagar mordidas liderada por Santos Cerdán según el auto del juez y por “la adjudicación ilegal de las obras de los túneles de Belate a esas empresas de la trama, que ha acabado siendo investigada por la Justicia dentro del caso de amaños de obra pública”.

“Hoy la sociedad navarra se pregunta hasta cuándo, señora Chivite, merece la pena seguir en esta situación”. “No hay proyecto político ni personal que se sostenga sobre la falta de ética política, la inmoralidad, las sospechas y las investigaciones judiciales por corrupción. No hay proyecto político ni personal que aguante la embestida social de la indignación y la desconfianza”, ha señalado Ibarrola.

Un dividendo millonario que no está claro si se repartió; domicilios sociales contradictorios o que varían sin explicación de un año a otro; beneficios corregidos a posteriori por un pago a Hacienda fuera de plazo; o una empresa de alquiler turístico que dice arrendar locales industriales. Son algunas incoherencias de las cuentas de las sociedades de Alberto González Amador en los últimos años.

2025 no ha sido una excepción. La principal consultora sanitaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Maxwell Cremona, recoge en sus últimas cuentas el pago de un dividendo “con cargo a reservas por importe de 1.225.000,00 euros”, igual que en 2024, pero no está claro si ese reparto se llevó a cabo.

Podría tratarse de un error, ya que las reservas de la empresa se situaron en 2025 en 596.500 euros, que equivalen a la suma de las que tenía a cierre de 2024 (499.904) y los beneficios de ese ejercicio. Así que algo no cuadra en esas cuentas.

No es la única incoherencia. Masterman & Whitaker, relacionada con el presunto soborno de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid al ejecutivo de Quirón Fernando Camino que está siendo investigado por un juzgado de Madrid, afirma por su parte en sus últimas cuentas —también de 2025 y recién remitidas al Registro Mercantil— que “el domicilio social de la empresa es: Paseo de la Castellana, 157”. Sería una sorprendente vuelta a sus orígenes.

En esa vivienda tuvo su domicilio esta sociedad, entonces llamada Círculo Belleza SL, desde que en 2016 se trasladó de un pueblecito de León (La Pola de Gordón) hasta la capital. En ese inmueble en la principal arteria madrileña tenía su sede cuando a finales de 2020 González Amador se la compró a la esposa de Camino por medio millón de euros, tras ingresar dos millones por intermediar en la venta de mascarillas. Ese pelotazo lo propició la compañía gallega Mape, empresa administrada por su jefe, el presidente de Quirón Prevención.

Masterman encadena ya dos ejercicios con su facturación a cero, en paralelo a la lenta investigación judicial de esa extraña operación, y pese a que su dueño aseguró en su momento que tenía grandes expectativas puestas en ella.

En noviembre de 2022, durante la inspección que le va a llevar al banquillo por sus presuntos delitos fiscales, González Amador aseguró a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que esta empresa era “una apuesta” para un proyecto de “covid seguro” por su privilegiado acceso a la red de farmacias y los acuerdos “muy atractivos” que tenía con Quirón y Mape, explicaciones que no se creyó la inspección.

La AEAT calificó Masterman de pantalla o “sociedad interpuesta” para defraudar a Hacienda con los encargos que Quirón, principal pagador de González Amador hace años, le hizo a partir de 2021. No los podía asumir, como advirtieron primero Hacienda y luego la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, porque no tenía empleados ni medios materiales para prestar esos servicios.

Con esos encargos, los ingresos de Masterman empezaron a multiplicarse en 2021 gracias a Quirón hasta los 327.320 euros, según sus cuentas de ese año, que también contenían información errónea: decía dedicarse aún al comercio mayorista de “perfumería” o droguería y afirmaba que nada había cambiado desde que se creó en 2008, “no habiendo modificado su denominación social desde su constitución, ni la naturaleza de sus actividades”.

No era cierto: su actividad ya era otra y la habían rebautizado como Masterman & Whitaker Medical Supplies And Health Process Engineering SL. El contacto que figuraba en esas cuentas era un correo electrónico de su anterior propietaria y administradora, Gloria Carrasco, la esposa de Fernando Camino.

El nombre de la farmacéutica de León también figuraba como titular en las facturas de al menos 6.500 euros por el renting de un BMW que Masterman presentó a la AEAT durante la inspección, y correspondientes al ejercicio 2021. Según Quirón, fue otro error, ya que “solo es la referencia de la factura del antiguo usuario” y el vehículo estaba al servicio de González Amador, no de la esposa de uno de sus principales directivos.

Del Bernabéu a Atocha

Inicialmente, la pareja de Ayuso fijó el domicilio de Masterman en el que tenía Maxwell Cremona, un piso en la calle General Perón, cerca del estadio Santiago Bernabéu y el distrito de Azca. Luego lo trasladó a la cercana Avenida de Brasil. En sus últimas cuentas, Masterman dice una cosa y la contraria sobre ese domicilio.

Por un lado, menciona ese piso en la Castellana, que hasta enero pertenecía a la inmobiliaria Colonial, según el Registro de la Propiedad. Pero en varios formularios el mismo documento indica que su sede es otra, en la calle Comercio de Madrid, cerca de la estación de Atocha.

Probablemente, esta sea la información correcta, ya que la otra consultora de González Amador, Maxwell Cremona, notificó su mudanza allí al Registro Mercantil en octubre de 2024. Sin embargo, ese año sus cuentas (otra incoherencia más) incluían también su otro domicilio en General Perón, no muy lejos del piso en Chamberí en el que el empresario y comisionista ha vivido en los últimos años junto a Ayuso, que ahora ha puesto en venta junto al ático en la planta superior.

González Amador escrituró la compra de ese inmueble, por el que venía pagando un alquiler de 5.000 euros al mes, a finales del año pasado, días antes de lamentar en el Tribunal Supremo que le habían “destrozado la vida” y presentarse como víctima de una operación del Estado: “O me voy de España o me suicido”, dijo. En Chamberí, está también el famoso ático comprado en abril por 6,3 millones por el Gobierno regional.

No hay constancia de un cambio del domicilio social de Masterman en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Cabe recordar que las empresas están obligadas a presentar una declaración censal de modificación (modelo 036), “adjuntando la correspondiente modificación inscrita en el Registro Mercantil”, recuerda la AEAT.

Socio de aventuras

Según información del Registro de la Propiedad, la nueva sede cerca de Atocha de las consultoras sanitarias de González Amador es una vivienda que compró en marzo de 2021 César Nieto, colaborador de Maxwell Cremona y su compañero de aventuras empresariales hace años.

Nieto, que en 2017 heredó varios inmuebles en la misma finca, dirigió la empresa panameña que administró la pareja de Ayuso junto a Fernando Camino. También es socio de Amador en una empresa de alojamiento turístico en el popular barrio de Usera (Madrid), October Twelve Accommodation SL. La crearon en marzo de 2022, en paralelo a la liquidación de esa sociedad en Panamá.

En sus cuentas anuales de 2024, esa empresa afirmaba que alquila “locales industriales”, pese a acumular centenares de reseñas de usuarios en el portal de reservas Booking. En las de 2023 se definía como un “hospedaje en hostales y pensión”. Las de 2025 todavía no se han enviado al Registro.

Las que acaban de presentar las dos consultoras del empresario y comisionista incluyen un año más como contacto a una pequeña firma de asesoría en Ponferrada (León), la misma que se ocupaba de llevar esas cuentas durante los ejercicios 2020 y 2021, cuando defraudó presuntamente más de 350.000 euros a Hacienda.

En el caso de Maxwell Cremona, el año pasado facturó 710.000 euros, un 25% menos, pero el doble de lo que ingresaba que antes de empezar a disparar su cifra de negocios en 2020. Su plantilla se mantuvo estable en cinco empleados, después de que en 2024, tras trascender su escándalo de fraude fiscal, recortase sus ventas a la mitad, hasta algo menos de un millón, y contratase por primera vez personal.

Maxwell se anotó en 2025 pérdidas de 26.236 euros. Las primeras desde el quebranto de 101.489 euros que declaró a toro pasado para el ejercicio 2022 al presentar sus cuentas de 2023. Con esa maniobra contable, el beneficio récord inicial de casi 1,9 millones se convirtió en números rojos, tras intentar regularizar su dueño su fraude fuera de plazo, con la inspección de Hacienda que derivó en la denuncia de la Fiscalía contra él ya muy avanzada.

Presentado en su día en la prensa rosa como “técnico sanitario” y definido hace tiempo por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como un “ejecutivo de empresa brillante”, a González Amador la AEAT le reprochó durante su inspección sus “explicaciones farragosas” y “divagaciones”, las “incongruencias manifiestas” sobre la evolución de sus ingresos o la aportación de documentación “contradictoria”, según la inspección.

“Mucha palabrería sin aportar datos relevantes y pruebas contundentes”, resumía el informe final que le denunció a la Fiscalía. El procedimiento reveló que el empresario también intentó desgravarse gastos no relacionados con su actividad profesional: una reparación de su Porsche, la compra de un reloj de lujo, pelotas de pádel o un saxofón.

González Amador y Nieto, el nuevo casero de sus empresas, también figuran como directores de Burnet & Brown, empresa en Miami que crearon en octubre de 2022, aparentemente vinculada al negocio inmobiliario. Su nombre remite a la identidad falsa (Alberto Burnet González) que Quirón le ha dado tras el escándalo a la pareja de Ayuso, “Director de Proyectos” en su intranet, pese a que siempre alegó que es un proveedor externo.

Ese nombre inventado también remite a la identidad falsa (Burnett, con dos t) que usaba en sus operaciones encubiertas (haciéndose pasar por un traficante de drogas) el detective Sonny Crockett, protagonista de la serie Corrupción en Miami, muy popular en los años 80, al que encarnaba el actor Don Johnson. Suya era esta frase: “Tienes que conocer las reglas antes de poder infringirlas. De lo contrario, no es divertido”.

Nigel Farage es un político nervioso y acosado. Quizás se sienta animado por haber conseguido algo más de votos que en las elecciones generales de hace dos años, en una votación parcial boicoteada por los principales partidos de Reino Unido. Esto a pesar de que la participación fue de 10.000 personas menos, con la abstención que alcanzó el 55%. Pero nunca hubo duda de que iba a ganar una elección parcial que convocó simplemente para desviar la atención sobre su regalo personal no declarado de 5 millones de libras esterlinas (5,8 millones de euros) de un criptomultimillonario tailandés y las donaciones de un estafador convicto.

Farage eligió la circunscripción de Clacton (sur de Inglaterra) como plataforma de lanzamiento parlamentario por una razón. Fue allí donde su anterior partido, el UKIP, logró su avance decisivo en la elección parcial de 2014. Es uno de los distritos electorales más favorables al Brexit en toda Gran Bretaña, mientras que Electoral Calculus estima que casi ningún otro distrito es tan derechista.

Cuando visité los centros de votación, encontré a una gran cantidad de votantes que se mostraban desafiantes ante los escándalos de Farage. No veían ningún problema en que un político recibiera dinero a manos llenas de un multimillonario extranjero, argumentando que Farage se lo merecía por ser un “buen hombre” e, incluso, sugiriendo que podría invertir ese dinero localmente. Se creyeron la narrativa de que el establishment estaba en contra de su candidato, como si un millonario ex corredor de bolsa de la City de Londres, amigo ocasional del presidente estadounidense, fuera un forastero valiente.

Representan a aproximadamente una quinta parte del país que elogia a Farage como el político tradicional más hostil a la inmigración y que desprecia a un Partido Conservador que fracasó incluso en sus propios términos durante su mandato. Sin embargo, lo que debería preocupar a Farage es que la mayoría de los británicos se oponen a él más que nunca y están decididos a impedir que llegue al poder. Esa mayoría le dio la victoria a los Verdes en las elecciones parciales de Gorton y Denton en febrero, y a Andy Burnham en las de Makerfield en junio.

Que el candidato que se presentó con el nombre de Conde Caracubo (Count Binface) haya ganado más de una cuarta parte de los votos en Clacton, bastión de la ultraderecha, es una señal de alarma. Si bien este “guerrero espacial independiente” acaparó la atención de los medios, carecía casi por completo de una red de voluntarios para movilizar el voto. Muchos de los votantes con los que hablé ni siquiera habían oído hablar de él.

Resulta plausible que algunos de los que convirtieron a Conde Caracubo en el candidato más exitoso de la historia hubieran votado previamente no solo por el Partido Laborista, los Liberales o los Verdes, sino también por el Partido Conservador.

Farage se negó a asistir a la proclamación oficial de los resultados de las elecciones –algo habitual que hacen los candidatos–. Esto sugiere no solo petulancia y desprecio hacia sus propios votantes, sino también las inseguridades de un hombre nervioso. Afirma que la Policía de Essex le había informado de una “campaña organizada para perturbar y desacreditar el resultado”, pero la Policía local declaró que no se habían producido “incidentes ni problemas” relacionados con las elecciones parciales y que asistir dependía de cada candidato.

¿Acaso Farage no alegó que su regalo personal de 5 millones de libras era necesario para pagar su seguridad? La explicación probablemente sea más mundana. Ser objeto de burlas en el escenario por parte de un hombre con su cabeza metida en un cubo de basura no proyecta precisamente la imagen de una lucha heroica contra el sistema.

¿Qué le depara el futuro a Farage? Si pensaba que las elecciones parciales eran una estratagema eficaz para desviar la atención de sus problemas económicos, la realidad lo alcanzó rápidamente. El organismo de control parlamentario ha reabierto su investigación sobre el regalo y las donaciones que recibió y podrían convocarse nuevas elecciones parciales si el fallo es desfavorable.

Pero no son solo las finanzas las que han sumido a Reform UK en la crisis. La orgullosa asociación de Farage con Donald Trump —tóxica incluso para la mayoría de los votantes del partido ultra— se ha convertido en un lastre cada vez mayor. Incorporar a tantos exconservadores fue, sin duda, otro grave error. El Gobierno anterior fue duramente criticado por una razón, sobre todo por los propios seguidores de Farage, y llenar las filas de Reform UK con sus antiguas figuras destacadas no ayudó en absoluto a las pretensiones antisistema del partido.

Y luego está el giro hacia una política de derecha cada vez más tóxica, quizás impulsado en parte por la presión de la aún más ultraderechista Restore Britain, fundada por el exdiputado reformista Rupert Lowe. Farage ahora habla de “discriminación anti-blanca”, una retórica que antes se limitaba a los sectores más extremistas de la derecha. La petición a sus seguidores de expresar “pura y fría rabia” tras la condena por el asesinato de Henry Nowak —apenas unas horas antes de los disturbios— inquietó, con razón, a muchos.

Luego está Zia Yusuf, su portavoz de asuntos internos, cuyas publicaciones cada vez más agresivas en redes sociales revelan el lado autoritario de Reform UK. Yusuf describe repetidamente a sus oponentes como “traidores” —su último objetivo fue el exsecretario de Defensa conservador Ben Wallace— y amenaza con un ajuste de cuentas indefinido.

Todo esto alarma a la mayoría de los británicos, quienes han llegado a la conclusión de que Reform UK debe mantenerse alejado del poder y votarán estratégicamente si es necesario. Sin embargo, esto no consuela en absoluto a la absurdamente poco examinada líder conservadora, Kemi Badenoch, ya que el núcleo duro de Reform no muestra interés en volver a su bando. La derecha británica, por lo tanto, está dividida.

Sería un error descartar a Farage, sin embargo. Estamos en pleno auge económico gracias a Andy Burnham. Los votantes se sienten aliviados de haberse librado de Keir Starmer y, por ahora, el Partido Laborista está atrayendo de nuevo a algunos votantes progresistas que se pasaron a los Verdes. Pero Burnham aún no se ha visto obligado a tomar decisiones importantes.

La difícil situación económica de Gran Bretaña, la crisis de sus servicios públicos y la lentitud de Burnham para subir los impuestos a los ricos podrían culminar en el presupuesto de octubre. La desilusión podría aumentar y Reform UK podría beneficiarse, a menos, claro está, que Burnham convoque elecciones anticipadas.

Pero cabe preguntarse si Farage realmente está comprometido con esto. Los informes que indican que recibió su regalo de 5 millones de libras tras afirmar que necesitaría un millón al año para ejercer como diputado son reveladores. Se trata de un hombre que parece disfrutar de la buena vida y que cree que la política parlamentaria perjudica su potencial económico. Parece cada vez más irritado por el tipo de escrutinio que durante tanto tiempo ha logrado evitar. Quizás, tras un triunfo sin sentido sobre un cubo de basura, simplemente decida que ya ha tenido suficiente.

Hoy ofrecemos un episodio del podcast ‘Brazalete negro’. Con ellos viajamos del cantón suizo de los clanes al Despacho Oval, de Putin a Mohamed bin Salman. Una FIFA sin ánimo de lucro que factura 10.000 millones. Un presidente que se ha cuadriplicado el sueldo y pide escolta nivel Papa. Todo para entender quién es Gianni Infantino, presidente de la FIFA y protagonista de muchas noticias durante el Mundial de Estados Unidos, sobre todo por su complicidad con Donald Trump. Y, sobre todo, qué nos revela su presencia al frente de la FIFA acerca del fútbol del futuro, cada vez más indefenso ante los poderes económicos y políticos más oscuros.

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Enlace al episodio: El sueño americano de Infantino

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