La Justicia condena a 15 años de cárcel al cerebro de la mayor estafa inmobiliaria de Mallorca

La Audiencia Provincial de Balears ha condenado a 14 años y nueve meses de prisión a Carlos García Roldán, el cerebro de la mayor estafa inmobiliaria orquestada en Mallorca. El tribunal considera probado que los integrantes de la red criminal comercializaron promociones fantasma a través de una enmarañada red de empresas pantalla y simulaban ser promotores de experiencia consolidada y gran solvencia a pesar de que nunca contaron con medios financieros y materiales para desarrollar la actividad. Los acusados captaron anticipos por un total de 3,4 millones de euros de al menos 235 compradores, quienes entregaron a cuenta decenas de miles de euros -entre 5.000 y más de 100.000 euros cada uno- por viviendas que no existían.

Junto a Roldán, quien se fugó a Colombia cuando los perjudicados comenzaron a sospechar de la estafa, ha sido condenado su hombre de confianza, Michele Pilato, a 9 años de prisión, mientras que un tercer implicado, José Antonio Mir -aparente constructor de la trama-, ha sido sentenciado a 4 años de cárcel.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, subraya la trascendencia y la continuidad delictiva del grupo, así como la gravedad social del fraude: “No nos hallamos ante un simple proyecto inmobiliario frustrado por avatares económicos o administrativos. Muy al contrario, se ha puesto de manifiesto la existencia de una estructura defraudatoria diseñada, refinada y mantenida en el tiempo”.

La resolución, dictada por la Sección Segunda, indica que las promociones publicitadas se basaban en fotografías extraídas de internet o de otros proyectos, pero ninguna de ellas contaba con proyecto técnico, licencia de obra ni aval bancario. Los adquirientes, en su mayoría parejas jóvenes y familias que confiaron en lo que les presentaban como “inversiones seguras”, quedaron con deudas hipotecarias e inversiones pérdidas. Algunas personas relataron ansiedad, baja laboral y años de lucha judicial intentando recuperar sus ahorros.

Para cuando los perjudicados comenzaron a sospechar, los integrantes del grupo criminal ya se habían deshecho de todos sus activos patrimoniales, habían dilapidado en restaurantes de lujo, coches de alta gama, servicios de compañía, casinos y hoteles todo el dinero defraudado, y el principal cabecilla de la trama se había fugado a Colombia.

Una empresa “infracapitalizada”

Lujo Casa se constituyó en diciembre de 2015 “con una clara infracapitalización”, como señalan los magistrados, quienes apuntan que la empresa contaba con un capital “meramente aparente” aportado mediante un vehículo que nunca llegó a integrarse en el patrimonio social. A partir de ese momento se fueron incorporando sociedades vinculadas para canalizar fondos ajenos a la actividad promotora. La contabilidad era inexistente o deficitaria, dado que la mercantil no depositó cuentas anuales ni contaba con libros legalizados.

El tribunal subraya que la mercantil ofreció más de treinta promociones sobre plano en Palma, Marratxí, Llucmajor y Algaida. Sin embargo, solo siete solares llegaron a adquirirse realmente; en otros casos existían únicamente opciones de compra no ejercitadas; no se obtuvieron licencias de obra ni se contrataron avales o seguros de caución, y las cantidades entregadas no se ingresaron en cuentas especiales separadas, tal como exige la normativa.

En esta línea, la sentencia subraya que no existió un proyecto viable que luego fracasara, sino que, desde el inicio, se llevó a cabo “la captación masiva de fondos de compradores sin la infraestructura jurídica ni económica necesaria […] con conocimiento pleno desde el inicio de que no se iba a cumplir con los contratos”.

Promesas, oficinas y logos para generar confianza

La Sala profundiza en el engaño: los acusados explotaron la apariencia empresarial a través del nombre Grupo Lujo Casa y la marca comercial Mallorca Investment, un juego de denominaciones que, junto a las oficinas, folletos y maquetas, generó “la apariencia unitaria de grupo empresarial” y permitió ganarse la confianza del comprador medio. Los perjudicados relataron, además, reuniones en las que se les aseguraba que las promociones contaban con solares propios, opciones de compra o licencias avanzadas. Sin embargo, añade la resolución, Lujo Casa “ni siquiera era titular del suelo en no pocas promociones, ni tenía licencias de obra nueva”.

La sentencia destaca, además, un aspecto clave: el silencio deliberado sobre las garantías legales: “Ninguna de las sumas entregadas fue ingresada en una cuenta especial separada, ni fue asegurada mediante aval bancario o seguro de caución”. Esa omisión, afirma el tribunal, robusteció el engaño al hacer creer a los compradores que las operaciones se ajustaban a la legalidad.

En esta línea, los magistrados acreditan que el dinero entregado jamás se destinó a construcción alguna. Por el contrario, abundan, se desviaron anticipos de clientes mediante reintegros, transferencias y endosos “en el marco de una operativa continuada”, utilizando sociedades como Cortecera 17 y Esparver, instrumentalizadas para gastos personales, viajes, ocio y casinos. El ánimo de lucro -elemento esencial del delito- se refleja, según la sentencia, en el “desvío masivo y constante de las sumas anticipadas a fines ajenos a la promoción”. Por ello, el tribunal no solo aprecia estafa agravada en continuidad delictiva, sino también blanqueo de capitales e insolvencia punible.

“Negocio civil criminalizado”

La Sala recuerda que la cuantía de más de tres millones de euros defraudada y la pluralidad de víctimas elevan el reproche penal. Además, asevera, los acusados se valieron de la “especial credibilidad” derivada del entramado societario y la aparente profesionalidad del grupo.

Por otro lado, el fallo también desmonta otro de los argumentos de las defensas, el que trataba de presentar el caso como un mero incumplimiento civil. En este sentido, la Audiencia distingue entre un proyecto fallido y lo que denomina “negocio civil criminalizado”: contratos usados como pantalla para un plan preconcebido de captación de fondos.

El tribunal considera que García Roldán fue “el verdadero director del entramado empresarial encaminado a la estafa” al ostentar el poder de decisión sobre las promociones, los contratos y los movimientos de fondos, además de controlar las sociedades y la firma de contratos falsificados. En cuanto a Pilato, su papel, subrayan los magistrados, fue el de reforzar la imagen de solvencia y canalizar recursos, mientras que José Antonio Mir aportó “apariencia de solvencia técnica y constructiva” acompañando las negociaciones pese a conocer la inexistencia real de medios o licencias.

La sentencia deja claro que Lujo Casa no fue un proyecto fallido, sino una red organizada para captar fondos sin intención ni capacidad de construir viviendas. Una de las consideraciones del fallo resume el alcance de la maniobra: “No se trata de un engaño ocasional, sino de una operativa reiterada que se reviste de profesionalidad […] para facilitar la captación de víctimas”.