La Ertzaintza negó una ambulancia a un joven al que un agente había propinado un puñetazo y lo ocultó en sus informes

El 22 de julio de 2023, entre las 3.08 y las 3.17 horas -exactamente en el minuto 1 y 9 segundos de un vídeo de 3 minutos y 19 segundos-, el agente de la Ertzaintza con número profesional 25145 “elevó el brazo izquierdo, increpó a una persona civil [que estaba tendida en el suelo] y le propinó una bofetada en la cara con la mano izquierda abierta”. “Cállate ya, coño. Se acabó la tontería. ¡Se acabo la tontería! ¡Venga! ¡Venga!”, espetó el uniformado. La persona agredida, de 30 años y cuyas iniciales son A.A.C., “por efecto del golpe cayó al suelo de espaldas”, mostrando “gestos de dolor”. Otros cinco ertzainas y cuatro agentes municipales presentes en el lugar, la calle de Zubiaurre de Irún, dieron la espalda al joven y se marcharon sin auxiliarle. Hasta aquí, es una historia más o menos conocida, porque el vídeo, tomado por un vecino, se publicó en redes sociales y en los medios de comunicación.

¿Qué pasó a continuación? Un segundo hombre que estaba en la zona ayudó a la víctima unos minutos después y a las 3.36 horas se dio parte al 112: “No se puede mover”. La Ertzaintza envió a dos patrullas. Eran cuatro de los agentes que habían estado con él minutos antes, incluido el funcionario 25145. Los uniformados mintieron por radio al asegurar que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, que se había propasado con ellos y que las lesiones las había sufrido golpeándose con una pared. Dijeron que no era necesaria una ambulancia.

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, en un informe emitido pocos días antes de la salida de Juan Luis Ibarra de la presidencia y de todos los vocales salvo uno, ha concluido ya la investigación de este operativo y ha emitido una severa crítica a los agentes intervinientes. Es más, ha constatado que la agresión fue ocultada deliberadamente de los informes emitidos esa noche, así como de las comunicaciones por emisora.

Así, estima que “la conducta del funcionario afecta objetiva e ilícitamente a la integridad moral y física de la persona agredida”. “Lo determinante es que la actuación del agente policial expresa un indudable acto de dominación que veja y degrada a la persona sujeta a la acción policial”, señalan sobre el puñetazo. Después, afean que otros nueve funcionarios fueran incapaces de “evitar la acción denigrante” y “contraria a la dignidad humana”. Igualmente, vulnera las normas deontológicas mínimas de la Policía que se “ocultara” que la persona que demandaba asistencia médica había sido agredida “minutos antes”.

Al margen de la investigación realizada por esta comisión, cuyo objetivo es emitir recomendaciones para mejorar la praxis de la Policía autonómica y de los cuerpos municipales, el Tribunal de Instancia de Irún tiene abierta igualmente una causa penal contra los agentes actuantes como consecuencia de la denuncia de A.A.C. Asimismo, se han incoado expedientes disciplinarios al menos en el caso de la Ertzaintza, aunque su resolución está a expensas de la sentencia judicial. En el caso concreto de 25145, el autor de la bofetada, llegó a estar suspendido varios meses, aunque manteniendo su nómina “básica” y una “ayuda familiar”. Se reincorporó al servicio en febrero de 2025, sin que consten más detalles de cuáles son sus cometidos actuales. Lo hizo después de que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, estimara un recurso de alzada. Dice la Comisión de Control que “no consta fecha” de la adopción de ese acuerdo.

El dictamen recuerda que el caso solamente se conoció después de que empezara a circular el vídeo de la agresión en redes sociales y medios de comunicación, es decir, casi un año después de que se produjeran los hechos. Este periódico informó el 10 de mayo de 2024. La comisión, que mantuvo en la etapa de Ibarra tiranteces con el Departamento de Seguridad por su falta de colaboración en otros casos, reseña que solicitó información tanto a la Ertzaintza como a la Policía de Irún en junio de ese año. Y expone que, mientras el Ayuntamiento atendió el requerimiento en apenas 16 días, la unidad de Asuntos Internos autonómica no entregó la documentación hasta pasados ocho meses y tras un segundo oficio. Lo hizo incluso después de la reincorporación al servicio de 25145, según la cronología que se ofrece.

En el apartado de “propuestas” de medidas de mejora, la comisión insiste en que hubo un “grave déficit de autocontrol” de un funcionario y pide revisar los planes de “formación” de los agentes para recalcar la importancia de la deontología. Igualmente, pide fomentar la “expresión inmediata de la crítica” entre quienes observan esos comportamientos. Se insiste, asimismo, en la necesidad de que los atestados recojan con fidelidad lo ocurrido. La comisión recuerda también que, en uno de sus primeros informes, de 2022 y relativo a una detención con abuso de la fuerza en Bilbao, planteó la necesidad de que los funcionarios portasen una 'bodycam' que registrase las actuaciones. Tres años después, el dictamen señala que la “generalización” no se ha logrado.