Monica, la empresaria alemana en busca y captura por estafar a clientes extranjeros que compran casas en Mallorca

Todo comenzaba con una promesa: una finca rústica o un apartamento cerca del mar, un contrato de opción de compra y una transferencia inicial para 'reservar' la propiedad. El dinero cambiaba de manos, pero la compraventa nunca llegaba a cerrarse. Era el modus operandi que supuestamente empleaba Monica T., empresaria de origen alemán afincada en Mallorca y dueña de una inmobiliaria que operaba en un segmento muy demandado del mercado: viviendas y fincas destinadas a compradores extranjeros, principalmente, en algunas de las zonas más solicitadas de la isla. Pese a adeudar miles de euros y estar pendiente de dos juicios por presunta estafa, la acusada se encuentra en paradero desconocido. La Fiscalía solicita para ella tres años de prisión en cada uno de los procedimientos.

Aunque con distintos afectados, ambos casos tienen un mismo denominador: los clientes entregaron a cuenta importantes cantidades de dinero por la opción de compra de las respectivas propiedades, pero nunca llegaron a adquirilas. En una de las investigaciones también está encausada la madre de Monica T., Waltraud H., para quien el ministerio público pide tres años de cárcel. Ninguna de las dos acudió a la vista oral celebrada a principios de este mes en la Audiencia Provincial de Balears, que las ha puesto en busca y captura, tal como informó Diario de Mallorca y han confirmado fuentes jurídicas a elDiario.es, que no descartan que ambas se encuentren en Alemania.

Monica T. es administradora única de la sociedad Mallorca Sun Dreams S.L., constituida a principios de 2014 en Balears. Su objeto social, la intermediación y la gestión inmobiliaria, de acuerdo a los datos del Registro Mercantil consultados por este periódico. Su actividad económica real, sin embargo, es difícil de rastrear: desde 2021 no publica movimientos mercantiles ni cuentas recientes en los boletines oficiales.

Monica T. es administradora única de la sociedad Mallorca Sun Dreams S.L., constituida a principios de 2014 en Balears. Su objeto social, la intermediación y la gestión inmobiliaria. Su actividad económica real, sin embargo, es difícil de rastrear: desde 2021 no publica movimientos mercantiles ni cuentas recientes en los boletines oficiales

Su escasa actividad y el hecho de que la empresa comunicara en 2018 un “cierre provisional” han alimentado las sospechas de opacidad dado que, tras la aparente clausura temporal, podrían ocultarse, según las mismas fuentes, conductas situadas al margen de los cauces de transparencia en este tipo de operaciones. Se trata, de hecho, de prácticas a las que no es ajeno el mercado inmobiliario balear, tensionado por la amplia demanda internacional atraída por el atractivo residencial de las islas y la rentabilidad -una demanda que se eleva notablemente en determinadas zonas, presiona al alza los precios y reduce la oferta disponible, generando con ello un clima de urgencia en muchas operaciones- y caracterizado por una legislación urbanística fragmentada -con planeamientos municipales distintos, múltiples figuras de protección territorial y un gran número de viviendas en situación irregular o afectadas por expedientes sancionadores que, pese a su apariencia de legalidad, arrastran cargas urbanísticas o limitaciones que solo afloran cuando ya se ha entregado una parte sustancial del dinero-.

No en vano, muchos de los procedimientos incoados en los juzgados de Balears comparten elementos comunes: cobro de cantidades en concepto de arras y reservas sin las debidas garantías, sociedades sin actividad declarada que han continuado actuando como intermediarias, o compradores que han descubierto, meses después, que el inmueble no era legalizable ni estaba en condiciones de ser vendido. A ello se suma, en algunos de los casos, la dificultad de perseguir penalmente a los responsables cuando abandonan el país antes de la celebración de sus respectivos juicios.

Se trata de prácticas a las que no es ajeno el mercado inmobiliario balear, tensionado por la amplia demanda internacional -que se eleva notablemente en determinadas zonas, presiona al alza los precios y reduce la oferta disponible, generando con ello un clima de urgencia en muchas operaciones- y caracterizado por una legislación urbanística fragmentada

Fincas con cargas ocultas y arras perdidas

Uno de los procedimientos que componen la acusación contra Monica T. -y que implicaría también a su madre- se remonta a 2016. Según el escrito fiscal, ambas mujeres, actuando supuestamente de acuerdo con la propietaria de una finca rústica en Artà, convencieron a una compradora extranjera para que entregase 26.500 euros en concepto de arras, el 10% del precio final pactado (265.000 euros), para poder reservar la propiedad. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que las acusadas ocultaron deliberadamente que la finca tenía una orden de derribo por obras ilegales anteriores y aseguraron falsamente que la propiedad estaba libre de cargas, pese a lo cual se firmó el contrato de opción de compra y se transfirió el dinero. La operación nunca se materializó.

El segundo caso investigado data de 2014, cuando un ciudadano alemán entregó 16.400 euros tras firmar un contrato de opción de compra de un apartamento en la zona de Cala Millor, al este de Mallorca. El comprador no solo no llegó a adquirir el inmueble, sino que tampoco recuperó el dinero. La intermediaria ni siquiera había informado a las propietarias del inmueble sobre la supuesta venta, tal como sostiene el ministerio público.

En uno de los casos, Monica T. y su madre ocultaron deliberadamente -según la Fiscalía- que la finca tenía una orden de derribo por obras ilegales anteriores y aseguraron falsamente que la propiedad estaba libre de cargas. En el otro, un ciudadano alemán entregó 16.400 euros tras firmar un contrato de opción de compra de un apartamento: no solo no llegó a adquirir el inmueble, sino que tampoco recuperó el dinero

En los últimos años, las estafas e impagos están a la orden del día en el mercado inmobiliario. El pasado mes de octubre, el equipo de la Guardia Civil de Balears contra la ciberdelincuencia recuperó y devolvió a la víctima un total de 800.000 euros estafados en la compra de una vivienda en Palma mediante el método conocido como 'man in the middle'. Se trata de una de las estafas cada vez más comunes y de un método en el que, con técnicas informáticas, los estafadores se entrometen en las comunicaciones entre las partes, en este caso entre la inmobiliaria, el cliente y el despacho de abogados de éste.

Impagos por villas de lujo y empresas fantasma

En Mallorca, la quiebra de una web alemana de villas vacacionales, Fincaurlaub.de, ha dejado en el último año reservas canceladas a última hora y miles de euros sin devolver. Los hechos, sin embargo, no solo afectan a los propios turistas, sino también a muchos propietarios, que tampoco han visto ni un euro de los alquileres pactados.

Asimismo, un Juzgado de la isla investiga la presunta estafa por parte del propietario de una empresa que prometió a sus clientes la construcción de sus respectivas viviendas y, finalmente, dejó levantados solo los cimientos. El modus operandi con el que habría actuado el investigado era prácticamente el mismo en todos los casos: tras contratar los servicios de la empresa, Design Modular Haus S.L., y realizar los primeros pagos, la constructora comenzó a exigir nuevos abonos so pretexto del encarecimiento de los materiales a raíz de la pandemia y bajo la advertencia de que, de lo contrario, no podría comenzar los trabajos.

Tras acceder a sus demandas, meses más tarde, el dueño de la mercantil, ilocalizable pese a los múltiples intentos por contactar con él, dejó los trabajos completamente paralizados, llevándose consigo, además, los enseres destinados a algunas de las obras y pertenecientes a los afectados. Los perjudicados, más de una veintena, se hipotecaron para pagar unas sumas que, aseguran, podrían superar el millón de euros en total.

Por otro lado, en septiembre quedó visto para sentencia el macrojuicio por la mayor estafa inmobiliaria orquestada en Mallorca, cuyos acusados habrían defraudado, a través de una enmarañada red de empresas pantalla, hasta 3,3 millones de euros a al menos 235 personas. Para cuando los perjudicados comenzaron a sospechar, los integrantes del grupo criminal ya se habían deshecho de todos sus activos patrimoniales y habían dilapidado todo el dinero en restaurantes de lujo, coches de alta gama, servicios de compañía, casinos y hoteles mientras el principal cerebro de la trama, Carlos García Roldán, quien niega las acusaciones, se había fugado a Colombia. “Tenía que haber hecho una suspensión de pagos y nos hubiéramos ahorrado todo esto. No razonaba ni pensaba con coherencia”, llegó a asegurar.

Mientras tanto, la Audiencia Provincial intenta ahora localizar a Mónica T. y a su madre para que respondan ante la Justicia por unos hechos que, de confirmarse, volverían a poner el foco sobre las grietas del mercado inmobiliario balear y la falta de controles efectivos en determinadas operaciones.