El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, defendió este martes que la transición energética se ha convertido en un factor “clave” para la competitividad de los territorios y “una oportunidad” para reforzar el tejido productivo de Gran Canaria en el nuevo contexto de la política industrial europea.

Así lo aseguró el consejero durante la inauguración del foro Descarbonizar para Competir, organizado por el Cabildo de Gran Canaria a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC), junto a la Asociación Industrial de Canarias (Asinca) y Fedarene.

La apertura contó también con la participación del vicepresidente de Asinca, Virgilio Correa, y reunió a representantes institucionales, empresas y especialistas para analizar el impacto de la nueva política industrial europea y las oportunidades que abre para la industria canaria.

Durante su intervención, García Brink también destacó el trabajo que viene desarrollando el Cabildo, para trasladar este nuevo modelo al territorio mediante iniciativas que aceleren la descarbonización y refuercen la competitividad de la isla.

El consejero manifestó que la energía ha dejado de ser una cuestión “exclusivamente ambiental” para convertirse en un factor determinante de la competitividad económica. “La transición energética ya no es solo una factura que pagar para salvar el clima, es la única inversión posible para salvar nuestra prosperidad”, subrayó.

En esta línea, recordó que Europa ya no se enfrenta únicamente al reto de reducir emisiones sino también al de mantener su capacidad industrial, generar empleo y reforzar su autonomía estratégica.

El consejero defendió además que las regiones deben desempeñar un papel protagonista en este proceso de transformación, trasladando las estrategias europeas al ámbito local mediante políticas adaptadas a las necesidades de cada territorio.

Por otro lado, García Brink destacó las actuaciones que impulsa el CIEGC para acompañar al tejido productivo en este proceso, entre ellas las comunidades energéticas industriales de Arinaga y Jinámar, la futura red de Oficinas de Transición Energética para asesorar a empresas, administraciones y ciudadanía, así como el impulso al autoconsumo, el almacenamiento y la electrificación como herramientas para reducir costes energéticos, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la competitividad de la industria insular.

Además, recalcó el compromiso que ya está demostrando el tejido industrial canario con la eficiencia energética, la economía circular y el autoconsumo, asegurando que muchas empresas llevan años avanzando en su transformación. “El principal reto de las administraciones pasa ahora por acompañar ese esfuerzo, eliminar barreras administrativas y facilitar las herramientas necesarias para acelerar la transición”, aseveró.

Por su parte, Virgilio Correa incidió en las singularidades de Canarias como región ultraperiférica, recordando que “la insularidad, la fragmentación del territorio, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de interconexión eléctrica suponen un desafío añadido para la transformación del sector industrial”. En este contexto, defendió la necesidad de que la normativa y los instrumentos de financiación europeos y estatales contemplen estas especificidades para que la transición energética no suponga una pérdida de competitividad.

Asimismo, valoró el foro como un espacio estratégico para compartir experiencias, generar alianzas y reforzar la colaboración entre administraciones, empresas y centros de conocimiento, convencido de que “solo desde ese trabajo conjunto será posible acelerar la transformación industrial y energética del archipiélago”.

La nueva política industrial europea

El foro contó con la ponencia de la responsable de Prospectiva Estratégica y Relaciones Internacionales del Ente Vasco de la Energía (EVE), Alana Rawlins, quien analizó la evolución del Clean Industrial Deal de la Comisión Europea o el Plan de Acción para una Energía Asequible aprobados recientemente, los cuales ya no hablan solo de ecología, sino también de aspectos como la autonomía estratégica, la resiliencia y la seguridad económica. En este contexto, la energía ha pasado de ser una política exclusivamente ambiental a convertirse en la principal política industrial de nuestro tiempo.

El responsable de Proyectos de la Agencia Andaluza de la Energía, Joaquín Villar, presentó la experiencia de Andalucía para facilitar la adaptación del sector industrial al nuevo marco energético europeo mediante actuaciones relacionadas con la eficiencia energética, la electrificación y la innovación.

Por su parte, el jefe de Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías del Gobierno de Canarias, Alberto Santana Monagas, explicó la estrategia del archipiélago canario para la descarbonización y competitividad del tejido productivo.

Experiencias empresariales y tecnológicas

La jornada incluyó además una mesa redonda en la que empresas asociadas a Asinca compartieron experiencias sobre eficiencia energética, energías renovables, economía circular e innovación como herramientas para mejorar su competitividad, así como un espacio de networking destinado a favorecer el intercambio de experiencias entre administraciones, empresas y entidades del sector energético.

El espacio, que estuvo moderado por la gerente de Asinca, Laura Dapresa, contó con la participación del responsable de Energías Renovables en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Rayco Parra; la responsable de Estados de Información no Financiera de Tirma, Daniela Rodríguez Rodríguez; el director industrial de Ahembo, Sergio Herrera Santana; la asesora técnica de Lavandería Los Mocanes, Soraya Guadalupe Rodríguez; la representante de EVE, Alana Rawlins, y el responsable de Proyectos de la Agencia Andaluza de la Energía, Joaquín Villar Rodríguez.

El foro Descarbonizar para Competir continuará este 15 de julio en Tenerife con una segunda jornada que reproducirá el mismo programa para seguir profundizando en los retos y oportunidades que la nueva política industrial europea plantea para la industria canaria.

Ha sido un proceso “duro y largo”. Pero lo han conseguido. Más de la mitad de las personas particulares, empresas y otros espacios que integran la Comunidad Energética del Casco Histórico de Toledo ya dispone de energía fotovoltaica. En total, más de una treintena de socios y socias.

Se ha convertido, de esta forma, en la primera Ciudad Patrimonio de la Humanidad en conseguir que placas solares instaladas en espacios municipales “extramuros” viertan energía eléctrica dentro del conjunto monumental.

La cuestión es muy relevante. Toledo no solo es una las ciudades más calurosas y con más días de sol en el país, sino que también alberga uno de los conjuntos monumentales más grandes de Europa. Fusionar la protección de ese patrimonio con la energía fotovoltaica y sus vistosas placas solares ha sido muy complejo.

No es de extrañar que la Comunidad Energética del Casco Histórico haya tardado casi dos años y medio en conseguir que este proyecto sea una realidad. Porque fue en 2023 cuando todo comenzó: el Ayuntamiento de Toledo solicitó una ayuda pública para la apertura de una Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), a través de fondos europeos destinados al asesoramiento para el uso de energías limpias.

La solicitud de la subvención se hizo en enero de 2023, es decir, fue una iniciativa del anterior equipo de Gobierno a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

Esa solicitud salió adelante y fue la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) la encargada de gestionar la OTC. Desde allí se impulsó la creación de la actual Comunidad Energética del Casco Histórico. El reto, desde el primer momento, “parecía imposible”, cuenta a este periódico el presidente de este colectivo, Enrique García.

La prohibición de placas solares “intramuros”

Porque el primer obstáculo a sortear era la prohibición de instalar placas solares en las cubiertas del Casco Histórico, que recoge el Plan Especial de este distrito (PECHT) por motivos de estética y por el “resplandor” que podría generarse en las vistas panorámicas de la ciudad.

Por eso el proyecto solo tenía una salida: buscar cubiertas de edificios con titularidad municipal ubicados “extramuros” y donde pudieran instalarse paneles fotovoltaicos. Pero, al mismo tiempo, no podían estar a más de dos kilómetros de los futuros receptores de la energía generada, según la normativa española para compartir esta renovable en comunidades energéticas.

Ahora, la normativa de autoconsumo ha ampliado ese radio a cinco kilómetros, pero cuando arrancó la iniciativa, el “perímetro inicial” se realizó bajo el parámetro de esa primera distancia.

Así arrancó hace unas semanas la primera conexión de energía solar en el Casco Histórico de Toledo. La instalación: la cubierta de la pista de patinaje de la Escuela Municipal de Gimnasia de la ciudad. Placas solares, instaladas por la empresa Kaylo, con capacidad para generar un total de 100 kilovatios (el máximo permitido) que ahora suministran energía a una treintena de los integrantes de la Comunidad Energética.

Entre los beneficiarios, los conventos que elaboran repostería

Un dato curioso: entre estos primeros beneficiarios se encuentran todos los conventos de Toledo, con facturas altísimas de luz debido a elaboración artesanal de repostería. Ahora, algunos de ellos ya están ahorrando hasta 200 euros mensuales en la factura eléctrica.

Enrique García precisa que cuando el proyecto se impulsó a través de la OTC de Toledo, lo hicieron al mismo tiempo otros similares en Castilla-La Mancha. “Pero somos los únicos que hemos salido adelante. Hemos tenido la suerte de encontrarnos con muchas facilidades para el asesoramiento, pese a las horas y horas de dedicación. Sin la colaboración del Ayuntamiento, el apoyo y las ganas de todos, con la cantidad de trámites burocráticos que esto supone, cualquiera se hubiera echado atrás”, destaca.

En la Comunidad Energética del Casco Histórico actualmente hay 71 integrantes. Desde su origen, se concibió, no solo para los vecinos y vecinas, sino para que también participaran empresas, comercios, empresas de restauración y cualquier interesado. “Aquí no solo estamos los que vivimos, sino también los que trabajan y hacen posible la vida social”.   

Aunque ahora son 34 los socios y socias que ya disponen de energía solar desde la mencionada instalación, la previsión es que próximamente haya una segunda conexión que permita “conectar” al resto de los integrantes de la Comunidad. El espacio será la cubierta de la piscina del Salto del Caballo. “Ya está realizado todo el montaje de placas y la conexión a la red, pero quedan las autorizaciones del Ministerio de Industria y de la empresa, en este caso, Iberdrola”, avanza. También en este caso es de 100 kilovatios.

Lista de espera y “democratización” del proyecto

Y ahí no terminará el proyecto. La Comunidad Energética tiene “lista de espera” y a lo largo de este verano iniciará los trámites para una tercera instalación, en la cubierta de la tribuna del campo de fútbol, también en el Salto del Caballo.

Este miércoles, día 17 de junio, el colectivo celebra una asamblea general a la que están invitadas todas las personas y empresas interesadas, sobre todo las de esa “lista de espera”. Allí se les informará de la primera conexión a la red y de las previsiones y cuentas. “Ante todo, queremos transparencia y claridad y que, desde luego, nunca nadie se quede con ganas de conocer cualquier mínimo aspecto de lo que estamos haciendo”.

Para “democratizar” el proyecto y dar cobertura al mayor número posible de personas, Enrique García precisa que han establecido que los particulares puedan pedir un máximo de 5 kilovatios y las empresas o comercios hasta 7,5 kilovatios. “Lo que no vamos a hacer es estar todos dedicando tanto tiempo a esta iniciativa para que luego algún hotel o cualquier empresa privada absorba toda la energía de la instalación. No tendría ningún sentido”, avisa.

Y tras varias semanas en marcha, en la factura eléctrica de los primeros “enganchados” a la red ya hay cambios notables. Cuenta el presidente de la Comunidad Energética que él mismo, en el mes de mayo, se ha ahorrado 45 euros, y que uno de los restaurantes socios ha tenido un ahorro de más de 200 euros.

Teniendo en cuenta que el proyecto se ha llevado a cabo sin ningún tipo de subvenciones públicas, y que los integrantes han pagado “a escote” las instalaciones en función de la energía demandada, comenzar a notar cómo la factura se reduce es “todo un alivio”. Destaca su presidente que en cinco o seis años estará amortizada la inversión en esa primera instalación, cuyo plazo de vida útil es de 30 años.

Pero ante todo, más allá del ahorro, destaca que el objetivo inicial es aportar su “grano de arena” a minimizar los efectos del cambio climático reduciendo las emisiones de CO2. “Es un objetivo múltiple y posible, y lo estamos consiguiendo”, celebra. El cálculo es que con las previsiones de las instalaciones actuales, se dejen de emitir unas 170 toneladas de CO2 anuales.

Por eso ahora son “muy optimistas”. El boca a boca está funcionando entre los habitantes, empresas y comercios del Casco Histórico y ya hay grandes empresas de hostelería y restauración interesados en cambiarse a las energías limpias.

“Vamos a seguir instalando siempre que tengamos autorización y cesión de cubiertas de propiedad municipal. Según vayamos teniendo inscripciones, iremos montando instalaciones. Y que nadie que viva en el Casco Histórico y que tenga interés en acceder a la energía solar se quede sin ella”.

Sin el futuro tenemos subvenciones, las utilizaremos para obras o actividades de ámbito social

La Comunidad Energética cuenta con la posibilidad de que en el futuro sí puedan acceder a subvenciones. Pero incluso en ese caso “no se van a repartir entre los socios”, sino que “las utilizaremos para obras o actividades de ámbito social” como plantaciones de árboles o puntos de recarga de coches eléctricos para los socios.

El alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha celebrado el arranque de esta conexión. “Esto sí que es un salto cualitativo, un elemento diferenciador tremendo el que tiene ahora mismo el Casco Histórico ”, manifestó. De hecho, avanzó la intención de impulsar esta iniciativa en el Polígono industrial, aunque hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre la misma.

Tras agotar la subvención recibida para la creación de la OTC -136.000 de los 180.000 euros que se invirtieron-, el Ayuntamiento ha asumido la gestión renombrándola como Oficina Municipal de la Energía de Toledo (OMET), aunque por el momento no dispone de una página web actualizada. Sí sigue habilitada la de la OTC, con contactos e información sobre su actividad.

Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) el autoconsumo fotovoltaico en España continúa avanzando y alcanza ya los 9,3 gigavatios de potencia instalada, consolidándose como “una de las principales palancas de la transición energética, la competitividad empresarial y el ahorro energético de los consumidores”.

La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, ha anunciado este lunes en Andorra (Teruel) que el Gobierno dará prioridad a los próximos proyectos adjudicatarios del Concurso de transición justa del Nudo Mudéjar para acelerar su implantación.

“El Consejo de Ministros, en una de sus próximas reuniones, otorgará la consideración de proyectos preferentes a las instalaciones de generación renovable y almacenamiento adjudicatarias del concurso; esto permitirá acortar sensiblemente los plazos para que la generación de empleo y los demás beneficios socioeconómicos asociados lleguen cuanto antes a los municipios de transición justa de Aragón”, ha detallado.

La directora del ITJ, organismo adscrito al Ministerio para la Transición Justa y el Reto Demográfico (Miteco), ha hecho estas declaraciones en Andorra (Teruel) durante una jornada de trabajo con los ayuntamientos de la Zona de Transición Justa de Aragón y con agentes sociales signatarios del Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre.

La visita de Carreras se produce después de que el ministerio otorgara a Enel Green Power la autorización administrativa previa para instalar unos 400 MW de instalaciones de generación renovable y almacenamiento vinculados al Concurso, lo que ha generado numerosas críticas tanto en el Gobierno de Aragón, como en el territorio y entre los agentes económicos y sociales, que ven el proyecto “insuficiente”.

Esta adjudicación implica la creación de unos 80 empleos directos y 1.300 indirectos, incluyendo los asociados a actuaciones socioeconómicas, hasta agosto de 2029 --empleos a tiempo completo anualizado--, entre otros compromisos.

Más de 900 MW de capacidad liberados

Con esta autorización administrativa previa se liberan más de 900 MW de capacidad de acceso del Nudo, que el ITJ ofrecerá al resto de los participantes, recogidos en la orden TED/1146/2022. A tal efecto, ya se está tramitando por la vía de urgencia la modificación de la orden TED/1182/2021. Estos proyectos también estarán ligados a la creación de un determinado nivel de empleo, entre otros compromisos.

Adicionalmente, el Ejecutivo central acordará en uno de los próximos Consejos de Ministros declarar que estos nuevos proyectos como instalaciones energéticas estratégicas, de modo que pasen a ser considerados proyectos energéticos preferentes, de acuerdo con lo dispuesto en el reciente Real Decreto-ley 7/2026.

Se considerarán urgentes los procedimientos de autorización, declaración de impacto ambiental, resoluciones administrativas y resolución de recursos administrativos. Además, se priorizará la emisión de los informes que deban emitirse durante los procedimientos de consulta establecidos en la normativa, siempre salvaguardando las garantías ambientales, energéticas o de ordenación territorial.

El ITJ ya ha concedido 520 millones de euros para 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental en la zona de transición justa de Teruel, ligados al compromiso de creación de más de 500 empleos con las ayudas vigentes.

Muchos estudios sobre la emergencia climática tienen dos problemas. El primero es la falta de propuestas: realizan un diagnóstico más o menos atinado de la situación, pero se quedan ahí, incapaces de plantear posibles soluciones. En el segundo caso, sí se apuntan ideas prácticas, aunque están tan limitadas a la acción individual (reducir el consumo de energía, optar por el transporte público, reciclar o adquirir alimentos de proximidad) que se quedan cortas a la hora de concebir una transformación a fondo de todo el sistema. Esto deriva en un pesimismo colectivo que puede conducir a la inacción y el desánimo, algo que ya está perjudicando la salud mental de la población, sobre todo de los jóvenes.

¿Cómo revertir este panorama? Todo cambio comienza con la capacidad de imaginar un futuro distinto, de no resignarse al desaliento solo porque hasta ahora nos han dicho que no se puede hacer más. El siguiente paso consiste en buscar alternativas y refrendarlas con situaciones en las que hayan demostrado su eficacia. Puede que la humanidad no se haya enfrentado a un desafío semejante, pero ha habido otros retos que en su momento también parecían imposibles de asumir y que sin embargo se superaron o, como mínimo, mejoraron sus pronósticos.

El último paso, quizá el más difícil, es comunicar esa posible solución al público para instarlo a actuar. Porque, esto hay que tenerlo claro, los cambios solo se consiguen al ponerse en marcha. Para ello es necesario contar con una ciudadanía concienciada y lo bastante preocupada por el tema como para atender la llamada de atención. Esa masa social, formada por un conjunto numeroso de individuos unidos por una causa común, es clave en este proceso, tal y como defiende el investigador Matthew T. Huber (Chicago, 1970) en El futuro de la revolución (2022; Errata naturae, 2024, trad. Silvia Moreno Parrado). Este profesor de Geografía de la Universidad de Siracusa lleva años estudiando las relaciones geoeconómicas con el capitalismo y las políticas climáticas, y en este libro propone una insurrección colectiva para combatir la inercia política actual.

Hacia un nuevo paradigma

Los trabajos sobre la crisis climática se inscriben en el ámbito científico, en áreas como la ecología, las ciencias atmosféricas o la geología; pero las ciencias humanas tienen un papel clave en la emergencia, por cuanto las tendencias sociopolíticas y económicas son las responsables de la respuesta (o la indiferencia) hacia el fenómeno. La ideología que más se compromete con el desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente, que trata de contrarrestar los excesos capitalistas que han llevado a este límite, es la política verde, alineada en general con los partidos progresistas partidarios de la justicia social.

¿Qué sucede? Por un lado, el problema de circunscribir esta preocupación a un espectro del arco político reduce el número de ciudadanos concienciados: o se está a favor de una regeneración verde urgente, o se es un negacionista climático. La polarización creciente en el debate público y la proliferación de bulos en los medios de comunicación tampoco ayudan. No obstante, sería un error creer que el negacionismo es el único obstáculo para tomar medidas: dentro de las agrupaciones de izquierda y socialdemócratas tampoco se ha dado una respuesta unitaria y ha faltado, en general, contundencia.

Puede que los negacionistas no sean muchos, pero tampoco el cambio climático es una prioridad para la mayoría. En España, según el barómetro del CIS, las principales preocupaciones de la población son la vivienda, la corrupción y el fraude políticos, el paro, la crisis económica, la inmigración y la sanidad; hay que bajar unos cuantos puestos de la lista para encontrar el cambio climático. Por mucho que se intente sensibilizar sobre la urgencia que requiere la situación medioambiental, la percepción dominante es que se trata de un asunto secundario, algo que puede esperar y, un punto determinante, que está desligado del resto de problemas sociales.

De esto último surge la tesis de Matthew T. Huber: es un error creer que el empleo o los servicios públicos, por ejemplo, resultan indiferentes a la emergencia climática. Frente al desprestigio de las políticas climáticas entre buena parte de la población, propone una visión transversal que ponga de relieve su conexión con los problemas que resultan más inmediatos y graves. Porque sucede que los ciudadanos se movilizan, deciden su voto y presionan a sus dirigentes en función de lo que les preocupa más en cada momento. Para tomar otro rumbo, es preciso que la lucha climática sea una prioridad para la mayoría.

El cambio climático como lucha de clases

Hablar de “mayoría”, sin más, resulta vago. ¿Quién debería conformarla? Si pensamos en la estructura de clases sociales, la base de la pirámide la componen los trabajadores no cualificados o precarios, los desempleados, los pensionistas con menor retribución y otros sectores con un número bajo de ingresos. Sin embargo, tal como analiza Huber, el compromiso por el clima viene, sobre todo, por parte de una clase profesionalizada que no solo se define por un mayor poder adquisitivo, sino por un soporte intelectual. Dicho de otro modo: la concienciación surge como respuesta a la investigación científica, que constituye el credo de este grupo social.

Esta clase profesional también intenta convencer a los demás con ese mismo discurso: hay que luchar contra el cambio climático porque así lo dice la ciencia, y la ciencia está por delante de todo lo demás. Es una teoría cargada de razón, pero poco efectiva, con el riesgo de quedarse en las buenas intenciones. Las dificultades que de un tiempo a esta parte tienen los partidos de izquierda para aumentar sus bases se extienden a la sensibilización por el clima: si antes eran los obreros quienes protagonizaban los movimientos sociales, ahora el perfil típico de su votante es un universitario que entiende la jerga académica y se muestra sensible no solo a las desigualdades económicas de clase, sino también a causas identitarias como el feminismo, el racismo o la representación LGTBIQA+.

Los activistas por el clima se enfrentan a un reto: conectar con esa gran masa social que conforman los menos privilegiados. Son una pieza esencial para la revolución, y ahí es donde el autor da un giro al planteamiento del problema: la emergencia climática debe entenderse como una lucha de clases. Ni como algo que dependa en última instancia de los gestos individuales, ni como un entretenimiento de ciudadanos cultos con poca calle y mucho discurso. Solo así se puede tener éxito. ¿Cómo lo sabemos? Porque la historia tiene numerosos ejemplos de triunfos cuando la masa social se une por el bien colectivo.

Ecología proletaria

Matthew T. Huber lo explica redefiniendo las clases sociales. Sigue tomando las fuerzas de producción y cómo se relaciona cada colectivo con ellas como medida, pero va más allá del esquema tradicional de ricos, clase media y pobres. En primer lugar, identifica la “clase capitalista”, la de los grandes propietarios, los que controlan el capital industrial y los capitales fósiles. Ahí está la raíz del problema: son los causantes de la mayoría de emisiones tóxicas que han llevado el planeta a este estado, y, mientras solo miren por el rendimiento económico, nada va a cambiar de manera sustancial.

El segundo grupo es el que denomina “clase profesional”. Aquí tienen cabida tanto los dirigentes políticos como el segmento de la población más comprometido con el clima, es decir, los activistas, científicos, profesores, periodistas y estudiantes, entre otros, que se mantienen informados, difunden las investigaciones e intentan alertar a la población. Este estrato no siempre tiene las mejores condiciones salariales, pero aun así se aleja del obrero raso por la formación académica, los hábitos de consumo y el estilo de vida. Este grupo, como señala Huber, cree en la meritocracia, o al menos se ha educado en función de este principio, y actúa de manera individualista al centrarse en su ascenso social.

El tercer segmento, y el más numeroso, es la “clase trabajadora”. Como indica el autor, la clasificación no se basa solo en la situación profesional: “La clase es una relación de propiedad y poder”. Hay profesiones que se están proletarizando, como el periodismo o la enseñanza universitaria; en cambio, entre los trabajos no cualificados, un fontanero dueño de su propio negocio se sitúa en una clase distinta de la del que trabaja para otros. Además, es importante no olvidar a la población inactiva: “cónyuges que no trabajan, dependientes, familiares y desempleados” que dependen de los servicios sociales o del dinero del trabajo asalariado de otros.

Para Huber, el problema principal del cambio climático está en el primer grupo, el de los inversores: mientras solo miren por su beneficio, todo seguirá igual o peor. La clave, según él, es que el sector más crítico para las emisiones pase a manos públicas, es decir, se trata de conseguir una infraestructura energética pública que no tenga como prioridad el rendimiento económico sino mejorar las condiciones de la población y el ecosistema. Frente a las políticas de enriquecimiento rápido, deben implementarse proyectos a largo plazo que garanticen una transición energética ética, sostenible y en beneficio de todos. ¿Qué puede hacer la población para lograrlo? Ejercer fuerza social colectiva.

Presión social y el poder del sindicato

Hay que presionar a los gobiernos, pero no solo con el argumento científico, que hasta ahora se ha demostrado insuficiente a la hora de establecer prioridades. El componente de clase debe estar ahí: la presión, cuando ha logrado resultados, ha sido desde abajo, desde una masa social integradora en la que tienen cabida tanto los trabajadores como los miembros de la clase profesional. Entre otras cosas, porque ellos tienen el poder, si se organizan, de paralizar el sistema eléctrico u otra infraestructura, un gesto de boicot que llame más la atención que un corte de carreteras puntual o una acción en un museo. Para ello, el autor reivindica el papel de los sindicatos, tan devaluados, como garantía de la protección de los trabajadores y la organización de protestas.

También es necesario convencer a la clase obrera de que trasladar el imperio energético a manos públicas será positivo para ellos: la transición generará otros empleos para construir las nuevas redes, unos empleos más seguros, en proyectos a largo plazo que no dependerán del mercado. Además, aunque Huber pone el foco en el sector energético, no hay que olvidar que el cambio climático repercute en todas las áreas: la salud empeora, las temperaturas en las aulas dificultan el desarrollo del curso, aumentan los temporales extremos que causan estragos, etc. Todo eso perjudica de forma directa al trabajador, y la transición energética también garantiza los trabajos de prevención para contrarrestarlos.

Ni culpar al ciudadano ni resignarse: para luchar contra el cambio climático, hay que combatir el liberalismo individualista del capitalismo tardío y recuperar el espíritu de los movimientos de la primera mitad del siglo XX, o de causas más recientes como los chalecos amarillos en Francia. Movimientos sustentados en la solidaridad, en el frente común por encima de las diferencias identitarias, porque sobre todos ellos se cierne una amenaza más grande. Esto pasa por ver el bosque en lugar del árbol, recuperar el póster completo y ser conscientes de quién maneja los hilos de verdad en esta historia.

Hay que volver a creer, volver a motivar a la gente. Un trabajador desmotivado se cruza de brazos, mira por sus intereses a corto plazo y, harto de la palabrería de los partidos de izquierda, pierde el interés por la política y se desconecta de la lucha por el bien común. De esa insatisfacción se nutren las corrientes reaccionarias. Los activistas climáticos no pueden permitirse el lujo de renunciar a este colectivo social: recuperarlo para la causa ha de ser el primer objetivo para vertebrar una presión social fuerte, capaz de intervenir en las decisiones de arriba. No estamos en un callejón sin salida: aún se puede cambiar el rumbo. Pero no basta con la teoría: hace falta una revolución.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha adjudicado de forma definitiva a la empresa Coventina Renovables el concurso público para poner en marcha una central hidroeléctrica de bombeo en Meirama, en el municipio coruñés de Cerceda.

Se trata, según recoge Europa Press, de una iniciativa en el marco del proceso de Transición Justa, tras el cierre de la central térmica de Meirama. La empresa prevé invertir más de 400 millones y la generación de mil empleos en el plazo de diez años. A finales de 2028 está previsto el inicio de las obras.

En concreto, se ha adjudicado a la empresa el concurso de transición justa de Meirama para conectar una central hidroeléctrica reversible.

El proyecto está ligado a la creación de unos 180 empleos, así como la citada inversión, mediante la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica reversible y el impulso a proyectos empresariales y actuaciones de conservación y mejora ambiental en el entorno del lago de As Encrobas.

Así se ha informado en una comparecencia con presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la directora del Instituto para la Transición Justa, Judith Carreras, en relación a las novedades en el concurso del nudo de Transición Justa de Meirama.

Judith Carreras ha explicado, sobre el contenido de la reunión en la Delegación del Gobierno, que el objetivo ha sido informar de la resolución definitiva del concurso articulado para Meirama, el cual ha sido, según sus palabras, “competitivo y concurrido”, al que se presentaron siete proyectos.

Sobre los criterios seguidos, ha insistido en que ha sido asegurar una generación de energía renovable y la creación de empleo y ha remarcado que Coventina Renovables ha depositado “las exigentes garantías, con 180 empleos asociados a la parte de generación”, ha añadido.

Atraer nuevos proyectos

A su vez, Blanco ha insistido en que no hay Transición Justa “sin un comprimiso firme con el territorio” y ha incidido en que la estrategia es que el proceso de descarbonización “no deje a nadie atrás, a ningún municipio, a ninguna empresa o trabajador”.

“Lo que estamos haciendo es atraer nuevos proyectos e inversiones para proteger a los 19 ayuntamientos gallegos que forman parte de las zonas de Transición Justa de Meirama y As Pontes tras el cierre de las centrales térmicas”, ha remarcado. “183 millones de euros que han permitido crear más de 400 empleos”, ha apostillado en relación a la inversión realizada.

El representante de Coventina Renovables, Jesús Berzosa, ha incidido, mientras en que su prioridad ha sido “el empleo local y el compromiso de transmitir a las empresas que colaboren con nosotros esta exigencia”, ha señalado. Por eso, ha dicho que plantearán un programa de apoyo a la formación de trabajadores.

Por su parte, el alcalde de Cerceda, José Manuel Rodríguez, ha incidido en la repercusión, a nivel de empleo y de ingresos, del cierre de la central y ha destacado el anuncio en esta jornada por lo que supondría de “drama social que no hubiese proyectos encima de la mesa”. A ello, ha sumado el aprovechamiento del potencial turístico en el lago de As Encrobas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes la propuesta del Plan Social para el Clima, que ha salido hoy a audiencia pública y que contará con 9.000 millones de euros, 4.700 millones dedicados a ayudar a los hogares vulnerables “a incorporarse a la transición energética” y otros 4.300 millones para la descarbonización del sector de la movilidad.

“Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo”, ha señalado en su intervención durante la clausura del acto de presentación.

En materia de vivienda, a la que se destinarán 4.700 millones de euros para ayudar especialmente a los hogares más vulnerables a incorporarse a la transición energética, Sánchez ha apuntado que este plan “significa” impulsar una nueva vivienda social con los estándares energéticos más elevados y apoyar las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo “para democratizar la energía”.

Así, parte del dinero se destinará a la rehabilitación de viviendas y barrios enteros, para que consuman menos energía, reduzcan emisiones y, sobre todo, reduzcan facturas, actuando sobre la desigualdad energética en hogares más vulnerables, así como al impulso de nueva vivienda social, con los más estándares energéticos “más elevados”.

En materia de transportes, al que se destinarán otros 4.300 millones de euros, Sánchez ha defendido la posibilidad de poner en marcha el abono único social, “que va a permitir la práctica de gratuidad del transporte público urbano, metropolitano, interurbano para millones de ciudadanos”.

También habrá planes para el refuerzo de la movilidad rural de la mano de las comunidades autónomas, ayudas a autónomos, microempresas y pymes para renovar sus vehículos y adaptarse a una movilidad más limpia y más barata, y para la aceleración de la electrificación del transporte comercial y del transporte aéreo.

Según ha dicho Sánchez, los 9.000 millones están cofinanciados por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea (UE), que condiciona la concesión de recursos a la transposición y al cumplimiento de la normativa europea. “Ahora está en tramitación parlamentaria y esperemos que cuente con el apoyo de la amplia mayoría de los parlamentarios, porque en definitiva lo que estamos planteando es proteger el planeta, proteger a las familias”, ha indicado.

En su discurso, el presidente ha destacado que para el Ejecutivo la transición ecológica es “un proyecto europeo, también de país, de avance compartido”. En este sentido, ha defendido que su factura “debe repartirse con justicia”, y ha criticado que “la ultraderecha está poniendo en cuestión el sistema europeo de comercio de emisiones como si fuera un impuesto más y no precisamente esos recursos que se necesitan para hacer de la transición ecológica una transición justa”.

Tal y como ha recalcado, “la transición ecológica sólo tendrá éxito si es justa desde el plano económico, desde el plano social y por tanto también desde el plano medioambiental”.

Un instrumento fundamental

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha especificado que la propuesta del Plan Social para el Clima estará en trámite de audiencia pública hasta finales del mes de junio. Además, ha añadido que durante ese mes se llevará a cabo una “segunda oleada de talleres” al respecto.

“Lo que queremos es que antes de final de este año podamos remitir una propuesta a Bruselas, una propuesta que recoja la inteligencia colectiva de nuestro país. Un plan donde la transición energética sigue siendo un motor de justicia y de equidad”, ha indicado.

Durante su intervención, ha definido el futuro Plan Social como “un instrumento fundamental” para el contexto actual, donde es “importantísimo” hablar de cooperación, de trabajo conjunto, de acuerdos y de multilateralismo.

Derecho a la movilidad

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha apuntado a que, atendiendo a los datos, el 77% de la población tiene garantizado el derecho a la movilidad en entornos urbanos. En comparación, esa cifra es de “sólo el 6%” en el ámbito rural.

“Por tanto, el reto en este momento es garantizar que la movilidad se constituya en un elemento de cohesión social y de cohesión territorial. Y aquí es donde está la primera oportunidad en el Plan Social para el Clima.

Además, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha añadido que este Plan Social representa “un segundo impulso” al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tras la crisis del coronavirus.

“Es fundamental que desde los poderes públicos apoyemos a las personas que más lo necesitan, que es donde vamos a poner el acento con este plan, y también a los barrios más vulnerables, que es donde nos hemos encontrado más dificultades para que pudieran llegar esos fondos del Plan de Recuperación”, ha subrayado.

Hola

Deseo que estés bien.

Me ha salido un boletín muy “energético”. No lo tenía previsto así, pero a medida que he ido armando el puzle, este es el resultado final. La verdad es que es uno de los grandes retos que tenemos por delante, todo el planeta. Y también uno de los más delicados. El próximo martes se cumplirá un año del apagón que afectó a toda la península ibérica: más de 50 millones de personas a oscuras hasta la madrugada del 29 de abril. Seguro que recuerdas dónde te pilló a ti, ¿verdad? Pues un año después, el cero absoluto, como se le denomina en el sector, sigue moviéndose en una zona incierta entre lo que sabemos y lo que todavía no se ha podido —o no se ha querido— explicar del todo.

Lo que emerge con el paso de los meses apunta a una avería sistémica, no a un fallo aislado. Lo que relatan los informes (de los expertos europeos y de los organismos regulatorios españoles) es que no hubo un culpable único, sino un sistema que falló en cadena, desde Red Eléctrica (el operador) a las grandes compañías energéticas. Sobretensión, desconexiones y pérdida de control en segundos. Un colapso en un sistema cada vez más complejo y exigente por la transición energética.

Eso obliga a enfriar las prisas por encontrar culpables rápidos. Primero, entender. Después, depurar responsabilidades. Y, mientras tanto, algo bastante más básico: luz y taquígrafos. Transparencia sobre qué ocurrió: las causas, por qué los cortafuegos no funcionaron como se esperaba y por qué el operador no pudo asegurar el suministro. Sin ese relato completo, todo lo demás es ruido.

La apertura de expedientes sancionadores es un paso lógico, pero insuficiente si no va acompañada de una investigación a fondo, con criterios técnicos y no políticos. Aquí la clave no es quién llega primero al titular más contundente, sino quién es capaz de sostener una explicación sólida. Prudencia en las conclusiones, pero también firmeza en la exigencia de esclarecer. Porque la peor salida sería una especie de empate técnico donde nadie asume errores y el sistema sigue igual que antes. El apagón no va solo de lo que pasó, sino de lo que revela. Gobernanza del mercado eléctrico, coordinación entre operadores, capacidad de respuesta en tiempo real y marco regulatorio adaptado a una red mucho más volátil como consecuencia de un cambio energético que va a más.

El dato

2.005

Son los nuevos puntos de recarga de acceso de público que se han instalado en España en el primer trimestre, según el último Barómetro de Electromovilidad elaborado por Anfac, la patronal la patronal de los fabricantes de automóviles. La red total de recarga se sitúa en 55.077 puntos. El incremento es del 3,8%, pero podría haber sido aún mayor –advierte Anfac– si se pusieran en funcionamiento los 17.073 puntos de recarga instalados que no se encuentran operativos por distintos motivos. Es decir, uno de cada cuatro puntos de recarga no está operativo.

La crisis del petróleo como consecuencia del ataque de EEUU e Israel a Irán acelerará el mercado del coche eléctrico, según prevén varios analistas y fabricantes, aunque bajen los precios del crudo. Los consumidores de todo el mundo disfrutan de una mayor variedad de opciones, especialmente a medida que los eléctricos fabricados en China están irrumpiendo en todo el mundo.

En España, las ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables se han disparado un 58,4% en el primer trimestre del año, hasta alcanzar casi las 63.000 unidades.  Solo en marzo registraron un aumento del 62% con un total de 26.725 unidades y el 20,5% de las ventas totales.

Pero, ojo, el peso de los eléctricos en el parque total es bajísimo. Representa el 2,6 % del total, frente a cuotas de más del 24% en Noruega, que es el líder indiscutible. En Francia se acerca al 6% y en Alemania al 4%. Esto es así porque en España el parque de vehículos está muy envejecido, los coches de más de 20 años suponen ya casi un 30% del total.

El sector considera que para el verdadero despliegue del vehículo eléctrico es esencial puntos de recarga de muy alta potencia, a partir de 250kW y estos solo representan el 43% de toda la red.

El gráfico

La generación eléctrica con renovables supera al carbón por primera vez en la historia. El auge de la solar frenó el aumento de la generación eléctrica global mediante combustibles fósiles en 2025. El año pasado, la generación renovable (viento, sol e hidroeléctrica) superó al carbón por primera vez en la historia y el crecimiento sin precedentes de la solar permitió a esta fuente y a la eólica cubrir el 99% del aumento de la demanda a escala mundial.

Son las principales conclusiones de la séptima edición anual del Global Electricity Review del think tank británico Ember, un análisis exhaustivo de los cambios en la generación eléctrica mundial acontecidos el año pasado. Todos los detalles están en esta detallada información.

Pese a los intentos de regresión y a la crisis energética desatada por la guerra en Irán, la concienciación por la energía verde es un hecho. 53 países unen fuerzas para abandonar los combustibles fósiles y, junto con 2.608 organizaciones, han confirmado su participación en la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, impulsada por Colombia y Países Bajos, que se celebrará entre el 24 y el 29 de abril en la ciudad caribeña de Santa Marta. El conflicto en Oriente Próximo evidencia la necesidad de un 'electroshock' que corte con el petróleo y ataje el cambio climático.

Tipos (y tipas) de interés

Sube John Ternus, nuevo CEO de Apple. Llega al trono de la icónica compañía de la manzana no para hacer la revolución, sino para evitar que el imperio que factura 100.000 millones de dólares se oxide por puro inmovilismo. Tras dos décadas en la casa, este ingeniero mecánico nacido en California en 1975 proyecta una imagen de clon perfecto de Tim Cook: mismo uniforme de camisa oscura, mismo Apple Watch en la muñeca y misma calma aparente, como puede apreciarse en la foto. Pero quienes conocen los pasillos de la empresa advierten que el parecido es solo estético. Frente al modelo de gestión por consenso y preguntas infinitas de su mentor, Ternus asume el mando con un perfil mucho más ejecutivo y centralizado: es de los que eligen entre la opción A y la B sin que le tiemble el pulso, recuperando un aroma de decisión que Apple no olía desde los tiempos de Steve Jobs.

Entró en 2001 y ha acabado dirigiendo la ingeniería de hardware de los productos que sostienen la empresa de Cupertino: iPhone, Mac, iPad. Suyo es también el éxito del salto a los chips propios en Mac o la consolidación de líneas como Apple Watch y AirPods. Pero su medalla más reciente ha sido el MacBook Neo: un portátil de 599 dólares que ha roto el enfoque de “solo para ricos” de la firma y se ha agotado en un abrir y cerrar de ojos.  

A este nadador de competición en sus años universitarios le toca ahora lanzarse a una piscina llena de tiburones y con poca agua en el apartado de innovación. Hereda una compañía que ha pecado de “incrementalismo” y que se ha quedado peligrosamente rezagada en la carrera de la inteligencia artificial frente a sus vecinos de Silicon Valley. Con una Siri que necesita una reconstrucción total y la amenaza de aranceles de la era Trump sobre la mesa, Ternus deberá demostrar si quiere seguir perfeccionando los productos que ya tiene o es capaz de “pensar diferente”.

No todo nos parece mal

Magnesio, colágeno, omega 3, vitamina D3…Los complementos alimenticios están en auge. Hace un par de décadas, nos tratábamos cuando caíamos enfermos, ahora nos cuidamos para no enfermar o para reducir el riesgo de contraer una enfermedad. Así, además de hacer ejercicio con regularidad, comer más sano y preocuparnos más por la salud mental, también nos tomamos más complementos. El sector facturó alrededor de 2.100 millones de euros en 2025, con un crecimiento del mercado total en torno al 7%, según datos de la Asociación Española de Complementos Alimenticios (Afepadi), que representa a 155 empresas que generan más de 15.000 empleos directos. En el contexto europeo, España se ha consolidado como el cuarto mercado de la Unión Europea que más ha crecido en el último lustro, solo por detrás de Italia, Alemania y Francia.

El crecimiento sostenido de la demanda refleja cómo los consumidores integran estos productos como parte de un enfoque preventivo y activo del cuidado de la salud“, explica Mònica Gispert, la presidenta de la asociación, en un comunicado de prensa. De acuerdo con los últimos estudios del Observatorio Afepadi, entre el 70% y el 80% de los adultos españoles han consumido complementos alimenticios en el último año. Según la consultora Iqvia, los productos a base de minerales y los complementos para el crecimiento del cabello registraron crecimientos de doble dígito en 2025.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes.

Aunque sean de pago.

Lo digo porque la semana pasada un lector me afeó que incluyera enlaces de medios que requieren suscripción. Lo entiendo, pero intento que mi criterio principal sea la calidad y relevancia de la información, independientemente de si el medio es abierto o bajo suscripción. Aunque estén detrás de muros de pago, creo que el resumen o la tesis del artículo son valiosos para estar al día de lo que se está hablando.

Eso es todo por esta semana. 

Nos vemos el jueves que viene con más reflexiones y noticias económicas.

Si tienes tus propuestas o quejas puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es.

¡Feliz Diada de Sant Jordi!

Hay impulso, hay promotores, hay ganas. Pero también múltiples variables ambientales, alguna carencia de legislación, así como “desinformación” y una amplia “necesidad de explicarnos mejor”. Son algunas de las conclusiones que varios impulsores del biogás han expresado en la jornada organizada en Toledo por la Fundación Naturgy para la presentación a nivel estatal de una guía “pionera” sobre las variables de esta polémica energía renovable, que cuenta con una amplia contestación social en varios puntos del país por su “efecto llamada” para macrogranjas y sus afecciones ambientales.

El biogás es una fuente de energía renovable producida por la descomposición de materia orgánica, principalmente residuos agroganaderos, pero también lodos y basura, en ausencia de oxígeno. Está compuesto por metano y dióxido de carbono y se utiliza para generar electricidad, calor, biocombustible o fertilizantes orgánicos. Es un método de gestión de residuos que se convierte en biometano al ser “purificado” eliminando todas sus impurezas y convirtiéndolo en una fuente de energía similar al gas natural.

La elección de la capital castellanomanchega para este evento no ha sido casual. En esta comunidad autónoma, según el mapeo en tiempo real que realiza Stop Ganadería Industrial, hay más de 70 plantas operando, en trámite o con solicitud de autorización ambiental. Por eso, las protestas han arreciado en los últimos años. Incluso desde la administraciones locales: ayuntamientos, como el de Albacete, por ejemplo, han aprobado ordenanzas para impedir la instalación de plantas de este tipo.

En la jornada, de hecho, ha estado presente el alcalde de Campos del Paraíso, Francisco Javier del Saz (PP). En este municipio, de apenas 300 habitantes, se produjo recientemente una de las mayores movilizaciones, de más de un millar de personas, contra los proyectos de biogás que planean sobre el municipio y sus pedanías.

“No estoy ni a favor ni en contra. He venido a informarme porque hay preocupación entre los vecinos. Quiero contarles todo lo que se diga aquí, y que puedan tener todos los datos. Yo también soy vecino y también me afecta, pero quiero ser objetivo y contar lo que hay”, ha precisado a este medio.

La primera guía técnica que analiza todas las variables ambientales

Y es que entre los impulsores del biogás hay “sorpresa” por estas movilizaciones. De ahí la jornada de Naturgy, abanderada por María Eugenia Coronado, directora general de Fundación, con el fin de contrarrestar estas críticas, y ‘vender’ el biometano con un informe que se detiene en sus decenas de variables ambientales.  

Este documento lo ha elaborado INERCO, una empresa internacional especializada en brindar soluciones integrales en ingeniería, medio ambiente y seguridad industrial. Su enfoque principal es el desarrollo sostenible para sectores como el gas, la minería o la química. Actualmente, opera en más de 10 países.

En realidad, se trata de una guía técnica que analiza el papel del biometano en la transición energética y la economía circular y detalla cuál es el marco ambiental y regulatorio aplicable, las principales variables técnicas y ambientales de estas instalaciones y las mejores prácticas para su implantación y operación sostenible.

Sus conclusiones las ha presentado Amelia Olid, jefa del Área de Gestión Ambiental de Nuevos Desarrollos de INERCO. Uno de sus contenidos más destacados es el amplio espacio que dedica a los condicionantes técnicos y ambientales en el proceso productivo de las plantas de biometano.

No oculta que entre ellos se encuentran efectos como las emisiones atmosféricas y de olores, ruidos, efluentes derivados por el almacenamiento, y otras afecciones como la contaminación de aguas subterráneas y suelos, y el impacto paisajístico.

Es en la gestión del digestato y en la elaboración del compost, es decir, en los residuos de estas plantas, donde se producen los principales impactos, y para ello propone medidas correctoras que abarcan todo el proceso, desde el diseño de la planta hasta su funcionamiento final. En todo ello, concluye, la legislación estatal y las normativas autonómicas, a la hora de otorgar autorización ambiental, son “garantistas” y permiten su instalación sin apenas consecuencias.  

Pero ha sido en el coloquio posterior a la presentación del informe, moderado por Humberto del Horno, delegado de Europa Press en Castilla-La Mancha, donde se han puesto sobre la mesa las reflexiones más interesantes y donde ha quedado de manifiesto que el biogás es una solución “compleja”, pero que ofrece una “salida necesaria” a la gestión de residuos orgánicos.

Sobre la necesidad y la urgencia de potenciar esta renovable, Francisco Javier Hidalgo, director de Consultoría en España de INERCO, ha querido advertir primero de que siempre que surge una actividad relativamente nueva, las administraciones y el entorno social necesitan conocer sus ventajas e inconvenientes.

Y el argumento principal, ha señalado, es que se trata de una “gran necesidad”. “Tener plantas de biometano ayuda a la descarbonización y además permite la gestión de residuos. Es una pieza clave que nos permite movernos hacia una generación más sostenible y va a permitir hacerlo desde el uso de recursos del territorio, no necesitamos traer nada de fuera”, ha añadido.  

Del “régimen plano” al digestato

Por su parte, Lourdes Gómez de la Vega, responsable de Ingeniería y Medio Ambiente en Gases Renovables de Naturgy, ha remarcado que en el actual contexto de transición energética, especialmente en Castilla-La Mancha, ha habido ha habido un importante desarrollo de energías renovables, pero la diferencia del biometano es que se produce en un “régimen plano”, es decir, de manera continua, al contrario que la fotovoltaica y la eólica, que dependen de elementos externos como el viento o el sol.

“El biometano se puede almacenar de forma muy fácil y con precios más competitivos y además permite abastecer al sector doméstico”. Se refiere con ello a la molécula CH4 (metano) que permite la misma inyección a la red que el gas natural, pero como una solución “mucho más potente”.  

A este respecto, Alipio García Rodríguez, director general de Transición Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha incidido en la defensa que la Administración regional hace de las renovables, junto con la “preocupación” por el tratamiento de los residuos. Sobre este último aspecto, ha recordado que es algo que ya pasó con la instalación de las primeras depuradoras y los lodos que generan.

“Ahora contamos con una tecnología más avanzada como el biogás, la biometanización, que es un eslabón muy concreto en esa circularidad y es donde hay que poner el foco”. Considera que con ello se pueden gestionar residuos orgánicos sin el uso de vertederos o mediante su manipulación directa en el terreno, que es lo que genera contaminación del agua por nitratos. “Debemos contar con nuevas actuaciones de gestores autorizados para compensar todo esto”.

Sobre el desarrollo del biometano en España, la responsable de Renovables de Naturgy ha querido hacer hincapié en que no se trata de una tecnología nueva, ya que ha habido proliferación de plantas en Europa durante 20 años. “Ahora hay que diseñar plantas para la variabilidad de residuos de manera mucho más amplia, que ayuden al territorio para un sistema de gestión eficiente, y que sirvan para inyectar en las redes domésticas, no solo para la industria”.

Es en este punto cuando se ha referido al digestato y a su valorización para una “aplicación directa”. “Tenemos la obligación de generar un producto que sirva como fertilizante para comercializar y certificar en toda la Unión Europea, y contribuir así a disminuir los fertilizantes químicos”.

Para el representante de INERCO, biogás y biometano no suponen solo una energía renovable sino una solución a la problemática de la circularidad de los residuos. Y coincide con Naturty en que es un modelo “ampliamente probado” en Europa. “Ahora mismo ya hay técnicas de mitigación de los impactos y se utilizan a escala productiva global”.

Además, ha explicado que gran parte de los promotores que desarrollan estas plantas son empresas que tienen mucha experiencia a nivel energético, y eso “no siempre pasa con todos los proyectos”, por lo que es “una garantía de que los estándares de diseño son altos”.

Según está el mundo, el biometano es estratégico. No podemos esperar más. Nos dota de autonomía y ha venido para quedarse

Una de las más taxativas en la defensa del biometano y su tecnología ha sido Margarita de Gregorio, CEO de la Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc): “Según está el mundo, el biometano es estratégico. No podemos esperar más. Nos dota de autonomía y ha venido para quedarse”.

Pero ha sido también la que ha hecho mayor autocrítica. Preguntada sobre las protestas vecinales y sociales en el medio rural ha reconocido: “Igual podemos explicarlo mejor”.

“No subestimamos para nada a las poblaciones rurales. La gente en los pueblos sabe mucho más que en las ciudades y tenemos una oportunidad de explicarlo todo mejor. Debemos construir todos juntos esta transición. Instalamos industrias que hay que alimentar diariamente con base orgánica. Son como ‘minirrefinería’ de petróleo, que sirven para inyectar gas. pero también para otros usos. Pero ante todo, tenemos que explicar mejor las cosas y saber llegar a la población rural”.

En su opinión, será la propia realidad la que a medio plazo demostrará que las plantas de biogás van a ser “prescriptoras” para “luchar contra la desinformación” y demostrarán que no van a tener efectos negativos. “Las empresas son las primeras interesadas en garantizar todo el proceso sin afecciones y necesitamos que nos den ese voto de confianza”.

Precisamente, el director general de Transición Energética de Castilla-La Mancha, ha ensalzado la función de la Administración para dar “seguridad” en ese proceso y “vigilar” para que estos proyectos se ajusten a la ley. “Igual que existe una normativa de residuos, ahora de ser garantistas en el tratamiento de estos residuos y explicarlo a la ciudadanía para que tengan la confianza de que se va a desarrollar correctamente. Es más, si no se cumple, habrá sanciones y cierres, sin duda”. De hecho, aunque no lo ha mencionado explícitamente, es lo que contempla el Plan de Biometanización que tramita esta comunidad autónoma.

Para Margarita de Gregorio, el digestato es “clave” en el proceso. “En ningún caso, en ninguna instalación, lo que sale es igual a lo que entra. El producto final siempre es mejor porque la materia orgánica se ha higienizado. Por lo tanto, ese producto es otro valor, es una oportunidad para aplicar al terreno, para valorizar un elemento estructural de la biocircularidad que va más allá del propio concepto energético”.

“Es una sorpresa que algo que es en todas sus fases tan positivo pueda estar tan cuestionado, cuando es una oportunidad para cerrar procesos productivos. Y donde además, en todo el proceso interviene mano de obra y genera empleo local”, ha destacado. A la fijación de empleo local también se ha referido el responsable de INERCO, poniendo el foco en áreas más desfavorecidas.

Finalmente, todos los intervinientes han hecho sus presagios a medio plazo. Para la representante de Biocirc, en cinco años habrá más un centenar de plantas de biogás operando en España “en condiciones perfectas” y además, con Castilla-La Mancha como “protagonista”.

Por su parte, el director general de Transición Energética ha augurado que estas instalaciones se construirán de manera proporcionada al tamaño de las comarcas y permitirán que “no haya tanta dependencia” de gasoductos y una descarbonización “necesaria”. “La tecnología va a avanzar mucho y eso nos permitirá también un mayor aprovechamiento en el tratamiento de los residuos”.

Desde la Fundación Naturgy vaticinan que los actores y promotores “van a proliferar” pero solo tendrán éxito aquellos que “generen sinergias” con el producto final, y “que tengan interés en la descarbonización y en la producción de fertilizantes sostenibles y orgánicos”.

Con los precios del petróleo disparados, todos los ojos están puestos en las gasolineras. Refinos clave como el litro de diésel, en el caso de España, están 30 céntimos más caros que antes de que Israel y Estados Unidos atacaran Irán, desatando una nueva guerra en el Golfo Pérsico. Y en Estados Unidos, el galón de gasolina (unos 3,8 litros) ha superado los cuatro dólares por primera vez desde 2022, una barrera psicológica en un país que pasa la vida al volante.

Y, sin embargo, con la mirada centrada en las estaciones de servicio, pasa desapercibido el devenir de un refino del crudo que es clave para el comercio internacional y para muchas economías emergentes. Se trata del fueloil, un ‘residuo’, prácticamente el poso del barril del petróleo, que queda una vez se han extraído la gasolina, el diésel y los otros productos de mayor valor. Su uso está casi en extinción por ser muy contaminante, pero es el combustible clave de los grandes mercantes que transportan contenedores por todo el mundo y también de los países más pobres sin margen para invertir en renovables.

Ahora bien, el concepto de este producto en sí es “muy vago”, como detalla el presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, Jaime Segarra. “El crudo se somete a una destilación fraccionada en las refinerías para separar los elementos según su densidad. El fueloil es toda una gama de productos y, en concreto, el búnker es el que se utiliza para los buques mercantes, que es más denso que el que utilizan los camiones”, apunta en conversación con este periódico.

El crudo procedente del Golfo Pérsico es fundamental para la producción del combustible pesado, como apuntaron los analistas de la firma XTB hace unas semanas. El Arab Light de Arabia Saudí genera aproximadamente un 50% de residuos aptos para ese búnker, frente al 33% del petróleo de Texas. “Eso significa que incluso si el mercado logra sustituir barriles perdidos del Golfo por crudo de otras regiones, la oferta de fueloil puede seguir cayendo. En otras palabras, puede haber petróleo suficiente y, al mismo tiempo, escasez del combustible que necesitan los barcos. Esa es una de las razones por las que el shock actual podría extenderse más allá del mercado petrolero tradicional”, advertían en un análisis titulado “la verdadera bomba económica”.

Un combustible barato y muy contaminante

El investigador principal y director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano, detalla que estas mayores tensiones en los mercados se producen en un momento en el que ya estaba sometido a gran estrés, ya que buena parte de los refinados en cuestión los importábamos de Rusia antes de la guerra. “Hay algunos productos que se han visto afectados desproporcionadamente, como el fueloil. Eso está repercutiendo en un aumento del coste de los fletes del comercio marítimo y todo eso sumará a la inflación”, explica en conversación con este periódico.

A ello se suma el hecho de que los buques, dadas las tensiones en el Mar Rojo —los hutíes de Yemen acaban de entrar en la guerra con ataques a Israel—, ya llevan tiempo derivando sus rutas más allá del cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica), lo que “ha aumentado la demanda de fueloil y de los cargamentos”, apunta Escribano.

La principal —y casi única— ventaja de este combustible es su precio. “Aunque con el tiempo hemos llegado a despreciar el fueloil porque es más sucio que otras opciones, es barato y puede permanecer almacenado durante mucho tiempo”, asevera Albert Banal, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y especialista en mercados energéticos.

El riesgo de suministro pilla al transporte marítimo con los deberes sin hacer en materia de descarbonización. Según datos de ISGlobal, los buques mercantes mueven anualmente 10.000 millones de toneladas y, a cambio, emiten cerca del 3% de los gases de efecto invernadero del mundo, el 13% de las emisiones de óxido de nitrógeno y el 12% de las de óxido de azufre.

“Es muy difícil de pensar en un barco completamente electrificado. No puedes cubrirlo de paneles solares y hacer el salto a algo totalmente limpio. Al menos no de manera inmediata”, reconoce el profesor. “Lo que acaba pasando es que se acaban utilizando cosas que son menos caras y más contaminantes, como el fueloil”, incide.

Las soluciones verdes, aún muy lejos

La guerra en Oriente Medio, y la subida de los precios energéticos, llega apenas cuatro años después de la crisis del gas originada por la invasión rusa de Ucrania. Mirar en el espejo de lo que sucedió entonces es inevitable. Y también en 2022 se habló de un transporte marítimo más verde. De hecho, La Moncloa anunció en noviembre de ese año un acuerdo con Maersk, la mayor naviera del mundo, por la que la empresa invertiría 10.000 millones de euros para fabricar en nuestro país los combustibles verdes con los que alimentar su flota. El objetivo: producir millones de toneladas de e-metanol para descarbonizar completamente su flota antes de 2040, comenzando con una veintena de buques hacia 2024.

Pero la realidad ha resultado en un retraso notable, como reconocen desde el Ejecutivo y también desde Maersk, a través de C2X, su filial para combustibles verdes. “En relación con la planta de metanol prevista en Huelva, el proyecto avanza, aunque a un ritmo más lento del inicialmente previsto, esta situación se está dando tanto en los desarrollos en España como en los que tenemos en otros países. Responde principalmente a la evolución de la demanda global de combustibles renovables y al aumento de la oferta, especialmente desde Asia, que está afectando al equilibrio de mercado estimado cuando se anunció el proyecto”, apuntan desde la compañía en un correo electrónico, tras una consulta de elDiario.es.

“Cuando se anunció el proyecto en España se manejaban previsiones de crecimiento de la demanda derivadas de la regulación europea e internacional. La regulación europea se ha mantenido, pero no así la global: se esperaba la aprobación de nuevas normativas por parte de la OMI y, por el momento, no se han materializado, lo que ha influido en el desarrollo de esta industria”, señala un portavoz de la compañía, que subraya que la decisión de haber “desacelerado los desarrollos” no tiene que ver con una falta de apoyo institucional.

El desarrollo de hidrógeno verde sigue en pie, pero los expertos reconocen que se puso el listón demasiado alto. “Quizá generó expectativas excesivas, pero sigue siendo una tecnología muy prometedora y que tiene muchas ventajas para España y para el conjunto de la Unión Europea”, apunta Escribano, del Real Instituto Elcano.

Un aspecto en el que coincide el profesor Banal: “El hidrógeno verde es la solución, pero todavía es muy incipiente. El problema es que aún no sabemos hasta qué punto será rentable y necesitamos que baje su coste de producción para que sea más competitivo que estas opciones que ensucian más”.

El presidente estadounidense ha vuelto a montar otro TACO, acrónimo acuñado con sorna en las firmas de inversión de los últimos meses para describir sus secuencias recurrentes de amenazas apocalípticas seguidas de repliegues de postura del líder MAGA. En 2025, utilizó a destajo esta desconcertante dialéctica a cuenta de la implantación de los aranceles recíprocos de EEUU y sus posteriores tiras y aflojas con aliados y rivales geoestratégicos y culminó con un rapapolvo del Supremo americano.

Este año, la arena donde se escenifica la estrategia comunicativa trumpista, a golpe de clic, se sitúa en el mercado del petróleo, ecosistema ideal para trasladar casi sin solución de continuidad las consignas geopolíticas a la especulación bursátil por el amplio abanico de parámetros que se conjuran para fijar el precio del barril. 

TACO responde a la apelación Trump Always Chickens Out (algo así como Trump siempre se acobarda) y, hasta ahora, antes de atestiguarse unos sospechosos movimientos de enriquecimiento rápido con indicios de tráfico de influencia en el círculo próximo a Trump –a propósito de sus amenazas y repliegues sobre un alto el fuego en la guerra ilegal contra Irán que él mismo inició— regía en los círculos inversores la certeza de que “la única posición perdedora es tomarse la retórica trumpista al pie de la letra”. Lectura con claros tintes irónicos.

Sin embargo, el negocio del petróleo es más peliagudo. Suma factores más peligrosos a los mensajes coercitivos con rectificación del mandatario americano que los de una reconfiguración global de los entramados arancelarios que han sepultado el principio de la libre circulación de mercancías y servicios.

El crudo es el fertilizante más propicio para que germinen tomas de decisiones geopolíticas en los mercados de capitales. Es donde campa a sus anchas la idea de que la volatilidad propicia incertidumbre, pero también oportunidades. Así lo constataba Financial Times en la mañana de una de las jornadas clave de la pasada semana, cuando se ejecutaron operaciones en futuros de Brent y WTI –barriles de referencia en Europa y EEUU, respectivamente– por valor de 580 millones de dólares. Apenas 15 minutos antes de que Trump anunciara avances en las conversaciones con Irán, que el régimen de los ayatolás se apresuró a desmentir.

Pero el relato cumplió su misión. Desencadenó una caída inmediata del petróleo con repuntes de otros activos, lo permitió capturar beneficios rápidos y cuantiosos. ¿Tráfico de influencias? Presumiblemente. Aunque no se hayan identificado a los operadores ni haya todavía pruebas de ilegalidad, el cariz anómalo de estos movimientos concertados un día sin datos relevantes ni catalizadores evidentes alimenta la sospecha de que un selecto club de inversores próximo al circuito personal del presidente opera con ventajas informativas de carácter privado. “Alguien se hizo mucho más rico en horas”, asumían varias voces del mercado.

Al margen de esta seria advertencia de los efectos que puede ocasionar la jerga TACO, esta alerta de súbitos incrementos patrimoniales para unos pocos parece certificar que el precio del crudo ya no responde únicamente a interrupciones del suministro o a cambios en la demanda, sino a la gestión –y anticipación– de información geopolítica de primera mano. Así lo asegura Robert Rennie, responsable de materias primas en Westpac Banking Corporation, para quien el negocio petrolífero “oscila entre escenarios de escalada y de final negociado sin criterios definidos sin inclinarse por ninguno”. En parecidos términos se manifiesta Charu Chanana, de Saxo Markets. En su opinión, “las recientes caídas de precios responden a un recorte de la prima de riesgo, pero no a una normalización real de un mercado que descuenta la paz sin confiar de lleno en ella”.

La consecuencia es una dinámica pendular. El Brent ha pasado de rozar los 120 dólares a situarse por debajo de la psicológica barrera de los triples dígitos en días, sin flujos de oferta y demanda que lo explique ni fundamentos económicos que lo sustenten. Ni siquiera el cierre del estrecho de Ormuz justifica sus fluctuaciones. Entre otras razones, porque la actividad militar continúa. Y cada vez con mayor intensidad. Pese a lo cual, parece bastar con una insinuación de diálogo para borrar miles de millones de dólares en valor.

La dinámica de fuerzas que mueve el petróleo

A esta fragilidad se suma una inquietud creciente sobre el propio funcionamiento del mercado. Las oscilaciones extremas y ciertas operaciones de gran tamaño han reavivado especulaciones sobre posibles intervenciones –directas o indirectas– en los mercados de futuros. Tim Skirrow, de Energy Aspects, admite que algunas transacciones recientes “han sido inusualmente grandes para momentos sin factores económicos claros” y alerta de que el “riesgo de erosionar la confianza inversora se palpa en el ambiente”. Terry Duffy, consejero delegado de CME Group, alerta de que cualquier percepción de intervención gubernamental, por parte de la Casa Blanca o de otro productor, en la formación de precios “podría tener consecuencias sistémicas”.

¿Un colapso energético? En apariencia, los mercados creen en el dogma de fe neoliberal de que nadie juega con ventaja. Pero esta creencia se tambalea cuando la geopolítica se convierte en el motor de los precios y el petróleo, más que una mercancía física, se comporta como un activo narrativo. El efecto TACO no es solo una etiqueta ingeniosa. Es el certificado de que la volatilidad ha dejado de ser una señal de incertidumbre para convertirse en un instrumento de oportunidad forjada por el tráfico de influencias.

Entonces, ¿qué interpretan los inversores? Y, sobre todo, ¿qué factores intervienen en el clima de los negocios petrolíferos?

La guerra de Irán ha disparado su rango de fluctuación, aunque sin generar, por ahora, un shock sostenido de oferta. Los inversores parecen más pendientes de la geopolítica que de los daños reales en infraestructuras energéticas. Así como de la narrativa TACO. Pero al mismo tiempo, el conflicto ha propiciado sinergias cruzadas con otros activos. Entre otras, en el orden monetario. Los bancos centrales han optado por la cautela ante el repunte energético, manteniendo tipos mientras evalúan el impacto inflacionario. También en terreno cambiario. El dólar ha cobrado nuevos bríos, parece haber superado la aversión al riesgo que se había instalado en el mercado al calor del encarecimiento del crudo y vuelve a coquetear con su estatus de valor refugio en tiempos en que los tipos de interés han entrado en territorio restrictivo por el peligro a una estanflación en Europa y, posiblemente, en EEUU.

En consecuencia, el oro negro y el gas vuelven a actuar como catalizadores de expectativas financieras. Como si la Vieja Economía fósil nunca hubiera dejado su histórico dominio de los ciclos de negocios. Pese a los avances hacia la sostenibilidad y el tránsito energético de fuentes renovables en la era post Covid. O la resistencia de los mercados emergentes a las embestidas bursátiles exteriores. Desde estas latitudes se emiten rendimientos de valor moderadamente alcistas. Señal digna de mención especial, dadas las tiranteces en el crédito privado que atenaza a entidades bancarias americanas y al influjo de la burbuja especulativa ligada a los valores IA.

Por si fuera poco, el negocio petrolífero continúa operando con numerosas teclas geopolíticas y especulativas que tocar. Se define como un sistema híbrido donde convergen la realidad física y la anticipación financiera. En su base está el mercado spot, que determina precios para entrega inmediata de crudo, al reflejar las condiciones diarias de oferta y demanda. Pero sobre este, se superpone el de futuros, donde miles de contratos mercantiles estandarizados —normalmente, de 1.000 barriles— permiten a empresas e inversores cubrir riesgos o especular a precios futuros.

A menudo, sin intención de recibir barriles físicos, ya que la gran parte de ellos se liquidan en efectivo antes del vencimiento.

En paralelo, sus referencias globales —el Brent (Europa) o el WTI (EEUU)— actúan como anclas, pese a que en sus precios finales se incorporan expectativas, tensiones geopolíticas y decisiones de cárteles productores (especialmente la OPEP+), que ajustan la producción para influir en el crudo que sale al mercado. A menudo, con incumplimiento de sus cuotas acordadas.

A este entramado se añade otra losa. Los brokers intermedian entre productores y compradores sin poseer el crudo facilitando transacciones, aportando información y, en teoría, asegurando el cumplimiento normativo. A cambio de comisiones. Para más inri, estos flujos físicos pueden adaptarse casi en tiempo real. Es cuando los petroleros cambian de destino en alta mar en busca de mejores precios a través de arbitrajes, desvíos por primas de riesgo en pasarelas neurálgicas para el tráfico marítimo como Ormuz o Suez o por decisiones forzadas por el encarecimiento de los seguros en zonas de conflicto. La congestión portuaria o las sanciones también alteran rutas y tiempos.

Una bifurcación de estrategias energéticas

La intención velada de Trump con su TACO petrolífero la esbozó el primer ministro canadiense Mark Carney en la cita de Davos de este año, cuando advirtió que el orden internacional liberal había terminado. Pero Nils Gilman, director del Instituto Berggruen, think tank con sede en Los Ángeles, cree que el diagnóstico de Carney se queda corto. “Lo que realmente está en juego son los modelos energéticos”, dice en Foreign Policy. Trump reconfigura alianzas para llevar el final de la civilización fósil ante una transición conflictiva. El futuro orden mundial no se decidirá en instituciones multilaterales, sino por el control de energía, los minerales y la tecnología, dando lugar a una “Guerra Fría ecológica” entre petroestados, con sangre fósil en vena para hacer funcionar sus arterias productivas y electroestados, que se decantan por inyectar más fuentes renovables en sus mix energéticos.

EEUU apuesta por mantenerse en el primer grupo, China por saltar al segundo. Mientras Europa, que acaba de realizar un alegato a favor de una agenda verde defenestrada por la ultraderecha que lanza sus tentáculos nacional-populistas hacia las jefaturas de gobierno por toda la UE, sigue sin perfilar su hoja de ruta. Pese a que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, acaba de volver a situar la transición energética en el centro de la estrategia comunitaria tras definirla como “nuestra principal tarea” y vincularla de forma explícita “a la seguridad energética y a los avances en la carrera por la competitividad internacional”. Junto a la integración de mercados de capital. Los dos grandes retos marcados por los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta.

En este marco, Gilman describe a EEUU como líder de un eje de petroestados que busca alargar la hegemonía fósil —la Vieja Economía que se resiste a manejar los hilos de los ciclos de negocio que describió Jeff Curry, ex estratega jefe de materias primas durante la escalada energética que surgió el otoño previo a la invasión rusa de Ucrania—, mientras China encabeza un bloque de naciones que creen en una electroindustria basada en renovables, baterías y cadenas minerales. Europa aparece como una hipotética tercera vía. Una potencia regulatoria que intenta equilibrar descarbonización, seguridad energética y gobernanza, pero cuya influencia global dependerá de su capacidad para traducir normas en músculo industrial y en control de recursos en un entorno crecientemente competitivo.

Estos virajes geoestratégicos se producen en medio de una fractura energética global provocada por la guerra de Irán e ilustrada en el control del estrecho de Ormuz, que revela la ambigüedad entre Washington y Teherán. Ambas capitales negocian, se supone, un alto el fuego. Aunque sin garantías visibles de éxito y bajo unos cauces de diálogo, con mediación pakistaní, que se alejan de la diplomacia clásica y en los que cada movimiento militar o retórico impacta de inmediato en la oferta y en la psicología de un mercado energético convertido en el verdadero campo de batalla global. Pero que también deja secuelas domésticas. Porque la credibilidad de Trump se mide también en las gasolineras del país y en un cada vez más complejo equilibrio entre presión militar, estabilidad de precios y coste político con elecciones Midterm en otoño y una Fed en la que ha retornado la visión de los halcones inflacionistas.

Puede que esta vez su dialéctica TACO deje de ser efectiva y su retórica coercitiva de efectos correctores retardados ejerza un efecto bumerán dentro y fuera de las fronteras americanas. 

La última mesa redonda del VI Foro Económico elDiario.es llevaba por título “Vehículo eléctrico: hacia una movilidad limpia, competitiva y accesible” y permitió a expertos del sector debatir sobre cuestiones relacionadas con las ayudas, la autonomía y la innovación tecnológica. 

Moderada por Marta García, presidenta ejecutiva de WWCOTY (Women's Worldwide Car of the Year), en la mesa participaron Joaquín Catalá, subdirector general de Gestión y Ejecución de Programas Industriales, de Innovación y Digitalización; May López, directora de Empresas por la Movilidad Sostenible; y José Antonio León Capitán, director de Comunicación de Renault Group España.

La conversación arrancó en torno al Plan Auto Plus, el nuevo programa del Gobierno, coordinado con las Comunidades Autónomas, para ayudar a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, económicos y europeos. 

José Antonio León destacó que se trata de “un plan sin precedentes en Europa”, lo calificó de ambicioso y subrayó la importancia que tendrá para que España se prepare para “la transformación para el vehículo eléctrico”. Y es que apuntó a la necesidad de que nuestro país, además de vender coches, los siga fabricando, “que siga siendo un hub industrial, referencia en Europa. Y la única forma de que sigamos siéndolo es fabricando coches eléctricos”.

Preguntado por la importancia de que el comprador reciba ayudas directas, León aseguró que “si conseguimos mejorar el plazo, que era de año y medio o dos años en el plan Moves, habremos ganado algo. El cliente necesita certidumbre y que, si hay unas ayudas a la compra del vehículo eléctrico, recibirlas pronto”. 

Por alusiones, Joaquín Catalá apuntó a que el diseño del Plan Auto contempla que los fabricantes hagan un descuento de 1.000 euros a todas las unidades que se vendan; y que se está desarrollando la experiencia piloto Reinicia Auto Plus, gestionada por el Ministerio, para resarcir a los damnificados por los efectos de la dana de manera más ágil con la gestión centralizada de las ayudas.

May López llamó a no desaprovechar la oportunidad que tiene España. Destacó como factores que la sitúan en una posición aventajada los costes energéticos, el ser los segundos fabricantes a nivel europeo, el talento y la infraestructura, pero señaló la importancia de escuchar a nuestro mercado. “Tenemos que ser conscientes de que prácticamente el 80% de lo que se produce en España se exporta y que el 90% de lo que se exporta es a Europa, que quiere vehículos Triple E (económicos en precio, eléctricos y europeos)”. Enlazó esta realidad con los datos de pérdida de producción de vehículo eléctrico en España: un 23% en 2024, un 20% en 2025 y en torno al 23% en lo que llevamos de 2026.

Marta García trajo al debate la pérdida de la capacidad exportadora y la caída en ventas registrados en los primeros meses del año y su impacto en las plantas de producción y el empleo. León apuntó a que la demanda europea se ha estancado desde el Covid, a diferencia de la española. “En nuestro caso el hecho de que fabriquemos vehículos híbridos permite que las cifras no sean tan malas”, apuntó a la incertidumbre y a los desafíos del sector, entre los que destacó una regulación excesiva y que debería simplificarse, como los causantes del estancamiento del mercado europeo. Y dio un dato: “España deja de producir 400.000 coches al año desde el Covid. Es como si dejase de funcionar una fábrica completa”.

En este punto llegó la pregunta: ¿las flotas deben tener algún tipo de soporte institucional?, lanzó Marta García. Y Catalá respondió que “las van a tener”. “En el diseño del Plan Auto está contemplada una línea 2 destinada a flotas de empresas que van a tener un apoyo específico porque pensamos que las flotas son vehículos que tienen una repercusión en el coste importante y permiten poner en marcha acciones demostradoras. Van a tener una dotación de 50 millones de euros”. 

Autonomía: ¿reto o realidad ya consolidada?

José Antonio León habló de los falsos mitos que rodean a los coches eléctricos cuando se le preguntó por la autonomía. Y le sumó el de los puntos de carga, la seguridad y el precio. “El análisis completo del coche eléctrico llega a que en todos esos puntos el coche eléctrico es perfectamente compatible, incluso mejor, que el coche de combustión”. 

Puso como ejemplo el Renault Twingo Eléctrico que la firma acaba de presentar y que cuenta con 263 kilómetros de autonomía. “La gente no hace tantos kilómetros al día” y añadió: “Vamos a lanzar una nueva plataforma eléctrica que va a tener 750 km de autonomía y hasta 1300 en modo extendido es más que suficiente”. 

León no dejó de aprovechar la ocasión para resaltar que es necesario tener suficientes puntos de recargar y que estos estén bien señalizados en las autopistas. 

Asignatura pendiente: los puntos de recarga

El director de Comunicación de Renault Group España apuntó a que, aunque se está creciendo en ese aspecto, la ratio de puntos de recarga sigue siendo insuficientes y Marta García señaló que la mayoría se encuentran en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña. 

Este dato resulta relevante ya que la disponibilidad de infraestructura de recarga es un elemento clave a la hora de decidir cambiar de un vehículo convencional al eléctrico. De hecho, Catalá indicó que es en estas tres comunidades autónomas donde más vehículos eléctricos se venden. “El plan Auto 2030 incluye una batería específica de medidas para desarrollar la estructura de recarga en todo el país”. Esto indicó que incluye también las líneas de recarga autorápidas. “La tecnología de baterías está evolucionando muy rápidamente y somos optimistas respecto al despliegue de puntos de recargas y se va a apoyar por parte de la administración de forma decidida”. 

También se habló de las complicaciones que supone la recarga en aquellos entornos urbanos donde la población vive en pisos sin, por ejemplo, garajes comunitarios donde establecer un punto de recarga. May López indicó que esto también influye en la decisión de compra de un vehículo y llamó a fijarnos en lo que se está haciendo en otros países europeos que sí han logrado instalar puntos de recarga eficientes en sus calles, entender cómo lo han hecho y trasladarlo a España.

“Hay países que ya han visto cómo compaginarlo todo: esa infraestructura de carga rápida, no solo para vehículos pesados sino también turismos, pero acompañado de ese despliegue de carga eficiente disponible en nuestras ciudades y pueblos para poder garantizar que nos suministramos de esa energía par poder movernos”. Y apuntó a otro reto más: el de incrementar la infraestructura de recarga pública para los vehículos pesados que transportan mercancía. 

El punto de no retorno

A modo de conclusión, Marta García preguntó a los ponentes por ese momento en el que se dieron cuenta de que el vehículo eléctrico había llegado para poderse. “No tiene vuelta atrás. El coche eléctrico es el único vector de transformación y crecimiento de la industria del automóvil en España (…) La mayoría de fabricantes trabajamos para ello”, aseguró José Antonio León, quien insistió en la necesidad de construir ese futuro trabajando para que el “coche eléctrico sea atractivo y con unos costes atractivos para el cliente”. 

Para May López, el punto de no retorno llegó en el 2024 cuando se “matricularon, en Europa y en España, más vehículos con enchufe que diésel”. Destacó que este hito supone hablar de descarbonización, de descontaminación, de independencia energética, de oportunidad económica y de mantener un sector que ya cuenta con la infraestructura necesaria.

Joaquín Catalá puso en valor que “la inversión hecha en el vehículo eléctrico y la que se va a seguir haciendo muestra su utilidad cuando ocurre una crisis como la de Oriente Medio”. Ante un panorama de escasez de combustible y de subida de los precios, la inversión en vehículo eléctrico muestra que no es una moda pasajera, sino una herramienta que permite aumentar la resiliencia y la capacidad del Estado para afrontar crisis“. 

España se encuentra en una década decisiva para su sistema energético, y en torno a si la infraestructura está preparada para lo que viene, ha girado el debate de la primera mesa de esta segunda jornada del VI Foro Económico elDiario.es. Los cuatro expertos reunidos, moderados por Serafí del Arco, redactor jefe de economía de elDiario.es, han analizado la presión de una electrificación acelerada, la explosión de las renovables y la llegada masiva de centros de datos. La conclusión es unánime: partimos de una base excelente, pero el sistema necesita una “sincronización perfecta” para no morir de éxito.

La conversación comenzó con un diagnóstico optimista, aunque cauteloso, sobre la robustez de la red actual. María Luisa Castaño, asesora de la dirección general del CIEMAT, defendió el sistema español sin ambages: “Nuestra red es ejemplar, es una red pionera... pero necesitamos que se sincronice y se adapte al siglo XXI”. Castaño subrayó que la “inteligencia de red” es la pieza que falta para que España alcance su autonomía estratégica.

En esta misma línea, Carmen Longas, responsable de acceso a la red de Red Eléctrica, coincidió en que el país cuenta con “buenos mimbres” y profesionales de primer nivel. Sin embargo, introdujo un matiz crucial a la “inteligencia de red” de la que hablaba Castaño: “Yo hablaría de un sistema eléctrico más inteligente, no solo es la red, es la gente que se conecta a la red quien tiene que ser también más inteligente. Pero la verdad es que tenemos muchísimas iniciativas en progreso y en España sabemos por lo menos qué es lo que hay que hacer”.

El debate se intensificó al abordar la competitividad económica. Patxi Calleja, director de regulación de Iberdrola España, recordó que Europa y España carecen de combustibles fósiles, lo que encarece el gas por los costes de transporte y licuefacción. Para Calleja, la electricidad producida ‘en casa’ es la clave: “Cuando hablamos de electricidad hablamos de energía producida en España y el resto es importada. Yo creo que tenemos que empezar a hablar en esos términos, ¿qué energía produzco aquí y qué energía es importada?”.

Calleja destacó también la bajada de precio que supone la generación de electricidad en España y la oportunidad económica e industrial que supone. Pero también quiso lanzar una advertencia severa sobre la falta de inversión frente a otros vecinos europeos: “Francia ha multiplicado sus inversiones en redes por cuatro, Alemania por tres... España puede ser un hub industrial europeo, pero la red eléctrica es el limitante”. Comparó la situación actual con “tener una mina de oro sin carretera”, donde la falta de acceso impide que la ventaja de las renovables llegue realmente a la industria y al empleo.

La intervención de David Blázquez, director de relaciones institucionales en AWS Iberia, fue uno de los momentos más interesantes de la sesión. Blázquez defendió el papel de los centros de datos, no como una carga sino como transformadores de potencia en innovación y utilizó una analogía para explicar los tiempos del sector: “La electrificación es como la educación, ves los frutos en el medio y en el largo plazo”.

El director de relaciones institucionales en AWS Iberia también ofreció la metáfora del día para explicar por qué el acceso a la red no podía seguir siendo gratuito para quienes solo reservan potencia sin ejecutar proyectos. Comparó la capacidad de red con el mercado de rodaballo en Mercamadrid: “Reservar 1 MW era como si reservase 1 kg de rodaballo durante 5 años pagando 0,08 euros... No es que pase de ser gratis a costar dinero, es que ahora te cuesta dinero privar a otros de construir cosas y hacer desarrollo y hacer industria”.

Los centros de datos: ¿aliados o “devoradores” de energía?

Tras ser preguntado sobre cómo puede el sector tecnológico colaborar en la flexibilidad del sistema en lugar de ser visto como una gran carga en la demanda, Blázquez defendió los centros de datos como infraestructuras que transforman la potencia eléctrica en servicios, innovación y capacidad de computación para una sociedad cada vez más digitalizada. “Vosotros no existiríais como periódico sin eso”, ejemplificó. “Los centros de datos no devoran energía, la transforman para una sociedad que demanda muchísima más digitalización”, resumió.

Además, Blázquez argumentó que estas instalaciones son una herramienta de eficiencia, ya que permiten ahorrar hasta un 90% de energía en comparación con los servidores privados tradicionales gracias a las economías de escala. En lugar de verse como una carga, los expertos coincidieron en que deben ser tratados como aliados estratégicos que aportan flexibilidad al sistema y facilitan la descarbonización de otras industrias pesadas, como la cementera o la siderúrgica, al actuar como motores de su digitalización.

El riesgo del apagón y la sombra del 28 de abril

La estabilidad del sistema y los riesgos de apagón también fueron centrales en la discusión, especialmente tras los recientes informes europeos y el incidente del pasado 28 de abril en España. “La estabilidad ya no viene de serie... el mayor riesgo es desacoplar la penetración de red sin un sistema coordinado entre generación, transporte y demanda”, zanjó Castaño, desde el punto de vista científico. Además, alertó de que España solo ha alcanzado el 15% de sus objetivos de almacenamiento en baterías para 2030.

Por su parte, Longas enfatizó que la seguridad de suministro debe ser el pilar inamovible: “Que todo el avance que hagamos en materia de electrificación nunca suponga un perjuicio al consumidor”.

El horizonte de 2030

Para cerrar la mesa, los ponentes lanzaron sus peticiones para el futuro cercano. María Luisa Castaño pidió una “red integral diseñada desde la generación hasta la demanda” que esté plenamente digitalizada. Carmen Longas insistió en no perder de vista la seguridad del consumidor, mientras que David Blázquez pidió que la flexibilidad del sistema no obligue a los usuarios a cambiar sus hábitos digitales de forma perjudicial.

El cierre más contundente lo puso Patxi Calleja, que puso el foco en lo que denominó la paradoja fiscal española: “El tercer producto más gravado de España es la electricidad, después del alcohol y el tabaco... gravamos a la electricidad como si fuese algo dañino cuando es el objetivo que queremos conseguir”. Calleja calificó esta situación como un “arancel inverso” que lastra la competitividad del país frente a las energías importadas.

Ya con el tiempo agotado, la mesa concluyó con una idea clara: España tiene la tecnología, el recurso natural y las empresas, pero necesita una regulación valiente y una inversión ambiciosa para que la red eléctrica deje de ser un freno y se convierta en el motor definitivo de la economía nacional.

El imperio británico dominó el mundo en el siglo XIX gracias al desarrollo tecnológico y económico derivado de la Revolución Industrial, que a su vez hubiera sido imposible sin la combinación de los combustibles fósiles y las redes coloniales que proveían trabajo y recursos baratos. El azar geológico había concedido a Inglaterra lo que el historiador Rolf Peter Sieferle llamó el “bosque subterráneo”: ingentes cantidades disponibles de carbón que otorgaron una ventaja considerable a los británicos frente al resto de países: en el año 1800, más del 80% del carbón mundial era producido en el Reino Unido.

El azar geológico no sólo “bendijo” al Reino Unido, sino que generosos depósitos de carbón se encontraban también en Francia, Bélgica y Alemania. Así, aunque los británicos fueron los primeros, al terminar el siglo otros países europeos —y también Estados Unidos— se habían unido a la tarea de explotar y consumir carbón en cantidades ingentes. Sin duda, la energía de este combustible fósil sostuvo el imperialismo europeo del siglo XIX; fue el motor de la conquista del mundo por parte de los países europeos, que pasaron de controlar el 37% del territorio mundial en 1800 a controlar el 84% en 1914, tal y como describieron los historiadores Ronald Findlay y Kevin O’Rourke.

Sin embargo, a comienzos del siglo XX los estrategas europeos comprendieron que el carbón iba a desaparecer como combustible clave de la guerra moderna, y con ello su ventaja anterior: los modernos vehículos de transporte —con motores de combustión interna— requerían un derivado del petróleo como combustible. La famosa Royal Navy, que durante siglos había garantizado a los británicos el control de los océanos y la protección de sus rutas comerciales, tuvo que pasar a consumir petróleo. El problema obvio era que Europa apenas tenía depósitos de este otro combustible fósil, un punto que no pasó desapercibido para los contemporáneos. Temerosos de quedar a merced de otros países, los británicos y los franceses se lanzaron al control del petróleo de Oriente Medio; la primera empresa en extraer el petróleo iraní fue Anglo-Persian Oil Company, adquirida de forma mayoritaria en 1914 por el gobierno británico y embrión de la actual British Petroleum (BP).

Tras la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes potencias emergentes eran exportadoras de petróleo: Estados Unidos y la Unión Soviética. Los europeos, con sus infraestructuras todavía destruidas por la guerra, se quedaban atrás. Por esa razón los británicos maniobraron para retener el control o la influencia en Oriente Medio, llegando a asociarse con Estados Unidos para llevar a cabo el golpe de Estado contra Mohammad Mosaddegh, primer ministro democrático de Irán, en 1953; el “delito” de Mosaddegh había sido manifestar su intención de nacionalizar las empresas de petróleo. Cuando tres años más tarde el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez —hasta entonces propiedad de británicos y franceses, y que todavía constituye un nodo fundamental del comercio mundial— las viejas potencias europeas reaccionaron con una invasión pactada con Israel. Sin embargo, Estados Unidos se opuso a la operación y amenazó al Reino Unido con fuertes represalias económicas; los británicos y franceses tuvieron que cancelar la intervención y, hoy en día, la mayoría de los historiadores considera este hito como el momento clave en la “bajada de categoría” de los países europeos.

Aquel fracaso en Suez condujo a una profundización de la dependencia energética. Al mismo tiempo, las grandes compañías petroleras occidentales —las llamadas “Siete Hermanas”— negociaban concesiones a largo plazo con los regímenes autoritarios de Oriente Medio, garantizando un suministro abundante y barato a cambio de sostener sus sistemas políticos. El resultado fue un pacto implícito en el que Europa aceptaba su dependencia a cambio del combustible que lubrica el crecimiento económico. La crisis del petróleo de 1973, cuando los países árabes de la OPEP impusieron un embargo que cuadruplicó los precios, fue la primera advertencia seria de lo que significaban esas relaciones. La respuesta europea fue parcial: el Reino Unido aceleró la explotación del Mar del Norte, Francia apostó por la energía nuclear, y todos los gobiernos buscaron diversificar proveedores. Pero nadie cuestionó el modelo de fondo, ni se hicieron esfuerzos suficientes en explorar una posibilidad que ya emergía en aquellos años como eran las nuevas energías renovables, todo lo cual explica por qué medio siglo después la vulnerabilidad estructural aún persiste.

En territorio de la Unión Europea actualmente se extrae petróleo sobre todo en Italia, Dinamarca y Rumanía, pero en su conjunto la producción europea apenas sobrepasa los 15 millones de toneladas —Noruega es un gran exportador no comunitario—. Para hacerse una idea, debemos tener en cuenta que la cantidad de petróleo crudo importado desde otros países es de 470 millones de toneladas. Eso explica por qué para la Unión Europea la tasa de dependencia de las importaciones de petróleo es del 96%. Este combustible fósil atraviesa toda la economía europea: casi la mitad del petróleo consumido en la Unión Europea se destina a transporte por carretera, pero también hay un 16% que se dirige hacia fines industriales —sobre todo para la producción de productos petroquímicos— otro 5% que sirve para la generación eléctrica, un 9% para transporte aéreo, un 8% para transporte marítimo y un 5% para hogares, entre otros.

En todo este conflicto, la Unión Europea aparece más como un espectador que pierde en todos los escenarios —y que sufrirá un proceso de inflación interna que puede ser muy doloroso y costoso— que como un actor relevante con un proyecto propio

Con todo, la dependencia europea no se limita al petróleo. De forma paralela, Europa fue construyendo una nueva dependencia respecto a otro combustible fósil: el gas natural. Desde los años sesenta, el gas se fue convirtiendo en un pilar del modelo energético europeo, utilizado para calefacción, generación eléctrica e industria. Eso hizo que la dependencia de las importaciones se intensificara: gasoductos desde Argelia, desde Noruega y, sobre todo, desde Rusia fueron tejiendo una red de suministro que ataba a Europa a decisiones tomadas muy lejos de Bruselas.

Como he señalado ya, sin recursos propios, y temerosos del colapso de sus economías, durante las últimas décadas todos los gobiernos europeos han llevado a cabo alianzas para garantizarse el suministro tanto de petróleo como de gas natural: los británicos construyeron alianzas con las monarquías del Golfo, los italianos con los países del Norte de África como Libia, los franceses con África Occidental, Alemania con Rusia y los europeos del sur con países africanos como Argelia, Congo y Guinea. En la mayoría de los casos, esas alianzas se han ido estableciendo con países que carecen de democracia y respeto a los derechos humanos pero que, en virtud de la importancia del suministro, son aspectos ignorados deliberadamente.

Tal es el caso de Rusia, que ejemplifica mejor que ninguno la vulnerabilidad y debilidad europea. Tras la invasión de Ucrania por parte de Putin, la Unión Europea impuso sanciones y buscó formas de reducir su alta dependencia respecto a la importación de combustibles fósiles: por ejemplo, en 2021, Rusia era el principal proveedor de petróleo con más de 100 millones de toneladas. La reducción ha sido efectiva, pero a costa de convertir a Estados Unidos en el principal proveedor de petróleo con más de 60 millones de toneladas al año. Lo mismo ha sucedido con el gas natural. Eso significa que se ha cambiado una dependencia por otra, sin que a Rusia le haya ido en absoluto mal. De hecho, Rusia ha encontrado la forma de evadir muchas de esas sanciones, pero también ha fortalecido las relaciones con otros compradores. China es el principal país comprador de combustibles fósiles, representando más del 50% de los ingresos rusos, seguido de Turquía, India y la propia Unión Europea —que además sigue siendo el principal comprador de gas natural—.

De hecho, el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán supone buenas noticias para Rusia. Por un lado, disfrutará de precios más elevados por los combustibles fósiles, de modo que sus ingresos crecerán. Por otro lado, Estados Unidos ha anunciado que le levantarán las sanciones previas, por lo que podrá comerciar en mejores condiciones. Por si fuera poco, muchos países compradores necesitarán aún más a Rusia como proveedor —tal es el caso de China—. La conclusión es bastante clara, porque en todo esto la Unión Europea aparece más como un espectador que pierde en todos los escenarios —y que sufrirá un proceso de inflación interna que puede ser muy doloroso y costoso— que como un actor relevante con un proyecto propio.

La ironía es que los países de la Unión Europea han tenido a mano desde hace décadas una posibilidad para desconectarse de estas dependencias: la transición energética. A diferencia de lo que sucede con los minerales críticos, que de momento suponen una dependencia estructural sin sustituto conocido, existe desde hace décadas la tecnología para reemplazar a los combustibles fósiles en la generación eléctrica y en buena parte del transporte, y China ha contribuido a abaratarla hasta niveles que habrían parecido utópicos hace quince años. La lógica es sencilla: cada kilovatio-hora generado por fuentes renovables es un kilovatio-hora que no depende de lo que ocurra en el estrecho de Ormuz, en los gasoductos rusos o en las decisiones de la OPEP. Y el margen de actuación es enorme, pues la electrificación del sector del transporte y, sobre todo, la inversión masiva en redes de transporte público podría reducir la dependencia petrolera europea en proporciones que alterarían sustancialmente la ecuación geopolítica.

Como he señalado en otras ocasiones, el problema no es técnico sino político. Un plan europeo de inversión a la altura del desafío —comparable al que se aprobó con notable rapidez y ambición durante la pandemia— podría acelerar la transición tanto en electricidad como en movilidad. Sin embargo, nada semejante se ha puesto en marcha. La paradoja es que cada año que pasa sin actuar a la escala necesaria es un año en que Europa sigue pagando un precio descomunal por un modelo que sabe insostenible económica y ecológicamente.

Hay algo casi simétrico en toda esta historia. El “bosque subterráneo” del que habló Sieferle se agotó o se volvió irrelevante, y con él desapareció la base material de la hegemonía europea. Pero hoy Europa tiene a su disposición un recurso que no depende del azar geológico ni del control colonial: el sol y el viento son abundantes, están distribuidos por todo el continente y no pueden ser objeto de embargo. Las renovables podrían ser el nuevo “bosque subterráneo”, pero esta vez propio y compartido. Y, por si fuera poco, limpio y libre de emisión de gases de efecto invernadero —aunque con costes ecológicos en el proceso de minería y producción de la infraestructura necesaria—. La tragedia es que, teniendo alternativas, la Unión Europea prefiere en la práctica seguir enviando cientos de miles de millones de euros al año a autocracias y petroestados mientras debate interminablemente sobre los detalles de una transición ecológica además amenazada por una extrema derecha con cada vez más influencia. Mientras tanto, Rusia recauda, China fabrica los paneles solares que Europa necesita y Estados Unidos impone condiciones y arrastra a todos a la guerra y a la crisis económica. Europa, el espectador que pierde en todos los escenarios, ni siquiera puede consolarse con la excusa de no haber tenido otra opción.

Cada día, España compra 1,2 millones de barriles de petróleo e importa más de 75 millones de metros cúbicos de gas, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). Son las cifras más simples sobre la dependencia que el país tiene de los combustibles fósiles cuyo uso causa la crisis climática.

El ataque de EEUU e Israel a Irán ha derivado en una fuerte subida en el precio del crudo y el gas. En poco tiempo llegará a los bolsillos de los consumidores. El cierre de la ruta comercial en el estrecho de Ormuz ha reducido la producción e incrementado el coste. Desengancharse de los combustibles fósiles, como pide la lucha contra el calentamiento global, rompe esa dependencia.

Lo ha expresado la presidenta del Banco Europeo de Inversión (y exvicepresidenta del Gobierno), Nadia Calviño quien, en plena ola de ataques y represalias aéreos de estos días, ha dicho que “es más urgente aún que Europa reduzca su dependencia de los países productores de combustibles fósiles”. Calviño ha calificado esto como “la lección principal” que deja el conflicto bélico.

España soporta una fuerte dependencia energética. Necesita fuentes externas para satisfacer casi toda la demanda a la hora de encender la luz, que funcione una industria o se muevan los coches y camiones. En 2024, esa dependencia fue del 68,4%, según el Balance Energético del Ministerio de Transición Ecológica.

La dependencia de productos petrolíferos es demasiado alta. Es fundamental aumentar las renovables de forma que llegue a la gente, por ejemplo, en una aerotermia y coche eléctrico más baratos

Fernando Prieto — Director del Observatorio de la Sostenibilidad

Lo cierto es que ha bajado desde el 73%-75% calculado entre 2010 y 2015 y está marcando los mínimos históricos, pero “la dependencia de productos petrolíferos es demasiado alta”, opina el director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto. “Es fundamental aumentar las renovables de forma que llegue a la gente, por ejemplo, en una aerotermia y coche eléctrico más baratos”.

Ha sido, precisamente el incremento de las energías renovables (eólica, solar e hidráulica) que producen el 25% de la energía que se consume en España, según Transición Ecológica lo que ha hecho que, con todo, la dependencia energética española se haya reducido significativamente. Y esa energía provoca muy pocas emisiones de CO₂ y amortigua la necesidad de importar combustibles fósiles.

Al mirar las estadísticas de CORES se ve fácilmente de quién depende más España para adquirir esos combustibles fósiles. Las cifras oficiales muestran que el primer vendedor de petróleo a España es, precisamente, EEUU (un 15%). Le siguen Brasil, México y Nigeria -todos por encima del 10%-. Esos países acumulan la mitad de las importaciones españolas.

Para el gas, el primer proveedor español es Argelia y el segundo es, de nuevo, EEUU, que se ha beneficiado del recorte en el gas ruso. Aun así, Rusia siguió en 2025 siendo el tercer exportador para España.

Campaña antirrenovables y beneficios millonarios

Sin embargo, la ola reaccionaria de derecha y ultraderecha ha puesto en su punto de mira estas energías limpias. El líder de esa ofensiva, el presidente Donald Trump, por ejemplo, llama despectivamente a la eólica “molinos de vientos” o “la mayor estafa”. Su país es el principal vendedor de petróleo a España y el tercero de gas, ambos combustibles fósiles, los competidores naturales de las energías renovables.

La consultora especializada en energía EnergyFlux ha calculado que a las empresas gasísticas estadounidenses se les ha abierto con los ataques una ventana de enormes ingresos económicos. “Más de 1.000 millones dólares a la semana”, han anticipado, como consecuencia del conflicto en Irán.

Su análisis explica que, al cerrarse la planta de gas de Ras Laffan en Qatar por los ataques (que representa una quinta parte del gas licuado mundial), se “crea un déficit de suministro que los productores de EEUU podrán aprovechar”. Según sus datos, el incremento de precio del gas registrado desde que comenzó la ofensiva de EEUU e Israel ha hecho que la rentabilidad nominal de un cargamento de gas desembarcado en Europa haya pasado de 25 a 50 millones de dólares.

“Esto significa que las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado (GNL) podrían generar hasta 4.000 millones de dólares en beneficios extraordinarios si la planta de Qatar permanece cerrada durante un mes”, concluyen.

Mientras, en España se está produciendo una campaña para salvar la energía nuclear, es decir, alargar la vida de los reactores cuyo cierre progresivo ya estaba proyectado. La nuclear no utiliza combustibles fósiles, aunque es 100% dependiente de importación de uranio. “Si se permiten las prórrogas de las centrales nucleares se va a cargar la evolución hacia las renovables”, advierte Fernando Prieto.

Los combustibles fósiles nos atan a los efectos del cambio climático y están ligados a violaciones de los derechos humanos así que no es solo una cuestión climática, sino de proteger el derecho de las generaciones futuras a un planeta que se pueda habitar y donde haya paz

Marina Gros — Coordinadora del área de Energía de Ecologistas en Acción

“Los combustibles fósiles nos atan a los efectos del cambio climático que estamos viendo, pero además, es que están ligados a violaciones de los derechos humanos”, ilustra la coordinadora del área de Energía de Ecologistas en Acción, Marina Gros. “Tanto en las comunidades cercanas a los puntos de extracción como a las de los de transporte e incluso aquí en España como en Muskiz. Al final, la energía puede ser utilizada como arma de guerra, pero también permite sostener la propia guerra”.

Gros subraya que, desde el ataque sobre Ucrania, “se ha intentado cambiar la dependencia del gas ruso por gas de EEUU y una vez llegados a este contexto de ataque ilegal en Irán, vemos que la dependencia del GNL norteamericano nos hace vulnerables. Nos ata a los mercados de precios internacionales y su volatilidad cuando se genera un incidente como este”.

En España el 65% de los productos petrolíferos se emplean para el sector del transporte, según el Balance Energético de Transición Ecológica. Sobre todo para los combustibles de los vehículos que circulan por carretera (que supone un 80% de la energía consumida por este sector). Y, justamente, esta actividad es la que emite más gases de efecto invernadero, la causa del cambio climático, en el país: un tercio del total nacional. “Considerando la relevancia de este sector en el total de las emisiones de gases, sería deseable observar un mayor desacoplamiento respecto al crecimiento económico”, explica el Inventario de Emisiones. Traducido: que los coches, camiones y furgonetas no inyecten tanto CO₂ desde sus tubos escape.

Sin embargo, la dependencia de los combustibles fósiles ya ha hecho que las asociaciones de transportistas por carretera CETM y Astic hayan pedido al Gobierno un paquete de ayudas por si los precios del gasoil se disparan. Ayudas significa dinero público para cubrir el gasto.

Al mismo tiempo, al cerrar el año 2025, la patronal europea de los motores que usan gasolina y gasoil, los constructores de automóviles, vieron cómo la Comisión Europea rebajaba su senda para desengancharse del petróleo y ya no va a prohibir esos vehículos a partir de 2030 como estaba previsto.

“Todo esto deriva de la dependencia energética”, resume Marina Gros. “Depender de los combustibles fósiles no es solo una cuestión del cambio climático, sino de proteger el derecho de las generaciones futuras a un planeta que se pueda habitar y donde haya paz”.

El Gobierno ha dado luz verde a que el acceso al bono social eléctrico se determine por criterios de renta también en el caso de las familias numerosas, un cambio que articulará desde “el diálogo y el debate” y contando con las asociaciones.

Es una de las novedades que incorpora la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, aprobada este martes y que tiene como objetivo mejorar la protección de los consumidores más vulnerables, quienes, en muchos casos, “no están percibiendo el bono”, según ha explicado a los medios la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

“Evidentemente hemos incluido que la renta tiene que ser un principio rector para los consumidores. Es lo justo”, ha respondido Aagesen, que ha recalcado que para determinar los criterios se contará con la participación de todas las asociaciones.

De acuerdo con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, la clave es que “aquel que tenga necesidad de un apoyo como es el bono social, tenga acceso a él”. Ello implica, ha proseguido, reabrir la definición de qué significa vulnerable a efectos del bono social, y aplicar “con carácter general” criterios de renta para “poder focalizar mejor los esfuerzos” de esta ayuda.

Sobre cómo se articulará, la titular de Transición Ecológica ha explicado que este cambio requiere de un reglamento y no ha especificado cuáles serán las cifras de renta a partir de las cuales podrá concederse el bono.

“Existe ya un real decreto y, por lo tanto, lo que hay que hacer es actualizarlo”, ha señalado Aagesen, que ha avanzado que, este camino, “como siempre”, se hará “desde el diálogo y el debate”, contando con las asociaciones y con la propia mesa social de pobreza energética, con la que se reúne esta mañana. EFECOM

La industria del automóvil, uno de los principales motores de la economía española, cerró 2025 con una caída del 4,3% en la producción de vehículos, hasta situarse en 2,27 millones de unidades, según los datos difundidos por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

El retroceso responde principalmente a una menor demanda en los grandes mercados europeos, destino mayoritario de los coches fabricados en España, y por el proceso de adaptación de las plantas industriales a los nuevos modelos electrificados, según explica la patronal de la industria automovilística.

El comportamiento mensual, no obstante, muestra señales desiguales. Diciembre cerró con 144.245 vehículos producidos, un 3,3% más que en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con la patronal. Este repunte puntual no ha sido suficiente para compensar un ejercicio marcado por la ralentización del mercado y el ajuste industrial.

Por tipo de vehículo, el descenso se concentró en los turismos, que siguen siendo el grueso de la producción nacional. A lo largo de 2025 se fabricaron 1,81 millones de coches, un 5,7% menos que en 2024. En cambio, los vehículos comerciales e industriales —como furgonetas y camiones ligeros— mostraron un comportamiento más resistente, con un aumento del 1,2%, hasta las 463.695 unidades, según Anfac.

Las exportaciones, el principal foco de debilidad

El ajuste de la producción está estrechamente ligado a la evolución de las exportaciones, un elemento clave para el sector, dado que España fabrica muchos más vehículos de los que absorbe su mercado interno. En el conjunto de 2025, los envíos al exterior cayeron un 8,2%, hasta 1,95 millones de unidades, mientras que solo en diciembre el descenso fue del 7,1% interanual, según Anfac.

Para el director general de la patronal, José Luis López-Tafall, estos datos evidencian un problema de fondo: “Europa compra menos coches y, al mismo tiempo, las fábricas están inmersas en una profunda transformación tecnológica”. En este contexto, subraya que “es necesario actuar de inmediato sobre el sector de la automoción”, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea. En el caso español, apunta al despliegue del Plan España Auto 2030 como hoja de ruta para modernizar la industria y preservar su competitividad.

Pese al retroceso, Europa sigue siendo el principal destino de los vehículos fabricados en España, concentrando el 92,6% de las exportaciones, aunque con una cuota ligeramente inferior a la del año anterior. Alemania, Francia y Reino Unido lideraron los envíos, al concentrar cerca de la mitad del total. Fuera del continente, Anfac destaca el aumento de la demanda en África y Asia, así como el crecimiento de Turquía, que gana peso como mercado receptor y adelanta a Italia.

La transición energética ya se nota en la producción

La evolución de la producción por tipo de motorización confirma que la transición energética ya está impactando en las fábricas españolas. Los vehículos de gasolina, aunque siguen liderando el volumen total, continúan perdiendo peso: en 2025 se fabricaron 890.495 unidades, el 39,2% del total, nueve puntos porcentuales menos que un año antes.

El diésel, una tecnología en retroceso en toda Europa, representó el 21,6% de la producción, con 492.241 unidades, una caída más moderada. En contraste, los vehículos híbridos eléctricos (HEV) ganaron protagonismo, con 626.441 unidades, lo que supone el 27,5% del total, casi ocho puntos más que en 2024.

Los vehículos electrificados —eléctricos puros e híbridos enchufables— también avanzaron, aunque a un ritmo más contenido. En conjunto, alcanzaron las 225.206 unidades, el 9,9% de la producción total. De ellas, 107.732 fueron eléctricos puros (BEV) y 117.474 híbridos enchufables (PHEV).

Una mesa redonda online, organizada por el Diario.es Castilla-La Mancha, ha abordado los retos y las oportunidades de la transición sostenible para las pymes y autónomos castellanomanchegos.

En el encuentro han participado Carlos Marín de la Rubia, gerente de la empresa Transcentro Marín, además de Carlos Martínez, responsable de Movilidad Sostenible de BBVA España y María Romera, directora de Regulación y Asuntos Públicos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE).

“La transición energética es indiscutible y tenemos además que reducir la dependencia energética del exterior”, apunta María Romera, tras reconocer que la electrificación en la movilidad “tendrá sus tiempos y su desarrollo tecnológico o de infraestructura”.

Entre las claves para lograr la total electrificación de las flotas, los participantes hablan de necesidad de ayudas, tanto públicas como privadas. Para Carlos Marín de la Rubia, “el futuro es eléctrico, llegará, pero ahora mismo hablar de descarbonización no es electrificación. Tenemos que ver su desarrollo”. Cree que esa transición pasa por buscar la rentabilidad “económica y social, y después la medioambiental”, sin “imposiciones”, con “agendas realistas” y priorizando el “desarrollo técnico”.

Desde BBVA, Carlos Martínez deja un mensaje “positivo” sobre la movilidad sostenible que requerirá “colaboración pública-pública y público-privada, ”simplificar ayudas“ o ”seguir invirtiendo en tecnología e infraestructura“. El objetivo, zanja, ”es empujar entre todos para que la transición se haga de la mejor manera“.

El proyecto Altamira, un macrocentro de datos de 500 megavatios con una inversión prevista de carácter privado de 3.600 millones que promete crear 1.500 empleos en Cantabria, ha vuelto a evidenciar este viernes su principal talón de Aquiles: carece del punto de conexión eléctrica imprescindible para que pueda ser una realidad. La iniciativa cuenta con suelo comprado y con un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) redactado y pendiente de aprobación -a finales de año o a principios de 2026-, y presume de avales técnicos, climáticos y de conectividad, pero sigue sin disponer de lo más básico para ponerse en marcha: su 'enchufe', tal y como lo definió la propia presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP). Y es que sin él no hay alternativa posible. 

Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Industria e Innovación, Eduardo Arasti (PP), en una rueda de prensa ofrecida para hablar sobre Altamira y que, lejos de aportar novedad alguna, ha venido a ratificar el enorme escollo que supone que el Ministerio para la Transición Ecológica no haya incluido el proyecto cántabro en la Planificación de la Red de Transporte de Energía 2026-2030.

Arasti ha acusado al Ministerio de apostar por proyectos “especulativos, ineficaces y de gran impacto sobre el medio ambiente”, mientras deja fuera las dos posiciones solicitadas para ampliar la subestación de Penagos, imprescindibles para el campus tecnológico en el que se integraría Altamira. Y es que frente otros proyectos que han sido incluidos en los 3,8 gigavatios que contempla la planificación, Arasti ha defendido que el complejo cántabro es “el mejor”.

Ante esta situación, el consejero ha reconocido que “no hay ningún escenario alternativo” si el Gobierno central no atiende a sus alegaciones y, por tanto, no habilita el suministro eléctrico necesario. “Los 500 megavatios de potencia que requerirá el campus tecnológico cuando esté a pleno rendimiento, previsiblemente en 2032, serán tan solo el 13% de lo que el Gobierno de España ha contemplado en su planificación”, ha subrayado Arasti, quien ha insistido en que tanto el Gobierno de Cantabria como el promotor -el fondo Stoneshield Capital- son “flexibles”, puesto que se trata de un “proyecto escalable cuya potencia puede implementarse de manera gradual”.

“El campus tecnológico Altamira es el mejor frente a otros proyectos de centros de datos que son especulativos, muchos de ellos, ineficientes energéticamente la mayor parte, y con un gran impacto ambiental la mayoría de ellos. A la hora de elegir, yo creo que cualquiera elige lo mejor frente a lo inferior. Y eso es lo que vamos a proponer al Gobierno de España”, ha sentenciado el consejero. “Yo creo en la política como un instrumento para llegar a acuerdos”, ha resaltado, señalando que tratarán de emplear “el mismo modus operandi que ya tuvo éxito en el caso de la intermodal del Centro Logístico de La Pasiega”.

El consejero ha acompañado su exposición con un informe de la Universidad de Cantabria de 33 páginas, que ha descrito como un aval técnico al proyecto, especialmente en materia de eficiencia energética y condiciones climáticas. Según ese análisis, Altamira tendría una fuerte ventaja competitiva por no necesitar agua para refrigeración y por su baja latencia, gracias a los cables submarinos de Meta y Google de EEUU que desembocan en Santander.

Asimismo, ha puesto en valor que la iniciativa está financiada íntegramente por capital privado, por lo que no supondría ningún coste para el contribuyente. Arasti ha reiterado que “depende del Gobierno de España” que la inversión se lleve a cabo en Cantabria y ha solicitado el respaldo de todos los grupos parlamentarios “en torno a un proyecto de región y para España”. “Soy optimista porque este es un proyecto ganador y tiene todo lo necesario”, ha sentenciado el responsable de Industria.

“La economía circular es sentido común, es inteligencia. Tenemos que saber que los recursos no son infinitos y hay que reaprovechar todos ellos al máximo”, ha asegurado Begoña de Benito, directora de Relaciones Externas de Ecoembes, durante el debate sobre los retos y oportunidades de la circularidad en la IV Jornada de Economía circular y Energías renovables que ha organizado elDiario.es.

En este contexto de crisis climática, las administraciones están impulsando medidas y regulaciones que ayuden a empresas y tejido social a caminar hacia una economía circular, a trascender el marco del producir, usar y tirar. Sin embargo, algunas empresas perciben el nuevo marco regulatorio como un freno a su productividad. Los ciudadanos, por otro lado, desconocen —generalmente— las particularidades y objetivos de estas medidas.

“Realmente, la regulación no tiene por qué ser en sí misma un freno”, ha defendido Miguel Gómez-Pavón, subdirector general de Estrategia y Ecosistemas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo. “Esa es un poco la queja que muchas empresas nos presentan cuando dialogan con el Ministerio”, ha reconocido. Algunas compañías critican que los nuevos marcos regulatorios no tienen en cuenta los diversos obstáculos que enfrentan para cumplir sus objetivos.

Por ello, desde el Ministerio de Industria insisten en que la regulación no puede ser “percibida como freno”, sino que está orientada a “generar certidumbre”. “Se dirige a generar las señales correctas que, bajo una dirección y un acompañamiento por parte de las administraciones, consigamos que haya un impulso a la innovación, hacia la modernización de procesos productivos”, ha explicado Gómez-Pavón. Solo así, insiste, puede reconocerse a la circularidad como “ un factor de competitividad” entre las empresas.

“Más que un coste, debería ser una palanca”, ha dicho también de la nueva regulación la patrona de la Fundación para la Economía Circular y profesora de Ecología en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, María Pérez Fernández. Pérez se ha mostrado de acuerdo con Gómez Pavón, y ha asegurado que la nueva normativa puede permitir que las empresas introduzcan mejoras como la eficiencia energética o el ecodiseño. “El cumplimiento de la normativa hace que la empresa sea más competitiva y gane en reputación”, ha insistido.

Sin embargo, para ello se necesitan mejoras en, entre otras cosas y según el punto de vista de la experta, la redacción de dicha normativa. “Necesitamos normas claras y fáciles de seguir, que no sean punitivas sino colaborativas y que se vayan acomodando a los cambios, pero sin someter a las empresas a cambios continuos”, ha especificado. “Es imprescindible que la administración sea un miembro más de los grupos de trabajo en las empresas. La sociedad necesita tener acceso a una información clara y transparente, y las normas tienen que ser sencillas para que todos podamos entenderlas y exigir a las empresas el cumplimiento correcto de estas normas”, ha añadido.

Para de Benito, lo más importante de la nueva normativa no es que sea ambiciosa —“que lo es”, ha aclarado— sino que cambia por completo nuestros patrones de producción y consumo. “No se trata de reciclar un poco más y consumir un poco menos. Se trata de hacer las cosas de manera totalmente diferente”, ha asegurado.

Este cambio, por supuesto, necesita tiempo. “La transición tiene que llegar a todos, tiene que ser ecológica y justa”, ha pedido la directora de Relaciones Externas de Ecoembes. De Benito ha reiterado que “todo el mundo” tiene que poder acceder a las ventajas de la circularidad, desde las empresas más grandes hasta las más pequeñas. “Para eso hay que hacer mucha pedagogía”. Las ponentes han hablado también de ofrecer incentivos económicos o fiscales para dar un empujón a dichas empresas.

“La Administración debe asegurar que la aplicabilidad de la norma llegue a todo el mundo”, ha coincidido Marco Mendoza, CEO de Trueworld Organization. “Si no, la empresa lo ve únicamente como algo que de repente tiene que hacer, que no sabe muy bien cómo, que tampoco tiene muy claro el para qué, y que además tiene que hacer una inversión en algo que piensa no le genera ningún retorno inmediato”, ha dicho el ponente, subrayando que los beneficios de la circularidad llegan a medio-largo plazo.

“La circularidad a día de hoy cuesta mucho convertirla en una ventaja competitiva”, ha dicho Mendoza. “Pero estamos ante un escenario de calentamiento global que, lamentablemente, no va a solucionarse con ciudades más inteligentes o con coches eléctricos. Un grado y medio de calentamiento global no es un hito político ni una meta empresarial: es un límite físico. Y creo que eso es algo que a veces se nos olvida”.

“Yo creo que, en general, la mayoría de los sectores ya tienen asumido que esto es una política que ha venido para quedarse”, ha asegurado Gómez-Pavón. El subdirector general de Ecosistemas Industriales del Ministerio de Industria ha reconocido, sim embargo, que la aplicación de las nuevas medidas no es homogénea entre todos ellos. Ha puesto de ejemplo a la industria siderúrgica que, según ha indicado, se encuentra a la cabeza entre los líderes europeos en la reutilización de recursos. “El 75% del acero que producimos en España es partir de residuos de chatarras, mientras que la media europea está en el 40%”, ha explicado.

Sin embargo, también menciona otros sectores que, debido a sus características, no pueden aplicar estas medidas de circularidad con facilidad, como el sector del cemento. “Tenemos que encontrar el proceso concreto, ver dónde tenemos que ser capaces de buscar los incentivos, el apoyo necesario para esos procesos”, ha añadido.

María Pérez Fernández ha resaltado, por otro lado y para contrarrestar la balanza, que la creación de puestos de trabajo puede ser uno de esos incentivos. “La economía circular favorece empleos más especializados y de más calidad, que implican a todo el proceso productivo de cualquier empresa”, ha dicho. “Hemos asociado inicialmente el empleo asociado a la economía circular al liquidador o al reparador y eso es todavía lo que está un poquito instaurado en la sociedad, pero en los últimos años ha habido un cambio tremendo. Hemos pasado de puestos de técnico exclusivamente a puestos directivos: directivos de cambio climático, directores de sostenibilidad, directores de repensado de negocio...”.

“No olvidemos que la economía circular no es algo nuevo. Esto está inventado en la naturaleza, no se generan residuos. Cualquier cosa que produce un organismo es utilizado por otro. El problema lo generamos nosotros”, ha recordado la patrona de la Fundación para la Economía Circular.

Desde el ministerio aseguran también que este nuevo empleo está, además, repartido por todo el territorio nacional, y es cercano al entorno rural. El resto de ponentes destacan, no solo la durabilidad de dichos trabajos, sino también su calidad. “Es un empleo de futuro que fija población a territorio. Desde el punto de vista salarial está por encima de la media, y desde el punto de vista de equidad de género también es positivo”, ha asegurado De Benito.

Aun así, la experta resalta que no se trata únicamente de crear nuevos empleos, si no de recuperar algunos de los “viejos”. La circularidad ha estado presente durante décadas en el siglo XX en España. Gran parte de la población la ha vivido en casa, aunque habitualmente no se asocie con la “circularidad” moderna. “Yo recuerdo haber llevado a remendar mis medias. Todos esos empleos de reparación han desaparecido, pero tienen que volver a existir”, recuerda De Benito.

Trueworld Organization, la startup que dirige Marco Mendoza, es una tecnológica que busca combatir la crisis climática publicando los datos de procesos y empresas implicados en la circularidad para universalizar su información y ponerla en manos de la sociedad. El objetivo, explica Mendoza, es que la gente pueda evaluar el impacto medioambiental de la sociedad y transformar los datos en conocimiento que sea útil para las compañías y administraciones. Es necesario porque, dice Mendoza, el mayor reto que enfrentan las instituciones españolas es “ponerse de acuerdo”. “Tienen que cohesionarse y ponerse de acuerdo en políticas comunes con la velocidad que esto merece”, ha asegurado.

Mendoza ha explicado que, debido a la posición geográfica de la Península Ibérica al sur de Europa, “somos el país con más ratio de vulnerabilidad” de todo el continente. “Estamos en la zona con mayor grado de afección a los sistemas costeros y climáticos, y el mayor problema demográfico”, ha apuntado. Por ello, insiste en que es necesario creer en el futuro de la economía circular, confiar en que se integrará en el trabajo. “De hecho”, ha dicho, “se estima que 1 de cada 4 empleos generados a partir de 2050 tendrá que ver con economía azul o sistemas costeros”.

Los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) emiten casi cinco veces más elementos contaminantes que calientan el planeta de lo que muestran las cifras oficiales, según un estudio de Transport & Environment, una federación europea que agrupa organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en el campo del transporte y el medio ambiente.

Los fabricantes de automóviles europeos han promocionado estos coches, que pueden funcionar con baterías eléctricas y con motores de combustión, como una forma de recorrer largas distancias en un solo viaje, a diferencia de los coches totalmente eléctricos, y al mismo tiempo reducir las emisiones.

Los datos muestran que los PHEV emiten solo un 19% menos de CO2 que los coches de gasolina y diésel, según el análisis de Transport & Environment publicado el jueves. En las pruebas de laboratorio, se asumió que eran un 75% menos contaminantes.

Los investigadores analizaron los datos de los medidores de consumo de combustible a bordo de 800.000 coches matriculados en Europa entre 2021 y 2023. Descubrieron que las emisiones reales de dióxido de carbono de los PHEV en 2023 eran 4,9 veces superiores a las de las pruebas de laboratorio estandarizadas, tras haber aumentado desde las 3,5 veces superiores de 2021.

“Las emisiones reales están aumentando, mientras que las emisiones oficiales están disminuyendo”, afirma Sofía Navas Gohlke, investigadora de Transport & Environment y coautora del informe. “Esta diferencia es cada vez mayor y supone un verdadero problema. Como resultado, los PHEV contaminan casi tanto como los coches de gasolina”.

Los investigadores atribuyen la mayor parte de la diferencia a una sobreestimación del “factor de utilidad” —la relación entre los kilómetros recorridos en modo eléctrico y el total de kilómetros recorridos— y descubrieron que el 27% de la conducción se realizaba en modo eléctrico, aunque las estimaciones oficiales asumían un 84%. La Comisión Europea ha anunciado dos correcciones al ratio del factor de utilidad que reducirán la diferencia, pero no la eliminarán por completo, según el análisis.

Incluso cuando los coches se conducían en modo eléctrico, el análisis reveló que los niveles de contaminación estaban muy por encima de las estimaciones oficiales. Los investigadores aseguran que esto se debe a que los motores eléctricos no son lo suficientemente potentes para funcionar solos, por lo que sus motores quemaban combustibles fósiles durante casi un tercio de la distancia recorrida en modo eléctrico.

Patrick Plötz, director de economía energética del Instituto Fraunhofer de Investigación de Sistemas e Innovación, que no participó en el estudio, explica que el estudio constituye una “contribución muy útil” después de años en los que parte de la industria automovilística argumentaba que no había datos suficientes para evaluar con precisión las emisiones en el mundo real.

“Los resultados demuestran, sin lugar a dudas, que la diferencia entre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 oficiales y reales de los PHEV es mucho mayor que en el caso de los coches de gasolina o diésel”, afirma Plötz, que ha publicado investigaciones sobre el tema. “Cualquier cambio en las políticas relativas a los PHEV debe realizarse con el máximo cuidado y teniendo en cuenta esos datos”.

En medio del debate sobre el fin de los motores de combustión

Los coches híbridos han vuelto a ser objeto de debate político, ya que los fabricantes de automóviles han presionado a la UE para que suavice los objetivos de CO2. La prohibición de los coches con motor de combustión a partir de 2035 ha sido objeto de fuertes presiones por parte de la industria automovilística y de la oposición de los Estados miembros con grandes industrias automovilísticas.

“No debe haber un recorte drástico en 2035”, afirmó el canciller alemán, Friedrich Merz, tras una cumbre celebrada la semana pasada con la industria automovilística del país, que atraviesa dificultades, y prometió hacer “todo lo que esté en [su] mano” para lograrlo. Otros políticos alemanes de alto rango han planteado los híbridos enchufables como un ejemplo de las posibles “flexibilidades” que podrían introducir en la legislación.

Los investigadores calculan que la subestimación de las emisiones de los PHEV habría permitido a cuatro grandes grupos de fabricantes de automóviles evitar más de 5.000 millones de euros (4.300 millones de libras esterlinas) en multas entre 2021 y 2023, al facilitar artificialmente el cumplimiento de los objetivos de la UE en materia de emisiones medias de CO2 de las flotas. Añaden, además, que los conductores de PHEV también pagarían unos 500 euros más al año en gastos de funcionamiento de lo que se supondría según las pruebas de laboratorio.

“Las audaces afirmaciones que a los fabricantes les gusta hacer sobre sus vehículos híbridos enchufables están claramente lejos de la realidad”, afirma Colin Walker, analista de transporte de la Unidad de Inteligencia Energética y Climática.

“Se está engañando a los consumidores haciéndoles creer que, al comprar un PHEV, están ayudando al medio ambiente y ahorrando dinero”, asegura. “En realidad, los PHEV son poco mejores que los coches normales de gasolina y diésel en lo que respecta al combustible que consumen, el CO2 que producen y el dinero que cuesta su funcionamiento”.