Hace algo más de un año Ignacio Aguado (Madrid, 1983) abandonó sus cargos en Ciudadanos y anunció que dejaba la política pasando a engrosar la larga lista de dirigentes del partido jubilados prematuramente. Lo hizo sin hacer mucho ruido, justo unos días después de conocer los pésimos resultados electorales de las autonómicas del 4 de mayo que Isabel Díaz Ayuso había forzado tras la fallida moción de censura en Murcia –donde su partido se alió con el PSOE para dinamitar el Gobierno que formaba con el PP–, acusando a su entonces vicepresidente del Gobierno de estar fraguando en Madrid una operación similar para desbancarla.

La operación nunca se demostró, fue negada por Ciudadanos y también por el PSOE, pero sirvió a Ayuso para desprenderse de un socio incómodo: destituyó a su vicepresidente y a todos los consejeros de Ciudadanos y convocó elecciones, con el resultado conocido. Antes de esa cita con las urnas, Inés Arrimadas había decidido apartar también a Aguado, abrasado por sus disputas con la presidenta regional y colocar en su lugar como candidato autonómico al portavoz parlamentario, Edmundo Bal. Fue un intento desesperado por salvar los muebles y para ello hubo que convencer a Bal, que se resistió hasta el último minuto.

Finalmente Aguado y el abogado del Estado en excedencia comparecieron en la sede del partido para anunciar el recambio. El vicepresidente intentó aparentar que todo había sido consensuado entre ambos y dijo que ayudaría a su sustituto en todo lo que pudiera. “Le he pedido yo personalmente que asuma el reto”, llegó a decir en una extraña puesta en escena, con el rictus forzado. La procesión iba por dentro. Y Aguado desapareció del mapa. Solo se le vio en algún mitin, sentado junto a sus antiguos compañeros de la Ejecutiva. Casi en la recta final de la campaña tuvo a bien participar en una acto celebrado en la Plaza del 2 de mayo donde lanzó duras andanadas contra Ayuso mientras Bal, por el contrario, le tendía la mano para colaborar en el futuro. Un futuro que nunca existió

Ciudadanos perdió los 26 escaños que Aguado había logrado en 2019 y se quedó sin representación en la Asamblea de Madrid. El PP casi rozó la mayoría absoluta, lo que permitió a Ayuso pactar el apoyo de Vox pero no meterlo en su nuevo Ejecutivo. Pocos días después, Aguado se despedía sin una sola crítica a Inés Arrimadas, ni mucho menos contra Bal, con un amable tuit en el que daba las gracias a todos.

Poco después se supo que había regresado a la empresa privada para trabajar en el asesoramiento estratégico de empresas, como miembro del Comité Ejecutivo de Madrid Foro Empresarial y que colaboraba como profesor externo en la Universidad Europea de Madrid impartiendo clases en el Máster de Comunicación y Asuntos Públicos.

En su palmarés se llevaba la entrada de Ciudadanos en 2015 en la Asamblea de Madrid con 17 escaños que, cuatro años después, en los comicios autonómicos de 2019, se convirtieron en 26 diputados. En las dos convocatorias con las urnas formó tándem electoral con la actual vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Tras los buenos resultados obtenidos aquel año, el entonces líder del partido, Albert Rivera, decretó pactar con el PP y ambos dirigentes formaron coaliciones de gobierno en la Asamblea regional, con Ayuso, y en el Ayuntamiento, con José Luis Martínez-Almeida. Aquellas alianzas con el PP han sido ahora cuestionadas por Arrimadas una vez que el partido ha ido despeñándose cada vez más después de que su antecesor les dejara en el Congreso con tan solo diez diputados de los 57 que tenían.

Enemigos internos y externos

Desde que se hizo con las riendas del partido en Madrid y se convirtió luego en vicepresidente del Gobierno, Aguado había conseguido crearse muchos enemigos tanto internos como externos. Aunque con Villacís siempre presumía de mantener unas relaciones cordiales, la rivalidad entre ambos por las parcelas de poder en Madrid siempre existió. Cada uno tenía su 'camarilla' y los roces surgían de vez en cuando. Entonces eran vox populi sus constantes peleas con Ayuso, que al final casi terminaron siendo una guerra abierta. Discrepaban por casi todo: por la gestión de las residencias, por cómo afrontar la pandemia, por Telemadrid, por las terrazas, por la eliminación de los aforamientos o por la creación de comisiones de investigación por casos de presunta corrupción en los que el PP se veía involucrado. La dirección de partido, capitaneada por Arrimadas, era consciente de ello. Pero mientras la coalición durara, nadie iba a poner palos en las ruedas del dirigente madrileño.

Tampoco entre la líder del partido y Aguado había demasiado feeling. De hecho, Aguado incluso intentó hacerse con las riendas de la formación nada más marcharse Rivera, cuando todas las miradas ya se dirigían sobre la jerezana y le pedían que diera un paso adelante. Su gesto no gustó a muchos de los fieles a Arrimadas. Pero ella quería paz interna. Incluso tras el fracaso de la moción de censura en Murcia quiso cerrar las heridas ampliando su Comité Permanente, el núcleo duro del partido, al que se incorporó, entre otros, a Aguado.

Con motivo del primer aniversario de aquella derrota sin paliativos de Bal en Madrid, el exdirigente madrileño concedió una entrevista a El País. En ella hizo gala de una exquisita elegancia y no se lanzó contra Arrimadas, que tampoco entonces dimitió y anunció la celebración de una Convención Nacional para mediados del siguiente mes de julio. Al celebrarse en Madrid, aquel cónclave tendría que haberlo organizado el equipo de Aguado, pero como ya había dimitido, fue Villacís la que lo hizo al haber ocupado sus responsabilidades también en la capital.

“Ciudadanos pagó en Madrid el error que se cometió en Murcia. Nos llevó por delante la onda expansiva”, señaló Aguado en dicha entrevista, en la que negó una mala relación con Ayuso y que estuviera preparando contra ella una moción de censura: “Es rotundamente falso que fuera a haber una moción”. También vaticinó: “La marca Ciudadanos está terriblemente dañada. Les deseo lo mejor”.

El nuevo fracaso en las elecciones en Andalucía del 19J le hizo romper su silencio. También en Twitter pidió la dimisión de Arrimadas y de toda la Ejecutiva exigiendo la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria. Este lunes remataba la faena anunciado que se va del partido. En su carta acusa a Arrimadas de no asumir responsabilidades por todos sus fracasos. “La dirección del partido ha decidido emprender una huida hacia adelante, que no comparto, disfrazada de una refundación en la que no creo”, afirma.

Mientras Villacís y el propio Bal aseguraban “respetar” su decisión y no entraban a criticarle, uno de sus antiguos rivales en las primarias a la Comunidad de Madrid, Juan Carlos Bermejo, se lanzaba contra él este lunes. “Aguado y su camarilla siempre culparon a Arrimadas de su desgracia. La realidad es que fueron ellos los verdaderos culpables de la debacle en Madrid, primero pactando contra la decisión del votante y luego traicionando a Ayuso. En lo personal, que le vaya bien”, escribía el economista y tertuliano en su perfil de Twitter.

Ignacio Aguado abandonó la política hace un año y ahora ha decidido abandonar también la militancia en Ciudadanos. El que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid y máximo dirigente regional del partido hasta las pasadas elecciones autonómicas de mayo de 2021, en las que fue relegado como candidato por el portavoz adjunto del grupo parlamentario en el Congreso, Edmundo Bal, ha anunciado este lunes en su cuenta de Twitter que se da de baja del que ha sido su partido durante más de nueve años. En su mensaje de despedida explica las razones de su decisión, acusa a la líder estatal, Inés Arrimadas de “huir hacia adelante” por no dimitir tras la reciente y última debacle en Andalucía y se despide asegurando que su paso por Ciudadanos “acaba hoy”. “Pero mi amor por España y mi empeño de legar a mi hijo un país de ciudadanos libres e iguales, seguirán vivos para siempre”, ha zanjado.

En su carta Aguado recuerda que, tras las elecciones de Andalucía, cuando Ciudadanos desapareció del Parlamento autonómico, al igual que les ocurrió en la Asamblea de Madrid, ya pidió públicamente la dimisión de toda la Ejecutiva nacional y la convocatoria de un Congreso Extraordinario. Pero ha explicado que esos malos resultados electorales, unidos a los de Catalunya y Castilla y León, son “motivo suficiente” para que Arrimadas dimitiera de forma inmediata para que en una Asamblea Extraordinaria se dilucide un “nuevo rumbo y liderazgo”.

Aguado reprocha a renglón seguido que, lejos de asumir esas responsabilidades, Arrimadas y la dirección de Ciudadanos hayan emprendido “una huida hacia adelante”, que “no comparte”, “disfrazada de una refundación” que a su entender no va a ninguna parte.

A juicio del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, el “problema” no son ni las ideas ni los principios fundacionales del partido, sino “la ausencia total de estrategia, el desgaste de la marca y la falta de un liderazgo capaz de volver a ilusionar a los votantes”. “Para poner remedio a eso, o al menos intentarlo, no hace falta una refundación, sino un Congreso”, señala también en su despedida. Además, considera que esa refundación en tal caso tendría que ser impulsada por una nueva Ejecutiva y no por la misma “que lleva tres años encadenando un fracaso electoral tras otro”. “Lamentablemente, no parece que mi petición o mis argumentos hayan tenido algún tipo de efecto sobre quienes deben tomar estas decisiones”, agrega, señalando que es algo que “siente de veras”.

Aguado reconoce que se da de baja como afiliado con “enorme pena” pero también “con la cabeza alta” y agradece tanto a sus compañeros y como a los votantes de Ciudadanos la confianza que depositaron en él. “Mi paso por Ciudadanos acaba hoy, pero mi amor por España y mi empeño por legar a mi hijo un país de ciudadanos libres e iguales seguirán vivos para siempre”, concluye su carta.

Villacís y Bal “respetan” su decisión pero recuerdan que llevaba fuera un año

Mientras Arrimadas guardaba silencio, su marcha ha sido comentada por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, con la que Aguado formó tándem electoral en dos elecciones autonómicas. Según ha dicho durante una visita a un mercado de la capital, entiende y “respeta” que aquellos que “no se sienten cómodos” con el proyecto “liberal y de centro” se aparten a un lado y se vayan del partido. Ella, ha insistido, seguirá defiendiendo esos valores porque continúa creyendo que es lo que necesita nuestro país y la ciudad de Madrid para prosperar.

Poco después también comentaba la marcha de Aguado el portavoz del Congreso, Edmundo Bal, que fue quien le sustituyó como candidato hace un año tras el repentino adelanto de las autonómicas madrilañas por parte de Isabel Díaz Ayuso. En una rueda de prensa en la sede del partido, Bal ha dicho que “respeta” su decisión y ha recordado que el exdirigente madrileño llevaba ya más un año “fuera de la política”. “Cualquier afiliado que se va del partido es relevante”, ha señalado. “Tengo con él muy buena relación y una cierta amistad, y personalmente me da pena que abandone un proyecto en el que él ha aportado tanto desde la fundación del partido en Madrid”, ha añadido luego.

No obstante, ha minimizado las consecuencias para la formación: “Como cualquier afiliado ha tenido la oportunidad de transmitir sus opiniones a la dirección del partido y así lo ha hecho, pero si se da de baja pues pierde esa opción”. “Nosotros seguimos trabajando para la gente que se queda en este proyecto para entre otros muchos estos 2. 000 afiliados y simpatizantes que voluntariamente se han apuntado a la participación de ideas”, ha zanjado.

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, se ha convertido casi a la fuerza en una pieza fundamental para Ciudadanos en una plaza fundamental como es Madrid después del hundimiento de la formación en las elecciones del 4M. Hace dos meses y medio, Villacís declaraba a El País que no sabía si iba a repetir como candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid en 2023. “Tengo que darle muchas vueltas. No hago cálculos a largo plazo”, replicaba en una larga entrevista en la que, sin embargo, dejaba claro que pasase lo que pasase iba a continuar en la formación liberal. Además, afirmaba que en la Comunidad de Madrid el partido iba “a construir un proyecto en dos años basado en el municipalismo”. “¿Y quién lo va a dirigir?”, le preguntó el periodista. “No hay que correr”, respondió la vicealcaldesa de Madrid.

La dirigente madrileña tiene el encargo de remontar la adversa situación que se le presenta a Ciudadanos de cara a las elecciones municipales y a las nuevas autonómicas de la primavera de 2023. Una vez desaparecido de la vida política Ignacio Aguado, que dimitió de todos sus cargos tras ceder la candidatura regional a Edmundo Bal, la líder del partido ha depositado en la vicealcaldesa todas sus esperanzas de cara a esa doble cita con las urnas.

La tarea no es fácil porque Ciudadanos se dejó el pasado 4 de mayo los 26 diputados que Aguado había logrado en 2019 en la Asamblea regional y, aunque mantiene cierta cuota de poder municipal, las encuestas no apuntan nada bueno para el partido en la capital. La posibilidad de que desaparezcan también en el Ayuntamiento sobrevuela por la sede de la calle Alcalá. Así que a Villacís, una vez que ha aceptado el encargo de Arrimadas de ser coordinadora del partido en Madrid, le toca arremangarse para ver qué puede hacer para sobreponerse a la pésima situación de la que parten y de la ahora varios dirigentes culpan a su antecesor, por las malas relaciones que mantuvo con el PP y especialmente con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, olvidando que la moción de censura en Murcia fue la que desencadenó el adelanto electoral en Madrid. Y en eso está Villacís.

De momento, se ha rodeado de gente de su confianza y ha nombrado para su equipo a Silvia Sáez como secretaria de Acción Institucional; a Francisco Rosillo, como secretario de Comunicación; y a Miguel Ángel Lezcano, como responsable de Organización. Los puestos restantes los dejará para septiembre con el inicio del nuevo curso político. A Sáez, considerada el brazo derecho de Villacís en el Ayuntamiento, donde ejerce como asesora del grupo, le ha encargado sellar los pactos que Ciudadanos cerró en 2019 con otros partidos –fundamentalmente con el PP aunque también mantienen unos cuántos con el PSOE–, y “dinamizar” los grupos municipales.

Cambios de piezas y primeras tensiones

Tanto ella como Lezcano, que fue uno de los fundadores del partido en Madrid y ha sustituido en el cargo a César Zafra, se están encargando de realizar cambios en algunas portavocías. Uno de los afectados ha sido el hasta ahora portavoz y vicealcalde de Alcobendas, Miguel Ángel Arranz, que estaba llamado a sustituir en el cargo al actual alcalde del PSOE, Rafael Sánchez Acera, en virtud del pacto suscrito entre ambos partidos al inicio de la legislatura para alternarse en el poder. Pero Villacís, en connivencia con los socialistas, ha decidido que el que aspire a ese cargo sea Aitor Retolaza, cuarto teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, lo que ha soliviantado a Arranz que ha retado al partido y ha dejado escrito en su cuenta de Twitter que se presentará para ostentar el bastón de mano.

Otro de los afectados por los cambios fue Bernardo González, el hasta junio portavoz de Rivas Vaciamadrid, que fue sustituido por Jorge Badorrey. González considera injustificada su destitución y se dio de baja como afiliado de Ciudadanos en julio, pero permanece en el grupo como “independiente”. Desde entonces asegura que está siendo objeto de mobbing y así lo ha denunciado ante la Guardia Civil y posteriormente también ante en el juzgado de Arganda.

El edil, que vive en Coslada, asegura a esta redacción que detrás de su cese están Lezcano, que además de ser ahora responsable de Organización es el portavoz del partido en Alcalá de Henares, y la propia Silvia Sáez. Según explica, en 2019 la formación le pidió que encabezara la lista de Rivas ya que está muy vinculado a ese municipio en el que reside su hijo. A lo largo de su mandato ha tenido varios rifirrafes con Lezcano por los que ahora dice que éste le “está pasando las facturas pendientes”. “Sáez, a la yo no conocía de nada, fue la tomó la decisión de mi cese como portavoz”, relata.

El concejal de Rivas, además, no entiende por qué ahora algunos culpan a Aguado de esta situación: “Ignacio no tiene ningún tipo de culpa de lo que ha ocurrido en Madrid, han sido las malas decisiones y los errores cometidos a nivel nacional los que nos han metido en esto sin comerlo ni beberlo”, afirma, y señala como uno de esos “errores” la falta de “comunicación a nivel interno”, como el hecho de desconocer que se iba a presentar la moción de censura en Murcia “que nos pilló a todos con el pie cambiado”. Ahora piensa que solo afectó a Madrid porque si hubiera habido más elecciones en esas fechas “el partido habría caído como un castillo de naipes”. Según avisa, la nueva dirección regional “va a hacer una limpia”, poco a poco, de todos los cargos de confianza que designó Aguado.

De acuerdo con el relato de fuentes del partido a esta redacción, una de las cosas que quiere Villacís es que César Zafra, que fue el número dos de Aguado y tras la debacle electoral dejó también todos sus cargos, renuncie “voluntariamente” a puesto de vocal en la Ejecutiva Nacional para que lo ocupe alguien de su nuevo equipo. Zafra ha sido muy crítico con la actual dirección del partido a la que tildó de “incompetente” culpándola de la contundente derrota electoral, como dejó patente en una reunión interna del partido publicada por ESdiario.

El que ha logrado mantenerse en el equipo de Villacís es el expresidente de la Asamblea regional, Juan Trinidad, a quien la vicealcaldesa de Madrid ha decidido colocar como asesor al ser una persona que conoce bien el funcionamiento institucional.

El nuevo secretario de Comunicación regional, Fran Rosillo, rechaza las críticas contra los cargos de confianza designados por Villacís en el actual Comité Autonómico de Madrid y asegura que responden “a valores, meritocracia, trayectoria profesional y capacidad de diálogo con cargos y afiliados”. La propia vicealcaldesa de Madrid dijo en declaraciones públicas que los nuevos cargos serían “muy especializados”, casi tecnócratas, según sus palabras.

Según traslada Rosillo a esta redacción, en esa misma línea, “se trata de perfiles con vocación, implicación y sobre todo conocimientos técnicos para las tareas que se le encomiendan”. “En mi caso -añade- creo que es obvio que Begoña busca un profesional con experiencia en la materia, lo que aporta ante todo una tremenda coherencia. La comunicación es una tarea importante en la política, no se entiende que quien la lidere no tenga trayectoria profesional. Ese es el mayor cambio que observo en esta nueva etapa, que se están buscando perfiles técnicos, aquellos que más puedan aportar con conocimientos y experiencia, algo que como sabemos por desgracia es poco habitual en la política española”.

Más concordia que enfrentamiento con el PP

La versión del entorno de Villacís es que buscan que “todo el mundo se sienta representado” para no soliviantar más a los críticos. La vicealcaldesa persigue implantar en toda la región el “modelo del Ayuntamiento de Madrid”, donde los conflictos con el PP de José Luis Martínez-Almeida se han resuelto con deportividad. Al menos puertas hacia afuera. “Vamos a pedirles lealtad, la misma que nosotros ofrecemos, tanto al PP como la PSOE”, afirmó públicamente la nueva líder de Ciudadanos en Madrid, cuyas tensiones con Aguado se evidenciaron en varias ocasiones en el pasado. Para justificar sus diferencias a la hora de abordar la relación el PP y con el PSOE –más en clave de concordia que de enfrentamiento–, la vicealcaldesa precisó: “La política local va por otros derroteros”.

La intención de Villacís es reivindicar su gestión propia ante la “subalternidad” que generan los gobiernos de coalición. Alcobendas es una oportunidad de oro, pero ya amenaza tormenta antes de que el nuevo alcalde tome el bastón de mando.

Ciudadanos gobierna en solitario solo en tres municipios madrileños (Valdemoro –donde el alcalde está bajo la lupa de la justicia–; La Acebeda y Villarejo de Salvanés). En el resto de localidades donde tocaron poder en 2019 tienen acuerdos con el PP (15), con el PSOE (8) o con partidos independientes (5).

En el equilibrio por mantener la economía salvaguardando la salud, es difícil salir vencedor. Sin embargo, así se ve la Comunidad de Madrid un año después del comienzo de la pandemia y a pesar de que cuenta en este momento con los peores datos epidemiológicos. El viceconsejero de Sanidad de la región, Antonio Zapatero, publicó hace un mes en la revista científica The Lancet una defensa de la estrategia madrileña junto a otros asesores de su equipo. El artículo Gestión integral del covid-19 en Madrid: dando la vuelta a las cosas durante la segunda ola describe con ejemplos el “titánico esfuerzo” de la capital para desmontar “el segundo pico pandémico”.

Aluden a medidas como perimetrar por zonas básicas de salud (ZBS) o realizar pruebas de antígenos masivas que, según ellos, “minimizan el impacto económico en la población”. También afirman haber generado “políticas sociales y fiscales para compensar a los afectados”, a pesar de que hasta esta semana Madrid era la única autonomía que no había impulsado ayudas directas a empresarios.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso lleva meses repitiendo el mismo mantra como escudo frente a quienes esgrimen razones sanitarias para avanzar con prudencia: no se puede parar, la economía de la capital tiene que reactivarse. El llamado “milagro madrileño” de noviembre ha quedado atrás. La realidad es que Madrid sigue registrando los peores datos epidemiológicos del país mientras que sus finanzas no lucen mucho más boyantes que la media.

La insostenibilidad de los datos sanitarios

Hace unos días, tres epidemiólogos desmontaban el artículo de Zapatero en The Lancet llenando lagunas a las que no había hecho mención el viceconsejero de Sanidad. Javier Padilla, Pedro Gullón y Mario Fontán señalaban que tanto las zonas de salud como las pruebas de antígenos se implantaron cuando la curva de contagios ya había comenzado a descender, por lo que no se puede demostrar que fueran medidas eficaces en la segunda ola.

También recuerdan que la estrategia de Madrid ha consistido en mantener en el tiempo una incidencia de “alto riesgo” (por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes), con el consiguiente impacto en la ocupación de camas ordinarias y de UCI, en las muertes y en la salud de los propios sanitarios. Ahora, la región registra una incidencia a 14 días de 225 casos por 100.000 habitantes, casi el doble de la media española, y la saturación más alta en UCI, con un 37,3%, solo igualada por La Rioja (que tiene un déficit estructural de camas).

A pesar de que el artículo de Zapatero hacía referencia a que “la implantación pionera de las pruebas antigénicas y la vigilancia de los contactos” habían mejorado “el control de la transmisión”, la región ha mostrado importantes deficiencias en el rastreo, una de las piezas clave en la vigilancia de la epidemia. Es más, en la segunda ola ni siquiera se llegó al mínimo recomendado por las autoridades internacionales de 30 rastreadores por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, dejó de hacer PCR a los contactos estrechos de un positivo y optó por los cribados masivos por “limitación de los recursos diagnósticos”, según los responsables sanitarios autonómicos. En cualquier caso, nada de esto evitó que Madrid fuese la comunidad con mayor número de casos por habitante.

“Hay un fetichismo a la hora de interpretar los datos que pretende que nos olvidemos de la imagen general”, piensa Mario Fontán, experto en medicina preventiva y uno de los autores de la réplica a Zapatero. “No hay que quedarse en la línea de la incidencia, sino en el área de debajo de la curva, que es lo que marca la gravedad”, recomienda. El siguiente gráfico, por número de casos acumulados, muestra que Madrid es la región que más ha expuesto a sus habitantes a la COVID-19 en estos doce meses.

En opinión de los expertos, mantener un número muy elevado de casos positivos durante un largo periodo de tiempo quizá se pueda disimular en las gráficas, porque no presentan cambios abruptos, pero no en el interior de los hospitales. “No podemos hacernos trampas al solitario, es el efecto de tener una incidencia muy alta y prolongada durante meses”, explica Saúl Ares, investigador del CSIC. “Con una incidencia en nivel grave, no hay respiro para que las UCI se liberen”, plantea. Un pensamiento que recoge Fontán, que apunta al “factor peso” como dificultad a la hora de descongestionar el sistema sanitario: “No hay medidas implementadas que corten la transmisión”.

Desde verano, Madrid ha mantenido una ocupación media de hospitales y de UCI del 17,6% y del 37,9% respectivamente, muy por encima del máximo recomendado (del 14% y el 25%). La mayor de todo el país. En total, más de 90.000 personas han ingresado en un hospital por culpa de la COVID-19 y 6.500 lo han hecho en UCI. “En la tercera ola, el pico no ha subido tanto en Madrid como en otras comunidades, pero también está siendo la más lenta en bajar y en liberar sus hospitales”, señala Fontán.

Los datos en UCI y hospitales siguen estando lejos de lo aceptable y a los expertos les preocupa que los contagios empiecen a subir en este escenario. “Si hay un incremento de la transmisión, puede impactar de manera más grave que en olas previas porque se partía de una situación hospitalaria más baja”, advierte el médico en salud preventiva. También Saúl Ares, del CSIC, cree que “cualquier cosa que nos pase a partir de ahora podría empeorar mucho la situación”, también respecto a la mortalidad. Ambos expertos no aluden solo a los fallecidos por COVID, sino por otras patologías infratratadas por la saturación de los hospitales.

En muertes por COVID, Madrid ha mejorado levemente frente a otras regiones. Entre julio de 2020 y febrero de 2021, en la comunidad falleció el 0,079% de la población, mientras que la media española es del 0,086%. “Es cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío, porque Madrid casi iguala la media”, recuerda Ares.

El científico del CSIC confirma que las dos últimas olas no han sido tan fatales como en otras regiones, pero tampoco obvia el exceso de mortalidad que hubo en la primera fase de la pandemia, como muestra el siguiente gráfico: “Quien se ha muerto una vez no puede morirse dos veces”, señala. Además, las comunidades más azotadas –Asturias, Comunitat Valenciana o Murcia– apenas habían sufrido hasta ese momento.

Por otro lado, hay factores que influyen en el caso de Madrid, como su rejuvenecida población comparada con la de otras comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias o Extremadura y su alta seroprevalencia, que apunta que un 20% a la ciudadanía ya ha pasado la enfermedad. Los especialistas difieren sobre este tema. Mientras que Fontán reconoce que “podría contar en ciertos barrios”, ambos piensan que “está lejos del 70% que la convertiría en un factor clave”.

“Madrid tiene la postura institucional de que puede controlar la pandemia sin implementar medidas, pero es un argumento falaz”, piensa Mario Fontán. En su opinión, las mejores trayectorias del virus se han dado en los lugares más estrictos. “Madrid vende que ha sabido mantener la economía y la salud, pero no es cierto; seguimos estando en una posición epidemiológica muy mala y aún puede empeorar”, avisa. Aunque la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso peleó hasta el último momento por “salvar la Semana Santa”, los expertos piensan que justo ahora “hay que poner mucho celo en las medidas, casi más que en Navidad o en verano” debido a la presión hospitalaria.

Mucho ruido, resultados económicos mediocres

El pasado 26 de febrero el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, daba una rueda de prensa para anunciar que la región madrileña había crecido un 4,4% en el cuarto trimestre de 2020 gracias a la receta de “estabilidad, apertura de los negocios y sectores económicos, solidaridad, libertad y fiscalidad inteligente”. Las cifras que presentó junto al consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, distaban mucho de las previsiones de otros organismos –la Autoridad Independiente de Resposabilidad Fiscal (AIReF) estimaba un crecimiento del PIB del 0,5% en Madrid en el cuarto trimestre del año pasado– y no terminaban de explicar cómo con ese crecimiento en los últimos tres meses del año la economía madrileña se había desplomado un 10,5% durante 2020. Ahora bien, las cifras de Aguado servían para armar el discurso del milagro económico madrileño, que tanto él como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han esgrimido para defender una política de apertura económica, especialmente de los establecimientos hosteleros y comerciales, como estrategia de oposición al Gobierno central bajo la máxima: “La economía madrileña no se puede cerrar”.

“A la Comunidad de Madrid desde el resto de las comunidades autónomas se la mira con admiración y con respeto”, ha esgrimido Díaz Ayuso para defender su gestión económica. La realidad, sin embargo, es que los datos económicos no reflejan que la Comunidad de Madrid destaque especialmente respecto del resto de las regiones españolas. El Banco de España publicó en febrero el informe La evolución de la actividad en las provincias españolas a lo largo de 2020 y sus determinantes en el que apuntaba que “el diferente impacto de la pandemia en 2020 ha respondido más a diferencias en la especialización sectorial y a cambios en las decisiones de movilidad de las personas (ya sea voluntarios o impuestos por las restricciones) que a la diferente incidencia de la enfermedad” en las provincias.

Atendiendo al discurso de la presidenta madrileña sobre las medidas aperturistas adoptadas por la Comunidad de Madrid, se tendría que haber notado un impulso más positivo de la economía de esta región. Sin embargo, Madrid está entre las provincias que más han acusado el impacto económico de la pandemia en 2020 con una caída del PIB del 10,5%, según el informe del Banco de España, aunque esta región está por debajo del desplome de la economía española, con un 11%.

El Banco de España explica que las provincias que experimentaron una mayor caída de la actividad en 2020 fueron las que también registraron un descenso más pronunciado de la movilidad, que tienen un mayor peso del turismo (sobre todo extranjero) y del empleo temporal, y una menor proporción de empleados del sector público. Pese a las medidas de Ayuso, la Comunidad de Madrid es la decimosegunda provincia en la que más se deteriora la economía de las 50 provincias españolas. En el estudio del organismo supervisor solo se destaca a la región madrileña por un motivo: “Las provincias con mayor exceso de mortalidad en 2020 fueron las pertenecientes a las dos Castillas y Madrid”.

Ser el baluarte del aperturismo no ha impedido que Madrid sea la tercera comunidad con más número de parados, 480.000 en 2020, según la última EPA, solo por detrás de Andalucía y Catalunya, aunque la Comunidad que preside Ayuso se mantuvo como la zona con mayor tasa de actividad, un 63,3%. A pesar de que la región madrileña adoptó medidas mucho más laxas respecto a la movilidad y la apertura de negocios que la comunidad catalana, con un potencial económico similar, la realidad es que la tasa de paro de Madrid cerró en un 13,53% el año pasado mientras que en Catalunya fue del 13,87%.

De hecho, esta laxitud no le ha permitido una recuperación del empleo especialmente destacable si comparamos la situación de febrero de 2020, antes del comienzo de la pandemia, con febrero de 2021. Madrid se sitúa en la media española de empleo perdido en la pandemia, con un 2,1% menos de afiliados a la Seguridad Social entre el último día de febrero de 2020 y febrero de 2021. Por comparar con otras provincias, Barcelona cuenta con un 2,5% menos de afiliados, Bizkaia tiene un 1,8% menos o Valencia y Sevilla, un 1,5% menos.

Haciendo un seguimiento de la evolución de la variación interanual del número de afiliados a la Seguridad Social desde enero de 2020, la Comunidad de Madrid no recupera más empleo que otras regiones españolas. De hecho, desde la llegada de la pandemia, Madrid se mantiene en tasas negativas, a diferencia de comunidades como Murcia, Castilla-La Mancha o Extremadura, que contabilizan algunos meses con un incremento del número de afiliados respecto al mismo mes del año anterior.

Lo más curioso al observar esta evolución del empleo es que la Comunidad de Madrid se encuentra por encima de la media nacional hasta octubre. Aunque es tras el verano cuando la presidenta madrileña utiliza con más vehemencia su política de aperturas de negocios y horarios mas amplios frente a otras comunidades –incluso provocó la división dentro del Gobierno madrileño con la petición por parte de Ciudadanos de un parón de la actividad para bajar la incidencia del coronavirus–, la variación interanual del número de afiliados desde octubre es peor que la media nacional y solo vuelve a superarla en febrero de 2021, aunque no es por el buen comportamiento del empleo en Madrid sino por el tirón negativo de la afiliación en comunidades como Baleares y Canarias.

Al realizar un análisis del Índice de Producción Industrial (IPI) –indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción–, la producción industrial en Madrid cayó menos que la media nacional. Mientras que en España la tasa anual descendió un 9,1% respecto a 2019, en la Comunidad de Madrid cayó un 6,5%, en un contexto en el que la producción industrial bajó en todas las comunidades. Los mayores descensos se dieron en Illes Balears (–20,9%) y País Vasco (–14,1%), mientras que los menores descensos se dieron en Extremadura (–0,3%), Región de Murcia (–2,5%) y la Comunidad de Madrid, que fue la tercera región en la que menos bajó.

Donde se percibe que la política más amplia de aperturas de la Comunidad de Madrid ha tenido un impacto económico positivo ha sido en el comercio, especialmente en los últimos meses del año pasado. En el conjunto del año 2020, todas las comunidades disminuyeron sus ventas. Canarias (−15,0%) e Illes Balears (−14,6%) registraron las mayores bajadas mientras que Galicia (−2,5%), Castilla-La Mancha (−3,2%) y la Comunidad de Madrid (-3,4%) presentaron las tasas menos negativas.

A pesar de los datos negativos del conjunto de 2020, la Comunidad de Madrid fue la única región donde las ventas en los comercios subieron en noviembre, con un 0,6%, mientras que bajaban en tasa anual en el resto de las comunidades autónomas. En diciembre, también fue la región donde más crecieron las ventas, con un 3,2% respecto al mismo mes de 2019.

“Yo defiendo políticas sensatas, moderadas, en las que no se enfrenten la salud y la economía porque es insensato e innecesario. Cada vez que cerremos a cal y canto un bar o una empresa es posible que esa familia no vuelva jamás a abrir, que está pagando locales, pagando empleados, que está hipotecándose y arruinándose para décadas, tanto él como el patrimonio de sus hijos”, argumentaba Díaz Ayuso para defender su gestión de aperturas de comercios y restauración. Pero no se puede definir si las decisiones de política económica han sido sensatas o no porque prácticamente no se ha llevado a cabo ninguna. Si hay algo que caracteriza la gestión económica del Gobierno autonómico del PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid es el vacío.

Durante 2020 solo se aprobaron dos leyes en la Asamblea de Madrid. Una de las normas que salió adelante fue la creación de una nueva universidad privada. La otra fue una modificación de la Ley del Suelo que está pendiente de una sentencia de los tribunales. En septiembre, la presidenta anunció “la mayor apuesta de la Europa occidental por la recuperación” basada en el ladrillo mediante una reforma legal que eliminaba trámites y facilitaría la concesión de licencias urbanísticas. Se aprobó una modificación de la Ley del Suelo, que PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos llevaron al Tribunal Constitucional para recurrirla al considerarla “fraudulenta” porque se aprobó sin que estuvieran presentes en la votación muchos de los diputados de la Cámara. Hablando de ladrillo, Madrid está entre las comunidades donde más cayeron las hipotecas, un 14,3%, y más se desplomó la compraventa de viviendas, un 21%, en 2020.

Ninguna iniciativa legislativa más. Ni siquiera han sacado adelante la norma más importante de una administración pública, unos presupuestos. El Ejecutivo autonómico del PP y Ciudadanos ha sido incapaz de aprobar unas nuevas cuentas públicas para la Comunidad de Madrid, de manera que se mantienen los presupuestos prorrogados de 2019, pese a las necesidades que ha supuesto la pandemia del coronavirus.

A pesar de las continuas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid por una supuesta defensa de la actividad empresarial, la realidad es que el Gobierno de Ayuso ha sido el único entre los autonómicos que no ha concedido ayudas directas al comercio y la hostelería. En teoría, en el proyecto de presupuestos de la comunidad había una partida de 235 millones de euros en ayudas a fondo perdido, pero además de no aprobar las cuentas públicas en su momento, el anuncio de la convocatoria de elecciones autonómicas por la dirigente del PP ha terminado por tumbar esta posibilidad y los empresarios madrileños tendrán que esperar a las subvenciones directas que ha aprobado el Gobierno central.

Ahora bien, como un acto más propio de campaña electoral, Ayuso anunció el pasado miércoles que ofrecerá subvenciones de hasta 200.000 euros a los autónomos y empresas de sectores que estén excluidos del paquete de ayudas directas del Ejecutivo central. La ya candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PP no explicó cómo ni cuándo se desplegarán esas ayudas. Otro anuncio sin detallar, más ruido político, otro grito más en la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.

La Mesa de la Asamblea de Madrid, presidida por Ciudadanos y reunida de urgencia de forma telemática, ha admitido a trámite las mociones de censura registradas esta mañana por Más Madrid y PSOE tras el anuncio del adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, según confirman a elDiario.es fuentes parlamentarias. La decisión genera un embrollo jurídico que va a determinar el futuro de la región.

Según fuentes socialistas, “en teoría paraliza la disolución de la Cámara”. La Presidencia de la Comunidad de Madrid, sin embargo, da por disuelta la Asamblea de Vallecas como consecuencia de la convocatoria de elecciones anticipadas y advierte de que si la Mesa “trata de impedir la disolución dispuesta en el decreto” firmado por Ayuso “estaría prevaricando” al no acatarla. Además, el equipo de Ayuso argumenta que los acuerdos “no son válidos” porque la Mesa se ha convocado “de manera irregular, sin tiempo y sin documentación”.

El Ejecutivo de Ayuso informó al presidente de la Asamblea por escrito, y a través del registro, del decreto de convocatoria electoral a las 16.10 en una comunicación firmada por la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo [aquí lo puedes consultar], según confirman del equipo de Juan Trinidad a elDiario.es. Entonces, la Mesa ya se había convocado y los miembros habían decidido, con los votos de PSOE y Ciudadanos, que daban trámite a las iniciativas. Sin embargo, el acuerdo de Mesa no salió del registro hasta las 16:12, en el caso de la moción de Más Madrid. La socialista fue a las 16:15. Es decir, el escrito de Presidencia llegó antes de que comenzara la tramitación de las mociones.

La cuestión que debe dirimirse ahora, y puede terminar en los tribunales, tiene dos vertientes: por un lado la laguna legal sobre si el decreto firmado por la presidenta regional para adelantar los comicios está en vigor aunque no aparezca publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hasta este jueves; por otro, cuándo empiezan a contar los plazos de la moción de censura, cuando se presenta o cuando comienza a tramitarse. La guerra amenaza con terminar en un conflicto de competencias entre el Gobierno y el Parlamento.

De momento, la Asamblea de Vallecas continúa su actividad. La Comisión de Presupuestos y Hacienda prevista a las 16 horas ha dado comienzo puntual con la ausencia de los diputados del PP. El Pleno de mañana continúa convocado a expensas de lo que decida una Junta de Portavoces extraordinaria que ha empezado a las 19.30. El PP está participando en ella, confirman fuentes parlamentarias. En el Parlamento dan por hecho que la convocatoria terminará anulándose.

La mayoría para calificar las mociones ha salido adelante con los votos de PSOE y Ciudadanos. Más Madrid no tiene presencia en la mesa y el PP -pese a que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha dado esta mañana por disuelta la Asamblea de Vallecas- ha participado en la reunión. Por su parte, Vox se ha opuesto a las dos iniciativas de la izquierda, aunque en una primera versión de esta información se atribuyó su voto a favor de la moción de Más Madrid tras confirmarlo miembros de la Mesa.

Mientras los representantes de Ciudadanos en la Mesa avalaban tramitar las mociones, Ayuso firmaba el cese de todos los consejeros de Ciudadanos, incluido el que hasta ahora era su vicepresidente, Ignacio Aguado, confirman fuentes de Presidencia, tras una mañana de duras acusaciones mutuas. Ayuso ha lanzado que si no decretaba el adelanto electoral Ciudadanos y PSOE habrían presentado una moción de censura contra ella. “Qué irresponsabilidad”, ha respondido Aguado, que ha señalado a la presidenta por “mentir”.

El cortejo del Partido Popular a miembros de Ciudadanos tras la debacle electoral en Catalunya empieza a generar ruido en los gobiernos de Madrid. Los movimientos internos han provocado el primer cese en el Ayuntamiento de la capital y abren una etapa de desconfianza en la institución donde ambos partidos exhibían mayor sintonía. Además empeoran las ya de por sí tensísimas relaciones entre los socios en la Comunidad de Madrid cuando aún quedan dos años y medio de mandato por delante. En el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso la convivencia siempre ha sido muy difícil entre PP y Ciudadanos y estos movimientos agravan la situación. En la dirección de Arrimadas dan por hecho que algunas fugas hacia el PP serán inevitables. 

En el punto de mira están dos reuniones previas a los comicios promovidas por el PP con una concejala, Concha Chapa, y una consejera de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, como parte de una estrategia de aproximación para provocar su salto al partido de Pablo Casado. La primera, celebrada en febrero de 2020, habría sido autorizada por alguien del equipo de alcaldía de José Luis Martínez-Almeida, según El Confidencial; en la segunda, en diciembre, estaba presente Isabel Díaz Ayuso, una de las principales defensores de la “fusión” de PP y Ciudadanos, y el diputado valenciano Toni Cantó, según La Razón.

Si bien la versión oficial de ambas formaciones es que los encuentros se enmarcan en la “normalidad” de estar juntos en los gobiernos, la crisis se ha cobrado ya una primera destitución. Ciudadanos ha fulminado en el Ayuntamiento a un asesor de Chapa en la Junta de Distrito de Villa de Vallecas que curiosamente es militante del PP. Algo más que eso: Félix Rubio forma parte del comité de dirección del partido conservador en el mismo distrito y es señalado como la persona que embaucó a la edil de Ciudadanos para cambiar de barco. Una maniobra en la que también sitúan a la concejala-presidenta de Tetuán, Blanca Pinedo, ahora líder de la gestora que el PP colocó en Villa de Vallecas cuando tomó el control de más de una decena de agrupaciones en los distritos de Madrid.

“Mi proyecto no es atraer a nadie de Ciudadanos, me parecería una deslealtad”, aseguraba este lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para tratar de calmar las aguas. Fuentes de Alcaldía desmienten que las reuniones hayan tenido tal fin y niegan también que la operación se esté dirigiendo desde la primera planta de Génova, donde está instalado todavía el PP de Madrid. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, una de las dirigentes más claramente lanzadas a una “fusión” entre los partidos, era menos tajante. “El futuro no está escrito, pero lo que es un hecho de facto es que en Madrid el Partido Popular y Ciudadanos [...] hoy somos una fusión porque gobernamos juntos”. Ayuso negó que estuviera liderando “absolutamente nada” y advirtió que la decisión de fusionarse o no la tienen que tomar “los líderes a nivel nacional”. Los movimientos para captar a miembros de Ciudadanos, dado el caso, no se producirán hasta que se ponga en marcha el diseño de las listas electorales, asegura una dirigente del PP de Madrid. “Y hacia todos los sentidos puede ser, igual que personas del PP se han ido a Vox”, matiza.

Mientras, crece el malestar en Ciudadanos. El partido considera que todo forma parte de “una estrategia del PP” para aprovechar su debilitamiento y tapar sus propios malos resultados en Catalunya. La formación de Inés Arrimadas perdió 30 escaños, pero los populares tuvieron que encajar el peor resultado de su historia. Vox superó en escaños ampliamente a ambos partidos.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, reunió el domingo de urgencia a todos los concejales de su partido, que negaron haber recibido llamadas de la formación de Casado invitándoles a dar el salto al PP. La número dos del Gobierno municipal cerró filas con su equipo y trató de rebajar la psicosis que se ha instalado puertas adentro. Villacís también advirtió a los ediles ante futuros movimientos similares –se asume que las deserciones se producirán según se acerquen las elecciones– y ordenó el cese de Rubio como responsable del enredo. “Hay que espabilar, ¿creéis que van a trabajar para nosotros?”, dijo a los suyos. 

“El centro político tiene nombre y apellidos. Es Ciudadanos y no está en venta”, zanjaba por su parte el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, cuya mala relación con Ayuso no es ningún secreto, ante el goteo de informaciones que hablan del trasvase de cargos del partido que lidera en la Comunidad de Madrid al PP. Tampoco es un secreto la mala relación que mantiene Aguado con la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz. Fuentes de Ciudadanos aseguran que el dirigente regional considera a su compañera de filas “un topo” en el Gobierno hasta el punto de que pasa información confidencial a Ayuso. El pasado septiembre la presidenta madrileña nombró Directora de Comunicación a la hasta entonces jefa de gabinete de De la Cruz, un nombramiento que fue visto en Ciudadanos como la constatación de que desde la Consejería de Cultura se estaba produciendo un doble juego.

Ayuso ha salido en defensa de su consejera este lunes para desmentir tal extremo. “No he visto a nadie nunca tan leal a sus siglas”, ha dicho la presidenta regional de Rivera de la Cruz, que algunos en el Gobierno ven en la cuerda floja si toca recortar consejerías, una de las exigencias de Vox para apoyar los presupuestos, ahora prorrogados. Otras fuentes de Ciudadanos creen que Aguado no podrá hacer tal movimiento precisamente porque Rivera de la Cruz cuenta con el absoluto apoyo de la presidenta del partido Inés Arrimadas.

Las relaciones en la Comunidad de Madrid entre los socios de coalición, en cualquier caso, han sido delicadas desde el inicio del Gobierno. La desconfianza es mutua: Ayuso teme una moción de censura de Ciudadanos con el PSOE que la desbanque de la Presidencia y los de Aguado desconfían de que la dirigente popular convoque elecciones, algo que la presidenta ha intentado hasta en dos ocasiones y no ha podido hacer porque en Génova 13 le han parado los pies.

A tan solo unos metros de la Puerta del Sol, en el Ayuntamiento, reina también desde este fin de semana el desconcierto entre los socios. Sobre todo, por el perfil de las personas a las que el PP habría echado el ojo: concejales como Concepción Capa o Alberto Serrano a los que no se podría sacar ningún rédito mediático si se lograra el trasvase porque no son apenas conocidos. En el equipo de Martínez-Almeida también asoma el temor a que la lluvia de informaciones ponga en riesgo la estabilidad del Gobierno municipal a mitad de mandato y rompa la imagen de concordia de la que siempre ha presumido el alcalde.

La Comunidad de Madrid sigue sin presupuestos. Y a juzgar por cómo van las negociaciones entre el Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos con Vox –necesario para obtener la mayoría absoluta– la situación puede alargarse más de lo deseado por los socios de coalición. Mientras el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso urge a la formación de extrema derecha a cerrar ya un acuerdo después de haber prorrogado de nuevo las cuentas de 2019 –las últimas de Ángel Garrido como presidente, hoy en las filas de Ciudadanos–, la formación de Santiago Abascal amenaza con alargar las negociaciones. Las cuentas de 2021 siguen en el aire a pesar de la crisis sanitaria y económica.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ya tiene en sus manos el borrador de las cuentas que ha preparado el Gobierno regional, aún secreto para medios de comunicación, ciudadanos y el resto de la oposición. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y su vicepresidente, Ignacio Aguado, han pedido en reiteradas ocasiones que el acuerdo no se demore y el pacto llegue “cuanto antes” para poder iniciar la reconstrucción tras la emergencia sanitaria. “Cada día que pasa sin tener presupuestos es un día perdido para ayudar a miles de familias y a miles de empresas, necesitamos lanzar el salvavidas cuanto antes para que la situación de vulnerabilidad no sea irreversible”, dijo Aguado el pasado miércoles durante la rueda de prensa de Consejo de Gobierno. También la presidenta lo pidió durante el Pleno regional de los jueves.

Pero lejos de que vaya a ser algo rápido, o un simple trámite como desean en el Ejecutivo de Ayuso, Monasterio ha asegurado que su formación está estudiando en detalle el proyecto que se les ha facilitado y ya tiene 240 preguntas anotadas sobre cuestiones que consideran que no están bien explicadas o que no está justificado suficientemente su gasto. “Tardaremos un tiempo en analizarlo porque a Vox le gusta estudiar las cosas en profundidad y con rigor, y esperamos que la próxima vez que nos tengamos que reunir sea en un restaurante abierto a partir de las 21 horas”, aseguró recientemente Monasterio. Fuentes del partido de extrema derecha aseguran, además, que no se sentarán a negociar hasta que no se retrase el cierre de la hostelería.

Vox quiere reducir el número de consejeros

Una de las exigencias de la formación ultraconservadora pasa por reducir el número de consejerías que forma el Gobierno regional que se incrementó de nueve a trece con el bipartito, el primero de la historia de la Comunidad de Madrid. Este lunes, la Mesa de la Asamblea regional –formada por PP, Ciudadanos, PSOE y Vox– no admitía una proposición de ley del partido de Abascal en esta dirección. El grupo que lidera Monasterio quería que por ley solo pueda haber ocho consejerías, además de la presidencia y “uno o varios vicepresidentes”, estos últimos diputados de la Asamblea. La proposición también recogía una reducción de diputados, motivo por el cual la propuesta no ha entrado en consideración, explican fuentes de la Cámara regional.

Para reducir el número de diputados, habría que reformar el estatuto de autonomía, precisan estas mismas fuentes, y para ello es necesario que la propuesta vaya firmada por un tercio de los parlamentarios. “En este caso solo firmaba la diputada Rocío Monasterio, la proposición no se ajusta a la legalidad al incluir la reducción de diputados”, señalan.

Desde Ciudadanos interpretan esta proposición de ley para reducir consejerías como un modo de “presión” para los presupuestos. Los de Ignacio Aguado son conscientes de que recortar cargos del Gobierno será una de las exigencias para contar con el apoyo de Vox a las cuentas y ya han hecho sus quinielas de qué consejeros caerán en la crisis de Gobierno. El temor en el Ejecutivo está en si la formación de extrema derecha irá más allá y pedirá cuestiones más peliagudas como tocar las subvenciones a cuestiones como igualdad o LGTBi, o rescatará el llamado Pin parental para que los padres puedan vetar contenidos de enseñanza del currículo oficial.

Vox se ha anticipado a las negociaciones, además, en otra cuestión que el Gobierno regional pensaba aprobar con los de Abascal como parte del pacto de los presupuestos. El partido que lidera Monasterio en Madrid ha registrado otra proposición de ley que será debatida en las próximas semanas en la Asamblea autonómica para deducir algunos impuestos del tramo autonómico. En concreto, una deducción para las personas que tengan a su cargo a ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad, la bonificación del 100% de los gastos por intereses de los préstamos concedidos para cursar grados universitarios, másteres y doctorados tanto para centros públicos como privados, y una deducción por la compra de vivienda para menores de 35 años.

Ese anteproyecto de ley que ahora Vox ha rescatado había sido impulsado por PP y Ciudadanos hace ahora un año. Los de Monasterio presentaron entonces una enmienda a la totalidad e impidió su aprobación, alegando que el Gobierno regional había incumplido el acuerdo al que habían llegado en privado con el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, que contemplaba reducir gastos para sufragar las nuevas deducciones.

La coalición que lidera Ayuso quería rescatar este proyecto como una forma de suplir otra de las exigencias de Vox: la reducción de impuestos. Pero desde la formación ultraconservadora aseguran que estas deducciones van “al margen” de las negociaciones porque es un acuerdo al que ya llegaron hace un año. Monasterio ha manifestado en diferentes ocasiones que su apuesta pasa por reducir el IRPF, una promesa de la presidenta en campaña que se tuvo que quedar en un cajón debido a la situación de las cuentas madrileñas. La idea de Ayuso pasaba por hacer estas rebajas fiscales en año preelectoral, como ya habían hecho sus antecesores en el cargo.

En el Gobierno regional no ocultan el nerviosismo por que las negociaciones puedan alargarse hasta el punto de que no haya nuevos presupuestos hasta verano, lo que complicaría su ejecución. Estas deben ser las cuentas que empiecen a abordar la reconstrucción tras un año de crisis sanitaria que ha derivado en una económica. También tienen que ser los presupuestos que opten a la financiación de los fondos europeos. La urgencia no es poca, aunque fueron los socios de Gobierno los que esperaron hasta finales de enero para sellar la paz interna que les permitiera abrir las negociaciones al resto de formaciones. Y ahora desde Vox aseguran que no tienen “ninguna prisa”.

El nuevo desmarque de la Comunidad de Madrid sobre las restricciones que la mayoría de las autonomías están aplicando ante los fuertes rebrotes de la COVID-19 ha vuelto a dejar en evidencia el doble discurso que mantiene la formación de Inés Arrimadas ante la pandemia: mientras la presidenta del partido ha estado apoyando todas las decisiones que ha tomado el Gobierno central e incluso ha conminado a Pedro Sánchez a endurecer las medidas decretando “un confinamiento inteligente”, en la Comunidad de Madrid el bipartito del PP y Ciudadanos ha decidido relajar las condiciones que regían hasta ahora y ha decretado que, a partir de este mismo viernes, se amplíe a seis las personas que puedan reunirse en las terrazas de los bares y restaurantes cuando desde el pasado 25 de enero solo podían ser cuatro.

Las contradicciones sobre cómo afrontar la lucha contra la COVID-19 son una constante en las formaciones políticas. En el PP, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, han mostrado discrepancias públicamente en cuanto a qué medidas deben adoptarse para paliar los efectos para la salud ante la pandemia. También se ha visto en el PSOE, con las posturas enfrentadas de las comunidades gobernadas por los socialistas y el Gobierno central, reacio a ampliar el horario del toque de queda como reclaman la gran mayoría de las autonomías. Y esas contradicciones han llegado también a Ciudadanos, donde el discurso del vicepresidente regional, alineado ahora con Ayuso, difiere del defendido a nivel nacional por la dirigente de la formación, Inés Arrimadas.

Aguado, que en otras ocasiones ha dejado claras sus diferencias con la presidenta Díaz Ayuso, se ha mostrado esta vez a favor de no endurecer más las medidas –e incluso relajarlas–, pese a que la incidencia acumulada es superior a la de la segunda ola. Entonces, el vicepresidente madrileño pidió públicamente la intervención del Gobierno central ante la incapacidad del Ejecutivo regional para hacer frente a la pandemia. El número dos del Gobierno madrileño llegó a solicitar también una paralización de la actividad no esencial de dos semanas, similar al que comenzó en marzo del pasado año, para “salvar la navidad”. La tasa de contagios se situaba en aquel octubre de enfrentamientos entre PP y Ciudadanos dentro del mismo Ejecutivo de Ayuso en 500 casos por 100.000 habitantes. Hoy, ese mismo indicador está en 860, según la última cifra facilitada por el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.

Además de la incidencia acumulada, otro indicador que está peor que en otoño son las hospitalizaciones. Además, la cepa británica, con una mayor transmisibilidad del virus, ya está presente en el 50% de los contagios en algunas zonas de la región, según aseguró este viernes Zapatero. Pese a estos datos, que alertan a epidemiólogos y sanitarios, Aguado se mantiene ahora en la idea de que las restricciones adoptadas son “suficientes” y consideró que el Gobierno regional había llegado “al límite” de lo que estiman “necesario” dentro de sus competencias para hacer frente a la tercera ola. Dejó en manos del Gobierno central tomar nuevas medidas, a la vez que reclamaba salvar a las empresas. “El cierre total sería la ruina total para miles de familias y empresas”, dice ahora Aguado.

Las contradicciones en el discurso del dirigente madrileño de Ciudadanos han sido una constante en esta emergencia sanitaria. En mayo, fue el primero –antes que Ayuso– en el Gobierno autonómico en solicitar la apertura de la región y todas las competencias en la gestión cuando el Gobierno de Sánchez se negaba a dar el pase a la fase 1 a la autonomía que había sido el epicentro de la pandemia en el país y en Europa. El discurso actual del vicepresidente regional se parece más al de entonces que al que articuló durante la segunda ola, cuando protagonizó un enfrentamiento público contra su socia de Gobierno y lamentaba que todos los días fallecieran las mismas personas en la región que en un “accidente de autobús”.

Lo cierto es que la Comunidad de Madrid se ha mostrado sistemáticamente en contra de casi todas las decisiones que ha ido tomando el Gobierno central desde que comenzó la pandemia, e incluso no ha ocultado su desacuerdo con algunas de las autonomías en donde ambos partidos, PP y Ciudadanos, gobiernan juntos por pedir reducir los horarios para bares y restaurantes y adelantar el toque de queda para frenar los fuertes rebrotes del coronavirus que están llevando a nuestro país a las peores cifras desde que hace un año comenzó la pandemia.

Arrimadas y su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Con esa 'rebeldía' del tándem Ayuso-Aguado ha tenido que lidiar la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que desde el principio ha estado apoyando a Pedro Sánchez en casi todas sus decisiones, incluso en el último decreto del estado de alarma por seis meses -que seguirá en vigor hasta mayo-, pese a considerar que era “abusivo”. En aquel debate, celebrado a finales del pasado mes de octubre, se mostró de acuerdo con este prolongado estado de alarma “porque los presidentes autonómicos necesitan seguridad jurídica” para adoptar restricciones. Arrimadas hasta consideró que el Gobierno iba a tener que pedir otro estado de alarma más duro en los siguientes días, aunque no fue así. “Vamos a dar la responsabilidad a los ciudadanos que ustedes no quieren asumir desde el Gobierno”, dijo al anunciar su voto a favor de la prórroga.

La líder de Ciudadanos, además, no ha parado de urgir al Gobierno de Pedro Sánchez a “salir del letargo” y a tomar las“ medidas necesarias” para controlar la pandemia. A mediados de enero, ante el aumento de la tasa de incidencia acumulada de contagios y de fallecimientos, pidió a Sánchez que decretara un “confinamiento inteligente” -al que se sumó Aguado-, y la aceleración del plan de vacunación. “Cuarenta y ocho, setenta y dos horas, son muchas vidas”, advirtió Arrimadas, que exigió que ese plan fuera acompañado de “ayudas para los sectores más afectados” y el “fomento del teletrabajo”

En una rueda de prensa que ofreció posteriormente en el Congreso, destacó que esta tercera ola “ha inundado ya” todo el país, con una situación “dramática” por el fuerte crecimiento de los contagios y de la ocupación de las camas de UCI tras el periodo navideño. Ante este escenario, pidió “evitar luchas partidistas” y llegar a acuerdos políticos para hacer frente “juntos” al virus.

No obstante, consideró que ese confinamiento no debería ser tan “estricto, largo y drástico” como el que conllevó el encierro de la ciudadanía en el mes de marzo del año pasado, al inicio de la pandemia. “Tenemos ahora más conocimiento, herramientas e instrumentos para intentar evitar tener que llegar a ese extremo”, dijo. La líder nacional de Ciudadanos sugirió tomar como referencia lo que están haciendo otros países europeos -en donde esas restricciones en algunos de ellos son durísimas- y se mostró convencida de que iba a ser necesario aplicar más controles fronterizos y aumentar las restricciones que afectan a la movilidad y a los encuentros sociales.

Hace tan solo dos días Arrimadas volvía a alertar de la gravedad de la situación, destacando que España había vivido “la jornada más negra desde abril”: No podemos normalizar tanto dolor. El Gobierno debe tomar conciencia de la situación“.

Desde entonces la situación ha ido empeorando. En este momento hay tres comunidades con una tasa acumulada superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, y Castilla y León, en donde Ciudadanos gobierna con el PP, está entre ellas. Las cifras de Madrid son también alarmantes aunque con cierta “tendencia a la baja”. Pero mientras el gobierno castellano y leonés ha optado por mantener la prudencia, en la capital el Gobierno del PP y Ciudadanos creen que es hora de relajar las normas para salvar la hostelería, apuntando mejor a reforzar la campaña de vacunación.

“Nada nos dice que por cerrar los bares nos vaya a ir mejor. Al Covid no lo matan las restricciones, con el Covid acabaremos a través de la vacuna y los test”, ha sentenciado este viernes el vicepresidente Ignacio Aguado. En la Comunidad de Madrid, ya planean suavizar a partir de la próxima semana el horario de cierre de bares y restaurantes y también el toque de queda.

Son los primeros presupuestos en año y medio del Gobierno de coalición. Isabel Díaz Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos) anunciaron el acuerdo por sorpresa hace nueve días en un acto solemne que no figuraba en la agenda de la Comunidad de Madrid. No dieron cifras ni detalles, pero oficializaron un acuerdo que no había sido posible en los primeros 18 meses de legislatura. Semana y media después de aquel anuncio, esas cuentas siguen siendo secretas.

Ni los medios de comunicación ni sus otros socios de coalición, Vox, ni tampoco la oposición han tenido acceso todavía al proyecto de presupuesto que emanó de un acuerdo entre PP y Ciudadanos que tardó en llegar por discrepancias entre ambas formaciones. Ayuso ya había tenido que prorrogar un año más las cuentas de 2019 –las últimas aprobadas por el entonces presidente autonómico Ángel Garrido, hoy consejero del Gobierno regional en las filas de Ciudadanos–, pero el 25 de enero de este año la presidenta madrileña y su vicepresidente comparecieron para informar de que habían llegado a un consenso. Los detalles siguen siendo una incógnita. Ni Ayuso ni Aguado quisieron precisar ese día ni los siguientes hasta hoy aspectos básicos del mismo como el montante global de las cuentas, sus principales partidas o la previsión de ingresos y gastos. Lo justificaron argumentando que el socio preferente, Vox, tenía que ser el primero en conocer los pormenores de las cuentas. A juzgar por las palabras de sus portavoces, tampoco la formación de extrema derecha los conoce aún.

El partido que en Madrid lidera Rocío Monasterio dice no haber recibido a día de hoy ningún borrador con el que comenzar las negociaciones. Aquel mismo 25 de enero, Ayuso y Aguado se reunieron con Monasterio, en un encuentro al que también se unió el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. “En ella me informaron de que había un borrador”, dijo Monasterio al día siguiente. “Esperemos que en los próximos días nos lo presenten”, añadió. Ese borrador aún no ha llegado.

Este martes, el diputado de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, que sustituyó a Monasterio –de campaña por Catalunya– en la habitual rueda de prensa de portavoces parlamentarios, insistía: “Pedimos que nos mande toda la información para poder valorar ese proyecto que dicen que tienen”. Fuentes del partido de Santiago Abascal sostienen que “no ha cambiado nada” desde hace una semana y recuerdan la petición de Monasterio de reunirse en un bar a las 21 horas para valorar el proyecto que aún no ha sido entregado.

Las negociaciones por tanto siguen congeladas entre los tres socios a la espera de que el Gobierno envíe a Vox un proyecto de las cuentas. No es la versión que este miércoles el vicepresidente y portavoz regional, Ignacio Aguado, ofrecía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Aguado aseguraba que ya se han producido varios encuentros con la formación ultraconservadora y añadía que esperan “cuanto antes” sus propuestas. El dirigente de Ciudadanos –que ya acepta sin reticencias el apoyo de los de Abascal– evitaba llamarlo borrador y afirmaba que “Vox cuenta ya con toda la información”.

“Llevamos ya una semana en conversaciones, intentando acercar posturas, tienen nuestro acuerdo”, insistía, a la vez que urgía a cerrar “cuanto antes” un pacto para los presupuestos de 2021. “Por la urgencia y la excepcionalidad, no podemos perder mucho más tiempo. Hay que llevar el proyecto a la Asamblea lo antes posible”, reiteró Aguado dirigiéndose a Vox. “Esperamos una propuesta formal a poder ser esta semana, cada día que pasa sin tener presupuestos es un día perdido para ayudar a miles de familias y a miles de empresas”. “Necesitamos lanzar el salvavidas cuanto antes para que la situación de vulnerabilidad no sea irreversible”, se explayó Aguado.

En privado, dirigentes de PP y Ciudadanos reconocen que la estrategia pasa por presionar a Vox para que apoye las cuentas sin demasiadas condiciones acogiéndose a la urgencia del momento. Deben ser los presupuestos que empiecen a abordar la reconstrucción tras un año de crisis sanitaria que ha derivado en una económica. También tienen que ser las cuentas que opten a la financiación de los fondos europeos. La urgencia no es poca, aunque fueron los socios de Gobierno los que esperaron hasta finales de enero para sellar la paz interna que les permitiera abrir las negociaciones al resto de formaciones.

En la formación de Santiago Abascal insisten en que “no tiene prisa” y que cuando reciban el acuerdo de la coalición lo estudiarán “partida a partida”. De momento, el reloj sigue corriendo. Y los tiempos parlamentarios son inamovibles. Aunque Vox aceptase el proyecto sin alargar demasiado la negociación, no entrarían en vigor hasta por lo menos finales de marzo.

“Si en Vox se ponen muy pesados, el Gobierno puede acabar presentando un borrador en la Asamblea para que se retracten, que le digan a la gente en un momento de emergencia como este que no los quieren apoyar”, dice un dirigente de Ciudadanos a este diario. La estrategia, de momento, no asusta a Vox, que insiste en que hasta que no haya un borrador a ellos no se les puede achacar falta de voluntad para sacar las cuentas adelante.

Algunos consejeros reconocen en privado su preocupación por que el acuerdo no llegue hasta verano: “Será imposible ejecutar un presupuesto con la situación actual de por medio en apenas seis meses. Es una locura”, asegura un miembro del Consejo de Gobierno.

Aguado insistía este miércoles en no dar más detalles de las cuentas argumentando que no quieren “confundir a los ciudadanos”. “El acuerdo no está cerrado con Vox y pueden variar arriba o abajo algunas cifras, pero cuando tengamos el acuerdo cerrado les aseguro que haremos una presentación oficial del presupuesto y ahí sí daremos detalles de sus cifras concretas como siempre hemos hecho”, explicó el vicepresidente.

Mientras, se van conociendo algunos detalles de la mano de la presidenta madrileña, promesas que Ayuso lanza en sus reuniones con los sectores a los que está viendo estos días. La dirigente del PP anunció este miércoles que incluirá una asignación presupuestaria con “un incremento histórico jamás visto en la región” de más de un 12% para la Cultura y el Turismo, consejería que depende de Ciudadanos. En este caso, no se le ha preguntado a Vox, que insiste en que sigue esperando un proyecto de presupuestos con el que sentarse a negociar.

“No he venido aquí para fotografiarme, sino para ayudaros”. Quien habla no es Pedro Sánchez a su llegada el domingo en todoterreno a la sede del Ministerio del Interior. Ni Pablo Casado durante su recorrido por un par de centros de salud para retirar nieve de los accesos. Tampoco Ignacio Aguado, tras la autopromo en la puerta de su propia casa, pala en mano y zapatos de ante impolutos, pidiendo a los vecinos colaboración en las tareas de limpieza para acabar cuanto antes con los efectos de Filomena, la madre de todas las nevadas caídas sobre Madrid.

La frase es del excanciller democristiano Helmut Kohl durante unas inundaciones que en 1997, en la frontera entre Alemania y Polonia, sacaron a relucir viejos resentimientos entre los dos países, pero sirvieron también para mostrar la cara amable del Ejército federal alemán y fortalecer la reunificación de las dos Alemanias después de que afrontaran aquella desgracia como una tarea nacional. 

Un año después, Kohl perdió las elecciones y cinco más tarde, el socialdemócrata Schröder siguió su ejemplo tras lograr una apretada victoria electoral después de unas nuevas inundaciones en Sajonia y a pesar de que las encuestas situaran a su opositor seis puntos por delante. Cuando las elecciones ya parecían perdidas, Schröder no dudó en remangarse la camisa y calzarse unas botas de agua, con lo que la intención de voto de los socialdemócratas comenzó a subir. La imagen, con la cara del canciller llena de barro, acaparó todas las portadas e inclinó la balanza en su favor hasta ganar las elecciones. En 2013, ante una nueva crecida, Angela Merkel evitó calzarse las botas de agua, pero sí peregrinó por todas las zonas afectadas y aprovechó para anunciar un paquete de ayudas inmediatas a los damnificados de 100 millones de euros.

Ni Casado es Kohl ni Sánchez es Schröder ni España es Alemania. Aquí lo que tenemos ante la desgracia sea de la dimensión que sea, además de una permanente confrontación, es una sobredosis de postureo que convierte a los políticos en pasto de memes para las redes sociales. Ya me dirán qué tenía que hacer Sánchez en el Ministerio del Interior que no pudiese hacer desde La Moncloa más que conseguir la primera fotografía de la mañana. O qué buscaba Casado a las puertas de un centro de salud más que parecer que hacía lo que no hizo, además de competir en autobombo con el presidente del Gobierno. O qué pretendía, además de la mofa que provocó entre el respetable, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, plantado en la puerta de su domicilio vestido de domingo para arengar a los vecinos a que tomaran las calles con sus palas. De Ayuso es de agradecer que, pese a la tardanza en aparecer ante la opinión pública, no añadiese una nueva fotografía a su colección y no nos sorprendiera, como hizo su pareja, haciendo snowboard por las calles de Madrid mientras las autoridades pedían a los madrileños que se quedaran en sus casas. 

Aquí los únicos que han estado al pie del cañón -además de los ministros de las áreas afectadas, los consejeros del ramo y los alcaldes de ciudades grandes, pequeñas y medianas- han sido los de siempre: médicos, enfermeros, sanitarios, bomberos, policías, guardias civiles y militares, en especial la UME, esa “ensoñación faraónica de Zapatero”, que fue como desdeñó su creación la misma derecha española que hoy jalea sus éxitos. 

Y con todo hay que felicitarles porque en estas 72 horas posteriores a la llegada de  Filomena no se hayan tirado los trastos a la cabeza y acusado mutuamente de las consecuencias. En las últimas 24 ya vuelven por sus fueros y apuntan maneras. Ya saben aquello de la ley de Murphy y de que cualquier situación es susceptible de empeorar. Si en este país, los políticos se han despellejado por el COVID-19, por las mascarillas, por el estado de alarma, por las vacunas, por los fondos europeos y hasta por el asalto al Capitolio, no tardarán en hacerlo por la gran nevada y por la declaración o no de Madrid como zona catastrófica. Ya han empezado. 

Las buenas palabras sobre el aceptable nivel de coordinación entre administraciones durante el fin de semana no fueron más que una falsa tregua. Mañana, a lo sumo pasado, ya estarán de nuevo a la gresca. Y así hasta que todos nos declaremos “empachados”, como ha hecho Iñaki Gabilondo antes de despedirse y notificar su “cambio de domicilio” por tanto “enconamiento partidista” y “tanta lucha encarnizada”. Al menos con su retirada diaria de las ondas, él se va con el deber cumplido y dejando tras de sí una legión de incondicionales. Está por ver que de otros, pasado el tiempo, se pueda decir lo mismo.

El caos generado principalmente en Madrid por el paso de la borrasca Filomena ha dado pie a una ola de populismo a la que se han sumado políticos de distinto signo –casi todos de PP y Ciudadanos, pero también del PSOE– que han querido difundir a través de las redes sociales su contribución personal para paliar las consecuencias del temporal, después de que los servicios públicos se vieran sobrepasados, dejando calles anegadas de nieve y hielo y coches atrapados en las carreteras.

Después de que el domingo, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, dejaran en manos de los ciudadanos la lucha contra la nieve y el hielo en Madrid, instándoles a “limpiar” con sus propios medios las calles anegadas por el temporal, dirigentes políticos de PP y Ciudadanos quisieron en las últimas horas presumir de haber seguido a pies juntillas la consigna de los dos mandatarios madrileños, a los que sostienen ambos partidos en sendos gobiernos de coalición en la comunidad y el ayuntamiento.

Sus gestos, difundidos calculadamente a través de las cuentas oficiales de Twitter, llegaban apenas dos semanas después de que las derechas arremetieran con dureza contra el Ejecutivo central por la “propaganda” que a su juicio supuso la pegatina con el logotipo del Gobierno de España que lució el primer lote de vacunas del coronavirus que llegó al país, el pasado 26 de diciembre.

A primera hora del domingo, el PP de Madrid publicaba una imagen de Almeida empujando coches atrapados por la nevada. “Uno más”, escribió la cuenta oficial del partido en el tuit en el que incluyó la citada fotografía, que después fue compartida por numerosos dirigentes madrileños y estatales de las filas populares. Unas horas después, el mismo domingo, esa misma cuenta difundía una breve grabación en la que podía verse al líder nacional del PP, Pablo Casado, pala en mano, limpiando parte de la nieve acumulada a las puertas de un centro de salud de la capital. “Los pies en el barro. ¡Bravo presidente!” tuiteó el PP de Madrid.

La cuenta del partido a nivel estatal también retuiteó otro mensaje del periodista Fernando H. Valls, en el que se podían ver imágenes de Casado limpiando la nieve. Según explicaba el informador, el líder del PP realizó esta labor “en varios centros de salud de Madrid donde se hacen pruebas COVID”. El gesto recibió no solo la aprobación sino también el halago de otros dirigentes populares como la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que celebró que su máximo jefe estuviera “pala en mano al servicio de los españoles”.

La iniciativa de Casado provocó sin embargo críticas por parte del Gobierno central. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, aseguró este lunes en una entrevista en TVE que el Ejecutivo estaba trabajando para que el impacto de Filomena fuese menos dañino mientras que el presidente del PP se dedicaba a realizar “actos de cara a la galería” que “tienen poca contribución” para los ciudadanos. “Casado puede coger una pala, otros fueron a hacer muñecos de nieve y otros se tiraron bolas: cada uno disfrutó de la nieve como quiso”, ironizó el ministro, que recordó que “no todo el mundo tiene una pala en su casa para bajar a hacer ese servicio” que, según apuntó, “corresponde a los servicios públicos”.

Casado no fue el único que se fotografió pala en mano, limpiando las calles de nieve. También lo hizo el domingo el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que a través de un breve vídeo difundido desde su cuenta de Twitter animaba a los ciudadanos de la región a que, como él, cogieran una pala y retiraran la nieve de las calles. “Animaos y vamos a demostrar que seguimos siendo una región y un pueblo solidario Ayudemos a nuestros vecinos y a los operarios que están trabajando mañana, tarde y noche para limpiar las calles. Vamos Madrid”, zanjó.

Minutos después publicó otro tuit en el que podía verse la calle algo más despejada: “Así ha quedado la acera de mi calle después de quitar la nieve. Si tienes una pala, no dudes en bajar a tu calle y abrir caminos. Es importante para evitar que las heladas de los próximos días nos hagan resbalar”, escribía el vicepresidente madrileño.

Otro dirigente regional que también contribuyó personalmente a la limpieza de las calles fue el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, al que también se le fotografió retirando nieve con una pala. En este caso, sin embargo, las imágenes no fueron difundidas ni por su perfil personal, ni por ninguna cuenta oficial del PSOE, sino que fueron recogidas por el diario local alcabodelacalle, que, según explica, también pudo ver realizando esas labores a la portavoz del PP en la ciudad, Noelia Núñez.

Quienes sí quisieron difundir su propia contribución personal a limpiar las calles fueron los concejales del PP de Soto del Real (Madrid) con un tuit irónico, compartido por la cuenta oficial de los populares madrileños, en el que aseguraban estar “sentados en el sofá” aunque se les veía cargando palas de nieve. También el PP de Majadahonda hizo alusión a otra cuenta particular en la que se podía ver una imagen del alcalde de la localidad, el popular José Luis Álvarez Ustarroz, empujando a un vehículo que se había quedado atrapado en la nieve. “Es nuestro alcalde”, celebró la agrupación local en la misma red social. El PP de Madrid también publicó fotos de la secretaria general del partido, Ana Camíns, realizando la misma tarea de limpieza.

Por parte de Ciudadanos, la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, quiso dejar claro a través de otro tuit que ella había participado también personalmente en la limpieza de las calles. “Yo no tengo formación y acabo de limpiar veinte metros de hielo con dos vecinos y una bandeja de horno a falta de pala”, escribió el domingo, tratando de responder a un ciudadano que cuestionaba que cualquiera pudiera realizar esas labores asignadas a funcionarios públicos. “Ayudando a despejar el camino para sacar el 4x4 de la Junta para poder atender urgencias y dar servicio a los vecinos. Gracias a la UDC (Juan XXIII), y a los vecinos voluntarios coordinados por Participación Ciudadana de la Junta (Siete Estrellas)”, señaló, por su parte, el concejal presidente de los distritos de San Blas-Canillejas y Vicálvaro de Madrid, el también dirigente de Ciudadanos, Martín Casariego.

El concejal madrileño Ignacio Benito, del PSOE, compartió asimismo en su perfil de Twitter que el sábado pasó la noche “acompañando a siete conductores de las líneas 58, 63 y 145” de la EMT “atrapados” en la carretera. “No pueden estar ni sentirse solos. Y quienes tenemos responsabilidades en la Empresa y el Ayuntamiento, pese a que no sea gestionando ni tomando decisiones, es lo mínimo que podemos hacer”, aseguró él desde su perfil personal.

El Gobierno de PP y Ciudadanos de la Comunidad de Madrid ha iniciado una nueva guerra contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante su intención de hacer modificaciones en el sistema fiscal dirigido a una mayor armonización entre las distintas comunidades para evitar el conocido como dumping fiscal que se genera en algunos territorios, como el madrileño, por tener bonificados los impuestos de patrimonio y sucesiones o donaciones. Son tributos que el Estado cedió a las comunidades autónomas para corresponsabilizarlas en la gestión de los gastos y los ingresos y que los gobiernos del Partido Popular en Madrid pretenden llevar a cero, a base de bonificaciones. El punto de inflexión se produjo raíz del pacto anunciado por ERC en el marco de la negociación presupuestaria para crear un grupo de trabajo que analice esa cuestión, aunque el Gobierno sostiene que ya pretendía llevar a cabo una reforma que evite la competencia desleal entre comunidades autónomas.

El debate ni siquiera es nuevo ni exclusivamente de este Gobierno. Ya en 2017, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, los expertos para la reforma de la financiación autonómica que puso en marcha el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, del PP, plantearon una revisión de esos tributos para fijar tipos mínimos que evitasen distorsiones entre territorios.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido no obstante hacer campaña contra el Gobierno sobre esta cuestión y ha anunciado que se opondrá “por todas las vías”, incluido el recurso al Tribunal Constitucional, si el Gobierno resta competencias a las comunidades en materia fiscal. Este martes, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, se unía al discurso iniciado por Ayuso con un vídeo institucional que movió en sus redes sociales y que está plagado de falsedades e inexactitudes sobre qué supondría la armonización fiscal que aún estudia el Gobierno y el nivel de impuestos que se pagan en Madrid y en otras autonomías como Catalunya.

“Los separatistas catalanes, el PSOE y Podemos han iniciado una ofensiva, para tratar de subir los impuestos a todos los madrileños”.

Falso. Lo que propone el Gobierno es la puesta en marcha una comisión para estudiar la reforma fiscal integral que se enmarcará previsiblemente en la modificación del modelo de financiación autonómica que se empezará a trabajar desde febrero. Por lo tanto, todos los partidos políticos podrán participar en la definición y aprobación del nuevo marco fiscal.

También es falso que pretenda “subir los impuestos a todos los madrileños”, básicamente porque todavía no se conoce en qué línea irán los trabajos de dicha comisión. Lo que se ha avanzado es la posible aprobación de un mínimo de recaudación sobre algunos impuestos como el de Patrimonio, bonificado al 100% en la Comunidad de Madrid, o en Sucesiones y Donaciones, con una exención del 99%. A nivel de España ya hay un mínimo exento del Impuesto de Patrimonios sobre 700.000, euros, por lo que el cambio que se pretende es que haya un tope máximo de bonificaciones sobre las rentas más altas, de manera que no es cierto que el futuro cambio del marco impositivo afecte a todos los madrileños.

“Dicen que [los madrileños] pagamos pocos impuestos”.

Falso. La Comunidad de Madrid recaudó por tributos propios 2.164 millones de euros, un poco más que Andalucía (2.099 millones, pero bastantes menos que Catalunya (3.424 millones), pero la realidad es que hay figuras impositivas, las que afectan a los más ricos, como el Impuesto de Patrimonio, por la que Madrid solo recaudó 1,9 millones ese mismo año mientras que Catalunya ingresó 554 millones, Valencia cobró 152 millones y Andalucía, 86 millones.

¿Cómo compensa Madrid esa caída de recaudación? El efecto capitalidad tiene un impacto directo ya que la región tiene muchas sedes de empresas y, por ejemplo, tiene como una de las principales vías de ingresos al Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales, que recoge cualquier transmisión patrimonial –desde la compraventa de un inmueble pasando por fianzas, alquileres, promesas y opciones de contratos, pensiones y concesiones administrativas–, con una recaudación de 1.162 millones, frente a Catalunya (1.525 millones) o Andalucía (1.144 millones), según datos de la Agencia Tributaria. Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto que tiene ese efecto capitalidad en sueldos más altos a la hora de la recaudación por IRPF, ya que todos los ministerios, los principales tribunales del país y las grandes empresas se encuentran en Madrid. De hecho, Madrid es la comunidad con un un salario medio mensual más alto, de 2.264,58 euros, seguida de el País Vasco (2.241,8 euros) en 2018, según el INE.

“Si aplicásemos la fiscalidad de Catalunya a la Comunidad de Madrid cada familia madrileña pagaría 2.000 euros más al año de lo que está pagando a día de hoy”.

Falso. Aguado no especifica qué tipo de familia, el número de hijos, si son rentas del trabajo o del capital, ni a qué impuestos se refiere, con lo que es imposible saber de dónde sale esa cifra. Para aclarar un poco, Madrid tiene un tipo mínimo autonómico del IRPF de los más bajos, el 9% (18,5% junto al estatal) –Ayuso ha anunciado que lo quiere bajar más– y el más bajo entre los tipos máximos, 21% (que pasa a ser del 43,5% agregado el Estatal). Es decir, los que cobran menos y los que cobran más pagan menos impuestos en Madrid que en otras comunidades autónomas, mientras que las personas con una renta media pagan más o prácticamente lo mismo.

De hecho, en el último informe Panorama Fiscal del Consejo General de Economistas de España se hace una comparativa en el que se muestra cómo un contribuyente que obtiene únicamente rentas del trabajo, soltero, menor de 65 años y sin hijos con un sueldo de 20.000 euros pagaría en Madrid un IRPF de 2.269 euros, mientras que en Andalucía tendría que abonar 2.338 euros y en Álava 2.185 euros. Mientras que para un sueldo de 110.000 euros, con las mismas condiciones del contribuyente, se pagan 36.235 euros de IRPF, el importe más bajo de España, mientras que en Navarra tendría que pagar 38.547 euros y en La Rioja se abonan 38.192 euros.

“Si un hijo o una hija heredan en la Comunidad de Madrid de sus padres 160.000 euros, el valor aproximado de una vivienda pequeña, a día de hoy estaría pagando 22 euros de impuestos. Con la fiscalidad que se aplica en Cataluña tendría que pagar 2.200 euros, casi 100 veces más”.

Aguado mezcla conceptos y cantidades para crear confusión ya que en cada comunidad autónoma hay diferentes bonificaciones y exenciones o multiplicadores que hacen muy complejo definir el pago por una herencia, pero además, la legislación cambia mucho por heredar un inmueble o cobrar una cantidad de dinero en la herencia. En caso de que fuera la vivienda habitual, tanto en Madrid como en Cataluña este impuesto tiene una bonificación del 95%, pero en Madrid la limitación llega a 123.000 euros mientras que en Cataluña alcanza los 500.000 euros, aunque si son varios herederos el límite individual para cada sujeto pasivo no podrá ser inferior a 180.000 euros. Pero si atendemos a la normativa de cada comunidad, en una herencia con una base liquidable de 159.888 euros el tipo aplicable es del 21,25% en Madrid mientras que en Catalunya hasta una base liquidable de 150.000 euros el tipo es del 17%. Pero luego en Madrid hay una bonificación del 99% para los hijos mientras que en Catalunya esa bonificación es del 95%.

“En lo que va de año 433 empresas han huido de los sablazos fiscales del separatismo y han venido a la Comunidad de Madrid”.

La Gobierno regional no explica de dónde sale esa cifra, pero un estudio de Informa D&B, filial de la compañía Cesce, que recoge los cambios de domicilios fiscales de las empresas por comunidades, establece que en los tres primeros trimestres del año 352 empresas de Catalunya se mudaron a Madrid, aunque también hubo cambios a la inversa: 131 empresas dejaron Madrid para instalarse en Catalunya. Si se bucea un poco más en los datos, se observa cómo en el primer trimestre la comunidad más perjudicada del cambio de domicilio a la capital no fue la catalana, sino Murcia: 203 empresas se mudaron de esa autonomía a Madrid en los tres primeros meses del año. En el segundo semestre fue Andalucía con 47 empresas.

Además, Aguado habla de que el motivo fueron los “sablazos fiscales” que aplica Catalunya. La realidad es que el impuesto de sociedades, el que pagan las empresas por sus beneficios, es igual para el conjunto de España, a excepción de País Vasco y Navarra donde se aplica el concierto económico. Es cierto, no obstante, que las empresas sí pueden ahorrarse una alta suma de dinero en el IRPF de los directivos y además, como se mencionaba anteriormente, Madrid tiene unos tipos muy bajos tanto en el Impuesto de transmisiones patrimoniales como el de Actos Jurídicos Documentados Madrid, aunque hay otras comunidades como Navarra, País Vasco o Canarias que están al mismo nivel.

“Comunidades como Cantabria, Castilla la Mancha o Extremadura ya nos están imitando”.

Falso. Ninguna de las tres comunidades autónomas ha aplicado rebajas fiscales como las de Madrid en sus últimas cuentas ni en las que están tramitando. Ni Patrimonio ni Donaciones ni el IRPF se han tocado a la baja, aunque el PP lo haya intentado en alguno de esos territorios desde la oposición presentando enmiendas a las cuentas en esa dirección, como es el caso de Castilla-La Mancha.

En Cantabria, por ejemplo, donde gobiernan en coalición el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el PSOE anunciaron la congelación de impuestos este año por la pandemia y tienen pendiente una reforma fiscal que han parado por la situación actual, pero que va más en la línea de penalizar más a las rentas altas. Como novedad, el Gobierno de Revilla tanto este año como el anterior ha incluido medidas con desgravaciones fiscales para luchar contra la despoblación rural, rebajas impositivas en una dirección opuesta a la de Madrid. Es cierto, no obstante, que en el impuesto de Sucesiones sí han elevado los límites que no quedan exentos.

Extremadura, gobernada por el PSOE, sería la única comunidad que habría tomado medidas en esa dirección. Desde 2018 el impuesto de sucesiones tiene una bonificación del 99% de todas las herencias que pasen de padres a hijos, de hijos a padres y entre cónyuges. Es un paso más allá del que dio el PP con su reforma fiscal de 2015. En ella solo se bonificaba al 99% las herencias que pasaran de padres a hijos.

Las Donaciones también cuentan con bonificaciones del 99% en casos como donaciones de dinero a hijos y descendientes para la adquisición de primera vivienda habitual o de una vivienda que vaya a constituir la vivienda habitual. En cuanto al IRPF, la reforma más reciente rebajó el tipo más bajo, situándolo en el 9,5%. En 2018 el más bajo era del 10,5%. De este modo, los tramos van del 9,5% al 25%.

El pasado 28 de septiembre, el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el señor Ignacio Aguado, escribía en Twitter: “La imagen que estamos dando ambas administraciones no es la que esperan los madrileños y pido disculpas por ello”. El pasado 9 de octubre, volvía a hacerlo: “Lamentablemente los políticos hemos vuelto a fracasar. Las consecuencias las pagan los ciudadanos”.

No vamos a entrar a valorar la dudosa sinceridad de sus palabras cuando en ellas mete en el mismo saco a “los políticos”, como si la culpa fuera de la política en abstracto y él como vicepresidente no fuera responsable directo del despropósito de las últimas semanas. Pero dando por válidas sus disculpas, parece evidente que, cuando uno reconoce un error, éste debe ir acompañado de un compromiso de reparación. De lo contrario, las disculpas quedan como un gesto de cara a la galería, que quizás alivia al emisor, pero que no ofrece al receptor ninguna garantía de que no se vuelva a repetir en el futuro. Pedir perdón a secas es un paso que se queda corto sin las razones que expliquen el error y la voluntad de corregirlo.

Y los errores no han sido pocos ni menores. La Comunidad de Madrid lleva desde hace semanas siendo el epicentro de la pandemia después de cuatro meses sin hacer nada. Con el sistema sanitario completamente fuera de control, el Gobierno de Ayuso se negó a que los barrios y municipios que consideraban “de los suyos” se sometieran a los mismos criterios que los barrios y pueblos del Sur y el Este de Madrid. Mientras medio mundo tomaba medidas mucho antes y mucho más estrictas, en Madrid se elaboró mal la orden premeditadamente para que los tribunales la tumbara y el Gobierno central se viera obligado a intervenir. Y, con el mismo modus operandi que han usado siempre, han manipulado los datos para meter a los contagiados debajo de la alfombra. 

Por si no fuera suficiente, esta semana vamos de camino a otra negociación in extremis. La competición por ver quien hace la rueda de prensa más larga o carga con mayor eficacia la responsabilidad de la toma de decisiones en el de al lado, ha dejado de ser una práctica excepcional para convertirse en una auténtica filosofía de gestión patentada por Ayuso y consentida por Aguado. Lo único seguro es que ninguna de las partes de este gobierno ha alterado su orden de prioridades para situar de una vez por todas la salud en primer lugar. El silencio de Ayuso sobre los rastreadores que faltan o los recursos que necesita la Atención Primaria encuentra un aliado perfecto en el silencio de Aguado.

Con este panorama, y si realmente el señor Aguado está arrepentido con esta situación esperpéntica, si cree que se podría haber actuado antes, si cree que ha sido un error poner palos en las ruedas a las medidas que señala la ciencia, si cree que los madrileños y madrileñas han pagado injustamente la irresponsabilidad y el exceso de cálculo político de unos y otros, le animamos a que sea valiente y pase de las palabras a los hechos. Poner un tuit, mandar mensajes en clave en una entrevista y quedarse de brazos cruzados no evita que el desastre en Madrid se perpetúe.

Estamos convencidos de que en las filas de Ciudadanos, y sobre todo entre sus votantes, cada vez hay más gente que se encuentra incómoda, sin saber muy bien qué pintan sosteniendo a una presidenta como Ayuso. Es evidente que algunos están cansados del maltrato, el ninguneo y el menosprecio, o que incluso les preocupa que el balance de su aportación al gobierno se reduzca a la vergüenza e impotencia. Es comprensible que en Ciudadanos haya quienes no quieran resignarse a pedir perdón de boquilla cada vez que Ayuso se sale con la suya porque esa es precisamente la expresión de la vieja política que tanto critica siempre el señor Aguado: sostener un gobierno a sabiendas de que está tomando decisiones equivocadas.

Nosotros no vamos a tirar la toalla porque, en una situación tan grave como la que estamos viviendo, Madrid no se lo puede permitir. Por eso vamos a ofrecer diálogo para buscar una salida alternativa al caos negacionista de Ayuso, recordándole a Aguado que es él quien tiene la llave para librar a los madrileños del peligro público en el que se ha convertido el ejecutivo de Ayuso. No somos ingenuos, sabemos que nos separa un abismo, pero también sabemos que no debe haber ninguna diferencia que sea más importante que las vidas que se pueden salvar. Es tan sencillo como responder al dilema que él mismo planteó: ser virus o vacuna. Cuando elija vacuna, se habrá disculpado como es debido con los madrileños. Hasta entonces solo no pasará de ser un gesto para la galería.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha puesto todo su empeño en que el Grupo COVID-19 –del que forma parte–, que reúne cada martes al Gobierno regional con miembros del Ejecutivo central, funcione. Su estrategia completamente contraria a la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso –que ha optado por el enfrentamiento total con Pedro Sánchez– depende de que los trabajos entre la administración autonómica y la central prosperen. Por eso, a Aguado no le gustaron las palabras de su compañera de partido Begoña Villacís cuando este martes aseguró que el Grupo COVID “no va a servir para nada” después de que se decretase el estado de alarma. 

“Me voy a dejar la piel para que ese grupo exista”, decía el vicepresidente regional este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid donde iba a dar cuentas precisamente de los trabajos en estos encuentros. Aguado contestaba a la oposición pero algunos de sus compañeros de Ciudadanos también lo interpretaron como una respuesta indirecta a la vicealcaldesa de Madrid. “Villacís obvió quién lleva la voz cantante en las reuniones. Ignacio es el representante del Gobierno regional y su posición es que haya unión entre las partes en la lucha contra la pandemia. Sus palabras sentaron muy mal”, dice un diputado del partido en conversación con elDiario.es.

La división estaba servida. Y el PP aprovechó la ocasión para remarcarla públicamente. Cuando un periodista le preguntó a la presidenta regional si había división dentro del Gobierno de coalición sobre el estado de alarma, Ayuso espetó: “Depende de a quién preguntes dentro de Ciudadanos. Begoña Villacís está con nosotros”. 

La falta de sintonía entre los números dos de los gobiernos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid era ya conocida antes de la epidemia. Los que conocen a ambos limitan su relación a un trato de “compañeros” con “respeto mutuo”. Sus apariciones públicas juntos se limitan a los protocolarios actos oficiales y a los de las campañas electorales en las que han formado tándem y ni siquiera entonces con frecuencia. Mientras la vicealcaldesa de Madrid presume de su buena relación con el alcalde del PP, José Luis Martínez-Almeida; en Sol no esconden los recurrentes desencuentros entre la presidenta regional y su vicepresidente, Ignacio Aguado. 

De hecho, la relación entre Villacís y Ayuso es mejor que la que tiene la presidenta con su vicepresidente. Villacís fue una de las convocadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado viernes para tratar el ultimátum que Pedro Sánchez había impuesto al Gobierno regional para evitar el estado de alarma después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbara las limitaciones de movimiento del Ministerio de Sanidad. En el encuentro también estaban el vicepresidente regional, dos consejeros y el alcalde de Madrid. Fuentes conocedoras de la reunión destacan que la dirigente del PP escuchaba más las opiniones de la vicealcaldesa –que mantuvo, al igual que Aguado, que había que evitar el estado de alarma– que las de su número dos. La presidenta regional finalmente no salió a ofrecer la rueda de prensa por recomendación expresa de Villacís para evitar escenificar “más confrontación”. 

Las diferencias entre ambos se notan también a nivel orgánico. Fuentes del partido explican que Aguado se ha preocupado de rodearse de un grupo de fieles que mantiene no solo en la Asamblea sino sobre todo dentro del partido regional, algo que no ha logrado Villacís. Arrimadas, contraria a las 'baronías' a diferencia de lo que ocurre en PP y PSOE, no ha incluido al vicepresidente regional en su Comité Permanente ni a ningún otro dirigente autonómico.

Sin embargo, la líder de Ciudadanos lo ha revalidado como coordinador de Madrid, un nombramiento que aprobó la Ejecutiva del partido el pasado 28 de septiembre. Tras su designación, Aguado decidió rodearse de su gente –César Zafra, Paco Lara y Araceli Gómez– dejando en segundo plano a Villacís, que, aseguran fuentes del partido, “ha tenido que pelear para colocar al menos a algunos de los suyos”, aunque esta pugna es desmentida por fuentes cercanas a Villacís. A la ejecutiva autonómica han entrado como novedad el concejal de Urbanismo, Mariano Fuentes, y la concejala delegada de Deportes, Sofía Miranda. También como próximo a Aguado, el expresidente autonómico del PP, Ángel Garrido. 

La vicealcaldesa defendió, tras hacerse pública la revalidación de Aguado, que “no tendría sentido” que ella ostentara ese cargo y asegura que ocupa todo su tiempo en el municipalismo. Su peso a nivel orgánico en el partido como coordinadora local y parte de la Ejecutiva más amplia no ha crecido, pese a que siempre ha subrayado su relación de “amistad” con la nueva líder de la formación, Inés Arrimadas. 

A su favor, la vicealcaldesa cuenta con que suele salir muy bien valorada en las encuestas frente a su compañero de partido, Ignacio Aguado, a quien se le llegó incluso a complicar la candidatura a la Comunidad de Madrid cuando Albert Rivera aún lideraba el partido. El expresidente de la formación, siempre ha tenido palabras elogiosas hacia el trabajo de Villacís, pero menos para el de su homólogo, al que la propia vicealcaldesa respaldó cuando hubo fuertes rumores de que la anterior dirección riverista barajaba sustituirle en la candidatura a la CAM. Entonces, Villacís sonaba como candidata autonómica y Mario Vargas Llosa, cercano en esos momentos a Ciudadanos, para la Alcaldía. El tándem, finalmente, se mantuvo. 

Un año y medio después, la gestión de la pandemia por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso está acentuando sus diferencias. Villacís mantiene una posición más beligerante contra el presidente del Gobierno que la que defiende las últimas semanas el vicepresidente regional. Aunque siempre pidió “diálogo”, la vicealcaldesa llegó a justificar -tibiamente- el recurso planteado ante la Audiencia Nacional por el Gobierno de Ayuso cuando Sanidad obligó a cerrar Madrid a través de una orden, una acción a la que, sin embargo, se opuso sin ambages el vicepresidente. Las discrepancias son evidentes y en ellas, desde la semana pasada, también ha empezado a hurgar el PP, deseoso de atraer a sus filas a Villacís, una de las dirigentes con más tirón mediático de Ciudadanos.

Tengo un modelo de comportamiento presente con el que baremo a la gente que desprecio. Algo que me sucedió cuando aún estaba formándome intelectual y socialmente y que me marcó para comprobar hasta qué punto puede llegar la miserabilidad. Tenía 19 años y trabajaba en un bar de copas, cobrando en B y una miseria. El dueño del local se negaba a darnos de alta y enseñaba la puerta a cualquiera que pidiera una mejora en las condiciones de trabajo. Un día, nos reunimos todos los trabajadores: camareros, puertas y el pincha. Concertamos que antes de empezar la jornada exigiríamos que se nos diera de alta y cobrar más por noche. Todos estuvimos de acuerdo y convenimos que yo sería el que hablara. Llegó el jefe y le expuse lo que habíamos acordado. Entró en cólera, nos amenazó con despedirnos a todos y preguntó a los demás si estaban de acuerdo con lo que acababa de decir. Todos, absolutamente todos, agacharon la cabeza y se callaron. Me echaron del trabajo. Cada vez que pienso en Ignacio Aguado recuerdo ese día.

Los madrileños están sufriendo una gestión negligente carente de empatía y que está asolando la moral de los más vulnerables. La incertidumbre, el cansancio y la sensación de desamparo acompaña el relato cotidiano de los que menos medios tienen para defenderse de la incompetencia que gobierna en Madrid. Hay una persona que podría terminar con esta situación. Solo una. Y se llama Ignacio Aguado. Pero en vez de erigirse como un hombre que aproveche la situación en la que el destino le ha puesto, la de aportar algo de calma a un pueblo vapuleado por una presidenta histriónica y más cerca del desequilibrio que de la estabilidad mental, ha decidido ejercer de camandulero.

Ignacio Aguado es alguien que se diluye cuando tiene que ejercer. Cuando hay que pasar a la acción se disuelve como un azucarillo. Alguien con miedo a levantar la voz cuando al que se dirige tiene más poder que él. Ni marcándole el camino uno de los suyos dimitiendo es capaz de sacar coraje y ganar algo de dignidad, aunque sea a sus propios ojos. La acción política de Ignacio Aguado es homeopática. Aguachirri en cualquiera de sus acepciones. Un café de achicoria transparente que provoca una deposición fecal en estado acuoso, que es la segunda acepción del aguachirle.

El vicepresidente se cree un archipámpano pero no es más que un paniaguado. Un perfecto ejemplo del paniagudismo patrio que tantos réditos ha proporcionado a los de su estofa. Porque, como decía José Pijoán, estos especímenes están en el cargo para dejar correr el sueldo y, mientras el sueldo corra, el paniaguado se parapeta. Seamos concretos, ¿para qué sirve el vicepresidente?

Su cargo es meramente accesorio. No sirve para nada. Escribe tuits anunciando acuerdos que su Gobierno rompe un día después. Se queja por la judicialización de la guerra entre el Gobierno del que forma parte y el de la nación y un día después se presenta un recurso en la Audiencia Nacional. Es un perfecto paniaguado, alguien que no cuenta ni para sus propios compañeros. Un perfecto don nadie incapaz de influir ni aun siendo el número dos de un Gobierno de coalición que precisa de su voto para subsistir. Si en esas condiciones su opinión no cuenta tendría que aceptar las señales. Aguado es también portavoz del Gobierno. Un cargo que sirve para comerse los marrones y ocurrencias de su jefa sin ser ni siquiera informado. Ha aprendido a tragar fuerte y enseñar la nuez, algo que siempre viene bien teniendo las manos tan blandas.

Decía Julio Caro Baroja que una de las mejores maneras que había para triunfar en la vida pública era ser un ignorante lleno de osadía o un paniaguado de los que en la Universidad llamaban “hijos de papá”. Son todas formas válidas de definir la actitud de estos días que se ha hecho carne en Ignacio Aguado.

La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso presentará este viernes un recurso ante la Audiencia Nacional con el que intentará frenar la orden del Ministerio de Sanidad que le obliga a cerrar perimetralmente –además de otras medidas restrictivas– diez ciudades de la región, entre ellas la capital. El Gobierno regional pedirá medidas cautelares que de ser concedidas frenarían las restricciones impuestas por Sanidad. Las medidas entrarán esta noche en torno a las 22 horas en vigor, confirman fuentes del Gobierno regional.

La decisión de acudir a los tribunales divide al Ejecutivo de Ayuso: Ignacio Aguado, vicepresidente madrileño, mostraba después su desacuerdo. La presidenta regional aseguraba ese mismo día por mañana en la Asamblea de Madrid durante el Pleno autonómico, que acataría las medidas. “Este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta”, manifestaba Ayuso. “Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente”, continuaba la dirigente del PP, que entonces no informó de que su gobierno planeaba solicitar medidas cautelares con las que podría conseguir paralizar las restricciones si el juez se las concede.

A la vez que se conocía este nuevo movimiento del Gobierno de Ayuso para no acatar la orden de Sanidad, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, aseguraba en una entrevista en TVE que esta decisión “es de la presidenta” y no la comparte. Aguado defendió que no considera que “el mejor lugar para buscar soluciones” al “drama” de las muertes por coronavirus sean los tribunales. “Yo prefiero sentarme en una mesa y hablar. Las sentencias judiciales pueden tardar semanas en llegar y no tenemos semanas. La división, la confrontación, el tratar de solucionar los problemas a garrotazos, causa muertes. La unidad salva vidas y cada día que dejemos pasar en rifirrafes políticos es un día que perdemos para salvar vidas”, lamentaba Aguado.

El dirigente de Ciudadanos incidía en que la decisión de acudir a los tribunales es de la presidenta: “Ella tiene la última palabra”. A su juicio, él tiene “la obligación moral de buscar soluciones políticas” para anticiparse y ganar tiempo y vidas. “Necesitamos sentarnos, pactar medidas y generar certidumbre a los españoles que lamentablemente están viendo un espectáculo que no se merecen”, reprochaba el vicepresidente madrileño.

El Ejecutivo autonómico dará más detalles este viernes del recurso en una rueda de prensa que ofrecerán el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.

El acuerdo del Consejo Interterritorial que implica cerrar la movilidad de Madrid y otras ciudades de incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días se publicaba este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde el Ministerio que encabeza Salvador Illa informaban de que la orden se notificó a las comunidades anoche y “no precisa de una nueva publicación en el BOE”.

El documento da 48 horas a las comunidades para adoptar estas medidas desde que tienen conocimiento de que hay localidades que superan los umbrales, pero en el caso de los municipios a los que afecta ya –como ocurre en diez ciudades de la Comunidad de Madrid– el plazo es desde la “notificación” de la orden. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid tenía hasta la noche del viernes como máximo para publicar la resolución en su boletín.

Las restricciones a la movilidad en diez municipios de la Comunidad de Madrid afectan a la propia capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas.

Preside la Comunidad de Madrid, una empresa con casi cuatrocientos mil trabajadores públicos , igual que el número de habitantes que hay en Murcia capital, y maneja un presupuesto superior a los veinte mil millones de euros.

Con el corazón en la mano: ¿Creen que la Sra. Ayuso está preparada para capitanear una de las mayores empresas del país?

Sus propuestas son un insulto a la inteligencia, algunas de sus declaraciones bailan con la simplicidad, sus mensajes están llenos de infantilismo y encima se fue a vivir a un apartamento de lujo en medio del Estado de Alarma, y se rio de media España en nuestras narices cuando nos enteramos lo que iba a pagar.

Sus menús de pizzas y coca colas, sus ocurrencias, sus frases descoordinadas y sin estructura gramatical, sus sentencias que parecen sacadas de un libro de esos que recogen algunas respuestas de alumnos y que nos hacen sonrojar al ver nuestro nivel educativo, son tan solo la punta del iceberg.

Lleva razón el desconcertante Aguado, su vicepresidente que optó por tener por encima a una incompetente que le hiciera a él más grande y más listo, en vez de apostar por Gabilondo y aprender de la experiencia, cuando dijo que la ciudadanía no está pensando en mociones de censura.

Claro que no Sr Aguado, la ciudadanía se está preguntando que han hecho para merecer al peor gobierno regional en la peor crisis que se recuerda, pero sobre todo, no se entiende que Ciudadanos siga respaldando a una presidenta que está demostrando que el cargo le viene demasiado grande, poniendo en entredicho a su propia organización. ¿A qué espera Arrimadas para demostrar que Ciudadanos aún tiene algo de dignidad?

Casado, el líder del partido popular, dijo por activa y por pasiva que la gestión de Ayuso era su modelo, que si alguien quería saber cómo hubiera él gestionado está pandemia, en la Comunidad de Madrid tenía la respuesta.

Hoy por tanto ya sabemos las propuestas que hay encima de la mesa. Casas de Apuestas si, parques no, el sur confinado, el norte ejemplo de libertad, la clase trabajadora paga otra vez la fiesta, y los inmigrantes se convierten en la diana fácil para esconder sus propias miserias e incapacidades.

El pasado viernes, la doble 'A' (Ayuso & Aguado) en rueda de prensa anunció sus medidas, prácticamente las mismas que llevamos impuestas en la Región de Murcia desde hace semanas, incluida la alfombra roja que se pone al 'lobby' de las Casas de Juego, y el resultado salta a la vista.

Mientras estemos en manos de aficionados seguiremos al frente de los países con mayor número de contagios, no puede ser que nuestro consejero de salud pida que la sociedad murciana se confine voluntariamente y el mismo día se convoquen oposiciones, eso se llama descoordinación e incoherencia, los mismos adjetivos que podemos trasladar a la comunidad madrileña.

Y mientras aquí nos confinamos, en Francia, miles de aficionados han disfrutado viendo el Tour por sus carreteras y puertos, es la diferencia otra vez entre el norte y el sur, al igual que la vecina Portugal, que su mejor noticia es que no hay noticias, dos repúblicas hijas de sus propias revoluciones, mientras nuestro ADN es el que es.

El pasado viernes el Gobierno de Madrid dio una rueda de prensa en la que, entre otros muchos dislates, el vicepresidente, Ignacio Aguado, dijo que “los madrileños teníamos que elegir entre ser virus o vacuna”.

Tras meses sin rastreadores ni medidas eficaces de contención de los rebrotes, tras años denunciando el déficit de profesionales de Atención Primaria o el raquítico gasto en sanidad por habitante y tras semanas reclamando responsabilidad y recursos al Gobierno de la señora Ayuso, nos encontramos que el problema es un problema de libertad y responsabilidad individual porque los y las madrileñas hemos elegido ser virus frente a vacuna. La responsabilidad por la falta de rastreadores, sanitarios, protocolos, investigadores, laboratorios públicos, refuerzos en Atención Primaria y Salud Pública, ya tal, que diría aquel.

El epidemiólogo de la Universidad de Harvard, Miguel Hernán, ha intentado explicar cómo es posible que Madrid se haya convertido en la capital global de la Covid-19. Para ello, ha comparado la evolución de Nueva York, ciudad muy golpeada antes del verano, con la situación de Madrid, tristemente renombrada como epicentro de la pandemia en Europa.

La conclusión que Hernán ha encontrado es tan simple como obvia: las respuestas que se han dado en un caso y en otro han sido “significativamente diferentes en términos de rastreo de contactos, número de pruebas y velocidad de reapertura”. Las principales medidas que explican la disparidad entre un caso y otro son dos: los rastreadores y la celeridad en la apertura del interior de los bares y restaurantes. 

La gestión de Ayuso (y de Aguado) ha caminado en dirección opuesta a la de Nueva York, ya que han hecho todo lo posible por apurar una total apertura sin ni siquiera estar preparados para la fase 1 y, posteriormente, han sido incapaces de contratar ni a los rastreadores necesarios ni a los refuerzos en Atención Primaria y Salud Pública que la situación demandaba. Su gestión sanitaria se ha convertido también en un peligro económico, puesto que, hundiendo a la sanidad están hundiendo a la economía.

Me queda la duda de si la frase en la que Ayuso anuncia “si se hunde Madrid, se hunde España” es una amenaza, una profecía o ambas. No, no había que elegir entre economía o salud, había que priorizar. Pero priorizar la salud parece que no está dentro de los manuales del buen neoliberal, y mucho menos si de lo que estamos hablando es de la salud de los barrios populares castigados reiteradamente por las políticas de desigualdad, la falta de recursos sanitarios y, ahora, las medidas restrictivas segregatorias. 

Cuanto más evidente resulta que la gestión de Ayuso es un desastre, más se aferra a un negacionismo de la situación y más se encierra en un victimismo narcisista como vía de escape ante su incapacidad de hacerse con el volante de la situación. Tanto es así que, con tal de eludir su responsabilidad, incluso llega a culpar de los contagios a la gente que vive en los barrios del sur de Madrid por su “forma de vida” o porque “han incumplido las normas”, castigando y cargando sobre ellos la responsabilidad de sus fallidas recetas políticas y de su incomprensible inacción de gobierno.

Qué lástima que nadie en todos los años de gobierno del Partido Popular le haya dedicado ni un minuto de su vida política a conocer los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) que hablan de las condiciones de vida -no de las formas de vida- y de la desigualdad como los principales factores que enferman a una sociedad. Se habrían podido ahorrar el injusto y bochornoso anuncio de los confinamientos selectivos y segregatorios y habrían podido elegir -ellos sí- entre virus o rastreadores y virus o sanitarios.

Ayuso no representa una anomalía ni tampoco una extravagancia en el Partido Popular, más bien es su fiel heredera y la expresión desnuda del espíritu que abandera el Partido Popular de Madrid. Ayuso mantiene el proyecto político centrado en ampliar la desigualdad, denigrar a los servicios públicos y blindar los negocios de las empresas amigas. Es el mismo proyecto de región que ha vaciado a la educación y la sanidad pública de recursos con la finalidad de promover la desafección de la población con los servicios públicos.

El mismo proyecto que se enorgullece del informe demoledor que presentó el relator de la ONU, Philip Alston, denunciando el denigrante estado de las políticas sociales y de vivienda de Madrid. La libertad de Ayuso solo le pertenece a quienes se la puedan pagar y quien no cuente con los medios y las condiciones que hacen posible su ejercicio, se verá privado de esa libertad. Una distopía liberal hecha realidad con el anuncio de los confinamientos selectivos. Así, la libertad se desvincula de la seguridad y se convierte cada vez más en un privilegio de unos pocos en lugar de ser un derecho garantizado para todas las personas.

En este contexto, el fanatismo ideológico de Díaz Ayuso insiste en aplicar una política fiscal injusta y desleal que segrega todavía más al pueblo de Madrid y que perjudica al resto de España. Anunciar rebajas fiscales regresivas, de las que se benefician sobre todo un 0,2% de los madrileños más ricos en plena pandemia, es la mejor manera de confesarnos que su único plan para Madrid es seguir asfixiando a los barrios populares, los servicios públicos y la sanidad. 

Mucho nos tememos que los más de 1.700 millones transferidos desde el Estado al Gobierno de la Comunidad de Madrid no han sido utilizados para contratar rastreadores, ni para aumentar las camas hospitalarias, ni para contratar personal sanitario y educativo, no. Tampoco para contener la pandemia donde más la estaban sufriendo. Los van a utilizar para mantener su oferta fiscal a los que más tienen aunque se colapsen los hospitales y los centros de salud.

La situación de Madrid es insostenible, ya nadie duda de eso, ni siquiera en su propio Gobierno. Ayuso debería dejar de ensañarse con Madrid, con nuestros sanitarios, profesores, familias, con nuestros mayores, nuestros hijos e hijas, con el metro, con el sur, con los inquilinos y con los más vulnerables; Ayuso debería tener un gesto con Madrid y marcharse. Pero eso no va a suceder, no va a dimitir -salvo que le hagan dimitir-, de ahí que nos encontremos en una situación donde sacar a Díaz Ayuso de la Puerta del Sol es un imperativo moral. En Madrid hace falta un Gobierno que haga frente a la situación y hoy no lo hay, porque lo que tenemos es un vacío de poder que nos pone a toda la población en peligro.

Ante este despropósito no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que agotar todas las vías, todos los mecanismos y todas las fórmulas a nuestro alcance para defendernos de este atropello y delirio que nos gobierna; si Ayuso niega la realidad, nosotros nos negamos a dejar Madrid a su suerte. Por eso, consideramos que es tan urgente como inevitable que la oposición tenga una hoja de ruta conjunta para que Ayuso pase a ser un capítulo lo más corto posible en la historia de Madrid.

La Mesa de Emergencia que proponemos desde Más Madrid, y que ya ha echado a andar, no es más que eso: una llamada a dejar de lado las diferencias y a priorizar la salud y el bienestar de los y las madrileñas. Es el inicio de un camino para que Madrid tenga un Gobierno a la altura de las circunstancias y deje de tener el peor Gobierno en el peor momento.

No se trata de elegir entre virus o vacuna sino entre Ayuso o Madrid.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha admitido este jueves que el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso es incapaz de hacer frente a la pandemia. Aguado hacía un llamamiento al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que se “implique de forma contundente” en el control de la epidemia en Madrid, una petición, ha dicho, que ha trasladado a la presidenta regional.

“La situación de la epidemia en Madrid no va bien. Está empeorando. Vamos a necesitar hacer más esfuerzos”, comenzaba Aguado su intervención. El vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid había convocado este mediodía a una comparecencia sin preguntas a los periodistas para trasladar ese mensaje: que situación en la región “no va bien” y que necesitan ayuda, un día después del caos en la gestión de la pandemia con anuncios de confinamientos y posteriores desmentidos del mismo Gobierno. Aguado no ha hecho referencia a esta cuestión en su comparecencia sin preguntas.

“¿Alguien piensa que una pandemia se va a solucionar únicamente con un Gobierno regional?”. “Es imposible acabar con una epidemia de estas características desde un gobierno regional, ha lamentado el vicepresidente regional de la comunidad autónoma que más presionó por que terminase el estado de alarma y que en la desescalada criticó los criterios del Gobierno central para no dar el cambio de fase pidiendo autonomía para gestionar la pandemia porque era el Ejecutivo de Madrid quien sabía qué le iba mejor a los ciudadanos. La disputa acabó en los tribunales con un recurso en el Supremo del Ejecutivo de Ayuso.

La Comunidad de Madrid ya cuenta con más de 2.700 personas ingresadas en los hospitales de la región solo por coronavirus, 371 de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCIs) que empiezan a ver su capacidad superada. La región acumula más de 15.000 fallecidos desde que se iniciara la emergencia sanitaria y solo en los últimos siete días ha sumado más de 21.000 casos positivos, 3.443 solo en las últimas 24 horas.

Este jueves, después del caos que había reinado el día anterior en el Ejecutivo regional con anuncios y desmentidos que se sucedieron a la vez, el vicepresidente madrileño ha pedido ayuda al Gobierno de Sánchez: “Es necesario y urgente que el Gobierno de España se implique y se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid y así de hecho se lo he trasladado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que por supuesto cuenta con mi respaldo”.

Aguado ha hecho un llamamiento a abandonar la “crispación” y ha solicitado una “tregua política”: “aunque la situación esté empeorando estamos todavía a tiempo de poder controlarla”, ha asegurado. “Necesitamos una tregua política, dejar de buscar culpables, dejar de crispar a la población, dejar de señalarnos los unos a los otros para ver quién tiene más culpa de lo que está sucediendo. Necesitamos abandonar los rifirrafes y de alguna manera dejar caer las pistolas dialécticas con las que nos estamos apuntando día a día y aportar soluciones conjuntas”, ha reclamado el vicepresidente regional.

Al término de esta comparecencia, desde el departamento de comunicación de la Comunidad de Madrid han distribuido un vídeo del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el que ha hecho un llamamiento a la “tranquilidad” y ha especificado que las medidas que se anunciarán este viernes con mayor detalle irán encaminadas a “restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus y que mañana anunciaremos con más detalle”.

El vídeo del consejero de Sanidad llega después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidiera que grabase uno a su viceconsejero de Salud “matizando” las palabras de este miércoles sobre su intención de llevar a cabo un “confinamiento selectivo” en las zonas la región más afectadas por la pandemia de coronavirus. Según ha adelantado la SER y ha podido confirmar elDiario.es con fuentes de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero se ha negado a hacerlo.

La sede de Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, que dirige Ignacio Aguado, luce desde este lunes una gran bandera LGTBi con el lema 'El Orgullo de ser libres'. Aguado se desmarca así de la decisión del Ayuntamiento de Madrid de no hacerlo amparándose en la sentencia del Tribunal Supremo que determina que no es compatible ni con la Constitución ni con el marco legal vigente la colocación de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, aunque sea de forma ocasional.

Aguado presenta, además, este lunes a primera hora el cambio de imagen del acceso a la estación de Metro de Chueca con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI+ 2020.

Por su parte, desde la Real Casa de Correos, sede de Presidencia, no se ha comunicado si colgarán la bandera como han hecho en los últimos años o si seguirán la estela del Ayuntamiento de la capital que decidió este viernes que no iba a colgar bandera en la sede de Cibeles. Desde el departamento de comunicación indican que no ha habido comunicación por parte de protocolo por lo que “entienden” que este año tampoco habrá bandera en la Puerta del Sol.

El vicepresidente madrileño ha asegurado este lunes que le gustaría ver la bandera arcoíris en la Puerta del Sol, pero que es una decisión “que corresponde a la presidenta y tendrá que preguntarle a ella”, ha afirmado sobre su socia de Gobierno ante los periodistas.

El Consistorio de Madrid ha decidido dar cumplimiento a la sentencia pero iluminará el Palacio de Cibeles con los colores del arcoíris durante toda la semana que dure el Orgullo. Además, se va a instalar un circuito de banderolas con la campaña municipal del Orgullo desde la Puerta de Alcalá hasta Cibeles, que estará también presente en marquesinas y mupis digitales por toda la ciudad.