El Gobierno se resiste a ampliar el toque de queda como piden la mayoría de comunidades excepto Madrid, Navarra y Extremadura

Casi una semana después de las primeras peticiones de endurecimiento de las medidas para hacer frente a la tercera ola del coronavirus, Gobierno y comunidades se sientan este miércoles para abordar formalmente el asunto. En ese tiempo se han notificado en España 1.490 muertes, 24.185 ingresos hospitalarios y 233.522 contagios por COVID–19. Los gobiernos autonómicos han ido aplicando mayores restricciones para doblegar la curva, pero que mayoría de comunidades ve insuficiente el margen que les da el actual estado de alarma y creen que hay que ir un paso más allá: modificar el actual decreto para poder adelantar el toque de queda a las 20.00 horas e incluso aplicar nuevos confinamientos domiciliarios.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que descarta por completo un encierro, ha dejado en manos del Consejo Interterritorial de Salud que se reúne este miércoles la decisión sobre ampliar la restricción de la movilidad nocturna, a la que en principio se resiste, pese a que la apoyan el grueso de comunidades, a excepción de Madrid, Extremadura y Navarra. 

El Gobierno considera que el estado de alarma que decretó en octubre para vencer a la segunda oleada –que nunca fue aplacada del todo antes de que los contagios comenzaran a aumentar con las fiestas navideñas– es suficiente para enfrentar la situación actual en la que la incidencia acumulada ha roto la barrera de los 700 casos por cada 100.000 habitantes, casi triplicando la marca que supone un “riesgo extremo”, según el propio indicador del Ministerio de Sanidad. “Las comunidades autónomas tienen margen para que se puedan apurar los elementos para limitar la movilidad y evitar los contactos que no son estrictamente necesarios –expresó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, este martes–. Hay que seguir trabajando en ese entorno”.

Montero no ocultó las reticencias que tiene el Gobierno para modificar el actual decreto de estado de alarma y al igual que había hecho previamente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, circunscribió al Consejo Interterritorial de Salud la decisión. En el Ejecutivo consideran que España acaricia ya el pico de la tercera ola y que medidas como el cierre del interior de bares y restaurantes son más efectivas que adelantar el toque de queda. 

La portavoz defendió que el organismo multilateral es el foro para “conocer y estudiar el sentir de todas y cada una de las comunidades respecto a la cuestión que plantea una”. “Se trata no de que cada uno que pide algo inmediatamente se atiende, sino que hay que discutirlo para ver si al resto de territorios le parece que ese tipo de medidas que se complementarían son ajustadas, oportunas, precisas y necesarias”, agregó Montero.

Aludía al choque directo que se ha producido esta vez entre el Gobierno y Castilla y León después de que el ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco decretara el toque de queda a las 20.00 horas, pese a no estar contemplado en el actual estado de alarma –de hecho, el Ministerio de la Presidencia lo recurrió ante el Tribunal Supremo–. El vicepresidente regional, Francisco Igea, recriminó al Gobierno la “lentitud” en la toma de decisiones mientras que la presión se ha incrementado en los últimos días por parte de comunidades de distintos colores. La mayoría de gobiernos autonómicos son partidarios de esa medida que pedirán directamente en la reunión con Sanidad este miércoles o apoyarán en esa cita. 

Las posturas trascienden los colores políticos. Gobiernos como el de Ximo Puig (Comunitat Valenciana), Emiliano García–Page (Castilla–La Mancha), Ángel Víctor Torres (Canarias), Francina Armengol (Baleares) o Adrián Barbón (Asturias) –todos socialistas– se mostrarán este miércoles partidarios de ampliar el toque de queda. 

“Siempre estamos abiertos a buscar posiciones de consenso y que sean más restrictivas para contener la pandemia”, dicen fuentes próximas al presidente asturiano. En esa misma línea se pronuncian en el Ejecutivo balear, que ya pidió adelantar el toque de queda antes de Navidad y ha emplazado a los ciudadanos al autoconfinamiento a partir de las 20 horas, que es cuando se ha establecido el cierre de la actividad comercial: “Volveremos a apoyar como siempre que las comunidades tengamos todas las herramientas para poder controlar la pandemia y las podamos usar ya que nos toca tomar las decisiones”. La Rioja y Aragón prefieren no adelantar su posición. 

Por el contrario, Extremadura y Navarra se oponen a la ampliación del toque de queda. El consejero de Salud extremeño, José María Vergeles, defiende que para hacerlo habría que “modularlo bien porque supondría incrementar los movimientos de las personas en menos tiempo, y ello podría dar lugar a aglomeraciones”. El Ejecutivo foral, que también ha endurecido las restricciones, no adelantará el toque de queda. 

Tampoco hay unanimidad en los gobiernos autonómicos del PP y Génova 13 no concreta si apoyaría una modificación del decreto de alarma para dar cumplimiento a las exigencias de presidentes como Fernández Mañueco (Castilla y León), Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Juanma Moreno Bonilla (Andalucía) o Fernando López Miras (Murcia). Estos últimos le han pedido incluso por carta a Pedro Sánchez la ampliación del toque de queda a las 20 horas. 

La posición más beligerante en contra de adelantar el toque de queda la protagonizaba este martes la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha desmarcado del resto de barones del PP. La dirigente madrileña ha adelantado una hora el toque de queda (a las 23.00 horas) y dos horas el cierre de la hostelería (22.00 horas), pero descartaba este martes la medida que supondría cerrar todo tipo de comercios a las 20.00 horas. “Para arruinar aún más a la hostelería en España no cuenten conmigo”, declaraba y añadía que aunque los presidentes autonómicos puedan estar “más seguros” con este tipo de medidas, no lo estarán comerciantes y trabajadores. 

La presidenta madrileña se opone así a endurecer las medidas restrictivas pese a que solo en la jornada de este martes la región registró 5.616 nuevos contagios y 47 muertos. El Gobierno autonómico, no obstante, estudia con los servicios jurídicos prohibir las reuniones sociales en domicilios –actualmente de seis personas– ya que achaca el grueso de los contagios a estos encuentros, según avanzó el pasado viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero.

Desde la dirección nacional del PP tampoco aclaran cuál de las dos estrategias es la que respaldan, si la de la mayoría de las autonomías en las que gobierna –Murcia se lo ha pedido por carta al Gobierno de Sánchez y Castilla y León lo ha aplicado en contra de la ley– o la que lidera Ayuso.

La negativa de Ayuso a aplicar un toque de queda a las 20.00 horas y su afirmación de que eso “arruina a la hostelería y al comercio” no han impedido a la presidenta madrileña salir en defensa de Castilla y León en su disputa con el Gobierno central. También lo hizo el Govern de la Generalitat. La consellera de Salut, Alba Vergés, criticó que el Ejecutivo recurriera la decisión de Castilla y León y vio positivo ampliar las restricciones nocturnas de movilidad: “Nosotros queremos todas las herramientas para poder decidir”. También el lehendakari, Iñigo Urkullu, planteó retocar el estado de alarma en esa dirección y Cantabria lo calificó de “ventajoso”. 

A pesar de que la mayoría de comunidades se ha mostrado favorable a flexibilizar el estado de alarma para reducir la movilidad nocturna, el Gobierno mantiene sus reticencias y lo ha dejado en el aire y en manos del Consejo Interterritorial de Salud que se reúne este miércoles. Su activación requeriría una reunión del Consejo de Ministros para modificar el decreto vigente o diseñar uno nuevo que tendría que ser defendido en el Congreso por algún miembro del Gobierno, un escaparate difícil para Salvador Illa en la precampaña de las elecciones catalanas.