Por segunda vez en pocos meses, la consejera María Ubarretxena, del PNV y responsable de las políticas de transparencia en el Gobierno de Imanol Pradales, ha insistido en poner en foco en las aparentes 'puertas giratorias' de EH Bildu para contrarrestar las denuncias de “amiguismo” de la formación abertzale por las recientes noticias de Andoni Ortuzar, expresidente nacionalista fichado por Movistar Plus, o de Unai Rementeria, exdiputado general de Bizkaia que ha asumido ya la presidencia de la BBK. “No tiene un pase que nos den lecciones desde su pretendida superioridad moral”, la ha contestado Ubarretxena a la parlamentaria soberanista Eraitz Sáez de Egilaz, que ha llevado a la sesión de control del Parlamento esos movimientos.

Sáez de Egilaz ha limitado a Movistar Plus, BBK y los casos de las exconsejeras Arantxa Tapia en KPMG y CSP Iberian y Gotzone Sagardui en Vithas su lista de reproches porque, si continuara leyendo 'puertas giratorias', ha ironizado, provocaría “mareos”. Ha asegurado que estas incorporaciones no se deben a su capacitación profesional sino a su potencial “influencia”. Ha recordado también un documento interno del PNV de la etapa de Ortuzar en la que apelaba a “contrarrestar” cierta imagen de “amiguismo” y ha destacado que es ahora él mismo el que se ha sumado a lo contrario. Ha llegado a hablar de “red clientelar” y ha indicado que el PNV, con tal de colocar a sus “amigos”, llega incluso a pactar con el PP.

Ubarretxena se ha dicho sorprendida por la pregunta, porque en los plenos de control se cuestiona sobre la actividad del Ejecutivo. De hecho, ha llegado a decir que sacar a relucir esos temas es como si se le cuestionara por el color de los escaños. Sin embargo, ha ido perfectamente pertrechada para intentar dar la vuelta a la crítica y, leyendo sus notas en una tableta, ha acusado de “demagogia” a EH Bildu por criticar al PNV cuando el exparlamentario Julen Arzuaga dejó su escaño para incorporarse a otro puesto o la plaza de asesora en el Parlamento Vasco de la dirigente navarra Arantxa Izurdiaga. También ha subrayado que EH Bildu y PP comparten muchas veces el sentido del voto en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

El Partido Popular Europeo junto a los grupos de la ultraderecha han torpedeado la implementación del organismo con el que la UE pretendía reforzar sus reglas éticas y de transparencia para combatir, entre otras cosas, las puertas giratorias, la recepción de regalos o los conflictos de interés en la relación con los lobbies. Los eurodiputados de esos partidos han votado en contra de los cambios del reglamento del Parlamento Europeo para su puesta en marcha.

La negociación de ese organismo se remonta al menos a 2023 y coincidió en el tiempo con el escándalo del Qatargate, que acabó con varios exparlamentarios en prisión preventiva por haber supuestamente recibido sobornos a cambio de defender al emirato y también de que se revelara que ese país pagó viajes a un alto cargo de la Comisión Europea.

Hace un año ocho instituciones europeas, entre ellas la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, a través de su presidenta, Roberta Metsola (del PPE), pero también el BCE o el Tribunal de Cuentas, llegaron a un acuerdo para impulsar ese nuevo cuerpo ético a través del trabajo de sus representantes y cinco expertos independientes.

La intención era fijar nuevos mínimos de transparencia y ética comunes a sus cargos políticos en relación a la publicidad de declaraciones de intereses financieros y no financieros, actividades remuneradas durante el ejercicio del cargo, regalos o viajes recibidos, premios y honores, puertas giratorias o reuniones con lobbies.

La Comisión Constitucional de la Eurocámara ha votado este miércoles los cambios necesarios en el reglamento para dar cabida a ese nuevo órgano, pero PPE, Patriots (el grupo de Vox), ERC, y Soberanistas lo han rechazado.

“Desde el inicio, han entorpecido y retrasado las negociaciones dejando de nuevo clara su postura y su problema con las normas éticas y la transparencia”, ha criticado el eurodiputadodel PSOE Juan Fernando López Aguilar: “La confianza en la democracia europea es demasiado valiosa para ser objeto de juegos políticos partidistas”.

También los liberales de Renew cargan contra la posición del PPE, que choca con la posición que han mantenido Metsola o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “La burbuja del PPE ha estallado”, ha afirmado el eurodiputado Sandro Gozi (Movimiento Demócrata, Francia): “Han intentado debilitar el Órgano de Ética y paralizar su aplicación, pero la votación de hoy demuestra que están en contra del propio principio y dispuestos a trabajar con la derecha radical para acabar con él”.

Hay vacíos que completan biografías, del mismo modo que determinadas ausencias justifican a diario su presencia, aun cuando nadie la reclame.

En arquitectura también sucede así, y es frecuente que los vacíos importen más que lo construido, porque estos exigen una decisión consciente, mucho más meditada y reposada que la mera decisión de levantar muros, que es casi un acto reflejo que surge del portaminas, y al que conviene refrenar.

De este modo, no cabe interpretar la puerta como un mero hueco en el muro, como la debilidad de éste, casi como un punto que niega aplomo y resistencia al propio muro. Tendemos a apreciar la solidez de los alcázares, que vienen a recordar en nuestro imaginario a los castillos de sapos y princesas, rodeados de un foso en el que hundirse -no siempre literalmente. Pero lo cierto es que no hay elemento más principal en los alcázares, o incluso en los palacios renacentistas, que los huecos. Es a través de esos vacíos como los soberanos se relacionan con su pueblo. La plebe sigue creyendo en sus reyes y nobles porque los ven asomarse al balcón principal y, sobre todo, porque los ven entrar y salir a través de la enorme puerta. Es, por tanto, ese vacío en el muro, el que está confiriendo autoridad a todo el recinto, porque es a través de él que se llena de magnificencia. El Alcázar, como un inmenso corazón, se contrae y se expande con las entradas y salidas de sus reyes y nobles. Sístole y diástole. 

Esta significación se ha trasladado a nuestras domésticas y contemporáneas viviendas, y así la puerta de entrada representa mucho más que la negación del muro. Para atravesar la puerta de nuestra casa debemos sacar previamente del bolsillo un juego de llaves, palparlo y decidir cuál de ellas será la encargada de abrir la cerradura, y si tenemos suerte y en esa elección acertamos a la primera, encajar la llave y confiar en que ésta produzca una condición de hechicería que haga rotar fluidamente los mecanismos de la cerradura.

Solo tras ese proceso de desencantamiento podremos acceder a la vivienda. Pero lo cierto es que al alterar los engranajes de la cerradura, también estamos alterando los de la realidad, y de este modo, cuando se traspasa la puerta nos convertimos en otra persona. Así se explica lo que de otro modo resultaría inexplicable: ¿Quién iba a imaginar que era una persona violenta y que en su hogar maltrataba a su familia? En la calle era una persona encantadora que siempre saludaba, solemos escuchar. O los habituales casos de personas que, entrevistadas por psiquiatras y parapsicólogos, han manifestado que nunca entran a casa cargando con los problemas del trabajo, y dicen -con sorprendente naturalidad-, que los dejan en la puerta.

Los ladrones son conocedores de esta intrínseca transformación que se produce en los quicios de las puertas, y es por eso que a menudo, para no correr riesgos, prefieren trepar y profanar las viviendas haciéndolo a través de las ventanas o de las terrazas. Es infinitamente menos arriesgado encaramarse a un muro de varios metros de altura, y deslizarse por una claraboya, un tragaluz o un respiradero, que asumir la amenaza de atravesar una puerta ajena. Las transformaciones que se producen al cruzar una puerta no siempre está en nuestra mano controlarlas. 

Es esta intuición la que nos ha llevado a crear los distintos tipos de puertas. Así, las puertas automáticas están dotadas de una célula fotoeléctrica, que permite que la puerta tan sólo se abra al detectar nuestra presencia. Y, en ocasiones, por más aspavientos que hacemos, agitando los brazos frente a ella, aleteando compulsivamente como un pez que ha quedado en la arena, no conseguimos que la puerta se abra, porque la célula no nos reconoce, y debemos dar un paso atrás, recomponernos, tomar aire, volver a ser nosotros mismos, y -ahora sí- acercarnos a la puerta confiando en ser reconocidos por la célula fotoeléctrica. Sólo entonces la puerta se abrirá ante nosotros.

Similar función tienen las puertas dobles, comúnmente conocidas como cortavientos, porque inesperadamente cumplen también con este cometido. Pero lo cierto es que estas puertas dobles tienen, originariamente, la finalidad de crear una transición, de imponer una pausa entre el espacio exterior y el interior, y durante ese breve recorrido entre ambas puertas se conectan ciertos mecanismos mentales que nos inducen el estado de ánimo preciso para desarrollar nuestra vida en el interior. 

Y otro tanto podríamos decir de las puertas giratorias, que exigen dar una vuelta sobre nosotros mismos para poder acceder. En esas vueltas nos perdemos a menudo, y no es infrecuente que acabemos dando varios giros hasta que encontramos a nuestro yo y, finalmente, podemos entrar al interior. Porque los edificios, como las personas, tenemos un mundo interior con el que no resulta fácil comunicar, y debemos dar rodeos, rotando sobre nosotros mismos, para llegar hasta allí.

Los ingenieros, que desconocen las consecuencias de estos efectos alquímicos en la personalidad de quien atraviesa una puerta, inventaron las compuertas. Pero éstas, más que transformar la personalidad, lo que hacen es retenerla, impedir que aflore el carácter. Y son, de este modo, la negación misma de la puerta.

“La puerta es siempre un objeto encantado… permite la transición, la sorpresa, la aparición y la desaparición”, recordaba Gaston Bacharlard en La poética del espacio. Y pocos han entendido mejor esa zona umbría de la incógnita y el misterio que Carlo Scarpa. Para él la puerta no se abre, se revela. No es hoja ni bisagra, es pausa entre el adentro y el afuera, tan sólo un suspiro del hormigón o una mueca en bronce que duda antes de ceder. 

Cada umbral es una ceremonia, donde el mármol susurra su origen y el metal talla la luz con delicadeza. Allí donde otros clausuran, Scarpa inicia un diálogo silencioso entre lo que ha sido y lo que serán. Sus puertas no conducen a lugar alguno; contemplan. Compuestas por membranas sensibles, se trata de memorias articuladas en carpinterías complejas, donde la mano se demora, como si al tocarlas tocáramos una brizna de tiempo. Y así, abren con el peso exacto de una intención, cerrando con el eco de una idea que persiste. Y al cruzarlas, no se entra en un espacio, se entra en una forma de mirar.

Carlo Scarpa sea, quizá, quien mejor comprendió el poder transformador de una puerta bien proyectada, porque la arquitectura siempre surge desde el garabato inicial de una puerta, y es ésta la que abre paso al fluir de la arquitectura. 

En una sola puerta hay más arquitectura que en un curso entero de determinados académicos. Tanta arquitectura encierra la puerta este del Baptistero de San Giovanni, Florencia, de Lorenzo Ghiberti, como hay en la fronteriza cúpula de Santa María del Fiore.

Incluso, podríamos mencionar, en el caso de las puertas elípticas y ausentes. Puertas que aparentemente no están, pero que tienen una presencia decisiva. Hay determinadas ausencias que se empecinan a diario en justificar su presencia; hay vacíos que completan muros.

Es el caso, por ejemplo, del Panteón de Agripa, cuyo pronaos impone un recogimiento que nos prepara espiritualmente para ser absorbidos por la luz diagonal que atraviesa la bóveda. El pronaos octóstilo, con cuatro columnas en sus laterales, se alza 1,32 metros sobre el nivel de la plaza, imponiendo un límite que no es físico, sino místico y divino. En este espacio sin puerta se producen las transformaciones que hemos visto en otros tipos de puertas, y es por eso que el Panteón de Agripa pudo tener sus puertas permanentemente abiertas durante más de 200 años, con una hoja bloqueada mientras que la otro sólo se abría parcialmente, hasta que finalmente se acometió su reparación en 1998.

Sin embargo, nadie pareció percatarse de que ambas puertas permanecían abiertas, incluso durante las noches, porque la auténtica puerta del Panteón no se encontraba en esas piezas de bronce -7,6 metros de altura, 2,3 metros de anchura, 8,5 toneladas de peso-, construidas entre el año 118 y el 126 d.C., sino que la genuina puerta es el pronaos, un espacio abierto donde no hay puerta.

Así pues, una puerta no es un mero hueco en el muro, sino que es un modo de conectar con otras realidades que no son perceptibles. Y por eso mismo, resulta imposible intentar siquiera su medición, y nos limitamos a consignarla en el presupuesto por unidades. ¿Cuántas dimensiones sería preciso considerar para medir una puerta?

Hace apenas un par de días me enteré, casi al mismo tiempo que el resto del mundo, de que Joaquín Buendía dejaba la alcaldía de Alcantarilla. Aunque los rumores venían sonando desde antes de las últimas elecciones, seguía pareciendo algo lejano, improbable, porque nadie parecía disfrutar más del papel de estrella del escenario que nuestro alcalde. Pero esta vez el dicho se ha cumplido: y cuando el río suena...

Con la noticia ya reposada, me he parado a pensar en estos diez años. Tres legislaturas muy intensas en las que he visto desde la primera línea cómo se gestionaba Alcantarilla. Y, sinceramente, han sido tiempos difíciles para quienes no estábamos en su mismo equipo o teníamos otra forma de entender la política. 

Durante estas dos últimas legislaturas, ni siquiera se ha contado con los recursos mínimos para poder hacer el trabajo de fiscalización. En un municipio con más de 43.000 habitantes, la oposición debería poder ejercer su papel con dignidad. Pero no ha sido así. Incluso nuestros turnos de palabra en los plenos --único momento en que podemos hablar directamente a la ciudadanía- han sido limitados por la mayoría absoluta del PP. Y así, con todo. 

Alcantarilla sigue arrastrando problemas que llevan años sin resolverse. Tenemos barrios profundamente desiguales, calles sin asfaltar, servicios públicos que no llegan a todos por igual y una escasez alarmante de vivienda accesible, especialmente para los jóvenes y las familias más vulnerables. El plan urbano actual tiene más de 35 años, fue aprobado por un Gobierno socialista, y en todo este tiempo, el PP no ha sido capaz de renovar ese modelo. El resultado: una ciudad bloqueada, con un mercado inmobiliario estancado y sin apenas alquileres accesibles.

Tampoco se ha actuado con decisión en temas estructurales como el paso a nivel que sigue dividiendo Alcantarilla por la mitad, o las nuevas vías ferroviarias que amenazaron a barrios como Las Tejeras. La protesta vecinal y el trabajo de la Plataforma cayeron en saco roto, y ni siquiera entonces sentimos el apoyo del alcalde. Y no hablo solo de grandes infraestructuras. Hablo de una piscina municipal cerrada durante 14 años en un municipio donde no todo el mundo puede permitirse ir a la playa. Hablo de que seguimos sin un teatro, sin espacios para los jóvenes, y con zonas donde, si llueve, la gente se queda sin casa. 

Hoy más que nunca necesitamos una forma distinta de gobernar: más abierta, más justa, más atenta a lo que realmente necesita la gente. Más de verdad. Alcantarilla no puede seguir siendo solo un escaparate de fotos. Pan y circo para contentar al pueblo. Pero lo más preocupante es que la gente empieza a acostumbrarse a eso, como si fuera normal. Y no lo es. 

Necesitamos planificación, trabajo serio, empatía y mucha más cultura. Porque hay muchas personas que nunca han contado para los gobiernos de estos años. Personas que son casi invisibles. Que no existen. 

Hoy, después de asistir a un pleno a rebosar de los suyos y de escuchar su discurso de despedida cargado de emoción y lágrimas, en el que hablaba de la necesidad de centrarse más en su familia y alejarse de la política, me siento engañada y también impotente porque he sido respetuosa con ese momento entendiendo que hay decisiones personales que merecen respeto. Pero, sin embargo, no había pasado ni una hora cuando ya sabíamos por la prensa que su salida obedecía, en realidad, a un nuevo nombramiento político o quién sabe a qué más. 

Al pueblo hay que hablarle con claridad y con la verdad por delante. No se puede decir una cosa en un salón de plenos y tener ya pactado un cargo de designación directa. Eso no es un cambio personal, es una maniobra política y necesito dejar claro que esta forma de entenderla —la de las puertas giratorias, los silencios interesados y las despedidas con aplausos que esconden conveniencias— no es la que defiendo ni en la que creo. Esta es otra decepción para quienes pensamos en la transparencia y en el compromiso con la palabra dada. 

Pese a todo, y como he dicho hoy en ese salón de plenos, le sigo deseando suerte en el camino que ahora, de verdad, sí que sé que ha elegido. A partir de ahora, espero recordar siempre que nadie, ni siquiera el alcalde más aclamado de un pueblo, está libre de poder equivocarse, de actuar como el mejor actor de Broadway o hasta de pedir perdón a su propia gente si en algún momento se le escapó alguna que otra excusa para tapar lo que no era más que una mentira. 

“El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes verdaderamente son.” (José 'Pepe' Mujica)

Cuando el que todavía era alcalde de Alcantarilla vio la cantidad de medios informativos que en la mañana de este jueves habían acudido al pleno en el que renunciaba al cargo, lamentó que, en otras ocasiones, logros de su gestión no tuvieran el eco que sí ha tenido su marcha. Joaquín Buendía, alcalde desde 2015, dijo ante los micrófonos y cámaras allí congregadas que dejaba la alcaldía para recuperar la vida personal que en esta década, aseguraba, había perdido. En el despacho de alcaldía, ya vacío de casi todas sus pertenencias, donde efectuaba estas manifestaciones a los periodistas, su esposa asentía emocionada en la despedida de su marido.

Buendía sí quiso dejar claro que no se marchaba de la vida pública. Que seguiría presidiendo el PP en Alcantarilla y siendo miembro del comité ejecutivo nacional del partido, así como del regional. Como guinda añadió que había pedido el reingreso en la docencia, como profesor de instituto, su antigua profesión antes de dar el salto a la política en el curso 2006/2007 y ostentar diversos cargos en la Administración autonómica.

El pleno de despedida se retomó, tras la pausa en la que Buendía atendió a los medios acompañado de la mujer que le sustituirá en la alcaldía, Francisca Terol, hasta ahora su mano derecha. Cuando acto seguido, en el último punto del orden del día, ratificó su marcha, hasta la oposición socialista tuvo palabras amables para con él.

Poco tiempo después de finalizar el pleno, el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, anunciaba en el Palacio de San Esteban el nombramiento en el Consejo de Gobierno semanal de Joaquín Buendía Gómez como nuevo gerente de Esamur, la empresa pública que gestiona la depuración de aguas residuales en la Región.

Poco antes, las insistentes preguntas de la prensa sobre su futuro no consiguieron que Buendía aportara una sola pista sobre cuál podría ser su nuevo cometido. Eso sí, reiteró que no se iba de la política y que, en frase tan manida y de manual, estaba a disposición de su partido. Esto lo repitió varias veces. Blanco y en botella, pensamos algunos. Es decir, que un cargo estaba al caer. Lo que pocos sospechaban es que se hiciera público tan rápido, como en un efecto de acción/reacción.

Hay quien deduce que Buendía ha podido cansarse de la alcaldía y de lo intensa que resulta la política municipal tras dos legislaturas y media en el principal sillón del consistorio. Cosa lógica, por otra parte. Lo que ya cuesta más asimilar es que apele, ante la opinión pública, a recuperar la vida personal y su vuelta a la docencia cuando tenía un cargo público en la recámara que, a buen seguro, le resultará menos agobiante desempeñar que lo que le ha supuesto el día a día de una gestión municipal que ahora deja atrás. Alguien dijo que un dilema era un político intentando salvar sus dos caras a la vez. Algo debe de haber de eso en todo esto.

Más de medio centenar de expolíticos y antiguos altos cargos han fichado en los últimos años como asesores o directivos de empresas, fundaciones o asociaciones vinculadas a la sanidad privada. De esa cifra, más de la mitad han fichado como consejeros o directivos y el resto, como asesores, por ejemplo, en fundaciones, cuyo cargo por ley es gratuito salvo que sus estatutos digan lo contrario.

El recuento incluye firmas del sector y aseguradoras (no farmacéuticas), con una veintena de ex cargos de la sanidad autonómica, otros tantos que ocuparon puestos de responsabilidad en el gobierno central, algunos diputados y amplia mayoría de personas vinculadas al PP.

Entre ellos, el ex ministro de Justicia Rafael Catalá, que gestiona grupo Vivo (con millones en contratos de la Administración) y tiene experiencia en la materia: antes de saltar a la política fue subdirector en el Ministerio de Sanidad y hace 20 años, tras el abrupto fin del Gobierno de José María Aznar, Esperanza Aguirre le colocó como gerente del hospital Ramón y Cajal en Madrid.

A nivel autonómico, con las competencias en esta materia, es muy conocido el caso de Manuel Lamela: fichó por la concesionaria de uno de los hospitales que privatizó en Madrid (el del Tajo, en Aranjuez) y en 2020 asesoró al sector para pedir indemnizaciones por los sobrecostes del coronavirus. Su sucesor en la consejería de Sanidad, Juan José Güemes, dimitió en 2013 como asesor de Unilabs, multinacional de análisis clínicos que se quedó contratos que él privatizó con Aguirre como presidenta y pertenece a la sueca Capio, cuyo negocio hospitalario es hoy de Quirónsalud.

El líder del sector en España, del que procede la actual consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, logró en 2024, en pleno escándalo por los presuntos delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, una reducción récord del 50% en la deuda que reclama a la Comunidad de Madrid por sus cuatro hospitales de la red pública. En 2023 Quirón contrató al experto en arbitrajes José Luis Gómara, abogado del Estado en excedencia y director general adjunto del servicio jurídico en el Ministerio de Asuntos Económicos con Nadia Calviño.

La actual directora de Asistencia y Calidad de Quirónsalud es Leticia del Moral, directora general del Instituto Madrileño de Salud (Imsalud) con Alberto Ruiz-Gallardón (2001-2004). De la antigua IDC Salud procedía Elena Arias, gerente del Servicio de Salud de Asturias hasta 2011, cuando se reincorporó a la actual Quirón.

En Euskadi es muy conocida Keralty, multinacional lanzada por un exvicelehendakari y ex consejero de Salud peneuvista, Jon Azua, muy presente en Colombia (donde ha fichado a varias exministras y un exviceministro) y que en 2019 contrató a otro exconsejero vasco de Salud, Jon Darpón. Su vicepresidente, Emilio Herrera, dirigió el Servicio Extremeño de Salud hasta 2008 y dirigió la Fundación Caser.

Otro ejemplo es el médico, exdiputado del PP y ex consejero navarro de Salud Santiago Cervera, que en 2024 fichó por la firma de lobby Political Inteligence para liderar el área de Salud y asesorar a empresas sociosanitarias. En Andalucía, un veterano es Agustín Ortega, desde 1992 responsable de Dirección estratégica en Hospitales Pascual tras dirigir en los 80 el Servicio Andaluz de Salud.

En Catalunya un clásico es el médico Boi Ruiz: de presidir la patronal catalana del sector, La Unió, a fichar en 2010 como consejero de Salut de Artur Mas, recortar 1.300 millones en la sanidad pública y pasar en 2017 a Ribera Salud, pionero de la privatización en la Generalitat Valenciana del que fue consejero hasta 2023. 

Patrono de la fundación asistencial Camilo de Lellis, vinculada a congregaciones religiosas, y con una consultora sanitaria muy activa en Latinoamérica, KHA, Boi Ruiz es uno de los casos de ida y vuelta en el sector. Otro es José Manuel Baltar, asesor en la patronal estatal ASPE y directivo del grupo canario de sanidad privada San Roque, su empleador cuando en 2017 el actual presidente, Fernando Clavijo, le nombró consejero de Sanidad.

Un relevante nicho son las fundaciones. En la de La Unió, que dirige Roser Fernández, mano derecha de Boi Ruiz como secretaria general del departamento de Salud de la Generalitat (2010-2016), figuran los ex directores del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) Josep Maria Padrosa (2011-2016), Gemma Craywinckel (2021-2022), actual directora general del Consorcio Parc Taulí, y Ramón Massaguer (1994-1998). Este último, secretario general de la fundación y ex secretario general de Salut con Jordi Pujol (1998-2004), dirige desde 2015 la Fundació Puigvert, primera institución sanitaria privada de España que tuvo un concierto de prestación de servicios con la sanidad pública (en 1978). 

Más tortuoso fue el caso de Josep Prat, otro cargo de Boi Ruiz. Pendiente de juicio en el caso Innova de corrupción sanitaria en Reus (Tarragona), en 2012 dimitió como presidente del Institut Català de la Salut (ICS) tras conocerse que compaginaba un puesto en USP Hospitales, hoy Quirónsalud.

Entre los últimos fichajes está la exministra de Sanidad y Fomento Ana Pastor. Médica de formación, en 2024 dejó el Congreso para presidir la aseguradora AMA, mutua de los profesionales del sector, donde fue elegida para el puesto por los propios sanitarios en la Asamblea General de esta sociedad que no tiene ánimo de lucro. En ella es consejero Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos y procurador en las Cortes de Castilla y León por el PP hasta 2015.

Desde diciembre Pastor es patrona de la Fundación de HM Hospitales, un puesto sin remuneración, explican desde el grupo, que ha repescado como director general médico a Cristóbal Belda, al frente del Instituto de Salud Carlos III hasta enero de 2024. La ex presidenta del Congreso presentó desde 2019 hasta que dejó su escaño más de 100 preguntas parlamentarias al Gobierno que replicaban iniciativas del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), el lobby del sector que preside su amigo Juan Abarca, presidente de HM. Entre ellas, cómo no “ningunear” a la actividad privada e integrarla “con normalidad como parte intrínseca de nuestro sistema de salud”.

Otro exministro (de la Presidencia, con UCD), el ex vicepresidente de Banco Santander Matías Rodríguez Inciarte, preside Sanitas Seguros y es consejero de la británica Bupa, matriz de Sanitas. En Sanitas Seguros es también consejero desde 2014 el expresidente de Endesa y ex diputado del PP, Manuel Pizarro. El recientemente fallecido Josep Piqué fue vocal de una filial de Mapfre y de la cotizada Atrys Health, señalada por frenar tratamientos caros contra el cáncer en la sanidad privada. En ella coincidió con el médico Jaime del Barrio, ex consejero de Sanidad en Cantabria, vocal de Atrys desde 2017 y Senior Advisor del sector Salud de la consultora EY. 

En Ediagnostic (hoy Atrys Health) fue consejero hasta 2013 el ex ministro de Defensa y Sanidad con Felipe González, Julián García Vargas, miembro del consejo asesor de la Fundación Edad & Vida, impulsada por Eulen Sociosanitarios, Quirónsalud, Segurcaixa Adeslas, Domus Vi o Allianz. A ese órgano perteneció el exministro Federico Mayor Zaragoza, fallecido en 2024.

Mención aparte merece la Fundación Bamberg, dedicada al “estudio de las políticas de salud, de la gestión sanitaria y las tecnologías de la salud”, con Ribera Salud y Asisa (una de las empresas del concierto de Muface) como “entidades protectoras” que le ayudan “de manera permanente”.

La entidad, que no atendió a elDiario.es, tiene en su consejo institucional a la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM), decana del sector en España. En ella es patrono el cirujano Ignacio López Balboa, que como secretario general del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad (2000-2002) “llevó la coordinación de 25 líderes de opinión y expertos en diferentes áreas de conocimiento relacionadas con la Sanidad, para la toma de decisiones de política estratégica dentro del Sistema Nacional de Salud”. Hoy dirige en Galicia la emisora de Federico Jiménez Losantos, EsRadio.

Por el consejo asesor de la Fundación Bamberg han pasado Boi Ruiz, el presidente de Ribera Salud, Alberto de Rosa, los exministros de Sanidad García Vargas, José Manuel Romay Beccaria y Bernat Soria, los ex secretarios generales de Sanidad Rubén Moreno, José Martínez Olmos y Javier Castrodenza, el fallecido jurista Julio Sánchez Fierro, presidente de la Agencia Española del Medicamento y subsecretario de Sanidad con Aznar; Mario Mingo, ex presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso; Roberto Sabrido, ex consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha con José Bono y ex presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición; o José Ignacio Nieto, consejero de Salud de La Rioja con el popular Pedro Sanz.

Nieto, casado con Luz de los Mártires, exgerente del Servicio Riojano de Salud, ex directiva de DKV Seguros y alto cargo de Ayuso en la sanidad madrileña hasta 2024, es miembro del comité científico de la Fundación Economía y Salud, creada en 2012 para promover “conocimiento y opinión sobre la aportación que la salud puede hacer a la economía y la competitividad”. Su impulsor, Alberto Giménez, preside la alicantina Grupo Casaverde, con tres hospitales de rehabilitación neurológica y física, cuatro clínicas ambulatorias y diez residencias de mayores.

En ese comité científico figuran, entre otros profesionales del sector, el oncólogo y catedrático José María Martín, director general de Salud Pública y Consumo con Aznar; el médico Luis Rosado, consejero de Sanidad con Francisco Camps en la Generalitat Valenciana; María Fabón, secretaria general Técnica del Servicio Riojano de Salud hasta 2023; Mercedes Martínez, directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud hasta 2017, y el psiquiatra Carlos Mur, director general de Coordinación Sanitaria de Ayuso durante la pandemia. Ex secretario general de esta fundación, Mur dirige el Servicio andorrano de Salud Mental. Fichó como director médico en una clínica de adicciones en Barcelona tras cesar en el Gobierno madrileño.

En el sector señalan la cercanía a la sanidad privada de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa). Con representantes del lado público y privado, el sesgo a favor de estos últimos es claro. Fundada por, entre otros, Mariano Guerrero, directivo de Ribera Salud y catedrático de la Universidad Católica de Murcia, tiene como “socios de honor” a Boi Ruiz, el cirujano y teniente coronel del Ejército del Aire, Juan Abarca Campal, fundador de HM, o César Pascual, consejero de Salud de Cantabria señalado por sus vinculaciones con Ferrovial en el hospital público de gestión privada de Valdecilla.

Su junta directiva la preside José Soto, ex director del Insalud y gerente de la Fundación Instituto San José. Por ella han pasado Carlos Rus, presidente de ASPE, Conrado Domínguez Trujillo, ex director del Servicio Canario de Salud procesado por el caso Mascarillas; Rafael López, ex gerente del servicio de salud de Castilla y León, o Eloísa Núñez, prima de Alberto Núñez Feijóo recolocada por la Xunta como subdirectora tras su discutida gestión del área sanitaria de Santiago.

Otro lobby autonómico es el Cercle de Salut, lanzado en 2017 en Catalunya con el rechazo de activistas por la sanidad pública por Roser Fernández, su antecesora en La Unió, Helena Ris, o Josep María Padros, y con La Unió, la patronal catalana Aces, la de Tecnología Sanitaria (Fenin), Fundació Puigvert o Hestia Alliance como asociadas. Como vocales figuran Josep Ganduxé, ex directivo del sector y La Unió y concejal de Junts en l´Ametllá del Vallés; o Josep Abelló, ex alcalde socialista de Reus, ex diputado del Parlament y presidente del Consorcio Hospitalario de Catalunya (1991-2011). 

Entre las aseguradoras, con grandes intereses en este negocio a través de los seguros de salud, destaca Mapfre, que en los últimos años ha fichado para distintas filiales al citado Piqué (en 2022), el exdiputado de CiU Josep Antoni Durán i Lleida (2019) o al anterior expresidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano (2024).

En su fundación son patronas (sin compensación, recalca el grupo) la exdiputada de CiU y directora de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera; la directiva de Ikea Laura Ruiz de Galarreta, directora general de Emergencia Social con Esperanza Aguirre; o Ana López-Monís, directora de los Registros y del Notariado con Aznar.

Otros nombres son los de la exministra de Ciencia y presidenta de Mediaset España, Cristina Garmendia, exconsejera de Pelayo; el expresidente de Unicaja y exconsejero andaluz Braulio Medel, exconsejero de Caser; o la exsenadora del PSOE Ana Ruiz Tagle, patrona de la Fundación AXA.

Con el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de la primera década de este siglo, el mercado de la vivienda en España experimentó un cambio histórico. Si hasta entonces había nutrido el negocio de las hipotecas, en los últimos años ha basado su rentabilidad en el alquiler, expulsando e impidiendo la propiedad a grandes grupos de población. Si en 2004 vivía de alquiler el 13,9% de la población, en 2023 ya era el 18,7%, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Al calor de los incrementos de los precios, que han vetado el acceso a una solución habitacional digna y asequible a amplias capas de la sociedad, especialmente a los hogares más jóvenes, se han reorganizado los actores que operan en este escenario: fondos de inversión, socimis y promotores.

Las relaciones entre empresas, grupos y asociaciones ayudan a entender el entramado en torno a un bien básico como la vivienda, cuyo disfrute la Constitución garantiza, al menos en teoría, a toda la población. Este mismo lunes, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Catalunya, Carme Arcarazo, ponía el foco en las puertas giratorias en el sector de la vivienda. “Hay un cuestionamiento que el PSOE debe hacerse. Su posicionamiento en materia de vivienda está secuestrado”, indicaba, poniendo el foco en la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), con Helena Beunza al frente.

Beunza fue alto cargo en los primeros Gobiernos de Pedro Sánchez, donde ocupó la Secretaría General de Vivienda entre 2018 y 2020. El programa del PSOE para las elecciones de 2019 señalaba que el Ministerio de Fomento, donde estaba adscrita esta Secretaría había “adoptado medidas para contener el precio de la vivienda y favorecer el alquiler social”. La entonces responsable de esas tareas representa desde principios de este año a unos 6.000 caseros, que en este tiempo han visto aumentar la rentabilidad de sus inmuebles, que en marzo de este año rozaba el 8%, con incrementos de los precios del alquiler por encima del 30% en las áreas metropolitanas españolas entre 2015 y 2022.

Asval se creó precisamente en 2020 con el objetivo de “defender los derechos e intereses” de los propietarios ante su “preocupación por la oleada regulatoria a la que se enfrenta el alquiler”, justo cuando el Gobierno de coalición daba los primeros pasos en la negociación de la ley de vivienda, aprobada finalmente en 2023. En su primer aniversario, la asociación presumía de ser “interlocutor clave ante las Administraciones Públicas”. Durante sus primeros años, el presidente del lobby fue el exalcalde socialista de Barcelona entre 1997 y 2006 y exministro de Industria Joan Clos, al que la Junta Rectora despidió agradeciendo su “excelente labor” al frente de la asociación y su “defensa de los arrendadores, en medio de condiciones difíciles”.

Durante esos años, Clos formó parte del Consell Assessor de Salvador Illa. Es decir, compaginaba la defensa de los intereses de los propietarios con la tarea de asesoramiento del actual president de la Generalitat de Catalunya, que ha prometido construir 50.000 viviendas públicas antes de 2030. El primer gran lote ha sido adjudicado a la inmobiliaria Culmia, controlada por el fondo de capital riesgo Oaktree, a quien Isabel Díaz Ayuso confió dos promociones en Alcorcón de alquiler “asequible” que puede superar los 1.000 euros.

Pero no solo eso. La sucesión de Clos al frente de Asval supuso el fichaje frustrado de la ex secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera, que renunció a la presidencia antes incluso de recibir el dictamen de la Oficina de Conflictos de Interés. Además, el exministro compaginó su labor al frente de Asval con la presidencia de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci) en España. A nivel internacional, este lobby está presidido desde el verano por primera vez por un español, el propietario de Eurofincas Ramón Riera, quien considera el sistema de referencia de precios del alquiler una “aberración”. “Limitar los alquileres es una medida suicida, la mejor forma de quebrar un mercado y destruir una ciudad”, ha considerado.

Fiabci incluye, a su vez, a la Asociación de Promotores Constructores de España y a los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona. Su presidente es el empresario Gerard Duelo y uno de sus vocales es Carles Sala i Roca, que es también director jurídico del Colectivo del API y la semana pasada compareció también en la comisión de Vivienda del Congreso, donde señaló que, aunque “seguramente” su visión fuera “subjetiva”, en el Estado español “no hacía falta una ley de vivienda”. En su opinión, lo que hace falta es “un pacto de Estado, no exclusivamente político” sino “transversal”. “Creo que se han polarizado muchísimo los mensajes y estamos más cerca de buscar el máximo común divisor que el mínimo común múltiplo”, ha considerado. Sala i Roca fue diputado en el Parlament de Catalunya con CiU, de 2006 a 2012 y secretario de vivienda del Govern catalán entre 2011 y 2018 y de 2021 a 2022.

En Asval tiene mucha influencia el fondo buitre más importante del país, Blackstone. Es, tras CaixaBank, el mayor casero de España, con cerca de 22.000 viviendas alquiladas, según los datos recabados por Civio, y la principal némesis de los movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda. A esta empresa, por ejemplo, fue a la que la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, vendió a precio de saldo 1.860 viviendas de alquiler social propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo.

El director general de Blackstone en España, Fernando Bautista, afirmaba en enero de este año que la compañía no es “un fondo especulador”. La empresa aglutina un gran número de Socimis, las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria que brotaron tras la introducción, en 2012 con el Gobierno de Rajoy, del tipo del 0% en el impuesto de sociedades. La figura, no obstante, la diseñó el Ejecutivo de Zapatero en 2009, un año después de la salida de Clos del Gobierno.

Las socimis se han soliviantado en la última semana por el intento de Sumar y el PSOE de acabar con los beneficios fiscales. En concreto, los socios consideran que la tributación al 1% “no ha servido para mejorar la oferta de vivienda”. No obstante, “la mayoría no se dedica al residencial, ni por volumen ni por número, sino a otros segmentos como las oficinas, la logística, los hoteles y otros activos como las residencias”, defendía en el blog de Idealista el socio de auditoría de Real Estate de Grant Thornton, David Calzada. Esta compañía presentó en septiembre junto a Asocimi, la asociación creada en 2018 para defender los intereses del sector, un informe en el que mostraban como esta fórmula permitía “atraer mayores volúmenes de capital al mercado inmobiliario español”.

Otro de los lobbies del sector es la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), el “referente ético del sector”, que agrupa desde 2013 a las principales consultoras que operan en el país. Su presidente es Ricardo Martí-Fluxá, que es también presidente no ejecutivo de la inmobiliaria Neinor. Tras ejercer la carrera diplomática, estar al frente de la jefatura de protocolo y actividades de la Casa Real, entre 1992 y 1996, y de la secretaría de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior hasta el año 2000, ha estado vinculado al mundo de la inversión en el sector privado. Esta organización reúne a las principales consultoras, como BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills, vinculada al hermano de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, Santiago Aguirre, tras la fusión de Aguirre Newman.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también trata de influir en las corrientes de opinión sobre las políticas inmobiliarias. “La ley de vivienda del Gobierno nos parece una injerencia total al derecho a la propiedad”, llegó a decir su presidente, Antonio Garamendi. Dentro de la organización está la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei), que aglutina a más de 40.000 agentes y unas 10.000 empresas inmobiliarias, bajo la presidencia de Miguel Ángel Gómez. En una entrevista publicada la semana pasada en el medio especializado EjePrime, Gómez incidía en el discurso de la desprotección de los arrendadores frente a la okupación y la supuesta inseguridad jurídica de la norma estatal.

Una de las empresas que más influencia tiene en el mercado inmobiliario, tanto del alquiler como de venta, es Idealista. Este verano se anunció la compra del 70% del portal por el fondo británico de capital riesgo Cinven, por 2.900 millones de euros al fondo EQT, que se queda en el capital del portal inmobiliario con el 18%. Con anterioridad, los propietarios habían dado la entrada a otros fondos como Apax y Oakley, que hasta la fecha tenían el 17% y el 11% de idealista. Cinven adquirió en 2016 a la tasadora Tinsa, a la que el Banco de España impuso en 2022 una multa de 300.000 euros por deficiencias en su control interno, al considerar que “no ha quedado asegurada la capacidad de la entidad para conocer la situación de las operaciones del mercado inmobiliario en el que opera”.

Al frente de Idealista, el portal inmobiliario de referencia en España y Portugal, continúa su CEO y cofundador, Jesús Encinar. La compañía es el organismo que más información propia posee del mercado, elabora informes y estadísticas de precios, muchas veces tomados como referencia a falta de otras fuentes públicas, y comparte relaciones y agenda con los actores más potentes del mercado.

Otro de los actores que trata de influir en la regulación pública es Airbnb, que acaba de publicar una carta para el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para que se “replantee” la decisión de extinguir las 10.000 licencias para viviendas de uso turístico en 2028. Unos días antes, la compañía se había dirigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para trasladarle propuestas para regular los alquileres de corta duración, como que faciliten la dispersión del turismo “más allá del centro de la ciudad”. Además, advierte a la administración que la propuesta del Ayuntamiento “será muy difícil de aplicar en la práctica”.

El Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles un decreto que endurece la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, de 2005, para evitar que se repitan situaciones como las del polémico fichaje del ex viceconsejero de Salud por parte de la aseguradora privada Asisa, tres meses después de su cese.

Miguel Ángel Guzmán había adjudicado 44 millones de euros a dedo al grupo hospitalario de Asisa mientras fue gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La Junta se enteró de su fichaje “por la prensa”, dijo, y tras maniobrar para aplazar su contrato al mes de julio, anunció una reforma exprés de la Ley de Incompatibilidades.

Lo urgente de esta reforma, que ha contado con la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox, era precisamente establecer la obligatoriedad de los altos cargos de informar previamente al Gobierno andaluz antes de fichar por una empresa privada del sector en el que han tenido responsabilidades públicas, algo que hasta ahora no ocurría. Algo que Guzmán no hizo y que desató un terremoto político.

La ley actual fija un plazo mínimo de dos años desde que un directivo abandona la administración hasta que puede incorporarse al sector privado. A partir de ahora, tendrán que comunicárselo antes a la Junta y esperar un informe preceptivo de incompatibilidades.

Hasta ahora no estaban obligados a hacerlo. Sin embargo, algunos sí lo hicieron voluntariamente. Durante el mandato de Juan Manuel Moreno, que dura casi seis años, la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Justicia, ha gestionado cuatro consultas de ex altos cargos que pretendían fichar por una empresa privada al abandonar sus puestos, antes de cumplir los dos años preceptivos: dos ex viceconsejeros, un secretario general y un director general, sometidos todos al régimen de incompatibilidad.

En todos los casos, la Junta validó su solicitud y “autorizó” los contratos, descartando que se vulnerase la legislación, según los cuatro informes de Inspección a los que ha tenido acceso este periódico (dos de ellos fechados en los dos últimos años).

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, aseguró este miércoles en el Parlamento que esos cuatro casos –gestionados bajo el mandato de Moreno– son los “únicos de los que tenemos constancia en los últimos 20 años”.

Para defender la reforma, Nieto explicó a la Cámara que el polémico fichaje del ex viceconsejero de Salud hizo que “nos diéramos cuenta de que no existía un procedimiento” para regular y controlar las llamadas “puertas giratorias”. “Ni se sabía cómo ni se sabía a quién dirigir la consulta”, dijo, aunque los cuatro casos precedentes siguen el mismo procedimiento y fueron gestionados por el mismo órgano de Inspección que intervino en el caso de Guzmán.

Altos cargos con gobiernos del PSOE, PP y Ciudadanos

Los cuatro informes de compatibilidad redactados por la Inspección corresponden a Diego Ramos, viceconsejero de Turismo y Deporte en el último Gobierno socialista de Susana Díaz –desde el 23 de junio de 2015 hasta el 27 de enero de 2019–; Fernando Francés, secretario general de Innovación, Cultura y Museos en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico desde el 14 de febrero hasta el 29 de agosto de 2019; Fernando Casas Pascual, director general de la Agencia IDEA desde el 14 de febrero de 2019 al 23 de febrero de 2021; y por último, Lorena García Izarra, viceconsejera de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad desde el 28 de enero de 2019 hasta el 8 de septiembre de 2020, e inmediatamente después, viceconsejera de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de septiembre de 2022.

Este último caso, el de la número dos del ex consejero de Economía Rogelio Velasco, nombrado por Ciudadanos en el anterior gobierno de coalición con el PP, es donde la Inspección encontró más señas de incompatibilidad en tanto que García Izarra había tenido autoridad y manejado competencias en materia de minas que podían beneficiar directamente a la empresa Cobre Las Cruces, de donde provenía antes de entrar en la Junta y por cuyo reingreso consultó al servicio de Inspección.

Ex secretario general de Cultura

Fernando Francés, ex director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC) y número tres de Cultura en el primer Gobierno de Moreno, estuvo apenas seis meses en este último puesto. Fue cesado en pleno agosto y tres meses después –el 25 de noviembre de 2019– solicitó por escrito a la Junta un informe “que declare si su nombramiento como Administrador Único” de una sociedad mercantil “resulta compatible a los efectos” establecidos en la legislación.

Sin embargo, cuando Francés hace esta consulta, ya figuraba como administrador único de una empresa dedicada a la gestión de pisos turísticos -El Museo Cultura y Turismo S.L.- desde el 11 de octubre, un mes antes de preguntar a la Junta.

En su solicitud, el gestor cultural advierte de que la sociedad para la que ya trabaja tiene una participación del 5,05% del capital social de otra entidad –en la que no ostenta cargo alguno– “pero que ha resultado adjudicataria de un Contrato de Prestación de Servicios del CAC Málaga –del que ha sido director– celebrado con el Ayuntamiento de Málaga [PP] el día 18 de septiembre de ese año, apenas un mes antes de entrar él como administración único de la empresa beneficiaria. Ambos supuestos están limitados en la Ley de Incompatibilidades.

La respuesta de la Junta llega cinco meses después de la consulta, en un informe del 30 de abril de 2020, en el que la Inspección y el Gabinete Jurídico concluyen lo siguiente: “no se observa” en la Ley de Incompatibilidades “un impedimento legal para que un ex alto cargo de la Junta pueda ejercer como Administrador Único de una entidad mercantil cuyo objeto social es el que se comunica en su escrito. Tampoco sería impedimento el que dicha sociedad ostente un porcentaje minoritario de acciones de otra mercantil adjudicataria de un contrato público, cuando la administración adjudicadora, como es el caso, es ajena a la Junta de Andalucía”.

Sin embargo, la entonces secretaria general para la Administración Pública, Ana Vielba, advierte en su escrito a Francés de que sus funciones dentro de esta empresa privada deberán estar “limitadas” durante los dos años posteriores a su cese como alto cargo de la Junta. “Ni a título personal ni ejerciendo de administrador único de la entidad podrá desarrollar actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento de asuntos particulares ajenos cuando por la índole de las operaciones de los asuntos competa a las Administración de la Junta de Andalucía resolverlos”. Y añade que todas las actividades que pretenda desarrollar en esta empresa están “limitadas” por la Ley de Incompatibilidades y la Ley de Contratos del Sector Público.

Exdirector de la Agencia IDEA

Fernando Casas fue director general de Presupuestos, de Tesorería y secretario general en la Consejería de Hacienda durante los últimos años de Gobierno socialista. En 2019, el primer Ejecutivo de PP-Ciudadanos lo mantiene en el gabinete, poniéndole al frente de la Agencia IDEA, adscrita a la Consejería de Economía, donde desempeña el puesto hasta febrero de 2021. A los pocos meses de su cese, Casas solicita por escrito “información de compatibilidad sobre una oferta de contrato laboral por cuenta ajena de una entidad para una actividad comercial en el departamento de mercados”.

Desde febrero de 2022 hasta a la actualidad, Casas figura en su perfil de Linkedin como socio de la consultora financiera KPMG, con servicios financieros, fiscales, legales, de asesoría y digitalización, entre otros. En octubre de 2019, KPMG celebró sus 30 años de presencia en Andalucía inaugurando una nueva sede en Sevilla, acto al que asistió el presidente Moreno.

Casas pregunta a la Junta si sus decisiones en esta empresa están sometidas al artículo 7.2 de la Ley de Incompatibilidades, que regula “la abstención para desarrollar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del alto cargo, durante los dos años siguientes a su cese”. Es decir, el mismo caso por el que la Junta maniobró para frenar el fichaje del ex viceconsejero de Salud a la aseguradora Asisa, hace sólo unos meses.

También en este caso, la Inspección de la Junta respondió a Casas –en un informe del 10 de noviembre de 2021– que “no existirá obligación de abstención para desarrollar actividades laborales en la entidad privada dentro de los dos años posteriores a su cese como Director General de IDEA”. La posible fricción entre su puesto como alto cargo de Hacienda y la consultora financiera para la que fichó después había expirado, advierten.

No obstante, el informe se detiene sobre el supuesto de que la empresa privada que va a contratar a Casas –“aunque no está participada por el sector público”– puede haber recibido “ayudas del sector público”, extremo que podría colisionar con la ley. Pero el documento matiza: “parece ajustado con el espíritu de la norma que la incompatibilidad solo se produzca cuando las ayudas o subvenciones a la empresa en la que el ex alto cargo pretende prestar servicios, hayan sido concedidas por él mismo”.

Exviceconsejera de Economía

El informe de compatibilidad de Lorena García, viceconsejera de Economía entre 2019 y septiembre de 2022, está fechado en septiembre de 2020. Es decir, García hizo la consulta a mitad del que fue su mandato para volver a la empresa minera de la que venía, un complejo minero hidrometalúrgico ubicado en la provincia de Sevilla, compañía propiedad 100% de una multinacional canadiense First Quantum Minerals, uno de los líderes mundiales del sector.

García se acogió a una excedencia en la mina para ser viceconsejera de Economía en el Gobierno andaluz. En su empresa desempeñó trabajos directivos en las áreas de servicios jurídicos y de relaciones institucionales y de secretaria de su Consejo de Administración. La ex alto cargo consultó a la Junta si, en caso de volver, debía “inhibirse” en los asuntos susceptibles de leerse como un conflicto de intereses, y si existía “impedimento o imposibilidad” para su reingreso tras cesar como alto cargo.

El informe de Inspección hace un análisis de la estructura orgánica de la Consejería de Economía y concluye que “es a la Secretaría General de Industria y Minas, a la que se le atribuye las funciones en la materia de minas y, en consecuencia, es dicho órgano el llamado a ejercer la dirección, coordinación y control de dicha materia”.

Aunque ésta depende jerárquicamente de la viceconsejera, avisa el documento, que acto seguido advierte a García de que sus funciones en todo lo relativo a la política de Minas debe estar “limitada”. “Deberá inhibirse del conocimiento de cualquier asunto relacionado o que interese o pueda de cualquier forma afectar directa o indirectamente tanto a la entidad como a la multinacional o a otras entidades que puedan formar parte de dicho grupo empresarial”, reza el texto, subrayando especialmente “cualquier asunto competencia de la Secretaría General de Industria y Minas”.

Sobre la solicitud de reingreso a su empresa, avisa el informe: “En dicho reingreso deberá tenerse en cuenta la prohibición de asumir durante los dos años posteriores al cese, la gestión, defensa, dirección o asesoramiento de asuntos particulares, cuando por la índole de las operaciones de los asuntos competa resolverlos a la Junta”.

Exviceconsejero de Turismo

El informe de compatibilidad sobre Diego Ramos, viceconsejero de Turismo en el último Gobierno del PSOE, es del 29 de mayo de 2019. Ramos pregunta sobre una oferta de contrato laboral por cuenta ajena en funciones de estrategia y profesionalización, que obliga a la Inspección a revisar la normativa en relación a las federaciones deportivas andaluzas.

Los estatutos de la federación por la que pregunta Ramos la definen “como una entidad asociativa de derecho privado, declarada de utilidad pública, que se rige por la vigente Ley del Deporte de Andalucía y la restante normativa autonómica o estatal de aplicación”. El informe, también aquí, descarta incompatibilidad en el puesto y reitera que “no existe obligación de abstención para desarrollar actividades laborales” en su nueva empresa dentro de los dos años posteriores a su cese. Esta conclusión, no obstante, está condicionada dentro del propio informe a que no haya adoptado ninguna decisión en beneficio de la federación deportiva mientras ostentó su cargo, y tampoco haya otorgado ayudas públicas a dicha entidad.

Desde el departamento de Justicia aclaran a este periódico de que “la Inspección General de Servicios no tiene entre sus competencias la emisión de informes de incompatibilidad de los altos cargos de la Junta”. “Únicamente se requiere la autorización expresa de la persona titular de la Consejería competente en materia de administración pública en algunos supuestos –docencia universitaria, así como investigación y asesoramiento científico y técnico vinculadas a la universidad–, recogidos en un decreto ley del año pasado que modificó la legislación en materia de incompatibilidades”.

El Parlamento andaluz, una vez convalidada la reforma de la Ley de Incompatibilidades vía decreto, aprobó tramitarla como proyecto de ley para abordar una modificación más exhaustiva de la norma, que debería estar lista antes de final de año, según anunció el consejero de Justicia.

La oposición de izquierdas ha acusado al Gobierno de Moreno de “querer tapar” el escándalo del fichaje del ex viceconsejero de Salud por Asisa con esta reforma, que el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado de “una forma de legalizar las puertas giratorias”. El PSOE también atacó a la Junta por otros supuestos de conflictos de intereses que han denunciado ante la Oficina Antifraude, como el del actual director general de Pesca o por los patrocinios de Turismo.

Ibon Etxeberria, exdirector de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales del Departamento de Salud, que fue destituido al inicio de esta legislatura y durante la pandemia por saltarse las restricciones para jugar al golf, ha sido nombrado nuevo gerente en Euskadi de la empresa Grup La Pau, la principal concesionaria de las ambulancias externalizadas de Osakidetza y que están en huelga indefinida. Etxebarria era miembro de la mesa técnica que asesoraba a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi, conocida como el Labi y encargada de fijar las restricciones, por lo que su cese por no respetar la normativa de Salud fue especialmente llamativo allá por 2021.

La noticia del nombramiento la ha hecho pública el sindicato UGT. A través de las redes sociales ha denunciado que “dinero para convenio no hay, pero para puertas giratorias sin problema”. “Todo sea por contentar al PNV”, ha escrito la central, que está siendo muy crítica con Grup La Pau.

La designación ha sido confirmada por el grupo catalán. A través de un comunicado, ha rechazado que se trate de una “puerta giratoria”. “La cooperativa de ambulancias tiene que aclarar que esta contratación se ha producido mediante un proceso de selección público y abierto a través de una empresa de selección de personal de reconocido prestigio en el País Vasco, hecho que garantiza la transparencia y descarta que se esté produciendo un proceso de ‘puerta giratoria’, tal y como afirma UGT”, han señalado.

En cualquier caso, señalan que “Etxeberria nunca tuvo relación directa ni indirecta ni con el sector del transporte sanitario ni con la cooperativa La Pau”. Además puntualizan que han transcurrido más de tres años desde que dejara su cargo en la Administración del Gobierno vasco, cuando “el periodo para superar incompatibilidades, si las hubiera, es de dos años”. Añaden que cuenta con la “autorización expresa del propio Gobierno vasco habiendo cumplido con todos los trámites requeridos por la normativa actual en cuanto a la transición a la empresa privada se refiere”. La Pau destaca la “profesionalidad, la trayectoria y formación que ostenta Ibon Etxeberria, lo cual le hacen merecedor del puesto de gerente de la cooperativa en Euskadi”, señalan.

En la época en la que Etxebarria participaba en la mesa técnica que asesoraba al Labi, en el que se decidían las restricciones que debían cumplir los ciudadanos para evitar los contagios de la COVID-19, y durante el periodo de cierre perimetral de los municipios, en febrero de 2021, se desplazó de Bilbao a Mungia para jugar al golf. Aunque después se dijo que estaba practicando 'running', en principio no estaba permitidos los desplazamientos fuera del término municipal salvo por cuestiones laborales, académicas o de fuerza mayor. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, acabó anunciando la destitución de Etxeberria.

El Gobierno andaluz no sabe a ciencia cierta si el fichaje del antiguo número 2 de la Consejería de Salud por una de las principales aseguradoras médicas del país vulnera o no la ley de incompatibilidades pero, por ahora, no le consta incumplimiento alguno. Así lo ha señalado el consejero de Sostenibilidad y portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández Pacheco, quien, 24 horas después de revelarse el fichaje de Miguel Ángel Guzmán por Asisa, ha pedido tiempo para analizar la información para “adoptar las medidas que hubiera que adoptar”.

Guzmán cesó como viceconsejero el pasado 27 de diciembre. Antes fue, durante dos años, gerente del Servicio Andaluz de Salud. La información de que había sido nombrado director médico de Asisa en Andalucía fue desvelada el lunes a mediodía por la Cadena Ser, y causó un inmediato revuelo mediático y político, con la oposición exigiendo explicaciones por el aparente caso de puertas giratorias entre la sanidad pública y la privada. El grupo Adelante Andalucía ya ha avanzado que llevará el caso a la Oficina Antifraude.  

Sin embargo, el Gobierno andaluz aún no ha encontrado una explicación completa y dice estar sorprendido, a tenor de las palabras de Fernández Pacheco, quien respondió al término del Consejo de Gobierno de este martes, a pesar de que las preguntas se formularon a la Consejera de Salud, Catalina García, quien también estaba en la rueda de prensa. “Al Gobierno no le consta ese nuevo desempeño del exviceconsejero”, dijo Fernández Pacheco, quien dijo que solo la saben “a través de los medios”.

De la información que manejan, “no consta que se haya incumplido ninguna norma”, aunque el portavoz pidió tiempo para recabar todos los datos. Y lanzó un mensaje: “Estamos totalmente en contra de cualquier tipo de puertas giratorias, por supuesto que sí; pero también en contra de que el paso por la política acabe perjudicando a aquellas personas que deciden dar el salto”. No explicó cómo se aplican una y otra oposición cuando estas aparentemente se contradicen entre sí, como sería el caso.

Dos precedentes recientes

Adelante ya ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Oficina Antifraude. Será la segunda vez en poco tiempo que este órgano deba pronunciarse. Hace apenas dos semanas constató que el director general de Pesca y Acuicultura del Gobierno andaluz, José Manuel Martínez Malia, vulneró la Ley de Incompatibilidades al conceder ayudas y subvenciones a dos empresas en las que él aparecía como apoderado y que además habían sido de su propiedad.

Además, este lunes se conoció que Lisardo Morán, director gerente de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, adscrita a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, había adjudicado un contrato de patrocinio de 350.000 euros a Giants Gaming Sport S.L., de la cual fue directivo antes de ser nombrado alto cargo del Gobierno andaluz. El PSOE anunció que llevará también este caso a Antifraude.

Sobre este asunto, Fernández Pacheco ha resaltado que Morán no es ni dueño ni administrador de Giants. “El señor Morán fue empleado de esa compañía de 2017 a enero de 2023. No tuvo poder de dirección ni de firma, no ha sido socio ni administrador”, ha detallado el portavoz del Gobierno andaluz, quien ha añadido que Morán “se abstuvo durante el proceso” de adjudicación. “Es verdad que la firmó porque era la única persona que podía firmarla”.

Todo eso ha hecho concluir al Gobierno andaluz que no existe incompatibilidad en el caso de Morán.

Varios ceses en diciembre

Miguel Ángel Guzmán cesó como viceconsejero de Salud el pasado 27 de diciembre, y estuvo precedido por media docena de altos cargos que salieron del departamento, dimitidos o cesados, en plena crisis de gestión de las listas de espera, desbocadas tras la pandemia.

Dos semanas antes de los ceses en la cúpula de Salud, la consejería hizo públicos los datos de pacientes en espera para operarse o para cita con especialista -más de un millón de ciudadanos, un 12% de la población andaluza- y de aquellos que habían rebasado el plazo máximo legal para cirugía, una lista que se había incrementado un 227% en sólo un año.

El Grupo Asisa, en el que ahora desembarca Guzmán, es una de las mayores aseguradoras privadas del país, con 50.000 profesionales, 18 hospitales autónomos -más de mil centros concertados- y tres millones de asegurados, según recoge en su página web. El año pasado, la compañía cumplió su objetivo de crecimiento tanto en el ámbito asegurador, donde obtuvo un volumen de primas de 1.487,67 millones de euros, como en el asistencial, en el que su facturación alcanzó los 615,2 millones de euros. En ambos casos, el crecimiento superó el 4%, según datos del grupo.

Pasado en la medicina privada

Miguel Ángel Guzmán es especialista en Medicina del Trabajo y Medicina de Familia, pero solo ejerció como médico de familia en el SAS durante cuatro años, de 1988 a 1992. Su trayectoria se desarrolla principalmente en la medicina privada, y llegó a ser miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y Vocal de sus Comisiones de Salud, Prevención y Relaciones Laborales.

Según consta en su currículum público, ha sido director médico del Hospital Vithas Parque San Antonio de Málaga, director médico y gerente adjunto del Complejo Hospitalario Integral Privado–Hospital Chip de Málaga y director de Inteligencia de Mercado e Innovación en Mutua Universal, compañía en la que ocupó distintos puestos de responsabilidad.

Aparcó su trayectoria en la sanidad privada para ejercer varios cargos públicos para el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno. Así, el consejero Jesús Aguirre lo nombró gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir en abril de 2019, y siete meses después lo promocionó director gerente del SAS. En el segundo Gobierno de Moreno fue nombrado viceconsejero de Salud. Antes, había sido vocal en el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde septiembre de 2012 a febrero de 2018, coincidiendo con el Gobierno de Mariano Rajoy.

El Congreso de los Diputados ha permitido que los parlamentarios castellanomanchegos Beatriz Jiménez, José Manuel Velasco, Milagros Tolón, Alberto Rojo y Ricardo Chamorro continúen con sus actas de concejal, aunque dicen que no perciben ninguna remuneración, pero no especifican nada sobre las indemnizaciones.

Por contra, Sergio Gutiérrez ha renunciado a sus dietas como edil en Escalona (Toledo). Y en el caso del Agustín Conde, diputado del PP por Toledo, se le autoriza a ejercer de alférez de fragata sin cobrar.

En el caso de los diputados y concejales toledanos, cabe recordar que José Manuel Velasco concurrió como número uno del PP en la provincia de Toledo el pasado 23 de julio mientras que Milagros Tolón lo hizo como número dos del PSOE.

Sus retribuciones ascenderán como mínimo a 71.897 euros brutos al año, el sueldo que cobrarán por parte del Congreso ya que la Ley Electoral (LOREG) no permite que perciban más de una remuneración de administraciones públicas. Son más de 20.000 euros más de lo que cobrarían como concejales liberados -51.393,30 euros- en el Consistorio toledano.

No obstante, sí que pueden percibir la dieta indicada por la asistencia a cada pleno que perciben los concejales sin dedicación exclusiva, que es de 321,51 euros al mes -con un máximo establecido de 12 plenos al año- y de 63,03 euros por la asistencia a cada comisión que se celebre.

Compatibilidad con otras tareas

El Congreso ha aprobado la primera tanda de autorizaciones para que los diputados puedan compaginar el escaño con otras tareas, tanto políticas --cargos en sus partidos o en instituciones (16 alcaldes y 51 concejales)--, como privadas (abogacía, docencia, participación en sociedades, producciones literarias, charlas o tertulias). En general, podrán hacerlo siempre que no cobren del sector público ni afecte a sus obligaciones parlamentarias.

El primer dictamen aprobado por la Comisión del Estatuto del Diputado en esta legislatura, al que ha tenido acceso Europa Press, concede estos avales a 268 miembros de la Cámara, el 76% del total de 350 diputados. No obstante, el informe, que debe ser ratificado próximamente por el Pleno, incluye autorizaciones a personas que ya han dejado el escaño por haber pasado a otras responsabilidades como el director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Óscar López, o su número dos, Antonio Hernando.

Sólo 31 parlamentarios no han declarado ninguna actividad al margen del Congreso, de los que doce son del PP: la vicepresidenta cuarta de la Mesa, Marta González; el secretario tercero, Guillermo Mariscal; Carlos Aragonés, Bella Verano, Pablo Pérez Coronado, Cristina Teniente, Mercedes Fernández 'Cherines', Ricardo Tarno, Maribel Sánchez Torregrosa, Sergio Sayas, Sandra Moneo y Sandra Pascual.

También hay cuatro del PSOE (Susana Sumelzo, José Zaragoza, Ramón Gómez Besteiro y Antonio Hernando), tres de Vox (su portavoz Pepa Rodríguez de Millán, Alberto Asarta y Tomás Fernández Ríos) y dos de Sumar (Nahuel González y Eloi Badia).

Habrá que esperar para ver algo más de transparencia en la actividad de la Oficina de Conflictos de Intereses de los altos cargos de la Administración General del Estado (AGE). La convocatoria de elecciones y la situación de impás político han dejado en el limbo la digitalización de la gestión de esta entidad y la creación de una web para difundir su actividad, dos iniciativas previstas desde hace ya más de dos años.

Ambas medidas estaban recogidas desde junio de 2021 en el Plan de Recuperación. La Componente 11 de ese documento, dedicada a la modernización de las administraciones públicas, preveía estas actuaciones entre las inversiones para la transformación digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

“En la Oficina de Conflictos de Intereses las inversiones se centran en la digitalización de la gestión de incompatibilidades de Altos Cargos y del personal de la AGE y en el refuerzo de las actividades de información, sensibilización y formación en materia de conflictos de intereses e integridad pública con la creación de un portal de la Oficina de Conflictos de Intereses”, decía el Plan de Recuperación.

En diciembre de 2021, en una respuesta escrita en el Congreso de los Diputados, el Gobierno puso cifras al presupuesto previsto para el proyecto de diseño funcional y tecnológico del portal web de la Oficina de Conflictos de Intereses, con fechas para su implementación y puesta en funcionamiento: “Se realizará a lo largo de los ejercicios 2022 y 2023, siendo la dotación prevista de 250.000 euros”. Finalmente no ha visto la luz.

Fuentes del Gobierno en funciones indican que, de volver Pedro Sánchez a Moncloa, la intención es retomar esa iniciativa.

La Oficina de Conflictos es la herramienta del Estado para controlar las denominadas puertas giratorias de altos cargos que saltan al sector privado. Se dedica a analizar las posibles incompatibilidades antes o después de dejar el puesto y analiza aspectos como si estas personas han tenido un enriquecimiento injustificado en la Administración. 

La entidad da cuenta de su actividad en unos informes semestrales que remite al Gobierno y al Congreso. En ellos detalla, de haberlos, qué altos cargos no han cumplido con sus obligaciones de presentación de declaraciones de bienes al nombramiento o al cese, incluyendo, cuando hay sanciones, copia de la resolución a la Mesa del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, para el común de los ciudadanos la rendición de cuentas es muy inferior. La ley de altos cargos de 2015 establece que los resúmenes de esos informes que se publican en el BOE (el último, el pasado 1 de agosto) están cercenados: solo incluyen “información agregada, sin referencia a datos de carácter personal”, y no identifican a quién afectan los procedimientos sancionadores incoados o resueltos. Solo dan cifras globales, sin nombres y apellidos. 

Y el resultado de esa normativa es que el organismo ha tenido en ocasiones una relación conflictiva con la transparencia. En 2020, la Audiencia Nacional dio la razón al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y dictaminó que la oficina debía desvelar los nombres de una decena de altos cargos que habían rehusado declarar sus bienes, pese a estar obligados a hacerlo, y que mantenía en secreto.

La Oficina de Conflictos de Intereses depende de la Secretaría de Estado de Función Pública. Está dirigida desde su creación en 2007, con el rango de subdirección general, por Flor López Laguna. Miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles, ya en enero de 1996 López Laguna fue nombrada subdirectora general del Régimen de Incompatibilidades en la Inspección General de Servicios de la Administración Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas. En resumen, lleva casi tres décadas fiscalizando estas cuestiones.

“Soy funcionaria del Estado por oposición, lo cual quiere decir que yo no tengo amos, bueno, amo sí, tengo un amo, la Constitución, el ordenamiento jurídico, las leyes”. “No es solamente que la autonomía de la Oficina implique que no recibimos instrucciones, sino que los funcionarios del Estado, nosotros tenemos la permanencia en el empleo, no admitimos criterios contrarios al ordenamiento jurídico”, dijo López Laguna en el Congreso en 2018.

En esa comparecencia, la directora de la Oficina dijo a los diputados que “jamás en la vida” ha recibido instrucciones de ningún Gobierno, que la entidad aplica la ley “con el mayor rigor” y que son sus señorías “quienes tienen la facultad de endurecer en su caso los regímenes de incompatibilidades, de conflicto de interés, etcétera, no nosotros”. 

También calificó el asunto de los lobbies de “tema interesantísimo” que “tiene que ser regulado, porque hay conflictos de intereses, no solamente desde el empleo público que va a lobby, como desde el lobby que proviene del sector público”. “Es un tema que la Oficina de Conflictos de Intereses debería intervenir, pero en este momento creo que no lo podemos asumir”.

Sin ley de lobbies

De aquello ha pasado un lustro. El pasado noviembre, más de cuatro años después de esa comparecencia, el Ministerio de Hacienda aprobó el anteproyecto de Ley de Transparencia sobre los Grupos de Interés, que preveía regular por primera vez en España las relaciones entre los lobbies y los altos cargos de la Administración General del Estado y el sector público.

La norma, uno de los compromisos asumidos ante la Comisión Europea y el Consejo de Europa, también formaba parte del Plan de Recuperación. Entre otras cosas, el anteproyecto prohibía a los altos cargos del Estado realizar durante dos años actividades de lobby, entendidas como comunicaciones directas o indirectas con el personal público implicado en la actividad normativa.

El texto incluía un régimen sancionador específico y la creación de un registro de grupos de interés obligatorio, con datos como la sede o las reuniones con personal público durante el proceso de elaboración de las leyes. Ese registro estaría disponible, precisamente, en esa futura web de la Oficina de Conflictos de Interés. 

Sin embargo, el Consejo de Ministros ni siquiera llegó a aprobar el proyecto de ley antes de la convocatoria de elecciones y la iniciativa decayó antes de nacer.

El programa electoral del PSOE, el partido con más posibilidades de gobernar tras el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, prometía aprobar esa ley “para dar transparencia a las actividades de los grupos de interés, creando un registro público y gratuito que permita monitorizar las actividades de influencia que se ejercen sobre el personal empleado público”.

Los socialistas también prometían una ley que vaya más allá de los altos cargos de la administración y “regule el sistema de incompatibilidades del personal al servicio del sector público para evitar los conflictos de intereses y la práctica de puertas giratorias”, “reforzando la actividad y la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, para la comprobación del patrimonio y la actividad de los máximos responsables públicos, dotándole además de facultades para detectar posibles casos del nuevo delito de enriquecimiento ilícito de altos cargos” introducido en la última reforma del Código Penal.

Empresas españolas de energías renovables se han lanzado en los últimos años a fichar a más de una treintena de ex políticos, con este sector en pleno boom. La tendencia es transversal y se observa en compañías de gran tamaño y también pequeñas y medianas.

Un ejemplo es la última empresa de este perfil en salir a cotizar a la Bolsa española, Cox Energy, que acaba de protagonizar un exitoso estreno en el mercado para pymes, BME Growth. 

Muy implantada en México, donde ya tenía sus títulos a cotización, Cox tiene en sus filas a dos exministros latinoamericanos. Su director Legal desde 2021 es Martín Sucre, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial con Ricardo Martinelli. Y el chileno Marcelo Tokman, consejero independiente desde 2020, fue ministro de Energía con Michelle Bachelet y presidió la Comisión Nacional de la Energía antes de ser directivo de Vestas en Sudamérica y dirigir la petrolera estatal chilena ENAP.

El de las renovables es un sector que depende enteramente de la regulación y de las autorizaciones de las distintas Administraciones a los parques fotovoltaicos o eólicos. Un aspecto este de plena actualidad, con un formidable atasco de solicitudes que ha llevado al Gobierno central a aprobar hace unos días por decreto una prórroga de 6 meses para cientos de proyectos que necesitaban un permiso clave, la autorización de construcción. Con eso 43.000 megavatios (MW) se han salvado por ahora de perder la conexión a la red.

Con las incorporaciones de figuras del ámbito político, la estrategia de grupos de renovables grandes, medianos y pequeños recuerda mucho a la desplegada durante décadas por las grandes del sector, tanto eléctricas como petroleras y propietarias de las redes de gas y electricidad.

Uno de los casos más destacados es el de Iberdrola, que es un líder mundial en renovables y solo desde 2020 ha incorporado a sus filas a las ex ministras Isabel García Tejerina y Fátima Báñez, a la exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones Emma Navarro (ex alto cargo con Luis de Guindos) o al socialista Antonio Miguel Carmona (ya sin cargos en la empresa). 

Cox, la última empresa renovable española en salir a Bolsa, se adjudicó en abril en una subasta judicial lo que queda de una de las pioneras en este sector, la sevillana Abengoa. La antaño líder en sectores como el de la energía termosolar copó durante años fichajes de este tipo como, entre otros muchos, el actual Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, José Borrell, o el recientemente fallecido Josep Piqué.

En Abengoa fue directivo muchos años el ingeniero y catedrático José Domínguez Abascal, ex alto cargo de la Junta de Andalucía en época del PSOE que acabó presidiendo el grupo andaluz. Abascal luego fue el primer secretario de Energía de Teresa Ribera en el Ministerio para la Transición Ecológica. Actualmente es responsable en España de la china Envision. Esta empresa lleva meses negociando ayudas públicas para la instalación de una gigafactoría de baterías de iones de litio en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Caso aparte es el del grupo aragonés Forestalia, de la familia Samper, que según un reciente recuento de El Mundo ha fichado en los últimos años a cerca de una decena de altos cargos.

Entre ellos están Alfredo Boné, histórico dirigente del PAR y consejero de Medio Ambiente del socialista Marcelino Iglesias; los exviceconsejeros Luis Marruedo y Carlos Ontañón; Ana Cristina Fraile, ex jefa de gabinete de Boné, o los nacionalistas catalanes Felip Puig, Josep Garú, Pere Palacin y Mercé Rius.

Cercana a Feijóo

El último fichaje conocido en el sector ha sido el de Marta Fernández Currás, ex secretaria de Estado de Presupuestos con Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y ex consejera en la Xunta de Alberto Núñez Feijóo.

Fernández Currás, cuyo nombre se ha barajado en las quinielas de las últimas semanas para el equipo económico de Feijóo en caso de que el PP llegue al gobierno, acaba de ser nombrada consejera independiente de la gallega Ecoener y ha sido socia de EY en los últimos años. 

No es la primera persona del mundo político que aterriza en Ecoener fichó en 2021, año en el que trascendió la contratación de José Manuel Soria por parte de la británica Island Green Power, a otros dos exministros populares, Eduardo Serra y Ana Palacio. Ninguno de los dos tiene la calificación de independiente: ambos representan al presidente y máximo accionista del grupo, Luis de Valdivia. 

En el caso de la ex ministra de Exteriores de José María Aznar, que también es consejera de Enagás junto a otra media docena de expolíticos, a sus funciones en el consejo de Ecoener ha sumado hasta el año pasado un contrato de prestación de servicios a través de una sociedad a la que De Palacio está vinculada, Salesas Tres Centro de Estudios SL.

Esta firma facturó a Ecoener 127.000 euros en 2022 en concepto de servicios de “asesoramiento e información, así como de interlocución con instituciones para el desarrollo en los países donde opera la Sociedad”. El contrato “venció el 15 de junio de 2022 sin que se haya pactado entre las partes su renovación”, explica Ecoener en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A escala mucho más local, una reciente investigación de elDiario.es ha sacado a la luz la vinculación de una desconocida empresa andaluza, Bestard, con un concejal del PP de Estepona, Salvador Pedraza. La empresa ha logrado permisos para varias plantas fotovoltaicas en Andalucía a través de empresas cuyo rastro conduce hasta ese edil y al alcalde popular de esa localidad de la Costa del Sol, José María García Urbano.

Otro fichaje reciente ha sido el de Anna Birulés, ministra con Aznar que desde enero es presidenta no ejecutiva de otra empresa de renovables cotizada en BME Growth, Enerside Energy. 

En esta compañía, dedicada al negocio fotovoltaico, tenía algo más de un 10% hasta hace unos meses 10% Demonte Energy, una sociedad del fondo Langur Holding, que invierte en sectores tan variopintos como el de la energía, el inmobiliario, las ópticas (Federópticos), los espectáculos taurinos o el fútbol amateur.

A varias sociedades de Langur está vinculado el financiero Álvaro Escrivá de Balaguer García-Herrero, sobrino del fundador del Opus Dei que ha sido nombrado recientemente consejero de Hidrógeno Verde Renovable (HVR), una de las empresas de Langur.

Al consejo de esta compañía y a otras de Langur pertenece desde 2020 el que fuera jefe de gabinete de Aznar, Germán Alcayde, ex secretario general de Nuevas Generaciones del PP en Madrid y ex diputado en la Asamblea de Madrid. HVR participa en un proyecto de producción de suministro de hidrógeno verde para abastecer al transporte público en Coslada que presentó el pasado abril Isabel Díaz Ayuso.

Otra ex política popular cercana a Feijóo, la ingeniera industrial Beatriz Mato, ex consejera de Medio Ambiente en la Xunta y con amplia experiencia en el sector privado, fichó en 2021 por la gallega Greenalia, donde actualmente es CSO & Corporate Development. Greenalia tiene también en su consejo desde hace años al empresario Antonio Couceiro, actual presidente del Real Club Deportivo de la Coruña y conselleiro de Industria e Comercio de la Xunta con Manuel Fraga en los 90.

Tanto Mato como Couceiro son también vocales de la Fundación Greenalia, según el Registro de Fundaciones. Esta es otra vía para este tipo de movimientos. Es el caso de Fundación Eki, vinculada al grupo vasco Solarpack. En su patronato figura desde hace años Xabier Garmendia, ex diputado del Parlamento vasco con el PSE y exviceconsejero de Energía de Euskadi.

De antes de la pandemia data también el fichaje de Elena Pisonero (secretaria de Estado con Rodrigo Rato) como consejera de Solaria; la incorporación al consejo de Acciona de Karen Christiana Figueres, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas de 2010 a 2016; y el paso por la presidencia de Eolia de Nemesio Fernández Cuesta, ex directivo de Repsol y secretario de Energía con Aznar (luego en la extinta UPyD).

El consejo de administración de Ecoener ha propuesto el nombramiento de Marta Fernández Currás, ex secretaria de Estado de Presupuestos en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, como consejera independiente, informó la compañía dedicada a las energías renovables. Ecoener destacó que este nombramiento refuerza su buen gobierno debido a la “gran trayectoria profesional” de Fernández Currás -que también formará parte de la comisión de nombramientos y retribuciones-, acreditada en puestos de alta responsabilidad, así como “su formación y su valía personal”.

El nombramiento de Marta Fernández Currás en calidad de consejera independiente se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas de Ecoener del próximo 23 de junio. El presidente de la compañía, Luis de Valdivia, enmarcó el nombramiento de Marta Fernández Currás “en la política de la sociedad de incorporar a los mejores profesionales, en este caso para reforzar el buen gobierno corporativo, en esta etapa de fuerte crecimiento”.

Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidade de Santiago, Fernández Currás es inspectora de Hacienda e interventora y auditora del Estado. Ha sido miembro del patronato del Museo del Prado, Museo Thyssen, Museo Reina Sofía, Biblioteca Nacional y del Instituto de Analistas Financieros.

Desde el año 2016 es socia-directora de Galicia de la empresa global de auditoría E&Y, dónde lidera el área fiscal, siendo la responsable de diversos proyectos vinculados a empresas nacionales y multinacionales. Al mismo tiempo, es socia en el área de Sector Público, en la que presta servicios a empresas del ámbito público nacional.

Ha sido delegada del Instituto de Estudios Fiscales en Galicia del Ministerio de Economía; jefa de la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Tributaria (AEAT) en Galicia; interventora general de Galicia; inspectora en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, así como conselleira de Facenda de la Xunta.

Además, ha sido profesora asociada de Hacienda Pública y Sistemas Fiscales en la Facultad de Económicas de la Universidade de Santiago de Compostela, administradora de la AEAT de Santiago, vocal del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Galicia e interventora adjunta territorial de Pontevedra.

El Servicio de Registro de Personal del Gobierno vasco, que cuelga del área de Gobernanza Pública y Autogobierno de la consejera Olatz Garamendi, ha iniciado un “período de información o actuaciones previas” a la luz de informaciones de 'Gara' sobre ex altos cargos que no pidieron la preceptiva autorización para regresar a la actividad privada en el plazo de dos años posterior al cese. Entre ellos, se encuentra el caso de Juan Diego, que era público y notorio porque fue adelantado por este periódico en 2021 sin que hasta ahora se hubiese comunicado ninguna actuación. Diego, que antes fue asesor del lehendakari, Iñigo Urkullu, saltó a dirigir una filial de Petronor-Repsol llamada Edinor menos de tres meses luego de abandonar de la dirección general de Osakidetza, donde mantuvo un perfil bajísimo en la primera ola de la pandemia y adonde llegó como apafuegos tras las denuncias de irregularidades en las oposiciones médicas de 2018.

Alicia Cristóbal Barragán, responsable de esa oficina, ha explicado en un informe enviado al Parlamento que actúan así “por la amplia difusión que han tenido en los medios de comunicación” algunos casos en las últimas semanas, aunque también ha sido un debate trufado de confusión ya que la información sobre las autorizaciones para saltarse la hibernación de dos años fijada por la ley de 2014 como norma general se hace pública caso a caso en cada momento y porque se le atribuyó a la Comisión de Ética la supuesta responsabilidad de estas “puertas giratorias”, cuando su cometido es muy otro. La “información o actuaciones previas” consistirá en analizar precisamente los casos que no han sido comunicados.

Sobre el caso específico de Diego, indica el Gobierno a la Cámara en respuesta a una pregunta del representante de EH Bildu Josu Estarrona que “si estos hechos resultaran acreditados”, es decir, si se confirmara que el excargo no comunicó su salto al grupo Repsol, cuyo máximo dirigente es el expresidente del PNV Josu Jon Imaz, “podría suponer el incumplimiento del régimen material de incompatibilidades” de la ley de 2014. Toda esta investigación será “reservada”, advierte el Ejecutivo.

En datos, desde la entrada en vigor de la actual norma de altos cargos, hace nueve años, han sido 19 las solicitudes revisadas por el Servicio de Registro de Personal. Se han completado 17 expedientes. 14 “tienen resolución expresa de autorización para la realización de actividades privadas”, dos se han inadmitido pero porque no había obligación de pedir ese plácet y un caso, que también se investiga ahora, concluyó con silencio administrativo. Es el salto de Alexander Arriola de la SPRI (sociedad pública del área de Arantxa Tapia) a Eurocybcar en apenas 24 horas. En este caso, la ley benefició a Arriola, ya que el silencio positivo se interpreta como autorización también para desempeñar un nuevo puesto de trabajo en la privada. El Ejecutivo ya había indicado semanas atrás, por boca de su consejerto-portavoz, Bingen Zupiria, que analizaría “cuál es la razón por la que no existió una contestación a la solicitud que en fecha y forma presentó esta persona” ya que Eurocybcar sí puede tener relación con las actividades de la SPRI.

Garamendi, en todo caso recalca que este asunto “no tiene relación” con la Comisión de Ética, que es un organismo que analiza incumplimientos no de las leyes sino del código ético. Eso sí, algunos casos concretos de lo que la oposición ha venido en llamar “puertas giratorias” sí han sido revisados 'a posteriori' por este foro que está presidido por la consejera Garamendi. El más significativo fue el de Jon Darpón, también dado a conocer por este periódico en 2019. Con otros excargos de la cúpula de la Sanidad pública, el consejero dimitido por la crisis de la oposiciones de 2018 saltó a una gran aseguradora privada del ámbito sanitario, Keralty. La Comisión de Ética no vio ningún problema. Tampoco hubo una hibernación de dos años desde el cese hasta el inicio de la actividad privada.

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha denunciado la “caza de brujas” impulsada por la oposición en Euskadi con sus “falsas denuncias” por supuestas prácticas de corrupción y puertas giratorias de excargos de la Administración vasca que en los últimos años han pasado a la actividad privada tras abandonar sus responsabilidades, según informa Europa Press.

Garamendi ha respondido, de esta forma, a las preguntas que en torno a este asunto le ha dirigido Vox, con un único escaño, en comisión parlamentaria. La consejera ha destacado la “autonomía” con la que trabaja el órgano del Ejecutivo encargado de dirimir sobre posibles incompatibilidades, y ha denunciado que “por motivos ajenos al interés general, haya quien ahora pretenda prescindir de todo el sistema y pretenda exigir, directamente, responsabilidades políticas a todo el Gobierno”, señalando que “no cabe caza de brujas alguna”.

La consejera ha recordado que fue el propio Parlamento Vasco el que, con un “amplio consenso”, dotó del instrumento legal para afrontar situaciones de conflicto de intereses y compatibilidad de excargos públicos que se van a incorporar a la actividad privada. Tras destacar que el legislativo aprobó la Ley 1/2014 que regula el Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de loa Cargos Públicos (que posteriormente fue desarrollada en un decreto en 2016), la consejera ha señalado que la norma determina que el Servicio de Registro de Personal es “el único órgano responsable de la gestión de los expedientes de conflictos de intereses”.

Además, ha indicado que fue precisamente la Cámara vasca la que designó al Registro de Personal para que se encargara con plena autonomía de la gestión de los asuntos implicados en los expedientes de compatibilidad y de las obligaciones que, al respecto, tuvieran los cargos públicos, debiendo guardar secreto respecto a los datos que conozcan su personal en el ejercicio de sus funciones.

Garamendi ha explicado que la normativa en vigor “garantiza que el tratamiento de los datos y el análisis queden sujetos a un órgano técnico, con plena autonomía, al frente del cual se encuentra una persona funcionaria pública”. Además, ha indicado que es este órgano el que decide si eleva la propuesta de resolución de los expedientes que se tramitan para su firma por parte del responsable del Departamento de Gobernanza Pública.

Garamendi ha pedido respeto para el personal funcionario que, en este caso, se ocupa del seguimiento del régimen de compatibilidades de los excargos públicos y para las personas que desempeñaron y desempeñan cargos públicos en Euskadi. Aludiendo a la ley en vigor, la responsable del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno ha negado que los excargos tengan prohibido trabajar en la privada en los dos años siguientes a su cese. En este sentido, ha señalado que la única prohibición contemplada en la ley 1/2014 es la prohibición 'singular' de no poder incorporarse a la empresa privada con la que el cargo público haya mantenido una relación directa durante su anterior desempeño.

Asimismo, ha indicado que “no es cierto” que la Ley imponga una prohibición general del cese de un cargo para que pueda incorporarse al mercado de trabajo en una empresa privada. Garamendi ha negado, asimismo, que la norma impida o prohíba la incorporación a la empresa privada hasta que el Registro de Personal no conteste a la persona interesada. “La ley dice que, si no se le requiere o no se le comunica algo en relación con su intención de acceder a una empresa privada, puede incorporarse a la empresa privada”, ha apuntado. En este sentido, ha precisado que la falta de una propuesta de resolución por parte del Registro de Personal “no tiene por qué suponer una oscura concesión de un trato de favor”.

Garamendi ha subrayado el compromiso del Gobierno vasco con la transparencia en la Administración pública, y ha indicado que, precisamente gracias a ello, ha sido posible ahora la divulgación de la información por la que ha sido cuestionada en el Parlamento Vasco. “Si queremos que las personas cargos públicos sean lo más duchas posibles en la materia sobre la que van a asumir una responsabilidad; si, además, sometemos a las personas, no sólo al sano ejercicio del control político, sino al más absoluto escarnio y juicio público; y si, finalmente, prohibimos a estas personas desempeñar una labor en el ámbito del que provienen, o en cualquier otro ámbito del sector privado ¿En qué clase de páramo quieren convertir ustedes a la Administración pública?”, ha planteado.

EH Bildu ha registrado una iniciativa en el Parlamento Vasco para que el Gobierno de Iñigo Urkullu “disuelva” la Comisión de Ética, el órgano que analiza posibles irregularidades o vulneraciones del código ético al que están sometidos los altos cargos. “No vale para nada”, ha sentenciado en rueda de prensa el parlamentario Josu Estarrona, que ya en el pasado la bautizó irónicamente como “Comisión de Estética” porque siempre ha “blanqueado” los casos polémicos que han afectado al Ejecutivo. La coalición demanda que se cree otro órgano “independiente” que asuma sus funciones. Actualmente, este organismo tiene cinco vocales, tres de ellos altos cargos, y la presidencia la ocupa la consejera Olatz Garamendi.

“En opinión de EH Bildu, lo que queda claro es que la Comisión de Ética no sirve para nada. No es un mecanismo para detectar prácticas irregulares ni para poner trabas a redes clientelares y puertas giratorias. Más bien, sirve para legitimarlas. No tiene ningún sentido una Comisión de Ética dedicada a autorizar que los excargos del Gobierno fichen por empresas privadas vinculadas a su sector de la Administración en vez de hacer cumplir los dos años de carencia que fija la ley. Hasta ahora la única función de la Comisión de Ética ha sido justificar la actuación del Gobierno en este tipo de casos para dar una apariencia de corrección ética a sus decisiones. Más que una Comisión de Ética es una Comisión de Estética”, ha explicado Estarrona, en referencia a resoluciones ya conocidas desde hace tiempo como la que avaló el salto del exconsejero Jon Darpón a una aseguradora sanitaria privada, Keralty, donde acabaron también otros colaboradores de su equipo.

Y ha añadido Estarrona: “Hemos presentado una proposición no de ley para pedir la disolución de la Comisión de Ética y que en su lugar se cree un nuevo órgano compuesto por personas independientes para prevenir, detectar, analizar, investigar y resolver prácticas irregulares garantizando siempre el anonimato de las personas denunciantes, que es algo que tampoco se cumple en la actualidad”. En todo caso, EH Bildu asume el escaso recorrido de su iniciativa, ya que en el pasado el Gobierno, que cuenta con mayoría absoluta merced a la suma de PNV y PSE-EE, ha rechazado otras propuestas como la ley para “poner obstáculos a las puertas giratorias” o para crear una Oficina Anticorrupción. La coalición ha recordado que el PNV, en diciembre, hizo autocrítica por proyectar “cierta imagen de amiguismo” y ha lamentado que la preocupación del principal partido vasco sea la “imagen” y no acabar con el amiguismo.

Estarrona se ha referido también al caso concreto del exdirector general de la sociedad pública Spri, Alexander Arriola, quien nunca recibió la preceptiva autorización para fichar por una empresa relacionada con su antiguo cargo antes de que pasen dos años desde el cese. El Gobierno vasco ha admitido que no existe tal dictamen y se ha comprometido a analizar la situación. Sin embargo, EH Bildu sostiene que el Ejecutivo solamente actúa interpelado por iniciativas de la oposición o cuando hay asuntos que se publican en los medios de comunicación.

Más de 70 ex cargos de los reguladores de energía, telecomunicaciones o Competencia han pasado al sector privado en las dos últimas décadas, en un goteo constante que se intensificó con la fusión de esos organismos hace casi diez años en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo carece de un régimen específico de incompatibilidades para su personal, a diferencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esto facilita el trasvase en muchos casos.

Entre esas más de 70 personas hay antiguos presidentes, consejeros y personal directivo y predirectivo de la CNMC y los organismos que engulló: Tribunal y Servicio de Defensa de la Competencia (TDC, SDC) y comisiones de Competencia (CNC), Energía (CNE) o Telecomunicaciones (CMT). Dos tercios del total han tenido como destino compañías del Ibex o participadas por firmas del selectivo. 17 personas han acabado en grandes empresas ajenas al selectivo. 22, en bufetes o consultoras.

Más de un 40% de las salidas son desde el área de la energía. Y la mayoría son antiguos puestos directivos de los reguladores, más numerosos en esos organismos que los consejeros.

Un ejemplo reciente, y para un cargo que requiere del plácet del Gobierno, es el de Raúl Yunta, presidente del operador del mercado ibérico del gas, Mibgas. Histórico de la CNE, en 2019 pasó de subdirector adjunto de Gas de la CNMC a pilotar esa empresa que controlan las energéticas. Este técnico sustituyó al primer presidente, Antonio Erias, catedrático y exdiputado del PP muy cercano a Mariano Rajoy que dejó una polémica gestión tras de sí.

El último caso ha sido el de Paloma Espeja, subdirectora adjunta de Mercado Minorista de la Subdirección de Electricidad de la CNMC hasta diciembre. Tras 22 años en el regulador (antes, la CNE), ha fichado por Iberdrola, como avanzó Cinco Días. Allí es nueva responsable de Supervisión Regulatoria de Mercado Ibérico, según su LinkedIn. Ha engrosado la nómina de ex directivos de esos organismos (cerca de medio centenar de personas con una elevadísima especialización) que han saltado al sector privado.

También lo han hecho María Fernández, ex vicepresidenta de la CNMC, y Reyes Aguado, su ex jefa de gabinete y hasta hace poco asesora jurídica en el 'súperregulador'. Han creado etali'a, definida en su escueta web “en construcción” como “consultora estratégica y regulatoria especializada en el análisis económico y jurídico de los mercados, que proporciona a empresas y sector público soluciones a problemas complejos”. Fernández ya fichó a finales de 2020, nada más dejar la CNMC, por Ramón y Cajal Abogados como of counsel para liderar su recién creada unidad de asesoramiento en gestión de fondos europeos.

Meses antes llegó el primer paso a lo privado de un ex vocal de la CNMC. Idoia Zenarruzabeitia, ex consejera autonómica del PNV, ex de la CNE y luego en la CNMC hasta 2017, recaló en CAF, adjudicataria de los trenes de Renfe que no caben por los túneles en varios trazados del norte de España. Esta compañía vasca tenía entonces un expediente sancionador abierto de la CNMC. Fue resuelto con multas millonarias en 2021.

También en 2020 acabó su mandato en la CNMC el consejero y ex diputado de CIU Josep María Guinart. En noviembre se convirtió en consejero de la Presidencia de la patronal Foment del Treball junto a, entre otros, el ex ministro socialista Valeriano Gómez, el popular Vicente Martínez-Pujalte o la ex consejera catalana Elsa Artadi. Y en 2020 Duro Felguera nombró presidenta a Rosa Aza, primera y última presidenta de la Comisión del Sector Postal que engulló la CNMC en 2013, y luego al frente de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Este trasvase viene de muy atrás. Es llamativo repasar el organigrama directivo de la CNE en 2003 dos décadas después. Casi todos están hoy en lo privado: del secretario del consejo, Alfonso González-Espejo, abogado del Estado y hasta octubre socio de Regulación y Cumplimiento de KPMG, a cinco de los siete directores generales.

Así, en 2004 se fue a la actual Naturgy el director de Gas de la CNE, Antonio Blanco; en 2005, Pablo Blanco, abogado del Estado y jefe de la Asesoría Jurídica de la CNE, fichó por Repsol; en 2010 KMPG contrató al director de Energía Eléctrica, Carlos Solé, hoy socio de Energía y Recursos Naturales de la firma; y un año después, el director de Relaciones Institucionales de la CNE, Rafael Durbán, pasó a ocupar el mismo puesto en Endesa. El director de Petróleo en 2003, Pedro Miras, preside hoy el World Petroleum Council, foro internacional que representa a ese sector en todo el mundo, tras dirigir casi una década la Corporación de Reservas Estratégicas.

Fuera del ámbito energético, otros casos recientes son los de María López Carracelas, jefa de Asuntos Internacionales para Telecomunicaciones y Audiovisual en la CNMC hasta que en 2018 fichó por Facebook como EU Public Policy Manager. O Carlos Pascual, subdirector de Estudios e Informes de la CNMC hasta que en noviembre de 2014 pasó a ser socio de Economía, Competencia y Regulación de KPMG. 

Ese año, María Jesús Mazo, ex subdirectora en la Dirección de Competencia de la CNMC, se incorporó al Consejo General del Notariado. Un movimiento similar al que tomó en 2020 Carlos Balmisa, ex director de Control Interno de la CNMC y actual secretario del Colegio de Registradores, y el que tomó también ese año José Antonio Perales, abogado del Estado que pasó por la CNE (2012-2013) antes de recalar en el Ministerio de Agricultura.

En 2013, Carlos Martín, histórico de la CNE, abandonó la Subdirección de Biocarburantes y Sostenibilidad de la recién creada CNMC para fichar por la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), patronal de las petroleras, como director Técnico y de Medio Ambiente. Y Pablo Villaplana, hasta entonces director de Mercados Derivados de la CNE, recaló en OMIE, la empresa que gestiona el pool eléctrico que controlan energéticas y bancos. Siguió la estela de Rafael Gómez-Elvira, director de Asuntos Europeos de la CNE hasta 2012.

En 2011 dejó la CNC Isabel Sánchez García, ex directora de Promoción de la Competencia y ex de la CNE, para ser nombrada consejera independiente de Enagás. La dueña de los gasoductos, la más activa en estos movimientos, también fichó en 2009 a José Miguel Aguado, que pasó de la jefatura de la Dirección de Asesoría Jurídica de la CNE a esa empresa del Ibex. Allí coordina el área de Servicios Legales.

Otros casos ya lejanos en el tiempo son los de Alberto de Frutos, ex subdirector de Regulación de la CNE fichado en 2008 por la actual Naturgy; o Enrique Vicent, que en 2005 pasó de director de Regulación y Competencia de la CNE a Endesa. Los más veteranos del sector recuerdan cómo hace más de dos décadas el director de Energía Eléctrica de la CNE, Carlos Batlle, fichó tras unos meses en la consultora Nera por Iberdrola. Allí fue muchos años director de Regulación y director de Políticas Energéticas y Cambio Climático.

La supervisión de telecomunicaciones ha sido también cantera para al menos 25 antiguos profesionales de esos organismos que acabaron en lo privado. La mayoría, ex consejeros, pero también directivos como Teresa Arcos, directora de Asuntos Internacionales de la CMT hasta que en 2007 fundó la patronal Redtel, de la que fue secretaria general. Técnico comercial, pasó luego a Orange y volvió en 2020 a lo público como directora General de Telecomunicaciones. Duró poco: desde 2021 es consejera independiente de Enagás.

O Adela Gómez, ex subdirectora de Regulación y Competencia en la CMT, que en 2011 fichó como Senior European Counsel y responsable de 'Telecos' del bufete Bird & Bird. En 2006, Manuel Tomás dejaba la dirección de Ofertas de Mercado de la CMT para fundar una consultora y fichar como gerente de la Asociación de Operadores para la Portabilidad. De 2005 data el caso de Lucía Aguilera, directora de Regulación de Operadores de la CMT hasta que, con el polémico traslado de la sede del organismo a Barcelona, se fue a Telefónica.

Un año antes, Sylvia Alonso pasó de directora de Internacional de la CMT al mismo puesto en Telecom Italia, para luego recalar en el bufete Cremades como socia y acabar fundando su propio despacho. Otro caso más lejano es el de José Fernández Beaumont: de director de Comunicación y Publicaciones de la CMT pasó a compatibilizar la docencia con su trabajo en Fundación Telefónica, a la que representó en una comparecencia en el Senado en 2010.

Sin incompatibilidad

Fuentes oficiales del 'súperregulador' señalan que “todo el personal de la CNMC cuenta con salvaguardas que tratan de evitar los conflictos de interés”, con un código de conducta y la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública. “Contamos con instrumentos legales, estatutarios y/o contractuales para hacer frente a esta cuestión”.

Otras fuentes consideran que un incentivo a estos traspasos es la inexistencia de un régimen de incompatibilidades para el personal de la actual CNMC, como no existió para los directivos de las extintas CNE y CMT. Los altos cargos de la CNMC (presidente, consejo, secretario del consejo, directores de instrucción y secretario general) están sometidos al régimen general de incompatibilidades de altos cargos, de dos años tras el cese que fiscaliza la Oficina de Conflictos de Interés. Pero de ahí para abajo, no hay cortapisas, a diferencia de lo que ocurre en la CNMV.

El reglamento de régimen interior de la CNMV tiene un régimen especial de incompatibilidad para el personal “que, por razón del puesto desempeñado, hubiese intervenido de forma decisiva en un asunto de relevancia para una entidad privada”. “No podrá, durante los dos años siguientes a tal intervención, prestar servicios en la entidad afectada o las pertenecientes a su mismo grupo. El carácter decisivo de las intervenciones y su relevancia serán apreciados por el Comité Ejecutivo”.

A ese vacío legal se suma el incentivo de unas retribuciones mucho más atractivas al otro lado. Como dice una persona que pasó muchos años en un regulador y dio ese paso, “lo que estás trabajando ahí, desde el punto de vista intelectual o profesional, el sector privado no te lo da; en ningún sitio tienes algo tan interesante, porque es el centro de la regulación y del sector. Pero, claro, tienes unas condiciones económicas, sobre todo”.

El dinero no es el único factor. También cierto hartazgo por “las dificultades y lo que tardan en salir las cosas”, por la logística de la Administración. Y tampoco ayudó el efecto de la fusión de reguladores de 2013 sobre las carreras profesionales del personal de las extintas CMT y CNE.

Con ella, se implantó el modelo de la extinta CNC, priorizando al funcionario sobre el personal laboral (la mayoría de técnicos no eran funcionarios), heredando el esquema del antiguo SDC. Y se suprimió el incentivo a la cualificación del cuerpo técnico, que fue una de las razones para crear comisiones sectoriales separadas tras la liberalización de la energía y las 'telecos', dada la complejidad técnica de esos sectores, siguiendo el modelo anglosajón.

“Todo eso hace que al final, por muy convencido que estés del lugar, surjan otras posibilidades y la gente se marche”, dice esa persona que dio el paso a lo privado, que tacha la fusión de “desastre. Ha cortado la carrera y la promoción profesional del personal de la CNE y CMT, que era muy bueno técnicamente”. “Imagina que se va un subdirector de la CNMC: tienes a alguien que sabe muchísimo” y “lleva ahí todo el tiempo, se ha formado ahí. Pues la plaza sale a concurso de los funcionarios, que además se guían por el complemento: hoy están en Sanidad y mañana en Transportes”.

La CNMC, que con unos 500 efectivos (el 62%, personal laboral) debe supervisar el funcionamiento de toda la economía española, tiene problemas para cubrir algunos puestos clave. Y solo ha aprobado recientemente los convenios colectivos para su personal laboral, tras varias condenas de la justicia. Su presidenta, Cani Fernández, ha reclamado en el Congreso más medios y autonomía para el organismo.

La priorización del alto funcionario que implantó el Gobierno del PP convirtió a la CNMC en pasarela hacia otros destinos en casos como el de Juan del Alcázar, técnico comercial del Estado y ex alto cargo de Soraya Sáenz de Santamaría, que tras la moción de censura se recolocó como subdirector de Sociedad de la Información de la CNMC y al poco fichó por Santander, donde es director of Corporate Positioning and Advocacy. O Cristina de Ysasi-Ysasmendi: de directora adjunta del Gabinete de Rajoy pasó a la Asesoría Jurídica de la CNMC para fichar meses después por la consultora Llorente & Cuenca.

Ahorro de costes inexistente

En unos días se cumplirán diez años desde que Sáenz de Santamaría anunció la creación de la CNMC, un experimento casi inédito en el mundo inspirado en un informe ad hoc encargado a la consultora PwC por Telefónica, que acababa de fichar al marido de la entonces vicepresidenta, gran impulsora del denominado ‘súperregulador’. La fusión, justificada con un muy discutible ahorro de costes, derivó en un empeoramiento de la política de competencia en España, según diversos estudios académicos. Y propició una diáspora de muchos cargos de los organismos extinguidos, del consejo a las distintas direcciones.

A los ya mencionados se sumaron otros como el hasta entonces presidente de la CNC, el ex juez Joaquín García Bernaldo de Quirós, incorporado ipso facto al despacho Ramón y Cajal; o la exconsejera de la CMT Marta Plana, luego directiva del Barça o Cabify y sancionada por montar una start-up cuando todavía cobraba la cesantía, en una decisión anulada por la justicia el año pasado.

La oleada también afectó a Ángel García Castillejo, ex consejero y ex secretario general de la CMT, que dirige el Área de Políticas Audiovisuales de RTVE desde 2021 y montó tras dejar la CMT un bufete, Espacio Legal, que administró hasta hace un año. También acabó en una empresa pública (Renfe) como directora de Internacional (desde 2020) Inmaculada Gutiérrez, ex consejera de la CNC y ex jefa de gabinete del presidente de la CNMC.

Otros casos son los de Joan Batalla, ex mano derecha de Maite Costa, presidenta de la CNE hasta 2011, ex diputada del PSC y hoy consejera de Enagás (previo paso por Red Eléctrica). Tras dejar la CNE en 2013, Batalla recaló en la dirección general de la Fundación Funseam, auspiciada por Costa y financiada por empresas a las que regulaba. Desde 2020 preside la patronal gasista, Sedigas. 

Al frente de la patronal eléctrica aelec está otra ex consejera de la CNE hasta la fusión, Marina Serrano. Histórica del organismo y su antecesora, la CNSE, Serrano es abogada del Estado en excedencia, cuerpo de élite muy codiciado entre las empresas del que vienen muchos ex de reguladores hoy en lo privado.

En la CMT hubo pleno y todos los miembros de ese cuerpo de altos funcionarios que pasaron por allí dieron el paso: José Giménez (que saltó en 2003 de la CMT a un despacho, hoy en Linklaters), Jaime Velázquez (socio director de Clifford Chance y secretario no consejero del gigante español de las torres de telecomunicaciones, Cellnex), Luis Bermúdez (Mutua Madrileña), Alfonso Ramos de Molins (en 2010 montó despacho propio, aunque es el único que sigue en activo como abogado del Estado), Jaime Almenar (socio en Clifford Chance), Ignacio Redondo (CaixaBank), Gloria Calvo (Bankinter) y el último secretario general del organismo, Jorge Sánchez Vicente (CMS Albiñana).

Otros abogados del Estado que pasaron por reguladores y hoy están al otro lado son Miguel Muñoz (que recaló brevemente en la CNE y hoy es socio de Fiscal en PwC) o Alfredo González-Panizo (ex CNC, hoy en Fertiberia).

Entre los ex consejeros es habitual acabar en empresas de su antiguo negociado. Al caso ya citado de Maite Costa se suman los de Carmen Fernández Rozado (vocal de la CNE hasta 2011, consejera de ACS y EdP) o Javier Peón: en la CNE hasta 2010, es asesor del PP en el Congreso, según su LinkedIn. Y preside Alamos, lobby del vehículo eléctrico en Latinoamérica equivalente a la española Aedive, en la que está toda la cadena del negocio: de fabricantes de coches a cargadores a eléctricas. 

Otros casos de hace ya muchos años son los de Miguel Ángel Lasheras (consejero de la extinta CNSE hasta 2000 y de ahí a presidente de Intermoney Energía, y luego vocal de Enagás de 2006 a 2014) o Alberto Carbajo, histórico del sector, también en la CNSE hasta 2000 y actual consejero de Redeia, de la que fue alto directivo.

Varios ex consejeros de la CNE dieron ese paso nada más dejar el organismo, como hizo José Sierra en 2011 al fichar por la francesa Terega, entonces implicada en el fallido proyecto del gasoducto MidCat; o Carlos Duato, también nombrado por el PP y que en 2005, tras cesar, montó Gesprotec, centrada en “promoción y desarrollo de proyectos fotovoltaicos”, según su LinkedIn. Hoy es senior advisor en España de una empresa británica de renovables, Hive Energy.

Entre los ex vocales de reguladores que montaron despacho propio destaca el que creó el expresidente del TDC Gonzalo Solana (ex consejero de Enagás u Omie) junto a Javier Huerta (exvicepresidente del TDC) y Miguel Cuerdo (ex consejero de la CNC).

A grandes bufetes pasaron entre otros el expresidente de la CNC Luis Berenguer (Broseta) o, entre los ex directivos, Antonio Guerra, director de Gabinete del presidente de la CNC hasta 2006 y actual socio del Área de Competencia de Uría & Menéndez en Madrid.

En ocasiones, estos organismos han sido trampolín a importantes responsabilidades en el sector privado, como para la aristócrata Carmen Gómez de Barreda, ex subdirectora de Mercados de Petróleo en la CNE y hoy consejera de Redeia, Antolin o Mutua Madrileña.

También han sido pasarela a mayores responsabilidades en lo público, con el sector privado como destino final. Caso de Ignasi Nieto, ex director de Regulación de la CNE, luego secretario general de Energía y hoy directivo de Miquel y Costas; o Juan Junquera, directivo de la CMT hasta 2003, luego director general y secretario de Estado Telecomunicaciones, y contratado en 2012 por Codere como consejero.

Casos de ida y vuelta

También hay casos de ida y vuelta, como el de Jesús Cabrera, director de Análisis Económico de la CMT hasta 2002, y luego reincorporado a Telefónica, de la que venía. O José Manuel Revuelta: tras dos años (hasta 2008) como director de Regulación y Competencia de la CNE, volvió a Endesa, donde es director General de Infraestructura y Redes.

Entre los pocos que probaron lo privado y acabaron volviendo a lo público está Elisa Robles Fraga, sobrina de Manuel Fraga. Ex vicepresidenta de la CMT (estuvo hasta 2007) y directora general con José María Aznar, tras dejar la CMT fue socia de Cremades Calvo Sotelo hasta que en 2011 fue nombrada directora general en la Comunidad de Madrid. De ahí, a dirigir el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Actualmente es consejera en Turespaña.

Otro caso reciente es el de Milagros Avedilla, ex subdirectora de hidrocarburos líquidos en la CNE. En 2014, tras la fusión, se fue al despacho Solchaga Recio como directora de Consultoría Económica. En 2021 volvió a la CNMC como asesora de regulación de la presidenta.

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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acogido la medida precautoria consistente en la suspensión de los permisos para construir el parque eólico Monte Toural, por parte de Greenalia, en los ayuntamientos de Coristanco y Santa Comba (A Coruña). En concreto, la justicia acoge la suspensión de la desestimación del recurso contra la resolución de la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais de la Xunta de Galicia por la que se otorgan las autorizaciones administrativas previas y de construcción al parque eólico.

La sala asegura que “concurren las circunstancias que justifican la adopción de la medida precautoria solicitada” porque es “clara” la existencia de un hábitat ecológico que “con certeza” se va a ver afectado por las obras. Además, subraya que ese hábitat está reconocido en el Inventario de Humedais de Galicia y en el Catálogo de Paisaxes de Galicia, en el área de especial protección paisajística, así como que las especies amenazadas o en peligro de extinción aparecen catalogadas.

“Ninguno de estos extremos relativos a la singularidad y catalogación de espacios y especies fue discutido”, indican los magistrados, quienes recalcan que se ha acreditado “un riesgo de daño irreparable derivado de la ejecución de las obras que permite la autorización”.

Prevalece la protección del medio ambiente

En esta línea, la sala entiende que, en la ponderación de intereses en conflicto, la protección del medio ambiente ha de ser, en este caso, prevalente. En cuanto a la alegación de Greenalia respecto a que la medida le produciría efectos perjudiciales, pues afirma que ha previsto una inversión de más de 12 millones de euros, el Tribunal Superior destaca que en caso de que la autorización recurrida resulte conforme a derecho “no se van a perder”. “Y desde luego la interesada ningún alegato hace en ese sentido, ni de pérdida de oportunidad por la suspensión cautelar, porque el único que le deparará como pérdida, a lo sumo, será un comienzo retardado de las obras”, argumenta.

El tribunal ha acordado la suspensión del acto sin necesidad de prestación de caución y contra esta resolución cabe interponer recurso. Hace un mes, el Superior rechazó dos recursos interpuestos por la Xunta y la compañía energética Greenalia contra las decisiones dictadas en septiembre y octubre para paralizar cautelarmente los proyectos eólicos de 'Campelo', también entre Coristanco y Santa Comba, y 'Bustelo', entre Coristanco y Carballo.

“Las penas del delito de sedición en España son absolutamente desproporcionadas”, si se tiene en cuenta que en otros países europeos hay penas entre tres y cinco año y en nuestro país, “si eres cargo público, tiene una pena entre 10 y 15 años, lo mismo que el delito de homicidio”, ha asegurado el magistrado y jurista Joaquim Bosch, al hilo de la petición de ERC de reformar este aspecto, entre otros, en el Código Penal.

Lo decía en Toledo durante la presentación de su último libro, 'La patria en la cartera' (Ariel, 2022), un ensayo que ofrece una visión transversal desde la historia, el derecho, la política criminal, la ética o la sociología.

“Es evidente que hay un trasfondo político en la idea de reformar el delito de sedición. Si los dirigentes independentistas creen que eso les puede servir para resolver diferencias políticas, ya lo explicarán a la sociedad. Como jurista no entraré ahí”, decía, para añadir que “es difícilmente discutible que el delito de sedición es una figura penal del siglo XIX que no tiene nada que ver con la sociedad actual. Está pensado para algaradas de aquella época y por eso tiene penas elevadas que no tienen equivalente en otros países europeos”.

En su opinión, tiene sentido “si lo que ha pasado en Catalunya sirve para poner el foco y regular mejor el delito para equipararlo a otros países europeos”.

Joaquim Bosch es actualmente juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada (Valencia) en cuyo partido judicial es el magistrado decano. “La impunidad en la corrupción es una amenaza que daña la democracia, porque genera la percepción de que hay personas más fuertes que el propio sistema democrático”, publicaba en sus redes sociales horas antes de pasar por Toledo.

“El CGPJ es un órgano degradado al servicio de los partidos”

Se refería también en Toledo a la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en plena negociación de la renovación del órgano. El magistrado cree que “ha habido complicidades en la cúpula judicial con los principales partidos políticos que en algunos casos explican la maniobra del principal partido de la oposición para mantener un Consejo General del Poder Judicial caducado hace cuatro años y actuando como correa de transmisión del propio partido. No es la primera vez que pasa”.

En su opinión “el problema del Consejo General del Poder Judicial y las injerencias partidistas está relacionado con la Transición y con cómo hicimos la democracia en este país”. Entonces, añadía, “queríamos ser europeos cuando no lo éramos en relación a la Judicatura que torpedeó las reformas democráticas de la UCD de Suárez y después las de Felipe González hasta que el gobierno socialista cambió la ley repartiendo cuotas entre partidos”.

Un sistema que, dice, “se ha ido degradando hasta llegar a ser un órgano desprestigiado al servicio de los partidos y el principal partido de la oposición es el que más ha aprovechado la situación”, decía en alusión al PP. En su opinión, en la configuración del CGPJ, “una de las soluciones sería ir al sistema original de elección de vocales que es el que usan el resto de países europeos porque permitiría equilibrios institucionales y controles mutuos, pero los partidos no quieren ir ahí ni de broma”.

En el caso de mantenerse el actual sistema de elección parlamentaria sostiene que “hay que tomar ciertas cautelas para que el CGPJ no sea mera correa de transmisión de los partidos. Es posible hacerlo” porque, matiza, “una cosa es que los jueces tengan ideología y otra que sean comisarios de partido. Han de velar por la independencia del poder judicial. Hay que nombrar a los mejores, no a los más cercanos a los partidos”.

Si se mantiene el actual sistema de elección parlamentaria hay que tomar ciertas cautelas para que el CGPJ no sea mera correa de transmisión de los partidos

Bosch comenta que ha apostado por la “ecuanimidad” a la hora de explicar la corrupción como un problema endémico, que no “biológico”. El recorrido histórico del libro se remonta a los “sobornos” en Navarra allá por el siglo XIV, pero fija su mirada en la dictadura franquista para explicar “las claves” de la persistencia corrupta en nuestro país que no logró extirpar la Transición. “Mi impresión es que el nuevo sistema democrático asumió la corrupción del franquismo como un mal aprovechable. Si se mantenía, era un comodín a usar. Y hoy está demostrado que ese comodín se usó para financiar a los principales partidos como dicen las sentencias. Desde 1976, todos los grandes partidos se financiaron ilegalmente y en muchos casos a través de prácticas delictivas”.

El magistrado abunda en que la corrupción tuvo una “finalidad funcional facilitó el pago de campañas electorales, sedes de los partidos o ejércitos de burocracia, así como la continuidad de los enriquecimientos empresariales” que se habían institucionalizado durante el franquismo.

Este jurista valenciano muestra cierto optimismo. Dice que “hemos mejorado en algunas cosas”, pero matiza que “todavía hay enormes resistencias”. En particular se refiere a algunas consideraciones de los evaluadores internacionales: “Nos dicen que tenemos un grave problema de corrupción política, que hay graves injerencias partidistas en el sistema judicial y que los órganos que deberían controlar los abusos de poder están colonizados y son extremadamente débiles”.

La “ponderada” Ley de Memoria Democrática

Bosch se ha referido también a la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor el pasado viernes y se mostraba expectante respecto a su aplicación. “Hay mucha innovación a diferencia de la antigua Ley de Memoria Histórica” de la que, según explicaba, “apenas regulaba funciones ejecutivas o sancionadoras”. Valoraba cómo la nueva norma permite mayor iniciativa “coercitiva” al Gobierno de España, vía multas que, recordaba el magistrado, “pueden llegar a los 150.000 euros, por ejemplo, para la Hermandad de la Macarena si no cumpliera [con el traslado de los restos de Queipo de Llano]”.

Coincidiendo con la entrada en vigor de la ley, algunas voces piden la exhumación de los restos de José Moscardó y Jaime Milans del Bosch del Alcázar de Toledo donde fueron enterrados. Bosch ve previsible que muchas causas acaben en los tribunales “porque algunas decisiones judiciales pueden haber sido discutibles en este ámbito. Basta con ver lo que costó exhumar a Franco”, pero más allá de lo que ocurra, sostiene que “lo fundamental es que hubiera una ley y esta es ponderada porque regula muy bien lo esencial: la Memoria Democrática no afecta al pasado sino fundamentalmente al presente y busca reforzar los valores democráticos”.

Ojalá que el Poder Judicial resuelva los litigios que se planteen en la Ley de Memoria Democrática de acuerdo a los principios constitucionales

Cree que hay que “recordar los gravísimos daños que causó la dictadura y lo importante que es vivir en democracia sin que se blanquee al régimen dictatorial”. Para el magistrado la nueva ley “es un avance importantísimo y ojalá que el Poder Judicial resuelva los litigios que se planteen de acuerdo a los principios constitucionales”.

“Las puertas giratorias deben regularse”

Hoy sabemos que la corrupción cuesta cada año más de 40.000 millones de euros. “Es una cifra que nos limita enormemente como país”, asegura.

El libro abunda en la práctica de las puertas giratorias en España. “Deben regularse como han hecho otros países europeos por el riesgo que generan en el ámbito de la corrupción”. El 40% de los ministros de la democracia, también algunos expresidentes del Gobierno y otros cargos públicos, han dado el salto de la política a los consejos de administración de las grandes empresas. Uno de los ejemplos que Bosch cita en su último libro es el de Ignacio López del Hierro, que fuera gobernador civil en Toledo y que pasó a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola. Casado con la expresidenta castellanomanchega Dolores de Cospedal se ha visto involucrado (incluso imputado) en el conocido como caso Kitchen, aparecía como donante de la caja B del PP en los papeles de Bárcenas, extremo que él negó y se hicieron públicas conversaciones con el comisario Villarejo.

“Si los políticos han accedido a las principales empresas del país sin una trayectoria empresarial que los justifique, surgen las preguntas. Si las grandes empresas no pagan por su experiencia profesional, con los sueldos desorbitados que reciben… ¿Por qué están pagando entonces?”, se pregunta el también juez valenciano. “Es razonable pensar que es un pago por los servicios prestados y genera dudas sobre si ese político realmente ha estado defendiendo intereses generales”.

La corrupción y el ¿oasis? castellanomanchego

El libro navega, con abundante literatura judicial, académica o periodística, entre los cientos de casos relacionados con la corrupción en España en las comunidades autónomas, con escasas referencias a Castilla-La Mancha. ¿Es un oasis?, le preguntamos. “Tiene menos casos exteriorizados que la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pero es que a los juzgados llega la punta del iceberg de los casos de corrupción”.

La razón estriba en su opinión en que “la corrupción es un delito difícil de detectar y las grandes tramas corruptas cuentan con expertos en ingeniería financiera. O cuando se descubre es porque se ha producido ‘fuego amigo’ como en el caso de la defenestración de Pablo Casado”.

Por eso, asegura, “es difícil cuantificar cuántos casos de corrupción puedan haberse producido en Castilla-La Mancha. En todo caso no lanzaría las campanas al vuelo. Puede ser que en cuatro o cinco años quienes pensaban que esto era un oasis, resulta que se equivocaban”.

El  ‘papelón’ del Tribunal de Cuentas: “No ha descubierto ni un solo caso de corrupción”

El magistrado no elude ni un solo recoveco por el que pueden colarse las prácticas corruptas. Como el despilfarro público o los sobrecostes en las obras pública, entre cuyos casos más sonados cita al aeropuerto de Ciudad Real: “1.029 millones de euros de inversión para conseguir 2,5 millones de pasajeros pese a ubicarse en una ciudad de 75.000 habitantes”, reza el libro.

“El despilfarro público es una de las claves de la corrupción. Y es una ingenuidad pensar que la corrupción se resuelve con el derecho penal. Ningún país avanzado tiene leyes penales más duras que España, más bien al contrario. No se trata de endurecer las penas sino de cumplirlas y que no haya esos elevados niveles de impunidad. Toda la carne se tiene que poner en el asador de la prevención: que no sea tan fácil corromperse”.

En este punto criticaba el papel del Tribunal de Cuentas en España. “Que yo sepa no ha descubierto ni un solo caso de corrupción en su historia. Quizá algún día suene la flauta” y lo contrapone con el Tribunal de Cuentas Europeo. “Descubrieron un caso en el que se puso de manifiesto que las autopistas españolas costaban el doble que las alemanas. Lo atribuyeron a que en España había mecanismos artificiosos para alterar las contrataciones públicas con fraccionamientos, modificados posteriores de proyectos y otros trucos para que el precio final fuera superior al de mercado. Es una propina que se reparte entre el empresario y el político corrupto”.

Junto a esto, añade, “está la construcción de obras innecesarias. Es muy frecuente en España hacer lo que no necesita la sociedad sino lo que necesitan los que quieren cobrar del erario público. Entre estas obras, aeropuertos cuya construcción no estaba justificada”.

Una ley que regule la Jefatura del Estado

El libro propone soluciones para extirpar la corrupción que pasan por mejorar la calidad en las instituciones. Quizá, decía, una de las prioritarias “por su fuerte carácter simbólico” pasa por “una ley que regule la Jefatura del Estado” porque “provocaría un efecto pedagógico y de concienciación ciudadana”, después de los episodios relacionados con el rey emérito, Juan Carlos I. “Se ha producido un enorme descrédito a la vida pública del país”. 

El magistrado va más allá y apuesta por que “todos, todos los cargos públicos deben actuar con transparencia, rendir cuentas y dar explicaciones de su gestión. Lo he dicho en un artículo en eldiario.es sobre el derecho divino del rey inviolable. Hoy parece una broma. ¿Por qué no se le puede tocar si comete un delito? En el fondo lo que subyace es que todavía a los reyes se les atribuye algo de divinidad”.