Fernando Francés también ocultó a la consejera de Cultura información sobre sus incompatibilidades como alto cargo

El asunto de la posible incompatibilidad de Fernando Francés para ejercer como secretario general de innovación cultural y museos parece a veces una cuestión de fechas. Según ha explicado este miércoles Patricia del Pozo, consejera de cultura, Francés resolvió a tiempo su incompatibilidad. Para el gobierno de la Junta, todas las operaciones societarias que realizó desde que supo que le iban a nombrar son trámites necesarios para desvincularse de sus negocios privados. Sin embargo, Del Pozo también ha dejado varias frases que demuestran que ni ella se fía ya de que Francés le haya dicho toda la verdad. Cuando ella compareció el 3 de mayo no tenía la información de todos los movimientos societarios que estaba realizando Francés.

Patricia del Pozo ha comparecido ante el Pleno del Parlamento andaluz a petición del PSOE y Vox. Estos últimos se dieron por satisfechos con sus explicaciones, pero su parlamentario Benito Morillo hizo (pareció que sin querer), un balance esclarecedor: “Considero que este asunto ha quedado explicado. Hay alguna figura de testaferro por ahí que me chirría un poco, pero estaremos atentos a la próxima jugada”. “Testaferros” y “jugadas”. En cambio, para Javier Fernández (PSOE), Fernando Francés es un “activo tóxico” en la consejería, y las explicaciones que dio Del Pozo no despejan las dudas.

La primera cuestión a dilucidar debía ser si Francés, nombrado secretario general el 12 de febrero, incurrió e incurre todavía en incompatibilidad por ser el dueño, por sí o persona interpuesta, de las participaciones de Gestión Cultural y Comunicación, S.L., empresa adjudicataria hasta el 30 de abril de 2019 de la gestión del CAC, y empresa propuesta por la mesa de contratación del concurso para la gestión del centro los próximos cuatro años, valorado en 12,8 millones de euros.

De lo que ha dicho Del Pozo cabe deducir que incurrió en incompatibilidad, pero ya no. La consejera ha admitido que desde el 12 de febrero Francés estaba sujeto al régimen de incompatibilidades de la Ley 3/2005, que establece la incompatibilidad de ser alto cargo y tener una participación superior al 10% en el capital de sociedades con concesiones con el sector público. También fija la incompatibilidad con el “desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden” en sociedades concesionarias, como era el caso.

Una ampliación de capital para quedar por debajo del 10%

Sin embargo, Del Pozo también ha aclarado que, de existir, la incompatibilidad cesó en el plazo de tres meses concedido por la ley estatal, que sería de aplicación supletoria. Primero, porque el 30 de abril Gestión Cultural dejó de ser la concesionaria por extinción del contrato con el ayuntamiento de Málaga, aunque aspire a renovar.

También porque, según ha informado, Gestión Cultural amplió su capital el 30 de abril, dando entrada al empresario José Luis Díaz Noriega, que ahora es titular del 95,95% de las participaciones, según la consejera. Francés sigue siendo propietario del 4,05% de las participaciones de Gestión Cultural a través de Gestión e Inversión El Museo, una empresa pantalla de la que es socio único y que constituyó cinco días antes de ser nombrado alto cargo.

La ampliación de capital es una forma de llegar al mismo resultado que en la venta y la constatación de que la anterior “jugada” de Francés (en palabras del parlamentario de Vox) no salió bien. El 11 de febrero (un día antes del nombramiento), Francés (en nombre de la sociedad pantalla Gestión e Inversión El Museo) y Díaz Noriega habían acordado la compraventa de participaciones de Gestión Cultural, para evitar que Francés apareciera vinculado a la empresa gestora del CAC. El alto cargo declaró en rueda de prensa el 13 de febrero: “Por si acaso a alguien le queda duda, ya no soy propietario de Gestión Cultural y Comunicación. Se ha vendido el lunes pasado a un grupo de inversores que llevaba muchos años llamando a mi puerta”. Se refería a su amigo Díaz Noriega.

Sin embargo, Francés no dijo que la venta estaba condicionada a que Gestión Cultural se hiciese nuevamente con la gestión del CAC, que aún no ha ocurrido, por lo que seguía siendo el propietario. De hecho, el traspaso de la propiedad nunca llegó a inscribirse en el Registro Mercantil, tal y como desveló Elena Vozmediano en su blog de El Cultural y ni siquiera está inscrita ahora, según ha señalado en el Pleno Ana Naranjo, parlamentaria de Adelante Andalucía. Para evitar los problemas de esta vía, Francés ha recurrido a la ampliación de capital que le dejara como socio minoritario de la empresa concesionaria del CAC.

“Si tienen alguna información, háganmela llegar”

De la comparecencia de Del Pozo se deduce también que Francés evitó contar toda la verdad a la consejera. Este miércoles Del Pozo ha aclarado que “desconocía” que la venta estaba sometida a “un plazo temporal”, y ha insinuado en varias ocasiones que tampoco ahora está segura de saberlo todo. “Esta es la información que yo tengo y los datos de que dispongo”, ha dicho. Y luego: “He tratado de resumir la información que tengo… La que yo tengo”. Y más tarde: “Según los datos, al menos los que yo tengo…”. Para terminar pidiendo a los socialistas: “Si tienen alguna información que creen que deba tener o que no tengo, háganmela llegar”.

Javier Fernández (PSOE) ha advertido a Del Pozo de que Francés podría seguir ocultándole información, y ha enseñado una hoja registral que mostraría que a 28 de mayo Francés sigue siendo el socio único de Gestión Cultural por medio de El Museo. “Creo que le han dado a usted un marrón, señora consejera”, ha señalado Fernández, que ha calificado a Francés de “activo tóxico que responde más a intereses de [Elías] Bendodo que a los suyos”. “Ha ocultado a la Junta de Andalucía y al ayuntamiento de Málaga estos movimientos y que sigue estando al mando de Gestión Cultural”, ha denunciado Ana Naranjo.

Los altos cargos de la Junta, “hoy por hoy”, cumplen con la ley de incompatibilidades, ha replicado Pablo Venzal, del PP. El PP asume que Francés no cumplía la ley, que maniobró sin informar a la consejera de sus movimientos mercantiles y que tuvo que corregir la maniobra, lo que probaría que seguía existiendo la vinculación con su antigua empresa que la ley trata de evitar. Sin embargo, para los populares todo forma parte del proceso por el que una figura de amplio currículum en lo privado pasa al sector público. Algo parecido al papeleo que hay que dejar resuelto antes de desaparecer.

Del Pleno también se concluye que Francés, máximo responsable de los museos andaluces, sigue vinculado a una empresa que tiene grandes posibilidades de resultar adjudicataria de la gestión de un museo, aunque sobre la bocina logró rebajar su porcentaje por debajo del máximo tolerado por la ley.