Los altos cargos del Estado tendrán prohibido durante dos años realizar actividad de lobby

El Gobierno ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para regular la actividad de los grupos de presión en nuestro país, conocidos popularmente como lobbies. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha sido la responsable de presentar este nuevo texto, que saldrá ahora a consulta pública. Una de las principales novedades de la regulación es que se pone un límite a las puertas giratorias de altos cargos públicos que no podrán ejercer acciones de lobistas durante los dos años siguientes a su salida de la administración.

La ministra ha asegurado que se trata de una medida que “combate” las puertas giratorias en la administración. De este modo, los altos cargos del Estado, una vez dejen su puesto, no podrán participar durante los dos años siguientes en actividades de lobby en materias relacionadas con su actividad para la Administración.

Montero ha asegurado que se trata de una “reforma estructural” que está incluida en el plan de Recuperación y Resiliencia, en base al cual se reciben los fondos europeos. “Esta ley permitirá un gran paso adelante en transparencia y buen Gobierno”, ha asegurado la ministra, asegurando que de este modo se equiparará a otros países de nuestro entorno. La Unión Europea, por ejemplo, ya cuenta con una regulación de la relación de lobistas con los funcionarios comunitarios y con representantes políticos.

El Gobierno realiza una definición de qué es un grupo de presión y qué se considera actividad de lobby. “Toda comunicación directa o indirecta con la finalidad de influir, intervenir en la toma de decisiones públicas”, ha asegurado Montero, aludiendo a la definición que figurará en el texto, que todavía puede sufrir modificaciones antes de su vuelta al Consejo de Ministros y su envío al Congreso. “Se trata de toda la actividad que un grupo u organización desarrolla para influir a la hora de elaborar una ley”, ha apuntado la ministra.

Quedan excluidos de este registro las propias administraciones públicas, tanto nacionales como internacionales. Tampoco los organismos internacionales públicos como la ONU o Unicef. Igualmente quedan fuera los partidos políticos, las organizaciones empresariales o los sindicatos “en el ejercicio de sus funciones constitucionales”.

Por primera vez, España tendrá un registro de este tipo de grupos de presión. “Se trata de garantizar la transparencia de su actuación”, ha asegurado la ministra. Este registro estará disponible en el portal de transparencia y en el registro de la Oficina de Conflictos de Interés. “Lo sustancial son las reuniones con el personal público”, ha apuntado Montero.

Los grupos de presión tendrán que firmar un código de buenas prácticas para poder figurar en el registro que se va a crear cuando esta ley entre en funcionamiento. Su incumplimiento puede acarrear sanciones que, en el peor de los casos, puede redundar en una exclusión de la lista durante tres años. Si no se está en la lista, los lobbies no podrán reunirse con representantes públicos y de la Administración, ha subrayado Montero durante la presentación del texto.

Estos grupos tendrán que informar de las reuniones que mantengan con los organismos públicos para intentar influir en la elaboración de leyes. “Las actividades quedarán reflejados en la memoria de análisis de impacto. La huella que permitirá seguir quienes, en que momento y sobre que materia han participad”, ha señalado Montero. Además, las leyes tendrán que reflejar quién y cómo han participado en su elaboración durante la tramitación de la misma. Tendrán igualmente prohibido ofrecer regalos en su actividad.