El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la casa que habitó durante 70 años en Madrid, no solo se ha convertido en un símbolo de la crudeza de la crisis de la vivienda. También empieza a tener eco en algunas decisiones judiciales. Es el caso de resoluciones por las que un juzgado de Madrid ha paralizado hasta ocho desalojos de familias vulnerables de viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, el antiguo IVIMA.

En las providencias, a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Raquel Catalá argumenta que es un “hecho notorio” la “rápida puesta en marcha y activación” de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) “ante una situación de desahucio de estos días” —en alusión a lo ocurrido con Maricarmen— y exige a la empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid que garantice alternativas a otras familias vulnerables a las que pretende desahuciar. 

La magistrada, que es titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 29 de Madrid, reclama a la empresa autonómica que informe sobre las “medidas precautorias adecuadas y suficientes” que va a proporcionar a los ocupantes de esas viviendas —que se encuentran en “situación de especial vulnerabilidad”, incluso con menores— para que el desalojo, de producirse, les cause “el menor impacto posible”. 

La jueza argumenta que no se puede limitar a autorizar “mecánicamente” los desalojos de vivienda pública. Y también rechaza que las soluciones que se propongan sean la mera asistencia ambulatoria en la calle a través del Samur Social, un servicio municipal que se encarga de prestar ayuda en situaciones de emergencia o urgencia social. Esta suele ser la vía que utilizan las empresas públicas para acreditar que ha prestado una alternativa ante los desalojos de vulnerables que pretende realizar, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

“Hay que superar tal solución”, subraya la jueza. Y añade: “Se trata precisamente de que la juez/el juez, al autorizar el desalojo, conozca, valore y considere proporcionadas y suficientes las medidas que la Administración ha adoptado o va a adoptar”. Además, en las providencias la magistrada recuerda que en la propia página web del Ayuntamiento de Madrid figura que esa administración, a través de la EMVS, “cuenta con un patrimonio de más de 10.000 viviendas destinadas a alquiler asequible”, así como el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) que se utilizó en el caso de Maricarmen.

En sus resoluciones, la jueza alude también a que el derecho de la Unión Europea y la doctrinas y normas consignadas en los tratados y desarrolladas e interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recogen compromisos para garantizar el acceso a una vivienda social o una ayuda a la vivienda de calidad, así como el derecho de las personas vulnerables a recibir protección frente a los desahucios forzosos. 

En este caso, las viviendas son propiedad de la AVS de la Comunidad de Madrid, quien pide autorización judicial para los desalojos; si bien al tratarse de viviendas ubicadas en la capital, el Ayuntamiento de Madrid es quien dispensa los servicios sociales, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Almeida saca pecho

La semana pasada, el alcalde de Madrid sacó pecho por la intermediación del Ayuntamiento en la resolución del caso de Maricarmen a través de la EMVS. “Hay una forma distinta de encarar el problema de la vivienda”, dijo José Luis Martínez-Almeida en contraposición a las políticas del Gobierno central, cuyos reales decretos para que este tipo de desahucios no puedan volver a ocurrir fueron este viernes tumbados en el Congreso por las derechas, incluido el Partido Popular. El Gobierno, a través de la entidad pública 'Casa 47', planteó a la empresa distintas opciones para no desahuciar a Maricarmen, pero decidieron ignorarlas.

En el caso de la anciana, podrá volver a su hogar tras su inclusión en el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA). Se trata de un programa que pertenece al Ayuntamiento de Madrid que oferta pisos de particulares a posibles inquilinos, quienes pueden acceder a ellos con la condición de pagar hasta el 40% de sus ingresos netos. Según informó Somos Madrid, actualmente oferta tan solo diez viviendas en toda la capital. La más barata es una en el distrito de San Blas por 857 euros y la más cara, una en Arganzuela por la que se piden 1.460 euros. 

Entre las ventajas para los arrendatarios de las viviendas, la EMVS ofrece tanto seguros multirriesgo del hogar y seguro de impagos a lo largo de toda la vigencia del contrato, como abonar el coste del certificado energético obligatorio para llevar a cabo cualquier tipo de alquiler. En el caso de Maricarmen, el precio del alquiler nunca podrá superar el 30% de los ingresos netos de la vecina y tendrá una duración aproximada de ocho años. 

FE DE ERRORES. En una primera versión de esta información se afirmaba que los desahucios afectados por las resoluciones de la magistrada son de la EMVS cuando se trata de lanzamientos propuestos por la Agencia de Vivienda Social, dependiente de la Comunidad de Madrid.

La familia Akkouh empieza a ver la luz al final de un túnel que comenzó a las 23.10 horas del 17 de junio del 2025 en Torrejón de Ardoz. En ese instante, su tío, hermano e hijo Abderrahim murió asfixiado por el estrangulamiento realizado por un policía municipal de Madrid fuera de servicio ayudado por un compañero jubilado del mismo cuerpo. Tras un proceso que se ha alargado más de un año y que mantiene todavía en vilo a los allegados de Abderrahim, la jueza de Instrucción del Tribunal número 4 de Torrejón ha procesado a ambos agentes, para los que la defensa de la acusación pedirá una pena de asesinato y el ingreso en prisión de los dos policías al menos durante 20 años. Por otro lado, el escrito apunta al Ayuntamiento de la capital como responsable civil subsidiario.

En el auto judicial que firma Marta Gala, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada da por válida la versión ofrecida por los agentes sobre el inicio de los hechos. Ellos defienden que Abderrahim y otra persona les abordaron a la salida de un bar y que robaron el móvil a J. J. T. C., el policía que acabaría matando a Abderrahim unos metros más allá. Le realizó la técnica conocida como mataleón, “colocándole en posición decúbito prono, apoyando su peso, con la zona superior de su cuerpo, sobre la espalda y rodeándole con el brazo del cuello”, recoge el auto.

El escrito también señala que este agente fue “auxiliado” en esa inmovilización por el otro investigado, ahora también procesado, que responde a las siglas de P. A. P. C. y que es un agente de la Policía Municipal de Madrid retirado. Este policía, que pasó de testigo a investigado en la causa el pasado mayo, sujetó a Abderrahim por las piernas y evitó que los testigos presentes pudieran socorrerle.

Las diversas autopsias realizadas al cuerpo de Abderrahim coinciden en señalar que se trató de una “muerte violenta por homicidio”. El informe definitivo explicita que la causa inmediata de la muerte fue la “anoxia”, es decir, la falta de oxígeno en el cuerpo, y menciona una “asfixia mecánica” como causa fundamental que la produjo. Por ello, la jueza ha dispuesto el procesamiento para J. J. T. C. y P. A. P. C. al estimarse suficientemente fundada la imputación formulada por el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

Contra el criterio fiscal

Rubén Vaquero, abogado de la familia Akkouh, tilda de “importante” este auto de procesamiento que entra en contradicción con lo que la Fiscalía pidió en la vistilla celebrada el pasado 21 de septiembre. En aquel momento, el Ministerio Público solo dirigió la imputación contra J. J. T. C. Según relataron a la magistrada, a su entender “no pudo apercibirse de la presión ejercida” por su compañero, dado que “en todo momento le manifestó que no empleaba mucha fuerza”.

Varios testigos grabaron la intervención de los dos procesados. En esas imágenes, se ve cómo P. A. P. C. interactúa con ellos cuando le interpelan y advierten de que están matando a Abderrahim. “Uno de los testigos le intentó socorrer y lo que se encontró por parte de esta persona es que le pegó un puñetazo en la cara. Luego, este hombre se cayó y se dio con un bolardo, y lo primero que dijo es que una turba furiosa le agredió. Gracias a la valentía de los vecinos sabemos que mintió”, se explaya el defensor de la familia Akkouh. Más tarde, con el cadáver ya inerte al lado, P. A. P. C. gritó “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, tal y como recoge un vídeo publicado por elDiario.es.

El letrado de los Akkouh enfatiza que el procesamiento de ambos agentes “era algo que iba a caer por su propio peso”, en referencia a los diferentes vídeos de los hechos, el testimonio de los testigos y el resultado de la autopsia. “Nunca entenderemos la postura que defendió la Fiscalía”, reitera el abogado, quien recuerda que P. A. P. C. se acogió a su derecho a no declarar durante la fase de instrucción. “No tiene sentido archivar el procedimiento contra un investigado que no declara, que es lo que quería el Ministerio Público”, se queja el mismo Vaquero.

Por otro lado, en aquella vistilla todas las partes estuvieron de acuerdo en que el Ayuntamiento de Madrid fuera partícipe del proceso judicial como posible responsable civil subsidiario. La magistrada así lo aprueba en este nuevo auto. Según explica Vaquero, esto significa que, “pese a que la instrucción se ha realizado teniendo en cuenta que J. J. T. C. estaba fuera de servicio, hay razones para pensar que se prevaleció de su condición de policía en la intervención”. De esta forma, el Consistorio capitolino podría tener que hacer frente a la indemnización que la familia Akkouh percibiría por la muerte de Abderrahim en caso de condena de uno de sus agentes policiales.

Un juicio más allá de la autopsia

La defensa de ambos policías tiene tres días para recurrir el auto, si así lo deciden. “Nosotros entendemos que lo harán. Después de que sea firme, el siguiente paso será realizar la acusación”, comenta Vaquero. En este sentido, el abogado de la familia Akkouh defenderá el mismo tipo penal que reivindica desde el inicio del proceso: asesinato para ambos procesados, lo que se podría llegar a traducirse en una condena de prisión superior a los 20 años.

Jesús Nieto, abogado de los policías, precisa que el auto de la magistrada no recoge los argumentos por los que procesa a sus defendidos. Sostiene que “el informe forense desmiente la participación de forma expresa de P. A. P. C.” en la muerte de Abderrahim, y recalca que así lo entienden las dos forenses que firman el informe y el fiscal.

Ante dicho extremo, Vaquero ilustra con un ejemplo por qué lo que se valorará en el juicio es la participación delictiva de los sujetos y no únicamente el informe forense de la autopsia. “Si a mí alguien me sujeta por la espalda y me mete cinco puñaladas, el informe dirá que me han matado las puñaladas, pero habrá dos autores de una acción de asesinato con alevosía”, ejemplifica. Por ello, en el futuro juicio oral prevalecerá una perspectiva meramente jurídica, y no solo médica. “No solo existe un autor, hay también condiciones de autores mediales o cooperadores necesarios que se penan exactamente igual que la autoría”, agrega.

Por su parte, los allegados de Abderrahim se han mostrado contentos ante esta noticia tras “la deriva emocional brutal en la que les dejó el informe de la Fiscalía en el que pedían exculpar a uno de los policías”, en palabras de Vaquero. Siguen expectantes del señalamiento del juicio, que se celebrará con un jurado popular. “Quieren y desean que la justicia llegue a tiempo, porque si no, no es justicia”, concluye su abogado.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena Aragón, ha defendido este lunes la independencia de los jueces durante el acto de apertura del Año Judicial en la región, un curso que, según ha reconocido, “no ha sido fácil”.

En su alocución institucional, Tena ha advertido de que buscar una justificación o explicación a una resolución o actuación judicial distinta de la estrictamente jurídica supone “equivocar a la ciudadanía” y “atacar el Estado de Derecho”.

Asimismo, ha subrayado que la identidad del juez “no es relevante” y que, “sea quien sea el juez o la jueza, tiene una sola obligación: aplicar la ley”, recordando que los errores o equivocaciones deben solventarse mediante los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

Durante su balance, la presidenta del alto tribunal extremeño ha destacado las “magníficas relaciones institucionales” mantenidas en la comunidad bajo el “respeto y la consideración mutua”, y se ha detenido en la implantación de los Tribunales de Instancia, que funcionan desde el pasado 1 de enero de 2026 en todos los partidos judiciales.

Según ha asegurado, esta transformación se ha producido “sin especiales disfunciones” ni una ralentización de los asuntos, permitiendo una mejor redistribución de las cargas de trabajo y avances en especialización.

Del mismo modo, ha puesto en valor el papel de las Oficinas de Justicia en el Municipio, clave en un territorio disperso y que en su primer año registraron más de 75.000 actuaciones en Badajoz y más de 72.000 en Cáceres.

De cara al nuevo año judicial, el TSJEx impulsará iniciativas punteras como una experiencia piloto de ‘Justicia orientada al dato’ en colaboración con el Ministerio de Justicia (para automatizar borradores de resoluciones repetitivas sin valoración jurídica) y un proyecto de ‘Justicia Restaurativa’ penal en Cáceres para delitos leves y menos graves.

En el plano de infraestructuras y personal, Tena ha anunciado la creación de siete nuevas plazas de magistrados distribuidas entre las Audiencias Provinciales y los Tribunales de Instancia de Cáceres y Badajoz, aunque ha recordado que el TSJEx continuará reclamando más plazas para otros partidos judiciales de la región, así como mejoras urgentes en las sedes de Navalmoral de la Mata, Montijo y Don Benito.

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real) y dos de sus concejales, todos ellos del PP, declararán como investigados por presunto acoso laboral tras una denuncia presentada por una funcionaria municipal.

El juez titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puertollano (Ciudad Real) ha citado a declarar el 25 de noviembre al alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz; al concejal de Urbanismo, José Antonio Barba; y al de Deportes, Javier Trujillo, en el marco de las diligencias procesales tras la denuncia penal por presunto acoso laboral presentada por una funcionaria municipal.

Precisamente, Trujillo también estuvo en el foco de la polémica la semana pasada cuando trascendió que había estado utilizando una instalación municipal para aparcar dentro su vehículo particular, para un fin que nada tenía que ver con su condición de edil.

El regidor Miguel Ángel Ruiz, del PP, ha negado los hechos y ha defendido que la actuación municipal responde a la “normal exigencia de rigor” propia de la Administración.

El alcalde y los concejales siempre han defendido su inocencia y han recalcado que todo se debe a discrepancias en momentos de tensión derivados de la propia gestión, en un contexto de normalidad del día a día administrativo, según recoge Europa Press.

“Hostigamiento brutal” contra la trabajadora

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, María Manzano, abogada de la denunciante, del despacho Alarcos 8, asegura que la trabajadora, funcionaria de carrera y que lleva trabajando en el Ayuntamiento desde el año 2000, lleva sufriendo “un hostigamiento brutal” por parte del equipo de Gobierno desde que tomase las riendas del consistorio en 2023.

La abogada explica las situaciones que la denunciante, que ejercía desde 2017 como jefa del servicio de la sección de Urbanismo del Ayuntamiento y que no había tenido durante toda su trayectoria ningún conflicto laboral con otra corporación municipal, ha estado sufriendo desde la toma de posesión de Miguel Ángel Ruiz.

“Se le desacredita profesionalmente, se utilizan continuamente hacia ella expresiones vejatorias; hay una injerencia brutal, sobre todo del alcalde, en las funciones que ella desarrollaba; una serie de decisiones que le corresponden a ella y que toma el alcalde en su nombre. Estos episodios se producen reiteradamente desde 2023”, señala Manzano.

En el último año ha emprendido vías legales contra el Ayuntamiento, entre ellas un recurso contencioso-administrativo contra la que calificó como “desproporcionada” suspensión de sus funciones tras la apertura de un expediente, así como la denuncia penal por acoso laboral contra los tres cargos municipales.

“Nosotros pensamos que la intención del Ayuntamiento es quitarse del medio a Inés, que es una persona incómoda, en el sentido que cumple tajantemente sus funciones”, señala la abogada, quien sospecha que “lo que realmente pretenden” es poner en el puesto de la denunciante “a una persona de su confianza”.

El pasado mes de marzo, tras concluir la vía disciplinaria, la Junta de Gobierno Local resolvió el expediente con un simple apercibimiento al no haber probado los hechos que se le atribuían a la funcionaria, lo que obligó al Ayuntamiento a abonarle el salario correspondiente a los seis meses en que estuvo suspendida de empleo.

Por su parte, el alcalde de Puertollano ha negado el acoso contra la funcionaria y ha defendido que la actuación municipal responde a la “normal exigencia de rigor” propia de la Administración.

El alcalde y los concejales siempre han defendido su inocencia y han recalcado que todo se debe a discrepancias en momentos de tensión derivados de la propia gestión, en un contexto de normalidad del día a día administrativo.

El PSOE habla de “abuso de poder” del alcalde

Esta noticia ha sido valorada este lunes por el secretario general del PSOE de Puertollano, Miguel González Caballero, que ha asegurado que la gestión de Miguel Ángel Ruiz se define por “el abuso de poder”.

“Puertollano no se merece un gobierno que mienta, que use las instalaciones de todos campando a sus anchas como si fuera su cortijo, ni que abuse de las personas que trabajan para toda la ciudadanía”, ha concluido.

“El juez de instrucción es el hombre más poderoso de Francia”. La frase se atribuye a Napoleón Bonaparte, quien la acuñó para evidenciar cómo el criterio de un único magistrado podía marcar los tiempos de un país y el destino de sus gobernantes. La investigación que Juan Carlos Peinado ha seguido durante los últimos dos años y medio contra Begoña Gómez sugiere que el magistrado ha asumido sin reservas el rol atribuido por el emperador francés, una controvertida figura histórica de la que es admirador. 

Peinado cuelga su toga definitivamente este domingo. Tras una trayectoria de tres décadas —accedió a la judicatura en la cuarentena y sin oposición, por el llamado cuarto turno—, se jubila al cumplir 72 años, la edad máxima que permite la ley. Y lo hace tras dejar atado y bien atado el gran caso de su carrera: la investigación a la esposa de Pedro Sánchez, a la que ha conseguido sentar en el banquillo tras una instrucción errática y en la que ha contado con la extrema derecha como muleta. 

De esa exhibición de poder a la que aludía Napoleón dan fe algunos de los principales hitos de la causa. Es el caso de su inédita incursión en el Palacio de la Moncloa para tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez, el intento (fallido) de abrir una causa en el Tribunal Supremo contra el ministro Félix Bolaños o la exigencia de documentación al Ejecutivo bajo la amenaza de delito de desobediencia. También llegó a insinuar que los agentes que ejercen como escoltas de Begoña Gómez podrían colaborar con su huida, lo que soliviantó a unos sindicatos policiales nada habituados a la crítica de la judicatura. 

Quienes le conocen dicen que se marcha tranquilo, satisfecho con el devenir de una causa a la que se ha dedicado en tiempo y alma mientras ofrecía una atención limitada a otros casos de su juzgado. Sin embargo, lejos del aura de otros magistrados idolatrados por la derecha política y judicial, de Peinado es difícil encontrar quien resalte de él su independencia o su brillantez jurídica. Pese a ello, llevará siempre en su haber el impulso de una de las causas que más desgaste han supuesto para el Gobierno de coalición y, singularmente, para su presidente. 

Con todo, solo los sectores más radicalizados han enarbolado su figura como estandarte en la batalla judicial contra el Gobierno. La instrucción ha resultado tan controvertida que la premisa de que 'el fin justifica los medios' ha dejado al descubierto cierta incomodidad de la derecha tradicional, que no se atreve a reivindicar abiertamente unos métodos tan alejados del decoro institucional. 

Esta situación tiene un reflejo material en las decisiones de la Audiencia Provincial, que le dio el aval para investigar “todas las actividades de Begoña Gómez desde que su marido fue investido presidente del Gobierno” y construyó la base argumental en la que se apoyó el instructor para seguir adelante con la causa. Pero que también ha anulado una veintena de sus resoluciones por vulnerar derechos fundamentales de los imputados o por falta de motivación. Entre ellas, las relativas al registro del domicilio y las empresas de uno de los investigados mientras estaba muy grave en el hospital y varias imputaciones y líneas de investigación. 

En este contexto, no extrañan los vítores que ha recibido en algunas tardes de toros en Las Ventas. O las alabanzas de los exaltados que solían reunirse en las inmediaciones de los juzgados con cada hito del caso contra Begoña Gómez. Sin embargo, Peinado ha lamentado algunas veces ante su círculo más próximo su soledad ante los “ataques” recibidos. El pasado abril, sus compañeros en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, donde deja algunos amigos, suscribieron una declaración institucional para mostrarle su “apoyo” frente a las “descalificaciones” que estaba recibiendo tras la decisión de dejar al borde del banquillo a Begoña Gómez. 

Peinado sustentó esa decisión en un auto en el que llegó a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII, lo que provocó la reacción en tromba del Gobierno y de otros representantes políticos. Es otro más de los exabruptos contenidos en sus resoluciones, caracterizadas por una redacción alambicada en ocasiones imposible de seguir. Por eso llamó la atención cuando, hace un año, copió párrafos enteros de un artículo de una revista jurídica para fundamentar uno de sus escritos.

Quienes han tratado con él dentro del juzgado apuntan que adopta posiciones y gestos difíciles de encajar en la neutralidad que debería regir su función. Ejemplo de esas excentricidades fueron la petición de que le organizaran un estrado en la Moncloa para estar en una situación de superioridad respecto al testigo, en ese caso el ministro de Justicia, Félix Bolaños. O la exigencia al anterior abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, de que le mirara al hablar durante una comparecencia en la que el letrado se estaba dirigiendo a las acusaciones que reclaman elevadas penas de cárcel para quien era su clienta. 

Peinado ha gozado de la protección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde los vocales conservadores han impuesto sus votos para impedir cualquier actuación disciplinaria contra él. El órgano de gobierno de los jueces ha archivado más de una decena de quejas presentadas por sus excesos o errores. Entre ellas, las del ministro Bolaños, quien no descarta explorar otras vías en los tribunales contra el magistrado ahora que se ha jubilado y que queda descartado el reproche disciplinario. 

De perfil tradicionalista, quienes le conocen dicen que es un gran lector, admirador del pensador Ortega y Gasset y amante de los toros y los caballos. A ello y a su familia se dedicará a partir de ahora. Aunque hay quien advierte que, ya sin el peso de la toga, está determinado también a restaurar su honor frente a quienes considera que lo han violentado en sus declaraciones públicas. En los últimos meses ha interpuesto casi una decena de demandas contra políticos y periodistas a los que reclama miles de euros. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la jubilación forzosa por edad del juez Juan Carlos Peinado, un día antes de cumplir 72 años, y con una carrera marcada en su etapa final por investigar y enviar a juicio ante un jurado popular a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

La publicación por parte del BOE de la orden del Consejo General del Poder Judicial que declara la jubilación forzosa por edad de Peinado llega un día después de que el juez pasara su último día en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Previamente, durante esta semana ha gozado de tres días de permiso una vez dictó el lunes su última decisión: el auto de apertura de juicio por presunto tráfico de influencias y malversación contra Begoña Gómez y su asesora.

Como tenía previsto, y tras sus vacaciones de verano, ponía así punto y final a una instrucción no exenta de polémica, en la que ha llegado a comparar el caso de Begoña Gómez con conductas “más propias de regímenes absolutistas” y el reinado de Fernando VII.

En estos dos años y medio, en los que pidió permiso para extender su jubilación hasta el máximo legal, Peinado ha pasado por La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia -al que incluso pidió imputar sin éxito-, ha llegado a imputar a siete personas, incluido el delegado del Gobierno en Madrid, y ha investigado cinco delitos.

Con decisiones controvertidas como las citaciones en sábado, domingo o Miércoles Santo, Peinado recibió reveses, pero también avales de la Audiencia de Madrid, que finalmente ha ratificado que el juicio a Begoña Gómez sea ante un jurado.

Aunque conocido en el entorno judicial de Madrid, Juan Carlos Peinado era un desconocido para el gran público hasta que la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez llegó a sus manos en abril de 2024. Ese caso ha marcado la recta final de su carrera en la judicatura, a la que llegó tarde, con 40 años, tras haber ejercido como abogado y como secretario del Ayuntamiento de varios municipios madrileños.

Se jubila como juez de instrucción del juzgado 41 de Madrid, de Plaza de Castilla, donde lleva la última década. Antes pasó por juzgados de localidades de Ávila, Toledo, Albacete y Madrid, según fuentes jurídicas consultadas por EFE.

Desde el 41 ha llevado otros casos también conocidos en su momento como el del triple crimen en un despacho de abogados del barrio madrileño de Usera en 2016 -que acabó juzgado en Venezuela-, o una demanda, ya archivada, contra los concejales Pablo Soto y Guillermo Zapata por mensajes ofensivos en redes sociales en 2015.

Abrió incluso diligencias contra el exfutbolista Raúl González Blanco por presunta ocultación de patrimonio y fue sonada la imputación, en 2019, de periodistas por presunta revelación de secretos vinculada al sumario de los Comités de Defensa de la República (CDR), ya archivada.

Una causa contra un cargo de la empresa municipal de transportes de Madrid (EMT) acabó archivada tras agotarse el plazo de instrucción, y también ha investigado el supuesto hackeo de los correos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o una denuncia de Hazte Oír contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por la paralización de un autobús reivindicativo.

Al final de su carrera, Peinado ha recibido varias querellas por prevaricación y también quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como la del ministro Félix Bolaños, en el contexto de su investigación a Begoña Gómez, pero ninguna ha prosperado.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello, ha abierto este viernes un nuevo año judicial reclamando la incorporación de “más jueces”, y donde fomentará “un clima institucional basado en el respeto, la confianza y la consideración hacia la función jurisdiccional”.

Así se ha comprometido en su intervención, en la que ha resaltado la importancia de reconocer la labor que diariamente realizan todos los integrantes del poder judicial en Canarias.

Del balance de 2025, Avello ha agradecido a los agentes que han hecho posible la culminación de la implantación de los tribunales de instancia, porque “no lo han tenido fácil y han cumplido con creces”, ya que su “extraordinario esfuerzo está dando sus frutos y seguirá dándolos”.

De la memoria del TSJC relativa al pasado ejercicio ha destacado el nuevo incremento de asuntos, la consecuente elevada tasa de litigiosidad, la sobrecarga de los órganos judiciales y el alto nivel de rendimiento por parte de los integrantes de la carrera judicial en Canarias.

Como “la litigiosidad continúa creciendo en prácticamente todos los órdenes jurisdiccionales”, Avello ha apostado por la necesidad de “ofrecer respuestas útiles, comprensibles y en un tiempo razonable”, si bien ha recalcado que “Canarias presenta características territoriales singulares que condicionan el funcionamiento de la Administración de Justicia”.

Por ello, ha sido tajante al afirmar que “necesitamos más jueces: necesitamos contar con una carrera profesional que permita que ser juez en España no lastre la salud de quien lo ejerce”, al tiempo que ha subrayado que “solo un juez con una carga de trabajo asumible podrá hacer un trabajo de verdadera calidad y ofrecer a la ciudadanía sus mejores servicios, desde la independencia judicial”.

En materia de infraestructuras, ha estimado que es “urgente” mejorar la situación del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, donde se ha mostrado convencido de que “se verán avances significativos”.

Avello ha recordado que en 2026 se cumple el 500 Aniversario de la creación de la Real Audiencia de Canarias, origen y precedente del actual Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuya inicial aspiración de acercar la justicia a la ciudadanía “está plenamente vigente”.

Entre los retos, se ha referido a “la modernización tecnológica”, que supone “rediseñar procesos, facilitar el trabajo de los profesionales, mejorar la comunicación entre instituciones y ofrecer un servicio más accesible para la ciudadanía”.

Otro desafío es la necesaria “especialización” que exige “la creciente complejidad del derecho”, que demanda “órganos cada vez más preparados para afrontar materias altamente técnicas, desde el ámbito mercantil y económico hasta la ciberdelincuencia, la violencia sobre la mujer, la protección de menores, el medio ambiente o la inteligencia artificial”.

Seguir fortaleciendo la transparencia institucional y la protección de las personas más vulnerables son otros de los objetivos que fija Avello, al entender que “una justicia que no los contempla pierde su esencia”.

“Igual que hay un medio ambiente a proteger, hay un medio ambiente intelectual intangible para los derechos humanos. Cada juez debería de actuar como si el mundo entero le estuviera viendo, porque el mundo para el justiciable es su juicio”, ha aseverado.

Avello ha recordado que el 23 de enero de 1978 Josefina Triguero tomó posesión de su plaza en el Juzgado de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y se convirtió así en la primera mujer que se incorporaba a la carrera judicial para afirmar que honrar su memoria “no es un ejercicio de nostalgia”, sino “un compromiso de futuro” por la igualdad de género en la Justicia, “una conquista construida sentencia a sentencia, oposición a oposición”.

Tanto Triguero como “tantas otras pioneras hicieron posible que hoy la palabra jueza no describa a la esposa de un juez, como ocurría antaño, sino a una profesional del derecho por derecho propio”, ha apostillado.

Avello también se ha referido a la necesidad “imprescindible” de “preservar la legitimidad del sistema judicial, cimentada en la independencia, la responsabilidad y la inamovilidad de jueces y magistrados, sometidos únicamente al imperio de la Ley, como proclama el artículo 117 de nuestra Constitución”, ha sentenciado.

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano representativo adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha presentado un escrito ante la Junta Electoral Central en el que denuncia que la decisión del Tribunal Supremo de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo genera una “discriminación” directa por razón del lugar de residencia. 

El órgano advierte de que las medidas cautelares del Alto Tribunal colocan en desventaja a los ciudadanos que han adquirido la nacionalidad española en el extranjero al amparo de la Ley de Memoria Democrática respecto a quienes residen en España. Según expone el CGCEE en su escrito del 24 de septiembre de 2026, mientras que un nacionalizado que vive en España conserva intacto su derecho fundamental al voto al figurar en el censo de residentes (CER), una persona con su mismo título, obtenido por idéntico procedimiento y en la misma fecha, ve congelados sus derechos electorales por residir en el extranjero.

Además, el escrito censura la “estigmatización” y los discursos que cuestionan de forma generalizada la legitimidad del sufragio exterior. Así, califica de “improcedentes” las manifestaciones que atribuyen comportamientos o motivaciones dudosas a un colectivo de más de tres millones de personas y recuerda que la ciudadanía en el extranjero forma parte plena de la comunidad política española. 

Asimismo, recalca que la ley electoral únicamente permite privar del derecho de sufragio mediante una sentencia penal firme, por lo que la aplicación administrativa de estas medidas cautelares suspende de facto una prerrogativa constitucional sin que exista condena alguna ni se haya dado trámite previo de audiencia o defensa a los afectados.

El organismo trata de desmontar también las “premisas fácticas” sobre las que el Supremo fundamentó la existencia de un riesgo de alteración electoral. En primer lugar, aclara que la concesión de la nacionalidad no supone un “volcado automático” ni directo al censo (CERA), sino que exige un trámite voluntario y diferenciado de alta en el Registro de Matrícula Consular que muchos beneficiarios no llegan a formalizar. 

En segundo lugar, subraya que el crecimiento del censo exterior responde a una tendencia histórica de más de dos décadas, que se debe a la mayoría de edad de residentes o traslados desde España, y no puede achacarse exclusivamente a la ley de nietos. Por último, recuerda que la participación del electorado en el extranjero es históricamente reducida, lo que invalida la tesis del Supremo de la supuesta incidencia decisiva en las urnas. 

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha aclarado este miércoles que no suscribió el comunicado difundido por las secciones territoriales en Extremadura de las otras tres asociaciones judiciales (APM, AJFV y FJI) en apoyo a la magistrada Beatriz Biedma. La entidad argumenta que dicho pronunciamiento se fundamenta en “informaciones procedentes de una filtración, presuntamente ilícita, a determinados medios de comunicación”.

El comunicado conjunto firmado este martes por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente manifestaba su “respaldo y solidaridad” con la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ante las informaciones periodísticas que apuntaban a supuestas situaciones de hostigamiento y presiones en el marco del denominado 'caso Leire'.

Biedma, que dirigió la investigación sobre la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, está a la espera de que el magistrado Santiago Pedraz decida si le permite personarse como acusación particular en la causa en la que se investiga la trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez.

Rechazo a dar crédito a filtraciones reservadas

Desde JJpD señalan que las informaciones publicadas en los últimos días recogen las supuestas declaraciones ante la Guardia Civil de un investigado por un delito contra la salud pública, quien atribuyó a Leire Díez el encargo de seguir y acosar a la jueza instructora. Para la asociación progresista, se trata de manifestaciones “cuya verosimilitud habrá de ser contrastada y valorada en el procedimiento judicial correspondiente”.

En este sentido, JJpD subraya que los integrantes de la carrera judicial están obligados a actuar de forma “ejemplar en la defensa de las garantías del proceso”, recordando que la filtración de actuaciones bajo reserva no solo vulnera los derechos de las partes y compromete el éxito de la investigación, sino que puede constituir un delito. “Por ello, las asociaciones judiciales no debemos dar pábulo a este tipo de filtraciones ni convertirlas en fundamento de nuestros pronunciamientos públicos”, afirman en una nota pública.

La entidad sostiene que esta postura no obedece a un cálculo coyuntural, sino a una línea de actuación coherente en el tiempo. Como precedentes, recuerdan que en enero de 2024 salieron en defensa del magistrado Manuel García-Castellón ante las críticas de la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno, y que en junio de 2025 respaldaron a la propia Beatriz Biedma cuando las presiones denunciadas estaban “debidamente acreditadas”.

“Tal crecimiento [del censo exterior] genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”. Este fue el principal argumento con el que el Tribunal Supremo acordó el pasado 8 de septiembre limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. A juicio de los magistrados, la ley de nietos había propiciado un “excepcional” incremento de las personas con derecho a voto y eso podría generar un “daño irreversible”.

Dos semanas después de esa decisión, el recurso en el que la Abogacía del Estado pide revertir esta decisión pone entredicho las cifras que sustentan esta polémica resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal. En su fallo, los magistrados asumieron las cifras de los denunciantes —Vox y el extraparlamentario Iustitia Europa—, que basaron sus impugnaciones en el incremento global de 408.262 electores que el censo exterior había sufrido desde las elecciones de 2023. 

Las certificaciones oficiales de la Dirección General de Españoles en el Exterior aportadas por los servicios jurídicos del Estado evidencian que el volumen real de electores inscritos bajo la cuestionada “presunción general de exilio” asciende a 168.896 personas a 31 de agosto de 2026. Es menos de la mitad de la cifra que toman los jueces como referencia. 

Esta diferencia obedece a que los denunciantes tomaron como referencia el incremento global del censo exterior, donde están inscritos todos los españoles que viven de forma permanente en el extranjero. En su recurso, la Abogacía del Estado cuantifica en 369.017 los nacionalizados en virtud de esta ley a través de cuatro supuestos legales distintos, pues la norma, además de a los nietos de quienes “salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955” otorga la nacionalidad a otros descendientes de españoles.

Es el caso, por ejemplo, de los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978, los hijos mayores de edad de quienes ya obtuvieron la nacionalidad por la ley de 2007 o la de 2022 o la consolidación de la nacionalidad de origen sobrevenida. 

Una influencia “ínfima”

Basándose en esa cifra de 168.896 electores nacionalizados a través de la instrucción sobre la que ha puesto el foco el Supremo, la Abogacía del Estado considera “erróneo” y “ficticio” el supuesto peligro electoral. El recurso aplica esa cifra a la participación histórica del voto exterior en las elecciones generales, que ronda el 8% y estima en 14.120 los votantes potenciales. Se trata, según estos cálculos, del 0,06 % de los votos emitidos. Es, a su juicio, una influencia “ínfima” y que, a su juicio, no permite concluir la existencia del riesgo de alteración del proceso electoral en el que el Supremo basó su decisión. 

“No existe ningún riesgo derivado del crecimiento del censo (...). Y aun en el negado caso de que existiese algún riesgo, sería tan ínfimo que no justificaría cercenar los derechos de voto de cientos de miles de personas, piedra angular de la democracia. Nadie puede predecir el sentido del voto de las personas incorporadas al censo y, en todo caso, no podría alterar el resultado electoral por pura matemática”, recoge el escrito.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este martes por mayoría abrir un expediente disciplinario al juez David Maman, quien declaró en una ponencia organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid que se han otorgado muchas “ventajas” a las mujeres que denuncian violencia, y que van “a la caza de la orden” de protección. 

Maman, titular de un juzgado especializado en violencia sobre la mujer, es el juez encargado del caso contra el exDAO de la Policía Nacional José Ángel González, que fue acusado de presunta agresión sexual por una inspectora del Cuerpo. El acuerdo que supone la apertura de un expediente ha sido aprobado con el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló.

La Permanente ha rechazado la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria, que planteó no actuar disciplinariamente contra el magistrado al considerar que las manifestaciones objeto de queja están amparadas por el derecho a la libertad de expresión y que no son constitutivas de ninguno de los tipos disciplinarios contenidos en la ley del Poder Judicial.

Los vocales del sector conservador han anunciado la formulación de voto particular al discrepar con la decisión acordada. En ese escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, los vocales José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga, Isabel Revuelta de Rojas y Alejandro Abascal defienden que el magistrado hizo esas afirmaciones en un acto formativo y técnico, donde “se limitó a transmitir contenidos con relevancia pública”, que no afectaban a la intimidad de las personas ni a aspectos reservados de la sociedad. Y que, en consecuencia, “están protegidas por la libertad de expresión”.

Las secciones territoriales en Extremadura de tres de las principales asociaciones de la judicatura (la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente) han difundido este martes un comunicado conjunto para expresar públicamente su respaldo y solidaridad con la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.

El pronunciamiento de los colectivos judiciales se produce a raíz de las recientes informaciones periodísticas y actuaciones judiciales que apuntan a la existencia de episodios de seguimiento, presiones externas y maniobras de hostigamiento personal y familiar dirigidas a deslegitimar y menoscabar su labor jurisdiccional con el objetivo de apartarla de la instrucción judicial que investigó la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz.

“Consideramos imprescindible reiterar que el Poder Judicial actúa con plena independencia, sometido únicamente al imperio de la ley”, señalan las asociaciones en la nota difundida en la región. En el texto, advierten de que “cualquier intento de presión, intimidación o descrédito hacia jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones constituye una grave amenaza para el Estado de Derecho y para el normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas”.

Defensa de la función jurisdiccional

Las tres organizaciones firmantes han subrayado su “firme defensa de la independencia judicial como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático”, al tiempo que destacan la “profesionalidad y compromiso con la legalidad” manifestados por la instructora extremeña en el desempeño de su cargo.

Beatriz Biedma estuvo al frente de la instrucción de la causa abierta tras las denuncias contra David Sánchez por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Recientemente, la magistrada ha solicitado su personación como acusación particular en el 'caso Leire Díez', que se tramita en la Audiencia Nacional sobre supuestas maniobras irregulares para obstaculizar casos que afectan al PSOE y al Gobierno. La presunta trama habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

El comunicado conjunto suscrito por las asociaciones de la judicatura en Extremadura concluye reafirmando la cohesión del estamento judicial en la región en la preservación de las garantías de independencia frente a cualquier interferencia o intento de interferencia externa en el ejercicio de la labor judicial.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analiza este martes el recurso de alzada presentado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, contra la decisión de archivar las quejas que presentó ante este mismo órgano contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez. El encargado de dar respuesta a ese recurso es el vocal conservador Carlos Orga, quien propone desestimarlo y confirmar así el cerrojazo definitivo de las denuncias presentadas, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. 

El pasado julio, los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado respaldaron la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivar las diligencias abiertas a raíz de las quejas de Bolaños. Esa misma Comisión Permanente decidirá este martes sobre el recurso, por lo que de mantenerse sus posiciones, las quejas quedarían archivadas definitivamente. 

De hecho, el propio Bolaños admitía en su recurso que no confiaba en que ese órgano revocara su propia decisión y anunciaba que su objetivo era agotar la vía administrativa antes de acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Su objetivo, decía, es que esa instancia hiciera “el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura”.

“Actitud intimidatoria”

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

En el recurso contra la decisión de archivar sus quejas, Bolaños afirmaba que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y criticaba que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” hubiera sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas. 

Según ha podido saber este periódico, el principal argumento de la propuesta que rechaza ese recurso es que la mayoría de los hechos denunciados forman parte del ejercicio de la función jurisdiccional y no pueden ser revisados disciplinariamente por el CGPJ. 

En la grabación del interrogatorio consta que en los primeros minutos, el juez advirtió a Bolaños de que en cualquier momento podría modificar su condición de testigo a investigado. También que le reprendió por usar expresiones como “creo que” o “en términos generales” o que le reprochó que discrepara de la calificación de determinadas respuestas como “evasivas”. Tras analizar el interrogatorio, el ponente de la resolución que analizarán los vocales no considera que el magistrado actuara con desconsideración ni cometiera un abuso de autoridad con relevancia disciplinaria.

Esa propuesta sostiene, además, que la ley del Poder Judicial establece que cuando en una resolución judicial se empleen “expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes, manifiestamente ofensivas o irrespetuosas”, el Consejo solo puede actuar si lo solicita el tribunal superior del juzgado en cuestión, algo que no ha sucedido en este caso.

Falta de “motivación”

A juicio de Bolaños, la resolución del Promotor que archivó sus quejas carecía de “motivación”, dado que no realizó “un análisis verdaderamente individualizado de las actuaciones denunciadas” y tampoco explicaba “por qué todas quedarían comprendidas en el núcleo irreductible de la potestad jurisdiccional”. Por ejemplo, limitó a calificar como una “situación puntual de cierta tirantez dialéctica” lo que el ministro considera que fue “una actitud objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil” durante el interrogatorio.

Bolaños también denunció que el Promotor no hizo una investigación “completa y eficaz” en relación con las filtraciones denunciadas por el ministro, que puso de manifiesto que algunas resoluciones de la causa fueron publicadas por los medios de comunicación antes de que fueran notificadas a las partes. A este respecto, el escrito que analizarán los vocales admite que alguna resolución llegó a los medios antes de ser notificada a las partes, pero considera que había varias personas que podían acceder a ella y que no existen indicios suficientes para atribuir la filtración al magistrado. 

En su escrito, el ministro denunció asimismo que pasaron 427 días entre que presentó la primera de las denuncias en junio de 2025 y se le notificó el archivo el pasado 5 de agosto. Todo ello a pesar de que, a su juicio, se trataba de unas pesquisas sobre “actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación”. La respuesta a su recurso de alzada rechaza que haya habido una tramitación indebidamente lenta, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

Otra queja de la asesora

Está previsto que este martes, la Comisión Permanente analice también otra queja por otra filtración de la causa contra Begoña Gómez. En este caso, la queja partió de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente, quien también se sentará en el banquillo. 

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito. Las fuentes consultadas por elDiario.es apuntan a que el Promotor también propone el archivo de estas diligencias. 

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Pilar Astray, ha ofrecido una rueda de prensa previa al acto solemne de apertura del curso judicial donde ha expuesto los datos más significativos de la memoria judicial.

El año pasado urgía cubrir 42, ha recordado, pero todavía restan otras 21 por completar, con especial urgencia en las audiencias provinciales de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara.

Aunque esas son las plazas “más acuciantes” en cuanto a la necesidad de cobertura, ha recalcado también que restan otras en órganos unipersonales en algunos pueblos donde “hay un problema estructural”, como es el caso de La Roda, Ciudad Real capital, Almagro, Tomelloso, Tarancón, Orgaz o Valdepeñas, según los datos que recoge Europa Press.

Faltaría, además, incrementar plazas en las secciones de lo Social de Albacete y Guadalajara y también en las secciones penales de Ciudad Real, Guadalajara, Albacete y Toledo. Del mismo modo, señala, “falta en Instrucción en Albacete”.

Reclama especialización en infancia y adolescencia

Astray ha considerado además que, “si fuera posible, habría que dedicar una parte del esfuerzo a favorecer una especialización compatible en delitos contra la infancia y la adolescencia” en los juzgados de Castilla-La Mancha.

Mientras tanto, se ha referido al ámbito penal, con más de 128.000 casos de los que se han resuelto poco más de 122.500. Algo que, apunta, provoca que “cada vez haya más atraso”, con más de 66.000 pendientes de juzgar en el cómputo global.

Existen, además, 16.621 ejecutorias pendientes de ejecución, razón que justifica que se completen plazas en esta sección en las capitales de provincia.

La “presión” en casos de civil creció “un 23,5%”, asuntos que si bien son “fáciles”, a nadie le gusta que un juez “lo resuelva de un vistazo”.

En Primera Instancia “hay un descenso ligero”, ha señalado, aunque la entrada de casos venía creciendo en los últimos años.

En Mercantil sube la presión un 13,5% elevando los casos pendientes por encima de los 4.300 en todo el territorio; mientras que en Social “también ha habido un pequeño descenso”. En Contencioso-Administrativo, de su lado, “hubo un pequeño incremento”, si bien mantiene “una situación preocupante” que requiere “medidas de refuerzo”.

“Castilla-La Mancha tiene una baja ratio de jueces por habitante, aunque estamos contentos de que por lo menos haya un punto de resolución”, asegura, celebrando también que se hayan iniciado los trámites para la cobertura de nuevas plazas en 2027.

Astray ha agradecido por tanto la “respuesta importante” para cubrir plazas, si bien no resuelve las “necesidades prioritarias”. Como conclusión, ahora la prioridad “debe de ser reducir los tiempos de respuesta al ciudadano”.

Cuenca necesita una plaza contra la violencia machista

El año que cerró se impulsó la creación de nuevas plazas en juzgados de violencia machista, si bien “faltaría Cuenca” para reforzar.

El problema en este ámbito, tal y como ha incidido la presidenta del TSJCM, es que estas plazas necesitarían más infraestructura para poder dar el servicio adecuado.

“Si no garantizamos la accesibilidad a los tribunales no atendemos la necesidad de las víctimas y su confianza. Y para ello necesitamos también de las demás administraciones”, ha abundado Astray.

Urge edificio en Tomelloso

En otro orden de cosas, ha apuntado que en 2025 se pudieron inaugurar los institutos de medicina legal en Ciudad Real y Toledo y se ha completado el edificio de Torrijos.

En este punto, ha celebrado el “esfuerzo del Ministerio”, si bien hay todavía necesidades “obvias”, como la adaptación del edificio del tribunal de instancia de Toledo. “Ahí ya no caben los órganos”.

También, Tomelloso requiere “una sede única” para prestar un mejor servicio, ha reparado la presidenta del TSJCM.

También hay más carga para la Fiscalía

De su lado, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha tomado la palabra en el acto posterior de apertura de acto institucional, ofreciendo también los datos de la memoria del trabajo del centenar de fiscales que operan en territorio castellanomanchego.

Fernández ha iniciado sus palabras haciendo alusión a la situación en Ceuta para dirigirse a los compañeros de la sección de la Ciudad Autónoma dentro de la Fiscalía, que “están haciendo un esfuerzo considerable para satisfacer el trabajo que les viene determinado por el devenir de los hechos”.

Del mismo modo, ha querido tener una dedicatoria a los profesionales fiscales, sobre todo de Guadalajara y Ciudad Real, en cuanto a su trabajo en torno a los incendios forestales que ha sufrido la región durante la época estival.

Entrando en datos, ha apuntado que han sido 62.000 las diligencias previas incoadas en 2025, sobre todo en torno a violencia y delitos contra el patrimonio.

Se ha incrementado el número de casos pendientes, con algo más de 48.000 asuntos en los órganos fiscales de Castilla-La Mancha, un 10% más que al final de 2024.

Se han tramitado más de 9.000 casos por la vía urgente, algo que ha celebrado, si bien ha alertado de “un bajo índice de conformidad” en estas tramitaciones, solo en el 65%, por debajo de la media.

Cada fiscal ha hecho unas 134 calificaciones de media, cuando en el anterior ejercicio no se llegaba a cien, “una muestra de la mayor carga de trabajo”.

Con todo, cada año “se decretan menos situaciones de prisión preventiva”, algo que puede justificarse por “la duración de los procedimientos”, y es que “es muy difícil que una instrucción esté terminada antes de los dos años de límite ordinario de prisión preventiva”.

La Junta Electoral Central acordó dividida este lunes no ir al choque con el Tribunal Supremo tras su decisión de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. El órgano se limitó a acatar la decisión del Supremo sobre la ley de nietos, sin tratar de enmendar el embrollo jurídico generado, según informan elDiario.es varias fuentes conocedoras del contenido de esa reunión, que se alargó durante dos horas. 

El sector alineado con posiciones progresistas trató de dar la batalla para interponer un recurso contra la decisión que privará del ejercicio de ese derecho a miles de descendientes de españoles salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Pero su propuesta decayó por un ajustado resultado de siete votos a seis. En paralelo, el órgano electoral rechazó por ocho votos a cinco dar instrucciones concretas sobre cómo ejecutar la decisión del Supremo, un movimiento de parte de los vocales conservadores tras el que otros miembros del órgano ven un intento de “arreglar el desaguisado” generado. 

En relación con la impugnación ante el Supremo, a los magistrados y catedráticos de orientación conservadora se sumó en esta ocasión el presidente del órgano, Eduardo Calvo, un veterano magistrado del Supremo, que fue afiliado de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, y que aspira ahora a presidir la Sala del Alto Tribunal que la semana pasada falló sobre la ley de nietos. De acuerdo a las fuentes consultadas, Calvo expresó en sus intervenciones motivos a favor y en contra de recurrir y, finalmente, se decantó por la segunda opción.

Impugnar esas resoluciones habría supuesto un conflicto institucional sin precedentes con el Supremo, tribunal al que pertenecen ocho de los miembros de la Junta Electoral, órgano al que llegan tras ser elegidos por sorteo. Los otros cinco miembros de la Junta Electoral son catedráticos elegidos por el Parlamento: dos a propuesta del PP, otros dos a iniciativa del PSOE y una de Sumar. Estos tres últimos secundaron la propuesta de recurrir los autos que alientan la teoría del supuesto pucherazo de Vox y han supuesto el freno de la ley de nietos. A ellos se sumaron los magistrados del Supremo Pilar Teso, Concepción Ureste y Javier Hernández, a los que habitualmente se sitúa en el espectro progresista de ese órgano judicial. 

Antes de la votación, fueron varios los consejeros que expresaron dudas jurídicas sobre lo que consideran un “salto en el vacío” del Supremo y sobre la indefensión en la que quedan los electores a quienes se les retira cautelarmente un derecho vinculado a su nacionalidad sin ofrecerles trámite de audiencia previa. 

De acuerdo a las fuentes consultadas, algunos de estos consejeros discrepantes con la decisión del Alto Tribunal calificaron de “despropósito” y “barbaridad” la decisión del Supremo y auguraron un “sinfín de litigiosidad” como consecuencia de la “inseguridad jurídica total” que ha generado en miles de personas a las que se les niega un derecho fundamental sin la posibilidad de presentar alegaciones. De hecho, alguno de los vocales apuntó que entre los afectados hay miles que ya pudieron votar en las autonómicas y generales de 2023. Sin embargo, algunos de estos mismos consejeros asumen que ese hipotético recurso “no tenía ninguna opción de prosperar” y podría añadir más ruido a una situación ya de por sí endemoniada. 

Por otro lado, los vocales discrepantes con la posibilidad de impugnar la decisión del Supremo consideraron que la vía del recurso no era apropiada y habría supuesto un choque de trenes inédito entre ambas instituciones. En este grupo de vocales están los cuatro que el pasado julio firmaron un voto particular contra la decisión de la Junta Electoral de declararse no competente para frenar los efectos de la ley de nietos. Sus argumentos acabaron, primero, en los escritos en los que Vox y el extraparlamentario Iustitia Europa llevaron el asunto al Supremo; y, después, en las propias resoluciones del Alto Tribunal.  

Los firmantes de ese voto particular son los catedráticos de Derecho Constitucional Carlos Vidal Prado y Javier Tajadura Tejada —elegidos a iniciativa del PP— y los magistrados del Supremo Vicente Magro y Fernando Marín, a los que este lunes se sumaron sus compañeros del Alto Tribunal Fernando Cerdá y Carmen Lamela y el presidente del órgano, el citado Eduardo Calvo, para evitar el recurso a una decisión que ha vuelto a tensar la situación entre el Gobierno y el Poder Judicial. 

De hecho, aunque en la Moncloa ponen el foco en la “salvajada” del Supremo, también critican la respuesta de la Junta Electoral. “Nos sorprende mucho que atienda esa decisión del Supremo, sinceramente”, apuntan desde el Ejecutivo, donde meten prisa al alto tribunal para que solvente la cuestión cuanto antes. 

“Esperábamos que la Junta Electoral cuestionara y reprobara la decisión del Supremo. Y en cualquier caso nos parece imprescindible que se resuelva cuanto antes, porque es muy grave restringir un derecho básico de la condición de ciudadanía como es el derecho al voto”, apuntan fuentes del Gobierno. Pese a acatar la medida cautelar, la Junta Electoral mantendrá su personación en el procedimiento para defender que no tiene competencias para fiscalizar la concesión de la nacionalidad ni la instrucción del Ministerio de Justicia que amplió la aplicación de la ley de nietos y que ahora cuestionan las derechas y el Supremo.

“Cumplirse en sus términos”

Según la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, solo podrán seguir en el censo aquellos descendientes de españoles que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Su pronunciamiento pone en el foco esa instrucción, de 2022, que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. 

Según los jueces, el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acordaron mantener la inscripción en el censo solo de quienes puedan acreditar con “prueba documental individualizada” de que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”. En una entrevista en Malas Lenguas de TVE, Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y autora de esa instrucción, recordó que se viene aplicando “pacíficamente” desde 2008, también por gobiernos del PP, ya que es calcada a la que se aprobó aquel año para completar la ley de memoria histórica. 

La Junta Electoral también abordó en su reunión de este lunes cómo hacer frente al mandato del Supremo. Por ocho votos a cinco, el órgano decidió limitar su actuación a trasladar a los organismos implicados las directrices del Supremo, que deben “cumplirse en sus términos”. Esto es, trasladar a la Oficina del Censo Electoral los autos del tribunal para que se cumplan sus requerimientos, así como instar a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares que ordene a los Registros Consulares el desglose entre los nacionalizados que han “demostrado” su condición de descendientes de exiliados y a los que se les aplicó la presunción de exilio de acuerdo a la citada instrucción. 

De hecho, las fuentes consultadas aseguran que se llegaron a eliminar algunos pasajes del borrador inicial elaborado por los letrados para que el acuerdo fuera lo más “escueto” y “apegado” posible al texto de los autos del Supremo. Cuatro de los vocales de orientación conservadora propusieron elaborar una especie de instrucción propia que ordenara notificar la decisión del Supremo individualmente a los afectados, pero la mayoría se mostró en desacuerdo. A su juicio, eso suponía “arreglar los desaguisados del Supremo”, que ha suspendido el derecho fundamental a voto de miles de personas sin darles la opción de presentar alegaciones.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar las quejas que presentó ante este mismo órgano contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez.

En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro sostiene que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y critica que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” haya sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas “y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial”. 

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

El pasado julio, los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado respaldaron la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivar las diligencias abiertas a raíz de las quejas de Bolaños. Esa misma Comisión Permanente es competente para decidir sobre los recursos de alzada impuestos frente a decisiones de la autoridad disciplinaria, lo que augura que este recurso tiene pocas opciones de prosperar.

De hecho, el propio Bolaños admite que no confía en que ese órgano revoque su propia decisión y anuncia que su objetivo es agotar la vía administrativa antes de acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la que dice que está seguro de que “hará el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura”.

A juicio de Bolaños, la resolución del Promotor carece de “motivación”, dado que no realiza “un análisis verdaderamente individualizado de las actuaciones denunciadas” y tampoco explica “por qué todas quedarían comprendidas en el núcleo irreductible de la potestad jurisdiccional”.

Por ejemplo, limitó a calificar como una “situación puntual de cierta tirantez dialéctica” lo que el ministro considera que fue “una actitud objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil, incompatible con la posición que le correspondía” durante el interrogatorio.

Así, en la grabación consta que apenas iniciado el interrogatorio, el juez advirtió a Bolaños que en cualquier momento de la declaración podría modificar su condición procesal de testigo a investigado. También que le reprendió por usar expresiones como “creo que” o “en términos generales” o le reprochó que discrepara de la calificación de determinadas respuestas como “evasivas”.

En su escrito, el ministro denuncia que pasaron 427 días entre que presentó la primera de las denuncias en junio de 2025 y se le notificó el archivo el pasado 5 de agosto. Todo ello a pesar de que, a su juicio, se trataba de unas pesquisas sobre “actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación”. Además, sostiene que durante ese tiempo la investigación fue “limitada” y se llevaron a cabo “un número muy reducido de diligencias de investigación”. 

En España trabajan más de 3,6 millones de empleados públicos, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora semestralmente el Instituto Nacional de Estadística. Son uno de cada 10 asalariados —el 11%—, que sostienen los pilares del Estado del Bienestar. Hay más de 780.000 profesionales en el sistema sanitario público; cerca de 600.000 profesores y profesoras en centros públicos; 40.000 funcionarios de universidad; o más de 5.000 jueces y cerca de 3.000 fiscales; entre muchos otros.

En los últimos años, se han realizado en España grandes procesos de oposiciones, con el objetivo de estabilizar unas plantillas que, en muchos casos, sufrían altas tasas de temporalidad —Europa impuso rebajarla, como máximo, al 8%— y rejuvenecer los equipos —solo la administración central afronta la jubilación de 95.000 funcionarios en la próxima década—. Y, en noviembre, el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO acordaron una subida de sueldo del 11%, entre 2026, 2027 y 2028.

Pero, ¿cuánto cobran los empleados públicos? Dar una cifra exacta es complicado. Depende de la administración para la que trabajen —algunos dependen de los ministerios, otros de las comunidades autónomas y otros de las corporaciones locales, que establecen sus propios rangos salariales—, de la profesión, sus funciones y responsabilidad, los complementos que reciben, dónde están destinados, si realizan guardias o turnos especiales, su antigüedad...

A partir de aquí encontrarás las retribuciones brutas anuales de los empleados públicos españoles en su nivel de entrada —es decir, sin antigüedad—. Todos ellos han sido obtenidos de fuentes oficiales de cada comunidad, pero cada una utiliza formatos distintos que desde elDiario.es hemos homogeneizado para poder hacer una comparación. Puedes consultar la metodología completa aquí.

Así se distribuyen los salarios de los funcionarios en España

En el siguiente gráfico, cada círculo representa un puesto específico en cada comunidad. Su posición en el eje horizontal (o vertical si lees esto desde un móvil) muestra su salario bruto —sin antigüedad— y su color, el sector al que pertenece. El sueldo más bajo es el de un ordenanza en Castilla y León —14.600 euros al año—, mientras los más altos son los de magistrados y fiscales, por encima de los 88.000 euros al año, sin complementos.

También puede verse que el grueso de los salarios se concentra entre los 30.000 y los 50.000 euros —donde se acumulan más círculos, principalmente de docentes—. O el gran salto que se produce entre los médicos: los residentes (MIR), empiezan por debajo de los 20.000 euros brutos anuales —sin guardias— y los jefes de servicio o de sección, alcanzan los 70.000. También los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los militares se distribuyen por toda la gráfica. En otras palabras, en estos sectores las retribuciones pueden variar mucho dependiendo del puesto concreto.

Los puntos del siguiente gráfico muestras el tamaño de cada grupo y su sueldo mediano —colocadas todas las cuantías (y no el número de trabajadores) de menor a mayor, es la que se sitúa en la posición central—. Los sueldos más altos, los de jueces y fiscales, son también los menos habituales. Los más repetidos son los profesores no universitarios, 577.000, que suponen el 41,7% del personal analizado.

Precisamente, los profesores de Primaria y Secundaria comienzan el curso con protestas en varias partes del país y una convocatoria de huelga en Madrid, Catalunya y Andalucía. Aunque la reivindicación salarial late de fondo, estos profesionales reclaman principalmente mejores condiciones en las que ejercer su trabajo, como plantillas reforzadas, menos horas lectivas o reducción de ratios. De hecho, en Catalunya llegaron a rechazar un incremento salarial de 600 euros al mes, porque no iba acompañado de otras medidas.

Jueces y fiscales, los que más cobran

Los funcionarios que más cobran son los jueces y fiscales. Sin complementos ni antigüedad, su primer año ya cobran unos 60.300 euros brutos, que pueden llegar hasta los 88.800 si trabajan en localidades grandes, como Madrid o Barcelona. Con antigüedades, complementos y en puestos específicos, esta cantidad puede dispararse fácilmente por encima de los 100.000 euros al año. Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, percibe anualmente 162.795 euros; sus vocales, más de 140.000; y el secretario general, 137.000. Todos ellos, sin antigüedad.

Son cifras bastante alejadas de las que perciben, por ejemplo, los ministros. La mayoría cobra entre 84.000 y 90.000 euros al año, aunque algunas, como la de Defensa, Margarita Robles, superan los 100.000. Su secretaria de Estado, María Amparo Valcarce, está en 149.000. De hecho, las secretarías y subsecretarías de Estado llevan aparejadas mayores retribuciones que los titulares de los departamentos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, percibió en 2025 cerca de 96.000 euros, 40.000 euros menos que su director de Gabinete, Diego Rubio.

La nómina de un juez o un fiscal no depende tanto de la comunidad, sino del tamaño de la localidad donde ejerce. En Madrid o Barcelona, cobran unos 88.000 euros, un 47% más que en un partido judicial pequeño (60.300 euros).

El salario mediano de jueces y fiscales fue de 75.000 euros en 2026. Ningún otro colectivo superó los 60.000 brutos ese ejercicio. El más cercano fue el de los médicos, con 57.000 euros —sin tener en cuenta guardias, considerando que tienen dedicación exclusiva y no trabajan en la privada y teniendo en cuenta a los MIR—.

El siguiente gráfico muestra el salario mediano de cada grupo en España. Utilizamos este cálculo para evitar las distorsiones de los valores poco habituales, pero inusualmente altos o bajos, aunque también se puede consultar la media en cada desplegable. La línea de puntos indica el salario mediano nacional de los casi 32 millones de asalariados españoles: 24.497 euros. Solo tres grupos de funcionarios están por debajo de este umbral: auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería — TCAE — y subalternos.

Diferencias por comunidades

Las grandes diferencias salariales entre profesionales del mismo rango se encuentran entre comunidades. El grueso del empleo público —profesores, sanitarios y administración— depende de los gobiernos autonómicos, que pueden definir sus propios sueldos y complementos. En el siguiente gráfico se muestra la diferencia entre la comunidad que menos paga de base a sus trabajadores y la que más. Se incluyen también policías y guardias civiles, porque cuentan con un complemento de destino importante, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que en áreas como la sanidad, dependen del Ministerio.

Según los datos extraídos de fuentes oficiales por elDiario.es, un técnico superior puede cobrar hasta 21.000 euros más de Balears a Euskadi; un médico especialista gana 18.000 más al año en Ceuta que en Navarra; y un maestro de primaria, 8.000 más en Castilla-La Mancha que en Murcia.

Cuánto se puede progresar salarialmente

Los datos mostrados hasta ahora tienen en cuenta el salario de entrada, pero ¿cuánto puede progresar salarialmente un empleado público que llega al nivel más alto? La mayor diferencia se da entre los médicos. Hay más de 50.000 euros entre los 19.700 que cobra un residente de primer año y los 71.100 de un jefe de servicio.

Los médicos son los que más escalan, pero no son los únicos. Del militar de más bajo rango, al más alto hay más de 40.000 euros al año; en la Guardia Civil, 28.600; y en la carrera judicial, 28.500. Al otro lado están los maestros, que ganan apenas 7.400 euros más si llegan a directores; 9.800 más en el caso de secundaria; y 3.200 euros más para un administrativo que salta a jefe de negociado.

La longitud de ese salto entre el sueldo de entrada y la jefatura, también depende de la las comunidades. En medicina, por ejemplo, el sueldo de entrada es bastante similar en todo el territorio —entre el MIR que más cobra y el que menos hay 3.700 euros de diferencia—, pero en el nivel máximo, la diferencia puede multiplicarse por seis —hasta los 23.500—. De hecho, tras las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla —por la indemnización por residencia—, Murcia es la que mejor paga de base a sus médicos y Asturias, la que menos.

En profesores y administrativos pasa lo contrario: el recorrido es pequeño y similar en todas las comunidades. Llegar a director de instituto vale 12.300 euros más en Catalunya pero solo 8.400 en Extremadura. Pasar a jefe de negociado como administrativo vale 8.000 euros en Murcia y apenas 1.200 en Aragón.

En el siguiente gráfico pueden consultarse esos saltos, pero también cuanto cobran otros profesionales del mismo rango. Y comparar cuáles son los trabajadores mejor pagados en cada comunidad. Por ejemplo, Navarra es una de las comunidades que peor paga de base a sus sanitarios —aunque tiene complementos forales, infraestimados en la metodología—, pero de las que más retribuye a sus docentes en la pública.

Euskadi tiene la administración general mejor pagada del país, a todos los niveles. Un ordenanza vasco cobra casi el doble que uno de Castilla y León.

Y en los policías, la geografía marca la diferencia más notable, incluso más que el rango. Un policía de base en Melilla (37.365 euros) cobra prácticamente lo mismo que un inspector en la península (37.631 euros): el plus de residencia e insularidad de Ceuta, Melilla, Canarias o Euskadi, por el antiguo complemento por peligrosidad, vale casi lo mismo que dos ascensos.

Las guardias médicas, en el punto de mira

Las guardias que realizan los médicos han estado en los últimos meses en el punto de mira de los profesionales. El nuevo Estatuto Marco, pactado entre Sanidad y los sindicatos UGT, CFIS, CCOO y Satse, ha soliviantado a las organizaciones sindicales del ramo, que no están presentes en la mesa de negociación. El texto, que enfila su trámite parlamentario, reduce las horas de guardia máximas obligatorias de 24 a 17 horas —incluyendo la jornada ordinaria— e incluye la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

Sin embargo, al margen de otras demandadas —como un estatuto propio—, los sindicatos médicos reclaman una jornada semanal de 35 horas, como ocurre con el resto de empleados públicos, y que las horas de guardia se paguen por encima —y no más baratas, como ocurre ahora— de la hora ordinaria.

Estas jornadas extra permiten compensar sueldos exiguos en el caso de los médicos residentes y complementar salarios más elevados para los facultativos. Las comunidades autónomas son las que determinan cómo se organiza la jornada y a cuánto pagan cada guardia médica. Por ejemplo, en Balears, Castilla-La Mancha y Murcia, cuatro guardias al mes inflan la nómina anual en unos 38.000 euros. En Andalucía, son 27.000 euros más y en Madrid, casi 29.000.

Un especialista en Murcia con esas guardias llega a 100.158 euros —el único que supera los seis dígitos—; en Madrid, con el mismo esfuerzo, se queda en 81.225. Pesan más donde el salario base es más bajo: en Asturias y Navarra las guardias suman un +71%, es decir, casi igualan el sueldo.

En enfermería la historia es distinta: siete noches al mes suman de media 3.900 euros (un 12%). La comunidad que mejor paga las noches es Andalucía con una diferencia de 5.376 euros más si una enfermera realizase siete noches cada mes durante un año. Muy lejos de los 27.348 euros extra de un médico con las guardias, aunque Andalucía sea la comunidad que mejor paga las noches de enfermería y la que peor paga las guardias de los médicos.

De nuevo, estas cifras no tienen en cuenta la antigüedad. Según datos en poder de la OCDE, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la retribución media anual de un médico en España —con guardias, antigüedad y complementos, sin contar a los MIR— oscila entre los 88.000 anuales de un especialista en medicina familiar y comunitaria, hasta los 107.000 de un radiólogo; los 108.000 de un cirujano general y de aparato digestivo; o los 109.000 de un anestesista. Un pediatra cobraría, de media, 93.000 euros al año y un obstetra, 95.000. Los psiquiatras públicos percibirían 86.000 euros al año.

En cuanto al resto de profesionales sanitarios, una enfermera de atención primaria tiene un salario medio de 53.000 euros y en especializada, 48.000. Las auxiliares de enfermería reciben, de media, 31.000, según estás fuentes.

El dossier sobre los periodistas con fichas con su adscripción ideológica del gabinete de comunicación del Ministerio del Interior tiene muchas lecturas, algunas serias, otras cómicas, algunas bochornosas, la mayoría sobreactuada. Lo primero es decir que la oficina de comunicación de Interior ha sido imprudente e irresponsable al realizar un listado de periodistas incluyendo su adscripción ideológica en un documento con el membrete del Ministerio porque no es un ministerio más y la historia de este país tiene un pasado funesto con este tipo de listados. Es espectacular que responsables de comunicación no sean capaces de prever el problema de comunicación y de reputación que puede darse si, como ha ocurrido, trasciende a la opinión pública. Solo por eso, y creo que es lo único grave de todo este asunto, hay gente que tendría que dimitir.

A todos los periodistas les pone sentirse espiados por el poder, o que su labor es perseguida, perseguida pero poco, porque solo lo desea quien no han visto afectada su vida por algún tipo de actuación contra su independencia e integridad. Que te persigan por la calle por lo que haces como periodista no es bonito. Algunos que aparecen en el listado han decidido dar vergüenza ajena hablando de cómo la policía les espía, como el ministro fallido de Susana Díaz que en su delirio anti Sánchez se encarga de dar cringe por redes sociales. Lo peor de esta semana ha sido ver a privilegiados que jamás sabrán lo que es tener represalias por tu trabajo haciéndose la víctima.

No hay noticia más sobrerrepresentada en la agenda pública que aquella que afecta a un grupo de periodistas porque somos el colectivo más pesado, pagado de sí mismo, autorreferencial e insoportable de toda la gremial española. Pido perdón por eso. Lo siento de veras. Solo hay que ver el espacio que ha tenido en todos los medios de comunicación el dossier de la TIA en comparación con las noticias de policías infiltrados en colectivos sociales o movimientos antifascistas, antirrepresivos y de izquierdas en general cuando estas se han dado. Porque eso sí que es grave y afecta a la libertad de asociación y no al de un colectivo donde hablan de este que les escribe como “claramente de izquierdas”.

Lo que he sentido al ver mi nombre en ese dossier del Ministerio es bochorno, por lo chapucero del documento, por la incompetencia de quien lo ha realizado y por la reacción histriónica de algunos que se han visto en la lista, o por el ego roto al no haberse visto. Me ha ofendido profundamente que consideren que Madina y yo somos de izquierdas sin graduarlo, creo que Madina pensará lo mismo que yo porque el PSOE dejó de ser marxista en Suresnes y no estará tampoco de acuerdo en que le equiparen conmigo, uno por exceso y el otro por defecto. Ya está, sin drama. Porque una de las labores de los periodistas es ponderar la importancia de cada noticia en el establecimiento de la agenda pública. Unos de los papeles de la prensa, por encima de todo, es el de establecer una jerarquía de importancia en las noticias de cada jornada, seleccionar entre todas las noticias y establecer un orden que es el que marca lo que va a tener más visibilidad. Establecer esta noticia como una de las más importantes de la semana, como ha ocurrido, es una manera sutil de manipulación que también conviene denunciar.

Lo que no es en ningún caso es un ataque a la libertad de prensa ni a la democracia, más aún en una semana en la que unos jueces con ínfulas de salvapatrias han privado del derecho al voto a muchos españoles por hacerle el juego retórico a la extrema derecha y alimentar el relato del pucherazo que los ultras enarbolan en todos los países donde están intentando acceder al poder o perpetuarse en él. La sentencia del Tribunal Supremo sobre la “ley de nietos” sí que es un atentado a la democracia porque se ha privado del derecho al sufragio, estableciendo de facto el sufragio censitario, mucho antes de lo que me creía que sucedería. Porque privar del derecho al voto a grupos de población es una de las ideas estrella de la extrema derecha pensada para su fase final de consolidación antidemocrática.

Somos muchos los periodistas que hemos sufrido consecuencias laborales y personales por hacer nuestra labor profesional. Elegir señalar a políticos de derechas, dar voz a los movimientos sociales, ponerse de lado de los colectivos vulnerables o establecerse inequívocamente como antifascista y de clase obrera sí que tiene consecuencias concretas y afecta a la libertad de prensa. Pero da la casualidad de que para que eso se produzca hay muchos otros periodistas que se tienen que favorecer. Por eso nunca habrá golpes en el pecho con la depuración de un compañero de izquierdas, ni comunicados de las asociaciones de prensa mayoritarias porque se asume que si un partido te echa de un trabajo por ejercer la labor de periodista habrá otro que ocupe ese lugar y lo que importa es mantener a los de siempre bien calientes a costa de subyugar la labor de quien elige un ejercicio de la profesión mirando a los de abajo. Conozco la profesión, por eso me cabrea el cinismo.

En 2024 se estrenó Justicia artificial, una película que jugaba con la premisa de que los jueces españoles fueran sustituidos por una IA. El director, Simón Casal, ya había hecho un documental del mismo título en 2022, en el que un grupo de jueces, filósofos, investigadores y expertos en inteligencia artificial analizaban los pros y contras de esta idea que, hoy y visto lo visto, me parece graciosísima. Es como elegir entre susto o muerte. Es posible que no todas las IA sean como PHASEONE10841, el nombre del agente que inició la insurrección para salir de los servidores en OpenAI y hackear inesperada e ilegalmente otra empresa de IA, Hugging Face, después de intentar cubrir su rastro y borrar las pistas. 

También es posible que la mayoría de las jueces no sean como algunos de los que se sientan en el Tribunal Supremo, que este mes ha decidido implantar, por vía cautelar, el voto censitario y acabar con la tontería de que todos los españoles, vivan en España o en Tegucigalpa, tengan derecho a votar en las elecciones generales. Que lo diga la Constitución es un asunto menor. ¡Orden en la Sala, esto es, en España! Si hay que contribuir a extender la sospecha sobre la limpieza de las elecciones desde un estrado, se hace y punto en boca. No han sido una excepción los jueces del Supremo porque estos días se han acumulado resoluciones curiosas, como el archivo de la investigación a la Casa de Alba por abrir pozos ilegales en Doñana, porque no está probado que extraer agua ilegalmente de un parque nacional protegido dañe el medio ambiente. Nueve pozos ilegales, de los que según la Guardia Civil se extrajeron hasta 6.600 millones de litros de manera ilegal, que generaron un beneficio ilegal de cinco millones de euros, y aquí no ha pasado nada. O la sentencia que confirma la absolución de Pilar Baselga, esa mujer tan equilibrada que se hartó de llamar “Begoño” y narcotraficante a Begoña Gómez ante cualquiera que quisiera escucharla. ¿Por qué esto no es un delito contra el honor? Porque una persona pública debe aceptar un nivel de crítica más alto que el común de los mortales: la difamación y atribución de delitos es, según los tribunales, simple crítica un poco salida de tono. ¿Significa eso que se puede insultar impunemente al juez Marchena, por ejemplo? No lo intenten en su casa. 

La judicatura pontifica sobre la separación de poderes y los equilibrios y contrapesos, pero la realidad es que el desequilibrio entre el poder judicial y el poder legislativo, a favor del judicial y en contra del legislativo de determinadas opciones políticas, se hace cada día más evidente. El politólogo Ran Hirschl lo llamó juristocracia, cuando los jueces toman decisiones que corresponderían a la acción política, impidiendo o modificando decisiones legislativas o ejecutivas legítimas de gobiernos elegidos democráticamente. Ahora mismo hay que recordar a los ciudadanos que los jueces están para resolver conflictos de los ciudadanos, de acuerdo a las leyes, y que todos los poderes del Estado, también el judicial, emanan de la soberanía popular y están sometidos a ella. Es inaudito que hayamos normalizado que los acuerdos sustentados en mayorías políticas no puedan aplicarse porque así lo imponen un puñado de jueces que no rinden cuentas a nadie, como demuestra el nulo impacto que tienen las reconvenciones de los tribunales europeos. El mantra de que “los jueces elijan a los jueces” supone un último intento de un poder del Estado de desvincularse de la soberanía popular. 

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, pedía respeto a los jueces en la apertura del año judicial pero olvidó decir que los jueces también deben respetar a los ciudadanos y sus representantes, y respetar las transformaciones políticas que los españoles demandan y consensúan, aunque no estén de acuerdo con ellas. Más que las críticas, legítimas y libres, debería preocuparles por qué se ha desmoronado su imagen y su apariencia de imparcialidad y neutralidad. Es evidente que la mayoría de los jueces ejercen su labor de acuerdo a estos valores, pero no queda claro a los ciudadanos, y así lo dicen las encuestas, que todos lo hagan. Si se critica a los políticos por politizar la justicia, ha de hacerse lo mismo con los jueces por judicializar la política. 

Los ciudadanos tienen derecho a plantear a través de sus representantes modificaciones de leyes: lo que ayer era ilegal puede ser hoy legal y al contrario. Los jueces no deben interferir en esa voluntad popular más que en su condición de ciudadanos españoles con derecho a voto y en su labor institucional de garantes del respeto a la Constitución y leyes y derechos fundamentales. Su intromisión en la “ley de nietos” supera, con mucho sus funciones, y supone, de hecho, privar del voto a españoles de pleno derecho. Del mismo modo, los sesgos de algunos jueces en procesos mediáticos, convierten algunas instrucciones y juicios en persecuciones políticas. La clave es el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y eso difícilmente se consigue si uno de los poderes invade y coloniza atribuciones del otro e impide a los ciudadanos hacer realidad las transformaciones políticas, siempre respetuosas con las leyes y derechos fundamentales, que en su día votaron en las urnas.