El veraneo trashumante tiene sus ventajas, no sólo conoces nueva gente, además te reencuentras con viejos conocidos con los que no esperabas verte si no ponías algo de tu parte. Caminando me encuentro con un compañero de antaño cuya carrera judicial nos había separado. Recién jubilado de su magistratura sigue igual de inquieto que cuando nos conocimos de estudiantes.

Me advierte, oídas las constantes soflamas de carácter marcadamente nazi de dirigentes de la extrema derecha, de que así, con permisividad e ingenuidad, empezó el auge del nazismo en Alemania: así tumbaron la República de Weimar. Abusando de su experiencia judicial, me atreví a comentarle, sin intención de ofender ni generalizar, que ocurrió con la ayuda indispensable de los jueces alemanes. Me dio la razón.

Aquella república nació con un sistema judicial que se mantuvo y se incrementó –muchos de ellos procedentes de la milicia imperial– con jueces que no eran ni republicanos ni, lo peor, demócratas. La simpatía con el partido de Adolf Hitler se hizo patente y elocuente al instante, se trataba de acabar con la república y la democracia. Para diez años después del Putsch de Múnich, el intento de golpe de Estado de la cervecería, de 1923, la práctica totalidad de las asociaciones de jueces estaban afiliadas a la Federación de Juristas Alemanes Nacionalsocialistas (Bnsdj).

En la nueva Alemania, parecieron sentencias indulgentes para el papel que habían jugado los jueces no sólo en el advenimiento del nazismo sino en la aplicación de las políticas del III Reich

El golpe de la cerveza marcó un inicio en el idilio y amorío entre jueces y nazis. El juez que presidió el juicio por el golpe, Georg Neithardt, no sólo fue benevolente con Adolf Hitler sino que se erigió en cómplice de la plataforma publicitaria o estrado en la que se subió el luego Führer.

A partir de aquel funesto momento, los jueces alemanes mostraron a las claras su disposición a no aceptar la voluntad de las instituciones democráticas, saboteando leyes, judicializando la política; gracias a su destreza procesal, en ciertas ocasiones pudieron ofrecer apariencia de legalidad.

Tras la derrota del III Reich, los ganadores no quisieron una depuración total de la judicatura alemana, algo que lamentaron amargamente en la Alemania que quería reconstruirse sin los errores del pasado. De los juicios contra los jueces alemanes por las potencias vencedoras, singularmente por la jurisdicción militar de EEUU, pocos fueron condenados, cierto que algunos lo fueron con penas de hasta 20 años de prisión pero o fueron indultados o puestos en libertad para los años cincuenta. En la nueva Alemania, parecieron sentencias indulgentes para el papel que habían jugado los jueces no sólo en el advenimiento del nazismo sino en la aplicación de las políticas del III Reich, con crueldad y especial ahínco en aquellas leyes que ponían en práctica las políticas de exterminio de personas, ideas y del propio sistema democrático.

Para garantizar la no injerencia política de los jueces, se creó la Corte Constitucional, garantía y control de todos los poderes, incluido el judicial

Sin embargo, los alemanes habían aprendido. Cuando pudieron aprobar la Ley fundamental de Bonn, de rango constitucional, y desprenderse algo de la tutela de los vencedores, incomprensiblemente condescendientes con el nazismo en algunos aspectos, dieron luz a un nuevo sistema judicial alemán con la intención de que no fuera posible que la judicatura pudiera acabar con el sistema democrático en el futuro.

Desde luego que lo primero fue considerar y aprobar un nuevo sistema de elección de los jueces que no facilitara la creación de camarillas y conspiraciones institucionales contra la democracia. A partir de Bonn, el poder ejecutivo, federal o federado, junto con el legislativo, igualmente en los dos niveles, tiene un papel robusto como garante de una justicia democrática, independiente. Además, para garantizar la no injerencia política de los jueces, se creó la Corte Constitucional, garantía y control de todos los poderes, incluido el judicial.

Y todo esto sin que el legislador constitucional alemán observara utilidad alguna en la creación de algo parecido a un Consejo General del Poder Judicial. Este último comentario cerró la conversación con mi amigo, un juez demócrata de los pies a la cabeza.

Insólito episodio judicial en las Islas. El Supremo ha anulado una sentencia dictada en 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tras constatar que la Sala se había limitado a copiar y pegar “de forma acrítica y mecánica” los argumentos de una de las partes para darle la razón en un pleito sobre un contrato público de asistencia jurídica del Ayuntamiento de Pájara, municipio del sur de la isla de Fuerteventura. Los magistrados eludieron la exigencia constitucional de motivar de forma debida su decisión, concluye el alto tribunal español al resolver un recurso de casación para formar jurisprudencia.

En la resolución ahora anulada, el magistrado ponente, Francisco José Gómez Cáceres, justifica ese copia y pega ante “la brillantez, claridad y solidez” del escrito presentado por el despacho de abogados Montero Aramburu, uno de los bufetes que habían licitado por ese contrato en Pájara. Según este juez, la Sala había llegado a la “convicción firme, sin vacilación ni titubeo alguno”, de que lo mejor era hacer suyas, sin más, las conclusiones del bufete demandante. “Difícilmente podríamos exponer de modo tan sencillo las pegas y obstáculos que hacen legalmente inviable sostener la validez de la decisión que no sin cierto atrevimiento adoptó en su día el Ayuntamiento de Pájara”, recoge la sentencia.

“Sirvan aquí tales impecables consideraciones como instrumento mediante el que queda colmado a cabalidad el deber de motivación que sobre nosotros pesa”, expone el ponente antes de advertir de que, a partir de ese momento, reproducirá de manera íntegra los razonamientos del demandante: “Desde ahora corresponden al texto original las expresiones, vocablos, oraciones, párrafos, etc. destacados mediante el uso de la negrita”.

Lo que se discutía en ese pleito era la adjudicación en el año 2022 del contrato de asesoría jurídica del Ayuntamiento de Pájara, con un valor estimado de 1,2 millones de euros por tres años con opción a uno más. Tras algunos vaivenes motivados por recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, el Consistorio se lo había adjudicado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) local Abogados Travieso, Gutiérrez y Cabrera.

El conocido bufete Montero-Aramburu recurrió esa adjudicación por lo que consideraba un incumplimiento formal de su competidora, que por una imposibilidad técnica subió las copias de las requeridas 140 resoluciones judiciales favorables a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Pájara y no donde, según las bases, debía hacerlo: la Plataforma de Contratación del Sector Público. El tribunal de contratos desestimó el recurso de Montero-Aramburu porque entendía que debía primar el fondo (la entrega de las resoluciones) sobre la forma, pero el TSJC sí dio la razón a este bufete reproduciendo íntegramente los argumentos recogidos en el escrito de alegaciones.

Esa sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario -conformada por el magistrado ponente, el mencionado Gómez Cáceres, junto a Jaime Borrás e Inmaculada Rodríguez Falcón- fue recurrida por la UTE perjudicada, que no se resignó a perder el contrato y elevó el caso al Supremo. Sostenía, entre otras razones, que se había vulnerado la exigencia constitucional de motivar las resoluciones al limitarse a asumir los argumentos expuestos por la parte contraria.

La respuesta del Supremo ha sido demoledora. En una sentencia fechada el pasado 29 de junio y que tiene a María Alicia Millán como ponente, el alto tribunal español califica la actuación del TSJC de “singular anomalía”. “El deber de motivación exige que el órgano judicial fundamente su decisión en razones propias, sin que pueda erigir en único soporte argumental las alegaciones de una de las partes”, explica.

No basta, continúa el Supremo, con una “mera adhesión formal o acrítica” a la tesis defendida por una de las partes. El tribunal canario no sólo debió explicitar por qué los argumentos del despacho de abogados Montero Aramburu se consideraban “jurídicamente correctos y adecuados para la resolución de la controversia”, sino también tenía que haber justificado “de manera expresa” el rechazo a las consideraciones de la otra parte.

Para la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Supremo, escudarse en la pretendida calidad técnica del recurso asumido no suple la exigencia constitucional. La sentencia recuerda que la jurisprudencia admite la “motivación por remisión” a otros escritos, pero siempre sobre resoluciones judiciales anteriores, no sobre un escrito de parte.

El alto tribunal considera que, al haber reproducido de manera mecánica las alegaciones del demandante, el TSJC no sólo comprometió el deber de motivación impuesto por la Constitución Española, sino que también “proyectó dudas” sobre la apariencia de imparcialidad del juez, “en la medida en que la resolución se presenta como una simple traslación de la posición de parte y no como el resultado de un proceso intelectivo propio, objetivo y jurídicamente fundamentado”.

La insólita práctica del tribunal canario constituye “una motivación aparente o formal, vacía de contenido jurisdiccional efectivo” que desnaturaliza la labor de los jueces y juezas, redunda el Supremo en su fallo.

Expediente en el Poder Judicial

En esta reciente sentencia, el Supremo no sólo estima el recurso, anula la resolución del TSJC y devuelve las actuaciones para que dicte un nuevo fallo motivado, sino que, además, remite testimonio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “a los efectos oportunos”.

Alude, en concreto, al artículo 417.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que califica de falta muy grave “la absoluta y manifiesta falta de motivación de las resoluciones judiciales que la precisen, siempre que dicha falta haya sido apreciada en resolución judicial firme”. Las faltas muy graves cometidas por jueces y magistrados se castigan con suspensión, traslado forzoso o separación de la carrera judicial.

Fuentes oficiales del órgano de gobierno de los jueces han confirmado a este periódico que, a raíz de esa comunicación del Supremo, se ha abierto la preceptiva diligencia informativa, el cauce legal para analizar si existe infracción disciplinaria y determinar, en su caso, la apertura de un expediente sancionador.

Según fuentes consultadas por este periódico, la UTE local adjudicataria del contrato prestó el servicio de asistencia jurídica al Ayuntamiento de Pájara durante cuatro años, un plazo que ya ha finalizado. Por tanto, lo que está en juego ahora es una posible reclamación del despacho Montero Aramburu por los beneficios que habría dejado de percibir.

Ya está bien. Veamos. Los periodistas ponemos a caer de un burro a quien se nos tercia. Digamos un político de acá, un presidente de acullá, un escritor, un futbolista, un cocinero de tres estrellas, un pintor famosísimo. Y nos atrevemos, con toda la lógica del mundo, con aquel ginecólogo que abusa de sus pacientes, con el timador de criptomonedas y hasta con los multimillonarios fascistas de Silicon Valley, esa plaga alimentada por la bestia naranja. Ponemos a parir la intervención arquitectónica de Norman Foster en el British o la pirámide de Ieoh Ming Pei en el Louvre. Y algunos se ensañan con el último director de cine que está de moda y al que tildan, cuando menos, de cantamañanas pretencioso. Tenemos barra libre, que para eso contamos a nuestro favor con el artículo 20 de la Constitución de 1978, que reza así: “1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”. Es más, artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. ¿Queda suficientemente claro o citamos otras mil fuentes que reafirman el mismo contenido?

Los jueces. ¿Qué nos hace pensar que el hecho de llevar toga y puñetas, así como aprobar unos exámenes sin duda difíciles, les libra de la crítica? ¿Pablo Llarena, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Beatriz Biedma, Juan Carlos Peinado y un largo etcétera de ínclitos magistrados, son acaso por alguna razón esotérica o teológica menos criticables que Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, Donald Trump, Paul Auster, Lionel Messi, Ferrán Adriá o Miquel Barceló? En absoluto, viva el raciocinio y olvidemos la idolatría a los dioses del Olimpo. Somos ateos y no creemos en esas paparruchas. Los señores jueces se quedan en calzoncillos y calcetines, en bragas las señoras juezas y son exactamente, como usted y como el Ojo. Más jóvenes, es verdad, pero lucen igual de patéticos, que si una tripita o un tripón, que si una verruga más fea que un dolor. Y si los hay buenísimos, que los veamos y se opongan a los desalmados.

Llevamos meses, demasiados meses, sufriendo la furia vengadora de jueces de toda laya empeñados en mandar más que nadie, en someternos a su juicio inapelable. La Sala Segunda del Supremo, Marchena al frente, manda más que el Parlamento o La Moncloa. Por eso, evidentemente, el PP quería situar a ese magistrado, precisamente a ese, y no a otro, a dominar esa Sala “por la puerta de atrás”. Se creen por encima de los millones de ciudadanos que se han dado un Gobierno legítimo. Ustedes son unos burros ignorantes, se han equivocado en no elegir a la derecha, vienen a decir, y ahora vamos a tener que ser nosotros, los jueces, los guardianes de la patria, quienes acaben con este sindiós de que gobiernen estos desharrapados de las izquierdas, tipos comunistas y bolivarianos que hasta han dejado de ir a misa.

La sentencia del fiscal general, o “una persona de su entorno”, qué desfachatez, qué desvergüenza, es una auténtica infamia. Como esa condena a David Sánchez, en la que los jueces confiesan, paladinamente, que “No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”. O sea, condena sin pruebas. ¿Hay algo peor en la actuación de la justicia? Del iluminado juez Peinado ya se ha escrito todo lo que había que escribir, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha insistido en esa furia irracional de la que antes hablábamos: Begoña Gómez a juicio con jurado porque es la esposa del presidente. Y escriben esta aberración: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación (…) puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. ¿Tiene pruebas el quinteto de jueces capitalinos de que alguien, quizá el mismísimo presidente del Gobierno, haya ejercido alguna presión? Ninguna. Ni por activa ni por pasiva ni perifrástica. Por ningún lado aparece quién o cómo se realizó esa presión punible. Relean: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación…”. O sea, el delito es estar casada con Pedro Sánchez. Como el de David Sánchez ser hermano del mismo Chucky, aquel muñeco diabólico.

Debemos destacar en letras góticas el varapalo europeo a nuestros más insignes jueces del más supremo de los tribunales, ese paraíso donde ejercen los más listos, preparados y sabios de nuestros togados patrios. Por no hablar de aquellos togados que se manifestaron delante de sus tribunales, ante la pasividad culpable del Consejo del Poder Judicial. El Tribunal de Luxemburgo los ha barrido, primero, y fregado después, con argumentos jurídicos de calado, pero la bayeta se va a resistir. Ya verán cómo van a hacer todo lo posible, Marchena, Llarena y su rondalla, para poner más palos en las ruedas que impidan, aunque sea por algunos meses, el regreso de Puigdemont. A no ser, claro está, que al PP, ese partido que se levantó en armas contra la amnistía, que sacó a la calle a cientos de miles de ciudadanos, que llamó traidor y delincuente a Sánchez en las Cortes hasta volverse roncos y que ahora no sabe qué decir ni qué hacer, le venga bien que el Supremo afloje para ablandar a Junts, a los que ahora, hay que ver qué miseria, queremos como hermanos. Pasar página, dicen los desahogados, después de haber incinerado durante años la relación de Cataluña con el resto de España.

Por cierto, hay que ver cómo se incendiaba la prensa de la caverna, esa fiel infantería tan brutal como bulera, por aquellos indultos y aquella amnistía, una aberración jurídica sin nombre, España se rompe y animaban al Supremo a reponer el garrote vil, que menos de eso sería una muestra de debilidad bochornosa. Quiere el destino –el Ojo no se lo cree- que cuando el Tribunal de Luxemburgo ha dicho lo que ha dicho, de manera precisa y cargada de sólidos argumentos, esa misma mañana, qué casualidad, la Audiencia de Madrid contraataca con Begoña Gómez y permite a todos los periódicos de la ultraderecha –ya no hay otra derecha- que titulen a todo trapo con la esposa del presidente y escondan, qué ignominia, qué absoluta falta de profesionalidad, la decisión europea. Ahí los tienen, una vez más, juntitos, como una escuadra fascista: los políticos de la derecha, los jueces y la prensa carroñera. Y ahora, la Iglesia. Inseparables, como Jeremy Irons y David Cronemberg.

Hay corazones y togas desbocadas, qué prisa –fiscal, Ábalos, Leire, Zapatero- y otros con freno y marcha atrás, como Montoro, Gürtel –aún se están viendo causas- o Kitchen. Por no hablar de ese señor que defraudó a Hacienda y que hoy, sí, hoy, años después, se pasea tan ufano por los madriles del bracete de la polímata Isabel Díaz Ayuso, la reina del vermú, acérquenme más contratos millonarios con Quirón, que los firmo todos. Ahí las puñetas se vuelven lentas, tranquilas, pausadas, hay que escribir con buena letra, vísteme despacio que tengo prisa. Y si la cosa se demora años, como ya hemos visto en algunos de esos casos, ninguna preocupación, que nosotros, los jueces, tenemos nuestro propio calendario y no va a venir nadie de fuera a decirnos cómo tenemos que actuar. ¿Han oído bien? Somos los jueces, apártense a mi paso. Y si pica, te rascas.

Alguna consideración en torno a Junts y su líder ya casi belga, Carles Puigdemont. Él y los dirigentes del partido menguante ya sabrán valorar si les interesa entablar relaciones con el PP de José María Aznar, el que manda en Génova, Núñez se limita a agachar la cerviz, aliado con Vox, cuya máxima autoridad, Santiago Abascal y cierra España, ya ha dicho que lo primero que intentará si gobierna será hacer todo lo posible para revertir el proceso de amnistía. Las bromas tienen gracia cuando no afectan a las cosas de comer. Jugar al pillastre con aquellos energúmenos es de una candidez asombrosa. Usted, señor Puigdemont, no es más listo que nadie. Quiá. Usted es un tipo desesperado que ya no sabe por dónde le vienen los vientos. Tal que si viviera en Cádiz, los aires difíciles, que decía Almudena. Ahora que está de moda la Odisea, recuerden el Canto XII de la Odisea, donde Odiseo (Ulises) se enfrenta a los cantos subyugantes de las sirenas. Hizo caso a Circe: ni se os ocurra acercaros a ellas. Así logró no naufragar. El Ojo no es Circe, qué risa, pero háganle caso y señor Puigdemont, átese al mástil.

En cuanto a PP y Vox será un luminoso espectáculo comprobar cómo se sostiene el castell con la colla formada por Puigdemont, Feijóo, Tellado y Abascal, con Ignacio Garriga como sólida base, mientras Isabel Díaz Ayuso hará de enxaneta, dado su menor peso. La gralla correrá a cargo del juez Marchena, en premio a su destacada aportación a España, España.

¡Oh, qué belleza, esa hermandad entre los pueblos! Y la fiel infantería en pleno, enfervorizada, cantará Els segadors, seguida de Soy el novio de la muerte.

Adenda. No sé si se han enterado de que España ganó el domingo la Copa del Mundo de fútbol. Allí estaba Pedro Sánchez. Y Trump, que entre bombardeo y bombardeo de Irán tuvo un hueco para acercarse a Nueva Yooool, que dice Bud Bunny. ¡Qué daño inmenso hace a la humanidad este presidente yanqui salvaje, recordémoslo siempre, elegido por sus compatriotas! Tal personaje era obvio que se iba a rodear de otros singulares artistas del circo, contorsionistas, payasos, tragasables, que ha montado en la Casa Blanca. Entre todos ellos destaca, y ya es mérito, el secretario de Estado (ministro) de la Guerra –antes de Trump se llamaba de Defensa- el marine y ex presentador de la Fox, el inefable Pete Hegseth, un animal que goza con las víctimas que producen sus armas mortíferas en la guerra que él considera santa. Tipo ridículo y atrabiliario, que fue capaz de recitar en un servicio religioso en el Pentágono un texto que él creía que procedía del Antiguo Testamento, pero que en realidad era un famoso monólogo de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction.

Ahora se ha empeñado en medir la testosterona de los soldados de Estados Unidos. Qué bárbaro, a un paso de la eugenesia y similares aberraciones de los nazis. ¿Recuperará también a Lombroso? Dicen dos inteligencias artificiales consultadas por el Ojo que existen estudios –no muy creíbles, advierten- de que los hombres de raza negra tienen un ligerísimo nivel mayor de testosterona que los blancos. Para morirse de la risa si Hegseth tiene que llenar el ejército yanqui de negros, a los que ha ido apartando de los cargos superiores. El telegénico ignorante no quiere negros. Ni mujeres.

Podía hablar con M. Rajoy. El equipo francés sin franceses y el ejército americano sin yanquis de verdad. Hay que ver. Nos van a comer los negros.

Ya lo decía Dodó Escolá: “¿Qué pasa en el Congo? Que al blanco que pillan lo hacen mondongo”.

Menos Lamine Yamal y Nico Williams. Unos héroes. Y muy, pero que muy españoles. Vamos, más que Lola Flores.

El 2 de mayo de 2022, el Gobierno de España, a través de una declaración del ministro Bolaños, comunicó a la opinión pública, con la seguridad propia de un hecho consumado, que el teléfono del presidente Pedro Sánchez había sido infectado con el software espía Pegasus mediante una “intrusión ilícita y externa”. La fuente de esa afirmación era, y sigue siendo hoy, una sola: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Han transcurrido más de cuatro años. Tratándose de un tema de seguridad nacional carecía de sentido pedir que un laboratorio forense independiente examinara el dispositivo, pero si lo era que alguna autoridad extranjera administrativa o científica confirmara la metodología usada (cosa que argumenté en mi comparecencia en el Parlamento Europeo en Noviembre de 2022). El propio organismo que hizo la afirmación original ha reconocido después, en sede judicial, que le resulta “técnicamente imposible” decir nada concluyente sobre lo ocurrido. Entre esos dos extremos —la certeza de 2022 y la incertidumbre reconocida en 2025— ha transcurrido algo más que tiempo procesal: han transcurrido consecuencias reales para las instituciones democráticas españolas, que conviene enumerar con la misma frialdad con la que se presentó, en su día, el propio caso.

La entonces directora del CNI, Paz Esteban, fue cesada ocho días después del anuncio. Es la única consecuencia institucional tangible que el caso ha producido hasta la fecha, y se adoptó sobre la base de una información que, según sabemos ahora, ni siquiera el propio organismo que la generó puede sostener con certeza técnica plena. Un cese de esta naturaleza —de la máxima responsable de un servicio de inteligencia del Estado— no es un trámite menor: es una decisión de calado institucional, tomada al calor de una afirmación cuya solidez no ha podido confirmarse ni desmentirse desde entonces.

El caso coincidió, además, con el agravamiento de una crisis diplomática ya existente con Marruecos, y ha alimentado desde entonces —a través de fuentes periodísticas y de inteligencia no identificadas y de conclusiones “presuntas” recogidas por el propio Parlamento Europeo— una atribución de responsabilidad a ese país que nunca ha sido confirmada oficialmente por ningún canal verificable. Una democracia no debería construir su relación con un país vecino sobre una atribución de espionaje que ni siquiera sus propios servicios pueden sostener con la certeza que en su momento se transmitió a la ciudadanía.

Y hay una tercera consecuencia, más difusa pero no menos real: el caso Sánchez se ha convertido, en el debate público español, en el contrapeso retórico casi automático frente a cualquier mención del Catalangate — “también el CNI espió, también el Gobierno fue víctima”. Ese uso del caso, para equilibrar responsabilidades políticas, presupone una certeza sobre los hechos que, a día de hoy, no existe. Si la afirmación original no puede sostenerse con el rigor que su propio uso público exige, tampoco puede sostenerse el argumento político que sobre ella se ha construido durante cuatro años.

Frente a esta secuencia de consecuencias asentadas sobre una certeza no verificada, merece la pena destacar, con el mismo rigor, la actitud que ha mantenido el instructor de la causa, el magistrado José Luis Calama, hoy, años después decidiendo sobre casos mas complejos, que afectan a nuestra democracia. A diferencia del anuncio gubernamental de 2022, la instrucción judicial nunca ha dado por cerrado el caso con la misma seguridad. El juez decretó el sobreseimiento provisional en 2022 ante la falta de cooperación de Israel —sin forzar una conclusión que los hechos no permitían—. Cuando en 2024 llegaron nuevos datos desde Francia, no se conformó con el primer informe del CCN-CERT: exigió una comparación exhaustiva, y ante la demora del propio CNI en entregarlo, hizo constar esa demora en un auto y amplió el plazo de instrucción en lugar de cerrar la causa por defecto. Cuando el informe finalmente llegó y resultó impreciso, el juez no lo dio por bueno sin más: lo hizo constar literalmente —“no aporta ninguna novedad”, “técnicamente imposible afirmar nada”— (valoración que desde mi modestia técnica soporto plenamente) y, en lugar de archivar, pidió interrogar directamente al CEO de NSO Group (la ingeniería autora y comercializadora de Pegasus) remitiendo una nueva comisión rogatoria a Israel.

Esta forma de proceder contrasta, de manera notable, con la premura del anuncio político original. Donde el Gobierno ofreció certeza inmediata, el juez ha exigido, sistemáticamente, prueba verificable — y allí donde esa prueba no ha llegado con la solidez requerida, lo ha dejado consignado con precisión en lugar de darlo por sentado. Es, en cierto sentido, la prudencia judicial operando como el contrapeso que la comunicación política de 2022 no ofreció: mientras el Ejecutivo transmitía una seguridad que los hechos no sostenían, la instrucción judicial ha ido, paso a paso, exigiendo exactamente el nivel de verificación que a la ciudadanía se le presentó ya como innecesario, porque el caso se anunció como resuelto desde el primer día.

Nada de lo anterior permite concluir que la infección no ocurriera, ni que el Gobierno actuara de mala fe al anunciarla. Lo que sí permite concluir, con la información disponible hoy, es que una democracia ha adoptado decisiones de consecuencia real —el cese de una alta funcionaria, el agravamiento de una crisis diplomática, un argumento político sostenido durante cuatro años— sobre la base de una certeza institucional que el propio organismo que la produjo ya no puede sostener con el rigor con el que en su día se presentó. Que sea precisamente la prudencia de un juzgado, y no la comunicación pública del Estado, la que haya mantenido abierta la pregunta durante todo este tiempo, dice tanto sobre el valor de la independencia judicial como sobre el coste de haber dado por cerrado, en 2022, algo que en realidad nunca llegó a demostrarse.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de 33 nuevas plazas de jueces y otras ocho de fiscales para la administración de justicia en Canarias, una cifra que ha considerado “récord”, con un 11,1% de crecimiento en el caso de la judicatura y del 5,8% en la carrera fiscal.

En un comunicado, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, detalla que, a nivel estatal, estos dos reales decretos que ha aprobado el Ejecutivo permitirán la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales lo que supondrá una ampliación de la planta judicial del 8,5%.

Anunciado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Félix Bolaños, ha calificado la medida de “hito histórico” y ha recordado que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como ésta.

En el caso concreto de Canarias, estas cifras suponen aprobar más plazas de nueva creación en la judicatura en este año que lo hecho durante los diez previos -periodo en el que se crearon 32-, ha destacado en un comunicado la Delegación del Gobierno en el archipiélago.

Con este aumento de la planta, Bolaños pretende que “los ciudadanos tengan resoluciones judiciales en plazos más breves” y que “los jueces tengan cargas de trabajo más razonables”.

De las 33 nuevas plazas de jueces, 21 son para tribunales de instancia y otras seis para las Audiencias Provinciales, tanto de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife. A ellas se suman tres plazas más que son de adscripción territorial, es decir, movibles en función de la carga de trabajo, y otras tres se adscriben a las salas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados están los de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife (Lanzarote), Arucas, San Bartolomé de Tirajana, Telde (Gran Canaria), Arona, Granadilla de Abona y Güímar (Tenerife).

Del total de 500 nuevas plazas de jueces para toda España, 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4). 34 plazas más son de adscripción territorial, destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo, y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia.

En total, la planta judicial, que cuenta con 5.887 plazas, crece un 8,5%.

Según explica la nota, la creación de ocho plazas de fiscales en Canarias supone una ampliación de la planta fiscal del 5,80% en esta comunidad. Las plazas se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos. Es el caso de las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.

Según Bolaños, la distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los tribunales superiores de justicia.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de 21 plazas de jueces y ocho de fiscales en Castilla-La Mancha, con lo que la plantilla judicial crece un histórico 9,7% y la fiscal un 8%. Se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año en la historia de esta comunidad. Es más, con este incremento se crearán, en un solo año, tantas plazas judiciales como en la última década: 21.

En toda España, el Gobierno crea 700 plazas de jueces y fiscales. A través de un Real Decreto, 500 plazas judiciales, una cifra superior a las creadas en la última década y que supone una ampliación récord de la planta judicial (+ 8,5%). Con un segundo Real Decreto, se crean 200 plazas de fiscales y se incrementa la plantilla actual en un 7,13%. La cifra también es inédita: en los últimos 15 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños lo ha calificado de “hito histórico” y ha recordado que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta, o que “nunca se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia” ni tampoco se habían destinado tantos recursos para su modernización.

La creación de 700 plazas de jueces y fiscales se enmarca en lo que el Ejecutivo central califica de “ambiciosa transformación de la Justicia” impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros.

La planta judicial de Castilla-La Mancha se amplía un 9,7%

De las 21 nuevas plazas de jueces para Castilla-La Mancha, 18 son para tribunales de instancia (TI), una para la Audiencia Provincial de Toledo y dos son de adscripción territorial, movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo. Entre los TI que se verán reforzados están los de Toledo, Talavera de la Reina, Torrijos, Ocaña, Illescas, Guadalajara, Cuenca, Puertollano, Ciudad Real y Albacete.

Del total de 500 nuevas plazas de jueces para toda España, 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4). 34 plazas más son de adscripción territorial y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia. En total, la planta judicial, que cuenta con 5.887 plazas, crece un 8,5%. Por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado es el civil seguido del social.

La ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo, más eficiente, permite crear una plaza judicial por 100.000 euros, lejos de los 500.000 euros que costaba crear un juzgado tradicional. Así, crear 500 plazas supone una inversión de alrededor de 55 millones de euros. Con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones de euros.

La plantilla de la Fiscalía en Castilla-La Mancha crece un 8%

La creación de ocho plazas de fiscales en Castilla-La Mancha supone una ampliación de la planta fiscal del 8% en esta comunidad.

En toda España se crean 200, que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos. Es el caso de las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los tribunales superiores de justicia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos que permitirán la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales en España, de ellas siete plazas de jueces y cuatro de fiscales en Extremadura, con lo que la plantilla judicial crece un histórico 5,4% y la fiscal un 6,15% en la región.

Se trata de una cifra histórica que no se alcanzaba desde 1989; de hecho, durante la última década se han se han creado 13 plazas judiciales en total, según informa la Delegación del Gobierno en Extremadura.

De las siete nuevas plazas judiciales para Extremadura, cinco serán para los tribunales de instancia (TI) de Cáceres y Badajoz y dos para las Audiencia Provinciales de estas provincias extremeñas.

En el conjunto del país se crearán 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, que supondrá una ampliación “récord” de la planta judicial del 8,5 %, según ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Justicia, Félix Bolaños.

Según ha dicho, la medida es un “hito histórico” y ha recordado que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como ésta.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha detallado que se trata de un real decreto con el que el Gobierno crea 500 plazas de jueces, que implica una ampliación de la planta judicial del 8,5% y un segundo real decreto por el que se crean 200 plazas de fiscales y se incrementa la plantilla del Ministerio Fiscal en un 7,13%.

Con este aumento de la planta, Bolaños pretende que “los ciudadanos tengan resoluciones judiciales en plazos más breves” y que “los jueces tengan cargas de trabajo más razonables”.

De las 500 nuevas plazas de jueces, 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4).

Otras 34 plazas son de adscripción territorial, destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo, y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia.

Por territorios, las comunidades más beneficiadas son las que presentan mayores necesidades de refuerzos: Andalucía (95), Cataluña (91), Madrid (69) y Comunidad Valenciana (58). Porcentualmente, destacan Murcia y Canarias, con una ampliación del 11 %. Por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado es el civil seguido del social.

El ministro ha detallado que los primeros jueces comenzarán a trabajar el 31 de diciembre de este año en los órganos judiciales; la segunda tanda lo hará el 1 junio de 2027 en los tribunales de instancia y el tercer bloque el 1 de noviembre de 2027, tal y como ha pedido el Consejo General del Poder Judicial.

Bolaños ha recordado que esta ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite crear una plaza judicial por alrededor de 100.000 euros, frente a los 500.000 que costaba crear un juzgado tradicional. Así, crear 500 plazas supone una inversión de alrededor de 55 millones de euros, mientras que con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones.

Las 200 nuevas plazas de fiscales se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos.

Por territorios, los más beneficiados son Andalucía, con 38 nuevas plazas (7,4 %), Cataluña con 35 (8 %) y Madrid con 32 (9,3 %). Porcentualmente, la comunidad que más verá crecer su plantilla es Murcia, con 7 nuevos fiscales (9,7 %).

Preparar las oposiciones a la Judicatura en España exige, de media, entre cinco y siete años de dedicación exclusiva. Para muchos jóvenes, el verdadero examen comienza mucho antes de enfrentarse a los más de 320 temas de estudio: comprobar si su familia puede sostener económicamente ese largo periodo sin ingresos.

Esta realidad invita a reflexionar sobre cómo las condiciones materiales de partida pueden influir en quién llega a ejercer una de las funciones más relevantes del Estado y qué implicaciones tiene ello para la igualdad de oportunidades y la legitimidad del sistema judicial.

La Constitución española establece que la justicia emana del pueblo. Sin embargo, al observar el sistema de acceso a la judicatura, surge una pregunta legítima: ¿reflejan nuestros tribunales la diversidad social del país o tienden a reproducir determinados perfiles económicos? El debate sobre el llamado 'filtro de clase' ha dejado de ser una conversación de pasillo para convertirse en una reflexión necesaria sobre la salud de nuestra democracia. No se trata de cuestionar el mérito de quienes superan una de las oposiciones más exigentes del Estado, sino de preguntarse cuántos jóvenes con talento quedan fuera antes siquiera de poder intentarlo.

El coste del mérito: años de dependencia económica

En España, alcanzar la toga no depende únicamente de la capacidad intelectual. Exige, ante todo, una estabilidad económica familiar capaz de sostener durante años una preparación exclusiva. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, la preparación de las oposiciones a judicatura y fiscalía requiere, por término medio, entre cinco y siete años. El modelo, basado en el «cante» de más de 320 temas, contrasta con otros sistemas europeos que priorizan fórmulas más prácticas y, en algunos casos, remuneradas, frente a una memorización intensiva que aquí dificulta enormemente cualquier compatibilidad laboral.

A la ausencia de ingresos se suma el gasto en preparadores privados —con frecuencia magistrados en activo—, cuyos honorarios se sitúan habitualmente entre 300 y 600 euros mensuales. Para un opositor de Castilla-La Mancha, el reto es doble: al coste académico se añade, en muchos casos, el desplazamiento o incluso el desarraigo al tener que trasladarse a ciudades donde se concentran las academias y preparadores. La hemeroteca reciente recoge numerosos testimonios de jóvenes que, cerca ya de la treintena, continúan dependiendo económicamente de sus familias para mantener viva su vocación.

El capital cultural y las sagas familiares

Este sistema no solo pone a prueba la capacidad económica, sino que también puede favorecer a quienes cuentan con un mayor capital cultural heredado. No parte de la misma casilla de salida quien prepara la oposición en solitario que quien ha crecido en un entorno familiar de juristas y conoce desde dentro los códigos, las dinámicas y las exigencias de la profesión. Ello no resta mérito alguno a quienes proceden de familias vinculadas al mundo jurídico, pero sí evidencia que algunos aspirantes disponen de apoyos y referencias que otros no tienen. Sin proponérselo, el modelo actual dificulta enormemente el acceso de quienes carecen de respaldo económico o de una red familiar capaz de sostener años de preparación.

Las becas públicas: un avance, pero no una meta

En los últimos años, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha impulsado las Becas SERÉ con el objetivo de favorecer un acceso más igualitario. La convocatoria para 2026 prevé 1.425 ayudas, dotadas con hasta 12.600 euros anuales y un presupuesto cercano a los 18 millones de euros. Se trata de un reconocimiento institucional de que existe un problema y de un paso en la dirección correcta, aunque todavía insuficiente frente al número de aspirantes y al coste acumulado que supone una preparación de varios años.

Mientras la Asociación Profesional de la Magistratura defiende el rigor del sistema actual como garantía de objetividad e independencia, sectores como Juezas y Jueces para la Democracia sostienen que la verdadera igualdad de oportunidades exige revisar un modelo que, de forma indirecta, favorece a quienes disponen de mayores recursos económicos.

Una justicia que se parezca a su pueblo

El problema no reside en la profesionalidad de nuestros jueces, cuya preparación es incuestionable, sino en la posible homogeneidad de las experiencias vitales de quienes acceden a la carrera judicial.

La sensibilidad ante la precariedad, los desahucios, la vulnerabilidad laboral o las dificultades cotidianas también se nutre del conocimiento directo de la realidad social. En una comunidad como Castilla-La Mancha, donde el progreso de tantas familias ha descansado en el esfuerzo, la educación pública y la igualdad de oportunidades, esta reflexión resulta especialmente pertinente.

Una democracia sólida necesita jueces excelentes, pero también necesita que el camino hacia la toga dependa únicamente del talento, la constancia y el esfuerzo.

Cuando la situación económica de una familia condiciona quién puede aspirar a impartir justicia, no solo se limita una vocación: también se empobrece la representación social de uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Porque la única barrera para defender la ley debería ser la dificultad del Derecho, nunca la cuenta corriente.

Cientos de personas se han concentrado este jueves en los campus de la EHU de Bilbao, Donostia y Vitoria para denunciar “la ofensiva judicial contra el euskera”, después de que decenas de estudiantes hayan presentado demandas ante la Justicia para que no se tenga en cuenta su calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad y al menos 25 autos de juzgados del contencioso-administrativo de Bilbao hayan decretado medidas cautelares para aquellos alumnos que hayan acudido a los tribunales. “La ofensiva contra la normalización del euskera no se detiene. Al contrario, se está extendiendo, y ahora ha puesto en su punto de mira el sistema educativo. Solo así puede entenderse lo ocurrido en los últimos días: cómo se han utilizado los malos resultados obtenidos por algunos estudiantes en el examen de Euskera y Literatura de la prueba de acceso a la universidad para atacar al euskera. En estos días hemos visto cómo la preocupación de ese alumnado ha sido utilizada política y mediáticamente contra el papel que desempeña el sistema educativo de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en la normalización del euskera. Y con especial gravedad hemos visto, una vez más, cómo el poder judicial ha tenido la última palabra, obligando a la EHU a eximir de euskera a los estudiantes que, tras obtener malos resultados, han acudido a la vía judicia”, han leído en un comunicado representantes del Euskalgintzaren Kontseilua organización que agrupa las principales entidades a favor del euskera, en los campus de EHU las tres capitales.

En el caso de Bilbao, ha sido la secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, la encargada de leer el escrito, acompañada de representantes de los sindicatos ELA, LAB y Steilas. “De nuevo, el poder judicial se ha situado por encima de las instituciones que cuentan con el conocimiento y la legitimidad para resolver esta cuestión, por encima de la propia EHU e incluso del Gobierno vasco. Mediante esta ofensiva política, mediática y judicial actualmente en marcha, se está profundizando cada vez más en el proceso de desoficialización del euskera. De hecho, lo ocurrido en torno a las pruebas de acceso a la universidad tiene consecuencias graves y evidentes en lo que respecta a la oficialidad del euskera. Por un lado, premiará y privilegiará en el acceso a la universidad a quienes renuncian al euskera. En cambio, menospreciará a quienes han otorgado al euskera la misma importancia que al resto de asignaturas, a quienes han respetado el lugar que le reconoce el currículo educativo y han hecho el esfuerzo de aprenderlo. Convertirá en víctimas de una gran injusticia a miles y miles de estudiantes. Y este perjuicio no se soluciona aumentando plazas. Si así fuera, habría que aplicar la misma lógica al alumnado que ha obtenido malos resultados en Matemáticas o Castellano y no está conforme con ellos”, ha lamentado tras una pancarta en la que se leía “Euskara guztiontzat”.

Según ha criticado, lo ocurrido deja al descubierto que aquellos que viven en euskera son “ciudadanos de segunda”. “Todo ello ha puesto de manifiesto hasta qué punto quienes nos desenvolvemos en euskera somos ciudadanía de segunda; hasta qué punto el euskera es una lengua de segunda y subordinada al castellano. El mensaje que se ha trasladado a la sociedad es claro: el euskera no vale tanto como el castellano. Todo ello está muy lejos de una verdadera oficialidad, muy lejos de la igualdad y aún más lejos de la política de normalización que necesita una lengua minorizada como el euskera”, ha aseverado.

Durante la concentración también han criticado el papel del Gobierno vasco en esta situación. Este martes, tras la primera resolución judicial que decretó medidas cautelares, se celebró una reunión de urgencia entre el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, tras la cual tomaron la decisión de ofertar más plazas en la universidad para que los alumnos que han recurrido su examen puedan entrar sin dejar al resto de los alumnos fuera. “En Euskalgintzaren Kontseilua vemos con gran preocupación la actitud mostrada en estos días por el Gobierno vasco ante esta cuestión. Ha sido especialmente inquietante comprobar que, en lugar de abordar el verdadero problema –que el sistema de modelos lingüísticos vigente deja a parte del alumnado sin alcanzar el nivel mínimo de euskera recogido en el currículo–, el Departamento de Educación ha optado por señalar al profesorado encargado de corregir los exámenes, poniendo en duda su conocimiento, rigor y criterio. Queremos expresar nuestro apoyo a todo ese profesorado que trabaja día a día en la enseñanza y transmisión del euskera, así como a quienes han participado en la corrección de las pruebas como parte de esa labor”, ha señalado Eskisabel.

Para las entidades a favor del euskera la solución es clara: acabar con los modelos educativos A, en el que el castellano es la lengua principal y el euskera se enseña únicamente como una asignatura adicional y B, en el que se imparten algunas asignaturas en euskera y otras en castellano, cuyos alumnos son los afectados en los exámenes de euskera de la Selectividad de este año. “Tenemos claro que el núcleo de este problema reside en el sistema de modelos. Desde hace tiempo se sabe y se ha demostrado que los modelos A y B no sirven para cumplir los objetivos establecidos por el propio currículo educativo. Estos modelos, además de obstaculizar el avance en la normalización del euskera, vulneran el derecho de miles de estudiantes a adquirir la lengua. Por ello, desde hace tiempo Kontseilua viene reclamando la superación del actual sistema de modelos y la generalización de un modelo educativo en euskera, con el objetivo de ofrecer más recursos a quienes menos euskera tienen. Ese es el camino, no solo para avanzar en la normalización y revitalización del euskera en un momento en que su futuro está en juego, sino también para desatar uno de los principales nudos como sociedad, profundizando en la justicia y la cohesión social”, ha trasladado, tras recordar que “en el último debate de la Ley de Educación se perdió una excelente oportunidad para dar ese paso”.

“En un momento en el que la ofensiva se ha extendido al ámbito educativo, se abre una nueva oportunidad para impulsar un modelo educativo generalizado en euskera, y queremos hacer un llamamiento a todos los agentes del ámbito del euskera y de la educación, así como a las fuerzas políticas y sindicales que creen en el futuro del euskera. Y, por supuesto, hacemos un llamamiento a todas las personas euskaltzales, a toda la ciudadanía que defiende el euskera, la justicia social y la igualdad, para que sean impulsoras de este cambio. Mientras tanto, seguiremos trabajando para crear unas condiciones reales para poder vivir en euskera. Tomemos conciencia, empoderémonos y organicémonos como euskaltzales: en los centros educativos, en la calle, entre amistades, en las redes y en todos los ámbitos de la vida”, ha concluido Eskisabel.

Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) ha informado este lunes de que recurrirá la decisión adoptada por varios juzgados de no tener en cuenta la calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad de las personas que han acudido a la Justicia. La resolución judicial, hecha pública este mismo lunes, establece que “no sean tenidas en cuenta, o queden en suspenso, a los efectos de cálculo de la nota de acceso y de admisión, y por ende de los procedimientos de preinscripción, adjudicación de plazas y matrícula” de las personas que han acudido a los juzgados. Asimismo, el auto requiere a la EHU “la reserva de la plaza correspondiente mientras se sustancia el recurso”.

Sin embargo, desde la Universidad pública vasca determinan que “la medida cautelar resulta de imposible cumplimiento”. “La universidad pública no hace reserva de plazas al margen del procedimiento general de acceso, ya que la adjudicación de las plazas universitarias se realiza exclusivamente en función de la nota de acceso y del número de plazas ofertadas para cada titulación, respetando estrictamente el orden de prelación de todas las personas aspirantes. Reservar una plaza a una persona concreta al margen de ese procedimiento e independientemente de su calificación, supondría alterar el sistema de acceso y afectar a los derechos del resto del estudiantado”, aclaran desde la EHU.

En este sentido, la universidad insiste en que “no comparte la decisión adoptada por los juzgados en torno a las medidas cautelarísimas y presentará el correspondiente recurso”. “El propio auto señala que las medidas cautelares tienen como finalidad que no resulten irreparables las consecuencias derivadas de la duración del proceso. Sin embargo, el cumplimiento de estas medidas cautelares podría generar precisamente un perjuicio irreparable para el resto del estudiantado que ha realizado la PAU conforme a las mismas reglas y cuyos derechos deben ser igualmente protegidos. Alterar el procedimiento ordinario de adjudicación de plazas supondría situar en una posición de desprotección al conjunto de las personas aspirantes y quebrar el principio de igualdad que debe regir el acceso a la universidad pública”, informan.

“La EHU ha actuado en todo momento conforme a la normativa vigente y ha aplicado estrictamente lo establecido en el Real Decreto 534/2024, por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. La propia norma dispone que, en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, el alumnado debe acreditar las competencias lingüísticas en ambas lenguas como parte de la prueba de acceso, motivo por el que la calificación de Euskera y Literatura II forma parte del cálculo de la nota de acceso y admisión en los términos previstos por la legislación estatal”, concluyen en un comunicado.

La noticia del recurso se ha producido después de que al menos tres juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao hayan decretado, como medidas cautelares, que no sea tenida en cuenta la nota de euskera a la hora de condicionar el acceso a la Universidad de los estudiantes que presentaron un recurso judicial tras recibir un 0 en la Selectividad. A falta de que se hagan públicas las resoluciones completas, medios como 'El Correo' o EiTB mencionan que los diferentes magistrados han asumido la “urgencia” de adoptar esta medida porque, de lo contrario, estos alumnos podrían quedarse sin plaza.

Los autos indican que “se ha podido quebrar en este procedimiento el deber de garantizar el anonimato del alumnado y de los centros durante el proceso de corrección y calificación de los ejercicios”. La mayoría de calificaciones bajas se concentraron en un tribunal corrector de Bilbao donde se examinaban estudiantes de centros privados concertados de modelo A, el que es mayoritariamente en castellano. “Se ha podido quebrar en este procedimiento el deber de garantizar el anonimato del alumnado y de los centros durante el proceso de corrección y calificación de los ejercicios”, se puede leer en la resolución.

La semana pasada, un grupo de familias de estudiantes que sacaron un cero en el exámen de euskera de la Selectividad vasca pidió en los tribunales la nulidad de las calificaciones y “de todo el procedimiento”. Representados por el abogado Iñaki Picaza los afectados presentaron una demanda ante un Juzgado de lo contencioso-administrativo al considerar que se “han saltado la garantía de anonimato de los alumnos y el centro del que proceden”, en su mayoría de colegios privados concertados y que estudian en el modelo A, en el que el castellano es la lengua principal y el euskera se enseña únicamente como una asignatura adicional. “La demanda es contra la autoridad educativa, que ha seguido este procedimiento reglado, saltándose, con absoluto desprecio, la garantía de anonimato de los alumnos y el centro del que proceden, que es lo que garantiza la objetividad en las correcciones. Si esos principios fundamentales se quiebran, no vale nada”, detalló Picaza.

Con la demanda, según aclaró el abogado, “no se busca ni una reevaluación de las notas ni que hagan un nuevo examen, simplemente que ese examen, esa nota no se tenga por puesta, porque el procedimiento es nulo”. “Hay casos sangrantes como los de alumnos que tienen, no solo un B2 o cursan el EGA, sino que tienen un curriculum académico excelente, premio extraordinario de bachillerato, por lo que es imposible una nota tan baja porque algunos eran brillantes en lengua vasca o son de familias euskaldunes”, argumentó.

Las resoluciones -que ahora recurrirá la EHU- solamente afectan a quienes han recurrido a la Justicia ordinaria y no a todos los posibles afectados. Con todo, son medidas cautelares y no suponen un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Precisamente, según ha informado la EHU, este martes 2.332 estudiantes realizarán la PAU en convocatoria extraordinaria.

Los silencios forman parte de la partitura, dicen los músicos; hay silencios temidos, eso oí un día decir a un torero de los silencios de la Maestranza; otros invitan a la duda e inquietan, los interminables de Jesús Quintero; otros no se explican: los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En las últimas controversias judiciales, procesales, casos Begoña Gómez o José Luis Rodríguez Zapatero, no extraña el silencio concejil por ser el modo. En realidad, dicen los que saben, el CGPJ no tiene nada que decir y menos que hacer, así es la rosa. Y ello porque no se ha perturbado o inquietado a ningún juez en su independencia, será por eso que sus competencias no lo exigen. En realidad, sin embargo, no solo pueden ser perturbados los jueces, y es normal que en esos casos se actúe, es que los jueces pueden también perturbar e incluso estar perturbados, y no parece normal que en esos otros casos no se actúe.

Igual entre Manuel Marchena, magistrado dolido por las críticas, e Isabel Perelló, pueden echar una manita, que dicen las encuestas que la mayoría de los españoles creen que hay lawfare en España y que la justicia está por los suelos en aprecio popular. Popular de gente, populus, que no de Partido Popular.

De las cuestiones disciplinarías mejor no hablar, incluso se han esgrimido vacíos legales para no exigir a los jueces que, al menos, garanticen a los justiciables el respeto de sus derechos constitucionales

Hay una amplia y difundida opinión sobre que ciertos jueces van a escape. Los que nos exigen, con razón, cumplir la ley parecen no encontrar ley que cumplir que les afecte, un deterioro de la función jurisdiccional que no parece conmover ni activar al máximo órgano de gobierno de los jueces. De las cuestiones disciplinarías mejor no hablar, incluso se han esgrimido vacíos legales para no exigir a los jueces que, al menos, garanticen a los justiciables el respeto de sus derechos constitucionales.

En la separación de poderes no hay amparo similar a la bizarra protección frente a perturbaciones que ejerce el CGPJ, con su mero silencio, al que deberían tener los miembros del poder ejecutivo, del que dicen querer protegerse, ni del poder legislativo. Podríamos recordar a Montesquieu, quien advertía en su obra cumbre, El espíritu de las leyes, precisamente, que había que protegerse de los jueces si queríamos, como queremos, un equilibrio entre los tres poderes.

Por recordar, también, aquella algazara callejera de jueces con sus vestimentas ceremoniales contra el poder legislativo y el ejecutivo, que había ejercido la iniciática legislativa, contra la ley de la amnistía, que el CGPJ ignoró.

Y eso que fue un ejerció llamativo y florido de poder, huelga cobardemente encubierta, y manifestación con sus ropones, togas pullas, quizá en señal de luto por la división de poderes, para que, al menos, simbólicamente quedara noticia de su reto y poder. Una prenda con la que no se puede correr por ajustada. En otros tiempos íbamos a nuestras cosas con botines y sin tacones porque siempre había que correr. En esta civilizada manifestación a toga suelta se sabía que no se correría, que no habría exceso policial, ni empellones proporcionados ni acaso un manguerazo. 

La foto de la insumisión de los jueces contra la ley de amnistía no es una foto cualquiera, es la prueba gráfica de una manera soberbia y arrogante de creerse el centro del sistema democrático

Pobres legisladores, cómo fueron zarandeados a las puertas de la soberanía nacional, pobres ministros y presidente, cómo son insultados por ciertos jueces. Ni la ineficaz presidencia del Congreso ni el ministro de Justicia empatan con el CGPJ a la hora de contener a los perturbadores.

Lo que resalto es la distancia cada día mayor de la justicia y el pueblo, del que trae fundamento y legalidad, no por inspiración etérea sino a través de la voluntad popular expresada en leyes emanadas del Parlamento, el poder legislativo.

Ahora que, hasta el PP, o al menos su presidente Núñez Feijóo, dice que lo de Catalunya, su procés y su amnistía, son pelillos a la mar, qué van a decir los jueces que con tanto brío se apuntaron a lo que fuera menester. 

La foto de la insumisión de los jueces contra la ley de amnistía no es una foto cualquiera, es la prueba gráfica de una manera soberbia y arrogante de creerse el centro del sistema democrático. Aquellas expresiones, aquellas sentencias, aquellas bravatas a las claras o de jueces embozados en el anonimato son para la historia. Silencio que ahora atruena entre lamentos corporativos sin que haya un lugar para cobijarse de la tormenta.

Tengo un amigo que siempre ha vivido la política con pasión. Pensaba que la política no solo era necesaria, sino que el compromiso con su partido le daba sentido a su vida. Pocas cosas le hacían encontrarse tan en su jugo como una intensa conversación política, podías pasar horas hablando o discutiendo sobre las políticas que son necesarias, sobre lo que habría que hacer y sobre cómo llegar a la gente para convencerla y conseguir los objetivos. “La política es como la vida misma”, me decía, “a veces te da disgustos, pero merece la pena luchar”.

Sin embargo, algo no va bien cuando esta semana me lo encontré y me dijo: “Te parecerá extraño, pero ya no veo ni los debates ni los telediarios, ni quiero saber nada de la política. He perdido la ilusión. Los míos me tienen decepcionado con la corrupción y con sus divisiones y lo que me fastidia es que la derecha ha conseguido su objetivo, que a la política solo se acerquen los suyos y esos que están con todos y en realidad no están con nadie, solo con los que tienen el poder en cada momento”. Intenté animarlo sabiendo lo importante que era para él mantener la ilusión por la política, pero me costó trabajo y en buena parte comprendí su decepción. Solo me atreví a decirle: ánimo, son las circunstancias y, como en la vida misma, seguro que vendrán tiempos mejores.

No se sabe bien quién financia toda esta producción ni quienes son sus patrocinadores, ni quien obtiene sus beneficios, pero una consecuencia parece que está calando en buena parte de la ciudadanía: el descrédito de las instituciones

Me quedé preocupado y me hizo pensar que la política lleva demasiado tiempo en una vía tóxica cuya principal manifestación se produce en torno al juego mediático que genera. Las tertulias, los debates e incluso la información política circula en torno al sensacionalismo que producen las declaraciones más ocurrentes, desafortunadas o estrambóticas que se reproducen en los medios y en las redes sociales.

A este espectáculo se han sumado nuevos actores vestidos con togas. Pareciera que el guion de la serie necesitaba de su participación para darle más emoción a la misma. Ante este espectáculo, a la ciudadanía no le queda otro papel que el de mera espectadora, invitada a tomar partido como forofa o como resignada, consiguiendo que una mayoría de personas no quiera saber nada de este bochornoso drama que por momentos contiene escenas cómicas y en ocasiones puede acabar en tragedia.

No se sabe bien quién financia toda esta producción ni quienes son sus patrocinadores, ni quien obtiene sus beneficios, pero una consecuencia parece que está calando en buena parte de la ciudadanía: el descrédito de las instituciones. No es una repercusión menor por intangible que parezca, porque sin la confianza y la participación de una parte importante de las personas que renuncian a este juego de entretenimiento mediático, estamos ante una auténtica crisis de representación y de deterioro de la calidad democrática.

Tal vez vivimos a una velocidad en la que solo podemos agarrarnos a argumentos simples o atender a predisposiciones emocionales, lo que acaba siendo un estupendo caldo de cultivo para que triunfen aquellos que con menos escrúpulos se comportan

Hace tiempo que el filósofo y sociólogo francés Guy Debord (1931-1994) escribió su célebre obra: “la sociedad del espectáculo” (1967), donde trata el espectáculo como una característica esencial de la sociedad contemporánea, aunque su análisis se refiere a la evolución y contradicciones del capitalismo en relación con las mercancías, indicando que “el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes”. También vienen al caso las ideas del sociólogo Jean Baudrillard (1929-2007) cuando se refiere al simulacro de la cultura, donde habla de la desaparición de la verdad, donde lo verdadero, lo falso y lo emocional se mezclan simultáneamente. En este sentido, también es oportuno referirse a uno de los filósofos actuales más prolijos y citados, el surcoreano-alemán, Byung-Chul Han (1959), que no para de escribir ensayos sobre las democracias que se tambalean en una época en la que el ruido informativo y la emocionalidad digital eclipsan el comportamiento racional.

Los conceptos filosóficos y los análisis sociológicos siempre hay que situarlos en su contexto histórico-social y conviene no asumirlos como dogmas descriptivos de la realidad ni como advertencias premonitorias, aunque si conviene tenerlos presentes para navegar en la complejidad interpretativa de cada momento.

No es fácil encontrar claves explicativas para entender la realidad líquida actual, como diría el sociólogo polaco Zygmunt Bauman (1925-2017), sin caer en fáciles simplificaciones. Tal vez vivimos a una velocidad en la que solo podemos agarrarnos a argumentos simples o atender a predisposiciones emocionales, lo que acaba siendo un estupendo caldo de cultivo para que triunfen aquellos que con menos escrúpulos se comportan.

Me preocupa y critico el comportamiento irresponsable de los políticos que cometen delitos y también de los que viven del “y tú más”. Tampoco están a la altura los medios y los profesionales de la opinión que convierten la corrupción en espectáculo con la ayuda inestimable de los jueces

En todo caso, sigo creyendo que la política es necesaria, más aún: lo afirmo sin dudarlo, porque hay evidencias empíricas que nos hacen ver su importancia y que estas tienen un impacto en la calidad de vida de la gente; por ello me preocupa que en lugar de hablar de ideas, propuestas, programas y medidas de actuación/evaluación política, se convierta en un espectáculo que alimenta todos los días las tertulias y los debates televisados y reproducidos por las redes sociales con asuntos y nuevos casos de corrupción, con informes, documentos y sumarios que deberían estar protegidos para que la acción de la justicia se realice con todas las garantías y con todo el rigor, evitando los juicios paralelos, más o menos interesados, de los actores políticos y de la opinión pública que, de alguna manera, también pueden condicionar las resoluciones judiciales.

Me preocupa y critico el comportamiento irresponsable de los políticos que cometen delitos y también de los que viven del “y tú más”. Tampoco están a la altura los medios y los profesionales de la opinión que convierten la corrupción en espectáculo con la ayuda inestimable de los jueces que, en lugar de proteger su difícil y discreto trabajo, deciden salir a escena para representar un papel destacado.

El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes

Guy Debord

Todos los actores han conseguido que a mi amigo le haya decepcionado la política. También que muchas personas no vayan a votar porque no se sienten representadas, porque piensan que la política la realizan unos cuantos con intereses nada transparentes y que no te puedes fiar de nadie cuando lo que cuenta no son las ideas ni los programas (de lo que poco se habla), sino las personas que alguien elige para que la gente les vote por su imagen o, siendo desconocidas, por haber tenido un comportamiento eficaz u obediente dentro de su partido. Por eso la disputa política está tan personificada, porque solo se trata de destruir personalmente al adversario político a través de los medios de comunicación y con la estimable colaboración de algunos jueces a los que les gusta salir a escena y tomar partido, aunque para ello tengan que olvidarse de Montesquieu.

En la política actual poco importa el tema, el argumento y el guion de la obra, todo se centra en el elenco de actores. Siguiendo con la metáfora del espectáculo, si de verdad nos preocupa la calidad de la democracia, muchos actores no están interpretando bien su papel.

Vamos a hacer un ejercicio de escucha. Desde que hace casi un mes el juez Calama imputara a Zapatero por siete delitos distintos en el caso Plus Ultra, más allá de unas primeras palabras que grabó en un vídeo, no habíamos podido escucharle: no había dado entrevistas ni ruedas de prensa. 

Hemos tenido acceso a las más de dos horas de interrogatorio del 17 de junio en la Audiencia Nacional. Calama pregunta y Zapatero responde. Uno cuestiona y el otro se defiende. A la palestra: las joyas, la relación de Zapatero con Análisis Relevante, la empresa de Julito Martínez, los viajes al extranjero, la empresa de las hijas y las sociedades offshore. Esta solo será la primera quizá de muchas conversaciones.

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El líder de la gran patronal, Antonio Garamendi, ha elevado el tono contra el Gobierno en la Asamblea General de la CEOE, celebrada este miércoles en Madrid, por las causas judiciales que rodean al Ejecutivo. En concreto, el empresario vasco ha sostenido que “es brutal el ataque se está haciendo a los jueces”, a los que ha mostrado todo su apoyo, así como “a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Garamendi ha insistido en que es “lamentable” el contexto actual, que ha afirmado que deja “perplejo” a cualquier ciudadano.

“Levantemos las alfombras, porque los casos de corrupción son increíbles”, ha afirmado el dirigente empresarial, que ha subrayado que “fuera” están mirando a España. “Esto no nos viene nada bien”, ha dicho respecto a las empresas.

Critica la “inestabilidad institucional”

En su discurso al auditorio de la Asamblea General de CEOE, Antonio Garmendi ya había destacado que “la inestabilidad institucional a la que asistimos es el peor contexto posible para una buena marcha de la economía y el empleo”.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno apenas pueda aprobar leyes en el Parlamento y que el país lleva tres años sin Presupuestos Generales del Estado.

Preguntado por los medios de comunicación sobre si con estos mensajes está emplazando a un adelanto electoral, Antonio Garamendi ha evitado llamar a unas elecciones. Ha afirmado que hay varías “fórmulas” que tiene disponibles tanto el Parlamento y el Gobierno. “Ahí están, tómenlas”, ha afirmado.

Culpa a Yolanda Díaz de impedir un acuerdo de salaros

En la línea habitual de duros ataques al Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, Antonio Garamendi ha cargado contra la “asfixia normativa” de su departamento, el “continuo abuso” de la vía reglamentaria y la “desnaturalización” del diálogo social, que ha calificado de “irreal” e “interesado”.

Antonio Garamendi ha señalado específicamente a Trabajo y la “inseguridad” jurídica –“que no va a parar”– para sostener que así es “muy difícil” poder negociar un acuerdo con los sindicatos de negociación colectiva, el gran acuerdo de salarios y otras materias clave de los convenios colectivos que debería revalidarse este año.

Los sindicatos CCOO y UGT llevan meses emplazando a la patronal a sentarse a iniciar esta negociación, sin éxito. Garamendi ha rechazado que se les acuse de “bloqueo” y ha insistido en criticar la “intromisión” del Ministerio en cuestiones como las reglas de compensación y absorción de los complementos salariales, entre otras.

La derecha judicial ha arrasado en la renovación parcial de la Comisión de Ética Judicial, el organismo al que pueden dirigirse los jueces cuando tienen dudas sobre si un determinado comportamiento puede comprometer su ética profesional. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones de Junta Electoral, ha proclamado este martes los resultados de las elecciones, a las que está llamada a participar toda la carrera.

Los elegidos para ocupar los tres puestos vacantes tras el vencimiento del mandato de los tres miembros salientes están vinculados a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, informan fuentes jurídicas a elDiario.es. Se trata del magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo Manuel Almenar, que fue presidente de la APM; de la magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga María Teresa Sáez Martínez, que fue portavoz de esa misma asociación; y del magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Juan Jesús García Vélez. 

Son los tres candidatos que mayor número de votos han obtenido: Almenar ha recibido 950 votos y Sáez Martínez y García Vélez 858 cada uno. Las votaciones tuvieron lugar por vía telemática entre el domingo y el lunes. Han participado 2.089 jueces y magistrados. La Comisión de Ética Judicial es el único organismo elegido al 100% entre los integrantes activos de la carrera judicial. Este modelo ha provocado que miembros y exintegrantes de las asociaciones conservadoras de la judicatura copen sus principales puestos. 

Entre los candidatos estaban también otros aspirantes vinculados a la Asociación Francisco de Vitoria, que se autodenomina como independiente. Se trata de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón (723 votos), del magistrado del Supremo Juan Manuel San Cristóbal (695 votos) y del titular del juzgado de instrucción 5 de Roquetas de Mar (Almería), Claudio García Vidales (685 votos). 

Además, se han presentado la magistrada del Supremo Consuelo Uris (349 votos) y Sandra Piñeiro, presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, que ha obtenido 408 votos. Ambas están asociadas a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. También se ha postulado David Ordóñez Solís, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha recabado 128 votos. Este último magistrado no está asociado.

Avaló las manifestaciones con togas contra la amnistía

La Comisión de Ética Judicial es un organismo asesor en materia de comportamiento ético que es independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Está compuesta por seis jueces elegidos de forma directa por sus compañeros. Estos seis jueces eligen, a su vez, a un académico experto en ética o filosofía del derecho. 

El proyecto con el que el Gobierno pretende modificar el acceso a la carrera amplía la composición de este órgano con un total de cuatro catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral que serán designados por el Congreso y el Senado. Para lograr una mayor representación de los diversos grupos parlamentarios, cada diputado o senador votará a un solo candidato y resultarán elegidos los dos que obtengan el mayor número de votos. Los jueces, que seguirán siendo elegidos por sus compañeros, seguirán siendo mayoría con un total de cinco representantes.

En algunos de sus dictámenes, la Comisión de Ética Judicial ha desaconsejado a los jueces acudir a manifestaciones y mítines políticos para “evitar toda actuación que pueda cuestionar la independencia o la confianza de la sociedad en el Poder Judicial”. No obstante, este organismo avaló las concentraciones de jueces vestidos con togas contra la amnistía. Sus miembros consideraron que si el juez que se manifiesta tiene “un honesto, meditado y sincero convencimiento” de que la ley de amnistía “pueda afectar al Estado de Derecho”, su actuación no merece una sanción disciplinaria.

La Audiencia Nacional investiga si el PSOE amparó y financió un entramado liderado por la exmilitante Leire Díez y por su ex ‘número tres’ Santos Cerdán con un objetivo: perjudicar a jueces, fiscales y guardias civiles que estuvieran investigando a miembros del partido, del Gobierno o al propio Pedro Sánchez y su entorno. El sumario del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que la actividad frenética de Díez entrando y saliendo de casos judiciales, tejiendo alianzas con sus protagonistas y urdiendo planes para influir en investigaciones, viene de mucho más atrás. También evidencia que Leire Díez fracasó en su intento de poner en marcha un efecto dominó judicial con un propósito primordial descrito en sus agendas. “Que el PSOE salga bien de esto”. 

Un informe de la Guardia Civil contenido en el sumario repasa la trayectoria de Leire Díez como conspiradora y ubica el punto de partida en la pandemia de 2020. Para entonces había sido concejala en Vega de Pas (Cantabria), asesora de comunicación del partido entre 2015 y 2017 y en ese momento era jefa de comunicación de Enusa, empresa pública del sector nuclear.

En esos años empiezan sus primeras maniobras en torno al caso judicial de la mina de Aznalcóllar, en el que estaba imputado el entonces presidente de la SEPI Vicente Fernández, con quien mantenía una “relación personal” desde 2019 tras haber coincidido en el holding público. Vicente Fernández dimitió tras su imputación, aunque el caso por el supuesto amaño de un concurso para adjudicar este yacimiento sevillano terminó en archivo. 

El sumario recoge que ya en esos años Leire Díez se interesó por el desarrollo del caso y en cómo beneficiar a Fernández, sobre todo ante cargos del PSOE y en particular ante la ministra María Jesús Montero. Las conversaciones recopiladas por la UCO no reflejan grandes planes ni conspiraciones para tumbar el caso de Aznalcóllar, pero sí profundiza en otras causas vinculadas al partido en Andalucía como los ERE e Isofotón. 

En esos primeros años ya hay apuntes que llaman la atención de los investigadores. Por ejemplo, dos reuniones con el jefe de la Policía Judicial adscrita a los juzgados de Sevilla supuestamente para buscar información “que pudiera comprometer” a la magistrada Mercedes Alaya, instructora de los ERE. Leire Díez llegó incluso a grabar varios de estos encuentros. “¿Qué podemos destapar de ella? Necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y los demás los sigo yo con un libro”, decía al policía en uno de estos audios. 

“Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis”, escribió en otro mensaje a Vicente Fernández. El atestado recoge más comentarios sobre estas causas que afectaban al socialismo andaluz: “Tengo la solución mediática para Isofotón”, dijo en relación con esta investigación sobre fraude millonario en ayudas públicas que acabó archivada en firme por el Tribunal Supremo. El caso Aznalcóllar también acabó en absolución y el Tribunal Constitucional dejó en la mínima expresión la sentencia de los ERE de Andalucía contra los principales consejeros condenados, aunque con argumentos alejados de las maniobras de Leire Díez. 

En aquellos primeros años de mensajes y planes, la exconcejala del PSOE en Cantabria tenía varios grupos de WhatsApp con personas implicadas en otras causas judiciales y que se consideraban afectadas por corruptelas de jueces y fiscales. Uno de ellos era Javier Pérez Dolset, un empresario encausado en la causa Zed por un fraude de más de 30 millones de euros que defiende que es una víctima más de la brigada política del PP, al nivel de los líderes independentistas o Podemos. 

Con él y con la periodista Patricia López, hoy fallecida, empezó a recopilar información en un chat llamado “Azahar”. Allí elaboraron una carpeta llamada “Operación PSOE” donde empezaron a almacenar documentos relacionados con el caso Villarejo con los que pretendían documentar la existencia de una cloaca judicial, fiscal y policial. Una carpeta que, años después, cobraría un papel protagonista. En la primera mitad de 2022, Pérez Dolset entregó los documentos en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía con escaso éxito. 

Los informes del sumario no atribuyen una actividad especialmente intensa a Leire Díez entre 2022 y principios de 2024 en cuanto a la investigación judicial. Estuvo a sueldo de Correos y, según estudia otro juez de la Audiencia Nacional, integró otra trama distinta junto al citado Vicente Fernández y un empresario cercano a Santos Cerdán para cobrar comisiones por conseguir ayudas del Estado para determinadas empresas. 

Hasta entonces se había inmiscuido en casos que mayoritariamente afectaban al socialismo andaluz: los ERE, Aznalcóllar e Isofotón, con maniobras contra la jueza Mercedes Alaya, con pequeñas incursiones en el caso Villarejo de la mano del principal imputado del caso Zed. Pero todo cambió en la primera mitad de 2024. La trama que había empezado a especializarse en surfear casos judiciales delicados entró de lleno en el número 70 de la calle Ferraz.

El PSOE como financiador 

Cuando en abril de 2024 Pedro Sánchez amagó con dimitir ante “la campaña de acoso” contra su esposa, Cerdán puso a Leire Díez al frente de un operativo para “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE, según la investigación judicial. “Me voy de urgencia a Madrid (... ). Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”, escribió la exmilitante a Vicente Fernández. Ambos se reunieron en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, con Pérez Dolset, el dirigente socialista y hoy secretario de Estado, Antonio Hernando y el entonces director de comunicación, Ion Antolín.

Antes de ese encargo, la exmilitante llevaba tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. Este apunte concuerda con las citadas actuaciones previas del grupo, centradas en casos ligados al socialismo andaluz o las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. 

Tras esa primera reunión durante los días de reflexión de Sánchez, la investigación documenta otros 39 encuentros. Al menos 22 de ellos se habrían realizado en la sede de Ferraz, lo que a juicio del juez evidencia que el partido sufragó la “logística” que soportó estas maniobras. El partido pagó también cuatro viajes a Leire Díez y uno a Pérez Dolset relacionados con estos movimientos contra quienes investigaban a sus dirigentes. 

Dos meses antes de esa primera reunión había estallado el ‘caso Koldo’ que, tiempo después, acabó llevándose por delante al propio Cerdán y a quien antes que él había dirigido la Secretaría de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Además, el juez Juan Carlos Peinado había abierto una causa contra la mujer del presidente y su hermano sería imputado unos meses después por el caso que ha acabado sentándolo en el banquillo. 

Uno de los objetivos de la trama fue precisamente “destruir” este proceso judicial. Para ello, Leire Díez contactó con Luis Sáenz de Tejada, un magistrado condenado y expulsado de la carrera por amenazar a su pareja y con el que acordó iniciar una estrategia de hostigamiento contra la instructora del caso, Beatriz Biedma. Sáenz de Tejada llegó a presentar una denuncia contra la jueza en la Fiscalía General del Estado que quedó en nada. También intentó sin éxito personarse en la causa como acusación popular y apartar del caso a la magistrada. El hermano del presidente, acusado de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, declara este jueves en el juicio que se celebra contra él en Badajoz. 

También buscaron información sobre Juan Carlos Peinado, el instructor del caso contra Begoña Gómez. Recurrieron, para ello, a Nervis Villalobos, un ex alto cargo venezolano había sido encarcelado por el polémico magistrado en una causa de blanqueo de capitales y que había llevado las irregularidades del caso hasta el Tribunal Constitucional. 

Otro de los objetivos de la trama fue el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, responsable de la investigación contra Ábalos, el ex fiscal general o el hermano de Pedro Sánchez. “Si está muerto, mejor”, llegó a decir Leire Díez sobre él en una reunión en la que reclamaba información comprometedora de este mando a Alejandro Hamlyn, un empresario imputado en un caso macrofraude de más de 150 millones en los hidrocarburos. A cambio, le ofrecía supuestos pactos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que pudieran beneficiar su situación. El empresario no ha alcanzado por ahora pacto alguno con la Fiscalía y las acusaciones contra él se mantienen.

En busca de información sobre Balas, la exmilitante también se reunió con otros guardias civiles investigados en diferentes causas. Es el caso del comandante Rubén Villalba, al que ofreció pagarle la defensa en el caso Koldo y recuperar su carrera en el cuerpo. O de Juan Sánchez Yepes, imputado en otro caso de hidrocarburos por supuestamente facilitar información reservada a otros investigados a cambio de prebendas. A raíz de ese episodio con Yepes tuvo lugar la citada reunión con Hamlyn que propició la apertura de la primera investigación a Leire Díez en un juzgado de Madrid hace un año. 

El objetivo de la trama de desvelar las cloacas del Estado a través de documentación del caso Tándem -la que habían almacenado en esa carpeta llamada “Operación PSOE”- seguía más vivo todavía y Leire Díez maniobró, incluso, con el comisario jubilado José Manuel Villarejo para buscar un pacto con la Fiscalía a cambio de su información. El pacto nunca se produjo y el fiscal encargado del caso rechazó varias veces hablar con su abogado. Díez se adentró incluso en las profundidades del caso Kitchen y habló con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Mariano Rajoy que es juzgado estos días por esa trama policial corrupta. 

De la familia de Sánchez a la operación Catalunya

Con el paso de los meses en ese judicialmente convulso 2024 Leire Díez y su grupo entraron en contacto con causas judiciales a priori alejadas del PSOE. Desde el 3% catalán hasta la amnistía pasando por la Operación Catalunya y la Banca Privada de Andorra. En noviembre de ese año Díez entró a formar parte de un grupo de WhatsApp llamado “Mas Martí - Girona” con varias personas, entre ellas, el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell. 

Rosell había sido absuelto en 2019 de las acusaciones de blanqueo y comisiones ilegales por sus negocios en Brasil, pero también se sentía víctima de una Justicia corrupta y una Fiscalía dirigida. Sobre todo por los 645 días que pasó en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional en un caso por el que acabó absuelto. 

En ese grupo se juntaron dos personas movidas por el afán de ajustar cuentas con el fiscal anticorrupción José Grinda: Rosell y Pérez Dolset. Los mensajes de Leire Díez en esas fechas con Rosell son elocuentes: “A mí la fontanería se me da muy bien (...) hay que empezar por Grinda y la Fiscalía”. Ambos empresarios consideraban que el fiscal Grinda les había perjudicado en sus respectivas causas judiciales.

Leire Díez tenía un objetivo añadido: que Grinda proporcionara información comprometida sobre Alejandro Luzón, el fiscal jefe Anticorrupción, quien era el máximo responsable de investigaciones delicadas para el Gobierno como el caso Koldo. Luzón era considerado un enemigo a batir por el grupo de Leire Díez, ya entonces con el apoyo del PSOE.

Finalmente, fue el propio Grinda el que dejó por escrito cómo habían discurrido esas negociaciones y qué le habían ofrecido y reclamado. Fue en febrero de 2025 cuando, según su relato, tuvo un encuentro con el periodista Pere Rusiñol y este le hizo llegar, en una hoja, la oferta. Para él, un destino en el extranjero y la retirada de la demanda de una joven que afirmaba haber recibido un vídeo sexual suyo cuando ella era menor. Para el grupo, caza mayor: “Cualquier secreto o información confidencial relativo a su jefe que pudiera dar lugar a su destitución”. También le pidieron promover el archivo del caso Pujol, el 3%, el caso Zed que afectaba a Pérez Dolset, el caso BPA y el caso Duro Felguera, que será juzgado este año con Nervis Villalobos en el banquillo. Y que explicara el verdadero origen de la causa que encarceló a Sandro Rosell. 

El sumario revela que Leire Díez también maniobró para acercarse a esta joven. El propio Santos Cerdán llegó a reunirse con ella en la sede del PSOE y, supuestamente, le facilitaron un trabajo en una empresa municipal de Jaén. Las querellas y demandas de la joven, tanto penales como civiles, se archivaron. El proyecto del grupo era darle 300.000 euros por su silencio, el triple de lo que pedía en su demanda. No se llegó a consumar.

La trama intentó repetir la jugada con otro fiscal de perfil polémico: Ignacio Stampa. El fiscal que llegó a dirigir las pesquisas del caso Villarejo y que desde entonces denuncia que fue apartado de Anticorrupción de forma ilegal por parte de sus superiores. También se reunieron con él e intentaron, sin éxito, que les facilitara información comprometedora de Luzón. En esa reunión Leire Díez espetó otra de las frases determinantes del caso: “Soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto (...)”. También contestó “sí” cuando Stampa preguntó si era la “mano derecha” de Santos Cerdán. 

Ninguna de las dos maniobras para obtener trapos sucios de Luzón dio resultado. Los dos fiscales acudieron a sus respectivos superiores y la maniobra de la trama terminó judicializada ante un juzgado de Madrid. De forma reciente, Luzón ha pedido 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García.  

El sumario del caso Leire consta de cientos de documentos, interrogatorios, mensajes, grabaciones y, al menos por el momento, el juez ha hecho propias las conclusiones de la UCO. Unas consideraciones que muestran cómo a lo largo de los años Leire Díez se especializó en conocer a fondo las causas judiciales que afectaban a su entorno, pero también a un PSOE que, a partir de 2024, y por orden de su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, supuestamente financió y sustentó su operación. 

Muy pocas de sus promesas fueron llevadas a efecto y ninguna causa judicial se cerró gracias a sus gestiones. Tampoco consiguió la información comprometedora que buscaba. Y ahora será la Audiencia Nacional la que decida si no fue solo una investigación para salvar a los socialistas de los casos emergentes, sino una forma de influir en las causas judiciales que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno del presidente. 

“Es legal”, me contestó con una media sonrisa el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, cuando le pregunté en 2017, en medio de un acto protocolario del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cómo era posible que hubiera designado al juez Salvador Alba como presidente del tribunal que habría de juzgar el caso Faycán, el mayor escándalo de corrupción del Partido Popular en Canarias en la época de José Manuel Soria. Alba ya estaba imputado por varios delitos y a punto de que se le abriera juicio oral por haber conspirado contra la magistrada Victoria Rosell, causa por la que acabó siendo condenado a seis años y medio de prisión. Es legal, esa es la clave, y si no es legal, somos jueces y estamos blindados, añado de mi propia cosecha.

Al presidente de la Audiencia Provincial no le animó en ningún momento velar por la apariencia de imparcialidad, a lo que está obligado. Y es evidente que en aquellos momentos, Alba no era el juez que podía transmitir a la ciudadanía una más sólida impresión de independencia e imparcialidad. Principalmente porque su intento de perjudicar a Rosell tenía relación directa con beneficiar a José Manuel Soria, que competía con la magistrada en las elecciones generales de 2015 para acceder al Congreso de los Diputados. 

Le daban igual las críticas que pudiera recibir, al presidente de la Audiencia de Las Palmas, que había sido viceconsejero de Justicia con el PP, lo que le importaba es que nadie le hiciera un reproche legal. También le daba igual el peligro cierto, luego confirmado, de que la causa en la que Alba estaba incurso desembocara en un auto de apertura de juicio oral y tuviera que ser suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial en medio de la tramitación de aquel juicio y la publicación de su sentencia. Era legal, y punto. El desenlace, que es largo de contar y que supuso que el presidente Moya tuviera que entrar en el despacho de Alba a recuperar la causa, lo tienes aquí minuciosamente contado.

Los jueces y juezas gozan en España, como no podía ser de otro modo, de un blindaje lógico por imperativo de una ley específica, la Ley Orgánica del Poder Judicial. No pueden estar sujetos a instrucciones de ningún tipo; no pueden ser trasladados, suspendidos, separados ni jubilados sino por alguna de las causas previstas en la ley. Salvo algunas excepciones que no están en la ley y que hemos conocido en casos muy concretos, como aquel modo chiripitifláutico de retirar al juez Ruz para que la causa de Bárcenas y su sucesivo caso Kitchen cayera en manos de García-Castellón.

El caso de Alba es un lawfare de manual y, como tal, una excepción absoluta por haber sido, de momento, el único descubierto, investigado y condenado. Desgraciadamente, solo fue condenado él, aunque no estuvo solo en absoluto, como ocurre con todos los demás.

Es imposible un caso de lawfare con un juez actuando en solitario. Es imposible que el juez Juan Carlos Peinado pueda haber llegado tan lejos solo. Su desmadrada instrucción del caso de Begoña Gómez no habría caminado nada sin el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, que, a pesar de haberle afeado algunos de sus disparates, no ha llegado a donde tenía que llegar, a anular la mayor parte de la causa por clamorosas vulneraciones de los derechos de las personas investigadas y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dictar auto de apertura de juicio oral sin esperar por un informe que parecía decisivo de la UCO, de la Guardia Civil, no se le ocurre ni a un juez en prácticas. Prácticas que él no hizo.

Es legal todo lo actuado por la juez de Badajoz Beatríz Biedma, a pesar de los reparos jurídicos que han manifestado públicamente la Fiscalía y la defensa del hermano de Pedro Sánchez, que ni siquiera era secretario general del PSOE cuando consiguió un empleo en la Diputación de Cáceres.

Como fue legal lo que hizo el juez José Escalonilla, el que investigó una trama que se llamó Neurona y que trataba de demostrar la corrupción de Podemos. Todo quedó archivado y Escalonilla ascendido por escalafón a la Audiencia Provincial de Madrid porque todo lo que hizo fue legal. Por el camino, claro, Podemos se dejó una parte de su reputación gracias al denodado esfuerzo periodístico de los medios de comunicación que informaron pormenorizadamente de las investigaciones sesgadas y macarrónicas de Escalonilla. Pero no lo llamemos lawfare, todo es legal.

Como también es legal lo que ha hecho la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha obligado a una jueza de instrucción a mandar a juicio a la exconsejera de la Generalitat Mónica Oltra en contra del propio criterio dos veces manifestado por su antecesor, el juez instructor, manifestados en sus autos de archivo, y en contra de la Fiscalía, que tampoco aprecia el delito que denunciaron unas organizaciones ultras al parecer con mucho predicamento. Otro caso de lawfare del que se habla poco y que ha arrastrado durante años a esta dirigente política por el fango de los medios de comunicación de la derecha.

Del mismo modo que es legal lo que podríamos denominar lawfare inverso, consistente en sacudirle de encima a determinados dirigentes del Partido Popular enojosas causas penales que podrían haberles supuesto un disgusto.

Tenemos algunos casos de rabiosa actualidad, como la Kitchen, que ahora celebra su juicio oral sin la presencia en el banquillo de las más altas instancias del PP gracias a que el juez que instruyó la segunda parte de la causa no consideró de ninguna manera que Rajoy y Cospedal fueran a tener conocimiento de aquel montaje policial para hacer desaparecer las pruebas de la financiación ilegal del partido. El descarte de García-Castellón fue bendecido por la Sala de lo Penal de la Audiencia, por lo que todo fue legal.

Por supuesto que el lawfare existe. Por supuesto que hay jueces, fiscales y agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en estas operaciones. Por supuesto que hay partidos políticos no solo interesados, sino implicados a título lucrativo y a título propositivo. Y, sin duda, medios de comunicación perfectamente alineados, adiestrados, untados… porque sin ellos el lawfare no funcionaría. Es necesario que las personas, los partidos, las familias… sufran el escarnio público del insulto y la condena sin juicio y sin pruebas para que se pueda extender de manera efectiva la sensación de que si no gobierna la derecha este país es una mierda.

Estamos asistiendo cada día con más saña a descripciones periodísticas verdaderamente hiperbólicas, como llamar “trama” a toda instrucción, aunque esté en fase embrionaria, o “botín” a las joyas por aparecer “escondidas” en una caja fuerte en vez de mostrarse con toda su brillantez en un tendedero. 

Es una pena que el PSOE haya tardado tanto en descubrirlo, que le hayan tenido que condenar a un fiscal general del Estado para empezar a verbalizarlo con toda su crudeza. Es una pena que no haya mecanismos más severos para desenmascarar a los agentes que intervienen en estos procesos perversos. Pero la ciudadanía debe exigir que estas cosas cambien para que los que tanto reclaman respeto por los poderes del Estado empiecen por respetarse a sí mismos.

Posiblemente sea yo uno de los periodistas que más sabe de lawfare en España, aunque me habría gustado no haber adquirido esos conocimientos de la manera que los estoy sufriendo aún. En unos días vuelvo a comparecer ante la Audiencia Provincial de Madrid para dilucidar qué órgano me va a enjuiciar por los delitos de revelación de secretos, odio y acoso que presuntamente cometí cuando el periódico que dirijo publicó todas las andanzas del juez delincuente Salvador Alba Mesa. Él y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, piden para mí 22 años de cárcel y 422.000 euros de indemnización. Me quieren callado para siempre, pero no lo van a conseguir. Son los coletazos del único lawfare de España con condena. 

Como dicen los cubanos tan sabiamente, lo que ocurre conviene, y ya que me ha tocado ver, oír y tocar un lawfare por dentro, lo saludable es desentrañar lo que veo en el mundo de la política, los medios y la judicatura española cuando estallan con tanto descaro estos asuntos que estamos viviendo cada día con más intensidad.

El magistrado Íñigo Herrero Elejalde, titular de la Plaza dos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto de la Cruz (en Tenerife), ha sido designado juez de enlace de España ante la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

El nombramiento, adoptado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y formalizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, reconoce su trayectoria y especialización en el ámbito de la cooperación judicial internacional. 

La figura del juez de enlace tiene como principal cometido reforzar la cooperación jurídica internacional, facilitando la coordinación entre autoridades judiciales de distintos países, la aplicación de convenios internacionales y la resolución de conflictos transfronterizos. 

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado es la principal organización intergubernamental responsable de la unificación de normas en esta materia, con especial relevancia en ámbitos como la protección de menores, el derecho de familia o la ejecución de resoluciones judiciales en el extranjero. 

Herrero Elejalde compatibilizará esta nueva responsabilidad internacional con el ejercicio de su función como magistrado en Puerto de la Cruz, reforzando así la proyección exterior de la justicia autonómica y su conexión con los principales foros jurídicos internacionales.  

Su nombramiento, junto al de la magistrada Ana del Ser (presidenta del TSJ de Castilla y León), tendrá una duración inicial de tres años, prorrogables, y surte efecto desde el día siguiente a su publicación en el BOE. 

Experiencia 

Íñigo Herrero es un magistrado con sólida experiencia jurisdiccional, especializado en cooperación jurídica internacional, Derecho de familia internacional y redes europeas. Acumula un conocimiento profundo de los mecanismos de la Conferencia de La Haya, amplia experiencia en auxilio judicial internacional y dominio avanzado de inglés, francés e italiano. 

Accedió a la carrera judicial en el año 2012 habiendo servido en Burgos, Miranda de Ebro y Puerto de la Cruz, interviniendo en comisión de servicio con relevación de funciones en las secciones 1ª, 3ª y 4ª (civiles) de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. 

Ha participado en congresos internacionales (Sevilla, Alicante, París) y es autor de publicaciones relacionadas con cooperación judicial internacional, menores y derechos humanos. 

El magistrado es docente desde el curso 2022-2023 en asignaturas del área de Derecho Internacional Privado del Departamento de Derecho Público, Privado y Especial de la empresa de la Universidad de La Laguna. 

Ha ejercido labores de coordinación técnica en redes judiciales europeas e internacionales, como experto designado por España en reuniones de Comitología de la Comisión Europea). 

Es miembro activo de la REJUE (2019–actualidad) e integrante de la Comisión de actualización del Prontuario Judicial de Cooperación Internacional (desde 2024). 

Desde 2024, es representante en el Grupo Focal de Eurojust sobre Migrant Smuggling, y ha participado en proyectos internacionales y cooperación al desarrollo como experto judicial de corta duración en Serbia, Turquía o Colombia. 

El nombramiento de Herrero refuerza la presencia de España en los organismos internacionales y contribuye al impulso de una justicia más coordinada, eficaz y adaptada a los nuevos desafíosglobales.

Pongamos que como dicen los más fervientes defensores del sistema, al final, Rodríguez Zapatero demuestra que no tiene nada que ver con la aborrascada descripción del auto que lo imputa y que no es la cúspide mandarina de toda la trama como afirma el juez. ¿Podría ocurrir? Sí. ¿Alguien lo cree? Lo dudo.

El ecosistema, sobre todo mediático, quedaría ciertamente en entredicho. Pero parece una lucha antisistema, la presunción de inocencia queda notablemente dañada con machacona insistencia en los tribunales de papel y los estrados tertulianos a diario. La reputación del expresidente ya está irremediablemente dañada, para siempre.

Y, mientras, la agitación callejera, cobarde y torpemente apoyada por el PP, se reafirma en señalar la responsabilidad del investigado y su metástasis gubernamental, apuntando como única solución la terminación de la legislatura por cualquiera de los medios, descartando, sin embargo, en ausencia de poder parlamentario, representativo de la voluntad popular y democrática, la vía constitucional de la moción de censura. La descomposición moral de la oposición, en urgencias, es tal que no reparan en erigir como iconos de la lucha contra la corrupción a Esperanza Aguirre y Víctor Aldama .

Llama la atención la extraña unanimidad sobre la excelencia del auto que investiga a Rodríguez Zapatero, unanimidad que cohonesta mal con opiniones de prestigiosos juristas que advierten de mala praxis instructora. Un corta pega policial se ha llegado a afirmar y, ciertamente, entre los brochazos gordos de cola no se vislumbra el fino pincel procesal que vincule al investigado con toda la indecorosa trama que se advierte.

La manera de instruir causas penales en España adolece de un deterioro muy preocupante. Incluso, notables juristas disculpan las malas instrucciones por déficits de medios o de formación y preparación de sus señorías

A la confusión, se suma la aparición inicial del estadounidense Home Security Department (Make America Safe Again, su lema, da pavor), en el procedimiento, lo cual añade perfiles inquietantes. Los informes de la policía judicial, sin embargo, conocidos este fin de semana no añaden nada nuevo pero sí alimento muy nutritivo para una prensa más empeñada en llegar antes al podio del periodismo de impacto que a otra cosa.

Y nos queda la palabra del investigado, envuelto ya en el sudario de su muerte civil y actor forzoso de un pronto patíbulo gráfico, que diga lo que diga, ya no tendrá reparación total. La manera de instruir causas penales en España adolece de un deterioro muy preocupante. Incluso, notables juristas disculpan las malas instrucciones por déficits de medios o de formación y preparación de sus señorías, lo cual ha entregado el proceso penal a deficientes instrucciones policiales. En muchos casos, las instrucciones sobrevuelan el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se acurrucan en una jurisprudencia sobre el papel de las policías judiciales ciertamente benévola por no decir resignada, fatalista, y entregada a la pereza procesal. Un claro deterioro de nuestro sistema penal.

Cuando todo se sepa, cosa muy deseable, habrá que extraer consecuencias urgentes, ya es sintomático que los antes presidentes José María Aznar y Felipe González, siempre facundos y dicharacheros, estén tan de perfil. Espero que Rodríguez Zapatero nos saque de esta pesadilla, espero que los defensores de la presunción de culpabilidad queden al descubierto, espero que no se trate otra vez de una práctica encaminada a la simple destrucción del adversario político. Si fuera lo último, no bastará con decir que se hizo justicia, habrá que considerar muy seriamente cómo el lawfare triunfa de nuevo. Siempre la exhibición y el paseíto, ajenos a la justicia democrática, en los expositores de la vergüenza. Esa vergüenza pública, el sudario de los investigados, es su gran objetivo.