La investigación del ‘caso Montoro’, la presunta trama de tráfico de influencias en torno al Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro y Equipo Económico, el despacho que fundó en 2006, ha sacado a la luz que otro expolítico del PP y fundador de esa firma, José Manuel Fernández Norniella, se acogió a la amnistía fiscal de 2012.

Norniella es el segundo alto cargo de José María Aznar del que hay constancia que se acogió a esta polémica medida que Montoro aprobó nada más volver a Hacienda, y que fue declarada inconstitucional en 2017.

La amnistía a Norniella está recogida en un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) remitido el 5 de octubre de 2020 a la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la investigación al despacho de Montoro que un juzgado de Tarragona instruye desde julio de 2018 y cuyos detalles han trascendido este verano.

El documento de la AEAT incluido en el sumario judicial refleja que Norniella “ha presentado Declaración Tributaria Especial (Modelo 750)”, eufemismo técnico de la amnistía, declarando dos cuentas bancarias que tenía en Suiza en la entidad helvética UBS. Con ello, regularizó en fecha indeterminada (el plazo para ir a la amnistía acabó el 30 de noviembre de 2012) fondos “por un importe total de 1.882.100,00 euros”.

La suma legalizada es muy superior a los 115.333,5 euros que afloró en noviembre de 2012 el ex jefe directo de Norniella en Economía y Bankia, Rodrigo Rato, que también aprovechó la amnistía. Ambos fueron condenados en firme por el Tribunal Supremo por el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia.

El todopoderoso ministro económico de Aznar y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que a finales de 2023 pidió personarse como parte interesada en el procedimiento judicial ahora conocido como 'caso Montoro', fue además condenado en diciembre por la Audiencia Provincial de Madrid a casi cinco años de cárcel y a pagar 2,1 millones por tres delitos fiscales, otro de blanqueo y otro de corrupción.

Cerca ya de los 80 años, Norniella es uno de los nombres asociados a eso que se llamó milagro económico en la etapa de Aznar, a la sombra de Rato, al que acompañó en su caída en desgracia tras el escándalo de las 'black', cuya existencia destapó elDiario.es en diciembre de 2013.

Norniella dejó la consultora que fundó Montoro antes de las supuestas gestiones realizadas por el entonces ministro y su equipo en 2014 para beneficiar a empresas gasistas con una exención fiscal ad hoc gracias a la intermediación de Equipo Económico. El asturiano no está entre los 28 imputados en el 'caso Montoro', entre ellos, buena parte de la cúpula de Hacienda en la etapa de Mariano Rajoy y muchos socios de Equipo Económico.

Entre los investigados está otro condenado por las 'black', José María Buenaventura Zabala, ex jefe de gabinete del Secretario de Estado de Hacienda en la etapa de Rajoy.

Norniella fue socio fundador y vicepresidente de Equipo Económico SL desde junio de 2006 y accionista hasta noviembre de 2010. Inicialmente tenía un 15%. Era el tercer socio con más participación, solo superado por Montoro (30%) y el actual presidente de la firma, Ricardo Martínez Rico (25%), y por delante de otros como el luego ministro de Economía con Rajoy y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, o el abogado del Estado en excedencia Miguel Crespo, otro ex alto cargo de Aznar también fichado por Rato en Bankia y ahora imputado en el 'caso Montoro'.

La investigación destaca que, a pesar de no ser socio de la firma entre 2011 y 2012, Norniella continuó recibiendo dinero de Equipo Económico tras su cese. En total, percibió de la firma 904.287,7 euros entre 2008 y 2012, según el sumario.

Norniella fue secretario de Estado de Comercio y Turismo y Pyme desde 1996 y 1998 y antes, diputado del PP, etapa en la que mostró especial interés (como recoge el Diario de Sesiones del Congreso) por los planes de privatizaciones del Gobierno de Felipe González. Tras dos años como alto cargo de Rato en el Ministerio (y con Montoro como secretario de Estado de Economía), se convirtió luego en consejero de varias empresas privatizadas por Aznar, como Aldeasa (fue vicepresidente), la actual Ebro Foods (que presidió), Iberia, Enagás o Endesa.

Norniella también fue presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, vicepresidente de la CEOE de José María Cuevas, vocal de la Caja Madrid de Miguel Blesa y posteriormente, consejero ejecutivo en la Bankia de Rato.

Asimismo, fue miembro del consejo de Telvent, una de las empresas que pagó a Equipo Económico (569.586 euros). Asimismo, la heredera de Aldeasa (de la que Norniella fue vicepresidente ejecutivo hasta 2000), World Duty Free, abonó 471.170 euros a la firma de Montoro entre 2008 y 2019.

Meses después de salir de Equipo Económico, en septiembre de 2011, Norniella fue fichado por Rato como adjunto a la presidencia en Bankia. En 2018 el Tribunal Supremo confirmó una condena de un año menos un día a Norniella por gastar 175.526 euros con su tarjeta opaca al Fisco.

En el juicio de las 'black' el asturiano llegó a echarse a llorar durante una declaración en la que dijo sentirse “humillado” a lo largo del procedimiento. En 2022 fue absuelto por el Supremo, junto a los otros 33 acusados, por la ruinosa salida a Bolsa de Bankia, rescatada en 2012 con 22.000 millones de dinero público.

Ahora Norniella se suma a la lista de agraciados por la amnistía cuyos nombres ha salido a la luz. Apenas se conoce un centenar de beneficiarios entre los 30.000 que acudieron a esa medida de gracia para aflorar dinero oculto al Fisco pagando en ocasiones menos de un 3% de lo defraudado. Solo han trascendido unos pocos nombres por procedimientos judiciales e investigaciones periodísticas.

Entre ellos hay decenas de empresarios, la familia del dictador Francisco Franco, un narcotraficante gallego condenado en firme por el Supremo y políticos inmersos en casos de corrupción como Rato, el extesorero del PP Luis Bárcenas y dos exconsejeros de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados y Alberto López Viejo. Ahora se suma Norniella.

El informe sobre los socios de Equipo Económico remitido por la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción recoge que, entre los clientes del despacho de Montoro, además de muchas grandes empresas, patronales y gobiernos del PP, también se encontraba la empresa de congelados Mariscos Castellar, cuyo dueño se acogió a la amnistía fiscal. Radicada en Jaén, de donde es oriundo Montoro, esta empresa pagó 77.450 euros al despacho que fundó el exministro.

Renovación profunda en CaixaBank, con el cambio de un tercio del consejo de administración. Tras la dimisión de José Ignacio Goirigolzarri y su sustitución por Tomás Muniesa en enero, el consejo de la entidad financiera ha acordado proponer a cinco nuevos consejeros para cubrir las vacantes existentes y la reelección de tres de los actuales miembros del órgano de gobierno de la entidad. Los consejeros relevados, a los que les había vencido el mandato, procedían de la antigua Bankia, por la que la entidad da carpetazo a esa etapa (Gorigolzarri también venía del extinto banco madrileño).

El consejo, reunido en València, ha propuesto nombrar a Rosa María García Piñeiro, que cubre la vacante de Goirigolzarri, Luis Álvarez Satorre y Bernardo Sánchez Incera como nuevos consejeros independientes; a Pablo Forero Calderón como externo; y a José María Méndez Álvarez-Cedrón como consejero dominical a propuesta de la Fundación La Caixa.

Asimismo, el consejo ha propuesto la reelección de los actuales consejeros Koro Usarraga Unsain (consejera independiente), Fernando Maria Costa Duarte Ulrich (presidente de BPI, filial lusa de CaixaBank, en calidad de externo) y Teresa Santero Quintillá. Esta última, a propuesta del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como representante del Gobierno en CaixaBank a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Estos cambios se someterán a votación, así como el ascenso de Muniesa a presidente, en la próxima junta de accionistas, que el consejo ha convocado para el próximo 11 de abril en València. Los nombramientos también deberán pasar el examen que somete el Banco Central Europeo (BCE) para este tipo de cargos, el llamado fit and proper.

En declaraciones a los periodistas en el marco de una visita a una promoción de viviendas de construcción industrializada en Madrid, Cuerpo justificó que “es importante” que Santero siga ante el “desempeño” del banco en los últimos años, que “se ha traducido en unos resultados excelentes, que tiene un retorno para los ciudadanos”, informa Servimedia.

Los dos principales accionistas del banco son Fundación La Caixa, a través de Criteria, su brazo inversor, y el Estado, a través del FROB. Entre ambos suman un 49% del capital: Criteria, con el 31%, y el Estado, que ha alcanzado ya el 18%, desde el 16% que recibieron en la fusión, debido a las sucesivas recompras de acciones. Teniendo en cuenta al número de acciones que atesoran, ambos tienen la capacidad de incrementar su peso en el consejo, por encima de los dos representantes que tienen ahora los primeros y el que tiene el Estado. Sin embargo, ninguno ha hecho movimiento alguno al respecto.

El ministro descartó pedir un segundo consejero para el FROB con el fin de mantener el número de independientes. Cuerpo destacó que “es importante que se mantenga el número de independientes que existía anteriormente” para cumplir con las recomendaciones del BCE en cuanto a gobernanza.

Con esta propuesta de nombramientos y reelecciones, el consejo de administración de CaixaBank mantiene la misma estructura de 15 miembros, de los cuales 9 -el 60%- seguirán siendo consejeros independientes. El consejo también seguiría contando con una representación de mujeres que alcanza el 40%, destaca la entidad en un comunicado.

La composición del Consejo de Administración de CaixaBank se completa con los actuales consejeros: Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank y consejero dominical; Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank y consejero ejecutivo; y los consejeros independientes Eduardo Javier Sanchiz Irazu, María Verónica Fisas Vergés, Cristina Garmendia Mendizábal, Peter Löscher y María Amparo Moraleda Martínez. La entidad ha dejado de momento vacante la vicepresidencia de la entidad que ocupaba Tomás Muniesa, el actual presidente.

La próxima junta de accionistas rubricará, además, la pérdida de funciones ejecutivas del presidente de la entidad, tal y como ha reclamado en reiteradas ocasiones el BCE, que insta a las entidades a que los presidentes de los bancos sean independientes y no ejecutivos. Muniesa solo cumple el segundo requisito, ya que es consejero dominical en representación de La Caixa, grupo al que ingresó en 1976. Santander y BBVA, si embargo, siguen manteniendo ambas funciones tanto para Ana Patricia Botín como para Carlos Torres.

Entre los nuevos miembros, García es consejera no ejecutiva independiente de Acerinox, Álvarez es presidente para la región EMEA (Europa, Oriente Próximo y África, en sus siglas en inglés) de la compañía Neoris y presidente no ejecutivo en varias sociedades del ámbito de infraestructura y cables submarinos, y Sánchez es presidente no ejecutivo del consejo de administración de Coface, entre otros cargos. Forero es presidente no ejecutivo de CaixaBank Asset Management, mientras que Méndez es consejero delegado de Cecabank y director general de Ceca.

Resultado récord y futuro ambicioso

CaixaBank cerró 2024 con un beneficio de 5.787 millones de euros, un 20,2% más que en el año anterior, lo que supone un récord histórico, soportado por la evolución de los tipos de interés.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar aseguraba estaba semana, en una reunión con los miembros del Comité Consultivo de accionistas, que los objetivos del plan estratégico de la entidad 2025-2027, son “ambiciosos”, con el foco puesto en “acelerar el crecimiento e incrementar el ritmo de transformación” y con la voluntad de “mantener nuestra esencia, nuestro ADN social, que incluye la vertiente medioambiental”.

Quién

Un tribunal ha confirmado la condena de seis años de cárcel impuesta a un extrabajador de Bankia que estafó más de millón y medio de euros a 33 personas mayores que guardaban sus ahorros en la sucursal del barrio madrileño de Aluche. Los jueces rechazan el recurso del antiguo agente de banca y explican que todas sus víctimas eran personas “de avanzada edad” que confiaban en él porque llevaba sus carteras de inversiones desde hacía años y porque, en palabras de sus propios jefes, hasta entonces parecía un “empleado modelo”. El banco, hoy absorbido por CaixaBank, devolvió el dinero a los afectados y encabezó la acusación penal contra él.

Las sentencias del caso, a las que ha tenido acceso elDiario.es, explican que el condenado trabajaba en una sucursal de Bankia en Madrid y que entre 2018 y 2019 consiguió que un total de 33 clientes le confiaran su dinero para hacer inversiones que no existían. Perpetraba el engaño, según los jueces, abusando de la confianza que había generado en ellos con el paso de los años, y también enseñándoles un simulador de la aseguradora Mapfre, maquillando así sus promesas de que sus productos eran mucho más rentables que sus fondos o cuentas corrientes.

La realidad es que, según declaran probado los jueces, a lo largo de año y medio hizo hasta 73 transferencias de las cuentas de sus clientes a cuentas vinculadas a él, su familia o sus empresas. Transferencias desde las cuentas de 33 clientes que iban desde los 1.287 euros sustraídos a un hombre hasta los más de 152.000 que estafó a un matrimonio. Cuando uno de los estafados empezó a hacer preguntas sobre sus beneficios, el acusado le ingresó una pequeña cantidad a través de un cajero para no levantar sospechas.

Las alarmas, según trascendió en el juicio, saltaron en la sucursal de Bankia en el barrio madrileño de Aluche en pleno verano de 2019, cuando el acusado estaba de vacaciones. Uno de sus clientes engañados, al que más dinero estafó, acudió al banco pidiendo explicaciones sobre por qué no se le habían ingresado sus beneficios. Los trabajadores, tras contactar con la directora de la sucursal, descubrieron la operativa ilegal del acusado: el dinero salía de las cuentas de sus clientes y llegaba a cuentas vinculadas al empleado.

Bankia despidió y denunció al estafador, devolvió los 1,5 millones de euros a los 33 afectados y ejerció posteriormente la acusación contra él una vez absorbida por CaixaBank. Según ha podido saber elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de confirmar la condena que le impuso en primera instancia la Audiencia Provincial: seis años de prisión por un delito continuado de estafa, la obligación de pagar al banco el millón y medio que estafó y pagar, además, una multa de 3.600 euros.

Los jueces absolvieron a la segunda acusada del caso: la suegra del condenado. La mujer, según constató la Audiencia Provincial durante el juicio, constaba como representante legal de una de las empresas que recibía el dinero de las víctimas de su yerno pero no hay pruebas de que supiera lo que estaba pasando con ese dinero y su origen ilegal. Según explicó ella a los magistrados, lo hizo para hacerle “un favor” pero sin saber que detrás de esa fortuna había 33 víctimas de avanzada edad.

Los “actos predatorios” del agente de Bankia

Las dos sentencias del caso explican que el acusado aprovechaba la “confianza” que sus clientes tenían en él, y que eran personas de “avanzada edad”, para conseguir que creyeran que estaba invirtiendo su dinero en complejos y beneficiosos productos de la aseguradora Mapfre. La directora de la sucursal, cuyo testimonio sirvió para apuntalar la acusación contra él, llegó a describirle como un “empleado modelo” que ocultaba su operativa defraudatoria detrás de pequeñas transacciones que no llamaban la atención en el día a día de un banco como Bankia.

En su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia el condenado negó haber estafado a esas 33 personas y llegó a culpar al banco y la denuncia del fracaso de esas supuestas inversiones. Según su versión, había embarcado a sus víctimas en una “sociedad de cuentas de participación”, una estrategia que rechazan los jueces: las empresas y cuentas a las que llevaba el dinero eran “entidades opacas” para evitar ser descubierto.

La inversión que afirma haber endosado a esos clientes, además, es para inversores con un “perfil de inversor empresario, interesado en asumir el riesgo del desarrollo de una actividad mercantil, cuyo fin es siempre incierto”. Un perfil que “no se acomoda” al de las víctimas de este caso, que son “personas de avanzada edad, con poca dedicación al seguimiento de la aplicación de sus fondos”.

El acusado ejecutó, según los jueces, una serie de “actos predatorios” que pudo ocultar hasta que uno de los clientes afectados acudió al banco a pedir explicaciones y fue atendido por otra empleada. Hasta entonces, había hecho pequeños ingresos para “no verse descubierto”. Su condena de seis años de presidio ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.

Fuentes del banco explican a elDiario.es que Bankia “siempre seguía un principio de protección y prevención del riesgo de sus clientes” y que este caso llegó a manos de los tribunales “gracias a sus sistemas de control”, encabezando la acusación contra el defraudador. El resultado, entienden estas mismas fuentes, ha sido “óptimo” tanto por la condena como por la obligación de indemnizar a la entidad con 1,5 millones.

Rodrigo Rato y Figaredo, el todopoderoso vicepresidente económico de José María Aznar, está más cerca de volver a la cárcel. La Audiencia Provincial de Madrid lo condenó este viernes a cuatro años, nueve meses y un día de prisión en la causa por el origen de su fortuna. En una sentencia de 1.200 folios, el tribunal considera probado que Rato defraudó a Hacienda en tres ejercicios, intentó ocultar la procedencia ilícita de parte de su patrimonio y cobró dos millones de euros en mordidas por amañar contratos de publicidad de Bankia. 

La pena está muy por debajo de la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó 63 años de cárcel por 11 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Pero abre la puerta a su regreso a prisión, donde ya estuvo durante dos años tras ser condenado por el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Rato anunció este viernes que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, por lo que el fallo no será firme hasta que se pronuncie. Entre tanto, la Audiencia podría acordar su regreso a la cárcel en caso de que aprecie riesgo de fuga, como ocurrió tras la primera sentencia de la Gürtel, donde las condenas fueron mucho más altas; o imponerle algún tipo de medida cautelar, como el pago de una fianza, sostienen las fuentes consultadas. 

En todo caso, esta segunda condena es un duro golpe para el hombre al que el PP de Aznar entronizó como el símbolo del “milagro económico español”. Tras la condena por gastar casi 100.000 euros con las tarjetas 'black' y su absolución por el fiasco de la salida a Bolsa de Bankia, el expolítico afrontó este tercer juicio con una actitud desafiante. Rechazó contestar a las preguntas de la fiscal anticorrupción, a la que acusó de haber montado una “fabulación”; y cargó contra los funcionarios que investigaron su patrimonio. “No sé de dónde sale esta gente”, “es indignante” o “nos toman por tontos”, fueron los descalificativos con los que se dirigió a los técnicos de Hacienda y al abogado del Estado durante la vista. 

Además, en la última sesión del juicio utilizó su derecho a la última palabra para defender su inocencia y señalar a los ministros de Hacienda y Justicia del Ejecutivo de Mariano Rajoy Cristóbal Montoro y Rafael Catalá como los responsables de esta última etapa de calvario judicial. Dejó caer que meses antes de su mediática detención, cuando fue introducido en un coche de los agentes de Aduanas, ambos estaban al corriente de las actuaciones de la Agencia Tributaria. 

Acusación “monstruosa”

La sentencia demuestra que los jueces que siguieron el más de medio centenar de sesiones de la vista solo han asumido en parte de las alegaciones de su abogada, María Massó, que defendió que toda la causa era un “castillo de naipes” que se derrumbaría con apenas unos “soplidos” y que calificó de “monstruosa” la acusación contra su cliente. Por contra, la fiscal Elena Lorente definió a Rato como un “señor acostumbrado a mandar”, con “extraordinario poder”, pero que hizo del blanqueo y la ocultación de fondos un “modus operandi” y que se presentó ante la Justicia como un “apátrida fiscal” para evitar su condena. 

La realidad es que el fallo limita a tres ejercicios los delitos fiscales frente la durísima acusación de la Fiscalía, que defendía que la actividad delictiva se había iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente, y había seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y de Bankia. Y le atribuía, en consecuencia, 11 delitos fiscales. 

En todo caso, la resolución considera probado que Rato cometió fraude fiscal por una doble vía. Por un lado, ocultando a Hacienda dinero que tenía en el extranjero. Y, por otro, facturando a través de sociedades instrumentales servicios que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica. 

La otra pata de la causa son las supuestas irregularidades de su etapa en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012.

La Fiscalía sostuvo durante el juicio que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. En la vista, Rato negó haber dado ninguna “indicación” a nadie sobre esos contratos con el argumento de que no estaba capacitado porque no era “experto en marketing ni publicidad”. 

Pero en la sentencia los jueces consideran acreditado que Rato cometió un delito de corrupción entre particulares al imponer que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con contratos publicitarios de la entidad a cambio de una mordida de 2.022.154,52 euros. Un dinero que se repartió con Alberto Portuondo, uno de sus supuestos testaferros, también condenado a una pena de tres meses y un día de prisión y una multa de la mitad de la comisión recibida, además del decomiso de esa cantidad. 

No obstante, la Audiencia Provincial absuelve tanto a los empleados de Publicis y Zenith (y a ambas sociedades), como a algunos de sus colaboradores más fieles, que según Anticorrupción habían conformado un “grupo de presión” en la entidad. Es el caso de su secretaria personal desde 1983, Teresa Arellano; o el que fuera su ‘número dos’ en Caja Madrid, José Manuel Fernández Norniella. Los jueces entienden que no participaron en el acto corrupto.

Esta investigación se inició después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012. Ante el tribunal, reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. 

En su informe, la fiscal insistió en que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años”. Su defensa, sin embargo, insistió en que, de esa forma, había “borrado el delito”. La última palabra la han tenido los jueces de la Audiencia Provincial, que han acreditado irregularidades aunque con la intensidad defendida por la Fiscalía. 

La condena de las 'black' y la absolución de Bankia

Rato suma esta condena a la recibida por llevarse dinero de Caja Madrid. En su caso, los 99.054 euros que gastó pasando la tarjeta 'black' con la que pagó viajes a la nieve, fiestas, alcohol y bolsos de lujo. La sentencia, confirmada por el Supremo en octubre de 2018, atribuye a él y a su predecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017, el mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran.

La existencia de estas tarjetas “black a efectos fiscales” fue desvelada en una investigación de elDiario.es en 2013. Fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, de los que pasó algo más de dos entre rejas tras lograr la libertad condicional en febrero de 2021.

El segundo de los juicios a los que se ha enfrentado sí tuvo un buen final para el expolítico del PP. En septiembre de 2020, la Audiencia Nacional lo absolvió a él y a los otros 33 gestores acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia. El tribunal entendió que su desplome tras una salida fallida al mercado no se le podía atribuir al equipo directivo del banco porque las decisiones que se adoptaron estaban basadas, o incluso urgidas, por los supervisores y las nuevas leyes sobre sector financiero que se iban promulgando en España y en la Unión Europea.

Esa fue la línea de defensa que siguió durante este juicio, pues Rato nunca se ha considerado responsable de las actuaciones que llevaron a la ruina a accionistas y preferentistas. En 2012, el banco necesitó una inyección de 22.000 millones de dinero público y Rato acabó saliendo por la puerta de atrás de la mano de su amigo Mariano Rajoy, que llevaba solo unos meses en la Moncloa y tuvo que hacerse cargo del desmoronamiento de una entidad sistémica y en cuyos nombramientos había tenido mucho que ver. 

El precedente de Zaplana

La resolución contra Rato sucede a la que, hace dos meses, dictó la Audiencia de València contra otro de los hombres fuertes de Aznar: el que fuera portavoz del Gobierno y ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Su condena fue más alta, de diez años y cinco meses de prisión, por las comisiones ilícitas que recibió tras intervenir en el proceso de adjudicación de la privatización de las ITV. 

Esa sentencia acredita que Zaplana cobró comisiones ilícitas durante toda su carrera política en el PP. El fallo consideró probado que el exministro, su testaferro y su contable blanquearon mordidas por un total de 16,2 millones de euros en Luxemburgo, Panamá y Andorra y le asignó una conducta “especialmente reprobable” por haber ordenado amañar esa adjudicación millonaria siendo “máximo responsable” del Gobierno valenciano.

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? Nosotros estamos desolados con el horror por la pérdida de vidas humanas y la destrucción material que se vive en Valencia por la peor DANA del siglo. Ha afectado a otras provincias como Albacete o Málaga, pero nada comparado con la virulencia de Valencia. En estas situaciones te das cuenta de la importancia de los servicios públicos. Entiendes porqué es necesario la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ridiculizó la derecha cuando se creó, y no llegas a comprender las razones por las que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (PP), eliminó la Unidad Valenciana de Emergencias. Entiendes el valor de la Sanidad pública, de los bomberos, de los trabajadores públicos que están tratando de salvar vidas y mejorar la situación en las zonas devastadas. 

Ahora voy a aclarar una cuestión porque parece que la derecha no termina de enterarse: los servicios públicos se pagan con impuestos. Sí, como ya habrás oído alguna vez, “los impuestos son el precio que pagamos por la civilización”. Son necesarios para no convertir a la sociedad en una selva en la que solo sobreviven los más fuertes, en este caso, los más ricos. Por eso, es necesario que el Gobierno mantenga el impuesto especial a la banca y a las energéticas.

Va a ser difícil porque el PSOE parece que se ha dado por vencido. Los socialistas han cerrado a un acuerdo con Junts y el PNV para hacer permanente el impuesto especial a la banca pero tumbar al mismo tiempo el que gravaba a las eléctricas. Este pacto no cuenta con el apoyo de Sumar, que ha registrado sus propias enmiendas en el Congreso para tratar de  incluir también a las energéticas en el trámite parlamentario. Hay que dejar claro que empresas como Repsol, Iberdrola, Endesa, Banco Santander, BBVA o Caixabank llevan desde la aprobación del impuesto especial consiguiendo altos beneficios sin que esta nueva figura fiscal haya supuesto un quebranto para sus cuentas.   

Pero desde hace varias semanas los directivos de las compañías energéticas o bancos han iniciado una campaña de desprestigio, amenazas y presión contra el Gobierno de coalición para intentar tumbar el impuesto. Si lo consiguen, España cogería el camino opuesto a lo que proponen los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) apoya “reformas fiscales estructurales” que suban los impuestos a los más ricos y eliminen subvenciones a las empresas. Por otro lado, los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales que participaron en la última reunión del G-20 apuntaron que una fiscalidad más progresiva “es una de las herramientas clave para reducir las desigualdades [...], reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas y promover un crecimiento sostenible, equilibrado e inclusivo”.

Sin embargo, España parece ir en dirección contraria. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya anunció que el impuesto especial estaba en el aire. Tanto el PNV como Junts se han han alineado con los intereses de Repsol para frenar la imposición fiscal. 

Además, no hay que olvidar que la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE este octubre por no haber notificado la trasposición de la directiva para imponer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a las grandes multinacionales. El Gobierno aprobó esa medida en el mes de junio, tras haber recibido un apercibimiento de Bruselas, y el proyecto está en tramitación parlamentaria. Cuidado que puede pasar igual que con el impuesto a la banca y las energéticas y salga un planteamiento absolutamente descafeinado. 

La debilidad parlamentaria del Gobierno está haciendo que las derechas nacionalistas marquen la política fiscal del Ejecutivo central. Si consiguen tumbar el impuesto, gana el Ibex, pero pierdes tú. Si se anula el impuesto, ganan estas multinacionales y pierden los servicios públicos.

Entrepreneurs

No es solo cuestión de las empresas, las personas más ricas buscan continuamente fórmulas para pagar cada vez menos impuestos. Antes eran las sicavs los vehículos de inversión preferidos por los ciudadanos adinerados, pero las mayores exigencias para poder acogerse a la fiscalidad baja de herramienta para grandes patrimonios que puso en marcha el Gobierno de coalición provocó una reducción a mínimos de este negocio y la salida de dos de cada tres clientes. Ahora bien, el dinero nunca duerme y busca continuamente salidas. Si las sicavs ya no sirven se monta otra figura: son las “sociedades de inversión libre” (SIL). Son vehículos que permiten invertir en acciones, deuda pública, inmuebles o incluso obras de arte, pero tienen la ventaja de tributar al 1% en el Impuesto de Sociedades. Exigen una inversión mínima de 100.000 euros (reservada a inversores profesionales) y al menos 25 partícipes. Un privilegio solo para ricos. Aquí te explicamos cómo los multimillonarios españoles dejan de lado las sicavs y se lanzan a crear 'SIL' para pagar un 1% de impuestos.

El dato

117.000 millones de euros

han dedicado inversores extranjeros (fondos, bancos, aseguradoras y minoristas) a la compra de deuda pública de España desde finales de 2022. El interés del capital extranjero por nuestra deuda tumba el mantra de la inseguridad jurídica que constantemente explota una parte del empresariado y la derecha neoliberal. La situación económica española es sólida, gusta en el extranjero, en un contexto impensable hace una década: España se financia más barato que Francia. No solo gusta la deuda, de hecho, el periódico Financial Times destacaba en un artículo esta semana que España se ha convertido en el sexto destino mundial de inversión extranjera directa -tercero en Europa- en sectores como el de energías renovables, automoción, sector inmobiliario y componentes electrónicos. Aquí te explicamos cómo los inversores extranjeros devoran la deuda de España.

De esta manera, mientras las empresas no quieren pagar los impuestos que deben cuando tienen beneficios récord o los multimillonarios encuentran fórmulas para pagar solo el 1%, el españolito de a pie trata de ahorrar para no verse otra vez ante un desahucio o la ruina. La tasa de ahorro de los hogares en España aumentó en el primer semestre de este año hasta rozar el 14% de su renta disponible bruta. Es el nivel máximo desde el récord de la primera parte de 2021 y un comportamiento que sorprende a los economistas cuando se consolida la moderación de la inflación y se da una histórica creación de puestos de trabajo: nuevo récord con 21,8 millones de trabajadores en el tercer trimestre de 2024. ¿Cuál es la razón para este ahorro? Un trauma, sí, un trauma generacional. Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas: “Es el trauma de la crisis financiera, que sabemos que en otros países como Japón llegó a dejar una huella a una generación entera. Tras la crisis financiera, tanto los hogares como las empresas están tendiendo a tener un comportamiento particularmente cauteloso en un entorno incierto”. Aquí te explicamos como el trauma de la crisis financiera está llevando el ahorro de las familias a superar los niveles históricos.

El gráfico

Ahorrar es necesario para acceder a la compra de una vivienda, una misión imposible para los ciudadanos españoles y para los de toda Europa. La vivienda se ha encarecido un 58% en la UE desde 2014, pero además se han disparado muy por encima del crecimiento de los salarios en la inmensa mayoría de los países. Así se ahoga Europa con los precios de la vivienda. 

¿Estás pensando en comprar un piso? Te damos pistas a la hora de elegir un barrio. Aquí te presentamos el mapa de la desigualdad de renta en España. Puedes explorar los nuevos datos de ingresos medios de cada calle (por sección censal en 2022) tras la pandemia y la crisis de inflación. Un mapa que dibuja nuevas fronteras interiores, dibujando brechas entre el campo y la ciudad, el norte y el sur y los barrios ricos frente a los más pobres.

Para solventar el problema de los altos precios del alquiler el Gobierno central diseñó las zonas tensionadas donde los precios tendrían que estar limitados. Las Comunidades Autónomas del Partido Popular se han negado a ponerlas en marcha pese a que salen beneficiados tanto el casero como el inquilino. De hecho, fiscalmente, el arrendador sale ganando. Aquí te explicamos cómo los beneficios fiscales de las zonas tensionadas compensan más a caseros que a inquilinos con las bajadas del alquiler.

Mientras, a pesar de que la situación puede llegar a ser desesperada para muchas familias, los abusos se repiten. Consumo investiga a varias agencias por cláusulas abusivas e ilegales más de un año y medio después de que entrara en vigor la Ley que prohíbe cargar los honorarios a los inquilinos. En este caso hemos cogido in fraganti y con una grabación a una empleada de la agencia RedPiso en la que solicitaba la comisión de la agencia. Aquí tienes la trampa de las inmobiliarias para seguir cobrando honorarios por el alquiler.

Cada vez que habla sube el pan

El sector tiene que hacer una reflexión seria y tratar de explicar a la sociedad que somos útiles

José Ignacio Goirigolzarri — Presidente de CaixaBank 

Con estas palabras José Ignacio Goirigolzarri trataba de explicar el escándalo que ha golpeado al presidente del BBVA, Francisco González, por la contratación del comisario Villarejo para hacer labores que impidieran una OPA por parte de Sacyr. Era 2019, cuando Goirigolzarri era presidente de una Bankia nacionalizada tras una crisis financiera que se llevó por delante a buena parte de las entidades de nuestro país y ahogo económicamente a los ciudadanos. Esta semana se ha confirmado la marcha de un directivo de banca que ha pasado por los mayores puestos de BBVA, Bankia y Caixabank: Goirigolzarri dejará la presidencia del banco catalán a partir del próximo 1 de enero de 2025. Adiós a un histórico de la banca. Goirigolzarri, un superviviente que dejó el BBVA de Francisco González y pilotó el rescate de Bankia.  

Bien público

La información ayuda a tomar decisiones. Nadie duda del poder de las noticias para cambiar a la opinión pública o torcer el brazo a políticos a la hora de legislar. Las empresas lo saben, el poder lo sabe, los políticos lo saben. Desde la irrupción de internet, el periodismo se tiene que enfrentar a unos intermediarios digitales como mucho poder empresarial para tener acceso a los ciudadanos. Han cambiado las plataformas pero la dependencia sigue siendo igual porque estamos hablando de un tráfico, que se traduce en ingresos publicitarios. Los medios españoles han pasado de depender de Facebook a Google Discover. El algoritmo del buscador es opaco pero sobre todo genera grandes corrientes de tráfico hacia contenidos trampa, informaciones sin valor o notas redundantes de supermercados como Mercadona. Igual que te da, te quita. Distribuidores de desinformación. Aquí tienes un reportaje de Carlos del Castillo sobre el 'periodismo de algoritmo' y cómo triunfan titulares engañosos y notas de supermercados. 

Nos gusta la competencia

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Este miércoles, Caixabank ha confirmado un adiós que muy pocos esperaban en el sector financiero, pese a que era un movimiento que tarde o temprano iba a ocurrir: la marcha de José Ignacio Goirigolzarri de la presidencia de Caixabank a partir del próximo 1 de enero de 2025. Con su paso atrás dice adiós al banco un histórico del sector, con varias vidas laborales a sus espaldas en tres de las mayores entidades nacionales: BBVA, Bankia y Caixabank.

Nacido en Bilbao en 1954 y licenciado en Economía por la universidad de Deusto, Goirigolzarri es un superviviente de la gran banca española, con el bagaje, sobre todo, de haber pilotado el rescate de Bankia. Tras la fusión de esta con Caixabank en 2021, ha ejercido como presidente ejecutivo, en una entidad en la que el Estado mantiene el 17% del accionariado. Sin embargo, el poder ejecutivo estaba –y seguirá– en manos del consejero delegado, Gonzalo Gortázar, con CriteriaCaixa, el holding de la Fundación Bancaria La Caixa, como primer accionista, con el 31,7% del capital.

“No he venido aquí a depurar responsabilidades”. Esa fue la respuesta de Goirigolzarri a los medios de comunicación cuando en mayo de 2012, en plena crisis financiera, fue nombrado presidente de Bankia después de que la entidad saltara por los aires en el descalabro de las cajas de ahorros. Fue el elegido para sustituir a Rodrigo Rato en la presidencia de Bankia, con la misión de tratar de poner orden a sus finanzas. Lo consiguió porque el Estado entró en el capital de la entidad con una inyección de fondos públicos de más de 20.000 millones de euros con la que solventar una gestión por la que ningún responsable de la entidad ha acabado siendo condenado. 

Goirigolzarri estuvo casi una década al frente de Bankia, desde ese 2012 y hasta 2021, cuando se concretó su fusión con Caixabank. En realidad, esa fue su segunda vida en el sector financiero. Su primera experiencia al mando de un gran banco la vivió en el BBVA, donde estuvo casi tres décadas, procedente del antiguo Banco Bilbao. 

Mano derecha de Francisco González en BBVA 

Ahora, en el momento de decir adiós a Caixabank, Goirigolzarri tiene 70 años. En 2009, tenía 55. Fue entonces cuando pactó con BBVA una jubilación anticipada y dorada, que le duró menos de tres años. 

Cuando la burbuja ya comenzaba a pincharse y medio mundo vivía una gran crisis financiera, Goirigolzarri presentó su dimisión como consejero delegado de BBVA, cargo que había ejercido durante nueve años. El motivo, según publicaron varios medios: que Francisco González había decidido permanecer como presidente de la entidad, al menos hasta cumplir los 70. Su cargo pasó a manos de Ángel Cano, que permaneció casi cinco años, cuando fue relevado por Carlos Torres. En realidad, el poder de BBVA permaneció en manos de González, hasta que en 2019 dijo adiós tras el escándalo Villarejo, un juicio aún pendiente de sentencia.

Tampoco su llegada al puesto de consejero delegado de BBVA estuvo exenta de polémica, porque llegó después de que los exdirigentes del antiguo BBV, Emilio Ybarra y Pedro Luis Uriarte, tuviesen que dimitir al descubrirse que el banco mantenía cuentas secretas en el paraíso fiscal de Jersey para financiar sus remuneraciones. Les costó el cargo. En ese momento, diversas fuentes señalaron a Francisco González, que contaba con el respaldo del Ejecutivo de José María Aznar, de una filtración que le permitió auparse a la presidencia de BBVA. Ybarra, que falleció en 2019, acabó siendo condenado por la Audiencia Nacional en 2005, pero solo a seis meses de cárcel, por un delito de apropiación indebida, ya que tuvo en cuenta atenuantes de “confesión”.

Su sueldo en Bankia y Caixabank

Tras su nombramiento como presidente de Bankia en 2012, la entidad rescatada le fijó un sueldo de 500.000 euros, que mantuvo durante cinco ejercicios consecutivos, aunque durante años posteriores lo elevó a 800.000. Durante la pandemia, volvió a recortarse su retribución hasta los 500.000 euros. Sin embargo, la fusión con Caixabank volvió a inyectar oxígeno a su sueldo, que el año pasado alcanzó los 2,25 millones de euros. En conjunto, desde que Goirigolzarri se puso al frente de Bankia y en la posterior presidencia de Caixabank ha percibido más de 11,2 millones de euros. 

Ahora, como presidente, aunque no ejecutivo de Caixabank, le sustituye Tomás Muniesa, un hombre de la casa. Muniesa ha estado al frente del negocio asegurador –VidaCaixa y SegurCaixa Adeslas– y desde abril de 2018 ya ejercía como vicepresidente, así que no será una revolución interna.

Muniesa lleva casi 50 años en el banco, al que se incorporó en 1976 y ya es miembro del consejo de administración, donde está en representación de Criteria. No se incorporará al cargo hasta el próximo 1 de enero y no tendrá tanto poder como Goirigolzarri, porque todos los cargos ejecutivos permanecen en manos de Gonzalo Gortázar.

L’èxit se’l beuen les estreles, però el construeixen els secundaris. Els actors de repartiment. Els Pepe Isbert i Manuel Aleixandre, en el cinema; els Sergio Busquets, en el futbol. Els José Luis Olivas, en la política. Comença a ser l’hora que es faça justícia i es reconega el paper de l’expresident de la Generalitat (sí, ho va ser) com a aconseguidor en la penombra dels principals escàndols que han esguitat el seu germà major en els negocis polítics, Eduardo Zaplana. En la cinquena jornada del judici Erial està previst que declare Olivas, si hi ha temps. Probablement el seu interrogatori s’ajornarà a dimecres. Perquè abans que ell estan cridats a comparéixer l’ex-cap de gabinet de Zaplana, Juan Francisco García, Juanfran; Mitsouko Henríquez, secretària de l’estrela d’aquesta causa judicial, i els germans Vicente i José Cotino. A última hora s’ha programat la declaració, per a arrancar la jornada de dimarts, de Francisco Pérez, el Gasofa.

El fiscal Pablo Ponce demana sis anys de presó per a Olivas. Fins i tot en això se’l discrimina. Poca cosa si es compara amb els 19 que reclama per a Zaplana o els 14 per al mateix Juanfran o per als Cotino, o 8, per al testaferro Joaquín Barceló, Pachano, o per al comptable, Francisco Grau.

Olivas se l’acusa d’haver cobrat una mossegada de l’empresa de la família Cotino Asedes Capital, per haver-los afavorit amb la concessió del Pla Eòlic Valencià. Una adjudicació de l’etapa en què Olivas va ser president (de juliol del 2002 a juny del 2003), després de la fugida de Zaplana a Madrid per a ser ministre amb Aznar. Asedes era propietària del 25% de Proyectos Eólicos Valencianos, beneficiària d’aquesta concessió. La comissió il·legal es va disfressar com a “serveis d’assessorament” per a la venda d’aquesta participació d’Asedes a un tercer. Van ser 580.000 euros facturats a través de la consultora Imarol, propietat d’Olivas i de la seua dona, Mercedes Álvarez. El més curiós de l’assumpte és que Olivas va ser condemnat el 2017 a un any i mig de presó i una multa de 151.800 euros precisament per haver falsificat aquesta factura pagada per Vicente Cotino. L’empresari també va ser condemnat. Ja ho havia sigut en Gürtel, per delicte electoral i falsedat documental en les aportacions a la campanya del PP. Va commutar els 15 mesos de presó per una multa de 109.500 euros.

L’expresident Olivas va ser incapaç de justificar aquesta facturació, malgrat que va presentar un informe d’endreç i d’última hora, de tres pàgines, però sense cap contracte de prestació de serveis que sustentara el cobrament d’aquest més de mig milió d’euros. El fiscal d’Erial considera que aquests diners es van abonar com a pagament de favors per l’adjudicació pública esmentada.

Sí, José Luis Olivas, reclama un capítol en lletres d’or en la història de la corrupció valenciana. Mereix un respecte. Com a mínim, el que li professen en aquest local de moda de la seua estimada Xàbia en què sempre ha sigut, és i serà “don José Luis”.

Zaplana no solament el va triar per a guardar la cadira a Francisco Camps l’any de legislatura que quedava fins a les eleccions del 2003. Va ser, també, l’encarregat de gestionar les últimes comandes i cobraments de la multinacional del tripijoc que sempre ha sigut Eduardo Zaplana.

Don José Luis mai li ha tingut una descortesia. Provenia del planter de Rita Barberá (la va secundar en la llista municipal del 1991) i es va convertir en el primer conseller d’Economia i Hisenda amb Zaplana. Des d’aquesta talaia va personalitzar el projecte socialista que es va quedar en el calaix el 1995 i el va convertir en la Ciutat de les Arts i les Ciències, per a la qual va idear fins i tot un “xorret”, una font que va acabar esborrada del pla. Don José Luis va controlar el moviment de terres, camions i altra intendència en el complex de Cacsa i va estar en les cuines del Pacte del Pollastre, l’acord de govern amb Unió Valenciana. També en la solució favorable per a Zaplana del cas Sanz, i fins i tot en l’elaboració del contracte de l’IVEX amb Julio Iglesias. Com a excel·lent ajudant de cuina que ha sigut el julivert de totes les salses, el cap Zaplana li va encarregar la missió de lligar la CAM i Bancaixa, però aquella Corporació Financera va naufragar.

En agraïment a tant i tan desinteressat servei, Zaplana el va premiar amb la presidència de Bancaixa i del Banc de València. Des d’aquest lloc va contribuir a l’enfonsament del sistema financer valencià. Entre altres factures judicials pendents està la seua presumpta responsabilitat en el desfalc de 750 milions d’euros de les dues entitats bancàries esmentades pels préstecs laxos als promotors Juan Vicente Ferri i José Salvador Baldó per al projecte immobiliari Grand Coral al Carib mexicà. Aquests empresaris, curiosament de Benidorm, van fer una pilota urbanística de 250 milions entre el 2005 i el 2009. Olivas i altres directius de Bancaixa i el Banc de València, com Domingo Parra o Aurelio Izquierdo, estan pendents d’aquest judici.

El éxito se lo beben las estrellas, pero lo construyen los secundarios. Los actores de reparto. Los Pepe Isbert y Manuel Aleixandre, en el cine; los Sergio Busquets, en el fútbol. Los José Luis Olivas, en la política. Empieza a ser hora de que se haga justicia y se reconozca el papel del ex presidente de la Generalitat (sí, lo fue) como muñidor en la penumbra de los principales escándalos que han salpicado a su hermano mayor en los negocios políticos, Eduardo Zaplana. En la quinta jornada del juicio Erial está previsto que declare Olivas, si da tiempo. Probablemente su interrogatorio se aplazará al miércoles. Porque antes que él están llamados a comparecer el ex jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, Juanfran; Mitsouko Henríquez, secretaria de la estrella de esta causa judicial, y los hermanos Vicente y José Cotino. A última hora se ha programado la declaración, para arrancar la jornada del martes, de Francisco Pérez, el Gasofa.

El fiscal Pablo Ponce pide seis años de prisión para Olivas. Hasta en eso se le discrimina. Poca cosa si se compara con los 19 que reclama para Zaplana o los 14 para el propio Juanfran o para los Cotino, u 8, para el testaferro Joaquín Barceló, Pachano, o para el contable, Francisco Grau.

A Olivas se le acusa de haber cobrado una mordida de la empresa de la familia Cotino Asedes Capital, por favorecerles con la concesión del Plan Eólico Valenciano. Una adjudicación de la etapa en la que Olivas fue presidente (de julio de 2002 a junio de 2003), tras la huida de Zaplana a Madrid para ser ministro con Aznar. Asedes era propietaria del 25% de Proyectos Eólicos Valencianos, beneficiaria de esa concesión. La comisión ilegal se disfrazó como “servicios de asesoramiento” para la venta de esa participación de Asedes a un tercero. Fueron 580.000 euros facturados a través de la consultora Imarol, propiedad de Olivas y de su esposa, Mercedes Álvarez. Lo más curioso del asunto es que Olivas fue condenado en 2017 a año y medio de prisión y una multa de 151.800 euros precisamente por falsificar esa factura pagada por Vicente Cotino. El empresario también fue condenado. Ya lo había sido en Gürtel, por delito electoral y falsedad documental en las aportaciones a la campaña del PP. Conmutó los 15 meses de prisión por una multa de 109.500 euros.

El ex presidente Olivas fue incapaz de justificar esa facturación, pese a que presentó un informe de aliño y de última hora, de tres páginas, pero sin ningún contrato de prestación de servicios que sustentara el cobro de ese más de medio millón de euros. El fiscal de Erial considera que ese dinero se abonó como pago de favores por la citada adjudicación pública.

Sí, José Luis Olivas, reclama un capítulo en letras de oro en la historia de la corrupción valenciana. Merece un respeto. Como mínimo, el que le profesan en ese local de moda de su querida Xàbia en el que siempre ha sido, es y será “don José Luis”.

Zaplana no solamente lo eligió para guardarle la silla a Francisco Camps en el año de legislatura que quedaba hasta las elecciones de 2003. Fue, también, el encargado de gestionar los últimos pedidos y cobros de la multinacional del chanchullo que siempre ha sido Eduardo Zaplana.

Don José Luis nunca le ha hecho un feo. Provenía de la cantera de Rita Barberá (la secundó en la lista municipal de 1991) y se convirtió en el primer Conseller de Economía y Hacienda con Zaplana. Desde esa atalaya tuneó el proyecto socialista que se quedó en el cajón en 1995 y lo convirtió en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, para la que ideó hasta un “chorrito”, una fuente que acabó borrada del plano. Don José Luis controló el movimiento de tierras, camiones y demás intendencia en el complejo de Cacsa y estuvo en las cocinas del Pacto del Pollo, el acuerdo de gobierno con Unión Valenciana. También en la solución favorable para Zaplana del caso Sanz, y hasta en la elaboración del contrato del IVEX con Julio Iglesias. Como excelente ayudante de cocina que ha sido el perejil de todas las salsas, el jefe Zaplana le encargó la misión de ligar a la CAM y a Bancaja, pero aquella Corporación Financiera naufragó.

En agradecimiento a tanto y tan desinteresado servicio, Zaplana lo premió con la presidencia de Bancaja y del Banco de Valencia. Desde ese puesto contribuyó al hundimiento del sistema financiero valenciano. Entre otras facturas judiciales pendientes está su presunta responsabilidad en el desfalco de 750 millones de euros de las dos citadas entidades bancarias por los préstamos laxos a los promotores Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó para el proyecto inmobiliario Grand Coral en el Caribe mejicano. Estos empresarios, curiosamente de Benidorm, dieron un pelotazo de 250 millones entre 2005 y 2009. Olivas y otros directivos de Bancaja y Banco de Valencia, como Domingo Parra o Aurelio Izquierdo, están pendientes de ese juicio.

La antigua inmobiliaria de Bankia no levanta cabeza. Bankia Habitat SL, en manos de Caixabank tras su absorción en el marco de la fusión entre ambas entidades, ha declarado unas pérdidas antes de impuestos de 13 millones de euros en 2022, según las últimas cuentas anuales depositadas ante el Registro Mercantil. Caixabank tomó el control efectivo de Bankia en 2021 y procedió a la venta a BuildingCenter SAU de la participación en Bankia Habitat. Con un patrimonio neto de 716 millones de euros, la firma ha aumentado sus gastos de explotación de 12 millones de euros en 2021 a 16 millones al año siguiente.

El inmovilizado material (el patrimonio inmueble de la empresa) baja de 1,4 millones a apenas 912.000 euros en el último ejercicio declarado. También, en menor medida, descienden las inversiones inmobiliarias, que se sitúan en 7,2 millones frente a los 7,9 millones de 2021.

Bankia Habitat SL, una firma puramente instrumental y sin empleados, cuenta con inversiones inmobiliarias (entre viviendas, suelos, oficinas y locales) que suman 19.678 metros cuadrados, mayoritariamente en la Comunitat Valenciana y en Catalunya.

La memoria de las cuentas alude a la “intensidad y persistencia de las presiones inflacionistas” a consecuencia de la guerra en Ucrania y al incremento de la regulación en materia de vivienda. “Se observa la necesidad de continuar manteniendo una monitorización constante de las novedades legislativas estatales y autonómicas en el ámbito de la vivienda y de su implementación, dada la elevada actividad de legisladores”, indica la memoria.

La sociedad arrastra participaciones en cuatro empresas inmobiliarias en México (tres de ellas en proceso de liquidación). En Proyectos y Desarrollos Hispanoamericanos posee una participación del 7%, con unos activos de 15,4 millones de euros. Se trata de la empresa cuyas operaciones urbanísticas en la Riviera Maya fueron investigadas por la Fiscalía mexicana, tal como informó este diario.

Por otro lado, Bankia Habitat SL figura como responsable civil subsidiaria en la causa abierta en la Audiencia Nacional tras una querella de la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia por un supuesto delito continuado societario de falsedad en las cuentas anuales de 2009 y 2010. El juez dictó la apertura de juicio oral el 31 de octubre de 2022. “La sociedad ha tratado este procedimiento judicial como un pasivo contingente cuyo resultado final es incierto a la fecha”, indican las cuentas anuales.

La inmobiliaria superó el procedimiento inspector que arrastraba, en relación al impuesto de sociedades entre 2011 y 2013, “sin impacto relevante”. Sin embargo, Bankia Habitat SL tiene abiertas inspecciones por los últimos cuatro ejercicios, aunque considera que se han “practicado adecuadamente” las liquidaciones y las posibles “discrepancias” no afectarían a las cuentas anuales.

Ha estado en el cielo y en el infierno. Ahora en el limbo de la jubilación, tras haberlo sido casi todo en el mundo político y económico -vicepresidente económico con José María Aznar, director gerente del FMI y presidente de Caja Madrid y de Bankia-, Rodrigo Rato (Madrid. 1949) vuelve con un libro, que ha escrito junto a su pareja, la periodista de El País Alicia González, para contar su visión personal de los años de agonía que sufrió España con la crisis financiera, 'Hasta aquí hemos llegado' (Editorial Península). Rato no duda en ajustar algunas cuentas con sus antiguos compañeros de Gobierno, especialmente con el que fuera ministro de Economía, Luis de Guindos, al que señala como el instigador de su defenestración para “poder pedir un rescate bancario porque España no tenía dinero en el invierno-primavera del 2012” y “el rescate tipo Grecia era inviable por el tamaño de la economía española”.

Tras pasar 23 meses en la cárcel por la condena por apropiación indebida de cuatro años y medio por el caso de las tarjetas black, que destapó elDiario.es, Rato admite que “fue un error”, pero recalca que le duele que no le aplicaran el atenuante a su pena por haber devuelto el dinero. Al final, está convencido de que su condena era una forma de cerrar ante la opinión pública la crisis: “La foto de mi entrada en la cárcel era el colofón necesario de este escándalo. Si yo no entraba en la cárcel, habida cuenta de la tragedia de Miguel Blesa, aquí no había foto. Estas cosas mediáticas necesitan una foto”. Todavía está pendiente de otro juicio por supuestos cobros indebidos de dos agencias de publicidad.

Lo primero, le quiero agradecer la entrevista, sinceramente no creía que nos la fuera a dar, elDiario.es fue el medio que publicó la existencia de las tarjetas black de Caja Madrid en diciembre de 2013, con la investigación de los correos del que fuera presidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Tras la revelación de este medio, la dirección de la nueva Bankia encargó una auditoría interna y el Frob la puso a disposición de la Fiscalía Anticorrupción.

No es culpa de ustedes, es culpa del que filtró los correos de Miguel Blesa. Yo supongo quién fue. Es una enfermedad que tiene nuestro sistema de protección de datos: se filtran documentos confidenciales que están en procedimientos judiciales. Aunque también es la culpa del que escribió black, porque si hay algo que no es black es una tarjeta de crédito. La prueba es que se sabía cuándo y en qué habíamos gastado el dinero. Alguien hizo la gracieta con la filtración y se nos cayó el pelo.

¿Quién cree usted que hizo la filtración? 

No me voy a meter... Tengo pocas ganas de nuevos problemas.

¿Entiende que haya dudas de que al hombre al que se le atribuye el milagro económico español de la era Aznar se le escapara que el gasto de unas tarjetas debería ser fiscalizado por Hacienda?

Las tarjetas estaban declaradas en el Impuesto de Sociedades de Caja Madrid. Bankia también las declara en el año 2012 en su Impuesto de Sociedades. La información de las tarjetas no se ocultó y Hacienda estaba al tanto de su uso. En el caso de mis cargos había una parte de ellos que ponía 'Bar por la noche' y que eran en el extranjero, en ese país era de día, pero por la hora creían que era un bar por la noche. Lo que quiero decir con esto es que era una prueba realmente llena de agujeros. Hay cinco actas del Banco de España donde sale el paquete remunerativo y aparecen las tarjetas. La discusión estaba en si esos pagos, además de ser deducibles del Impuesto de Sociedades, tenían que ser aplicados en las retenciones del IRPF, pero eso nunca se supo porque no hubo investigación. No hay un acta de Hacienda que diga que esos cargos no estaban declarados.

Comprendo que en mi caso, con mi posición, estar metido en un lío así, con razón o sin ella, es lo que me lleva a entrar en la cárcel y por eso salgo a decir lo siento a la gente.

Usted señala en el libro que las tarjetas black podrían ser una chapuza, pero no era en absoluto un sistema de retribución opaco a Hacienda. ¿De verdad cree que le condenaron a cuatro años y medio de cárcel por una chapuza?

Que a mí me condenaron a cuatro años y medio por apropiación indebida es un dato objetivo. También que soy el único de todos los condenados que, habiendo devuelto el dinero, no he tenido atenuante. La jurisprudencia está llena de sentencias por actos similares pero con condenas diferentes, porque depende del criterio del juez. Los órganos judiciales son inevitablemente humanos... Ahora, a mí me duele que habiendo devuelto todo el dinero antes de que empezara la investigación no se me haya aplicado ese atenuante.

¿Cree usted que ha sido un chivo expiatorio?

La foto de mi entrada en la cárcel era el colofón necesario de este escándalo. Si yo no entraba en la cárcel, habida cuenta de la tragedia de Miguel Blesa, aquí no había foto. Estas cosas mediáticas necesitan una foto.

Pero usted trasladó ese sistema de tarjetas opacas de Caja Madrid a Bankia.

Eso fue un grave error. Bankia nos debía un dinero a un grupo de directivos por el bonus del año 2011 y utilizamos las tarjetas para cobrarlo. Ese fue el error, pero estamos hablando de 12.000 o 15.000 euros, no estamos hablando de una locura.

Con el escándalo de las tarjetas black, además de entrar en la cárcel, usted perdió trabajos e incluso le echaron de clases de yoga. ¿Sigue sintiendo esa presión?

No, todo en la vida va con su tiempo. Hay unos años de una presión terrible, pero ha bajado muchísimo. Yo sigo siendo una persona imputada y he sido condenada. Los bancos no te quieren, las agencias de inversión no te quieren, ni siquiera eres un cliente que acepten fácilmente. Acaba de salir una sentencia, que ha ganado una persona que conozco, en la que el Supremo dictamina que los bancos a personas imputadas o condenadas no los pueden echar como clientes. Además, hay un pozo negro reputacional... si sales de determinada manera en Google, olvídate. Creo que esto merecería una revisión.

En el libro explica que durante su etapa de ministro no era partidario de las amnistías fiscales, pero luego se acogió a la que aprobó Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy. ¿No es contradictorio?

Bueno, como político, cuanto tuve responsabilidades como ministro de Economía y Hacienda, siempre he pensado que las amnistías fiscales son complicadas de hacer y políticamente son difíciles de manejar. De hecho, se ha puesto de manifiesto que esta última era una chapuza. Yo vivía en el extranjero y recibí un dinero de mi padre. Quería repatriarlo y con una amnistía fiscal era más fácil. En ese momento no tenía ningún cargo público. Puede parecer bien o mal, pero si me conviene y lo han aprobado, ellos sabrán lo que han hecho. Luego resultó que la norma estaba mal hecha, que era inconstitucional. Se filtraron mis datos. Soy el único del que se sabe que me acogí a la amnistía.

Se han conocido más casos. En elDiario.es hemos publicado los nombres de más personas que se acogieron a esa amnistía fiscal.

Puede ser, lo desconozco. Lo que seguro que no le ha pasado a nadie es que el ministro de Justicia [Rafael Catalá] comente mi caso en la televisión. El Gobierno aprueba una norma y luego... Mire, no voy a poner más ejemplos porque nos vamos a meter en líos.

Sobre la amnistía fiscal que aprueba Montoro como ministro de Hacienda llega a decir en el libro: “Me pareció que ellos [Cristóbal Montoro y Ricardo Martínez Rico] tenían claro que a algunos de los clientes podía venirles bien”, ya que anteriormente Montoro y Martínez Rico tenían un despacho de asesoría fiscal, Estudio Económico. 

Tenían un despacho de asesoría fiscal, no era una ortopedia. Cuando ellos me comentaron que la experiencia de Silvio Berlusconi en Italia había sido muy satisfactoria porque había recaudado mucho dinero, los escuché y pensé que sabían de lo que hablaban porque tenían un despacho de asesoría fiscal...

Pero en el libro parece que lo dice con segundas...

No, no lo digo ni con segundas ni con primeras. ¿Si usted es asesor fiscal y al mismo tiempo piensa que cuando sea ministro va a hacer una amnistía fiscal? Pues no me parece descabellado pensar... La verdad es que yo no lo afirmo, simplemente digo que me pareció que a sus clientes les podría venir bien porque estaban en ese negocio. No sé si alguno de sus clientes se ha acogido a la amnistía fiscal. Sería una bonita pregunta: ¿Alguno de los clientes de Estudio Económico se acogió a la amnistía fiscal? Es una pregunta que le ofrezco gentilmente.

Teniendo en cuenta las tarjetas black y que se benefició de una amnistía fiscal, entiende que haya gente que le vea como una persona poco transparente con el dinero.

Es el motivo por el que pedí perdón. He sido una figura pública privilegiada. España me ha dado unas oportunidades estupendas. He sido vicepresidente ocho años y director gerente del Fondo Monetario Internacional, que son los dos cargos más importantes que he tenido. No tendría que haberme encontrado con el problema de si en mi declaración de la renta del año 2010 se tenía o no en cuenta mi tarjeta. Son errores de juicio que he cometido, lo he reconocido en público y también en el libro.

En el libro dice que se castigó a las cajas porque financiaron todas las viviendas posibles, lo cual no deja de ser paradójico porque una parte del milagro económico de su Gobierno fue una liberalización del suelo que impulsó la burbuja inmobiliaria.

No estoy de acuerdo. Que se aumente la capacidad de producción de un bien no quiere decir que aumenta la venta, porque si fuera así no habría más que producir calcetines sin parar y se venderían todos. No es así. La liberalización del suelo lo que intenta es que haya más suelo para construir. Si se construye o no se construye no depende de la liberalización del suelo sino de la financiación. Además, el Tribunal Constitucional declaró que la liberalización del suelo que aprobamos contravenía las normas autonómicas y la suspendió. Aquí la liberalización del suelo no pasó nunca. En España se produjo un problema de endeudamiento. El stock de deuda en España se dobló en dos años. Aquí se endeudó todo el mundo hasta las cejas con casas, coches, viajes... Todo el país se endeudó de una manera terrible y explotó.

Además de los ciudadanos, lo pagaron las cajas con su desaparición. 

A las cajas se las castigó con un coste excesivo. Las cajas habían financiado el acceso a la vivienda de la clase media española y el acceso a la financiación de las pymes. La financiación a la vivienda, como estamos comprobando en estos momentos, necesita de alguna manera una participación pública. Mientras existieron las cajas era una financiación más sencilla y más barata. Las cajas no tenían accionistas, no tenían que dar dividendos, eran una competencia muy pegada al terreno. Tenían una influencia política que los bancos no tenían.

Algunos bancos tuvieron y siguen teniendo mucha influencia política.

Puede ser, pero que levante el dedo el empresario que no la tiene.

A usted le pidió la dimisión como presidente de Bankia el ministro de Economía Luis de Guindos en una cena en su despacho del Ministerio donde estaban los presidentes del Santander (Emilio Botín), del BBVA (Francisco González) y de La Caixa (Isidre Fainé). Parecía que algo de influencia política tenían.

Fue una cosa que no he visto en la vida. No iba preparado para discutir las provisiones que necesitaba Bankia con la competencia. Me citó el señor De Guindos el domingo de Resurrección del año 2012, un día malísimo para todos. Estábamos cenando, hablamos del mercado, de la marcha de la economía y, de repente, ante mi estupor, Guindos me dice que les cuente cómo está Bankia. Me negué pero él insistió, aguanté el temporal como pude. Acabó la cena y Guindos encargó al presidente del BBVA que negociara conmigo cuáles eran las provisiones que necesitaba Bankia. Claro, no me salió de las narices. El BBVA no era el financiador. Habría que recordar que este banco había sido el heredero del Banco de Crédito Local, tenía a todos los ayuntamientos en la barriga, querría yo ver las cuentas de todo eso. Aquí los pecados los sabemos todos. El gobierno en su conjunto no tenía ninguna decisión tomada. Pero de repente, se tomó, me tuve que ir y se quedaron tan contentos.

E insisto, no había precedentes de una reunión así, ni con el PSOE ni con nosotros, pero... ¿Usted ha visto precedentes de lo que pasó con el Banco de Madrid? ¿Usted ha visto precedentes de lo que pasó en la casa de Luis Bárcenas? ¿Usted ha visto precedentes a lo que ha pasado con el CNI y el señor Zaplana? Era un gobierno muy ligero.

Cuenta en su libro que Mariano Rajoy, en un debate televisivo con el candidato del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, se negó a la creación del banco malo. Usted lo achaca a la presión del Santander y del BBVA, que en ese momento lo dirigían Emilio Botín y Francisco González. Recuerda que pensó: “Caray, lo que mandan Emilio y Paco”. ¿Realmente quién manda en España es la gran banca?

No lo sé. Ellos no querían un banco malo en España por la penalización de los mercados, como si no supieran cómo estaba la economía española, y porque las dos entidades no lo necesitaban. Defendían sus intereses sin incumplir la ley. Pero el gobierno lo tenía que hacer. El primero que tenía que haber planteado el banco malo fue José Luis Rodríguez Zapatero. Lo defendí como presidente de Caja Madrid y de Bankia. Hoy lo sigo defendiendo, es una necesidad para España. Que en un debate en televisión, un político de las características dialécticas de Mariano Rajoy se mojara tanto en contra del banco malo me sorprendió. Tuvo que venir la UE a obligarnos a hacer un banco malo, pero ya era tarde.

Se sintió traicionado cuando el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, se echó atrás en la fusión Caixa-Bankia, que habían acordado inicialmente como cuenta en su libro.

No, eran negociaciones. Habían ido muy bien, aunque había algún problema por el tamaño y también tenía sus implicaciones políticas. Yo no tenía prisa o creía que no tenía prisa. Fainé trató de renegociar una parte. Era a finales de noviembre, lo dejé, y después intervino el Gobierno. El ministro De Guindos quería forzarme a una fusión con La Caixa, sin ayudas. Traté de corroborar con otras partes del Gobierno si era la posición general y me dijeron que no. Esto ocurre en enero y me echan en mayo.

En su libro apunta que Deloitte retrasó su auditoria de las cuentas de Bankia, lo que permitiría que una nueva dirección del banco rehiciera las cuentas. ¿Estaban confabulados para echarle?

Deloitte, como cualquier otro auditor, tiene la obligación legal y contractual de presentar su opinión sobre unas cuentas en una fecha. De manera informal le había dado la opinión al presidente de la Comisión de Auditoría y al interventor general de Bankia, pero se negó a dar su opinión de manera oficial. Presentamos las cuentas, sin la opinión del auditor, a la CNMV y la acción no sufrió. Si Deloitte hubiera emitido su opinión, aunque fuera con salvedades, no se hubieran podido reformular las cuentas. Pero Deloitte avaló posteriormente que la nueva dirección [con José Ignacio Goirigolzarri como presidente] reformulara las cuentas de 2011 por hechos sobrevenidos en 2012, lo que es irregular. Lo dijo la Fiscalía y el Frob en el juicio de Bankia. Hasta que a Deloitte lo imputan en el caso Bankia, sigue trabajando para la nueva dirección de la entidad. Luego los absolverían como a todos. No es lo que yo sospeche, es que la historia es así. No hace falta ser muy listo. 

También dice en el libro que el ministro De Guindos le comentó que Goldman Sachs había hecho unos cálculos sobre las necesidades de capital de Bankia mucho mayores el mismo día que le pidió la dimisión. Posteriormente, José Ignacio Goirigolzarri, ya como presidente de Bankia, explicó que Goldman Sachs había calculado esas necesidades en 19.000 millones. ¿Estaba al tanto o colaboró Goirigolzarri en la operación para desbancarle?

Las necesidades de capital de un banco europeo las fija el regulador. Por cierto, en ese momento el Banco de España tenía 15 personas dentro de Bankia a todas horas. Un banco de inversión americano puede decir lo que le dé la gana, a saber los intereses que tiene. El señor De Guindos utilizó a Goldman Sachs porque no tenía un informe del Banco de España. Una semana después, en una comparecencia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que era el gobernador del Banco de España, dice en las Cortes que él no ha tenido nada que ver con el caso Bankia y que el Gobierno le ha pedido silencio. Se le exige silencio al regulador ante la mayor intervención bancaria de España y se exhibe a Goldman Sachs, que es un banco de inversión que cobra. Qué quiere que le diga.

Otra cosa que no se ha explicado. En 2017 se coloca un 7% del capital de Bankia por debajo del precio del valor en libros. Es una colocación privada confidencial a inversores institucionales cuando pocas semanas antes, la dirección de Bankia había anunciado que iba a devolver el exceso de capital que tenía.

¿Y qué papel juega el señor Goirigolzarri en todo esto?

Es el señor que acaba siendo presidente de Bankia. He hablado con él dos veces en mi vida. Tengo referencias muy buenas de él como profesional. En 2017 la cuenta de resultados es tan paupérrima que está muy por debajo de sus competidores. Es un hecho que con 25.000 millones de ayudas públicas no consiguió que sus beneficios respondieran a su tamaño, la frase es suya. Con él se nacionalizan las cajas, luego desaparecen y, en 2021, a Bankia la absorbe La Caixa.

Pero entonces, ¿fue necesario el rescate de Bankia?

No. El banco cumplió con todos los requisitos en cuanto a provisiones que se establecieron con los decretos que aprobó el ministro De Guindos. Todo lo que vino detrás fue una decisión política. El desastre de Bankia proviene de una intervención mal organizada, que es donde se produce la caída de la acción y la retirada de depósitos. Hasta ese momento, pese a las opiniones del FMI y a Francisco González, presidente del BBVA, hablando mal de Bankia, la acción se mantenía y no hubo retirada de depósitos. Las crisis bancarias se producen por pérdidas de confianza en el mercado, no por lo que opine Juanito o Pepito, por muy ministro o presidente del BBVA que sea. Cuando un Gobierno echa al presidente de un banco de mala manera, cualquier persona normal se lleva el dinero del banco.

¿Qué hubiera pasado si no me echan? No lo sé. ¿Qué hubiera pasado si me echan con unos plazos y sin escándalos? No querían eso. En el libro lo que digo es que el Gobierno quería una crisis bancaria para poder pedir un rescate porque España no tenía dinero en el invierno-primavera del 2012. Estábamos arruinados. El rescate tipo Grecia era inviable por el tamaño de la economía española. Se optó por un rescate bancario, que después no se utilizó bien.

Usted recuerda en el libro que Manuel Fraga le dijo: “Nunca se debe entrar en algo si no se tiene salida” por la posición de abstención de Alianza Popular en el referéndum de la OTAN. Pero durante todo el libro, da la sensación de en su periplo en Bankia se va metiendo en una telaraña sin salida, ¿en qué pensaba?

Me van cambiando las reglas del juego constantemente. Es una etapa que no dura ni siquiera dos años. En el verano de 2010 acepto dinero público para capitalizar Caja Madrid para la fusión con otras cajas, que son más de las que inicialmente me dicen. Mi horizonte era provisionar mucho y después pasarme varios años digiriendo esa fusión. En febrero del 2011, me cambian las reglas del juego. Tenemos que salir a bolsa. Cogemos 3.000 millones de la salida a Bolsa y más de 6.000 millones de las preferentes. Es un colchón, pero las preferentes hay que negociarlas y no iba a salir barato. Que conste que yo no di ni una preferente, me las encontré. Después, me echaron. Me podría haber ido cuando Bankia salió a Bolsa, pero no lo hice.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro le dijo: “Rodrigo, eres una víctima colateral”. ¿En ese momento imaginaba que ser una víctima colateral se iba a traducir en su ingreso en prisión?

En ese momento no imaginé nada porque me quedé anonadado, me lo estaba diciendo nada más y nada menos que el ministro de Hacienda. Dije: pues qué le vamos a hacer, voy al matadero. Y, efectivamente, fui al matadero. Me echaron. Me lo dijeron un domingo por la tarde y por la noche ya me habían echado. No querían que me fuera ni al día siguiente. Entonces, se derrumbó todo. Querían pedir los millones del rescate.

Llega a decir en el libro que el juez Fernando Andreu ignoró en el caso Bankia los informes del Banco de España durante cinco años.

Los pedí, pero no conseguí que los aceptara. Solo aceptó un informe del Banco de España sobre las provisiones de Bankia porque un juzgado de Navalcarnero los pidió. Nos enteramos por la prensa. Entonces no le quedó más narices al señor Andreu que aceptar un informe del Banco de España sobre provisiones, aunque no le hizo ni caso. En los escritos de la causa está que él no pidió un informe al Banco de España sobre Bankia.

¿Esa actuación es legal?

No me pida que califique al juez. Ni que me hubiera vuelto loco.

Leyendo el libro parece que lanza un órdago a todo el sistema, desde al presidente del Gobierno hasta jueces y fiscales pasando por auditores, reguladores, bancos...

Trato de transmitir en el libro que necesitamos tener un sistema con mucha capacidad para protegernos, para regularnos, para que nos portemos bien. Echo en falta que la potestad vaya acompañada de la responsabilidad. Si la Fiscalía Anticorrupción acusa a varias personas de la salida a bolsa de Bankia y pierde, debería pagar las costas. Mientras que en este país la Administración no sea responsable de sus actos, no funcionará bien.

En otro momento del libro, cuando explica cómo le comentaron el suicidio de Miguel Blesa, escribe: “Un sistema que devora y destruye a las personas sin que a ellos les pase nada”. Pero señor Rato, desde el punto de vista de alguien de la calle usted es más sistema que nadie.

Sí, yo fui sistema, y lo intenté dejar mejor que cuando salí. El señor Blesa fue encarcelado, según los jueces, ilegalmente. Pero el juez que lo envió a prisión no fue condenado por detención ilegal, fue condenado por prevaricación, que no tiene consecuencias penitenciarias. El sistema está descompensado. ¿Por qué a la Fiscalía no se la puede condenar en costas? ¿Por qué no se condena en costas a la Agencia Tributaria?

Usted asegura que en 2013 hubo una campaña desde el diario El Mundo contra su persona. ¿Quién cree que puso en marcha esa campaña?

A la dirección del diario El Mundo le pareció que yo vendía muchos periódicos. No lo sé. Fui al juzgado, dije que se estaba filtrando mi sumario secreto, el juez recibió mi denuncia y me contestó que efectivamente era un delito, pero que como no se sabía quién lo había cometido, lo cerraba. En algún momento alguien tendrá que poner orden al tema de las filtraciones.

Explica en el libro que cuando lo trasladaron al módulo 10 de la cárcel de Soto del Real se encontró a Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y Guillermo Ortega, condenados por la Gürtel. ¿Es la imagen de una España de abusos que termina en la cárcel?

Faltaban los condenados por los ERES de Andalucía pero tiene usted razón. Yo tengo mi opinión sobre la Gürtel: me sorprende que a una persona acusada y condenada por una comisión urbanística le condenen a 18 años de cárcel y a una persona condenada por desviar 675 millones de euros de dinero público le condenan a siete años. No puedo juzgarlo porque no conozco ninguna de las dos causas en profundidad, pero me llama la atención.

Coincidió también con los presos catalanes independentistas. Me ha llamado la atención que Oriol Junqueras le dio clases de física cuántica. ¿Llegaron a profundizar más en su relación? 

Fui un mal alumno de física cuántica y me abrió los ojos. Es una persona con una gran afición por enseñar, muy simpática y muy capaz. Nunca hablamos de política, como era obvio, ya nos conocíamos todos. ¿Para qué íbamos a hablar de política?

Cuenta en el libro que la meditación se convirtió en una parte fundamental en su vida. Llegó a la cárcel con el mantra: “Este es el mejor momento en el que puedes estar ahora mismo”.

A mí me ayudó mucho. Es un ejercicio sanador, generador de energía y de positividad. Solo podemos estar en el sitio en el que estamos en ese momento, hay que asumirlo y aceptarlo.

En el libro habla de traiciones a Fraga, el dedazo de Aznar con Rajoy, las maniobras de Rajoy, Montoro y Guindos con su presidencia en Bankia, los tejemanejes de las “niñas asesinas” para anular la etapa de Aznar... Deja una visión del PP como un nido de traidores.

No, no. He estado 30 años en el Partido Popular, donde tengo muy buenos amigos con los que he hecho cosas muy buenas, entre ellos José María Aznar. He estado en gobiernos con Aznar y Mariano Rajoy, de los que estoy muy orgulloso. No me arrepiento para nada de haber estado en el Partido Popular, al contrario. Ahora ya no estoy. No tengo grandes quejas de la política, pero la historia es la que es. No puedo contar otra.

Le queda todavía otro juicio. La Audiencia de Madrid lo acusa de delitos fiscales y corrupción por supuestos cobros indebidos de dos agencias de publicidad. ¿Qué expectativas tiene? ¿Está preparado para otra condena a penas de cárcel?

Tengo argumentos de fondo y de forma contundentes y buenas periciales. Estoy seguro de que no volveré a la cárcel.

Además de publicar un libro y promocionarlo, ¿a qué se dedica ahora?

A ser jubilado y a defenderme, que es bastante.

Rodrigo Rato está de vuelta tras su paso por la cárcel y sin que su futuro judicial esté todavía despejado. El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó el pasado jueves su regreso a la cosa pública.

La excusa, una mesa de debate en el III Congreso Nacional de la Sociedad Civil, una organización que tiene como objetivo “un proyecto común de mejora y renovación de España”. El lema del congreso: “Regenerar España”. La ocasión, un diálogo sobre la confrontación Estados Unidos-China y sus consecuencias para Europa y España.

El escenario, una esquinita del pabellón Wizink en Madrid. A unos 20 minutos a pie del piso en el barrio de Salamanca en el que Rato fue detenido por agentes de Aduanas hace algo más de 7 años, dando inicio a un peregrinaje judicial que todavía colea.

Rato, como recordaba el viernes la periodista de la agencia Colpisa Amparo Estrada, volvía a la escena capitalina menos de una semana después de terminar de cumplir su pena de cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida con las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y Bankia, cuya existencia desveló elDiario.es hace casi una década.

En el panel, a tres sillas del exvicepresidente (cada uno sentado en un extremo, casi sin mirarse), el ex gobernador del Banco de España cuando presidía Bankia, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que en su declaración en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad (del que Rato salió absuelto) llegó a poner en entredicho la capacidad de Rato para dirigir la que en ese momento era la cuarta entidad del país.

En el centro, el moderador, el exministro del Gobierno Zapatero Miguel Sebastián, que introdujo al exvicepresidente con una frase ambigua: Rato “no necesita presentación”. Sebastián tuvo un recuerdo para el fallecido exministro Pedro Solbes, cuya presencia en esa mesa, dijo, estaba prevista hacía meses.

Ante un auditorio de unas cincuenta personas (media de edad: unos 65 años; el ex ministro Miguel Ángel Moratinos entre los asistentes), a Rato, voz firme y clara, aspecto algo desaliñado para su estándar, se le pudo ver relativamente cómodo durante sus intervenciones. Comenzó agradeciendo “en especial” su invitación al economista Aldo Olcese, especialista en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y presidente de la entidad organizadora del acto. 

“Prestar es muy fácil”

Fuera del contexto del debate, algunas de las reflexiones del expresidente de Bankia invitaron, al menos, a un arqueo de ceja, como cuando afirmó que “los problemas acaban explotando antes o después en todo tipo de regímenes” o que “prestar es muy fácil pero que te paguen no”.

Pero aquello, centrémonos, iba de geopolítica: “En un tiempo razonable, Europa no va a ser neutral” en la disputa entre China y Estados Unidos y, “por desgracia”, vivimos tiempos de proteccionismo, más a raíz de la guerra en Ucrania, “piedra de toque” en las relaciones con China. No confrontó con Fernández Ordóñez, que en su intervención cargó contra “los neoliberales” o el proceso de desglobalización.

Tras el acto, Rato atendió amablemente a la prensa y afirmó que ya había tenido otras apariciones públicas fuera de Madrid, pero esta era su primera aparición en la capital tras su salida de prisión. “Si me invitan a otros actos y me interesa el tema, iré”. También confirmó, sin dar más detalles, que está escribiendo un libro. No quiso avanzar la temática, ni plazos de publicación. 

El debate transcurrió paralelo a otra mesa que presidía otra socialista, María Teresa Fernández de la Vega, expresidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, con la participación de Olcese y de Rafael Spottorno, ex jefe de la Casa Real que también fue condenado por las tarjetas Black.

Acabada la mesa, Rato no se quedó en el congreso, en el que tras su mesa estaba prevista otra charla con la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, la exvicepresidenta Carmen Calvo, el exministro Enrique Barón y Moratinos.

Tras saludar a unos cuantos asistentes (varios le pidieron fotografiarse con él, y Rato accedió), abandonó las dependencias del Wizink, entrada por la calle de Jorge Juan. Justo enfrente de la sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) que, recordará algún malpensado, inspiró la primera temporada de La casa de papel, la serie en la que los protagonistas pretendían llevarse un botín de 2.400 millones de euros, cifra que equivale al 10% de los más de 24.000 millones con los que el Estado tuvo que rescatar Bankia en 2012.

La entidad que invitó a Rato es, según su web, una asociación de naturaleza civil que “agrupa a un amplio conjunto de organizaciones e instituciones de pensamiento y de acción de la Sociedad Civil en torno a un proyecto común de mejora y renovación de España, con la misión de colaborar de manera leal, comprometida y responsable con los poderes públicos y las principales fuerzas políticas y el conjunto de la ciudadanía en el análisis, valoración y propuesta sobre cuestiones que afectan al bien común de los españoles y al interés general de la Nación”.

Impulsada por, entre otros, el exministro de Defensa Eduardo Serra, cuenta entre sus patrocinadores con grandes empresas como ACS, Abertis, Iberdrola, Telefónica, Mapfre, Coca-Cola, Santander, Barceló, Agbar o la estatal Renfe, además de la Generalitat Valenciana.

Rato fue condenado en firme en 2018 por el Tribunal Supremo junto a otras 63 personas por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia e ingresó en prisión el 25 de octubre de ese año, aunque desde octubre de 2020 estaba en su domicilio bajo control telemático.

El ex presidente de Bankia todavía tiene pendiente en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio junto con otras 16 personas por blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delitos fiscales. Se enfrenta a una petición de 70 años más de cárcel por, supuestamente, ocultar su fortuna en el extranjero cuando formaba parte del Gobierno o del FMI. Pero, por lo pronto, el autor del denominado 'milagro económico español' con José María Aznar ha vuelto a la palestra.

La factura para España del rescate bancario sigue aumentando año tras año cuando se van a cumplir 15 desde el estallido de la crisis financiera de 2008. Eurostat acaba de actualizar el gasto de los países europeos en los programas de apoyo al sector financiero desde entonces y hasta el cierre de 2022. El organismo ha cifrado en más de 74.000 millones de euros el déficit acumulado por España en este periodo por la diferencia entre lo que inyectó en el sector y lo que ha ingresado por ello. Es el mayor desfase absoluto registrado en Europa y el sexto si se pone en relación con el PIB del pasado año.

Eurostat, el organismo estadístico de la Comisión Europea, emitió hace unos días el informe anual de evolución de deuda y déficit de los países europeos que incluye un capítulo concreto para analizar la evolución de los programas de apoyo al sector financiero que se han realizado desde 2008. El informe cifra en algo más de 89.700 millones de euros el gasto que ha tenido que asumir entre 2008 y 2022 España por los programas de inyección al sector financiero, siendo el grueso, el de 2012. Aquel fue el año, entre otros, del rescate de Bankia, CatalunyaCaixa o Banco de Valencia. Esta cifra absoluta también incluye lo destinado a la Sareb, que fue registrado en 2021 como deuda pública. En este proceso, el Estado solo ha ingresado 15.475 millones. De ahí el resultado del desfase de más de 74.000 millones.

España se mantiene así a la cabeza de los países de la UE en términos absolutos. Está por delante de los 49.000 millones de Irlanda o de los 48.000 millones de desfase en Alemania. Sin embargo, el informe de Eurostat da unos datos llamativos respecto a un pequeño grupo de países que ha logrado obtener superávit entre lo que gastó en inyecciones al sistema bancario y lo que ha recuperado por los ingresos y comisiones que ha percibido por aquellos instrumentos de ayuda a la banca. Destaca especialmente Francia, con más de 2.000 millones de saldo positivo o los 1.500 millones de Dinamarca.

España arrastra todavía los efectos de un delicado rescate bancario, cuyos efectos siguen generando gastos para el erario público. El Gobierno del PP de Mariano Rajoy puso en marcha este proceso de reestructuración bancaria asegurando que no le costaría ni un euro a los contribuyentes. La envergadura del gasto acumulado por España, los más de 89.000 millones, es difícilmente comparable con el de Francia, cuyo desembolso acumulado apenas supera los 10.000 millones, según el propio estudio de Eurostat. Fue esta agencia la que en 2021 obligó al Estado español a hacer propia la deuda de la Sareb, ya que estaba completamente avalada por las cuentas públicas.

Este año se cumplen tres lustros desde que el colapso de Lehman Brothers diera inicio a la mayor crisis financiera de las últimas décadas. Los estados realizaron fuertes desembolsos durante los años siguientes con distintas estructuras de rescate al sector bancario para evitar que se contagiara al conjunto del sistema. La caída del sector en España se produjo unos años más tarde, en 2012 y acabó con un rescate europeo con fondo de hasta 100.000 millones de euros.

El Estado, a través del FROB, inyectó miles de millones de euros en cajas de ahorros que fueron obligadas a fusionarse y a convertirse en bancos, algunas de ellas acabaron siendo absorbidas por entidades de mayor tamaño. Esto produjo un rápido proceso de concentración, que se ha cerrado recientemente con las operaciones de CaixaBank y Unicaja, y fuertes pérdidas para el Estado. Actualmente, el FROB solo cuenta con dos grandes activos para tratar de reducir su coste del rescate: el 17% de CaixaBank y algo más del 50% de la Sareb, el conocido como banco malo.

¿A qué se han destinado estos 89.000 millones de gasto en España? La parte principal del gasto se produjo en apenas cuatro ejercicios. Fueron las inyecciones de capital, las que sumaron más de 47.700 millones de euros entre 2011 y 2014. Aquí se encuadran los rescates propiamente dichos, las tomas de control en grupos como Bankia o BMN. El resto se reparte entre compras de activos, como el caso de la Sareb, que pese a que nació como entidad privada ya es considerada pública, o el pago de intereses.

Países en superávit

La agencia estadística europea aterriza estas grandes cifras en un aspecto más comparativo entre estados, el peso respecto al PIB de cada país en 2022. Según este estudio, Eurostat asegura que correspondería a un déficit acumulado (de 2008 a 2022) del 5,6% del PIB que alcanzó España el pasado año. Aunque el grueso del gasto se hizo hace una década, seguiría teniendo impacto en el déficit del pasado año, incrementándose en una décima.

En este caso, España deja en este caso de ser el país con mayor déficit acumulado por las ayudas al sector financiero. Le superan Chipre (15,8%), Grecia (14,7%), Irlanda (9,8%), Portugal (9,7%) y Eslovenia (8,7%). Cuatro países tienen superávit acumulado, de entre el 0,1% y el 0,4% respecto a sus respectivos PIB. Es el caso de Francia, Luxemburgo, Dinamarca y Suecia. Eurostat señala que esto se puede explicar por las rentas en comisiones que han recibido estos países por las garantías concedidas a las entidades financieras, pero también por las rentas que han percibido por la propiedad de instrumentos financieros adquiridos por estos gobiernos o, incluso, por ingresos a través de impuestos específicos sobre el capital, o la reventa de activos no financieros por encima del precio de adquisición.

La mayor parte de los países, por tanto, cuentan con un saldo negativo entre lo que han gastado desde 2008 en ayudas a la banca y lo que han ingresado por ello. Sin embargo, si se atiende al último año exclusivamente, son minoría los que siguen engordando este déficit. Y entre la media docena que lo hace, se encuentra España.

El conjunto de los países de la Unión Europea tenían a cierre de 2022 una deuda vinculada al rescate bancario de casi 430.000 millones de euros, según la estimación realizada por Eurostat. Durante el pasado ejercicio se ha producido un importante recorte de casi 30.000 millones. Este ajuste se ha debido fundamentalmente en Alemania. Sin embargo, Eurostat también destaca la evolución en España, que ha reducido su deuda en este apartado en casi 6.500 millones de euros. La agencia de datos achaca este descenso a la venta de activos improductivos de la Sareb durante el año pasado. El pasivo de España por el rescate quedó 78.700 millones en 2022 y, solo por esta sociedad de gestión de activos, España mantiene una deuda de 30.000 millones al cierre de 2022.

Pese a que el grueso de la crisis bancaria se produjo entre 2008 y 2013, hay países que siguen aumentando su deuda. Ha sido el caso del último año de Polonia, Irlanda o Portugal, todos ellos aumentando en más de 1.000 millones de euros. Estos dos últimos países, con Chipre y Grecia son los que tienen un mayor peso de su deuda pública vinculado al rescate bancario. Entre una quinta y una cuarta parte del pasivo de estos estados se debe a la crisis financiera de 2008 y sus impactos posteriores.

España se encuentra en un segundo escalón de países en los que más del 5% de la deuda pública está vinculada con el rescate bancario. Alemania, Bélgica o Países Bajos se encuentran este bloque. “En la mayoría de países se está produciendo una reducción del impacto durante los años más recientes”, asegura el informe de Eurostat. En Francia, Dinamarca, Suecia o Finlandia, el rescate bancario apenas tiene presencia en su deuda pública.

Dividendos, la principal fuente de ingresos

Eurostat señala que España sigue aumentando su déficit, aunque este aumento se ha frenado en el último año. En concreto, el pasado ejercicio sumó 967 millones al cálculo que hace la agencia estadística sobre el desfase en las cuentas que han generado las ayudas al sistema financiero, el nivel más bajo desde que el Estado entró en tromba en entidades como Bankia o Banco de Valencia. Fue el resultado de un gasto que superó los 1.400 millones y unos ingresos de algo más de 440 millones.

La principal fuente de ingresos que el Estado mantiene, a falta de desinversiones, como herencia del rescate están siendo los dividendos que recibe de CaixaBank y que antes percibía de Bankia. Durante el pasado año fueron 190 millones los que el FROB ingresó procedente del beneficio del grupo catalán, donde ha aumentado su participación hasta superar el 17%. Se espera que este año esta vía de ingresos aumente hasta los 250 millones. Desde 2013, el Estado ha ingresado 1.600 millones por dividendos de su participación bancaria.

La agencia estadística europea también estima el valor de las acciones que mantiene el Estado en bancos, en este caso en CaixaBank. Lo cifra en 4.778 millones de euros a cierre de 2022, un valor ligeramente superior a cómo cotizaban estas acciones este lunes en Bolsa. Esta valoración sigue lejos del rescate inyectado en Bankia y BMN y cuyas acciones se convirtieron en CaixaBank tras la fusión. De aquella inyección de capital quedan pendientes más de 20.000 millones de euros.

20.000 millones de euros. Redondeando, es la cantidad que, 11 años después del rescate de Bankia, el Estado tiene que recuperar ahora a cuenta de CaixaBank. La cifra se antoja difícil de alcanzar pero la aceleración de la entidad en Bolsa en 2022 ha redundado en favor de la valoración de las acciones que todavía quedan en manos del FROB, el fondo del rescate financiero. Además, el año pasado culminó con dos noticias que afectan al futuro de la participación pública en la banca. La primera, la ampliación del calendario previsto para su salida del accionariado. La segunda, el incremento de la participación en CaixaBank. Con ello, la participación del Estado ha pasado de valer 1.939 millones antes de anunciarse la absorción de CaixaBank a casi 5.400 millones con los precios actuales.

CaixaBank anunció en 2022 una recompra de acciones de 1.800 millones de euros. Esta operación, que también realizaron Santander y BBVA, es una manera de dar más dinero a los accionistas. Tras ello, se sacan de circulación las acciones recompradas, aumentando el valor de cada título en una operación conocida como reducción de capital. En concreto, el banco va a amortizar casi el 7% de su capital, según anunció el consejo de administración antes de navidades.

El FROB se mantuvo al margen de esta recompra y, gracias a ello, ha aumentado su presencia en el accionariado del banco. Una vez culmine la operación, el Estado será el propietario del 17,3% de las acciones, frente al 16,1% que tenía desde la fusión con Bankia, según informó la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, de quien depende el fondo.

Esta participación tiene una fecha de caducidad, aunque es móvil. Inicialmente, el Estado tendría que haber salido de Bankia en 2017, cinco años después del rescate. Sin embargo, esta fecha se ha ido desplazando cada dos años hasta en cuatro ocasiones. El último Consejo de Ministros del año fijó en diciembre de 2025 la salida del FROB del accionariado de CaixaBank, una fecha que podría no ser la definitiva. Para ese día, habrán pasado más de 13 años desde que Juan Ignacio Goirigolzarri, por aquel entonces presidente de Bankia –cargo que ahora tiene en CaixaBank–, solicitó el rescate tras el descalabro de las cuentas que había dejado la anterior dirección, capitaneada por el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

A estos dos cambios, que afectan al horizonte de la presencia del Estado en CaixaBank, se ha unido una tercera noticia. CaixaBank fue la segunda compañía del Ibex 35 que más aumentó su valor el año pasado, en más de un 50%. Solo le superó otro banco, Sabadell. Con ello, el valor de la participación del Estado se ha disparado en 2022. Teniendo en cuenta el aumento del porcentaje del banco en sus manos, el valor ha crecido hasta los 5.400 millones.

Sin embargo, esa cifra está todavía lejos del rescate que tuvo que desembolsar el Estado para sanear Bankia en 2012. Fueron 22.000 millones de euros, a los que se unieron otros 2.000 millones de BMN, que acabó integrando en 2017, hablando en cifras redondas. El FROB percibió los dividendos de los años siguientes en el banco, unos 1.100 millones, y desinvirtió en dos ocasiones, 2014 y 2017, porciones de acciones con fuertes pérdidas, sumando algo más de 2.100 millones. Así, la cifra pendiente de recuperar supera todavía los 20.000 millones de euros. Es decir, el valor actual de la participación cubre apenas algo más de la cuarta parte del rescate pendiente de recuperar.

A esa cifra hay que sumar los dividendos de CaixaBank. Hasta la fecha se ha beneficiado de dos repartos de beneficios, en 2021, justo después de la fusión, y en 2022. Han sumado unos 214 millones de euros. Esta primavera comenzará a percibir los dividendos correspondientes al beneficio de 2022. El banco tiene por política repartir el 50% de sus ganancias entre sus accionistas. La entidad estimó en su último plan estratégico que repartiría 9.000 millones entre sus inversores entre 2022 y 2024, incluyendo los 1.800 millones de la recompra de acciones.

Maximizar la recuperación

El Gobierno informó a finales de diciembre que el hecho de ampliar el plazo para la desinversión, pese a que todavía quedaba un año para su vencimiento, “persigue asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, maximizando el valor de la recuperación de la participación del Estado y respondiendo así al objetivo último de proteger el interés general”. Aseguraron, además, que el proceso de desinversión “debe tener en cuenta el contexto actual de incertidumbre y elevada volatilidad en los mercados, así como el potencial de la acción de CaixaBank de seguir evolucionando de manera favorable en un entorno de tipos de interés al alza”.

El Gobierno y el propio FROB han reconocido en el pasado que recuperar la totalidad del rescate se antoja muy complicado. El Banco de España llegó a estimar hace años, cuando las acciones del Estado estaban en Bankia, que apenas algo más de 9.000 millones serían rescatables. Las autoridades respaldaron la fusión con CaixaBank en 2020, criticada por Unidas Podemos, defendiendo que aumentaría el valor de las acciones y permitiría realizar pequeñas ventas en función de las oportunidades que se encontrasen en el mercado. Sin embargo, cuando se van a cumplir dos años de la fusión, el Estado no se ha desprendido de ninguna de las acciones que le correspondieron tras la absorción de Bankia.

Así, el porcentaje final de recuperación de las ayudas dependerá de la evolución de la acción y de los dividendos. Esta primavera, el FROB recibirá la cantidad que corresponda de los resultados de 2022. Un año en el que el banco va a presentar un importante beneficio. Hasta septiembre, a falta del último trimestre, las ganancias crecían un 17%. Los resultados se conocerán en los primeros días de febrero, momento en el que se espera que se informe también del nivel de dividendo de la entidad y lo que corresponderá al Estado.

El banco afronta ahora además un nuevo periodo dentro de la dirección. El consejo de administración ha cesado esta semana a Juan Antonio Alcaraz, responsable de la dirección del negocio del banco desde hace más de 15 años y considerado el 'número tres' del organigrama, por detrás de José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo Gortázar. Sus responsabilidades se han repartido entre tres nuevos directivos que se han incorporado esta semana al comité de dirección de la entidad.

La ampliación del periodo de permanencia en CaixaBank acerca la fecha estimada de salida del banco a la que mantiene el FROB para la otra participación que le queda pendiente. Si ahora tiene hasta finales de 2025 para salir de CaixaBank, el fondo tiene hasta 2027 para liquidar la Sareb, conocida como 'banco malo', donde fueron a parar los activos tóxicos de los bancos rescatados. Durante el pasado año también hubo novedades para esta participación del Estado en el sector financiero. Eurostat había obligado al Gobierno a contemplar como deuda pública el pasivo de esta sociedad, puesto que estaba respaldada por el Estado. Así, el Ejecutivo decidió tomar el control de la empresa de gestión de activos inmobiliarios y amplió su participación por encima del 50%.

Un abogado acusado de los presuntos delitos de deslealtad profesional y apropiación indebida está en busca y captura. El letrado se sentaba este lunes en el banquillo de los acusados ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia. Sin embargo, su defensa ha anunciado que el abogado J. A. R. M. no se había presentado. “A pesar de que le consta que tiene juicio no ha comparecido”, ha lamentado la presidenta del tribunal. Es la tercera vez que el acusado, que se enfrenta a una petición de tres años de prisión por parte del Ministerio Fiscal, se escaquea de comparecer ante la Justicia.

El hombre está acusado de estafar, entre marzo y octubre de 2015, a más de 130 personas que le habían encargado a través de un sindicato la interposición de demandas contra la entidad bancaria Bankia por la adquisición de acciones preferentes con motivo de su salida a bolsa cuatro años antes.

El acusado ingresó en concepto de provisión de fondos de cada perjudicado cantidades que oscilaban entre los 170 y los 242 euros, pero la Fiscalía sostiene que en lugar de cumplir el encargo se limitó a dirigir un escrito al servicio de atención al cliente de Bankia que resultó infructuoso en todos los casos, no presentó demanda alguna y perjudicó así con su inacción los intereses de sus clientes, la mayoría de avanzada edad. El Ministerio Público solicita, además de tres años de prisión, la inhabilitación del letrado.

“Enorme perjuicio”, según la jueza

La fiscal ha solicitado la suspensión del juicio y la busca y captura del acusado, “ya que la pena excede los tres años de prisión y el juicio no puede celebrarse sin su asistencia”. La representante del Ministerio Público ha recordado que es la tercera vez que el letrado permanece en “ignorado paradero voluntariamente”. “Si atendemos a los antecedentes del acusado en la causa, no es la primera vez que deja de atender un mandamiento judicial de forma injustificada”, ha agregado.

Así, el tribunal ha acordado la busca y captura de J. A. R. M. y ha suspendido el juicio. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia se ha visto obligada a suspender también la comparecencia de varios testigos prevista para las próximas sesiones de la vista oral. La magistrada ha querido dejar “constancia” del “enorme perjuicio” que causa el acusado que, “además es letrado de profesión”. La presidenta del tribunal ha lamentado el “perjuicio añadido” a los testigos, “personas de mucha edad”. “Confiamos en que mañana esté a nuestra disposición”, ha concluido.

Diciembre de 2025. Esta es la nueva fecha que se marca el Gobierno para que el Estado desinvierta en CaixaBank. Se trata de una nueva prórroga del plazo para salir del sector financiero, siendo una de las escasas vías pendientes que tiene el Estado para recuperar una parte de las ayudas económicas que se dieron durante el rescate de hace una década. El FROB, vehículo de participación pública, tiene algo más del 17,3% de los títulos de la entidad catalana, siendo su segundo accionista. El Consejo de Ministros ha ampliado en la reunión de este martes el plazo legal que se marca para la desinversión.

La decisión es la esperada. El Ejecutivo todavía tenía un año más para decidir sobre la desinversión en CaixaBank, aunque se daba por hecho que se podría ampliar el calendario. “Esta ampliación persigue asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, maximizando el valor de recuperación de la participación, del Estado y respondiendo así al objetivo último de proteger el interés general”, aseguró el Gobierno en una nota de prensa a última hora del pasado viernes.

El FROB defendió en 2020 la fusión de Bankia y CaixaBank argumentando que permitía realizar desinversiones de paquetes de acciones de manera más fácil que teniendo la participación de control de una entidad. Sin embargo, desde entonces no se ha producido ninguna operación de venta y se mantiene el 17,3% tras el plan de recompra de acciones que ha realizado CaixaBank. Supone, de hecho, aumentar su participación en el banco, ya que antes de esta operación se situaba en el 16,1%.

El Estado ha visto una fuerte revalorización de la participación que tiene en el sector bancario, si bien todavía queda lejos del dinero que invirtió en Bankia para su rescate. CaixaBank es la segunda compañía del Ibex 35 que más ha subido durante este año 2022, un 58%, solo superada por otro banco, Sabadell. La entidad tiene un valor en Bolsa de algo menos de 30.000 millones de euros, por lo que la participación del Estado actualmente vale unos 5.080 millones de euros en el mercado. Sin embargo, la cantidad pendiente de recuperar de la entidad rescatada supera los 20.000 millones, por lo que la brecha sigue siendo elevada.

“El proceso de desinversión debe tener en cuenta el contexto actual de incertidumbre y elevada volatilidad en los mercados, así como el potencial de la acción de Caixabank para seguir evolucionando de manera favorable, en un entorno de tipos de interés al alza”, defendió el Gobierno.

El Estado rescató Bankia en 2012 y se hizo con el 68,69% del banco. Unido a BMN, entidad que fue posteriormente absorbida por Bankia, el rescate total rondó los 24.000 millones de euros. Desde entonces, únicamente se han hecho dos desinversiones con importantes pérdidas para el Estado. Sin embargo, de la última de ellas hace más de un lustro.

Con la ampliación aprobada este martes en el Consejo de Ministros, es ya la cuarta vez que los distintos gobiernos han ampliado el plazo para salir del sector financiero. La primera se aprobó en 2016, la segunda en 2018 y la última se realizó en febrero de 2021, que llevaba la fecha límite hasta diciembre del año que viene. Ahora se prolonga hasta 2025. El FROB, además de propietario del 17% de CaixaBank, es el dueño de la Sareb, donde retiene más del 50% de los títulos.

Miércoles 20 de julio de 2011. Un eufórico Rodrigo Rato hacía sonar la campana que daba el pistoletazo de salida a la cotización de Bankia en la Bolsa de Madrid. “Hace más fuerte a la entidad y consolida su liderato”, decía el exministro de José María Aznar tras brindar por el futuro del banco surgido de la unión de siete cajas de ahorros. Dimitió menos de un año después, Bankia necesitó 24.000 millones de rescate de dinero público y la entidad terminó por desaparecer, absorbida por Caixabank.

En los últimos días, el Tribunal Supremo ha sentenciado en firme que tampoco habrá responsables por la vía penal. Una resolución que también supone un aval definitivo al papel que jugaron los supervisores del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un proceso que terminó con una inyección de miles de millones de dinero público que, tal y como reconoció la propia Bankia poco antes de echar el cierre, no hay perspectiva de recuperar para las arcas de todos los españoles.

El caso nació en la Audiencia Nacional un año después del tañido de la campana de Rato después de que la extinta Unión, Progreso y Democracia (UPyD) presentara una querella. Por el banquillo del juzgado pasaron los máximos responsables de la entidad y todos lanzaron el mismo mensaje: pusieron la operación en marcha con el visto bueno de los supervisores bancarios y los folletos que publicitaron la salida a bolsa para captar inversores también tenían luz verde del Banco de España y la CNMV y reflejaban la realidad de sus cuentas.

Durante un breve espacio de tiempo a lo largo del año 2017 el caso Bankia vivió un espejismo cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez Fernando Andreu a imputar a los supervisores de la operación. Tanto del Banco de España, con su entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñéz a la cabeza, como de la CNMV, que entonces presidía Julio Segura. Ambos formaron la lista de investigados.

Pero, tiempo después, esa misma Sala cerró las puertas del banquillo de los acusados al Banco de España y la CNMV con unos argumentos que se han mantenido incólumes hasta la sentencia absolutoria firme conocida hace unos días. Las cuentas supuestamente falseadas, dijeron entonces los jueces, eran una “ficción” en la que “no interviene el Banco de España”. Si había un auditor externo que supervisaba las cuentas, dijo también, “no parece razonable exigir a la CNMV que constatara por sus propios medios que los estados financieros que se presentaban junto al folleto representasen la imagen fiel de la entidad”.

En definitiva, hace ya un lustro los jueces dijeron que no había responsabilidades que exigir a las autoridades que supervisaron la operación más ruinosa de la historia de la banca española. “La ley penal no castiga la ausencia de actividad de la autoridad económica”, afirmaron entonces.

Una década después de la apertura del caso, el Tribunal Supremo ha certificado en firme que no hay reproches penales para Rodrigo Rato y el resto de directivos de la entidad hoy absorbida por Caixabank, y tampoco para la actuación de los organismos que supervisaron todo. “Las normas contables no dejan de resultar, como todas las otras, susceptibles de diversas interpretaciones, sin que la opción por una de ellas, máxime avalada por el Banco de España, pudiera reputarse aquí como en sí misma delictiva”, dice la sentencia del Alto Tribunal.

Unos argumentos exculpatorios que, una vez descartada la responsabilidad penal del Banco de España y la CNMV, han servido también para exonerar a los que sí tomaron directamente las decisiones. Ya dijo la Audiencia Nacional, en una sentencia que sólo recurrieron algunos accionistas minoritarios, que las decisiones sobre la salida a bolsa “fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes”.

Todo, dijo la Audiencia, fue “intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE), contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones”. La Fiscalía, después de pedir cárcel para los acusados, renunció a recurrir y sólo lo hicieron dos accionistas minoritarios, víctimas económicas de la debacle de Bankia.

El aval del Banco de España

La absolución generalizada que ahora ha sellado el Tribunal Supremo vino por una doble vía: por entender que las acusaciones atribuían hechos poco concretos a Rodrigo Rato y los otros 33 exdirectivos, pero también por el aval del Banco de España, la CNMV y el resto de supervisores a toda la operativa. Los jueces explican que ese aval no era una carta blanca para delinquir, pero reconocen que sí jugó un papel clave para que el caso terminara sin condenas.

Esta supervisión, dice el Supremo, “no comporta una suerte de sanación de raíz respecto de cualquier irregularidad o falsedad que las cuentas de las supervisadas pudieran contener, pasara o no desapercibida a las supervisoras”. Ni tampoco un “impedimento inamovible” para exigir responsabilidades. Pero, explican los jueces para cerrar el paso a cualquier acusación, “su intervención no resulta irrelevante”.

El papel del Banco de España y el resto de supervisores, cuestionado brevemente durante unos meses de 2017 por los jueces, se ha terminado convirtiendo en el pilar maestro, aunque no el único, de la absolución de los responsables directos de la operación.

El resultado es un punto y final definitivo por la vía ordinaria a exigir cualquier tipo de responsabilidad a los que capitanearon una salida a bolsa que terminó en un rescate público de 24.000 millones de euros, el más voluminoso de una serie de rescates bancarios cuya factura asciende a más de 70.000 millones. El propio presidente del FROB reconoció hace dos años la “escasa” capacidad para recuperar este dinero.

El folleto de la salida a bolsa

En la Justicia, las responsabilidades penales se tramitan por un camino pero, muchas veces, la vertiente exclusivamente económica se ventila por otra: la jurisdicción civil. Y en ese campo el Tribunal Supremo sí ha declarado que el folleto avalado por lo penal no tenía información precisa sobre la realidad económica de Bankia, su salida a bolsa y la oportunidad que suponía comprar acciones.

“Dicho documento contenía información económica y financiera que poco tiempo después se revela gravemente inexacta por la propia reformulación de las cuentas por la entidad emisora y por su patente situación de falta de solvencia”, afirmó la sala de lo civil del Supremo en 2016. Los pequeños inversores, dijo esa sentencia, se embarcaron en la compra de acciones de Bankia sin saber que la entidad, en realidad, estaba “al borde de la insolvencia, con unas pérdidas multimillonarias no confesadas (al contrario, se afirmaba la existencia de beneficios) y que tiene que recurrir a la inyección de una elevadísima cantidad de dinero público para su subsistencia”.

Esto, según la Sala de lo Penal del Supremo, no choca con una absolución por la vía penal. Ese caso estudió la inversión de dos minoristas y los jueces de lo civil fueron explícitos al subrayar que su condena a Bankia no implicaba que sus responsables tuvieran que responder penalmente. Son “órdenes jurisdiccionales diversos”, recuerda ahora la Sala Penal del Supremo, y uno no tiene por qué influir en el otro.

La Sala Civil afirmó que el folleto tenía “graves inexactitudes” que indujeron a error. Pero, por lo penal, la Audiencia Nacional dijo que la información del folleto era “más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando”. Y que, por encima de todo, se había elaborado siguiendo requerimientos del Banco de España y bajo la supervisión de la CNMV.

Dora Paula Palma, una mujer colombiana de 68 años, ha conseguido revocar las cláusulas abusivas del préstamos hipotecario de su vivienda en el barrio de Tres Cruces de Valencia gracias a la ayuda de la plataforma Stop Desahucios y a su abogado de oficio.

La sección octava de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de Bankia contra la resolución de un juzgado de primera instancia que dejaba en suspenso la entrega de la vivienda hasta el 2024. El tribunal considera que la cláusula de vencimiento de la hipoteca “es nula y abusiva”.

“La entidad bancaria hizo uso de su facultad de proceder al vencimiento anticipado del préstamo cuando no se había dado un incumplimiento grave”, reza la resolución adelantada por el diario Levante-EMV.

La mujer arrastraba la losa del posible desahucio desde hace seis años. “El banco cerró la cuenta y liquidó la deuda cuando la prestataria adeudaba nueve cuotas, por debajo de las 12 cuotas” que marca la ley, un impago que, además, está por debajo del 3% de la cuantía total del capital concedido. La cláusula de vencimiento anticipado de la escritura del préstamo “no contiene modulación alguna de la gravedad del incumplimiento”, sostiene el auto, que considera “desproporcionado” que las condiciones impongan que se eche a la inquilina con el impago de tan solo tres cuotas. La resolución establece que se producido una “evidente abusividad”.

La mujer cuenta que su primera abogado no le dio alternativas y únicamente le dijo que entregara las llaves del piso, a nombre de su hijo, quien por problemas familiares tuvo que volver a Colombia.

Dora vive ahora con su nieto de cuatro años y con un sobrino y va a renegociar la deuda con Bankia. La resolución impone el pago de las costas procesales a la entidad bancaria, una decisión que Bankia ya ha recurrido.  

Un expediente “gigante”

“Cuando vino Dora estaba muy nerviosa, traía un expediente gigante porque las demandas de ejecución hipotecaria son tremendas, con mucha documentación”, cuenta su abogado de oficio, Óscar Pardo, quien consiguió en un primer momento parar el desahucio y ahora ha conseguido que se anulen las condiciones abusivas de la hipoteca y que se vuelva a poner la vivienda a nombre del hijo de su clienta en el Registro de la Propiedad.

“Ya no tengo ese agobio de qué voy a hacer, que será de mi, cuando llegue el momento podremos llegar a un acuerdo con el banco”, cuenta la mujer, que agradece la eficacia de su letrado y de las plataformas de afectados por las hipotecas “para poder lograr que aquellas familias que lo pasan mal sin empleos, sin poder tener todo su mantenimiento y gastos, no las echen a la calle”, dice Dora.

“Yo siempre le decía: es Dora contra Goliat”, cuenta Óscar Pardo. La mujer elogia el trabajo de su abogado: “Para mí fue una suerte porque es una persona muy agradable y maja que apoya mucho a las personas que están en esta situación”. Y también critica la actuación de los bancos con algunas hipotecas. Así, Dora pide que “se pongan las manos en el corazón de las demás personas” porque “las cuotas que ponen de las hipotecas son abusivas”.

CaixaBank y Mapfre han acordado que el banco pague a la aseguradora 570,8 millones de euros por la ruptura del acuerdo de bancaseguros que mantenía Mapfre con Bankia, según han informado ambas compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las partes han llegado a un acuerdo por el que CaixaBank comprará a Mapfre el 51% de la sociedad Bankia Vida por 323,7 millones de euros, un importe equivalente al 110% del valor de mercado del negocio de vida que ha determinado un experto independiente designado por ambas partes.

Además, CaixaBank ha pagado a Mapfre 247,1 millones de euros de indemnización por la terminación del contrato de agencia para la distribución de seguros de no vida, un importe que equivale al 110% del valor de la nueva producción (excluida la cartera actual) del negocio de no vida determinado por el experto independiente.

Disconformidad en la valoración

En cualquier caso, las dos entidades han acordado someter a arbitraje el derecho de Mapfre a percibir un 10% adicional de los valores de los negocios de vida y no vida, así como la obligación de CaixaBank de abonar dicha cantidad.

Esta indemnización adicional que se someterá a procedimiento de arbitraje tiene un valor de hasta 52 millones de euros, por lo que la cantidad final que recibiría Mapfre podría elevarse hasta 623 millones de euros.

Mapfre indica a la CNMV su “disconformidad” con la “valoración del negocio de seguro de vida determinada por el experto independiente, por incumplimiento de las instrucciones contenidas en el encargo para su determinación”. Por ello, apunta “reserva de acciones legales en defensa de sus legítimos derechos”.

CaixaBank iniciará el viernes, 12 de noviembre, la integración tecnológica con Bankia, el proceso mediante el cual se unificarán los sistemas informáticos de ambas entidades y los datos alojados en ellos. Los trabajos se iniciarán a partir de las 15.00 horas del viernes 12, una vez las oficinas cierren al público, y se prevé que se extiendan durante los siguientes dos días, coincidiendo con el fin de semana. La previsión es que la integración se haya materializado el lunes 15.

En Castilla -La Mancha hay un total de 325.000 clientes activos de origen Bankia.

En esta operación se va a transmitir la información de 7,6 millones de clientes activos de Bankia con un volumen de 10,4 petabytes, que equivale a 45 veces la capacidad almacenada en Spotify o al peso de 1.800 millones de canciones en formato mp3 de alta calidad

En total, son 2.500 millones de documentos digitalizados (DNI, contratos, firmas, recibos, o correspondencia, entre otros) que, extendidos en papel, ocuparían la superficie de más de 20.000 campos de fútbol.

Redirección a los canales digitales de CaixaBank

La integración comenzará con la migración de información de los sistemas de Bankia a los de CaixaBank (viernes 12 a las 15.00 horas). En cuanto se inicien los trabajos, la actualización de saldo en los canales digitales de Bankia se suspenderá temporalmente y, al consultar su posición, el cliente solo verá los datos registrados el viernes, al inicio de los trabajos de la integración tecnológica.

No obstante, los preparativos de la integración empezarán a hacerse evidentes algunas horas antes de que el proceso arranque formalmente. Por ejemplo, desde el jueves, día 11, los clientes de Bankia pueden observar que la actualización de su saldo en cuenta, después de realizar alguna operativa, no se efectúa de manera inmediata, sino que lo hace al cabo de 2 ó 3 horas.

Cuando la fase de migración concluya (previsiblemente, durante la noche del sábado 13), tanto la web de Bankia, www.bankia.es, como la aplicación de banca móvil quedarán automáticamente redirigidas a la web comercial de CaixaBank, www.caixabank.es, y a las aplicaciones CaixaBankNow e imagin. A partir del domingo 14, los clientes de Bankia podrán descargarse las aplicaciones de banca digital de CaixaBank y acceder a ellos. Toda la información sobre su posición habrá sido transferida a los sistemas de CaixaBank.

En su primer acceso a la banca móvil de CaixaBank, los usuarios podrán utilizar las mismas claves que utilizaban con Bankia. El sistema les solicitará las comprobaciones de seguridad habituales, para las cuales será necesario contar con su teléfono móvil.

Por este motivo, se ha llevado a cabo en las últimas semanas una campaña informativa para que los clientes de banca digital de Bankia comprueben que la entidad financiera tiene actualizado su número. En caso de que no sea así, el cliente tendrá limitada su operativa digital, ya que podrá acceder en modo consultivo, pero no podrá realizar compras por internet hasta que informe a la entidad de su numero de teléfono actual.

Desde su primer acceso a los canales de banca digital de CaixaBank, los clientes contarán con un amplio tutorial de ayuda para familiarizarse con el diseño y las funcionalidades que ofrecen CaixaBankNow e imagin.

Alteraciones en los canales digitales y autoservicio para los clientes de Bankia

El proceso tecnológico puede causar algunas alteraciones en la disponibilidad de los canales digitales y autoservicio para los clientes de Bankia.

En cuanto comience la migración de datos (viernes 12 a las 15.00 horas), los clientes de Bankia podrán acceder a su banca digital vía web y móvil- y consultar su saldo, pero no podrán realizar operaciones. Tampoco se actualizará el registro de movimientos en caso de que el cliente realice operaciones con tarjeta o reintegros en cajero.

Desde las 15.00 horas del viernes 12 y hasta el fin de la migración de datos (sábado 13 por la noche, según las estimaciones), los clientes de Bankia no podrán enviar ni recibir dinero por Bizum ni por transferencias inmediatas, incluso aunque los remitentes del envío sean clientes de otras entidades. Cualquier intento de operativa de Bizum que tenga como origen o destino un número de teléfono asociado a un cliente de Bankia mostrará un mensaje de error hasta que el servicio vuelva a estar disponible.

Los clientes de Bankia podrán realizar reintegros de efectivo con normalidad en los cajeros durante todo el fin de semana. Sin embargo, el saldo de su cuenta actualizado no se mostrará hasta el fin de los trabajos de integración.

Las tarjetas emitidas por Bankia permitirán operar con normalidad mientras la integración esté en curso, con lo que podrán realizarse compras en tiendas físicas y también online. Sin embargo, hasta que acabe la integración, no se verán actualizados los movimientos realizados..

Los TPV de comercios clientes de Bankia aceptarán operaciones con normalidad. La mayor parte de ellos ya están conectados a los sistemas de CaixaBank, dado que este trabajo se ha anticipado para garantizar la disponibilidad del servicio.

Una vez concluya la migración de datos y los clientes puedan empezar a operar a través de los canales digitales de CaixaBank, se espera que todos los servicios estén habilitados y ofrezcan plena disponibilidad, incluyendo el envío y recepción de dinero a través de Bizum y las transferencias inmediatas. Asimismo, se actualizará el saldo incluyendo las compras con tarjeta y los reintegros de efectivo en cajeros realizados durante el fin de semana.

Algunos productos y servicios específicos volverán a ofrecer la información de posición actualizada durante los días siguientes. Por ejemplo, los planes de pensiones dispondrán del dato actualizado de valoración del plan el martes 16 de noviembre.

Los clientes de Bankia mantendrán en CaixaBank la posibilidad de operar en los canales que lo hacían hasta ahora, de manera que podrán usar la app o la web tanto si tienen como destino CaixaBank (app CaixaBankNow o www.caixabank.es) como si es imagin (app imagin o www.caixabank.es/imagin).

Normalidad operativa para los clientes de CaixaBank

Se prevé que los clientes de CaixaBank puedan operar con normalidad a través de CaixaBankNow, tanto web como móvil, o de la app de imagin, y que usen sus cajeros y sus tarjetas sin incidencias, con actualización de su posición en tiempo real. Asimismo, los clientes de otras entidades que efectúen reintegros en los cajeros podrán hacerlo de la forma habitual, independientemente de que se trate de un cajero de origen Bankia o de origen CaixaBank.

Integración tecnológica: una fase fundamental del proceso de fusión

Una vez finalice la integración tecnológica, CaixaBank pasará a tener unificada toda la información comercial, así como los sistemas mediante los cuales se pueden realizar operativas financieras y contrataciones de productos, incluyendo todos los canales: oficinas, cajeros, web, móvil, redes de pagos y TPV de comercios. Por este motivo, la integración tecnológica es una fase fundamental en el proceso de fusión; cuando culmine, ambas entidades pasarán a operar en la práctica como un único banco, menos de ocho meses después de haber realizado la unión legal.

Para los clientes, este hito supone pasar a disponer de una red de servicios mucho mayor, con una red de oficinas más extensa, más especialistas en atención al cliente, más gestores remotos (en el caso de los clientes del modelo a distancia inTouch) y el soporte de la primera plataforma de banca online de España, con más de 10 millones de clientes digitales.

La entidad alcanza una presencia geográfica equilibrada y diversificada, con la mayor y más especializada red de oficinas, así como con el compromiso de mantener la cercanía al territorio y la inclusión financiera que CaixaBank y Bankia siempre han demostrado. El banco tiene presencia en alrededor de 2.200 municipios, y en 389 es el único.

CaixaBank, el primer banco de España

CaixaBank es el grupo financiero líder en España. Con la integración de Bankia, alcanza un volumen de activos de 685.738 millones de euros, lo que le convierte en el banco de mayor tamaño del mercado doméstico, con una posición relevante a nivel europeo. Además, CaixaBank tiene una fuerte presencia en Portugal, donde controla el 100% de BPI.

El grupo, presidido por José Ignacio Goirigolzarri y dirigido por Gonzalo Gortázar, tiene aproximadamente 21 millones de clientes y la mayor red comercial en España y Portugal, con más de 6.000 oficinas, más de 15.000 cajeros automáticos y el liderazgo en banca digital, con un porcentaje de clientes digitales del 71,4%.

En julio se cumplió una década desde que un sonriente y confiado Rodrigo Rato, pulgar en alto, agitara la campana de la Bolsa de Madrid, dando comienzo a la cotización de Bankia. Aquella operación no salió bien, los problemas que se intentaron acallar se hicieron más patentes y acabó con un rescate multimillonario tras haber tenido que reformular unas cuentas que afloraban unas pérdidas abultadas frente a los beneficios anunciados inicialmente. Fueron 22.000 millones de euros, más otros casi 2.000 millones a BMN, absorbida años después por el banco público. El próximo 4 de septiembre se cumple un año desde que se iniciara el principio del fin del banco público, cuando CaixaBank y Bankia revelaban que negociaban una fusión.

Aquella operación fue defendida por el Gobierno, al menos por la parte socialista, y el FROB, sociedad a través de la cual el Estado era accionista de Bankia, como una forma de incrementar el valor de la participación pública en el negocio. Así ha sido. El anuncio de las negociaciones disparó el precio de los títulos del banco, aunque en las semanas siguientes fue moderándose. A final de marzo y principio de abril, una vez cumplidos todos los trámites de la operación, el Estado pasó de tener un 61% de Bankia a ser el segundo accionista de CaixaBank, con el 16%, frente al 30% de la Fundación La Caixa.

El 3 de septiembre de 2020, la víspera de conocerse la negociación, la participación pública en Bankia valía en Bolsa 1.939 millones de euros, frente a los 3.400 millones actuales. Es decir, en 12 meses, el valor de las acciones públicas en banca se ha disparado en torno a un 76%. La recuperación paulatina que está teniendo la banca este año —las acciones de CaixaBank se han revalorizado un 26%, Santander un 25%, BBVA un 40%, Bankinter un 45% y Sabadell un 70%—, así como el recibimiento en el mercado de las fusiones bancarias, han ayudado al Estado a incrementar esa valoración.

Sin embargo, el aumento sigue siendo insuficiente para lograr recuperar una parte significativa de las ayudas que el Estado inyectó en Bankia en 2012. La cuenta es como sigue. Son algo más de 24.000 millones de euros los que se destinaron a Bankia y BMN. De ese total hay que restar unos 1.100 millones que el Estado recibió en dividendos de Bankia en los años en los que fue su accionista mayoritario. Además, ya realizó dos desinversiones en el grupo bancario en 2014 y 2017, que se tradujeron en unos 1.300 y otros 800 millones. Con ello, la cifra pendiente de recuperar se sitúa por encima de los 20.000 millones, contando con que en primavera ya recibió su primer dividendo procedente de CaixaBank, que rondó los 34 millones de euros.

Con estas cifras sobre la mesa, los 3.400 millones que ronda actualmente la valoración de las acciones que tiene el FROB en CaixaBank, se antojan todavía muy lejanos hasta los más de 20.000 millones pendientes de recuperar del rescate. La participación estatal tiene un valor equivalente a algo menos de la sexta parte de aquel dinero que se inyectó en el banco que sacó a Bolsa Rato, que fue sustituido por José Ignacio Goirigolzarri, quien ha acabado presidiendo CaixaBank tras la fusión.

Para vender estas acciones existe un calendario, pero ha sido modificado ya en tres ocasiones. La última, en primavera, cuando el Gobierno prorrogó dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2023. Para esa fecha, el FROB debería haber vendido sus títulos en CaixaBank, aunque como ha pasado en el pasado, podría volver a retrasarse.

El FROB defendió desde el primer momento la operación. La actual presidenta, Paula Conthe, argumentó en el Congreso que el hecho de que el Estado dejara de tener una posición de control en el accionariado le facilitaba la posibilidad de vender pequeñas participaciones espaciadas en el tiempo. En el mercado se entiende habitualmente que cuando se venden grandes paquetes de acciones de una vez, se puede tener que realizar rebajas en el precio. “La operación genera valor y mejora las perspectivas de la estrategia de desinversión”, argumentó.

“Limitada o escasa” recuperación del rescate

Sin embargo, ni Conthe ni su antecesor, Jaime Ponce, han querido en sus intervenciones públicas hacer una estimación de cuánto puede recuperarse en CaixaBank. Preguntado en el Congreso por la fusión, Ponce aseguró que “nuestra capacidad de recuperar las ayudas es 'limitada o escasa', el adjetivo lo ponen ustedes [a los diputados]”. Conthe, meses más tarde, en la misma comisión, lo reconoció: “podemos decir cuánto hemos gastado pero es difícil decir cuánto vamos a recuperar”.

La propia vicepresidenta Nadia Calviño también defendió en el Congreso la operación sin avanzar una previsión de cuánto se puede recuperar para el Estado. “La conclusión es que esta operación sobresale como la que más valor genera de entre todas las posibles y que, por lo tanto, mejora las posibilidades de recuperar las ayudas públicas y defender, así, el interés de los contribuyentes españoles”.

Como referencia de cuánto se puede recuperar del rescate, sirva el documento anual que publica el Banco de España donde se desgranan las ayudas del rescate financiero y proyecta la posible recuperación de las mismas. El último fue publicado a finales de 2019, con datos hasta el cierre de 2018. Entonces, se confiaba en recuperar 9.560 millones. Este dato, dos años antes de la fusión con CaixaBank, supone casi el triple del valor actual de las acciones del Estado y menos de la mitad de lo pendiente por recuperar.

Además de las ventas de acciones, el Estado tiene en los dividendos otra vía para recuperar parte del dinero. Los citados 34 millones de la pasada primavera fueron una cuestión testimonial porque los bancos tenían limitado el dividendo que podían dar a sus accionistas. Ese límite se levanta a final de septiembre y CaixaBank ha sido una de las entidades que ha comprometido un mayor nivel de dinero para sus accionistas, suponiendo el 50% del beneficio. De ese capital, el 16% irá a las arcas del Estado.

Aunque no fue una desinversión —se cambiaba el 61% de una entidad mediana por el 16% de una grande—, la absorción de Bankia fue entendida por algunos como un cierre a la puerta de tener una banca pública en España, como señalaron en su momento desde Unidas Podemos. El socio de Gobierno del PSOE entendía que era “reprivatizar” Bankia y “una mala noticia” para la economía española.

Lo cierto es que Bankia, pese a estar controlada mayoritariamente por el Estado, nunca funcionó como un servicio público o una herramienta de política económica. Su consejo de administración siempre operó con bastante independencia. Esto ha cambiado con la operación de CaixaBank. El Estado, ahora sí, tiene asiento en el consejo e hizo notar su voz en la primera junta de accionistas que tuvo la entidad tras la fusión, al votar en contra de la subida de sueldo de la cúpula mientras se estaba planteando el mayor ERE de su historia.