Primero, tras la ola de indignación que desató su desahucio, fueron a por Maricarmen. Luego, cuando esa rabia se organizó y consiguió prender en las calles de todo el país con protestas y acampadas multitudinarias, los dardos se volvieron contra los portavoces del Sindicato de Inquilinas. Y ahora, tras la aprobación y entrada en vigor del decreto antidesahucios del Gobierno, los ataques de PP y Vox ponen en la diana a dirigentes del PSOE. La ofensiva de la derecha por intentar neutralizar el acceso a la vivienda como tema central de campaña busca desacreditar a los actores políticos o sociales que se hacen eco ahora de un sentir tan transversal que escala hasta la primera de las preocupaciones de los españoles, según el CIS. Y todo, en mitad de un contexto electoral al que atraviesa, de repente, un viejo debate: el de la relación entre los políticos y los negocios inmobiliarios que este viernes se cobró como víctima política a la socialista Montse Mínguez, que dimitió.

Esta semana, el digital 'Artículo 14' publicaba que la pareja de la ya exportavoz del PSOE es un empresario catalán que se dedica, entre otras cosas, al rentismo. Y cuyas sociedades poseen decenas de inmuebles que compra, rehabilita y luego alquila. Desde el Partido Popular y Vox tardaron poco en lanzarse contra Mínguez para señalar “la hipocresía” o la “doble moral” de la diputada que defendió hace quince días desde la tribuna del Congreso que las viviendas son un derecho y no un negocio durante su intervención en el debate parlamentario sobre los decretos ley del Ejecutivo que la derecha tumbó.

La propia portavoz socialista, que no tiene ningún vínculo jurídico con las empresas de su pareja, salió esta semana públicamente, sin embargo, en defensa de su actividad. “Paga sus impuestos y cumple la ley de vivienda, que en Catalunya está en vigor y limita los precios del alquiler en zonas tensionadas”, dijo durante una entrevista en Antena 3 en la que muchos compañeros de partido opinan que cometió el error de hacer suya una actividad que le resulta, en realidad, ajena.

Aunque no ha vuelto a hablar en público más allá de su breve comunicado de dimisión, Montse Mínguez traslada en conversación con este periódico que, durante toda la semana, ha sufrido una auténtica persecución personal en Lleida, donde asegura que supuestos reporteros de programas de televisión o medios digitales han llegado a acudir a la puerta de su casa e incluso a los puestos de trabajo de su familia. “La política muchas veces maltrata a buenas personas, su caso es uno de ellos. Yo lamento mucho que Montse no continúe como diputada porque es una gran política, es muy buena persona y cuando me ha dicho que eran razones personales por las cuales dejaba la política, pues yo no puedo sino apoyarla y, por supuesto, respetarlo”, reaccionó el viernes Pedro Sánchez desde Bruselas.

Lo que apuntan desde el PSOE es que en ningún caso la actividad profesional de la pareja de su portavoz ha condicionado, ni ha influido, ni ha chocado en ningún punto con el desempeño político de Mínguez. Y que si se va es, únicamente, porque no ha aguantado la presión sobre su familia. “Lo importante es lo que ella ha votado en el Parlamento: siempre a favor de una vivienda digna y accesible. En este país hay quien quiere regular la vivienda y quien no quiere arreglo, como el PP y Vox. Y nosotros no perseguimos a quien cumple la ley y hace una actividad lícita”, sostienen en Ferraz, donde desmienten de manera rotunda dos publicaciones más sobre la pareja, en este caso de El Español: “Ni tiene empresas en Panamá, ni en Polonia, ni en Brasil”. El PSOE también asegura que cuando el empresario recibió en 2017 el visto bueno del Ayuntamiento de Lleida para la construccion de una urbanización de lujo, Mínguez, que presidió como concejal la Junta de Gobierno local de aquel Pleno, no era pareja del constructor.

A la pregunta de si los ataques del PP y Vox contra la dirigente socialista tienen que ver con la evidente ofensiva de la derecha al movimiento por la vivienda o implican una incompatibilidad política real, la abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales y experta en derecho a la vivienda, Alejandra Jacinto, cree evidente que hay algo de las dos cosas. “La derecha y la extrema derecha han tenido éxito hasta ahora para neutralizar las luchas por el derecho a la vivienda, y la prueba es que han conseguido que en este país se hable más de empresas de alarmas y de bandas de desokupación que de víctimas de desahucios. Es evidente que esta ola en la que el sentido común ha cambiado de bando y se ha puesto de parte de Maricarmen y de las asociaciones que defienden el derecho a la vivienda les ha pillado a contrapie. Y su única herramienta para intentar frenarlo es criminalizar a todas aquellas personas que den algún paso dirigido a defender las políticas públicas de intervención del mercado”.

En ese contexto se enmarca, por ejemplo, que mientras Maricarmen estaba ingresada en el hospital tras su desahucio se desatara toda una campaña de ataques y de desprestigio basada en noticias falsas para intentar arruinar la reputación de la mujer que consiguió prender la mecha de la indignación social. Esos días corrieron como la pólvora bulos como el de que tenía una fortuna en el banco. O montajes fotográficos que la mostraban en restaurantes y peluquerías. Algunos medios se dedicaron a buscar vecinos que hablaran mal de ella. Y desde el PP y Vox llegaron a llamarla “morocarmen”, “puta sinvergüenza” o incluso a ridiculizar su desahucio, como hizo Ayuso.

Algo parecido ocurrió unos días después con el Sindicato de Inquilinas. El primer objetivo fue su portavoz, Fernando de los Santos, al que llegaron atribuírsele cientos de propiedades inmobiliarias. Lo mismo que hicieron con el propio Sindicato, al que le endosaron la posesión de hasta 171 inmuebles. Uno de los digitales que lo difundió, The Objective, se vio obligado a rectificar. Poco después, en 'El Hormiguero', de Antena 3, una de sus colaboradoras afirmó que el Sindicato de Inquilinas recibía 3,7 millones de euros de subvención pública por parte del Gobierno mientras acampaba en Sol. No es así.

En el caso de la portavoz del PSOE, Alejandra Jacinto cree que confluyen esa ofensiva de la derecha y la eterna contradicción de los socialistas con políticas estructurales como las de vivienda. “Es un reflejo de cómo opera el PSOE: soplar y sorber a la vez, equidistancia entre derecho a la vivienda y derecho al negocio. Es verdad que no es Montse Mínguez, que es su pareja. Pero es que ella es a la persona que eligió el PSOE para defender el decreto y su pareja resulta que se dedica a la especulación. Y en estos momentos de lucha social, de protesta organizada, resultan contradicciones insoportables cuando la sociedad ya ha dicho basta. No se puede estar con los rentistas profesionales y con el derecho a la vivienda. Pero esto viene de largo en el PSOE. La exdirectora general de vivienda socialista es hoy la presidenta de ASVAL (Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler), y antes lo fue Joan Clos”.

Para Jaime Palomera, director del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) y doctor en Antropología Económica, el debate no debería girar en términos estrictamente morales, muy vinculados al caso específico de Maricarmen por las características evidentes de vunerabilidad y desprotección de su caso, sino más al fondo de la raíz económica. “La propuesta de la derecha es desregular y construir. Pero si tú no atacas el problema de la distribución y del acaparamiento, no resuelves nada. Una vez que las viviendas son activos, se van concentrando. El que gana dinero con la vivienda invierte ese dinero en comprar más vivienda para ganar más dinero. No es un problema moral, es un problema económico. Es un negocio que cada vez tiene más rentabilidad, del que se beneficia gente de izquierdas y de derechas y no hace más que generar desigualdad y fracturar este país”.

Según las declaraciones de bienes del Congreso, casi el 20% de los diputados y diputadas disponen de tres o más propiedades. Aunque hay casos especialmente llamativos. María de las Mercedes Cantalapiedra, del Partido Popular, es, según esas declaraciones de bienes, la diputada con con mayor patrimonio inmobiliario del Congreso, al declarar 19 viviendas. En segundo lugar se sitúa María Mercè Perea i Conillas, diputada del PSC, que declara ser propietaria de once viviendas. En el Senado, la situación es similar. Allí destacan los patrimonios inmobiliarios de dos senadores del PP: José Manuel Barreiro, con 13 viviendas, seis solares y dos bajos comerciales, y María Salom, con 10 viviendas, 8 locales comerciales y 20 plazas de aparcamiento, concentrados principalmente en la isla de Mallorca.

“Tú no puedes representar un día los intereses generales de la ciudadanía española y al día siguiente a los grandes fondos y a la patronal de los especuladores. El mensaje de la ciudadanía es claro: o estás con el rentismo o estás con el derecho a la vivienda”, concluye la abogada y activista Alejandra Jacinto. Según el Instituto Nacional de Estadística, casi 3 millones de personas vive ahogada en España para poder pagar su alquiler, al que destina más del 30% de sus ingresos. En total, 28.000 millones de euros pasan cada año de manos de los inquilinos a los propietarios, un 1,6% del Producto Interior Bruto de todo el país.

Las voces de Iker y Aleix se dejan entrever entre el jaleo de Sol. Pero la conversación íntima que mantienen contiene el mismo aliento que el del resto de la plaza y del territorio nacional. La rabia y la desesperación se han vertido en las calles este fin de semana inmediatamente después de que el Congreso de los Diputados tumbara los dos decretos Maricarmen que contemplaban medidas urgentes para blindar desahucios o renovar automáticamente contratos de alquiler. Lejos del abatimiento, el kilómetro cero aúlla por una huelga general y resiste ante amenazas ultra, posibles tambores de desalojo y una organización efectiva para seguir funcionando en su día a día mientras pelean por los derechos sociales del país. 

“Estamos motivados y cada vez más organizados”, explica Mireia, de 23 años, ante la espera —de por lo menos dos semanas— que supondrá la convocatoria oficial de la huelga, prevista para el próximo 14 de octubre. Las manifestaciones por la vivienda se replicaron ayer sábado en 54 ciudades diferentes de España y continúan este domingo en Almería, Córdoba, Gijón, Salamanca o Murcia. “Al final, esto no se centra en Madrid, sino que se extiende a todo el Estado y que cada región luche por su territorio demuestra que la lucha no está centralizada”, sigue la joven. 

En la capital, más de medio millón de personas —70.000 según la Delegación del Gobierno— desembocaron este sábado frente a Cibeles para pedir, de la mano del Sindicato de Inquilinas, esta interrupción colectiva de la actividad laboral a modo de protesta. Este domingo, algunos de los asentados se han sumado a la concentración por Palestina convocada en Atocha mientras otros continúan resistiendo frente a la Real Casa de Correos de Madrid, símbolo del gobierno de Ayuso; la petición de huelga ya es inminente. “Era hora de salir a las calles”, valora Carmen, que lleva años protestando por la situación en Gaza, incluso antes del Genocidio perpetrado por Israel: “Hasta ahora, siempre que íbamos a manifestaciones, pensábamos que solo éramos cuatro personas mayores, pero por fin los jóvenes han sentido también la necesidad”.

El camino “real” hacia la huelga general

“Continuamos esperanzados, sobre todo después de la noche de ayer [por el sábado]. Se va notando el desconcierto porque no sabemos cómo va a evolucionar todo esto, pero seguimos hablando, haciendo asambleas y acudiendo a ellas. No nos queremos mover hasta que haya una respuesta clara y que ayude a la situación actual”, expresa contundente Lucía, de 22 años. Esta perseverancia y las réplicas en diferentes ciudades constituyen el camino “real” hacia una inactividad laboral que consiga ejercer presión porque involucra “a todo el país”. 

“Los sentimientos individuales de lucha nunca han llegado a ningún lado. Tienen que sentirse en todas las clases y en todos los sitios”, releva Guillermo, otro de los acampados. Uno de los denominadores comunes es la pertenencia a una clase trabajadora hasta el momento aparentemente fragmentada. “No somos cuatro gatos —que no lo somos, cada vez hay más gente— y aunque tengamos que resistir un mes, estamos lo suficientemente organizados para repartirnos el trabajo y llegar a lo que queremos: una huelga general y un cambio en la legislación en materia habitacional”, determina su compañera Mireia.

Sobre una posible coalición de izquierdas de cara a unos comicios que aún se desconoce si Pedro Sánchez va a adelantar, se muestran suspicaces: “No tenemos confianza en que se vaya a lograr nada —se acaban de tumbar dos decretos—, la lucha es en las calles y con los trabajadores organizándose”, claman con los “pelos de punta” sorprendidos aún porque se haya dado un movimiento social de estas magnitudes. A 30 de septiembre, la acampada en Sol ascendía a 1.248 tiendas de campaña, según datos del Sindicato de Inquilinas.

Entre la ayuda y la amenaza ultra

Cada día, los asentados viven cómo la gente se acerca, les aplaude y les ofrece todo tipo de ayuda incluso a las cinco de la madrugada, durante los turnos que hacen de noche para vigilar. Entre ellos está Eduardo, que viaja desde Chile y se arrima a ellos para mostrarles su orgullo. Pertenece a la acción social de su país, donde lamenta que el ultraderechista Juan Antonio Kast haya llegado a la presidencia y esté degradando los servicios públicos. 

También hay momentos tensos. “Ha sido una noche movidita tras la concentración ayer de Núcleo Nacional. Menos mal que la Policía Nacional no les ha dejado pasar, pero hemos estado pendientes, en vilo. Queremos garantizar que es un movimiento pacífico”, explica Tigis (24 años). En primer lugar, para no perder la razón de protesta y en segundo, porque se trata de una zona concurrida por donde pasan familias con niños y turistas. 

El sábado al caer la noche las luces de los furgones policiales centelleaban. Desde media tarde y ante la amenaza ultra se reforzó la protección del perímetro, especialmente el acceso desde la calle Alcalá, por donde afines de los grupos de ultraderecha Democracia Nacional y Núcleo Nacional pretendían intimidar a los acampados. Miles de personas se dispusieron en esa dirección sobre las ocho de la tarde bajo la consigna de: “No pasarán”. Horas después, a las once, los agentes detenían a tres personas que habían acudido a la concentración convocada por grupos ultraderechistas en la calle Montera, según informó la Delegación del Gobierno en Madrid. 

“Tenemos que tener cuidado porque vienen a provocar y después de estar ocho días, estamos tensos, pero eso nos perjudica, tenemos muy claro que no vamos a contribuir a la violencia”, señala Alba. Simultáneamente a la manifestación multitudinaria que había culminado horas antes en la glorieta de Cibeles, unas 3.000 personas —según los organizadores— hacían presión en Móstoles para aplazar el desalojo previsto para este martes 6 de octubre en el Centro Social Okupado Autogestionado La Casika, que seguirá abierto a sus vecinos después de que la Justicia lo haya pospuesto hasta nuevo aviso tras más de 15 años de litigios. Una muestra más del triunfo de la resistencia social, que ha despertado tras años de letargo.

Un mes de posible acampada

En Sol, calculan que les queda aproximadamente un mes para resistir hasta la huelga general e incluso después. Consideran la huelga “una herramienta, no un fin”, apunta Marta (25 años) y este tiempo, continúa Alba (22 años), seguirán “aguantando”: “Estamos muy enfadados, muy quemados”. Junto a ellas, se celebra a media mañana una de las asambleas diarias que culmina entre aplausos. Todo esto se hace para defender tanto el derecho a la vivienda como cualquier otro “derecho básico”, recalcan.

Hace ya más de una semana que se empezaron a instalar -de manera espontánea pero con la organización del Sindicato detrás- las primeras tiendas de campaña en el epicentro del territorio nacional. Junto a Aleix e Iker, los dos asentados que mantienen una conversación intensa sobre un diputado de Vox que aseguró que una familiar sufría el problema de la vivienda antes de votar en contra de los dos decretos, aparece un grupo con varias garrafas de agua. 

Sol se ha convertido ya en un vecindario, con calles bautizadas —calle de los Claveles, plazoleta del Travelo—, tiendas de campaña con números asignados, basuras en puntos planificados y vigilancia perpetua. Estudian con la tablet desde el suelo frío cubierto solo por el nailon, compran conjuntamente lejía para limpiar las zonas comunes, se alternan para ir a casa a ducharse y se cubren durante las jornadas laborales. Cada mañana, al despertar, leen en un gran cartel escrito a mano: “El negocio de la vivienda asfixia nuestros barrios” y otras afirmaciones tan lapidarias como verídicas.

Por las lluvias, han levantado lonas con palos de escoba y cinta gruesa y sacado el agua que se metía en las barriadas improvisadas que presionan para que cambien las cosas. Se lee, en un cartel mojado, arrojado al suelo tras las protestas: ‘Se vende nuestro futuro y derechos’. Pero su abandono no es fruto del tedio. El entumecimiento de una generación ‘de cristal’ a la que se atribuía una sensibilidad exagerada ruge ahora para poder (ahora sí) construir una vida a partir del estudio y del trabajo.

“Estamos muy frustrados”, señala Lucía, que lleva más de una semana acampando y más de dos décadas teniendo una desarrollada sensibilidad por las causas injustas. Estudia de forma telemática Trabajo Social mientras convive con otra chica a la que conocía de antes, pero con la que no mantenía una amistad. Hasta ahora. Las personas que se marchan dejan su tienda para que otros puedan ocupar su lugar, por lo que el campamento no mengua, crece. “De hecho, a esta zona la llamamos de nueva construcción”, bromea la manifestante. Los apéndices más nuevos son los instalados dirigiéndose hacia la plaza de Callao y los cercanos a la calle Arenal.

“Aquí nos protegemos, se crea vínculo”, recalca Emilio. “Por la noche, vienen a veces personas de otras ideologías, borrachos, y nos increpan: que por qué tenemos bandera de Palestina. Algunos incluso levantan la mano [haciendo el saludo fascista]”, cuenta. Todos recuerdan que se trata de una lucha interseccional. Lía, una amiga suya, viene cada día al terminar de trabajar para ayudarles en lo que necesiten: “Es increíble que se organicen mejor aquí que el Ayuntamiento de Madrid en muchos años”, comenta indignada. Una de las palabras que más se repite estos días en las reivindicaciones es “vergüenza” por la inacción política e institucional. Casi ninguno de ellos tiene ya esperanza en estos motores. 

Así lo manifestó también Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas tras la manifestación multitudinaria: “Enhorabuena a todos porque estamos haciendo historia en este país, hemos hecho más en ocho días que el Gobierno que se hace llamar progresista”.

Centenares de personas se han manifestado este sábado por la tarde en Toledo para reclamar el acceso a la vivienda. Convocados por la Unión Popular de Inquilinas (UPI), han trasladado sus protestas en un recorrido inusual desde Zocodover a la plaza del Ayuntamiento.

Con llave en mano y ante la mirada estupefacta de muchos turistas, han cargado contra los fondos buitres, las empresas especuladoras y los partidos que han rechazado esta semana los dos decretos en el Congreso de los Diputados.

“Fuera fondos buitres de nuestros barrios”, “queremos casas, no hoteles”, “no es un piso chulo, es un puto zulo” o “si no hay alternativa, se okupa la cocina” han sido algunas de las proclamas que han lanzado en una protesta a la que se han unido personas de todas las edades.

Todas ellas han compartido una ruta que en este tipo de actos se lleva a cabo habitualmente por la calle Comercio -la más turística de la ciudad- y que en esta ocasión los convocantes han optado por desviar hacia vías menos transitadas, con la plaza de San Vicente como punto intermedio.

Para David Marto, su problema más directo con la vivienda se transforma en un viaje diario a Madrid. Este joven toledano, a punto de cumplir 32 años, sigue viviendo con sus padres porque independizarse no le resulta una opción asumible. Trabaja en Madrid, pero pagar allí un alquiler le resulta imposible, así que hace el camino de ida y vuelta hasta la capital para trabajar.

“Los precios están desorbitadísimos”, explica instantes, antes de que dé comienzo la manifestación convocada en Toledo. Su caso es solo uno de los que se encuentran entre los cientos de personas que han acudido a la protesta, 1.000 según los cálculos de la Policía Nacional y 2.000 según los convocantes.

A su lado, la protesta reúne también a personas de otras generaciones. Matilde, de 74 años, acudió porque comparte las reivindicaciones de los manifestantes y porque el problema de la vivienda también le toca de cerca: tiene hijos a los que las dificultades para acceder a una casa afectan directamente.

Son dos historias distintas, separadas por varias décadas, pero conectadas por una misma preocupación. Para unos, la vivienda supone retrasar la emancipación; para otros, ver cómo las dificultades por las que también lucharon para que no afectaran a futuras generaciones son actualmente el principal problema de la sociedad española.

“Las vecinas estamos diciendo ya basta”

África Alonso, portavoz de la Unión Popular de Inquilinas de Toledo, resume el motivo de la convocatoria en una frase: “No podemos más”. La organización considera que el acceso a la vivienda ha llegado a un punto en el que vecinos y vecinas han decidido salir a la calle y reclamar, también, una “huelga general” hasta alcanzar sus demandas.

Alentados también por la movilización social que tuvo como punto de inflexión la acampada en Sol a raíz del caso Maricarmen, la protesat en Toledo se ha avivado también en los últimos días con la situación que atraviesa Rosario, una mujer de 80 años que ha estado cerca de perder la vivienda en la que reside.

Alonso sostiene que el movimiento prepara nuevas movilizaciones y que está trabajando con los sindicatos de trabajadores de cara a la posible huelga general. La intención, explica, es aumentar la presión para que el problema de la vivienda ocupe un lugar central en la agenda política.

La portavoz también critica el rechazo a dos decretos relacionados con la vivienda y asegura que la movilización no termina con la manifestación. Para la organización, el respaldo ciudadano será el que marque los próximos pasos.

La Unión Popular de Inquilinas reclama que la ciudad sea declarada zona de mercado residencial tensionado para tratar de contener el incremento de los alquileres. También pide recuperar viviendas destinadas a uso turístico para destinarlas al alquiler residencial y reclama un plan de vivienda social que permita ampliar la oferta para los vecinos.

La UPI pone además el foco en la situación de los vecinos de la calle Río Yedra y en el mencionado caso de Rosario. Según ha explicado Alonso, las negociaciones continúan y cuentan con asesoramiento legal para intentar que pueda permanecer en su vivienda o encontrar una alternativa habitacional adecuada en su propio barrio de San Justo -en el Casco Histórico-.

Una protesta que mira al futuro

La manifestación ha finalizado en la plaza del Ayuntamiento. También, como novedad en este tipo de protestas sociales, los convocantes se han situado en las escaleras de la puerta principal del Palacio Arzobispal, donde han dado lectura a un manifiesto.

Entre cánticos y proclamas se ha vivido un curioso momento cuando desde los balcones del Ayuntamiento asomaba para fotografiarse una pareja que estaba contrayendo matrimonio en el Consistorio. “Sin casa, sin casa, esos no se casan”, les han coreado los cientos de personas presentes en la plaza.

“Conscientes y despiertas decimos basta. Nos hemos mirado a los ojos y hemos decidido salir a las calles, ejercer nuestro deber como ciudadanas y gritarles alto a las personas que toman las decisiones que hemos decidido, como pueblo soberano, que tenemos la obligación de cambiar el mundo”, han trasladado en la lectura del manifiesto.

En el texto, apuntan que las instituciones “no han estado a la altura”. “Ni el Estado ni las comunidades autonómas ni los ayuntamientos están siendo capaces de resolver el problema de la vivienda. Los partidos que bloquean estas medidas están dando la espalda incluso a sus propios votantes, y eso les va a costar su legitimidad”, advierten.

Por todo ello, instan a “para el país hasta que nos escuchen” y se establezcan medidas que permitan la bajada de los precios del alquiler y los contratos indefinidos, la expropiación de los fondos y empresas especuladoras o el fin de los desahucios. “Toledo será la tumba del rentismo”, han concluido.

Otras manifestaciones en Castilla-La Mancha

Las manifestaciones se han sucedido en varias capitales de provincias de Castilla-La Mancha. Así, en Albacete la marcha ha partido desde la plaza Gabriel Lodares, en Ciudad Real se ha convocado una concentración en la Plaza Mayor y en Guadalajara la manifestación ha sido esta mañana desde la Plaza del Ayuntamiento. En Cuenca habrá este domingo una concentración en la Plaza de España.

Según recoge Europa Press, el sindicato de inquilinas de Guadalajara ha afirmado en sus redes sociales que han sido miles las personas que han participado esta mañana en la manifestación por la huelga general de la vivienda, tras una pancarta en la que se podía leer 'Ni salarios por los suelos, ni viviendas por las nubes'.

Desde la capital guadalajareña han gritado soflamas como “No nos callarán, o cae el rentismo o caen los gobiernos” y han reclamado la intervención del mercado inmobiliario y el control de precios, la paralización de desahucios, la expropiación de vivienda de especuladores y fondo buitres y contratos indefinidos de alquiler.

Mientras, en la manifestación convocada en Albacete por Iniciativa Ciudadana se ha desarrollado tras una pancarta en la que se podía leer 'Vivienda para vivir, no para especular', con pancartas como 'Cambio riñon por 4º derecha', 'Vivienda para vivir, no para especular', 'Vivienda digna y accesible' o 'La vivienda es un derecho'.

Desde que se aprobó el ‘decreto Maricarmen’ hasta que el Congreso lo ha tumbado este viernes, apenas han transcurrido tres días. Unas jornadas que, precedidas de una fuerte movilización social, han llevado a miles de inquilinos a contener la respiración a la espera de saber si podrían atar la prórroga de sus contratos, evitar subidas de mensualidades o, en los casos más extremos, frenar desahucios que ya tenían día y hora.

Pero la mayoría parlamentaria, con un Junts alineado a última hora con PP y Vox, les ha dejado sin la protección que recogía la norma. Esta incluía, entre otras medidas, la prolongación durante dos años de todos los contratos que acabasen hasta 2028, la prohibición hasta 2030 de los desahucios de familias vulnerables, o la regulación más estricta de los alquileres de temporada o por habitaciones. 

A la familia de Félix, de 58 años, con mujer y un hijo de 29, se les acabó el contrato de alquiler el pasado día 29 de septiembre, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba el real decreto ley, así que el reloj corre en su contra. Un fondo de inversión, Mosaic, compró la finca en la que vive, en Erandio (Bizkaia) y no renueva ningún contrato. 

“El decreto nos hubiera dado aire para respirar”, expresa su hijo, también Félix. Muchos de sus vecinos sintieron que se abría una ventana de esperanza para ganar tiempo antes de que lleguen las denuncias y órdenes de desahucio. Félix, en cambio, no era tan optimista: “Me imaginaba que iba a salir que no”, afirma, “por eso ni siquiera me siento decepcionado, sino muy desilusionado”. “Ya no creo en los Reyes Magos y esto era la crónica de una muerte anunciada”, lamenta.

El pasado 29 de septiembre también fue un día importante para Juanita y para Seha. Ambas tenían ese día marcado en el calendario como el de su desahucio, pero los jueces de sendos casos decidieron aplazar el lanzamiento a la espera de ver qué decidía el Congreso. “¿Eso significa que habrá otro lanzamiento?”, pregunta Seha, vecina de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y embarazada de riesgo, al enterarse de la noticia.

“Fue una alegría tan grande cuando se paró el desahucio y ahora mira... Yo sólo quiero estar aquí hasta que cierre los ojos por última vez. Después, que se queden el piso”, explica Juanita, de 78 años, que confiesa haberse tomado un ansiolítico después de la votación.

Esta mujer compró su piso de Sant Adrià del Besós (Barcelona) hace 20 años, pero se lo embargaron hace casi diez años, porque lo puso como aval a la compra de su sobrina. CaixaBank le dejó quedarse a cambio de un alquiler social, ya que Juanita cuenta con un informe de vulnerabilidad, pero en el momento en que cayó el escudo social, le llegó el burofax avisándola de que la echaban.

“Los políticos que votan contra leyes que protegen a las personas no son humanos. Ellos vienen de una madre como yo. ¿A sus madres las dejarían en la calle?”, se pregunta Juanita, que rompe en lágrimas. La acompaña la PAH, que asegura que se mantendrá muy cerca para intentar que esta mujer no acabe perdiendo su hogar. “La lucha la tenemos que hacer todas juntas, porque somos más Maricármenes de las que se imaginan”, asegura.

Desde el Sindicato de Inquilinas advierten de una emergencia social con los desahucios. “Vamos a un escenario de decenas de miles de desalojos, y con los niveles de sinhogarismo que hay, es una temeridad”, alerta Carme Arcarazo, portavoz del colectivo. La caída del escudo social en enero, vigente desde la pandemia e igualmente rechazado por la derecha, asegura que ya disparó los desalojos. 

Solo en los últimos días, han sido varios los lanzamientos previstos que se han ejecutado o aplazado en función de si la fecha era anterior o posterior a la aprobación del decreto. En Mataró, una familia con un miembro con discapacidad fue expulsada de su casa el lunes. El miércoles y el viernes, en cambio, Macarena y Lucélia, en Barcelona y Manresa respectivamente, vieron cómo se aplazaban sus lanzamientos debido al fugaz decreto ley finalmente derogado. 

Los que esperaban prórrogas

Aunque los desahucios han atraído estos días todas las miradas, no solo las familias a punto de perder sus hogares estaban pendientes del decreto. También millones de inquilinos y propietarios aguardaban la votación del Congreso para conocer cómo quedaban los contratos. 

En total, dos millones de contratos de alquiler finalizan en España antes de 2029, según los datos del Ministerio de Consumo. Estos incluyen aproximadamente a cinco millones de arrendatarios. 

Uno de ellos es la abuela de Ana, que tiene 95 años. Vive de alquiler en Madrid y su contrato acaba en 2026. Su nieta, que estos días acampa en la Puerta del Sol, no sabe qué va a pasar con ella. Con el decreto contarían con dos años más de prórroga. “Si estamos tanta gente joven aquí es también para cuidar de nuestros mayores y para asegurarnos un futuro, poder vivir una vida digna y tranquila”, cuenta. 

No es la única que se ha acercado a la Puerta del Sol motivada por situaciones personales o familiares complicadas. También es el caso de Pablo, cuya madre vive en la sierra de Madrid y su casero le sube el alquiler mes a mes 20 euros. No sabe cómo va a poder seguir asumiendo los incrementos. El joven critica la inacción del Gobierno progresista y afirma: “Aquí en España están surgiendo dos opciones. Si trabajas te puedes pagar una casa, pero te mueres de hambre. Y si no, pues puedes comer un poco, pero vas a vivir o con tus padres o en la calle”. Otra situación que se repite es la de los caseros que se aprovechan. “Llevo cinco años de alquiler en Madrid, en cuatro casas distintas”, cuenta frente a su tienda de campaña Pau, que paga 500 euros por una pequeña habitación en una casa compartida con seis personas. Ahora considera que tiene suerte porque tiene un contrato indefinido, pero le echaron de su piso anterioR.

Desde Cieza, en Murcia, Aurora y su pareja, Alberto, expresan la misma inquietud, pendientes de un contrato que vence en marzo de 2028. “Estamos preocupados porque la zona en la que estamos, la Avenida Europa, se ha revalorizado mucho en los últimos años y hay indicios de que nos van a subir los precios”, expresan. Empezaron pagando a su casero 650 euros por un apartamento de 70 metros cuadrados, dos habitaciones, un baño, cocina y salón. “Ahora pagamos ya 711,25, por las subidas del IPC porque firmamos antes de la Ley de Vivienda”, afirman. 

Lo que más les afecta, relatan, es la incertidumbre: “Tenemos 34 y 35 años y proyectos profesionales y personales que queremos desarrollar en la capital, pero cada vez se está poniendo más complicado, no solo el alquiler, también adquirir una vivienda”, concluyen. 

Entre los activistas por la vivienda, la decisión de Junts de este jueves cayó como un jarro de agua fría. “Sabiendo que el PSOE llevaba tiempo negociando el decreto con ellos, no contemplábamos que lo tumbaran, porque era de mínimos”, se lamentaba Arcarazo, que no esconde su sorpresa. “Estamos en el momento de la legislatura en que la cuestión de la vivienda está más viva, con el nivel de hartazgo más alto, y no nos queda otra que caminar hacia una huelga general”, expresa. 

Con la aportación de Belén Ferreras, África Gelardo y Erena Calvo

“No hay otra manera, o con el capitán o con la clase obrera”, “Hay niños en la calle y no le importa a nadie”, “Gobierno progresista, cómplice rentista” y “Vergüenza nos daría desahuciar a una familia” son algunas de las consignas que esta noche decenas de personas han coreado al unísono en la Plaza de la Escandalera de Oviedo/Uviéu, secundando la concentración convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, el Sindicato de Vivienda de Asturies y Ama Asturies cuyos representantes han acudido con tiendas de campaña en las que pasarán la noche.

Andrés García, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, ha asegurado que mientras se prepara la huelga general están organizándose “para llenar las plazas y ciudades de dignidad. Los políticos no han encontrado soluciones al problema de la vivienda y la solución pasa por organizarse y hacer acción sindical. Pedimos a la ciudadanía asturiana y del resto del Estado español -ha dicho- que se organice, se movilice y vamos a conseguir el derecho a la vivienda con la huelga general que ya está en camino”

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, el Sindicato de Vivienda de Asturies y Ama Asturies habían convocado de urgencia una concentración para este viernes, a las ocho de la tarde, en la plaza de La Escandalera, en Oviedo/Uviéu, en defensa del derecho a una vivienda digna y contra los especuladores y rentistas.

Acampada en La Escandalera

En esta movilización se pidió a los asturianos y asturianas que se sumen a las movilizaciones estatales con una acampada

El lugar elegido para instalar las tiendas de campaña no ha sido seleccionado al azar. Es la emblemática plaza donde, el próximo domingo, terminará la manifestación que arrancará a las 12:00 horas desde la Estación Norte de Oviedo/Uviéu.

El cambio de ubicación

Aunque inicialmente la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias para el próximo domingo, día 4, se iba a desarrollar en Gijón/Xixón, e iba a partir de la plaza del Humedal al mediodía, finalmente por problemas logísticos se ha decidido este cambio de ubicación de última hora.

A la manifestación del domingo acudirán representantes de Ama Asturies que quieren demostrar que, al igual que su eslogan, “somos más” las personas que se movilizarán por la carestía de la vida y en defensa del derecho a una vivienda digna, con el horizonte puesto en el camino hacia una huelga general.

El nuevo escenario abierto

La concentración convocada para este viernes esponde a la necesidad, según las organizaciones, de dar una respuesta inmediata al nuevo escenario abierto tras decaer los dos decretos en el Congreso de los Diputados.

Entre las principales críticas a los Reales Decretos, los sindicatos señalan el carácter temporal de buena parte de las medidas, la ausencia de una regulación estructural de los precios del alquiler y la falta de mecanismos que garanticen una reducción efectiva de las rentas hasta niveles asumibles para la población trabajadora.

Las reivindicaciones

También denuncian que continúan sin abordarse algunas de sus principales reivindicaciones: el fin de los desahucios, la recuperación para uso habitacional de las viviendas vacías y de otros usos, la limitación efectiva de la vivienda como activo especulativo y medidas contra las empresas dedicadas a la desocupación.

Para las organizaciones, no basta con introducir medidas aisladas, ya que entienden que las distintas políticas tienen que estar conectadas para impedir que cualquier ayuda o bonificación destinada a los hogares termine siendo absorbida por el incremento de los precios del alquiler.

“Si no se regulan los precios, cualquier ayuda económica a los inquilinos acabará repercutiendo sobre las rentas. Si no se moviliza la vivienda vacía y no se garantiza su uso residencial, los propietarios seguirán teniendo capacidad para retirar vivienda del mercado”, señalan.

El camino hacia la huelga general

La concentración de urgencia de este viernes ha sido el primer paso de una movilización que continuará este domingo.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias y el Sindicato de Vivienda de Asturies consideran que los decretos vuelven a mostrar los límites de las políticas de vivienda del Estado español y denuncian que, pese a algunas medidas concretas, siguen sin abordarse las causas estructurales de la crisis habitacional.

Ante esta situación y el aumento de la tensión política en torno a las políticas de vivienda, los sindicatos han decidido trasladar la movilización a las calles de la capital asturiana. La movilización tendrá como lema: “Hacia la huelga general: contra el rentismo y los gobiernos que lo protegen”.

El contexto de las movilizaciones

Las organizaciones sitúan esta convocatoria en el contexto de las movilizaciones que se están desarrollando en distintos puntos del Estado y, especialmente, de la acampada y las protestas por Maricarmen en Madrid.

En Asturias, esta movilización da continuidad a las dos concentraciones celebradas en Oviedo/Uviéu durante la semana pasada y pretende reforzar la organización del movimiento de vivienda.

Los límites de una política de vivienda

Para los sindicatos, el debate generado alrededor de los Reales Decretos pone de manifiesto algo más profundo: los límites de una política de vivienda que no está resolviendo las condiciones materiales de la clase trabajadora.

Las organizaciones señalan que, pese a sus reticencias y críticas hacia determinadas medidas, el hecho de que el Gobierno haya tenido que adoptar nuevas disposiciones sobre vivienda demuestra la presión ejercida por la movilización social.

En el centro del debate político

En este sentido, consideran que el movimiento de vivienda ha conseguido situar el acceso a la vivienda en el centro del debate político y que cualquier avance conquistado no puede entenderse sin el trabajo cotidiano de organización de inquilinas, vecinos y familias afectadas.

Por ello, defienden que la respuesta a la crisis habitacional pasa por fortalecer la organización sindical, que consideran un dique de resistencia frente a la precarización y el rentismo.

“La vivienda no es una mercancía y nuestro derecho a vivir no puede depender de la rentabilidad de un propietario”, señalan.

La marcha al Congreso por la votación de los decretos de vivienda ha reunido a miles de personas en la Carrera de San Jerónimo, la vía que conecta Sol con el hemiciclo. “Hace falta ya una huelga de alquileres. Hace falta ya una huelga general”, ha sido uno de los mensajes lanzados por la multitud ante la Cámara Baja, donde este viernes los diputados han votado (y tumbado) los dos decretos de vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros.

Tras su rechazo, el Sindicato de Inquilinas recoge el guante de esa petición y llama a sindicatos laborales, comités de empresa o colectivos de estudiantes a “una huelga general que pare el país”. Las manifestaciones convocadas en toda España este sábado 3 de octubre servirán como lanzadera a esa convocatoria.

“Esto es por Maricarmen” o “Madrid será la tumba del rentismo” han sido otro de los gritos más coreados en la marcha junto al Congreso. A los manifestantes, que también han agitado sus llaveros en señal de protesta, les ha rodeado un fuerte dispositivo policial y la presencia de antidisturbios también ha sido abundante junto al hemiciclo, donde a las 11.00 arrancaba un pleno en el que Junts ha tumbado las medidas impulsadas por el Gobierno central. Para ello, sus parlamentarios han mostrado incluso mensajes de inquilinos “preocupados por la inquiokupación”.

“Rentistas culpables, diputados responsables” ha sido otro cántico constantes en una concentración que retoma la indignación desatada por el desahucio de Maricarmen a sus 87 años y la posterior acampada en Sol. Las diferentes administraciones han recibido el reproche popular con proclamas como “Ayuso y Almeida idos a la mierda” o “¿dónde está el Gobierno progresista?”.

Estos mensajes de indignación se han dejado ver también en las pancartas y carteles que pueblan la multitudinaria marcha. “PP, Junts y Vox no ayudáis a los más necesitados. ¿Para quién gobernáis?” o “PSOE y Sumar traidores responsables” son algunas de las frases que han mostrado los manifestantes.

La concentración ha aglutinado a personas de diferentes edades, orígenes o condición social unidas por “el drama del alquiler”. Así lo define Alfonso, jubilado de 69 años que disfruta de un contrato de renta antigua, pero ve cómo sus familiares sufren el encarecimiento de los precios: “Mis hijos no pueden ahorrar para comprarse una casa por lo que gastan en alquiler y cada vez va a peor porque los caseros no dejan de subírselo”. Su nieta acampa en Sol desde el pasado martes, algo que él apoya. “Aunque me preocupa y lo paso regular por las noches”, apostilla mientras trata de encontrarla entre el gentío.

La protesta muestra así de nuevo el carácter transversal de una movilización articulada alrededor del movimiento por la vivienda, pero que va más allá. Se han escuchado peticiones por “una huelga general” que acompañe a la de alquileres, vivas a “la lucha de la clase obrera” y atronadores aplausos cuando los manifestantes han pasado por el centro de salud Las Cortes, acompañados del cántico “Sanidad pública”. También “los invasores son los inversores”, en respuesta a la criminalización de la población migrante, recrudecida por la crisis de Ceuta.

Pese a estas luchas aledañas, la jornada se ha convertido en un plebiscito sobre la situación de la vivienda en España. Pedro Sánchez se plantea incluso adelantar las elecciones al 29 de noviembre al decaer ambos decretos, tanto el que aporta mayor protección frente a desahucios como el que establece la prórroga automática de alquileres. En la marcha, el sentir ha sido claro: “Gobierne quien gobierne, la vivienda se defiende”.

Cinco horas después del arranque, el número de personas movilizadas ha descendido sensiblemente hasta algunos centenares, que aguardaban la decisión del Congreso. Toda la jornada ha discurrido sin altercados violentos, aunque manifestantes han expulsado a algunos influencers vinculados a la ultraderecha al grito de “fuera fascistas de nuestros barrios”.

Pese al descenso del número de asistentes, la indignación ha estallado al conocerse la caída del primero de los dos decretos, en una votación que seguían en sus móviles. “Sus beneficios, nuestra miseria”, “vergüenza”, “no nos representan” o “la lucha está en la calle y no en los ministerios”, han coreado con rabia antes de regresar a la acampada y comprobar que el segundo tampoco salía adelante. Han insistido además en la exigencia de una “huelga general ya”.

Un hombre y una mujer que tenían alquilada una habitación en una vivienda en el barrio de Pumarín, en Oviedo/Uviéu, han sido detenidos acusados de la muerte de su casera y de provocar un incendio para destruir pruebas y ocultar el cadáver.

La pareja residía en el domicilio junto a la víctima, una mujer ecuatoriana de mediana edad y cuyo cadáver fue localizado calcinado por los efectivos que acudieron a extinguir el fuego.

Este miércoles los dos arrestados han pasado a disposición judicial y la magistrada instructora de la causa ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Una vecina vio a un hombre huyendo

Una vecina alertó a las siete y media de la mañana del pasado domingo a los servicios de emergencia para comunicar que “acababa de escuchar una detonación, veía cómo salía humo de un primer piso situado en el edificio número 4B en la calle Eugenio Tamayo y a continuación a un hombre que salía corriendo de las inmediaciones”, según el relato policial.

Los agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el inmueble y al acceder a la vivienda hallaron un cadáver que estaba calcinado. Aunque inicialmente se creyó que pertenecía a un hombre, finalmente la autopsia confirmó que se trataba de una mujer.

Una fuga en taxi

La Policía Nacional inició las investigaciones para tratar de localizar a los dos inquilinos a los que la mujer tenía subarrendada la habitación y que al parecer habían huido en taxi tras cometer el crimen.

Tras ser localizados en Gijón/Xixón, se puso en marcha un operativo policial bajo la dirección del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción en funciones de Guardia y la coordinación de la Fiscalía.

Escondidos en un hotel

Los efectivos del grupo UDEV III de la Brigada Provincial de Policía Judicial (BPPJ) de la Jefatura Superior de Asturias detuvieron a última hora del pasado domingo a los dos inquilinos que se ocultaban en un hotel de Gijón/Xixón.

Integrantes de la Policía Judicial y de la Brigada Provincial de Policía Científica aportaron vestigios concluyentes para imputarles el crimen, según ha confirmado la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Un incendio provocado

Tras una inspección ocular en la vivienda donde se halló el cadáver de la casera se pudo determinar, según las mismas fuentes, que “los detenidos habrían incendiado la vivienda para borrar pruebas y hacer desaparecer el cuerpo”.

La pareja pasó este miércoles a disposición de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza nº 4 y la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Prisión sin fianza

El Ministerio Fiscal interesó la adopción de esta medida cautelar dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, pueda imponerse a los investigados, y al considerar que existe riesgo de fuga. Inicialmente y sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, consideró que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de homicidio.

Finalmente, la magistrada siguiendo el criterio de la Fiscalía, acordó el encarcelamiento de los dos investigados en el Centro Penitenciario de Asturias.

“Me echan de mi casa porque parece que el casero necesita la vivienda para él después de habernos insinuado hace unos meses que quería subirnos 400 euros el precio del alquiler”, cuenta Elena, de 34 años. Para pagar ese piso, que ahora tiene que abandonar, destina un 40% de sus ingresos, sin incluir otros gastos como luz o gas. Elena es la personificación de la España ahogada por el alquiler: inquilinos que destinan más de un tercio de lo que ingresan para pagar la vivienda.

Como ella, a día de hoy, uno de cada cuatro inquilinos (26%) tienen que hacer un sobreesfuerzo económico para poder llegar a fin de mes. Los jóvenes menores de 30 años, los que viven solos, las familias donde solo trabaja una persona o donde los dos están en paro, hogares monoparentales y la población migrante son los grupos más expuestos a vivir ahogados por el alquiler en España. Así consta en el análisis realizado por elDiario.es sobre los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE) que permite conocer quiénes son los más vulnerables a este esfuerzo económico excesivo. 

El umbral del 30% es el límite de endeudamiento recomendado por los organismos internacionales para poder hacer frente al resto de gastos cotidianos. Superarlo expone a las familias al sobreendeudamiento y a desatender el resto de necesidades básicas. En España ya hay 2,7 millones de inquilinos (repartidos en 1,6 millones de hogares) que superan este límite para pagar el alquiler. El siguiente gráfico muestra la evolución de las personas inquilinas y cuántas superan el esfuerzo recomendado.

La subida sin tregua de los precios del alquiler (48% en la última década, según la ECV) ha disparado el coste de la vivienda para las familias en España y ha duplicado esta gran transferencia de dinero desde 2015. A pesar de ese ascenso, el porcentaje de personas que viven ahogadas por los precios del alquiler ha disminuido en los últimos diez años (36,4% al 26,2%)

Esta paradoja se explica principalmente por el mayor aumento de ingresos entre la población de rentas más bajas vinculada a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la reducción del desempleo (del 21% al 10% actual), la reforma laboral (por la caída de la temporalidad) o la implantación del Ingreso Mínimo Vital.

Pero la caída del porcentaje de hogares ahogados también se explica por los ahogados invisibles: inquilinos que han vuelto a casa de sus padres ante el aumento de precios o los jóvenes que no consiguen independizarse, un número que se ha disparado desde 2015. “Si me voy a vivir a una habitación, pagaría mínimo 500 euros y no puedo comer. No tengo mucha opción”, detalla Joel, quien cobra 800 euros y vive con sus padres.

En 2025 hay medio millón de jóvenes (25-34 años) más que viven con sus padres que los que había hace una década. “El elevado esfuerzo en términos de renta que supone el alquiler de una vivienda es un factor que limita la capacidad de emancipación de los jóvenes, especialmente en las grandes ciudades”, confirma el Banco de España. El siguiente gráfico muestra cómo ha cambiado la situación de convivencia y tenencia de vivienda en cada grupo de edad en la última década.

“Hace un año cobraba 1.000 y se me iba literalmente la mitad de mi sueldo en el alquiler”, detalla Mauro, de 22 años. Aunque ha mejorado sus condiciones salariales sigue destinando más de un 35% de sus ingresos al arrendamiento de un piso en Vallecas que comparte con otras personas y que ni siquiera tiene salón, porque lo han convertido en otra habitación. 

Al grupo de jóvenes se suman especialmente aquellos que hacen frente a los gastos en solitario. Como ejemplo, una madre soltera con el salario mínimo interprofesional de 1.141 euros, que destina el 30% al alquiler, le deja unos 800 euros para hacer frente al resto de gastos básicos: la compra, facturas, transporte o ropa. Sin embargo, hay hogares en peor situación que destinan hasta un 40% o 50%. Es decir, la mitad del sueldo se va únicamente a pagar el alquiler. 

Si el umbral recomendado para poder llegar sin dificultades a fin de mes tanto de la OCDE como de la Comisión Europea, y que la Ley Estatal de Vivienda reconoce, es no destinar más del 30% del salario a la vivienda para llegar sin dificultades a fin de mes, al menos un 7% de los inquilinos en España no solo lo superan; dedican más del 60% de sus ingresos.

Casos con el perfil de Maricarmen, desahuciada el pasado 26 de septiembre, no son comunes. Los mayores de 65 años que viven solos de alquiler suponen apenas el 2% de los inquilinos. Sin embargo, a ellos les afecta especialmente la escalada de los precios. La mitad de estas personas mayores deben destinar más de un tercio de sus ingresos o pensión a pagar el arrendamiento.

Además de Maricarmen, entre los más ahogados están los hogares donde vive una sola persona y los monoparentales. Es decir, el mercado de la vivienda castiga especialmente a las personas que no conviven en pareja o con más compañeros de piso.

Maricarmen pagaba 500 euros en concepto de renta antigua antes de ser desahuciada. Un contrato de 1956 que se había subrogado por segunda vez en 2005 y que le permitía destinar algo menos de un 30% de su pensión a la vivienda. Con la subida propuesta originalmente por Urbagestión, el fondo que adquirió su piso, la cantidad que debía pagar era más que sus ingresos. Finalmente, el acuerdo logrado con la empresa tras el estallido social establece que el precio del alquiler nunca podrá superar el 30% de los ingresos netos de Maricarmen y tendrá una duración aproximada de ocho años.

Los ahogados por el alquiler se concentran en núcleos urbanos y turísticos

La subida del precio en los alquileres de larga duración, explicado por la falta de oferta residencial y por el salto de las viviendas a uso turístico y al alquiler de temporada (una práctica cada vez más extendida para evitar el tope de los precios) hace que los esfuerzos para acceder a una vivienda se intensifiquen en las grandes ciudades, zonas de la costa mediterránea y los archipiélagos. Es decir, zonas que o bien crecen en población y cuentan con una gran actividad económica o bien cuentan con un gran atractivo turístico.

Así, comunidades con más de un millón de personas viviendo de alquiler, como Madrid, Andalucía o la Comunitat Valenciana superan la media nacional y casi 3 de cada 10 inquilinos viven haciendo un sobreesfuerzo económico mes a mes. Aunque el problema se intensifica en las ciudades. Tal y como recogió el Banco de España, el esfuerzo medio en Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga ya supera el 40%.

Esta asfixia golpea especialmente a los hogares más pobres, donde son frecuentes las familias con varios miembros en paro o en empleos de baja cualificación.

El siguiente gráfico muestra la distribución de los hogares españoles si los dividimos en diez grupos iguales según su renta disponible. Los más empobrecidos son los más asfixiados por pagar el arrendamiento de la vivienda.  

La mitad de la población ahogada por el alquiler pertenece a los dos primeros estratos. Es decir, al 20% con menos renta (medida por unidad de consumo). Son, precisamente, los que más viven de alquiler ante la imposibilidad de ahorrar para comprarse una vivienda.

El vínculo entre renta y origen es claro. La población migrante, tal y como documentó elDiario.es, se concentra en los barrios más pobres de las ciudades españolas. Un factor que les convierte en el gran bloque de gente asfixiada por el pago del alquiler. 

De los 2,7 millones de personas expuestas al esfuerzo superior al 30%, la mitad de ellas son migrantes nacidos fuera de la Unión Europea. Principalmente, de Latinoamérica. La subida del precio del alquiler y los duros requisitos del mercado inmobiliario empujan a la población migrante a vivir en la periferia y en zonas empobrecidas. Son familias que empiezan de cero en España, sin papeles, con apenas recursos, inestabilidad laboral y salarios bajos que les ubican en los deciles de renta más inferiores, viéndose obligadas a destinar más del 30% de su salario a la vivienda.

Pese a que España ha sido tradicionalmente un país de propietarios, la población inquilina ha aumentado en 3 millones de personas en los últimos años. Ahora este grupo, que ya representa el 21% de la población, es donde la pobreza golpea con más fuerza. Uno de cada cinco inquilinos vive con carencia material severa. Son al menos 1,6 millones de hogares que viven de alquiler y que no pueden permitirse gastos básicos como comer carne o pescado cada dos días, mantener la vivienda a una temperatura adecuada o tener una lavadora. 

La crisis de acceso a la vivienda no solo se extiende a la carencia material, sino que también tiene efectos directos sobre la salud mental de la población. Tal y como destacó el Ministerio de Sanidad, allí donde hay más desempleo, menos acceso a la vivienda o menos vínculos comunitarios, se disparan las tasas de ansiedad, depresión o consumo de psicofármacos. “Imagínate tener un contrato y el año que viene no saber dónde vas a estar o si vas a tener que cambiar de trabajo porque no puedes pagarlo”, lamenta el joven Joel.

El mapa que te dice dónde podrías vivir, calle a calle

¿En qué ciudades y barrios de España el precio del alquiler está por debajo del 30% de tus ingresos actuales? En el mapa que aparece a continuación puedes ver cuáles son estas zonas y dónde están. Al seleccionar los ingresos netos de tu hogar el mapa va a pintar qué porcentaje de tus rentas tendrías que gastar para permitirte el alquiler mediano de cada sección censal, de más asequible a más caro.

Los datos provienen de la última actualización Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, que incluye los alquileres por vivienda habitual declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cruzado con la información disponible de cada inmueble en la base de datos del Catastro.

Después de horas -y días- de expectación, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos decretos de vivienda que intentan dar respuesta a la súplica de las calles tras el controvertido desahucio de Maricarmen. Sumar y PSOE han conseguido acercar los puntos de negocación que se han dado esta mañana y al fin se tomarán medidas en materia de vivienda que terminarán por convalidarse este viernes, 2 de octubre. Canarias, además, juega un papel importante, ya que la única diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, tendrá que votar en el Congreso para que las medidas entren definitivamente en vigor. CC no ha adelantado el sentido de su voto.

El motivo de que haya dos textos es meramente parlamentario. Uno de los decretos recoge lo que pueden apoyar PNV y Junts en el Congreso, y el otro, lo que Sumar consideraba imprescindible. Por eso, el PSOE lo planteó de manera que las medidas no dependieran en su totalidad de todos los apoyos y no decayera. Cabe destacar que en marzo de 2026 el Gobierno ya aprobó dos decretos anticrisis por separado, con la congelación de alquileres aparte.

El decreto aún está pendiente de publicación en el BOE, pero, según fuentes del Ministerio de Vivienda, el paquete aprobado incluye cuatro bloques con diferentes medidas:

1. Más protección para los inquilinos: desahucios y contratos de alquiler

Una de las medidas de mayor impacto es la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios de hogares vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional. El mecanismo establece una protección reforzada cuando el propietario sea un gran tenedor o un fondo de inversión, mientras que en otros casos el procedimiento contempla que las administraciones busquen previamente una solución habitacional.

En Canarias, este punto tendrá una implicación directa porque la búsqueda y puesta a disposición de una vivienda alternativa requiere la participación de las administraciones autonómica y local. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ya contempla que las comunidades autónomas faciliten soluciones habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad, incluidos hogares afectados por desahucios.

El nuevo paquete también establece una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que se cumplan las condiciones previstas.

A esta medida se suma el segundo real decreto-ley, en el que se plantea la renovación automática de los contratos de alquiler. Esta segunda norma responde a una de las principales reivindicaciones de Sumar y del Sindicato de Inquilinas, pero su aprobación parlamentaria todavía está pendiente y su respaldo no está garantizado.

2. Alquileres: límites, ventajas fiscales y control de los contratos temporales

El segundo gran bloque afecta directamente al precio y a las condiciones de los alquileres.

Los inquilinos con ingresos inferiores a 33.000 euros anuales podrán beneficiarse de una deducción fiscal por el alquiler. El paquete también incorpora incentivos para los propietarios que reduzcan o mantengan las rentas, con reducciones fiscales que pueden llegar al 100% en determinados supuestos cuando la nueva renta se rebaje más de un 5% respecto al contrato anterior y se cumplan el resto de requisitos.

También se limita la actualización de determinados alquileres cuando la renta se sitúe por encima del Índice de Precios de Referencia, aunque la aplicación de estas medidas en zonas tensionadas dependerá del marco competencial correspondiente.

Alquiler de temporada y alquiler por habitaciones

Otra de las novedades es la regulación específica del alquiler de temporada, una cuestión especialmente sensible en Canarias por la presión que existe sobre el mercado residencial en las zonas turísticas.

Los contratos temporales tendrán que estar justificados. El motivo de la temporalidad deberá figurar expresamente en el contrato, ser real y poder acreditarse. Si no existe una causa efectiva que justifique que el alquiler es temporal, el contrato podrá considerarse de vivienda habitual desde su inicio.

El decreto extiende además a estos alquileres determinadas garantías de la Ley de Arrendamientos Urbanos, entre ellas las relativas a fianzas y honorarios.

En el caso del alquiler por habitaciones, el precio conjunto de las habitaciones no podrá superar el límite que corresponda a la vivienda completa. Los inquilinos tendrán además unas garantías similares a las de un alquiler residencial convencional.

Para Canarias, esta regulación se cruza con la normativa autonómica. La legislación canaria ya contempla obligaciones específicas para determinados alquileres de corta duración y exige justificar la motivación de determinados contratos de hasta 31 días.

3. Fondos, pisos turísticos y SOCIMI: más presión sobre la vivienda destinada a residencia

El tercer bloque concentra las medidas dirigidas a frenar determinadas operaciones de carácter especulativo y a evitar que más viviendas salgan del mercado residencial.

El Gobierno prevé limitar hasta 2028 la compra de vivienda por parte de fondos de inversión y grandes operadores, con un alcance que dependerá de la definición final de las entidades afectadas. La intención es restringir determinadas compras de carácter especulativo y favorecer que los grandes operadores que accedan al mercado destinen los inmuebles al alquiler asequible.

También cambia el tratamiento de los pisos turísticos, con la previsión de aplicar un IVA del 21% a las viviendas de uso turístico que hasta ahora se encontraban en determinados supuestos de exención. El objetivo declarado por el Ejecutivo es modificar el tratamiento fiscal de esta actividad y evitar que viviendas que podrían destinarse al mercado residencial terminen orientadas al alquiler turístico.

A esto se suma la posibilidad de que los ayuntamientos situados en zonas tensionadas establezcan un recargo del IBI de hasta el 50% para viviendas destinadas al alojamiento turístico, que puede llegar al 100% cuando un mismo titular tenga cuatro o más viviendas de este tipo.

Las SOCIMI también afrontarán cambios fiscales, con un gravamen especial del 25% sobre determinados beneficios no distribuidos procedentes del alquiler residencial, aunque con reducciones vinculadas al porcentaje de viviendas que se destinen a alquiler asequible.

¿Qué puede pasar en Canarias?

Una de las claves del decreto es cómo afectará a Canarias, donde el Gobierno regional no aplica la Ley estatal de Vivienda y no hay zonas tensionadas oficialmente reconocidas, pese a que varios municipios cumplen con los requisitos previstos en la Ley (e incluso los requisitos de la ley sobre vivienda asequible que prepara la Unión Europea). Los ayuntamientos, según dicha ley, deben iniciar el procedimiento y aportar los estudios que acrediten la situación, mientras que la declaración corresponde al Gobierno autonómico. Aunque cuatro ayuntamientos han hecho la petición formal, el Gobierno canario no les ha dado respuesta.

Por tanto, las medidas de los nuevos decretos que estén vinculadas específicamente a las zonas tensionadas no se aplicarán en los municipios canarios hasta que no haya alguna zona reconocida por el Gobierno regional.

4. Comprar una vivienda y aumentar la oferta: préstamos al 0% e incentivos

El cuarto bloque se dirige a quienes quieren acceder a una vivienda en propiedad y no cuentan con suficiente ahorro para afrontar la entrada.

La nueva línea Tu Casa, gestionada a través del ICO, contempla préstamos de hasta 50.000 euros a un tipo de interés del 0% para la compra de una primera vivienda habitual, como complemento a la financiación bancaria. El préstamo podrá alcanzar el menor importe entre el 20% del valor de la vivienda y el límite establecido.

La medida pretende facilitar el acceso a la compra a hogares que pueden afrontar una hipoteca pero encuentran dificultades para reunir el dinero necesario para la entrada.

El paquete incorpora además incentivos para propietarios que pongan viviendas en alquiler a precios asequibles, junto con medidas destinadas a movilizar vivienda hacia el mercado residencial.

En paralelo, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ya contempla una inversión global de 7.000 millones de euros, de los que 4.200 millones corresponden al Estado y 2.800 millones a las comunidades autónomas. Canarias tiene asignados 222,6 millones de euros de financiación estatal, a los que se suman otros 148,4 millones de aportación autonómica, hasta alcanzar 371 millones durante el periodo del plan.

¿Cómo afectará el nuevo decreto de vivienda a Canarias?

El impacto en Canarias puede ser especialmente relevante por una combinación de factores: el peso del alquiler turístico, la presión sobre el mercado residencial, la dificultad de acceso a una vivienda y la necesidad de aumentar el parque de vivienda asequible.

Pero no todas las medidas tendrán el mismo recorrido en las Islas. Las relativas a los contratos, la fiscalidad, la protección frente a los desahucios o la regulación de los alquileres temporales son de ámbito estatal, mientras que otras actuaciones dependerán de la aplicación que hagan Canarias y los ayuntamientos.

Especial importancia tendrán las zonas tensionadas. La ley estatal establece que son los ayuntamientos quienes deben iniciar el procedimiento y presentar la documentación necesaria, mientras que la decisión final corresponde al Gobierno de Canarias.

También será determinante el dinero disponible para construir y movilizar vivienda. El Plan Estatal reserva a Canarias 222,6 millones de euros de fondos estatales entre 2026 y 2030, mientras que el Ejecutivo autonómico aporta otros 148,4 millones. La planificación establece que una parte de esos recursos se destine a construcción de vivienda, otra a rehabilitación y otra a políticas de protección y acceso.

Así, el nuevo decreto no cambia por sí solo todas las reglas del mercado de la vivienda en Canarias. Su efecto real dependerá también de cómo se apliquen las medidas estatales, de las decisiones del Gobierno autonómico y de los ayuntamientos y, en el caso de las zonas tensionadas, de si el Gobierno regional acepta declarar alguna.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado contrario a al acuerdo de este decreto, en el que dice que “no se puede resolver en 48 horas” y que “no todo el peso puede recaer en los propietarios”.

El Gobierno ha aprobado dos decretos de vivienda este martes, para evitar desahucios como el de Maricarmen, la anciana de 87 años que se ha convertido en símbolo de la crisis de la vivienda en España, pero también con varias novedades sobre las prórrogas de los alquileres, que condicionan la vida y la economía de alrededor de 10 millones de personas que viven bajo esta modalidad en España.

Entre los cambios aprobados, hay medidas sobre la renovación y la prórroga de los alquileres, así como un tope para los aumentos del precio de los alquileres por parte de los propietarios, entre otras.

El primer decreto es el más amplio, con medidas en varias direcciones, como la prohibición de los desahucios hasta 2030, la prórroga de los alquileres hasta 2028, incentivos fiscales a inquilinos y propietarios, y medidas contra la “compra especulativa”.

El segundo decreto es el que regula “la renovación automática de los contratos de alquiler”, como reclamaban los sindicatos de vivienda, ha afirmado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

A falta del texto definitivo de los decretos-ley, a continuación resumimos algunas de las medidas más relevantes anunciadas en las ruedas de prensa posterior al Consejo de Ministros en esta materia, tanto de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, como la celebrada por la parte de Sumar dentro de la coalición.

Prórroga de los alquileres en los próximos dos años

Se recoge “la prórroga de todos los contratos de alquiler que finalicen hasta el año 2029”, en referencia al 31 de diciembre de 2028, ha afirmado el ministro Bustinduy.

El responsable de Derechos Sociales ha explicado que se ha ampliado la cobertura de esta prórroga para “los contratos en tácita reconducción”. Pablo Bustinduy ha afirmado que la medida estimen que cubra a unos “cinco millones de compatriotas”, entre ellos, “más de un millón de niños y niñas”. 

La medida es muy relevante, porque hay muchos alquileres aún con precios contenidos por las regulaciones a raíz de la pandemia y que ahora no contaban con esos límites, por lo que son susceptibles de sufrir elevados aumentos, que está registrando este mercado.

Se impide subir el alquiler por encima del índice de Vivienda

El ministro Bustinduy ha afirmado que el decreto ley incluye también “la congelación al 0% de la actualización de los contratos de alquiler que estén por encima de los índices de referencia del Ministerio de Vivienda”. Habrá que ver el detalle de la ley, para ver si necesitará el concurso de las comunidades autónomas.

Además, Bustinduy ha afirmado que el decreto regula también un “blindaje del control de los precios de alquiler en zonas tensionadas”, así como el “fortalecimiento del derecho de tanteo y retracto para personas inquilinas”.

“Protección reforzada” ante comisiones y sobrecostes

Bustinduy también ha anunciado que se regula una “protección reforzada” de inquilinos e inquilinas “frente a comisiones y sobrecostes abusivos”, que el Ministerio de Consumo ha estado abordando en esta legislatura.

La revisión automática de los alquileres

Este es la “única” medida que va separada en un propio decreto-ley, ha explicado el ministro Bustinduy, que consiste en “la renovación automática de los contratos de alquiler” a su término, que son cinco años en el caso de personas físicas y siete años en el de personas jurídicas.

“Cuando finalicen se renovarán automáticamente”, ha afirmado Bustinduy, que ha sostenido que el texto ha sido aprobado “en los términos literales” que planteaban los sindicatos de vivienda.

Esto implica la conversión —en la práctica— de los contratos de alquiler en indefinidos, salvo que el propietario de la vivienda la necesite para sí o sus familiares, entre otras excepciones que se recojan en la regulación y que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no ha detallado más.

“Supone una revolución en la cultura del alquiler en nuestro país y de la economía política del mercado de la vivienda como la hemos conocido en las últimas décadas”, ha afirmado el ministro de Derechos Sociales.

Decenas de personas se han reunido este lunes en Zaragoza, antes de que la lluvia disolviera el encuentro, para conocer de primera mano los actos planteados por el Sindicato de Inquilinas de la capital aragonesa, con el foco principal en la manifestación de este sábado, y también para trasladar el funcionamiento de esta organización y sus reivindicaciones.

“Necesitamos ser independientes de los partidos, por eso os animamos a afiliaros”, han explicado las portavoces en el encuentro, celebrado en la plaza de San Pablo. Durante el acto se ha dado a conocer la labor del propio Sindicato de Inquilinas, que entre otras actividades celebra mensualmente asesorías abiertas a todos dirigidas a quienes tienen problemas con los alquileres y que también tiene distintas comisiones. “La idea es que cada cual tenga las herramientas para defenderse. Por eso es importante el apoyo mutuo: nadie va a salvarnos, tenemos que defendernos entre nosotras”, han apuntado durante la asamblea.

Los tres objetivos a corto plazo que plantean son eludir los “parches”, que haya una “bajada de alquileres” e implantar los “contratos indefinidos”. A largo plazo, la lucha pone en el punto de mira al propio sistema capitalista. “Estar aquí ya es un primer paso. Hay sitio para todas, sea cual sea vuestro conocimiento”, han añadido.

Antes, Paula Gil, otra de las portavoces del Sindicato, ha valorado como “importante” el “canalizar la rabia” surgida a raíz del desalojo de Maricarmen. “La idea es informar de lo que está pasando y de cómo se puede colaborar, y llamar a la gente también a acudir a la movilización del sábado a las seis de la tarde”, ha manifestado.

El jueves hay previsto un taller de pancartas en el que se plasmarán los lemas que se incorporarán a la propia marcha del sábado. Será a las siete de la tarde con una ubicación aún por confirmar.

“Lo que queremos señalar es que esta situación es insostenible. Desde que hay un Gobierno supuestamente progresista se han ejecutado 250.000 desahucios: Maricarmen no es la única”, ha recordado Gil, que también ha mencionado el suicidio de Olga Matute en Catalunya.

Respecto del decreto ahora en negociación, la portavoz del Sindicato de Inquilinas ha mencionado que ni “la izquierda” en el Gobierno central ni “la derecha en gobiernos autonómicos y en ayuntamientos” han tomado “absolutamente ninguna medida real”. Por ello, Paula Gil ha expresado la “cierta desconfianza” que tienen hacia el hecho de que la normativa “suponga mejoras reales”. “Por eso creemos que hay que mantener la movilización y la organización a toda costa, porque cualquier mejora real solo va a venir de la presión de la clase trabajadora organizada. Es lo único que ha hecho que se muevan un poco las cosas”, ha vaticinado.

“Vamos al Congreso y no vamos a hacernos la foto. Vamos a decirles que no nos sirven los parches, que lo que queremos es una solución para toda España”, adelantaba Clara Salas, portavoz de la Plataforma de Afectados por las viviendas de Hermanos Calderón, durante la concentración de denuncia por el desahucio de Maricarmen celebrada el pasado viernes en Santander.

Representantes de las familias afectadas por la venta de promociones de vivienda asequible de InmoCaixa al fondo Mosaic Propco mantendrán este martes una reunión en el Congreso de los Diputados con responsables de Izquierda Unida (grupo Sumar) para abordar posibles medidas que permitan garantizar la permanencia de los inquilinos en sus hogares y evitar nuevos procesos de expulsión residencial.

En el encuentro -que coincidirá con el Consejo de Ministros que prevé sacar adelante un Real Decreto sobre vivienda tras las grandes movilizaciones por el caso de Maricarmen- participarán el coordinador de IU en Cantabria y candidato de IU-Podemos a la Presidencia autonómica, Israel Ruiz Salmón, junto a la responsable federal de Vivienda de IU y coordinadora de IU Madrid, Carolina Cordero, y el diputado de IU integrado en el Grupo Parlamentario Sumar, Toni Valero, entre otros cargos de la organización.

Además de los representantes de las 107 familias de la promoción de Hermanos Calderón de Santander, en la reunión estarán afectados por operaciones similares en otros municipios, entre ellos Vicálvaro, Vallecas y Pinto, en la Comunidad de Madrid. Y es que “Caixabank ha ido dejando cadáveres no solo en Santander. También en Erandio, también en Madrid. Estamos con todos ellos”, ha añadido Salas.

“Hace unos días no solo se desahució Mari Carmen, se desahució a David de Vallecas. Hace unos días se suicidó una persona. Hay gente que ya tenemos situación de problemas mentales con bajas precisamente por ansiedad y por la situación que estamos viviendo. No puede ser que todos los días, a todas horas y por la noche, no podamos dormir por esta situación. Queremos una solución ya”, ha concluido la portavoz.

Por su parte, Ruiz Salmón ha afirmado que “si estas promociones nacieron con una finalidad social, esa finalidad debe preservarse; no es aceptable que viviendas destinadas al alquiler asequible acaben convertidas en un activo financiero más”.

“La política debe servir para proteger a quienes están en una posición más vulnerable frente a grandes actores económicos y si es necesaria la expropiación de grandes fondos, que así sea”, ha añadido.

Además, el candidato ha destacaco que “cuando una administración expropia suelo para construir una carretera, una acera o una infraestructura de interés general nadie cuestiona la legitimidad de esa actuación y que garantizar el derecho a la vivienda de cientos de familias también es una cuestión de interés general, por lo que las instituciones deben estar dispuestas a utilizar todos los instrumentos legales a su alcance”.

Más casos de la Caixa en otras ciudades

Tal como detalla IU, el problema se remonta a la venta realizada por InmoCaixa de varias promociones de vivienda asequible impulsadas en el marco de la Obra Social “la Caixa” y distribuidas por distintos puntos del país. La operación afecta a ocho promociones situadas en Santander, Madrid, Córdoba y Erandio, entre otros lugares, y alcanza a cerca de 700 familias. “La Caixa no puede permanecer ajena a esta situación porque no ha garantizado el fin social original con que nacieron las promociones”, han asegurado desde IU.

“Estas viviendas fueron promovidas originalmente para facilitar el acceso a un alquiler asequible a personas y familias que cumplían determinados requisitos económicos. En muchos casos, los residentes llevan más de una década viviendo en los inmuebles y accedieron a ellos dentro de programas con una clara finalidad social”, argumenta la formación.

Sin embargo, tras la adquisición por parte de Mosaic Propco, los vecinos denuncian que se les ha comunicado la intención de no renovar los contratos de arrendamiento a medida que vayan venciendo, con el objetivo de vender posteriormente las viviendas a precios de mercado. Una situación que, según advierten, coloca a centenares de familias ante el riesgo de perder su vivienda habitual y por las que ya están recibiendo presiones que han sido denunciadas.

Cristina G.B. y su hija de nueve años podrán residir cuatro meses más en la vivienda de Nuevo Roces (Gijón/Xixón) de donde iban a ser desahuciadas este lunes por el impago del alquiler. Es el plazo máximo e “improrrogable” que ha concedido la magistrada María Eloina González Orviz, titular de la Plaza Uno de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Oviedo/Uviéu, para que esta inquilina, víctima de violencia de género, y Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) alcancen un acuerdo que evite el desalojo.

La magistrada ha dictado un auto, fechado el pasado viernes, día 25, por el que estima la suspensión del lanzamiento por falta de comunicación a las partes del auto de vulnerabilidad que se dictó el 24 de abril de este año; el mismo día que la sentencia que acordó el desahucio.

Una solución habitacional

En esa resolución se concedía a la arrendataria el plazo máximo de cuatro meses para continuar en la vivienda al tratarse de una persona física para que en ese tiempo Vipasa, como empresa que gestiona el parque de viviendas del Principado “centrada en facilitar el acceso a la vivienda de personas vulnerables”, pudiera estudiar la última propuesta de aquella para que, en su caso, pueda continuar en el inmueble y recíprocamente pueda la inquilina que “ahora no se haya en situación de vulnerabilidad económica, sino social” encontrar una solución habitacional “adecuada a sus circunstancias”.

En ese momento ya se especificaba que una vez transcurrido ese tiempo, si las dos partes no se ponían de acuerdo, se acordaría “día y hora” para el alzamiento “sin ulterior suspensión”.

El aplazamiento

De esta forma, el acuerdo adoptado en ese auto dictado en abril agotaba “hasta el extremo las posibilidades legales de suspensión del lanzamiento, pues como en el mismo se indica, el Real Decreto 2/2026 que posibilitaba la suspensión de los lanzamientos hasta diciembre de 2026 no fue convalidado”, según recoge la magistrada en el auto fechado este pasado viernes.

María Eloína González Orviz concede ahora ese plazo al constatar que ninguna de las partes tuvo conocimiento de lo resuelto en aquella ocasión.

Inquilinos vulnerables y menores

Por tanto, la magistrada acuerda la suspensión del lanzamiento previsto para este lunes, día 28 de septiembre, para la previa comunicación del auto de 24 de abril y concede a la inquilina Cristina G.B. un plazo de cuatro meses más “improrrogables”, para la entrega de la vivienda.

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, también recuerda a la comunidad autónoma del Principado de Asturias, en su calidad de demandante, que el Decreto 25/2013, de 22 de mayo, por el que se regula la adjudicación de viviendas del Principado de Asturias, que debe adoptar y aplicar medidas eficaces para proteger y ayudar a inquilinos vulnerables con menores de edad “asegurándoles el acceso a una vivienda, por lo que llegada la fecha de nuevo lanzamiento deberá tener una previsión habitacional con preferencia para este caso”.

Prestaciones y recursos

Por lo que se refiere a la demandada, incide en que ya en enero de 2024 y en 2026 los servicios sociales del Ayuntamiento de Gijón pusieron a disposición de la unidad familiar información sobre prestaciones económicas municipales de servicios sociales y recursos de alojamiento temporal de urgencia, vinculada a la Red de Personas Sin Hogar (REDIA) en el municipio de Gijón/Xixón, a los que podría dirigirse en el caso de producirse el lanzamiento de la vivienda y carecer de otras alternativas de alojamiento.

Asimismo los Servicios Sociales derivaron a la unidad familiar a la Empresa Municipal de Vivienda (EMVISL) para que informen y valoren las prestaciones económicas de alquiler y/o alternativa de vivienda de Emergencia.

Este auto, por el que se estima el recurso de revisión presentado contra el decreto de 17 de septiembre en el sentido de suspender el lanzamiento señalado para este lunes, 28 de septiembre, es firme y contra el mismo no cabe interponer recurso alguno.

El apoyo de colectivos sociales

Cristina G.B. cuenta con el respaldo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Amnistía Internacional, el Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA) y el Sindicato de Vivienda de Asturias, que han denunciado su situación de vulnerabilidad y han llevado a cabo el pasado fin de semana concentraciones de apoyo a la inquilina y a su hija.

“La respuesta desde Vipasa ha sido decir que no es un caso de vulnerabilidad, pese a que así se recoge en una resolución judicial; que la mujer tiene problemas con los vecinos, aunque no hay ninguna denuncia contra ella; y que no va a paralizar el desahucio. Lo único que ha hecho ha sido criminalizarla y, por lo tanto, no nos queda más que seguir luchando, movilizadas”, ha explicado Andrés García, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias.

“Sin paralelismo con Maricarmen”

Por el contrario, la gerente de Vipasa, Marta Pulgar, ha descartado que el alzamiento de esta familia monoparental de su vivienda pública del grupo de Alicia Concepción Álvarez, en Roces (Gijón/Xixón), tenga algún paralelismo con la situación de Maricarmen, de 87 años, desalojada por Urbagestión de la casa de Madrid donde llevaba residiendo toda la vida.

Marta Pulgar vincula la orden de desahucio de Cristina G.B. a “un impago voluntario continuado de las obligaciones contractuales, que la propia arrendataria vinculó a sus dificultades económicas, después de años de intervención de Vipasa, los servicios sociales y programas especializados”.

Pulgar: “Hay impagos voluntarios”

La vivienda fue adjudicada en septiembre de 2019 por emergencia social y se estableció una renta adaptada de 67,02 euros mensuales, a la que había que añadir la cuota de comunidad.

Sin embargo, en el año 2021, según corrobora la gerente, comenzaron los impagos voluntarios, por lo que Vipasa activó su protocolo, realizó requerimientos y en febrero de 2022 alcanzó un compromiso de pago de 20 euros mensuales, además de la renta corriente, que posteriormente también “fue incumplido” por la inquilina.

Tras años escalando en los puestos del CIS, en diciembre de 2024 el problema de la vivienda se instaló para quedarse como la principal preocupación de los españoles. Casi dos años después, la situación es ya insoportable en el sentido más literal de la palabra. 

Las miradas decididas de la Puerta del Sol de Madrid -que lleva ocupada primero por cientos, y después por miles de manifestantes desde el sábado por la noche- así lo reflejan. La mayoría de los acampados están en su veintena, y para muchos de ellos es la primera vez que viven algo así.

Es el caso de Míriam, 24 años. “Cuando vimos que la acampada iba en serio para mí fue como: 'Estoy muy orgullosa de que mi generación esté pudiendo hacer esto'. Acampé la madrugada del sábado al domingo porque sentí que se trataba de un momento histórico”, explica.

“Es un punto de no retorno”

Iker — 22 años

Diego (19 años) e Iker (22) acamparon la primera noche y piensan quedarse la segunda. “Cuando se planteó, pensamos ‘tenemos que hacerlo sí o sí. Es la oportunidad’. Yo creo que es importante que en situaciones tan difíciles como esta estemos juntas, ocupando el espacio público, mirándonos a la cara, ayudándonos, y sosteniéndonos. Es una potencia política que no habíamos tenido hasta ahora y que creo que es un punto de no retorno”, dice Iker.

Desde 2025, la generación Z no ha dejado de sacudir el mundo liderando protestas contra sus gobiernos. Es el caso de Togo, Kenia, Madagascar, o Marruecos. Y ahora el de España. A Alex (24 años) le alegra estar demostrando que se puede ir más allá del ciberactivismo. “Hay que aprovechar la oportunidad de que no estamos solos y desahogarnos todos juntos”, clama.

Valeria Racu (31 años), es, sin duda, una de las caras más reconocibles de esta lucha, pues es una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Los sindicatos de inquilinas llevan existiendo diez años, llevamos diez años poniendo esto encima de la mesa. Es un orgullo ver que ese trabajo de hormiguita está teniendo su impacto”, afirma.

“Si el decreto no sale el martes no sale, el Gobierno habrá desaprovechado la única oportunidad que le quedaba”

Valeria Racu — portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid

“En un mundo en el que parece que todo se está cayendo a cachos, que no hay nada que hacer, que siempre ganan los malos y tú solo tienes que aceptar, tienes que agachar la cabeza, ver que no, que en realidad cuando te organizas, cuando plantas el cuerpo junto a muchísimas otras personas, tenemos más poder, eso es muy potente”, prosigue.

“Si el decreto no sale este martes, pues sinceramente, el Gobierno habrá desaprovechado la única oportunidad que le quedaba para mostrar que realmente está del lado de la gente y no del lado de los especuladores. Realmente creo que es la última oportunidad”, sentencia.

Pese a que las acampadas las están copando los más jóvenes, también hay personas de otras generaciones, como Daniel (53 años): “Hay que estar, hay que molestar, y hay que seguir”. No pudo vivir personalmente el 15M, por eso le emociona especialmente poder estar formando parte de este momento.

También ha sido decisivo el apoyo que han recibido de la marea verde por la educación pública, que, tras llevar a cabo su propia manifestación, ha acabado en Sol. A partir del mediodía se han desatado momentos de verdadera euforia, al haberse aunado las dos luchas que comparten un nexo: los derechos de la clase trabajadora.

El poder de convocatoria de las redes sociales

A medida que iba acercándose la tarde, iban apareciendo por doquier decenas de caras reconocibles para esta generación, como es el caso de las influencers Samantha Hudson y María Barrier (27 años), que estuvieron en la manifestación del sábado, y que piensan acampar esta noche.

“Lo que está sucediendo tiene mucho que ver con la capacidad de desmontar los imposibles”

Samantha Hudson — influencer de 27 años

“Maricarmen ha sido un símbolo que ha rebasado ya los límites de todas nosotras, la gota que ha colmado el vaso. Necesitamos que el martes se tomen medidas reales. Toda esta acampada y todo lo que está sucediendo tiene mucho que ver con la capacidad de desmontar los imposibles y de construir un futuro”, dice Hudson. 

“Yo he vivido de alquiler toda mi vida. Mis padres nunca han sido propietarios y nos hemos cambiado cada dos años de casa. Ojalá que nadie tenga que pasar por eso. Es una putada tener que cambiar de barrio, de vida, de vecinos, cada dos años”, lamenta Barrier.

Adela también tiene 27 y su sensación es agridulce. “Hay momentos de bajón. Estamos muy orgullosas de estar organizándolo todo tan bien, y de que tanta gente nos esté apoyando tanto, pero no dejas de recordar por qué estás aquí, todas las personas a las que han desahuciado y siguen desahuciando, como a Maricarmen, y sabes perfectamente que esto no es un juego”, dice.

Otra de las grandes herramientas de esta generación son las redes sociales, que les han otorgado un poder de convocatoria enorme. Bake Gómez, creadora de contenido y periodista de 35 años, ha hecho uso de ellas, y ha animado a través de su Instagram a que la gente se acercara a Sol. “¿En qué momento hemos hecho que lo más básico sea imposible de alcanzar?”, expresa.

“Lo que estamos haciendo es romper el tablero de esta especie de Monopoly”

Bake Gómez — influencer de 35 años

Algo así, concuerdan muchos de ellos, era inevitable, cuestión de tiempo, porque, sencillamente, no pueden más. Pese a que la crisis de la vivienda está afectando a todos los españoles, los datos de esta generación son inauditos, pues la tasa de emancipación juvenil ha tocado un mínimo histórico (14,5%). La vivienda es una ficha que cae como en el dominó en el resto de áreas de sus vidas. Si no la sostienen con fuerza, sienten que no habrá futuro posible.

“Lo que estamos haciendo es romper el tablero de esta especie de Monopoly. Se acaba la partida. Yo no quiero un mundo donde casos como el de Maricarmen estén legitimados. Entonces, hay que poner freno, porque si no, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde van a llegar?”, se pregunta la creadora de contenido.

Aseguran que quieren que lo que se está fraguando estos días vaya más allá del martes. “Una vez esta acampada termine -cuando tenga que terminar- todo esto se va a intentar llevar a otros sitios. Se va a llevar a los barrios, a los centros de trabajo, a los centros de educación, a todos lados, porque es ahí donde tenemos que continuar cambiando las cosas”, afirma Racu.

Paquita, Mariví, Natalia, María o Francisco son nombres propios que no tienen todavía la fuerza del de Maricarmen, pero que pasan ahora por su misma situación: sobre ellos pende la amenaza de un desahucio que los expulsará de sus hogares. La salida de la anciana madrileña, de 87 años, ha removido la conciencia social y las imágenes de su lanzamiento han recordado al Gobierno la dureza de la crisis de vivienda.

Ahora, mientras el Ejecutivo acelera para atar con sus socios un Real Decreto-Ley que trate de poner freno a la emergencia habitacional, los testimonios de estas cinco personas amenazadas con la pérdida de la vivienda en la que residen cobran más relevancia. A Paquita la echan para montar un piso turístico en La Latina, en pleno centro de Madrid, porque es más rentable que un alquiler de larga duración. En Badalona, a Francisco y María los quieren expulsar de su casa ya pagada... pero con la que avalaron a su hijo para la compra de un piso que no pudo pagar por la crisis de 2008. En Canarias y en Euskadi, Natalia y Mariví tiemblan pendientes de un fondo.

“Ha pasado lo de esta mujer, que yo estuve allí para despedirla, no sé qué será de mí”, dice Paquita, sobre Maricarmen, este viernes. “Esto es un sinvivir. Yo no pido un palacio; pido un techo”, narra Natalia. “No me voy a ir de aquí”, sostiene Mariví. “Lo único que pido es que me dejen vivir con mi esposa en esta casa hasta que nos muramos, que no queda tanto”, piden Francisco y María.

Paquita: 83 años, párkinson y a merced de un piso turístico

Si existe un caso parecido al de Maricarmen es el de Paquita. Tiene 83 años, cuatro menos, padece de párkinson y vive a solo cuatro kilómetros de distancia. En la noche del desahucio acudió al barrio de Retiro, en Madrid, para apoyar a Maricarmen y para “despedirla”, contaba este viernes entre lágrimas ante los micrófonos.

Ella vive desde hace 29 años con su hijo, de 47, en un piso de la calle Santa Ana, en el céntrico barrio de la Latina, “y no pagamos una miseria: 1.100 euros al mes”, dice. Pero su casero, que es la empresa Tolesanta, que tiene múltiples pisos turísticos en su mismo bloque y en otros, no quiso renovarle el arrendamiento. “Si quieren que pague más, que nos lo digan y negociamos”, asume Paquita.

Pero lo que sospechan es que quieren habilitar más pisos turísticos, aunque en la ciudad de Madrid es ilegal que nuevas unidades convivan con viviendas desde agosto de 2025. En 2023, un juez dictaminó que Paquita tenía que abandonar la casa porque se le había vencido el contrato, pero ella siguió pagando y ellos reciben la transferencia cada mes. “Eso es que están de acuerdo, ¿no?”, se pregunta Paquita.

El pasado 22 de julio, Paquita se enfrentaba a su desahucio acompañada de vecinos que le apoyan, pero fue suspendido. Aseguraba que necesitaba más tiempo para buscar piso, pero ahora, visiblemente afectada por el caso de Maricarmen, casi un espejo, parece decidida a luchar. “Claro que voy a defender mi casa, aquí han muerto mi marido, mi madre... Y que yo no pago una miseria”, defendió el viernes.

“Estoy fatal, tengo la rodilla hecha polvo, así ando, paquí y pallá, pero con el bastón. No me echo atrás, no me voy a quedar en casa, pero me cuesta, me cuesta mucho. (...) Ha pasado lo de esta mujer, que yo estuve allí para despedirla, no sé qué será de mí. Espero poder seguir en mi casa”, decía, y aseguraba que al otro lado del teléfono, Tolesanta no responde a las peticiones para negociar, incluso a ofertas de pagar más alquiler.

Francisco y María: “Jamás pensé que me ocurriría a mí”

Poco antes de que la policía sacara a Maricarmen de su casa en Madrid en la mañana del miércoles, a 600 kilómetros de allí, en Badalona, una pareja de 84 y 79 años logró frenar su desahucio. Francisco Olea y María Andrade, acompañados por sus hijos, los vecinos y el Sindicato de Vivienda de Badalona, consiguieron frenar la comitiva judicial y aplazar el desalojo del que ha sido su hogar en los últimos 50 años. Su historia, como ocurre a menudo con los desahucios, hunde sus raíces en la crisis inmobiliaria de 2008. Fue entonces cuando la pareja decidió avalar a su hijo para que se comprara un piso en la ciudad. “Las cosas iban bien, tenía un pequeño taller, pero la crisis lo fastidió todo y no pudo pagarlo”, explica Francisco a elDiario.es.

La familia explica que tras desahuciar hace un año al hijo, el BBVA –con quien contrajo la hipoteca– inició el procedimiento para quedarse con el piso de Francisco y María. Sin embargo, ambos aseguran que su hijo se lo ocultó, convencido de que podría solucionarlo, con lo que se enteraron de la fecha de desalojo dos días antes, el día 21 de septiembre. “Jamás pensé que me ocurriría a mí, tengo pagada la casa desde hace 40 años”, exclama Francisco, que durante años militó en la PAH.

Tras paralizar el desahucio en la calle, Francisco y María consiguieron una prórroga hasta el 29 de octubre, y reclaman ahora al Ayuntamiento de Badalona que les ayude a negociar con la propiedad. Lamentan que no pueden pagar el montante reclamado, de 70.000 euros cada uno, pero sí ceder el piso a cambio de un alquiler social. “Lo único que pido es que me dejen vivir con mi esposa en esta casa hasta que nos muramos, que no queda tanto”, suplica Francisco.

Natalia, con un menor a su cargo

El fondo demandante del desahucio de Natalia, Trova Capital S.L., está radicado en Madrid, muy lejos del barrio de Las Rehoyas, en Las Palmas de Gran Canaria, y de la ventana desde donde, aún hoy, saluda a sus vecinas.

“En casa seguimos todos muy nerviosos”, cuenta a esta redacción Natalia, que no sabe cuándo va a volver a llegar una carta que les ponga, una vez más, el corazón en un puño. “Esto es un sinvivir. Me han parado ahora el desahucio, ¿después qué hago? Yo no pido un palacio; pido un techo, que yo lo adapto para mi hija. Rompo bloques si hace falta”.

Natalia recuerda lo joven que era cuando, hace trece años, llegó a esta casa abandonada. Recuerda entrar por la puerta con su hija, que tiene una discapacidad del 100%, y cómo los vecinos, al conocer su situación, hicieron una colecta para que pudiera poner las ventanas, la encimera de la cocina y adaptar lo mejor posible la vivienda para criar a la niña. 

Hoy, su vecina del quinto le proporciona agua y luz porque sabe que su situación es aún más grave: se enfrenta a un desahucio sin alternativa habitacional ni red familiar, y tiene a su cargo a una hija en situación de dependencia, a un menor de once años y a un sobrino con esquizofrenia. La presión vecinal pudo parar el lanzamiento previsto para el pasado 14 de septiembre.

La historia de este desahucio se remonta a 2022. En 2023, el Juzgado solicitó al Ayuntamiento de Las Palmas un informe de vulnerabilidad, que fue emitido y acreditó la situación de vulnerabilidad de Natalia y su familia. El desahucio se paralizó entonces por el escudo social vigente. Ahora, el escudo son las vecinas.

Mariví: “No hemos dejado de pagar nunca”

Marivi tiene 78 años y mucha determinación. Dice que hace muchos meses que ni come ni duerme ante el temor de perder su casa. Podía haber caído en la desesperación, pero ha optado por la lucha y ser uno de los rostros que encabeza las protestas de los 120 vecinos de Erandio (Bizkaia) que se han unido para intentar que el fondo Mosaic, que ha comprado el edificio donde viven a InmoCaixa, no les eche de su casa. “De aquí no me voy a mover”, advierte. “Este es mi hogar y voy a defenderlo”.

Mariví y su marido, de 87 años, viven en este piso del barrio de 'Los Ochos' desde hace 16 años, y pagan una renta de 875 euros cada mes. “No hemos dejado de pagar nunca”, dice, aunque con sus ingresos, 1.107 euros que provienen de la pensión de su marido, “no nos queda para nada y casi tenemos que buscarnos la vida para poder comer al día siguiente”.

Pero pagar “religiosamente” el alquiler, ya no es suficiente. El fondo quiere vender los pisos y, para ello, primero echar a los inquilinos. Ya ha recibido el burofax en el que les advierten de que su familia tiene que dejar el piso porque su contrato vence el 1 de octubre. Los nuevos dueños no quieren ni prorrogar contratos ni renegociar alquileres. “Ahora, a nuestros años, no sabemos qué va a ser de nosotros, dónde vamos a acabar”. “Y no dejo de preguntarme por qué nos está pasando esto. No hemos hecho nada malo para merecerlo. Hemos pagado, hemos cumplido, y ahora nos encontramos con que nos echan y no tenemos capacidad para acceder a otro alquiler”, relata.

Todos los vecinos afectados se han unido y han presentado una demanda colectiva para intentar frenar la pretensión del fondo. “La demanda creo que nos va a proteger unos meses, pero yo no me voy a mover de aquí aunque se me acabe el contrato. Me quedo en mi hogar. Y no de okupa, porque pienso seguir pagando el alquiler como he hecho toda la vida”, dice. “No queremos que nos regalen nada”, insiste.

Llegaron a ofrecerle comprar el piso en el que vive, que el fondo quiere vender por más de 300.000 euros. “Me dijeron que igual si negociaba me lo podían dejar en 260.000. Pero ¡qué vergüenza! ¿Cómo voy a poder pagar esa cantidad si me cuesta pagar la renta? ¿Con 78 años y 87 que tiene mi marido? Simplemente nos están atosigando y quitándonos la vida”. “Esto es una pesadilla que nos está costando una enfermedad”, asegura.

Mariví confiesa que le afectó mucho ver las imágenes del desahucio de Maricarmen en la televisión y cree que la gente tiene que ser consciente de que “nos puede pasar a todos. Y si no a ti, a cualquiera de la familia, a un sobrino, a un hijo…. La vida es pura injusticia”.

Mariví piensa resistir: “No sé qué va a pasar a partir del día 1, cuando vence el contrato. Pero tengo ganas de luchar, ya ni duermo ni como porque estoy muy afectada, pero hay que hacerlo porque este es mi hogar y quiero defenderlo”

Una mujer víctima de violencia de género y su hija de nueve años serán desahuciadas de la vivienda donde residen en Nuevo Roces (Gijón/Xixón) el próximo martes, día 29. Representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Amnistía Internacional, el Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA) y el Sindicato de Vivienda de Asturias, se han trasladado este viernes hasta las oficinas de Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA) en Oviedo/Uviéu, para tratar de llevar al ánimo de su gerente, Marta Pulgar, la necesidad de que se paralice la orden de ejecucion debido a su situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, desde este organismo no hay intención alguna de evitar el desahucio, según explica Andrés García, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias.

“Están criminalizando a la inquilina”

“La respuesta de Marta Pulgar ha sido decir que no es un caso de vulnerabilidad, pese a que así se recoge en una resolución judicial; que la mujer tiene problemas con los vecinos, aunque no hay ninguna denuncia contra ella; y que no va a paralizar el desahucio. Lo único que ha hecho -comenta Andrés García- ha sido criminalizarla y, por lo tanto, no nos queda más que seguir luchando, movilizadas”.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias sostiene que el estado de vulnerabilidad de la mujer está reconocido judicialmente en una sentencia donde se reclama a Vipasa que busque una alternativa habitacional para ella y su hija.

El arraigo de la menor

Nuria García, de Suatea, ha reclamado que la eventual alternativa tenga en consideración el arraigo de la menor de nueve años a la zona donde reside actualmente y donde cursa sus estudios.

Según ha indicado en rueda de prensa, más de un centenar de docentes han respaldado un documento donde se recoge el posible perjuicio académico y personal que podría sufrir en el caso de que se lleve a cabo el desahucio.

La versión de Vipasa

Por su parte, la entidad pública defiende el procedimiento alegando que la inquilina accedió a esa vivienda en 2019 y tiene impagos de alquiler desde el año 2021.

La gerente asegura que, con anterioridad, ya se le ofrecieron varias vías para regularizar la deuda.

Concentración en Oviedo/Uviéu

Los colectivos que apoyan a la mujer reconocen esa deuda generada por la inquilina, pero sostienen que se originó a raíz de que dejara de percibir durante un período de tiempo una ayuda vinculada a su situación como víctima de violencia de género y hasta que comenzó a cobrar el ingreso mínimo vital.

Mañana, sábado, han convocado una concentración a las 19:00 horas, en la plaza de la Escandalera de Oviedo/Uviéu para tratar de paralizar el desahucio en defensa de su derecho a una vivienda.

Uno de los alojamientos oficiales del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, un piso anunciado en la web oficial de Madring a través de su apartado hoteles, se ubica en el mismo bloque donde estuvo a punto de producirse un dramático desahucio el pasado julio. Situado en el número 6 de la calle Santa Ana, en la céntrica zona de La Latina, se trata del edificio donde reside Paquita. Una mujer de 82 años, enferma de párkinson, que se enfrentó a un desalojo pese a no tener deudas y haber abonado todas sus mensualidades (superiores a 1.000 euros).

Además, según el listado de viviendas que ha clausurado la Agencia de Actividades del Ayuntamiento por operar sin licencia, varias viviendas de Uso Turístico deberían estar cerradas. Pese a ello, no solo siguen operativas, sino respaldada por uno de los principales eventos de la ciudad (impulsado a su vez por el Gobierno autonómico y el municipal).

La empresa Tolesanta, sancionada por los ruidos y molestias que han generado algunos de sus alojamientos turísticos (algunos de los cuales llegaron a ser clausurados), pretende destinar a este uso el edificio donde vive Paquita. Por ello, no le dieron alternativa alguna para que ella y su hijo de 47 años pudieran continuar allí, aunque hayan sido unos inquilinos intachables durante 28 años.

Desde el área de Urbanismo indican que en este emplazamiento “se procedió a dar ordenes de ceses a 12 viviendas de uso turístico”. De ellas, “siete restablecieron la legalidad ya que, tras las correspondientes visitas de comprobación, pudo acreditarse que en ese momento ya no se ejercia la actividad de vivienda de uso turístico”. Respecto de las 5 restantes, indican, “se encuentran en tramitación procedimientos de ejecución forzosa, mediante la imposición de multas coercitivas a los efectos de hacer cumplir la resolución de cese a los interesados”.

Fuentes del departamento que lidera el concejal Borja Carabante también deslizan que el alojamiento podría aprovechar la figura del alquiler temporal, aunque en la práctica sea uno turístico, para eludir la necesidad de operar con un permiso: “El auncio de una vivienda en alquiler para los dias de la F1 podría cumplir con la normativa de arrendamientos urbanos considerándose un contrato de alquiler por temporada”.

El drama de Paquita: “Es nuestra casa de toda la vida”

“¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”, se preguntaba en declaraciones a elDiario.es. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya. Si quieren que pague más, podríamos hablar”, apostillaba, para exponer la falta de negociación por parte de la compañía propiedad del empresario Alexander Couret. En 2024, facturó más de 1,4 millones de euros. “Esta es nuestra casa de toda la vida, aquí han muerto mi madre y mi marido, esto es muy duro. Que me digan que les pague algo más y lo pactamos, pero que no nos echen después de toda una vida. No hay derecho”, lamentaba Paquita.

Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, un auto judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de la capital aplazó el proceso debido a la falta de un informe que verifique la situación de vulnerabilidad y una posterior solicitud de vivienda alternativa a las administraciones. Pero la paralización es solo temporal, la amenaza permanece.

Tolesanta ya he reconvertido la mayoría de pisos del edificio donde residen Paquita y su hijo en alojamientos temporales. Como tal opera Biztrip Latina, el inmueble que se publicita en el portal oficial de Madring. El precio es de 655 euros por persona y noche durante la celebración del Gran Premio, con llegada el 11 de septiembre (día de inicio) y salida el 14 (un día después de la carrera definitiva). En este período, los promotores obtienen 1.965 euros con un solo visitante. Casi el doble de la renta mensual que abona Paquita, que será su vecina durante la estancia.

Para la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, este caso ejemplifica que la Fórmula 1 se aleja de las previsiones de “prestigio” prometidas por el alcalde José Luis Martínez-Almeida: “Lo que está trayendo es un pelotazo económico, como estamos denunciando, pero ahora también sabemos que es un pelotazo inmobiliario vergonzoso de dimensiones internacionales. Parece increíble, pero sí, en la web de la F1 se alquilan los pisos turísticos ilegales que hay en el edificio de la calle Santa Ana, 6, en el que vive —más bien resiste— Paquita. La vecina a la que intentaron desahuciar hace unos meses para convertir el edificio completo en hotel”.

La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores

Rita Maestre — Portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento

“La cosa no acaba aquí. El Ayuntamiento permite comercializar una VUT cesada por la Agencia de Actividades como alojamiento oficial de la F1. Ya tenemos el pack completo: un edificio residencial, paradigma del Plan Expulsa de Almeida, convertido en negocio turístico con el sello internacional de la F1. ¡Vaya casualidad, ¿eh?! Esto es el Plan Reside funcionando exactamente como avisamos desde Más Madrid: mientras Almeida presume de proteger la vivienda, abre la puerta a que fondos buitre y operadoras turísticas se forren a costa de quedarse con edificios en el centro mientras expulsan a las vecinas y vecinos”, expone la líder de la oposición municipal.

El Plan Reside separa a turistas de residentes, ya que prohíbe los Airbnb dispersos en el corazón de Madrid y a cambio ofrece dedicar edificios enteros a los apartamentos turísticos, con ciertas condiciones. Fuera de la almendra central que circunscribe la M-30 (no es este caso), pueden habilitarse en bajos, sótanos o primeras plantas. A priori parece más restrictivo que el Plan Especial de Hospedaje aprobado durante el mandato de Manuela Carmena, al que sustituye desde que entró en vigor en septiembre de 2025, ya que permite viviendas turísticas en menos lugares. No obstante, ha abierto la puerta a una posibilidad que no existía: convertir edificios residenciales enteros en pisos turísticos, lo que puede suceder en el 73% de bloques de la almendra central de Madrid, según un estudio que publicó el PSOE.

Maestre opina que este controvertido anuncio es solo un reflejo simbólico de una dinámica generalizada: “Almeida sabe que los pisos turísticos de la calle Santa Ana son ilegales, pero no los cierra, como no cierra las miles de VUT en esta ciudad. En algún despacho de este Ayuntamiento a alguien le interesa que sigan abiertos”. Y añade: “La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores. Exigimos a Almeida que cierre de inmediato los pisos turísticos ilegales, los de Santa Ana y todos los demás, y le exigimos explicaciones de cuántas viviendas se han sacado al mercado vinculadas al pelotazo de la F1”.

El anuncio de Madring subraya las características de La Latina a nivel de gastronomía o casticismo, esas mismas características que la especulación hace tambalearse: “Este apartamento está situado en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la estación de metro de La Latina, uno de los barrios más emblemáticos y con más carácter de Madrid. La Latina es conocida por su excelente escena de tapas, donde conviven tabernas tradicionales, bares históricos y restaurantes modernos e innovadores. Es el lugar ideal para disfrutar de un aperitivo dominical o para recorrer El Rastro, el icónico mercadillo al aire libre de Madrid”.

El texto destaca la “ubicación céntrica” y “excelentes conexiones” de la estancia, aunque se tardan unos 50 minutos en llegar al entorno del Gran Premio en Ifema a través del transporte público. La propia página indica que entre un punto y otro median 9,88 kilómetros.

Madring dispara los precios (y las polémicas) de la turistificación

Las pestañas del portal de Madring dirigidas a hoteles y hospitality ejemplifican la contribución del proyecto a la turistificación y el alza de precios de los alojamientos. El portal incluye apartamentos y hoteles próximos a Ifema o Valdebebas, pero también en otros puntos de la ciudad, sobre todo en el centro. Con ello, muchos visitantes pueden conocer el resto de la ciudad aprovechando el viaje. La tarifa media se ha disparado un 69,60% y alcanza los 485 euros frente a los 286 de 2025, según las cifras que maneja la plataforma de comercio hotelero Site Minder. La estancia media aumenta un 7,50%, para pasar de 2 días el año pasado en las mismas fechas a 2,15 días en torno al evento.

La de Paquita no es la primera controversia que ha surgido en torno a las viviendas turísticas y Madring. El PSOE de Madrid ha presentado una solicitud ante la Agencia de Actividades por la proliferación de alojamientos temporales sin licencia cerca del circuito. Los precios en sus anuncios para los tres días de competición superan en muchos casos ampliamente los 10.000 euros. Una de las ofertas alcanza incluso los 17.000 (en una casa con cuatro habitaciones para seis personas), dentro de lo que el concejal Antonio Giraldo define como una “clara lógica especulativa originada por el propio Gran Premio”. Queda por ver si, esta vez, la actuación de la Agencia es eficaz.

La alcaldesa de Santander, gema Igual (PP) descarta comprar las 107 viviendas de alquiler asequible, ubicadas en la calle Hermanos Calderón, en el barrio de Peñacastillo, que han sido vendidas por la Fundación La Caixa al fondo de inversión Mosaic Propco. Así se lo ha trasladado a los vecinos afectados, cuyos contratos empiezan a vencer en 2027, en una reunión reciente en el Ayuntamiento.

Los vecinos le preguntaron “qué iba a hacer” el Ayuntamiento “para defender el derecho a seguir viviendo aquí” y si el Ayuntamiento compraría las viviendas. Tras esto, la alcaldesa les respondió “literalmente, que no, que no es posible”. Según explican, les argumentó que “no tienen dinero para poder realizar esa compraventa” y por otro lado, porque desde el consistorio “entienden que no son los responsables de lo que nos pueda pasar”.

A cambio, la alcaldesa se comprometió, según los vecinos, a “abrir la puerta” a una negociación a tres bandas con Mosaic. “El Ayuntamiento, nos consta, ha requerido información sobre lo que está ocurriendo con las viviendas a Mosaic y no les ha contestado”, han explicado a elDiario.es los vecinos. “Entendemos que Mosaic no va a tener ningún interés en intentar cualquier tipo de negociación”, asumen.

Consultado sobre la reunión, desde el Ayuntamiento confirma a elDiario.es que no contemplan la compra por presupuesto y que la opción queda descartada.

El 19 de junio, la alcaldesa de Santander se comprometió públicamente a tener una reunión con los vecinos. Para ese momento, en el que la regidora hacía balance de legislatura, habían pasado dos meses desde que el caso de expulsión colectiva se había hecho público. Y es que la nueva empresa propietaria rechazaba renovar contratos de alquiler y solo ofrecía venta a precios no asequibles.

El 26 de junio, los vecinos acudieron al pleno municipal para, aprovechando el turno de preguntas, consultar públicamente a la alcaldesa qué iba a hacer por ellos. La alcaldesa, cortante, les dijo que si su petición era que el Ayuntamiento de Santander comprase sus pisos y tras la confirmación de los vecinos, les dijo que estudiaría su propuesta.

El 10 de julio, salía a la venta uno de los pisos de Hermanos Calderón, con inquilinos dentro. Y era ya el segundo caso. La empresa les ha dado dos opciones: comprar o marcharse, según venza el contrato, aunque la mayoría está pidiendo una prórroga del contrato de alquiler asequible.

Tres meses después de que el centenar de vecinos denunciaran su situación, el encuentro se produjo el 17 de julio, entre los residentes y representantes del Sindicato de la Vivienda de Cantabria en el Ayuntamiento. La cita no fue publicitada y, valoran los inquilinos de Hermanos Calderón, se dio en “un tono más cordial” por parte de Gema Igual. A medio año de que los contratos empiecen a vencer, los vecinos de las 107 viviendas continúan en un limbo sobre su futuro residencial.

L'Audiència Provincial de les Balears ha rebutjat l'intent d'una empresa immobiliària de desnonar una inquilina a Eivissa a la qual acusava de subarrendar l'habitatge per a ús turístic basant-se, fonamentalment, en una fotografia d'una persona amb maletes a les zones comunes i en diversos missatges de WhatsApp remesos per una veïna. El tribunal conclou que les proves aportades per la societat no són suficients per acreditar que l'arrendatària explotés l'immoble com a allotjament vacacional.

La sentència confirma íntegrament la resolució del Jutjat de Primera Instància número 4 d'Eivissa, que ja havia desestimat la demanda interposada per Lowestolf Norm SL, una societat constituïda el 2015 els administradors de la qual figuren al capdavant de nombroses societats vinculades al sector immobiliari i turístic a l'illa. Encara que la inquilina ja havia abandonat l'habitatge durant la tramitació del procediment i va lliurar les claus l'octubre del 2023, l'empresa va mantenir la seva reclamació econòmica i exigia el pagament de 50.000 euros, és a dir, 500 euros per cada dia que, segons la immobiliària, havia transcorregut des de la resolució del contracte fins al lliurament efectiu de l'immoble.

El litigi es va iniciar després que la immobiliària demandés l'arrendatària en considerar que aquesta havia vulnerat el contracte en cedir o subarrendar l'habitatge a tercers per a ús turístic, una conducta expressament prohibida tant pel contracte com per l'article 8 de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), que impedeix a l'inquilí subarrendar o cedir l'habitatge sense el consentiment escrit del propietari.

Segons l'empresa, la sospita va sorgir després de les queixes d'una veïna de la comunitat, a les quals s'afegia una fotografia presa a les zones comunes de l'edifici en les quals apareixia una dona amb maletes i bosses de gran mida. La immobiliària entenia que aquests indicis demostraven que l'habitatge estava sent utilitzat per a lloguer vacacional i va decidir resoldre el contracte d'arrendament mitjançant un burofax abans d'acudir als tribunals per reclamar el desnonament i una indemnització.

No obstant això, el tribunal considera que l'empresa no va aconseguir demostrar aquests fets, asseverant que l'única prova consistia en missatges de WhatsApp remesos per una veïna i en diverses fotografies d'una dona amb maletes, elements que, per si sols, no permeten acreditar l'existència d'un subarrendament o d'una activitat de lloguer turístic.

La sentència dictada en primera instància ja indicava que, juntament amb la demanda, “no es va aportar prova alguna d'aquests subarrendaments, aportant-se posteriorment una sèrie de wasaps i fotografies que no permeten tenir per acreditats els subarrendaments ni l'activitat de lloguer turístic al·legada”. “Estem davant de missatges d'una veïna i una fotografia d'una persona amb maletes per les zones comunes que no ens permeten tenir per acreditats els fets constitutius de la pretensió actora, per la qual cosa la demanda ha de ser desestimada”, afegia la resolució, confirmada íntegrament per l'Audiència.

El tribunal afegeix que l'empresa ni tan sols va proposar declarar com a testimoni la veïna que va alertar dels fets ni el president de la comunitat de propietaris, malgrat que ambdós podien haver aportat informació rellevant. Tampoc va incorporar els estatuts o acords comunitaris que, segons sostenia, prohibien expressament el lloguer turístic a l'edifici.

La sentència, contra la qual cap recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, també posa en dubte un altre dels pilars de la demanda. Lowestolf Norm SL assegurava haver comunicat a l'arrendatària la resolució del contracte mitjançant un burofax. No obstant això, l'Audiència observa que la comunicació es va remetre a una adreça diferent de la que figurava en el contracte d'arrendament, per la qual cosa tampoc va quedar demostrat que la demandada tingués coneixement efectiu d'aquesta resolució contractual.

Una penalització de 500 euros diaris

L'empresa no només pretenia recuperar l'habitatge. El contracte incloïa una clàusula que imposava una penalització de 500 euros per cada dia que transcorregués des de la resolució del contracte fins al lliurament efectiu de l'immoble, a més d'una altra indemnització equivalent a una anualitat de renda. Amb base en aquesta clàusula, la immobiliària va arribar a reclamar 50.000 euros malgrat que l'arrendatària ja havia abandonat el pis durant la tramitació del procediment.

Encara que l'Audiència no entra a valorar la legalitat d'aquesta penalització, sí que recorda que el jutjat de primera instància havia advertit que podria tractar-se d'una condició abusiva en tractar-se d'un contracte signat entre una empresa i una consumidora. En qualsevol cas, considera innecessari pronunciar-se sobre aquesta qüestió perquè la demanda havia de desestimar-se prèviament per falta de prova del suposat lloguer turístic.

La Audiencia Provincial de Balears ha rechazado el intento de una empresa inmobiliaria de desahuciar a una inquilina en Eivissa a la que acusaba de subarrendar la vivienda para uso turístico basándose, fundamentalmente, en una fotografía de una persona con maletas en las zonas comunes y en varios mensajes de WhatsApp remitidos por una vecina. El tribunal concluye que las pruebas aportadas por la sociedad no son suficientes para acreditar que la arrendataria explotara el inmueble como alojamiento vacacional.

La sentencia confirma íntegramente el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Eivissa, que ya había desestimado la demanda interpuesta por Lowestolf Norm SL, una sociedad constituida en 2015 cuyos administradores figuran al frente de numerosas sociedades vinculadas al sector inmobiliario y turístico en la isla. Aunque la inquilina ya había abandonado la vivienda durante la tramitación del procedimiento y entregó las llaves en octubre de 2023, la empresa mantuvo su reclamación económica y exigía el pago de 50.000 euros, es decir, 500 euros por cada día que, según la inmobiliaria, había transcurrido desde la resolución del contrato hasta la entrega efectiva del inmueble.

El litigio se inició después de que la inmobiliaria demandase a la arrendataria al considerar que ésta había vulnerado el contrato al ceder o subarrendar la vivienda a terceros para uso turístico, una conducta expresamente prohibida tanto por el contrato como por el artículo 8 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que impide al inquilino subarrendar o ceder la vivienda sin el consentimiento escrito del propietario.

Según la empresa, la sospecha surgió tras las quejas de una vecina de la comunidad, a las que se añadía una fotografía tomada en las zonas comunes del edificio en las que aparecía una mujer con maletas y bolsas de gran tamaño. La inmobiliaria entendía que esos indicios demostraban que la vivienda estaba siendo utilizada para alquiler vacacional y decidió resolver el contrato de arrendamiento mediante un burofax antes de acudir a los tribunales para reclamar el desahucio y una indemnización.

Sin embargo, el tribunal considera que la empresa no logró demostrar esos hechos, aseverando que la única prueba consistía en mensajes de WhatsApp remitidos por una vecina y en varias fotografías de una mujer con maletas, elementos que, por sí solos, no permiten acreditar la existencia de un subarriendo o de una actividad de alquiler turístico.

La sentencia dictada en primera instancia ya indicaba que, junto a la demanda, “no se aportó prueba alguna de dichos subarrendamientos, aportándose posteriormente una serie de wasaps y fotografías que no permiten tener por acreditados los subarriendos ni la actividad de alquiler turístico alegada”. “Estamos ante mensajes de una vecina y una fotografía de una persona con maletas por las zonas comunes que no nos permiten tener por acreditados los hechos constitutivos de la pretensión actora, por lo que la demanda debe ser desestimada”, añadía la resolución, confirmada íntegramente por la Audiencia.

El tribunal añade que la empresa ni siquiera propuso declarar como testigo a la vecina que alertó de los hechos ni al presidente de la comunidad de propietarios, pese a que ambos podían haber aportado información relevante. Tampoco incorporó los estatutos o acuerdos comunitarios que, según sostenía, prohibían expresamente el alquiler turístico en el edificio.

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, también pone en duda otro de los pilares de la demanda. Lowestolf Norm SL aseguraba haber comunicado a la arrendataria la resolución del contrato mediante un burofax. Sin embargo, la Audiencia observa que la comunicación se remitió a una dirección distinta de la que figuraba en el contrato de arrendamiento, por lo que tampoco quedó demostrado que la demandada tuviera conocimiento efectivo de esa resolución contractual.

Una penalización de 500 euros diarios

La empresa no solo pretendía recuperar la vivienda. El contrato incluía una cláusula que imponía una penalización de 500 euros por cada día que transcurriera desde la resolución del contrato hasta la entrega efectiva del inmueble, además de otra indemnización equivalente a una anualidad de renta. Con base en esa cláusula, la inmobiliaria llegó a reclamar 50.000 euros pese a que la arrendataria ya había abandonado el piso durante la tramitación del procedimiento.

Aunque la Audiencia no entra a valorar la legalidad de esa penalización, sí recuerda que el juzgado de primera instancia había advertido de que podría tratarse de una condición abusiva al tratarse de un contrato celebrado entre una empresa y una consumidora. En cualquier caso, considera innecesario pronunciarse sobre esa cuestión porque la demanda debía desestimarse previamente por falta de prueba del supuesto alquiler turístico.