La amenaza de desahucio que pesaba sobre un matrimonio y su hija de seis años en Oviedo/Uviéu se ha consumado este martes. Las movilizaciones que venía llevando a cabo el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias para evitar el desalojo de Desirée Iglesias López y su familia no surtieron efecto y esta mañana, a partir de las 9:30 horas, la familia abandonó la vivienda.

Una comisión judicial se desplazó hasta el barrio de Las Campas para ejecutar la orden de desahucio y la familia tuvo que dejar el piso en el que han residido en los últimos seis años ante la falta de acuerdo con el propietario para acomodar el pago del alquiler a su actual situación económica.

Agentes de la Policía Nacional estuvieron presentes durante el desalojo para evitar posibles incidentes ante la concentración convocada por el sindicato como muestra de apoyo a la familia.

La situación económica

El marido es empleado de una empresa de comida rápida, y tiene un sueldo que oscila entre los 750 y 950 euros. Según su relato, Desirée perdió el empleo en 2025, momento en el que dejaron de pagar el alquiler al no poder sufragar todos los gastos con el único sueldo que entraba en el domicilio.

Actualmente ella cobra 320 euros del Ingreso Mínimo Vital (IMV), como complemento al sueldo de su pareja.

La concentración

La familia ha intentado pagar de nuevo la renta y los suministros, pero el propietario de la vivienda ha cerrado las cuentas en las que habitualmente hacían los ingresos, según sostienen representantes del sindicato.

Desde primera hora de hoy se han ido concentrando a las puertas del edificio vecinos y miembros del sindicato, siguiendo la convocatoria que habían realizado a través de las redes sociales y con la difusión de carteles anunciando la protesta, como se aprecia en la siguiente imagen.

La vulnerabilidad

“La jueza ha dictaminado el desahucio obviando a la menor, de 6 años, y el informe de servicios sociales sobre la vulnerabilidad de la familia debida a esta circunstancia”, explican desde el sindicato.

El piso está ubicado en el número 9 de la calle Proaza, en Las Campas, el barrio ovetense donde está escolarizada la menor que, según el matrimonio, desconocía hasta ahora que ya no podrían seguir viviendo ahí.

Sin fecha para otro desalojo

El caso de Desirée Iglesias López no es el único. El movimiento sindical también ha denunciado el caso de Adoración Gabarre, 'Dori'. Esta vecina del barrio gijonés de Contrueces vive con sus hijos. Ya ha recibido la comunicación de desahucio, aunque está a la espera de la fecha del lanzamiento y, actualmente, espera recibir el informe de vulnerabilidad.

Dori tiene solicitada una vivienda de emergencia desde hace ya seis años, cuando se produjo el primer intento de desahucio, pero hasta la fecha no se la han concedido y sigue en lista de espera.

Su caso se ha ido paralizando debido a la moratoria antidesahucios pero, tras la caída de la misma en febrero, se ha reactivado. Se ha reunido recientemente con el gerente de Envisa que, según la información aportada por el sindicato, tampoco le ha dado ninguna solución y se ha reiterado en que “no hay viviendas”.

Un tercer caso

Hay otro tercer caso de una familia monomarental que vive en Gijón y que fue víctima de violencia machista. En su caso, la mujer tiene un hijo que es menor de edad.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias ha corroborado que continuará apoyando a todas estas familias afectadas por una amenaza de desalojo en su defensa al derecho a una vivienda digna.

Izquierda Unida ha iniciado en Logroño un servicio de asesoría sobre la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en 2026 o 2027 durante este mes de abril.

Tal y como ha informado, con esta acción quiere ofrecer información clara, acompañamiento y orientación práctica para que las personas inquilinas conozcan sus derechos en relación con la posible prórroga de las condiciones de su contrato de alquiler. Éste, ha recordado, debe solicitarse por escrito y mantiene las mismas condiciones contractuales, salvo en los supuestos excepcionales previstos.

La atención se prestará de forma presencial todos los martes del mes de abril, en la sede de la organización (Avenida de Navarra, 8-10, bajo), en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. También se atenderán consultas a través del correo electrónico larioja@izquierdaunida.org.

Izquierda Unida ha señalado que enmarca esta iniciativa en su defensa de “políticas públicas firmes para garantizar el derecho a la vivienda”. En este sentido, la organización reclama límites efectivos a los precios del alquiler, más parque público de vivienda asequible, la movilización de viviendas vacías en manos de grandes tenedores, mayor protección para las personas inquilinas y medidas contundentes contra los usos especulativos de la vivienda que expulsan a vecinas y vecinos de sus barrios.

Para la responsable de IU Logroño, “no basta con reconocer el problema: hay que intervenir el mercado cuando el mercado está expulsando a la gente de sus casas”. A su juicio, “hace falta valentía política para frenar la especulación y para situar el derecho a la vivienda por encima del beneficio privado”.

La prórroga no es automática

Con este servicio, ha dicho, IU quiere “que nadie deje de ejercer sus derechos por falta de información o por sentirse solo ante su casero o la administración”.

Desde IU recuerdan que la solicitud de la prórroga no es automática y que hay que realizarla antes de que el Real Decreto se vote en el Congreso, algo que está previsto que durante el mes de abril.

Ha explicado que conviene realizarla por una vía que deje constancia fehaciente, ya que esa petición debe formularse expresamente para que pueda desplegar efectos.

También recuerdan que existen excepciones, como la firma de un nuevo acuerdo entre las partes o la necesidad acreditada de la vivienda por parte de la persona arrendadora o de un familiar directo.

Todo el mundo recuerda donde estaba el 11 de septiembre de 2001. La escritora Llucia Ramis (Palma, 1977), por entonces joven periodista afincada en Barcelona, visitaba un piso de alquiler. “Agradecimos que no se presentara el agente, porque el lugar era bastante terrorífico”, rememora.

Su trayectoria vital, explica, está atravesada por los pisos que han sido su hogar, más de una decena, casi siempre de alquiler. En plena crisis de la vivienda en España, ha querido revisitarlos, saber quién los ocupa y qué huellas conservan de su paso, y plasmarlo en el ensayo Un metro cuadrado, ganador del Premio de No Ficción Libros del Asteroide y que estará disponible en catalán en la editorial Anagrama. 

Ramis se remonta tres décadas atrás para constatar, a través de su precaria experiencia como inquilina, que la inestabilidad residencial ha marcado a más de una y dos generaciones en ciudades como Barcelona. Y que la resistencia a los precios desbocados, la gentrificación, el turismo y la especulación inmobiliaria lleva años moldeando la identidad de los vecinos, ya sea en la capital catalana o en Mallorca.

Dice que distingue sus recuerdos por las personas con las que ha salido, los trabajos que ha tenido… y los pisos en los que ha vivido. La vivienda pasa por delante de viajes, infancia o amigos. No es poco. 

Tu casa es donde tienes tu vida. Tienes una relación con ese espacio cotidiano, de tu día a día, y eso genera unos recuerdos. Personas, espacios y trabajos son los tres pilares en torno a los que vivimos. Como yo he vivido en muchos sitios diferentes, he salido con mucha gente y he tenido muchos empleos, tengo muchas memorias. Como si hubiera tenido muchas vidas.

Una de las cosas que me motivó a escribir el libro es que nosotros recordamos los lugares, pero muchas veces nos preguntamos si los lugares se acuerdan de nosotros. ¿Queda algo de mí allí o no queda absolutamente nada? Eso sirve tanto para una casa como para un paisaje, como para un pueblo. Sabemos que el espacio te transforma a ti. Lo que no sabemos es si tú transformas el espacio.

Tras llamar a la puerta de una decena de sus antiguos pisos, ¿a qué conclusión llega? ¿Transformamos las casas por las que pasamos?

Yo creo que sí. Al final, las ciudades se hacen por la gente que pasa por ellas. Las personas dejan rastro. Y creo que en las casas también, por eso quería volver para ver quién vive y qué relación tienen con la casa. Hay sitios a los que ya no puedes volver, o bien porque han puesto un muro, como en la casa de mi familia [en Mallorca], o porque los han destruido. Cuando eso ocurre, cuando no tienes la posibilidad de regresar a un lugar, se crea un sentimiento de desamparo. No puedes evocar tus recuerdos, solo en fotografías. Me da miedo que las ciudades se estén volviendo cada vez más amnésicas.

¿Qué se ha encontrado en sus viejos hogares?

Sorpresas. Al menos en dos casos hay personas que conocía, lo que me hizo pensar primero que Barcelona es un pueblo, o que conozco a mucha gente. Pero al final es que nos movemos por los mismos ambientes, nos gustan las mismas cosas, y tenemos acceso a las mismas casas. Antes eran asequibles unos tipos de pisos que solían ser viejos, que no estaban bien cuidados, que eran baratos. Pero estas viviendas están en zonas que ahora están de moda, así que pierden el uso de vivienda y pasan a tener un uso de paso, y eso los encarece mucho. 

Narra experiencias en las que todo inquilino se puede reconocer. Por ejemplo, la sensación de pérdida al tener que abandonar un piso que consideraba ideal. 

Totalmente. Hay una cosa que muchas veces no tenemos en cuenta de los inquilinos: aunque te lleves muy bien con el propietario, aunque todo vaya bien, nunca pierdes el miedo a que venga un fondo de inversión y compre todo el bloque, o a que venga la hija del casero y lo recupere para ella. Si hubiese alternativas, no pasaría nada: te vas a otro lugar. El problema es cuando no las hay, porque todo se ha encarecido tanto que dices 'tengo que irme de esta casa, pero ya no solo de esta casa, también de este barrio; y no solo del barrio, a lo mejor de la ciudad'. Y en el caso de las islas, a lo mejor de la isla.

Esta sensación de que en cualquier momento, aunque todo vaya bien, te pueden echar, hace que el inquilino no se sienta nunca protegido. Y se supone que la casa es un lugar de refugio. No es solo una sensación de pérdida sentimental o emocional, es una inestabilidad constante. Además, asumiendo que tienes la seguridad de que no te echan, esto no impide que los precios se vayan encareciendo.

¿Cómo diría que afecta esa inestabilidad a los proyectos de vida?

Los condiciona completamente, por muchos motivos. Esa sensación de angustia, en mi caso, me ha hecho vivir con personas con las que no habría convivido nunca, porque no me quedaba más remedio; me ha hecho meter en mi casa novios con los que no habría cohabitado tan rápido, porque llevábamos dos meses y ya estábamos viviendo juntos, y a los cuatro meses ya estábamos hartos el uno del otro. Es como una especie de acelerador de relaciones.

Cuando llegué hace 30 años, venía de una clase media acomodada y pensaba que podría vivir en Barcelona, pero me encontré con una realidad distinta: trabajar muchísimo y aun así no tener seguridad. Esta precariedad que parecía provisional se ha convertido en permanente. La hemos normalizado. Todos mis libros, de hecho, van sobre cómo la precariedad afecta a todos los ámbitos y franjas de edad. Parece que afecta mucho a los jóvenes porque se incorporan al mercado de la vivienda, pero también lo hace a los de mi edad, que no pueden mantenerse.

Se debate mucho si existe una desigualdad generacional. También la hay entre quienes heredan o saben que heredarán, y quienes no. 

Es que dos personas con el mismo salario pueden tener vidas completamente distintas dependiendo de si han tenido acceso a la vivienda o no. Son mundos radicalmente diferentes y que están condenados a no entenderse. Cuesta entender la angustia.

También pasa que cuando compartes un piso que te gusta mucho y es barato con una pareja o amigos. Cuando se rompe la relación, nadie quiere ser el que se marche.

Yo viví una lucha por un piso con unas compañeras. Y luego hay casos que para mí son dramáticos y que me darían pánico: dos personas que conviven con hipoteca y que se separan. ¿Cómo lo haces? Conozco gente que, aunque estén separados, y a pesar de tener una buena posición económica, siguen conviviendo porque no pueden permitirse otra cosa. Eso condiciona absolutamente todo. Y en el caso de los inquilinos, hay situaciones en las que uno duerme en el sofá y el otro en la habitación durante años. Esto da pánico.

Esa sensación de angustia, en mi caso me ha hecho vivir con personas con las que no habría convivido nunca, porque no me quedaba más remedio; me ha hecho meter en mi casa novios con los que no habría cohabitado

¿Cuál ha sido el momento más ridículo que ha experimentado como arrendataria? 

Tenía un piso perfecto en el barrio de la Sagrera. Me encantaba. Pero como dejé a mi novio, me sentía tan culpable que le dije que se quedara él. Entonces hicieron una cena para ver el fútbol, y fui con unos amigos. Un invitado llegó con una chica que al entrar dijo “qué piso más chulo”. Mi ex le enseñó el piso, y era surrealista, porque yo estaba celosa, pero no de ella hacia él, sino de que quisiese mi piso. Otras veces había pensado que a los chicos no les gustaba yo, sino que les gustaba mi piso.

Otra experiencia de inquilino que relata es la de descubrir que todo casero, pequeño o grande, puede esconder un especulador. 

[Ríe]. Vengo de Mallorca, donde se ha hecho dinero de la nada, y cuyo modelo Barcelona está repitiendo y está abocado al fracaso. No le puedes permitir a la gente hacer negocio con la vivienda, pero no querer que se hagan ricos con ella. O se lo permites, con todas sus consecuencias, o no. “¡Te puedes forrar, pero no te forres!”. No puedes pasar la responsabilidad de ser más o menos moral a la gente. Además, hay otra cosa que he descubierto con el libro, y es que hay personas que debido a la precariedad, acaban con mentalidad especuladora. Compran una vivienda, se hipotecan, le dedican mucho dinero y lo dividen en habitaciones para alquiler. Tienen la percepción de que es la única manera de ganar estabilidad. No creo que se pueda pasar la responsabilidad a esas personas.

Dos personas con el mismo salario pueden tener vidas completamente distintas dependiendo de si han tenido acceso a la vivienda o no

Ha vivido en Barcelona y en Palma, dos ciudades marcadas por la gentrificación. ¿Es de las que cree que debería existir el derecho a la ciudad? A poder vivir donde te has criado. 

Sí. Esto se ve muy claro en una isla como Mallorca. Si no puedes vivir allí, ¿adónde vas? Si has nacido, crecido y trabajas en la isla, ¿qué haces? Debe existir ese derecho, porque somos la memoria de los lugares y es importante mantenerla. Los lugares en los que vivimos no pueden ser solo de paso. La historia se explica a través del tejido social y de nuestras relaciones. Es el derecho a mantener la ciudad con esa función, y no la de un gran hotel. 

Regulación de alquileres, congelación de pisos turísticos, incentivos al arrendamiento… En su libro recoge también la visión de algunos expertos sobre las medidas de los últimos años para paliar la crisis de la vivienda. ¿Cree que han servido?

No. Es que es muy difícil. En el libro no hay soluciones, tampoco doy mi opinión. Muestro la complejidad del problema y pongo en valor el trabajo de periodistas e investigadores sobre el tema de la vivienda. No creo que haya voluntad política real de arreglarlo. Pasa igual con el turismo: mantenemos la idea de cuanto más mejor. Hasta que no entendamos que esto nos lleva hacia el abismo, no cambiará. Además, es muy difícil cambiar la manera de pensar de toda una sociedad a la que le has dicho que tiene que ser propietaria para ser feliz. Las administraciones siempre refuerzan este modelo basado en la propiedad, y deberían poner la vivienda en el centro, no la propiedad. 

Como escritora, ¿cree que falta literatura que narre el conflicto de la vivienda? 

Durante la crisis de 2008 pensé que nadie se acordaba de los inquilinos. Evidentemente, el desahucio de los hipotecados es un puto drama. Pero los inquilinos trabajan cada vez más para poder pagar el piso, y los salarios no se incrementan mientras los alquileres suben, y suben… Cada vez tienes más problemas para llegar a fin de mes, estás ahogado, sin ahorrar, no puedes pagar la entrada de un piso…

¿Y qué relación tienes con tu casa? Muchos inquilinos me dicen que no sienten que sea su casa. Esto me hace preguntar: ¿qué es nuestra casa? ¿La que decidimos nosotros que es nuestra casa o la que nos dejan que lo sea? Una casa es un lugar donde estás seguro. ¿Es posible hoy en día sentirse así en una ciudad o en un lugar turistificado? No lo sé. El sentimiento de identidad y el sentimiento de pertenencia están en un punto que me resultaba literariamente interesante de explorar.

Al final de 'Un metro cuadrado', explica que su periplo como inquilina acaba cuando se compra un piso.

Llega un punto en el que no puedo aguantar más la angustia. Cuando vivía en Verdi recibía cada vez más cartas de “compro piso en esta zona”, el bloque de enfrente fue comprado por un gran tenedor... No sabía si mi casero me querría renovar, los contratos entonces eran de tres años, y le pedí si tenía todavía opción de compra, pero me dijo que no. Estaba a punto de cumplir 40, y tenía miedo que no me diesen una hipoteca. Un día, por pura casualidad, vi un aviso que me gustó mucho. Lo primero que pensé es donde estaba la trampa. Pero no la había.

Javier Gil (Madrid, 1985) fue la cara visible en los inicios del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Era uno de los activistas por el derecho a la vivienda que acompañaba a las familias víctimas de desahucios, a los vecinos que hacían frente a los grandes fondos buitre o la voz que confrontaba con unas decisiones políticas orientadas, dice, a apuntalar un sistema que traslada el valor social de las casas a un marco especulativo. Su carrera profesional también ha estado enfocada a investigar la financiarización de la vivienda, las plataformas digitales y los movimientos sociales en torno al derecho a un techo digno.

Gil, doctor en Sociología e investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, acaba de publicar 'Generación Inquilina' (Capitan Swing), un ensayo sobre las políticas que han llevado al país a una “crisis de Bienestar”, pero también un alegato por un nuevo paradigma en torno a la vivienda: “Esto se soluciona con una respuesta igualitaria, basada en la redistribución, o con un neoliberalismo autoritario”.

¿Dónde están hoy aquellos jóvenes que en 2006 ya coreaban que no iban a tener casa “en la puta vida”?

Siguen viviendo de alquiler o tienen una vivienda en propiedad porque les ha ayudado la familia. Estructuralmente, es imposible que esa generación se haya comprado una casa con sus propios medios.

¿Cómo reconfigura esta generación inquilina la sociedad, en términos de estabilidad y capacidad para trazar proyectos vitales a medio y largo plazo?

La vivienda en propiedad era un elemento central de cohesión y bienestar sobre el que se articulaba toda la sociedad, pero eso se rompe de 2008 en adelante. Es cuando empieza a surgir una generación inquilina, excluida de la propiedad y de todos esos sistemas de protección socioeconómica. Se restringe el crédito a la población y empieza a haber una demanda especulativa, que compra viviendas para alquilar, como fuente de inversión y expectativas de obtener una gran rentabilidad de ellas. La crisis es del Estado de Bienestar, porque la promesa de que si estudias, trabajas y te esfuerzas vas a tener una vida digna y con relativo bienestar, se rompe.

¿Qué vieron en España los grandes fondos de inversión?

Hay un arreglo político-financiero para no permitir que los bancos españoles vayan a la quiebra. El Gobierno de Rajoy, con mayoría absoluta y apoyado por la Comisión y el Banco Central Europeo, empieza a cambiar toda una serie de reglas para favorecer la especulación con la vivienda. Se crea la Sareb, avalada con dinero público, pero gestionada de manera privada; se crean las Golden Visa; se reforman las Socimis; la Ley de Arrendamientos Urbanos, para quitar derechos a los inquilinos; se venden viviendas públicas, algunas por debajo del coste de construcción, a Blackstone y Goldman Sachs, que empiezan a entrar en España… Nos intentan vender que [la crisis de la vivienda] tiene que ver con la propia dinámica del mercado, pero los mercados están muy intervenidos para favorecer la especulación y que suban los precios.

Describe el mercado inmobiliario como un esquema Ponzi, ¿cómo funciona y qué implicaciones para el sistema puede tener que se rompa?

Como todo mercado financiero, funciona y se estabiliza a través de las expectativas de que los precios sigan subiendo. La venta de vivienda pública a Blackstone y Goldman Sachs buscaba generar esas expectativas, aunque luego los tribunales hayan dicho que se tienen que revertir algunas de esas operaciones. Es una gran pirámide, en la que los precios se disocian de la economía real y los salarios de la población. Esto genera una gran burbuja especulativa, sostenida políticamente.

Muchos de esos fondos quieren deshacerse ahora de grandes paquetes de viviendas. ¿Es partidario de que el Estado se las compre, aunque eso suponga seguir aumentando sus cuentas con dinero público?

Esto muestra como todo ese proceso era una gran estafa. Blackstone está vendiendo por 300.000 euros las viviendas que le compró a Ana Botella por 68.000. Ahí estaba el negocio. A la pregunta concreta: sí, creo que el Estado se tiene que hacer con esas viviendas, la cuestión es cómo y a qué precio. El Estado no puede ser todo el tiempo un subordinado de los fondos de inversión, también tiene que actuar políticamente. No puedes, simplemente, comprar esas viviendas. Lo primero que hay que hacer es sanear el mercado de especuladores.

¿Cómo?

La vivienda se tiene que proteger como la sanidad o la educación, con un sistema de regulación que ponga límites a la especulación, a los precios y que garantice su función social, que no se puedan convertir en pisos turísticos o alquileres de temporada. Aunque haya una población y un número de casas dadas, el precio puede cambiar muchísimo dependiendo de cuál es la dinámica del mercado. Analizando los datos del Banco de España, hay municipios que han perdido un 15% de población, mientras los precios del alquiler han subido un 50 o un 60%.

Muchas voces apuntan que la solución es construir más.

Es la fórmula del rentismo, que lleva operando 40 años, la que nos ha traído hasta aquí. Un solar no vale nada, pero si lo haces urbanizable, su valor se dispara, metes a las constructoras, a los bancos… y, de repente, es una fuente central de negocio para una minoría que va a ganar mucho dinero. En los desarrollos del sureste de Madrid se está construyendo mucha vivienda. Salen pisos de dos habitaciones por medio millón de euros, en una zona donde no hay ni un comercio, ni centro de salud, nada. Si vas a construir, tiene que ser vivienda asequible, como sucede en Europa, con promotores sociales, asociaciones o cooperativas, que buscan producir un beneficio limitado, porque no quieren ganar todo lo que podrían, sino garantizar una vivienda y alquileres dignos. Cuando van a pujar por un suelo, llega un especulador que paga tres veces más, porque lo va a repercutir en el precio, y se lo queda. Por eso, también tienes que regular quién construye, cómo y bajo qué perspectiva, para fomentar que otros actores entren en el mercado inmobiliario.

¿Qué le parece el nuevo fondo soberano para vivienda que ha anunciado el Gobierno?

Creo que se tiene que hacer a una escala más masiva y no para construir. Lo primero es la compra preferente [por parte de las administraciones], para que no entren especuladores. En Valencia, hace unos años hubo una gran operación entre Sabadell y Cerberus. El Gobierno autonómico [del Botànic] intervino y se quedó las 225 viviendas a un precio un 25% por debajo del de tasación. Eso también manda el mensaje a los mercados financieros de que hay un cambio de rumbo.

No estamos en los grandes momentos de desarrollo industrial donde se producía, se crecía, había mucha riqueza, podían ganar el capital y los trabajadores y se pacificaba la sociedad. Ahora lo que ganan unos se lo quitan a otros

¿Se están implementando actualmente políticas reales para revertir el modelo? ¿Cómo valoras las actuaciones del Gobierno?

A nivel discursivo dice que va a hacer algo, pero luego nunca se atreve a hacer nada. Cambiar esto es un juego de suma cero. No estamos en los grandes momentos de desarrollo industrial donde se producía, se crecía, había mucha riqueza, podían ganar el capital y los trabajadores y se pacificaba la sociedad. Ahora lo que ganan unos se lo quitan a otros. No se produce ni se crea riqueza, solo se redistribuye hacia arriba. Si el Gobierno cambia el sistema, esas viviendas que Blackstone va a vender por 300.000 euros, tal vez las tenga que vender por 200.000. Y no somos tú y yo, es el principal donante de la campaña de Trump, con un poder político y económico espectacular. Regular contra eso hace que sufran ataques, pero hay gobiernos que ya lo están haciendo, porque si no, lo que generas es desafección en las nuevas generaciones, que ya no creen en el sistema. ¿De qué sirve esforzarse si el futuro depende de que tus padres te hereden una casa? Cuando la desigualdad ya no se articula a través de sistemas meritocráticos, sino de herencias, los consensos sociales se empiezan a desmoronar y cada vez menos personas creen en los valores democráticos. Estamos ante una crisis de bienestar, que se soluciona con una respuesta igualitaria basada en la redistribución o con un neoliberalismo autoritario.

Trump, Bolsonaro y las extremas derechas son respuestas a esta crisis de asequibilidad y bienestar, donde la vivienda juega un papel importante. Pero Mamdani llega a la alcaldía de Nueva York con un discurso muy radical y con una política muy central, de regular precios, hacer vivienda asequible, etc. Es una carrera a medio plazo.

¿Qué respuesta va ganando?

Es una carrera a medio plazo. Trump, Bolsonaro y las extremas derechas son respuestas a esta crisis de asequibilidad y bienestar, donde la vivienda juega un papel importante. Pero Mamdani llega a la alcaldía de Nueva York con un discurso muy radical y con una política muy central, de regular precios, hacer vivienda asequible, etc. En Berlín, la población ha votado en un 56% a favor de expropiar a los grandes caseros del país. Aquí, en una encuesta de 40dB para el Grupo Prisa vemos que el apoyo social a limitar la acumulación de viviendas en propiedad es amplio: un 83% en el caso de los votantes de Podemos, un 81% en los del PSOE, un 60% en los del PP y un 52% en los de Vox. Cuando el Gobierno no se atreve a llevar a cabo estas políticas por las presiones, lo que hace es preparar el terreno para que venga un neoliberalismo autoritario, las extremas derechas. El Gobierno está manteniendo cifras macroeconómicas muy buenas, pero la cuestión de la vivienda es la que le puede hacer perder las elecciones, porque no se atreve a intervenir, como si han hecho algunas comunidades autónomas.

¿Por ejemplo?

Catalunya, aunque aun así se está viendo que es insuficiente. Si tu política es demasiado suave, no va a ser efectiva. Cuando Rajoy reformó el sistema inmobiliario español, no se cortó. No tocó una o dos leyes, sino toda una batería. No dejó ley sin tocar para diseñarlo a la perfección y que entraran los fondos y el capital especulativo. Si tú quieres hacer lo contrario, necesitas un sistema integral de intervención. El Estado de Bienestar no se crea a través de palabras, sino con políticas públicas, intervención, regulación, financiación, etc. ¿Va a pasar? Parece que no está pasando y eso es lo que genera desafección.

Es imposible aspirar socialmente a una vida digna cuando estás subordinado a la voluntad de tu casero

Hablando de datos macro, sostiene que esa estabilidad ya no genera bienestar, sino que lo erosiona.

La población que vive de alquiler, la generación inquilina, cada vez está peor en términos económicos, vitales, familiares… Es imposible aspirar socialmente a una vida digna, como se nos ha prometido, cuando estás subordinado a la voluntad de tu casero. Esto tiene muchos efectos, desde la salud mental hasta que haya parejas que no se puedan separar; mujeres atadas al espacio doméstico, un sitio central de violencias machistas; en el derecho a la educación, si tienes que estar cambiando cada cinco años de casa y de colegio; si tienes que mudarte de municipio o al otro punto de la ciudad en medio de un tratamiento médico; o si tardas dos horas en llegar al trabajo.

¿Cómo ha calado la “racionalidad rentista” en la sociedad?

Vivimos en una sociedad súper individualista, un éxito del superindividualista que cada uno juega con sus recursos de la mejor manera posible. Hay una cuestión de supervivencia. No hay que olvidar que el 95% de los hogares que son rentistas ganan más dinero con su salario que con las rentas inmobiliarias. Eso es crucial, porque ocupan posiciones intermedias y contradictorias. El problema es que son los hogares con más dinero los que empiezan a acumular más viviendas para ponerlas en alquiler. Así es como se va rompiendo la sociedad, pero la búsqueda de riqueza en abstracto. Muchas familias se mueven para proteger a sus hijos, porque saben que con sus trabajos tampoco podrán acceder a una vivienda, o para poder pagar la residencia cuando se jubilen, porque se está desmantelando el Estado de Bienestar. La vivienda en propiedad funciona como un sistema de protección social y económica. Si quitas eso, lo tienes que dar por otro lado, por eso abogo por un nuevo paradigma de vivienda.

Los inquilinos del portal número 18 de la calle Mercaderes en Pamplona barajan denunciar a la empresa dueña del bloque, propiedad de Fernando Vidaurre, por acoso inmobiliario tras casi 11 meses de presiones. El periplo comenzó a finales de abril de 2025, cuando les anunciaron la venta de los pisos y la necesidad de que los desalojasen, a pesar de que todos ellos tenían contratos en vigor. Desde entonces, los vecinos alegan haber vivido obras innecesarias, desactivación del ascensor, amenazas y en ocasiones no se les han garantizado las condiciones mínimas de habitabilidad. Además, según ha podido conocer elDiario.es/Navarra, no es el primer caso en el que el dueño de Vidaurre Group, constructora de numerosas obras a grandes instituciones (como el Centro Bioma de la UNAV, que cuenta con un presupuesto de 45 millones de euros; o el proyecto Iberia Loreto 1, encargado por el Ayuntamiento de Madrid por 12 millones) genera descontentos entre los vecinos del Casco Viejo de Pamplona.

Los vecinos que aún resisten en el bloque del número 18 de la calle Mercaderes, una de las más icónicas de Pamplona por ser escenario de los encierros, recuerdan bien el día que comenzó todo: 28 de abril de 2025, día del apagón nacional. El empleado y portavoz de Fernando Vidaurre, propietario de la empresa VDR (Vidaurre Group), dueña del edificio, les convocó a una reunión en su sede, ubicada en la calle San Agustín, para decirles que “iban a vender el edificio y tenían que marcharse”, según han relatado los inquilinos. “Intentaron engañarnos para que firmásemos nuestra salida, pero no firmamos y avisamos a todos los vecinos que no lo hicieran”, recuerdan algunos de ellos.

Según han explicado los propios moradores, algunos de los inquilinos llevan viviendo desde 2021 y “la última persona entró en abril de 2025”, el mismo mes de la notificación. Además, algunos tienen “contratos de siete años” de vigencia por “ser la propietaria una persona jurídica”, explican.

Dos meses antes, en febrero del pasado año, se hacía pública la noticia en un periódico local de que el edificio había conseguido, a través de un recurso presentado al Ayuntamiento de Pamplona, once licencias turísticas (correspondientes a las once viviendas que componen el inmueble). Según el Sindicato Socialista de la Vivienda, vinculado a GKS, antes de la compra del edificio por parte del Grupo Vidaurre en 2019, las viviendas fueron apartamentos turísticos gestionados por el Hotel Avenida desde 2012. Con el cambio de dueño, el edificio se siguió explotando turísticamente hasta la pandemia, momento en el que se reconvirtió para el alojamiento de viviendas convencionales.

“Los vecinos [del edificio] conocíamos el sindicato porque lleva tiempo activo en Iruñea”, señalan los inquilinos, que se pusieron en contacto con la organización para resolver las dudas sobre sus situaciones. “Ha supuesto una seguridad a la hora de conocer nuestros derechos como inquilinos” y así poder seguir adelante, afirman. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, el propietario no puede echar a los inquilinos únicamente porque quiera vender la vivienda, ya que la venta no extingue bajo ningún concepto el contrato de alquiler, sino que el comprador quedaría sujeto al contrato vigente y sus plazos establecidos. Además, si el propietario desea alcanzar un acuerdo para que los inquilinos abandonen la vivienda antes, este solo es posible si los inquilinos aceptan voluntariamente, ya que no existe obligación legal de que lo hagan. Por tanto, si quieren permanecer en la vivienda hasta la finalización del contrato, tienen derecho a hacerlo. En el caso de que el propietario quiera vender el inmueble vacío, deberá esperar a que finalice el contrato o negociar una salida anticipada con los inquilinos, sin poder imponerla unilateralmente conforme a lo previsto en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos.

Las nuevas reuniones que mantuvieron los vecinos y el propietario en mayo para negociar una posible salida, no fueron fructíferas. El dinero que les ofrecieron “no era justo”, explica uno de los vecinos. “Durante ese tiempo, estuvimos buscando viviendas, pero no encontramos ningún otro lugar con unas condiciones parecidas. O eran muy caras, o están lejos, o no son de larga estancia”, dicen. Ante la negativa de abandonar las viviendas —que en ese momento eran cinco puertas de las once que tiene el edificio—, porque “estaban bien” en sus casas y no querían mudarse con “peores condiciones simplemente porque al dueño le viniese bien”, el empleado de Vidaurre Group les advirtió: “Estáis bien hasta que no lo estéis, porque en el edificio las cosas empiezan a fallar. No es presionar, es lo que va a pasar”. En otra ocasión, los vecinos recuerdan que Fernando Vidaurre les advirtió que “tenía sus armas” si no pactaban con él.

Según los afectados, Vidaurre y su representante se negaron a que el sindicato mediase en las “negociaciones”, además de vetar la entrada de la organización a las reuniones mantenidas durante el año pasado. Respecto a las instituciones oficiales, algunas de las vecinas explican que acudieron a la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona y se sintieron “totalmente infantilizadas y humilladas”. “También hemos llamado por teléfono [a otros organismos] y no nos han aclarado nada”.

Durante el verano, a una de las casas se le averió el agua caliente. Sin embargo, los propietarios se negaron a arreglarla durante meses, corriendo finalmente la reparación a cargo de los vecinos, que todavía no han recibido reembolso de los gastos. Según relatan los inquilinos, “hay un gran cambio de actitud y atención” desde que los propietarios comenzaron la campaña y ahora. Antes, “la comunicación era fluida” y las respuestas ágiles. Pero, desde el comienzo de la situación, la propiedad “usa el desgaste” e ignora a los vecinos, a pesar de que está obligada a mantener la habitabilidad de la vivienda. Lo mismo pasó en otro piso con la calefacción, averiada a finales de verano. “Nos trajeron radiadores enchufables, pero seguía haciendo frío”, declaran las inquilinas, que durante la ola de frío de diciembre (cuando las temperaturas rozaron los 3 grados bajo cero) el domicilio no superaba los 15 grados, según declaran. También tenían miedo de pedir la reparación por si no la finalizaban. “Es calefacción radiante y hay que levantar todo el suelo. Como quieren que nos vayamos, lo mismo nos dejan sin suelo y no lo reparan”.

En septiembre de 2025, los vecinos conocieron a Fernando Vidaurre en una reunión para intentar llegar a un acuerdo y exponerle sus condiciones. Sin embargo, el propietario no aceptó y, además, les avisó de que se realizarían obras de reparación de unas humedades ubicadas en el portal. Poco después, ya en el mes de octubre, bajaron los plomos del ascensor y comenzaron a picar el techo y las paredes del portal. Según cuentan los vecinos, en seis meses los obreros han aparecido en el lugar menos de media docena de veces. Ante las preguntas de los vecinos sobre la duración de las obras y, sobre todo, la gestión de los residuos —como los cascotes y fragmentos de pared, que quedaban esparcidos por el suelo e imposibilitaban deambular por el portal—, la respuesta por parte de Vidaurre Group fue nula. Les dijeron que “la empresa estaba buscando la humedad” y que no dependía de ellos, pues “los obreros no pertenecían a la empresa”. Sin embargo, los vehículos que manejaba el personal de la “reparación” pertenecían a la compañía de Fernando Vidaurre.

En la memoria de obras, presentada por el propietario al Ayuntamiento y a la que ha tenido acceso elDiario.es/Navarra, se describe que “en las zonas comunes del edificio se han detectado humedades que con el tiempo han ido a más”, provenientes de “los locales contiguos (medianeros)” del edificio. Sin embargo, en la página siguiente de este mismo informe, donde se detalla la obra, se describe que la intervención es un “tratamiento de humedades por capilaridad”. De la misma manera, en los bloques colindantes —correspondientes al número 4 de la calle Calderería y a Mercaderes 16— no se han realizado obras relacionadas con humedades, según el registro de licencias del Consistorio. Tampoco han tenido este tipo de problemas en el local de hostelería que ocupa el bajo de Mercaderes 18, según ha explicado el encargado, que corrobora la versión de los vecinos de que “el portal se encontraba en perfecto estado”. También, respecto a esta intervención, hay registrada en el Ayuntamiento una incidencia relacionada con una mala gestión de los residuos por hallarse esparcidos por todo el habitáculo que compone el portal y la salida.

Ante la duda de que las obras encargadas por Fernando Vidaurre tuvieran como único fin amedrentarles, los vecinos encargaron a un perito un análisis técnico. Las conclusiones, tras varias páginas que explican el arduo análisis que se hizo in situ y de los restos, fueron muy rotundas, concluyendo que “nada” indicaba “la necesidad de acometerlas”. Además, en las conclusiones del informe también se refieren a la desactivación del ascensor, reflejando que “se desconoce la causa por la que no está en funcionamiento, ya que no se han observado afecciones en su entorno”; y añaden que las obras “se están realizando de forma intermitente”, pudiendo “dar lugar a incidentes” por “el tránsito de personas permanente [al ser un portal de acceso a viviendas]”.

Junto con el Sindicato Socialista de la Vivienda, los inquilinos convocaron el 3 de noviembre de 2025 una rueda de prensa frente al portal para “denunciar la situación” que vivían particularmente de “acoso inmobiliario”, pero “más allá de su situación particular”, exponer la problemática del “negocio turístico” en el Casco Viejo de Pamplona. Ese mismo día, según los inquilinos, Fernando Vidaurre supo de la convocatoria antes de celebrarse, pues poco antes de la llegada de los medios limpiaron los escombros y cascotes para meterlos en bolsas, que agolparon en el portal. Una vez terminada, Vidaurre llamó a una de las vecinas, que había actuado como portavoz, “gritando y de muy mala manera” para decirle que “lo que decía era mentira”, relata la joven. Además, la vecina declara que el arrendatario le avisó de que iba a llamar al director de un periódico local (que había cubierto la convocatoria) para que borrase la noticia y, por lo visto, así ocurrió. Poco después del inicio de la campaña, Fernando Vidaurre también se personó delante de la farmacia donde trabaja uno de los inquilinos —que había secundado la protesta— y, según cuenta él mismo, “lo amenazó”, diciendo que le iba a empapelar el escaparate del negocio y que “estaba investigando” a él y a su familia. Otra vecina también alega que Vidaurre llamó a su trabajo preguntando por ella. “Lo hacen para que sepas que te han fichado”, hipotetiza.

Una de las vecinas recuerda que “tuvo mucha ansiedad durante esos días” porque “se ha vendido una historia que no es del todo cierta”. “Hemos sentido muchas veces frustración”. Sin embargo, alega que, a pesar de la incomodidad de la situación, seguían sin encontrar una alternativa viable y se quedaron “simplemente por dignidad y convicción”. “No puede ser que porque quieran hacer negocio nos tengamos que ir de nuestras casas”.

Menos de dos semanas después, el 14 de noviembre, se celebró una asamblea en el Casco Viejo pamplonés “para hablar del tema”, tanto de la situación que vivían los vecinos, como otros casos similares en el barrio. “Acudió mucha gente y hablaron de su situación”, muchas de ellas similares, relatan los asistentes. “Sentimos mucho cariño”, declaran. Un mes después, se convocó una movilización en el Casco Viejo, junto con los vecinos del bloque número 18 de la calle Mercaderes, para denunciar “el negocio inmobiliario” y sus “consecuencias negativas”.

No fue hasta principios de febrero, cuando los obreros comenzaron a recoger el equipo de obra (como los puntales o plásticos) y a reconstruir la pared y el techo del portal. Cabe decir que la fecha coincidía con el vencimiento de la licencia de obra por “humedades”. También “empezaron a hacer obras en los pisos vacíos [en total 6] y activaban el ascensor [que llevaba apagado desde el inicio de las obras por las supuestas humedades] mientras trabajaban”, aunque después lo volvían a apagar, declara una vecina. Por esas fechas, el 11 de febrero de este año, aparecía una pancarta en el segundo piso del inmueble donde anunciaban la venta de los pisos. Un anuncio que el Sindicato Socialista de la Vivienda interpretaba como una victoria. En una rueda de prensa, la organización afirmaba que, “gracias a la presión y la lucha de los vecinos y del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria”, Vidaurre renunciaba a “construir pisos turísticos”. Sin embargo, en las diversas veces que se ha llamado al número que se expone en el cartel —también desde distintos números de teléfono y tramos horarios— siempre ha saltado un contestador automático.

Por su parte, Fernando Vidaurre, preguntado por este periódico, ha alegado que todo forma parte de una “extorsión personal”. Según declara, la versión expuesta por los vecinos es “mentira” y ya “han conseguido lo que ellos querían”, pues ha renunciado a las licencias turísticas. Ha defendido la existencia de humedades en todo el edificio y ha anunciado que irá a por los vecinos “judicialmente” si dicen “una injuria más”. “Lo tengo todo preparado”, sostiene. Según cuenta, dispone de “toda la documentación” que avala sus declaraciones, pero ha rechazado facilitarla para contrastar la información, como fotos del “portal con humedades”, “el hueco del ascensor inundado” o “correos de la comunidad del edificio contiguo” quejándose por la humedad que causa el número 18 de Mercaderes. “Yo solo quiero irme de ahí. Desaparecer y que sean felices. No soy un especulador”, declara el empresario a este medio. “Voy a vender los pisos uno a uno a inversores. Los voy a vender como empresario, porque tengo derecho”.

Incidente con un trastero

En este mismo edificio, hubo en 2022 otro percance grave relacionado con el empresario. Vidaurre Group vació dos trasteros que no eran de su propiedad. “Rompieron nuestra cerradura y pusieron otra” sin dejar rastro de “todas nuestras cosas”, recuerda la propietaria. El empleado y representante del empresario, el mismo con el que los inquilinos han mantenido el contacto, explicó a la propietaria que “pensaban que los objetos eran de turistas”. Según cuenta ella, Fernando Vidaurre “nunca se puso en contacto” con la afectada “ni para pedir perdón, ni para hacer ninguna propuesta”.

La dueña de los pequeños inmuebles, vecina también de la calle Mercaderes, aunque no del portal 18, compró estos trasteros en 2013. En agosto de 2022 tras “meses sin ir por la pandemia y enfermedades”, tal y como relata la vecina, su hija “fue a coger la bici y no le entraba la cerradura”, aunque pensó que “la llave estaría mal”. Una vez comprobaron que se había cambiado bombín, preguntaron a Vidaurre Group qué había ocurrido muy extrañadas. “Tenían medios para saber que esos trasteros eran de mi propiedad” y no “hicieron nada por comunicarnos” cualquier cambio “en ningún momento”, reclama la propietaria

Después de un buen rato y avisar a la empresa de que iban a llamar a la Policía Municipal, la vecina recuerda que el representante de Vidaurre les dijo por llamada que habían vaciado el trastero “por un error”. “Nos dijeron que habían reformado el portal para justificarlo, pero no lo habían hecho”, apostilla la vecina. Según la Oficina de Rehabilitación Urbana del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona, en 2021 solo se realizó una “reforma de pintura en la fachada” desde los balcones, no habiendo constancia de que se hubiera reformado el portal por aquellas fechas.

Además, la empresa de Vidaurre tardó casi dos semanas en darle las llaves. Mientras, la propietaria interpuso una denuncia en la Policía Nacional detallando todo lo que había en los dos trasteros. “Había cosas de todo tipo, muchas de ellas buenas, como la bici, muebles antiguos, mesas de marquetería, equipos de música, material de camping, de playa, maletas...”, todo con un incalculable “valor personal y sentimental”, incluido todos “los recuerdos de infancia de sus hijos”.

Al recibir las llaves, Vidaurre Group solo les dio dos copias, alegando que la otra estaba en paradero desconocido y “la tenían que localizar”, según cuenta la vecina. En el trastero “había un extintor, una mesa del bar de al lado y una fregona con su cubo”, recuerda. Abrir el trastero y que no quedase rastro de sus cosas fue un “shock total”, recuerda la afectada. Avisó a la empresa para informar sobre los objetos y, al volver al día siguiente, “no había nada”. “Habían vuelto a entrar sin permiso y la llave esa que estaba perdida, no lo estaba tanto”, explica la mujer, que procedió a cambiar las cerraduras para que “no hubiera copias por el mundo”.

Según ella, el “encargado de Vidaurre” le admitió en una reunión que “habían tirado todo” al contenedor de escombros “porque estaban de obras” y “pensaban que eran cosas de los turistas”. Aunque “un trabajador del bar de abajo dijo que había cosas que tiraron y otras que se las llevaron en furgonetas”, matiza la vecina. En la reunión que tuvo con el empleado de la empresa de Vidaurre, este le hizo una oferta de compra por los trasteros, aunque, según la dueña, la cifra fue “una desfachatez”. “Nos ofrecieron por los dos trasteros el precio que pagamos por solo uno [casi 10] años antes”.

Cuando la propietaria le avisó que acudiría a la vía penal —por recomendación de la Policía Nacional que la había atendido y su abogado— el empleado de Vidaurre Group le avisó de “con quién se estaba metiendo”. “Ha hecho el [estadio de Osasuna] Sadar”, le advirtió supuestamente este. Durante el juicio, Vidaurre argumentó que las vecinas “tenían que haber ido con más frecuencia”, explica la demandante, a lo que ella misma se pregunta: “¿pero qué obligación tenemos nosotros de ir al trastero cuando tú nos lo digas?”. Además, el empresario declaró que había sido él quien había cambiado la cerradura final de las puertas, a pesar de que la propietaria conservaba las facturas del cambio de bombín. Finalmente, la demanda no dio sus frutos por la vía penal y acudieron a la civil, donde se “conformaron con 6.000 euros”, aunque la dueña había tasado sus enseres por un valor muy superior. “Aceptamos el acuerdo por el temor a quedarnos con los 800 euros que ofrecían ellos, no se hizo justicia para nada”, lamenta. El asunto acabó en febrero de 2025, tres años después del incidente.

Los vecinos del edificio de Mercaderes 18 conocieron la historia de la propietaria del trastero y su hija porque ellas siguen utilizando el pequeño inmueble para guardar otras cosas. “Fui un día a por la bici, vi que estaba todo el portal sucio y pregunté a las vecinas, que me contaron lo que pasaba”, relata la hija de la propietaria. “Entonces les conté nuestra historia y establecimos contacto”. Además, en la asamblea el 14 de noviembre, también “hubo una vecina, que vivió en este edificio, que tuvo una experiencia horrorosa” con Vidaurre, relatan.

En esa reunión, la propietaria del trastero y su hija se sintieron reconfortadas. “A la mujer [que anteriormente vivió en el edificio] se le removía el estómago al saber que [supuestamente, Vidaurre] seguía haciendo lo mismo”. Ahora, afirman que “siguen dando su apoyo” a los vecinos de Mercaderes 18 por “la pesadilla” que vivieron ellas. “[Con nosotras, la empresa de Vidaurre] tuvo la misma actitud que ha tenido con estos chicos”, describe la vecina con pena.

Los inquilinos del edificio consideran que organizarse “ha sido un acierto” y ha ayudado mucho. “A la hora de tomar decisiones nos ha dado una posición de poder diferente”, apostilla una de las vecinas del bloque, que también ha dado valor al soporte moral que ha supuesto. “Cuando nos hemos sentido más vulnerables siempre nos ha reconfortado hablar y darnos fuerzas entre nosotros”, aunque antes no se conocieran “más allá de vernos en el ascensor”. Según aseguran los vecinos, la ayuda del Sindicato Socialista de la Vivienda les ha permitido matizar “todas las verdades a medias (o directamente mentiras) que nos han ido tratando de colar los propietarios”. Además, “está claro que solos no hubiéramos tenido medios para convocar una rueda de prensa y darle tanta visibilidad a la situación del Casco Viejo”, afirman. Aunque también es cierto que, conforme la situación seguía avanzando, ha habido ciertas discrepancias entre la organización y algunos vecinos. A pesar de ello, los inquilinos tienen una cosa clara: “[Vidaurre] nos ha hecho sentir que no podíamos hacer nada, pero luego hemos visto que, realmente, se podía hacer mucho”.

Han pasado más de cuatro meses desde que los vecinos de María Guerrero número 1 lograron un leve respiro. El 12 de noviembre, a las 10.24 horas, los agentes desplegados en Carabanchel Bajo desde primera hora retiraron el cordón policial que impedía el acceso al edificio. Estaba previsto que esa mañana desalojaran a familias e inquilinos de hasta seis viviendas, casi la mitad del bloque. Pero las tornas cambiaron con un aviso de última hora: el desahucio se frenaba hasta renegociar condiciones con Sareb, el llamado “banco malo” y actual propietario del inmueble. La noticia se celebró con júbilo entre las decenas de personas que acudieron allí como protesta. Pronto, la realidad se impuso: aquella no era una victoria, sino el inicio de una prórroga.

Escasos días antes, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) remitió al Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid un escrito para suspender el “lanzamiento”, que en la jerga judicial se refiere a la fase final de un desahucio, en la que se toma un inmueble que el inquilino no había abandonado voluntariamente. Cuando la comitiva enviada accedió al edificio y, media hora después, se anunció la tregua con el banco malo todo fueron gritos de alegría o suspiros de alivio. Pero el contador hasta la siguiente vuelta ya estaba en marcha, y ahora Sareb vuelve presionar con el dictamen de sus nuevos estudios de vulnerabilidad.

Fuentes de la entidad indicaron a finales de enero que en cuatro de los seis pisos pendientes del desalojo no se habían superado los filtros exigidos. Dos de ellos, afirman, porque “no habían colaborado” en proceso y otros dos por superar el umbral de ingresos, que ronda los 40.000 euros anuales por unidad familiar, cosa que los sindicatos implicados niegan tajantemente. No obstante, desde Sareb insisten en que sus inquilinos serán desalojados próximamente, mientras que sí permanecerán los apartamentos restantes y podrán renovar sus contratos al considerarles un perfil vulnerable.

“Han creado una empresa de vivienda pública sin estructura, porque la levantan desde la nada”, destaca Diego Sanz, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca 'PAH Vallekas'. Se refiere a que los pisos que adquiere Sareb y que, en consecuencia, pasarán a Casa 47, cuando estos se han absorbido después de comprar la deuda que deja una empresa privada en quiebra o números rojos, como ha ocurrido con Inversiones Winner S.L. en el caso de María Guerrero. “Quien ha quebrado ahí es la empresa, no sus inquilinos. Pero ellos sufren igualmente ese efecto dominó cuando ponen su casa a la venta y entra en escena Sareb”, resume.

Según la entidad bancaria, hasta ahora han intentado contactar con los inquilinos acudiendo físicamente al domicilio y por comunicaciones mediante burofax, aunque desde el entorno de los vecinos desmienten que las visitas de Sareb hayan llegado a producirse. Sin embargo, el destino inminente de sus habitantes ya parece sellado. Un año antes, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel –que ha representado al bloque en las negociaciones con Sareb, a excepción de uno de los 15 pisos que lo componen– logró paralizar el primer intento de desalojo y abrir negociaciones con la propiedad. Con la crisis inmobiliaria de 2008 la promotora del edificio, Inversiones Winner S.L., se declaró en quiebra al poco de construirlo y Sareb adquirió la deuda millonaria que dejaron a su paso, y que había acabado en un concurso de acreedores.

Han creado una empresa de vivienda pública sin estructura, porque la levantan de la nada

Diego Sanz — Portavoz de la 'Pah Vallekas'

Fue ahí cuando comenzó el tiempo de descuento, pues según los representantes sindicales la antigua compañía ni siquiera había registrado el edificio en el catastro, por lo que algunos inquilinos tuvieron problemas a la hora de empadronarse. La sociedad limitada siguió firmando cobros vinculados a los pisos, como los de la factura de la luz, hasta que en mayo del año pasado el banco comenzó a rechazar los pagos y las personas que alquilaban los apartamentos descubrieron toda la maniobra, que afirmaban no conocer hasta ese momento.

Una carta de desahucio con un remitente que no esperaban

Entonces, los vecinos recibieron una carta de desahucio en la que no aparecía el nombre de su arrendador habitual, Inversiones Winner: en su lugar, el escrito lo firmaba la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, originada en 2012 para dar salida a activos tóxicos de la banca y propietaria del bloque desde que adquirió su deuda en 2023. El mandato por el que se creó esta entidad también contemplaba su disolución en 2027, dentro de un año, una vez cumplido su fin como herramienta de liquidación temporal. En ese tiempo, deberá transferir más de 40.000 inmuebles a la futura empresa estatal, Casa 47, con idea de que estos pasen a disposición pública en forma de alquileres sociales o asequibles.

El Gobierno central planea que estos activos, cuyo valor de mercado estiman en casi 6.000 millones de euros, alberguen en total unas 55.000 casas en total. Este traspaso responde a la intención de levantar, en torno a la Entidad Pública del Suelo (Sepes), una figura con capacidad de promover y construir vivienda a precio asequible para venta o alquiler. Pero para ello, antes tendrá que absorber los pisos del banco malo. La persona a caballo entre los dos mundos, el banco de activos tóxicos y la futura empresa estatal de vivienda, sostiene que el modelo de alquiler social “es sostenible desde el punto de vista económico”.

En términos generales, los programas de alquiler social necesitan apoyo público porque si no, son deficitarios

Pau Pérez de Acha — Director de Vivienda Social y Asequible de Sareb

Pau Pérez de Acha, director de Vivienda Social y Asequible de Sareb y uno de los brazos que trabaja en la cesión de inmuebles a Casa 47, detalla a Somos Madrid que aún así el derecho a estos alquileres ha de ser extensible a “cualquier familia que resida en una vivienda de Sareb”. Si se cumplen los requisitos, ni siquiera cabe la negociación. Este modelo está destinado a los hogares más vulnerables, con ingresos que no superan (como regla general) cuatro veces el IPREM, que son en torno a 40.000 euros brutos anuales por unidad familiar. Las rentas son reducidas —habitualmente entre 100 y 200 euros mensuales— y requieren de fondos públicos porque son deficitarias.

“Hay que tener en cuenta que estas viviendas antes solo generaban gastos [en concepto de IBI, gastos de comunidad, etc.] y, con el pago del alquiler, empiezan a prestar ingresos que ayudan a financiar su manteniento”, insiste. Sin embargo reconoce que, en términos generales, este tipo de programas “necesitan apoyo público porque si no, son deficitarios”. Un escalón por encima se sitúa el alquiler asequible, dirigido a clases medias con ingresos de entre cinco y siete u ocho veces el IPREM y precios aproximadamente un 20% más baratos. Estas fórmulas tratan de asegurar que el coste del alquiler libre (que fluctúa solo por lo privado) no impida a determinados grupos sociales acceder a una vivienda.

Sin embargo, el encarecimiento del mercado y el estancamiento de los sueldos hacen que incluso los asalariados habituales tengan problemas para encontrar piso. La situación se tensiona especialmente en grandes urbes como Madrid o Barcelona. En la ciudad condal, el precio medio del alquiler alcanzó los 876,83 euros, según datos oficiales del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) para el último trimestre de 2025. La capital registró una subida interanual de casi el 10% en base a la información que maneja el portal inmobiliario Idealista, que fijó el metro cuadrado en 22,7 euros al mes.

En adelante, el objetivo del Estado es que las viviendas sociales o destinadas al alquiler asequible que trasnfiera Sareb se cedan por fases, con idea de que su cometido fundacional de liquidación se acerque más a una función de utilidad social. Los sindicatos y plataformas de afectados por la hipoteca ponen en duda que eso ocurra, mientras los vecinos en la calle María Guerrero de Carabanchel aguardan al último capítulo de una historia que se alarga.

José Manuel López (Madrid, 1966) llega con una ristra de propuestas para resolver el problema de la vivienda. Todas pasan por una premisa clave: ser imaginativo, inventar nuevas ideas. “Pasar de pantalla”, resume. Su nuevo libro, 'Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda' (Editorial Akal), es una radiografía del mercado inmobiliario y del alquiler actual. También una guía que evita vender balas de plata, pero que apunta a una consecuencia irrefutable: una sociedad que se divide entre “una parte a la que le cayó una casa y tiene la vida hecha y el resto”.

López es ingeniero de formación, especializado en planificación y urbanismo, con una amplia experiencia como gestor tanto en las administraciones públicas como en el sector privado. También en el ámbito político. Fue candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid en 2015; director del plan de innovación Justicia 2030 del Ministerio de Justicia en 2020; y actualmente es director del gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Propone sustituir el concepto ‘vivienda’ por el de ‘casa’.

Al escribir, me fijé en el término. Cuando invitas a alguien a cenar, lo invitas “a tu casa”, pero al preguntar a gente que tiene una vivienda que alquila, siempre me decían: “Yo vivo en una casa y alquilo una vivienda”. El concepto ‘casa’ nos permite pensar de otra manera, porque esa vivienda que se alquila es la casa de alguien. En torno a ese concepto, es mucho más fácil plantear cualquier tipo de política.

¿Se puede salir del relato de que la crisis de vivienda no tiene solución?

Sí, pero hay que cambiar de mirada. Cuando hablamos de vivienda encontramos dos salidas: construir mucho más o esa idea melancólica de ‘si fuéramos como Austria…’. No podemos construir mucho más y Austria ha tardado 100 años en lograr ese modelo. Tenemos que ver las casas como un ecosistema con cuatro elementos. Uno es el acceso, lo que está ahora encima de la mesa. Otro tiene que ver con el uso; con más de un millón de personas que no pueden bajar a la calle o que se han ido a una residencia porque no tienen ascensor. Está el impacto ambiental. Y un cuarto elemento, que tiene que ver con la economía. La construcción tenía un peso en la productividad, pero que ahora tiene más que ver con lo financiero, tanto para los fondos como para los hogares, que desde hace 60 años ahorran en ladrillo.

Hay otro elemento, la innovación. Estamos pensando en construir como siempre, pero la industrialización nos permite tener casas en cuatro meses. Si levantas la cabeza en ciudades como Madrid, Barcelona o València, verás que se están recreciendo los edificios. Si sales de la pantalla del acceso, aparecen otros elementos que pueden funcionar.

¿Eso debería ir acompañado de otras medidas? ¿Hasta dónde pueden crecer en alto las ciudades si no hay un aumento de los servicios públicos?

Hemos estado haciendo ciudades extensivas, que son las que no tienen transporte ni servicios públicos. Cuando montas un sistema de chalés adosados lejos del centro, las administraciones no tienen capacidad de generar servicios y el centro de salud llega 15 años después. Si lo haces sobre la ciudad consolidada, los servicios ya están ahí. En la Conferencia de Quito, en 2016, Naciones Unidas ya dijo que había que densificar en lugar de extender. Cualquier ciudad está llena de ‘agujeros’, de solares pendientes de algo, con los que puedes reconfigurar la ciudad. El recrecimiento te lo permite, siempre y cuando haya un control. Ahora lo hacen las élites, pero puedes sacar una ley que diga que todo lo nuevo es VPO permanente. Hay que volver a un sistema en el que la vivienda pase a ser redistribución y no un mercado libre, como lo es desde los años 80.

La sociedad se divide en dos, los ‘mochileros’ que han recibido ladrillo y los que no

¿Cómo ha influido el contexto social e ideológico en las políticas de vivienda de las últimas décadas?

El 80% de nuestras viviendas están construidas después del año 1960. Hay un primer ciclo, en el que Franco ve que se le está yendo la dictadura y reparte 8 millones de VPOs. No sé si mi padre tenía en la mano un lápiz o un cóctel molotov, pero cuando le dieron la casa, un quinto sin ascensor de 68 metros, lo soltó. Cuando en 2011 se cumplieron los 50 años de mi barrio, se hizo una reunión y ocho de cada diez vecinos, entre ellos mi padre, decían que conocían a alguien en el Ministerio de Vivienda. Les habían convencido de que era un favor personal. Ahí se consigue que empecemos a ahorrar en ladrillo y que la propiedad sea un valor para los españoles.

Luego llegó el segundo ciclo, con Felipe González, donde se pasa a las ayudas en el IRPF, que supusieron una transferencia de 160.000 millones. El gran problema entonces fue la descalificación. Mis padres estaban muy contentos, porque pasaron de vivir en una casa de 300.000 pesetas a una de tres millones. Fue la gran redistribución, pero el Estado estaba diciendo que, desde ese momento, cada familia se ocupa de su siguiente generación. A partir de ahí, la sociedad se divide en dos: los mochileros que han recibido ladrillo y los que no.

¿Qué tiene de generacional esta crisis?

Tiene una parte generacional, pero también territorial. Los precios de las VPO estaban tasados, daba igual si tenías casa en Palencia o en Madrid. Cuando levantas la protección, tu casa en Palencia vale una cosa y en Madrid, otra. Si te tocó en el centro tienes una herencia; si te tocó en un barrio, otra. Y tiene una parte de vulnerabilidad, que no afecta solo a los jóvenes, sino a quienes tienen menos renta o a ese 14% de la población que llegó después a nuestro país y no estaba el día que se repartieron las mochilas.

Como la cultura es el ladrillo, según caen las herencias del primer ciclo, mucha gente decide comprar una casa, para sus hijos o para alquilarla. Eso sube los precios, el que ahorra [para su primera vivienda] no llega y el que compra, como paga más, lo carga al alquiler, así que la división se hace todavía más grande. Hay que controlar este sistema para que eso no siga creciendo.

En el libro dice que las decisiones de cada uno van a influir en el resto, “alteran el ecosistema”. En un país donde alrededor del 90% del parque de alquiler está en manos de pequeños propietarios, ¿hasta qué punto afectan las decisiones personales en la crisis de la vivienda?

Tienes una crisis, no puedes ponerte en manos de decisiones personales. Las estadísticas dicen que el 75% de la población tiene vivienda en propiedad y un 18% vive de alquiler. De estos, el 15% está en el mercado y un 3% son rentas antiguas o gente que las alquila a un familiar o un conocido por debajo de mercado. ¿Y el otro 7%? El dato no es fácil de encontrar, pero es gente que ha comprado una casa y se la está dejando a sus hijos o a sus nietos. Es decir, cuatro de cada diez casas en alquiler están fuera del mercado. Es una masa social que no está especulando, que te apoyarían si tomas la decisión de regular. El conflicto no es entre casero e inquilino, sino de especuladores contra el resto.

Habla también de las viviendas vacías.

Tenemos casi cuatro millones de viviendas vacías y ese relato de que están donde la gente no quiere vivir no es cierto. En Madrid hay 97.000 y en Barcelona, 75,000, pero la gente no las saca [en alquiler] por miedo a impagos o porque es mucho lío. Prefieren no ganar dinero. Si la Administración es capaz de darles tranquilidad, por ejemplo, a través de una agencia pública que alquile viviendas privadas, mientras le pones un impuesto a la vivienda vacía, estás movilizando miles de casas.

¿Cómo se puede llegar a esas personas que necesitan rehabilitar sus edificios sin que eso suponga una transferencia de recursos públicos a manos privadas?

La vía más fácil para resolver el tema de la vivienda es la rehabilitación. Imagina un edificio sin ascensor en un barrio donde la población mayor no puede bajar a la calle y, además, tiene frío porque es ineficiente. Se puede sacar una normativa que permita recrecer el edificio con dos VPO, a condición de que las plusvalías se destinen a rehabilitar la finca. En una sola intervención estás generando un mercado nuevo de vivienda protegida, mientras resuelves los problemas de los vecinos. Y además pones condiciones: si tienes la vivienda vacía o la estás alquilando por encima del rango de precios que yo decida, no te puedo ayudar. Si para una rehabilitación de 40.000 euros yo te pongo 25.000, si no cumples estas condiciones y tienes que ponerlo todo de tu bolsillo, enseguida te salen las cuentas.

En el libro aborda la fiscalidad. ¿Qué le parece la propuesta del PSOE de modular la bonificación del IRPF de la que disfrutan los caseros si bajan los precios?

Es un error. La vivienda tiene que volver a ser un sistema de redistribución. Si transfieres impuestos al que ya tiene, estás haciendo un sistema de redistribución inverso, que amplía un poquito más la brecha entre los que pueden y los que no pueden. Además, no va a funcionar: a quien puede subir el precio todo lo que quiera, le da igual la bonificación, porque siempre podrá subirlo por encima. El marco político no tiene que ser inquilinos y caseros, sino especuladores contra el resto. Una amiga me decía que alquilaba su vivienda por un precio adecuado, 1.100 euros al mes. Al preguntarle cuánto cobraba antes, me respondía que 700. Entonces es una especuladora. Un ahorrador aspira a ganar un 5%, no un 30%. El ahorro es correcto, la especulación, no.

Este discurso de no enfrentar a inquilinos con caseros es también el del presidente Sánchez. ¿No aleja a una parte de los inquilinos, ahogados por el alquiler?

Aleja a una parte de los inquilinos y no interpela a una parte de los caseros, a ese 40% que han sacado sus casas del mercado y se las alquilan a sus entornos. El problema es quién quiere especular. Los fondos siempre quieren; los grandes tenedores siempre quieren; y los pequeños tenedores, ¿cómo les ayudamos a que estén en el lado correcto de la historia? No lo vamos a hacer apelando a su solidaridad, sino tomando una decisión política y empezando a sacar normas. Yo hago una propuesta: una ley de beneficios razonables, como la que dice cuánto ganan las eléctricas. Bastaría con meter al sector de la vivienda, para que todo el mundo estuviera tranquilo. ¿Este año se gana un 5%? Pues se gana un 5%, que no es lo mismo que que te suban el alquiler un 5%.

Las próximas elecciones van de resolver el problema de la vivienda

Hay mucho diagnóstico, pero ¿se está actuando sobre el problema?

No lo suficiente. Hay una especie de miedo a abordarlo y poca capacidad para salir de ese punto melancólico o de construir más. Hay más cosas que hacer, tenemos que pasar de pantalla. Nos hemos metido en la cabeza que la vivienda es escasa, que la única manera de solucionar el problema es por la vía ortodoxa, aunque tardemos años en hacerlo.

Últimamente se habla de recuperar la ilusión en la izquierda. En los últimos años los precios del alquiler se han disparado, miles de familias dedican buena parte de sus ingresos a pagar la renta y a los jóvenes les cuesta cada vez más emanciparse. Esto ha pasado en ocho años de Gobierno de coalición progresista. ¿Se podía haber hecho más?

La ilusión pasa por resolver este tema. Las próximas elecciones van de cosas, pero la central es resolver el problema de la vivienda. El 15M surge por la vivienda [tras el estallido de la burbuja inmobiliaria], pero la crisis en ese momento estaba centrada en la corrupción, era una crisis política, económica, de cierre del modelo. En 2015 empezamos a hablar de emergencia climática, inteligencia artificial, cuidados y feminismo. La vivienda sigue estando ahí, pero estábamos en otra. En política las decisiones no se toman de un día para otro, hay una presión social que te va llevando al borde del precipicio. Hace ocho años la sociedad no estaba con esto en la agenda e igual la prioridad no era la vivienda. Ahora mismo es la prioridad máxima y hay que resolverlo con valentía. Se está dividiendo a la sociedad en dos, la mitad de la población que está bastante contenta cuando llega a su casa y quien vive esto con ansiedad.

Una agencia inmobiliaria publica cada mes cerca de dos centenares de anuncios de alquiler, que se traducen en 24.000 solicitudes. Para cada vivienda, agendan visitas de unos 15 minutos, durante dos horas, lo que reduce la cuenta a unos 1.600 candidatos. La empresa se llama Zazume y, hace un par de años, implementó una herramienta de inteligencia artificial para “precualificar” a los potenciales inquilinos. “Antes de aceptar un perfil tenemos un agente [IA] que contacta con los perfiles, les pregunta qué están buscando, ingresos, cuántos son, si están trabajando y qué, si tienen o no mascotas... Era el trabajo de dos o tres personas, que ahora se pueden dedicar a tareas con más valor añadido”, explica el cofundador de la plataforma, Jeroen Merchiers.

El potencial de las tecnologías de inteligencia artificial de permear en la actividad inmobiliaria y los procesos de gestión de alquileres es elevado. “El alquiler vacacional se ha digitalizado a nivel mundial, pero en el residencial, con un sector súperfragmentado, donde el 95% de la oferta pertenece a pequeños propietarios, la experiencia todavía es nefasta”, señala el propio Merchiers, quien fuera director general de Airbnb para Europa, Oriente Medio y África.

Las grandes consultoras internacionales apuntan a un incremento en el uso de estas herramientas en un momento en el que, tanto en España como en otros países del entorno, la crisis de vivienda aprieta y aparta a una parte de la población de la propiedad al alquiler. El informe sobre perspectivas del mercado inmobiliario europeo para 2026, elaborado por CBRE Research, señala que “las plataformas de alquiler digital, la selección de inquilinos impulsada por IA y las tecnologías de edificios inteligentes se están convirtiendo en el estándar, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del inquilino”. El trabajo prevé una “mayor adopción” de estos procesos por parte de los operadores durante estos meses.

Los movimientos inversores ya vienen produciéndose en los últimos tiempos. En mayo, PwC situó a España como el tercer país europeo con más compañías tecnológicas del sector inmobiliario, solo por detrás de Reino Unido y Alemania. La consultora contabilizó 700 empresas de PropTech, en el sector inmobiliario, y 170 de ConTech, en la construcción.

Un sector emergente

“Aunque tradicionalmente el sector se ha caracterizado por la falta de innovación, las PropTech están sirviendo para cambiar esta concepción, revolucionando la manera en la que se compran, venden y administran sociedades”, indicaba la responsable de Real Estate de PwC España, Miren Tellería, coincidiendo con la presentación del informe PropTech Trends Spain 2025, elaborado junto a TheFringe/Labs y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya. En ese sentido, la experta avanzaba que “las empresas inmobiliarias españolas están aprovechando cada vez más las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial para identificar oportunidades y agilizar diversos aspectos del sector, como el diseño, el desarrollo y la intermediación”.

Este informe señalaba el “principal reto” del ecosistema español de PropTech: el crecimiento. Aunque es “uno de los más grandes de Europa”, la mitad de estas empresas tiene una facturación discreta, que no supera los 500.000 euros al año. Zazume cerró el año pasado una ronda de financiación de 2,3 millones de euros, liderada por Sabadell Venture Capital y Nordstar, con el objetivo de acelerar el crecimiento de la empresa y reforzar su posición en el mercado de la profesionalización y la digitalización.

“Dentro de los que se dedican al sector, somos los más avanzados, pero todavía nos queda mucho por hacer”, reconoce Merchiers, con la vista puesta en los trámites de incidencias con las aseguradoras: “Veo lo manual que es ese contacto y toda esa ineficiencia se puede arreglar con esta tecnología”.

Desde la plataforma Testa Homes, que gestiona unas 14.000 viviendas en toda España, también apuntan al uso de la inteligencia artificial como una herramienta clave para incorporar “capacidades predictivas y adaptativas en el ciclo completo del alquiler”. Desde “algoritmos de recomendación que ajustan la oferta al perfil del usuario”, hasta “sistemas de análisis predictivo para prever comportamientos o incidencias”, pasando por “modelos de scoring para anticipar riesgos”. “Estas capacidades mejoran la conversión comercial, optimizan la gestión del riesgo y fortalecen la fidelización, configurando un modelo centrado en el usuario, pero respaldado por datos”, explicaba su chief operating officer, Noelia Rosón, en una columna en la web de Idealista.

Precisamente, esta plataforma ha ido implementando funcionalidades de IA en sus anuncios. En 2023, anuncio la puesta en marcha de un “servicio de texto inteligente” para mejorar las descripciones de los anuncios y ese mismo año publicó una guía para incentivar el uso de estas herramientas en el procesamiento de imágenes. En aquel momento, los ejemplos eran hacer las camas, ordenar habitaciones o cambiar el color del cielo, pero desde entonces la tecnología ha avanzado tanto que permite reconstruir habitaciones y espacios de manera prácticamente indistinguible de una fotografía original.

Más del 70% de agentes lo utiliza en Estados Unidos

Un informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos, publicado en 2025, señala que casi el 70% de los agentes utiliza la inteligencia artificial en su trabajo. El 20% lo hace a diario; el 22%, semanalmente; y el 27%, unas pocas veces al mes. El uso más extendido es el de generación de contenidos, como textos descriptivos, pero también para tareas creativas o de marketing. El 17% afirma que el impacto es significativamente positivo; el 33% cree que es moderadamente positivo; y el 46% dice que es neutro.

Más allá de los beneficios evidentes para las empresas —desde Zazume estiman que la eficiencia se ha incrementado en un 150% en solo dos años, por el uso de la IA—, algunas voces alertan de los riesgos para los usuarios. Sobre todo, en procesos donde entran en juego derechos fundamentales o se deciden elementos vitales, como el acceso a una vivienda. “La inteligencia artificial ayuda a una gestión más eficiente, pero tienes que poner a un humano al final del proceso para comprobar que este ha sido lógico”, indica la fundadora y presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (OdiseIA), Idoia Salazar.

La experta señala que la IA gestiona muy bien los datos. Esa es su fortaleza, pero también su debilidad. “Es puro dato, no contextualiza”, indica Salazar. Y en esa contextualización puede estar la clave en un scoring. “Puede producirse un sesgo, descartando a una persona por el lugar donde haya vivido antes o por un error sobre un impago que luego se hubiera subsanado”, pone como ejemplo.

Aún no es de “alto riesgo”

En 2024, la Eurocámara dio el visto bueno a la primera regulación de Inteligencia Artificial del mundo. Algunos usos, como los que impactan en las condiciones laborales, son considerados de “alto riesgo” y tienen una protección especial. Las empresas deben certificar que han analizado y reducido los riesgos del algoritmo que utilicen, deben evitar sesgos y estar controlados por personas, que han de saber por qué toma las decisiones. Para Salazar, la selección de candidatos a un alquiler debería entrar en esta categoría, porque impacta sobre el derecho a acceder a una vivienda, pero, por el momento, el reglamento los deja fuera.

Desde la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), el organismo encargado de controlar que el desarrollo de esta tecnología se realice bajo parámetros responsables, explican que, aunque el reglamento no considera este tipo de sistemas de alto riesgo y que, “por lo tanto, no tiene obligaciones como tal, más allá de las potenciales de transparencia”, el Reglamento “es lo suficientemente flexible para incorporar el efecto de este tipo de nuevos sistemas que afecten a derechos fundamentales y que no existían cuando fue concebido”.

Con todo, Salazar defiende las posibilidades de la IA, también en la lucha contra los sesgos. “Las personas también tienen sesgos, muchos de ellos inconscientes, pero con la inteligencia artificial podemos hacer una limpieza de datos, excluir determinadas variables, como raza, sexo o posición social” y, además, “me da más elementos para tomar la mejor decisión de una manera técnica, objetiva y realista, que enfrento con mis propias decisiones”, desarrolla. En cualquier caso, la experta recuerda el derecho de los usuarios y consumidores a recibir información sobre el motivo por el que han sido excluidos de cualquier proceso por esta tecnología, ya sea en un filtro para una entrevista de trabajo o para agendar una visita a un piso, algo posible gracias a la IA generativa.

Los inquilinos de València ya pueden contar con una herramienta de organización colectiva para defender sus derechos. Este viernes se presenta el Sindicato de Inquilinos de València, el tercero en el Estado español, para luchar contra los abusos en los alquileres. Ante la desidia de las administraciones públicas, los promotores del sindicato llaman a los inquilinos a asociarse para no afrontar solos los conflictos de un mercado que se ha convertido en una jungla.

El objetivo es “crear herramientas de negociación colectiva” para los arrendatarios, que se ven sometidos a constantes presiones, como subidas desproporcionadas en unos alquileres elevados per sé. Según los informes públicos y privados, los alquileres suben cerca de un 20% cada año en la ciudad -presión que se extiende al área metropolitana- y ya superan los 1.200 euros en prácticamente todos los barrios. “La fuerza de todas es un elemento esencial”, destacan Andrea Aleixos i Badr Ait Lamqadem, portavoces del sindicato, que censuran que haya precios superiores al salario mínimo. “No es solo que no suban más, es que deben volver a niveles acordes a los salarios”, subrayan.

El sindicato se presentará en público este viernes, 6 de febrero, en la Societat Coral El Micalet. Celebrará su primera asamblea abierta el 20 de febrero en Ca Revolta para comenzar a tejer redes vecinales y se integra en la Confederación de Sindicatos de Inquilinos. “No estamos ante una simple burbuja, sino de un proceso de extracción de rentas que empobrece la mayoría social. Ante este rentismo sistémico, la respuesta individual ya no es suficiente; hay que organizarnos”, destacan los portavoces.

Los sindicatos de inquilinos no son asesorías, subrayan. Son espacios de organización y presión social en un contexto de abuso, herramientas para garantizar los derechos. En las asambleas se busca compartir experiencias y que las personas no se vean solas y desprotegidas cuando deben negociar las condiciones de su alquiler. A corto plazo, prácticamente de inmediato, el sindicato exige una limitación de los precios de los alquileres y la paralización de los desahucios. De forma más amplia, se exige que la vivienda protegida no pase nunca al mercado privado, contratos de alquiler indefinidos y límites o reversión de los apartamentos turísticos. “La administración debería frenar la especulación”, remarcan las portavoces.

Asimismo, el sindicato desarrollan iniciativas de desobediencia civil no violenta, como la campaña 'Ens quedem' (Nos quedamos). Se trata llamar a los inquilinos a que, ante subidas abusivas o no renovaciones injustificadas, se mantengan en la vivienda pagando el precio anterior a la subida y firmado en contrato, “para presionar y conducir la situación dramática hacia una negociación eficiente para todas las partes, que respete el derecho a la vivienda”.

Els inquilins de València ja poden comptar amb una eina d’organització col·lectiva per a defensar els seus drets. Divendres es presenta el Sindicat de Llogateres de València, el tercer a l’Estat espanyol, per a lluitar contra els abusos en els lloguers. Davant la desídia de les administracions públiques, els promotors del sindicat criden els inquilins a associar-se per a no afrontar sols els conflictes d’un mercat que s’ha convertit en una jungla.

L’objectiu és “crear eines de negociació col·lectiva” per als arrendataris, que es veuen sotmesos a pressions constants, com ara pujades desproporcionades en uns lloguers elevats per se. Segons els informes públics i privats, els lloguers apugen prop d’un 20% cada any a la ciutat —pressió que s’estén a l’àrea metropolitana— i ja superen els 1.200 euros en gairebé tots els barris. “La força de totes és un element essencial”, destaquen Andrea Aleixos i Badr Ait Lamqadem, portaveus del sindicat, que censuren que hi haja preus superiors al salari mínim. “No és només que no apugen més, és que han de tornar a nivells concordes als salaris”, subratllen.

El sindicat es presentarà en públic divendres, 6 de febrer, en la Societat Coral El Micalet. Celebrarà la seua primera assemblea oberta el 20 de febrer a Ca Revolta per a començar a teixir xarxes veïnals i s’integra en la Confederació de Sindicats de Llogateres. “No estem davant una simple bambolla, sinó d’un procés d’extracció de rendes que empobreix la majoria social. Davant aquest rendisme sistèmic, la resposta individual ja no és prou; cal organitzar-nos”, destaquen els portaveus.

Els sindicats de llogaters no són assessories, subratllen. Són espais d’organització i pressió social en un context d’abús, eines per a garantir els drets. En les assemblees es busca compartir experiències i que les persones no es vegen soles i desprotegides quan han de negociar les condicions del seu lloguer. A curt termini, gairebé immediatament, el sindicat exigeix una limitació dels preus dels lloguers i la paralització dels desnonaments. De manera més àmplia, s’exigeix que l’habitatge protegit no passe mai al mercat privat, contractes de lloguer indefinits i límits o reversió dels apartaments turístics. “L’Administració hauria de frenar l’especulació”, remarquen les portaveus.

Així mateix, el sindicat desenvolupa iniciatives de desobediència civil no violenta, com la campanya Ens quedem. Es tracta de cridar els inquilins perquè, davant pujades abusives o no renovacions injustificades, es mantinguen en l’habitatge pagant el preu anterior a la pujada i signat en el contracte, “per a pressionar i conduir la situació dramàtica cap a una negociació eficient per a totes les parts, que respecte el dret a l’habitatge”.

La política de vivienda en España se estrella continuamente con la cuestión de su distribución. Según un informe reciente del Ministerio de Derechos Sociales, la renta de los caseros es un 82% superior a la de los inquilinos. Esta fotografía apela a la división clásica entre propietarios y no propietarios, donde los segundos tienen que pagar una renta a los primeros para poder vivir bajo techo. Estrictamente hablando, es un rentismo estructuralmente comparable al que existía durante el feudalismo, donde una clase propietaria parasitaba a otra hasta el punto de que les permitía vivir sin trabajar.

Sin embargo, estos propietarios modernos —los caseros— no son un grupo homogéneo y no son todos fondos de inversión o familias millonarias: en esa categoría se incluyen de manera mayoritaria a familias con una o varias propiedades que han puesto en alquiler. Y eso introduce complicaciones esenciales para la elaboración de políticas públicas, lo que puede explicar la dificultad que a nivel socioelectoral encuentran los gobiernos que quieren regular el mercado de la vivienda. Al fin y al cabo, regular implica señalar a ganadores y perdedores, y es complicado hacerlo cuando tus votantes se encuentran en ambas partes.

En 1950, España era todavía un país de inquilinos, con más del 50% del stock de viviendas en condición de alquiler y con las grandes ciudades como Madrid y Barcelona con cifras superiores al 90%. Además, había una escasez enorme de vivienda, lo que facilitaba el hacinamiento, la infravivienda y el chabolismo, todo lo cual era percibido por el franquismo como un problema de orden público. La política falangista buscó resolver ese problema con la vista puesta en la estabilidad del régimen: como ha expresado José Manuel Naredo, «se trataba de hacer ‘gente de orden’ y asegurar el conformismo de la población facilitando su acceso a la propiedad de la vivienda y atándola, además, con responsabilidades de pago importantes». Una hipoteca no es solo una carga económica, sino también una de tipo ideológico: un lastre que te impide ser libre incluso en la forma de pensar.

Esa lógica propietaria está hoy muy consolidada en nuestro país. La vivienda en alquiler supone actualmente en España poco más del 26%, en línea de otros países del entorno como Portugal o Italia, pero lejos de otros como Alemania, donde más de la mitad de las viviendas están arrendadas. Aun así, la clave es quiénes son los caseros. Cuando el casero es el Estado —porque el alquiler se produce en vivienda pública— los gobiernos tienen margen suficiente para intervenir en el mercado a favor de los inquilinos (por ejemplo, congelando precios) sin generar perdedores directos. El problema es que cuando ese tipo de alquiler es residual, como ocurre en España, la mayoría de los caseros son otras familias que han acumulado previamente riqueza inmobiliaria suficiente como para disponer de varias viviendas. En ese punto, apoyar a los inquilinos suele significar perjudicar a los caseros. Y, como he señalado ya, ambas partes votan en las elecciones.

En los últimos años ha resurgido la obsesión por construir más vivienda, una opción a veces anunciada como panacea total ante la crisis actual. El razonamiento habitual es señalar que cada año se forman más hogares que viviendas se construyen, lo que genera un déficit de vivienda que, según datos del Banco de España y para los últimos diez años, ya va por 700.000 viviendas. Este análisis es correcto, pero falla al evadir deliberadamente un aspecto fundamental: la distribución del stock total. De hecho, si pudiéramos construir 700.000 viviendas de golpe, nada aseguraría que estas fueran compradas por los nuevos hogares y no por otros actores que utilizan la vivienda como un bien de inversión y enriquecimiento.

El problema central es precisamente ese: que la vivienda se ha convertido en un activo financiero más. Y no uno cualquiera, sino uno de los más atractivos porque ofrece rentabilidades muy elevadas. Si a ello le unimos una distribución muy desigual de riqueza y una intervención pública residual, el resultado es un mecanismo por el que los hogares más ricos se hacen aún más ricos a costa de los hogares que no son propietarios. Por supuesto, hay fondos de inversión cuya actividad es esencialmente la de especular y, del mismo modo, hay hogares muy ricos que aprovechan la ocasión para sacar más dinero fácil, pero el proceso es tan atractivo que invita a participar a hogares de todo tipo. La barrera de entrada es alta, porque hay que disponer de capital para comprar (al menos) una segunda vivienda, pero una vez dentro las rentabilidades merecen la pena. Tanto que incluso llevan años compensando las cuotas hipotecarias, lo que ha facilitado que haya quien compre una segunda —y tercera, y cuarta…— vivienda hipotecándose, argumentando «que la casa se paga sola» —aspecto radicalmente falso, porque la pagan los inquilinos que con su trabajo sostienen al rentismo combinado de casero y banco—.

En efecto, en España el número de hogares que tienen ingresos por alquiler —que son caseros— ha subido seis puntos porcentuales en catorce años (del 10% al 16% en 2024). Pero esta cifra oculta que quien más ha incrementado su participación han sido los hogares más acomodados. A comienzos de la década pasada entre los hogares más ricos un 22% recibía ingresos de alquiler; ese porcentaje es ahora superior al 30%. ¿Cuál es la rentabilidad de ser casero? Para esos hogares más ricos se trata de unos 8.000 euros de ingresos al año en promedio. Los hogares más pobres también participan como caseros, aunque apenas lo hacen un 6% y con una rentabilidad de 2.600 euros al año de media.

De nuevo, es importante no quedarse en la fotografía estática: hay que ver la economía en movimiento a lo largo del tiempo. Este proceso descrito supone que los hogares más ricos obtienen más rentas por alquiler que los hogares pobres que también son caseros y, desde luego, que los hogares que son no-propietarios. Eso conduce a una mayor concentración de la riqueza y, en particular, de la riqueza inmobiliaria. Si ganas más que el resto, acumulas capacidad de compra de nuevas viviendas y puedes seguir comprando ad-infinitum. No es casualidad que en España los hogares más ricos (ese 20% superior) concentren el 60% de la riqueza inmobiliaria, según datos del Banco de España; al iniciarse la década pasada esa cifra era del 50%.

Muchos discursos recientes han centrado el problema de la vivienda en la cuestión generacional. Hay algo de verdad en ello, en tanto las personas con más edad han tenido más tiempo para acumular dinero que se invierte en viviendas y también porque compraron en momentos específicos del mercado inmobiliario. Pero la causa determinante de las desigualdades en el acceso a la vivienda no viene dada por la edad, sino por la renta y riqueza. Y el problema es que las políticas públicas no están resolviendo el problema.

La única política pública que podría ayudar sería la que combinara políticas de oferta con políticas de demanda. Las políticas de oferta deberían concentrarse en la construcción de miles de viviendas públicas que se ofrezcan luego en alquiler a precios asequibles. Las políticas de demanda deberían, a su vez, desincentivar completamente el uso de la vivienda como activo financiero. Esto último podría conseguirse utilizando la fiscalidad y haciendo prohibitiva la posesión de más de, por ejemplo, tres o cuatro viviendas: eso sacaría al capital especulativo del mercado —que podría desviarse a fines más productivos— y liberaría viviendas. El abanico de opciones de política pública es enorme, siempre que se tengan claros los objetivos.

Eso sí, mientras la vivienda siga funcionando como un mecanismo de extracción de rentas y de acumulación patrimonial para una parte minoritaria de la sociedad, cualquier reforma ambiciosa chocará con resistencias muy concretas y poderosas. Regular el mercado de la vivienda implica, necesariamente, decidir quién pierde rentas y quién gana derechos. Pero puede utilizarse un bisturí para no afectar a todos los caseros, sino sólo a los que acumulan más viviendas. Al fin y al cabo, el problema de la vivienda no es una cuestión solo de más o menos oferta, sino de para quién se organiza el sistema residencial. Sin una intervención pública decidida que rompa la lógica de la vivienda como activo financiero, la política de vivienda seguirá atrapada en una contradicción de fondo: intentar proteger a los inquilinos sin tocar los intereses de quienes se benefician estructuralmente de su precariedad.

Un juez de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia que los vecinos de un bloque del barrio del Poble-sec han interpuesto contra el fondo que compró el edificio, Urbe Enginova, y ha citado a declarar como investigado al administrador de la empresa.

La denuncia, interpuesta por 18 vecinos del bloque representados por el Col·lectiu Ronda, el Sindicat de Llogaters y el Sindicat de barri del Poble-sec, acusa al fondo de una “estrategia deliberada de degradación” del edificio para que los vecinos se marchen. En concreto, relatan los vecinos, la empresa pasó 39 días sin reparar el ascensor (hay varios vecinos con movilidad reducida) y ha dejado de prestar servicios de mantenimiento y limpieza.

El fondo, según la denuncia, adquirió el edificio en febrero de 2025, y a partir de entonces los vecinos empezaron a recibir comunicaciones de que sus contratos de alquiler no serían renovados. Algunos arrendatarios ya han recibido las primeras demandas de desahucio, mientras que otros todavía tienen contratos en vigor.

Los vecinos también acusan al fondo de contratar a una empresa de desokupaciones ilegales “para presionar e intimidar a los inquilinos” y acelerar su marcha del edificio.

Uno de los peores episodios incluidos en la denuncia vecinal ocurrió el 6 de octubre del año pasado, cuando se estropeó el ascensor de la finca. Los inquilinos solicitaron a la propiedad su reparación, pero ante la falta de respuesta contactaron ellos mismos con la empresa de mantenimiento, que envió un presupuesto de 2.000 euros a la propiedad y a los vecinos.

La empresa de ascensores aseguró que la avería se resolvería en 15 días, pero no ocurrió. La propiedad, según los vecinos, solo contestó 35 días después de que el ascensor dejara de funcionar, y alegó que se cambiaba la empresa de mantenimiento, pero los vecinos lo contrastaron y, según su versión, la información resultó ser “falsa”.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado del juzgado de instrucción 32 de Barcelona ha citado para el 27 de febrero a dos testigos y al administrador de Urbe Enginova como investigado.

De los 14 pisos que forman parte de la finca, 11 tienen contrato vigente y cinco se encuentran en la bolsa de alquiler del Ayuntamiento. Uno de los pisos está vacío porque uno de los inquilinos abandonó la vivienda y dos de los contratos de alquiler ya han caducado. “La salud física y mental de los inquilinos se ha visto perjudicada”, asegura el Sindicat en un comunicado.

El Gobierno arranca este miércoles la fase de pruebas del teléfono gratuito 047, que estará plenamente operativo la primera semana de febrero. Con este número, el Ejecutivo quiere ofrecer a los ciudadanos un servicio de resolución de dudas en materia de vivienda, pero también “asesoramiento y acompañamiento jurídico” ante posibles conflictos. Pese a las críticas que suscitó el anuncio, fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez, defienden la iniciativa con dos argumentos clave: la obligación de las administraciones públicas de informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones y el aluvión de llamas que recibe la Oficina de Información del Ministerio.

Esta oficina registró en 2025 un total de 11.408 llamadas, un 60% más que el año anterior. La mayor parte de ellas para resolver cuestiones relacionadas con la situación del alquiler, como las zonas tensionadas, las ayudas o los precios; programas propios del Ministerio; o el funcionamiento del registro de alquileres de corta duración, obligatorio para anunciarse en plataformas desde el pasado 1 de julio. “Es un teléfono de otra índole, pero sí nos permite ver por dónde van las inquietudes de la ciudadanía”, aclaran fuentes del ministerio, que cuantifican en “menos de un 1%” las consultas sobre ocupación.

Con estos mimbres, y a falta de que todas las compañías de telecomunicaciones incorporen esta línea, para lo que tienen de plazo hasta la primera semana de febrero, el Ministerio ha puesto a andar un teléfono de marcación rápida y gratuito que tendrá varios niveles de asistencia a los ciudadanos, empresas u otras entidades que tengan dudas en materia de vivienda. Desde sospechas de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler o subidas injustificadas, cómo actuar ante un piso turístico en la escalera o a qué ayudas se puede optar, para acceder a una vivienda, para rehabilitación o de otro tipo.

Cómo funcionará el teléfono 047

El 047 es un teléfono para “acceder a información veraz”, así como “asesoramiento y acompañamiento jurídico para hacer frente a los abusos del mercado”. Para ponerlo en marcha, el Ministerio ha contado con la colaboración del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), que agrupa a 83 colegios profesionales, impulsando “métodos de arbitraje y mediación que contribuirán a evitar la judicialización innecesaria de situaciones de controversia o conflicto”.

Al margen de esos mecanismos de mediación, desde Vivienda establecen tres niveles de atención. La principal, que estiman que solventará entre el 90 y el 95% de las consultas en la primera llamada, serán básicas, “sobre temas generales que afectan a los derechos y obligaciones de la ciudadanía en materia de alquiler, propiedad y convivencia”. Además, los ciudadanos podrán hacer preguntas más especializadas, “sobre casos concretos o ámbitos especializados”. Así como otras que requieran de apoyo jurídico, “sobre conflictos que puedan precisar de asesoramiento o acompañamiento legal”.

Fuentes del Ministerio aclaran, no obstante, que desde el teléfono no proporcionan un servicio jurídico si un conflicto se judicializa, sino que “asesoran legalmente y acompañan cuando sea viable, sobre todo por mediación extrajudicial”.

Quién atiende al otro lado

El servicio de atención telefónica contará con 25 personas de diferentes perfiles y niveles, pero todas con formación específica en la materia. En este grupo se incluyen abogados, para resolver las cuestiones más específicas y con la colaboración del CGAE. El Consejo, además, colaborará con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en acciones formativas entre sus colegiados, de especialización en materias como “arrendamientos urbanos, propiedad horizontal, procedimientos de desahucio, mecanismos de prevención, vivienda social y situaciones de vulnerabilidad o protección jurídica de personas arrendatarias”.

Por qué aún no está 100% operativo

Aunque el teléfono ya dé tono, no estará 100% operativo hasta la primera semana de febrero. Esto quiere decir que, hasta entonces, funcionará según el operador. Poner en marcha una línea de este tipo requiere unos pasos previos, técnicos y legales. El 21 de octubre, el Ministerio inició el trámite de audiencia pública; el 24 de noviembre, el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, firmó la resolución; y el 13 de diciembre se publicó en el BOE el anuncio del operador designado para la terminación de las llamadas dirigidas al servicio. Desde ese momento, las compañías de telecomunicaciones tienen un plazo de dos meses para adaptarse a esa nueva línea.

Los vecinos de la calle Letonia de Tres Cantos, frente a la urbanización Residencial Báltico y cerca de las calles Hungría y Dinamarca, siguen pasando frío. Irónicamente, estos pisos públicos pertenecientes al Plan Vive de la Comunidad de Madrid llevan varias semanas con incidencias en el servicio de aerotermia, gestionado por la empresa Acenz, la misma que operaba en otros pisos del programa de alquiler “asequible” en Getafe que denunciaban problemas con el agua caliente las pasadas navidades. Pero el frío es solo una de muchas quejas que señalan estos vecinos de Tres Cantos: facturas inasumibles para muchos, defectos en la construcción o el jardín, puertas abiertas día y noche —que aseguran que favorecen que se produzcan robos— y una cláusula ilegal por la que la Asociación de Vecinos Letonia llevará a los juzgados a Tarvos, la empresa dueña del inmueble. 

Todos los inquilinos del Plan Vive pagan, entre otras tasas e impuestos, el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Se trata de una cláusula que ya señaló la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un informe el pasado mes de mayo por contravenir “la Ley de Arrendamientos Urbanos y la normativa de vivienda protegida”. Además, es algo por lo que ya protestaron varios de los inquilinos de las 140 primeras viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid en Alcorcón, en 2024. Pero esta es la primera vez que unos vecinos se enfrentarán a Tarvos en los juzgados para defender que la cláusula “es ilegal y abusiva”, según asegura uno de los abogados que llevará su caso, Javier Ledesma. 

Los vecinos de 62 de estas viviendas reclamarán la devolución de este importe de IBI que se les ha cobrado durante los dos últimos años, casi 30.000 euros según el abogado. En su defensa, se basarán principalmente en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2023 que declaró la nulidad de esta cláusula en unos pisos públicos de Aragón. “Establece que en las viviendas de protección oficial, las únicas cantidades que se pueden exigir son la renta y los costes reales de los servicios prestados”, algo que no incluye impuestos como el IBI, explica Ledesma. Contactada por este periódico, Tarvos ha decidido no hacer ninguna declaración al respecto.

La demanda no señalará a la Comunidad de Madrid como responsable en este caso, pero el abogado apunta que sí tendría “la posibilidad de decir expresamente que estas cuantías por IBI no pueden ser cobradas al arrendatario”. Algo que se podría establecer en el pliego de condiciones, asegura. Según la Consejería de Vivienda, “la Dirección General de Vivienda ha exigido que se compense a los afectados los perjuicios ocasionados durante el periodo en el que se produjeron las penalidades” y añaden que “la Comunidad de Madrid continuará vigilante y, en el supuesto de que las incidencias no queden definitivamente solucionadas, no dudará en apercibir a la concesionaria y, si procede, aplicar las penalizaciones correspondientes, garantizando así la defensa del interés general y los derechos de los adjudicatarios”.

El importe exacto que pagan al mes por el IBI, así como los gastos comunitarios, varía según el piso. Adrián Alarcón, secretario de la Asociación de Vecinos Letonia, vive en un piso de dos habitaciones por el que asegura que paga un alquiler mensual de 890 euros. Se trata de un piso de 60 metros cuadrados en el que viven dos personas. Sin embargo, a este alquiler que se promociona como asequible hay que añadirle el IBI —unos 60 euros al mes en el caso de Adrián— y los gastos de comunidad, que acaban sumando 1.090 euros. Eso, sin contar las facturas de aerotermia, agua, luz… 

Denuncian facturas de aerotermia desorbitadas

Cuando estos vecinos no pasan frío por el mal funcionamiento de la calefacción —del que algunos se siguen quejando después de que Acenz y Sogeviso, la gestora de los alquileres, dijeran que estaba solucionado— lo pasan por no poder permitirse el coste de las facturas. Algunos vecinos como Kamil Pozezynski o el Presidente de la Asociación de Vecinos, Gonzalo Ruiz, aseguran que llegan a los 150 euros, por lo que muchos deciden apagarla y comprar calefactores eléctricos para pasar el invierno. 

El precio del servicio de aerotermia es todavía más llamativo cuando se compara con las tasas que pagan los vecinos de la calle Emilio Tuñón, también del Plan Vive y a tan solo 10 minutos de la calle Letonia. En su caso, es la empresa Ness quien se encarga de suministrarlo y las tasas que pagan estos inquilinos son casi la mitad de lo que pagan en Letonia con la empresa Acenz. ¿Por qué encargar a esta empresa que suministre el servicio mientras existe otra con una oferta más competitiva?

Gonzalo Ruiz señala la relación entre Acenz y Avintia, el grupo que gestiona la conserjería, limpieza y otros servicios del edificio. Esta última es cocreadora de Acenz, por lo que, señala, “todo el dinero se va a Avintia”. Queda todo en casa. “Mucha gente lo que está haciendo con repulsa es dejarla apagada y este mes va a devolver el recibo”, añade Ruiz. De hecho, la comunidad de vecinos inició por su cuenta una consulta para proponer cambiar de empresa de aerotermia y la mayoría ha votado a favor.

Acenz niega que se hayan repetido los problemas con su servicio y aseguran que su equipo “ha estado pendiente en todo momento de esta incidencia puntual”, por lo que “el servicio quedó totalmente restablecido desde el pasado día 30 de diciembre”. Además, añaden que el consumo medio de las 209 viviendas del proyecto de Tres Cantos es de 50,03 euros mensuales o 600,36 anuales. “Este importe incluye los servicios de calefacción, aire acondicionado, agua caliente sanitaria y el mantenimiento de sus instalaciones en régimen de garantía total. Incluye, además, el IVA. Un importe infinitamente inferior a la media nacional que, por los mismos conceptos, se sitúa en los 1.300 euros anuales y que solo es posible gracias al sistema constructivo aplicado, el modelo industrializado, que garantiza los máximos estándares de calidad y eficiencia energética”. En cuanto a la relación de la empresa con el grupo Avintia, aseguran que no tienen vinculación alguna “más allá de la lógica relación profesional” y “no existe dependencia jerárquica, funcional u orgánica de aquella organización respecto de esta”.

Adnane Jirrari es otro vecino de Letonia. Para pagar su alquiler en un piso de tres habitaciones en el que vive con su pareja y sus dos hijos, tiene dos trabajos: entre semana, lleva una hormigonera, y durante el fin de semana es empleado de limpieza en un ayuntamiento. Cuenta que paga 1.600 euros al mes, incluyendo gastos de comunidad, agua y luz. Él es uno de los vecinos que no encienden la calefacción “por el susto” que se podía llevar con la factura. “Los vecinos se empezaron a quejar de que les salía muy caro. Así que he comprado calefactores eléctricos y estoy apañado con eso”.

Césped levantado, culebras en el jardín y otros defectos del inmueble

Pero otros servicios por los que pagan, como la jardinería, tampoco se libran de las críticas. Gonzalo Ruiz, no ve a dónde han ido a parar los 9.000 euros que asegura que gastó la comunidad en este servicio durante todo el año 2025, mientras que el jardín se ve descuidado, solo se desbrozó una vez en todo el año, e incluso cuenta que el pasado verano llegaron a ver culebras entre las hierbas. Esta misma semana se solucionó un problema que llevaban arrastrando desde septiembre, según Ruiz. Una parte significativa del césped artificial que rodea la piscina se había levantado. Algo que desde entonces se ha tenido que intentar remediar poniendo ladrillos por encima para mantenerlo pegado al suelo.

En el interior del edificio también tiene algunos defectos. Pequeñas humedades en los pasillos, por ejemplo, o tuberías, cables y contadores al descubierto en el techo. Hasta tres en uno de los edificios del bloque. Además, una de las grandes quejas de los vecinos tiene que ver con la seguridad. Varias puertas de acceso a la comunidad permanecen las 24 horas abiertas, así como algunas de las que dan acceso a los edificios o el garaje. “Tenemos una comunidad muy abierta”, ironiza Jirrari. Algunas de las cerraduras tienen un defecto por el que basta con empujar de la puerta para que se abra sin más, y Ruiz achaca varios robos del año pasado a esto. “Robaron ruedas de un coche, un Audi, que vale cada rueda casi 1.000 euros. Luego también robaron un volante de un BMW, y rayaron varios coches”, recuerda.

la gestora de los alquileres, Sogeviso, sostiene que los problemas con la aerotermia “quedaron solucionados” y añade que “las posibles incidencias puntuales están trasladadas tanto a la mantenedora como a la constructora para su resolución, como habitualmente. En cuanto a otros asuntos, por supuesto actuaremos como enlace con la Concesionaria, Tarvos, de todas las peticiones de los residentes para responder lo antes posible”.

El precio de la vivienda en Asturias aumentó un trece coma cinco por ciento interanual en el tercer trimestre del año, la misma tasa que en el trimestre anterior y un ritmo de crecimiento que no se registraba desde dos mil siete, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Principado se situó así como la sexta comunidad autónoma con mayor incremento del precio de la vivienda, en un contexto marcado por la escalada generalizada del mercado inmobiliario en todo el país.

Vivienda nueva

La subida estuvo impulsada especialmente por la vivienda de segunda mano, que se encareció un catorce coma uno por ciento, dos décimas más que entre abril y junio. La vivienda nueva, por su parte, registró un aumento del diez coma cuatro por ciento, un punto menos que en el trimestre previo.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda creció un doce coma ocho por ciento interanual en el tercer trimestre, una décima por encima del dato registrado en el periodo anterior.

Puede parecer un gesto sin importancia, pero aparcar la bicicleta en el rellano del edificio es una de las causas más habituales de conflictos vecinales. ¿Qué dice la ley? “La Ley de Propiedad Horizontal establece que los elementos comunes, como el rellano, están destinados al uso y disfrute de todos los propietarios y no pueden ser utilizados de forma privativa por un solo vecino salvo autorización expresa o previsión estatutaria”, aclara Patricia Briones, abogada y secretaria técnica del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). 

Así, los rellanos están destinados al tránsito y acceso a las viviendas, por lo que no deberían utilizarse para almacenar objetos personales, salvo excepciones que hayan sido establecidas por la junta de vecinos.

“El reglamento de régimen interior puede contener normas relativas a la convivencia y a la utilización de los elementos de uso común, incluyendo la prohibición de aparcar bicicletas en el portal o las zonas comunes”, advierte Briones.

La comunidad de vecinos tiene mecanismos legales firmes para gestionar la situación, aunque el camino ideal pasa por la buena comunicación y el consenso entre vecinos. ¿Qué opciones tiene la comunidad?

Crear una norma en la comunidad de vecinos

La experta insiste en la capacidad de la comunidad de vecinos para “aprobar normas internas que regulen el uso de zonas comunes”. Con la norma ya aprobada, “en caso de incumplimiento, se puede requerir al propietario la retirada de la bicicleta, recordándole la normativa interna y la Ley de Propiedad Horizontal”, explica la abogada.

Vía jurídica

“Si el comportamiento persiste, el presidente, a iniciativa propia o de cualquier propietario, puede requerir formalmente la cesación de la conducta y, en caso de reiteración, la comunidad puede acordar el ejercicio de la acción de cesación ante los tribunales”, aclara la experta.

Llegar a un acuerdo

“Para evitar conflictos, es recomendable buscar soluciones consensuadas, como habilitar un espacio específico para bicicletas en una zona común, siempre que se acuerde en junta y se regule su uso conforme a las normas internas”, recomienda Briones.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para la ciudadanía asturiana, tanto en el mercado de alquiler como en la compra. La subida continuada de los precios en los últimos años, muy por encima del crecimiento de los salarios, ha dificultado que muchas personas puedan optar a una vivienda en condiciones asequibles. Ante este escenario, la Consejería de Vivienda del Principado apuesta por reforzar el parque público como vía principal para garantizar este derecho.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha reiterado en varias ocasiones que “el suelo público es para vivienda pública”. Desde su departamento explican que hay actualmente en marcha 574 viviendas destinadas al alquiler asequible repartidas en 13 concejos: Llanera, Langreo, Gijón, Lugones, La Arena, Avilés, Laviana, Mieres/Turón, Candás, Colunga, Grado, Benia de Onís y Nava. Además, está previsto el inicio de al menos otras 400 viviendas públicas, entre ellas 305 en Oviedo, tras la cesión de dos parcelas por parte del Ayuntamiento. El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda en un contexto de precios crecientes. En este marco, resulta clave entender cómo funciona el sistema público y la gestión que lo sustenta.

Una Ley de Vivienda que busca blindar la protección pública

El pasado mes de julio, el Gobierno asturiano presentó el borrador del anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda. El texto busca “garantizar el acceso estructural, estable y permanente a una vivienda digna” y recoge medidas como la prohibición de vender vivienda pública y el blindaje de la protección permanente de las VPO.

La empresa pública Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias) gestiona desde 1991 el parque autonómico. Actualmente, en su web advierten de que no hay viviendas disponibles en ningún municipio. La única vía es presentar una solicitud formal y entrar en la lista de espera. Según datos facilitados a este medio, la renta media de alquiler en las viviendas públicas es de 73,95 euros.

Un sindicato nacido para defender el derecho a la vivienda

Desde el Sindicatu Vivienda d’Asturies, surgido hace un año, cuestionan la gestión de la empresa pública. “Se gestiona como en el mercado privado y, si alguien no puede pagar, es posible expulsarle de su casa como haría cualquier rentista”, explica una militante del colectivo, nacido ante la creciente dificultad para acceder a una vivienda en la comunidad.

Vipasa comercializa en régimen de arrendamiento 753 viviendas de protección autonómica (VPA), sujetas a límites de superficie y de precio máximo.

El precio “es un lujo”

Ana —nombre ficticio— vive desde hace varios años en un apartamento de Vipasa en Oviedo. Trabaja en un sector con salarios mínimos y contratos inestables, por lo que la vivienda pública le permite llegar a fin de mes. “Cuando tengo una avería responden rápido; el precio es un lujo comparado con lo habitual y mis vecinos son tranquilos”, comenta. Pasó meses en lista de espera y conoce a personas que deberán esperar más de un año para acceder a un piso similar.

También sabe de vecinos que se enfrentan a procedimientos de desahucio por impago, aunque reconoce que, en algunos casos, el impago no responde a incapacidad económica sino a decisiones personales. Desde el Sindicatu Vivienda alertan, además, de que los cambios anunciados por la administración podrían perjudicar a familias con rentas antiguas que pagaban por debajo del 20% de sus ingresos y que ahora deberán ajustarse a ese límite. “No es una medida favorable para la clase trabajadora”, apuntan, asegurando que han acompañado varios casos afectados recientemente.

Renta ajustada a cada unidad de convivencia

Susana González, portavoz y gerente de Vipasa, explica que “se ajusta la renta por debajo del 20% de los ingresos cuando cambian las circunstancias de las personas y siempre que esté acreditado”.Sobre el cálculo de la renta más la comunidad, aclara que el criterio es que no supere el 30% de los ingresos, no que deba alcanzar ese porcentaje. “Vipasa está siempre dispuesta a revisar la renta y adecuarla a la situación de cada unidad de convivencia”, señala. En cuanto a los casos conflictivos, la empresa insiste en la necesidad de cumplir “las obligaciones básicas: pagar la renta, convivir adecuadamente y mantener la vivienda en buen estado”.

Se puede desahuciar

El Sindicatu Vivienda critica que, en situaciones de impago, “una negociación con una amenaza de desahucio sobre la mesa no es una negociación, es una imposición”. Defienden que, aunque la administración presenta estas conversaciones como intentos de diálogo, “la última palabra la tiene el Gobierno autonómico, que fija la renta y puede desahuciar”.

Aseguran que existe un número creciente de casos en los que el 20% de los ingresos es inasumible para familias con una precariedad económica severa. “Hay personas para las que dedicar ese porcentaje a la vivienda implica no comer, no comprar medicinas o perder la dignidad”, denuncian desde el colectivo, que sigue recogiendo testimonios de inquilinas e inquilinos del parque público, con el objetivo de que los testimonios humanos lograr cambiar las normas.

¿Luces o guirnaldas? ¿Papá Noel o los Reyes Magos? Lo que ilusiona a algunos, molesta a otros. La decoración navideña en portales y zonas comunes puede convertirse en un punto de controversia vecinal. Pero, ¿qué dice la ley sobre este polémico tema?

“La Ley de Propiedad Horizontal no regula expresamente la posibilidad de decorar zonas comunes, ni prohíbe ni habilita tal práctica de forma específica, incluidas las decoraciones navideñas”, aclara Patricia Briones, abogada y secretaria técnica del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).

“La decisión sobre la decoración de zonas comunes corresponde a la Junta de propietarios, que puede aprobar normas de régimen interior sobre el uso y convivencia en espacios comunes adoptando un acuerdo por mayoría simple”, afirma la abogada.

Así se estipula en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, que regula cómo deben adoptarse los acuerdos dentro de la comunidad. “En ausencia de acuerdo específico o norma interna, la decoración de zonas comunes no está permitida ni prohibida automáticamente”, detalla Briones. “En consecuencia, la junta tiene capacidad para decidir si autoriza, limita o prohíbe este tipo de decoraciones colectivas”, apunta. 

Por qué suelen permitirlo la mayoría de las comunidades de vecinos

“Cualquier vecino que desee instalar a título particular elementos decorativos en un espacio común debe, por prudencia y para evitar conflictos, solicitar autorización a la junta”, recomienda la experta. Al tratarse de adornos temporales que no representan ningún peligro, la mayoría de las comunidades suelen permitirlos. Sin embargo, si un vecino decide decorar por su cuenta y provoca molestias o daños en las zonas comunes, la comunidad puede requerirle formalmente que retire los adornos, el caso podría incluso llegar a tribunales si no atiende al requerimiento. 

Pero, ¿qué criterios se tienen en cuenta para decidir si algo molesta? “Para valorar si una decoración es molesta o contraria a las normas de convivencia debe atenderse a criterios de objetividad, intensidad, duración y proporcionalidad: hay que demostrar que la decoración afecta al uso normal de los elementos comunes, ocasiona riesgos, impide el paso o genera incomodidades que excedan la mera percepción subjetiva de algún propietario”, explica la abogada, que recuerda que la mejor opción es someter la cuestión a votación de la junta de vecinos, para evitar conflictos innecesarios.

El Ministerio de Consumo ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro, por el supuesto cobro de comisiones ilegales a los inquilinos, relativas a la gestión, la obligación de contratar un seguro o la imposición de servicios no solicitados. Según ha adelantado la organización Facua en un comunicado publicado este lunes, la inmobiliaria habría cometido un total de siete infracciones de la normativa de protección de los derechos de los consumidores.

Por ahora, la propuesta del departamento que dirige Pablo Bustinduy no es firme, sino que pasa ahora a la fase de valoración del secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán. La decisión definitiva se espera para los próximos meses, tras el análisis de las alegaciones presentadas por Alquiler Seguro, quien ha defendido en todo momento que cumple con la norma “a rajatabla”.

La Dirección General de Consumo inició sus actuaciones hace más de un año, tras detectar posibles prácticas abusivas en varias agencias inmobiliarias. Esas investigaciones surgieron tras recibir varias denuncias sobre este tipo de comportamientos por parte del Sindicato de Inquilinas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la propia Facua Consumidores en Acción. Precisamente, desde Facua han tenido acceso a la millonaria propuesta de sanción al estar personada como parte del procedimiento.

En concreto, según indican desde Facua, entre las irregularidades detectadas estarían “la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que disfraza el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario del inmueble; y la obligación de contratar un seguro del hogar —cuestión que también debe competer al arrendador— y un estudio de solvencia económica, así como limitar el derecho de desistimiento del contrato e imponer igualmente a los inquilinos todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales”.

En total, se trata de seis infracciones calificadas como “muy graves” y una más, como “grave”. Por la imposición del servicio de atención al inquilino, que en realidad “no les reportan ningún beneficio y que solo es una forma de cargar sobre ellos una serie de gastos que debería afrontar el propietario del inmueble”, indica Facua, Consumo habría propuesto una multa de un millón de euros. Por obligar a los inquilinos a pagar por un seguro del hogar, la cuantía asciende a 990.900 euros.

Además, se proponen otras tres sanciones, de medio millón de euros cada una, por infracciones muy graves relativas a cargos relacionados con posiciones deudoras y reclamaciones judiciales y por introducir una cláusula de autorización para la inclusión en ficheros de morosos y solvencia patrimonial. Por ejemplo, hacerse cargo de los gastos derivados de la devolución de recibos, aunque no sea culpa de los inquilinos, o afrontar los gastos de todos los gastos y costas de los procesos judiciales en los que se vean inmersos, independientemente de que haya condena en costas o no.

La cuantía aumenta por otras dos propuestas de sanción, informa Facua. Una de 100.001 euros por la renuncia al derecho de desistimiento sobre el servicio de atención al inquilino y la “grave”, de 10.001 euros, por la imposición a los inquilinos del pago de un estudio de solvencia económica.

El Ministerio de Consumo anunció a finales de marzo la apertura de un expediente sancionador, pero nunca ha mencionado a ninguna empresa concreta para proteger las actuaciones. En aquel momento, se refirió a “una gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional”. De hecho, fue la propia Alquiler Seguro quien reconoció haber recibido ese expediente que debían “analizar”, según indicó en una rueda de prensa el CEO de la compañía, David Caraballo, quien defendió que la empresa cumplía la norma “a rajatabla”.

“Tinc 33 anys i sobrepasso el límit d'ingressos anuals fixats pel Govern per a optar a les ajudes del lloguer i gairebé estic fora del rang d'edat, però els meus estalvis tampoc arriben per a comprar una casa”, lamenta una madrilenya establerta en Sant Carles (Eivissa) des de fa un lustre en ser preguntada per eldiario.es. El seu testimoniatge se suma al de nombrosos joves que no poden optar als subsidis impulsats dins del pla estatal d'habitatge -i gestionats pel Govern balear-, que proporcionen 250 euros mensuals a inquilins de fins a 35 anys. No obstant això, per a accedir als mateixos cal complir una sèrie de requisits que exclouen a gairebé tots els habitatges de l'arxipèlag. El motiu principal: el topall fixat per a poder optar a les ajudes passa per comptar amb un contracte d'arrendament que no superi els 900 euros mensuals per als pisos o cases i de 450 euros per a les habitacions, el que difícilment succeeix a Eivissa.

A la major de les Pitiüses, l'accés a l'habitatge s'ha tornat inviable en pràcticament totes les seves variants. La compra d'una casa és ja un somni per a qualsevol, amb Balears com la comunitat autònoma amb el metre quadrat més car de tot el país: tant al juliol com a l'agost, el preu va superar els 5.000 euros, segons es desprèn de diversos portals immobiliaris. Aquesta elevadíssima xifra se supera amb escreix en alguns municipis i és molt superior a Eivissa, on el preu per metre quadrat no baixa a 6.700 euros, mentre que a Formentera aquesta xifra augmenta fins als 8.755 euros, d'acord amb les dades publicades per Idealista.

A la major de les Pitiüses, l'accés a l'habitatge s'ha tornat inviable en pràcticament totes les seves variants. La compra d'una casa és ja un somni per a qualsevol, amb Balears com la comunitat autònoma amb el metre quadrat més car de tot el país: tant al juliol com a l'agost, el preu va superar els 5.000 euros

La situació s'enceba especialment amb els joves: entre els d’entre 25 i 35 anys, trobar-se en una cruïlla residencial és habitual: encara no han tingut el temps per a estalviar prou per a comprar-se una casa, però a mesura que s'independitzen i paguen mensualment un lloguer van perdent poder adquisitiu. En el cas dels residents, la majoria opta per allargar en la mesura que sigui possible l'emancipació de casa dels seus pares, que es retarda gairebé als 30 anys. Balears te, a més, un major nombre de persones d'entre els 16 i 29 anys en risc de pobresa (un 15,7%) que emancipats de la llar familiar (15,3%), segons les dades recaptades per l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya.

“Estem considerant anar-nos a la Península”

Tomeu Torres, de 25 anys, i la seva parella, de la mateixa edat i qui treballa com a infermera en l'àrea de Salut d’Eivissa, porten un temps intentant independitzar-se però se'ls està fent “complicat”. “El mercat està malament, hi ha molt poques opcions i encara que els dos som eivissencs estem considerant anar a la Península per a emancipar-nos”, relaten. Durant aquest aquest període en el qual han estat pensant què fer, gratant oportunitats d'on a penes n'hi ha, s'han vist obligats a continuar vivint a casa dels pares de cadascun, a Sant Antoni, i allí segueixen avui dia.

Tomeu Torres, de 25 anys, i la seva parella, de la mateixa edat i qui treballa com a infermera en l'àrea de Salut d’Eivissa, porten un temps intentant independitzar-se però se'ls està fent “complicat”. “El mercat està malament, hi ha molt poques opcions i encara que els dos som eivissencs estem considerant anar a la Península per a emancipar-nos”, relaten

El lloguer, que durant anys ha servit a les famílies de menor poder adquisitiu com a recurs residencial alternatiu a la compra, ja no és una opció rendible ni tan sols per als nuclis familiars de classe mitjana, tenint en compte que la majoria de les vegades suposa un esforç financer fins i tot major que una hipoteca. De fet, actualment gairebé tres de cada quatre (73%) ciutadans de les illes creu que el preu actual del lloguer fa que compensi més pagar una hipoteca que buscar un immoble com a inquilins, segons el portal immobiliari Fotocasa.

No obstant això, per a optar a una hipoteca és necessari avançar una inflada quantitat que no tots els ciutadans han pogut generar al llarg dels anys. Els joves, amb una trajectòria laboral més breu, ho tenen encara pitjor. I això a pesar que, a Balears, el 80,2% dels qui tenen entre 25 i 29 anys té una ocupació o la tenia durant el primer semestre de 2024, d'acord amb les dades de l'Observatori d'Emancipació Juvenil recollits pel Consell de la Joventut de Balears (CJIB) corresponents al primer semestre de 2024.

Lloguers més assequibles, però sense contracte

Altres joves que en el seu moment es van mudar a l'illa per circumstàncies laborals o personals ni tan sols compten amb aquesta opció, com li succeeix a la madrilenya resident en Sant Carles, qui es va traslladar a Eivissa durant l'època de la pandèmia, quan la seva empresa va implantar el teletreball i va acabar quedant-se. No ha pogut optar a les ajudes, però en el seu moment les va mirar amb detall per a insistir-li a l'amo que li fes contracte. “Estem pagant -la meva parella i jo- 700 euros mensuals, aigua i llum a part”, expressa la jove, que també lamenta que l'estalvi fiscal del propietari amb Hisenda l'acabi pagant ella en la seva Declaració de la Renda al no poder deduir-se la despesa.

Una jove resident a Eivissa relata que no ha pogut optar a les ajudes, però en el seu moment les va mirar amb detall per a insistir-li a l'amo que li fes contracte. “Estem pagant -la meva parella i jo- 700 euros mensuals, aigua i llum a part”, expressa, lamentant que l'estalvi fiscal del propietari amb Hisenda l'acabi pagant ella en la seva Declaració de la Renda al no poder deduir-se la despesa”

No és l'única. La majoria dels arrendataris amb un lloguer més o menys assequible a l'illa manquen d'un acord per escrit amb l'arrendador, que normalment ofereix tan sols aquesta opció per a poder beneficiar-se fiscalment del tracte. Una altra jove, originària de Mèrida i que viu ara en un pis compartit en el barri de Cas Serres, als afores de Vila, detalla que al principi “tampoc tenia contracte”. Quan per fi es va mudar on viu ara, on paga 700 euros per l'habitació (despeses incloses), complia els requisits per a accedir a les ajudes, però l'import del lloguer era molt superior als 450 euros màxims que marca la convocatòria.

Quant a la resta de condicions, les “complia totes”, remarca: ser menor de 35 anys, ser resident a l'illa amb nacionalitat espanyola, no posseir cap habitatge i tenir una renda anual tres vegades inferior a l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples). D'altra banda, la de Mèrida, de 26 anys, explica que ara que ja té contracte pot, això sí, deduir-se el lloguer de la Renda. Sempre amb l'import màxim de 650 euros a l'ésser una persona menor de 30 anys i no superar el percentatge de guanys anuals establert com a límit. “Una ínfima part tenint en compte que a l'any he pagat 9.000 euros en total de lloguer”, objecta.

Una altra jove, originària de Mèrida i que viu ara en un pis compartit, detalla que quan per fi es va mudar on viu ara, on paga 700 euros per l'habitació (despeses incloses), complia els requisits per a accedir a les ajudes, però l'import del lloguer era molt superior als 450 euros màxims que marca la convocatòria

Cap oferta per a tot l'any

És tan sols un exemple que els límits de cost mensual de renda fixats per l'Estat per a les ajudes, almenys en la comunitat balear, queden molt per sota dels preus reals de les illes. Com mostren els principals portals immobiliaris, a Eivissa i Formentera no hi ha, directament, ofertes per aquestes xifres. D'altra banda, en les plataformes de lloguer la majoria dels anuncis són temporals (disponibilitat entre octubre i maig), un fet que deixa a molts residents i treballadors sense opcions residencials a llarga estada.

Amb una recerca ràpida per les immobiliàries més populars per a buscar pis -Idealista i Fotocasa- es pot veure de seguida el descoratjador panorama. Establint els filtres perquè l'oferta d'habitatge s'adapti als requisits de l'Estat per a les ajudes tan sols apareix un pis per 800 euros en Cala de Bou (Sant Josep). Un allotjament que a priori s'arrenda durant tot l'any encara que més endavant, en la descripció completa de l'immoble, l'usuari comprova que no és així: “No es lloga anual, tan sols a l’hivern”, aclareix el propietari. Però per a estades curtes tampoc hi ha molt on triar: les ofertes augmenten llavors a tres -escasses- opcions que ronden els 700 euros.

Amb una recerca ràpida per les immobiliàries més populars per a buscar pis -Idealista i Fotocasa- es pot veure de seguida el descoratjador panorama. Establint els filtres perquè l'oferta d'habitatge s'adapti als requisits de l'Estat per a les ajudes tan sols apareix un pis per 800 euros. No obstant això, l'anunci aclareix: “No es lloga anual, tan sols a l’hivern”

Per a trobar una habitació que costi menys de 450 euros mensuals cal resar-li una mica més a la sort, perquè el que apareix després de fer una cerca és la següent frase: “Hem mirat pertot arreu, però no hem trobat el que cerques”. Des de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat han explicat a eldiario.es que ja s'ha demanat al Ministeri d'Habitatge que augmenti el límit dels lloguers de cara al nou Pla Estatal perquè els ciutadans de Balears puguin acollir-se a les ajudes, que el Govern s'encarrega de convocar i tramitar.

La desesperant situació provoca que treballadors amb contracte laboral de tot l'any es trobin directament sense alternatives o obligats a pagar preus abusius per un bé de primera necessitat com és l'habitatge: “Al meu entendre, les subvencions són un mode de callar boques, però no una solució real al problema dels lloguers a Eivissa”, sentencia la resident extremenya.