El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha quedado retratado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha censurado, con elegancia, pero con contundencia, la interpretación contraria al derecho de reunión y a la libertad de expresión que impuso el juez al condenar a los manifestantes de ‘Aturem el Parlament’.

Han pasado 15 años de los hechos. El movimiento 15-M rodeó la Cámara catalana para protestar contra los recortes que Artur Mas aprobó de la mano del PP. Fue una jornada caótica y una muestra de la conflictividad social que provocan las políticas de austeridad (algo a tener en cuenta para próximas crisis económicas y sus consecuencias penales contra los manifestantes).

En el recorrido judicial del caso hay dos togados a recordar. El primero es Marchena, seguramente el juez más famoso del país. El segundo es menos conocido para el público, pero es uno de los mejores penalistas de España: Ramón Sáez, hoy en el Tribunal Constitucional tras pasar buena parte de su carrera en la Audiencia Nacional, donde se juzgó la causa ‘Aturem el Parlament’.

Sáez absolvió a los acusados al considerar que debía primar su derecho de reunión. Marchena, en cambio, los condenó a tres años de cárcel. Las dos sentencias de las que fueron ponentes sendos togados ejemplifican dos visiones opuestas del ejercicio de la magistratura.

La de Sáez fue una resolución profundamente garantista, propia de jueces que aspiran a que el respeto a los derechos fundamentales de los acusados presida el proceso y que las penas sean el último recurso, y que saben que el castigo no soluciona los problemas sociales. La de Marchena, en cambio, resultó punitivista y fue un aviso a manifestantes del poder del Estado: el que proteste, puede acabar en la cárcel.

El lenguaje de ambas sentencias da cuenta de esas dos maneras de entender y ejercer el tercer poder.

Sáez basó la absolución en que la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación están “íntimamente vinculados como cauces de la democracia participativa” y gozan de “especial protección”. Una de sus argumentaciones es larga, pero merece leerse en su totalidad:

“Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar”.

En consecuencia, la sentencia de la que Sáez fue ponente absolvió a los 19 acusados que gritaron o se encararon con los diputados, y condenó tan solo al activista que pintó con spray la chaqueta de la diputada Montserrat Tura, extremo violento que sí rebasó los límites del derecho de reunión.

Solo uno de los tres jueces del tribunal de la Audiencia Nacional discrepó de las tesis de Sáez y abogó por una condena a parte de los acusados (aunque, al mismo tiempo, propuso su indulto). El nombre también sonará: Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior.

Al llegar al Supremo, el caso dio un giro. La sentencia condenatoria por un delito contra las instituciones del Estado a ocho acusados de la que fue ponente Marchena censuró con contundencia el “patente error” en el que, a su juicio, había incurrido Sáez al no priorizar el derecho constitucional de participación política –la asistencia de los diputados al Parlament– sobre el derecho a la protesta de los manifestantes.

Señaló Marchena en su sentencia que los manifestantes de ‘Aturem el Parlament’ crearon una “atmósfera intimidatoria” y un “clima hostil” que contribuyó a su “propósito colectivo” de impedir la labor de la Cámara.

El TEDH concluye que, en realidad, el que estaba equivocado era Marchena y que Sáez tenía razón.

Los jueces europeos censuran en especial la argumentación de Marchena de que los insultos y gritos y la presencia física en la manifestación eran suficientes como para fundamentar una condena por un delito contra las instituciones del Estado, aunque los acusados no ejercieran actos de violencia concreta contra los diputados.

En la sentencia del TEDH se oyen los ecos del voto particular del magistrado Perfecto Andrés, el padre del garantismo penal en España, y único miembro del tribunal que discrepó de Marchena: “El objeto de esta causa tiene connotaciones políticas tan intensas, que difícilmente podría darse una aproximación de derecho que no comporte o traduzca también una previa toma de posición del intérprete en ese otro plano”.

El TEDH destaca que el Supremo consideró que los manifestantes “contribuyeron a crear un ambiente intimidatorio, pero no les atribuyó ninguna acción violenta concreta”. Este fue el principal error de Marchena.

“Una persona no deja de gozar del derecho a la libertad de reunión pacífica a consecuencia de actos de violencia esporádicos u otros actos punibles cometidos por terceros durante la manifestación”, recuerda el tribunal con sede en Estrasburgo.

La mala labor del Supremo no terminó aquí, según el TEDH, pues su fallo contra ‘Aturem el Parlament’ desalentó el derecho a la protesta de toda la población al castigar con penas “severas” de cárcel el ejercicio de derechos fundamentales.

Es el denominado chilling effect (efecto desaliento), un clásico de las condenas de Estrasburgo a España. El TEDH impone muy pocos reveses a los tribunales españoles, pero son casi siempre tropiezos con la misma piedra: la restricción desproporcionada de los derechos de reunión o la libertad de expresión. Ya sea por quemar fotos del rey o acudir a una manifestación.

El TEDH lo tenía fácil para quitarse de encima el caso 'Aturem el Parlament' sin dar un tirón de orejas a España: los activistas no llegaron a entrar en prisión y las penas de tres años de cárcel que les impuso el Supremo están prescritas. Además, en los últimos tiempos los jueces europeos restringen sus condenas y confían más en los tribunales nacionales.

Asimismo, Estrasburgo ha ahorrado una humillación total al Supremo al no entrar a valorar el hecho de que el Alto Tribunal revocó la absolución de los activistas sin un nuevo juicio, algo que ya había motivado condenas a España como en el caso Atutxa.

La sentencia del TEDH debe presidir desde ahora todas las interpretaciones de los tribunales españoles sobre la protesta social.

Aunque sectores independentistas, en un nuevo ejercicio de voluntarismo, confían en que el fallo de ‘Aturem el Parlament’ sea la antesala de otra condena del TEDH a España en el caso del procés, la realidad es que son causas distintas. Y no solo porque algunos presos del procés como el actual secretario general de Junts, Jordi Turull, quisieran meter en la cárcel a los activistas del 15-M. Igual que Marchena.

‘Aturem el Parlament’ fue el grito de rabia de miles de ciudadanos contra los recortes, mientras que las manifestaciones del procés se concertaron desde el poder político (aunque su reproche penal pueda ser igualmente desproporcionado tan solo en el caso de los exlíderes de Òmnium y la ANC; no en el de los exconsellers). La victoria de este jueves es la del derecho a la protesta de los de abajo.

La Nación llevaba años enferma.

No era una peste de bubones ni de ratas. Era peor. Nadie creía ya en los oráculos ni en las sentencias. Los comerciantes pesaban dos veces las monedas, los novios se juraban amor ante testigos y los niños, cuando jugaban a jueces, preguntaban primero de qué partido era el acusado para amoldar la sentencia.

Los sacerdotes consultaron los libros antiguos.

—La ciudadanía ha perdido la confianza —dijeron—. Y ninguna democracia sobrevive mucho tiempo cuando deja de creer en quienes administran la Justicia.

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, anunció solemnemente:

—La desconfianza de los ciudadanos en la Justicia es una tragedia.

Un anciano pidió la palabra.

—Conozco una historia parecida.

Marchena asintió.

—Adelante.

—Hace tres mil años, una ciudad llamada Tebas también sufría una tragedia. Nadie confiaba ya en sus gobernantes. El rey, llamado Edipo, juró descubrir quién era el responsable de tanta desgracia.

—Un buen rey —interrumpió Marchena.

—Eso creyó él también. Mandó investigar a todo el mundo. A los extranjeros. A los sacerdotes. A los mensajeros. A los pastores. Incluso interrogó al viejo Tiresias.

—¿Y encontraron al culpable?

—Sí.

—¿Quién era?

—Él mismo: Edipo.

Marchena sonrió con indulgencia.

—No recuerdo esa parte.

—Es la parte importante. Edipo buscaba al asesino de Layo, su padre, sin saber que él mismo había matado a Layo muchos años antes. Lloraba la desgracia de Tebas sin saber que había esposado a Yocasta, su propia madre, y mujer de Layo.

—Qué ironía.

—Más aún. También buscaba la causa del suicidio de Yocasta sin comprender que la verdad que él mismo había construido era la que acabaría empujándola a quitarse la vida.

Marchena permaneció unos segundos en silencio.

—Interesante leyenda. ¿Y qué enseñanza tiene?

El anciano respondió:

—Que hay tragedias cuyo culpable organiza personalmente la investigación para descubrir al culpable.

Al cabo de un rato, Marchena dijo de nuevo.

—La tragedia continúa. Es incomprensible. Nadie aparece. Nadie confiesa. Nadie explica por qué el pueblo ya no cree.

Entonces un niño levantó la mano.

—Señor Juez…

—Habla.

—Si un médico pregunta quién ha propagado la epidemia mientras sigue visitando enfermos sin lavarse las manos, ¿la enfermedad se cura con otra investigación?

—Saquen del palacio a este insolente mocoso, ordenó Marchena.

Marchena reflexionó unos instantes y dijo.

—Muy bien. Pero yo no hablo de la peste en Tebas, hablo de la Justicia española.

—Yo también, dijo el anciano.

Marchena dio por terminada la conversación.

Aquella misma tarde volvió a declarar ante los periodistas:

—Lo verdaderamente trágico es la pérdida de confianza de los ciudadanos en los jueces.

El anciano, desde la última fila, murmuró con pesar:

—Edipo tampoco entendió la primera vez.

Los cronistas, que conocían a Sófocles, cerraron el pergamino con una nota al margen:

“Hay hombres condenados a buscar durante toda la vida al culpable de una tragedia cuyo protagonismo les pertenece.”

El Tribunal Supremo ha acordado declarar amnistiados los actos por los que fueron condenados un total de ocho acusados de delitos de desobediencia o de desórdenes públicos en el marco del procés independentista en Cataluña. Es la primera vez que el Alto Tribunal aplica la norma después de que el Tribunal Constitucional en junio de 2025 la avalara por seis votos a favor de lamayoría progresista por cuatro en contra de la minoría conservadora.

Entre estos ocho, se encuentran los miembros de la Mesa del Parlament que en 2019 presidía el exconseller de ERC Roger Torrent y que fueron juzgados y absueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se les acusó de desobedecer al Tribunal Constitucional para permitir que la Cámara votara la reprobación de la monarquía y una moción en favor de la autodeterminación.

Esa sentencia, que fundamentó la absolución en que ambas resoluciones aprobadas por la Mesa y votadas por el Parlament en 2019 eran “meras proclamas políticas” y que no pretendían “materializar” la autodeterminación, fue recurrida en casación ante el Alto Tribunal. Ahora, la Sala de lo Penal indica que los hechos por los que fueron juzgados encajan en los supuestos incluidos en la ley de Amnistía. Por tanto declara amnistiados los actos protagonizados por los entonces diputados Josep Costa i Rosellló, Eusebi Campdepadrós i Pucurull , Adriana Delgado y Roger Torrent. Así, “se declara extinguida su eventual responsabilidad penal como consecuencia de los mismos”.

En total, el Supremo acuerda aplicar la amnistía a un total de ocho personas, todas acusadas de desobediencia y desórdenes públicos. Entre los afectados está Maties Secarrant, quien fuera alcalde de Sabadell, que fue condenado a una pena de multa y a la inhabilitación para cargo público por cuatro meses por auspiciar el uso de locales municipales para que la ciudadanía pudiera votar en el referéndum de independencia “con la firme voluntad de transgredir lo ordenado por el Tribunal Constitucional”.

Además de este alcalde, constan varias personas que fueron procesadas y condenadas por desórdenes públicos por participar en los altercados que se produjeron en diferentes localidades después de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés. La Sala entiende que aunque los hechos se produjeron tiempo después del proceso de autodeterminación catalán si encuentran encaje en la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para la normalización de la convivencia.

“Actuaron en el contexto de un acto de protesta contra la sentencia núm. 459/2019 de 18 de octubre de 2019, dictada por esta Sala, en que se enjuiciaron, entre otros, hechos cometidos con ocasión de la consulta celebrada en Cataluña de 1 de octubre de 2017. Además, los hechos por los que se condenó, en la presente causa, tuvieron lugar la noche del 18 al 19 de octubre de 2019 y los hechos atribuidos a los condenados fueron calificados de desórdenes públicos”, explica una de las resoluciones.

Se trata de la primera vez que el Alto Tribunal aplica esta ley que borra delitos pasados y extingue la responsabilidad penal. Antes, en el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y del exvicepresident Oriol Junqueras llegó a estudiar su aplicación pero concluyó que no era aplicable para los delitos de malversación. En los casos de este viernes, que comprenden delitos de desobediencia y desórdenes públicos, el Supremo entendía que si entraban dentro de la amnistía pero antes de aplicarla planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley. Cuestión que ya se resolvió por parte del Constitucional en junio de 2025.

Estos autos llegan después de que el pasado 16 de junio se conociera el aval europeo a la ley de amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, fue el encargado de l en castellano el fallo de la sentencia. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, y la define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha fijado un pleno para el próximo 22 de septiembre para resolver el primero de los recursos presentados por dirigentes independentistas contra la resolución del Tribunal Supremo que impidió la aplicación de la Ley de Amnistía a la cúpula del Gobierno catalán condenada por malversación de fondos públicos. El argumento del Supremo para negar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont, o al exvicepresidente Oriol Junqueras, fue que se habían enriquecido patrimonialmente al ahorrarse de su bolsillo los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre pagados con fondos públicos de la Generalitat de Catalunya.

La Comisión Europea ha confirmado la recepción de la denuncia de los abogados de Carles Puigdemont para que se abra un procedimiento de infracción contra España por el supuesto incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley española de Amnistía. La institución europea ha señalado que “corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia”, negándose a hacer más comentarios sobre la denuncia de Puigdemont.

En un escueto comunicado, Bruselas apunta que “cuando se presentan denuncias se tramitan de acuerdo con el procedimiento habitual de la Comisión. Tras su recepción, las denuncias son examinadas, registradas y evaluadas antes de que se adopte una decisión. En esta fase no tenemos más comentarios que añadir”. El organismo explica que desde la recepción de la denuncia hasta la adopción de una decisión puede pasar hasta un año.

La respuesta oficial de la institución europea es parecida a la que ya dio del comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, que dijo el pasado viernes que “ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE” sobre la Ley de Amnistía. McGrath entonces recalcó que “la Comisión siempre respeta y acata las sentencias del Tribunal de Justicia, y por tanto tomamos nota detenidamente de todas las resoluciones del Tribunal, incluida la relativa a la ley de amnistía española. Ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia. Seguiremos de cerca este asunto”.

Hace un año, la Comisión Europea puso en duda la norma española al declarar que “no parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión” en su respuesta a las prejudiciales que mandó al TJUE a instancias del Tribunal de Cuentas.

Denuncia de Puigdemont

Puigdemont denunció a España ante la institución comunitaria por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

El pasado 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma española y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, que además define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia del TJUE no tiene efectos inmediatos para Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que quedaron excluidos de la aplicación de la Ley de Amnistía porque el instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena en el Tribunal Supremo determinaron que se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que todavía tiene que dictar sentencia.

Sin embargo, la sentencia del TJUE es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio. El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

El Partido Popular se tomó con mucha calma la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. Una nota de prensa para salir del paso y ya está. Ninguna rueda de prensa convocada de urgencia para lanzar los misiles de costumbre contra el Gobierno. En las últimas semanas, habían hecho saber discretamente que el tema de la amnistía estaba casi amortizado y que no merecía la pena prestarle mucha más atención. Y eso que antes sostenían que esa ley casi había puesto fin a la democracia en España. Podían decir algo así porque el Tribunal Supremo se había ocupado del trabajo sucio. Su Sala de lo Penal fue el cooperador necesario para detonar la legislatura que había comenzado en 2023.

La ofensiva judicial contra la amnistía se inició incluso antes de que llegara al Congreso el proyecto de ley enviado por el Gobierno. Centenares de jueces se concentraron ante la puerta de sus juzgados para mostrar su rechazo al texto que aún no conocían. Fue una iniciativa de clara intencionalidad política. Algunos magistrados, sin ninguna intención de esconder sus propósitos, asistieron vestidos con sus togas y dieron así a la protesta una mayor carga simbólica.

El TJUE desactivó todos los argumentos de la derecha política y judicial utilizados contra la amnistía a los independentistas. Tanto sobre el sistema judicial como sobre la seguridad jurídica y el impacto en las finanzas europeas. La amnistía podía servir para facilitar “un escenario de reconciliación”, como sostenía el Gobierno, por lo que no era una simple concesión para ganarse el apoyo de Junts. No suponía un peligro existencial para “el buen funcionamiento del sistema judicial nacional”. No quebró la igualdad ni la seguridad jurídica. Los intereses financieros de la Unión Europea no se vieron afectados por el procés.

El veredicto no implica que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras vayan a recibir de inmediato los beneficios de la amnistía. Eso tendrá que esperar a la decisión que tome en un sentido u otro el Tribunal Constitucional. Quienes sí salen beneficiados ahora son 35 antiguos altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas y trece activistas de los CDR acusados de terrorismo.

El TJUE es claro sobre lo que deben hacer ahora los tribunales españoles: “La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía”.

Es legítimo dudar sobre este punto teniendo en cuenta decisiones anteriores del Tribunal Supremo. ¿Volverán a ser tan creativos como lo fueron hace dos años? Entonces, la Sala presidida por Manuel Marchena decidió que la ley de amnistía no cubría los delitos de malversación cometidos por Puigdemont y los miembros de su Gobierno. La ley se había escrito para que no afectara a los que se beneficiaron económicamente sabiendo que ese no era el caso de los condenados (o fugados).

El Supremo se inventó el argumento de que sí hubo ese beneficio, porque sin acceso a los fondos públicos esquilmados los autores del procés habrían tenido que recurrir a su patrimonio. Eso fingía ignorar que esos políticos habían recibido donaciones privadas de correligionarios con las que afrontar gastos como el de compra de urnas y papeletas para el referéndum.

Aún más estrambótico fue su argumento de que la independencia de Catalunya, que nunca estuvo cerca de producirse, habría perjudicado a los intereses económicos de la UE. Catalunya habría tenido que abandonar la UE y la aportación económica de España a los presupuestos comunitarios habría sido menor, dijeron. Dentro de los presupuestos de la UE, eso sería casi un error de redondeo. El TSJE resta valor a ese argumento.

Los magistrados colmaron los deseos del PP con su auto. La oposición pensó que el cabreo de Puigdemont y Junts haría que la legislatura terminara antes de que acabara 2024. Con el apoyo de los jueces, creían tenerlo al alcance de la mano.

El Tribunal Supremo culminó un giro de 180 grados perfectos al desmentir la sentencia original del procés que ese mismo tribunal había dictado en 2019. Lo que unos años antes había sido un delito de sedición y la definición del desafío como una “ensoñación” que no podía considerarse un delito de rebelión pasó a ser algo más siniestro. De repente, veían el golpe por todos los lados. En nueve ocasiones diferentes, mencionaban la palabra 'golpistas', como si quisieran certificar con retraso todos los análisis de la derecha política sobre el procés.

En el auto incluyeron valoraciones claramente políticas, como las críticas al Gobierno por pactar la amnistía a cambio del apoyo parlamentario de los siete diputados de Junts, calcando de esta manera el argumentario del PP.

En su decisión del jueves, los magistrados del TJUE no aceptan que la amnistía fuera un simple producto de una negociación con la que obtener la investidura de Pedro Sánchez. La conciben como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor”. Es decir, una forma de hacer política para resolver un conflicto que desde luego es discutible o criticable, pero que no puede ser un delito. Es posible escuchar el rechinar de dientes de los jueces al leer esa frase.

El frenazo del Supremo a la amnistía fue el momento clave de la legislatura. La posible vuelta de Puigdemont a Catalunya quedó congelada en el tiempo y las relaciones del PSOE con Junts nunca se recuperaron. Y por eso no se han aprobado presupuestos en estos cerca de tres años. La derecha judicial sabía que tenía un papel que cumplir en esta confrontación política y eso fue lo que ocurrió.

Y lo que sigue ocurriendo. No importa cuántas derrotas judiciales sufran en Europa esos jueces (ahí quien ha encajado todas las goleadas ha sido Pablo Llarena). Siempre se puede afirmar que la guerra no ha terminado. La asociación conservadora Francisco de Vitoria –que es de derechas, pero no tan de derechas como la APM– difundió un comunicado para afirmar que “la sentencia no avala una aplicación automática ni incondicionada de la amnistía” (el TJUE dice lo contrario). “Los actos que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos siguen quedando excluidos de la amnistía”, dicen en coherencia con su filosofía de que el procés fue un golpe de Estado como nunca lo ha habido en España.

Además, la asociación recuerda al Tribunal Constitucional que “en ningún caso puede actuar como una instancia de casación del Tribunal Supremo”. En otras palabras, que ni se le ocurra dictaminar que Puigdemont y Junqueras pueden ser amnistiados. La palabra del Supremo no se discute. La derecha judicial sabe que convirtió esta legislatura en una vía muerta y de ningún modo va a aceptar que los jueces de Luxemburgo o los miembros del Constitucional le arrebaten la victoria en el último minuto.

Los silencios forman parte de la partitura, dicen los músicos; hay silencios temidos, eso oí un día decir a un torero de los silencios de la Maestranza; otros invitan a la duda e inquietan, los interminables de Jesús Quintero; otros no se explican: los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En las últimas controversias judiciales, procesales, casos Begoña Gómez o José Luis Rodríguez Zapatero, no extraña el silencio concejil por ser el modo. En realidad, dicen los que saben, el CGPJ no tiene nada que decir y menos que hacer, así es la rosa. Y ello porque no se ha perturbado o inquietado a ningún juez en su independencia, será por eso que sus competencias no lo exigen. En realidad, sin embargo, no solo pueden ser perturbados los jueces, y es normal que en esos casos se actúe, es que los jueces pueden también perturbar e incluso estar perturbados, y no parece normal que en esos otros casos no se actúe.

Igual entre Manuel Marchena, magistrado dolido por las críticas, e Isabel Perelló, pueden echar una manita, que dicen las encuestas que la mayoría de los españoles creen que hay lawfare en España y que la justicia está por los suelos en aprecio popular. Popular de gente, populus, que no de Partido Popular.

De las cuestiones disciplinarías mejor no hablar, incluso se han esgrimido vacíos legales para no exigir a los jueces que, al menos, garanticen a los justiciables el respeto de sus derechos constitucionales

Hay una amplia y difundida opinión sobre que ciertos jueces van a escape. Los que nos exigen, con razón, cumplir la ley parecen no encontrar ley que cumplir que les afecte, un deterioro de la función jurisdiccional que no parece conmover ni activar al máximo órgano de gobierno de los jueces. De las cuestiones disciplinarías mejor no hablar, incluso se han esgrimido vacíos legales para no exigir a los jueces que, al menos, garanticen a los justiciables el respeto de sus derechos constitucionales.

En la separación de poderes no hay amparo similar a la bizarra protección frente a perturbaciones que ejerce el CGPJ, con su mero silencio, al que deberían tener los miembros del poder ejecutivo, del que dicen querer protegerse, ni del poder legislativo. Podríamos recordar a Montesquieu, quien advertía en su obra cumbre, El espíritu de las leyes, precisamente, que había que protegerse de los jueces si queríamos, como queremos, un equilibrio entre los tres poderes.

Por recordar, también, aquella algazara callejera de jueces con sus vestimentas ceremoniales contra el poder legislativo y el ejecutivo, que había ejercido la iniciática legislativa, contra la ley de la amnistía, que el CGPJ ignoró.

Y eso que fue un ejerció llamativo y florido de poder, huelga cobardemente encubierta, y manifestación con sus ropones, togas pullas, quizá en señal de luto por la división de poderes, para que, al menos, simbólicamente quedara noticia de su reto y poder. Una prenda con la que no se puede correr por ajustada. En otros tiempos íbamos a nuestras cosas con botines y sin tacones porque siempre había que correr. En esta civilizada manifestación a toga suelta se sabía que no se correría, que no habría exceso policial, ni empellones proporcionados ni acaso un manguerazo. 

La foto de la insumisión de los jueces contra la ley de amnistía no es una foto cualquiera, es la prueba gráfica de una manera soberbia y arrogante de creerse el centro del sistema democrático

Pobres legisladores, cómo fueron zarandeados a las puertas de la soberanía nacional, pobres ministros y presidente, cómo son insultados por ciertos jueces. Ni la ineficaz presidencia del Congreso ni el ministro de Justicia empatan con el CGPJ a la hora de contener a los perturbadores.

Lo que resalto es la distancia cada día mayor de la justicia y el pueblo, del que trae fundamento y legalidad, no por inspiración etérea sino a través de la voluntad popular expresada en leyes emanadas del Parlamento, el poder legislativo.

Ahora que, hasta el PP, o al menos su presidente Núñez Feijóo, dice que lo de Catalunya, su procés y su amnistía, son pelillos a la mar, qué van a decir los jueces que con tanto brío se apuntaron a lo que fuera menester. 

La foto de la insumisión de los jueces contra la ley de amnistía no es una foto cualquiera, es la prueba gráfica de una manera soberbia y arrogante de creerse el centro del sistema democrático. Aquellas expresiones, aquellas sentencias, aquellas bravatas a las claras o de jueces embozados en el anonimato son para la historia. Silencio que ahora atruena entre lamentos corporativos sin que haya un lugar para cobijarse de la tormenta.

Un veterano magistrado del Supremo comentó en mayo de 2025 el estado de la investigación abierta por supuesta revelación de secretos al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: “La comidilla entre los miembros de la Sala de lo Penal [encargada del caso] es que todos los periodistas que niegan que el fiscal general les filtrase el correo mienten amparados en el secreto profesional”. El comentario del prestigioso magistrado en activo suponía casi la crónica de una condena anunciada al fiscal general.

Si los magistrados encargados del caso (un instructor, tres integrantes de la sala de apelación y siete más miembros del tribunal que juzgaría el caso), situados en lo más alto de la pirámide judicial, creían de manera unánime que los periodistas mentían, el futuro de Álvaro García Ortiz estaba sentenciado. La realidad dejó fuera de esa “comidilla unánime” a uno de los tres miembros de la sala de apelación, Andrés Palomo, que defendió el archivo de la causa; y a dos de las magistradas del tribunal sentenciador, Ana Ferrer y Susana Polo, que apoyaron la absolución del fiscal general.

Aunque ellos (Palomo, Ferrer y Polo) sí creyeron a los periodistas y defendieron por eso la inocencia de García Ortiz, estaban en minoría en la Sala de lo Penal y su criterio fracasó.  

Meses después de aquel comentario del veterano magistrado, cinco de los siete miembros del tribunal condenaron al entonces fiscal general por revelación de datos reservados, despreciando el testimonio en contra de esa tesis que hicieron bajo promesa de decir verdad hasta seis periodistas de cuatro medios de comunicación distintos. La sentencia provocó una dura protesta de una parte del mundo jurídico.

“¿El reconocimiento de su derecho al secreto profesional puede llevar aparejado que deba restarse credibilidad a las manifestaciones de periodistas en un juicio donde están obligados a decir verdad?”, se preguntaron las magistradas Ferrer y Polo en su voto particular.

El Tribunal Constitucional deberá responder a esta pregunta ante los recursos de amparo presentados por la Fiscalía del Supremo y por el ex fiscal general donde denuncian la vulneración de hasta cinco derechos fundamentales y piden anular la condena. 

El recurso de la Fiscalía lo expresa así: “La sentencia impugnada concibe el secreto profesional que asiste a los profesionales de la información como una especie de habilitación constitucional para sustraerse a la obligación de decir verdad en un juicio criminal. Para el Tribunal Supremo, existe una suerte de licencia constitucional para mentir que inhabilita de antemano la credibilidad del testimonio de descargo prestado por un periodista que se ha acogido a dicho secreto (…) Tal interpretación supone, indirectamente, una grave coacción moral sobre los profesionales de la información, a los que se pone en la tesitura de revelar la identidad de su fuente para que su testimonio exculpatorio de la persona acusada tenga algún valor probatorio. Se genera, con ello, un riesgo grave para la efectividad de la libertad de información, que es, precisamente, el fundamento de la protección constitucional de la cláusula de secreto periodístico”.

Seis profesionales de La Sexta, la Cadena Ser, El País y elDiario.es aseguraron que el fiscal general del Estado no fue quien les reveló el secreto –la información– que ellos difundieron en sus medios. Algunos de esos periodistas señalaron incluso el lugar origen de la filtración, lejos de la Fiscalía General del Estado, sin identificar a sus autores.

Pero daba igual porque “la comidilla en la sala de lo Penal” se convirtió en fundamento jurídico para condenar al fiscal general del Estado.

Los firmantes de la sentencia señalaron en varias páginas del fallo que los periodistas tenían el legítimo derecho a no identificar a las personas que les contaron el secreto y recordaron la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional en defensa del secreto profesional, vital para una sociedad bien informada.

Pese al rotundo aval judicial al secreto profesional, el testimonio de los periodistas no servía como prueba de descargo, según la doctrina que impusieron Andrés Martínez Arrieta (presidente del tribunal y ponente de la sentencia), José Ramón Berdugo, Antonio Del Moral, Manuel Marchena, y Carmen Lamela.

Estos magistrados deslizaron en el texto del fallo la idea de que los periodistas podían mentir protegidos por su derecho al secreto profesional: “En esa situación el derecho constitucional al secreto periodístico, carente de límites en nuestro ordenamiento en tanto no se proceda a su regulación, también cubre con su manto protector al periodista, autorizándole a otro tipo de manifestaciones, aunque no sean totalmente fieles a la realidad, si les guía la necesidad de mantener oculta su fuente, lo que acentúa sus diferencias frente a otros secretos (como el propio de parientes). Se trataría de una actuación amparada por el ejercicio legítimo de un derecho constitucional”.

Los magistrados de la condena no ocultaron su desconfianza hacia el testimonio de los periodistas: “No es idéntica la forma de enfrentarse a un interrogatorio de alguien consciente de su derecho al secreto y su deber protegido constitucionalmente de lealtad a sus fuentes, que la de otras personas que carecen de válvulas de escape similares y que declaran conscientes de su deber de contestar a todas las preguntas que se les dirijan sin poder eludirlas, tampoco con subterfugios”.

Y para intentar justificar que la condena no restaba credibilidad al testimonio de los profesionales de la información, los firmantes cargaron la culpa sobre el fiscal general por no actuar con la prudencia que si demostraron los periodistas al no publicar la información antes de que García Ortiz la tuviera en sus manos: “Tenemos la firme convicción de que, en ningún caso, las respuestas [de los periodistas] se vieron afectadas en su veracidad por el ejercicio de ese irrenunciable derecho [al secreto profesional]. La decisión de no difundir su contenido literal [del correo electrónico], ya fuera por respeto a las indicaciones recibidas de su fuente, ya por planificación secuencial de la información de la que ya disponían, no hace sino marcar un acusado contraste entre su prudencia profesional y la precipitación con la que García Ortiz no dudó en hacer posible la difusión pública de las comunicaciones, siempre confidenciales, entre un abogado y fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad”.

Este argumento, confuso en su formulación, es contrario al utilizado por el mismo Tribunal Supremo para rechazar una querella contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por declarar el 13 de marzo de 2024 en los pasillos del Senado que el fraude fiscal de la pareja de Ayuso estaba vinculado al cobro de comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Montero hizo esa declaración cuando ese detalle aún no había sido revelado por ningún medio de comunicación.

El Tribunal Supremo, en una resolución firmada por algunos de los magistrados que luego han condenado al fiscal general, inadmitió la querella alegando que cuando Montero hizo esas declaraciones los detalles de los supuestos delitos cometidos por la pareja de Ayuso ya circulaban -aunque no se hubieran publicado aún- por los medios de comunicación. La resolución del Supremo evitó cualquier reproche a la ministra Montero al no apreciar en su conducta ningún tipo de “precipitación” en “hacer posible la difusión pública” de los negocios privados de la pareja de Ayuso antes de que lo publicaran los medios de comunicación.

El delito de revelación de secretos cuenta con dos actores principales: quien tiene el deber legal de guardar ese secreto –en este caso, el fiscal general del Estado– y quien lo difunde, en este caso los periodistas que conocen mejor que nadie quién cometió el delito.

Pero la investigación por parte de Ángel Hurtado, el magistrado encargado de la instrucción, avaló desde el principio “la comidilla en la Sala de lo Penal” según la cual los periodistas que se acogen a su derecho de no revelar las fuentes pudieron mentir, protegidos por la Constitución, en defensa del fiscal general.

Hurtado rechazó de un plumazo los testimonios de periodistas que obligaban a archivar la causa. Lo hizo mediante un párrafo de motivación escasa y absurda: “Se trata”, escribió, “de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios prestados en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido″. Ningún testimonio del día 8 negó el relato de los periodistas que declararon ante el juez que ni el fiscal general ni nadie por orden suya les había filtrado el correo electrónico.

La sentencia del Supremo utiliza una cita de la jurisprudencia “anglosajona” para poner en valor el secreto profesional que permite a los periodistas informar en libertad sin temor a represalias que impidan una adecuada fiscalización del poder. “Si se obligara a los periódicos a revelar sus fuentes, pronto se quedarían sin la información que deberían tener. Sus fuentes se secarían. No se revelarían las malas acciones. No se podría desenmascarar a los charlatanes. Las injusticias quedarían sin remedio. Las fechorías en los pasillos del poder, en las empresas o en los departamentos gubernamentales nunca se conocerían”.

García Ortiz fue condenado por difundir el correo electrónico de un abogado a la Fiscalía. El conocimiento de ese hecho permitía desmontar el bulo –envuelto en la filtración de otro correo distinto– difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en defensa del empresario Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales. El bulo de Rodríguez, publicado por varios medios de comunicación sin contraste alguno, consistía en atribuir a la Fiscalía la perversa intención de ofrecer al supuesto defraudador, pareja de la presidenta Ayuso, un acuerdo para evitarle la prisión a cambio de que confesara los dos delitos fiscales. Era justo al revés.

Conocidos los hechos, la cita anglosajona vinculada al caso del fiscal general español quedaría así: “Si se obligara a los periódicos a revelar sus fuentes, pronto se quedarían sin la información que deberían tener. No se revelarían las malas acciones, como la difusión de bulos por parte de un Gobierno a favor de un procesado por fraude fiscal que es pareja sentimental de la presidenta de ese Ejecutivo. No se podría desenmascarar a los charlatanes, como el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, quien manipuló a determinados medios de comunicación para atacar con mentiras a la Fiscalía. Las injusticias [como la condena a un fiscal general del Estado por combatir un bulo facilitando información ya conocida antes por los medios] quedarían sin remedio. Las fechorías en los pasillos del poder, nunca se conocerían”.

Para investigar un delito de revelación de secretos difundidos por numerosos medios de comunicación, el Tribunal Supremo decidió que el testimonio de los periodistas carecía de valor probatorio porque se acogieron al secreto profesional que les permite hacer manifestaciones “aunque no sean fieles a la realidad” y las autoriza a utilizar “subterfugios” que se niegan a otros testigos en un juicio.

El derecho constitucional a no revelar la identidad de las fuentes de información se convierte, en manos del Supremo, en una prueba principal de cargo contra el implicado en una supuesta revelación de secretos.

El Tribunal Constitucional resolverá por primera vez en su historia uno de los casos más polémicos de la historia judicial de España. Y deberá contestar a la pregunta de si despreciar el testimonio de periodistas que se acogen a su derecho al secreto profesional vulnera el derecho a la presunción de inocencia del procesado por revelar secretos a esos mismos periodistas.

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez afronta el desembarco de su partido en el tablero nacional en medio de una tormenta judicial. El líder y único activo político de Se Acabó La Fiesta declara este lunes en el Tribunal Supremo como imputado bajo la acusación de haber promovido el acoso y hostigamiento contra sus propios eurodiputados. Se trata de uno de sus cuatro frentes penales que despega en plena campaña de unas elecciones aragonesas en las que, por ahora, el CIS no otorga ni un escaño a sus candidatos y que vienen marcadas por la tragedia ferroviaria en Adamuz.

El agitador de extrema derecha arrancó este viernes su campaña aragonesa con su candidata Cristina Falcón y usando un martillo para romper un muro en el que habían pegado fotos de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García o la candidata socialista Pilar Alegría, entre otros. En plena campaña electoral tendrá que viajar a Madrid para comparecer el lunes por la mañana ante Manuel Marchena bajo una acusación que apunta directamente a la gestión interna de su partido: sus dos eurodiputados le acusan de promover el acoso y hostigamiento contra ellos en su canal de Telegram.

Diego Solier y Nora Junco acudieron hace unos días al Tribunal Supremo para certificar el fallecimiento de la aventura europea de Se Acabó La Fiesta más allá del proyecto personal de Alvise. Ante Marchena los dos ratificaron sus acusaciones contra él aunque fuentes conocedoras del interrogatorio acotan a este periódico la intensidad de sus comparecencias. El delito de acoso por el que está acusado requiere, por ejemplo, que las vidas de las víctimas se haya visto condicionada de alguna manera. La Fiscalía, explican estas mismas fuentes, renunció a hacer preguntas a Junco después del primer interrogatorio de Solier.

La imagen de ambos entrando y saliendo del Tribunal Supremo ilustra la descomposición interna de una plataforma electoral creada a toda velocidad para las últimas elecciones europeas y que ahora, ya constituida en partido, pretende dar el salto a la política autonómica en Aragón. No había pasado ni un año desde los comicios cuando Alvise Pérez especuló públicamente con que sus dos eurodiputados, Nora Junco y Diego Solier, hubieran podido votar de una determinada manera sobre el rearme porque habían sido comprados por el lobby armamentístico. El líder de SALF escaló sus acusaciones y especulaciones ante su audiencia de más de 650.000 personas en Telegram y sus dos eurodiputados, que no tardaron en dejarle solo en Bruselas para sumarse al grupo de Giorgia Meloni, terminaron acudiendo al Tribunal Supremo a denunciarle.

El agitador acudirá este lunes al Supremo con la idea de solicitar el archivo de esta causa contra él. Una citación judicial en plena campaña aragonesa que habría levantado en armas a cualquier partido político, pero que Alvise Pérez convierte en un escaparate. En una de sus últimas comparecencias en el Tribunal Supremo no dudó en enfrentarse a los periodistas para acabar gritando: “Medios subvencionados, parásitos, criminales de la mafia de la información”. Una estrategia desarrollada por Vox cuando multiplicó su exposición pública gracias a la causa judicial contra el procés, pero con un cambio: los de Santiago Abascal ejercían la acusación y Luis 'Alvise' Pérez es el acusado.

Las encuestas, por el momento, no dan a 'Se Acabó La Fiesta' representación en las próximas elecciones aragonesas del 8 de febrero. Y el partido, de reciente creación y sin más altos cargos conocidos que el propio Alvise, se presenta con su líder sumido en un oleaje constante de causas judiciales que él atribuye al “lawfare de la partitocracia” pero que responden a episodios de presunto acoso e incluso a financiación ilegal.

Los 100.000 euros en efectivo

La acusación más grave que pesa sobre Alvise Pérez es la de financiación ilegal. Tal y como reveló elDiario.es, el agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas. Un día antes de echarse a la carretera, Alvise acudió a las oficinas de una de las empresas de Romillo y recogió 100.000 euros en efectivo. Un acto que, un año y medio después, se ha traducido en una causa abierta por el Tribunal Supremo contra él.

El agitador de extrema derecha nunca ha negado la entrega, si bien ha dado una explicación que, por el momento, no ha convencido al juez Julián Sánchez Melgar. Ha asegurado que fue un pago que le hizo Romillo por servicios relacionados con su participación en actos de su plataforma y que usó el dinero para “capitalizarse a nivel personal” porque una de sus grandes promesas electorales era sortear su sueldo, algo que realizó durante unos pocos meses.

Las causas que más abundan contra Alvise, sin embargo, tienen que ver con el hostigamiento que promueve continuamente contra sus rivales políticos en su canal de Telegram, donde llegó a atesorar más de 720.000 seguidores y ahora mismo tiene algo menos de 649.000. Lleva varios años imputado por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia para dar a entender que había acudido a un debate electoral contagiado de coronavirus. También está investigado por promover un acoso similar contra la fiscal valenciana Susana Gisbert.

El líder de SALF ha esquivado otras acusaciones penales. Por ejemplo, el Supremo rechazó su imputación por su papel en las protestas de noviembre de 2023 en la calle Ferraz de Madrid, así como por incitar al odio difundiendo la identidad de detenidos en Bilbao o bulos racistas sobre la muerte del joven Álvaro Prieto en Sevilla. Tampoco ha prosperado la acusación contra él por difundir una fotografía de una de las hijas de Pedro Sánchez en su canal.

El exasesor de Ciudadanos y Toni Cantó también acumula varias condenas judiciales por la vía civil, algunas de ellas ya firmes y otras pendientes de revisión por el Tribunal Supremo. En el capítulo de las condenas firmes están los 7.000 euros que debe pagar a la periodista Ana Pastor. En el de las condenas pendientes de ratificación hay indemnizaciones para Manuela Carmena (5.000 euros) y José Luis Ábalos (80.000 euros).

El Tribunal Supremo ha llamado a declarar al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez para el próximo lunes por el acoso y hostigamiento que supuestamente promovió contra sus propios eurodiputados. El magistrado Manuel Marchena, que hoy también toma declaración a los afectados, ha certificado que el propio líder de 'Se Acabó La Fiesta' se ha ofrecido a comparecer voluntariamente en una de las múltiples causas judiciales que hay abiertas contra él.

Este lunes, según apuntan fuentes jurídicas, tanto Nora Junca como Diego Solier han ratificado sus acusaciones de acoso y revelación de secretos contra él.

El diputado de extrema derecha está acusado de promover el hostigamiento contra Diego Solier y Nora Junco después de que votaran en un sentido contrario al suyo en debates parlamentarios en Bruselas sobre el rearme. En vídeos y entrevistas, Alvise llegó a especular con la posibilidad de que hubieran sido comprados por el lobby armamentísico y escribió varios mensajes contra ellos en su canal de Telegram, donde a día de hoy acumula casi 650.000 seguidores pero llegó a tener más de 720.000 suscriptores.

Marchena toma declaración a los dos eurodiputados afectados desde primera hora de esta mañana. Solier y Junco, que rompieron con Alvise y forman parte de otro grupo conservador en Bruselas, denunciaron que recibieron amenazas de todo tipo y que sus datos personales llegaron a filtrarse entre los seguidores de su antiguo colaborador.

El magistrado preguntó a Alvise si estaba dispuesto a declarar de forma voluntaria, sin necesidad de esperar a un suplicatorio, y ha fijado para el 26 de enero su comparecencia después de su respuesta afirmativa. El líder de 'SALF', que ya como partido se presentará a las elecciones aragonesas, tiene varias causas penales abiertas en el Supremo: por financiar su campaña europea con 100.000 euros en efectivo que le entregó 'CryptoSpain', por promover el acoso a una fiscal y por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia.

Por la vía civil, además, el eurodiputado ha sido condenado a indemnizar con distintas cantidades a personas como la periodista Ana Pastor, la exalcaldesa Manuela Carmena o el exministro José Luis Ábalos por la difusión de bulos o por vulnerar su honor, intimidad e imagen en distintos mensajes de Twitter y Telegram.

El Tribunal Supremo ha puesto en marcha la investigación contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por el supuesto acoso denunciado por Nora Junco y Diego Solier, parlamentarios que concurrieron con él en la lista de 'Se Acabó La Fiesta'. El magistrado Manuel Marchena ha citado a declarar a ambos afectados el próximo 12 de enero, ha puesto en marcha los trámites para pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo y, además, ha preguntado a Alvise Pérez si está dispuesto a declarar voluntariamente como ha sucedido en otras causas abiertas contra él.

La plataforma SALF encabezada por Alvise Pérez consiguió tres eurodiputados en las últimas elecciones europeas, Nora Junco y Diego Solier, en unos comicios en los que consiguió 800.000 votos. Los conflictos internos empezaron poco después, cuando el propio Alvise especuló con que sus dos parlamentarios hubieran sido comprados por el lobby armamentístico por no votar igual que él en varios procesos relacionados con el rearme en el Parlamento Europeo.

Junco y Solier abandonaron SALF para integrarse, como independientes, en el grupo que encabeza el partido de la italiana Giorgia Meloni. En paralelo, anunciaron su intención de denunciar a su antiguo líder por haber promovido el acoso contra ellos a través de sus declaraciones, vídeos, entrevistas y sus mensajes en Telegram donde atesora algo más de 650.000 seguidores en la actualidad. El Supremo abrió la causa contra Alvise a principios del pasado mes de octubre y el instructor, Manuel Marchena, ha puesto la investigación en marcha: ha llamado a declarar a los dos afectados, ha pedido autorización a la eurocámara para proceder penalmente contra él y le ha dado la oportunidad de declarar voluntariamente.

Esta causa por revelación de secretos y acoso contra sus propios eurodiputados se convirtió en la cuarta causa judicial abierta contra el líder de SALF, que hace dos meses lanzó su candidatura a las próximas elecciones generales. También está imputado por la financiación de su plataforma con 100.000 euros en efectivo que le entregó 'CryptoSpain', por promover el acoso a una fiscal en València y por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia. Los jueces han rechazado imputarle por otras acusaciones como promover altercados en la calle Ferraz o difundir bulos racistas sobre la muerte de un joven en Sevilla.

La sentencia que condena a Álvaro García Ortiz demuestra que nunca hay que subestimar la capacidad creativa de un tribunal al condenar a un acusado. Donde muchos no veían pruebas concretas e indubitadas sobre la culpabilidad del entonces fiscal general, la mayoría conservadora de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aprecia “un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente”. Donde el fiscal general del Estado vio una necesidad imperiosa de desmentir el bulo puesto en circulación por Miguel Ángel Rodríguez, el Supremo solo cree que se trataba de “polémicas mediáticas”.

Donde no había pruebas de comunicaciones directas entre García Ortiz y ningún periodista, los magistrados ven decisiva una llamada de cuatro segundos que ninguno de los dos supuestos interlocutores reconoció que existiera. Mientras se dudaba de que se pudiera condenar por revelación de secretos por informar de algo publicado por varios medios, el tribunal se quita el tema de encima decidiendo que el correo enviado por el abogado de Alberto González Amador al fiscal “no puede calificarse de secreto”.

Con la misma creatividad con la que la misma Sala del Supremo impidió que se aplicara la ley de amnistía a Carles Puigdemont, un momento en que Manuel Marchena cambió por completo su valoración jurídica del procés, ahora ha condenado a García Ortiz, según el texto de la sentencia difundido el martes, 19 días después de que anunciara la condena. En este caso debía valerse no de interpretaciones sobre hechos conocidos por todos, sino sobre los hechos que considera probados gracias a la celebración del juicio.

Para Andrés Martínez Arrieta, ponente de la sentencia, Manuel Marchena y los otros magistrados conservadores, no hay dudas de que “fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en la Cadena SER”. Se basan en “la convergencia de los indicios acreditados”. A saber, el acceso a la documentación, la secuencia de comunicaciones, la urgencia mostrada por García Ortiz en obtener los correos, la llamada del periodista, el posterior borrado de los registros y los recelos expresados por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Además del abogado de Amador, solo el fiscal general y su equipo, el primer fiscal del caso y la fiscal provincial de Madrid tenía acceso a toda la documentación, afirma la sentencia. Sólo en el equipo del fiscal general, hay 16 fiscales y 11 funcionarios.

“Felicidades, les has destrozado”, fue el mensaje que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso envió al novio de la presidenta al conocerse la condena en noviembre. Fue un gesto de generosidad. El mérito era más suyo que del procesado por dos delitos fiscales y uno de falsificación de documentos. Él puso en marcha la operación política y mediática con la que difundir la mentira de que “órdenes de arriba” habían impedido un pacto de conformidad entre acusación y defensa por el caso de Amador. Eso es lo que desencadenó todos los acontecimientos.

El último eslabón

El Tribunal Supremo ha sido el último eslabón de la maquinaria puesta en marcha por Rodríguez para salvar la reputación de su jefa y del novio de esta. Ha cumplido exactamente con lo que el asesor de Ayuso esperaba de él.

La sentencia de la mayoría solo cuenta con tres referencias a Rodríguez. La única relevante –no basada en el testimonio de otros– es la primera donde se dice que esa versión falsa de los hechos no tenía más “fundamento que una especulación gratuita” del asesor de Ayuso. Una simple especulación. Nada que tenga la menor gravedad.

Hay un intento deliberado en la sentencia de dar a Rodríguez un papel secundario, y por tanto poco relevante, en toda esta historia.

La instrucción del caso ya había descartado que la publicación de un comunicado por la Fiscalía General del Estado fuera constitutiva de delito. Básicamente, porque ofrecía información conocida al haber sido publicada por varios medios con anterioridad. En un salto argumental que solo el Tribunal Supremo es capaz de dar, la sentencia pone al mismo nivel la filtración de los correos y la nota de prensa, elaborada personalmente por García Ortiz y su jefa de prensa. La filtración y el comunicado “constituyen, en realidad, una unidad de acción”, dicen los jueces. “La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la 'oficializa'”.

Es una forma de jugar con las palabras que revela una interpretación muy personal que hace el tribunal sobre las notas de prensa de un organismo público. Los altos cargos de la política y la justicia que realizan filtraciones no necesitan publicar comunicados. Ese concepto de “oficializar” una filtración con una nota de prensa sólo existe en la mente de los jueces que firman la sentencia.

El ardid es ingenioso, porque el fiscal general no podía negar que él estaba en el origen de la decisión de publicar el comunicado y en su redacción.

Sobre esa nota de prensa, esto es lo que tienen que decir las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que firman el voto particular que disiente de la condena dictada: “La nota informativa no contiene una versión que contradiga o cambie algún extremo de lo anteriormente publicado, no contiene primicia alguna, el contenido, e incluso la imagen o copia del mensaje electrónico del 2 de febrero de 2024, habían sido ya publicadas en los medios. Una vez que la divulgación es completa y general, ese contenido ya no es susceptible de ser revelado. Con la publicación de la nota informativa, nada se revela que no estuviera ya divulgado y fuera ya, públicamente conocido en su totalidad”.

Los jueces van más lejos y entran en un terreno muy imaginativo al referirse a la filtración de la nota de prensa, cuyo contenido apareció publicado en El País antes de su difusión. Se afirma que el periódico “la habría obtenido proporcionada con autorización del Fiscal General del Estado”. En ningún momento del juicio, apareció ese dato como un hecho confirmado. No hay ninguna prueba que respalde esa afirmación. No se preguntó sobre esto a los periodistas de El País que testificaron. Pero, para el Tribunal Supremo, simplemente ocurrió así.

El tribunal da pábulo a una de las intervenciones más cuestionadas del teniente coronel Antonio Balas en el juicio, aunque el texto no menciona al jefe de la UCO. Se refiere a la llamada que hizo Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, a García Ortiz. El periodista testificó en la vista que solo duró cuatro segundos, porque el fiscal general no respondió y saltó el buzón de voz (el acusado afirmó después que en ese momento estaba hablando con la jefa de la fiscalía provincial de Madrid). Los magistrados argumentan que en las demás llamadas en las que García Ortiz no contestó la compañía telefónica afirmó que duraron cero segundos –el mismo argumento que empleó Balas en la vista–, “lo cual llama sumamente la atención y es sugerente de una comunicación personal indiciaria de contactos ulteriores por otras vías telemáticas”.

El Supremo deduce –de ahí lo de “sugerente”– que esa llamada existió y que fue el prólogo de otras comunicaciones entre ambos hechas por otros medios. Nadie puede probar que esa comunicación tan corta existió y, si fue así, de lo que se habló en ella. Pero a los magistrados conservadores les sirve para especular sobre posibles contactos posteriores, de los que tampoco hay pruebas de su existencia. Es una especulación que se convierte en una prueba de cargo.

Si eso fuera cierto, Campos habría mentido durante su declaración en el juicio. El tribunal es consciente de que no tiene pruebas para que se investigue al periodista por falso testimonio y no quiere enfrentarse a los medios de comunicación. De hecho, muestra su comprensión con el hecho de que los periodistas se acogieran al derecho al secreto profesional para no revelar sus fuentes. Está claro que desdeña su testimonio, porque no le sirve para condenar al fiscal general, pero también deja una frase para que nadie se sienta herido: “No está en juego la credibilidad de los testigos”. Es una afirmación extraña, porque un tribunal está obligado a valorar la credibilidad de los testigos presentados por las acusaciones y las defensas.

Arrieta, o Marchena, no resiste la tentación de incluir un par de ejemplos comparativos un tanto chuscos, pero indudablemente originales. El que compara el caso con el de un cirujano es curioso: “El cirujano plástico que ha operado a una celebridad y cuyo cambio físico ha generado el debate público acerca de si su nuevo aspecto es o no fruto de una intervención quirúrgica, o cualquier acto médico, nunca podría terciar en la polémica confirmando o desmintiendo la realidad de esa operación”.

Lo que ocurrió fue que Miguel Ángel Rodríguez dio el nombre del cirujano –los fiscales implicados en el caso– que había hecho tal destrozo en la cara (y la reputación) de González Amador y que lo había hecho por órdenes de una persona que no era el paciente. Según la lógica del Tribunal Supremo, el médico no tendría derecho a defender en público su propia reputación. Lo contrario sería meterse en “polémicas mediáticas”. Con argumentos de este tipo y la insólita relevancia que el tribunal concede a efectos penales a la nota de prensa de la Fiscalía, está claro que García Ortiz no tenía ninguna posibilidad en el juicio.

Han pasado unos días desde que el Tribunal Supremo confirmara su veredicto de culpabilidad contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Como sigue sin haber una sentencia con la que podamos indagar en las motivaciones que hayan llevado al tribunal a tomar esa decisión, seguimos haciéndonos preguntas: ¿era previsible que un órgano como el Tribunal Supremo tomara esta decisión? ¿en qué otra situaciones el Supremo ha tomado decisiones equiparables a esta o que nos puedan haber llamado la atención? ¿Ha sido una sentencia más política que jurídica? ¿Es una victoria política indudable de Isabel Díaz Ayuso?

Intentamos contestar a estas y a otras preguntas con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

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La condena del fiscal general del Estado por la difusión de datos del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso se ha transformado, incluso antes de ser redactada, en una de las sentencias más relevantes de la historia del Tribunal Supremo. Pero también en una de las que más polémica han generado dentro de la Sala de lo Penal: los dos votos particulares de las magistradas que apuestan por la absolución se suman a la inédita falta de unanimidad en la decisión de mandar a juicio a Álvaro García Ortiz. Una fractura que el Supremo siempre busca evitar en sus grandes decisiones y que pone a la Sala de lo Penal en el espejo de la denostada fragmentación del Tribunal Constitucional en asuntos relevantes. 

Los factores inusuales arrancaron hace un año y un mes, cuando la sala admitió la exposición razonada llegada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y aceptó investigar a García Ortiz. El documento llegado desde el otro lado de la calle General Castaños de Madrid que separa ambos tribunales apuntaba en una dirección: la Fiscalía había revelado datos confidenciales de la confesión de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y había que investigar quién era el máximo responsable del comunicado. Por aquel entonces, el fiscal general ya había dicho públicamente que él era la persona que buscaban. 

La admisión a trámite de exposiciones razonadas contra aforados no es algo extraño en el Tribunal Supremo, aunque la mayor parte se rechazan. Tampoco lo es que, tal y como establecen las normas de reparto, esos mismos cinco magistrados sean los que meses después juzguen el caso. Lo que es menos habitual es que en esa admisión se cambie el foco de la investigación: la nota de la Fiscalía, dijo entonces el Supremo, no tenía “información indebidamente revelada”, pero había que investigar cómo esa confesión había llegado a la prensa la noche anterior. 

Esa misma semana los mismos jueces rechazaron imputar a la ministra María Jesús Montero por hacer declaraciones de la causa de la pareja de Ayuso porque, para entonces, esos datos ya circulaban por las redacciones y eran conocidos por los medios y la opinión pública. “No sabemos de lo que nos estamos defendiendo, si de la nota o del correo”, fue el alegato final de José Ignacio Ocio, abogado del Estado que ha defendido a García Ortiz en todo el proceso y que refleja cómo la instrucción de Ángel Hurtado, ahora avalada por la condena del fiscal general, también tuvo episodios poco habituales en la trayectoria de la Sala de lo Penal. 

No es poco frecuente que el tribunal conocido como la Sala de Apelaciones –tres magistrados designados para supervisar una investigación– corrija a uno de sus compañeros mientras lleva la causa, aunque lo normal en el Supremo es que avalen la mayor parte de sus decisiones y lo hagan de forma unánime. En la causa contra el fiscal general, esa sala se rompió en el momento clave del caso: cuando Hurtado dio por terminada la investigación y decidió enviarla a juicio. 

Un voto particular inédito

El pase a procedimiento abreviado es el momento más relevante de una causa penal: cuando el instructor termina de investigar y decide si el caso se archiva o se juzga. Y muy pocas veces la Sala de Apelaciones del Supremo ha corregido a un instructor en ese punto crítico de unas diligencias. Lo hizo, por ejemplo, cuando este año revocó el archivo de la causa por denuncia falsa contra el senador Pedro Sanginés (Coalición Canaria). Pero en el Tribunal Supremo no recuerdan que una decisión de este calado, confirmando o revocando un procesamiento, haya sido tomada sin la unanimidad de los tres jueces. 

Es lo que sucedió a finales del pasado julio cuando la Sala de Apelaciones se dividió para confirmar, con matices relevantes, el procesamiento de García Ortiz. Los tres magistrados fueron unánimes al dejar fuera del juicio por falta de pruebas a la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, y al borrar las afirmaciones sin pruebas con las que Hurtado acusaba al fiscal general de actuar siguiendo “indicaciones” de la Moncloa. Pero la sala de tres se partió para lo más relevante: si el caso entero debía juzgarse o archivarse. 

Andrés Palomo, considerado de perfil conservador y uno de los magistrados que juzgó y sentenció el procés, era el ponente original de la decisión. Y planteó una bomba a sus compañeros Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres: archivar la causa contra el fiscal general y que ni siquiera llegara a juicio. Su argumento era que cuando el correo llegó a manos de García Ortiz ya “había sido filtrado”. Y Hurtado le había enviado al banquillo a pesar de la “escasez, debilidad e insuficiencia de indicios de la filtración”. También argumentó que la nota de la Fiscalía sobre el caso no era un delito, sino un “desmentido”. 

La inusual división interna de la Sala de Apelaciones, compuesta por tres magistrados de la Sala de lo Penal, ha dado paso a otra división más habitual e igualmente relevante: la del tribunal de siete magistrados que ha juzgado y sentenciado el caso. Aquí también había una ponencia minoritaria que apostaba por exonerar al fiscal general y también ha habido una mayoría conservadora que ha impuesto, en este caso, una condena. Y aquí, como ya es cada vez más habitual en los casos más relevantes del Supremo, tampoco ha habido unanimidad. 

Del procés al fiscal general, pasando por los ERE

La sentencia del procés fue la meta judicial de un proceso histórico a muchos niveles. Por las condenas, por el juicio y por los efectos que, a día de hoy, siguen retumbando en la política y los tribunales. Pero a nivel de consumo interno judicial un aspecto prevalece por encima del resto: que las condenas por sedición, malversación y desobediencia fueron dictadas por unanimidad de magistrados progresistas y conservadores en la Sala de lo Penal. 

Esa unanimidad fue la que encumbró a Manuel Marchena ante la opinión pública. Después de que su nombre fuera manoseado por los partidos políticos como posible presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su gestión del juicio y de la sentencia –cuyo fallo fue filtrado antes de que se notificara la sentencia– le convirtieron en la cara más admirada de la judicatura. Esa unanimidad, con el paso de los años, ha sido esgrimida por jueces y políticos como la gran diferencia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Unanimidad para asuntos de máxima relevancia en el primero frente al denostado “7-4” en las votaciones del segundo. 

Lo cierto es que el “5-2” del caso del fiscal general –la mayoría de cinco conservadores que apuesta por la condena frente a las dos progresistas que pedían la absolución– se ha extendido en algunas de las decisiones más relevantes del Supremo en los últimos años y con una foto muy parecida en todas: progresistas que se quedan en minoría defendiendo absoluciones o reducciones de condena. Susana Polo y Ana Ferrer, las dos magistradas que preparan sus votos particulares en contra de la condena del fiscal general, son las protagonistas habituales de esa minoría judicial del Supremo.

Los antecedentes son variados y permiten dar por olvidada la unanimidad del procés con la que el Supremo se oponía al Constitucional. Ferrer y Polo son las mismas magistradas que se quedaron solas en su petición de eliminar la condena de cárcel de José Antonio Griñán por los ERE de Andalucía. Polo, junto con Javier Hernández, también se quedó en minoría cuando aseguró que Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos, estaba siendo condenado sin pruebas por patear a un policía. 

Ferrer fue la primera mujer en entrar en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y hace unos meses se postuló como candidata a suceder a Manuel Marchena y ser también la primera mujer en presidir ese departamento clave. Ella misma se retiró de la contienda cuando el sector conservador del CGPJ aplicó su tradicional bloqueo para imponer, de facto, la presidencia de Andrés Martínez Arrieta, ponente de la sentencia que condena al fiscal general y que tomó posesión del cargo escoltado por el saliente Marchena. 

Fue la única magistrada que llevó la contraria a sus compañeros cuando decidieron no amnistiar el delito de malversación que se atribuye a Carles Puigdemont y que, en la práctica, le mantiene en búsqueda y captura y en peligro de ser arrestado si vuelve a España. Aquella fue la primera fractura interna de la Sala de lo Penal en lo tocante al procés. Se trata de una magistrada cuya trayectoria no levantaba sino elogios en el Tribunal Supremo y el CGPJ hasta que llegó el momento de ser elegida para un puesto de responsabilidad, momento en que fue señalada como próxima al Ejecutivo para justificar el enésimo bloqueo conservador al ascenso de una jueza progresista. 

La Fiscalía y la Abogacía, contra el Supremo

Polo y Ferrer supieron que se habían quedado solas defendiendo la absolución del fiscal general incluso antes de que acabara el juicio. Las deliberaciones previas y posteriores al “visto para sentencia” del 13 de noviembre dejaron claro que la mayoría conservadora del tribunal apostaba por una condena cuyos detalles todavía son desconocidos. La velocidad en difundir el fallo dibuja esa clara división entre bloques, pero sin que sea un movimiento inédito. Por ejemplo, el fallo que condenó a 'la manada' de Pamplona por violación se difundió horas después de que terminara la vista. 

El fallo difundido por el Supremo para evitar las filtraciones que en 2019 mancharon la sentencia del procés también sella otro factor tan legal como anómalo en este caso: la distancia insalvable entre las decisiones de los jueces y el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. 

Después de oponerse sin éxito a todas las decisiones del juez Hurtado, el Ministerio Público y la defensa del fiscal general se han encontrado con un fallo que, si bien no acoge todas las pretensiones de González Amador –llegó a pedir una indemnización de 300.000 euros y cuatro años de cárcel–, sí tira por tierra sus peticiones de nulidad y absolución. Ninguna norma, escrita o sin escribir, vincula las decisiones judiciales al criterio de la Fiscalía, pero las estadísticas demuestran que suelen ir alineadas. En 2024, por ejemplo, la sala segunda del Supremo estimó el 86% de los recursos que presentó la Fiscalía. 

La causa contra el fiscal general abandonará en las próximas semanas el Tribunal Supremo para poner rumbo al Tribunal Constitucional. García Ortiz, para entonces previsiblemente fuera del cargo, tendrá que esperar a que se notifique la sentencia completa para interponer un incidente de nulidad –con pocas perspectivas de éxito– antes de ir en amparo al Constitucional. Un tribunal donde los votos particulares de Ferrer y Polo –sucedió en los ERE y en el caso de Alberto Rodríguez– han tenido más recorrido que las sentencias condenatorias de sus compañeros.

El juicio al fiscal general del Estado celebrado durante dos semanas en el Tribunal Supremo dejó una imagen inédita. A un lado del estrado, Álvaro García Ortiz, acompañado por los dos abogados del Estado que ejercían su defensa y por los dos fiscales que, en este caso, pedían su absolución.

Al otro, el letrado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y las acusaciones populares que solicitaban elevadas condenas para el máximo representante del Ministerio Público. Entre ellas, organizaciones ultra como Manos Limpias, HazteOír y Vox. La condena conocida este jueves evidencia la victoria de estos últimos y refrenda la estrategia emprendida por la derecha política y judicial para que el fiscal general fuera llevado al banquillo antes que el propio Alberto González Amador.

La decisión conocida este jueves, que obliga a García Ortiz a abandonar su puesto al frente de la Fiscalía, es el último episodio de un asunto que se remonta a marzo de 2024. elDiario.es desveló entonces que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid había ideado un sistema de facturas falsas y empresas pantalla para engañar a Hacienda tras ganar dos millones de euros por la venta de mascarillas en la pandemia. Desde el primer momento, Ayuso, el PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid trataron de situar a González Amador en el centro de una supuesta confabulación institucional contra la presidenta comandada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y su prensa afín. 

El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, veterano de la guerrilla de la comunicación política, lanzó la manipulación definitiva del caso: el fiscal general había frustrado un posible pacto para arrastrar a González Amador por un largo y tortuoso proceso penal. El fiscal general tomó cartas en el asunto cuando llegó el momento de desmentir el bulo y la estrategia de la derecha política y judicial fue clara y unánime: había que investigar a los investigadores del Ministerio Público. Primero a los subordinados en el Tribunal Superior de Madrid y después al fiscal general en el Supremo. 

Las primeras querellas fueron firmadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y por González Amador. Pero también por la fundación Foro Libertad y Alternativas, vinculada a antiguos altos cargos de PP y Vox. Detrás llegó la alineación habitual de la extrema derecha judicial: Manos Limpias y, con el tiempo, Vox y HazteOír. Todas estas organizaciones se acabaron sentando en los estrados del Supremo durante la vista, aunque no pudieron interrogar al fiscal general, que rechazó responder a sus preguntas.  

En el Gobierno dejaron claro que no comparten la decisión del Supremo, aunque la respetan y acatan. Ya se ha puesto en marcha, de hecho, el proceso para la inevitable sustitución del fiscal general. El presidente Pedro Sánchez evitó mencionar expresamente el fallo, pero aprovechó un acto en el Congreso sobre el intento de golpe de Estado del 23F para lanzar varios mensajes en clave: llamó a proteger la democracia frente a los “abusos de poder” y “a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla”. 

Dos magistradas en minoría

La sentencia despejará algunas dudas clave del caso: si es condenado por filtrar el documento a un medio de comunicación o por ordenar la difusión de datos del caso de González Amador a través de una nota de prensa. Pero fuentes del alto tribunal avanzan que las deliberaciones empezaron antes incluso de que terminara el juicio y que, para cuando quedó visto para sentencia, la mayoría de la Sala ya tenía claro que su decisión era condenar.

La imagen de otros grandes casos volvió a repetirse. Como en los ERE de Andalucía, la amnistía o la condena al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, las progresistas Susana Polo y Ana Ferrer se quedaron en minoría defendiendo la absolución del fiscal general. La ponencia pasó a Andrés Martínez Arrieta, a quien la derecha judicial atribuye una sensibilidad progresista difícil de apoyar en su trayectoria. De hecho, fue recientemente ascendido a la presidencia de la Sala de lo Penal gracias a la presión del sector conservador del actual Consejo General del Poder Judicial. 

El voto de Martínez Arrieta, sumado al de los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela firmó una condena de dos años de inhabilitación, una multa de 7.400 euros y una indemnización de 10.000 euros para la pareja de Ayuso. El fallo fue difundido a toda prisa, explican estas fuentes, para evitar filtraciones como en la sentencia del procés mientras los primeros rumores empezaban a circular. Marchena y Del Moral son fiscales de carrera, al igual que García Ortiz. 

La sentencia completa todavía no ha sido redactada y, por tanto, los argumentos de los jueces para condenar al fiscal general no se conocerán hasta dentro de unos días. El fallo que ha trascendido no acoge las elevadas peticiones de condena formuladas por las acusaciones. La pareja de Ayuso, el Colegio de Abogados de Madrid o Manos Limpias reclamaban una condena de cuatro años de cárcel, mientras que la minoritaria asociación de fiscales Apif elevaba la petición hasta los seis años.

La resolución sí acepta, sin embargo, la solicitud de González Amador de ser indemnizado directamente por el fiscal general y que esa cantidad no sea sufragada por la institución. También obliga a García Ortiz a abonar los honorarios de sus abogados. El fallo anunciado este jueves estampa, por tanto, el sello de la victoria en una acusación incitada por la pareja de Díaz Ayuso, desarrollada por el juez Ángel Hurtado e impulsada por algunas acusaciones vinculadas a la extrema derecha y presentes en otros muchos casos que afectan al presidente del Gobierno y el Ejecutivo. 

La sentencia condenatoria del Supremo también avala la polémica instrucción de Ángel Hurtado, que tuvo que ser corregido varias veces por la Sala de Apelaciones y que llevó al fiscal general a juicio entre acusaciones sin pruebas de actuar siguiendo “indicaciones” de Moncloa. El magistrado envió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Fiscalía y desde ese día nunca abandonó una única línea de investigación: que el fiscal general había filtrado el documento a la prensa. La decisión condenatoria consagra la instrucción de Hurtado y entierra el voto particular con el que Andrés Palomo expresó que no había material suficiente ni para abrir juicio oral contra García Ortiz. 

La condena también supone la primera gran victoria, en la cúspide de la judicatura española, de los actores habituales en las causas que afectan al Ejecutivo o a Pedro Sánchez: Manos Limpias, Vox y HazteOír, aunque los dos últimos se incorporaron al caso poco antes del juicio y en contra de la voluntad de Hurtado. Por delante quedan los futuros juicios contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno con el mismo voltaje político: cualquier fallo desfavorable será trasladado inmediatamente al plano político. En el caso del fiscal general, el fallo es una victoria política inapelable para Díaz Ayuso en su pelea por presentarse como una víctima del Gobierno.

Las consecuencias de la condena de García Ortiz son claras: tendrá que abandonar la cúspide del Ministerio Público y está en el aire si perderá o no su condición de fiscal, la que consiguió en 1999 y que desarrolló en Galicia sin sobresaltos hasta que empezó a moverse por los pasillos del poder de la sede central de la Fiscalía en la calle Fortuny de Madrid. Allí fue recibido por un informe desfavorable del sector conservador del Consejo del Poder Judicial, una noticia falsa y un recurso contra su nombramiento. Y de allí tendrá que salir en los próximos días como el primer fiscal general condenado de la democracia.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado a partir de este lunes en el Tribunal Supremo acusado de filtrar información confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Siete magistrados con mayoría de sensibilidad conservadora determinarán si el máximo responsable del Ministerio Público cometió o no el delito de revelación de secretos que le atribuye el comisionista, una asociación de fiscales y el colegio de abogados de Madrid. La Fiscalía pide su absolución. 

En el estrado se sentarán los cinco magistrados que ya decidieron abrir la causa contra García Ortiz hace un año. Y a ellos les acompañarán otros dos jueces: los más antiguos de la Sala de lo Penal que no han intervenido en el proceso. No participarán los tres magistrados de la Sala de Apelaciones que han resuelto todos los recursos del caso en los últimos meses. Tampoco los dos jueces que avalaron su procesamiento ni el tercer magistrado que, en un voto particular, defendió que debía archivarse el caso. 

Andrés Martínez Arrieta

Es el magistrado más veterano de la Sala de lo Penal y su presidente desde el pasado septiembre. Es considerado de tendencia progresista, aunque fue aupado a ese puesto por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fue fundador de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, autodenominada independiente. Es juez del Supremo desde hace 27 años. Tenía 43 años cuando ascendió y se convirtió en el juez más joven en acceder al alto tribunal. Fue ponente de la sentencia que mantuvo la inhabilitación de Arnaldo Otegi hasta 2021. Instruyó el caso que sentó en el banquillo a los policías que mataron a Santiago Corella, 'El Nani'. 

Susana Polo

Fue la ponente del auto en el que el Supremo acordó abrir una causa al fiscal general del Estado por primera vez en democracia. También será la encargada de redactar la sentencia. Accedió al Supremo en 2018. De tendencia progresista, firmó junto a Ana Ferrer un contundente voto particular contra la sentencia que confirmó la condena por malversación por el fraude de los ERE. También fue autora, junto a Leopoldo Puente, de otro voto particular que criticó la condena a Alberto Rodríguez, entonces parlamentario y dirigente de Unidas Podemos. En su anterior destino en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid instruyó la causa contra el juez Elpidio Silva por filtrar los correos de Blesa. 

Manuel Marchena

Fiscal de carrera en excedencia, es magistrado del Supremo desde 2007. Presidió la Sala de lo Penal entre 2014 y 2024. Fue el presidente del tribunal que juzgó el procés y que emitió la sentencia que se considera el gran hito de su dilatada carrera. No está adscrito a ninguna asociación de jueces, aunque se le atribuye una sensibilidad conservadora. Fue el candidato de consenso entre PSOE y PP para presidir el CGPJ en 2018. Él acabó renunciando después de que el PP pidiera a sus senadores votarlo para “controlar desde atrás” la Sala Segunda del tribunal. 

Juan Ramón Berdugo

Llegó al Supremo en 2004, ascendido por el CGPJ que nombró el PP de la mayoría absoluta de José María Aznar. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria. Fue uno de los jueces que condenaron al cantante César Strawberry a un año de cárcel por sus tuits, una sentencia que después anuló el Tribunal Constitucional. Fue el ponente de la sentencia del Supremo que ratificó la condena al PP por lucrarse con la trama Gürtel. 

Antonio del Moral

Ascendió al Supremo en 2012, cuando Carlos Dívar era presidente del CGPJ. De tendencia conservadora y firmes convicciones religiosas. Fue ponente de la sentencia que condenó a Iñaki Urdangarin. Firmó un voto particular en contra de la sentencia al juez Francisco Serrano, que fue condenado por prevaricación por cambiar el régimen de visitas de un niño para que su padre lo pudiera llevar a una procesión de Semana Santa. Años más tarde, Serrano fue candidato a la presidencia de Andalucía por Vox. Fue ponente de la sentencia que exculpó a la exalcaldesa de Jerez María José García-Pelayo con el argumento de que no sabía lo que firmaba con la Gürtel. 

Ana Ferrer

Se convirtió en 2014 en la primera mujer en acceder a la Sala de lo Penal. Pertenece a Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación progresista. El sector progresista del actual CGPJ la propuso como presidenta del órgano en 2024 y también como presidenta de la Sala de lo Penal, pero en ambos casos fue vetada por el sector de vocales elegidos a iniciativa del PP. Estuvo en el tribunal del procés que condenó por unanimidad a los líderes independentistas por el referéndum del 1O. Fue la instructora del caso Roldán en los juzgados de Plaza de Castilla y presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid. 

Carmen Lamela

Fue nombrada para el Supremo en 2018. De tendencia conservadora. Su destino anterior era la Audiencia Nacional, donde fue la jueza que inició la causa contra el 'procés' catalán y encarceló a 'los Jordis', acusados de sedición. También fue la instructora del llamado caso Altsasua bajo el paraguas de que se trataba de terrorismo, algo que acabó negando la sentencia. Entre sus casos más polémicos está el que afectó a Sandro Rosell, expresidente del Barça. Con el respaldo de la Fiscalía, lo encarceló en prisión preventiva durante casi dos años. La sentencia absolvió a Rosell, que fue declarado inocente. El bloque conservador del actual CGPJ la propuso para presidir el órgano. 

El Tribunal Supremo ha hecho pública la lista de siete magistrados que juzgarán y sentenciarán al fiscal general del Estado por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un tribunal de mayoritaria sensibilidad conservadora y compuesto, sobre todo, por los cinco jueces que hace un año aceptaron abrir la causa contra Álvaro García Ortiz. Los mismos que, por esas fechas, ya tuvieron que tratar con un antecedente del caso y rechazaron imputar a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusada por varias querellas de revelar datos confidenciales del expediente tributario de Alberto González Amador.

La causa que sentará en el banquillo al fiscal general en la segunda quincena de noviembre nació en otro tribunal, el Superior de Madrid (TSJM), en mayo de 2024. Los jueces aceptaron investigar al fiscal Julián Salto y a su superior, Pilar Rodríguez, después de varias denuncias y querellas del propio González Amador y del Colegio de Abogados de Madrid. Pero para entonces más asociaciones y grupos vinculados a la extrema derecha habían intentado, por su cuenta, abrir la vía penal en torno a las informaciones que exponían el fraude fiscal de la pareja de la presidenta regional.

Dos de ellas llegaron al registro del Tribunal Supremo en marzo del año pasado, cuando el foco estaba puesto en otra parte. La asociación Liberum, conocida por su activismo antivacunas en los tribunales, y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, vinculada a antiguos altos cargos de Vox y el PP, se querellaron contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. La razón: horas después de que elDiario.es revelara el caso de González Amador, se había dirigido a los periodistas en los pasillos del Senado para pedir explicaciones a Ayuso por vivir en un piso pagado “con fraude a la Hacienda Pública”.

Las dos querellas en defensa de González Amador acusaban a Montero de haber revelado detalles confidenciales del expediente tributario del empresario, e incluso de haber aprovechado su puesto como ministra de Hacienda para conseguirlos y exponerlos. El Tribunal Supremo, con la firma de cinco de los jueces que sentenciarán ahora a García Ortiz por una acusación similar en origen, rechazó las querellas en dos ocasiones defendiendo que la mayor parte de esa información ya había sido publicada por elDiario.es horas antes y que además, para entonces, la denuncia de la Fiscalía y su expediente tributario “ya habían trascendido a terceros y se habían hecho públicos”.

Este caso, aunque zanjado en dos autos de la Sala y no en sentencias, es considerado un antecedente relevante de cara al juicio que tendrá lugar, previsiblemente, a finales de noviembre en el Supremo. Esos autos fueron firmados un día después de que esos mismos cinco magistrados aceptaran abrir una causa contra el fiscal general. Y son los que formarán parte del tribunal que juzgará a Álvaro García Ortiz en unas semanas.

Los medios “ya tenían la denuncia”

Los textos que ratificaron la inadmisión de las querellas tuvieron las firmas de Susana Polo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y la ponente Carmen Lamela, cinco de los siete magistrados que ahora juzgarán al fiscal general junto con Ana Ferrer y el nuevo presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta. Sus resoluciones abordaban dos debates que se han repetido, a lo largo de meses, en la causa abierta contra el fiscal general del Estado por la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Ayuso.

Las declaraciones de Montero en el Senado, tras la sesión de control al Gobierno, tuvieron lugar pasadas las cinco de la tarde del 12 de marzo de 2024, horas después de que elDiario.es desvelara en exclusiva que la Fiscalía había denunciado al empresario por fraude fiscal tras una larga investigación de la Agencia Tributaria. Según las querellas, Montero apuntó a datos hasta entonces desconocidos: que había hecho fortuna durante la pandemia como comisionista sanitario en operaciones de compraventa de mascarillas.

En este caso, los cinco magistrados de la Sala expusieron que la noticia sobre la denuncia presentada contra González Amador “ya había saltado a los medios de comunicación desde primeras horas de la mañana”, con la publicación de este periódico. Y que esas primeras noticias no tuvieran “referencia expresa” a que el dinero de González Amador pudiera estar relacionado con la venta de mascarillas “no implica que esta circunstancia no fuera ya conocida por los medios, los cuales ya tenían a su disposición la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid”.

Esas primeras noticias, añadió el Supremo, también citaban el informe de la Agencia Tributaria que sustentaba el caso. “Todo ello pone de manifiesto que, cuando la querellada efectuó las manifestaciones, la denuncia de Fiscalía y su contenido, entre el que figuraba el informe de la Agencia Tributaria, ya habían trascendido a terceros y se habían hecho públicos, por lo que ningún dato o información pudo revelar que debieran permanecer secretos”. En un auto posterior para ratificar su rechazo a la imputación de Montero, el mismo tribunal añadió: “El solo hecho de ser Ministra de Hacienda no puede hacer presumir que la querellada se apoderara de tales datos”.

La confesión ya circulaba por las redacciones

El debate en torno al fiscal general y la filtración del correo con la confesión de fraude fiscal de Alberto González Amador gira en torno a dos ejes: si hay pruebas que demuestren que el fiscal general difundió ese email entre la prensa en la noche del 13 de marzo de 2024 y, además, si para cuando él lo recibió esa información ya estaba en poder de más gente, sobre todo medios de comunicación. En el Ministerio Público entienden que estos autos, dictados por la mayor parte del tribunal que va a juzgar a García Ortiz, sientan un precedente relevante.

El fiscal general, representado aquí por la Abogacía del Estado, siempre ha defendido que nunca envió ese correo a la prensa y que su trabajo esa noche era recopilar toda la información del caso para desmentir los bulos que difundían varios medios a instancias de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. La investigación no ha conseguido desvelar ningún contacto de García Ortiz esa noche con ningún periodista ni tampoco que diera ninguna orden para filtrar el documento.

También alega desde el principio que media docena de periodistas ya conocían esas negociaciones horas o incluso días antes de que él, a última hora de la noche del 13 de marzo, obtuviera todos los correos. Se trata de informadores de elDiario.es, El País o La Sexta que han declarado que conocieron esta información por sus propias fuentes y antes de que García Ortiz lo supiera.

Hasta ahora, el juez Ángel Hurtado ha dado por hecho que fue el fiscal general quien hizo llegar esa información a los medios que publicaron el contenido del correo. En su escrito de defensa, García Ortiz replica que es lógico que todo coincidiera en el tiempo: la investigación de los periodistas que buscaban publicar la verdadera sucesión de hechos, y en paralelo la dación de cuentas con la que García Ortiz buscaba recopilar la información y emitir un comunicado al día siguiente.

Ese comunicado fue el comienzo de la causa que ahora sienta en el banquillo a García Ortiz. En un primer momento, las diligencias abiertas en el Tribunal Superior de Madrid que después viajaron al Tribunal Supremo se centraron en ese texto y su elaboración, una línea de investigación que decidió seguir el juez Hurtado. Los cinco magistrados que admitieron a trámite el caso contra García Ortiz y que ahora dirigirán el juicio también dijeron entonces que ese comunicado no era delictivo porque para entonces, la mañana del 14 de marzo de 2024, todos los detalles de las negociaciones y confesiones de Alberto González Amador eran conocidas por todo el mundo.

Un tribunal de siete jueces del Tribunal Supremo con mayoría de sensibilidad conservadora juzgará y sentenciará al fiscal general del Estado. Los cinco magistrados que ya decidieron abrir la causa hace casi un año serán acompañados por los dos más antiguos de la Sala de lo Penal que no han intervenido en el proceso en un juicio por la filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso con la ponencia en manos de la magistrada progresista Susana Polo.

La mayor parte del tribunal, como es habitual en las normas de reparto, está constituido por los cinco magistrados que ya en octubre de 2024 aceptaron la exposición razonada del Tribunal Superior de Madrid y decidieron abrir una causa contra Álvaro García Ortiz. La progresista Susana Polo, que fue ponente de aquel auto, junto con cuatro magistrados de corte conservador: el expresidente Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y la exmagistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Son los mismos cinco magistrados que en octubre del año pasado rechazaron dos querellas contra la vicepresidenta María Jesús Montero por hablar del caso de González Amador en los pasillos del Parlamento.

Los otros dos magistrados son Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer. El primero es el magistrado más veterano de la sala y su nuevo presidente, considerado de tendencia progresista pero candidato apoyado por los conservadores del Consejo del Poder Judicial para hacerle presidente del departamento. Ferrer también es considerada progresista y era la candidata de los vocales progresistas, aunque ella misma se retiró del proceso para facilitar la renovación.

Según las normas de reparto, en este proceso no participarán los tres magistrados de la Sala de Apelaciones que han resuelto todos los recursos del caso en los últimos meses. Ni los dos jueces que avalaron en procesamiento de García Ortiz ni el tercer magistrado que, en un voto particular, defendió que debería archivarse el caso. El juicio contra García Ortiz todavía no tiene fecha aunque fuentes del Tribunal Supremo ubican el comienzo del proceso en la segunda quincena del próximo mes de noviembre.

El fiscal general pide la absolución

El caso contra Álvaro García Ortiz se encuentra pendiente de pocos pasos hasta el comienzo del juicio: que el Supremo establezca una fecha de inicio, la lista de testigos que tendrán que comparecer y, finalmente, resolver los recursos sobre la fianza de 75.000 euros impuesta por Ángel Hurtado. Tanto el fiscal general como la Fiscalía han solicitado la absolución mientras que las acusaciones, entre las que están la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Manos Limpias o la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), piden hasta seis años de prisión para él.

La lista de testigos todavía no ha sido establecida pero la mayor parte de las acusaciones y defensas han solicitado que, además del imputado y la fiscal provincial de Madrid, ahora exonerada y como testigo, declaren el propio González Amador, su abogado Carlos Neira, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, los fiscales que intervinieron en el caso y los periodistas que han declarado durante la fase de instrucción.

En su escrito de defensa presentado esta semana, la Abogacía del Estado reitera que no hay pruebas para condenar a García Ortiz por la filtración del correo en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía que “ciertamente” había defraudado 350.000 euros en plena pandemia. Asegura este escrito que se limitó a recopilar la información del caso para emitir un comunicado ante la “operación perfectamente orquestada” que Isabel Díaz Ayuso y su entorno estaban poniendo en marcha para “desviar el foco” sobre la acusación de fraude fiscal que pesa sobre su pareja.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no contempla dimitir tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir juicio oral contra él por la filtración de un correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso confesaba haber cometido dos delitos fiscales. Fuentes de su entorno explican que la determinación de García Ortiz sigue siendo mantenerse en su puesto y que espera poder probar su inocencia ante el tribunal que lo juzgará próximamente. El jefe del Ministerio Público ha defendido en multitud de ocasiones que “no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general”. 

La decisión del instructor Ángel Hurtado de sentarlo en el banquillo no modifica, por tanto, la posición que mantuvo García Ortiz cuando el magistrado decidió abrir una causa contra él y cuando acordó su procesamiento, que confirmó después la Sala de lo Penal con algunos matices y con uno de los magistrados en contra. 

“Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad”, dijo García Ortiz el pasado viernes en su discurso en el solemne acto de Apertura del Año Judicial y ante la Sala de lo Penal que lo juzgará. 

El fiscal general acudió al Supremo cumpliendo el mandato legal que regula la participación del jefe del Ministerio Público en este acto para dar cuenta de la memoria de la institución. Su intervención, no obstante, tuvo lugar en un ambiente de enorme tensión después de que las asociaciones judiciales y fiscales más conservadoras y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegidos a iniciativa del PP reclamaran que no acudiera. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no estuvo presente en el acto al considerar que la presencia de García Ortiz es una “provocación”.

“Te has instalado en la parrilla de San Lorenzo”. Con esta alusión al santo achicharrado vivo recibió Manuel Marchena a los cuatro fiscales generales para los que trabajó cuando formaba parte del Ministerio Público. Veinte años después de salir de la Fiscalía y convertido, ya como magistrado, en una de las grandes referencias públicas del Derecho penal español, Marchena ha presentado su último libro ante la cúpula judicial española sin aceptar preguntas y con varias recomendaciones: no es el momento de entregar las investigaciones a la Fiscalía por los “vientos de desconfianza” que soplan contra ella, hay que recortar los aforamientos y confiar en el actual Consejo General del Poder Judicial. La acusación popular, ha apostillado el magistrado, “puede estar demostrando” que el monopolio de la Fiscalía “puede conducir a la impunidad”.

El expresidente de la Sala de lo Penal del Supremo ha comparecido en el Círculo de Bellas Artes acompañado del escritor Lorenzo Silva y ante un centenar de personas para presentar “La justicia AMENAZADA” (Espasa, 2025). El libro en el que trata temas técnicos como el jurado popular, la ejecución de las condenas o la llegada de la inteligencia artifical. Pero también otros de actualidad aunque sin pisar los charcos: la situación de la Fiscalía con el fiscal general imputado en el Supremo, la politización del Consejo del Poder Judicial o la proliferación de procesos judiciales impulsados por acusaciones de corte extremista.

Su alusión a la “parrilla de San Lorenzo” en la que arden los fiscales generales ha precedido a su opinión sobre el estado actual del Ministerio Fiscal –recibida con risas en el público en su primera mención– y la posibilidad de que las investigaciones penales dejen de estar en manos de los jueces y pasen a manos de los fiscales. “Es un modelo que está en toda Europa”, ha dicho antes de reconocer que, según su opinión, no es el momento en España para esta reforma: “Ahora, en estos términos, cuando los vientos que soplan son de desconfianza hacia el Poder Judicial, hacia el Ministerio Fiscal, me da la impresión de que no es el momento para plantearse una reforma”.

La solución para el magistrado: “Una reforma que tendría que ser pactada con todas las fuerzas políticas y que se eliminaran las suspicacias que se pueden plantear”. Suspicacias que ha desarrollado más adelante cuando ha llegado el turno de hablar de la acusación popular. Como dice en el libro y como lleva diciendo más de una década, entiende que en España existe un uso “patológico” de esta institución, apuntando sobre todo a partidos políticos y sindicatos. Pero veladamente ha explicado que la reforma que propone el PSOE tampoco es correcta al subyugar la acusación popular a la Fiscalía.

Las afirmaciones y el libro del magistrado llegan en un momento de especial bullicio para las acusaciones populares profesionalizadas: querellas y escritos de Manos Limpias, Vox, HazteOir o Abogados Cristianos impulsan las causas de máxima relevancia política como las diligencias contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno o el caso en el que permanece imputado el propio fiscal general. Según Marchena, poner a la acusación popular un escalón por debajo de la Fiscalía no es permisible: “El monopolio del Ministerio Fiscal puede conducir a la impunidad y la historia lo demuestra y lo puede estar demostrando”.

Marchena no quiere ser juzgado en Ávila

La cuarta planta del Círculo de Bellas Artes de Madrid se ha abarrotado de juristas, algunos políticos, periodistas e incluso hosteleros de máximo nivel para escuchar a Marchena. Desde compañeros del Tribunal Supremo hasta representantes del Constitucional, vocales del CGPJ, magistrados de la Audiencia Nacional y antiguos miembros de todos los estamentos de la judicatura. Todos han escuchado cómo Marchena ha dado su bendición a Isabel Perelló como “excepción” dentro de un órgano que su libro define como “politizado”, delante de algunos de los presidentes de su época más convulsa: Carlos Lesmes y Vicente Guilarte.

“Hay motivos para la esperanza con el actual CGPJ después de esa parálisis que hizo mucho daño y que también presentó una amenaza”, ha dicho aludiendo a su “amiga” Isabel Perelló, que, según ha explicado, no fue “impuesta” a los vocales por ningún partido político. “Poco a poco”, dice, se van desatascando los nombramientos mientras las dos mitades del CGPJ son incapaces de acercar posturas sobre quién le sucederá al frente de la Sala de lo Penal del Supremo. La invitación de Lorenzo Silva a hacer “autocrítica” sobre los jueces no ha obtenido respuesta.

En conversación con el escritor y sin aceptar preguntas, Marchena ha explorado otros capítulos de su libro, como por ejemplo los aforamientos, que apuesta por adelgazar de forma drástica. “Se nos ha ido la mano con los aforamientos, estoy seguro, desprende un aroma de privilegio”, ha dicho. Diputados, senadores y miembros del Gobierno deberían mantenerlos, dice, junto con los magistrados. Para que un juez del Supremo no pueda ser juzgado por un magistrado inferior en rango. Por ejemplo, ha dicho, por un juez de Piedrahita, partido judicial de un único juzgado que da servicio a 64 municipios en la provincia de Ávila.

“Si pudiera dejar mañana el Derecho por la literatura, lo haría”, ha dicho Marchena mirando con envidia a Lorenzo Silva, que ejerció la abogacía durante 12 años antes de dedicarse a la escritura. El autor, conocido por su profusa obra de novela policíaca, ha mencionado “la tentación de oscurecer lo que hacemos”, en alusión a la tendencia de los juristas a mantener su negociado lejos de los focos y del lenguaje comprensible para la ciudadanía.

El libro que Manuel Marchena presentará en los próximos días no es, ni de lejos, su primera publicación. Pero La justicia AMENAZADA (Espasa, 2025) es el primer libro en el que el magistrado del Tribunal Supremo se aleja del manual de derecho penal y se acerca, manteniendo una distancia prudencial, al comentario de la actualidad: aborda la desconfianza que le inspira la cúpula de la Fiscalía, lamenta la “politización” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recuerda que el PP alardeó internamente de poder llegar a “controlar” el Supremo. El libro, recibido con entusiasmo por los juristas, omite algunos detalles al lector: que él mismo fue cargo de confianza de varios fiscales generales durante 12 años, que fue aupado al Supremo por el CGPJ y que él era la llave de la que presumía el Partido Popular para manejar “desde atrás” el tribunal que una vez aspiró a presidir.

El criterio de Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) se ha convertido en uno de los faros penales de la judicatura española sin mucho margen para disentir. Desde la jurisprudencia que dejan sus sentencias hasta sus intervenciones públicas sin olvidar cómo llevó la batuta del juicio al procés, todo lo que firma el expresidente de la Sala de lo Penal del Supremo queda automáticamente colgado en el hall de la fama judicial con marco de oro. El único magistrado elevado a la categoría de “juez estrella” sin la carga peyorativa del término.

En La justicia AMENAZADA, que presentará en unos días junto a Lorenzo Silva sin aceptar preguntas en directo, el magistrado no renuncia a abordar la dificultad judicial que supone delimitar los delitos de odio, los desafíos y ventajas de la inteligencia artificial como “complemento” en los tribunales o la necesidad de impulsar la lucha contra la violencia machista más allá de los juzgados. Pero el título y la imagen de portada –tres jueces encadenados bajo un “AMENAZADA” en mayúscula– revelan cuáles son los capítulos del libro en los que Manuel Marchena sale de la zona de confort habitual de los jueces.

“¿De quién depende el fiscal? Pues ya está...”. El título del primer capítulo es una adaptación de la frase que pronunció Pedro Sánchez en 2019, cuando su prioridad era conseguir que Carles Puigdemont se sentara en el banquillo, dando a entender que la Fiscalía seguía indicaciones del Gobierno para conseguirlo. La adaptación que hace Marchena introduce un cambio sutil: Sánchez habló de “la Fiscalía”. El libro, sin embargo, habla de “el fiscal”. El pistoletazo de salida a 33 páginas de dardos, algunos más obvios que otros, en dirección Moncloa y dirección Fortuny, sede de la fiscalía general.

Marchena se cuida mucho de opinar sobre casos concretos. Menciona de pasada el proceso judicial que lleva su sala contra el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero deja claro lo que piensa del Ministerio Fiscal, su cúpula y funcionamiento actual: casi todos los dirigentes políticos, concede, han entendido que la Fiscalía es un “órgano subordinado”. Además, el magistrado alerta del peligro de que se convierta en un “entusiasta asesor jurídico del Gobierno” y, sin ensuciarse la toga con nombres y apellidos, critica ascensos de fiscales sin “trayectoria profesional”. Y denuncia que esta “politización” de la Fiscalía afecta, como mucho, a “una docena” de casos, los más importantes y mediáticos, pero no al resto. La “prueba de fuego”.

El expresidente de la Sala de lo Penal no da nombres, no cita ejemplos y evita, en la práctica, futuras recusaciones o cuestionamientos sobre su imparcialidad. Tampoco aporta contexto al lector sobre su propia trayectoria dentro de la Fiscalía, en la que entró en 1985 y en la que trabajó durante casi dos décadas antes de saltar a la judicatura y el Tribunal Supremo. Pero sabe cómo funciona la alta fontanería del Ministerio Fiscal porque trabajó en ella entre 1992 y 2004: desde su entrada en la secretaría técnica hasta su nombramiento como jefe de este departamento, considerado el despacho más cercano al fiscal general.

Entró en la secretaría técnica en 1992 cuando Eligio Hernández era fiscal general bajo el Gobierno de Felipe González, y se afianzó en la jefatura de este departamento con Jesús Cardenal durante las legislaturas de José María Aznar y el PP. Dejó la Fiscalía pocos meses después de la victoria electoral del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y la llegada de Cándido Conde-Pumpido a la fiscalía general, su compañero de sala y némesis sobrevenido en el imaginario judicial actual. No explica en el libro si las amenazas a la justicia a través de la Fiscalía tuvieron lugar cuando él pasó una década en la sala de máquinas del Ministerio Público. En el mismo puesto que, por ejemplo, ocupó posteriormente Álvaro García Ortiz.

El 'wasap' de Cosidó

El capítulo con más carga de profundidad de La justicia AMENAZADA es el último: el que aborda la situación pasada, presente y futura del Consejo General del Poder Judicial. Los años recientes de bloqueo –repartiendo culpas entre los partidos aunque la prueba de paternidad del bloqueo apunte explícitamente al PP– pero su estructura y sus sistemas de elección le llevan a afirmar de forma contundente que, sin duda, es un organismo “politizado”. Hay una “tentación histórica” del poder político, afirma, por controlar el Poder Judicial. Y en un párrafo despacha la evidencia más notoria de todo lo que cuenta sobre esto: cómo el PP presumía internamente en 2018 de ir a controlar la Sala de lo Penal del Supremo “desde atrás” porque el candidato a presidir el CGPJ era de su agrado.

“Esta perniciosa práctica encuentra el mejor ejemplo en un mensaje de WhatsApp en el que un portavoz parlamentario se ufanaba del control político que iba a permitir la designación de quien por aquellas fechas aparecía como el candidato con más probabilidades de asumir la presidencia del CGPJ”, relata Marchena. La hemeroteca completa los huecos que faltan por rellenar en su relato: el portavoz parlamentario y autor del mensaje era Ignacio Cosidó, el grupo parlamentario en cuestión era el del Partido Popular en el Senado y el candidato del que presumía era él mismo. Manuel Marchena.

El magistrado relata con precisión cómo se desarrollan las negociaciones entre bloques, una vez renovados los vocales del Consejo, para nombrar un nuevo presidente. El nombre, por lo general, viene impuesto y se “airea” en la prensa antes del debate, en el que a veces los vocales reciben mensajes en directo con indicaciones sobre a quién votar, relata. Tampoco explica qué fue lo que estuvo a punto de pasar en su caso: su nombre se filtró como el candidato de consenso a presidir el CGPJ en la renovación de 2018, la publicación de los mensajes de Cosidó achicharró su candidatura y él mismo emitió un comunicado para renunciar a ser nombrado.

El doble filo por excelencia en la carrera del magistrado: encumbrado por negarse a ser el juguete de los políticos, cuestionado por ser considerado por el PP como una herramienta de injerencia judicial. Destacado por su crítica al funcionamiento de un CGPJ que funcionaba igual cuando le eligió para ser magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo por un acuerdo entre conservadores y progresistas. También cuando le nombró presidente de la Sala de lo Penal en dos ocasiones, la primera con 12 de los 20 apoyos disponibles. La única “honrosa excepción”, concede, es el nombramiento de Isabel Perelló como actual presidenta del CGPJ.

Los “sumarios globo” y las “querellas catalanas”

El Supremo y su Sala de lo Penal llevan años estudiando las denuncias y querellas que se presentan contra aforados: ministros, diputados, senadores, algunos jueces y fiscales, entre otros. Muchas contra él mismo. Y ha sido en los últimos meses, tal y como ha relatado elDiario.es, cuando la paciencia del tribunal se ha agotado y ha empezado a dictar autos de inadmisión denunciando que los profesionales de la acusación popular buscan instrumentalizar al Tribunal Supremo para criminalizar, en la práctica, “el sistema político”.

El libro de Marchena, miembro de esa sala y autor de varios de esos autos, añade pimienta a estas resoluciones. Habla de un “uso patológico” de la acusación popular, defiende –como lleva haciendo verbalmente y por escrito los últimos 10 años– que los partidos políticos no deberían poder acusar a sus rivales ante un juez, y revela que en la magistratura hay incluso nombres para designar casos e iniciativas judiciales dudosas. Una macrocausa con muchas detenciones, informes e imputados puede considerarse un “sumario globo” destinado a desinflarse. Una “querella catalana” es la que se interpone para que alguien acepte un trato con tal de no exponerse al banquillo.

Una vez más, el magistrado no pone nombres y apellidos a lo que denuncia, pero el Supremo lleva años diciéndolo, como cuando el PSOE quiso ser acusación popular contra Rita Barberá o cuando Vox encabezó la acusación popular del procés. Su opinión sobre esto no es ningún misterio para nadie, aunque en su libro diga sin decir. En el juicio del procés, los magistrados llegaron a mofarse con el micrófono abierto de algunas testificales propuestas por Vox. Los sindicatos, explica, también tendrían que tener vetada esta posibilidad.

Marchena entiende que la reforma que plantea el PSOE no es el camino para limitar una acusación popular que, en cualquier caso, hay que limitar, exigiendo al menos que quien la ejerza tenga algo que ver con el pleito. La realidad del día a día del Supremo, con más causas abiertas contra aforados que nunca, refleja que Marchena tiene los ejemplos cerca: Manos Limpias, HazteOir, el PP, Vox y un carnaval de acusaciones de corte ultraderechista han convertido el Supremo, desde hace años, en su gran escaparate público con la complicidad de los medios de comunicación.

“Denunciar es gratis”, recuerda sobre la fórmula preferida de Manos Limpias para evitar el gasto de una querella, tal como hicieron los de Miguel Bernad con la esposa y el hermano de Pedro Sánchez, entre otros ejemplos. Lanzar una moneda al aire con una denuncia basada en recortes de prensa.

Mensajes y propuestas de Marchena

El libro tiene mensajes para quien quiera entenderlos, aunque muy lejos de ser explícitos y se está promocionando a través de entrevistas con cuestionarios que no admiten repreguntas, motivo por el que elDiario.es ha renunciado a entrevistar al magistrado.

Rebate, una década después, a Carlos Lesmes, cuando afirmó que la Justicia española está hecha para perseguir a un ladrón de gallinas pero no a uno de guante blanco. Especula con la posibilidad de que, en un momento dado, los partidos políticos puedan dejar de conceder suplicatorios al Supremo para evitar el juicio a sus militantes. Y lamenta filtraciones como las que se producen en la Sala de lo Penal.

Marchena tiene propuestas para muchas cosas que considera manifiestamente mejorables en la Justicia, aunque pocas afectan al trabajo de los jueces como tal. Ser más exigentes, por ejemplo, con los ciudadanos que forman parte de un jurado popular, pidiendo una “preparación elemental” para ser “jueces por un día”. Poner en marcha una “inaplazable modificación del sistema” para que los jueces que firman una condena tengan más presencia en su ejecución. Eliminar los aforamientos “prescindibles”, entre los que no están los de jueces y fiscales. Y una propuesta clara para evitar un nuevo bloqueo para renovar el CGPJ: dar más peso al Congreso y el Senado y que el mandato de los vocales termine, de forma irrevocable, a los cinco años de tomar posesión.

El magistrado y exfiscal inaugura con un libro su nueva etapa en el Tribunal Supremo, la cara más visible de la Sala de lo Penal pero sin ser su presidente, un puesto para el que los bloques del CGPJ no han encontrado, por ahora, sustituto o sustituta de consenso. En un momento de gran actividad instructora en el Supremo, está previsto que Marchena forme parte de los tribunales que puedan llegar a juzgar algunos de los casos actualmente bajo investigación, entre ellos el del fiscal general del Estado y el correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.