Si hablamos de Impunidad y de corporativismo, hablamos de jueces y de un sistema diseñado para que rara vez se pague por los excesos. Todo a cuenta del bochornoso espectáculo ofrecido por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dividido ante la propuesta de archivar las denuncias contra Juan Carlos Peinado, el polémico instructor del caso Begoña Gómez. Sepan que el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, ha propuesto dar “carpetazo” y archivar todas las quejas mientras que el órgano de gobierno de los jueces prefiere aplazar la decisión definitiva ante la falta de consenso interno.

Las cinco diligencias analizadas por el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, tienen diferentes orígenes, pero la que mayor escándalo ha generado fue motivada por un auto del propio Peinado en el que retiró el pasaporte a Begoña Gómez y sugirió que los escoltas de la esposa del presidente podrían, por iniciativa propia o siguiendo órdenes, “colaborar” en una hipotética fuga del país. Esta afirmación provocó protestas formales tanto del Ministerio del Interior como del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, interpuso también reclamación contra el juez por la forma en que el magistrado condujo su declaración como testigo en el complejo de La Moncloa. Más Madrid, diputados del PSOE, un particular y la asesora de Gómez cierran la lista de denuncias contra la discutible labor del togado.

El debate abierto en la Comisión Permanente del Consejo proyecta, además de la habitual fractura de un órgano que hace poco y del que se espera aún menos, un sistema diseñado para que sean contados los casos en los que los jueces asuman las consecuencias de sus desmanes. Y aun así el órgano de gobierno acaba de reformar, según hemos sabido por el periodista Pedro Jiménez de la Cadena SER, el reglamento que permite interponer denuncias contra las actuaciones judiciales para que solo sean las partes vinculadas a un procedimiento las que puedan activar una queja. Particulares o asociaciones ya no podrán elevar denuncias con este nuevo modelo y tampoco se permitirán denuncias anónimas o escritos que persigan revisar decisiones judiciales.

El caso es que el sector conservador del Consejo se ha alineado con la propuesta de archivo del promotor de la acción disciplinaria, tras argumentar que cualquier expresión desafortunada o controvertida incluida en un auto debe corregirse únicamente mediante la vía penal o de recursos ordinarios ante la Audiencia Provincial de Madrid (órgano que, por cierto, ya anuló la retirada del pasaporte por considerarla injustificada). Por su parte, el sector progresista rechaza el archivo directo y quiere que se investigue si el juez Peinado incurrió en una falta grave de consideración o en un exceso o abuso de autoridad (recogido en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

La falta de resolución inmediata añade una presión añadida, ya que el juez Juan Carlos Peinado tiene fijada su jubilación obligatoria el próximo septiembre, por lo que los plazos de tramitación del CGPJ siempre lentos e ineficaces resultan determinantes. Y es que si el proceso se dilata en exceso sin abrirse un expediente formal con propuesta de sanción, cualquier medida quedaría sin efecto una vez que el magistrado deje de estar en activo. Peinado se irá a su casa y pasará a los anales de la judicatura sin tacha del Consejo, pese a haber protagonizado no pocas actuaciones discutibles y haber sido objeto de casi una veintena de correcciones a su instrucción por instancias superiores.

Juan Carlos Peinado, sin embargo, no es una excepción. En 2017 —el último año del que existen cifras oficiales—, de 9.679 quejas ciudadanas contra jueces, solo 567 merecieron la atención del Promotor de la Acción Disciplinaria, y de esas 567, apenas 21 se convirtieron en expediente. Es decir, que cuando un ciudadano eleva una queja contra un juez tiene algo así como un 0,2% de probabilidades de que su denuncia termine en algo parecido a una investigación formal.

El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, cifró en febrero de este año en un 0,19% el porcentaje de sanciones impuestas a jueces por decisiones ajenas a su poder jurisdiccional, y habló incluso de “corporativismo malentendido” dentro del órgano de gobierno de los jueces. Eso sí distinguió entre la parte jurisdiccional, la “que tiene que ver directamente con el Estado de derecho” y que, en su opinión, “funciona” y lo que es ajeno a ese rol, que son los casos que resuelve el Consejo General del Poder Judicial. “El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General de Poder Judicial, en ocasiones, actúa con un corporativismo malentendido”, afirmó el también ministro de la Presidencia en la Forbes House de Madrid.

Entre preservar el buen nombre de la justicia y la protección al juez que haya podido cometer una irregularidad, el Consejo siempre elige lo segundo. Y es en ese marco en el que hay que leer el embarazoso espectáculo que estos días vive la Comisión Permanente del CGPJ con el caso Peinado: cinco quejas, un año de idas y venidas, un promotor de la acción disciplinaria que propone archivarlo todo, una Comisión Permanente dividida en bloques, y un magistrado que instruye la causa más mediática del país como si nada de ello le concerniera.

¿Justicia o política? Juzguen ustedes, pero basta con detenerse en el funcionamiento del sistema, para sospechar que el diseño institucional favorece el archivo antes que la sanción. Cuando un ciudadano se queja de un juez, su reclamación pasa primero por la Unidad de Atención Ciudadana, que en la inmensa mayoría de los casos se limita a tramitar la queja como una incidencia administrativa —un retraso, una demora, una disfunción— sin relevancia disciplinaria alguna. Solo una minoría de las que se registran llega al promotor de la acción disciplinaria, el único que tiene capacidad para convertir una queja en un expediente con consecuencias. Y resulta que ese promotor —el mismo cargo, ocupado por la misma persona desde 2017— es quien decide, caso por caso, si abre diligencias, si las archiva o si las convierte en la apertura de un expediente. Pero su criterio, se apoya casi siempre en el mismo argumento: que el contenido de una resolución judicial pertenece al “núcleo jurisdiccional” y que revisarlo equivaldría a una injerencia en la independencia judicial, lo que permite archivar casi todo lo que un juez diga o escriba mientras lo haga dentro de un auto o una sentencia.

Bajo la apariencia de control ciudadano se esconde, pues, de facto una evidente autoprotección corporativa o una casta que se juzga a sí misma, como demuestran los datos, ya que según las memorias del CGPJ, entre julio de 2014 y diciembre de 2020, España impuso una media de apenas 19 sanciones disciplinarias al año a un cuerpo con más de 5.000 jueces y magistrados en activo. La mitad de esas sanciones fueron multas económicas y medidas más simbólicas que disuasorias, como ocurrió con el caso del juez Manuel Ruiz de Lara, expedientado en 2024 por llamar en redes sociales “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno y “siervo mentiroso patológico” al ministro de Justicia. ¿Las consecuencias? El expediente acabó archivado, pese a la evidencia de que ese corporativismo malentendido del que hablaba Bolaños tolera comportamientos que, en cualquier otra profesión habrían costado el puesto.

Y todo porque el artículo 117 de la Constitución proclama que los jueces están “sometidos únicamente al imperio de la ley” y la carrera entiende que el precepto es la garantía de que ningún ciudadano, ningún ministro o ningún Gobierno pueda torcer una resolución judicial. Un argumento que, en ocasiones, se convierte en coartada cuando lo que hay detrás no es una discrepancia jurídica, sino un comportamiento abusivo.

Así que lo que se dirime estos días no solo es la suerte de un juez polémico como Peinado, sino que reabre el debate sobre dónde termina la independencia judicial y dónde empieza la exigencia de responsabilidad disciplinaria a un magistrado en el ejercicio de su función jurisdiccional. Y también sobre si el Consejo debe actuar de oficio ante declaraciones polémicas incluidas en una resolución o, por el contrario, debe esperar a que un tribunal superior las revise por la vía de los recursos.

Lo que parece a todas luces es que la línea entre lo que es jurisdicción y lo que es mala conducta disfrazada de auto judicial es muy delgada y que quien la traza es un promotor que tiene todos los incentivos corporativos para delinear siempre del mismo lado. Un último dato: en 2024, a 31 de diciembre, se habían abierto más de 10.000 diligencias, pero el CGPJ solo ejecutó 18 sanciones. Y, luego, se preguntarán sobre el porqué de su descrédito.

Ella misma se encargaba de repartir pequeños pasquines en los parabrisas de los vehículos estacionados en el centro de Lugo para anunciar sus servicios: “Tarotista y vidente con gran experiencia echa las cartas del tarot en persona”. Cobraba 20 euros por sesión. Cuando su segunda ocupación trascendió la prensa pronto la etiquetó como “la jueza del tarot”. Esa doble condición, la de jueza encargada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Lugo y la mística de vidente y visionaria le acarrearon a María Jesús García (así se llama) una suspensión de un año para ejercer la judicatura. Ahora, el Supremo levanta la sanción, argumentando que la infracción ya no está en plazo para ser penalizada.

El Tribunal Supremo ha anulado la suspensión disciplinaria de 12 meses impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la llamada 'jueza del tarot' durante su etapa como titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de A Coruña al considerar que la infracción ya había prescrito. En una sentencia fechada a 8 de julio, el Supremo recuerda que la Comisión Disciplinaria del CGPJ consideró probado que la actividad de la magistrada durante su desempeño profesional en este órgano quedó por debajo de los indicadores fijados como criterio técnico, por lo que fue suspendida 12 meses.

Ahora, el Supremo estima el recurso contencioso-administrativo de la jueza, declarando la prescripción de la infracción muy grave, por lo que anula y deja sin efecto la suspensión, incluida la improcedencia de la pérdida del destino. Se da la casualidad que la jueza ya había sido expedientada en su etapa como titular del juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo por anunciarse como tarotista y vidente y llevar a cabo estas prácticas al ser “actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado”.

Llamada de atención de la Comisión Europea a España por los casos de corrupción y la independencia del poder judicial. En el informe anual que elabora la institución europea sobre el Estado de Derecho, que va a ser presentado este viernes, se reprende al Gobierno de Pedro Sánchez por los limitados avances en la lucha contra la corrupción, según ha adelantado Politico.

Para Bruselas, el proyecto de Ley de Integridad Pública y el Plan Estatal contra la Corrupción no han tenido una aplicación eficaz y se le pide al Ejecutivo que haga un esfuerzo por la implementación de medidas para reducir los casos de corrupción. En este sentido se recuerda que es necesario la creación de un organismo supervisor independiente con competencias efectivas de investigación y sanción.

Hace un mes, El Tribunal Supremo condenó a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama.

El informe sobre el Estado de Derecho hace una llamada especial para el endurecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y de los requisitos de declaración de bienes de los altos cargos públicos.

El análisis de la Comisión Europea llega la misma semana en la que un tribunal ha condenado al hermano del presidente Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses o cuando la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado avalar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que el caso abierto en 2024 contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, siga por el procedimiento de jurado popular para determinar si es culpable de tráfico de influencias y malversación.

Tanto el presidente del Gobierno como varios ministros han comentado que los procedimientos judiciales en torno a los familiares de Pedro Sánchez tienen más que ver con motivaciones políticas y actuaciones de lawfare (utilización de la justicia con fines políticos) por parte de los jueces.

Además, Bruselas respalda, como ha hecho la Comisión de Venecia (órgano consultivo independiente del Consejo de Europa), que la elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial sea por parte de los jueces, sin pasar por el Parlamento.

Respecto a la independencia judicial, el informe destaca como positivo el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga al fiscal la instrucción de los delitos tal y como ocurre en la mayoría de países europeos, y la limitación de la acción popular, restringiendo los delitos que pueda ejercer esta acusación, aunque esta norma sigue en la Cámara Baja sin posibilidad de aprobarse.

En el informe también señala que el proyecto de ley destinado a aumentar la transparencia de las actividades de lobby sigue sin ser aprobado por el Congreso y que, consecuentemente, no hay avances en en la reforma de la regulación de los grupos de presión en España. La Comisión Europea ya había pedido a España que era urgente la creación de un registro público de carácter obligatorio para los lobistas.

Los tribunales ya no son ese el lugar donde se imparte justicia, sino la plaza en la que se libra la verdadera batalla política y donde las derechas se han propuesto cercar al presidente del Gobierno. Primero fue el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos nunca probado, después el hermano por ser cooperador de otro de prevaricación y, ahora, van a por Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos… Ya saben que cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid han decidido este jueves que la esposa de Pedro Sánchez debe sentarse en el banquillo frente a un jurado popular, avalando así el dictado del controvertido juez Peinado.

La progresión de los casos, a modo de guion, ha sido anticipada por las derechas política, mediática, policial y judicial desde hace meses. En las televisiones, en las radios y en todos los mentideros madrileños, antes incluso de que los jueces redactaran autos, abrieran diligencias o firmaran sentencias sobre el fiscal, sobre el hermano de Sánchez y sobre Gómez. Nadie puede extrañarse de que haya sospechas sobre la coincidencia del calendario judicial y la existencia de un plan preconcebido y tampoco de que existan dudas sobre si el ardid tendrá o no un efecto boomerang contra un Feijóo que hiperventila con cada decisión judicial, pero no logra sumar un voto más a su granero electoral. Al contrario, los pierde a chorros en beneficio de Vox.

Es un hecho, y no una conjetura, que la sentencia contra el ex fiscal general del Estado careció de la solidez probatoria que merecía un caso de tanta trascendencia y que se construyó sobre una hipótesis, como demuestra que el tribunal acuñara un nuevo sujeto penal -el entorno del acusado- para condenarlo por un delito de revelación de secretos.

Es un hecho, y no una conjetura, que al hermano de Sánchez se le acusó de fraude fiscal, de enriquecimiento ilícito y hasta de tráfico de influencias y que, al final, ha sido condenado por ser “cooperador necesario” para un delito de prevaricación cometido supuestamente por otros -técnicos de la Diputación de Badajoz- para cambiar la nomenclatura de un cargo del que fue beneficiario cuando Pedro Sánchez no era ni diputado, ni secretario general del PSOE, ni presidente del Gobierno. Lo que viene a decir la sentencia es que alguien hizo algo para beneficiar a alguien, pero no se ha probado ni el qué, ni el quién ni el cómo, pero, sin embargo, hay un policía que, sin acreditar conocimientos de Derecho Administrativo, está seguro de que se cometió una ilegalidad en la creación de una plaza de libre designación.

Es un hecho también, y no una conjetura, que la instrucción de Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez ha sido corregida repetidamente por su superior jerárquico, que anuló en el pasado por “falta manifiesta de motivación” un primer intento de enviar la causa a un tribunal con jurado popular.

Es también un hecho, y no una conjetura, que la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa por entender que los hechos no eran constitutivos de delito.

Es un hecho, y no una conjetura, que la defensa ha calificado la instrucción de “prospectiva” al argüir que se investiga a la esposa del presidente por ser quién es y no por haber cometido ningún delito.

Es un hecho, y no una conjetura, que no se puede descartar de entrada la existencia de un delito porque la investigada sea la esposa del presidente, pero tampoco lo contrario, esto es dar por probada su culpabilidad por el mismo motivo, si bien este escenario se ha dado por descontado por sesudos analistas antes de que Gómez se siente en el banquillo.

Es un hecho, y no una conjetura, que las instrucciones del juez Peinado son discutidas y, que cuantas veces la Audiencia de Madrid le ha enmendado en el caso de Begoña Gómez no se ha dado por aludido.

Y es un hecho, no una conjetura, que una parte de la alta judicatura española está más pendiente de sus cuitas internas, de satisfacer intereses partidistas y de postularse ante un eventual cambio de gobierno que de impartir justicia y aplicar el derecho.

La decisión de la Audiencia Provincial de avalar la decisión de Peinado para que Gómez sea juzgada por un tribunal popular no es menor. De hecho, importa más de lo que parece porque la Ley del Tribunal del Jurado no es un simple trámite, ya que implica un tipo de enjuiciamiento distinto, con sus propias reglas de veredicto. Su aplicación exige además que el instructor motive con especial rigor por qué los hechos encajan en los delitos que la ley reserva a ese procedimiento, y que la propia Audiencia de Madrid haya tenido que recordárselo dos veces al mismo juez no habla bien de la instrucción, al margen de que Gómez sea finalmente declarada culpable o inocente.

El 92% de las sentencias dictadas por jurados populares en España son condenatorias, según los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial. Y, aunque sea una cifra que no prejuzga nada sobre este caso concreto, explica perfectamente por qué la decisión que ha adoptado la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid tiene más trascendencia de la que se le otorga.

Y es que España vive un momento en el que cada resolución judicial que afecta al círculo más próximo del presidente del Gobierno se interpreta, casi instantáneamente, como una pieza de ajedrez en una partida que nada tiene que ver con el derecho y todo con la forma en que se hace política… y periodismo.

Cuando la Audiencia de Badajoz sostiene en una sentencia que “el tribunal no puede, sino conjeturar” para explicar por qué condenaba a David Sánchez por prevaricación, pero lo absolvía del delito de tráfico de influencias situaba el debate en algo nuclear para un proceso penal, que es dónde está la frontera entre la prueba y la inferencia y si, cuando esa línea se cruza, podemos hablar de justicia.

Los tres casos que han dominado la actualidad judicial de los últimos tiempos son, en el fondo, tres ejercicios distintos de ese difuso límite. En el del ex fiscal general, el Tribunal Supremo tuvo que reconstruir, sin una confesión ni una grabación o documento de la orden concreta, quién filtró un correo electrónico a la prensa y los mismos indicios, examinados por distintos juristas, produjeron dos lecturas opuestas sobre si constituían prueba o solo sospecha.

En el de David Sánchez, los propios magistrados reconocieron que solo podían “conjeturar” sobre si los creadores de la plaza buscaron o no congraciarse con Pedro Sánchez, y que esa especulación, por plausible que pareciera, no alcanzaba el estándar probatorio necesario para condenar a su hermano por tráfico de influencias.

Y el caso de Begoña Gómez, todavía pendiente de juzgar, es en el fondo una discusión sobre si se ha llegado a construir toda la causa únicamente con indicios y una narrativa político-periodística tan falaz como eficaz, pero sin una sola prueba. De eso hablamos. De un país que, como dice Feijóo, está siendo “agredida por altas instituciones”, pero no precisamente por las que pretende apuntar el aspirante a presidente.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a Andrés Arrieta, actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como Magistrado competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución Española. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se debe a que el anterior responsable del puesto, Pablo Lucas, se ha jubilado “forzosamente” y a que Arrieta era ya el sustituto del mismo. Él compaginará sus distintas responsabilidades hasta su jubilación, prevista en abril.

El magistrado encargado del CNI es quien debe autorizar judicialmente escuchas o espionajes, si bien después el contenido de lo recogido queda en manos de la oficina de inteligencia, que no tiene la obligación de explicar sus resultados a este juez. El Poder Judicial nombra como sustituto de Arrieta, para casos de vacancia, ausencia o enfermedad, a Eduardo Calvo Rojas, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Según ha podido saber elDiario.es de fuentes jurídicas, el nombramiento fue propuesto por la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y votaron en contra los vocales progresistas Ángel Arozamena e Inés Herrero.

Arrieta fue nombrado magistrado de la Sala Segunda del Supremo en 1998, con 43 años, convirtiéndose en el juez más joven en acceder al alto tribunal. En los últimos meses ha sido especialmente conocido por haber presidido los tribunales que condenaron al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de la confesión de la pareja de Ayuso y, más recientemente, el que condenó a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el marco del caso Mascarillas. Además, ha formado parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas de Gürtel y del que le absolvió por investigar las fosas del franquismo.

“Si Feijóo no existiera habría que inventarlo” es la frase que más se escuchaba esta semana entre ministros y dirigentes del PSOE. No en vano, el líder del PP ha encadenado una polémica sobre la llamada ley de nietos, otra sobre el absentismo laboral, un tropiezo parlamentario en materia de dependencia y la sombra de una ley autonómica —la del concebido no nacido— en Madrid que el Gobierno ha utilizado como munición para presentar a una derecha regresiva en derechos sociales y de la mujer.

El propio Pedro Sánchez resumió la escena con el siguiente tuit en X:

La habilidad con la que el líder del PP se pega tiros en el pie cuanto mayor es el desgaste del Gobierno empieza a ser un clamor entre los populares, más allá del clan de los gallegos que protege en Génova a Feijóo. Tanto que los medios y opinadores habitualmente dispuestos a justificar cualquiera de sus tropiezos han tenido estos días serias dificultades para defender la propuesta del aspirante a ocupar La Moncloa de que los enfermos de baja laboral cobren menos. Si hay o no una estrategia coordinada para horadar de nuevo un liderato que no termina de cuajar es una incógnita aun sin despejar, pero que corre por los mentideros de Madrid como la pólvora.

Lo cierto es que los patinazos de Feijóo no cesan y el regodeo de los socialistas es indisimulable, lo que no significa que entre sus filas no exista preocupación por lo propio. Esto es un tórrido julio judicial que deje al Gobierno en situación crítica antes del periodo vacacional. De hecho, Pedro Sánchez regresa a La Moncloa tras la cumbre de la OTAN en Ankara y un breve paréntesis familiar en Londres para encontrarse con un tablero judicial más complicado que el que dejó a comienzos de la semana, después de la imputación del que fuera su primer jefe de gabinete en el PSOE y expresidente de Correos, Juanma Serrano, en el marco de la investigación sobre Leire Díez. El juez Pedraz ha dado vía libre a la UCO para que clone y examine su móvil en busca de indicios de su participación en la trama investigada y cita como testigos a dos trabajadoras del PSOE.

Durante la próxima semana se concentran, casi sin margen para respirar, media docena de citas judiciales que afectan directamente al entorno familiar de Sánchez y al llamado caso Leire que la derecha pretende sin éxito convertir en la Kitchen del PSOE. Todo cuando el Congreso se dispone a certificar su rechazo al techo de gasto, paso previo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Con todo, la sensación en La Moncloa es que los ciudadanos saben distinguir perfectamente “entre lo que es un caso de corrupción y lo que esconde una ofensiva implacable de un sector del poder judicial contra el Gobierno”.

La sensación responde a los datos cualitativos que manejan en el PSOE, pero también a las últimas encuestas publicadas por varios medios que cuestionan la imparcialidad de los jueces e identifican una clara persecución al Gobierno en algunos autos judiciales.

El lunes 13, el magistrado Santiago Pedraz tomará declaración a José Aníbal Álvarez García, ex abogado de José Luis Ábalos para esclarecer el origen del pago de los honorarios de la defensa del exministro y saber si se costearon para monitorizar la causa judicial y comprar el silencio de quien fuera número dos del PSOE.

El martes 14 declarará Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, en calidad de imputada, ante el mismo juez de la Audiencia Nacional que investiga el llamado caso Leire. La citación responde a la sospecha de que pudiera actuar para desactivar las causas que afectan al PSOE, después de que la empresaria Carmen Pano la acusara de un presunto soborno al ofrecerle dinero a cambio de silencio, algo que la letrada no solo niega, sino que sostiene que fue justo al revés. Es decir, que Pano le pidió ese dinero a cambio de no perjudicar a los socialistas.

El miércoles 15 será el turno de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que declarará como testigo ante Pedraz después de que la UCO descubriera una conversación de WhatsApp fechada el 24 de abril de 2024 entre Narbona y la exmilitante socialista Leire Díez coincidiendo con el día en el que Sánchez publicó su 'Carta a la ciudadanía' tras la imputación de su esposa.

El jueves 16 están citados la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, en calidad de investigados, después de que Pedraz respaldase las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia también dentro del 'caso Leire Díez'. La investigación defiende que ambos cedieron a las presiones de la exmilitante del PSOE Leire Díez para abrir expedientes disciplinarios o informaciones reservadas contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) con el fin de frenar y torpedear las causas de corrupción que afectan a los socialistas. Procedimientos todos ellos que siguen abiertos.

Y todo esto en la misma semana en la que el Gobierno espera otras dos decisiones judiciales de impacto. La primera, que la Audiencia Provincial de Badajoz dicte sentencia sobre el caso del hermano del presidente del Gobierno por haber ocupado una plaza de libre designación en la Diputación como director de conservatorio con un currículum más que acreditado para el cargo y sin que nadie hubiera presentado alegación en siete años. Y, la segunda, que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos contra la decisión del juez Peinado de seguir la causa contra Begoña Gómez por el procedimiento del tribunal del jurado, algo que marcará inevitablemente el futuro judicial de la esposa del presidente. Durante los más de dos años que ya dura la investigación, tres de los cinco jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Y por si fuera poco la derecha mediática ya ha empezado a circular la idea de una pronta citación del presidente del Gobierno como testigo para declarar en el caso Leire, algo que los servicios jurídicos del partido no esperan ni en el corto ni en el medio plazo.

Llegar de una pieza a agosto

Pedro Sánchez mantiene, en todo caso, una agenda al margen de la judicial con la que las derechas buscan situar al Gobierno contra las cuerdas, presionar a los socios parlamentarios para que apoyen una moción de censura y lograr que el presidente no llegue al otoño. Ni PNV ni Junts están por la labor, de momento, mientras en la Moncloa se recrean con la semana horribilis de un Feijóo “que no tiene más proyecto que el antisanchismo” y de quien “ya es muy difícil ocultar tanto su inconsistencia como su disposición a recortar derechos”.

Son palabras de un miembro del Gabinete de Sánchez que percibe “hartazgo” entre la ciudadanía “porque sean los jueces quienes marquen la agenda pública”. Comparte con él la reflexión otra persona del equipo del presidente convencida de que “la agenda judicial empieza a no afectar al Gobierno, a pesar del ruido mediático”. En parte, añade un ministro, por “la falta de imparcialidad de algunos jueces” que, en su opinión, si siguen tomando decisiones “arbitrarias e ideologizadas” acabarán dando la victoria a la izquierda en las elecciones de 2027. “La realidad [aventuran desde La Moncloa] acabará imponiéndose y nos dará la razón, aunque sabemos que la derecha en coordinación con su batería mediática no nos darán tregua”. Esto último es la única certeza junto a la fragilidad de la mayoría de investidura y un calendario judicial que marca de facto el ritmo informativo y el desgaste de la legislatura.

Con julio llegando a su ecuador, en Ferraz y en La Moncloa ya solo aspiran a llegar de una pieza a las vacaciones judiciales de agosto, conscientes de que septiembre, con la vuelta de los tribunales y una votación presupuestaria en el horizonte, promete no ser mucho más tranquilo.

Una democracia sana no puede permitirse un poder judicial bajo sospecha y, sin embargo, el nuestro lo está. De hecho, un 60% de los españoles está convencido de que hay jueces que hacen política y políticos que tratan de hacer justicia. El dato es de un reciente sondeo de Ipsos que dibuja una ciudadanía descreída de la imparcialidad de la justicia, más allá de sus preferencias ideológicas. Así lo cree el 80% de los votantes del PSOE o Sumar, pero también el 41% de los del PP y el 55% de los de Vox. Parecidas conclusiones aparecen en otro trabajo de 40dB, en el que solo el 32% de los encuestados cree que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales mientras que seis de cada diez considera que en España hay lawfare.

El retrato es demoledor, si bien los guardianes de la pureza ética y periodística creen sospechosa la publicación de dos sondeos en sendos medios de comunicación el mismo día. Una boutade más de los creadores de las realidades paralelas y de quienes, a falta de consistencia política, han convertido a los togados en protagonistas de la conversación pública y delegado en ellos la verdadera oposición al Gobierno. A falta de votos, bienvenidas sean las togas.

Guste o no, la venda que cubre los ojos de la Justicia ha caído en el lodazal del debate partidista y algunas togas están bajo sospecha. No todas, claro. Son unas cuantas solo de las más de 5.000 que se visten en España las que han asumido como propio el lenguaje de las trincheras, dictado resoluciones más políticas que jurídicas, jugado con los tiempos y hasta acuñado un nuevo sujeto penal -el entorno- para condenar a alguien sin pruebas que acrediten su culpabilidad en un proceso. Ha pasado con el ex fiscal general del Estado, pasará pronto con el hermano del presidente del gobierno a quien sentaron en el banquillo por “un chascarrillo” y volverá a suceder con Begoña Gómez.

El maltrato político y judicial al que se ha sometido a la esposa de Pedro Sánchez no tiene analogía en 50 años de democracia. El pasado 20 de junio, el juez Juan Carlos Peinado firmó el auto que las derechas política y mediática daban por hecho desde hacía meses: la apertura de juicio oral con jurado popular contra la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le obligó a comparecer en el juzgado cada quince días.

Pocos casos judiciales condensan mejor el tsunami de desconfianza que sacude a la justicia y pocos sirven mejor para ilustrar por qué ese escepticismo no admite lecturas simples si se repasa fríamente la realidad de los hechos. La denuncia original partió del sindicato ultraderechista Manos Limpias y se construyó con recortes de prensa, no con documentación acreditada, Incluso una de las noticias resultó ser falsa porque atribuyó a Gómez una subvención que en realidad correspondía a otra persona.

Contra la jurisprudencia que prohíbe admitir denuncias basadas solo en recortes de prensa, el instructor siguió adelante con el caso, pese a que el primer informe de la Unidad Central Operativa concluyó que no había delito. La investigación empezó con el rescate de Air Europa, saltó después al empresario Juan Carlos Barrabés, luego a la Universidad Complutense… La acusación ha cambiado de objeto sobre la marcha, sin un hecho fijo que investigar, según ha denunciado en varias ocasiones la defensa de Gómez, que cuando pidió que se concretara el motivo de las pesquisas recibió como respuesta que se investigaba a su representada por ser la mujer del presidente del Gobierno.

El entorno de Gómez se ha quejado en reiteradas ocasiones que el juzgado filtra sus decisiones a la prensa y, después, las comunica a las partes de tal forma que la instrucción se ventila en los periódicos antes que en los tribunales. También de que la esposa del presidente tuviera que declarar en el juzgado sin saber de qué se le acusaba y se le obligara a leerse el sumario en un pasillo.

A lo largo de casi dos años de instrucción han pasado por sede judicial alrededor de 53 personas, entre ellas el presidente del Gobierno, el ministro de la Presidencia, el rector de la Universidad Complutense, directivos de Google, Telefónica, Indra, IE University, fundaciones colaboradoras de la cátedra que Gómez dirigió y numerosos responsables académicos y empresariales.

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado varias decisiones del juez; revocado las imputaciones al rector de la Complutense y al empresario Juan Carlos Barrabés por falta de indicios suficientes; criticado la amplitud y la falta de concreción de la instrucción y tumbado la decisión de convertir la causa en un procedimiento ante jurado popular por no justificar qué conductas concretas lo exigían. Hasta en 19 ocasiones ha sido corregido por una instancia superior y en varias, por vulneración de derechos fundamentales en el proceso. Esto además de que Tribunal Supremo, por su parte, rechazara la imputación al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al no hallar indicios de delito, después de que el propio Peinado lo señalara por falso testimonio y malversación.

Y ahora Peinado, como colofón a su estrambótica instrucción, se marcha de vacaciones y deja a un sustituto la decisión de si permite a la esposa de Pedro Sánchez viajar este martes primero a Turquía a la cumbre de la OTAN a la que ha sido invitada oficialmente y, luego, a Londres a la graduación de su hija. Así fue solicitado por su defensa hace una semana, después de entregar el pasaporte ante el juzgado. Y en una decisión más exótica que jurídica, unas horas antes de tener que volar rumbo a Ankara, el interino le prohibía el traslado a Turquía porque “no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea”, pero le permitía volar a Reino Unido. Cosas veredes...

Lo grave para la malhadada credibilidad de la justicia y para la democracía ya no es tanto la autorización para que viaje o no, sino que, visto el recorrido del caso, hay dudas razonables sobre si Gómez se sentará en su momento ante un tribunal que falle conforme a derecho o al color político del banquillo. Lo que revelan los sondeos publicados no es más que la consecuencia lógica a que haya togados dispuestos a convertir cada auto en una trinchera. Así es como se extiende cada vez más la sospecha de que algunas sentencias pueden estar escritas antes incluso de que empiecen los juicios.

Los silencios forman parte de la partitura, dicen los músicos; hay silencios temidos, eso oí un día decir a un torero de los silencios de la Maestranza; otros invitan a la duda e inquietan, los interminables de Jesús Quintero; otros no se explican: los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En las últimas controversias judiciales, procesales, casos Begoña Gómez o José Luis Rodríguez Zapatero, no extraña el silencio concejil por ser el modo. En realidad, dicen los que saben, el CGPJ no tiene nada que decir y menos que hacer, así es la rosa. Y ello porque no se ha perturbado o inquietado a ningún juez en su independencia, será por eso que sus competencias no lo exigen. En realidad, sin embargo, no solo pueden ser perturbados los jueces, y es normal que en esos casos se actúe, es que los jueces pueden también perturbar e incluso estar perturbados, y no parece normal que en esos otros casos no se actúe.

Igual entre Manuel Marchena, magistrado dolido por las críticas, e Isabel Perelló, pueden echar una manita, que dicen las encuestas que la mayoría de los españoles creen que hay lawfare en España y que la justicia está por los suelos en aprecio popular. Popular de gente, populus, que no de Partido Popular.

De las cuestiones disciplinarías mejor no hablar, incluso se han esgrimido vacíos legales para no exigir a los jueces que, al menos, garanticen a los justiciables el respeto de sus derechos constitucionales

Hay una amplia y difundida opinión sobre que ciertos jueces van a escape. Los que nos exigen, con razón, cumplir la ley parecen no encontrar ley que cumplir que les afecte, un deterioro de la función jurisdiccional que no parece conmover ni activar al máximo órgano de gobierno de los jueces. De las cuestiones disciplinarías mejor no hablar, incluso se han esgrimido vacíos legales para no exigir a los jueces que, al menos, garanticen a los justiciables el respeto de sus derechos constitucionales.

En la separación de poderes no hay amparo similar a la bizarra protección frente a perturbaciones que ejerce el CGPJ, con su mero silencio, al que deberían tener los miembros del poder ejecutivo, del que dicen querer protegerse, ni del poder legislativo. Podríamos recordar a Montesquieu, quien advertía en su obra cumbre, El espíritu de las leyes, precisamente, que había que protegerse de los jueces si queríamos, como queremos, un equilibrio entre los tres poderes.

Por recordar, también, aquella algazara callejera de jueces con sus vestimentas ceremoniales contra el poder legislativo y el ejecutivo, que había ejercido la iniciática legislativa, contra la ley de la amnistía, que el CGPJ ignoró.

Y eso que fue un ejerció llamativo y florido de poder, huelga cobardemente encubierta, y manifestación con sus ropones, togas pullas, quizá en señal de luto por la división de poderes, para que, al menos, simbólicamente quedara noticia de su reto y poder. Una prenda con la que no se puede correr por ajustada. En otros tiempos íbamos a nuestras cosas con botines y sin tacones porque siempre había que correr. En esta civilizada manifestación a toga suelta se sabía que no se correría, que no habría exceso policial, ni empellones proporcionados ni acaso un manguerazo. 

La foto de la insumisión de los jueces contra la ley de amnistía no es una foto cualquiera, es la prueba gráfica de una manera soberbia y arrogante de creerse el centro del sistema democrático

Pobres legisladores, cómo fueron zarandeados a las puertas de la soberanía nacional, pobres ministros y presidente, cómo son insultados por ciertos jueces. Ni la ineficaz presidencia del Congreso ni el ministro de Justicia empatan con el CGPJ a la hora de contener a los perturbadores.

Lo que resalto es la distancia cada día mayor de la justicia y el pueblo, del que trae fundamento y legalidad, no por inspiración etérea sino a través de la voluntad popular expresada en leyes emanadas del Parlamento, el poder legislativo.

Ahora que, hasta el PP, o al menos su presidente Núñez Feijóo, dice que lo de Catalunya, su procés y su amnistía, son pelillos a la mar, qué van a decir los jueces que con tanto brío se apuntaron a lo que fuera menester. 

La foto de la insumisión de los jueces contra la ley de amnistía no es una foto cualquiera, es la prueba gráfica de una manera soberbia y arrogante de creerse el centro del sistema democrático. Aquellas expresiones, aquellas sentencias, aquellas bravatas a las claras o de jueces embozados en el anonimato son para la historia. Silencio que ahora atruena entre lamentos corporativos sin que haya un lugar para cobijarse de la tormenta.

Los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial —José Eduardo Martínez Mediavilla, Isabel Revuelta, Carlos Orga y Alejandro Abascal— que han rechazado este lunes poner en marcha un expediente al juez Peinado por insinuar que la Policía que ejerce las labores de escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga han emitido un voto particular para explicar su decisión.

Los cuatro consideran que a través de esas expresiones, el magistrado “está explicando los motivos por los que él entiende que procede su decisión de adoptar medidas cautelares”. Esa decisión es “estrictamente jurisdiccional y revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos”, es decir, opinan que debe ser la Audiencia Provincial de Madrid la que decida si hay una “eventual ausencia, insuficiencia o desacierto” en la motivación de las medidas cautelares.

“Ese juicio revisor no es competencia del Consejo General del Poder Judicial por vía disciplinaria”, continúan, por lo que cualquier actuación “supondría inmiscuirse ilegítimamente en las competencias que únicamente corresponden a la Audiencia Provincial de Madrid en vía de recurso”. “Afecta a los principios constitucionales de exclusividad de la jurisdicción y de independencia judicial”, añaden.

La decisión ahora está en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria tras salir adelante con el voto de Carlos Hugo Preciado, Bernardo Fernández, Argelia Queralt y la presidenta, Isabel Perelló, que ejerce la presidencia y tiene voto de calidad.

Se veía venir que el juez Peinado se iba a despedir con un gran número final de magia procesal. Llevaba semanas preparándolo cuidadosamente y no podía ejecutarlo en otro marco más incomparable que todas las portadas del domingo. Unos reciben relojes cuando se jubilan, otros retiran pasaportes diplomáticos. La gran sorpresa ha sido que haya hecho desaparecer la lealtad de la Policía hacia el imperio de la ley.

Había empezado la construcción del relato con aquella extemporánea citación para una audiencia, donde normalmente no se requiere la presencia del imputado, conminando a Begoña Gómez a acudir bajo amenaza de uso de la fuerza policial en caso de no hacerlo. Por si a alguien le quedaba alguna duda, allí estaba el juez avisando a la peligrosa delincuente que la policía únicamente estaba esperando su señal para esposarla y llevarla en el asiento de atrás del coche patrulla. Seguramente con varias patrullas escoltándose unas a otras para evitar que algún topo policial sanchista facilitase la fuga a la malhechora. 

Luego, ya en vísperas, se produjo el oportuno error de endosarla en una causa separada por dos delitos más mientras esperábamos su decisión sobre las medidas cautelares ya fuera de plazo. Begoña Gómez no estaba ni se la esperaba en la causa separada porque nada tiene que ver. Pero no fuera a ser que alguien se despistase y pudiera pensar que su carrera delictiva había terminado. Que ya es casualidad equivocarse de plantilla justo ese día. Aunque ya nadie duda a estas alturas que España es el país de las coincidencias extraordinarias. 

Las nuevas adquisiciones eran los delitos de prevaricación, sin duda una especialidad de la casa, y fraude a los intereses comunitarios, para darle el glamuroso toque internacional. Una vez colocado el titular llegaba la rectificación avisando que, si hubiera indicios suficientes, se le volverían a endosar. Una advertencia tan innecesaria como chocante dado que, de haber indicios, cualquiera puede y debe ser imputado, incluso un juez. A no ser que su señoría nos avise que las imputaciones son discrecionales; a voluntad del juez, no de la ley. Además, endosarle prevaricación arruinaba la perspectiva de abrirle juicio oral con jurado y el espectáculo siempre debe continuar. 

El último truco ha sido retirarle el pasaporte porque ni con escolta ni sin escolta tienen remedio los males de Begoña Gómez; tal parece el grado superlativo de su pericia criminal y su historial delictivo. Si tuviéramos un penal de máxima seguridad como esos que salen en las series norteamericanas, ni siquiera con ella encerrada allí estaríamos seguros. 

Tres causas contempla la ley para imponer medidas cautelares: riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o seguir delinquiendo. Ninguna concurre en este caso. Se trata de una evidencia jurídica incontrovertible. Pero no importa porque su señoría es un juez de instrucción y el único límite a su voluntad reside en la providencia. Quienes dicen que no hay de qué preocuparse porque la decisión será revisada pues nuestro sistema es muy garantista, deberían probarlo alguna vez para disfrutar por completo la experiencia de tanta garantía. 

Si es usted inocente seguro que no le importa acompañarnos a comisaría, te decían antes. Si es usted inocente no se preocupe que ya se lo reconocerán en segunda instancia en unos meses, te dicen ahora. En un sistema garantista todos tenemos garantizado el derecho a tener un juez que no parta de la presunción de culpabilidad, que ponga en el eje del proceso la garantía de nuestros derechos y libertades constitucionales y que cause el mínimo daño posible en el honor y en la reputación de personas que se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. 

En los restantes sistemas el único que de verdad tiene derechos es el juez y ustedes se callan mientras él habla; así que váyanse acostumbrando.  

El 47,8% de los españoles considera que la Justicia no actúa de forma imparcial en España, frente al 34,9% que cree que jueces y fiscales siempre realizan su trabajo de forma objetiva. Un 31,8% de la ciudadanía afirma que los tribunales actúan “con más dureza” contra la izquierda, frente a un 16% que asegura que es más severa con la derecha y un 17% evita pronunciarse. Sobre quienes sí se pronuncian, la cifra de ciudadanos que cree que la Justicia no actúa de forma imparcial es del 57,8%, mientras que el 42,2% considera que sí trabaja de forma objetiva. Estos datos se recogen en la encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es elaborada entre el 9 y el 12 de junio y, por tanto, después de que salieran a la luz las investigaciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez y a la exmilitante socialista Leire Díez.

La percepción de la actuación de la Justicia es, de hecho, muy diferente en función del recuerdo de voto y de los ejes izquierda-derecha. Los votantes del PP son los que más confían en la imparcialidad de la Justicia, seguidos de los de Vox. En cambio, los electores de PSOE y Sumar consideran de forma mayoritaria que la Justicia actúa con más dureza cuando se trata de investigar o juzgar a miembros o dirigentes de la izquierda.

Cuando las causas que afectan al PSOE copan titulares y tanto Leire Díez cómo José Luis Rodríguez Zapatero esperan las próximas actuaciones de los tribunales, una gran mayoría de los votantes socialistas (un 56%) cree que la Justicia en España no actúa de la misma manera ante la corrupción, independientemente de si los investigados son de izquierdas o derechas. El 47,9% de los españoles que en las últimas elecciones generales votaron a los socialistas opina que la Justicia “actúa con más dureza contra la izquierda” y un 8,1%, que es más dura contra la derecha. Un tercio de los votantes del PSOE, el 30,6%, sostiene, en cambio, que sí, “la Justicia siempre actúa de forma imparcial”.

Es llamativo cómo este último porcentaje se amplía en el caso de los votantes del PP. Una gran mayoría, el 58,1%, considera que la Justicia es imparcial independientemente de si los investigados son de izquierdas o de derechas. Solo un 18,6% cree que “actúa con más dureza contra la derecha” y un 10,4% de los votantes populares, afirma que lo hace con más dureza contra la izquierda. En el caso de los votantes de Vox, el 39,1% confía en la imparcialidad de los tribunales aunque un 36,2% afirma que es más dura contra la derecha y un 11,4%, que es más taxativa con las fuerzas o dirigentes progresistas.

Los votantes que menos confían en la imparcialidad de la Justicia son los de Sumar. Solo un 17,1% de los ciudadanos que en las últimas generales apoyaron a la coalición encabezada entonces por Yolanda Díaz cree que “la Justicia siempre actúa de forma imparcial” independientemente de si los investigados son de izquierdas o de derechas. La gran mayoría, un 65,1%, afirma a su vez que jueces y tribunales actúan “con más dureza” contra la izquierda y solo un 9,1% de los votantes de Sumar cree que es más severa contra la derecha.

Ateneo del Dato también pregunta a los encuestados con qué partido asocian más la corrupción política. El PSOE es el principal perjudicado. Un 41,9% de los españoles asocia la corrupción a los socialistas, frente a un 32% que la vincula con el PP y un 6,2% que la relaciona con Vox. En las respuestas hay, no obstante, un gran sesgo partidista. Así, un 71,5% de los votantes del PP y un 69,2% de los de Vox asocia directamente la corrupción con el PSOE, porcentajes que se reducen notablemente en los casos de los electores socialistas (un 29,6% vincula al PSOE con la corrupción) y Sumar (11,4%).

Entre los electores progresistas, en cambio, la situación se da a la inversa. Un 50,2% de los votantes del PSOE y un 69,4% de los de Sumar asocian la corrupción al PP. Un 7,6% de los ciudadanos que en las generales apoyaron a los socialistas vinculan a Vox con la corrupción, un porcentaje que se amplía al 9,5% en el caso de los votantes de Sumar.

La encuesta se realizó en la semana en la que se conocieron novedades en el caso de Zapatero, como la tasación judicial de las joyas incautadas en su despacho que las valoró en 1,3 millones de euros y la apertura de una pieza separada para investigar si se cometieron delitos contra el fisco y contrabando. Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales que tratan de analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno. El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales.

El futuro judicial de Begoña Gómez y el de los otros dos investigados —su asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés— queda ahora en manos de la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción. En este caso, dependerá del juicio de los tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción de Juan Carlos Peinado. Durante los más de dos años que dura la investigación, esos tres jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Este tribunal ha avalado una parte importante de las pesquisas de Peinado, pero también ha corregido algunos de sus excesos. Le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas —como el rescate de Air Europa— por basarse en meras conjeturas, o levantar la imputación de cuatro investigados –el rector de la Complutense, un directivo del IE, el actual Delegado del Gobierno en Madrid y la secretaria general de Presidencia– o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etcétera dentro de los parámetros fijados en la ley (…) La resolución no justifica los motivos que llevan a registrar el domicilio (…) tampoco se justifica la necesidad de que el registro se practique a la media hora de la firma del auto, y todo ello considerando que se limitan los derechos del investigado, quien se encontraba ingresado en el Hospital 12 de octubre, tampoco se comprende una medida tan extensa y desproporcionada a los fines de la instrucción (…) Son producto de un juicio de inferencia absolutamente ilógico y arbitrario”, le advirtieron ya entonces los magistrados de la Audiencia Provincial.

El Tribunal Supremo rechazó con un portazo la exposición razonada donde Peinado pretendía la imputación del ministro de Justicia, Félix Bolaños: “No se aprecia ni un mínimo respaldo indiciario”. Entre la decena de recursos que estos magistrados tienen que resolver ahora están los que impugnan la decisión del juez de derivar el procedimiento por la vía del jurado popular, o su última decisión de abrir juicio oral por el procedimiento del jurado e imponer medidas cautelares a Begoña Gómez —retirada del pasaporte y comparecencias ante el juzgado dos veces al mes—. La motivación del juez para justificar el riesgo de fuga —que los policías que la escoltan diariamente o sus jefes superiores pueden ayudar a huir a la mujer del presidente— desencadenó una denuncia del ministro del Interior ante el Consejo General del Poder Judicial. Su presidenta, Isabel Perelló, propuso a la comisión permanente abrir expediente disciplinario al juez por estos hechos. Ese órgano debatirá hoy la propuesta.

Las diligencias del caso Begoña Gómez arrancaron con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez basándose en diversas informaciones de prensa sobre un supuesto tráfico de influencias, sin acreditar, más un bulo sobre una subvención pública a una empresa de la mujer del presidente. La investigación amagó con transformarse en macrocausa cuando Peinado llegó a investigar a Begoña Gómez por media docena de aspectos de su vida profesional desde que su marido fue elegido presidente del Gobierno. Desde sus másteres y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense –con la que colaboraba desde 2012, antes de que Sánchez fuera siquiera líder del PSOE– hasta su puesto en el Africa Center del IE pasando por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés o su supuesta vinculación con el rescate de Air Europa a través de una supuesta amistad con su entonces consejero delegado Javier Hidalgo y Globalia.

Muchas de estas ramificaciones fueron cerradas a golpe de auto por la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Air Europa, hicieron falta varias resoluciones de este tribunal para que Peinado, a regañadientes, dejara de encargar informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para saber si Begoña Gómez había presionado a su marido para rescatar esta aerolínea. También forzaron el cierre de la rama de la investigación que tenía que ver con el trabajo de Begoña Gómez para el IE, quedando entonces de manifiesto que Peinado había retorcido la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro y exconsejero con Esperanza Aguirre, para buscar ilegalidades en la contratación de la pareja del presidente.

“Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la señora Gómez”, dijo la Audiencia Provincial a Peinado. También fue archivada la parte de la causa que abrió Peinado contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado por los dos masters y la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez llegó a tener en esa universidad. La imputación, dijeron los jueces, “carece de fundamento” por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. Las reiteradas imputaciones de testigos por lo que habían dicho cuando estaban obligados a contestar y a decir la verdad también fueron cuestionadas por el tribunal supervisor.

El juez Peinado llegó a citar a Pedro Sánchez como testigo y le tomó declaración en el Palacio de la Moncloa aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al presidente declarar por escrito “sobre los hechos de que tenga conocimiento por razón de su cargo”. Aunque Gómez estaba imputada por un delito de tráfico de influencias, que solo puede cometer porque su marido es presidente del Gobierno, el juez justificó su decisión en que quería interrogar a Sánchez sobre “cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo” y logró interrogarle en un despacho de Moncloa, aunque sin ningún resultado. El presidente se acogió a su derecho a no declarar y, pese a ello, el juez Peinado facilitó el vídeo de ese testimonio fallido a las partes. La Audiencia Provincial se lo afeó: “Carecía de cualquier utilidad la entrega de dicha declaración, ya que en dicha diligencia el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar, por lo que la entrega y publicación de dicho acto carecía de sentido, debiendo permitirse a las partes se instruyeran sin necesidad de entregar copia porque el citado contenido carecía de interés ya que solo contenía determinados formalismos”.

La tormentosa instrucción llegó a provocar incluso que las acusaciones populares de ultraderecha pidieran al juez que motivara mejor sus autos para evitar que prosperaran los recursos de la defensa de Gómez y el resto de imputados. Hazte Oír, Vox o Manos Limpias, presentes en la causa, recurrieron en reforma tras la imputación de la asistente de Begoña Gómez con una censura insólita al juez instructor, exigiéndole que aportara “mayor argumentación, todo ello con el propósito de evitar riesgo innecesario de futuras nulidades que pudieran poner en peligro la progresión de la causa”.

Peinado llegó a sancionar con una multa de 5.000 euros al abogado Antonio Camacho, defensor de Gómez, por hacer declaraciones a los periodistas a las puertas del juzgado. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sanción.

El juez Juan Carlos Peinado ha abocado este sábado a Begoña Gómez a ser juzgada ante un tribunal del jurado, a falta de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos pendientes. Peinado imputa a la esposa del presidente del Gobierno delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Si todo sigue adelante por esa vía, serán nueve ciudadanos, elegidos por sorteo, los encargados de decidir si se creen a las acusaciones o a las defensas. En España, la composición de los nueve miembros y dos suplentes del jurado se decide entre los vecinos de un mismo municipio, dentro de la provincia en la que se ha cometido el delito, según la Ley del Tribunal del Jurado, que data de 1995. Tienen que ser españoles y mayores de edad, saber leer y escribir, poder ejercer sus derechos políticos y no tener una discapacidad psíquica o física que impida el desempeño de sus funciones.

La mayoría de las sentencias emitidas por un jurado popular son condenatorias. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, que datan de hace una década, 2016, el 92,3% del total (193 de 209) fueron condenatorias.

¿Cómo se forma el jurado?

La lista de candidatos a jurado −que podrán ser llamados o no− se realiza cada dos años por sorteo dentro del censo electoral. Hay varios impedimentos: estar procesado, cumplir condena por delito doloso o estar suspendido de cargo público, entre otras. Tampoco pueden formar parte de un jurado popular los diputados y senadores, la familia real o los miembros en activo de la carrera judicial y fiscal; así como las personas que tengan vínculos familiares, amistad o interés directo o indirecto en la causa.

Cada vez que hay una causa, con una antelación de un mes con respecto a la primera vista del juicio, se hace un sorteo de entre los candidatos a jurados de la lista para elegir a 36 candidatos. Hay un periodo de excusas en el que los candidatos pueden exponer sus motivos para no participar en un cuestionario. La Fiscalía y las demás partes, a quienes se ha debido entregar previamente el cuestionario que han respondido los candidatos a jurados, podrán formular recusación por concurrir falta de requisitos o cualquiera de las causas de incapacidad o incompatibilidad. Y después de esto, si todavía quedan al menos 20 ciudadanos, se procederá a otro sorteo para seleccionar a los nueve jurados que formarán parte del Tribunal, y otros dos más como suplentes.

¿Qué delitos se pueden juzgar?

Los ciudadanos de a pie solo pueden enjuiciar delitos contra las personas, los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, contra el honor y contra la libertad y seguridad. Entre estos delitos está incluida la malversación de caudales públicos, como ocurre en este caso, aunque son pocos los casos de este tipo que enjuician.

¿Se puede recusar a los miembros elegidos?

Sí. Las partes, después de formular las preguntas que quieran (y que el magistrado que preside el tribunal declare pertinentes) podrán recusar sin alegar ningún motivo determinado hasta cuatro por parte de las acusaciones y otros cuatro por parte de las defensas, según recoge la Ley.

¿Qué ocurre durante el juicio?

Los miembros del jurado tienen derecho a ausentarse del trabajo de forma justificada y la Ley contempla una retribución por cada día que dure el juicio de 67 euros, además de indemnizaciones por gastos de viaje en vehículo particular, alojamiento y gastos de manutención en caso de ser necesarios.

Los ciudadanos tienen que pronunciarse sobre los hechos, pero nunca realizan calificaciones jurídicas. Durante el desarrollo del juicio, el tribunal puede realizar preguntas a los testigos, acusados y peritos. El juez es el encargado de decidir si las cuestiones son procedentes o no, como en cualquier otro proceso.

Al final, el presidente del tribunal tiene que entregarles una hoja con los hechos concretos para que ellos declaren si han sido probados o no probados, y deben emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia. Para el de culpabilidad se necesitan siete votos, mientras que para la inocencia son cinco. Es el magistrado el que debe dar forma jurídica al veredicto y acatarlo, salvo que se produzcan contradicciones en los hechos probados o haya defectos en la votación.

¿Qué ocurre en los casos mediáticos?

Durante la deliberación, los nueve ciudadanos permanecen incomunicados con el exterior. De esta forma se pretende evitar la influencia que puede tener la información de los medios de comunicación o incluso que la realización de llamadas relacionadas con el caso, por ejemplo.

Eso no quita que, en casos como este, los ciudadanos ya conozcan cómo ha transcurrido el procedimiento: el juez Peinado lleva más de dos años investigando a Begoña Gómez y ha cerrado la instrucción cuando quedan un par de meses para su jubilación.

La causa de los trajes de Francisco Camps es otro de los ejemplos de juicio con mucha relevancia mediática: en 2012, el jurado le declaró a él y al exdirigente regional del PP Ricardo Costa “no culpables” por cinco votos a cuatro de un delito de cohecho pasivo impropio al no considerar demostrado que la trama Gürtel le hubiera regalado unos trajes de Milano. Un militante del PP que había estado presente en todas las sesiones del juicio, Carlos Lirio, fue fotografiado en la terraza del hotel donde se alojaba el jurado. El Supremo confirmó la decisión un año después.

Una estrategia destinada a destruir personalmente a Pedro Sánchez para que tire la toalla y se marche. Así reciben en el Palacio de la Moncloa la última maniobra del juez Peinado, que este sábado envió a juicio a la pareja del presidente, Begoña Gómez, e hizo suya la petición de la asociación ultraderechista HazteOir para imponerle la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días como medidas cautelares. Una decisión que “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”, según una nota distribuida a los medios por el propio Ejecutivo.

Aunque la noticia no cayó por sorpresa en el Gobierno, la confirmación de que Juan Carlos Peinado está dispuesto a llegar hasta el final y cruzar todas las líneas rojas procesales ha conseguido soliviantar a las filas socialistas después de semanas de 'shocks' postraumáticos por las investigaciones de José Luis Rodríguez Zapatero o Leire Díez. La sensación de flagrante injusticia respecto a una causa que afecta al entorno familiar más íntimo del presidente volvió a recorrer este sábado los chats internos de federaciones, de dirigentes y de militantes del PSOE, en los que incluso en algún caso se animó a salir a la calle en señal de protesta y apoyo a Sánchez y Begoña Gómez.

“Estamos ante un señor que utiliza de manera autoritaria el poder que le confiere ser juez para humillar a una persona y para reventar al presidente. No nos engañemos, esto no busca desgastarlo sin más para que pierda las próximas elecciones. Es más grave. Busca reventar a Sánchez en lo personal y que se rinda ya hoy por el miedo a que su mujer acabe en la cárcel”, apunta una de las personas del Ejecutivo más cercanas al presidente.

El impacto de las medidas cautelares en lo personal, en efecto, es enorme. Además de la exposición pública a la que obliga a Begoña Gómez por tener que acudir cada dos semanas a uno de los juzgados más concurridos de Madrid, la pareja del presidente del Gobierno no puede desde este sábado viajar fuera de España. La razón esgrimida por Juan Carlos Peinado es que podría fugarse. Y no tiene reparos incluso en señalar a los agentes de su permanente escolta policial como posibles facilitadores.

“Es un delirio. Y aunque nos afecte en primera persona lo que más nos preocupa es la afectación a la institucionalidad básica en una democracia. Porque puede fallar un eslabón de la cadena, como es el juez Peinado, pero no debería fallar el sistema. El Poder Judicial tendría que haber impedido llegar hasta aquí”, reflexiona otra fuente del más alto nivel en el Ejecutivo.

Más allá de lo personal, en el plano político empieza a consolidarse el 'efecto Peinado' como un elemento nuclear de la foto fija de la legislatura. En mitad de una tormenta perfecta de investigaciones que monopolizan el debate público y de las que hoy parece imposible que el PSOE salga indemne, como las de Zapatero o Leire Díez, la evidencia de que la causa contra la pareja del presidente es un exceso y un atropello judicial —la Audiencia Provincial ha tenido que revertir algunas de sus decisiones— ayuda al Ejecutivo a intentar asentar en la opinión pública la idea de una campaña orquestada para tumbar al Gobierno por medios no democráticos. Un discurso que pone en bandeja el proceder del instructor que investiga a Begoña Gómez y con el que los socialistas se lanzan ahora en tromba en busca de algo parecido a un efecto bumerán.

“Es una persecución injusta contra una persona inocente. Se ha intentado destruir su reputación y utilizar su nombre como arma política contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE”, emitieron desde Ferraz en un comunicado. En esa línea se sucedieron mensajes públicos durante toda la jornada. “La instrucción pone de manifiesto una obsesión enfermiza por parte de Peinado por llevarse por delante a la mujer del Presidente del Gobierno, como sea”, publicó en sus redes sociales el ministro Óscar Puente. “Es un atropello sin precedentes: la fijación, el ensañamiento y la ausencia de garantías desde el primer momento. Así no se defiende el Estado de derecho, se erosiona. La justicia debe ser igual para todos. No se puede perseguir a una persona inocente por cuestiones políticas”, compartió Óscar López. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, reaccionó: “Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia. Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo. ¿Quién reparará el daño causado?”.

A la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid responda al recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, nadie esperaba este sábado en Moncloa giros de guion del presidente del Gobierno, que tras la imputación de su pareja se tomó cinco días de reflexión y amagó con dimitir. Según las fuentes consultadas, aquella decisión de no tirar la toalla ante el envite “personal y político” de Peinado y la estrategia del PP y la ultraderecha se mantiene vigente. Y se preguntan cuánto de lejos no habrá ido el juez en su escrito para que salieran en cascada a reprender su argumentación organizaciones tan poco amistosas con el Gobierno de Pedro Sánchez como los sindicatos policiales.

A última hora del día, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó la “más enérgica queja” a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” realizado por el magistrado Juan Carlos Peinado. El ministro del Interior defendió que la actuación de los agentes “se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho”. Y por eso, según un comunicado del departamento de Marlaska, decidió ponerlas en conocimiento de la presidenta del Poder Judicial “al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones”.

“Ninguna institución española sabe, ni de manera aproximada, cuántas sentencias se han dictado por los delitos sexuales más graves ni cuántas personas han sido juzgadas y condenadas por ello”.

Esta es la conclusión de una investigación de la Universitat de Girona (UdG) tras analizar las bases de datos sobre sentencias por estos tipos penales de las tres instituciones que los recogen: la Fiscalía General del Estado (FGE), el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS), dependiente del Ministerio de Justicia, y el Centro de Documentación del Poder Judicial (CENDOJ), que recopila resoluciones de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y el Tribunal Supremo.

El estudio, publicado en la Revista Española de Investigación Criminológica, revela las carencias a la hora de recopilar los datos, pese a que la última ley sobre delitos sexuales tenía un apartado específicamente dedicado a la necesidad de contar con encuestas y trabajos sobre “índices de condena y consecuencias” de la violencia sexual.

El catedrático de Derecho Penal y Criminología de la UdG, Daniel Varona, destaca que el objetivo del estudio no es criticar a las instituciones, sino que España se sitúe en la línea de los países europeos que mejor recogen las estadísticas de criminalidad.

La comparación de datos que Varona ha realizado junto a los profesores Steven Kemp y José María López Riba constata la disparidad entre las estadísticas de distintas instituciones, lo que, a juicio de los autores del estudio, implica que se infraestiman “de manera muy notable” las cifras penales para uno de los delitos de mayor relevancia. “Se recogen menos sentencias de las que realmente se dictan”, concluye Varona.

“En Inglaterra, las estadísticas del propio sistema judicial revelan que menos del 5% de las denuncias por violación terminan en condena, pero este porcentaje no podemos conocerlo oficialmente y con exactitud en España”, señala el catedrático.

ElDiario.es ha contactado con las tres instituciones comparadas en el estudio. El Ministerio de Justicia, del que depende el RCDS, ha indicado que no valora estudios académicos, mientras que la Fiscalía General sí ha admitido algunas dificultades en la recogida de datos.

Por su lado, el Poder Judicial explica que desde la entrada en vigor el año pasado de la nueva ley de organización judicial, los informes trimestrales del Observatorio contra la violencia de género incluyen algunos datos sobre asuntos relativos a violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja.

En 2023, por ejemplo, la memoria anual de la Fiscalía reportó un total de 145 sentencias (59 por violación y 86 por abuso sexual); el Registro Central, apenas 82 entre ambos delitos; mientras que el CENDOJ alcanzó las 575 sentencias en España por delitos sexuales graves.

Cinco años antes ya había ocurrido algo parecido: la memoria de la FGE recopiló 105 sentencias por delitos sexuales graves, por 64 el RCDS y 214 el CENDOJ.

Incluso dentro del portal estadístico del Poder Judicial, que es la institución que más sentencias recoge, se han detectado déficits. Al poderse filtrar por Audiencias Provinciales, el estudio ha descubierto que Alicante, a pesar de ser la cuarta provincia más poblada de España, presenta en el CENDOJ cuatro veces menos sentencias de violación que la trigesimosexta, Navarra. Y Valencia, que es la tercera provincia en número de habitantes, registra la mitad de sentencias que la vigésima, Guipúzcoa.

Pese a que, en el conjunto de España, la Fiscalía registra menos sentencias que el Poder Judicial, en Alicante la proporción es inversa: en 2023, la memoria anual del Ministerio Público contabilizó siete sentencias en Alicante por delitos sexuales graves, por solo cinco del CENDOJ.

“Hay algunas Audiencias Provinciales que parece que son objetoras del CENDOJ”, advierte Varona, que no ve “manos negras” en estos déficits, sino “una cuestión mucho más pedestre” vinculada al funcionamiento ordinario de las oficinas judiciales.

Por ejemplo, Varona explica que en Catalunya la aplicación informática interna en la que se tramitan las sentencias no incluye su envío automático al CENDOJ, por lo que si el funcionario se olvida de activar la casilla que lo habilita, la resolución no llega a la base de datos central. “No es algo que requiera mucha inversión, simplemente se tendría que habilitar el envío por defecto en los programas informáticos”, expone.

Varona enfatiza que para solucionar los déficits detectados por el estudio en la recopilación de datos “es más necesaria una voluntad de cambio de las instituciones que grandes inversiones”. “Si todos ponemos un poco de nuestra parte, se puede mejorar”, agrega.

Es más, Varona lamenta que en España ninguna institución realice una encuesta nacional de victimización (de todos los delitos, no solo de los sexuales). Solo Barcelona tiene una buena encuesta de este tipo, resalta el experto, pero limitada al ámbito municipal. “Recoger mejor los datos con unas reglas comunes nos permitiría conocer la magnitud de los problemas”, asevera.

La respuesta de las instituciones

Además de no comentar estudios académicos, desde el Ministerio de Justicia han considerado que la información contenida en el Registro “se considera suficiente para los objetivos para los que fue creado”. Sí han dado más explicaciones la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde la Fiscalía General han admitido que la variedad de sistemas de gestión informática en función de las comunidades autónomas “dificulta la recopilación de información estadística”.

Como la estadística de las memorias refleja tanto datos propios de la actividad de las fiscalías provinciales como de los procedimientos judiciales, “con carácter general resulta más difícil para las distintas fiscalías el control de la calidad estadística del detalle de la información, como es el caso de las sentencias”, explican fuentes de la FGE.

Desde la Fiscalía General, indican las mismas fuentes, se comprueba toda la información que remiten las fiscalías provinciales para realizar la memoria. Sin embargo, la FGE reconoce que no dispone de medios técnicos propios para comprobar “la exactitud de los datos estadísticos que se recopilan”, debido a los distintos sistemas de gestión informática, tal y como viene manifestando la propia institución en sus memorias.

La FGE, recuerdan desde la institución, ha pedido al Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) en varias ocasiones mejoras en la extracción automática de la información de los sistemas para su memoria, así como la necesidad de un mayor detalle en el desglose en la información estadística relativa a los delitos. También considera que hay que unificar los sistemas informáticos disponibles o, al menos, que el tratamiento de la información estadística sea uniforme.

Por su lado, fuentes del CGPJ explican que el CENDOJ no tiene una finalidad estadística de recuento de sentencias, sino que está concebido como una base de datos de consulta. En consecuencia, añaden, es posible que no estén todas las sentencias.

Desde el Poder Judicial también recuerdan que, desde la última reforma legal, los informes trimestrales del Observatorio contra la violencia de género incluyen algunos datos sobre asuntos relativos a violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja, como las agresiones sexuales, la trata u otros tipos penales recomendados por el Convenio de Estambul. Ello permitirá “una estadística más pormenorizada”, defienden desde la institución. Los datos se están empezando a recoger y la estadística “tendrá que ir mejorando”, agregan.

Hay cosas que no se discuten. O sí. Depende, en estos tiempos locos ya hay quien discute hasta que la tierra sea redonda, que la luna sea blanca y que haya jueces que prevarican. ¡Cáspita! El cinismo de algunos llega al extremo del capitán Renault en la mítica Casablanca. ¿Recuerdan? Un café, un amor imposible, una canción y el silbato de aquel sarcástico policía con el que llama a sus guardias a cerrar el local de Rick. ¡Qué escándalo, aquí se juega!, responde cuando le preguntan por la razón de la clausura mientras un empleado del local le entrega un sobre con sus ganancias de la noche.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha desatado la ira de las derechas al decir en un acto público que hay jueces que prevarican. Pues claro. ¿Acaso vestir toga les convierte automáticamente en seres de luz? Pues habrá de todo, como en botica, en periodismo, en medicina, en arquitectura y en todos los ámbitos profesionales. El caso es que el ministro se ha convertido este jueves en personaje del día por decir lo que ni es una locura, ni una boutade, sino simplemente una obviedad. Son pocos, en efecto, pero ha habido jueces sancionados e incluso apartados de la carrera por el órgano de gobierno por beneficiar a delincuentes, por mantener en prisión a inocentes, por quebrar su imparcialidad al no abstenerse en asuntos de interés directo de familiares o por acumular retrasos en dictar sentencias. 

En España hay más de 5.000 togados, solo unos pocos trabajan en casos que afectan a miembros del poder legislativo o ejecutivo, pero todos son juzgados por jueces. Están aforados y, por tanto, son los Tribunales Superiores de Justicia o el Supremo quienes los juzgan por posibles delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que solo actúa cuando recibe una queja, pero no fiscaliza su labor ni actúa de oficio. 

Aquí el literal de Óscar López: “Voy a decirlo para que me entienda el Supremo. Hay jueces que prevarican. No he dicho que todos los jueces prevarican. He dicho que hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno”. Que pusiera el foco sobre el Supremo no era casualidad, sino un paso más en la estrategia de un Gobierno dispuesto a abandonar el concepto “teoría de la conspiración”, pero no a dejar de cuestionar las decisiones de algunos jueces.

Fue Óscar Puente el primero en hablar de “métodos antidemocráticos” para derrocar a Pedro Sánchez y ahora es su tocayo quien da un paso más al apuntar directamente sobre la Sala Segunda del Supremo -la que el PP dijo que controlaría por la puerta de atrás- por la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La Sala entendió que él “o alguien de su entorno” filtraron la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Así que, ojo con los entornos porque, en adelante, cualquiera puede ser condenado porque “alguien de su entorno” haya robado, matado, violado o atracado un banco.

López reivindicó la separación de poderes para recordar que “el Gobierno gobierna, el Parlamento legisla, la justicia hace justicia, pero no gobierna”. Una forma elegante de denunciar que algunos magistrados hayan renunciado a ser solo poder judicial para convertirse en tertulianos, cooperadores necesarios de cierto periodismo e incluso actores políticos. Y esto es algo que, a tenor de la demoscopia, comparte una mayoría de ciudadanos que desconfía del actual sistema judicial, ya que el 78 % cree que no es imparcial en los procesos que afectan a los partidos políticos.

Sin embargo, hoy escandaliza lo que antes a los que ahora censuran y piden dimisiones les parecía razonable y nada dijeron cuando era el PP y el mismísimo Mariano Rajoy, quien criticaba la labor de jueces, fiscales y policías. “Nunca en España, ni con Adolfo Suárez de presidente, ni con Leopoldo Calvo Sotelo, ni con Felipe González, ni con José María Aznar se había hecho un uso tan partidista de la Fiscalía como ahora”, declaró durante una solemne comparecencia en la que se declaró víctima de una persecución, tras las primeras detenciones en el marco de la investigación de la trama Gürtel. Y añadía: “Es un atentado frontal al Estado de Derecho”.

Negaba con la cabeza cada vez que miraba el móvil. Según explicó, alguien le estaba enviando noticias continuamente justo el día en el que se conocía el sumario del llamado caso Leire y se mostraba indignado con lo que veía. Baltasar Garzón (Jaén, 1955) recibió el miércoles a elDiario.es en un céntrico hotel madrileño en el que realizó un carrusel de entrevistas por la publicación de su nuevo libro, La democracia amenazada (Planeta, 2026). Durante la conversación, el exmagistrado mencionó una y otra vez el juicio al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como punto de inflexión de la degradación del poder judicial. Precisamente de eso trata su nuevo trabajo.

En el libro repasa las actuaciones judiciales para acabar con García Ortiz, pero también de su predecesora en el cargo Dolores Delgado, que es además pareja sentimental de Garzón. También analiza las consecuencias de la irrupción de Donald Trump en la política internacional, las investigaciones de crímenes del franquismo, los casos de lawfare, la corrupción, el racismo o los bulos.

El mes pasado el Tribunal Supremo ratificaba la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que confirmó la inhabilitación de Garzón como juez en 2012 por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'. Todo sucedió después de que el entonces juez iniciara una investigación del franquismo y tras años de polémicas por sus actuaciones contra el terrorismo de ETA.

Presenta La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia. ¿Es una respuesta a La justicia amenazada (Espasa, 2025), el libro escrito por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena hace un año?

No es una respuesta. Objetivamente la justicia no está amenazada ni lo ha estado en España. Por mucho que determinadas personas puedan llegar a inducir o induzcan a que hay un acoso a la justicia, honestamente, no lo veo. Se dice que existe. Hay medios de comunicación que hacen gala de esa supuesta amenaza o presión. Estos días estamos viendo cómo se dice que determinadas personas han podido estar actuando, conspirando para llevar a cabo alguna presión sobre casos que se investigan en la Audiencia Nacional. Siempre ha habido amenazas de este tipo. Siempre ha habido campañas. Yo recuerdo haber sufrido algunas en carne propia cuando investigaba a los GAL, incluso entrando en mi casa a sustraer causas judiciales o a dejarme señales de que mi seguridad estaba comprometida.

También cuando intentó investigar al franquismo.

Y quemaron el vehículo de una de mis hijas y colocaron cruces gamadas en la casa y en los propios vehículos de la familia. La justicia no puede aceptar ser amenazada porque si es amenazada tiene que denunciar esa amenaza. En cambio, el título La democracia amenazada plantea una serie de riesgos reales y objetivos como son las agresiones internacionales al sistema internacional de derechos, cuestionando la arquitectura de derechos creada desde la Segunda Guerra Mundial hasta el punto de intentar aniquilarla.

En nuestro sistema judicial hay mecanismos que no están bien diseñados

Habla de Donald Trump y de las políticas que está poniendo en marcha.

Efectivamente, hablo de la deriva que hay de la extrema derecha y de políticas absolutamente reaccionarias. También de la incidencia de la corrupción y de la negación y restricción de derechos fundamentales, como por ejemplo en el caso de la inmigración y esas políticas xenófobas que hemos visto en Estados Unidos.

También hablo de la posverdad, de la manipulación informativa, de la influencia de redes sociales, de una mecánica de actuación en contra de la memoria democrática como uno de los baluartes necesarios para consolidar una democracia y de acciones claramente instrumentales del Derecho en procesos judiciales que afectan, por ejemplo, al fiscal general del Estado o a la anterior fiscal, Dolores Delgado. Es decir, trato de hacer una interpretación en conjunto de esos distintos escenarios que desde mi punto de vista provocan riesgos efectivos para la democracia.

Habla de que el poder punitivo se ha convertido en un fenómeno político. ¿Cómo es posible?

Porque hay un ejercicio de la soberbia del poder y en la consideración de que tener ese poder, en vez de ser una proyección del servicio público, se ha convertido en controlador de los ciudadanos y en imposición, donde una supuesta seguridad se antepone a cualquier derecho ciudadano. El poder de la voluntad de quien lo ejerce lo impone. La Sala Segunda del Tribunal Supremo es el órgano institucional que mayor poder político ejerce. ¿Con esto quiero decir que es un órgano político o que se guía por finalidades políticas? No. El desarrollo de la administración de justicia no tiene nada que ver o no debería de tener nada que ver con la política. Lo que ocurre es que en nuestro sistema hay mecanismos que no están bien diseñados. Por ejemplo, ¿quién controla el Tribunal Supremo cuando actúa en única instancia?

¿Por qué considera que la frase de Aznar de que “el que pueda hacer que haga” es posfascismo?

Porque avasalla contra todas las normas y principios básicos de la democracia desde una posición indudablemente de poder y autoridad. Él lo dice porque además hay ejemplos previos. Este señor nos metió en una guerra de Irak y dijo que los atentados del 11 de marzo de 2004 eran de ETA. Generó una dinámica y tiene una influencia en la posición de autoridad en su partido. Porque la pregunta debería de ser qué quiere decir con eso. Es decir, las palabras no son casuales. Soy una persona obsesionada con el lenguaje y coloco las palabras que quiero colocar en cada lugar. Determinados sujetos que se manifiestan en la opinión pública y política dicen lo que quieren decir. Entonces, si José María Aznar dice “el que puede hacer que haga” y lo dice en un contexto determinado no se puede decir que se esté refiriendo a que los niños vienen de París.

¿Se refiere a actuaciones judiciales, por ejemplo, contra fuerzas progresistas o el Gobierno?

Por ejemplo, que el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, a dos días de unas actuaciones judiciales diga que va a llamar a Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, porque parece ser que aparece mencionado. ¿A eso cómo se le llama, en una comisión de investigación que es un instrumento del Legislativo?

Esa comisión se ha convertido en una especie de cajón de sastre...

Eso es lawfare. El lawfare se hace desde muchos ámbitos, no solamente como algunos creen desde el Poder Judicial o por parte de determinados jueces o fiscales. El lawfare es mucho más complejo y unas veces viene por la vía mediática, otras veces por la económica, financiera, corporativa, política y a veces también judicial. El único elemento común que tiene es que es la instrumentalización del Derecho con unos fines espurios. Por tanto, desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido la mañana del día 3 de junio de 2026 por parte del Senado de España y en la voz de su portavoz es puro lawfare.

¿Son también lawfare las investigaciones a Zapatero o el caso de Leire Díez?

Tengo que ser respetuoso con los procesos judiciales, lo mismo que reclamaría para mí porque he sido juez instructor durante muchos años. Además, en la Audiencia Nacional tengo que dar por hecho que mis colegas hacen lo propio. Lo único que nos tiene que centrar es que las acciones y las actuaciones judiciales en un proceso penal, cuando están en instrucción, son acciones provisionales, se basan en indicios. El lenguaje es muy importante. En estos casos hay que tener la prudencia necesaria a la hora del análisis de esas actuaciones judiciales.

Yo entiendo que los medios de comunicación tienen que cumplir con su obligación y dar información al respecto, pero no es lo mismo dar una información con las limitaciones y con las precauciones correspondientes que utilizar como un dardo envenenado ya una plataforma de comunicación en contra de determinadas personas. En el caso que usted me planteaba de José Luis Rodríguez Zapatero todavía no hemos oído siquiera a la persona afectada. Vamos a esperar.

Se lo voy a preguntar desde otro ángulo. ¿Cree que el lawfare puede terminar con el Gobierno progresista?

El uso del lawfare lo primero que puede producir es una desestabilización del Estado de Derecho democrático. Por eso hay que ser vigilantes, hay que denunciar cuando hay ese tipo de conductas. Hay que defender, por supuesto a las instituciones, cuando hay un acoso contra las instituciones. Yo no digo que no se le defienda. Yo soy el primero que las defiende. Lo que indico es que también hace daño cuando asociaciones judiciales conservadoras, como se ha conocido hoy mismo [en referencia al miércoles], critican al Poder Judicial porque no ha sido suficientemente beligerante para defender corporativamente a los jueces.

Pero es que, oiga, cuando algunos éramos objeto de ataques sistemáticos y no nos protegía el Consejo General del Poder Judicial, ¿quiere decir que no teníamos que cumplir con nuestra obligación? La justicia siempre va a estar en el ojo del huracán y cuando se hacen investigaciones concretas y difíciles siempre va a haber críticas, pero hay que hacerlo. El sistema español establece los mecanismos de protección para no tener que estar implorando que se respete la independencia judicial.

En el libro dice que no solo en España, también en diferentes países del mundo las élites del Poder Judicial o de los tribunales supremos se están apoderando de espacios que no les corresponden. ¿A qué se refiere?

No hay contrapesos de poder ante el ejercicio de esa función constitucional de administrar justicia. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo es el último eslabón de la cúspide judicial con un recurso de casación, como he dicho, ya viene un camino recorrido. En cambio, cuando es en única instancia respecto de aforados quizás habría que diseñar como mínimo una segunda instancia.

¿Esa es la revolución pendiente de la justicia de la que habla también en el libro?

Sí, uno de los aspectos.

¿Cómo se podrían construir esos contrapesos?

Por ejemplo, atendiendo a los requerimientos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que reiteradamente nos ha dicho que se instaure la segunda instancia en el Tribunal Supremo. Lo que era una protección para aforados se ha convertido en un instrumento más que cuestionable. Lo que quiero es que haya lo mismo que en todas las demás instancias. La diferencia, por ejemplo, con la Audiencia Provincial de Badajoz es que luego va a haber un Tribunal Superior de Justicia que puede ver la apelación y se puede llevar en casación ante magistrados del Tribunal Supremo, que yo cuestiono que estén en los más idóneos y que ahí se esté por méritos. Por ejemplo, en otros países hay lo que se llama el juicio político o contrapesos en la investigación de delitos de prevaricación, que a lo mejor se tienen que juzgar por un jurado popular. ¿Por qué nos tenemos que lavar los “trapos sucios” los mismos jueces, como una especie de contubernio extraño, y que no nos toquen los demás porque los demás no saben tanto como nosotros?

Habla de que la condena al fiscal general es un punto de inflexión para llegar a la conclusión de su libro, La democracia amenazada. ¿Qué antecedentes o síntomas percibió antes?

Cito algunos casos personales que me afectan y otros como el de Vicky Rosell, el diputado de Podemos también de Canarias [Alberto Rodríguez] y en otros en ámbitos diferentes que afectaban a Podemos. Y utilizo palabras del propio voto particular [de la sentencia de Álvaro García Ortiz]. ¿Cómo puede haber esas dos realidades tan diametralmente opuestas? Los hechos probados son los que dan base a una sentencia absolutoria o condenatoria. Pero cuando en la sentencia se reconoce, por ejemplo, el valor y la veracidad de las propias declaraciones de los periodistas y luego no se explica por qué no se les da razón y justificación o cuando se dice que la autoría es del condenado o de otras personas alrededor quiere decir que puede no haber sido él. Y si no ha sido él, la sentencia tendría que ser absolutoria.

¿Por qué el tribunal no creyó a los periodistas de elDiario.es que sabemos quién filtró ese documento [de la confesión de la pareja de Ayuso]?

A lo mejor tendría que contestar usted. Porque yo no lo sé. Si no los crees tienes que deducir por falso testimonio. Lo que no puedes hacer es, como dicen en mi tierra, ni chicha ni limoná. Es decir, si un testigo dice 'blanco' y el tribunal dice está bien, pero luego no lo valora, entonces es que no sé lo que quieren decir.

En un juicio oral no se puede permitir a testigos interrogar o increpar al acusado como en el caso del fiscal general

Señala al presidente de ese tribunal, al señor Andrés Martínez Arrieta, por la “desprotección” del tribunal hacia el acusado. En el juicio al fiscal general, ¿no se cumplieron las garantías debidas?

En un juicio oral no se puede permitir a testigos interrogar o increpar al acusado y que se les deje hacerlo sin cuestionarles.

¿Se refiere, por ejemplo, a las intervenciones en el juicio de Miguel Ángel Rodríguez o de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso?

Al titular responsable de la UCO, cuando dice: “Dígame usted dónde está eso”. Mire, usted no viene a interrogar. Esa función ya se hizo, se llevó a cabo en instrucción. Yo creo que hubo mucha permisividad que no fue equilibrada.

¿Cree que hubo una suerte de vendetta contra Álvaro García Ortiz por parte de sus compañeros?

En algún punto de todos estos acontecimientos, sí. De hecho, hubo una asociación fiscal profesional que ejerció la acusación popular y que incluso pidió casi la máxima pena para él. ¿Qué hace una asociación profesional ejerciendo la acusación popular, defendiendo los intereses corporativos en una estructura que es piramidal?

¿Qué cree que no se le ha perdonado al ex fiscal general?

Probablemente, su posición perfectamente admisible, defendible y sujeta a la legalidad en el caso de la ley de amnistía y en otros casos de nombramientos en planteamientos que eran totalmente indeseados por un sector conservador que cuestionaba los avances que se produjeron en los últimos dos mandatos del Ministerio Público. En algún momento a Cándido [Conde-Pumpido] se le permitió porque era magistrado del Tribunal Supremo, pero a quienes son fiscales a lo mejor no se les consiente tanto que horaden esa especie de aura tan protectora de una justicia muy conservadora.

La transición en la justicia fue inexistente

Consideraba antes que en esa sala quizás no estaban los más adecuados. ¿Parte de la revolución de la justicia debería ser también modificar las formas de acceso al Supremo?

La forma de acceso y de mantenimiento. No entiendo que se pueda llegar al Tribunal Supremo tan joven y el cargo sea vitalicio. El propio Tribunal Constitucional o la Corte Penal Internacional tienen un límite de tiempo. Es muy peligroso hacer esa estructura que viene del franquismo y que no tiene contrapesos. Y el sistema de nombramientos no es precisamente el más idóneo.

¿Ha faltado una transición en el Poder Judicial? Usted mismo ha dicho que hay reminiscencias del franquismo.

No hubo una transición en el Poder Judicial. Una Transición con la que no estoy de acuerdo en muchos puntos. La transición en la Justicia fue inexistente. No nos levantamos. Yo todavía no formaba parte porque mi promoción fue la primera de la Constitución, pero nos acostamos con la dictadura y nos levantamos demócratas.

Se acostaron con el Tribunal de Orden Público y se levantaron con la Audiencia Nacional.

Se aceptó que el Poder Judicial era puro, inmaculado y que no había ningún tipo de contaminación y probablemente en algunos casos fuera así, pero en otros no tanto. Por no haber, no hubo ni un acto de acatamiento de la Constitución. Se daba por hecho.

En el libro menciona también el caso de [la actual fiscal de Memoria Histórica y exfiscal general] Dolores Delgado. ¿Cree que no se le ha perdonado, por ejemplo, que permitiera investigaciones al rey emérito o que avalase la salida del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos?

Eso seguro. Objetivamente, el avance progresista durante el mandato de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado fue muy notorio. Y no se le perdonó que hiciera nombramientos como el de Eduardo Esteban y, luego, que se le nombrara fiscal de Sala de la Memoria Democrática. Se acabó con su integridad corporal, porque al final ella tuvo que dimitir o renunciar, mejor dicho, porque se rompió. Y en el caso de Álvaro [García Ortiz], pues terminó traumáticamente, como todos conocemos.

¿Cree que un cambio de gobierno podría poner en amenaza una Fiscalía como la de Memoria democrática?

Sí. Bueno, no es que lo crea, es que lo han dicho. Y eso, entre otras cosas, desvela la falta de consideración a las víctimas del franquismo de su categoría de víctimas, que desgraciadamente siempre ha ocurrido. Ha habido categorización de víctimas y las del franquismo están en el último grado del escalafón, cuando sin dudarlo también han sufrido persecución durante años y décadas.

Comenzábamos la entrevista hablando del libro de Marchena. Usted lo menciona como uno de esos miembros del Supremo que quizás esté poniendo la democracia en amenaza.

Eso lo dejo al juicio del lector. No es rehuir porque el que lea el libro claramente sabe.

A mí me lo ha parecido.

Lo dejo a la decisión y el juicio del lector. Yo establezco una serie de criterios, de parámetros en los que trato de expresar lo que ha sucedido y a partir de ahí. Y utilizo un término que es el de urdidor de voluntades que cada uno puede interpretar como considere.

Está de moda hablar de las cloacas del Estado. No sé si a lo largo de su trayectoria usted ha tenido contacto con esas cloacas y si se arrepiente de alguno de esos contactos.

He tenido contacto con policías que han investigado delitos de terrorismo y que en algún caso han resultado afectados por hechos que tuvieron lugar en tiempos en los que yo ya no tenía ninguna responsabilidad. Desde luego, en lo que de mí depende y bajo mi mando jamás hubiese ocurrido lo que aconteció. Dicho esto, también por respeto profesional y demás, me quedo ahí, pero para mí son inaceptables. Lo que sí quiero decir es que el despacho defendió a una de las personas que ha sido cuestionada y que no ha podido ser juzgado porque...

¿Se refiere a Eugenio Pino?

No. Me refiero a Enrique García Castaño, que por su incapacidad física después del ictus que le dio no ha podido decir nada aunque todo el mundo se refiere a él. Lo único que ocurre es que, sin quebrantar el secreto profesional, aunque él tenía sus abogados, el despacho optó por su defensa porque colaboró con la justicia. A partir de ahí no quiero tampoco incidir en este tema porque han sido muchas las falsedades y las manipulaciones que se han hecho.

En todo caso, el Estado de Derecho no se defiende como se decía desde las cloacas, se defiende con mecanismos y con la legalidad. Cuando en España hubo un ataque durísimo del Estado de Derecho con los GAL, la única respuesta que solventó la situación fue la investigación judicial. Cuando los fondos reservados se utilizaron ilegalmente, hubo respuesta judicial. Cuando después se han utilizado espero que haya respuesta judicial. Esos son los mecanismos que tenemos. No son otros.

Vídeo y fotos: Lourdes Jiménez

La jueza instructora que investiga el accidente de El Bocal, en la costa norte de Santander, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida de gravedad tras ceder una pasarela de una senda costera, ha ampliado la investigación a quien fue jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, cuando se jubiló.

La declaración del ex trabajador de Costas se suma a quien le sucedió en el cargo —actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras— y al jefe de la Demarcación de Costas —director de Obras del Proyecto de 2014 de construcción de la senda costera—, quienes declararán como investigados el 15 de mayo, en una sesión en la que se practicarán además las pruebas periciales.

El auto de la jueza señala que la falta de mantenimiento de la infraestructura podría constituir una “negligencia grave” y la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave —por los seis fallecimientos— y un delito de lesiones por imprudencia grave –por las heridas sufridas por la superviviente.

En un auto dado a conocer este martes, la magistrada señala que este funcionario al que suma a la investigación, “ostentó una posesión de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela” y tuvo la “obligación de promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias en tal lapso de tiempo”.

La jueza sostiene, basándose en el informe pericial, que “la ausencia de inspecciones y mantenimiento adecuados pudo impedir, detectar y corregir el progresivo deterioro de la infraestructura, generando un riesgo relevante que se materializó en el colapso de la pasarela”.

Para la instructora, “con su conducta omisiva cada responsable de la Jefatura de Obras pudo contribuir al mantenimiento del riesgo no controlado que desembocó en el fatal resultado, concurriendo en sus personas, por el cargo que ostentaban y ostentan, una clara posición de garante y capacidad de actuar”. Por eso, la magistrada ha acordado también que el médico forense examine la pasarela para contar con un informe sobre la sanidad de las lesiones que sufrió la víctima superviviente. 

“La ausencia total de inspecciones”

El auto sostiene que la pasarela estaba “abierta para su uso público sin ningún tipo de restricción, no sometida a ningún tipo de control o inspección y mantenimiento desde su construcción en 2014, y en donde aparentemente se utilizó como material para los herrajes de las vigas de apoyo uno ciertamente inadecuado para toda estructura sometida a un ambiente exterior sin cubrir (más aún cuando tal estructura se ubica en el mismo borde costero)”.

Y continúa: “La ausencia total de inspecciones presumiblemente impidió detectar deterioros estructurales, limitándose las únicas actuaciones de mantenimiento realizadas a una intervención tardía y parcial, al centrarse exclusivamente en su estructura de madera”.

Todas esas circunstancias “no permitieron abordar elementos críticos” y “el colapso, pues, pudo ser consecuencia de un deterioro progresivo no controlado”, ha valorado la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.

Por ello, considera que “la omisión de la diligencia debida, en los términos así expuestos, presenta en estos momentos caracteres de negligencia grave que, como tal, justifica la acción penal ya ejercida por posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave en su modalidad agravada por pluralidad de víctimas, y un delito de lesiones por imprudencia grave frente a los investigados”.

15 de mayo declaración de técnicos investigados

En una providencia también dada a conocer este martes, la magistrada autoriza el acceso al lugar de los hechos para realizar inspección ocular y toma de muestras a todos los peritos propuestos por las partes: los de las defensas del jefe de la Demarcación de Costas y del actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras; y también al perito elegido por las acusaciones particulares, que han anunciado que aportarán un único informe.

Los informes periciales deberán entregarse tres días antes del 15 de mayo, fecha de la declaración de los tres investigados de Costas, para que todas las partes puedan conocer su contenido antes de esa fecha, en la que se practicará la prueba.

Por otro lado, la instructora ha decidido no atender a la petición del Ayuntamiento de Santander de que el ingeniero que firmó el proyecto de construcción de las pasarelas declare el próximo viernes 27 en calidad de investigado, en vez de hacerlo como testigo—perito, tal y como se le ha citado. A su juicio, “ni el ministerio fiscal ni ninguna otra parte personada ha dirigido contra el citado expresa denuncia o querella” y “esta juzgadora tampoco” —ha dicho— “por entender que el ingeniero ”es responsable de un proyecto parcial, en cuanto no abarca la totalidad de la obra“.

Para la magistrada, lo que este ingeniero firmó se trata “más bien de un subproyecto o un anexo integrado en el proyecto principal de la senda, aceptado y avalado por ello por el director de la Obra, que sí actúa en esta causa en calidad de investigado”.

Registro en la base de datos policial

Finalmente, la instructora atiende a lo solicitado por la defensa de la agente de la Policía Local investigada y pide que esta institución aporte las actuaciones registradas en la base de datos policial derivadas de las llamadas entrantes entre las 12:14 y las 14:30 horas del día previo al accidente -fecha en la que un vecino llamó al 112 alertando del estado de la pasarela-.

En concreto, solicita la parte y acuerda la magistrada que se desglose en cuántas actuaciones se comisionó una patrulla de Policía Local, en cuántas se comisionaron agentes de Movilidad Urbana y en cuántas no se comisionó ni a unos ni a otros.

El próximo día 24, la jueza escuchará a los superiores jerárquicos y a dos compañeros tanto de la agente de la Policía Local de Santander como de la gestora del 112 investigadas, después de que el inspector jefe de la Policía Local y el director del Servicio de Emergencias hayan respondido al requerimiento de la instructora para que identificaran a estas personas.

El Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial sitúa en 67,1 la tasa acumulada de muertes por violencia machista por cada millón de mujeres mayores de 15 años desde 2003, con 58,4 en el caso de Castilla y León, la quinta menor del conjunto autonómico.

Las comunidades con mayores tasas acumuladas son Ceuta y Melilla (168 y 96 por millón, respectivamente), seguida de Canarias (93,9 mujeres) y Baleares (89,8 mujeres). La comunidad con menos tasa acumulada desde 2003 es Extremadura (34,6 mujeres) seguida del País Vasco y Cantabria (con 44,6 y 46,5).

El Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial cifra en 49 las mujeres asesinadas en 2025, el 80% de las cuales convivía con su agresor, un dato más elevado que en 2024.

En Castilla y León, Andrea B., de 34 años, asesinada por su marido el 16 de marzo en Burgos, y con un hijo menor, añadió su nombre en 2025 a la lista de las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en esa comunidad desde que en el 2003 arrancó ese registro, que ya suma 66 crímenes machistas en esa autonomía.

El Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja correspondiente a 2025, elaborado con los datos suministrados por los juzgados, suma un feminicidio más de los 48 recogidos hasta ahora en la estadística de la Delegación contra la Violencia de Género.

El dato de mujeres asesinadas (49) es el mismo que en 2024, 2021, 2020, 2017 y 2016, la cifra más baja desde que hay registros en 2003: hubo un asesinato cada 7,4 días

El promedio interanual de muertes entre 2003 y 2025 se sitúa en 58,3 casos/año, si bien puede advertirse una notable diferencia si dividimos la serie temporal en dos periodos. La media del primer intervalo, entre 2003 y 2014 era de 65 muertes al año, mientras que en el segundo intervalo, entre 2014 y 2025 se sitúa en 52,4.

El Observatorio del CGPJ considera “innegable que la consolidación y el perfeccionamiento de las políticas públicas” han derivado en una descenso significativo del promedio anual de muertes. El informe insiste en que se trata de un fenómeno que afecta a toda la sociedad, con independencia de su nacionalidad, edad o nivel de estudios.

Datos generales

El perfil genérico de las víctimas mortales de 2025 son mujeres de 47,3 años, en su mayoría españolas (57,1%), que en un 80% vivían con su agresor, un porcentaje muy elevado respecto a 2024 (67,3 %) y de la serie histórica (2003-2025), que fue del 63%. Además, en el 89,1% de los casos fueron asesinadas en un domicilio, o bien el de ambos, o de uno de ellos.

Respecto de la nacionalidad de las mujeres extranjeras asesinadas, el 76,2% de ellas procedían de América, el 14,3 de África y el 9,5%, de Europa, según este informe del Observatorio del CGPJ. La edad promedio de los agresores fue de 49,4 años; en su mayoría (63,3%) eran españoles, y en el 61,2% de los casos fue detenido. La víctima más joven tenía 19 años y la mayor, 86, mientras que el agresor más joven tenía 21 años y el mayor, 90.

El mes de junio y los miércoles como día de la semana reúnen los peores datos en cuanto a violencia machista en 2005, ya que en ese mes se registraron el 16,3% de los crímenes (en la serie desde 2003 el peor es julio) y el 20,4% los feminicidios se registraron ese día de la semana (en la serie desde 2003 el peor es el domingo).

Denuncias previas y medidas de protección

Once de las víctimas (22,4%) habían presentado denuncia previa contra sus agresores, una cifra menor que en 2024 (30,6 %), y la del promedio de la serie histórica (25,8 %). De estas 11 mujeres que habían denunciado, siete convivían con el agresor en el momento del crimen.

El Observatorio del CGPJ cifra en 4 las víctimas que tenían medida de alejamiento en vigor. Las mujeres que denunciaron en 2025 tenían una edad media 42,4 años, y además, en un 63,6% de los casos, todavía convivían con el agresor que finalmente las asesinó. Denunciaron más víctimas extranjeras que españolas (un 23,8% frente a un 21,4%).

La violencia vicaria

El informe dedica uno de los capítulos a las muertes por violencia vicaria, con el objetivo de “dar visibilidad a un problema terrible”, que según recuerda, ha costado la vida a tres menores en 2025. Hasta el 31 de enero de ese año, 65 menores fueron asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres desde 2003, a los que hay que sumar los tres de este inicio de 2026.

Los niños asesinados en 2025 eran dos niñas y un niño, en la Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco. Tenían un promedio de edad de 6,7 años y dos de ellos murieron a manos de su padre biológico, y uno, a manos de la pareja actual de la madre.

Por comunidades autónomas

El informe del Observatorio del CGPJ recoge la tasa acumulada de muertes por cada millón de mujeres mayores de 15 años desde 2003, que se sitúa en una media de 67,1. Muy por encima de esta media están Ceuta y Melilla (168 y 96 por millón, respectivamente), seguida de Canarias (93,9 mujeres) y Baleares (89,8 mujeres). La comunidad con menos tasa acumulada desde 2003 es Extremadura (34,6 mujeres) seguida del País Vasco y Cantabria (con 44,6 y 46,5).

El 50% de las asesinadas en Galicia y Madrid en el 2025 habían presentado denuncia previa, circunstancia que en Cataluña asciende al 40%, al 33 en Andalucía y el 25 % en la Comunidad Valenciana; la mujer asesinada en Burgos no habría presentado denuncia previa. En 2025 no hubo ningún crimen en Cantabria y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Italia celebra este 22 y 23 de marzo un referéndum constitucional clave para calibrar el apoyo al Gobierno de Giorgia Meloni y materializar uno de sus planes de mayor peso de la legislatura. La consulta popular se centrará en un plan de reforma judicial que el ejecutivo ve esencial para modernizar la Justicia, aunque oposición, sociedad civil y muchos juristas la consideran un peligroso paso para ejercer control político sobre el sistema judicial. Mientras los sondeos indican que podría ganar el “no”.

Las fuerzas que integran el Ejecutivo han acelerado en los últimos días su campaña para movilizar a su electorado, en un contexto en que los ataques del Gobierno a los jueces han crecido en gran medida estos años, especialmente tras las varias sentencias que tumbaron el plan de expulsión de migrantes desde centros de internamiento en Albania y pusieron límites a las políticas de línea dura del Gobierno en materia migratoria.

El debate sobre la reformulación del sistema judicial italiano —considerado poco funcional, con un modelo de gestión anticuado y una burocracia que lo ralentiza— se remonta a los años 80. Uno de los que intentó cambiarlo a su medida fue el difunto magnate e histórico ex primer ministro Silvio Berlusconi, enmarañado durante su carrera en una treintena de procesos judiciales que incluyeron cargos por soborno, corrupción o prostitución de menores, aunque finalmente solo fue condenado e inhabilitado por fraude fiscal.

En su momento, los cambios que impulsó no prosperaron o fueron tumbados por la Corte Constitucional. Ahora, el Ejecutivo busca recuperar parte de ellos, como la separación de las carreras de jueces y fiscales, secundando en parte las acusaciones del Cavalliere, que incluso llegó a tachar a los magistrados de comunistas.

En esta legislatura, la acusación de que la Justicia está politizada o alineada con la izquierda fue recurrente entre altos cargos como Matteo Salvini o la misma Meloni, que estas semanas han visto cómo el escenario internacional, marcado por el conflicto de Irán, dejaba en segundo plano la campaña del referéndum, mientras los temores de los italianos por la subida de precios y el impacto económico de la guerra marcan la actualidad.

El efecto [electoral] habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE

Matteo Giardiello — Politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma

Esto coge a la primera ministra a contrapié, en una posición delicada por su alianza con Donald Trump —de la que la mandataria se jactó estos años— pero que ahora puede jugar en su contra ante una opinión pública contraria a la guerra que podría trasladar su malestar en el referéndum, según algunos analistas. De hecho, se prevé que la abstención sea cercana al 60%, y los sondeos señalan una pugna reñida entre el “sí” y “no”, aunque el voto contrario a la reforma ha ido ganando cierta ventaja.

Que la votación suceda en esta situación no es ideal para la primera ministra, según Matteo Giardiello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma. “El efecto habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE”, comenta el especialista a elDiario.es. En su opinión, ante ello, “el referéndum, más que un voto sobre la reforma, será una prueba política para la mandataria”, en el marco de una campaña marcada por la polarización y politización entre distintas posturas.

El Parlamento aprobó la reforma judicial en otoño con la mayoría de votos de la coalición, pero no tuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para las modificaciones constitucionales que requiere, que afectan a siete artículos de la carta magna, por lo que se someterá a referéndum. Se trata de una consulta confirmatoria que no debe reunir un umbral mínimo de votantes para que el resultado sea válido.

El precedente de Renzi

El Gobierno también evitó plantear la votación como un pleibiscito para prevenir estragos en caso de derrota. Este fue el caso del referéndum para disminuir el poder del Senado que impulsó en 2016 el entonces primer ministro Matteo Renzi, que tuvo que dimitir tras fracasar en la consulta.

La Justicia ha sido la gran piedra en el zapato de Meloni en los últimos años. Para una gran parte de juristas, la reforma va un paso más allá en la meta de socavar su independencia. La Asociación Nacional de Magistrados (ANM), entidad que aglutina a la mayoría de jueces y fiscales de Italia, pide votar “no”, al considerar que llevaría “a crear un poder judicial dócil y sumiso”, con riesgo de debilitar su autonomía y hacer más frágil el Estado de derecho.

“La reforma busca hacer la Justicia más moderna, meritocrática, autónoma, responsable, y sobre todo más libre de condicionamientos políticos. No va contra los magistrados, sino contra la degeneración de un sistema estancado que nunca se adecuó al mundo cambiante que lo rodea”, aseguró este mes la primera ministra, en un vídeo difundido por redes donde pidió ir a votar “sí” ante el temor de que una abstención alta pueda beneficiar a los partidarios del “no”, más movilizados que el electorado progubernamental.

La líder del opositor Partido Demócrata, Elly Schlein, ha estado estos días de gira por Italia para pedir el voto negativo, y este miércoles, la CGIL —principal sindicato del país— hizo un acto de fin de campaña en el centro de Roma abogando por el “no”.

“La reforma crea las condiciones para que el poder judicial sea capturado por los políticos”, estima Giuliano Serges, profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre. Según agrega, servirá como test para que Meloni valore si tiene fuerza para seguir con otras reformas clave como el estatus dela figura del primer ministro, llamado Premierato. Este proyecto, ya introducido a nivel parlamentario y pendiente de aprobación final, prevé la elección directa del jefe de Gobierno en comicios, o la obtención del 55% de escaños para la lista ligada al candidato ganador, y es vista por críticos como una medida para reforzar el personalismo en torno a Meloni y el poder de su coalición.

Si esta consulta le funciona, Meloni impulsará otra reforma para pasar de una república parlamentaria a otra presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro

Giuliano Serges — Profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre

“Meloni quiere ver cómo va esta consulta. Si le funciona, impulsará pronto la reforma del Premierato, porque ganará fuerza y la oposición lo tendrá difícil para enfrentarse a ella”, asegura Serges a elDiario.es. En la misma línea se pronuncia Giardiello. Según alega, “la reforma judicial debe interpretarse como parte de un plan más amplio para transformar la estructura constitucional italiana”, con el Premierato como meta final. Este proyecto “busca pasar de una república parlamentaria a una presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro”.

Separar a jueces y fiscales

Entre los cambios de la reforma judicial hay un aspecto rebuscado y difícil de descifrar para el italiano medio. Se trata de la separación de las carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional, porque en ambos casos acceden a la magistratura tras superar un mismo examen. Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales.

A ello se añade la división del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) —equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España— en dos órganos distintos que separen a jueces y fiscales, así como la creación de un Tribunal Superior Disciplinario para gestionar casos de mala conducta. La separación, según Serges, hará que tales organismos “corran el riesgo de ser más débiles e influenciables desde el ámbito político”.

Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales

También se prevén otras reglas de elección, como la introducción del sorteo como vía para designar a miembros de estos organismos, una medida que según el Gobierno reducirá la influencia de las corrientes políticas internas entre magistrados, aunque los críticos aseguran que reforzará la interferencia política sobre el sistema judicial.

“El sorteo es ficticio, porque se debe hacer a partir de una lista reducida de potenciales miembros elegidos por el Parlamento, y es muy probable que surjan nombres de personas conectadas al poder político”, asegura a elDiario.es Giuliano Granato, portavoz de Potere al Popolo, fuerza izquierdista extraparlamentaria que estuvo entre los organizadores de una protesta por el “no” en Roma que el pasado sábado reunió a miles de personas.

Desde su punto de vista, “hay un intento de promover un modelo de autoritarismo con esta reforma”. Coincide en este planteamiento con Edoardo, otro participante en la protesta que espera un triunfo del “no” como “primera pequeña señal de oposición al gobierno”.

Apatía ciudadana

El ejecutivo de la líder ultraderechista ha mantenido la estabilidad sin grandes tropiezos desde 2022, y la reforma judicial —promovida en gran medida por el ministro de Justicia, Carlo Nordio— es uno de sus proyectos estrella. Sin embargo, tras semanas de debate en torno a un asunto muy enrevesado para la población a pie de calle, se prevé que muchos acudan a votar no tanto en clave jurídica, sino en función de su apoyo o rechazo a Meloni.

“Esta reforma afecta poco a la vida cotidiana de la gente. Yo iré a votar como forma de decir 'no' al Gobierno”, dice un ciudadano romano consultado por elDiario.es entre las callejuelas del barrio del Trastevere de Roma, en un ambiente de apatía ante la campaña que formaciones del Ejecutivo como la Lega han intentado revertir.

Así lo ha hecho Erika Stefani, senadora de la Lega, miembro de la Comisión de Justicia del Senado y del comité promotor del “sí”, que asegura en una llamada con elDiario.es que la reforma “beneficiará las relaciones entre política y poder judicial, independientemente del partido que esté en el Gobierno, sea de izquierda o derecha”, mientras que no ve ningún cambio “que prevea una interferencia política sobre la Justicia”.

El plan “permitirá a los magistrados, jueces o fiscales hacer carrera independientemente de su afiliación a corrientes políticas”, ya que busca “eliminar el fenómeno del faccionalismo” dentro la Justicia, asegura. Según añade, los cambios afectarán positivamente a los organismos del Consejo Superior de Justicia, donde accederán los juristas “que sean elegidos por sorteo, más allá de su afiliación” a una corriente u otra.

Según Stefani, en caso de perder, la coalición de Meloni no se verá gravemente afectada, porque “tiene un enorme consenso”, y “simplemente significará que la reforma queda aparcada y muere ahí”. El politólogo Giardiello discrepa. Opina que si vence el “sí”, Meloni verá legitimada su agenda y podría acelerar otras reformas como el Premierato, pero que una victoria del 'no' debilitaría al Ejecutivo en un contexto internacional también difícil y podría perjudicar a Meloni de cara a las elecciones de 2027.