Los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial —José Eduardo Martínez Mediavilla, Isabel Revuelta, Carlos Orga y Alejandro Abascal— que han rechazado este lunes poner en marcha un expediente al juez Peinado por insinuar que la Policía que ejerce las labores de escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga han emitido un voto particular para explicar su decisión.

Los cuatro consideran que a través de esas expresiones, el magistrado “está explicando los motivos por los que él entiende que procede su decisión de adoptar medidas cautelares”. Esa decisión es “estrictamente jurisdiccional y revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos”, es decir, opinan que debe ser la Audiencia Provincial de Madrid la que decida si hay una “eventual ausencia, insuficiencia o desacierto” en la motivación de las medidas cautelares.

“Ese juicio revisor no es competencia del Consejo General del Poder Judicial por vía disciplinaria”, continúan, por lo que cualquier actuación “supondría inmiscuirse ilegítimamente en las competencias que únicamente corresponden a la Audiencia Provincial de Madrid en vía de recurso”. “Afecta a los principios constitucionales de exclusividad de la jurisdicción y de independencia judicial”, añaden.

La decisión ahora está en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria tras salir adelante con el voto de Carlos Hugo Fernández, Bernardo Fernández , Argelia Queralt y la presidenta, Isabel Perelló, que ejerce la presidencia y tiene voto de calidad.

Se veía venir que el juez Peinado se iba a despedir con un gran número final de magia procesal. Llevaba semanas preparándolo cuidadosamente y no podía ejecutarlo en otro marco más incomparable que todas las portadas del domingo. Unos reciben relojes cuando se jubilan, otros retiran pasaportes diplomáticos. La gran sorpresa ha sido que haya hecho desaparecer la lealtad de la Policía hacia el imperio de la ley.

Había empezado la construcción del relato con aquella extemporánea citación para una audiencia, donde normalmente no se requiere la presencia del imputado, conminando a Begoña Gómez a acudir bajo amenaza de uso de la fuerza policial en caso de no hacerlo. Por si a alguien le quedaba alguna duda, allí estaba el juez avisando a la peligrosa delincuente que la policía únicamente estaba esperando su señal para esposarla y llevarla en el asiento de atrás del coche patrulla. Seguramente con varias patrullas escoltándose unas a otras para evitar que algún topo policial sanchista facilitase la fuga a la malhechora. 

Luego, ya en vísperas, se produjo el oportuno error de endosarla en una causa separada por dos delitos más mientras esperábamos su decisión sobre las medidas cautelares ya fuera de plazo. Begoña Gómez no estaba ni se la esperaba en la causa separada porque nada tiene que ver. Pero no fuera a ser que alguien se despistase y pudiera pensar que su carrera delictiva había terminado. Que ya es casualidad equivocarse de plantilla justo ese día. Aunque ya nadie duda a estas alturas que España es el país de las coincidencias extraordinarias. 

Las nuevas adquisiciones eran los delitos de prevaricación, sin duda una especialidad de la casa, y fraude a los intereses comunitarios, para darle el glamuroso toque internacional. Una vez colocado el titular llegaba la rectificación avisando que, si hubiera indicios suficientes, se le volverían a endosar. Una advertencia tan innecesaria como chocante dado que, de haber indicios, cualquiera puede y debe ser imputado, incluso un juez. A no ser que su señoría nos avise que las imputaciones son discrecionales; a voluntad del juez, no de la ley. Además, endosarle prevaricación arruinaba la perspectiva de abrirle juicio oral con jurado y el espectáculo siempre debe continuar. 

El último truco ha sido retirarle el pasaporte porque ni con escolta ni sin escolta tienen remedio los males de Begoña Gómez; tal parece el grado superlativo de su pericia criminal y su historial delictivo. Si tuviéramos un penal de máxima seguridad como esos que salen en las series norteamericanas, ni siquiera con ella encerrada allí estaríamos seguros. 

Tres causas contempla la ley para imponer medidas cautelares: riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o seguir delinquiendo. Ninguna concurre en este caso. Se trata de una evidencia jurídica incontrovertible. Pero no importa porque su señoría es un juez de instrucción y el único límite a su voluntad reside en la providencia. Quienes dicen que no hay de qué preocuparse porque la decisión será revisada pues nuestro sistema es muy garantista, deberían probarlo alguna vez para disfrutar por completo la experiencia de tanta garantía. 

Si es usted inocente seguro que no le importa acompañarnos a comisaría, te decían antes. Si es usted inocente no se preocupe que ya se lo reconocerán en segunda instancia en unos meses, te dicen ahora. En un sistema garantista todos tenemos garantizado el derecho a tener un juez que no parta de la presunción de culpabilidad, que ponga en el eje del proceso la garantía de nuestros derechos y libertades constitucionales y que cause el mínimo daño posible en el honor y en la reputación de personas que se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. 

En los restantes sistemas el único que de verdad tiene derechos es el juez y ustedes se callan mientras él habla; así que váyanse acostumbrando.  

El 47,8% de los españoles considera que la Justicia no actúa de forma imparcial en España, frente al 34,9% que cree que jueces y fiscales siempre realizan su trabajo de forma objetiva. Un 31,8% de la ciudadanía afirma que los tribunales actúan “con más dureza” contra la izquierda, frente a un 16% que asegura que es más severa con la derecha y un 17% evita pronunciarse. Sobre quienes sí se pronuncian, la cifra de ciudadanos que cree que la Justicia no actúa de forma imparcial es del 57,8%, mientras que el 42,2% considera que sí trabaja de forma objetiva. Estos datos se recogen en la encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es elaborada entre el 9 y el 12 de junio y, por tanto, después de que salieran a la luz las investigaciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez y a la exmilitante socialista Leire Díez.

La percepción de la actuación de la Justicia es, de hecho, muy diferente en función del recuerdo de voto y de los ejes izquierda-derecha. Los votantes del PP son los que más confían en la imparcialidad de la Justicia, seguidos de los de Vox. En cambio, los electores de PSOE y Sumar consideran de forma mayoritaria que la Justicia actúa con más dureza cuando se trata de investigar o juzgar a miembros o dirigentes de la izquierda.

Cuando las causas que afectan al PSOE copan titulares y tanto Leire Díez cómo José Luis Rodríguez Zapatero esperan las próximas actuaciones de los tribunales, una gran mayoría de los votantes socialistas (un 56%) cree que la Justicia en España no actúa de la misma manera ante la corrupción, independientemente de si los investigados son de izquierdas o derechas. El 47,9% de los españoles que en las últimas elecciones generales votaron a los socialistas opina que la Justicia “actúa con más dureza contra la izquierda” y un 8,1%, que es más dura contra la derecha. Un tercio de los votantes del PSOE, el 30,6%, sostiene, en cambio, que sí, “la Justicia siempre actúa de forma imparcial”.

Es llamativo cómo este último porcentaje se amplía en el caso de los votantes del PP. Una gran mayoría, el 58,1%, considera que la Justicia es imparcial independientemente de si los investigados son de izquierdas o de derechas. Solo un 18,6% cree que “actúa con más dureza contra la derecha” y un 10,4% de los votantes populares, afirma que lo hace con más dureza contra la izquierda. En el caso de los votantes de Vox, el 39,1% confía en la imparcialidad de los tribunales aunque un 36,2% afirma que es más dura contra la derecha y un 11,4%, que es más taxativa con las fuerzas o dirigentes progresistas.

Los votantes que menos confían en la imparcialidad de la Justicia son los de Sumar. Solo un 17,1% de los ciudadanos que en las últimas generales apoyaron a la coalición encabezada entonces por Yolanda Díaz cree que “la Justicia siempre actúa de forma imparcial” independientemente de si los investigados son de izquierdas o de derechas. La gran mayoría, un 65,1%, afirma a su vez que jueces y tribunales actúan “con más dureza” contra la izquierda y solo un 9,1% de los votantes de Sumar cree que es más severa contra la derecha.

Ateneo del Dato también pregunta a los encuestados con qué partido asocian más la corrupción política. El PSOE es el principal perjudicado. Un 41,9% de los españoles asocia la corrupción a los socialistas, frente a un 32% que la vincula con el PP y un 6,2% que la relaciona con Vox. En las respuestas hay, no obstante, un gran sesgo partidista. Así, un 71,5% de los votantes del PP y un 69,2% de los de Vox asocia directamente la corrupción con el PSOE, porcentajes que se reducen notablemente en los casos de los electores socialistas (un 29,6% vincula al PSOE con la corrupción) y Sumar (11,4%).

Entre los electores progresistas, en cambio, la situación se da a la inversa. Un 50,2% de los votantes del PSOE y un 69,4% de los de Sumar asocian la corrupción al PP. Un 7,6% de los ciudadanos que en las generales apoyaron a los socialistas vinculan a Vox con la corrupción, un porcentaje que se amplía al 9,5% en el caso de los votantes de Sumar.

La encuesta se realizó en la semana en la que se conocieron novedades en el caso de Zapatero, como la tasación judicial de las joyas incautadas en su despacho que las valoró en 1,3 millones de euros y la apertura de una pieza separada para investigar si se cometieron delitos contra el fisco y contrabando. Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales que tratan de analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno. El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales.

El futuro judicial de Begoña Gómez y el de los otros dos investigados —su asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés— queda ahora en manos de la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción. En este caso, dependerá del juicio de los tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción de Juan Carlos Peinado. Durante los más de dos años que dura la investigación, esos tres jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Este tribunal ha avalado una parte importante de las pesquisas de Peinado, pero también ha corregido algunos de sus excesos. Le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas —como el rescate de Air Europa— por basarse en meras conjeturas, o levantar la imputación de cuatro investigados –el rector de la Complutense, un directivo del IE, el actual Delegado del Gobierno en Madrid y la secretaria general de Presidencia– o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etcétera dentro de los parámetros fijados en la ley (…) La resolución no justifica los motivos que llevan a registrar el domicilio (…) tampoco se justifica la necesidad de que el registro se practique a la media hora de la firma del auto, y todo ello considerando que se limitan los derechos del investigado, quien se encontraba ingresado en el Hospital 12 de octubre, tampoco se comprende una medida tan extensa y desproporcionada a los fines de la instrucción (…) Son producto de un juicio de inferencia absolutamente ilógico y arbitrario”, le advirtieron ya entonces los magistrados de la Audiencia Provincial.

El Tribunal Supremo rechazó con un portazo la exposición razonada donde Peinado pretendía la imputación del ministro de Justicia, Félix Bolaños: “No se aprecia ni un mínimo respaldo indiciario”. Entre la decena de recursos que estos magistrados tienen que resolver ahora están los que impugnan la decisión del juez de derivar el procedimiento por la vía del jurado popular, o su última decisión de abrir juicio oral por el procedimiento del jurado e imponer medidas cautelares a Begoña Gómez —retirada del pasaporte y comparecencias ante el juzgado dos veces al mes—. La motivación del juez para justificar el riesgo de fuga —que los policías que la escoltan diariamente o sus jefes superiores pueden ayudar a huir a la mujer del presidente— desencadenó una denuncia del ministro del Interior ante el Consejo General del Poder Judicial. Su presidenta, Isabel Perelló, propuso a la comisión permanente abrir expediente disciplinario al juez por estos hechos. Ese órgano debatirá hoy la propuesta.

Las diligencias del caso Begoña Gómez arrancaron con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez basándose en diversas informaciones de prensa sobre un supuesto tráfico de influencias, sin acreditar, más un bulo sobre una subvención pública a una empresa de la mujer del presidente. La investigación amagó con transformarse en macrocausa cuando Peinado llegó a investigar a Begoña Gómez por media docena de aspectos de su vida profesional desde que su marido fue elegido presidente del Gobierno. Desde sus másteres y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense –con la que colaboraba desde 2012, antes de que Sánchez fuera siquiera líder del PSOE– hasta su puesto en el Africa Center del IE pasando por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés o su supuesta vinculación con el rescate de Air Europa a través de una supuesta amistad con su entonces consejero delegado Javier Hidalgo y Globalia.

Muchas de estas ramificaciones fueron cerradas a golpe de auto por la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Air Europa, hicieron falta varias resoluciones de este tribunal para que Peinado, a regañadientes, dejara de encargar informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para saber si Begoña Gómez había presionado a su marido para rescatar esta aerolínea. También forzaron el cierre de la rama de la investigación que tenía que ver con el trabajo de Begoña Gómez para el IE, quedando entonces de manifiesto que Peinado había retorcido la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro y exconsejero con Esperanza Aguirre, para buscar ilegalidades en la contratación de la pareja del presidente.

“Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la señora Gómez”, dijo la Audiencia Provincial a Peinado. También fue archivada la parte de la causa que abrió Peinado contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado por los dos masters y la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez llegó a tener en esa universidad. La imputación, dijeron los jueces, “carece de fundamento” por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. Las reiteradas imputaciones de testigos por lo que habían dicho cuando estaban obligados a contestar y a decir la verdad también fueron cuestionadas por el tribunal supervisor.

El juez Peinado llegó a citar a Pedro Sánchez como testigo y le tomó declaración en el Palacio de la Moncloa aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al presidente declarar por escrito “sobre los hechos de que tenga conocimiento por razón de su cargo”. Aunque Gómez estaba imputada por un delito de tráfico de influencias, que solo puede cometer porque su marido es presidente del Gobierno, el juez justificó su decisión en que quería interrogar a Sánchez sobre “cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo” y logró interrogarle en un despacho de Moncloa, aunque sin ningún resultado. El presidente se acogió a su derecho a no declarar y, pese a ello, el juez Peinado facilitó el vídeo de ese testimonio fallido a las partes. La Audiencia Provincial se lo afeó: “Carecía de cualquier utilidad la entrega de dicha declaración, ya que en dicha diligencia el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar, por lo que la entrega y publicación de dicho acto carecía de sentido, debiendo permitirse a las partes se instruyeran sin necesidad de entregar copia porque el citado contenido carecía de interés ya que solo contenía determinados formalismos”.

La tormentosa instrucción llegó a provocar incluso que las acusaciones populares de ultraderecha pidieran al juez que motivara mejor sus autos para evitar que prosperaran los recursos de la defensa de Gómez y el resto de imputados. Hazte Oír, Vox o Manos Limpias, presentes en la causa, recurrieron en reforma tras la imputación de la asistente de Begoña Gómez con una censura insólita al juez instructor, exigiéndole que aportara “mayor argumentación, todo ello con el propósito de evitar riesgo innecesario de futuras nulidades que pudieran poner en peligro la progresión de la causa”.

Peinado llegó a sancionar con una multa de 5.000 euros al abogado Antonio Camacho, defensor de Gómez, por hacer declaraciones a los periodistas a las puertas del juzgado. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sanción.

El juez Juan Carlos Peinado ha abocado este sábado a Begoña Gómez a ser juzgada ante un tribunal del jurado, a falta de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos pendientes. Peinado imputa a la esposa del presidente del Gobierno delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Si todo sigue adelante por esa vía, serán nueve ciudadanos, elegidos por sorteo, los encargados de decidir si se creen a las acusaciones o a las defensas. En España, la composición de los nueve miembros y dos suplentes del jurado se decide entre los vecinos de un mismo municipio, dentro de la provincia en la que se ha cometido el delito, según la Ley del Tribunal del Jurado, que data de 1995. Tienen que ser españoles y mayores de edad, saber leer y escribir, poder ejercer sus derechos políticos y no tener una discapacidad psíquica o física que impida el desempeño de sus funciones.

La mayoría de las sentencias emitidas por un jurado popular son condenatorias. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, que datan de hace una década, 2016, el 92,3% del total (193 de 209) fueron condenatorias.

¿Cómo se forma el jurado?

La lista de candidatos a jurado −que podrán ser llamados o no− se realiza cada dos años por sorteo dentro del censo electoral. Hay varios impedimentos: estar procesado, cumplir condena por delito doloso o estar suspendido de cargo público, entre otras. Tampoco pueden formar parte de un jurado popular los diputados y senadores, la familia real o los miembros en activo de la carrera judicial y fiscal; así como las personas que tengan vínculos familiares, amistad o interés directo o indirecto en la causa.

Cada vez que hay una causa, con una antelación de un mes con respecto a la primera vista del juicio, se hace un sorteo de entre los candidatos a jurados de la lista para elegir a 36 candidatos. Hay un periodo de excusas en el que los candidatos pueden exponer sus motivos para no participar en un cuestionario. La Fiscalía y las demás partes, a quienes se ha debido entregar previamente el cuestionario que han respondido los candidatos a jurados, podrán formular recusación por concurrir falta de requisitos o cualquiera de las causas de incapacidad o incompatibilidad. Y después de esto, si todavía quedan al menos 20 ciudadanos, se procederá a otro sorteo para seleccionar a los nueve jurados que formarán parte del Tribunal, y otros dos más como suplentes.

¿Qué delitos se pueden juzgar?

Los ciudadanos de a pie solo pueden enjuiciar delitos contra las personas, los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, contra el honor y contra la libertad y seguridad. Entre estos delitos está incluida la malversación de caudales públicos, como ocurre en este caso, aunque son pocos los casos de este tipo que enjuician.

¿Se puede recusar a los miembros elegidos?

Sí. Las partes, después de formular las preguntas que quieran (y que el magistrado que preside el tribunal declare pertinentes) podrán recusar sin alegar ningún motivo determinado hasta cuatro por parte de las acusaciones y otros cuatro por parte de las defensas, según recoge la Ley.

¿Qué ocurre durante el juicio?

Los miembros del jurado tienen derecho a ausentarse del trabajo de forma justificada y la Ley contempla una retribución por cada día que dure el juicio de 67 euros, además de indemnizaciones por gastos de viaje en vehículo particular, alojamiento y gastos de manutención en caso de ser necesarios.

Los ciudadanos tienen que pronunciarse sobre los hechos, pero nunca realizan calificaciones jurídicas. Durante el desarrollo del juicio, el tribunal puede realizar preguntas a los testigos, acusados y peritos. El juez es el encargado de decidir si las cuestiones son procedentes o no, como en cualquier otro proceso.

Al final, el presidente del tribunal tiene que entregarles una hoja con los hechos concretos para que ellos declaren si han sido probados o no probados, y deben emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia. Para el de culpabilidad se necesitan siete votos, mientras que para la inocencia son cinco. Es el magistrado el que debe dar forma jurídica al veredicto y acatarlo, salvo que se produzcan contradicciones en los hechos probados o haya defectos en la votación.

¿Qué ocurre en los casos mediáticos?

Durante la deliberación, los nueve ciudadanos permanecen incomunicados con el exterior. De esta forma se pretende evitar la influencia que puede tener la información de los medios de comunicación o incluso que la realización de llamadas relacionadas con el caso, por ejemplo.

Eso no quita que, en casos como este, los ciudadanos ya conozcan cómo ha transcurrido el procedimiento: el juez Peinado lleva más de dos años investigando a Begoña Gómez y ha cerrado la instrucción cuando quedan un par de meses para su jubilación.

La causa de los trajes de Francisco Camps es otro de los ejemplos de juicio con mucha relevancia mediática: en 2012, el jurado le declaró a él y al exdirigente regional del PP Ricardo Costa “no culpables” por cinco votos a cuatro de un delito de cohecho pasivo impropio al no considerar demostrado que la trama Gürtel le hubiera regalado unos trajes de Milano. Un militante del PP que había estado presente en todas las sesiones del juicio, Carlos Lirio, fue fotografiado en la terraza del hotel donde se alojaba el jurado. El Supremo confirmó la decisión un año después.

Una estrategia destinada a destruir personalmente a Pedro Sánchez para que tire la toalla y se marche. Así reciben en el Palacio de la Moncloa la última maniobra del juez Peinado, que este sábado envió a juicio a la pareja del presidente, Begoña Gómez, e hizo suya la petición de la asociación ultraderechista HazteOir para imponerle la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días como medidas cautelares. Una decisión que “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”, según una nota distribuida a los medios por el propio Ejecutivo.

Aunque la noticia no cayó por sorpresa en el Gobierno, la confirmación de que Juan Carlos Peinado está dispuesto a llegar hasta el final y cruzar todas las líneas rojas procesales ha conseguido soliviantar a las filas socialistas después de semanas de 'shocks' postraumáticos por las investigaciones de José Luis Rodríguez Zapatero o Leire Díez. La sensación de flagrante injusticia respecto a una causa que afecta al entorno familiar más íntimo del presidente volvió a recorrer este sábado los chats internos de federaciones, de dirigentes y de militantes del PSOE, en los que incluso en algún caso se animó a salir a la calle en señal de protesta y apoyo a Sánchez y Begoña Gómez.

“Estamos ante un señor que utiliza de manera autoritaria el poder que le confiere ser juez para humillar a una persona y para reventar al presidente. No nos engañemos, esto no busca desgastarlo sin más para que pierda las próximas elecciones. Es más grave. Busca reventar a Sánchez en lo personal y que se rinda ya hoy por el miedo a que su mujer acabe en la cárcel”, apunta una de las personas del Ejecutivo más cercanas al presidente.

El impacto de las medidas cautelares en lo personal, en efecto, es enorme. Además de la exposición pública a la que obliga a Begoña Gómez por tener que acudir cada dos semanas a uno de los juzgados más concurridos de Madrid, la pareja del presidente del Gobierno no puede desde este sábado viajar fuera de España. La razón esgrimida por Juan Carlos Peinado es que podría fugarse. Y no tiene reparos incluso en señalar a los agentes de su permanente escolta policial como posibles facilitadores.

“Es un delirio. Y aunque nos afecte en primera persona lo que más nos preocupa es la afectación a la institucionalidad básica en una democracia. Porque puede fallar un eslabón de la cadena, como es el juez Peinado, pero no debería fallar el sistema. El Poder Judicial tendría que haber impedido llegar hasta aquí”, reflexiona otra fuente del más alto nivel en el Ejecutivo.

Más allá de lo personal, en el plano político empieza a consolidarse el 'efecto Peinado' como un elemento nuclear de la foto fija de la legislatura. En mitad de una tormenta perfecta de investigaciones que monopolizan el debate público y de las que hoy parece imposible que el PSOE salga indemne, como las de Zapatero o Leire Díez, la evidencia de que la causa contra la pareja del presidente es un exceso y un atropello judicial —la Audiencia Provincial ha tenido que revertir algunas de sus decisiones— ayuda al Ejecutivo a intentar asentar en la opinión pública la idea de una campaña orquestada para tumbar al Gobierno por medios no democráticos. Un discurso que pone en bandeja el proceder del instructor que investiga a Begoña Gómez y con el que los socialistas se lanzan ahora en tromba en busca de algo parecido a un efecto bumerán.

“Es una persecución injusta contra una persona inocente. Se ha intentado destruir su reputación y utilizar su nombre como arma política contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE”, emitieron desde Ferraz en un comunicado. En esa línea se sucedieron mensajes públicos durante toda la jornada. “La instrucción pone de manifiesto una obsesión enfermiza por parte de Peinado por llevarse por delante a la mujer del Presidente del Gobierno, como sea”, publicó en sus redes sociales el ministro Óscar Puente. “Es un atropello sin precedentes: la fijación, el ensañamiento y la ausencia de garantías desde el primer momento. Así no se defiende el Estado de derecho, se erosiona. La justicia debe ser igual para todos. No se puede perseguir a una persona inocente por cuestiones políticas”, compartió Óscar López. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, reaccionó: “Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia. Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo. ¿Quién reparará el daño causado?”.

A la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid responda al recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, nadie esperaba este sábado en Moncloa giros de guion del presidente del Gobierno, que tras la imputación de su pareja se tomó cinco días de reflexión y amagó con dimitir. Según las fuentes consultadas, aquella decisión de no tirar la toalla ante el envite “personal y político” de Peinado y la estrategia del PP y la ultraderecha se mantiene vigente. Y se preguntan cuánto de lejos no habrá ido el juez en su escrito para que salieran en cascada a reprender su argumentación organizaciones tan poco amistosas con el Gobierno de Pedro Sánchez como los sindicatos policiales.

A última hora del día, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó la “más enérgica queja” a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” realizado por el magistrado Juan Carlos Peinado. El ministro del Interior defendió que la actuación de los agentes “se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho”. Y por eso, según un comunicado del departamento de Marlaska, decidió ponerlas en conocimiento de la presidenta del Poder Judicial “al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones”.

“Ninguna institución española sabe, ni de manera aproximada, cuántas sentencias se han dictado por los delitos sexuales más graves ni cuántas personas han sido juzgadas y condenadas por ello”.

Esta es la conclusión de una investigación de la Universitat de Girona (UdG) tras analizar las bases de datos sobre sentencias por estos tipos penales de las tres instituciones que los recogen: la Fiscalía General del Estado (FGE), el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS), dependiente del Ministerio de Justicia, y el Centro de Documentación del Poder Judicial (CENDOJ), que recopila resoluciones de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y el Tribunal Supremo.

El estudio, publicado en la Revista Española de Investigación Criminológica, revela las carencias a la hora de recopilar los datos, pese a que la última ley sobre delitos sexuales tenía un apartado específicamente dedicado a la necesidad de contar con encuestas y trabajos sobre “índices de condena y consecuencias” de la violencia sexual.

El catedrático de Derecho Penal y Criminología de la UdG, Daniel Varona, destaca que el objetivo del estudio no es criticar a las instituciones, sino que España se sitúe en la línea de los países europeos que mejor recogen las estadísticas de criminalidad.

La comparación de datos que Varona ha realizado junto a los profesores Steven Kemp y José María López Riba constata la disparidad entre las estadísticas de distintas instituciones, lo que, a juicio de los autores del estudio, implica que se infraestiman “de manera muy notable” las cifras penales para uno de los delitos de mayor relevancia. “Se recogen menos sentencias de las que realmente se dictan”, concluye Varona.

“En Inglaterra, las estadísticas del propio sistema judicial revelan que menos del 5% de las denuncias por violación terminan en condena, pero este porcentaje no podemos conocerlo oficialmente y con exactitud en España”, señala el catedrático.

ElDiario.es ha contactado con las tres instituciones comparadas en el estudio. El Ministerio de Justicia, del que depende el RCDS, ha indicado que no valora estudios académicos, mientras que la Fiscalía General sí ha admitido algunas dificultades en la recogida de datos.

Por su lado, el Poder Judicial explica que desde la entrada en vigor el año pasado de la nueva ley de organización judicial, los informes trimestrales del Observatorio contra la violencia de género incluyen algunos datos sobre asuntos relativos a violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja.

En 2023, por ejemplo, la memoria anual de la Fiscalía reportó un total de 145 sentencias (59 por violación y 86 por abuso sexual); el Registro Central, apenas 82 entre ambos delitos; mientras que el CENDOJ alcanzó las 575 sentencias en España por delitos sexuales graves.

Cinco años antes ya había ocurrido algo parecido: la memoria de la FGE recopiló 105 sentencias por delitos sexuales graves, por 64 el RCDS y 214 el CENDOJ.

Incluso dentro del portal estadístico del Poder Judicial, que es la institución que más sentencias recoge, se han detectado déficits. Al poderse filtrar por Audiencias Provinciales, el estudio ha descubierto que Alicante, a pesar de ser la cuarta provincia más poblada de España, presenta en el CENDOJ cuatro veces menos sentencias de violación que la trigesimosexta, Navarra. Y Valencia, que es la tercera provincia en número de habitantes, registra la mitad de sentencias que la vigésima, Guipúzcoa.

Pese a que, en el conjunto de España, la Fiscalía registra menos sentencias que el Poder Judicial, en Alicante la proporción es inversa: en 2023, la memoria anual del Ministerio Público contabilizó siete sentencias en Alicante por delitos sexuales graves, por solo cinco del CENDOJ.

“Hay algunas Audiencias Provinciales que parece que son objetoras del CENDOJ”, advierte Varona, que no ve “manos negras” en estos déficits, sino “una cuestión mucho más pedestre” vinculada al funcionamiento ordinario de las oficinas judiciales.

Por ejemplo, Varona explica que en Catalunya la aplicación informática interna en la que se tramitan las sentencias no incluye su envío automático al CENDOJ, por lo que si el funcionario se olvida de activar la casilla que lo habilita, la resolución no llega a la base de datos central. “No es algo que requiera mucha inversión, simplemente se tendría que habilitar el envío por defecto en los programas informáticos”, expone.

Varona enfatiza que para solucionar los déficits detectados por el estudio en la recopilación de datos “es más necesaria una voluntad de cambio de las instituciones que grandes inversiones”. “Si todos ponemos un poco de nuestra parte, se puede mejorar”, agrega.

Es más, Varona lamenta que en España ninguna institución realice una encuesta nacional de victimización (de todos los delitos, no solo de los sexuales). Solo Barcelona tiene una buena encuesta de este tipo, resalta el experto, pero limitada al ámbito municipal. “Recoger mejor los datos con unas reglas comunes nos permitiría conocer la magnitud de los problemas”, asevera.

La respuesta de las instituciones

Además de no comentar estudios académicos, desde el Ministerio de Justicia han considerado que la información contenida en el Registro “se considera suficiente para los objetivos para los que fue creado”. Sí han dado más explicaciones la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde la Fiscalía General han admitido que la variedad de sistemas de gestión informática en función de las comunidades autónomas “dificulta la recopilación de información estadística”.

Como la estadística de las memorias refleja tanto datos propios de la actividad de las fiscalías provinciales como de los procedimientos judiciales, “con carácter general resulta más difícil para las distintas fiscalías el control de la calidad estadística del detalle de la información, como es el caso de las sentencias”, explican fuentes de la FGE.

Desde la Fiscalía General, indican las mismas fuentes, se comprueba toda la información que remiten las fiscalías provinciales para realizar la memoria. Sin embargo, la FGE reconoce que no dispone de medios técnicos propios para comprobar “la exactitud de los datos estadísticos que se recopilan”, debido a los distintos sistemas de gestión informática, tal y como viene manifestando la propia institución en sus memorias.

La FGE, recuerdan desde la institución, ha pedido al Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) en varias ocasiones mejoras en la extracción automática de la información de los sistemas para su memoria, así como la necesidad de un mayor detalle en el desglose en la información estadística relativa a los delitos. También considera que hay que unificar los sistemas informáticos disponibles o, al menos, que el tratamiento de la información estadística sea uniforme.

Por su lado, fuentes del CGPJ explican que el CENDOJ no tiene una finalidad estadística de recuento de sentencias, sino que está concebido como una base de datos de consulta. En consecuencia, añaden, es posible que no estén todas las sentencias.

Desde el Poder Judicial también recuerdan que, desde la última reforma legal, los informes trimestrales del Observatorio contra la violencia de género incluyen algunos datos sobre asuntos relativos a violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja, como las agresiones sexuales, la trata u otros tipos penales recomendados por el Convenio de Estambul. Ello permitirá “una estadística más pormenorizada”, defienden desde la institución. Los datos se están empezando a recoger y la estadística “tendrá que ir mejorando”, agregan.

Hay cosas que no se discuten. O sí. Depende, en estos tiempos locos ya hay quien discute hasta que la tierra sea redonda, que la luna sea blanca y que haya jueces que prevarican. ¡Cáspita! El cinismo de algunos llega al extremo del capitán Renault en la mítica Casablanca. ¿Recuerdan? Un café, un amor imposible, una canción y el silbato de aquel sarcástico policía con el que llama a sus guardias a cerrar el local de Rick. ¡Qué escándalo, aquí se juega!, responde cuando le preguntan por la razón de la clausura mientras un empleado del local le entrega un sobre con sus ganancias de la noche.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha desatado la ira de las derechas al decir en un acto público que hay jueces que prevarican. Pues claro. ¿Acaso vestir toga les convierte automáticamente en seres de luz? Pues habrá de todo, como en botica, en periodismo, en medicina, en arquitectura y en todos los ámbitos profesionales. El caso es que el ministro se ha convertido este jueves en personaje del día por decir lo que ni es una locura, ni una boutade, sino simplemente una obviedad. Son pocos, en efecto, pero ha habido jueces sancionados e incluso apartados de la carrera por el órgano de gobierno por beneficiar a delincuentes, por mantener en prisión a inocentes, por quebrar su imparcialidad al no abstenerse en asuntos de interés directo de familiares o por acumular retrasos en dictar sentencias. 

En España hay más de 5.000 togados, solo unos pocos trabajan en casos que afectan a miembros del poder legislativo o ejecutivo, pero todos son juzgados por jueces. Están aforados y, por tanto, son los Tribunales Superiores de Justicia o el Supremo quienes los juzgan por posibles delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que solo actúa cuando recibe una queja, pero no fiscaliza su labor ni actúa de oficio. 

Aquí el literal de Óscar López: “Voy a decirlo para que me entienda el Supremo. Hay jueces que prevarican. No he dicho que todos los jueces prevarican. He dicho que hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno”. Que pusiera el foco sobre el Supremo no era casualidad, sino un paso más en la estrategia de un Gobierno dispuesto a abandonar el concepto “teoría de la conspiración”, pero no a dejar de cuestionar las decisiones de algunos jueces.

Fue Óscar Puente el primero en hablar de “métodos antidemocráticos” para derrocar a Pedro Sánchez y ahora es su tocayo quien da un paso más al apuntar directamente sobre la Sala Segunda del Supremo -la que el PP dijo que controlaría por la puerta de atrás- por la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La Sala entendió que él “o alguien de su entorno” filtraron la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Así que, ojo con los entornos porque, en adelante, cualquiera puede ser condenado porque “alguien de su entorno” haya robado, matado, violado o atracado un banco.

López reivindicó la separación de poderes para recordar que “el Gobierno gobierna, el Parlamento legisla, la justicia hace justicia, pero no gobierna”. Una forma elegante de denunciar que algunos magistrados hayan renunciado a ser solo poder judicial para convertirse en tertulianos, cooperadores necesarios de cierto periodismo e incluso actores políticos. Y esto es algo que, a tenor de la demoscopia, comparte una mayoría de ciudadanos que desconfía del actual sistema judicial, ya que el 78 % cree que no es imparcial en los procesos que afectan a los partidos políticos.

Sin embargo, hoy escandaliza lo que antes a los que ahora censuran y piden dimisiones les parecía razonable y nada dijeron cuando era el PP y el mismísimo Mariano Rajoy, quien criticaba la labor de jueces, fiscales y policías. “Nunca en España, ni con Adolfo Suárez de presidente, ni con Leopoldo Calvo Sotelo, ni con Felipe González, ni con José María Aznar se había hecho un uso tan partidista de la Fiscalía como ahora”, declaró durante una solemne comparecencia en la que se declaró víctima de una persecución, tras las primeras detenciones en el marco de la investigación de la trama Gürtel. Y añadía: “Es un atentado frontal al Estado de Derecho”.

Negaba con la cabeza cada vez que miraba el móvil. Según explicó, alguien le estaba enviando noticias continuamente justo el día en el que se conocía el sumario del llamado caso Leire y se mostraba indignado con lo que veía. Baltasar Garzón (Jaén, 1955) recibió el miércoles a elDiario.es en un céntrico hotel madrileño en el que realizó un carrusel de entrevistas por la publicación de su nuevo libro, La democracia amenazada (Planeta, 2026). Durante la conversación, el exmagistrado mencionó una y otra vez el juicio al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como punto de inflexión de la degradación del poder judicial. Precisamente de eso trata su nuevo trabajo.

En el libro repasa las actuaciones judiciales para acabar con García Ortiz, pero también de su predecesora en el cargo Dolores Delgado, que es además pareja sentimental de Garzón. También analiza las consecuencias de la irrupción de Donald Trump en la política internacional, las investigaciones de crímenes del franquismo, los casos de lawfare, la corrupción, el racismo o los bulos.

El mes pasado el Tribunal Supremo ratificaba la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que confirmó la inhabilitación de Garzón como juez en 2012 por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'. Todo sucedió después de que el entonces juez iniciara una investigación del franquismo y tras años de polémicas por sus actuaciones contra el terrorismo de ETA.

Presenta La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia. ¿Es una respuesta a La justicia amenazada (Espasa, 2025), el libro escrito por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena hace un año?

No es una respuesta. Objetivamente la justicia no está amenazada ni lo ha estado en España. Por mucho que determinadas personas puedan llegar a inducir o induzcan a que hay un acoso a la justicia, honestamente, no lo veo. Se dice que existe. Hay medios de comunicación que hacen gala de esa supuesta amenaza o presión. Estos días estamos viendo cómo se dice que determinadas personas han podido estar actuando, conspirando para llevar a cabo alguna presión sobre casos que se investigan en la Audiencia Nacional. Siempre ha habido amenazas de este tipo. Siempre ha habido campañas. Yo recuerdo haber sufrido algunas en carne propia cuando investigaba a los GAL, incluso entrando en mi casa a sustraer causas judiciales o a dejarme señales de que mi seguridad estaba comprometida.

También cuando intentó investigar al franquismo.

Y quemaron el vehículo de una de mis hijas y colocaron cruces gamadas en la casa y en los propios vehículos de la familia. La justicia no puede aceptar ser amenazada porque si es amenazada tiene que denunciar esa amenaza. En cambio, el título La democracia amenazada plantea una serie de riesgos reales y objetivos como son las agresiones internacionales al sistema internacional de derechos, cuestionando la arquitectura de derechos creada desde la Segunda Guerra Mundial hasta el punto de intentar aniquilarla.

En nuestro sistema judicial hay mecanismos que no están bien diseñados

Habla de Donald Trump y de las políticas que está poniendo en marcha.

Efectivamente, hablo de la deriva que hay de la extrema derecha y de políticas absolutamente reaccionarias. También de la incidencia de la corrupción y de la negación y restricción de derechos fundamentales, como por ejemplo en el caso de la inmigración y esas políticas xenófobas que hemos visto en Estados Unidos.

También hablo de la posverdad, de la manipulación informativa, de la influencia de redes sociales, de una mecánica de actuación en contra de la memoria democrática como uno de los baluartes necesarios para consolidar una democracia y de acciones claramente instrumentales del Derecho en procesos judiciales que afectan, por ejemplo, al fiscal general del Estado o a la anterior fiscal, Dolores Delgado. Es decir, trato de hacer una interpretación en conjunto de esos distintos escenarios que desde mi punto de vista provocan riesgos efectivos para la democracia.

Habla de que el poder punitivo se ha convertido en un fenómeno político. ¿Cómo es posible?

Porque hay un ejercicio de la soberbia del poder y en la consideración de que tener ese poder, en vez de ser una proyección del servicio público, se ha convertido en controlador de los ciudadanos y en imposición, donde una supuesta seguridad se antepone a cualquier derecho ciudadano. El poder de la voluntad de quien lo ejerce lo impone. La Sala Segunda del Tribunal Supremo es el órgano institucional que mayor poder político ejerce. ¿Con esto quiero decir que es un órgano político o que se guía por finalidades políticas? No. El desarrollo de la administración de justicia no tiene nada que ver o no debería de tener nada que ver con la política. Lo que ocurre es que en nuestro sistema hay mecanismos que no están bien diseñados. Por ejemplo, ¿quién controla el Tribunal Supremo cuando actúa en única instancia?

¿Por qué considera que la frase de Aznar de que “el que pueda hacer que haga” es posfascismo?

Porque avasalla contra todas las normas y principios básicos de la democracia desde una posición indudablemente de poder y autoridad. Él lo dice porque además hay ejemplos previos. Este señor nos metió en una guerra de Irak y dijo que los atentados del 11 de marzo de 2004 eran de ETA. Generó una dinámica y tiene una influencia en la posición de autoridad en su partido. Porque la pregunta debería de ser qué quiere decir con eso. Es decir, las palabras no son casuales. Soy una persona obsesionada con el lenguaje y coloco las palabras que quiero colocar en cada lugar. Determinados sujetos que se manifiestan en la opinión pública y política dicen lo que quieren decir. Entonces, si José María Aznar dice “el que puede hacer que haga” y lo dice en un contexto determinado no se puede decir que se esté refiriendo a que los niños vienen de París.

¿Se refiere a actuaciones judiciales, por ejemplo, contra fuerzas progresistas o el Gobierno?

Por ejemplo, que el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, a dos días de unas actuaciones judiciales diga que va a llamar a Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, porque parece ser que aparece mencionado. ¿A eso cómo se le llama, en una comisión de investigación que es un instrumento del Legislativo?

Esa comisión se ha convertido en una especie de cajón de sastre...

Eso es lawfare. El lawfare se hace desde muchos ámbitos, no solamente como algunos creen desde el Poder Judicial o por parte de determinados jueces o fiscales. El lawfare es mucho más complejo y unas veces viene por la vía mediática, otras veces por la económica, financiera, corporativa, política y a veces también judicial. El único elemento común que tiene es que es la instrumentalización del Derecho con unos fines espurios. Por tanto, desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido la mañana del día 3 de junio de 2026 por parte del Senado de España y en la voz de su portavoz es puro lawfare.

¿Son también lawfare las investigaciones a Zapatero o el caso de Leire Díez?

Tengo que ser respetuoso con los procesos judiciales, lo mismo que reclamaría para mí porque he sido juez instructor durante muchos años. Además, en la Audiencia Nacional tengo que dar por hecho que mis colegas hacen lo propio. Lo único que nos tiene que centrar es que las acciones y las actuaciones judiciales en un proceso penal, cuando están en instrucción, son acciones provisionales, se basan en indicios. El lenguaje es muy importante. En estos casos hay que tener la prudencia necesaria a la hora del análisis de esas actuaciones judiciales.

Yo entiendo que los medios de comunicación tienen que cumplir con su obligación y dar información al respecto, pero no es lo mismo dar una información con las limitaciones y con las precauciones correspondientes que utilizar como un dardo envenenado ya una plataforma de comunicación en contra de determinadas personas. En el caso que usted me planteaba de José Luis Rodríguez Zapatero todavía no hemos oído siquiera a la persona afectada. Vamos a esperar.

Se lo voy a preguntar desde otro ángulo. ¿Cree que el lawfare puede terminar con el Gobierno progresista?

El uso del lawfare lo primero que puede producir es una desestabilización del Estado de Derecho democrático. Por eso hay que ser vigilantes, hay que denunciar cuando hay ese tipo de conductas. Hay que defender, por supuesto a las instituciones, cuando hay un acoso contra las instituciones. Yo no digo que no se le defienda. Yo soy el primero que las defiende. Lo que indico es que también hace daño cuando asociaciones judiciales conservadoras, como se ha conocido hoy mismo [en referencia al miércoles], critican al Poder Judicial porque no ha sido suficientemente beligerante para defender corporativamente a los jueces.

Pero es que, oiga, cuando algunos éramos objeto de ataques sistemáticos y no nos protegía el Consejo General del Poder Judicial, ¿quiere decir que no teníamos que cumplir con nuestra obligación? La justicia siempre va a estar en el ojo del huracán y cuando se hacen investigaciones concretas y difíciles siempre va a haber críticas, pero hay que hacerlo. El sistema español establece los mecanismos de protección para no tener que estar implorando que se respete la independencia judicial.

En el libro dice que no solo en España, también en diferentes países del mundo las élites del Poder Judicial o de los tribunales supremos se están apoderando de espacios que no les corresponden. ¿A qué se refiere?

No hay contrapesos de poder ante el ejercicio de esa función constitucional de administrar justicia. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo es el último eslabón de la cúspide judicial con un recurso de casación, como he dicho, ya viene un camino recorrido. En cambio, cuando es en única instancia respecto de aforados quizás habría que diseñar como mínimo una segunda instancia.

¿Esa es la revolución pendiente de la justicia de la que habla también en el libro?

Sí, uno de los aspectos.

¿Cómo se podrían construir esos contrapesos?

Por ejemplo, atendiendo a los requerimientos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que reiteradamente nos ha dicho que se instaure la segunda instancia en el Tribunal Supremo. Lo que era una protección para aforados se ha convertido en un instrumento más que cuestionable. Lo que quiero es que haya lo mismo que en todas las demás instancias. La diferencia, por ejemplo, con la Audiencia Provincial de Badajoz es que luego va a haber un Tribunal Superior de Justicia que puede ver la apelación y se puede llevar en casación ante magistrados del Tribunal Supremo, que yo cuestiono que estén en los más idóneos y que ahí se esté por méritos. Por ejemplo, en otros países hay lo que se llama el juicio político o contrapesos en la investigación de delitos de prevaricación, que a lo mejor se tienen que juzgar por un jurado popular. ¿Por qué nos tenemos que lavar los “trapos sucios” los mismos jueces, como una especie de contubernio extraño, y que no nos toquen los demás porque los demás no saben tanto como nosotros?

Habla de que la condena al fiscal general es un punto de inflexión para llegar a la conclusión de su libro, La democracia amenazada. ¿Qué antecedentes o síntomas percibió antes?

Cito algunos casos personales que me afectan y otros como el de Vicky Rosell, el diputado de Podemos también de Canarias [Alberto Rodríguez] y en otros en ámbitos diferentes que afectaban a Podemos. Y utilizo palabras del propio voto particular [de la sentencia de Álvaro García Ortiz]. ¿Cómo puede haber esas dos realidades tan diametralmente opuestas? Los hechos probados son los que dan base a una sentencia absolutoria o condenatoria. Pero cuando en la sentencia se reconoce, por ejemplo, el valor y la veracidad de las propias declaraciones de los periodistas y luego no se explica por qué no se les da razón y justificación o cuando se dice que la autoría es del condenado o de otras personas alrededor quiere decir que puede no haber sido él. Y si no ha sido él, la sentencia tendría que ser absolutoria.

¿Por qué el tribunal no creyó a los periodistas de elDiario.es que sabemos quién filtró ese documento [de la confesión de la pareja de Ayuso]?

A lo mejor tendría que contestar usted. Porque yo no lo sé. Si no los crees tienes que deducir por falso testimonio. Lo que no puedes hacer es, como dicen en mi tierra, ni chicha ni limoná. Es decir, si un testigo dice 'blanco' y el tribunal dice está bien, pero luego no lo valora, entonces es que no sé lo que quieren decir.

En un juicio oral no se puede permitir a testigos interrogar o increpar al acusado como en el caso del fiscal general

Señala al presidente de ese tribunal, al señor Andrés Martínez Arrieta, por la “desprotección” del tribunal hacia el acusado. En el juicio al fiscal general, ¿no se cumplieron las garantías debidas?

En un juicio oral no se puede permitir a testigos interrogar o increpar al acusado y que se les deje hacerlo sin cuestionarles.

¿Se refiere, por ejemplo, a las intervenciones en el juicio de Miguel Ángel Rodríguez o de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso?

Al titular responsable de la UCO, cuando dice: “Dígame usted dónde está eso”. Mire, usted no viene a interrogar. Esa función ya se hizo, se llevó a cabo en instrucción. Yo creo que hubo mucha permisividad que no fue equilibrada.

¿Cree que hubo una suerte de vendetta contra Álvaro García Ortiz por parte de sus compañeros?

En algún punto de todos estos acontecimientos, sí. De hecho, hubo una asociación fiscal profesional que ejerció la acusación popular y que incluso pidió casi la máxima pena para él. ¿Qué hace una asociación profesional ejerciendo la acusación popular, defendiendo los intereses corporativos en una estructura que es piramidal?

¿Qué cree que no se le ha perdonado al ex fiscal general?

Probablemente, su posición perfectamente admisible, defendible y sujeta a la legalidad en el caso de la ley de amnistía y en otros casos de nombramientos en planteamientos que eran totalmente indeseados por un sector conservador que cuestionaba los avances que se produjeron en los últimos dos mandatos del Ministerio Público. En algún momento a Cándido [Conde-Pumpido] se le permitió porque era magistrado del Tribunal Supremo, pero a quienes son fiscales a lo mejor no se les consiente tanto que horaden esa especie de aura tan protectora de una justicia muy conservadora.

La transición en la justicia fue inexistente

Consideraba antes que en esa sala quizás no estaban los más adecuados. ¿Parte de la revolución de la justicia debería ser también modificar las formas de acceso al Supremo?

La forma de acceso y de mantenimiento. No entiendo que se pueda llegar al Tribunal Supremo tan joven y el cargo sea vitalicio. El propio Tribunal Constitucional o la Corte Penal Internacional tienen un límite de tiempo. Es muy peligroso hacer esa estructura que viene del franquismo y que no tiene contrapesos. Y el sistema de nombramientos no es precisamente el más idóneo.

¿Ha faltado una transición en el Poder Judicial? Usted mismo ha dicho que hay reminiscencias del franquismo.

No hubo una transición en el Poder Judicial. Una Transición con la que no estoy de acuerdo en muchos puntos. La transición en la Justicia fue inexistente. No nos levantamos. Yo todavía no formaba parte porque mi promoción fue la primera de la Constitución, pero nos acostamos con la dictadura y nos levantamos demócratas.

Se acostaron con el Tribunal de Orden Público y se levantaron con la Audiencia Nacional.

Se aceptó que el Poder Judicial era puro, inmaculado y que no había ningún tipo de contaminación y probablemente en algunos casos fuera así, pero en otros no tanto. Por no haber, no hubo ni un acto de acatamiento de la Constitución. Se daba por hecho.

En el libro menciona también el caso de [la actual fiscal de Memoria Histórica y exfiscal general] Dolores Delgado. ¿Cree que no se le ha perdonado, por ejemplo, que permitiera investigaciones al rey emérito o que avalase la salida del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos?

Eso seguro. Objetivamente, el avance progresista durante el mandato de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado fue muy notorio. Y no se le perdonó que hiciera nombramientos como el de Eduardo Esteban y, luego, que se le nombrara fiscal de Sala de la Memoria Democrática. Se acabó con su integridad corporal, porque al final ella tuvo que dimitir o renunciar, mejor dicho, porque se rompió. Y en el caso de Álvaro [García Ortiz], pues terminó traumáticamente, como todos conocemos.

¿Cree que un cambio de gobierno podría poner en amenaza una Fiscalía como la de Memoria democrática?

Sí. Bueno, no es que lo crea, es que lo han dicho. Y eso, entre otras cosas, desvela la falta de consideración a las víctimas del franquismo de su categoría de víctimas, que desgraciadamente siempre ha ocurrido. Ha habido categorización de víctimas y las del franquismo están en el último grado del escalafón, cuando sin dudarlo también han sufrido persecución durante años y décadas.

Comenzábamos la entrevista hablando del libro de Marchena. Usted lo menciona como uno de esos miembros del Supremo que quizás esté poniendo la democracia en amenaza.

Eso lo dejo al juicio del lector. No es rehuir porque el que lea el libro claramente sabe.

A mí me lo ha parecido.

Lo dejo a la decisión y el juicio del lector. Yo establezco una serie de criterios, de parámetros en los que trato de expresar lo que ha sucedido y a partir de ahí. Y utilizo un término que es el de urdidor de voluntades que cada uno puede interpretar como considere.

Está de moda hablar de las cloacas del Estado. No sé si a lo largo de su trayectoria usted ha tenido contacto con esas cloacas y si se arrepiente de alguno de esos contactos.

He tenido contacto con policías que han investigado delitos de terrorismo y que en algún caso han resultado afectados por hechos que tuvieron lugar en tiempos en los que yo ya no tenía ninguna responsabilidad. Desde luego, en lo que de mí depende y bajo mi mando jamás hubiese ocurrido lo que aconteció. Dicho esto, también por respeto profesional y demás, me quedo ahí, pero para mí son inaceptables. Lo que sí quiero decir es que el despacho defendió a una de las personas que ha sido cuestionada y que no ha podido ser juzgado porque...

¿Se refiere a Eugenio Pino?

No. Me refiero a Enrique García Castaño, que por su incapacidad física después del ictus que le dio no ha podido decir nada aunque todo el mundo se refiere a él. Lo único que ocurre es que, sin quebrantar el secreto profesional, aunque él tenía sus abogados, el despacho optó por su defensa porque colaboró con la justicia. A partir de ahí no quiero tampoco incidir en este tema porque han sido muchas las falsedades y las manipulaciones que se han hecho.

En todo caso, el Estado de Derecho no se defiende como se decía desde las cloacas, se defiende con mecanismos y con la legalidad. Cuando en España hubo un ataque durísimo del Estado de Derecho con los GAL, la única respuesta que solventó la situación fue la investigación judicial. Cuando los fondos reservados se utilizaron ilegalmente, hubo respuesta judicial. Cuando después se han utilizado espero que haya respuesta judicial. Esos son los mecanismos que tenemos. No son otros.

Vídeo y fotos: Lourdes Jiménez

La jueza instructora que investiga el accidente de El Bocal, en la costa norte de Santander, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida de gravedad tras ceder una pasarela de una senda costera, ha ampliado la investigación a quien fue jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, cuando se jubiló.

La declaración del ex trabajador de Costas se suma a quien le sucedió en el cargo —actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras— y al jefe de la Demarcación de Costas —director de Obras del Proyecto de 2014 de construcción de la senda costera—, quienes declararán como investigados el 15 de mayo, en una sesión en la que se practicarán además las pruebas periciales.

El auto de la jueza señala que la falta de mantenimiento de la infraestructura podría constituir una “negligencia grave” y la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave —por los seis fallecimientos— y un delito de lesiones por imprudencia grave –por las heridas sufridas por la superviviente.

En un auto dado a conocer este martes, la magistrada señala que este funcionario al que suma a la investigación, “ostentó una posesión de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela” y tuvo la “obligación de promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias en tal lapso de tiempo”.

La jueza sostiene, basándose en el informe pericial, que “la ausencia de inspecciones y mantenimiento adecuados pudo impedir, detectar y corregir el progresivo deterioro de la infraestructura, generando un riesgo relevante que se materializó en el colapso de la pasarela”.

Para la instructora, “con su conducta omisiva cada responsable de la Jefatura de Obras pudo contribuir al mantenimiento del riesgo no controlado que desembocó en el fatal resultado, concurriendo en sus personas, por el cargo que ostentaban y ostentan, una clara posición de garante y capacidad de actuar”. Por eso, la magistrada ha acordado también que el médico forense examine la pasarela para contar con un informe sobre la sanidad de las lesiones que sufrió la víctima superviviente. 

“La ausencia total de inspecciones”

El auto sostiene que la pasarela estaba “abierta para su uso público sin ningún tipo de restricción, no sometida a ningún tipo de control o inspección y mantenimiento desde su construcción en 2014, y en donde aparentemente se utilizó como material para los herrajes de las vigas de apoyo uno ciertamente inadecuado para toda estructura sometida a un ambiente exterior sin cubrir (más aún cuando tal estructura se ubica en el mismo borde costero)”.

Y continúa: “La ausencia total de inspecciones presumiblemente impidió detectar deterioros estructurales, limitándose las únicas actuaciones de mantenimiento realizadas a una intervención tardía y parcial, al centrarse exclusivamente en su estructura de madera”.

Todas esas circunstancias “no permitieron abordar elementos críticos” y “el colapso, pues, pudo ser consecuencia de un deterioro progresivo no controlado”, ha valorado la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.

Por ello, considera que “la omisión de la diligencia debida, en los términos así expuestos, presenta en estos momentos caracteres de negligencia grave que, como tal, justifica la acción penal ya ejercida por posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave en su modalidad agravada por pluralidad de víctimas, y un delito de lesiones por imprudencia grave frente a los investigados”.

15 de mayo declaración de técnicos investigados

En una providencia también dada a conocer este martes, la magistrada autoriza el acceso al lugar de los hechos para realizar inspección ocular y toma de muestras a todos los peritos propuestos por las partes: los de las defensas del jefe de la Demarcación de Costas y del actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras; y también al perito elegido por las acusaciones particulares, que han anunciado que aportarán un único informe.

Los informes periciales deberán entregarse tres días antes del 15 de mayo, fecha de la declaración de los tres investigados de Costas, para que todas las partes puedan conocer su contenido antes de esa fecha, en la que se practicará la prueba.

Por otro lado, la instructora ha decidido no atender a la petición del Ayuntamiento de Santander de que el ingeniero que firmó el proyecto de construcción de las pasarelas declare el próximo viernes 27 en calidad de investigado, en vez de hacerlo como testigo—perito, tal y como se le ha citado. A su juicio, “ni el ministerio fiscal ni ninguna otra parte personada ha dirigido contra el citado expresa denuncia o querella” y “esta juzgadora tampoco” —ha dicho— “por entender que el ingeniero ”es responsable de un proyecto parcial, en cuanto no abarca la totalidad de la obra“.

Para la magistrada, lo que este ingeniero firmó se trata “más bien de un subproyecto o un anexo integrado en el proyecto principal de la senda, aceptado y avalado por ello por el director de la Obra, que sí actúa en esta causa en calidad de investigado”.

Registro en la base de datos policial

Finalmente, la instructora atiende a lo solicitado por la defensa de la agente de la Policía Local investigada y pide que esta institución aporte las actuaciones registradas en la base de datos policial derivadas de las llamadas entrantes entre las 12:14 y las 14:30 horas del día previo al accidente -fecha en la que un vecino llamó al 112 alertando del estado de la pasarela-.

En concreto, solicita la parte y acuerda la magistrada que se desglose en cuántas actuaciones se comisionó una patrulla de Policía Local, en cuántas se comisionaron agentes de Movilidad Urbana y en cuántas no se comisionó ni a unos ni a otros.

El próximo día 24, la jueza escuchará a los superiores jerárquicos y a dos compañeros tanto de la agente de la Policía Local de Santander como de la gestora del 112 investigadas, después de que el inspector jefe de la Policía Local y el director del Servicio de Emergencias hayan respondido al requerimiento de la instructora para que identificaran a estas personas.

El Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial sitúa en 67,1 la tasa acumulada de muertes por violencia machista por cada millón de mujeres mayores de 15 años desde 2003, con 58,4 en el caso de Castilla y León, la quinta menor del conjunto autonómico.

Las comunidades con mayores tasas acumuladas son Ceuta y Melilla (168 y 96 por millón, respectivamente), seguida de Canarias (93,9 mujeres) y Baleares (89,8 mujeres). La comunidad con menos tasa acumulada desde 2003 es Extremadura (34,6 mujeres) seguida del País Vasco y Cantabria (con 44,6 y 46,5).

El Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial cifra en 49 las mujeres asesinadas en 2025, el 80% de las cuales convivía con su agresor, un dato más elevado que en 2024.

En Castilla y León, Andrea B., de 34 años, asesinada por su marido el 16 de marzo en Burgos, y con un hijo menor, añadió su nombre en 2025 a la lista de las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en esa comunidad desde que en el 2003 arrancó ese registro, que ya suma 66 crímenes machistas en esa autonomía.

El Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja correspondiente a 2025, elaborado con los datos suministrados por los juzgados, suma un feminicidio más de los 48 recogidos hasta ahora en la estadística de la Delegación contra la Violencia de Género.

El dato de mujeres asesinadas (49) es el mismo que en 2024, 2021, 2020, 2017 y 2016, la cifra más baja desde que hay registros en 2003: hubo un asesinato cada 7,4 días

El promedio interanual de muertes entre 2003 y 2025 se sitúa en 58,3 casos/año, si bien puede advertirse una notable diferencia si dividimos la serie temporal en dos periodos. La media del primer intervalo, entre 2003 y 2014 era de 65 muertes al año, mientras que en el segundo intervalo, entre 2014 y 2025 se sitúa en 52,4.

El Observatorio del CGPJ considera “innegable que la consolidación y el perfeccionamiento de las políticas públicas” han derivado en una descenso significativo del promedio anual de muertes. El informe insiste en que se trata de un fenómeno que afecta a toda la sociedad, con independencia de su nacionalidad, edad o nivel de estudios.

Datos generales

El perfil genérico de las víctimas mortales de 2025 son mujeres de 47,3 años, en su mayoría españolas (57,1%), que en un 80% vivían con su agresor, un porcentaje muy elevado respecto a 2024 (67,3 %) y de la serie histórica (2003-2025), que fue del 63%. Además, en el 89,1% de los casos fueron asesinadas en un domicilio, o bien el de ambos, o de uno de ellos.

Respecto de la nacionalidad de las mujeres extranjeras asesinadas, el 76,2% de ellas procedían de América, el 14,3 de África y el 9,5%, de Europa, según este informe del Observatorio del CGPJ. La edad promedio de los agresores fue de 49,4 años; en su mayoría (63,3%) eran españoles, y en el 61,2% de los casos fue detenido. La víctima más joven tenía 19 años y la mayor, 86, mientras que el agresor más joven tenía 21 años y el mayor, 90.

El mes de junio y los miércoles como día de la semana reúnen los peores datos en cuanto a violencia machista en 2005, ya que en ese mes se registraron el 16,3% de los crímenes (en la serie desde 2003 el peor es julio) y el 20,4% los feminicidios se registraron ese día de la semana (en la serie desde 2003 el peor es el domingo).

Denuncias previas y medidas de protección

Once de las víctimas (22,4%) habían presentado denuncia previa contra sus agresores, una cifra menor que en 2024 (30,6 %), y la del promedio de la serie histórica (25,8 %). De estas 11 mujeres que habían denunciado, siete convivían con el agresor en el momento del crimen.

El Observatorio del CGPJ cifra en 4 las víctimas que tenían medida de alejamiento en vigor. Las mujeres que denunciaron en 2025 tenían una edad media 42,4 años, y además, en un 63,6% de los casos, todavía convivían con el agresor que finalmente las asesinó. Denunciaron más víctimas extranjeras que españolas (un 23,8% frente a un 21,4%).

La violencia vicaria

El informe dedica uno de los capítulos a las muertes por violencia vicaria, con el objetivo de “dar visibilidad a un problema terrible”, que según recuerda, ha costado la vida a tres menores en 2025. Hasta el 31 de enero de ese año, 65 menores fueron asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres desde 2003, a los que hay que sumar los tres de este inicio de 2026.

Los niños asesinados en 2025 eran dos niñas y un niño, en la Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco. Tenían un promedio de edad de 6,7 años y dos de ellos murieron a manos de su padre biológico, y uno, a manos de la pareja actual de la madre.

Por comunidades autónomas

El informe del Observatorio del CGPJ recoge la tasa acumulada de muertes por cada millón de mujeres mayores de 15 años desde 2003, que se sitúa en una media de 67,1. Muy por encima de esta media están Ceuta y Melilla (168 y 96 por millón, respectivamente), seguida de Canarias (93,9 mujeres) y Baleares (89,8 mujeres). La comunidad con menos tasa acumulada desde 2003 es Extremadura (34,6 mujeres) seguida del País Vasco y Cantabria (con 44,6 y 46,5).

El 50% de las asesinadas en Galicia y Madrid en el 2025 habían presentado denuncia previa, circunstancia que en Cataluña asciende al 40%, al 33 en Andalucía y el 25 % en la Comunidad Valenciana; la mujer asesinada en Burgos no habría presentado denuncia previa. En 2025 no hubo ningún crimen en Cantabria y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Italia celebra este 22 y 23 de marzo un referéndum constitucional clave para calibrar el apoyo al Gobierno de Giorgia Meloni y materializar uno de sus planes de mayor peso de la legislatura. La consulta popular se centrará en un plan de reforma judicial que el ejecutivo ve esencial para modernizar la Justicia, aunque oposición, sociedad civil y muchos juristas la consideran un peligroso paso para ejercer control político sobre el sistema judicial. Mientras los sondeos indican que podría ganar el “no”.

Las fuerzas que integran el Ejecutivo han acelerado en los últimos días su campaña para movilizar a su electorado, en un contexto en que los ataques del Gobierno a los jueces han crecido en gran medida estos años, especialmente tras las varias sentencias que tumbaron el plan de expulsión de migrantes desde centros de internamiento en Albania y pusieron límites a las políticas de línea dura del Gobierno en materia migratoria.

El debate sobre la reformulación del sistema judicial italiano —considerado poco funcional, con un modelo de gestión anticuado y una burocracia que lo ralentiza— se remonta a los años 80. Uno de los que intentó cambiarlo a su medida fue el difunto magnate e histórico ex primer ministro Silvio Berlusconi, enmarañado durante su carrera en una treintena de procesos judiciales que incluyeron cargos por soborno, corrupción o prostitución de menores, aunque finalmente solo fue condenado e inhabilitado por fraude fiscal.

En su momento, los cambios que impulsó no prosperaron o fueron tumbados por la Corte Constitucional. Ahora, el Ejecutivo busca recuperar parte de ellos, como la separación de las carreras de jueces y fiscales, secundando en parte las acusaciones del Cavalliere, que incluso llegó a tachar a los magistrados de comunistas.

En esta legislatura, la acusación de que la Justicia está politizada o alineada con la izquierda fue recurrente entre altos cargos como Matteo Salvini o la misma Meloni, que estas semanas han visto cómo el escenario internacional, marcado por el conflicto de Irán, dejaba en segundo plano la campaña del referéndum, mientras los temores de los italianos por la subida de precios y el impacto económico de la guerra marcan la actualidad.

El efecto [electoral] habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE

Matteo Giardiello — Politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma

Esto coge a la primera ministra a contrapié, en una posición delicada por su alianza con Donald Trump —de la que la mandataria se jactó estos años— pero que ahora puede jugar en su contra ante una opinión pública contraria a la guerra que podría trasladar su malestar en el referéndum, según algunos analistas. De hecho, se prevé que la abstención sea cercana al 60%, y los sondeos señalan una pugna reñida entre el “sí” y “no”, aunque el voto contrario a la reforma ha ido ganando cierta ventaja.

Que la votación suceda en esta situación no es ideal para la primera ministra, según Matteo Giardiello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma. “El efecto habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE”, comenta el especialista a elDiario.es. En su opinión, ante ello, “el referéndum, más que un voto sobre la reforma, será una prueba política para la mandataria”, en el marco de una campaña marcada por la polarización y politización entre distintas posturas.

El Parlamento aprobó la reforma judicial en otoño con la mayoría de votos de la coalición, pero no tuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para las modificaciones constitucionales que requiere, que afectan a siete artículos de la carta magna, por lo que se someterá a referéndum. Se trata de una consulta confirmatoria que no debe reunir un umbral mínimo de votantes para que el resultado sea válido.

El precedente de Renzi

El Gobierno también evitó plantear la votación como un pleibiscito para prevenir estragos en caso de derrota. Este fue el caso del referéndum para disminuir el poder del Senado que impulsó en 2016 el entonces primer ministro Matteo Renzi, que tuvo que dimitir tras fracasar en la consulta.

La Justicia ha sido la gran piedra en el zapato de Meloni en los últimos años. Para una gran parte de juristas, la reforma va un paso más allá en la meta de socavar su independencia. La Asociación Nacional de Magistrados (ANM), entidad que aglutina a la mayoría de jueces y fiscales de Italia, pide votar “no”, al considerar que llevaría “a crear un poder judicial dócil y sumiso”, con riesgo de debilitar su autonomía y hacer más frágil el Estado de derecho.

“La reforma busca hacer la Justicia más moderna, meritocrática, autónoma, responsable, y sobre todo más libre de condicionamientos políticos. No va contra los magistrados, sino contra la degeneración de un sistema estancado que nunca se adecuó al mundo cambiante que lo rodea”, aseguró este mes la primera ministra, en un vídeo difundido por redes donde pidió ir a votar “sí” ante el temor de que una abstención alta pueda beneficiar a los partidarios del “no”, más movilizados que el electorado progubernamental.

La líder del opositor Partido Demócrata, Elly Schlein, ha estado estos días de gira por Italia para pedir el voto negativo, y este miércoles, la CGIL —principal sindicato del país— hizo un acto de fin de campaña en el centro de Roma abogando por el “no”.

“La reforma crea las condiciones para que el poder judicial sea capturado por los políticos”, estima Giuliano Serges, profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre. Según agrega, servirá como test para que Meloni valore si tiene fuerza para seguir con otras reformas clave como el estatus dela figura del primer ministro, llamado Premierato. Este proyecto, ya introducido a nivel parlamentario y pendiente de aprobación final, prevé la elección directa del jefe de Gobierno en comicios, o la obtención del 55% de escaños para la lista ligada al candidato ganador, y es vista por críticos como una medida para reforzar el personalismo en torno a Meloni y el poder de su coalición.

Si esta consulta le funciona, Meloni impulsará otra reforma para pasar de una república parlamentaria a otra presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro

Giuliano Serges — Profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre

“Meloni quiere ver cómo va esta consulta. Si le funciona, impulsará pronto la reforma del Premierato, porque ganará fuerza y la oposición lo tendrá difícil para enfrentarse a ella”, asegura Serges a elDiario.es. En la misma línea se pronuncia Giardiello. Según alega, “la reforma judicial debe interpretarse como parte de un plan más amplio para transformar la estructura constitucional italiana”, con el Premierato como meta final. Este proyecto “busca pasar de una república parlamentaria a una presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro”.

Separar a jueces y fiscales

Entre los cambios de la reforma judicial hay un aspecto rebuscado y difícil de descifrar para el italiano medio. Se trata de la separación de las carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional, porque en ambos casos acceden a la magistratura tras superar un mismo examen. Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales.

A ello se añade la división del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) —equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España— en dos órganos distintos que separen a jueces y fiscales, así como la creación de un Tribunal Superior Disciplinario para gestionar casos de mala conducta. La separación, según Serges, hará que tales organismos “corran el riesgo de ser más débiles e influenciables desde el ámbito político”.

Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales

También se prevén otras reglas de elección, como la introducción del sorteo como vía para designar a miembros de estos organismos, una medida que según el Gobierno reducirá la influencia de las corrientes políticas internas entre magistrados, aunque los críticos aseguran que reforzará la interferencia política sobre el sistema judicial.

“El sorteo es ficticio, porque se debe hacer a partir de una lista reducida de potenciales miembros elegidos por el Parlamento, y es muy probable que surjan nombres de personas conectadas al poder político”, asegura a elDiario.es Giuliano Granato, portavoz de Potere al Popolo, fuerza izquierdista extraparlamentaria que estuvo entre los organizadores de una protesta por el “no” en Roma que el pasado sábado reunió a miles de personas.

Desde su punto de vista, “hay un intento de promover un modelo de autoritarismo con esta reforma”. Coincide en este planteamiento con Edoardo, otro participante en la protesta que espera un triunfo del “no” como “primera pequeña señal de oposición al gobierno”.

Apatía ciudadana

El ejecutivo de la líder ultraderechista ha mantenido la estabilidad sin grandes tropiezos desde 2022, y la reforma judicial —promovida en gran medida por el ministro de Justicia, Carlo Nordio— es uno de sus proyectos estrella. Sin embargo, tras semanas de debate en torno a un asunto muy enrevesado para la población a pie de calle, se prevé que muchos acudan a votar no tanto en clave jurídica, sino en función de su apoyo o rechazo a Meloni.

“Esta reforma afecta poco a la vida cotidiana de la gente. Yo iré a votar como forma de decir 'no' al Gobierno”, dice un ciudadano romano consultado por elDiario.es entre las callejuelas del barrio del Trastevere de Roma, en un ambiente de apatía ante la campaña que formaciones del Ejecutivo como la Lega han intentado revertir.

Así lo ha hecho Erika Stefani, senadora de la Lega, miembro de la Comisión de Justicia del Senado y del comité promotor del “sí”, que asegura en una llamada con elDiario.es que la reforma “beneficiará las relaciones entre política y poder judicial, independientemente del partido que esté en el Gobierno, sea de izquierda o derecha”, mientras que no ve ningún cambio “que prevea una interferencia política sobre la Justicia”.

El plan “permitirá a los magistrados, jueces o fiscales hacer carrera independientemente de su afiliación a corrientes políticas”, ya que busca “eliminar el fenómeno del faccionalismo” dentro la Justicia, asegura. Según añade, los cambios afectarán positivamente a los organismos del Consejo Superior de Justicia, donde accederán los juristas “que sean elegidos por sorteo, más allá de su afiliación” a una corriente u otra.

Según Stefani, en caso de perder, la coalición de Meloni no se verá gravemente afectada, porque “tiene un enorme consenso”, y “simplemente significará que la reforma queda aparcada y muere ahí”. El politólogo Giardiello discrepa. Opina que si vence el “sí”, Meloni verá legitimada su agenda y podría acelerar otras reformas como el Premierato, pero que una victoria del 'no' debilitaría al Ejecutivo en un contexto internacional también difícil y podría perjudicar a Meloni de cara a las elecciones de 2027.

¿Puede un magistrado en activo llamar “Barbigoña” a la esposa del presidente del Gobierno y salir indemne porque solo era una “gracieta” del Día de los Inocentes? El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que sí. Respaldado por el voto de la mayoría conservadora de la Comisión Disciplinaria del órgano, el juez Manuel Ruiz de Lara acaba de burlar el segundo expediente disciplinario de su carrera por sus exabruptos contra Pedro Sánchez. En la primera ocasión le llamó “psicópata sin límites éticos”. Y, como ahora, quedó exonerado porque el órgano consideró que se había expresado como un “mero ciudadano”.

El archivo del expediente, llevado a cabo con el voto en contra de los vocales del grupo progresista, ha puesto de nuevo el foco sobre los límites de la libertad de expresión de quienes imparten Justicia. Especialmente, en un momento de enorme polarización como el actual y en el que algunos jueces usan las redes sociales de parapeto para entrar en el debate político con pocas cortapisas. En la misma sesión, la Comisión Disciplinaria también rechazó sancionar, con similares argumentos, al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que en una conferencia para juristas cargó contra Irene Montero y le reprochó que diera lecciones sobre el consentimiento “desde su cajero de Mercadona”.

Juristas consultados por elDiario.es sostienen que el CGPJ ha hecho en estos casos una interpretación “excesivamente formalista” y “corporativista” de la norma, dado que la ley del Poder Judicial establece como límite a la libertad de expresión de jueces y magistrados el no poder dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos.

Estos expertos afirman que su decisión sienta un precedente peligroso porque puede vaciar de contenido uno de los principios éticos fundamentales que se exige a quienes imparten Justicia: la apariencia de imparcialidad. Esto es, la obligación de los jueces no sólo de comportarse de forma objetiva, sino de preservar la imagen de ello para evitar cualquier sombra de duda sobre sus decisiones.

El “fraude de ley” del perfil privado

“Hoy @sanchezcastejón anunciará mi nombramiento como Ministro de Justicia. El pacto incluye reforma CGPJ, dimisión como FGE del ‘borrador oficial de mensajes’ y relevo de Conde Pumpido que pasará a dirigir 1 cátedra de inconstitucionalidad y amnistía con Barbigoña en Santo Domingo”, escribió Ruiz de Lara el 28 de diciembre de 2024 en su cuenta de X, donde aparecía con su nombre real, una fotografía en la que era reconocible y se presentaba como autor de las novelas que ha publicado. La cuenta fue cancelada días después de que el mensaje apareciera en los medios de comunicación.

El argumento central para exculpar al magistrado —respaldado por la Fiscalía, que calificó el insulto de simple “gracieta”— se basa en la separación entre el ciudadano y el juez. La clave, según el acuerdo de archivo, es que Ruiz de Lara lanzó ese mensaje desde un perfil privado, en el que no se identificaba como miembro del Poder Judicial ni hacía ostentación de su cargo. Y que, además, su mensaje tuvo una resonancia limitada porque la cuenta era cerrada y tenía solo 320 seguidores.

El voto particular firmado por tres vocales del sector progresista trata de desmontar esa tesis. A su juicio, Ruiz de Lara era un opinador público notorio que intervenía asiduamente en televisión y medios para valorar, entre otros asuntos, la investigación contra la persona a la que “denigró” en sus redes con un “exceso sexista” que consideran incompatible con la condición de juez.

La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial limitan ciertos derechos a los jueces, como la afiliación política o la censura a otros poderes, con el objetivo de garantizar su imparcialidad y la confianza en la judicatura como un poder del Estado. La tesis de los vocales discrepantes con la decisión adoptada es que escudarse en la condición de “ciudadano” para emitir opiniones o insultos que la ley prohíbe expresamente a los jueces constituye un claro “fraude de ley”.

La toga no se quita en Internet

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, considera que esta resolución del CGPJ puede ser un “avance” en la medida que apuntala que cuando un juez se identifica en público como tal, hay cosas que no puede decir porque afectan a su imagen de imparcialidad. Considera, sin embargo, que el órgano ha aplicado en este caso un criterio “muy formal” y que habría que optar por una interpretación “material” en la que lo relevante sea si alguien es “percibido” como un miembro del Poder Judicial.

Ruiz de Lara es un magistrado que ha intervenido activamente en el debate público en materia de política judicial, ha ensalzado a formaciones como Vox y ha opinado sobre investigaciones de repercusión pública. Velasco, por su parte, pronunció sus palabras sobre Irene Montero en un evento en el que los participantes pagan hasta 400 euros por escuchar a expertos, según publicó El País.

“Un juez en activo nunca puede desprenderse de su toga”, señala Rosario Serra, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. A su juicio, el intento de separar al juez del ciudadano es inútil cuando su cargo es conocido, se presentan como magistrados o se les invita a dar conferencias por su condición. Esta experta recuerda que la ley prohíbe a los jueces dirigir a las autoridades felicitaciones o censuras, y considera que el “insulto” de Barbigoña funciona como un “ataque vicario” o indirecto a los poderes públicos que podría encajar en esta prohibición.

Serra alerta de un cambio de paradigma en el que los jueces han pasado de expresarse a través del filtro de los medios tradicionales a opinar “sin pudor” en las redes sociales. Según su criterio, cuando los jueces actúan como “actores políticos” y lanzan este tipo de mensajes existe el riesgo de socavar “la imagen de imparcialidad que debe acompañar a la figura de los jueces en su conjunto”. “Con una ciudadanía que está muy proclive a desconfiar de las instituciones, puede generar en el imaginario de los ciudadanos la idea de que la Justicia, que es la máxima garantía del Estado de Derecho, no es imparcial”, sostiene esta jurista.

El magistrado Miguel Pasquau, que rechaza de forma expresa pronunciarse sobre el expediente concreto de Ruiz de Lara, considera que centrar el debate en si los magistrados invocan o no expresamente su cargo es un mero “formalismo” que conduce a un “laberinto”, puesto que la condición de juez acaba siendo siempre pública y notoria. 

A su juicio, lo relevante es asumir que el juez es un ciudadano con derecho a expresar opiniones políticas, criticar leyes, iniciativas parlamentarias, decisiones gubernamentales o discursos públicos, pero que está sujeto a unos límites estrictos que no operan para cualquier ciudadano. “Un juez no puede personalizar de una manera agresiva, lo que no es solamente el insulto, sino hacer una descalificación moral de una autoridad, por ejemplo”, sostiene.

¿Reforma legal o freno al corporativismo?

La resolución que exonera a Ruiz de Lara afirma que la conducta no está descrita con exactitud milimétrica en la ley, lo que plantea el debate sobre un posible cambio legal.

El Congreso está tramitando en la actualidad una reforma de la ley del Poder Judicial que incluye una enmienda de Sumar que apunta en ese sentido. Plantea que se sancione como “falta grave de consideración” estas intervenciones en las redes sociales y otras manifestaciones públicas “cuando quien la cometa intervenga o manifieste directa o indirectamente su condición de miembro de la carrera judicial”.

El texto que salió del Ministerio de Justicia no incluía ningún retoque al respecto dado que en el departamento que dirige Félix Bolaños consideran que la reforma de la legislación no es la clave en este punto, sino el “sesgo corporativo” que aplica una parte de los vocales del CGPJ y que provoca que no haya sanciones “ante comportamientos que comprometen gravemente la apariencia de imparcialidad o el trato correcto a la ciudadanía”. 

Los expertos consultados también defienden que la ley actual ya ofrece margen suficiente para sancionar si se hiciera una “interpretación inteligente”, en palabras de Urías. No obstante, este jurista considera que sí se podría retocar para que se estableciera de forma expresa que “quien se presenta públicamente como miembro del poder judicial (...) no tiene derecho a formular expresiones que tengan contenido político”, lo que está en línea con la propuesta del grupo confederal. 

Reformas aparte, los juristas consultados hacen referencias directas al corporativismo como el problema de fondo que explica por qué el CGPJ evita sancionar los excesos verbales de los magistrados. “Hemos dejado la disciplina de los jueces en manos de los propios jueces, que están abusando de ese poder para no perseguir conductas que están prohibidas”, sentencia Urías. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este miércoles en un pleno de urgencia para analizar una convocatoria extraordinaria de 500 plazas para jueces. La reunión se produce después de que, este lunes, el titular de Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, mantuvieran una reunión discreta en la que cerraron un principio de acuerdo para dotar de contenido a las 500 nuevas plazas que el Gobierno se ha comprometido a crear este año, informan a elDiario.es fuentes conocedoras de estas negociaciones. 

Esa propuesta inicial, que debe ser ratificada por los vocales, establece que el CGPJ se compromete a convocar 125 plazas del llamado cuarto turno de juristas de reconocido prestigio, una vía alternativa que permite el acceso a la carrera de juristas con más de una década de experiencia a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El Ministerio de Justicia, por su parte, accede a triplicar esa cifra, hasta las 375, a través de una convocatoria extraordinaria del turno libre, la tradicional oposición memorística. 

Los grupos conservador y progresista analizarán en la tarde de este martes en sendas reuniones su posición ante esta propuesta. A falta de abordar el asunto en profundidad, voces de ambos grupos consultadas por elDiario.es avanzan que sus posturas son favorables dada la necesidad acuciante de profesionales en la carrera judicial. Según el Plan Estratégico de Recursos Humanos del CGPJ, el sistema judicial se enfrenta a una jubilación masiva en la próxima década que dejaría la plantilla en 4.401 efectivos en 2035 si no se toman medidas drásticas, lo que generaría un agujero de más de 2.200 jueces. 

El compromiso del Gobierno de crear 500 nuevas plazas de jueces enfrenta el reto de una implementación que no será inmediata y que se produce en un escenario de cierta tensión con el CGPJ. Perelló dijo recientemente que el proyecto del Gobierno “no resuelve el problema de fondo” de falta de magistrados a pesar de que el órgano había reclamado este incremento. El ministro Bolaños tachó de “político” su discurso y cuestionó el “inmovilismo” de la cúpula judicial. Finalmente, ambos han logrado alcanzar un principio de acuerdo.  

En un oficio remitido al CGPJ, Justicia urgió hace unos días al CGPJ a convocar “de inmediato” el cuarto turno de juristas de reconocido prestigio, una vía alternativa que permite el acceso a la carrera de juristas con más de una década de experiencia a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El CGPJ está obligado a convocar este proceso cada dos años. La última convocatoria es de febrero de 2023, por lo que lleva un año de retraso. 

El pasado 27 de enero representantes de Justicia y del CGPJ se reunieron en la llamada comisión-mixta para abordar la dotación de esas 500 nuevas plazas que el Ejecutivo confía en tener creadas después del verano. Pero una cosa es la creación administrativa de la plaza y otra la llegada efectiva de un juez que la ocupe. “Eso es una silla con una mesa, no es el señor o la señora que va a dictar sentencias”, explica una fuente. 

El proceso funciona como un efecto dominó en el que las nuevas plazas se ofrecen a los magistrados más veteranos, que tienen la opción de optar a los nuevos destinos en función de su antigüedad. Solo cuando la vacante llega al final de cadena se puede ofrecer a quienes acaban de entrar en la carrera. Ese proceso no estará culminado hasta dentro de un año, según el horizonte temporal con el que trabaja el Ministerio.

Los miembros del CGPJ reclamaron al Ejecutivo que aumente el número de plazas de la convocatoria de acceso por oposición de 2026, que alcanza un total de 200. Citaron el precedente de 2004, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tomó una decisión similar. El Gobierno finalmente ha accedido a esa propuesta y propone convocar 375 plazas. A cambio, el CGPJ debe comprometerse a convocar otras 125 plazas del llamado cuarto turno de juristas. 

El Gobierno creará 21 plazas judiciales en Castilla La Mancha en 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales. Se trata, según el Ejecutivo, de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año en la historia de esta comunidad autónoma.

Con este incremento se crearán, en un solo año, tantas plazas judiciales como en la última década: un total de 21. Así, el Gobierno califica esta ampliación de “un hito más en la ambiciosa transformación de la Justicia” impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que tiene como objetivo convertirla en un servicio público “más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía”.

En concreto, la planta judicial de Castilla-La Mancha se amplía un 9,7% en un año. De las 21 nuevas plazas, 20 serán para tribunales de instancia y una para la Audiencia Provincial de Toledo. Entre los tribunales que se verán reforzados están los de Guadalajara, Toledo, Albacete, Ocaña, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Cuenca, Puertollano o Illescas.

500 nuevas plazas en todo el país

En todo el país, el Gobierno creará 500 plazas, un “récord” que es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma introduce un nuevo modelo organizativo “más moderno y eficiente”: elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros. Crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000 euros. Por tanto, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros, mientras que con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones.

La creación y distribución de las 500 nuevas unidades judiciales se detalla en un Real Decreto que inicia ahora su tramitación.

Si hoy es jueves, hablamos de justicia y de dos velocidades. De normas no escritas. De tiempos procesales. De casualidades o causalidades. De intenciones o de azar. Y, por una cuestión de rabiosa actualidad, es inevitable empezar con el caso González Amador, más conocido como Alberto Quirón.

Hablamos, no te olvides, de un “ciudadano particular” que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid en un ático comprado tras defraudar 350.000 euros a Hacienda después de pegar un pelotazo con la venta de mascarillas durante la pandemia. Más señas: del técnico sanitario que, tras comenzar su relación con la lideresa del PP, se convirtió en empresario de éxito y para el que el fiscal y la Abogacía del Estado solicitan penas de hasta tres años y nueve meses de cárcel mientras que las acusaciones populares elevan esa petición hasta cinco años de prisión.

Este miércoles hemos sabido que el hombre que envenena los sueños de Isabel Díaz Ayuso no se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado por los delitos de fraude fiscal, falsedad en documento público y pertenencia a grupo criminal antes de mediados de 2027. Aún se desconoce la fecha concreta, pero no será en ningún caso, dentro de no menos de año y medio en el mejor de los casos y nunca antes de que se celebren las autonómicas de mayo de 2026, a las que Ayuso se presentará para la reelección. 

El primero en reaccionar a la fecha del juicio ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con la publicación de un mensaje en X en el que ironiza con la “rara dictadura en la que vive esta gente”, en alusión a los entornos del PP y Ayuso. “Mordidas para todos y juicios a la carta”, ha escrito el republicano. Pero, el PSOE y Más Madrid tampoco lo han pasado por alto. La socialista Pilar Sánchez Acera se ha burlado de la decisión porque sostiene que o bien “las cosas de palacio van despacio” o que “quien tiene padrino (madrina), se bautiza”. Y la portavoz de MM, Manuela Bergerot, ha escrito en tono jocoso en sus redes sociales: “¡Qué casualidad, no vaya a ser que Ayuso pase la campaña electoral con el novio en la cárcel!”.

Lo cierto es que siempre existió una norma no escrita por la que habitualmente el Poder Judicial solía ser muy estricto a la hora de que sus decisiones no interfieran en periodos electorales y, aunque este caso afecta a un “ciudadano particular”, es obvia la trascendencia política de un juicio como este y la repercusión que podría tener en la campaña electoral de Madrid. Así que estaríamos ante una decisión acorde a esa histórica conjura de togados para que sus decisiones no se crucen con intereses políticos de los partidos.

Claro que eso era antes, cuando la derecha no sólo vivía de las decisiones de los tribunales y la oposición al Gobierno se ejercía solo en el marco de la política, y no de la justicia. Con Pedro Sánchez en el Gobierno todo ha cambiado y los tiempos, las actuaciones y hasta algunos escritos han estado acompasados a lo que demandan determinados intereses políticos de tal modo que los partidos han extendido a los tribunales la contienda partidista.

La fecha prevista para el juicio abierto contra González Amador no hubiera sorprendido si los procedimientos judiciales que afectan a exdirigentes del PSOE o del entorno del presidente del Gobierno tuvieran tiempos similares. Pero ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, el Tribunal Supremo tiene previsto juzgar a José Luis Ábalos en este primer trimestre de 2026, entre las campañas electorales de Aragón y Castilla y León. Aquí no hay conjura que valga, si bien es cierto que en el Supremo apenas se investigan o juzgan casos y los que se celebran, al ser excepcionales, se fijan con mayor celeridad. Por el contrario, los juzgados de lo penal de Madrid afrontan una histórica sobrecarga de trabajo y sus plazos son mucho más dilatados.

En todo caso, está también el ejemplo que afecta a David Sánchez Castejón, el hermano del presidente del Gobierno, cuyo juicio por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz se ha retrasado más de tres meses, según lo previsto inicialmente. La Audiencia Provincial de Badajoz ha comunicado que se pospone hasta el 28 de mayo de 2026 el inicio de la vista oral contra el familiar del presidente del Gobierno, cuyo arranque se había programado inicialmente para el 9 de febrero. El cambio está justificado en la petición de aplazamiento de algunos letrados, a quienes la vista oral les coincidía con otros procedimientos “señalados anteriormente”. Lo que nada tiene que ver con los abogados es que, casualmente, el juicio coincidirá con la campaña de las elecciones de Andalucía, previstas inicialmente para el mes de junio.

Las dos velocidades de la justicia son una realidad inapelable, tras la que subyacen siempre intereses políticos y siempre a beneficio de la derecha. De ahí que los tiempos para ciertas investigaciones, informes o juicios orales hayan discurrido a velocidad del rayo en unos casos y en otros, se hayan demorado años e incluso lustros. El caso más palmario de los últimos tiempos ha sido el que ha condenado al ya ex fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Dos semanas de juicio en el Supremo y unos plazos sin precedentes mientras por ejemplo los casos Lezo y Montoro, que afectan a ex altos cargos del Partido Popular, siguen aun sin ser juzgados, diez años después de haberse producido los hechos delictivos y no pocas trabas judiciales. Y, luego, se preguntarán por qué el desprestigio de la justicia.

Este 6 de diciembre volvemos a conmemorar el Día de la Constitución Española. Hace 47 años, el 88,5 % de quienes votamos dijimos sí a la reconciliación, sí a la libertad y sí a un futuro compartido. Fue el mayor ejercicio de inteligencia colectiva de nuestra historia reciente y permitió dejar atrás definitivamente la dictadura, construir un Estado del bienestar sólido y situar a España como uno de los países más igualitarios de Europa.

Hoy, sin embargo, no basta con recordar aquel logro. Celebrar la Constitución significa, sobre todo, exigir que se cumpla. Porque nuestra Carta Magna está en peligro, no por quienes proponen reformarla con lealtad y dentro de sus propios cauces, sino por quienes la bloquean y la vacían de contenido desde las instituciones que deben protegerla. Llevamos más de siete años, exactamente 2.556 días, con el Consejo General del Poder Judicial caducado. España es el único país de la Unión Europea que sigue sin cumplir las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para evitar la politización de la justicia. El Tribunal Constitucional ha tenido que hacer de suplente en más de 1.200 nombramientos clave, algo que nunca estuvo previsto. Además, según el último CIS, el 73% de la ciudadanía considera que los partidos utilizan las instituciones en su propio beneficio.

La igualdad que proclama con rotundidad el artículo 14 sigue siendo papel mojado en demasiados órganos de poder. La violencia machista continúa cobrándose vidas. Las mujeres mayores sufren una doble invisibilidad por razón de género y de edad. La emergencia climática, la brecha digital y la falta de vivienda dignamente agravan las desigualdades que la Constitución prometió combatir.

Como defensora de los derechos humanos, sostengo que una Constitución solo es viva cuando protege de verdad a las personas más vulnerables: a la niña que necesita una escuela pública de calidad, a la persona mayor que no quiere sentirse olvidada, a la mujer que reclama vivir sin miedo, a quien migra y busca respeto, a las familias que aspiran a un hogar digno.

Este 6 de diciembre no podemos quedarnos en actos protocolarios ni discursos nostálgicos. Exijamos la renovación inmediata del Poder Judicial sin más excusas ni tacticismos y con mecanismos antibloqueo automático que garantizan su independencia real, un pacto educativo de Estado que blinde la escuela pública e inclusiva como verdadero ascensor social, la actualización de los derechos sociales frente a los nuevos retos ecológicos y tecnológicos, y el reconocimiento explícito de la violencia de género y de la dignidad de las personas mayores como principios irrenunciables.

La Constitución no es un museo ni un texto intocable: es un contrato vivo que nos obliga a todos. A los partidos, a dialogar en lugar de bloquear; a los jueces, a ser independientes; a la ciudadanía, a participar y a exigir sus derechos.

En tiempos marcados por tensiones políticas, incertidumbre económica y creciente desconfianza institucional, volver a la Constitución es volver a un lenguaje común. Ella recoge principios que son también la base de los derechos humanos: igualdad, libertad, participación, justicia, dignidad y pluralismo. Recordarlo hoy es esencial, porque estos principios no pertenecen a un partido ni a una ideología; pertenecen a la ciudadanía.

En tiempos marcados por tensiones políticas, incertidumbre económica y creciente desconfianza institucional, volver a la Constitución es volver a un lenguaje común

Celebrar la Constitución no significa conformarnos; significa asumir la responsabilidad de mejorar. La Constitución es un marco que debe dialogar con su tiempo. Las sociedades cambian, las necesidades también, y un texto fundamental tiene que ser lo suficientemente sólido para sostenernos, y lo bastante flexible para adaptarse. La verdadera fidelidad constitucional consiste en garantizar que ninguna persona quede atrás.

Necesitamos instituciones fuertes, transparentes y responsables; necesitamos políticas públicas basadas en evidencia, no en ruido; necesitamos un debate público que no confunda diversidad con confrontación. La Constitución nos ofrece un terreno común desde el que avanzar: no como adversarios, sino como ciudadanos que comparten destino.

En este 6 de diciembre, reivindiquemos la Constitución como lo que es: un punto de partida para construir futuro. Renovemos el pacto de respeto, dignidad y convivencia. No celebremos solo lo que fuimos, sino lo que todavía podemos llegar a ser.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supo del anuncio de la condena al fiscal general a bordo de un avión que le trasladaba el jueves a Madrid desde Ceuta. Aunque había declarado públicamente la inocencia antes de que se celebrara el juicio de Álvaro García Ortiz, sabía que el peor de los escenarios era probable con una sala de mayoría conservadora en el Tribunal Supremo. Es más, en la noche del sábado anterior, tan solo 48 horas después de que terminase el juicio y quedase visto para sentencia, al Gobierno le llegaron ecos sobre una posible sentencia con el voto favorable de cinco conservadores y dos votos particulares de sendas magistradas progresistas que no pasó a creer. Hasta el último momento, en el Ejecutivo soñaron con una absolución que nunca llegó. 

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, pudo contactar con Pedro Sánchez antes de que aterrizara para comunicarle el fallo poco antes de las dos de la tarde. Y una vez en la Moncloa, se coordinó la respuesta institucional: “La discrepancia con esta sentencia no puede llevar a una desconfianza generalizada en las instituciones”, afirmó Bolaños en una comparecencia en la que defendió el papel del periodismo y el trabajo de los periodistas para reivindicar “el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz”.

El Gobierno quiere dar una respuesta institucional de respeto a la justicia aunque no comparta sus decisiones, pero a la vez reivindicar su derecho a una respuesta política porque “político es también el fallo”, denuncia un ministro de Sánchez. Y el primero en hacerlo, aunque sin mención expresa al Supremo, fue el propio presidente en un discurso pronunciado en la presentación de la serie Anatomía de un instante en el Congreso de los Diputados. “La democracia no es un estado que se conquista de forma permanente, es un privilegio que debemos defender cada día de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma: hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder”, afirmó. 

Y aún diría más: “La amenaza, por tanto, sigue ahí, pero también permanece. Hoy quiero expresar nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza, de defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla”. No hizo falta más para entender de qué hablaba.

En el Gobierno, en el PSOE y en la izquierda en general creen que lo ocurrido con el fiscal general “es demoledor para el Ministerio Fiscal, para el descrédito de la Justicia, para el periodismo y para la democracia”. Así piensan quienes defienden que hay una sinergia manifiesta entre las derechas política, mediática y judicial, “no para acabar con el fiscal general, sino con Pedro Sánchez”, y que este es solo el primer paso de una escalada que se proponen continuar y ellos, combatir.

La imagen de Álvaro García Ortiz sentado en el banquillo de los acusados por desmentir una información falsa difundida por Miguel Ángel Rodríguez desde la Puerta del Sol que atacaba directamente la honestidad del Ministerio Fiscal fue un resumen más del choque institucional que desde 2023 estimula la política española. La relación entre los poderes judicial y ejecutivo se quebró el día en que PSOE y Junts cerraron el pacto de investidura de Pedro Sánchez que incluía la aprobación de la ley de amnistía y desde entonces no ha hecho más que empeorar. 

Así que cuando Sánchez hablaba de “abuso de poder” el jueves por la tarde no hacía falta mención explícita alguna porque todo el mundo entendió a quiénes se refería. Horas después, lo explicaría, sin ambages, el ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, quien por la mañana dijo que prefería morderse la lengua cuando el fallo del Supremo le sorprendió en unas jornadas en el Ateneo de Madrid, y por la noche ya dio rienda suelta a su verbo habitualmente contenido.

“No puede ser. A mí este fallo me parece que lanza un mensaje demoledor y es 'no te atrevas a tocar a Ayuso, no te atrevas. Como te atrevas, vas pa'lante', como dice Miguel Ángel Rodríguez”, declaró en una entrevista de Aimar Bretos en el programa Hora 25 de la Cadena Ser. Hablaba, claro, de la condena a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador –novio de la presidenta madrileña–, a quien el Supremo ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Ayuso, en el barro

López, como la mayoría de la izquierda política, se confesó “desolado”, pero también “indignado” y con ganas de pelear para hacer frente a algo que pone en riesgo ciertos valores democráticos, como el respeto al Estado de Derecho y que la ley sea igual para todos. ¿Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?“, se cuestionó.

El fallo es, para el Gobierno, además de “injusto”, una nueva pista de despegue para la campaña de victimización de Ayuso, que trata de desviar el foco de los delitos cometidos por su pareja, los dos juicios que tiene pendientes y la multiplicación de sus ingresos gracias a su colaboración con Quirón, el gigante de la Sanidad privada a quien la Comunidad de Madrid paga cada año miles de millones de euros en conciertos.

Y es este el marco de debate al que Óscar López y el resto del gobierno pretenden arrastrar a los españoles para movilizar al electorado progresista, tras la ola de indignación que el fallo ha provocado en la izquierda. Dicho de otro modo: Sánchez y los suyos tratarán ahora de reactivar la confrontación ideológica para espolear a la base social progresista y canalizar esa irritación a las urnas. “O los paramos, o vuelven”, afirman desde el gabinete del presidente del Gobierno en alusión a la ola reaccionaria que ya recorre el mundo.

Este será, anuncian desde el cuartel general de los socialistas, el eje central de la campaña para las elecciones de Extremadura, que se celebrarán el 21 de diciembre, primera cita del ciclo electoral que llegará hasta 2027. Y es que en la Moncloa entienden que ya no hay campañas locales ni competiciones entre partidos políticos, sino que la madre de todas las batallas políticas se libra ahora entre bloques ideológicos y que lo que está en juego es la democracia. La consigna: “Resistir y mantener el discurso para convencer”. Y la condena al fiscal general es un ejemplo práctico que aprovechará para espolear a su base social contra la injusticia y el concepto patrimonialista que las derechas tienen del poder. Otra cosa es que lo consiga.

Veremos porque, de momento, Ayuso, es decir Miguel Ángel Rodríguez (MAR), gana. Por algo consideró el 20N de 2025 un “día histórico” y ha desvelado por fin cuál era su propósito al decir que no fue el fiscal general del Estado, “sino Pedro Sánchez el que se ha sentado en el banquillo de los acusados”.

En el barro no hay quien la gane. Y en la mentira, tampoco porque, pese a la confesión de su pareja sobre la comisión de dos delitos fiscales y otro de falsedad documental, ella sigue instalada en su habitual raca raca: todo es una “campaña organizada desde el Gobierno” y “un paso más hacia el guerracivilismo”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, encargada de investigar los casos de corrupción que afectan al poder político, lleva al menos 20 años en manos de la derecha judicial. El Partido Popular aprovechó los dos mandatos de José María Aznar en el Gobierno para imponer desde el Consejo General del Poder Judicial una mayoría de magistrados de tendencia conservadora en esa Sala Segunda del Tribunal Supremo. Cinco de esos magistrados propuestos en su día por vocales elegidos por el PP firmarán la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados.

Cuando Aznar llegó al Gobierno en 1996, el PP inició la toma de control de la Sala de lo Penal del Supremo. Lo hizo a través de los vocales conservadores elegidos para el Consejo del Poder Judicial, quienes fueron imponiendo su rodillo en los nombramientos porque entonces bastaba con la mayoría absoluta y no con la mayoría cualificada de tres quintos que impuso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a partir de 2004. Hasta la llegada al poder del PP en 1996 convivieron en la Sala de lo Penal y casi igualados en fuerzas los magistrados conservadores (seis) y los progresistas (siete). Pero en apenas ocho años de Gobierno conservador, la derecha judicial se hizo con el control casi absoluto de un tribunal por cuyas manos pasarían algunos de los asuntos más delicados de la política española. De los 11 magistrados que entraron en la Sala de lo Penal entre 1996 y 2004, sólo tres fueron progresistas. Ese desequilibrio a favor de la derecha judicial no ha cambiado pese a que el PSOE ha gobernado en España 13 de los últimos 20 años.

La Sala de lo Penal del Supremo está integrada hoy por cuatro jueces progresistas y 11 conservadores. Eso hace que en ninguno de los tribunales (de cinco o siete miembros) que se forman para admitir o juzgar las distintas causas haya una mayoría progresista que pueda imponer su criterio. Por eso se producen fracturas del tribunal en asuntos de enorme trascendencia política que la opinión pública no acaba de entender. Ante los mismos hechos y con las mismas pruebas, las dos magistradas progresistas que integraron el tribunal encargado de juzgar al fiscal general lo consideran inocente mientras los cinco magistrados conservadores han optado por la condena.

Esta división pone en cuestión la imparcialidad del máximo órgano de la justicia ordinaria en España. El presidente de la Sala de lo Penal ha sido en los últimos 10 años (2014-2024) Manuel Marchena, un magistrado conservador del que llegó a decir el PP que como presidente del Poder Judicial garantizaría tener controlada esa sala por la puerta de detrás. Marchena renunció a presidir el Poder Judicial al conocer lo que pensaba el PP sobre sus cualidades profesionales. Durante su mandato en la Sala de lo Penal se han producido algunos pronunciamientos controvertidos cuando se trataba de resolver cuestiones de alta tensión política.

El veto a la amnistía de Junqueras y Puigdemont por malversación

El Tribunal Supremo declaró “no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos en la causa del ”procés“. Una sala integrada por seis magistrados (cinco conservadores y una progresista) vetó la aplicación de la Ley de Amnistía a los dirigentes independentistas Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Los redactores de la Ley de Amnistía precisaron en uno de sus artículos que serían amnistiables los delitos de malversación siempre que esos hechos no hubieran supuesto un enriquecimiento patrimonial de los dirigentes independentistas. El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, redactó el auto que apoyaron otros cuatro magistrados conservadores: Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Andrés Palomo. La otra magistrada integrante de ese tribunal, Ana Ferrer, de tendencia progresista, firmó un voto particular apoyando la aplicación de la amnistía a los dirigentes independentistas y haciendo una interpretación muy distinta a la de sus compañeros de tendencia conservadora. El Tribunal Constitucional resolverá en los próximos meses si la interpretación de la mayoría conservadora del Supremo fue la correcta o si los dirigentes independentistas, entre ellos Puigdemont, pueden acogerse a los beneficios de la Ley de Amnistía.

La imputación por terrorismo de Puigdemont

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón quien, en plena redacción de la Ley de Amnistía, intentó atribuir al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, un delito de terrorismo -no amnistiable- relacionado con una manifestación de protesta por la sentencia del Proces en el aeropuerto del Prat. Pese a que la exposición razonada de García Castellón no cumplía con los criterios mínimos que imponía la jurisprudencia del Supremo, el Tribunal decidió admitirla a trámite y encausó a Puigdemont por un supuesto delito de terrorismo. La sala que tomó esta decisión estaba integrada por cinco magistrados, todos ellos conservadores: Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Eduardo Porres. Un error grave en la instrucción del juez Manuel García Castellón obligó al Supremo a archivar la causa.

La sentencia de los ERE que imponía cárcel a Griñán

La sala segunda del Supremo ratificó la condena de seis años de cárcel por malversación al expresidente andaluz José Antonio Griñán. El Tribunal estaba compuesto por tres magistrados conservadores Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Carmen Lamela y Eduardo de Porres, que impusieron su mayoría contra las otras dos magistradas progresistas Ana Ferrer García y Susana Polo García que hicieron un voto particular. El Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, anuló esta sentencia.

Falsa causa abierta a Victoria Rosell que provocó su dimisión

La Sala Segunda del Tribunal Supremo admitió a trámite la querella del exministro de Industria Jose Manuel Soria, que dejó su cargo por un caso de corrupción, contra la entonces diputada de Podemos y magistrada en excedencia Victoria Rosell. Soria la acusaba de delitos de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. La admisión a trámite fue decidida en un auto cuyo ponente fue Manuel Marchena, presidente entonces de la Sala de lo Penal, y en un tribunal de mayoría conservadora. La investigación fue archivada pero Victoria Rosell dimitió como diputada como consecuencia de la decisión del Supremo de encausarla.

La condena a Alberto Rodríguez que le dejó sin su acta

Cuatro magistrados conservadores, Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo y Vicente Magro condenaron al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión se sustituyó por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros). Dos magistrados progresistas que formaban parte de ese tribunal, Susana Polo y Leopoldo Puente, hicieron un voto particular en contra de la decisión.

Alberto Rodríguez tuvo que dejar su acta de diputado como consecuencia de ese fallo del Supremo. El Tribunal Constitucional de mayoría absoluta progresista, resolvió que la sustitución de la pena de prisión por una multa no debía haber conllevado la inhabilitación para ejercer como diputado, lo que supuso la pérdida de su escaño, por lo que anuló la decisión adoptada por la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Bater de retirarle el acta de diputado.

Ya no nos acordamos, porque en política una década es toda una vida y más aún en el mundo contemporáneo donde los ciclos que duran más de cuatro años nos parecen inabarcables, pero hubo un tiempo en el que las reivindicaciones más firmes del progresismo y de quienes llamaron a la puerta de la vieja política incluían como reivindicación máxima que los políticos tenían que doblegarse ante una mano superior, incólume y de prestigio intachable que era el juez instructor. Eso es lo que significaba exigir la dimisión de cualquiera que se viera sometido a la apertura de juicio oral o a una imputación. Porque eso es lo que pedíamos, dimisión inmediata cuando cualquiera fuera investigado. Esa medida estaba en el núcleo de la regeneración democrática quincemayista y ha sido un error difícilmente superable. Ya queda poca duda de que éramos muy ignorantes al pedirlo porque no conocíamos la estructura de nuestro propio país y no por falta de información ni alertas de quienes nos precedieron. 

A veces reviso una conversación que tuve en aquellos años de euforia quincemayista con un exalcalde de Fuenlabrada, un hombre de experiencia política para cuatro vidas, en la que discutíamos porque no entendía nuestra exigencia irrevocable de pedir la dimisión con vehemencia de cualquier político que fuera investigado. Él, que sí que peinaba canas en el buen sentido y no como Miguel Ángel Rodríguez, fue el primero en advertirme de una situación que en aquel momento consideré una excusa de quien se sabía corrupto y se ponía una venda antes de la herida. Me aseguró con calma que lo que pedíamos era la muerte política de los que quieren participar de la vida pública y son paganos de los poderosos. “¿Sabes lo fácil que es abrir una investigación con una denuncia falsa de cualquiera que te quiera quitar de en medio? Una vez dimitido ya no se puede reparar el daño y los poderosos habrán ganado”. No lo entendí, no creía en lo que decía, la bisoñez era insoportable. No creía posible que un juez fuera a actuar de esa manera y poner en riesgo su carrera actuando de manera incorrecta, porque no era consciente de que nunca va a poner en peligro su carrera porque serán otros jueces los que lo protejan protegiéndose a sí mismos para cuando sean ellos los requeridos para esa causa patriótica superior. 

De aquellos barros estos lodos, un colega anarquista, sabio a más no poder, me decía que teníamos que cuidarnos siempre de pedir medidas que en momentos de ensanche progresista nos podían parecer adecuadas pero que cuando el péndulo reaccionario se girara irían a destruirnos con todo a quienes de manera inocente nos creíamos que era un avance democrático. Esa máxima la tengo presente cuando cualquier medida se presenta y siempre me pregunto lo que podrá hacer la reacción con ella en sus manos. 

Estos diez años de transgresión democrática de los pilares fundamentales del régimen del 78, primero con la aparición del Podemos primigenio, y después con el procesismo, desacomplejaron a la judicatura y le hicieron actuar a calzón quitado. Pero también ha tenido el lado bueno de que con los jueces ha pasado como con el elefante del rey: ahora vemos aquello que hacían sin que tuviéramos el ojo crítico sobre ellos y nos hemos dado cuenta de que no solo no son un colectivo intachable, es que son uno de los que no han hecho la Transición y siguen anclados en un tiempo en el que su toga estaba por encima de la ley que tienen que hacer cumplir. 

A mí se me ha curado la inocencia. Ya no hay investigado ni juzgado sobre el que no me pronuncie sin haber estudiado el caso, los informes, los hechos y toda la información posible al respecto. La primera impresión que tengo cuando se abre un juicio político, porque ya todo juicio a un político o activista es un juicio político, es la de sospecha, no por lo que haya hecho el encausado, sino por quién es el instructor, cuál es su posicionamiento político, qué ha hecho en la instrucción y cuáles son sus intereses. No creo en la justicia cuando se trata de dirimir causas que tienen relevancia política porque no solo no pienso que no sean capaces de eludir la opinión pública, sino que creo que buscan el favor de esa opinión pública mediatizada en favor de su ideología política. Quieren ser protagonistas, quieren el favor de sus cenáculos, quieren ser aplaudidos y vitoreados en presentaciones de libros, recepciones privadas y columnas cipotudas. 

Pero es necesario que lo usemos como aprendizaje. Somos muy responsables de haber mitificado la justicia sin haber mirado con mayor conciencia crítica lo que pasó durante los años de lucha contra ETA. Una pareja de mujeres mayores, euskaldunas y abertzales, me reconocieron en el casco viejo de Donosti hace unos años. La casualidad hizo que me pararan justo enfrente de La Cepa, el bar donde fue asesinado Gregorio Ordóñez. En la conversación, que fue amigable y divertida, me aconsejaron entre risas que dijera a los de Podemos en Madrid que no lloraran tanto con la persecución judicial y que miraran un poco a Euskadi para darse cuenta de que no han sido los primeros ni, por supuesto, los que más graves consecuencias sufrieron de una persecución policial y judicial que no distinguía entre etarras y vascos de izquierdas. 

El juicio al fiscal general del Estado es el corolario de una degradación de las estructuras judiciales a la que asistimos con mayor distancia con el juicio al procesismo sin darle la importancia requerida a que acabaran en la cárcel personas por haberse subido a un coche de la Guardia Civil. No nos pareció bien, no fue justo, pero no ponderamos de manera adecuada lo escandaloso que fue aquel juicio en el que Marchena y compañía dictaron venganza patriótica en vez de la justicia que se le espera a un estado de derecho de Europa occidental. Al gobierno de coalición le queda poco tiempo de legislatura en unas condiciones exangües habiendo desaprovechado la ocasión de hacer reformas democráticas en la judicatura. Lo pagaremos caro cuando el péndulo vire y se dirija con venganza y resentimiento a los que nos consideran enemigos internos.