La jueza instructora que investiga el accidente de El Bocal, en la costa norte de Santander, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida de gravedad tras ceder una pasarela de una senda costera, ha ampliado la investigación a quien fue jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, cuando se jubiló.

La declaración del ex trabajador de Costas se suma a quien le sucedió en el cargo —actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras— y al jefe de la Demarcación de Costas —director de Obras del Proyecto de 2014 de construcción de la senda costera—, quienes declararán como investigados el 15 de mayo, en una sesión en la que se practicarán además las pruebas periciales.

El auto de la jueza señala que la falta de mantenimiento de la infraestructura podría constituir una “negligencia grave” y la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave —por los seis fallecimientos— y un delito de lesiones por imprudencia grave –por las heridas sufridas por la superviviente.

En un auto dado a conocer este martes, la magistrada señala que este funcionario al que suma a la investigación, “ostentó una posesión de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela” y tuvo la “obligación de promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias en tal lapso de tiempo”.

La jueza sostiene, basándose en el informe pericial, que “la ausencia de inspecciones y mantenimiento adecuados pudo impedir, detectar y corregir el progresivo deterioro de la infraestructura, generando un riesgo relevante que se materializó en el colapso de la pasarela”.

Para la instructora, “con su conducta omisiva cada responsable de la Jefatura de Obras pudo contribuir al mantenimiento del riesgo no controlado que desembocó en el fatal resultado, concurriendo en sus personas, por el cargo que ostentaban y ostentan, una clara posición de garante y capacidad de actuar”. Por eso, la magistrada ha acordado también que el médico forense examine la pasarela para contar con un informe sobre la sanidad de las lesiones que sufrió la víctima superviviente. 

“La ausencia total de inspecciones”

El auto sostiene que la pasarela estaba “abierta para su uso público sin ningún tipo de restricción, no sometida a ningún tipo de control o inspección y mantenimiento desde su construcción en 2014, y en donde aparentemente se utilizó como material para los herrajes de las vigas de apoyo uno ciertamente inadecuado para toda estructura sometida a un ambiente exterior sin cubrir (más aún cuando tal estructura se ubica en el mismo borde costero)”.

Y continúa: “La ausencia total de inspecciones presumiblemente impidió detectar deterioros estructurales, limitándose las únicas actuaciones de mantenimiento realizadas a una intervención tardía y parcial, al centrarse exclusivamente en su estructura de madera”.

Todas esas circunstancias “no permitieron abordar elementos críticos” y “el colapso, pues, pudo ser consecuencia de un deterioro progresivo no controlado”, ha valorado la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.

Por ello, considera que “la omisión de la diligencia debida, en los términos así expuestos, presenta en estos momentos caracteres de negligencia grave que, como tal, justifica la acción penal ya ejercida por posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave en su modalidad agravada por pluralidad de víctimas, y un delito de lesiones por imprudencia grave frente a los investigados”.

15 de mayo declaración de técnicos investigados

En una providencia también dada a conocer este martes, la magistrada autoriza el acceso al lugar de los hechos para realizar inspección ocular y toma de muestras a todos los peritos propuestos por las partes: los de las defensas del jefe de la Demarcación de Costas y del actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras; y también al perito elegido por las acusaciones particulares, que han anunciado que aportarán un único informe.

Los informes periciales deberán entregarse tres días antes del 15 de mayo, fecha de la declaración de los tres investigados de Costas, para que todas las partes puedan conocer su contenido antes de esa fecha, en la que se practicará la prueba.

Por otro lado, la instructora ha decidido no atender a la petición del Ayuntamiento de Santander de que el ingeniero que firmó el proyecto de construcción de las pasarelas declare el próximo viernes 27 en calidad de investigado, en vez de hacerlo como testigo—perito, tal y como se le ha citado. A su juicio, “ni el ministerio fiscal ni ninguna otra parte personada ha dirigido contra el citado expresa denuncia o querella” y “esta juzgadora tampoco” —ha dicho— “por entender que el ingeniero ”es responsable de un proyecto parcial, en cuanto no abarca la totalidad de la obra“.

Para la magistrada, lo que este ingeniero firmó se trata “más bien de un subproyecto o un anexo integrado en el proyecto principal de la senda, aceptado y avalado por ello por el director de la Obra, que sí actúa en esta causa en calidad de investigado”.

Registro en la base de datos policial

Finalmente, la instructora atiende a lo solicitado por la defensa de la agente de la Policía Local investigada y pide que esta institución aporte las actuaciones registradas en la base de datos policial derivadas de las llamadas entrantes entre las 12:14 y las 14:30 horas del día previo al accidente -fecha en la que un vecino llamó al 112 alertando del estado de la pasarela-.

En concreto, solicita la parte y acuerda la magistrada que se desglose en cuántas actuaciones se comisionó una patrulla de Policía Local, en cuántas se comisionaron agentes de Movilidad Urbana y en cuántas no se comisionó ni a unos ni a otros.

El próximo día 24, la jueza escuchará a los superiores jerárquicos y a dos compañeros tanto de la agente de la Policía Local de Santander como de la gestora del 112 investigadas, después de que el inspector jefe de la Policía Local y el director del Servicio de Emergencias hayan respondido al requerimiento de la instructora para que identificaran a estas personas.

El Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial sitúa en 67,1 la tasa acumulada de muertes por violencia machista por cada millón de mujeres mayores de 15 años desde 2003, con 58,4 en el caso de Castilla y León, la quinta menor del conjunto autonómico.

Las comunidades con mayores tasas acumuladas son Ceuta y Melilla (168 y 96 por millón, respectivamente), seguida de Canarias (93,9 mujeres) y Baleares (89,8 mujeres). La comunidad con menos tasa acumulada desde 2003 es Extremadura (34,6 mujeres) seguida del País Vasco y Cantabria (con 44,6 y 46,5).

El Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial cifra en 49 las mujeres asesinadas en 2025, el 80% de las cuales convivía con su agresor, un dato más elevado que en 2024.

En Castilla y León, Andrea B., de 34 años, asesinada por su marido el 16 de marzo en Burgos, y con un hijo menor, añadió su nombre en 2025 a la lista de las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en esa comunidad desde que en el 2003 arrancó ese registro, que ya suma 66 crímenes machistas en esa autonomía.

El Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja correspondiente a 2025, elaborado con los datos suministrados por los juzgados, suma un feminicidio más de los 48 recogidos hasta ahora en la estadística de la Delegación contra la Violencia de Género.

El dato de mujeres asesinadas (49) es el mismo que en 2024, 2021, 2020, 2017 y 2016, la cifra más baja desde que hay registros en 2003: hubo un asesinato cada 7,4 días

El promedio interanual de muertes entre 2003 y 2025 se sitúa en 58,3 casos/año, si bien puede advertirse una notable diferencia si dividimos la serie temporal en dos periodos. La media del primer intervalo, entre 2003 y 2014 era de 65 muertes al año, mientras que en el segundo intervalo, entre 2014 y 2025 se sitúa en 52,4.

El Observatorio del CGPJ considera “innegable que la consolidación y el perfeccionamiento de las políticas públicas” han derivado en una descenso significativo del promedio anual de muertes. El informe insiste en que se trata de un fenómeno que afecta a toda la sociedad, con independencia de su nacionalidad, edad o nivel de estudios.

Datos generales

El perfil genérico de las víctimas mortales de 2025 son mujeres de 47,3 años, en su mayoría españolas (57,1%), que en un 80% vivían con su agresor, un porcentaje muy elevado respecto a 2024 (67,3 %) y de la serie histórica (2003-2025), que fue del 63%. Además, en el 89,1% de los casos fueron asesinadas en un domicilio, o bien el de ambos, o de uno de ellos.

Respecto de la nacionalidad de las mujeres extranjeras asesinadas, el 76,2% de ellas procedían de América, el 14,3 de África y el 9,5%, de Europa, según este informe del Observatorio del CGPJ. La edad promedio de los agresores fue de 49,4 años; en su mayoría (63,3%) eran españoles, y en el 61,2% de los casos fue detenido. La víctima más joven tenía 19 años y la mayor, 86, mientras que el agresor más joven tenía 21 años y el mayor, 90.

El mes de junio y los miércoles como día de la semana reúnen los peores datos en cuanto a violencia machista en 2005, ya que en ese mes se registraron el 16,3% de los crímenes (en la serie desde 2003 el peor es julio) y el 20,4% los feminicidios se registraron ese día de la semana (en la serie desde 2003 el peor es el domingo).

Denuncias previas y medidas de protección

Once de las víctimas (22,4%) habían presentado denuncia previa contra sus agresores, una cifra menor que en 2024 (30,6 %), y la del promedio de la serie histórica (25,8 %). De estas 11 mujeres que habían denunciado, siete convivían con el agresor en el momento del crimen.

El Observatorio del CGPJ cifra en 4 las víctimas que tenían medida de alejamiento en vigor. Las mujeres que denunciaron en 2025 tenían una edad media 42,4 años, y además, en un 63,6% de los casos, todavía convivían con el agresor que finalmente las asesinó. Denunciaron más víctimas extranjeras que españolas (un 23,8% frente a un 21,4%).

La violencia vicaria

El informe dedica uno de los capítulos a las muertes por violencia vicaria, con el objetivo de “dar visibilidad a un problema terrible”, que según recuerda, ha costado la vida a tres menores en 2025. Hasta el 31 de enero de ese año, 65 menores fueron asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres desde 2003, a los que hay que sumar los tres de este inicio de 2026.

Los niños asesinados en 2025 eran dos niñas y un niño, en la Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco. Tenían un promedio de edad de 6,7 años y dos de ellos murieron a manos de su padre biológico, y uno, a manos de la pareja actual de la madre.

Por comunidades autónomas

El informe del Observatorio del CGPJ recoge la tasa acumulada de muertes por cada millón de mujeres mayores de 15 años desde 2003, que se sitúa en una media de 67,1. Muy por encima de esta media están Ceuta y Melilla (168 y 96 por millón, respectivamente), seguida de Canarias (93,9 mujeres) y Baleares (89,8 mujeres). La comunidad con menos tasa acumulada desde 2003 es Extremadura (34,6 mujeres) seguida del País Vasco y Cantabria (con 44,6 y 46,5).

El 50% de las asesinadas en Galicia y Madrid en el 2025 habían presentado denuncia previa, circunstancia que en Cataluña asciende al 40%, al 33 en Andalucía y el 25 % en la Comunidad Valenciana; la mujer asesinada en Burgos no habría presentado denuncia previa. En 2025 no hubo ningún crimen en Cantabria y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Italia celebra este 22 y 23 de marzo un referéndum constitucional clave para calibrar el apoyo al Gobierno de Giorgia Meloni y materializar uno de sus planes de mayor peso de la legislatura. La consulta popular se centrará en un plan de reforma judicial que el ejecutivo ve esencial para modernizar la Justicia, aunque oposición, sociedad civil y muchos juristas la consideran un peligroso paso para ejercer control político sobre el sistema judicial. Mientras los sondeos indican que podría ganar el “no”.

Las fuerzas que integran el Ejecutivo han acelerado en los últimos días su campaña para movilizar a su electorado, en un contexto en que los ataques del Gobierno a los jueces han crecido en gran medida estos años, especialmente tras las varias sentencias que tumbaron el plan de expulsión de migrantes desde centros de internamiento en Albania y pusieron límites a las políticas de línea dura del Gobierno en materia migratoria.

El debate sobre la reformulación del sistema judicial italiano —considerado poco funcional, con un modelo de gestión anticuado y una burocracia que lo ralentiza— se remonta a los años 80. Uno de los que intentó cambiarlo a su medida fue el difunto magnate e histórico ex primer ministro Silvio Berlusconi, enmarañado durante su carrera en una treintena de procesos judiciales que incluyeron cargos por soborno, corrupción o prostitución de menores, aunque finalmente solo fue condenado e inhabilitado por fraude fiscal.

En su momento, los cambios que impulsó no prosperaron o fueron tumbados por la Corte Constitucional. Ahora, el Ejecutivo busca recuperar parte de ellos, como la separación de las carreras de jueces y fiscales, secundando en parte las acusaciones del Cavalliere, que incluso llegó a tachar a los magistrados de comunistas.

En esta legislatura, la acusación de que la Justicia está politizada o alineada con la izquierda fue recurrente entre altos cargos como Matteo Salvini o la misma Meloni, que estas semanas han visto cómo el escenario internacional, marcado por el conflicto de Irán, dejaba en segundo plano la campaña del referéndum, mientras los temores de los italianos por la subida de precios y el impacto económico de la guerra marcan la actualidad.

El efecto [electoral] habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE

Matteo Giardiello — Politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma

Esto coge a la primera ministra a contrapié, en una posición delicada por su alianza con Donald Trump —de la que la mandataria se jactó estos años— pero que ahora puede jugar en su contra ante una opinión pública contraria a la guerra que podría trasladar su malestar en el referéndum, según algunos analistas. De hecho, se prevé que la abstención sea cercana al 60%, y los sondeos señalan una pugna reñida entre el “sí” y “no”, aunque el voto contrario a la reforma ha ido ganando cierta ventaja.

Que la votación suceda en esta situación no es ideal para la primera ministra, según Matteo Giardiello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma. “El efecto habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE”, comenta el especialista a elDiario.es. En su opinión, ante ello, “el referéndum, más que un voto sobre la reforma, será una prueba política para la mandataria”, en el marco de una campaña marcada por la polarización y politización entre distintas posturas.

El Parlamento aprobó la reforma judicial en otoño con la mayoría de votos de la coalición, pero no tuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para las modificaciones constitucionales que requiere, que afectan a siete artículos de la carta magna, por lo que se someterá a referéndum. Se trata de una consulta confirmatoria que no debe reunir un umbral mínimo de votantes para que el resultado sea válido.

El precedente de Renzi

El Gobierno también evitó plantear la votación como un pleibiscito para prevenir estragos en caso de derrota. Este fue el caso del referéndum para disminuir el poder del Senado que impulsó en 2016 el entonces primer ministro Matteo Renzi, que tuvo que dimitir tras fracasar en la consulta.

La Justicia ha sido la gran piedra en el zapato de Meloni en los últimos años. Para una gran parte de juristas, la reforma va un paso más allá en la meta de socavar su independencia. La Asociación Nacional de Magistrados (ANM), entidad que aglutina a la mayoría de jueces y fiscales de Italia, pide votar “no”, al considerar que llevaría “a crear un poder judicial dócil y sumiso”, con riesgo de debilitar su autonomía y hacer más frágil el Estado de derecho.

“La reforma busca hacer la Justicia más moderna, meritocrática, autónoma, responsable, y sobre todo más libre de condicionamientos políticos. No va contra los magistrados, sino contra la degeneración de un sistema estancado que nunca se adecuó al mundo cambiante que lo rodea”, aseguró este mes la primera ministra, en un vídeo difundido por redes donde pidió ir a votar “sí” ante el temor de que una abstención alta pueda beneficiar a los partidarios del “no”, más movilizados que el electorado progubernamental.

La líder del opositor Partido Demócrata, Elly Schlein, ha estado estos días de gira por Italia para pedir el voto negativo, y este miércoles, la CGIL —principal sindicato del país— hizo un acto de fin de campaña en el centro de Roma abogando por el “no”.

“La reforma crea las condiciones para que el poder judicial sea capturado por los políticos”, estima Giuliano Serges, profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre. Según agrega, servirá como test para que Meloni valore si tiene fuerza para seguir con otras reformas clave como el estatus dela figura del primer ministro, llamado Premierato. Este proyecto, ya introducido a nivel parlamentario y pendiente de aprobación final, prevé la elección directa del jefe de Gobierno en comicios, o la obtención del 55% de escaños para la lista ligada al candidato ganador, y es vista por críticos como una medida para reforzar el personalismo en torno a Meloni y el poder de su coalición.

Si esta consulta le funciona, Meloni impulsará otra reforma para pasar de una república parlamentaria a otra presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro

Giuliano Serges — Profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre

“Meloni quiere ver cómo va esta consulta. Si le funciona, impulsará pronto la reforma del Premierato, porque ganará fuerza y la oposición lo tendrá difícil para enfrentarse a ella”, asegura Serges a elDiario.es. En la misma línea se pronuncia Giardiello. Según alega, “la reforma judicial debe interpretarse como parte de un plan más amplio para transformar la estructura constitucional italiana”, con el Premierato como meta final. Este proyecto “busca pasar de una república parlamentaria a una presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro”.

Separar a jueces y fiscales

Entre los cambios de la reforma judicial hay un aspecto rebuscado y difícil de descifrar para el italiano medio. Se trata de la separación de las carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional, porque en ambos casos acceden a la magistratura tras superar un mismo examen. Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales.

A ello se añade la división del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) —equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España— en dos órganos distintos que separen a jueces y fiscales, así como la creación de un Tribunal Superior Disciplinario para gestionar casos de mala conducta. La separación, según Serges, hará que tales organismos “corran el riesgo de ser más débiles e influenciables desde el ámbito político”.

Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales

También se prevén otras reglas de elección, como la introducción del sorteo como vía para designar a miembros de estos organismos, una medida que según el Gobierno reducirá la influencia de las corrientes políticas internas entre magistrados, aunque los críticos aseguran que reforzará la interferencia política sobre el sistema judicial.

“El sorteo es ficticio, porque se debe hacer a partir de una lista reducida de potenciales miembros elegidos por el Parlamento, y es muy probable que surjan nombres de personas conectadas al poder político”, asegura a elDiario.es Giuliano Granato, portavoz de Potere al Popolo, fuerza izquierdista extraparlamentaria que estuvo entre los organizadores de una protesta por el “no” en Roma que el pasado sábado reunió a miles de personas.

Desde su punto de vista, “hay un intento de promover un modelo de autoritarismo con esta reforma”. Coincide en este planteamiento con Edoardo, otro participante en la protesta que espera un triunfo del “no” como “primera pequeña señal de oposición al gobierno”.

Apatía ciudadana

El ejecutivo de la líder ultraderechista ha mantenido la estabilidad sin grandes tropiezos desde 2022, y la reforma judicial —promovida en gran medida por el ministro de Justicia, Carlo Nordio— es uno de sus proyectos estrella. Sin embargo, tras semanas de debate en torno a un asunto muy enrevesado para la población a pie de calle, se prevé que muchos acudan a votar no tanto en clave jurídica, sino en función de su apoyo o rechazo a Meloni.

“Esta reforma afecta poco a la vida cotidiana de la gente. Yo iré a votar como forma de decir 'no' al Gobierno”, dice un ciudadano romano consultado por elDiario.es entre las callejuelas del barrio del Trastevere de Roma, en un ambiente de apatía ante la campaña que formaciones del Ejecutivo como la Lega han intentado revertir.

Así lo ha hecho Erika Stefani, senadora de la Lega, miembro de la Comisión de Justicia del Senado y del comité promotor del “sí”, que asegura en una llamada con elDiario.es que la reforma “beneficiará las relaciones entre política y poder judicial, independientemente del partido que esté en el Gobierno, sea de izquierda o derecha”, mientras que no ve ningún cambio “que prevea una interferencia política sobre la Justicia”.

El plan “permitirá a los magistrados, jueces o fiscales hacer carrera independientemente de su afiliación a corrientes políticas”, ya que busca “eliminar el fenómeno del faccionalismo” dentro la Justicia, asegura. Según añade, los cambios afectarán positivamente a los organismos del Consejo Superior de Justicia, donde accederán los juristas “que sean elegidos por sorteo, más allá de su afiliación” a una corriente u otra.

Según Stefani, en caso de perder, la coalición de Meloni no se verá gravemente afectada, porque “tiene un enorme consenso”, y “simplemente significará que la reforma queda aparcada y muere ahí”. El politólogo Giardiello discrepa. Opina que si vence el “sí”, Meloni verá legitimada su agenda y podría acelerar otras reformas como el Premierato, pero que una victoria del 'no' debilitaría al Ejecutivo en un contexto internacional también difícil y podría perjudicar a Meloni de cara a las elecciones de 2027.

¿Puede un magistrado en activo llamar “Barbigoña” a la esposa del presidente del Gobierno y salir indemne porque solo era una “gracieta” del Día de los Inocentes? El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que sí. Respaldado por el voto de la mayoría conservadora de la Comisión Disciplinaria del órgano, el juez Manuel Ruiz de Lara acaba de burlar el segundo expediente disciplinario de su carrera por sus exabruptos contra Pedro Sánchez. En la primera ocasión le llamó “psicópata sin límites éticos”. Y, como ahora, quedó exonerado porque el órgano consideró que se había expresado como un “mero ciudadano”.

El archivo del expediente, llevado a cabo con el voto en contra de los vocales del grupo progresista, ha puesto de nuevo el foco sobre los límites de la libertad de expresión de quienes imparten Justicia. Especialmente, en un momento de enorme polarización como el actual y en el que algunos jueces usan las redes sociales de parapeto para entrar en el debate político con pocas cortapisas. En la misma sesión, la Comisión Disciplinaria también rechazó sancionar, con similares argumentos, al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que en una conferencia para juristas cargó contra Irene Montero y le reprochó que diera lecciones sobre el consentimiento “desde su cajero de Mercadona”.

Juristas consultados por elDiario.es sostienen que el CGPJ ha hecho en estos casos una interpretación “excesivamente formalista” y “corporativista” de la norma, dado que la ley del Poder Judicial establece como límite a la libertad de expresión de jueces y magistrados el no poder dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos.

Estos expertos afirman que su decisión sienta un precedente peligroso porque puede vaciar de contenido uno de los principios éticos fundamentales que se exige a quienes imparten Justicia: la apariencia de imparcialidad. Esto es, la obligación de los jueces no sólo de comportarse de forma objetiva, sino de preservar la imagen de ello para evitar cualquier sombra de duda sobre sus decisiones.

El “fraude de ley” del perfil privado

“Hoy @sanchezcastejón anunciará mi nombramiento como Ministro de Justicia. El pacto incluye reforma CGPJ, dimisión como FGE del ‘borrador oficial de mensajes’ y relevo de Conde Pumpido que pasará a dirigir 1 cátedra de inconstitucionalidad y amnistía con Barbigoña en Santo Domingo”, escribió Ruiz de Lara el 28 de diciembre de 2024 en su cuenta de X, donde aparecía con su nombre real, una fotografía en la que era reconocible y se presentaba como autor de las novelas que ha publicado. La cuenta fue cancelada días después de que el mensaje apareciera en los medios de comunicación.

El argumento central para exculpar al magistrado —respaldado por la Fiscalía, que calificó el insulto de simple “gracieta”— se basa en la separación entre el ciudadano y el juez. La clave, según el acuerdo de archivo, es que Ruiz de Lara lanzó ese mensaje desde un perfil privado, en el que no se identificaba como miembro del Poder Judicial ni hacía ostentación de su cargo. Y que, además, su mensaje tuvo una resonancia limitada porque la cuenta era cerrada y tenía solo 320 seguidores.

El voto particular firmado por tres vocales del sector progresista trata de desmontar esa tesis. A su juicio, Ruiz de Lara era un opinador público notorio que intervenía asiduamente en televisión y medios para valorar, entre otros asuntos, la investigación contra la persona a la que “denigró” en sus redes con un “exceso sexista” que consideran incompatible con la condición de juez.

La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial limitan ciertos derechos a los jueces, como la afiliación política o la censura a otros poderes, con el objetivo de garantizar su imparcialidad y la confianza en la judicatura como un poder del Estado. La tesis de los vocales discrepantes con la decisión adoptada es que escudarse en la condición de “ciudadano” para emitir opiniones o insultos que la ley prohíbe expresamente a los jueces constituye un claro “fraude de ley”.

La toga no se quita en Internet

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, considera que esta resolución del CGPJ puede ser un “avance” en la medida que apuntala que cuando un juez se identifica en público como tal, hay cosas que no puede decir porque afectan a su imagen de imparcialidad. Considera, sin embargo, que el órgano ha aplicado en este caso un criterio “muy formal” y que habría que optar por una interpretación “material” en la que lo relevante sea si alguien es “percibido” como un miembro del Poder Judicial.

Ruiz de Lara es un magistrado que ha intervenido activamente en el debate público en materia de política judicial, ha ensalzado a formaciones como Vox y ha opinado sobre investigaciones de repercusión pública. Velasco, por su parte, pronunció sus palabras sobre Irene Montero en un evento en el que los participantes pagan hasta 400 euros por escuchar a expertos, según publicó El País.

“Un juez en activo nunca puede desprenderse de su toga”, señala Rosario Serra, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. A su juicio, el intento de separar al juez del ciudadano es inútil cuando su cargo es conocido, se presentan como magistrados o se les invita a dar conferencias por su condición. Esta experta recuerda que la ley prohíbe a los jueces dirigir a las autoridades felicitaciones o censuras, y considera que el “insulto” de Barbigoña funciona como un “ataque vicario” o indirecto a los poderes públicos que podría encajar en esta prohibición.

Serra alerta de un cambio de paradigma en el que los jueces han pasado de expresarse a través del filtro de los medios tradicionales a opinar “sin pudor” en las redes sociales. Según su criterio, cuando los jueces actúan como “actores políticos” y lanzan este tipo de mensajes existe el riesgo de socavar “la imagen de imparcialidad que debe acompañar a la figura de los jueces en su conjunto”. “Con una ciudadanía que está muy proclive a desconfiar de las instituciones, puede generar en el imaginario de los ciudadanos la idea de que la Justicia, que es la máxima garantía del Estado de Derecho, no es imparcial”, sostiene esta jurista.

El magistrado Miguel Pasquau, que rechaza de forma expresa pronunciarse sobre el expediente concreto de Ruiz de Lara, considera que centrar el debate en si los magistrados invocan o no expresamente su cargo es un mero “formalismo” que conduce a un “laberinto”, puesto que la condición de juez acaba siendo siempre pública y notoria. 

A su juicio, lo relevante es asumir que el juez es un ciudadano con derecho a expresar opiniones políticas, criticar leyes, iniciativas parlamentarias, decisiones gubernamentales o discursos públicos, pero que está sujeto a unos límites estrictos que no operan para cualquier ciudadano. “Un juez no puede personalizar de una manera agresiva, lo que no es solamente el insulto, sino hacer una descalificación moral de una autoridad, por ejemplo”, sostiene.

¿Reforma legal o freno al corporativismo?

La resolución que exonera a Ruiz de Lara afirma que la conducta no está descrita con exactitud milimétrica en la ley, lo que plantea el debate sobre un posible cambio legal.

El Congreso está tramitando en la actualidad una reforma de la ley del Poder Judicial que incluye una enmienda de Sumar que apunta en ese sentido. Plantea que se sancione como “falta grave de consideración” estas intervenciones en las redes sociales y otras manifestaciones públicas “cuando quien la cometa intervenga o manifieste directa o indirectamente su condición de miembro de la carrera judicial”.

El texto que salió del Ministerio de Justicia no incluía ningún retoque al respecto dado que en el departamento que dirige Félix Bolaños consideran que la reforma de la legislación no es la clave en este punto, sino el “sesgo corporativo” que aplica una parte de los vocales del CGPJ y que provoca que no haya sanciones “ante comportamientos que comprometen gravemente la apariencia de imparcialidad o el trato correcto a la ciudadanía”. 

Los expertos consultados también defienden que la ley actual ya ofrece margen suficiente para sancionar si se hiciera una “interpretación inteligente”, en palabras de Urías. No obstante, este jurista considera que sí se podría retocar para que se estableciera de forma expresa que “quien se presenta públicamente como miembro del poder judicial (...) no tiene derecho a formular expresiones que tengan contenido político”, lo que está en línea con la propuesta del grupo confederal. 

Reformas aparte, los juristas consultados hacen referencias directas al corporativismo como el problema de fondo que explica por qué el CGPJ evita sancionar los excesos verbales de los magistrados. “Hemos dejado la disciplina de los jueces en manos de los propios jueces, que están abusando de ese poder para no perseguir conductas que están prohibidas”, sentencia Urías. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este miércoles en un pleno de urgencia para analizar una convocatoria extraordinaria de 500 plazas para jueces. La reunión se produce después de que, este lunes, el titular de Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, mantuvieran una reunión discreta en la que cerraron un principio de acuerdo para dotar de contenido a las 500 nuevas plazas que el Gobierno se ha comprometido a crear este año, informan a elDiario.es fuentes conocedoras de estas negociaciones. 

Esa propuesta inicial, que debe ser ratificada por los vocales, establece que el CGPJ se compromete a convocar 125 plazas del llamado cuarto turno de juristas de reconocido prestigio, una vía alternativa que permite el acceso a la carrera de juristas con más de una década de experiencia a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El Ministerio de Justicia, por su parte, accede a triplicar esa cifra, hasta las 375, a través de una convocatoria extraordinaria del turno libre, la tradicional oposición memorística. 

Los grupos conservador y progresista analizarán en la tarde de este martes en sendas reuniones su posición ante esta propuesta. A falta de abordar el asunto en profundidad, voces de ambos grupos consultadas por elDiario.es avanzan que sus posturas son favorables dada la necesidad acuciante de profesionales en la carrera judicial. Según el Plan Estratégico de Recursos Humanos del CGPJ, el sistema judicial se enfrenta a una jubilación masiva en la próxima década que dejaría la plantilla en 4.401 efectivos en 2035 si no se toman medidas drásticas, lo que generaría un agujero de más de 2.200 jueces. 

El compromiso del Gobierno de crear 500 nuevas plazas de jueces enfrenta el reto de una implementación que no será inmediata y que se produce en un escenario de cierta tensión con el CGPJ. Perelló dijo recientemente que el proyecto del Gobierno “no resuelve el problema de fondo” de falta de magistrados a pesar de que el órgano había reclamado este incremento. El ministro Bolaños tachó de “político” su discurso y cuestionó el “inmovilismo” de la cúpula judicial. Finalmente, ambos han logrado alcanzar un principio de acuerdo.  

En un oficio remitido al CGPJ, Justicia urgió hace unos días al CGPJ a convocar “de inmediato” el cuarto turno de juristas de reconocido prestigio, una vía alternativa que permite el acceso a la carrera de juristas con más de una década de experiencia a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El CGPJ está obligado a convocar este proceso cada dos años. La última convocatoria es de febrero de 2023, por lo que lleva un año de retraso. 

El pasado 27 de enero representantes de Justicia y del CGPJ se reunieron en la llamada comisión-mixta para abordar la dotación de esas 500 nuevas plazas que el Ejecutivo confía en tener creadas después del verano. Pero una cosa es la creación administrativa de la plaza y otra la llegada efectiva de un juez que la ocupe. “Eso es una silla con una mesa, no es el señor o la señora que va a dictar sentencias”, explica una fuente. 

El proceso funciona como un efecto dominó en el que las nuevas plazas se ofrecen a los magistrados más veteranos, que tienen la opción de optar a los nuevos destinos en función de su antigüedad. Solo cuando la vacante llega al final de cadena se puede ofrecer a quienes acaban de entrar en la carrera. Ese proceso no estará culminado hasta dentro de un año, según el horizonte temporal con el que trabaja el Ministerio.

Los miembros del CGPJ reclamaron al Ejecutivo que aumente el número de plazas de la convocatoria de acceso por oposición de 2026, que alcanza un total de 200. Citaron el precedente de 2004, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tomó una decisión similar. El Gobierno finalmente ha accedido a esa propuesta y propone convocar 375 plazas. A cambio, el CGPJ debe comprometerse a convocar otras 125 plazas del llamado cuarto turno de juristas. 

El Gobierno creará 21 plazas judiciales en Castilla La Mancha en 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales. Se trata, según el Ejecutivo, de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año en la historia de esta comunidad autónoma.

Con este incremento se crearán, en un solo año, tantas plazas judiciales como en la última década: un total de 21. Así, el Gobierno califica esta ampliación de “un hito más en la ambiciosa transformación de la Justicia” impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que tiene como objetivo convertirla en un servicio público “más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía”.

En concreto, la planta judicial de Castilla-La Mancha se amplía un 9,7% en un año. De las 21 nuevas plazas, 20 serán para tribunales de instancia y una para la Audiencia Provincial de Toledo. Entre los tribunales que se verán reforzados están los de Guadalajara, Toledo, Albacete, Ocaña, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Cuenca, Puertollano o Illescas.

500 nuevas plazas en todo el país

En todo el país, el Gobierno creará 500 plazas, un “récord” que es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma introduce un nuevo modelo organizativo “más moderno y eficiente”: elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros. Crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000 euros. Por tanto, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros, mientras que con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones.

La creación y distribución de las 500 nuevas unidades judiciales se detalla en un Real Decreto que inicia ahora su tramitación.

Si hoy es jueves, hablamos de justicia y de dos velocidades. De normas no escritas. De tiempos procesales. De casualidades o causalidades. De intenciones o de azar. Y, por una cuestión de rabiosa actualidad, es inevitable empezar con el caso González Amador, más conocido como Alberto Quirón.

Hablamos, no te olvides, de un “ciudadano particular” que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid en un ático comprado tras defraudar 350.000 euros a Hacienda después de pegar un pelotazo con la venta de mascarillas durante la pandemia. Más señas: del técnico sanitario que, tras comenzar su relación con la lideresa del PP, se convirtió en empresario de éxito y para el que el fiscal y la Abogacía del Estado solicitan penas de hasta tres años y nueve meses de cárcel mientras que las acusaciones populares elevan esa petición hasta cinco años de prisión.

Este miércoles hemos sabido que el hombre que envenena los sueños de Isabel Díaz Ayuso no se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado por los delitos de fraude fiscal, falsedad en documento público y pertenencia a grupo criminal antes de mediados de 2027. Aún se desconoce la fecha concreta, pero no será en ningún caso, dentro de no menos de año y medio en el mejor de los casos y nunca antes de que se celebren las autonómicas de mayo de 2026, a las que Ayuso se presentará para la reelección. 

El primero en reaccionar a la fecha del juicio ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con la publicación de un mensaje en X en el que ironiza con la “rara dictadura en la que vive esta gente”, en alusión a los entornos del PP y Ayuso. “Mordidas para todos y juicios a la carta”, ha escrito el republicano. Pero, el PSOE y Más Madrid tampoco lo han pasado por alto. La socialista Pilar Sánchez Acera se ha burlado de la decisión porque sostiene que o bien “las cosas de palacio van despacio” o que “quien tiene padrino (madrina), se bautiza”. Y la portavoz de MM, Manuela Bergerot, ha escrito en tono jocoso en sus redes sociales: “¡Qué casualidad, no vaya a ser que Ayuso pase la campaña electoral con el novio en la cárcel!”.

Lo cierto es que siempre existió una norma no escrita por la que habitualmente el Poder Judicial solía ser muy estricto a la hora de que sus decisiones no interfieran en periodos electorales y, aunque este caso afecta a un “ciudadano particular”, es obvia la trascendencia política de un juicio como este y la repercusión que podría tener en la campaña electoral de Madrid. Así que estaríamos ante una decisión acorde a esa histórica conjura de togados para que sus decisiones no se crucen con intereses políticos de los partidos.

Claro que eso era antes, cuando la derecha no sólo vivía de las decisiones de los tribunales y la oposición al Gobierno se ejercía solo en el marco de la política, y no de la justicia. Con Pedro Sánchez en el Gobierno todo ha cambiado y los tiempos, las actuaciones y hasta algunos escritos han estado acompasados a lo que demandan determinados intereses políticos de tal modo que los partidos han extendido a los tribunales la contienda partidista.

La fecha prevista para el juicio abierto contra González Amador no hubiera sorprendido si los procedimientos judiciales que afectan a exdirigentes del PSOE o del entorno del presidente del Gobierno tuvieran tiempos similares. Pero ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, el Tribunal Supremo tiene previsto juzgar a José Luis Ábalos en este primer trimestre de 2026, entre las campañas electorales de Aragón y Castilla y León. Aquí no hay conjura que valga, si bien es cierto que en el Supremo apenas se investigan o juzgan casos y los que se celebran, al ser excepcionales, se fijan con mayor celeridad. Por el contrario, los juzgados de lo penal de Madrid afrontan una histórica sobrecarga de trabajo y sus plazos son mucho más dilatados.

En todo caso, está también el ejemplo que afecta a David Sánchez Castejón, el hermano del presidente del Gobierno, cuyo juicio por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz se ha retrasado más de tres meses, según lo previsto inicialmente. La Audiencia Provincial de Badajoz ha comunicado que se pospone hasta el 28 de mayo de 2026 el inicio de la vista oral contra el familiar del presidente del Gobierno, cuyo arranque se había programado inicialmente para el 9 de febrero. El cambio está justificado en la petición de aplazamiento de algunos letrados, a quienes la vista oral les coincidía con otros procedimientos “señalados anteriormente”. Lo que nada tiene que ver con los abogados es que, casualmente, el juicio coincidirá con la campaña de las elecciones de Andalucía, previstas inicialmente para el mes de junio.

Las dos velocidades de la justicia son una realidad inapelable, tras la que subyacen siempre intereses políticos y siempre a beneficio de la derecha. De ahí que los tiempos para ciertas investigaciones, informes o juicios orales hayan discurrido a velocidad del rayo en unos casos y en otros, se hayan demorado años e incluso lustros. El caso más palmario de los últimos tiempos ha sido el que ha condenado al ya ex fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Dos semanas de juicio en el Supremo y unos plazos sin precedentes mientras por ejemplo los casos Lezo y Montoro, que afectan a ex altos cargos del Partido Popular, siguen aun sin ser juzgados, diez años después de haberse producido los hechos delictivos y no pocas trabas judiciales. Y, luego, se preguntarán por qué el desprestigio de la justicia.

Este 6 de diciembre volvemos a conmemorar el Día de la Constitución Española. Hace 47 años, el 88,5 % de quienes votamos dijimos sí a la reconciliación, sí a la libertad y sí a un futuro compartido. Fue el mayor ejercicio de inteligencia colectiva de nuestra historia reciente y permitió dejar atrás definitivamente la dictadura, construir un Estado del bienestar sólido y situar a España como uno de los países más igualitarios de Europa.

Hoy, sin embargo, no basta con recordar aquel logro. Celebrar la Constitución significa, sobre todo, exigir que se cumpla. Porque nuestra Carta Magna está en peligro, no por quienes proponen reformarla con lealtad y dentro de sus propios cauces, sino por quienes la bloquean y la vacían de contenido desde las instituciones que deben protegerla. Llevamos más de siete años, exactamente 2.556 días, con el Consejo General del Poder Judicial caducado. España es el único país de la Unión Europea que sigue sin cumplir las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para evitar la politización de la justicia. El Tribunal Constitucional ha tenido que hacer de suplente en más de 1.200 nombramientos clave, algo que nunca estuvo previsto. Además, según el último CIS, el 73% de la ciudadanía considera que los partidos utilizan las instituciones en su propio beneficio.

La igualdad que proclama con rotundidad el artículo 14 sigue siendo papel mojado en demasiados órganos de poder. La violencia machista continúa cobrándose vidas. Las mujeres mayores sufren una doble invisibilidad por razón de género y de edad. La emergencia climática, la brecha digital y la falta de vivienda dignamente agravan las desigualdades que la Constitución prometió combatir.

Como defensora de los derechos humanos, sostengo que una Constitución solo es viva cuando protege de verdad a las personas más vulnerables: a la niña que necesita una escuela pública de calidad, a la persona mayor que no quiere sentirse olvidada, a la mujer que reclama vivir sin miedo, a quien migra y busca respeto, a las familias que aspiran a un hogar digno.

Este 6 de diciembre no podemos quedarnos en actos protocolarios ni discursos nostálgicos. Exijamos la renovación inmediata del Poder Judicial sin más excusas ni tacticismos y con mecanismos antibloqueo automático que garantizan su independencia real, un pacto educativo de Estado que blinde la escuela pública e inclusiva como verdadero ascensor social, la actualización de los derechos sociales frente a los nuevos retos ecológicos y tecnológicos, y el reconocimiento explícito de la violencia de género y de la dignidad de las personas mayores como principios irrenunciables.

La Constitución no es un museo ni un texto intocable: es un contrato vivo que nos obliga a todos. A los partidos, a dialogar en lugar de bloquear; a los jueces, a ser independientes; a la ciudadanía, a participar y a exigir sus derechos.

En tiempos marcados por tensiones políticas, incertidumbre económica y creciente desconfianza institucional, volver a la Constitución es volver a un lenguaje común. Ella recoge principios que son también la base de los derechos humanos: igualdad, libertad, participación, justicia, dignidad y pluralismo. Recordarlo hoy es esencial, porque estos principios no pertenecen a un partido ni a una ideología; pertenecen a la ciudadanía.

En tiempos marcados por tensiones políticas, incertidumbre económica y creciente desconfianza institucional, volver a la Constitución es volver a un lenguaje común

Celebrar la Constitución no significa conformarnos; significa asumir la responsabilidad de mejorar. La Constitución es un marco que debe dialogar con su tiempo. Las sociedades cambian, las necesidades también, y un texto fundamental tiene que ser lo suficientemente sólido para sostenernos, y lo bastante flexible para adaptarse. La verdadera fidelidad constitucional consiste en garantizar que ninguna persona quede atrás.

Necesitamos instituciones fuertes, transparentes y responsables; necesitamos políticas públicas basadas en evidencia, no en ruido; necesitamos un debate público que no confunda diversidad con confrontación. La Constitución nos ofrece un terreno común desde el que avanzar: no como adversarios, sino como ciudadanos que comparten destino.

En este 6 de diciembre, reivindiquemos la Constitución como lo que es: un punto de partida para construir futuro. Renovemos el pacto de respeto, dignidad y convivencia. No celebremos solo lo que fuimos, sino lo que todavía podemos llegar a ser.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supo del anuncio de la condena al fiscal general a bordo de un avión que le trasladaba el jueves a Madrid desde Ceuta. Aunque había declarado públicamente la inocencia antes de que se celebrara el juicio de Álvaro García Ortiz, sabía que el peor de los escenarios era probable con una sala de mayoría conservadora en el Tribunal Supremo. Es más, en la noche del sábado anterior, tan solo 48 horas después de que terminase el juicio y quedase visto para sentencia, al Gobierno le llegaron ecos sobre una posible sentencia con el voto favorable de cinco conservadores y dos votos particulares de sendas magistradas progresistas que no pasó a creer. Hasta el último momento, en el Ejecutivo soñaron con una absolución que nunca llegó. 

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, pudo contactar con Pedro Sánchez antes de que aterrizara para comunicarle el fallo poco antes de las dos de la tarde. Y una vez en la Moncloa, se coordinó la respuesta institucional: “La discrepancia con esta sentencia no puede llevar a una desconfianza generalizada en las instituciones”, afirmó Bolaños en una comparecencia en la que defendió el papel del periodismo y el trabajo de los periodistas para reivindicar “el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz”.

El Gobierno quiere dar una respuesta institucional de respeto a la justicia aunque no comparta sus decisiones, pero a la vez reivindicar su derecho a una respuesta política porque “político es también el fallo”, denuncia un ministro de Sánchez. Y el primero en hacerlo, aunque sin mención expresa al Supremo, fue el propio presidente en un discurso pronunciado en la presentación de la serie Anatomía de un instante en el Congreso de los Diputados. “La democracia no es un estado que se conquista de forma permanente, es un privilegio que debemos defender cada día de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma: hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder”, afirmó. 

Y aún diría más: “La amenaza, por tanto, sigue ahí, pero también permanece. Hoy quiero expresar nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza, de defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla”. No hizo falta más para entender de qué hablaba.

En el Gobierno, en el PSOE y en la izquierda en general creen que lo ocurrido con el fiscal general “es demoledor para el Ministerio Fiscal, para el descrédito de la Justicia, para el periodismo y para la democracia”. Así piensan quienes defienden que hay una sinergia manifiesta entre las derechas política, mediática y judicial, “no para acabar con el fiscal general, sino con Pedro Sánchez”, y que este es solo el primer paso de una escalada que se proponen continuar y ellos, combatir.

La imagen de Álvaro García Ortiz sentado en el banquillo de los acusados por desmentir una información falsa difundida por Miguel Ángel Rodríguez desde la Puerta del Sol que atacaba directamente la honestidad del Ministerio Fiscal fue un resumen más del choque institucional que desde 2023 estimula la política española. La relación entre los poderes judicial y ejecutivo se quebró el día en que PSOE y Junts cerraron el pacto de investidura de Pedro Sánchez que incluía la aprobación de la ley de amnistía y desde entonces no ha hecho más que empeorar. 

Así que cuando Sánchez hablaba de “abuso de poder” el jueves por la tarde no hacía falta mención explícita alguna porque todo el mundo entendió a quiénes se refería. Horas después, lo explicaría, sin ambages, el ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, quien por la mañana dijo que prefería morderse la lengua cuando el fallo del Supremo le sorprendió en unas jornadas en el Ateneo de Madrid, y por la noche ya dio rienda suelta a su verbo habitualmente contenido.

“No puede ser. A mí este fallo me parece que lanza un mensaje demoledor y es 'no te atrevas a tocar a Ayuso, no te atrevas. Como te atrevas, vas pa'lante', como dice Miguel Ángel Rodríguez”, declaró en una entrevista de Aimar Bretos en el programa Hora 25 de la Cadena Ser. Hablaba, claro, de la condena a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador –novio de la presidenta madrileña–, a quien el Supremo ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Ayuso, en el barro

López, como la mayoría de la izquierda política, se confesó “desolado”, pero también “indignado” y con ganas de pelear para hacer frente a algo que pone en riesgo ciertos valores democráticos, como el respeto al Estado de Derecho y que la ley sea igual para todos. ¿Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?“, se cuestionó.

El fallo es, para el Gobierno, además de “injusto”, una nueva pista de despegue para la campaña de victimización de Ayuso, que trata de desviar el foco de los delitos cometidos por su pareja, los dos juicios que tiene pendientes y la multiplicación de sus ingresos gracias a su colaboración con Quirón, el gigante de la Sanidad privada a quien la Comunidad de Madrid paga cada año miles de millones de euros en conciertos.

Y es este el marco de debate al que Óscar López y el resto del gobierno pretenden arrastrar a los españoles para movilizar al electorado progresista, tras la ola de indignación que el fallo ha provocado en la izquierda. Dicho de otro modo: Sánchez y los suyos tratarán ahora de reactivar la confrontación ideológica para espolear a la base social progresista y canalizar esa irritación a las urnas. “O los paramos, o vuelven”, afirman desde el gabinete del presidente del Gobierno en alusión a la ola reaccionaria que ya recorre el mundo.

Este será, anuncian desde el cuartel general de los socialistas, el eje central de la campaña para las elecciones de Extremadura, que se celebrarán el 21 de diciembre, primera cita del ciclo electoral que llegará hasta 2027. Y es que en la Moncloa entienden que ya no hay campañas locales ni competiciones entre partidos políticos, sino que la madre de todas las batallas políticas se libra ahora entre bloques ideológicos y que lo que está en juego es la democracia. La consigna: “Resistir y mantener el discurso para convencer”. Y la condena al fiscal general es un ejemplo práctico que aprovechará para espolear a su base social contra la injusticia y el concepto patrimonialista que las derechas tienen del poder. Otra cosa es que lo consiga.

Veremos porque, de momento, Ayuso, es decir Miguel Ángel Rodríguez (MAR), gana. Por algo consideró el 20N de 2025 un “día histórico” y ha desvelado por fin cuál era su propósito al decir que no fue el fiscal general del Estado, “sino Pedro Sánchez el que se ha sentado en el banquillo de los acusados”.

En el barro no hay quien la gane. Y en la mentira, tampoco porque, pese a la confesión de su pareja sobre la comisión de dos delitos fiscales y otro de falsedad documental, ella sigue instalada en su habitual raca raca: todo es una “campaña organizada desde el Gobierno” y “un paso más hacia el guerracivilismo”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, encargada de investigar los casos de corrupción que afectan al poder político, lleva al menos 20 años en manos de la derecha judicial. El Partido Popular aprovechó los dos mandatos de José María Aznar en el Gobierno para imponer desde el Consejo General del Poder Judicial una mayoría de magistrados de tendencia conservadora en esa Sala Segunda del Tribunal Supremo. Cinco de esos magistrados propuestos en su día por vocales elegidos por el PP firmarán la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados.

Cuando Aznar llegó al Gobierno en 1996, el PP inició la toma de control de la Sala de lo Penal del Supremo. Lo hizo a través de los vocales conservadores elegidos para el Consejo del Poder Judicial, quienes fueron imponiendo su rodillo en los nombramientos porque entonces bastaba con la mayoría absoluta y no con la mayoría cualificada de tres quintos que impuso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a partir de 2004. Hasta la llegada al poder del PP en 1996 convivieron en la Sala de lo Penal y casi igualados en fuerzas los magistrados conservadores (seis) y los progresistas (siete). Pero en apenas ocho años de Gobierno conservador, la derecha judicial se hizo con el control casi absoluto de un tribunal por cuyas manos pasarían algunos de los asuntos más delicados de la política española. De los 11 magistrados que entraron en la Sala de lo Penal entre 1996 y 2004, sólo tres fueron progresistas. Ese desequilibrio a favor de la derecha judicial no ha cambiado pese a que el PSOE ha gobernado en España 13 de los últimos 20 años.

La Sala de lo Penal del Supremo está integrada hoy por cuatro jueces progresistas y 11 conservadores. Eso hace que en ninguno de los tribunales (de cinco o siete miembros) que se forman para admitir o juzgar las distintas causas haya una mayoría progresista que pueda imponer su criterio. Por eso se producen fracturas del tribunal en asuntos de enorme trascendencia política que la opinión pública no acaba de entender. Ante los mismos hechos y con las mismas pruebas, las dos magistradas progresistas que integraron el tribunal encargado de juzgar al fiscal general lo consideran inocente mientras los cinco magistrados conservadores han optado por la condena.

Esta división pone en cuestión la imparcialidad del máximo órgano de la justicia ordinaria en España. El presidente de la Sala de lo Penal ha sido en los últimos 10 años (2014-2024) Manuel Marchena, un magistrado conservador del que llegó a decir el PP que como presidente del Poder Judicial garantizaría tener controlada esa sala por la puerta de detrás. Marchena renunció a presidir el Poder Judicial al conocer lo que pensaba el PP sobre sus cualidades profesionales. Durante su mandato en la Sala de lo Penal se han producido algunos pronunciamientos controvertidos cuando se trataba de resolver cuestiones de alta tensión política.

El veto a la amnistía de Junqueras y Puigdemont por malversación

El Tribunal Supremo declaró “no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos en la causa del ”procés“. Una sala integrada por seis magistrados (cinco conservadores y una progresista) vetó la aplicación de la Ley de Amnistía a los dirigentes independentistas Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Los redactores de la Ley de Amnistía precisaron en uno de sus artículos que serían amnistiables los delitos de malversación siempre que esos hechos no hubieran supuesto un enriquecimiento patrimonial de los dirigentes independentistas. El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, redactó el auto que apoyaron otros cuatro magistrados conservadores: Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Andrés Palomo. La otra magistrada integrante de ese tribunal, Ana Ferrer, de tendencia progresista, firmó un voto particular apoyando la aplicación de la amnistía a los dirigentes independentistas y haciendo una interpretación muy distinta a la de sus compañeros de tendencia conservadora. El Tribunal Constitucional resolverá en los próximos meses si la interpretación de la mayoría conservadora del Supremo fue la correcta o si los dirigentes independentistas, entre ellos Puigdemont, pueden acogerse a los beneficios de la Ley de Amnistía.

La imputación por terrorismo de Puigdemont

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón quien, en plena redacción de la Ley de Amnistía, intentó atribuir al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, un delito de terrorismo -no amnistiable- relacionado con una manifestación de protesta por la sentencia del Proces en el aeropuerto del Prat. Pese a que la exposición razonada de García Castellón no cumplía con los criterios mínimos que imponía la jurisprudencia del Supremo, el Tribunal decidió admitirla a trámite y encausó a Puigdemont por un supuesto delito de terrorismo. La sala que tomó esta decisión estaba integrada por cinco magistrados, todos ellos conservadores: Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Eduardo Porres. Un error grave en la instrucción del juez Manuel García Castellón obligó al Supremo a archivar la causa.

La sentencia de los ERE que imponía cárcel a Griñán

La sala segunda del Supremo ratificó la condena de seis años de cárcel por malversación al expresidente andaluz José Antonio Griñán. El Tribunal estaba compuesto por tres magistrados conservadores Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Carmen Lamela y Eduardo de Porres, que impusieron su mayoría contra las otras dos magistradas progresistas Ana Ferrer García y Susana Polo García que hicieron un voto particular. El Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, anuló esta sentencia.

Falsa causa abierta a Victoria Rosell que provocó su dimisión

La Sala Segunda del Tribunal Supremo admitió a trámite la querella del exministro de Industria Jose Manuel Soria, que dejó su cargo por un caso de corrupción, contra la entonces diputada de Podemos y magistrada en excedencia Victoria Rosell. Soria la acusaba de delitos de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. La admisión a trámite fue decidida en un auto cuyo ponente fue Manuel Marchena, presidente entonces de la Sala de lo Penal, y en un tribunal de mayoría conservadora. La investigación fue archivada pero Victoria Rosell dimitió como diputada como consecuencia de la decisión del Supremo de encausarla.

La condena a Alberto Rodríguez que le dejó sin su acta

Cuatro magistrados conservadores, Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo y Vicente Magro condenaron al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión se sustituyó por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros). Dos magistrados progresistas que formaban parte de ese tribunal, Susana Polo y Leopoldo Puente, hicieron un voto particular en contra de la decisión.

Alberto Rodríguez tuvo que dejar su acta de diputado como consecuencia de ese fallo del Supremo. El Tribunal Constitucional de mayoría absoluta progresista, resolvió que la sustitución de la pena de prisión por una multa no debía haber conllevado la inhabilitación para ejercer como diputado, lo que supuso la pérdida de su escaño, por lo que anuló la decisión adoptada por la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Bater de retirarle el acta de diputado.

Ya no nos acordamos, porque en política una década es toda una vida y más aún en el mundo contemporáneo donde los ciclos que duran más de cuatro años nos parecen inabarcables, pero hubo un tiempo en el que las reivindicaciones más firmes del progresismo y de quienes llamaron a la puerta de la vieja política incluían como reivindicación máxima que los políticos tenían que doblegarse ante una mano superior, incólume y de prestigio intachable que era el juez instructor. Eso es lo que significaba exigir la dimisión de cualquiera que se viera sometido a la apertura de juicio oral o a una imputación. Porque eso es lo que pedíamos, dimisión inmediata cuando cualquiera fuera investigado. Esa medida estaba en el núcleo de la regeneración democrática quincemayista y ha sido un error difícilmente superable. Ya queda poca duda de que éramos muy ignorantes al pedirlo porque no conocíamos la estructura de nuestro propio país y no por falta de información ni alertas de quienes nos precedieron. 

A veces reviso una conversación que tuve en aquellos años de euforia quincemayista con un exalcalde de Fuenlabrada, un hombre de experiencia política para cuatro vidas, en la que discutíamos porque no entendía nuestra exigencia irrevocable de pedir la dimisión con vehemencia de cualquier político que fuera investigado. Él, que sí que peinaba canas en el buen sentido y no como Miguel Ángel Rodríguez, fue el primero en advertirme de una situación que en aquel momento consideré una excusa de quien se sabía corrupto y se ponía una venda antes de la herida. Me aseguró con calma que lo que pedíamos era la muerte política de los que quieren participar de la vida pública y son paganos de los poderosos. “¿Sabes lo fácil que es abrir una investigación con una denuncia falsa de cualquiera que te quiera quitar de en medio? Una vez dimitido ya no se puede reparar el daño y los poderosos habrán ganado”. No lo entendí, no creía en lo que decía, la bisoñez era insoportable. No creía posible que un juez fuera a actuar de esa manera y poner en riesgo su carrera actuando de manera incorrecta, porque no era consciente de que nunca va a poner en peligro su carrera porque serán otros jueces los que lo protejan protegiéndose a sí mismos para cuando sean ellos los requeridos para esa causa patriótica superior. 

De aquellos barros estos lodos, un colega anarquista, sabio a más no poder, me decía que teníamos que cuidarnos siempre de pedir medidas que en momentos de ensanche progresista nos podían parecer adecuadas pero que cuando el péndulo reaccionario se girara irían a destruirnos con todo a quienes de manera inocente nos creíamos que era un avance democrático. Esa máxima la tengo presente cuando cualquier medida se presenta y siempre me pregunto lo que podrá hacer la reacción con ella en sus manos. 

Estos diez años de transgresión democrática de los pilares fundamentales del régimen del 78, primero con la aparición del Podemos primigenio, y después con el procesismo, desacomplejaron a la judicatura y le hicieron actuar a calzón quitado. Pero también ha tenido el lado bueno de que con los jueces ha pasado como con el elefante del rey: ahora vemos aquello que hacían sin que tuviéramos el ojo crítico sobre ellos y nos hemos dado cuenta de que no solo no son un colectivo intachable, es que son uno de los que no han hecho la Transición y siguen anclados en un tiempo en el que su toga estaba por encima de la ley que tienen que hacer cumplir. 

A mí se me ha curado la inocencia. Ya no hay investigado ni juzgado sobre el que no me pronuncie sin haber estudiado el caso, los informes, los hechos y toda la información posible al respecto. La primera impresión que tengo cuando se abre un juicio político, porque ya todo juicio a un político o activista es un juicio político, es la de sospecha, no por lo que haya hecho el encausado, sino por quién es el instructor, cuál es su posicionamiento político, qué ha hecho en la instrucción y cuáles son sus intereses. No creo en la justicia cuando se trata de dirimir causas que tienen relevancia política porque no solo no pienso que no sean capaces de eludir la opinión pública, sino que creo que buscan el favor de esa opinión pública mediatizada en favor de su ideología política. Quieren ser protagonistas, quieren el favor de sus cenáculos, quieren ser aplaudidos y vitoreados en presentaciones de libros, recepciones privadas y columnas cipotudas. 

Pero es necesario que lo usemos como aprendizaje. Somos muy responsables de haber mitificado la justicia sin haber mirado con mayor conciencia crítica lo que pasó durante los años de lucha contra ETA. Una pareja de mujeres mayores, euskaldunas y abertzales, me reconocieron en el casco viejo de Donosti hace unos años. La casualidad hizo que me pararan justo enfrente de La Cepa, el bar donde fue asesinado Gregorio Ordóñez. En la conversación, que fue amigable y divertida, me aconsejaron entre risas que dijera a los de Podemos en Madrid que no lloraran tanto con la persecución judicial y que miraran un poco a Euskadi para darse cuenta de que no han sido los primeros ni, por supuesto, los que más graves consecuencias sufrieron de una persecución policial y judicial que no distinguía entre etarras y vascos de izquierdas. 

El juicio al fiscal general del Estado es el corolario de una degradación de las estructuras judiciales a la que asistimos con mayor distancia con el juicio al procesismo sin darle la importancia requerida a que acabaran en la cárcel personas por haberse subido a un coche de la Guardia Civil. No nos pareció bien, no fue justo, pero no ponderamos de manera adecuada lo escandaloso que fue aquel juicio en el que Marchena y compañía dictaron venganza patriótica en vez de la justicia que se le espera a un estado de derecho de Europa occidental. Al gobierno de coalición le queda poco tiempo de legislatura en unas condiciones exangües habiendo desaprovechado la ocasión de hacer reformas democráticas en la judicatura. Lo pagaremos caro cuando el péndulo vire y se dirija con venganza y resentimiento a los que nos consideran enemigos internos. 

Este jueves toca hablar de cinismo, de lo que la RAE describe como la “desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”. Algo que vislumbramos en tantas y tantas actitudes políticas. Sin ir más lejos este miércoles en el Congreso, donde Feijóo acusaba a Sánchez de politizar la tragedia y usar a las víctimas de la DANA, tras haber rechazado la suspensión del pleno en señal de duelo en el primer aniversario de las riadas que se cobraron más de 200 muertos y, además, guardar un silencio cómplice sobre la continuidad de Mazón al frente de la Generalitat, pese a ser un presidente acorralado por las mentiras que han desvelado en el último año las investigaciones periodísticas, la instrucción judicial y los testimonios de los familiares de las víctimas.

Hipocresía también hay en algunas de las manifestaciones públicas que se escuchan desde la derecha política y judicial tras la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales, evita que los políticos ejerzan la acción popular y amplía el mandato del fiscal general del Estado para que no coincida con el del Gobierno.

La reforma, que cuenta con los dictámenes favorables del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, garantiza un sistema penal moderno y más garantista y sustituye a una ley aprobada en 1882, por lo que se convierte en la primera ley procesal penal de la democracia. Y ha sido redactada en base a diferentes propuestas elaboradas durante los últimos 15 años, especialmente en un anteproyecto que presentó el último gobierno de Zapatero y cuya tramitación quedó frustrada por el final de la legislatura. Pero también ha bebido de un texto articulado del Código Procesal Penal que otorgaba la investigación al Ministerio Fiscal y que salió de una comisión impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que presidió uno de los arietes judiciales del PP, el magistrado Manuel Marchena. 

¿Recuerdas? Estuvo al frente de los juicios del procés y en 2018 iba a controlar “por detrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, pero se vió obligado a renunciar a la presidencia del CGPJ y del Supremo, tras la filtración del bochornoso whatsapp enviado por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus 146 compañeros de la Cámara Alta y la evidencia de que era un hombre al servicio de la derecha.

Las cambiantes opiniones de Marchena

Precisamente Marchena fue de los primeros magistrados en salir a la palestra contra el Gobierno cuando el ministro de Justicia, Félix Bolaños, llevó al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley. Habló de una “Justicia amenaza”, de un “auténtico disparate”, de una “imprudencia” y de “un gran perjuicio al sistema judicial”. Esa es su opinión en 2025. Hace cuatro años era distinta. 

En este vídeo de 2021 se le escucha con claridad. Fue durante su participación en una mesa redonda en Valencia sobre el cambio de rol judicial en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Escuchen desde el minuto 7:55 al 15:30, donde habla de “una obra jurídica colosal”, sostiene que “el actual sistema de investigación no funciona” y concluye que “está afectado de obsolescencia, es antiguo y está superado” 

Recuerda también quien se ha convertido en uno de los faros judiciales de la derecha política que en Francia no llegan al 10% los asuntos que son investigados por el juez porque en el resto de instrucciones quien interviene es el fiscal, por lo que defiende la figura del juez de garantías que prevé la ya llamada ley Bolaños. Y lo argumenta de este modo: “Hay ocasiones en que da la sensación de que los jueces de instrucción son apéndices togados de la investigación. Soy firme defensor de un sistema en el que el juez de instrucción esté en una posición distante a quien en ese momento hace acopio de los elementos de la investigación”. Y dice aún más en el minuto 53 de la grabación cuando defiende“que en el derecho comparado no hay acusación popular” y añade que “hay pocos órganos tan controlados en el proceso como el Ministerio Fiscal”.

Se llama cinismo. El mismo que practica un PP que, habiendo impulsado en tiempos de Rajoy una reforma con el mismo propósito y casi idéntico articulado que el que ahora llega ahora al Congreso, sostiene hoy que se trata de un “asalto a la Justicia” y un intento del Gobierno de “controlar la acción penal para ”limpiar sin límites las evidencias de la corrupción de Sánchez“.

En efecto, de aprobarse la ley, el Ministerio Fiscal dirigiría la investigación penal, tal y como ocurre en la mayoría de países de la UE, pero se crea la figura del juez de garantías, con una función de garante de los derechos fundamentales de las partes y de control jurisdiccional de ciertos aspectos procesales durante la investigación. Y respecto a la acusación popular no se elimina, puesto que es un derecho constitucional. Simplemente, se limita para vetarla a los partidos políticos, restringirla a determinados delitos —aunque sí están incluidos los de corrupción— y exigir un “vínculo legítimo” con la causa en cuestión para poder ejercerla. 

La ley, que el martes se remitió al Parlamento para su tramitación, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028, ni afectará a ningún procedimiento iniciado antes de esa fecha, por lo que las acusaciones de la derecha sobre una supuesta intencionalidad para parar los procesos abiertos contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno carecen de fundamento alguno. 

Pero, al parecer, la independencia de la justicia solo está en riesgo cuando gobierna la izquierda. Si lo hace la derecha, no hay peligro y, además, al Fiscal General lo nombra el Lucero del alba. Lo dicho: vivimos en tiempos cínicos. En la política y en la judicatura, donde cuatro de las siete asociaciones profesionales ya han sincronizado sus voces para alertar contra el riesgo de “injerencias” y echar mano de la brocha gorda para instalar en la opinión pública y la publicada que los jueces son todos independientes y los fiscales, todos unos mandados del Gobierno porque su dependencia jerárquica les somete a la voluntad del Fiscal General. 

Más rotondas para los alcaldes de Junts

Y si hablamos de descaro o impudor la cuestión no se limita a la derecha española. La catalana tiene su cuota alícuota porque mucho se ha hablado estos días del alcance de la ¿ruptura? de Junts con el Gobierno de Sánchez, y muy poco de que durante la última performance de Puigdemont para poner distancia, nada dijo de la llamada “presencia catalana” que los junteros arrancaron a los socialistas en distintas empresas públicas españolas a cambio de sus votos. 

Ahí siguen, de momento, ocupando cargos relevantes y muy bien remunerados en empresas de titularidad estatal, como RTVE, Aena, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Enagás o Renfe. Igual que los alcaldes post convergentes, que por la mañana ven un peligro para sus intereses electorales prestar apoyo a Sánchez y por la tarde piden audiencia en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que Óscar Puente les financie alguna rotonda o polideportivo en sus respectivos municipios. Ya sabes: una cosa es romper, y otra renunciar a la financiación estatal.  

Soplar y sorber a la vez no puede ser.

Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial han publicado un comunicado en el que afirman que la presidenta del mismo, Isabel Perelló, ha roto de manera “consciente” el “consenso que había regido este primer año” en el órgano de gobierno de los jueces tras la renovación de las comisiones que, a su juicio, han supuesto “un golpe a la representatividad plural y una grave distorsión de la colegialidad institucional”.

Los vocales lamentan la forma en la que se ha redactado una nota de prensa del CGPJ con una versión que no comparten de las renovaciones de las comisiones. En ese texto se dice, por ejemplo, que en la Permanente, un órgano clave en el día a día, los equilibrios iniciales entre sus miembros se “mantienen exactamente igual”. En cambio, los progresistas denuncian que los equilibrios se han roto y el procedimiento seguido “ha sido arbitrario y contrario a la práctica institucional”: “Lejos de mantener los equilibrios iniciales, el resultado ha supuesto una clara ruptura del pluralismo interno: se ha marginado a vocales progresistas de comisiones en las que venían desempeñando su labor, se ha consolidado una mayoría conservadora en la Permanente y se ha ignorado la experiencia y especialización de varios miembros. Todo ello configura una lógica de exclusión y control, ajena al espíritu de colegialidad que debe regir el órgano de gobierno del poder judicial”, reza el comunicado.

Los progresistas creen que, en algunos casos, el reparto ha sido en contra de su “expresa voluntad, cosa que no ha sucedido ni con [Hugo] Preciado ni con los vocales conservadores respecto de los que se ha respetado escrupulosamente su voluntad”. También se quejan de que esa nota “no ha sido consensuada ni avalada en el pleno”.

El origen del conflicto está en la nueva composición de las distintas comisiones en las que se organiza el trabajo del órgano. Esa composición fue aprobada el pasado jueves con los votos del grupo conservador, la presidenta y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado. Con el nuevo reparto, ocho de las once comisiones tienen mayoría conservadora. Entre ellas, la más relevante, la Permanente, una especie de núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado. Los progresistas tenían una propuesta que se acabó retirando. Ni siquiera se llegó a votar.

Estos vocales han discrepado que se mantenga este equilibrio que defiende el Poder Judicial al incluir al vocal Carlos Hugo Preciado, a quienes los conservadores sitúan en la cuota progresista, si bien sus pares rechazan que les represente porque hace tiempo que actúa como independiente. “Entre los diez vocales de sensibilidad progresista pronto vimos que había uno que exigía una individualidad muy por encima del resto, que decidió unilateralmente no formar parte del grupo. Nueve vocales teníamos el firme compromiso de construir un proyecto común que compartir y debatir con el sector conservador para, entre todos, dotar de contenido político a este Consejo. El vocal Preciado decidió no compartir e ir por su cuenta”, decía Argelia Queralt en una entrevista de elDiario.es.

Quiebra de la confianza

El comunicado de los vocales progresistas, que también lo firma el magistrado José María Fernández Seijo —que tenía intención de dimitir mientras sus compañeros de bloque intentan que lo reconsidere—, ha denunciado que la presidenta del CGPJ “ha quebrado las condiciones básicas de confianza que ella misma había proclamado al inicio del mandato”. “Las posibilidades de conciliación familiar y respeto personal, que debían ser pilares del nuevo Consejo, han sido recortadas hasta desaparecer bajo una lógica de exclusión e imposición”, ha apuntado.

Para el sector progresista, la “reorganización interna” del CGPJ “es la ruptura consciente del consenso que había regido este primer año, un golpe a la representatividad plural y una grave distorsión de la colegialidad institucional”.

“Los vocales progresistas lamentamos profundamente este retroceso y advertimos de sus consecuencias. Reafirmamos nuestro compromiso con un Consejo plural, equilibrado, transparente y fiel a su mandato constitucional de garantizar la independencia judicial y el buen servicio público de la justicia”, ha concluido.

Nueve vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —ocho elegidos a iniciativa del PSOE y otra de Sumar— firman un duro comunicado en el que acusan a la presidenta Isabel Perelló de haber impuesto de “manera abrupta y deliberada” un cambio de reglas que les “excluye” en el nuevo reparto de poder del órgano de gobierno de los jueces. 

El origen del conflicto está en la nueva composición de las distintas comisiones en las que se organiza el trabajo del órgano. Esa composición fue aprobada este jueves con los votos del grupo conservador, la presidenta y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado. Con el nuevo reparto, ocho de las once comisiones tienen mayoría conservadora. 

Entre ellas, la más relevante, la Permanente, una especie de núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado. Con la nueva composición, esa comisión seguirá conformada por cuatro vocales conservadores (Eduardo Martínez Mediavilla, Isabel Revuelta, Carlos Orga y Alejandro Abascal) y tres encuadrados en el bloque progresista (Carlos Hugo Fernández, Bernardo Fernández y Argelia Queralt). A ellos se sumará Perelló, que ejerce la presidencia. 

Los progresistas tenían una propuesta que se acabó retirando. Ni siquiera se llegó a votar. Proponían que este bloque –que hasta ahora estaba en minoría en la Permanente– pasara a tener mayoría: cuatro vocales progresistas y tres conservadores.

Pero el nuevo reparto mantiene una correlación de fuerzas favorable a los conservadores y en la que será clave el posicionamiento de la presidenta Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate. De forma reciente, el voto de la presidenta ha permitido la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos, tal y como pretendían los progresistas. Pero Perelló también se ha puesto de perfil en otros asuntos de calado, como las propuestas sobre el sistema de elección de los vocales o las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha. 

Los nueve progresistas sostienen que el nuevo reparto es “arbitrario” y “desequilibrado” y otorga al vocal Carlos Hugo Preciado una representatividad equivalente a la de un grupo propio lo que, a su juicio, quiebra cualquier regla mínima de equilibrio interno. Carlos Hugo Preciado se ha garantizado su continuidad en la Permanente con la nueva composición y también forma parte de otras dos comisiones.

¡Acabáramos! Ya no les basta con hacer política o defender los intereses de los partidos a los que se sienten ideológicamente cercanos, cuando no son “de facto” parte de ellos. No les basta con aplicar las leyes, sino que también quieren redactarlas. Tanto invocar la separación de poderes y la independencia judicial y resulta que ahora se inmiscuyen en el trabajo del legislativo y le ponen deberes para que afronten reformas de calado.

Hablamos de unos cuantos jueces. No de todos, pero sí de algunos cuyos autos destilan partidismo. De togados que se erigen en guardianes de una patria muy particular. De magistrados que se consideran héroes de una España que resiste gracias a su aplicación del Derecho. De aquellos a los que la derecha política y mediática alzan como si fueran faros en la tormenta de un país supuestamente a la deriva. De un sector del poder judicial que, en definitiva, cumple con la consigna de “el que pueda hacer que haga; el que pueda aportar, que aporte”.  

Unos cargaron contra los indultos de los condenados por el procés a pesar de que la medida de gracia es una potestad que la Constitución confiere en exclusiva al Gobierno. Otros se rebelaron contra la aplicación de la ley de amnistía. Varios aplican el derecho a su libre albedrío según sus preferencias políticas y morales. Y alguno ha decidido arrogarse la divina misión de resolver desde los tribunales lo que debería resolverse en la escena política. O en las urnas. Porque lo que esconden algunas de sus actuaciones no tiene que ver con el Derecho, sino más bien con una obsesión por desestabilizar al Gobierno. 

El caso más palmario es el de la rocambolesca decisión de sentar en el banquillo al Fiscal General del Estado por un supuesto delito de revelación de secretos sin que exista una sola prueba al respecto, y sí media docena de testimonios que acreditan que los datos reservados del novio de Ayuso fueron publicados por varios medios de comunicación antes de que llegaran a manos de Álvaro García Ortiz. Pero hay algunos otros sobradamente conocidos por todos.

No era el caso hasta ahora de Leopoldo Puente, el juez que investiga la trama de corrupción Ábalos/Koldo/Cerdán y que, en año y medio de instrucción no había dado motivo para una sola tacha, salvo para los imputados. Este miércoles se ha descolgado, sin embargo, con un auto por el que mantiene en libertad con medidas cautelares al exministro socialista de Transportes -hoy en el Grupo Mixto- y con el que ha causado idéntico estupor al que él dice sentir porque Ábalos siga sentado en un escaño del Congreso.

El motivo: haber incluido un par de párrafos polémicos que se pasan por la toga la separación de poderes, ya que el instructor del caso escribe “no ser ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de muy graves delitos, estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública, pueda mantenerse, en el curso del procedimiento penal que se sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso”.

El magistrado invita al legislativo a la reflexión para que se articule “por ley algún mecanismo apto para impedirlo”, aunque confiesa, para curarse en salud, que el asunto no es de su competencia. No, la redacción y aprobación de las leyes no es asunto de los jueces, pero además hay jurisprudencia del Constitucional por la que se reconoce que el acta de parlamentario pertenece al diputado, y no al partido político que le incluyó en las listas electorales. De ahí que Ábalos haya podido seguir sentado un escaño. 

Así que lo que realmente provoca estupefacción es que un magistrado del Supremo ignore la doctrina del garante de la Carta Magna y que, además, se conceda a sí mismo licencia para poner deberes al Congreso. 

P. D. Unos juegan a hacer política y otros pretenden hacer las leyes. Así es como entienden la separación de poderes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado este jueves que los jueces y fiscales deben ser “protegidos” frente a “campañas orquestadas” por parte del Gobierno central. Durante un desayuno informativo en Nueva Economía Fórum, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “amordazar al poder judicial” y ha mostrado su preocupación ante los casos de Begoña Gómez y David Sánchez: “Por ahora el único sentenciado es el propio juez”. Así, ha criticado las palabras de Sánchez, que defendió este miércoles la inocencia de su entorno e insistió en que estaban siendo juzgados por ser sus familiares. Sin embargo, fue el propio jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el que insinuó sin pruebas el pasado lunes, cuando se hizo público que Alberto González Amador se sentará en el banquillo acusado de fraude fiscal, delito contable y pertenencia a organización criminal, que la magistrada lo había hecho por intercesión de Sánchez en contra de la baronesa popular.

“Resulta que es la hermanita de un tipo al que [Fernando] Grande-Marlaska ha ascendido. Todo [Pedro] Sánchez es corrupto”, escribió Rodríguez tras la apertura de juicio oral contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En cambio, tres días más tarde Ayuso ha pedido “proteger” al poder judicial de “campañas orquestadas” por el Gobierno con el supuesto objetivo de desprestigiar su trabajo y frenar las investigaciones.

“No puede moverse de la Moncloa hasta que no culmine la diligencia, hasta que no amordace al poder judicial y no termine de carcomer la carrera fiscal al fin”, ha acusado a Sánchez, a quien ha señalado también diciendo: “Como hace él mismo operando contra el adversario, la alternancia política, para seguir en La Moncloa como poco hasta que someta al poder judicial a la prensa”.

Además, ha criticado que “ahora todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cada juez” y se ha preguntado “cómo será la persecución que está sufriendo” el juez Juan Carlos Peinado que “ha tenido hasta que querellarse contra dos ministros”. “El único que queda sentenciado ya es el juez de partida. Pues digo yo que esto no tiene cabida en una democracia liberal, donde creemos en la separación de poderes”, ha defendido.

Aun así, Ayuso considera que Madrid está siendo atacada por el Gobierno central y asegura que ella “no trata” así a sus “adversarios políticos”: “Yo no he tratado a mis adversarios políticos como sucede conmigo con respecto al Gobierno. Yo no sé dónde viven, yo no sé con quién duermen. Yo no utilizaría los medios de la Comunidad de Madrid para atacarlos, para desprestigiarlos, para meterme en sus vidas, ni lo hago por los ayuntamientos inferiores”.

Ha calificado a La Moncloa como “un culebrón caribeño”, ha defendido que España “vive una situación inédita” y ha zanjado su discurso diciendo: “Queridos amigos, precisamente es ahora cuando, para que la España que conocemos no se olvide de qué es, de quién es y para que nadie más se desanime, todo el mundo ayude a reducir este daño. Para proteger a jueces y fiscales de campañas que se orquestan desde el propio Estado, para que nuestro país tenga regiones escaparates en que mirarse”.

El reproche más extendido que se le hace al fiscal general del Estado, no sólo por parte de la derecha sino por una nutrida porción del progresismo, es el de no haber dimitido para “preservar” la institución de la Fiscalía antes de verse obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. Siguiendo este razonamiento, el fiscal habría antepuesto su situación personal a la institución que encabeza, poniendo esta en riesgo de deslegitimación. En este sentido, García Ortiz habría mostrado un nulo respeto por la institución, puesto que su situación personal (el procesamiento al cual está sometido) cuestionaría la propia institución de la Fiscalía General del Estado. Preservar la institución requeriría, según este argumento, que el fiscal general renunciara a su cargo.

No es un argumento desdeñable. El respeto institucional es uno de los pilares de nuestro sistema democrático y ese respeto, se entiende, empieza en las personas que ocupan posiciones de relevancia en el entramado institucional del Estado. Atrincherarse en ellas cuando uno se enfrenta a un proceso judicial les hace un flaco favor a ojos de la ciudadanía. Hemos tenido varios ejemplos de ello a lo largo del medio siglo de singladura democrática, notablemente por parte de personas que han utilizado el aforamiento como parapeto en casos relacionados con la corrupción. De ahí que esta figura constitucional sea vista por una gran parte de la opinión pública como lo que no es (un privilegio) y no como lo que pretende ser: una defensa de la representación política frente a una posible utilización torticera de los mecanismos judiciales. No quisiera imaginar en lo que se convertiría la vida de algunos de nuestros parlamentarios si tuviesen que hacer frente a una catarata de procesos judiciales en cualquier audiencia provincial, instigados por cualquiera que pueda juntar cuatro recortes de digitales.

El caso contra el fiscal general, sin embargo, no encaja con el del acusado que se atrinchera detrás de su cargo, puesto que es precisamente su renuncia lo que persigue su procesamiento. El caso que nos ocupa no busca aclarar un posible delito, sino que ha sido (y sigue siendo) utilizado con un fin estrictamente político, que no es otro que conseguir la dimisión del fiscal general, como parte de una estrategia general para debilitar al Gobierno. Y no sólo eso. Parecería que el proceso es la manera en que el Supremo quiere hacerle pagar al Gobierno el mal trago que le ha supuesto la ley de amnistía. Y más aún, puesto que en el fondo el juicio al fiscal general sirve para mandar un mensaje cristalino al Gobierno y al sector progresista de la judicatura: el poder judicial nos pertenece y no vamos a dejar que ningún “sobrevenido” lo ponga en duda.

En este sentido, y a pesar de las buenas intenciones de aquellos que desde la izquierda consideran que el fiscal general debería dimitir para preservar la institución que encabeza, la posible dimisión de este allanaría el camino al objetivo último de la causa judicial en la que se ha visto envuelto: la renuncia del propio fiscal general.

Precisamente por ello, porque nos encontramos ante una causa formalmente judicial que busca un resultado estrictamente político y no la persecución de un delito, la negativa a dimitir por parte del fiscal general puede ser entendida como un intento de preservar la institucionalidad, una muestra de respeto institucional en el sentido de que pretende, manteniéndose en el cargo a pesar de estar a punto de sentarse en el banquillo, denunciar y poner en evidencia el atentado contra las instituciones que supone instruir un proceso judicial con el objetivo último de conseguir un fin que no tiene nada que ver con la justicia. Para ello, García Ortiz no sólo no debe dimitir, sino que debe seguir en su cargo hasta que el tribunal dicte sentencia, porque haciéndolo, sentándose en el banquillo de los acusados conservando su cargo, es como pone en evidencia la intencionalidad política de todo el proceso.

Si el fiscal general hubiese dimitido en algún momento a lo largo de la instrucción a nadie se le escapa que el proceso hubiese languidecido hasta evaporarse, posiblemente salvando al tribunal de la obligación de juzgar y sentenciar el caso. En cambio, obligándolo a ir hasta el final, García Ortiz pone al tribunal ante un dilema severo: validar una instrucción jurídicamente pobre y políticamente dirigida o salvaguardar la propia institución del Supremo. Aquello que se reprocha al fiscal general se le podrá reprochar al tribunal que lo juzgará. ¿O es que no se le debe exigir al tribunal un respeto escrupuloso a sí mismo y al papel que ejerce en el entramado institucional del Estado y que actúe de forma que preserve el buen nombre y el buen hacer de la institución que encarna? ¿Acaso llevar el caso hasta el final (y condenar si llegase el caso) no es una falta palmaria de respeto institucional?

A veces parecería que la apelación al respeto a las instituciones va por barrios y sólo se aplica a una parte. A la izquierda se le exige que se ciña escrupulosamente a los procedimientos, a riesgo de vaciar de legitimidad al Estado y sus instituciones. A la derecha, por el contrario, el respeto institucional se le supone automáticamente. Así, hay quien tiene bula y puede saltarse los procedimientos y retorcer la legalidad en beneficio propio sin que nadie le reproche que, con ello, ponga en riesgo las instituciones. Lo hemos visto con el bloqueo a la renovación del CGPJ con el único objetivo de preservar una determinada mayoría, o con el manejo partidista del mecanismo de recusación en el TC para evitar según qué tipo de sentencias, o con la utilización para usos privados de las fuerzas de seguridad del Estado, encargados de entorpecer precisamente la investigación judicial de la caja B del PP. Esto parece que no atenta contra las instituciones ni las deslegitima, no es ningún escándalo ni resquebraja la confianza en el Estado. La simple negativa del fiscal general a dimitir, en cambio, parece capaz de poner en duda todo el entramado institucional del Estado.

“La independencia judicial tiene una vertiente bidireccional. Es deseable la falta de injerencia de otros poderes. Y también que desde el Poder Judicial evitemos la injerencia en la actividad política”.

El autor de esta frase no es precisamente un izquierdista. Fue Vicente Guilarte, expresidente del Consejo General del Poder Judicial. Un jurista nombrado por el PP y amigo personal de la familia Rajoy. Una voz conservadora y sensata, que se opuso a que el CGPJ emitiera un comunicado contra la ley de Amnistía, como pedían otros vocales de la derecha. 

Guilarte tenía toda la razón y su crítica de entonces sigue vigente hoy. Pasa a diario. Los mismos jueces que cuestionan duramente al Legislativo o al Ejecutivo después piden respeto para la separación de poderes. La impostura, el doble rasero, no puede ser más evidente.

Otra cita para recordar: lo que dijo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) sobre la ley de Amnistía. “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”.

Lo dijeron por escrito, en un comunicado. No fue un calentón. 

La misma APM, que opinaba con esta dureza sobre un proyecto legislativo cuyo texto entonces ni siquiera se conocía, ahora se indigna cuando el presidente Pedro Sánchez asegura que “hay jueces haciendo política”.

Y tanto que hacen política. ¿Hay algo más político que unos jueces manifestándose con toga y frente al juzgado contra una ley que –al igual que todas– tienen la obligación de cumplir? ¿O es que también son ellos quienes deben legislar?

Son las mismas asociaciones conservadoras que callaron cuando el PP acosaba a los jueces de la Gürtel –a Baltasar Garzón, a Pablo Ruz y a José Ricardo de Prada–. Las que tampoco dijeron nada hace un año, cuando Esteban González Pons acusó al Tribunal Constitucional de ser “el cáncer del Estado de derecho”. Las que hoy guardan silencio ante los ataques de la Generalitat valenciana contra la jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra. 

Porque no solo es cierto que haya jueces haciendo política. También hay que añadir que casi siempre actúan en la misma dirección. 

Entre las funciones del Consejo General del Poder Judicial está el régimen sancionador. Es al CGPJ a quien le toca castigar los incumplimientos o excesos de los jueces y magistrados, a través de la comisión disciplinaria. Cada año hay cientos de denuncias, pero apenas prosperan unas decenas. 

La gran mayoría de estos expedientes son por falta de rendimiento: sanciones a jueces que no cumplen con su trabajo y acumulan retrasos reiterados y sentencias sin poner. Este tipo de sanciones, además, no son firmes: se pueden recurrir en los tribunales. Y muchas veces después son anuladas por otros jueces –pero no lo llames corporativismo, que siempre hay un defecto de forma al que agarrarse–.

¿Y cuando un juez ataca a otro poder del Estado? ¿No hay sanción?

Está el ejemplo del magistrado José Luis Concepción. Siendo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León comparó al Partido Comunista de España con los nazis, “que también llegaron al poder por las urnas”. “Con el Partido Comunista en el Gobierno, la democracia está en solfa”, aseguró también. 

El anterior CGPJ, a regañadientes, abrió diligencias informativas. Pero esa inspección a José Luis Concepción terminó sin sanción. El argumento para exonerarlo fue que opinaba a título personal, y no como juez. Es una excusa sonrojante, porque sus impresentables declaraciones fueron en una entrevista donde se le presentaba como presidente del TSJ de Castilla y León, no como aficionado a la historia de la Segunda Guerra Mundial.

Tampoco hubo sanción por los insultos contra medio gobierno de coalición –“cerdos”, “chorizos”, “bazofia feminazi”...– que publicó en Facebook el juez Manuel Piñar, el mismo que metió en la cárcel a Juana Rivas. El juez se defendió con la excusa de que le habían hackeado la cuenta, que no había sido él. En el CGPJ no se creyeron esta pintoresca explicación, pero aun así no se le sancionó. Argumentaron que había escrito esos insultos “a título particular como mero ciudadano”, no como juez.

En la Comisión Disciplinaria, a paso de tortuga, hoy hay varios expedientes abiertos contra otros jueces que se meten en política, de esos que se supone no existen. Es el caso del juez Eloy Velasco, que cuestionó la legitimidad del Gobierno y despreció a la exministra y eurodiputada Irene Montero como “cajera del Mercadona”. O el juez Manuel Ruiz de Lara, que insultó en redes al presidente del Gobierno y a su mujer “Barbigoña”. O el juez Peinado, que está siendo investigado en el CGPJ por tres asuntos: el chulesco interrogatorio a Félix Bolaños, su anómala decisión de intentar procesar al Ministro de Justicia en el Supremo y su negligencia con los plazos, que obligó a archivar una investigación por malversación contra un alto cargo del PP en el Ayuntamiento de Madrid. 

El nuevo CGPJ se toma este asunto con más interés que el anterior. Pero aún está por llegar la primera sanción a estos imparciales jueces de verbo florido por sus declaraciones políticas. No se recuerda una sola. Lo más parecido fue una multa al juez Vazquez Taín por hacer “bromas de mal gusto” sobre el caso Asunta, hace más de una década.

El CGPJ tampoco ha puesto mucho de su parte en aclarar cuántos de estos jueces trabajaron durante las recientes huelgas contra los planes del Gobierno para reformar el acceso a la carrera judicial. Formalmente, solo un único juez de los más de 6.000 que hay en toda España declaró hacer la huelga. Solo uno. El resto, o no hicieron huelga o no lo comunicaron para así poder cobrar esos días como si realmente hubieran ido a trabajar. 

Pero las intervenciones políticas más preocupantes de los jueces no se producen ni en esas huelgas en régimen de todo incluido, ni con algunas declaraciones altisonantes. Ocurren en un ámbito donde la comisión disciplinaria del CGPJ no puede entrar: los autos, las sentencias, las instrucciones judiciales… Es ahí donde de verdad se hace política con toga. 

No son todos los jueces. Solo unos pocos. Algunos saben lo que hacen. Otros se engañan a sí mismos: confunden su ideología con el Código Penal y sus prejuicios con el sentido común. Ambos perciben sus intereses personales como si fueran el interés general. Y comparten una visión torcida de la Justicia, donde importa más la autoridad que el servicio público. Como un poder que tutela a los demás; donde su idea estrecha de la patria pesa más que la verdad. Igual que algunos militares durante la Transición.

A los verdaderos políticos con toga nunca les verás diciendo barbaridades en conferencias o redes sociales. Ellos son más listos. Saben que está mal.

Ese tipo de abusos o errores solo puede corregirlos otro tribunal, no el CGPJ. Y muchas veces así sucede, como los numerosos rapapolvos que se ha llevado el juez Peinado a lo largo de su instrucción. Pero en otras ocasiones se tolera el abuso, que se disfraza de independencia judicial.

El ‘lawfare’ no siempre consiste en condenar de forma injusta. A veces también ocurre, pero no es el método habitual. Lo importante es el proceso. La sombra de la sospecha. Alargar lo máximo posible una causa judicial con fines políticos, retorciendo la legalidad. 

Estoy seguro, por ejemplo, de que más tarde o más temprano esa estrambótica interpretación que hizo el Tribunal Supremo sobre la malversación en la Ley de Amnistía será anulada por instancias superiores –la Justicia europea o el Tribunal Constitucional–. Pero en el ‘mientras tanto’ esa ley sigue sin cumplirse, Puigdemont no puede regresar y la legislatura se complica para el Gobierno. Es pura política judicial de un tribunal que se ha tomado una ley plenamente legal y constitucional –la amnistía ya ha sido avalada por el TC– como una afrenta personal.

También fueron anómalas las investigaciones del juez Manuel García Castellón y ese comando terrorista que había matado de un infarto a un turista francés durante una protesta en el aeropuerto de Barcelona. Unos supuestos terroristas que García Castellón –¡qué gran ridículo!– finalmente tuvo que dejar marchar porque metió la pata con los plazos de la instrucción

Hoy pasa lo mismo con la investigación del juez Peinado contra Begoña Gómez, que dista mucho de ser normal. Su último intento: pedir siete años de correos electrónicos de la mujer del presidente, a ver qué pesca. Probablemente nada de relevancia penal. Pero seguro encuentra algún mensaje morboso, que será convenientemente filtrado a determinados medios de comunicación. Exactamente igual que ocurrió con su decisión de interrogar al presidente del Gobierno para que ese vídeo más tarde pudiera circular.

“Si falta un poder judicial independiente desaparece el propio Estado de Derecho”, aseguró este viernes la presidenta del CGPJ, la supuestamente progresista Isabel Perelló. Estoy de acuerdo con esa afirmación, palabra por palabra. Por eso es tan grave que haya jueces haciendo política, mientras Perelló finge no verlos.

Como si todo fuera a terminar mañana. Así enfoca la oposición el inicio del curso político con una ofensiva desde todos los frentes que busca retratar a un presidente del Gobierno acorralado y a una legislatura en vísperas de llegar a su fin. Y, por tanto, atisbar un adelanto electoral en ciernes que daría paso al ansiado desalojo de Pedro Sánchez de la Moncloa.

Esa estrategia de intentar exacerbar los síntomas del presunto fin de ciclo se despliega vigorosa a principios de septiembre por tierra, mar y aire. Con algunos movimientos que señalan en esa dirección no solo desde la calle Génova, sino incluso desde el ámbito judicial. Un plan que no es nuevo, como tampoco que se estrelle hasta el momento con la realidad política del país: ni el presidente contempla convocar elecciones, ni sus socios parlamentarios dan muestra alguna de forzar su caída. Al menos, por ahora.

Esta misma semana, Sánchez volvió a asegurar en público que tiene tan claro que no piensa adelantar las elecciones que no lo haría ni siquiera si sufre un varapalo tan duro como que el Congreso le tumbe los Presupuestos Generales del Estado. “Si el parlamento los tumba eso no significa que el Gobierno no vaya a seguir manteniendo su hoja de ruta”, remarcó en una entrevista en TVE.

En esa misma entrevista, el presidente hizo unas declaraciones sobre las maniobras de algunos juzgados en causas que afectan directamente al Gobierno o al entorno personal del propio Sánchez. “Siempre voy a estar con jueces y fiscales que luchan contra la corrupción y persiguen al delincuente. Pero hay jueces haciendo política y políticos que intentan hacer justicia, y hacen un inmenso daño a la justicia”, aseveró.

Su respuesta se produjo en el contexto de la instrucción del juez Peinado sobre su pareja, Begoña Gómez. En un proceso sin fin que no ha conseguido arrojar indicios de comportamientos delictivos, el magistrado hizo dos nuevos movimientos esta semana. Primero, exigir a la Presidencia del Gobierno todos los correos que la esposa de Sánchez ha enviado y recibido durante siete años desde su cuenta oficial. Segundo, poner ahora sus miras en la alto cargo que hoy está en el puesto que ocupó en su día Félix Bolaños en Moncloa.

El magistrado, que mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez, y que lo intentó con el propio ministro de Justicia, vuelve a intentar implicar de lleno al Ejecutivo en el caso. En esa última resolución de esta semana el juez pregunta quiénes han sido secretarios generales de Presidencia desde que se contrató a la asesora de Begoña Gómez, pese a que ya ha interrogado a dos de ellos, Bolaños y Francisco Martínez.

La actual secretaria general de Presidencia es Judit Alexandra Gómez Pedraz, quien sustituyó en el cargo a Francisco Martínez a finales de 2023, cuando este fue elegido como delegado del Gobierno en Madrid. Como es habitual en Peinado, el juez no razona la diligencia ordenada y se limita a señalar que se requiera a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que informe del “nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde el día 11 de julio de 2018”, fecha en la que se nombró a Cristina Álvarez ayudante de Begoña Gómez.

En ese ambiente, las palabras del presidente en TVE sobre la actuación de algunos jueces sirvieron, no obstante, para que parte de la alta judicatura del país encontrara el contexto perfecto de volver a la ofensiva. La reacción de las asociaciones judiciales, excepto la progresista, fue acusar al presidente del Gobierno de faltar el respeto a los jueces por atribuirles motivaciones políticas. E incluso reclamar, junto a varios vocales conservadores del Poder Judicial, excluir al fiscal general y a los miembros del Ejecutivo del acto solemne de apertura del Año Judicial que tuvo lugar este viernes.

Justo en ese punto, en el del acto solemne de apertura del año judicial, convergieron las maniobras de la judicatura más conservadora y del principal partido de la oposición. Mientras Feijóo y otros dirigentes del PP plantaron en bloque al rey en la ceremonia, las asociaciones y vocales conservadores del Poder Judicial insistieron en excluir de la cita al ministro de Justicia y al propio fiscal general, a punto de sentarse en el banquillo para ser juzgado por presunta revelación de secretos.

Así que al plantón de Feijóo y otros dirigentes del PP le siguió la reacción casi acompasada de las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales y de los vocales del Poder Judicial elegidos a iniciativa del propio Partido Popular. Las principales asociaciones de la derecha judicial afirmaron en un comunicado que la asistencia de García Ortiz al acto del Supremo “constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio jefe del Estado” y le pidieron que no acudiera “por respeto” al rey y a quienes integran las carreras judicial y fiscal.

Lo que fue siguió la ofensiva de los vocales del CGPJ elegidos a iniciativa del PP, que reclamaron por carta a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que pidiera al fiscal general que se ausentara del acto, además de solicitar que apartara al ministro Bolaños de los estrados del Supremo en los que se sitúan el rey Felipe VI y el resto de altas autoridades. La propia Perelló, este viernes, se hizo eco de ese ambiente y exigió el final de las críticas a los jueces en su discurso de la apertura del año judicial, ante el rey y el ministro de Justicia. “La confianza y la credibilidad en la justicia son un bien común que debe ser preservado. Los jueces no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie, ahora bien, independencia no equivale a libre arbitrio”, apuntó.

En ese contexto, y con gran parte de la opinión publicada apuntalando el discurso de la derecha de que el final de la legislatura es cuestión de días, en la Moncloa se preparan no solo para resistir el curso, sino para intentar apurar las opciones de una legislatura de cuatro años. El creciente clima de polarización, inflamado por la estrategia a veces indistinguible del PP y Vox en asuntos como la inmigración o el cambio climático, es visto también en una parte del Ejecutivo como una oportunidad para recuperar el pulso perdido, volver a aglutinar a una mayoría parlamentaria desgajada y recobrar impulso ante un electorado progresista azotado y desmovilizado principalmente por los casos de corrupción.

No cuenta nadie en el Gobierno, por supuesto, con asistir a algo parecido a una tregua política de la derecha. La prueba irrefutable, apuntan en Moncloa, es que ni siquiera una medida que beneficia principalmente a comunidades autónomas gobernadas por el PP, como es la millonaria quita de la deuda, va a contar con el respaldo de los populares.

La propia dirección de Feijóo, en boca de su secretario general, Miguel Tellado, comprometió la “unidad” de sus líderes autonómicos en el rechazo al desahogo financiero, a pesar de que el presidente riojano ya ha anunciado que sí la aceptará. Un panorama ante el que la vicesecretaria Ester Muñoz les recuerda que “han firmado en dos papeles” no acogerse a una medida que supondría un alivio financiero de cientos de millones de euros a las arcas públicas autonómicas.

En lo que se vuelca Moncloa a la vuelta de las vacaciones, por tanto, es en estrechar puentes con el independentismo catalán en busca de un horizonte Presupuestario que no solo permita dotar de unas cuentas actualizadas al estado, sino que sirva como un mensaje político potente de que la legislatura va para largo. De alcanzar esa estabilidad política, creen en las filas socialistas que habría partido de cara al próximo ciclo electoral porque a Feijóo y a la derecha se le volvería “a hacer muy largo” un tiempo en el que proclaman que Pedro Sánchez está acabado un día sí y otro también.

Lo que se asume en el Ejecutivo, desde luego, es que no será fácil. Y no solo por la vía judicial, sobre la que muchas voces en el Gobierno piensan que “ha pasado peor” porque resulta difícil imaginar “un palo mayor” que ver al número dos del PSOE entre rejas. La complejidad mayor será, en realidad, la de siempre desde las elecciones del 23 de julio. Conseguir una mayoría parlamentaria que respalde los pases fundamentales de Pedro Sánchez para poder sostener el pie su mandato. Algo que, no obstante, parece decidido hacer hasta el final, de nuevo, contra viento y marea.