El último enfrentamiento vivido en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a cuenta del reparto de las comisiones en las que se organiza el trabajo del órgano ahonda en la fractura interna de una institución sometida a constantes tensiones. Y lo hace, además, en un momento clave, cuando está pendiente la renovación de 15 plazas en el Tribunal Supremo, la principal instancia judicial del país. Fuentes de los grupos conservador y progresista consultadas por elDiario.es coinciden en que, al menos a corto plazo, será difícil recomponer la situación ante unas hostilidades cada vez más intensas. 

La presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y uno de los consejeros elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votaron esta semana junto al grupo conservador un reparto de poder favorable a los vocales elegidos a iniciativa del Partido Popular. Con la nueva distribución, siete de las once comisiones tienen mayoría conservadora. Los progresistas son hegemónicos en cuatro, una más que en el reparto de hace un año, cuando Perelló y Preciado volvieron a unir sus votos con los vocales de la derecha en este mismo trámite. 

El reparto acordado ahora mantiene la mayoría conservadora en la Comisión Permanente, el núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado. Entre ellas, por ejemplo, si se abren expedientes disciplinarios a magistrados. Esa comisión seguirá conformada por cuatro vocales conservadores y tres progresistas. A ellos se suma la presidenta Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate. 

El voto de la presidenta ha permitido la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos. Unos expedientes que, por otra parte, quedaron archivados sin sanción en la Comisión Disciplinaria, donde también tiene mayoría la derecha. Perelló, sin embargo, también se ha puesto de perfil en otros asuntos de calado. Es el caso de las propuestas sobre el sistema de elección de los vocales o las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Tribunal Supremo. Acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha. 

Durante el próximo año, esta comisión estará formada por los conservadores José Antonio Montero, José Carlos Orga, José María Páez y José Luis Costa y por las progresistas Argelia Queralt, Lucía Avilés e Inés Herreros. Vuelve a quedarse fuera por tercer año consecutivo el vocal José María Fernández Seijo, quien ejerce como líder en la sombra del grupo progresista. Fernández Seijo es quien suele llevar el peso de las negociaciones con el otro grupo. “Buscan erosionar el grupo machacando a quien lo lidera”, dice una fuente de este bloque. 

La “tercería vía” de Preciado 

Los conservadores acudieron al pleno celebrado el pasado miércoles con una propuesta que se acabó retirando. Ni siquiera se llegó a votar. Sus diez vocales secundaron el reparto propuesto por Preciado, quien está cada vez más distanciado de los otros nueve vocales progresistas. Esa propuesta también obtuvo el respaldo de la presidenta, que adoptó un papel difícil de explicar al secundar ese esquema y también el propuesto por el resto del bloque de la izquierda. 

“No se puede defender una cosa y la contraria”, dice una fuente del grupo progresista, cuyos vocales han denunciado la existencia de una maniobra acordada que “entrega el Consejo a la derecha”. A su juicio, la lista aprobada rompe la cogobernanza y beneficia al bloque conservador en el reparto de puestos y representación. Además, consideran que se trata de una “represalia” ante su negativa a negociar de forma conjunta la renovación de las comisiones y de los nombramientos pendientes en el Supremo. 

Su tesis es que el plan del grupo conservador y de Preciado era hacer una negociación conjunta que incluyera determinadas concesiones, como la entrada de Fernández Seijo en la Comisión Permanente; a cambio de contrapartidas en los nombramientos pendientes en el Supremo. Especialmente, los ocho de la Sala de lo Penal, la que juzga a los aforados; y la de lo Contencioso-Administrativo, que últimamente ha tomado controvertidas decisiones en torno al derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos. 

Tanto Preciado como los vocales conservadores niegan que hubiera un concierto previo para excluir al resto de miembros del órgano. El vocal elegido a iniciativa de Sumar defiende que actuó de forma independiente tras constatar la falta de entendimiento entre bloques. Y reitera que su propuesta, que él define como la “tercera vía”, “respeta el equilibrio de sensibilidades y la cogobernanza”. Además de las citadas mayorías, insiste en que los progresistas presiden “cinco de las once” comisiones, dado que incluye a Perelló como máxima responsable de la Permanente.  

Preciado niega que confeccionara su propuesta sin consultar a los progresistas. Afirma que hubo tres reuniones con Fernández Seijo en las que se debatió el asunto de las comisiones. Este vocal asegura que está siendo “objeto de señalamiento y persecución” por el resto de vocales progresistas desde que “se negó a seguir instrucciones del Ministerio de Justicia”.

Durante el pleno, Preciado defendió su candidatura alegando que era la más paritaria. El nuevo reparto logra la paridad en cuatro comisiones más que en el año anterior, de forma que diez de las once tienen una composición igualitaria. Además, ellas presiden seis de las once. Ese alegato soliviantó a las mujeres del grupo progresista, que acusan al vocal de Sumar de situarlas en determinados puestos sin haber consultado. “No somos títeres al servicio de los intereses de Carlos Hugo Preciado, ni la igualdad puede servir de coartada para un reparto que desatiende el equilibrio y el pluralismo”, expresaron en un duro comunicado. 

Los conservadores, por su parte, afirman que respaldaron la propuesta del vocal de Sumar y que retiraron la suya por “responsabilidad institucional” y para evitar una situación de parálisis que ahora todos asumen que se trasladará a los nombramientos. Y aseguran que había un compromiso previo de negociar de forma conjunta el reparto en las comisiones y las designaciones en el Supremo y que los progresistas se descolgaron “en el último momento”. 

Las fuentes consultadas relatan un pleno muy tenso, en el que llegó a evidenciarse un aumento de las hostilidades. “La votación puede ser legítima, pero no es honesta”, llegó a decir una vocal del bloque progresista. Después, en un comunicado, el grupo de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y una de Sumar aseguró que “lo ocurrido compromete las condiciones de confianza y reciprocidad que necesita el Consejo para funcionar. La cogobernanza no puede abandonarse cuando se reparten las comisiones y reclamarse después cuando hacen falta acuerdos para los nombramientos”. 

Para la elección de las comisiones se necesita solo una mayoría simple de 11 votos que el grupo conservador puede lograr gracias a Preciado. Los nombramientos en la cúpula judicial requieren, sin embargo, una mayoría reforzada de 13 de los 21 votos, lo que obliga al acuerdo entre miembros de ambos bloques.

“Ahora mismo las relaciones, incluso las personales, están rotas. Las posturas están muy alejadas y son muy difíciles de conciliar”, dice una fuente del grupo conservador. Otro vocal de este sector admite que lo ocurrido no facilita las negociaciones “a corto plazo”, pero cree que con el tiempo todo se irá normalizando. “Tampoco había una enorme perspectiva positiva de acuerdo en cuanto a nombramientos. No estábamos en un escenario en el que todo fuera bien y esto lo haya quebrado, las dificultades vienen de lejos”, añade este consejero elegido en su día a iniciativa del PP. 

La tensa situación que se vive en el CGPJ pone el foco en Perelló, que ha perdido el apoyo de parte de los vocales que la auparon a la presidencia y a la que miembros de ambos grupos afean su falta de liderazgo. “La presidenta siempre está animando a que lleguemos a acuerdos, pero ella tampoco adopta una dinámica de liderazgo o de aglutinar. Su actitud es muy pasiva”, apunta un vocal conservador. “Perelló está cómoda con el traspaso de cromos, luce mucho para ella esa idea de consenso. Pero nosotros seguiremos defendiendo que los nombramientos se realicen con criterios de mérito, capacidad y representación equilibrada”, apunta un consejero progresista. 

La realidad es que en estos dos años, la política de nombramientos ha evidenciado que las cesiones del grupo progresista han blindado el enorme peso de la principal asociación de la derecha judicial, que ha copado casi el 40% de los ascensos del mandato, más que las otras tres asociaciones juntas. Por ejemplo, fue este Consejo el que aupó al Supremo a Antonio Narváez, uno de los juristas que llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno, y que ha sido ponente de los polémicos autos sobre la ley de nietos. Preciado fue el único vocal que votó en contra de su designación. 

Por otra parte, el grupo conservador ha bloqueado durante meses adjudicar uno de los puestos pendientes en la Sala de lo Penal del Supremo. La intención de los progresistas era que esa plaza hubiera sido adjudicada hace tiempo a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada y de abrumadora mayoría conservadora.

Pero la estrategia de los vocales de la derecha ha consistido en posponer las conversaciones hasta que se produjeran más vacantes por jubilación y buscar una renovación en bloque que ahora tampoco parece cercana. Fuentes de ambos grupos subrayan, por el momento, que del otro lado solo han recibido propuestas “inasumibles”.

La última legislatura del Gobierno ahora cesante ha puesto de manifiesto que las fórmulas para el ejercicio de un poder judicial independiente tenían grietas.

Corrupción y judicialización política, y un funcionamiento anómalo en determinados tribunales de justicia que han lastrado la confianza de una buena parte de la ciudadanía por su incapacidad para resolver a la par controversias en los altos tribunales, recelos que hoy mismo se manifiestan entre el Tribunal Supremo y el Constitucional para la aplicación pacífica de sus resoluciones y doctrinas.

Aún más desalentadora para el acceso a la justicia del común de los justiciables supone una burocrática lentitud que ya es, de hecho, injusta. Demasiados desencuentros. Casos que se eternizan y comportamientos impropios ante asuntos que, sin embargo, ocupan la actualidad mediática sin final previsible o cierto y, lo que es peor, no ofrecen garantías adecuadas que aseguren las separaciones de los distintos poderes, pues resulta un modo de estrategia de la tensión con claro perjuicio para la democracia.

Demasiados derechos se hacen viejos en nuestra Constitución sin que puedan ser ocupados, auditados, y acrediten caminar en el sentido exigido por ella. Vivienda, salud, educación y empleo, en particular el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, esperan a ser respetados derechos. Y para eso es preciso un poder judicial independiente. Y sobre todo, imparcial y respetuoso con la Constitución y los derechos fundamentales que la sustentan.

En el II Congreso de Gentes del derecho celebrado en Valencia en enero de 1990 bajo el enunciado de Soluciones a la justicia, Tomás Iglesias, entonces presidente de la Asociación Derecho y Democracia fue responsable de la presentación de la ponencia La función social del jurista progresista. Colaboraron en ella otras compañeras de la abogacía y expertos.

La reflexión crítica de Iglesias sobre el papel social de las profesiones jurídicas, sobre su actitud y su práctica individual y colectiva como factores que sirvan a los intereses de los ciudadanos y del Estado social y democrático de derecho se concretaría posteriormente en el Manifiesto de los Juristas Progresistas, que firmó entonces la recién creada Federación de Juristas Progresistas.

Lo sintetizó en tres aspectos que serían el hilo conductor del pensamiento democrático en relación con las cuestiones de legalidad y la administración de justicia: el desarrollo progresista de la Constitución y el cumplimiento de la legalidad; la importancia de la función jurisdiccional y la independencia del poder judicial (el reparto de poderes); y el garantismo de los derechos de los individuos. Dijo Tomás Iglesias que la dignidad de la persona y sus derechos inviolables son, tal como establece la Constitución, el fundamento del orden político.

¿Por qué entonces, treinta años después, vuelven las asociaciones que compusieron aquella Federación de juristas progresista? Porque sigue siendo necesaria nuestra Constitución, su defensa y su progreso. Democracia y legalidad deben garantizar sus valores superiores, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y porque sabemos que los derechos conquistados hay que ejercerlos.

El V Congreso de Gentes del Derecho se celebrará este viernes 23 de octubre de 2026 en Barcelona.

Quizá hay cosas que funcionan demasiado bien. Pienso, concretamente, en el capitalismo y en la democracia liberal. Hablamos de un sistema económico y un sistema político íntimamente relacionados, aunque el primero pueda existir sin el segundo, y el segundo dependa del primero para existir. Abundan las quejas sobre ambos. Y, sin embargo, creo que ambos, para la desgracia colectiva, cumplen sus objetivos fundamentales mejor que nunca. Simplemente, maximizan sus recursos.

El verbo “maximizar” parece indispensable para definir lo que viene ocurriendo en lo que llevamos de siglo XXI.

Veamos. El capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada y en el libre mercado. Su objetivo es el beneficio, es decir, la extracción del máximo rendimiento en cada inversión de capital. Su dinámica consiste en la asignación de recursos a través del mercado (oferta y demanda) y tiende de forma natural, pese a lo que digan quienes hoy se definen como libertarios, al oligopolio y al monopolio.

El actual capitalismo está cerca de alcanzar la plenitud. Los beneficios de las grandes empresas nunca habían sido tan altos ni su capitalización tan desmesurada. Nvidia, que diseña y comercializa chips y sistemas informáticos (y depende de Taiwan Semiconductor Manufacturing para la fabricación de sus productos) vale en Bolsa casi seis billones de dólares: más de lo que producen en un año el Reino Unido o España.

En cuanto a la tendencia al oligopolio, es más realidad que tendencia: un puñado de tecnoligarcas, desde Elon Musk hasta Jeff Bezos, poseen las plataformas tecnológicas de las que depende la economía mundial.

Como resulta evidente, el capitalismo es ajeno a las cuestiones sociales. Contra lo que suele suponerse, la pauperización de grandes sectores de la población mundial no le afecta: da igual que pocos puedan adquirir una vivienda urbana, mientras casi todos sigan adquiriendo, por ejemplo, teléfonos móviles y aplicaciones, y las viviendas (pocas) sigan vendiéndose a unos pocos: en el capitalismo financiero, casi liberado de cargas fiscales, lo que sobra es el dinero.

Corresponde a la política “domar” en lo posible al capitalismo con limitaciones legales y fiscales. No puede decirse que cumpla la tarea con éxito. Más bien al contrario. Pero es que, como decíamos, la democracia liberal depende del capitalismo.

Lo que ha hecho la política, y más en concreto las democracias liberales (los sistemas políticos considerados como más justos y eficientes), ha sido adaptarse al capitalismo rampante y copiar sus métodos. Es decir, “maximizarse”.

Podríamos afirmar que las democracias liberales, empezando por la estadounidense y pasando por casi todas las demás, España incluida, se han zambullido en el populismo. Podríamos afirmarlo si el término “populismo”, como el término “terrorismo” y otros, no hubiera fallecido hace tiempo por sobredosis de polisemia.

La democracia liberal tiene como objetivo garantizar la representación y los derechos de los ciudadanos. Ya conocen las condiciones: elecciones por sufragio universal, igualdad ante la ley, propiedad privada, libertad de expresión, protección de las minorías y separación de poderes.

A veces olvidamos que la democracia liberal es, como cualquier otro sistema, un mecanismo para la obtención y el mantenimiento del poder. Eso resulta esencial. En nombre de quien le otorga legítimamente el poder (una mayoría entre los ciudadanos que se molestan en votar y en delegar la soberanía popular a un grupo de representantes), el dirigente de una democracia liberal contemporánea busca maximizar su poder mediante todos los recursos a su alcance. Igual que una empresa busca maximizar sus beneficios.

La separación de poderes es la primera víctima. Fijémonos en el caso español. El Parlamento, que representa la voluntad popular, busca extender su representatividad a la judicatura (recuérdese quién elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial). Lógico, ¿no? Como consecuencia, la alta judicatura adopta (cada vez con menos escrúpulos) las coloraciones y los intereses de los partidos políticos parlamentarios.

A su vez, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, que emana del Parlamento, se siente legitimado para imponerse a ese mismo Parlamento. ¿No es el Gobierno el delegado final de la voluntad popular? ¿Acaso no ha recibido el mandato electoral de utilizar al máximo su poder, dentro de los límites legales?

Una vez emprendida esa senda, que en la práctica impugna a Montesquieu y su idea de la separación de poderes, resulta relativamente fácil demoler otra de las condiciones de la democracia liberal: la protección de las minorías. En Estados Unidos ya lo está sufriendo una minoría, la procedente de la inmigración. En España puede ocurrir lo mismo en poco tiempo.

Sobre la igualdad ante la ley basta con señalar la evidencia de que se mantiene en el ámbito de las aspiraciones.

En último extremo, la democracia liberal evoluciona hoy, en nombre de la eficiencia y la “maximización”, a un sistema de representación de la mayoría que garantiza la alternancia (dentro de un orden), la propiedad privada, el libre mercado, los derechos humanos básicos (no todos y no siempre) y la libertad de expresión (que pierde relevancia cuando los medios para difundir esa expresión se concentran en pocas manos).

Todo lo que estorbaba a la economía y a la política (la visión a largo plazo, el consenso, el respeto, las formas, los conceptos mismos de “verdad”, “libertad” o “justicia”) desaparecen. La eficacia del poder se impone sobre lo demás. 

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Pilar Astray, ha ofrecido una rueda de prensa previa al acto solemne de apertura del curso judicial donde ha expuesto los datos más significativos de la memoria judicial.

El año pasado urgía cubrir 42, ha recordado, pero todavía restan otras 21 por completar, con especial urgencia en las audiencias provinciales de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara.

Aunque esas son las plazas “más acuciantes” en cuanto a la necesidad de cobertura, ha recalcado también que restan otras en órganos unipersonales en algunos pueblos donde “hay un problema estructural”, como es el caso de La Roda, Ciudad Real capital, Almagro, Tomelloso, Tarancón, Orgaz o Valdepeñas, según los datos que recoge Europa Press.

Faltaría, además, incrementar plazas en las secciones de lo Social de Albacete y Guadalajara y también en las secciones penales de Ciudad Real, Guadalajara, Albacete y Toledo. Del mismo modo, señala, “falta en Instrucción en Albacete”.

Reclama especialización en infancia y adolescencia

Astray ha considerado además que, “si fuera posible, habría que dedicar una parte del esfuerzo a favorecer una especialización compatible en delitos contra la infancia y la adolescencia” en los juzgados de Castilla-La Mancha.

Mientras tanto, se ha referido al ámbito penal, con más de 128.000 casos de los que se han resuelto poco más de 122.500. Algo que, apunta, provoca que “cada vez haya más atraso”, con más de 66.000 pendientes de juzgar en el cómputo global.

Existen, además, 16.621 ejecutorias pendientes de ejecución, razón que justifica que se completen plazas en esta sección en las capitales de provincia.

La “presión” en casos de civil creció “un 23,5%”, asuntos que si bien son “fáciles”, a nadie le gusta que un juez “lo resuelva de un vistazo”.

En Primera Instancia “hay un descenso ligero”, ha señalado, aunque la entrada de casos venía creciendo en los últimos años.

En Mercantil sube la presión un 13,5% elevando los casos pendientes por encima de los 4.300 en todo el territorio; mientras que en Social “también ha habido un pequeño descenso”. En Contencioso-Administrativo, de su lado, “hubo un pequeño incremento”, si bien mantiene “una situación preocupante” que requiere “medidas de refuerzo”.

“Castilla-La Mancha tiene una baja ratio de jueces por habitante, aunque estamos contentos de que por lo menos haya un punto de resolución”, asegura, celebrando también que se hayan iniciado los trámites para la cobertura de nuevas plazas en 2027.

Astray ha agradecido por tanto la “respuesta importante” para cubrir plazas, si bien no resuelve las “necesidades prioritarias”. Como conclusión, ahora la prioridad “debe de ser reducir los tiempos de respuesta al ciudadano”.

Cuenca necesita una plaza contra la violencia machista

El año que cerró se impulsó la creación de nuevas plazas en juzgados de violencia machista, si bien “faltaría Cuenca” para reforzar.

El problema en este ámbito, tal y como ha incidido la presidenta del TSJCM, es que estas plazas necesitarían más infraestructura para poder dar el servicio adecuado.

“Si no garantizamos la accesibilidad a los tribunales no atendemos la necesidad de las víctimas y su confianza. Y para ello necesitamos también de las demás administraciones”, ha abundado Astray.

Urge edificio en Tomelloso

En otro orden de cosas, ha apuntado que en 2025 se pudieron inaugurar los institutos de medicina legal en Ciudad Real y Toledo y se ha completado el edificio de Torrijos.

En este punto, ha celebrado el “esfuerzo del Ministerio”, si bien hay todavía necesidades “obvias”, como la adaptación del edificio del tribunal de instancia de Toledo. “Ahí ya no caben los órganos”.

También, Tomelloso requiere “una sede única” para prestar un mejor servicio, ha reparado la presidenta del TSJCM.

También hay más carga para la Fiscalía

De su lado, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha tomado la palabra en el acto posterior de apertura de acto institucional, ofreciendo también los datos de la memoria del trabajo del centenar de fiscales que operan en territorio castellanomanchego.

Fernández ha iniciado sus palabras haciendo alusión a la situación en Ceuta para dirigirse a los compañeros de la sección de la Ciudad Autónoma dentro de la Fiscalía, que “están haciendo un esfuerzo considerable para satisfacer el trabajo que les viene determinado por el devenir de los hechos”.

Del mismo modo, ha querido tener una dedicatoria a los profesionales fiscales, sobre todo de Guadalajara y Ciudad Real, en cuanto a su trabajo en torno a los incendios forestales que ha sufrido la región durante la época estival.

Entrando en datos, ha apuntado que han sido 62.000 las diligencias previas incoadas en 2025, sobre todo en torno a violencia y delitos contra el patrimonio.

Se ha incrementado el número de casos pendientes, con algo más de 48.000 asuntos en los órganos fiscales de Castilla-La Mancha, un 10% más que al final de 2024.

Se han tramitado más de 9.000 casos por la vía urgente, algo que ha celebrado, si bien ha alertado de “un bajo índice de conformidad” en estas tramitaciones, solo en el 65%, por debajo de la media.

Cada fiscal ha hecho unas 134 calificaciones de media, cuando en el anterior ejercicio no se llegaba a cien, “una muestra de la mayor carga de trabajo”.

Con todo, cada año “se decretan menos situaciones de prisión preventiva”, algo que puede justificarse por “la duración de los procedimientos”, y es que “es muy difícil que una instrucción esté terminada antes de los dos años de límite ordinario de prisión preventiva”.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado hoy a los gobiernos socialistas de “atacar permanentemente la independencia del Poder Judicial” o de “cuestionar” el trabajo de los jueces.

Lo hacía en Albacete, coincidiendo con el acto oficial de apertura del año judicial que se ha celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. Ha ido incluso más allá, asegurando que “no solo” lo hacen con el ámbito judicial sino que “también estamos viendo cómo se ponen trabas y cómo se entorpece el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.

Lo ha dicho en el mismo día en el que el juez Peinado ha dado el último paso para que Begoña Díaz sea juzgada por un jurado popular. Algo que el Gobierno de España ha condenado, precisamente porque lo atribuye a una clara intencionalidad política. “Condenamos la decisión del Juez Peinado de decretar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. Denunciamos que se trata de una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno”.

Núñez, cuyo partido ha esquivado en los últimos días (y años) pronunciarse sobre sonados casos en los tribunales que afectan a la que fuera su antecesora en el cargo y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, ha pedido hoy “respeto” a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial porque hacerlo es “algo absolutamente fundamental, ya que es la esencia de la democracia”, ha afirmado.

“Cuando te guste y cuando no te gusta puedes opinar, pero desde luego no se puede dudar en acatar la sentencia y no se puede dudar tampoco en respetar el trabajo y la independencia que debe de tener el Poder Judicial”. Cree que eso, “en nuestro país, por desgracia, no siempre está sucediendo”, y ha culpado de ello al PSOE y a quienes respaldan su gobierno. “Tan culpables son los que lo están impulsando desde el gobierno como los que con su voto lo están respaldando”.

En su opinión, la independencia de jueces y de juezas es “necesaria” para que puedan ser “útiles en democracia desde el punto de vista del respeto a las instituciones”.

A reglón seguido ha defendido como “fundamental” que haya un cambio de gobierno para que “haya un cambio de rumbo en el país y en la comunidad autónoma”. Un cambio, decía “en la que se aborda la política del día a día, la convivencia social, el respeto a las instituciones, el respeto al Estado de Derecho”.

Imaginen que a su pareja la eligen presidente o presidenta del Gobierno. Es improbable, me dirán, pero hagan el ejercicio. Terminado el cava, empiezan los trastornos: prepare una mudanza a la Moncloa. Si usted da clases en un instituto o es capataz en una fábrica, podrá ahorrarse el abono transporte porque, por motivos de seguridad, irá a trabajar con coche y escolta, que lo acompañará en todo momento; ya no podrá ir a donde quiera. Quizás no lo haya calibrado, pero se verá cargado con obligaciones tan estrafalarias como inevitables, porque el protocolo y la diplomacia se rigen por códigos acartonados que enredan la agenda de los consortes de los gobernantes. Se verá en el compromiso de acompañar a su cónyuge en recepciones y desfiles, de pasear con los mandatarios que vengan a España y viajará al extranjero para confraternizar, en apasionantes programas paralelos, con las parejas de otros dirigentes. En vano reclamará que le enseñen la ley que le obliga a estos menesteres; no existe, es pura costumbre. ¿Y cuánto voy a cobrar por todo esto?, se preguntará. La respuesta es cero euros. Será usted, así, una persona que presta servicios al Estado, para su imagen pública y su proyección internacional, y que lo hace no solo gratis sino también et amore.

Pero imaginemos que usted se empeña en mantener su trabajo: debe asistir a tutorías y claustros, gestionar planes de prevención, preparar cuadrantes de vacaciones, qué sé yo... Decide entonces que algunas reuniones, en días de abrumada agenda, las mantendrá en su casa, y el Estado le pone un asistente para que le ayude en todo lo que usted necesite. Así, mientras esté en Tailandia o asistiendo a recepciones o comidas de boato, su ayudante mandará correos por usted, enviará al instituto las notas de los exámenes, tramitará la documentación que usted haya preparado, gestionará su agenda, tomará nota de las llamadas que reciba... hasta que un juez le diga que usted es un delincuente, porque está usando un empleado público para sus cosas privadas y su casa pública para reuniones particulares. Y tal vez reciba la noticia en Brasil, por decir algo, donde usted se encuentra usando su tiempo privado para una causa pública. Pedirá de nuevo la ley y ahí le llegará otra sorpresa: ninguna norma dice que su ayudante no deba auxiliarle en sus cometidos privados; de hecho, desde que hay memoria los asistentes han servido precisamente para eso. Pero es igual: alguien ha salido de caza y, por no acertar a la pieza mayor, disparan contra usted.

Si me dieran el privilegio de legislar, pondría por ley que un juez a quien, en un solo asunto, la superioridad le revocara más de cinco decisiones, debería ser apartado del caso; si le revocara más de diez, debería ser apartado de la carrera; y si le revocara más de quince, debería ir directamente a prisión. Y lo haría así no por atacar a los jueces, sino por defender la justicia de calidad y rigor que nos merecemos. El juez Peinado ha llevado adelante una instrucción sesgada y ridícula contra Begoña Gómez que, más que retratarle a él, retrata al Poder Judicial que lo ha consentido. Sus excesos han sido gloriosos: comparó al gobierno socialista con el absolutismo de Fernando VII, llenó sus resoluciones de prejuicios de culpabilidad, rechazó pedir la agenda de Begoña porque “previsiblemente ha sido manipulada” (desde ese día debía estar fuera del asunto), insinuó que la policía ayudaría a Begoña a fugarse, imputó sin motivo a Félix Bolaños y a otros muchos, se negó a que el presidente del Gobierno declarara por escrito, tuvo un comportamiento cruel y nulo de pleno derecho con Juan Carlos Barrabés cuando estaba hospitalizado, fue acelerando la tramitación del procedimiento al tiempo que retrasaba los recursos contra decisiones previas, provocando estos síncopes procesales que le llevan a dictar la misma resolución varias veces, tras anularse la anterior... Ahora ha dictado auto de apertura de juicio oral, ¡pero ya lo había dictado en junio! Las sucesivas nulidades le han ido obligando a reformular resoluciones amontonadas sobre lo anulado, con lo que una misma decisión se repite en el tiempo como campanadas nuevas sobre noticias viejas.

Finalmente, habrá juicio. Los hechos que se ventilarán, en realidad, son lo de menos. Empezaron siendo unos y terminaron siendo otros, algo típico de estas causas prospectivas (de ‘cristalización progresiva’ las llaman los modernos). A Begoña la juzgarán por usar a una asesora como ayudante, cosa que parece que es malversación, por pedir dinero para una cátedra extraordinaria en la Complutense por la que recibió cero euros, vinculada a unos másteres que impartía desde 2014, cosa que se tilda de tráfico de influencias, y por el desarrollo de un software gratuito, ofrecido para uso abierto y libre, que se sufragó con aportaciones de empresas y que le reportó a Begoña cero euros, que por alguna razón se considera también malversación. Nada de esto estaba en la denuncia inicial de Manos Limpias, pero con algún botín debía presentarse Peinado a puerto.

El procedimiento ha estado tan cargado de irregularidades que no sorprenderá la última, advertida por la defensa. Y es que la tramitación de un juicio por jurado impone una serie de particularidades técnicas por las que a veces pasamos por alto. Una de ellas especifica que los jurados deben analizar los hechos valorando exclusivamente las pruebas que se practican ante ellos, con total abstracción de lo realizado hasta entonces. Por eso los escritos de acusación y defensa deben limitarse a exponer los hechos sometidos a juicio y nada más; estos escritos, que se leen ante el jurado, no pueden incluir datos de lo que haya pasado fuera de la sala y que puedan influir en el veredicto; no pueden incluir, por ejemplo, lo que hayan declarado los testigos durante la investigación, o lo que haya dicho la UCO ni, mucho menos, lo que hayan decidido los magistrados de la Audiencia Provincial, que los jurados tendrán por sabios. La incorporación de esta información vulnera la ley porque contamina el debate y confunde a los jurados con unos prejuicios que, sin duda, condicionarán su decisión. La queja de la defensa estaba justificada: el escrito de acusación que incluye este contenido está mal hecho y debería ser apartado de la causa; sin embargo, en un procedimiento que se ha instruido con la delicadeza de una patada, parece claro que la queja tenía pocas esperanzas de prosperar.

Y se celebrará el juicio. Tal vez entonces se advierta una peculiaridad en el asunto que quizás explique el empeño de Peinado en llevarlo ante un jurado. En un caso ordinario, al jurado se le pregunta por el hecho, el resultado y la consecuencia, y estas tres cosas suelen estar anudadas indisolublemente: el acusado disparó, en consecuencia mató, en consecuencia asesinó. Pero en el caso de Begoña es tan dudosa y forzada la calificación de los hechos como delictivos, que podría darse la circunstancia de que el jurado declare sustancialmente ciertos los hechos de la acusación y sin embargo absuelva; declare como cierto que Begoña utilizó a su asesora para que le ayudara en sus asuntos privados, pero entienda que eso no es malversación; que pidió dinero a patrocinadores, pero que eso no es el tráfico de influencias por presión moral que se pretende; que participó en el registro de la herramienta informática gratuita, pero que eso no es delito alguno.

Esta singularidad, a la que se ha llegado por la incompetencia de una instrucción retorcida, resulta disfuncional. Habrá quien defienda que al jurado únicamente se someten cuestiones de puro hecho; pero como los hechos no son ilícitos, entonces para absolver el jurado deberá articular una opinión sobre ellos. No le bastará con decir ‘pasó esto o aquello’ sino ‘sé lo que pasó y, a mi juicio, no es delito’. Esto no es sencillo; decidir si un hecho es delictivo o no requiere de unos conocimientos que no pueden exigirse a una persona lega en derecho. Sin embargo, introducir estos elementos valorativos en el veredicto será imprescindible, a mi parecer, porque si al jurado solo se le fuera a preguntar si se utilizó a una asistente para labores privadas (que es probablemente el escenario que imaginó Peinado al dirigirnos a un jurado), entonces Begoña entrará a juicio ya condenada.

En fin, este juicio tan extraño no es más que el resultado de una instrucción atrabiliaria que nadie supo parar, en manos de un instructor que contó siempre con la permisibilidad de sus compañeros, que nunca le pidieron cuenta de sus excesos. La inercia corporativa de este Poder Judicial es tan apabullante que no encontrará motivo para reclamar responsabilidad a un juez cuya ineptitud jurídica es tan flagrante que la superioridad no le ha revocado en este asunto ni cinco ni diez ni quince, sino más de veinte decisiones en dos años. ‘Nada que decir’, habrá dicho el Consejo, ‘es uno de los nuestros’.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha expresado su firme defensa de la independencia judicial en un discurso contundente durante la apertura del año judicial. Ella ha censurado las “descalificaciones inoportunas y rechazables” vertidas contra los jueces y ha subrayado la importancia de la independencia judicial como pilar del Estado de Derecho. Perelló ha advertido que las descalificaciones a los jueces son de una “gravedad mayor” cuando proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, como los miembros del Gobierno. Ha pedido respeto a la función jurisdiccional y ha defendido la independencia del Poder Judicial, argumentando que los jueces toman sus decisiones conforme a derecho, sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo. Así las cosas, el Poder Judicial corre el riesgo de convertirse en una estructura corporativa cerrada, donde la endogamia profesional y los mecanismos de protección recíproca debilitan la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Como ciudadano español defiendo firmemente el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la crítica de las actuaciones judiciales. Rechazo los intentos de descalificar o desacreditar a quienes cuestionan de forma razonada las decisiones de los tribunales y considero que la crítica pública constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y del Estado de Derecho.

Asimismo, considero especialmente grave que desde instituciones públicas o corporativas se pretenda limitar, desalentar o estigmatizar el ejercicio legítimo de la crítica hacia resoluciones judiciales. Reclamo respeto para el derecho de los ciudadanos y políticos a analizar, cuestionar y valorar las decisiones de jueces y tribunales, porque dicho derecho puede ejercerse libremente cuando se hace por cauces legales, con argumentos y sin amenazas ni coacciones de ningún tipo.

Sostengo que la independencia judicial no excluye el escrutinio público de las resoluciones. Al contrario, ambas garantías deben convivir en una democracia madura. La ciudadanía tiene derecho a expresar su discrepancia y a exigir rendición de cuentas dentro del marco constitucional.

Por ello, solicito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial el mismo respeto para el ejercicio del derecho a la crítica de las actuaciones judiciales que el que legítimamente se reclama para la función jurisdiccional. Entiendo que la independencia de los jueces debe coexistir con el derecho de los ciudadanos a examinar, cuestionar y discrepar de las resoluciones judiciales. Las críticas razonadas a actos y decisiones judiciales no deberían ser descalificadas ni presentadas como ataques a la independencia judicial, sino reconocidas como una manifestación legítima de la libertad de expresión y del control democrático propio de un Estado de Derecho. Mi discrepancia con determinadas resoluciones judiciales no supone un ataque a la Justicia, sino el ejercicio de un derecho constitucional que corresponde a todos los ciudadanos.

Igualmente censuro y considero de “especial gravedad institucional” las manifestaciones y declaraciones públicas de jueces, fiscales y sus órganos de representación, dirigidas a rechazar acuerdos políticos legítimos y leyes aprobadas por las Cortes Generales, expresión de la soberanía popular consagrada en la Constitución. En un Estado democrático de Derecho, corresponde al Parlamento debatir, aprobar, modificar o derogar las leyes en representación de la ciudadanía. Los jueces tienen la misión esencial de interpretar y aplicar esas normas, no de cuestionar su legitimidad mediante movilizaciones en la vía pública o actuaciones que puedan percibirse como una forma de presión sobre el poder legislativo.

Cuando jueces y fiscales se manifiestan con toga para combatir públicamente iniciativas legislativas debatidas o aprobadas por el Parlamento, se adentran en un terreno que excede el ejercicio de sus funciones constitucionales y proyectan una inquietante imagen de activismo institucional y política. Quien tiene encomendada la misión de interpretar y aplicar las leyes no debería utilizar la autoridad que le confiere su cargo para presionar, condicionar o desacreditar decisiones adoptadas por los representantes legítimos de la soberanía popular. Tales actuaciones erosionan la apariencia de imparcialidad del Poder Judicial y alimentan la percepción de una indebida injerencia política en el ámbito propio del poder legislativo.

Censuro a los jueces y fiscales que utilizan su posición institucional para combatir públicamente leyes y acuerdos aprobados por el Parlamento. La soberanía popular reside en los representantes elegidos por los ciudadanos, y corresponde a los tribunales aplicar las leyes, no intervenir en la confrontación política ni cuestionar su legitimidad. La independencia judicial exige también respeto a las decisiones democráticamente adoptadas y a la separación de poderes.

Una democracia no puede sostenerse sobre jueces que actúen como actores políticos ni sobre tribunales que parezcan disputar al Parlamento el espacio que corresponde a la soberanía popular. La independencia judicial exige respeto; pero también exige responsabilidad, neutralidad y sometimiento estricto a la Constitución y a las leyes.

A la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, habría que explicarle que la independencia judicial es un valor constitucional irrenunciable, pero que el prestigio de quienes la ejercen debe ganarse con decisiones que resistan el escrutinio jurídico y ciudadano.

Seis de cada diez españoles creen que los jueces hacen política y sólo cuatro de cada diez consideran que son imparciales. Más del 65% de la población estima que existe la persecución política a través de la justicia (lawfare) en España. 

A pesar de esa convicción tan generalizada, sigue habiendo muchos jueces que no se cortan un pelo. Un ejemplo claro es el juez Peinado con su persecución judicial a Begoña Gómez. Este juez del cuarto turno no tuvo que pasar ninguna oposición para llegar a su puesto. Su hija es concejal del PP en Madrid pero él no tiene ningún inconveniente en investigar a la mujer del presidente de España. 

Otro ejemplo reciente es el caso de la jueza Tardón, que fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid en la candidatura del PP cuando Álvarez del Manzano era el alcalde. Esta mujer, a pesar de su pasado político como cargo público, no ha sido capaz de inhibirse en la investigación de la entrada masiva de emigrantes en Ceuta. No hace falta ser un lince para saber que esta investigación es realmente al Gobierno de España.

Es fácil imaginarse la reacción del PP si un juez o una jueza de izquierda ligada al PSOE fuera quien investigara un caso de presunta corrupción o prevaricación de políticos de derecha o de sus familiares más directos. Se habrían rasgado las vestiduras y clamado al cielo ya que suelen presumir de buenos católicos por la mañana mientras que por la tarde quieren expulsar a los migrantes pobres porque les molesta en la cena cuando ven el telediario.

Los jueces se quejan de que se les falta al respeto pero no tienen capacidad de autocrítica porque lo que hacen algunos de ellos es precisamente faltar al respeto al respetable con sus actuaciones partidistas y sectarias ajenas a la deseable imparcialidad judicial. Los jueces no solo tienen que ser honestos e imparciales sino también parecerlo. 

Ayuso abrió esta semana el debate del estado de la región de Madrid y se pegó buena parte de su discurso hablando de política nacional y de Ceuta para atacar al gobierno de España como suele hacer a menudo ya que apenas puede mostrar aciertos en su gestión de la Comunidad de Madrid. 

Ella se subió al estrado de la Asamblea de Madrid y empezó a leer todo el discurso que Miguel Ángel Rodríguez le escribió la noche anterior para que soltara el tradicional rollo crítico contra el gobierno central, tapándose así sus vergüenzas, sus mamarrachadas y sus áticos, que están por las nubes.

La susodicha se cree que es la versión femenina de Donald Trump y que puede decir la mayor barbaridad del mundo sin que le ocurra nada. Lo peor de Ayuso no es ella misma, que también, sino sus seguidores descerebrados que la defienden como si en ello les fuera la vida.   

Sabemos que a la presidenta de la Comunidad del ático le faltan varios hervores pero muchos más deben faltarles a sus hooligans y simpatizantes para convertirse en sus votantes. Si realmente Ayuso es la lideresa de la derechona española, la izquierda está de suerte porque sus conmilitones no podían haber encontrado una peor.

Tampoco hay que ser muy listo para comprobar que la gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno de España es manifiestamente mejorable, pero la oposición no ofrece ninguna solución alternativa que no pase por la ilegalidad de devolver ipso facto a los migrantes a Marruecos.

La derechona es esa gente de ley y orden que a las primeras de cambio se vuelve ilegal y desordenada. Es como el toro de Jesulín: solo hace falta ponerle un trapo rojo delante para volverla loca. Y si el trapo es rojigualda, ya no te digo. 

Normalmente los ministros del Interior suelen ser los más reconocidos por la derecha por su especial cometido al frente de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero en el caso de Grande-Marlaska la cosa cambia. Es uno de los ministros más acosados por la oposición y eso que es el miembro del Gobierno más cercano a ella ideológicamente.

A su ineficacia en la crisis de Ceuta se une ahora la lista de periodistas que su departamento ha elaborado para indicar quiénes son de la cuerda y quiénes no. No se trata de una lista negra porque hasta ahora no ha habido ningún perjudicado ni nadie al que se le haya tratado especialmente mal por su rejo derechista o reaccionario. 

Sin embargo, es un asunto que huele mal. Sabemos que hay instituciones públicas e incluso cargos del PP y de Vox que han amenazado a periodistas con cerrarles el medio por contar verdades que a ellos no les gustan. Lo han hecho varios diputados de la derechona española y hasta el jefe de Gabinete de Ayuso ha amenazado a medios progresistas por hablar del ático de su jefa. Es muy significativo que Marlaska sea un juez del gusto del PP desde la época en que perseguía etarras en la Audiencia Nacional. 

También Garzón era aplaudido con las orejas por la derecha española cada vez que atrapaba a un terrorista en su etapa de la Audiencia Nacional pero luego cometió el error de ir de segundo en la lista de Felipe González por Madrid y a partir de ahí la derecha lo acosó sin tregua porque nunca le perdonó el desliz. Fue empezar a investigar los desmanes de la dictadura franquista y la derecha lo puso en la diana primero y en la picota después. Si se hubiese incorporado al PP, otro gallo le habría cantado. 

Marlaska fue miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular e intentó en esa época que lo nombraran Fiscal General del Estado y para eso se valió de la amistad con algunos periodistas, entre ellos el director de La Razón, Francisco Marhuenda, ex parlamentario del PP catalán. Él mismo lo ha confesado públicamente. 

Desconozco qué ha visto Pedro Sánchez en él para repescarlo cuando sabe que ideológicamente no es un hombre de izquierdas. Es curioso que Marlaska sea el blanco constante de la oposición, que no para de lanzarle dardos. Es posible que el PP le quiera hacer pagar un coste político después de que Marlaska lo abandonara por otro. Son celos políticos muy humanos pero la derechona no sabe el favor que le hace a la izquierda ese machaque a Marlaska porque es el menos querido del votante socialista.

A ver si por una vez Sánchez hace caso a la oposición y de paso le hace un favor a la izquierda de su gobierno. 

Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial han impulsado un escrito para pedir a la presidenta de la institución, Isabel Perelló, que durante su discurso de la apertura del año judicial haga “autocrítica” y no se limite a “presentar cifras o a trasladar responsabilidades a otras instituciones”. Además, añaden que la defensa de la independencia judicial debe ir acompañada de “responsabilidad y rendición de cuentas”: “La independencia no excluye la crítica legítima a las resoluciones judiciales ni puede utilizarse para evitar el análisis de las disfunciones”.

Los vocales reconocen los avances en cuestiones como el despliegue de los tribunales de instancia, la creación de 500 plazas judiciales y la convocatoria de otras 500 plazas de acceso a la carrera judicial. Pero estas cuestiones no pueden ocultar que “persisten demoras, disfunciones estructurales y graves dificultades en jurisdicciones especialmente sensibles”, ante lo que entienden que la presidenta del CGPJ debería explicar qué medidas concretas se adoptarán para garantizar el derecho a un proceso que aborde “el problema de las dilaciones”.

“El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano de representación de la carrera judicial, es el órgano de gobierno del poder judicial. Es un órgano constitucional con competencias propias y responsabilidades directas sobre aspectos esenciales del funcionamiento de la justicia. Por ello, el discurso debería realizar una reflexión crítica y autocrítica sobre la actuación del Consejo y sobre las medidas que le corresponde adoptar”, dice el documento, firmado por Ángel Arozamena Laso, Lucía Avilés Palacios, Ricardo Bodas Martín, Esther Erice Martínez, Bernardo Fernández Pérez, José Mª Fernández Seijo, Inés Herreros Hernández, Luís Martín Contreras y Argelia Queralt Jiménez.

“La falta de medios no puede convertirse en una explicación exclusiva de todos los problemas”, lamentan. La credibilidad del Consejo “exige autocrítica, ejercicio efectivo de sus competencias y compromisos susceptibles de evaluación”.

Los magistrados creen que los acontecimientos de Ceuta han puesto de manifiesto la necesidad de que las instituciones sean capaces de “articular respuestas rápidas y coordinadas” cuando están en juego los derechos fundamentales de personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Y piden, asimismo, que en la apertura del año judicial se reafirme el compromiso del CGPJ con la igualdad y se avance en la incorporación de la perspectiva de género. “La violencia contra las mujeres exige una respuesta judicial especialmente eficaz, coordinada y sensible a las circunstancias de las víctimas”.

“La recuperación de la confianza exige colaboración leal, transparencia y rendición de cuentas. La situación de la justicia no puede resolverse mediante actuaciones aisladas ni a través de la confrontación permanente entre instituciones. El Consejo, el Gobierno, las comunidades autónomas, los órganos de gobierno de los tribunales y las corporaciones profesionales deben colaborar de forma leal y respetuosa, sin que esa colaboración impida exigir los medios necesarios ni delimitar las responsabilidades de cada institución”, finalizan.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que es necesario un refuerzo de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta para hacer frente a la saturación por la entrada de más de 80.000 personas en la ciudad autónoma. En concreto, considera que hacen falta dos magistrados, un letrado de la Administración de Justicia y cuatro funcionarios.

Horas después de que trascendiera el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ, fuentes del Ministerio de Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes aseguraron que esos refuerzos llegarán en cuanto se reciba la petición formal del CGPJ y que el departamento ya trasladó hace semanas al órgano de gobierno de los jueces y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía su compromiso de “aprobar los refuerzos que fuesen necesarios”.

Justicia afirma que estas nuevas medidas se sumarían a las actuaciones de refuerzo aprobadas hace dos semanas tanto en el ámbito judicial como en los servicios forenses. Así, las citadas fuentes aseguran que se ha reformado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyo equipo de trabajo ha permitido incrementar su capacidad operativa en más de un 271%. Y que en el Tribunal de Instancia de Ceuta se ha autorizado el refuerzo temporal de dos plazas de tramitación procesal durante dos meses y de una plaza de médico forense durante seis meses. También ha habido incremento de medios en la Fiscalía, donde se han incorporado tres fiscales sustitutos y tres funcionarios.

La Comisión Permanente del CGPJ ha tomado conocimiento en la mañana de este martes del informe solicitado el pasado día 5 al Servicio de Inspección sobre la situación actual de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, que advierte de que lo sucedido esos días ha afectado de manera “extraordinaria” al desarrollo del servicio público de justicia.

En la semana comprendida entre el 30 de julio y el 5 de agosto se han incoado 96 diligencias previas por fallecimiento, 23 diligencias previas derivadas de personas detenidas y puestas a disposición judicial y 15 diligencias urgentes por hechos acontecidos esos días; mientras que en la semana comprendida entre el 5 y el 11 de agosto se han recibido 72 atestados con detenidos o citados.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla; el presidente del Tribunal de Instancia, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y el letrado director del Servicio Común de Tramitación ya adoptaron medidas efectivas para la continuidad del servicio —como la incorporación de guardia de magistrados y funcionarios de otros órganos de la misma clase y población—, el Servicio de Inspección considera que la prolongación de la situación de crisis requiere la adopción de medidas de mayor duración y estabilidad, como comisiones de servicio, con o sin relevación de funciones, a favor de magistrados/as, letrados/as de la Administración de Justicia y funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia.

El informe destaca la situación de la plaza del Tribunal de Instancia de Ceuta con competencia en materia de violencia sobre la mujer, debido al incremento de la carga de trabajo por las denuncias de presuntas agresiones sexuales, y ante el próximo cese del juez en expectativa de destino que presta servicios de refuerzo.

Además del informe del Servicio de Inspección, la Comisión Permanente ha valorado las medidas solicitadas por los magistrados de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta tras una reunión mantenida el pasado día 14 y que fueron trasladadas de urgencia al Poder Judicial. Por todo ello, la Comisión Permanente considera necesario implementar una comisión de servicio de un juez o jueza para apoyar al Servicio de Guardia de las plazas de Instrucción de Ceuta, así como otra comisión de servicios específica para la plaza con competencia en materia de Violencia Sobre la Mujer para la tramitación de los delitos de abusos sexual, y lo pone en conocimiento de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y del presidente del Tribunal de Instancia de Ceuta para que formulen la solicitud correspondiente.

Además, a la vista de las circunstancias concurrentes y tal y como habían solicitado los jueces de Ceuta y el propio interesado, la Permanente ha acordado diferir el cese del juez en expectativa de destino que se encuentra destinado como apoyo en la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

También ha acordado poner en conocimiento del letrado director del Servicio Común de Tramitación, del secretario de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y del Ministerio de Justicia la necesidad de incrementar con personal experimentado de forma temporal, tanto de funcionarios como con un letrado de la Administración de Justicia, hasta la superación de la crisis, el número de efectivos necesarios para la tramitación de los procedimientos judiciales. Igualmente, se ha puesto en conocimiento del Ministerio la necesidad de incorporar dos intérpretes y un servicio urgente de tasación pericial para el servicio de guardia.

Por último, el vocal José Antonio Montero —que hasta su designación como miembro del Consejo General del Poder Judicial ejercía su función jurisdiccional en la Sala Tercera del Tribunal Supremo— visitará en los próximos días los órganos judiciales de la ciudad autónoma para evaluar la situación.

Si hablamos de Impunidad y de corporativismo, hablamos de jueces y de un sistema diseñado para que rara vez se pague por los excesos. Todo a cuenta del bochornoso espectáculo ofrecido por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dividido ante la propuesta de archivar las denuncias contra Juan Carlos Peinado, el polémico instructor del caso Begoña Gómez. Sepan que el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, ha propuesto dar “carpetazo” y archivar todas las quejas mientras que el órgano de gobierno de los jueces prefiere aplazar la decisión definitiva ante la falta de consenso interno.

Las cinco diligencias analizadas por el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, tienen diferentes orígenes, pero la que mayor escándalo ha generado fue motivada por un auto del propio Peinado en el que retiró el pasaporte a Begoña Gómez y sugirió que los escoltas de la esposa del presidente podrían, por iniciativa propia o siguiendo órdenes, “colaborar” en una hipotética fuga del país. Esta afirmación provocó protestas formales tanto del Ministerio del Interior como del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, interpuso también reclamación contra el juez por la forma en que el magistrado condujo su declaración como testigo en el complejo de La Moncloa. Más Madrid, diputados del PSOE, un particular y la asesora de Gómez cierran la lista de denuncias contra la discutible labor del togado.

El debate abierto en la Comisión Permanente del Consejo proyecta, además de la habitual fractura de un órgano que hace poco y del que se espera aún menos, un sistema diseñado para que sean contados los casos en los que los jueces asuman las consecuencias de sus desmanes. Y aun así el órgano de gobierno acaba de reformar, según hemos sabido por el periodista Pedro Jiménez de la Cadena SER, el reglamento que permite interponer denuncias contra las actuaciones judiciales para que solo sean las partes vinculadas a un procedimiento las que puedan activar una queja. Particulares o asociaciones ya no podrán elevar denuncias con este nuevo modelo y tampoco se permitirán denuncias anónimas o escritos que persigan revisar decisiones judiciales.

El caso es que el sector conservador del Consejo se ha alineado con la propuesta de archivo del promotor de la acción disciplinaria, tras argumentar que cualquier expresión desafortunada o controvertida incluida en un auto debe corregirse únicamente mediante la vía penal o de recursos ordinarios ante la Audiencia Provincial de Madrid (órgano que, por cierto, ya anuló la retirada del pasaporte por considerarla injustificada). Por su parte, el sector progresista rechaza el archivo directo y quiere que se investigue si el juez Peinado incurrió en una falta grave de consideración o en un exceso o abuso de autoridad (recogido en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

La falta de resolución inmediata añade una presión añadida, ya que el juez Juan Carlos Peinado tiene fijada su jubilación obligatoria el próximo septiembre, por lo que los plazos de tramitación del CGPJ siempre lentos e ineficaces resultan determinantes. Y es que si el proceso se dilata en exceso sin abrirse un expediente formal con propuesta de sanción, cualquier medida quedaría sin efecto una vez que el magistrado deje de estar en activo. Peinado se irá a su casa y pasará a los anales de la judicatura sin tacha del Consejo, pese a haber protagonizado no pocas actuaciones discutibles y haber sido objeto de casi una veintena de correcciones a su instrucción por instancias superiores.

Juan Carlos Peinado, sin embargo, no es una excepción. En 2017 —el último año del que existen cifras oficiales—, de 9.679 quejas ciudadanas contra jueces, solo 567 merecieron la atención del Promotor de la Acción Disciplinaria, y de esas 567, apenas 21 se convirtieron en expediente. Es decir, que cuando un ciudadano eleva una queja contra un juez tiene algo así como un 0,2% de probabilidades de que su denuncia termine en algo parecido a una investigación formal.

El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, cifró en febrero de este año en un 0,19% el porcentaje de sanciones impuestas a jueces por decisiones ajenas a su poder jurisdiccional, y habló incluso de “corporativismo malentendido” dentro del órgano de gobierno de los jueces. Eso sí distinguió entre la parte jurisdiccional, la “que tiene que ver directamente con el Estado de derecho” y que, en su opinión, “funciona” y lo que es ajeno a ese rol, que son los casos que resuelve el Consejo General del Poder Judicial. “El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General de Poder Judicial, en ocasiones, actúa con un corporativismo malentendido”, afirmó el también ministro de la Presidencia en la Forbes House de Madrid.

Entre preservar el buen nombre de la justicia y la protección al juez que haya podido cometer una irregularidad, el Consejo siempre elige lo segundo. Y es en ese marco en el que hay que leer el embarazoso espectáculo que estos días vive la Comisión Permanente del CGPJ con el caso Peinado: cinco quejas, un año de idas y venidas, un promotor de la acción disciplinaria que propone archivarlo todo, una Comisión Permanente dividida en bloques, y un magistrado que instruye la causa más mediática del país como si nada de ello le concerniera.

¿Justicia o política? Juzguen ustedes, pero basta con detenerse en el funcionamiento del sistema, para sospechar que el diseño institucional favorece el archivo antes que la sanción. Cuando un ciudadano se queja de un juez, su reclamación pasa primero por la Unidad de Atención Ciudadana, que en la inmensa mayoría de los casos se limita a tramitar la queja como una incidencia administrativa —un retraso, una demora, una disfunción— sin relevancia disciplinaria alguna. Solo una minoría de las que se registran llega al promotor de la acción disciplinaria, el único que tiene capacidad para convertir una queja en un expediente con consecuencias. Y resulta que ese promotor —el mismo cargo, ocupado por la misma persona desde 2017— es quien decide, caso por caso, si abre diligencias, si las archiva o si las convierte en la apertura de un expediente. Pero su criterio, se apoya casi siempre en el mismo argumento: que el contenido de una resolución judicial pertenece al “núcleo jurisdiccional” y que revisarlo equivaldría a una injerencia en la independencia judicial, lo que permite archivar casi todo lo que un juez diga o escriba mientras lo haga dentro de un auto o una sentencia.

Bajo la apariencia de control ciudadano se esconde, pues, de facto una evidente autoprotección corporativa o una casta que se juzga a sí misma, como demuestran los datos, ya que según las memorias del CGPJ, entre julio de 2014 y diciembre de 2020, España impuso una media de apenas 19 sanciones disciplinarias al año a un cuerpo con más de 5.000 jueces y magistrados en activo. La mitad de esas sanciones fueron multas económicas y medidas más simbólicas que disuasorias, como ocurrió con el caso del juez Manuel Ruiz de Lara, expedientado en 2024 por llamar en redes sociales “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno y “siervo mentiroso patológico” al ministro de Justicia. ¿Las consecuencias? El expediente acabó archivado, pese a la evidencia de que ese corporativismo malentendido del que hablaba Bolaños tolera comportamientos que, en cualquier otra profesión habrían costado el puesto.

Y todo porque el artículo 117 de la Constitución proclama que los jueces están “sometidos únicamente al imperio de la ley” y la carrera entiende que el precepto es la garantía de que ningún ciudadano, ningún ministro o ningún Gobierno pueda torcer una resolución judicial. Un argumento que, en ocasiones, se convierte en coartada cuando lo que hay detrás no es una discrepancia jurídica, sino un comportamiento abusivo.

Así que lo que se dirime estos días no solo es la suerte de un juez polémico como Peinado, sino que reabre el debate sobre dónde termina la independencia judicial y dónde empieza la exigencia de responsabilidad disciplinaria a un magistrado en el ejercicio de su función jurisdiccional. Y también sobre si el Consejo debe actuar de oficio ante declaraciones polémicas incluidas en una resolución o, por el contrario, debe esperar a que un tribunal superior las revise por la vía de los recursos.

Lo que parece a todas luces es que la línea entre lo que es jurisdicción y lo que es mala conducta disfrazada de auto judicial es muy delgada y que quien la traza es un promotor que tiene todos los incentivos corporativos para delinear siempre del mismo lado. Un último dato: en 2024, a 31 de diciembre, se habían abierto más de 10.000 diligencias, pero el CGPJ solo ejecutó 18 sanciones. Y, luego, se preguntarán sobre el porqué de su descrédito.

Ella misma se encargaba de repartir pequeños pasquines en los parabrisas de los vehículos estacionados en el centro de Lugo para anunciar sus servicios: “Tarotista y vidente con gran experiencia echa las cartas del tarot en persona”. Cobraba 20 euros por sesión. Cuando su segunda ocupación trascendió la prensa pronto la etiquetó como “la jueza del tarot”. Esa doble condición, la de jueza encargada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Lugo y la mística de vidente y visionaria le acarrearon a María Jesús García (así se llama) una suspensión de un año para ejercer la judicatura. Ahora, el Supremo levanta la sanción, argumentando que la infracción ya no está en plazo para ser penalizada.

El Tribunal Supremo ha anulado la suspensión disciplinaria de 12 meses impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la llamada 'jueza del tarot' durante su etapa como titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de A Coruña al considerar que la infracción ya había prescrito. En una sentencia fechada a 8 de julio, el Supremo recuerda que la Comisión Disciplinaria del CGPJ consideró probado que la actividad de la magistrada durante su desempeño profesional en este órgano quedó por debajo de los indicadores fijados como criterio técnico, por lo que fue suspendida 12 meses.

Ahora, el Supremo estima el recurso contencioso-administrativo de la jueza, declarando la prescripción de la infracción muy grave, por lo que anula y deja sin efecto la suspensión, incluida la improcedencia de la pérdida del destino. Se da la casualidad que la jueza ya había sido expedientada en su etapa como titular del juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo por anunciarse como tarotista y vidente y llevar a cabo estas prácticas al ser “actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado”.

Llamada de atención de la Comisión Europea a España por los casos de corrupción y la independencia del poder judicial. En el informe anual que elabora la institución europea sobre el Estado de Derecho, que va a ser presentado este viernes, se reprende al Gobierno de Pedro Sánchez por los limitados avances en la lucha contra la corrupción, según ha adelantado Politico.

Para Bruselas, el proyecto de Ley de Integridad Pública y el Plan Estatal contra la Corrupción no han tenido una aplicación eficaz y se le pide al Ejecutivo que haga un esfuerzo por la implementación de medidas para reducir los casos de corrupción. En este sentido se recuerda que es necesario la creación de un organismo supervisor independiente con competencias efectivas de investigación y sanción.

Hace un mes, El Tribunal Supremo condenó a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama.

El informe sobre el Estado de Derecho hace una llamada especial para el endurecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y de los requisitos de declaración de bienes de los altos cargos públicos.

El análisis de la Comisión Europea llega la misma semana en la que un tribunal ha condenado al hermano del presidente Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses o cuando la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado avalar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que el caso abierto en 2024 contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, siga por el procedimiento de jurado popular para determinar si es culpable de tráfico de influencias y malversación.

Tanto el presidente del Gobierno como varios ministros han comentado que los procedimientos judiciales en torno a los familiares de Pedro Sánchez tienen más que ver con motivaciones políticas y actuaciones de lawfare (utilización de la justicia con fines políticos) por parte de los jueces.

Además, Bruselas respalda, como ha hecho la Comisión de Venecia (órgano consultivo independiente del Consejo de Europa), que la elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial sea por parte de los jueces, sin pasar por el Parlamento.

Respecto a la independencia judicial, el informe destaca como positivo el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga al fiscal la instrucción de los delitos tal y como ocurre en la mayoría de países europeos, y la limitación de la acción popular, restringiendo los delitos que pueda ejercer esta acusación, aunque esta norma sigue en la Cámara Baja sin posibilidad de aprobarse.

En el informe también señala que el proyecto de ley destinado a aumentar la transparencia de las actividades de lobby sigue sin ser aprobado por el Congreso y que, consecuentemente, no hay avances en en la reforma de la regulación de los grupos de presión en España. La Comisión Europea ya había pedido a España que era urgente la creación de un registro público de carácter obligatorio para los lobistas.

Los tribunales ya no son ese el lugar donde se imparte justicia, sino la plaza en la que se libra la verdadera batalla política y donde las derechas se han propuesto cercar al presidente del Gobierno. Primero fue el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos nunca probado, después el hermano por ser cooperador de otro de prevaricación y, ahora, van a por Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos… Ya saben que cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid han decidido este jueves que la esposa de Pedro Sánchez debe sentarse en el banquillo frente a un jurado popular, avalando así el dictado del controvertido juez Peinado.

La progresión de los casos, a modo de guion, ha sido anticipada por las derechas política, mediática, policial y judicial desde hace meses. En las televisiones, en las radios y en todos los mentideros madrileños, antes incluso de que los jueces redactaran autos, abrieran diligencias o firmaran sentencias sobre el fiscal, sobre el hermano de Sánchez y sobre Gómez. Nadie puede extrañarse de que haya sospechas sobre la coincidencia del calendario judicial y la existencia de un plan preconcebido y tampoco de que existan dudas sobre si el ardid tendrá o no un efecto boomerang contra un Feijóo que hiperventila con cada decisión judicial, pero no logra sumar un voto más a su granero electoral. Al contrario, los pierde a chorros en beneficio de Vox.

Es un hecho, y no una conjetura, que la sentencia contra el ex fiscal general del Estado careció de la solidez probatoria que merecía un caso de tanta trascendencia y que se construyó sobre una hipótesis, como demuestra que el tribunal acuñara un nuevo sujeto penal -el entorno del acusado- para condenarlo por un delito de revelación de secretos.

Es un hecho, y no una conjetura, que al hermano de Sánchez se le acusó de fraude fiscal, de enriquecimiento ilícito y hasta de tráfico de influencias y que, al final, ha sido condenado por ser “cooperador necesario” para un delito de prevaricación cometido supuestamente por otros -técnicos de la Diputación de Badajoz- para cambiar la nomenclatura de un cargo del que fue beneficiario cuando Pedro Sánchez no era ni diputado, ni secretario general del PSOE, ni presidente del Gobierno. Lo que viene a decir la sentencia es que alguien hizo algo para beneficiar a alguien, pero no se ha probado ni el qué, ni el quién ni el cómo, pero, sin embargo, hay un policía que, sin acreditar conocimientos de Derecho Administrativo, está seguro de que se cometió una ilegalidad en la creación de una plaza de libre designación.

Es un hecho también, y no una conjetura, que la instrucción de Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez ha sido corregida repetidamente por su superior jerárquico, que anuló en el pasado por “falta manifiesta de motivación” un primer intento de enviar la causa a un tribunal con jurado popular.

Es también un hecho, y no una conjetura, que la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa por entender que los hechos no eran constitutivos de delito.

Es un hecho, y no una conjetura, que la defensa ha calificado la instrucción de “prospectiva” al argüir que se investiga a la esposa del presidente por ser quién es y no por haber cometido ningún delito.

Es un hecho, y no una conjetura, que no se puede descartar de entrada la existencia de un delito porque la investigada sea la esposa del presidente, pero tampoco lo contrario, esto es dar por probada su culpabilidad por el mismo motivo, si bien este escenario se ha dado por descontado por sesudos analistas antes de que Gómez se siente en el banquillo.

Es un hecho, y no una conjetura, que las instrucciones del juez Peinado son discutidas y, que cuantas veces la Audiencia de Madrid le ha enmendado en el caso de Begoña Gómez no se ha dado por aludido.

Y es un hecho, no una conjetura, que una parte de la alta judicatura española está más pendiente de sus cuitas internas, de satisfacer intereses partidistas y de postularse ante un eventual cambio de gobierno que de impartir justicia y aplicar el derecho.

La decisión de la Audiencia Provincial de avalar la decisión de Peinado para que Gómez sea juzgada por un tribunal popular no es menor. De hecho, importa más de lo que parece porque la Ley del Tribunal del Jurado no es un simple trámite, ya que implica un tipo de enjuiciamiento distinto, con sus propias reglas de veredicto. Su aplicación exige además que el instructor motive con especial rigor por qué los hechos encajan en los delitos que la ley reserva a ese procedimiento, y que la propia Audiencia de Madrid haya tenido que recordárselo dos veces al mismo juez no habla bien de la instrucción, al margen de que Gómez sea finalmente declarada culpable o inocente.

El 92% de las sentencias dictadas por jurados populares en España son condenatorias, según los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial. Y, aunque sea una cifra que no prejuzga nada sobre este caso concreto, explica perfectamente por qué la decisión que ha adoptado la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid tiene más trascendencia de la que se le otorga.

Y es que España vive un momento en el que cada resolución judicial que afecta al círculo más próximo del presidente del Gobierno se interpreta, casi instantáneamente, como una pieza de ajedrez en una partida que nada tiene que ver con el derecho y todo con la forma en que se hace política… y periodismo.

Cuando la Audiencia de Badajoz sostiene en una sentencia que “el tribunal no puede, sino conjeturar” para explicar por qué condenaba a David Sánchez por prevaricación, pero lo absolvía del delito de tráfico de influencias situaba el debate en algo nuclear para un proceso penal, que es dónde está la frontera entre la prueba y la inferencia y si, cuando esa línea se cruza, podemos hablar de justicia.

Los tres casos que han dominado la actualidad judicial de los últimos tiempos son, en el fondo, tres ejercicios distintos de ese difuso límite. En el del ex fiscal general, el Tribunal Supremo tuvo que reconstruir, sin una confesión ni una grabación o documento de la orden concreta, quién filtró un correo electrónico a la prensa y los mismos indicios, examinados por distintos juristas, produjeron dos lecturas opuestas sobre si constituían prueba o solo sospecha.

En el de David Sánchez, los propios magistrados reconocieron que solo podían “conjeturar” sobre si los creadores de la plaza buscaron o no congraciarse con Pedro Sánchez, y que esa especulación, por plausible que pareciera, no alcanzaba el estándar probatorio necesario para condenar a su hermano por tráfico de influencias.

Y el caso de Begoña Gómez, todavía pendiente de juzgar, es en el fondo una discusión sobre si se ha llegado a construir toda la causa únicamente con indicios y una narrativa político-periodística tan falaz como eficaz, pero sin una sola prueba. De eso hablamos. De un país que, como dice Feijóo, está siendo “agredida por altas instituciones”, pero no precisamente por las que pretende apuntar el aspirante a presidente.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a Andrés Arrieta, actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como Magistrado competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución Española. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se debe a que el anterior responsable del puesto, Pablo Lucas, se ha jubilado “forzosamente” y a que Arrieta era ya el sustituto del mismo. Él compaginará sus distintas responsabilidades hasta su jubilación, prevista en abril.

El magistrado encargado del CNI es quien debe autorizar judicialmente escuchas o espionajes, si bien después el contenido de lo recogido queda en manos de la oficina de inteligencia, que no tiene la obligación de explicar sus resultados a este juez. El Poder Judicial nombra como sustituto de Arrieta, para casos de vacancia, ausencia o enfermedad, a Eduardo Calvo Rojas, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Según ha podido saber elDiario.es de fuentes jurídicas, el nombramiento fue propuesto por la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y votaron en contra los vocales progresistas Ángel Arozamena e Inés Herrero.

Arrieta fue nombrado magistrado de la Sala Segunda del Supremo en 1998, con 43 años, convirtiéndose en el juez más joven en acceder al alto tribunal. En los últimos meses ha sido especialmente conocido por haber presidido los tribunales que condenaron al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de la confesión de la pareja de Ayuso y, más recientemente, el que condenó a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el marco del caso Mascarillas. Además, ha formado parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas de Gürtel y del que le absolvió por investigar las fosas del franquismo.

“Si Feijóo no existiera habría que inventarlo” es la frase que más se escuchaba esta semana entre ministros y dirigentes del PSOE. No en vano, el líder del PP ha encadenado una polémica sobre la llamada ley de nietos, otra sobre el absentismo laboral, un tropiezo parlamentario en materia de dependencia y la sombra de una ley autonómica —la del concebido no nacido— en Madrid que el Gobierno ha utilizado como munición para presentar a una derecha regresiva en derechos sociales y de la mujer.

El propio Pedro Sánchez resumió la escena con el siguiente tuit en X:

La habilidad con la que el líder del PP se pega tiros en el pie cuanto mayor es el desgaste del Gobierno empieza a ser un clamor entre los populares, más allá del clan de los gallegos que protege en Génova a Feijóo. Tanto que los medios y opinadores habitualmente dispuestos a justificar cualquiera de sus tropiezos han tenido estos días serias dificultades para defender la propuesta del aspirante a ocupar La Moncloa de que los enfermos de baja laboral cobren menos. Si hay o no una estrategia coordinada para horadar de nuevo un liderato que no termina de cuajar es una incógnita aun sin despejar, pero que corre por los mentideros de Madrid como la pólvora.

Lo cierto es que los patinazos de Feijóo no cesan y el regodeo de los socialistas es indisimulable, lo que no significa que entre sus filas no exista preocupación por lo propio. Esto es un tórrido julio judicial que deje al Gobierno en situación crítica antes del periodo vacacional. De hecho, Pedro Sánchez regresa a La Moncloa tras la cumbre de la OTAN en Ankara y un breve paréntesis familiar en Londres para encontrarse con un tablero judicial más complicado que el que dejó a comienzos de la semana, después de la imputación del que fuera su primer jefe de gabinete en el PSOE y expresidente de Correos, Juanma Serrano, en el marco de la investigación sobre Leire Díez. El juez Pedraz ha dado vía libre a la UCO para que clone y examine su móvil en busca de indicios de su participación en la trama investigada y cita como testigos a dos trabajadoras del PSOE.

Durante la próxima semana se concentran, casi sin margen para respirar, media docena de citas judiciales que afectan directamente al entorno familiar de Sánchez y al llamado caso Leire que la derecha pretende sin éxito convertir en la Kitchen del PSOE. Todo cuando el Congreso se dispone a certificar su rechazo al techo de gasto, paso previo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Con todo, la sensación en La Moncloa es que los ciudadanos saben distinguir perfectamente “entre lo que es un caso de corrupción y lo que esconde una ofensiva implacable de un sector del poder judicial contra el Gobierno”.

La sensación responde a los datos cualitativos que manejan en el PSOE, pero también a las últimas encuestas publicadas por varios medios que cuestionan la imparcialidad de los jueces e identifican una clara persecución al Gobierno en algunos autos judiciales.

El lunes 13, el magistrado Santiago Pedraz tomará declaración a José Aníbal Álvarez García, ex abogado de José Luis Ábalos para esclarecer el origen del pago de los honorarios de la defensa del exministro y saber si se costearon para monitorizar la causa judicial y comprar el silencio de quien fuera número dos del PSOE.

El martes 14 declarará Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, en calidad de imputada, ante el mismo juez de la Audiencia Nacional que investiga el llamado caso Leire. La citación responde a la sospecha de que pudiera actuar para desactivar las causas que afectan al PSOE, después de que la empresaria Carmen Pano la acusara de un presunto soborno al ofrecerle dinero a cambio de silencio, algo que la letrada no solo niega, sino que sostiene que fue justo al revés. Es decir, que Pano le pidió ese dinero a cambio de no perjudicar a los socialistas.

El miércoles 15 será el turno de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que declarará como testigo ante Pedraz después de que la UCO descubriera una conversación de WhatsApp fechada el 24 de abril de 2024 entre Narbona y la exmilitante socialista Leire Díez coincidiendo con el día en el que Sánchez publicó su 'Carta a la ciudadanía' tras la imputación de su esposa.

El jueves 16 están citados la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, en calidad de investigados, después de que Pedraz respaldase las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia también dentro del 'caso Leire Díez'. La investigación defiende que ambos cedieron a las presiones de la exmilitante del PSOE Leire Díez para abrir expedientes disciplinarios o informaciones reservadas contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) con el fin de frenar y torpedear las causas de corrupción que afectan a los socialistas. Procedimientos todos ellos que siguen abiertos.

Y todo esto en la misma semana en la que el Gobierno espera otras dos decisiones judiciales de impacto. La primera, que la Audiencia Provincial de Badajoz dicte sentencia sobre el caso del hermano del presidente del Gobierno por haber ocupado una plaza de libre designación en la Diputación como director de conservatorio con un currículum más que acreditado para el cargo y sin que nadie hubiera presentado alegación en siete años. Y, la segunda, que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos contra la decisión del juez Peinado de seguir la causa contra Begoña Gómez por el procedimiento del tribunal del jurado, algo que marcará inevitablemente el futuro judicial de la esposa del presidente. Durante los más de dos años que ya dura la investigación, tres de los cinco jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Y por si fuera poco la derecha mediática ya ha empezado a circular la idea de una pronta citación del presidente del Gobierno como testigo para declarar en el caso Leire, algo que los servicios jurídicos del partido no esperan ni en el corto ni en el medio plazo.

Llegar de una pieza a agosto

Pedro Sánchez mantiene, en todo caso, una agenda al margen de la judicial con la que las derechas buscan situar al Gobierno contra las cuerdas, presionar a los socios parlamentarios para que apoyen una moción de censura y lograr que el presidente no llegue al otoño. Ni PNV ni Junts están por la labor, de momento, mientras en la Moncloa se recrean con la semana horribilis de un Feijóo “que no tiene más proyecto que el antisanchismo” y de quien “ya es muy difícil ocultar tanto su inconsistencia como su disposición a recortar derechos”.

Son palabras de un miembro del Gabinete de Sánchez que percibe “hartazgo” entre la ciudadanía “porque sean los jueces quienes marquen la agenda pública”. Comparte con él la reflexión otra persona del equipo del presidente convencida de que “la agenda judicial empieza a no afectar al Gobierno, a pesar del ruido mediático”. En parte, añade un ministro, por “la falta de imparcialidad de algunos jueces” que, en su opinión, si siguen tomando decisiones “arbitrarias e ideologizadas” acabarán dando la victoria a la izquierda en las elecciones de 2027. “La realidad [aventuran desde La Moncloa] acabará imponiéndose y nos dará la razón, aunque sabemos que la derecha en coordinación con su batería mediática no nos darán tregua”. Esto último es la única certeza junto a la fragilidad de la mayoría de investidura y un calendario judicial que marca de facto el ritmo informativo y el desgaste de la legislatura.

Con julio llegando a su ecuador, en Ferraz y en La Moncloa ya solo aspiran a llegar de una pieza a las vacaciones judiciales de agosto, conscientes de que septiembre, con la vuelta de los tribunales y una votación presupuestaria en el horizonte, promete no ser mucho más tranquilo.

Una democracia sana no puede permitirse un poder judicial bajo sospecha y, sin embargo, el nuestro lo está. De hecho, un 60% de los españoles está convencido de que hay jueces que hacen política y políticos que tratan de hacer justicia. El dato es de un reciente sondeo de Ipsos que dibuja una ciudadanía descreída de la imparcialidad de la justicia, más allá de sus preferencias ideológicas. Así lo cree el 80% de los votantes del PSOE o Sumar, pero también el 41% de los del PP y el 55% de los de Vox. Parecidas conclusiones aparecen en otro trabajo de 40dB, en el que solo el 32% de los encuestados cree que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales mientras que seis de cada diez considera que en España hay lawfare.

El retrato es demoledor, si bien los guardianes de la pureza ética y periodística creen sospechosa la publicación de dos sondeos en sendos medios de comunicación el mismo día. Una boutade más de los creadores de las realidades paralelas y de quienes, a falta de consistencia política, han convertido a los togados en protagonistas de la conversación pública y delegado en ellos la verdadera oposición al Gobierno. A falta de votos, bienvenidas sean las togas.

Guste o no, la venda que cubre los ojos de la Justicia ha caído en el lodazal del debate partidista y algunas togas están bajo sospecha. No todas, claro. Son unas cuantas solo de las más de 5.000 que se visten en España las que han asumido como propio el lenguaje de las trincheras, dictado resoluciones más políticas que jurídicas, jugado con los tiempos y hasta acuñado un nuevo sujeto penal -el entorno- para condenar a alguien sin pruebas que acrediten su culpabilidad en un proceso. Ha pasado con el ex fiscal general del Estado, pasará pronto con el hermano del presidente del gobierno a quien sentaron en el banquillo por “un chascarrillo” y volverá a suceder con Begoña Gómez.

El maltrato político y judicial al que se ha sometido a la esposa de Pedro Sánchez no tiene analogía en 50 años de democracia. El pasado 20 de junio, el juez Juan Carlos Peinado firmó el auto que las derechas política y mediática daban por hecho desde hacía meses: la apertura de juicio oral con jurado popular contra la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le obligó a comparecer en el juzgado cada quince días.

Pocos casos judiciales condensan mejor el tsunami de desconfianza que sacude a la justicia y pocos sirven mejor para ilustrar por qué ese escepticismo no admite lecturas simples si se repasa fríamente la realidad de los hechos. La denuncia original partió del sindicato ultraderechista Manos Limpias y se construyó con recortes de prensa, no con documentación acreditada, Incluso una de las noticias resultó ser falsa porque atribuyó a Gómez una subvención que en realidad correspondía a otra persona.

Contra la jurisprudencia que prohíbe admitir denuncias basadas solo en recortes de prensa, el instructor siguió adelante con el caso, pese a que el primer informe de la Unidad Central Operativa concluyó que no había delito. La investigación empezó con el rescate de Air Europa, saltó después al empresario Juan Carlos Barrabés, luego a la Universidad Complutense… La acusación ha cambiado de objeto sobre la marcha, sin un hecho fijo que investigar, según ha denunciado en varias ocasiones la defensa de Gómez, que cuando pidió que se concretara el motivo de las pesquisas recibió como respuesta que se investigaba a su representada por ser la mujer del presidente del Gobierno.

El entorno de Gómez se ha quejado en reiteradas ocasiones que el juzgado filtra sus decisiones a la prensa y, después, las comunica a las partes de tal forma que la instrucción se ventila en los periódicos antes que en los tribunales. También de que la esposa del presidente tuviera que declarar en el juzgado sin saber de qué se le acusaba y se le obligara a leerse el sumario en un pasillo.

A lo largo de casi dos años de instrucción han pasado por sede judicial alrededor de 53 personas, entre ellas el presidente del Gobierno, el ministro de la Presidencia, el rector de la Universidad Complutense, directivos de Google, Telefónica, Indra, IE University, fundaciones colaboradoras de la cátedra que Gómez dirigió y numerosos responsables académicos y empresariales.

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado varias decisiones del juez; revocado las imputaciones al rector de la Complutense y al empresario Juan Carlos Barrabés por falta de indicios suficientes; criticado la amplitud y la falta de concreción de la instrucción y tumbado la decisión de convertir la causa en un procedimiento ante jurado popular por no justificar qué conductas concretas lo exigían. Hasta en 19 ocasiones ha sido corregido por una instancia superior y en varias, por vulneración de derechos fundamentales en el proceso. Esto además de que Tribunal Supremo, por su parte, rechazara la imputación al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al no hallar indicios de delito, después de que el propio Peinado lo señalara por falso testimonio y malversación.

Y ahora Peinado, como colofón a su estrambótica instrucción, se marcha de vacaciones y deja a un sustituto la decisión de si permite a la esposa de Pedro Sánchez viajar este martes primero a Turquía a la cumbre de la OTAN a la que ha sido invitada oficialmente y, luego, a Londres a la graduación de su hija. Así fue solicitado por su defensa hace una semana, después de entregar el pasaporte ante el juzgado. Y en una decisión más exótica que jurídica, unas horas antes de tener que volar rumbo a Ankara, el interino le prohibía el traslado a Turquía porque “no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea”, pero le permitía volar a Reino Unido. Cosas veredes...

Lo grave para la malhadada credibilidad de la justicia y para la democracía ya no es tanto la autorización para que viaje o no, sino que, visto el recorrido del caso, hay dudas razonables sobre si Gómez se sentará en su momento ante un tribunal que falle conforme a derecho o al color político del banquillo. Lo que revelan los sondeos publicados no es más que la consecuencia lógica a que haya togados dispuestos a convertir cada auto en una trinchera. Así es como se extiende cada vez más la sospecha de que algunas sentencias pueden estar escritas antes incluso de que empiecen los juicios.

Los silencios forman parte de la partitura, dicen los músicos; hay silencios temidos, eso oí un día decir a un torero de los silencios de la Maestranza; otros invitan a la duda e inquietan, los interminables de Jesús Quintero; otros no se explican: los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En las últimas controversias judiciales, procesales, casos Begoña Gómez o José Luis Rodríguez Zapatero, no extraña el silencio concejil por ser el modo. En realidad, dicen los que saben, el CGPJ no tiene nada que decir y menos que hacer, así es la rosa. Y ello porque no se ha perturbado o inquietado a ningún juez en su independencia, será por eso que sus competencias no lo exigen. En realidad, sin embargo, no solo pueden ser perturbados los jueces, y es normal que en esos casos se actúe, es que los jueces pueden también perturbar e incluso estar perturbados, y no parece normal que en esos otros casos no se actúe.

Igual entre Manuel Marchena, magistrado dolido por las críticas, e Isabel Perelló, pueden echar una manita, que dicen las encuestas que la mayoría de los españoles creen que hay lawfare en España y que la justicia está por los suelos en aprecio popular. Popular de gente, populus, que no de Partido Popular.

De las cuestiones disciplinarías mejor no hablar, incluso se han esgrimido vacíos legales para no exigir a los jueces que, al menos, garanticen a los justiciables el respeto de sus derechos constitucionales

Hay una amplia y difundida opinión sobre que ciertos jueces van a escape. Los que nos exigen, con razón, cumplir la ley parecen no encontrar ley que cumplir que les afecte, un deterioro de la función jurisdiccional que no parece conmover ni activar al máximo órgano de gobierno de los jueces. De las cuestiones disciplinarías mejor no hablar, incluso se han esgrimido vacíos legales para no exigir a los jueces que, al menos, garanticen a los justiciables el respeto de sus derechos constitucionales.

En la separación de poderes no hay amparo similar a la bizarra protección frente a perturbaciones que ejerce el CGPJ, con su mero silencio, al que deberían tener los miembros del poder ejecutivo, del que dicen querer protegerse, ni del poder legislativo. Podríamos recordar a Montesquieu, quien advertía en su obra cumbre, El espíritu de las leyes, precisamente, que había que protegerse de los jueces si queríamos, como queremos, un equilibrio entre los tres poderes.

Por recordar, también, aquella algazara callejera de jueces con sus vestimentas ceremoniales contra el poder legislativo y el ejecutivo, que había ejercido la iniciática legislativa, contra la ley de la amnistía, que el CGPJ ignoró.

Y eso que fue un ejerció llamativo y florido de poder, huelga cobardemente encubierta, y manifestación con sus ropones, togas pullas, quizá en señal de luto por la división de poderes, para que, al menos, simbólicamente quedara noticia de su reto y poder. Una prenda con la que no se puede correr por ajustada. En otros tiempos íbamos a nuestras cosas con botines y sin tacones porque siempre había que correr. En esta civilizada manifestación a toga suelta se sabía que no se correría, que no habría exceso policial, ni empellones proporcionados ni acaso un manguerazo. 

La foto de la insumisión de los jueces contra la ley de amnistía no es una foto cualquiera, es la prueba gráfica de una manera soberbia y arrogante de creerse el centro del sistema democrático

Pobres legisladores, cómo fueron zarandeados a las puertas de la soberanía nacional, pobres ministros y presidente, cómo son insultados por ciertos jueces. Ni la ineficaz presidencia del Congreso ni el ministro de Justicia empatan con el CGPJ a la hora de contener a los perturbadores.

Lo que resalto es la distancia cada día mayor de la justicia y el pueblo, del que trae fundamento y legalidad, no por inspiración etérea sino a través de la voluntad popular expresada en leyes emanadas del Parlamento, el poder legislativo.

Ahora que, hasta el PP, o al menos su presidente Núñez Feijóo, dice que lo de Catalunya, su procés y su amnistía, son pelillos a la mar, qué van a decir los jueces que con tanto brío se apuntaron a lo que fuera menester. 

La foto de la insumisión de los jueces contra la ley de amnistía no es una foto cualquiera, es la prueba gráfica de una manera soberbia y arrogante de creerse el centro del sistema democrático. Aquellas expresiones, aquellas sentencias, aquellas bravatas a las claras o de jueces embozados en el anonimato son para la historia. Silencio que ahora atruena entre lamentos corporativos sin que haya un lugar para cobijarse de la tormenta.

Los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial —José Eduardo Martínez Mediavilla, Isabel Revuelta, Carlos Orga y Alejandro Abascal— que han rechazado este lunes poner en marcha un expediente al juez Peinado por insinuar que la Policía que ejerce las labores de escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga han emitido un voto particular para explicar su decisión.

Los cuatro consideran que a través de esas expresiones, el magistrado “está explicando los motivos por los que él entiende que procede su decisión de adoptar medidas cautelares”. Esa decisión es “estrictamente jurisdiccional y revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos”, es decir, opinan que debe ser la Audiencia Provincial de Madrid la que decida si hay una “eventual ausencia, insuficiencia o desacierto” en la motivación de las medidas cautelares.

“Ese juicio revisor no es competencia del Consejo General del Poder Judicial por vía disciplinaria”, continúan, por lo que cualquier actuación “supondría inmiscuirse ilegítimamente en las competencias que únicamente corresponden a la Audiencia Provincial de Madrid en vía de recurso”. “Afecta a los principios constitucionales de exclusividad de la jurisdicción y de independencia judicial”, añaden.

La decisión ahora está en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria tras salir adelante con el voto de Carlos Hugo Preciado, Bernardo Fernández, Argelia Queralt y la presidenta, Isabel Perelló, que ejerce la presidencia y tiene voto de calidad.