Medio centenar de vecinos de las pedanías murcianas de Javalí Nuevo y Javalí Viejo han paralizado temporalmente el cierre del camino que quedará para uso exclusivo de una empresa armamentística de la zona, Rheinmetall-Expal. Los vecinos han perdido su conexión peatonal después de que el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Murcia ordenasen de forma unilateral el cierre “por motivos de seguridad ciudadana y defensa nacional”.

Lo que comenzó como un encuentro entre vecinos con medios de comunicación fue escalando hasta convertirse en una concentración improvisada en la que, al grito de “¡obra ilegal!”, vecinos de todas las edades han comenzado a zarandear el vallado, para después retirarlo de forma definitiva.

“¿Dónde está la licencia de obra? Solo tienen permiso para un vallado y están abriendo un socavón para construir un muro”, denuncia José Francisco Navarro, expedáneo de Javalí Viejo y uno de los portavoces de la plataforma vecinal. El decreto por el que el consistorio murciano autoriza a Rheinmetall el corte del camino autoriza, concretamente, “la ocupación de la vía pública para la instalación de vallado y puertas para limitación de acceso a la fábrica de pólvora”. Este medio ha preguntado al Ayuntamiento sobre la existencia o no de una licencia de obra, sin éxito.

“Tengo que ir a Javalí Nuevo porque mi hermana está empotrada en una cama, desde que se cortó el camino no puedo ir a cuidarla”, lamenta Josefa, una vecina de 74 años de Javalí Viejo, al tiempo que señala que no existe transporte público que comunique de forma directa ambas pedanías: “Te llevan a Alcantarilla [un municipio colindante] y de allí a Javalí Nuevo”.

La petición de clausura de este camino fue ratificada por el Ministerio de Defensa, que encomendó al Ayuntamiento de Murcia su puesta en marcha. El cierre, tal y como denuncia la alcaldesa pedánea de Javalí Nuevo, María Jesús Barquero, se hizo a espaldas de las dos poblaciones: “Se lo han comunicado a la Junta de Hacendados, a Bomberos, a Patrimonio, a Tráfico y a una asociación de regantes. Pero no han avisado a las dos pedanías afectadas”.

Un quebradero de cabeza no solo para la población local, también para los regantes. “Debajo del camino pasa la acequia de Churra la Nueva y la de La Aljufía. El tablacho de riego sale por la portería de la fábrica y pasa por debajo, ¿nos van a dejar entrar a abrir la llave de riego cada vez que necesitemos agua?”, señala Pedro Antonio, propietario de una parcela.

Una hora antes de lo sucedido, en una plaza de Javalí Viejo, los vecinos han comenzado a recoger las primeras firmas en contra del cierre del camino: “Queremos ejercer un poco de presión al Ayuntamiento. No pueden dar permisos [de cortar la vía] sin contar con la gente del pueblo”, explica Antonio, residente de la pedanía, hoja de firmas en mano.

Mientras el camino permanece cerrado, la única vía alternativa para los vecinos es una estrecha carretera de doble sentido y sin arcén, que añade un par de kilómetros al recorrido original: “Vengo todos los días a trabajar, a dar gerontogimnasia a los vecinos. Antes cruzaba la servidumbre y llegaba en un momento, pero ahora tengo que ir por la carretera con coches pasándome al lado a 70 kilómetros por hora”, señala Natalia, otra afectada.

Una alternativa podría tardar más de un año en llegar, tal y como señala el propio decreto del Ayuntamiento: “En el plazo máximo de doce meses desde la notificación de la autorización, el promotor deberá presentar ante el Ayuntamiento la correspondiente solicitud para la tramitación del proyecto del itinerario peatonal alternativo comprometido”.

“Rheinmetall se ha comprometido a promover y habilitar este itinerario alternativo, cuyo trazado previsto discurrirá por el perímetro de las instalaciones e incluirá una acera dotada de iluminación. La empresa asumirá íntegramente la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y su financiación”, han detallado desde el consistorio murciano.

600 puestos de trabajo

Desde el Ayuntamiento de Murcia aseguran que el cierre del camino de servidumbre viene motivado por una ampliación de las instalaciones de la fábrica: “La ampliación de la capacidad industrial implica la puesta en marcha de nuevas instalaciones y la definición de nuevas zonas de seguridad. Estas nuevas necesidades hacen necesario comunicar directamente los dos recintos de la fábrica, actualmente separados por un camino abierto al tránsito peatonal”.

“El crecimiento previsto de la fábrica permitirá además incrementar de forma importante su actividad y empleo. Actualmente, trabajan en estas instalaciones alrededor de 400 personas y la ampliación prevista permitirá alcanzar cerca de 1.000 trabajadores en los próximos tres años, lo que supone la previsión de cerca de 600 nuevos empleos que contribuirán a dinamizar la economía de Javalí Viejo y de su entorno”, adelantan desde el consistorio.

Una convivencia incómoda

Existen registros de la pedanía de Javalí Viejo desde finales del siglo XIII, y los primeros documentos de la Fábrica de la Pólvora no aparecen hasta mediados del siglo XVIII. El camino de paso, entonces, era a través de una barca, puesto que aún no se habían soterrado las acequias que separaban ambos municipios. Pero el recorrido fue el mismo, incluso cuando se instaló más tarde el histórico camino de servidumbre que ahora corta el complejo.

Ya en la Guerra Civil, la Fábrica de la Pólvora sufrió una serie de bombardeos, pero no fue hasta los años 70 cuando se comenzó a considerar apartar a las instalaciones de la población local. Un proyecto por el que el Ministerio de Defensa llegó a adquirir unos terrenos para efectuar el traslado, pero que se truncó tras el descenso de la producción de la pólvora, y lo que entonces se pensaba que sería el cierre de la Fábrica.

La historia reciente entre las dos poblaciones murcianas y la armamentística ha estado marcada por los ruidos, los olores intensos y los accidentes laborales. El pasado año una deflagración en las instalaciones del complejo provocó la muerte de un trabajador y dejó varios heridos. Entonces fuentes consultadas de UGT muy próximas a los delegados sindicales de la fábrica aseguraron que estaba operaba con “una elevada carga de trabajo” y “a un ritmo fuerte”. “El volumen de actividad y producción que llevaban”, detallaron las fuentes sindicales, “era alto desde hace mucho tiempo, y se había convertido en algo normal”.

“Soportamos cuando hay pruebas de pólvora, una vez al mes pegan cañonazos enormes. Si la detonación es pequeña te molesta en el oído, pero cuando es un obús te deja sordo unos cuatro o cinco segundos”, detalla el antiguo pedáneo.

“Estamos acostumbrados a lidiar con esto. Ya desde pequeño, estando en clase, recuerdo como temblaban los cristales de las ventanas cada vez que hacían una prueba”, describe Samuel, un joven residente en Javalí Viejo.

Pero el ruido de la fábrica, para los vecinos que viven pared con pared, es “incesante”: “Ahora fabrican también por la noche, es como el motor de un avión. Nos está resultando imposible dormir”, describe una vecina que vive a escasos metros y prefiere no identificarse.

A esto hay que sumarle los fuertes olores que emanan del complejo al anochecer, y que se extienden por todo el complejo: “Volviendo de hablar con el director de la fábrica sobre el cierre del camino de servidumbre tuve que subir las ventanillas del coche por el olor a éter, que me hacía toser. Y así siempre”, explica la alcaldesa pedánea.

Dudas sobre uso de tecnología israelí

Un informe del Centre Delàs que publicó el pasado mes de marzo elDiario.es analiza la aplicación del Real Decreto-ley aprobado en septiembre de 2025 para limitar las relaciones armamentísticas con Israel. El estudio concluye que la norma no ha supuesto el fin de estos vínculos y señala que continúan vigentes contratos con empresas de la industria militar israelí por un valor cercano a 1.200 millones de euros, entre ellos los relativos a los misiles Spike LR2 y al sistema SILAM (Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad).

El informe 'Opacidad y desinformación en las relaciones armamentísticas entre España e Israel' apunta que el contrato del SILAM, valorado en cerca de 700 millones de euros y adjudicado al consorcio Escribano y Rheinmetall-Expal, plantea dudas sobre el uso de tecnología israelí. Aunque las empresas encargadas del proyecto han propuesto una alternativa nacional para sustituir los componentes de la empresa israelí de tecnología militar y defensa Elbit Systems, el Centre Delàs reclama al Ministerio de Defensa que aclare si esa tecnología podría seguir incorporándose de forma indirecta a través de la filial alemana de Elbit o del programa EuroPULS.

Desde su aeródromo en la provincia de Girona, Pere todavía se pregunta cómo un instructor de vuelo como él acabó envuelto en un entramado que se utilizó para mandar a Rusia tecnología militar valorada en cientos de millones de euros. 

“Fue una encerrona rarísima que no entiendo ni nunca entenderé”, señala este hombre de 61 años. 

Insiste en que nunca imaginó que la empresa de Hong Kong que dirigió durante más de seis años formaba parte del engranaje ruso para evitar las sanciones internacionales y mantener el flujo de tecnología militar hacia Moscú.

“Tengo la sensación de que me han utilizado”, apunta en conversación con elDiario.es, en la primera entrevista que ofrece sobre lo que ocurrió. “He sido un hombre de paja, un testaferro, una diana en caso de que tocara disparar a alguien”.

La compañía que dirigió este catalán, llamada Pixel Devices, fue sancionada el pasado 23 de julio por el Consejo de la Unión Europea por formar parte del “complejo militar e industrial ruso”, tener vínculos comerciales con este o “contribuir indirectamente” a eludir las sanciones de la UE sobre “tecnología relevante” para el “sector de defensa del Kremlin”.

Dos años antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a la empresa en su lista de compañías sancionadas. La administración estadounidense afirmó que Pixel Devices envió a Rusia productos electrónicos con uso militar por al menos 210 millones de dólares desde abril de 2022.

“Yo pregunté qué se estaba haciendo y me dijeron que suministrábamos material a cadenas comerciales tipo Mediamarkt en distintos territorios del mundo”, sostiene. “Si llego a sospechar lo más mínimo no me habría metido”.

La administración estadounidense cree que la empresa que dirigía Pere envió semiconductores y productos electrónicos de doble uso — artículos que pueden tener tanto un uso civil como militar— desde su sede en Hong Kong a una compañía rusa llamada Compliga.

Compliga, según publicó la agencia Reuters, es un proveedor de productos y equipos informáticos que importaba todos sus productos de la compañía dirigida por Pere, hasta el punto de ser su principal cliente.

¿Quién le daba instrucciones mientras estuvo al frente de la empresa? ¿En qué momento y cómo le ofrecieron el trabajo? 

No es fácil arrancarle información a Pere, que en un primer momento declinó participar en este artículo. “No quiero remover la mierda”, afirmó. 

Finalmente, accede a responder a su manera. Se va por las ramas, explica anécdotas personales de hace dos décadas y, de vez en cuando, concede algunos detalles sobre el caso en medio de largas digresiones sobre geopolítica.

“Me pareció una buena oportunidad”

“Me pareció una buena oportunidad, en 2018 no había guerra en Ucrania”, sostiene, obviando que el conflicto había empezado realmente en 2014 con la invasión rusa de Crimea. “Yo estaba picando piedra día y noche [en el aeródromo] y no me salían las cuentas”.

Explica, sin precisar demasiado, que fueron clientes del aeródromo quienes le pusieron en contacto con las personas que le hicieron la oferta laboral.

“Por conocidos de conocidos, amigos de conocidos y conocidos de amigos se me propuso un negocio que parecía interesante”, rememora. Añade que su aeródromo queda cerca de un municipio catalán con gran presencia de rusos.

Según el registro mercantil de Hong Kong, Pixel Devices fue fundada por una compañía en manos de un ciudadano ruso llamado Kirill Nosov. En el registro aparece que Pixel Devices está controlada por otra sociedad de Singapur, llamada Asia Global Neolink, propiedad a su vez de otra empresa radicada en las Islas Seychelles.

Pere, sin embargo, no solo dirigió Pixel Devices, sino que también figura en el registro mercantil de Singapur como director de la mencionada matriz, Asia Global Neolink, entre 2018 y 2024, antes de ser sustituido por un ciudadano indio al frente de esta sociedad.

“Yo iba y volvía de Hong Kong”, prosigue Pere. “Visitaba las cosas que se debían visitar, alguna reunión, alguna cosita y ya está”, añade al ser preguntado por su función dentro de la empresa. “Tenía relación básicamente con gente local”, sostiene.

El instructor de vuelo afirma que, tras las sanciones impuestas por EEUU en mayo de 2024 y la congelación de sus cuentas bancarias, él se desvinculó de la empresa y su trabajó consistió en “gestionar la retirada” e intentar recuperar para Pixel Devices los impuestos que se habían abonado por avanzado. 

Es cierto que la salida de Pere de la matriz de Singapur coincide con las sanciones de la administración de Joe Biden, pero el piloto catalán se mantuvo como director de Pixel Devices hasta su disolución, en enero de 2026, seis meses antes de que fuera sancionada por la UE y casi dos años más tarde de que lo hiciera EEUU.

La pista rusa de Pixel Devices llega incluso hasta su web, registrada por una compañía de servicios online de San Petersburgo. La página de la empresa que dirigió Pere ha sido eliminada de los servidores, pero en versiones antiguas se puede comprobar a qué se dedicaba y a quién se dirigía la empresa.

Pixel Devices vendía equipos electrónicos y de comunicación: sensores para monitorizar instalaciones a distancia, sistemas de posicionamiento, radioenlaces y piezas para fabricar aparatos de radio y microondas.

Varias de estas líneas de producto —sobre todo los sistemas de posicionamiento y los componentes electrónicos— se ofrecían explícitamente en la web al sector militar y aeroespacial.

¿Fue Pere engañado y no tenía ni idea de nada? ¿Se olía algo raro y no quiso preguntar? ¿O directamente era consciente de todo pero prefirió mirar hacia otro lado y ganar dinero?

El relato que ofrece es el de una persona a la que le tomaron el pelo, pero no quiere revelar quién le engañó. “Hay gente a la que se le calienta la sangre”, responde. “La cola no sabes hasta dónde puede llegar y si revelarlo sería muy beneficioso para mi salud e integridad física”.

Al preguntarle si ha pedido explicaciones a las personas que supuestamente le metieron en este lío, el instructor de vuelo responde que no. “Ya somos todos mayorcitos”, señala.

“No he pedido explicaciones a nadie ni he querido tirar del hilo”, concluye. “No quiero saber ni dónde acaba ni dónde empieza todo esto”.

Hace unos meses, Naciones Unidas llamó a 40 grandes expertos internacionales. Quería encomendarles la misión de ser el comité independiente que asesorara al mundo sobre una de las grandes incertidumbres de este siglo: la inteligencia artificial.

El panel está liderado por el canadiense Yoshua Bengio, considerado uno de los “padres” de la IA y ganador del premio Turing (el Nobel de la informática), y la filipina Maria Ressa, premio Nobel de la Paz. El grupo publicó en julio su primer informe preliminar, en el que reconoce el peligro sobre “perder el control” sobre esta tecnología, pero también sobre la opacidad con la que se está desarrollando o su capacidad para aumentar las desigualdades.

Mark Coeckelbergh (1975, Lovaina, Bélgica), profesor en la Universidad de Viena y uno de los filósofos de la tecnología más reputados del mundo, es otro de sus miembros. Su presencia era importante porque, quizá por primera vez en la historia, las narrativas sobre lo que podría hacer una máquina son tan importantes como lo que puede hacer realmente esa máquina.

“Hay un pensamiento marcadamente catastrofista y apocalíptico, la idea de que llegará un momento en el que todo saltará por los aires y la IA tomará el control. Ese discurso es en sí mismo un problema, y quizá mayor que las limitaciones técnicas actuales del software”, advierte Coeckelbergh en esta entrevista, realizada durante el Festival de las Ideas de Madrid.

Solemos pensar que somos nosotros quienes manejamos los dispositivos, pero ¿hasta qué punto es la tecnología la que nos maneja a nosotros?

Tendemos a ver la tecnología como una herramienta, como un simple instrumento que utilizamos, pero la tecnología también hace muchas cosas con nosotros. Parte de esto tiene que ver con el cuerpo: cuando usamos el móvil, por ejemplo, nos obliga a caminar de una determinada manera, a adoptar cierta postura o a mover los dedos de una forma muy concreta. He escrito sobre esto planteando que la tecnología también nos “coreografía”. Muchos filósofos solo piensan en la mente y el cuerpo de forma estática, pero en nuestras vidas hay una dimensión cinética. No solo somos seres corpóreos, sino seres en movimiento, y la tecnología moldea cómo nos movemos. En ese sentido, nos coreografía.

En nuestra existencia hay una cierta dimensión cíborg: tenemos una base orgánica y biológica, pero en el día a día ya estamos plenamente entrelazados con lo tecnológico.

Esto me parece relevante porque solemos pensar que las tecnologías digitales son algo ajeno al cuerpo, separado del mundo físico. Establecemos una frontera muy tajante entre lo vivo y natural, por un lado, y lo cultural y artificial, por el otro, cuando en realidad siempre están conectados. En nuestra existencia hay una cierta dimensión cíborg: tenemos una base orgánica y biológica, pero en el día a día ya estamos plenamente entrelazados con lo tecnológico.

¿Qué implica que nuestra relación con el mundo esté mediada por una pantalla plana?

No se trata de la pantalla en sí, sino de todo lo que posibilita y de los límites que impone a nuestra forma de movernos por el mundo. Caminar por Madrid sin Google Maps mientras conversas con alguien es una experiencia completamente distinta a llevar el móvil en la mano y dejar que la aplicación te guíe. Supone otra vivencia e incluso otro tipo de conocimiento: nos movemos de manera diferente y pensamos de manera diferente.

Al final, esto altera nuestros propósitos. Creemos que el móvil es un simple instrumento, pero en el primer caso el fin es la conversación o el vínculo con la otra persona y con el entorno; en cambio, si nos limitamos a mirar la pantalla y seguir sus indicaciones, nos convertimos, por así decirlo, en el cursor: en aquello que se desplaza a través del mapa.

Por eso es fundamental plantearnos qué tecnologías queremos utilizar y cómo podríamos diseñarlas de otro modo, tal vez buscando una mayor conexión con lo que nos rodea. Tal como están planteadas hoy no creo que sea la dirección adecuada: no contribuyen a los fines ni a los valores que consideramos esenciales como seres humanos.

Hace años predominaba una visión optimista sobre el impacto democratizador de la tecnología, pero hoy parece alejarse de nuestros fines humanos. ¿Podemos mantener el optimismo sobre el desarrollo de la inteligencia artificial como una herramienta para extender nuestro cuerpo?

No me parece mal usar la tecnología para extender el cuerpo, pero la cuestión es qué pretendemos lograr con ello. En estos momentos existe dentro del propio sector tecnológico una corriente que más bien niega el cuerpo, que busca escapar de él. Esto enlaza con una pulsión más amplia: una suerte de huida de la Tierra y de nuestra condición terrenal y física; un intento de eludir esa vulnerabilidad que, paradójicamente, es la que hace posible nuestra propia humanidad y los valores que apreciamos.

En estos momentos existe dentro del propio sector tecnológico una corriente que niega el cuerpo, que busca escapar de él

Creo que debemos hacer frente a esta deriva de la industria y resistirnos a ella. Es necesario plantearnos cómo garantizar un desarrollo técnico que amplíe el cuerpo y la mente sin alienarnos de la naturaleza, reconociendo que siempre existen límites y que no podemos empujarlos indefinidamente.

Ha habido un gran debate sobre la tecnología en las aulas tras la publicación de los resultados del informe PISA, por su impacto en la atención y el rendimiento escolar. Hay voces que defienden que habría que sacar completamente las pantallas de las aulas, ¿está de acuerdo?

No lo tengo tan claro. Por supuesto que existe un problema y, en general, debemos asegurarnos de que el desarrollo de tecnologías inteligentes no nos vuelva más estúpidos. El problema radica tanto en las herramientas en sí como en el modo en que las utilizamos. Con la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje (LLM), por ejemplo, puedes pedirles que te escriban un trabajo entero, pero también puedes utilizarlos como un asistente, sin que lleguen a sustituir tus propias competencias ni tu pensamiento.

Por supuesto que existe un problema [en las aulas] y en general, debemos asegurarnos de que el desarrollo de tecnologías inteligentes no nos vuelva más estúpidos

Por eso creo que lo fundamental es, por un lado, garantizar el espacio necesario para entrenar esas capacidades en las aulas a todos los niveles (incluida la universidad, que también se está viendo muy afectada por esto) y, por otro, enseñar a usar la tecnología con inteligencia: no para reemplazarlo todo, sino para facilitar tareas, fomentando una postura crítica hacia ella.

Para lograrlo es imprescindible formar también a los docentes. Como sociedad nos falta investigación y experiencia sobre cómo gestionar este cambio y definir buenas prácticas educativas e investigadoras con la IA. Estamos solo al principio de ese camino. En el pasado ya ocurrió con otros medios, como la televisión: suscitó muchísima preocupación, pero aprendimos a integrarla y los efectos negativos resultaron ser menores de lo que se temía en un inicio. Creo que con la IA pasará algo similar, pero tenemos que actuar de forma proactiva porque el avance es vertiginoso. Necesitamos repensar de verdad la educación a la luz de estas tecnologías.

Solemos fijarnos en lo que los jóvenes pierden frente a las pantallas, como la capacidad de atención. Pero, ¿podrían estar adquiriendo habilidades que las generaciones anteriores no tenían?

Sin duda se abren oportunidades. Ahora mismo, por ejemplo, estoy escribiendo sobre IA y creatividad, y el debate es idéntico: hay quien afirma que destruye la creatividad y que acabará con el arte. No creo que tenga por qué ser así; podemos utilizarla de forma creativa y pensar en cómo combinar aquello en lo que destaca la IA con los puntos fuertes de los humanos. En ese terreno soy bastante más optimista.

Hay quien afirma que [la IA] destruye la creatividad y que acabará con el arte. No creo que tenga por qué ser así; podemos utilizarla de forma creativa y pensar en cómo combinar aquello en lo que destaca la IA con los puntos fuertes de los humanos

Eso exige que experimentemos, que probemos y que nos fijemos en los artistas que ya la integran de maneras que, además de plantear una mirada crítica sobre sus aspectos negativos, abren nuevas posibilidades. Hoy resulta fascinante poder generar con IA material audiovisual con un impacto inmediato en el mundo y orientado a fines muy positivos. Debemos ser capaces de aprovechar estas oportunidades y ensayar nuevos caminos, por supuesto sin perder de vista los dilemas éticos y políticos.

Usted forma parte del panel de expertos de la ONU sobre los riesgos de la inteligencia artificial. ¿Qué lectura hace de la vorágine de estas últimas dos semanas, tras las advertencias de miembros de la industria de la IA de que está podría "matarnos a todos antes de 2030"?

Es un fenómeno interesante, no tanto por lo que ha ocurrido a nivel técnico, sino por la reacción social y la forma en que lo presenta el propio sector. Desde el punto de vista técnico es indudable que existen problemas con sistemas que no respetan los límites establecidos; de hecho, en el panel de la ONU trabajamos sobre estas cuestiones. Sin embargo, lo que me llama la atención de la narrativa que surge de las grandes tecnológicas es que se plantee como el principio del fin del mundo. Hay un pensamiento marcadamente catastrofista y apocalíptico, la idea de que llegará un momento en el que todo saltará por los aires y la IA tomará el control. Ese discurso es en sí mismo un problema, y quizá mayor que las limitaciones técnicas actuales del software.

El problema radica en que estos líderes presentan la tecnología como si siguiera un camino predestinado ante el cual no podemos intervenir. En mi opinión, responde a una estrategia de marketing para acaparar atención: el mensaje implícito es “mirad lo poderosa que es nuestra tecnología”. Además, si proclamas que el gran peligro reside en tu creación, te reservas también el papel de presentarte como el único capaz de aportar la solución. Lo interpreto como una maniobra para acumular todavía más poder sobre nuestro futuro tecnológico.

Nos encaminamos hacia un escenario donde un puñado de empresas tecnológicas y sus directores ejecutivos concentran cada vez más poder para asegurarse una posición privilegiada

En una democracia esto resulta inaceptable. Deberíamos garantizar que la ciudadanía y los representantes políticos tengan voz y voto en la dirección que toma este desarrollo. No creo en absoluto que nos dirijamos hacia el fin del mundo en un sentido apocalíptico; nos encaminamos hacia un escenario donde un puñado de empresas tecnológicas y sus directores ejecutivos concentran cada vez más poder para asegurarse una posición privilegiada, mientras la inmensa mayoría saldrá perdiendo si no actuamos ya. El verdadero problema es de desigualdad y de justicia: un dilema de fondo para la democracia y para todos nosotros.

¿En qué consiste exactamente esa maniobra para acumular más poder y qué posición buscan ocupar?

Quieren ser ellos quienes decidan sobre la tecnología, pero no solo sobre el desarrollo técnico en sí, sino también sobre su regulación. Para ello se aseguran de tejer buenas conexiones, en este caso con la Administración Trump, y determinar tanto la tecnología como las leyes y su modo de inserción en la sociedad. Del mismo modo, intentan influir sobre la clase política en Europa.

A esto se suma su respaldo al uso militar de la inteligencia artificial. No estamos ante un escenario de ciencia ficción tipo Terminator en el que las máquinas tomen el mando; lo que realmente está ocurriendo es que hay seres humanos decidiendo utilizar la IA para matanzas a gran escala. Y esto es un peligro para todos, porque lo que hace la IA en esos contextos es, por ejemplo, automatizar la selección de objetivos. En lugar de obsesionarnos con si la IA se descontrola, deberíamos poner el foco en las personas que toman la decisión de que sean las máquinas las que maten o las que decidan a quién matar.

En lugar de obsesionarnos con si la IA se descontrola, deberíamos poner el foco en las personas que toman la decisión de que sean las máquinas las que maten o las que decidan a quién matar

En ese sentido veo una deriva evidente hacia una mayor concentración de poder y hacia un sesgo marcadamente autoritario donde, al igual que ocurrió en su momento con la energía nuclear, la ciudadanía apenas tiene nada que decir. Como democracias, también en Europa, debemos recuperar el control. Y no recuperarlo frente a la IA, sino frente a los tech bros.

¿Qué puede hacer Europa en este escenario, atrapada entre el empuje de Silicon Valley y la regulación de Washington, sin un gran campeón tecnológico propio capaz de materializar nuestros valores?

Como europeos podemos elegir qué tecnologías compramos, por ejemplo en los ámbitos de defensa y seguridad. Varios países europeos han adquirido la tecnología de Palantir: una tecnología que arrastra una ideología fascista y que se utiliza para matanzas a gran escala. Esa es una decisión puramente humana de ciertos dirigentes en Europa, aunque por fortuna no todos actúan igual.

Como europeos podemos elegir qué tecnologías compramos. Varios países europeos han adquirido la tecnología de Palantir: una tecnología que arrastra una ideología fascista y que se utiliza para matanzas a gran escala

Por otra parte, cabe preguntarse por qué tenemos que esperar siempre a la última tecnología que llegue de Silicon Valley o de China cuando podemos desarrollar la nuestra propia. Es un gran reto: en Europa existe consenso sobre la necesidad de hacerlo, pero construir un producto de uso masivo es algo muy distinto. No basta con que sea puntero a nivel de investigación teórica o novedad técnica; tiene que funcionar en términos de innovación real y de adopción en el mercado.

Sigue siendo un desafío pendiente, pero al final es la única vía. Solo así podremos incorporar nuestros valores y nuestras exigencias éticas, sin necesidad de comprarnos todas las patrañas que nos venden desde Silicon Valley.

Si reducimos estas alarmas a una mera estrategia de marketing, ¿existe el peligro de que pasemos por alto los riesgos reales de la inteligencia artificial?

Por supuesto. La investigación sobre estos riesgos específicos y sobre seguridad debe continuar. En ese sentido es fundamental seguir generando conocimiento (tanto desde el panel de la ONU como a escala nacional) para categorizar los riesgos y determinar cómo abordarlos.

Todavía no está del todo claro cuál es la mejor respuesta, ni siquiera dentro de nuestro propio panel. Existen diferentes enfoques en la gestión de riesgos y distintas formas de tratarlos, tanto a nivel técnico como normativo. Por eso hace falta más investigación y más tiempo.

Limitarse a despachar el riesgo como puro marketing no es suficiente. Ese trabajo técnico es imprescindible, pero también tenemos que mirar la imagen completa: hablar de las amenazas para la democracia y del sistema socioeconómico

Limitarse a despacharlo como puro marketing no es suficiente. Ese trabajo técnico es imprescindible, pero también tenemos que mirar la imagen completa: hablar de las amenazas para la democracia y del sistema socioeconómico en el que se insertan estas tecnologías. Si solo nos centramos en la gestión del riesgo o en los aspectos técnicos, perderemos esa perspectiva y desaprovecharemos la oportunidad de reivindicar como sociedad que esto nos concierne a todos. No es un asunto que deba quedar solo en manos de expertos; es un debate que corresponde a la ciudadanía y a la clase política, que debe articular una visión propia. Y hoy por hoy, esa visión todavía no existe en la medida necesaria.

Uno de los mayores riesgos señalados por el panel de la ONU es la opacidad de las tecnológicas. Frente a propuestas como introducir observadores externos en los laboratorios, ¿cómo se puede obligar a estas empresas a operar con verdadera transparencia?

Tener observadores externos como propone Dario Amodei puede ser una solución, pero creo que debemos plantearnos cómo conectar lo que ocurre en el ámbito privado de las empresas con la esfera pública: el espacio de la legitimidad donde la ciudadanía decide de forma democrática.

En la actualidad contamos con algunos comités asesores y ciertos trámites burocráticos, pero es fundamental articular mecanismos permanentes para que la democracia disponga de mayor transparencia e intervenga en lo que sucede en el sector. Ya sea cuestionando la propiedad privada de estas corporaciones o mediante otras fórmulas, debemos dirimir políticamente cuál tiene que ser el papel del Estado. Es un debate de gran calado, pero lo crucial es no permitir que sigan operando de este modo.

Asimismo, conviene mantener una postura crítica ante sus propias ofertas de colaboración: existe el riesgo de que manipulen de nuevo el relato de cara al exterior y sigamos sin saber qué ocurre realmente dentro. Por eso necesitamos ese tipo de supervisión y también un periodismo de investigación riguroso que indague en lo que sucede entre bastidores, de modo que la sociedad esté informada y podamos debatir sobre ello con criterio.

Con la proliferación de contenidos sintéticos generados por IA, donde textos, imágenes o interlocutores pueden no ser reales, ¿estamos perdiendo el contacto con una realidad compartida?

En este caso sí perdemos el contacto con esa realidad compartida. Si ya no podemos confiar en lo que es real y lo que es falso, dejamos de saber cuál es la realidad que compartimos; y la democracia necesita esa base común, por lo que supone un problema grave.

Por otro lado, la tecnología también puede ayudarnos a recuperar el contacto con la realidad. En principio puede mostrarnos el sufrimiento de otras personas o de animales que están lejos de nosotros, abrirnos a una perspectiva del mundo más compleja que la inmediata y ayudarnos a conectar con los demás. El desarrollo no tiene por qué conducir necesariamente al aislamiento.

Sin embargo, necesitamos moldear la IA, las redes sociales y todo el entorno comunicativo para disipar esta incertidumbre constante. La forma de lograrlo es un debate complejo, pero ahora mismo avanzamos demasiado hacia un escenario donde la falta de certeza impide tener un suelo común. En términos políticos, para una democracia resulta crucial saber de qué estamos hablando y evitar que cada uno quede encerrado en su propio mundo, en su propia burbuja.

Quizá sea la pregunta más difícil de todas: ¿cómo se consigue eso?

Es una pregunta muy compleja. No creo que exista una solución mágica, pero pasa, por ejemplo, por regular las redes sociales de forma específica para que resulte más difícil propagar este tipo de desinformación.

También necesitamos, una vez más, apoyarnos en la educación: formar a una ciudadanía más crítica con lo que ve y consciente de la necesidad de preservar un espacio común y construir un mundo compartido. Nos hemos volcado en exceso en preparar a las personas para el mercado laboral y en materias puramente académicas, descuidando cómo enseñar a la gente a dialogar entre sí y a crear cosas juntas.

Nos hemos volcado en exceso en preparar a las personas para el mercado laboral y en materias puramente académicas, descuidando cómo enseñar a la gente a dialogar entre sí y a crear cosas juntas

El individualismo que impera en nuestra sociedad no es únicamente responsabilidad de ciertos malos actores; forma parte de nuestra propia cultura. Debemos virar hacia una dirección donde lo común recupere su valor, no a través de un colectivismo opresivo, sino mediante un enfoque relacional: una educación y un entorno donde volvamos a conversar y a construir en común, en vez de depender de tecnologías políticas que nos dividen.

Ante un avance técnico tan acelerado que desborda a tanta gente, ¿qué deberíamos preservar como seres humanos frente a las tecnologías que vienen? ¿Qué es lo que no deberíamos perder nunca?

El ritmo es vertiginoso. Frenar no me parece un objetivo realista si nos referimos al desarrollo técnico en sí mismo, pero sí podemos desacelerar introduciendo más reflexión ética y una mayor evaluación de las tecnologías.

Para lograrlo debemos reconectar con nuestras tradiciones y con aquellos principios que sabemos valiosos, con lo que de verdad importa, procurando diseñar tecnologías que respalden esos valores y esos fines. Solo así avanzaremos en la dirección correcta.

Pero esto únicamente será posible si asumimos (volviendo al inicio de nuestra conversación) que ver la tecnología como un simple instrumento no es suficiente. Tenemos que entenderla como algo indisociable de nuestros valores y de la dimensión política, integrándola con seriedad en las grandes preguntas de fondo: qué define una buena vida desde el punto de vista ético y qué clase de vida política podemos construir juntos.

Este jueves se cumple un año de vigencia del Real Decreto-ley 10/2025 por el que se adoptaron medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. El 7 de octubre de 2025, en el debate parlamentario sobre la convalidación del decreto ley, el Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó que dicha norma imponía un “embargo total” de armas a Israel. Una afirmación exagerada que no se corresponde con la realidad. La aplicación del Real Decreto-ley no ha impedido que se sigan manteniendo la mayoría de las relaciones armamentistas entre España e Israel.

La primera cuestión que hay que destacar es que el Gobierno ha incumplido su obligación de rendir cuentas trimestralmente ante el Congreso de los Diputados sobre la aplicación del decreto (disposición adicional segunda). El Gobierno sólo ha acudido una vez al Congreso para rendir cuentas sobre esa aplicación. Fue el 4 de marzo de 2026, cuando la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, acudió a la Comisión de Defensa del Congreso para dar explicaciones sobre las estadísticas anuales de exportación de armamento correspondientes a 2024. Este incumplimiento del deber de rendir cuentas es un ejemplo más de la política gubernamental de opacidad y desinformación sobre las relaciones armamentistas entre España e Israel.

La secretaria de Estado de Comercio apenas aportó información concreta sobre la aplicación del Real Decreto ley 10/2025. Recordó que en diciembre se levantó el veto a cuatro proyectos de Airbus: el avión de transporte A400M; el avión de reabastecimiento en vuelo A330MRTT; el avión de vigilancia y patrulla marítima C295 y el dron táctico SIRTAP. La única información nueva que presentó era que se habían denegado 151 licencias de exportación e importación y que se habían iniciado los procedimientos administrativos para la revocación de 21 licencias vigentes. Pero no detalló cuántas autorizaciones se referían a exportación ni cuántas a importación; tampoco informó sobre el tipo de productos a los que se referían las autorizaciones: material de defensa, productos de doble uso o material policial y de seguridad.

La aplicación del Real Decreto ley 10/2025 plantea muchos interrogantes que el Gobierno no ha aclarado ni parece que tenga intención de hacerlo. El decreto ley prohíbe las “exportaciones destinadas a Israel” de material de defensa, productos y tecnologías de doble uso y el denominado otro material —que incluye material policial y de seguridad—, así como las armas de caza y de tiro deportivo. La Secretaría de Estado de Comercio no informó sobre qué medidas concretas se han adoptado para que dicha prohibición se lleve a la práctica y para impedir desvíos de material a Israel por medio de operaciones triangulares. Estas operaciones triangulares no estarían prohibidas por el decreto ley cuando se realizan por medio de otro país de la Unión Europea. Ya que, jurídicamente, la transferencia a un país de la UE no es una exportación sino una expedición.

Por otra parte, también se debería aclarar si se han autorizado o realizado exportaciones temporales a Israel para reparaciones, devoluciones o inclusión de componentes israelíes. Estas exportaciones temporales se realizan en el marco de contratos administrativos adjudicados a empresas israelíes de defensa para el mantenimiento o suministro de sistemas de armas o sus componentes. Para el derecho aduanero de la Unión Europea, estas exportaciones temporales forman parte del régimen de perfeccionamiento pasivo, al que no se aplica el régimen de exportación [artículo 269.2.a) del Código Aduanero de la Unión].

La Secretaría de Estado de Comercio también debe informar si, finalmente, se han revocado las 21 autorizaciones administrativas vigentes de exportación a Israel de material de defensa, de productos y tecnologías de doble uso o de otro material e indicar a qué tipo de material se refieren las autorizaciones.

El Ministerio de Defensa también debería rendir cuentas sobre la aplicación del Real Decreto ley 10/2025. Algo que no ha hecho. El texto prohíbe las “importaciones originarias de Israel” de las tres categorías de material mencionadas anteriormente. Esta prohibición no alcanza a las adquisiciones de armamento israelí que se producen a través de un país de la Unión Europea porque, jurídicamente, se consideran introducciones. De manera que se puede adquirir armamento fabricado en Israel o armamento de patente israelí producido en la UE gracias a un contrato de transferencia de tecnología.

Esta cuestión terminológica tiene una enorme relevancia. El Ministerio de Defensa no ha anulado ningún contrato adjudicado desde el 7 de octubre de 2023 a empresas israelíes de defensa, a sus filiales en España o a uniones temporales de empresas en las que participan compañías israelíes o sus filiales. Lo que sí hizo fue anular los anuncios de adjudicación de dichos contratos y los anuncios de formalización de 35 de dichos contratos en septiembre de 2025, antes de la aprobación del Real Decreto ley 10/2025. Una medida que no afecta en ningún caso a la validez de los contratos adjudicados y que no era más que una maniobra de desinformación para que pareciera que sí se habían anulado los contratos.

Uno de los hechos que demuestran que los contratos no fueron anulados es que, en febrero de 2026, las empresas adjudicatarias de dos de los contratos más importantes presentaron alternativas al Ministerio de Defensa sobre su ejecución, según informó la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García, el 11 de febrero de 2026 en la Comisión de Defensa del Senado. Se trata de los contratos de adquisición de los misiles Spike LR2 y del sistema lanzacohetes SILAM.

El contrato para el “suministro de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2” (número de expediente 2023/0150E) fue adjudicado el 22 de noviembre de 2023, por valor de 287 millones de euros a la empresa de capital israelí PAP Tecnos Innovación S.A.U. El contrato implica la adquisición de 168 puestos de tiro y 1.680 misiles. La alternativa presentada por PAP Tecnos consistiría en sustituir el misil Spike por el MELLS —un desarrollo europeo del misil Spike “cuyos componentes no tienen origen israelí” y que es producido por la empresa checa CSG Defence Systems, grupo del que forma parte la Fábrica de Municiones de Granada—. Sin embargo, el misil MELLS “se basa en el sistema de misiles SPIKE LR”.

En realidad, el MELLS y el Spike LR2 son, básicamente, el mismo producto de patente israelí: MELLS es el nombre que utiliza el ejército alemán para referirse al Spike LR2. La adquisición de componentes del MELLS a la empresa checa CSG no vulneraría la prohibición de importaciones originarias de Israel porque no se trataría de una importación, sino de una introducción. Pero significaría seguir comprando armamento y/o componentes de patente israelí. No se ha hecho público si el Ministerio de Defensa ha aceptado la alternativa formulada por PAP Tecnos.

El Contrato de suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM), con número de expediente 2023/0304E, fue adjudicado el 15 de diciembre de 2023 por valor de 697 millones de euros a una unión temporal de empresas en las que participan Escribano Mechanical & Engineering SLU, Rheinmetall Expal Munitions SAU y la israelí Elbit Systems. La alternativa presentada por Escribano y Rheinmetall parece que no incluye una participación significativa de la industria nacional, cuestión sobre la que están negociando con el Ministerio de Defensa.

Este hecho podría suponer que la alternativa presentada consiste en la adquisición de componentes del SILAM a una empresa europea, lo que no estaría prohibido por el Real Decreto ley 10/2025. La opción más sencilla sería comprar los componentes a EuroPULS GmbH, una empresa alemana creada por la israelí Elbit Systems y KNDS Alemania para producir y comercializar en Europa el sistema PULS, sistema de armas en el que se basa el SILAM. El Ministerio de Defensa no ha dado ninguna explicación pública ni parlamentaria sobre cómo se va a ejecutar el contrato del SILAM.

Otra cuestión que debería aclarar Defensa es si se van a utilizar componentes de fabricación o patente israelí en la ejecución de los Programas Especiales de Modernización de armamento. El Gobierno ha aprobado 79 Programas Especiales de Modernización, con un coste previsto de unos 81.956 millones de euros. Uno de los agujeros del Real Decreto Ley es que se incluyen más productos en la prohibición de exportaciones que en la prohibición de importaciones.

El Real Decreto-ley 10/2025 se remite a los anexos del Real Decreto 679/2014. Y en ese texto, el anexo que se aplica a las exportaciones de material de defensa incluye 22 categorías (Anexo I.1), mientras que el anexo que se aplica a las importaciones de material de defensa únicamente recoge 12 categorías (Anexo III.1). En la práctica, esto significa que el Real Decreto-ley 10/2025 no impide que en la producción del vehículo de combate sobre ruedas Dragón 8×8 se utilice el blindaje de la israelí Plasan o la radio E-Lynx SDR, producida esta última por Telefónica gracias a un acuerdo de producción bajo licencia con la israelí Elbit Systems.

A todo ello hay que sumar que el decreto ley no prohíbe la colaboración entre empresas españolas e israelíes para la fabricación de armamento destinado a un tercer país. El ejemplo aquí es el vehículo blindado con cadenas Hunter para Letonia, producido conjuntamente por GDELS Santa Bárbara Sistemas, que se encarga de la barcaza, y la israelí Elbit Systems, que suministra la torreta UT30 MK2. Letonia ha contratado la adquisición de 84 unidades del Hunter por valor de 760 millones de euros, además de un contrato por el mantenimiento por un valor de 225 millones de euros. La primera unidad del Hunter producida por Santa Bárbara se envió a Letonia en abril de 2026 y fue presentada el pasado junio.

En definitiva, el Real Decreto-ley 10/2025 no impone un embargo integral de armas a Israel porque ha permitido que se mantengan buena parte de las relaciones armamentistas existentes entre España e Israel. Al Gobierno hay que exigirle menos propaganda y desinformación y más transparencia, así como medidas que corten de forma efectiva el comercio de armas entre ambos países. Por solidaridad con el pueblo palestino, por la defensa de los derechos humanos y, también, para mejorar la calidad de la democracia en España.

Un buen punto de partida sería impulsar la aprobación de la Proposición de Ley por la que se reforma la Ley 53/2007, que fue elaborada por la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel. Una proposición que implicaría la imposición de un embargo integral de armas a Israel, pero que lleva prácticamente un año paralizada en el trámite de enmiendas.

Irán está explotando al máximo la escasez de munición crítica que presenta el Pentágono. Los ayatolás se aferran a su posición, conscientes de que, cuanto más tiempo pase, más se va a vaciar el arsenal estadounidense. Esta situación, sobre la que ya se había advertido al presidente estadounidense, Donald Trump, para que se lo pensara dos veces antes de lanzar la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, está tensando aún más las relaciones entre la cúpula militar de Estados Unidos y la Casa Blanca.

La semana pasada, fuentes militares filtraban a la cadena CNN y a la agencia Reuters que Estados Unidos ya ha gastado cerca del 80% de las municiones del sistema de defensa antimisiles en la guerra contra Teherán. Concretamente, los misiles THAAD y los interceptores Patriot, según señalaban esas mismas fuentes. En los pasillos del Pentágono se está trabajando a contrarreloj para que los contratistas aceleren la producción de armamento, según un memorando al que ha accedido el periódico The Washington Post.

En una visita de Trump el mes pasado a la Cumbre de Defensa e Innovación en Pensilvania el presidente se dirigió a los directivos de las empresas armamentísticas: “Tenemos la mejor calidad del mundo, pero necesitamos un poco más de velocidad”. La CNN señalaba que el Ejército había agotado cerca del 80% de sus interceptores THAAD y cerca del 50% de sus Patriot.

La drástica disminución de los misiles de precisión y largo alcance significa que Trump podría verse obligado a recurrir en mayor medida a misiones de bombardeos tripuladas, que son más arriesgadas, sostiene la agencia Reuters. Los misiles son, principalmente, las armas tierra-tierra del Ejército, conocidas como Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS) y Misiles de Ataque de Precisión (PrSM). Según dos de las fuentes consultadas por Reuters, Estados Unidos ha utilizado “prácticamente todas” estas armas.

El secretario de Defensa adjunto, Steve Feinberg, escribió a los altos cargos de la industria armamentística el pasado miércoles y les dio 21 días para que entreguen sus planes para “incrementar más agresivamente los calendarios de entrega y/o incrementar la producción para las capacidades críticas”. Feinberg añadía: “Los ciclos de desarrollo que duran años no son aceptables”. “Debemos acelerar drásticamente los plazos de nuestros programas y ampliar ahora nuestra capacidad de producción”, advirtió.

Aunque las amenazas resultan un esfuerzo fútil ante una realidad mucho más compleja. Hace décadas que Estados Unidos arrastra un problema de fondo en su industria armamentística: su armamento más crucial cuesta mucho dinero y requiere de mucho tiempo de producción. Una debilidad de la que desde hace décadas es consciente el Ejército estadounidense. Tanto fabricar un THAAD como un misil Patriot comporta como mínimo un año y millones de dólares.

Con base en el historial de producción reciente de la industria armamentística, la perspectiva de poder volver a los niveles de munición almacenada previos a la guerra contra Irán se dibuja muy lejana. El año pasado, la Marina estadounidense compró solo 55 Tomahawks. Y este año, el Pentágono quiere comprar 785, un incremento de más del 1000% según señala el Instituto Cato.

Ya a principios de los años 2000, el secretario de Defensa de George Bush, Robert Gates, advirtió de que las armas que suponían el pilar central de la supremacía militar estadounidense necesitaban de años de producción y, en consecuencia, pedía invertir en una nueva generación de armamento que representara el “75% de las soluciones”, pero que se pudiera fabricar más deprisa y con menor coste.

Ahora, 26 años después, los drones Shahed de Irán explotan esa debilidad. Mucho más baratos y rápidos de producir, obligan a los sistemas de defensa THAAD y los Patriot a estar disparando a marchas forzadas. Algo que ha minado gravemente el arsenal del Pentágono, tal como el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Dan Caine, ya advirtió a Trump de que podía pasar.

Una de las premisas del Departamento de Defensa es que siempre debe tener un mínimo de arsenal para poder sostener dos conflictos a la vez, en previsión de una hipotética guerra con China. Un objetivo que, con la disminución de la munición, cada vez es más difícil de cumplir.

Las prisas del Pentágono no son nuevas. Se trata de una realidad que la Administración Trump conocía, pues el último análisis elaborado por el Departamento de Defensa en 2025 sobre el panorama de los proveedores del Pentágono subrayaba lo siguiente: “La DIB [Base Industrial de Defensa] se ha consolidado, pasando de 51 proveedores que había después de la Guerra Fría a solo cinco grandes contratistas que hoy desarrollan los sistemas de armas más críticos. La DIB está estancada: construye los mejores sistemas de armas del mundo en pequeñas cantidades, mientras continúa dependiendo de piezas obsoletas, procesos de fabricación anticuados y una innovación estancada”.

Ya en marzo, a las pocas semanas de que empezara la guerra, Trump se reunió con los directores ejecutivos de las principales compañías armamentísticas de Estados Unidos para intentar que cuadruplicaran la producción de armamento. Las compañías que se comprometieron con los nuevos objetivos eran BAE Systems, Boeing, Honeywell, L3Harris, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon.

En paralelo, Trump también ha tanteado a fabricantes de coches y otras compañías manufactureras para ayudar a acelerar la producción de armas. Un titular que parece propio de la Segunda Guerra Mundial, pero del cual se hacía eco el periódico Wall Street Journal el pasado mes de abril. Desde antes de la guerra lanzada por Trump junto a su aliado, Benjamín Netanyahu, altos cargos de Defensa habían conversado con directivos de diferentes empresas, como General Motors y Ford, según revelaban fuentes conocedoras al medio.

EEUU y Arabia Saudí han suscrito un acuerdo capital que permitirá el uso de tecnología y conocimiento estadounidenses para crear un programa nuclear con fines civiles en el país del golfo Pérsico. La decisión ha causado alarma por todo Oriente Medio y en los mentideros del poder en Washington.

Los términos del acuerdo no se conocen al detalle, pero las dudas estriban en la posibilidad de que Arabia Saudí pueda enriquecer uranio en el interior del país y las consecuencias que ello pueda tener para la proliferación nuclear.

¿De qué trata el acuerdo nuclear?

El documento busca satisfacer las “necesidades de energía” de Arabia Saudí, país rico en petróleo, según un comunicado del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

El plan económico del príncipe Mohamed bin Salmán dispone que el país emplee energía nuclear para generar electricidad y así liberar reservas de petróleo para aumentar las exportaciones. El acuerdo concede a las empresas estadounidenses un papel central para el desarrollo de la infraestructura, al tiempo que impediría que competidores como Rusia o China afianzasen su posición en el país.

Se calcula que el acuerdo tenga un valor superior a los 10.000 millones de dólares. Sus términos siguen la estela de un esquema previo elaborado durante el Gobierno de Joe Biden, en el que la cooperación nuclear estadounidense estaba ligada a que Arabia Saudí estableciese relaciones diplomáticas formales con Israel.

Esa normalización diplomática entre Tel Aviv y Riad descarriló tras la cruenta respuesta israelí a los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. El presidente de Estados Unidos ha dicho que el pacto depende de que Riad se adhiera a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

¿Podrá Arabia Saudí enriquecer uranio en su territorio?

La información conocida señala que el acuerdo allana el camino para la construcción de una instalación de enriquecimiento de uranio en Arabia Saudí, siempre que un estudio conjunto elaborado por los dos países determine que sea necesaria.

El estudio en cuestión se elaboraría a lo largo de dos años, lo que teóricamente permitiría al sucesor de Trump en la Casa Blanca decidir si permite tal enriquecimiento.

Muchos países con industria de energía nuclear no enriquecen el uranio en su interior, un proceso que teóricamente permitiría obtener el uranio altamente enriquecido que se usa en las armas nucleares. Lo que hacen es importar el combustible para los reactores.

EEUU justifica en parte la decisión de seguir adelante con el acuerdo en que Washington supervisaría el uranio enriquecido y el material ya usado de los reactores, garantizando así que no se pudiese usar para construir bombas.

¿Por qué es polémico?

Las organizaciones contra la proliferación nuclear llevan años advirtiendo de que este tipo de acuerdo permitiría a Arabia Saudí acabar desarrollando armas nucleares. Riad ha dicho en otras ocasiones que las necesitaría si Irán, su rival regional, se hace con ellas.

EEUU está en guerra con Irán en parte para evitar que Teherán consiga la bomba o enriquecer uranio al nivel que le permita usarlo para crear armas.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha quitado hierro a las dudas. “EEUU no va a llegar a ningún acuerdo con ningún país del mundo que lleve al mundo al riesgo de la proliferación”, ha dicho.

El acuerdo de cooperación nuclear se firmó conjuntamente con un “acuerdo de salvaguardas bilaterales” del que se dice que recoge las medidas para una supervisión adecuada.

Pero los expertos están alarmados porque el documento anunciado el miércoles no incluye las medidas de control ni las prevenciones que constan en anteriores acuerdos nucleares. Arabia Saudí no estará sujeta al riguroso control de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA), dependiente de la ONU, según lo que ha trascendido del pacto.

El “protocolo adicional” de la IAEA lo han implantado decenas de países y era uno de los requisitos que figuraban en el acuerdo nuclear de EEUU con Irán de la época de Obama, del que Trump se retiró en 2018. La cláusula versa sobre la inspección y la verificación para garantizar que los países solo usen el material nuclear con fines pacíficos.

EEUU pactó un acuerdo similar con Emiratos Árabes Unidos, pero en ese caso el país se comprometió a no buscar el enriquecimiento ni a procesar combustible atómico usado, una garantía considerada el “estándar dorado” de los países con pretensiones nucleares. El acuerdo con Arabia Saudí no incluye esa disposición, según la información que se conoce.

¿Se puede bloquear el acuerdo?

Los opositores llevan largo tiempo argumentando que dotar a Arabia Saudí de un programa nuclear interno dará el pistoletazo de salida para una carrera de países por todo Oriente Medio para hacerse con capacidades similares. Israel —que dispone de un programa nuclear secreto— también ha advertido de este riesgo, según se ha publicado.

Los demócratas del Congreso estadounidense plantean dudas similares. El senador Chris Murphy alertó de que el acuerdo “dará a pie a una carrera nuclear en la región y volverá a desincentivar que Irán limite su propio programa”.

Murphy y sus correligionarios del Congreso lo tendrán difícil, sin embargo, para bloquear el acuerdo. Está previsto que este se envíe al Congreso en los próximos días para su aprobación, pero, para evitarlo, debería aprobar una resolución de las dos cámaras y reunir una mayoría de dos tercios para superar el veto del presidente.

Hay cumbres que se cierran con una foto de familia, cumbres que acaban con una declaración conjunta y cumbres que se clausuran a punta de pistola. La de la OTAN en Ankara empezó con el desatado Donald Trump llamando “inútiles” a los europeos y “causa perdida” a España. Y con ese arranque y ese presidente que se han dado los estadounidenses era lógico preguntarse si algo más podía salir mal. Todo era susceptible de empeorar. Y empeoró cuando al anfitrión turco solo se le ocurrió repartir revólveres personalizados cargados con munición real a todos los jefes de gobierno presentes. Entre el arranque y el estrambótico final, el encuentro sirvió para mostrar un retrato feo y poco halagüeño sobre el punto en que se encuentra la relación transatlántica: humillación verbal y armas de fuego.

Recep Tayyip Erdogan podría haber entregado a los asistentes un surtido de baklava, un pañuelo de seda o una pipa artesanal esculpida a mano en espuma de mar, pero prefirió un objeto diseñado para matar, personalizado a modo de pluma estilográfica. Así que no hacían falta las palabras para explicitar que allí se hablaba el lenguaje de las armas y que uno de los asuntos clave del cónclave era la apuesta decidida por aumentar la inversión en artefactos militares.

Sin embargo, antes de que nadie hablara de revólveres, la cumbre ya había arrancado con otro gesto nada habitual en protocolo y diplomacia como fueron los reproches de Trump a los socios europeos en general por el gasto en defensa y en particular a España y sus gobernantes, a quienes llegó a calificar de “mala gente”. Y, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por rebajar la tensión y ceñirse a las normas de la diplomacia para no escalar un conflicto con el principal garante de la alianza, su silencio produce el mismo efecto que las respuestas al regalo de Erdogan: que hay que aguantar el golpe y pasar página sin dejar constancia de que lo ocurrido merece, sin duda, una respuesta más firme.

Porque los insultos de Trump y el revólver de Erdogan no fueron una anécdota, sino un episodio más de una dinámica disparatada con distintos protagonistas. Primero, el todopoderoso comandante en jefe de los EE.UU. trata con desdén a sus aliados; después, el anfitrión de la cumbre les despide con un arma cargada de munición real y, por último, los allí presentes, cual subordinados, callan y acatan el desplante y el mensaje que llevaba implícita la pistola de marras.

Ni una palabra pública de reproche y tampoco una pregunta obvia sobre qué tipo de aliado convierte la ceremonia de despedida de una cumbre de seguridad en una demostración armamentística. Que un cónclave marcado por la presión de Washington para que los socios aumenten el gasto en defensa se despida con el reparto de armas de fuego no es ni mucho menos baladí, sino una forma muy explícita de poner negro sobre blanco cuál es el lenguaje que domina la conversación del mundo.

Habrá seguro quien advierta que no conviene convertir la anécdota en categoría de la cumbre porque hubo también anuncios de cooperación industrial e intercambio de posiciones sobre el apoyo a Ucrania que tendrán más recorrido que un revólver o un desplante, pero en diplomacia los gestos hablan siempre mucho más claro que las palabras. Los de Trump, para dejar constancia una vez más de su arrogancia y vanagloriarse de su poder sobre el mundo, y los de Erdoğan, para señalar el camino por el que hay que transitar. Y los demás, a callar y acatar.

Lo ocurrido dice mucho más de la OTAN de 2026 que cualquier declaración final firmada por sus 32 miembros, pese a que el elocuente obsequio causara incomodidad entre algunos jefes de gobierno el británico Starmer, el canadiense Mark Carney, el belga Bart De Wever o el español Pedro Sánchez. Además de dejar el arma en Ankara, entregarla en sus embajadas o ponerlas a disposición del Ministerio del Interior para inutilizarla y, después, inventariarla y almacenarla como otros regalos de Estado, podrían haber hecho o dicho algo más porque el lenguaje de la diplomacia no siempre es bien entendido por los ciudadanos.

La defensa se ha convertido en una arma política de los intereses de Estados Unidos frente a Europa. Aunque las tensiones provocadas sobre cómo financiar la Alianza Atlántica van a ser el tema candente en la cumbre que van a celebrar los países aliados de la OTAN en Ankara el 7 y 8 de julio, el presidente de EEUU, Donald Trump, va a seguir utilizando las necesidades armamentísticas de la Unión Europea para premiar o castigar a sus supuestos aliados según los intereses políticos que necesite, como se vio en la guerra de Irán. El abandono de EEUU de la defensa convencional del continente europeo, la salida de tropas o la preferencia de gasto en la industria europea van a ser otros temas que se van a discutir en una cumbre que se verá otra vez desarbolada por las ya asumidas provocaciones y el desdén de Trump hacia los europeos.

Stephen Wertheim, investigador del Carnegie Endowment for International Peace, explica que “el año pasado, los aliados de la OTAN aún conservaban una mínima esperanza de apaciguar a Donald Trump comprometiéndose de forma espectacular a destinar el 5% de su PIB a defensa y gastos relacionados con la seguridad de aquí a 2035. Esa ilusión ya ha desaparecido. En esta ocasión debería quedar claro no solo que Trump seguirá mostrando su descontento con sus aliados del Atlántico Norte mientras permanezca en la Casa Blanca, sino también que la OTAN atraviesa un proceso de reajuste estructural derivado de la divergencia entre Europa y Estados Unidos sobre sus intereses y la percepción de las amenazas”.

Trump ya ha empezado a calentar el encuentro al cargar contra los aliados europeos por las partidas que dedican al gasto militar, con el asentimiento del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Sin embargo, el embajador de EEUU en la Alianza Atlántica, Matthew G. Whitaker, aseguró que es más relevante alcanzar las capacidades defensivas que el dinero que se gaste, como planteó el Gobierno español. La estrategia que va a seguir EEUU es seguir presionando a los europeos con un plan de premios y castigos para que se hagan cargo de la defensa convencional, con la salida de tropas para los países 'que no se porten bien', mientras se aprieta para asegurar que el gasto de dinero sigue siendo en armamento estadounidense y se desmontan los planes de la UE de protección de la industria armamentística europea.

Trump lanzó duros ataques contra líderes europeos como tras los enfrentamientos con líderes como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el que fuera primer ministro del Reino Unido Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus posiciones ante la operación 'Epic Fury', de ataque a Irán.

Sophia Besch, investigadora para Europa del think tank Carnegie Endowment for International Peace argumenta que “los responsables del Pentágono han sido relativamente claros al defender un mayor traspaso de responsabilidades a Europa y la construcción de una 'OTAN 3.0'. Sin embargo, cuando el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció recientemente una revisión específica del despliegue militar en Europa, similar a un sistema de evaluación, dio a entender que la reducción de tropas dependería de un mecanismo de premios y castigos para los aliados 'buenos' y 'malos', más que de una revisión objetiva de las amenazas o incluso de criterios presupuestarios. Además, qué convierte a un país en un 'buen aliado' parece depender cada vez más de criterios políticos que del volumen de gasto en defensa; de lo contrario, Alemania no estaría entre los países cuestionados por Washington”.

De hecho, el presidente de EEUU anunció la retirada de 5.000 soldados de Alemania por las críticas de Merz a su guerra en Irán, pero decidió reforzar la presencia militar en Polonia, tras anunciar el Pentágono la retirada de 4.000 militares del país, con el argumento de su buena relación con el presidente polaco, del partido ultra PiS. Como dijo el embajador de EEUU en la OTAN: para los que se supone que no cumplen, EEUU mantendrá una “campaña de presión continua”. Como dato, los miembros europeos de la OTAN han incrementado su gasto en defensa en 139.000 millones de euros.

“Creo que esos días han quedado atrás, afortunadamente. Creo que todos en la OTAN entienden que somos una alianza político-militar. El reto está en el plano político. Se está haciendo mucho trabajo tanto en público como en privado y anticipo una cumbre realmente exitosa, precisamente porque hemos trabajado duro para que las relaciones —tanto políticas como militares— sean sólidas y duraderas”, comentó el embajador de EEUU en la OTAN.

Más países europeos abandonan el compromiso del 5%

Además, hay que recordar que aunque la situación económica en Europa no es la más boyante. Varios países van a terminar este 2026 con un crecimiento exiguo y, pese a que la Comisión Europea ha abierto la mano para no computar un tanto por ciento del gasto militar como déficit, ya hay un grupo de países que han avisado de que se desviarán de la senda para alcanzar un gasto 5% del PIB en defensa en 2035. Tanto el Reino Unido, como Italia, Eslovenia, Hungría o República Checa han avisado que no cumplirán con el gasto militar al que se comprometieron en la cumbre de la Alianza Atlántica de La Haya.

Pese a la precariedad de la situación económica europea, con la sensación de abandono y la asunción de responsabilidades, Europa ya ha empezado a asumir que Estados Unidos tiene otros intereses militares más allá de la defensa de sus aliados. En los Gobiernos europeos ya se asume que tendrán que adoptar y pagar parte de la defensa que hasta ahora prestaba EEUU. Fuentes diplomáticas europeas ya informaron que los países miembros han hecho el reparto de cargas (burden shifting) que marca la nueva OTAN 3.0 planteada por Estados Unidos, que mantiene su compromiso de prestar su paraguas nuclear al continente europeo.

Sin embargo, la analista del Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, Darya Dolzikova, puntualiza que “la presencia estadounidense en el continente ha contribuido a vincular los intereses de seguridad de Estados Unidos y Europa, además de proporcionar cierto margen de maniobra para responder a la agresión rusa (y, anteriormente, soviética) en el amplio espectro que va desde la capitulación hasta un intercambio nuclear estratégico. Las tropas estadounidenses desplegadas en Europa actúan, entre otras funciones, como un «disparador» (tripwire), haciendo creíble la implicación de Estados Unidos en una guerra en Europa, incluida la eventual posibilidad de recurrir al uso de armas nucleares. Una amplia presencia de fuerzas terrestres estadounidenses no es indispensable para que este 'disparador' sea eficaz, y la retirada de tropas estadounidenses de Europa ha sido, hasta ahora, relativamente limitada. Sin embargo, cuando este cambio de postura se combina con la retórica más amplia procedente de Washington hacia Europa, resulta mucho más difícil lograr lo que siempre ha sido un delicado ejercicio: convencer a un adversario con armamento nuclear de que Estados Unidos estaría dispuesto a arriesgar un intercambio nuclear en defensa de Europa”.

El supuesto compromiso de EEUU con su paraguas nuclear está en duda, hay un problema de confianza con el socio estadounidense por lo que varios países europeos están tomando decisiones drásticas. Lituania, país fronterizo con Rusia, va a votar un cambio en su constitución para permitir el despliegue de armas nucleares en su territorio. Este pequeño Estado báltico sigue la estela marcada por Finlandia, cuyo Parlamento aprobó hace dos semanas que se puedan albergar armas nucleares en su suelo.

El pasado marzo, Francia propuso a los aliados europeos una estrategia de “disuasión ampliada” con el ofrecimiento del paraguas nuclear francés frente a Rusia. De momento, nueve países han aceptado participar en esta iniciativa: Reino Unido, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Suecia, Dinamarca, Grecia y Noruega.

El reto lo tiene ahora la industria armamentística europea, que todavía no tiene la capacidad necesaria para sustituir completamente el armamento estadounidense en ámbitos como Inteligencia y Vigilancia, Armamento antiaéreo y antimisiles y Ataques con precisión y en profundidad. Desde la Comisión europea se admitió que “no se ha visto a la industria aumentar la producción como se esperaba” pero además “no se está produciendo lo que se necesita” para tener una política de disuasión frente a una amenaza latente como Rusia.

La Comisión Europea está destinando más fondos que nunca al apartado defensivo y es uno de los temas de discusión entre los países en el diseño del futuro presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. El comisario de Defensa, Andrius Kubilius, ante los austeros que quieren reducir la cuantía del presupuesto europeo advirtió esta semana que “si hablamos en serio de la posibilidad de una guerra, ha llegado el momento de debatir no cómo recortar el presupuesto de la UE, sino cómo aumentarlo al menos hasta el 2%, para evitar tener que elevarlo al 12–15% en caso de guerra”.

Este viernes, Bruselas propuso cinco nuevos proyectos de Defensa de Interés Común (EDPCI, por sus siglas en inglés), con el objetivo de ayudar a los países de la Unión Europea a reforzar sus capacidades armamentísticas mediante el desarrollo conjunto de sistemas militares estratégicos con proyectos industriales en drones y sistemas antidrones; defensa marítima y de los fondos marinos; espacio; defensa aérea y antimisiles; y refuerzo de la seguridad en el flanco oriental de la Unión Europea. En el marco del Programa Europeo para la Industria de Defensa (EDIP), dotado con 1.500 millones de euros, la Comisión ha asignado 325 millones de euros para apoyar la creación y el despliegue de estos proyectos

Pero con la actitud de desdén de Trump y las carencias de la industria armamentística europea, Glyn Morgan, director of the Moynihan Center for European Studies, tiene pocas esperanzas en que esta cumbre vaya a solventar las relaciones entre la UE y Estados Unidos y, sobre todo, no disipa cómo va a afrontar Europa en el futuro el reto de la seguridad.

“La 'Europa americana' que ha definido los últimos 80 años es un paréntesis histórico que ahora se está cerrando. La OTAN puede perdurar como un fantasma burocrático, pero como alianza de seguridad fiable, está más allá de toda reparación. La pregunta más profunda —a la que ningún comunicado de cumbre dará respuesta— es si los líderes europeos tienen la voluntad y la imaginación para garantizar que lo que surja en su lugar sea un actor soberano y no una colección de territorios dependientes”, concluye Morgan.

Las relaciones entre Washington y Tel Aviv son sólidas, estrechas y vienen de lejos. El apoyo político, diplomático, económico y militar que Estados Unidos aporta a Israel ha sido determinante desde hace décadas para que el Estado israelí pueda avanzar en su proyecto colonial de apartheid. Pero EEUU no lo ha entregado porque sí, sino porque ganaba con ello.

El fanfarroneo es una de las características de Donald Trump. Le gusta provocar. No oculta que quiere acceso a reservas de petróleo venezolano, construir un resort en Gaza, tomar el control del canal de Panamá, convertir Canadá en “el estado 51” de EEUU o apropiarse de Groenlandia. Pero es importante entender que también Trump esconde estrategias y disfraza objetivos cuando el precio a pagar por mostrarlos es demasiado alto. Y ese es el escenario actual en el que se encuentra, ante las consecuencias económicas —y en la opinión pública— de su guerra ilegal contra Irán.

Los intereses de EEUU

Por eso Trump y su equipo han endurecido su discurso hacia el Gobierno israelí. El aumento del precio del petróleo como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz y el rechazo mayoritario de la opinión pública estadounidense a la guerra contra Irán les obliga a escenificar enfados. Lo están haciendo con palabras y gestos, pero esto no se traduce, por el momento, en acciones que modifiquen su alianza preferencial con Tel Aviv. Es decir, no ha suspendido su protección política y diplomática a Israel ante los organismos internacionales ni ha congelado su ayuda militar, iniciada hace décadas.

Israel tiene unos diez millones de habitantes y un Producto Interior Bruto de 610.000 millones de dólares, mucho menor que el de Arabia Saudí. Estados Unidos es la primera potencia económica y militar del mundo, con un PIB de 30 billones de dólares. El Estado israelí no es más poderoso que Washington. Cuenta con grandes lobbies con capacidad de presión e influencia, pero eso no explica por sí solo el respaldo estadounidense. Israel suele coincidir con los intereses de EEUU en la región. Si dejara de ser así, la protección privilegiada de Washington a Tel Aviv podría llegar a su fin.

Oriente Próximo es una zona rica en gas y petróleo, clave como ruta de paso para transportar minerales críticos entre Asia y Europa y escenario de numerosas guerras por delegación, en las que potencias regionales e internacionales han combatido indirectamente por el control de recursos y áreas de influencia. Las potencias coloniales europeas primero, y Estados Unidos después, vieron en ella un filón para aumentar su poder y un tablero en el que frenar las posibilidades de expansión de sus adversarios.

Los intereses coloniales israelíes suelen ser útiles para los objetivos estadounidenses, y viceversa. Si dejaran de serlo, sus relaciones preferenciales llegarían a su fin

La geopolítica

La continuidad territorial de Eurasia marca las decisiones geopolíticas de Washington. Si las naciones que componen Eurasia mantuvieran relaciones comerciales preferenciales, aprovechando la vecindad y esas condiciones geográficas, se convertirían en “el centro del poder mundial”. Así lo expuso hace más de un siglo el británico Halford Mackinder, a quien muchos consideran el padre de la geopolítica moderna.

Todo esto condiciona la toma de decisiones de EEUU desde hace décadas. Washington sigue trazando planes para reafirmar su control sobre recursos energéticos, rutas de transporte de materias primas y corredores comerciales, resistiéndose a asumir un escenario de multipolaridad.

No son las prioridades de Israel las que condicionan a Washington, sino al revés. Lo que ocurre es que los intereses coloniales israelíes suelen ser útiles para los objetivos estadounidenses, y viceversa. Si dejaran de serlo, las relaciones preferenciales entre Estados Unidos e Israel llegarían a su fin.

El ejemplo sudafricano

Así ocurrió con el régimen del apartheid de Sudáfrica, que actuó durante años como un aliado útil para los intereses estadounidenses en la región, combatiendo contra movimientos de liberación en países como Angola, donde Washington y Moscú libraban una guerra por delegación. La resistencia interna negra sudafricana y la campaña internacional por el boicot y las sanciones contra el régimen sudafricano fueron esenciales para minar su imagen ante la opinión pública y para debilitarlo económica y políticamente.

La derrota estratégica de Sudáfrica en Angola y la desintegración de la URSS cambiaron las prioridades de EEUU en la zona. Ya no necesitaba al régimen sudafricano, y lo dejó caer.

¿Es esa la situación actual de Washington ante Israel? De momento, no. La importancia geoestratégica de Palestina en Asia Occidental sigue presente en los planes europeos y estadounidenses. El proyecto de Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa —IMEC— es un ejemplo. Está diseñado para hacer uso del puerto israelí de Haifa como enlace entre India, el Golfo Pérsico y Europa, con el objetivo de aislar a Irán y contrarrestar la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

La caída del sah en Irán en 1979 supuso para Washington la pérdida de un importante aliado regional, lo que aumentó aún más la importancia de Israel para EEUU. Y así, hasta hoy.

El respaldo a Israel

Israel nació como un Estado colonial dependiente del apoyo occidental. Al principio fue Francia el principal proveedor de armas a Israel, en la década de los cincuenta —cuando se asentaron las bases del reactor Dimona— mientras Washington se centraba en sus alianzas con Arabia Saudí, Irán y Egipto.

Pero con la intensificación de la Guerra Fría y ante el crecimiento del nacionalismo panárabe —que desestabilizaba el orden regional pro-occidental— EEUU incrementó su apoyo a Israel, consciente de su valor estratégico.

A principios de los sesenta, impulsó los primeros lazos formales de seguridad con el Estado israelí. También aumentó la cooperación encubierta entre Estados Unidos y Tel Aviv. El Mossad actuó como un brazo externalizado para las operaciones de inteligencia estadounidenses en el extranjero.

Ante la influencia de la URSS en Egipto, Siria e Irak, Estados Unidos comenzó a suministrar a Israel misiles, tanques y aviones. En los años sesenta y setenta Israel apoyó a las fuerzas prooccidentales en Yemen, Etiopía, Marruecos e incluso en Sudáfrica y otras partes del África subsahariana.

La relación preferencial

En 1967 Israel contó con el visto bueno de Estados Unidos para lanzar su ‘guerra preventiva’ contra Egipto, Siria y Jordania. Washington buscaba debilitar al Egipto de Nasser, aliado de la URSS. De ese modo el Estado israelí ocupó ilegalmente Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, los Altos del Golán sirios y el Sinaí egipcio. Todos ellos, excepto el Sinaí, siguen bajo ocupación israelí a día de hoy.

Aquella operación militar ilegal debilitó profundamente a los gobiernos nacionalistas árabes que buscaban operar al margen de los objetivos estadounidenses y europeos. También supuso la consolidación de la relación preferencial entre EEUU e Israel. Washington asumió que Tel Aviv era un aliado clave para lograr sus objetivos políticos y para frenar a Moscú en la región. Desde entonces la ayuda militar estadounidense a Israel fue creciendo y reforzándose, a cambio de seguir actuando como ejecutor de los intereses de la Casa Blanca.

El triunfo de la Revolución Islámica en Irán en 1979 —con la caída del sah— supuso para Washington la pérdida de un importante aliado regional, lo que aumentó aún más la importancia estratégica de Israel para EEUU. Y así, hasta hoy.

El plan de EEUU para Gaza, disfrazado de un alto el fuego que no es real, ha servido de excusa para apaciguar conciencias y rebajar exigencias a Israel

La mayor ayuda militar fija

La mayor ayuda militar fija que Estados Unidos entrega a un país es la que otorga a Israel: 3.800 millones de dólares anuales. La segunda es la que envía a Egipto, país que comparte frontera con Gaza, Israel, Sudán y Libia.

La mayor parte de la ayuda de EEUU a Israel se transfiere sin restricciones, directamente depositada en el tesoro israelí, a modo de subvención, no como préstamo. Esto permite a Tel Aviv desarrollar su industria armamentística nacional sin tener que proporcionar información detallada sobre su uso.

Además de esas transferencias directas, Estados Unidos ofrece un tratamiento fiscal favorable para las donaciones privadas a Israel, ofrece garantías de préstamos y garantiza el suministro de petróleo en caso de crisis. A ello se suma la protección diplomática, con decenas de vetos a resoluciones críticas con Israel en Naciones Unidas.

Las tensiones

Eso no significa que no haya tensiones. Washington busca equilibrios entre sus alianzas con Tel Aviv y sus pactos con los países productores de petróleo árabes. Si las ambiciones expansionistas de Israel perjudican a sus intereses, EEUU tiene capacidad para pararle los pies. Así ocurrió en 1956, durante la crisis de Suez, cuando obligó a Israel a retirarse de Gaza y del Sinaí egipcio. En los años sesenta el presidente John F. Kennedy se opuso al programa nuclear israelí y exigió inspecciones del reactor Dimona, construido por Francia.

También en 1973, con el embargo de petróleo desencadenado por la guerra del Yom Kippur, Estados Unidos presionó a Israel para que aceptara acuerdos de alto el fuego y se retirara de Egipto.

En 1981 EEUU criticó a Tel Aviv cuando destruyó el reactor de Osirak en Irak y en 1982 presionó al Gobierno israelí ante sus ataques contra Líbano y su papel en las masacres de Sabra y Shatila. Tras esas matanzas, Ronald Reagan llegó a amenazar con cortar el grifo de su ayuda militar a Israel, pero no lo hizo. El respaldo se mantuvo.

Otro de los episodios de mayor tensión entre ambos países fue el caso de espionaje de Jonathan Pollard, un analista de inteligencia de EEUU que entregó material clasificado a Israel. Aquel escándalo estalló en 1985 y fue un foco de tensión durante años, pero tampoco modificó las relaciones preferenciales. Un año después, en 1986, Joe Biden afirmó en el Senado que “si no existiera Israel, EEUU tendría que inventarlo para proteger sus intereses en la región”.

En 2015 Netanyahu llegó a intervenir ante el Congreso estadounidense sin el consentimiento de la Casa Blanca, algo extraordinario. Lo hizo para criticar con dureza el acuerdo nuclear con Irán impulsado por Obama en contra de la voluntad de Tel Aviv. Aún así, la integración entre Washington y Tel Aviv en todos los ámbitos de seguridad siguió afianzándose.

No habrá posibilidad de paz y estabilidad duraderas en la región si Palestina vuelve a quedar relegada al olvido

La guerra contra Irán

La guerra contra Irán iniciada el pasado marzo no fue solamente un capricho israelí. Netanyahu buscaba debilitar al Gobierno de Teherán y al propio Estado iraní, pero EEUU nunca habría impulsado esa guerra ilegal si no hubiera visto en ella una oportunidad para afianzar sus intereses en la región. Su problema es que no ha ganado esta guerra, ni en cuatro ni en seis semanas, tal y como Trump pretendía. El presidente estadounidense subestimó los riesgos y ahora se ve obligado a buscar unos acuerdos para paliar la subida del precio del combustible y para tranquilizar a su base de votantes, entre los que hay un importante sector contrario a la guerra. Por eso muestra enfado con el Gobierno israelí.

Israel, por su parte, seguirá violando el alto el fuego en Gaza y Líbano, como ha hecho hasta ahora, a no ser que EEUU modifique sustancialmente su política hacia Tel Aviv. Por ello, analizar las consecuencias de la guerra de Irán requiere poner el foco también en Palestina. La guerra de Trump y de Netanyahu contra Teherán ha logrado desviar la atención del genocidio israelí, y el plan de EEUU para Gaza –un proyecto colonial– ha servido a los aliados europeos de excusa para apaciguar conciencias y rebajar exigencias a Israel, mientras el Ejército israelí sigue matando a palestinos y oprimiendo a la población de la Franja.

Las imágenes que muestran la envergadura de los crímenes masivos y la creciente difusión de información sobre la historia de Palestina han contribuido a modificar la percepción del Estado israelí en el mundo. Israel ha perdido el relato, sí, pero el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido y la UE le permiten seguir ganando terreno, con más anexión ilegal de territorio. Por eso conviene fijarse en los hechos, y no solo en las escenificaciones políticas. No habrá posibilidad de paz y estabilidad duraderas en la región si Palestina vuelve a quedar relegada al olvido.

La dependencia tecnológica de Estados Unidos es peligrosa para Europa. Lo que durante años fue una advertencia de tecnólogos y activistas no solo ha dejado de ser un tema tabú en las instituciones europeas, sino que ha escalado hasta los primeros puestos de las prioridades políticas. De aviso técnico a doctrina política en apenas unos meses, gracias a Donald Trump y la creciente incertidumbre geopolítica.

“No podemos permitirnos depender de otros para las tecnologías que mantienen en funcionamiento nuestros hospitales, la estabilidad de nuestras redes energéticas y la seguridad de nuestros servicios. Se trata de proteger a nuestros ciudadanos, defender nuestros intereses y tomar nuestras propias decisiones”, dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Nuestro problema en el ámbito digital es que toda nuestra infraestructura básicamente es americana. No solo la nube, sino también la información, el software, todo. Esto nunca lo habíamos visto como una fuente de vulnerabilidad, hasta ahora”, argumenta Javier López, vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado socialista. “Ahora sabemos que esas dependencias pueden ser utilizadas contra nosotros como armas”.

“Hasta ahora hemos sido reactivos. La relación con Estados Unidos es una relación de dependencia. Tú no puedes tener una alianza entre iguales si tú dependes totalmente de otro”, defiende Nicolás Pascual de la Parte, coordinador de Seguridad y Defensa del PP Europeo. “Eso no es una alianza, eso es un protectorado”.

Son declaraciones efectuadas en cuestión de una semana por varios representantes europeos que muestran el consenso logrado en esta área. El distanciamiento de EEUU y el amanecer de la era de la inteligencia artificial han generado el consenso en el continente: es necesaria una voz propia en el terreno digital. “La tecnología es inseparable de la geopolítica”, resume la vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen.

Desde la Defensa

La conversación de la soberanía tecnológica vertebra varias de las apuestas de la UE. Una de ellas es la Defensa. En febrero de 2025, durante una reunión a puerta cerrada de ministros de Defensa de la OTAN, la administración estadounidense dio un ultimátum a Europa. Washington dejó claro que su prioridad estratégica es la región de Asia-Pacífico (China) y exigió a los europeos asumir la carga de su defensa convencional. El último movimiento ha sido la retirada de 5.000 soldados de Alemania.

De los 27 Estados miembros que integran la Unión Europea, todos excepto Austria, Chipre, Irlanda y Malta son también miembros de la OTAN. Esos mismos 23 países son los que un reciente estudio señaló como los más dependientes de la nube y el software estadounidense para operar sistemas críticos de su seguridad nacional. El informe era claro: todos esos sistemas tienen un “botón de apagado” a disposición de Donald Trump.

La UE ha lanzado diversos programas para solucionarlo. Uno de ellos es la financiación de armamento convencional a través de programas conjuntos a través de una línea de créditos blandos de 150.000 millones. De ellos, unos 1.000 millones de euros ya han ido a España, 1.180 millones a Chipre o 16.680 millones a Rumanía. Uno de los proyectos más ambiciosos hasta la fecha la Corbeta de Patrulla Europea (EPC), con España, Italia, Francia y Grecia desarrollando un buque de 3.000 toneladas. Los dos primeros prototipos empezarán a construirse este 2026 o a principios de 2027.

Pero la serie de iniciativas va más allá del armamento convencional. “Uno de los objetivos fundamentales es crear nuestra red satelital europea para tener la inteligencia suficiente. No podemos depender de Elon Musk y de Starlink, como es el caso ahora”, expresó De la Parte en una reciente reunión con periodistas en Bruselas en la que estuvo presente elDiario.es. Se trata del programa IRIS², que pondrá en órbita una constelación de unos 290 satélites para comunicaciones seguras bajo control europeo.

Vamos a tener que ir mudando toda nuestra infraestructura digital, probablemente sin sobregesticular demasiado, pero con paso firme. Si no, esa infraestructura se puede volver en contra nuestra

Javier López — vicepresidente del Parlamento Europeo

“Ahora, nuestro problema en el ámbito digital va más allá de la red satelital”, continuó Javier López en el mismo encuentro. “Durante los últimos años hemos aprendido de la peor forma posible que las interdependencias que creíamos que eran fuente de estabilidad para Europa y parte de nuestro ADN, hoy son armas. Las interdependencias son mecanismos de coacción en el ámbito económico, en el comercio, en la energía, en la información”, continuó el vicepresidente del Parlamento Europeo.

Aunque la dependencia “de la seguridad es probablemente la más evidente de todas”, pero no es la única: “Vamos a tener que ir mudando toda nuestra infraestructura digital, probablemente sin sobregesticular demasiado, pero con paso firme. Si no, esa infraestructura se puede volver en contra nuestra”.

Hasta los datos, los chips, el código abierto y la energía

Horas después de esa reunión, la Comisión Europea presentaba un nuevo y ambicioso paquete de desconexión. Incluye dos propuestas legislativas principales, el Acta de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial y la Chips Act 2.0, acompañadas de una estrategia de código abierto y una hoja de ruta energética. El objetivo del Paquete de Soberanía Tecnológica Europea es reducir las dependencias estructurales de proveedores externos y garantizar el control sobre los datos, las cadenas de suministro y los servicios básicos.

El proyecto pone un gran énfasis en los chips, estableciendo la hoja de ruta para triplicar la capacidad de los centros de datos en el continente en un plazo de cinco a siete años. Emilio García, autor de Chips y Poder (Catarata) explica que la ley de chips 2.0 “corrige buena parte de los errores de diagnóstico de su predecesora” (aprobada en 2023), y destaca en Agenda Pública que ahora “extiende las prioridades industriales a toda la cadena de suministro” y que “incorpora por fin la demanda”.

La estrategia de la Comisión asume que los componentes destinados a la inteligencia artificial representarán más del 70% del mercado de semiconductores para el año 2030, y acelera la concesión de permisos para construir plantas de fabricación avanzada vinculadas directamente a las futuras gigafactorías de inteligencia artificial. Para evitar la dependencia de sistemas propietarios de EEUU y China, el plan apuesta por el código abierto en ciberseguridad, semiconductores e internet, con directrices que obligarán a las administraciones públicas a priorizar soluciones europeas, una de las principales reivindicaciones de las startups del continente. La hoja de ruta incluye también el sector energético: los futuros centros de datos deberán integrarse en la red eléctrica en un momento en el que crecen los recelos ciudadanos sobre estas infraestructuras.

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Javier López, establece un horizonte de cinco años para lograr unas capacidades autónomas que sirvan como mecanismo de disuasión. Pascual de la Parte es más taxativo sobre las consecuencias de no lograrlo: “Si de aquí a finales de esta década Europa no es capaz de tener los recursos necesarios para su autodefensa, Rusia y otros enemigos potenciales no van a esperar a que los tengamos”. López resume el proceso pendiente: “Esto no va a ser ni muy rápido, ni muy fácil ni muy barato, pero hace falta ponerse a ello”.

Una montaña de 200 metros de altura con 45 millones de toneladas de sal. Eso es lo que se encuentran los vecinos de la comarca catalana del Bages cuando salen a pasear por la naturaleza que rodea sus viviendas. El residuo es consecuencia de la explotación, desde 1998, de una mina de potasa en los municipios de Sallent y Súria por parte de Israel Chemical Limited (ICL) a través de su filial ICL Iberia. La sal ha contaminado el río Llobregat y los terrenos limítrofes.

Agricultores y campesinos afectados aseguran que las analíticas que han realizado de esa agua no permiten su uso ni siquiera para regadío, pues su nivel de sal multiplica por diez el que posee el agua marina. La mina también ha dejado tras de sí varios trabajadores fallecidos. Los últimos tres, en marzo de 2023, de los cuales dos eran estudiantes en prácticas. Además, en la zona se ha levantado un movimiento que llama al boicot de ICL, empresa que ha vendido durante años fósforo blanco para proyectiles en EEUU que, a su vez, es proveedor del Ejército de Israel, según denuncia el Observatori Drets Humans i Empreses.

Lee Beritutti es la directora del documental Sal a la ferida, cinta recién estrenada que narra las historias de seis personas directamente afectadas por la mina de potasa, producto que se utiliza principalmente en la elaboración de fertilizantes químicos. “Desde que llegaron, comenzaron las protestas por el desastre medioambiental que estaban produciendo y por la explotación laboral de sus trabajadores”, comenta esta joven italiana de 27 años. La empresa comenzó a explotar la mina en 1998.

Los testimonios que ahora salen a la luz tras romper el manto de silencio que envuelve a ICL aúnan las principales luchas que rodean a la explotación minera, que desde hace más de una década no cumple con las sentencias condenatorias que pesan sobre ella. “Es una pasividad que llega a ser irritante”, adelanta el abogado de los afectados, Climent Fernández.

Uso de fósforo blanco

Sal a la ferida consigue traspasar la frontera catalana para rotar la mirada hacia lo que sucede en otras latitudes. Nora Miralles, investigadora del Observatori Drets Humans i Empreses, expone que ICL también extrae potasa del Mar Muerto. “Esta empresa participa en la cadena de producción del fósforo blanco”, asegura en el documental.

El fósforo blanco es un arma incendiaria que al contacto con el aire explosiona, está a 800 grados centígrados y quema piel y órganos. “Sabemos que ICL, a través de su filial en Estados Unidos, actúa como intermediaria en la venta del fósforo blanco al Departamento de Defensa estadounidense. Luego, otra empresa del país lo vende al Ejército de Israel”, precisa la investigadora.

Israel ha utilizado en numerosas ocasiones esta arma y ha sido acusado de crímenes de guerra por su lanzamiento. El fósforo blanco solo es legal para crear cortinas de humo e iluminar objetivos, sin embargo, si se usa contra personas, provoca quemaduras letales y asfixia. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado el uso ilegal del fósforo blanco por parte de Israel en lugares como Líbano y Gaza. Sin embargo, no se puede comprobar si el fósforo blanco producido por ICL ha acabado siendo utilizado por Israel en sus múltiples frentes bélicos.

Desde el inicio del genocidio, Public Works Studio ha documentado el uso del fósforo blanco para quemar aproximadamente 2.000 hectáreas de terreno en el sur de Líbano. Yara Abdelkhalek, investigadora urbana y miembro de este colectivo, señala en el documental que Israel ha lanzado 272 ataques con fósforo blanco en Líbano.

Cogulló, la gran montaña de sal

“Los agricultores cuentan que todos sus campos están contaminados, que ahí nada crece. Quieren que la empresa se haga cargo de los daños causados, tal y como establecen las sentencias”, comenta Beritutti. Uno de estos afectados es Josep Planes, quien enseña en el documental cómo las sentencias, a las que ha tenido acceso elDiario.es, ratifican que en el agua se han hallado productos como el aceite de pino, que puede producir graves problemas respiratorios y fallos renales.

Sabemos que ICL, a través de su filial en Estados Unidos, actúa como intermediaria en la venta del fósforo blanco al Departamento de Defensa estadounidense. Luego, otra empresa del país lo vende al Ejército de Israel

Nora Miralles — Observatori Drets Humans i Empreses

Fernández recalca que tan solo una tercera parte de lo extraído de la mina es potasa, mientras que las dos partes restantes son residuos salinos. “Eso es lo que han ido depositando a lo largo de los años en un lugar sin impermeabilizar, de ahí las filtraciones continuas”, explica. El problema se centra en la llamada montaña Cogulló, con una elevación de más de 200 metros y que en 2017, dos años antes de que cesara el vertido, llegaba a los 44 millones de toneladas de sal, por lo que su peso actual estará entre los 45 y 46 millones de toneladas, ilustra el letrado. “Y así comenzaron los problemas de salinización del agua, porque se filtra a arroyos y torrentes que llegan a explotaciones agrícolas y ganaderas, a fauna, y a las propias personas a través de los pozos”, confirma.

Los frentes judiciales eternos

El abogado recuerda que en 2014 un juzgado penal de Manresa dictó una sentencia, confirmada dos años después por la Audiencia Provincial, que penaba la gestión de la mina por parte de ICL. “Ordenaba a la empresa cesar de verter ahí el residuo y a restaurar y recuperar ecológicamente la zona”, abunda. Asimismo, varios responsables de la compañía fueron condenados a penas de prisión, que no cumplieron por ser inferiores a dos años.

Desde entonces, comenzó todo un periplo judicial entre los afectados y la empresa, que “recurre absolutamente todas las decisiones judiciales, que siempre nos han dado la razón”, apuntilla Fernández. Dado que ICL no actuaba conforme al dictamen de la sentencia, los afectados acudieron al Tribunal contencioso-administrativo. Recursos ante el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y de casación mediante, esperan que de una vez por todas su colme su ansia de justicia que, en este caso, significa “hacer cumplir las sentencias como a cualquier otro hijo de vecino”, según las palabras del defensor.

Muertes de trabajadores en la mina

Beritutti, la directora del documental, asegura que ha sido “muy difícil” conseguir testimonios de antiguos trabajadores de la mina. “Ha sido casi imposible hablar con ellos delante de las cámaras. Yo creo que tienen miedo y que ICL explota muy bien su poder para que la gente se calle”, sostiene. Por su parte, ICL no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por elDiario.es.

En la cinta tan solo aparece anonimizado un antiguo trabajador de esta mina situada en el entorno de Manresa para comentar lo ocurrido en 2023, cuando tres geólogos perdieron la vida en el interior del yacimiento por un desprendimiento. “Es un caso que se ha trabajado con opacidad. Son noticias que han pasado muy desapercibidas, por el motivo que sea, cuando es un incidente que se puede volver a repetir si nadie pone el grito en el cielo”, valora el operario con la voz distorsionada. Una década antes, en 2013, otros dos trabajadores murieron en la misma mina de Súria, conectada subterráneamente con las galerías de Sallent.

No es una lucha ecologista, no es una lucha por Palestina, no es una lucha a favor de los derechos de las trabajadoras, sino que es todo en una

Anna — integrante de la campaña contra ICL

Maximo de la Corte llegó a ser el presidente del comité de empresa en el yacimiento por parte de CGT. Jubilado ya, a sus 64 años afirma que “las muertes han ido a menos según se ha mecanizado el trabajo”. Sin embargo, su principal reivindicación con los ojos puestos en el presente, secundada por los demás afectados, es la vuelta de una empresa pública a la extracción de la potasa, como sucedía antes de que llegara ICL. “Se vendió una riqueza que tendría que ser del pueblo, que tendría que aprovechar el Estado, porque el fertilizante es un bien primordial”, defiende a elDiario.es.

Los sindicatos nunca apostaron por el cierre de la explotación, pero sí una mayor seguridad para los operarios y que cesara la contaminación que producían los residuos. “No se puede seguir permitiendo una montaña con 40 millones de kilos de sal”, enfatiza De la Corte. Tanto este sindicalista como Fernández, el abogado, señalan a la Generalitat catalana como responsable en parte de lo sucedido. “La Generalitat nos cobra un impuesto de saneamiento del agua que después utiliza ICL, que la vuelve a salinizar. Tiene huevos la cosa”, afirma el primero en el documental. “Tendrían que poner freno a todo esto y hacer cumplir las sentencias”, reclama el segundo.

Luchas unidas por la solidaridad

“Es válido enfocarse en la lucha por la defensa del territorio desde Catalunya, pero también es importante esta dimensión de cómo las luchas están interrelacionadas”, añade Beritutti. Así, una protesta que nace de esta región del Mediterráneo puede encontrar sus ecos a modo de solidaridad y compromiso con lo que ocurre en Gaza y Líbano.

De la Corte, el antiguo representante de los trabajadores en Sallent, agrega que, “si realmente se prueba que la potasa que extraen de aquí termina en fósforo blanco usado contra población civil, sería un argumento más para que la explotación pasara a ser pública o se revocaran las concesiones a la empresa”.

La colaboración de la compañía con el ejército israelí ha hecho que diversos activistas se organicen en la campaña Boicot ICL. Más allá de la concienciación social sobre el desastre medioambiental que producen con su explotación y el apoyo al genocidio, los activistas han llegado a cortar las vías férreas utilizadas para transportar la potasa. También han conseguido que diversas instituciones y universidades dejen de colaborar con ICL, como es el caso de las universidades de Vic y de Manresa y el teatro Kursaal de Manresa, según recoge la red de apoyo a Palestina Rescop. “No es una lucha ecologista, no es una lucha por Palestina, no es una lucha a favor de los derechos de las trabajadoras, sino que es todo en una”, zanja en el documental Anna, integrante de la campaña contra la empresa israelí.

La Red estatal contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, integrada por más de 500 organizaciones, ha emitido este domingo un comunicado en el que alertan de que el buque Danica Violet atravesará en las próximas horas el estrecho de Gibraltar con material militar para Israel. Su denuncia se basa en una investigación publicada por el medio de comunicación irlandés The Ditch, que lleva tiempo haciendo un seguimiento de las rutas de varias navieras y barcos involucrados en el suministro de armamento al Estado israelí o a empresas de ese país.

Según esa información, el Danica Violet (IMO 8503967) transporta 60 toneladas de componente de misiles y un contenedor con cañones de artillería para la planta de la empresa Elbit Systems en Yokneam, Israel. El buque forma parte de la naviera danesa H. Folmer & Co., especialista en transportes de explosivos. Tanto la naviera como el barco han sido denunciados en varias ocasiones “por formar parte del abastecimiento de la maquinaria de guerra israelí y, de hecho, el Estado español ya denegó puerto al Danica Violet en una ocasión en mayo de 2025”.

La Rescop y la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel detallan que el barco salió el pasado 28 de marzo del puerto de Chennai (India), con destino a Haifa y que llegará al estrecho de Gibraltar en la madrugada de este lunes. También señalan que “el buque está violando normas imperativas o ayudando a Israel a cometer dichas violaciones (prohibición del apartheid y prevención y sanción del genocidio), por lo que las autoridades españolas deben denegar el tránsito de este barco en nuestras aguas territoriales”.

En 2025, la organización Progressive International desveló que, en diciembre de 2024, esta embarcación transportó más de 18.000 kilos de explosivos de demolición desde India hasta Israel. Ese viaje fue solo uno de los doce que la flota de la naviera H. Folmer&Co ha realizado desde diciembre de 2023. Según denunció Progressive International, esos explosivos “podrían haber sido utilizados en recientes demoliciones de viviendas en la localidad palestina de Yenín, en Cisjordania”.

A la misma flota de H. Folmer & Co. pertenece el Danica Sunrise, cuya presencia en el puerto de Cartagena fue denunciada en febrero de 2025. Ese barco terminó atracando en el puerto español, según confirmaron entonces fuentes portuarias.

Otra embarcación de la misma naviera es el Marianne Danica, también con bandera de Dinamarca, denunciado en mayo de 2024, ante su inminente llegada a Cartagena. La relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, indicó entonces que la escala de ese barco -y de otro que también levantó sospechas- suponía “un desafío para la postura de España en materia de derechos humanos, especialmente en el contexto de las atrocidades que se cometen en Gaza”, y defendió la necesidad de “garantizar que se aplique de forma progresiva y completa un embargo de armas efectivo a Israel”. Finalmente, en esa ocasión el Gobierno español optó por denegar el acceso al Marianne Danica, ante los indicios de que llevaba armamento a Israel.

Las organizaciones sociales que integran la campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel piden al Gobierno español que incorpore y apruebe de manera urgente “las enmiendas necesarias” al Real Decreto aprobado en septiembre de 2025, para que “se haga realidad un embargo integral de armas a Israel, sin excepciones y blindado”. Para ello solicitan que se añada la prohibición de la contratación pública con empresas armamentísticas o sus filiales, el veto a la producción de material de defensa bajo licencias israelíes, “controles e inspecciones reales en puertos, fin de toda colaboración militar o de seguridad con Israel y absoluta transparencia para verificar su efectividad”, entre otras medidas.

Durante años, la industria de defensa fue poco menos que un tabú en Catalunya. Sin grandes fabricantes militares en el territorio, sin ninguna apuesta estratégica del Govern y con una opinión pública históricamente contraria al negocio, el sector apenas tenía presencia en la conversación pública. Esa realidad forma ya parte del pasado.

El nuevo ciclo inversor europeo en seguridad y defensa impulsado por la guerra en Ucrania y la llegada de Trump a la Casa Blanca ha cambiado profundamente el tablero. Ahora Gobierno, Generalitat, patronal y grandes compañías quieren situar a Catalunya en el mapa europeo de las tecnologías de doble uso, es decir, aquellas aplicaciones civiles que también pueden tener salida en el ámbito militar.

La ofensiva se está produciendo en varios frentes y con un objetivo común: aprovechar la potente base industrial y tecnológica catalana para captar parte de los miles de millones que Europa y el Estado prevén movilizar en los próximos años.

El pastel no es pequeño. El Gobierno ha desplegado un plan en el que prevé destinar unos 10.000 millones al sector (el 2% del PIB) y, según la patronal Foment, las compañías catalanas quieren arañar hasta el 20% de esos fondos. La Unión Europea (UE), a su vez, prevé aportar durante el próximo lustro 800.000 millones de euros entre subvenciones, flexibilidad fiscal y créditos.

“Hay que aprovechar la ola inversora y los recursos que habrá durante este ciclo, que no será corto”, apunta en conversación telefónica Roger Torrent, expresidente del Parlament, ex conseller de Empresa con ERC y una de las nuevas voces destacadas de la apuesta catalana por el sector de la defensa.

Torrent ha fundado recientemente una consultora para asesorar a empresas que quieran entrar en el negocio y, a su vez, ha ejercido de responsable técnico de un informe de la Cámara de Comercio de Barcelona que reivindica el potencial de la industria catalana en este sector.

La apuesta la resumió el pasado 4 de mayo José Vicente de los Mozos, el actual consejero delegado de Indra (participada en un 28% por el Estado). “Hay que cambiar la mentalidad del mundo del automóvil al mundo de la defensa”, afirmó en un acto en Sant Cugat del Vallès ante la presencia del conseller de empresa catalán, Miquel Sàmper. 

Sàmper fue más allá. Citó los expedientes de regulación de empleo en grandes centros de trabajo como Nestlé, Ficosa o Nissan y dibujó a la industria de defensa como una de las mejores opciones para “generar una transformación del mercado laboral actual” en Catalunya. 

Las escenas que muestran el cambio se suceden. Esta semana, Indra reunió en los Tinglados del Puerto de la capital catalana a más de 200 empresas del ecosistema catalán de defensa, seguridad y espacio para presentar su plan de expansión en Catalunya.

El grupo, presidido por Ángel Simón, anunció que prevé crear 1.500 empleos y elevar su facturación en el territorio hasta los 550 millones de euros en 2027. Actualmente, emplea a 3.500 personas en Catalunya y factura 366 millones de euros.

“Europa necesita una capacidad industrial sólida para garantizar la soberanía del continente, e Indra quiere ser líder”, aseguró Simón durante el acto. La empresa también avanzó nuevos centros de actividad en Catalunya y defendió el papel del territorio como futuro hub industrial vinculado a la defensa, la ciberseguridad y el espacio.

Apuesta estratégica de la Generalitat

El Govern es otro de los actores que rema a favor de esta apuesta y lleva meses preparando el terreno. A través de Acció, la agencia pública de promoción económica, la Generalitat ha empezado a formar a empresas catalanas interesadas en acceder a este mercado. 

El foco está puesto en sectores industriales ya consolidados —automoción, espacio, metalurgia, telecomunicaciones o software— que puedan desarrollar tecnologías de “uso dual”.

También el president de la Generalitat, Salvador Illa, respaldó públicamente esta estrategia en el acto de Indra. “Hay que explicar a la sociedad la importancia de la seguridad colectiva”, afirmó. Illa defendió, además, que la seguridad es “necesaria” para que exista el estado del bienestar y reivindicó el refuerzo de la “autonomía” de Europa “ante un mundo cada vez más polarizado”.

Según el mencionado informe de la Cámara de Comercio, las empresas catalanas con potencial en este ámbito ya generan unos 1.600 millones de euros anuales, pero podrían incrementar esa cifra en 1.000 millones y crear 10.000 empleos durante los próximos cinco años. El estudio identifica hasta 800 compañías con capacidad para integrarse en la llamada “cadena de valor de la defensa europea”.

Otro informe de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) elaborado por PwC, apunta que la contribución económica de las empresas vinculadas a defensa, seguridad, aeronáutica y espacio aumentó en 2024 un 13% y el empleo un 20% respecto al año anterior.

La industria del automóvil, en el punto de mira

Tal y como recomendó el consejero delegado de Indra, el automóvil aparece como uno de los sectores llamados a jugar un papel clave en esta reconversión.

Indra ya se ha aliado con Ficosa para desarrollar sistemas de visión y vigilancia para vehículos militares, mientras Seat ha iniciado conversaciones sobre la posible fabricación de vehículos militares ligeros en la planta de Martorell (Barcelona). 

“Es evidente que el know-how del sector de la automoción es muy interesante desde el punto de vista de la defensa”, abunda Torrent. “La combinación entre una industria competitiva y madura y esta capacidad tecnológica hacen de Catalunya un lugar donde puede haber mucho crecimiento”.

La patronal también se ha sumado abiertamente a la operación. Foment del Treball anunció en noviembre la creación de un nodo catalán de empresas estratégicas de defensa y seguridad con el objetivo de integrar a las pymes catalanas en los programas europeos de defensa. 

Foment, de hecho, trabaja ya junto al gigante español de la defensa Santa Bárbara Sistemas-General Dynamics para asesorar a pequeñas y medianas empresas catalanas interesadas en convertirse en proveedoras del sector. Según explicó la compañía, más de un centenar de empresas catalanas forman actualmente parte de su cadena de suministro.

“Catalunya puede aportar pymes, industria, investigación y talento a las cadenas europeas de seguridad, con retorno en innovación, empleo cualificado y soberanía tecnológica”, afirman desde esta entidad.

Detrás de este movimiento hay también una carrera por no quedar rezagados frente a otras comunidades autónomas. Madrid, Andalucía y País Vasco concentran actualmente el grueso de la industria española de defensa, y Catalunya aspira a hacerse un hueco como polo tecnológico especializado en usos duales.

Un sector polémico y poco rentable a nivel laboral

El debate político y social sobre esta reconversión está servido en Catalunya, donde la sociedad sigue dividida ante el aumento del gasto militar. Según una encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de 2025, un 26% de los catalanes considera que los países de la UE deben aumentar el gasto en defensa, un 36% cree que debería mantenerse y un 34% apuesta por reducirlo. 

La estrategia catalana evita, al menos por ahora, entrar de pleno en la fabricación de armamento pesado o munición a gran escala. La apuesta pasa más bien por áreas menos polémicas y con aplicaciones civiles claras: satélites, drones, ciberseguridad, comunicaciones, inteligencia artificial, sensores…

Según la investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Tica Font, el aumento en el gasto en defensa irá acompañado de recortes en otras partidas que jugarán en detrimento del Estado del Bienestar.

“Si haces ajustes presupuestarios debes sacar dinero de otros ministerios”, explica, y recuerda que el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, propuso disminuir el gasto en pensiones, sanidad y prestaciones sociales para lograr aumentar el gasto en defensa.

Font recuerda, además, que los puestos de trabajo que puede generar el sector por cada euro invertido son muchos menos que cuando se invierte en otros ámbitos. Recuerda que, según la Universidad de Brown (EEUU) y Greenpeace, un millón de euros en el sector de la defensa genera 6,9 puestos de trabajo, mientras que en la Sanidad supondría 19,2 empleos o 14,3 si se invirtiera en educación. 

La investigadora en comercio de armas destaca también la fuerte dependencia que tiene este sector de la administración pública. “Es una industria deficitaria del Estado”, señala por teléfono. “Solo produce e investiga bajo contrato con la administración, esto no ocurre con ninguna industria civil”, remacha.

Las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley han firmado un acuerdo con el Pentágono que abre las puertas a la vigilancia total. De todas ellas, hay que quedarse con un nombre: Palantir. La empresa fundada por Peter Thiel, uno de los hombres más poderosos y reaccionarios de Silicon Valley, rastrea todos tus datos disponibles para ayudar al ejército a saber prácticamente todo sobre ti. A partir de ahora, los gigantes de la inteligencia artificial ceden toda su tecnología y sus datos al uso militar y de seguridad que la Casa Blanca quiera darle. El ciudadano, el disidente o el enemigo está más indefenso que nunca.

Con Carlos del Castillo, periodista especializado en Tecnología de elDiario.es, explicamos en qué consiste este acuerdo que sitúa a la industria tecnológica estadounidense, alineada con los intereses de la Administración Trump, en centro de todas las fases de la guerra, y el cambio de paradigma que representa este movimiento. 

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Los presuntos narcos del Puerto de València contaban con numerosas armas que fueron incautadas por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional. Los informes de la Policía Científica, a los que ha tenido acceso elDiario.es, reseñan el pequeño arsenal con el que contaba la presunta trama de narcotráfico a gran escala desmantelada en el marco de la 'operación Spider': un revólver Magnum, una Glock de nueve milímetros Parabellum con el número de serie borrado, dos bolígrafos pistola, tásers o defensas extensibles.

Al investigado Juan Antonio A.G. se le intervino una Magnum con el cañón y las recámaras del cilindro modificados y una pistola Glock. En el caso de la primera, considerada como arma prohibida, el Grupo de Balística Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica de Valencia concluye en su informe que podría ser “peligroso su uso”, por lo que descartó las pruebas con fuego real que los analistas efectuaron en la galería de tiro con el resto de vestigios incautados.

Por su parte, la Glock (“en buen estado de conservación”) tenía el número de serie originalmente troquelado hasta en tres ubicaciones. Sin embargo, había sido lijado con una “herramienta abrasiva o similar” y, posteriormente, se le habían troquelado “artesanalmente” tres dígitos. La Policía Científica, mediante reactivos químicos, logró identificar el número de serie original del cañón, de seis caracteres, y usó los 57 cartuchos incautados al presunto narco en las pruebas realizadas en la galería de tiro.

Juan Antonio A.G. también tenía una defensa extensible considerada como arma prohibida (al investigado Julián L.M. también se le intervino una defensa de goma semirrígida). Y, lo más llamativo, dos bolígrafos pistola artesanales y recamarados para cartuchos del calibre 22 que disparaban “correctamente”.

Los bolígrafos estaban compuestos de dos secciones: el cajón de mecanismos y la recámara que aloja al cartucho. “El sistema de disparo del arma”, explica el informe, “es mediante tornillo/tirador que se encuentra en la primera sección, el cual tras desplazarlo, comprime el muelle de dicha sección [y] se sujeta en un rebaje lateral de su recorrido manteniendo comprimido el muelle”.

“Acto seguido”, apostilla, “se desplaza ligeramente dicho tornillo a su 'carril', lo que hace descomprimir el muelle y 'lanzar' la aguja percutora para impactar sobre el cartucho de la recámara de la segunda sección, produciendo el disparo”. La Policía también agotó en las pruebas en la galería de tiro los 13 cartuchos incautados correspondientes a los bolígrafos pistola.

A Antonio B.F., directivo de una transitaria presuntamente implicada en varios alijos de la supuesta trama, se le incautó una pistola Blow, considerada arma prohibida salvo para funcionarios especialmente habilitados.

Julián L.M. poseía una pistola Táser, de la marca Pegasus, “completamente operativa” y considerada como arma prohibida, así como una carabina Winchester con el número de serie completamente borrado con una herramienta abrasiva que hace “imposible cualquier proceso de recuperación”. Sin embargo, los informes concluyen, por el mal estado de conservación y varias deficiencias, que el arma semiautomática no es operativa.

El mismo investigado poseía una ballesta en regular estado de conservación (se desaconsejaron las pruebas operativas por el “alto peligro de accidente”), una porra de goma y una defensa eléctrica, además de una decena de cartuchos del calibre 22 y varios cuchillos y machetes. A Ángel G.R. también se le intervino una pistola Táser y a varios de los investigados se les incautaron pistolas o rifles de aire comprimido.

El gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares en 2025, un aumento del 2,9% en términos reales respecto a 2024. Así lo destaca el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el SIPRI, en su informe anual publicado este lunes y al que ha tenido acceso con antelación elDiario.es.

En 2025, el gasto militar creció en todas las regiones del mundo excepto en las Américas. Estados Unidos sigue en el número uno y Europa experimenta un fuerte incremento, con una subida del 14%. Los cinco principales gastadores militares —Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India— en conjunto representaron el 58% del gasto militar mundial.

“Las cifras de gasto militar actual, de récord, nos muestran que buena parte de los países que más han aumentado su gasto militar históricamente son precisamente los que están actualmente en guerra, mientras que los que no lo han hecho son los países, hoy en día, más pacíficos, como Islandia, Suiza, Irlanda, Austria y Nueva Zelanda”, señala Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz, en el podcast 'Donde callan las armas', que se emite en elDiario.es y en plataformas.

El gasto militar en España

España entra en el ránking de los quince países con más gasto militar mundial, en el puesto 15, y dentro de ese grupo es el país que registra un mayor aumento con respecto a 2024: un 50%, hasta los 40.200 millones de dólares, según los datos que ofrece el SIPRI y muy cerca de lo que avanzó elDiario.es en abril de 2025. “Es la primera vez que España forma parte de este ránking de los quince países con mayor gasto militar mundial”, señala Jordi Calvo en el análisis específico sobre nuestro país.

Dentro de ese grupo, doce países volvieron a aumentar su gasto y solo tres registraron descensos: Estados Unidos, Reino Unido e Israel. El gasto de Polonia, en el puesto 14, creció un 23%, mientras que Italia, en el puesto 12, y Ucrania, en séptimo lugar, aumentaron su gasto militar un 20% cada uno.

El informe del SIPRI señala que este incremento en 2025 elevó la carga militar de España al 2,1% del PIB, “en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del Gobierno español, lanzado en abril de 2025, al que se asignaron 11.800 millones de dólares durante ese año”.

El gasto militar real del Estado español en 2025 ha sido más elevado que lo anunciado en su momento y representa ya el 2,42% del PIB

Centre Delàs de Estudios por la Paz

Más elevado

En el año 2016 España tenía un gasto militar del 1,1% del PIB, por lo tanto el gasto actual casi multiplica por dos ese porcentaje de 2016. El SIPRI indica que, con respecto a esa fecha, el gasto militar ha aumentado un 122%.

El Centre Delàs de Estudios por la Paz ha presentado este lunes sus análisis y señala que , según sus cálculos, “el gasto militar real del Estado español en 2025 ha sido aún más elevado que lo anunciado por el Gobierno, llegando a la cifra de 39.476 millones de euros, y ya representando el 2,42% del PIB”.

Para hacer ese cálculo, los investigadores del Centre Delàs aplican los criterios establecidos por la propia OTAN para contabilizar el desembolso de todos sus miembros. Esto incluye todas las partidas vinculadas a la defensa militar, como los costes de personal paramilitar de la Guardia Civil , los créditos en I+D militar que surgen desde el Ministerio de Industria, las misiones militares en el exterior o los intereses de la deuda correspondientes al total del gasto militar, entre otros.

Para alcanzar el 2,42% del PIB “el Gobierno ha echado mano, por primera vez, de otras partidas de carácter militar repartidas entre otros ministerios y programas”, indica el Centre Delàs. “Este método de contabilización que ha empleado tiene en cuenta todos los gastos militares, algo que venimos demandando desde hace más de dos décadas”, señala Calvo.

La cifra de 39.476 millones de euros de gasto militar español ofrecida por el Centre Delàs es superior a los 40.200 millones de dólares del SIPRI, ya que ha tenido en cuenta todas esas partidas vinculadas.

El gasto militar mundial volvió a aumentar en 2025, ya que los Estados respondieron a otro año de guerras, incertidumbre y agitación geopolítica con programas de rearme a gran escala

Xiao Liang — SIPRI

Datos globales

Estas cifras confirman la tendencia al alza en un marco de mayor militarismo, siendo 2025 el undécimo año consecutivo de incremento mundial y con un crecimiento de la carga militar global —el gasto militar como porcentaje del producto interior bruto (PIB)— al 2,5%, su nivel más alto desde 2009.

“El gasto militar mundial volvió a aumentar en 2025, ya que los Estados respondieron a otro año de guerras, incertidumbre y agitación geopolítica con programas de rearme a gran escala”, señala Xiao Liang, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI.

“Dado el abanico de crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos Estados, es probable que este crecimiento continúe durante 2026 y más allá”, añade.

El principal motor del aumento global del gasto militar en 2025 fue el incremento del 14% en Europa, hasta 864.000 millones de dólares

Instituto de Investigación de Estocolmo (SIPRI)

El gasto militar de los 32 miembros de la OTAN ascendió a 1,581 billones de dólares, es decir, el 55% del gasto mundial. Estados Unidos sigue en el primer puesto con 954.000 millones de dólares, pero con una reducción de su gasto militar, que en 2025 fue un 7,5% inferior al de 2024. Esta caída se debe principalmente a que no se aprobó una nueva partida financiera para Ucrania durante el año, en marcado contraste con los tres años anteriores.

Sin embargo, Washington aumentó las inversiones tanto en capacidades nucleares como convencionales “para mantener su dominio en el hemisferio occidental y disuadir a China en el Indo-Pacífico, objetivos clave de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional”.

“Es probable que la caída del gasto militar estadounidense en 2025 sea de corta duración”, advierte Nan Tian, director del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI. “El gasto aprobado por el Congreso de EEUU para 2026 ha superado el billón de dólares, un aumento sustancial respecto a 2025, y podría elevarse hasta 1,5 billones en 2027 si se aprueba la última propuesta presupuestaria del presidente Trump”.

Si analizamos las tablas comparativas, vemos que en el año 2016 España tenía un gasto militar del 1,1% del PIB, por lo tanto el gasto actual multiplica por dos ese porcentaje de 2016

Jordi Calvo — Centre Delàs

Fuerte aumento del gasto europeo

El principal motor del aumento global del gasto militar en 2025 fue el incremento del 14% en Europa, hasta 864.000 millones de dólares. Es el nivel más alto jamás registrado por el SIPRI.

“En la década 2016-2025, el gasto se duplicó (+102 %). Este incremento refleja la creciente inestabilidad geopolítica en la región, principalmente relacionada con la guerra entre Rusia y Ucrania y la incertidumbre sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos para los miembros europeos de la OTAN”, señala el informe del SIPRI.

El gasto de Rusia y Ucrania continuó creciendo en el cuarto año de la guerra, mientras que el rearme de los miembros europeos de la OTAN supuso el mayor crecimiento anual en Europa Central y Occidental desde el final de la Guerra Fría.

El gasto militar de Rusia creció un 5,9% en 2025 hasta los 190.000 millones de dólares, con una carga militar del 7,5% del PIB. Ucrania, el séptimo mayor gastador, aumentó su gasto un 20% hasta los 84.100 millones de dólares, equivalentes al 40% de su PIB.

“En 2025, el gasto militar como proporción del gasto público alcanzó el nivel más alto jamás registrado tanto en Rusia como en Ucrania”, indica Lorenzo Scarazzato, investigador del SIPRI. “Es probable que siga creciendo en 2026 si la guerra continúa, con mayores ingresos por exportaciones de petróleo en Rusia y un importante préstamo previsto de la Unión Europea para Ucrania”.

Los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron en conjunto 559.000 millones de dólares en 2025, y 22 de ellos destinaron al menos el 2% del PIB a defensa. Alemania fue el mayor gastador del grupo, con un aumento del 24% hasta los 114.000 millones

Los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron en conjunto 559.000 millones de dólares en 2025, y 22 de ellos destinaron al menos el 2% del PIB a defensa. Alemania fue el mayor gastador del grupo, con un aumento del 24% hasta los 114.000 millones. Su carga militar superó el 2% por primera vez desde 1990, alcanzando el 2,3%.

“En 2025, el gasto militar de los miembros europeos de la OTAN creció más rápido que en cualquier otro momento desde 1953”, destaca Jade Guiberteau Ricard, asistente de investigación en el Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI.

“A medida que los Estados intentan cumplir los nuevos objetivos de gasto, existe el riesgo de que se difuminen los límites entre el gasto militar y otros gastos relacionados con la defensa, reduciendo la transparencia”, advierte.

Las cifras muestran que buena parte de los países que más han aumentado su gasto militar históricamente son precisamente los que están actualmente en guerra, mientras que los que no lo han hecho son los países, hoy en día, más pacíficos

Jordi Calvo — Centre Delàs

Oriente Medio

El gasto militar en Oriente Medio alcanzó unos 218.000 millones de dólares en 2025, apenas un 0,1% más que en 2024. Excepto Israel, la mayoría de los principales países de la región aumentaron su gasto. El gasto de Israel disminuyó un 4,9% hasta los 48.300 millones. Aun así, seguía siendo un 97% superior al de 2022.

El gasto de Turquía aumentó un 7,2% hasta los 30.000 millones y el gasto de Irán cayó por segundo año consecutivo, un 5,6% hasta los 7.400 millones, debido a la alta inflación, aunque aumentó en términos nominales.

Asia y Oceanía

El gasto militar en Asia y Oceanía alcanzó los 681.000 millones de dólares en 2025, un 8,1% más que en 2024, el mayor aumento registrado desde 2009. China incrementó su gasto un 7,4% hasta los 336.000 millones, Japón aumentó su gasto un 9,7% hasta los 62.200 millones (1,4% del PIB), el nivel más alto desde 1958, y Taiwán alcanzó el 14% hasta los 18.200 millones (2,1% del PIB).

“Los aliados de Estados Unidos en Asia y Oceanía están aumentando su gasto militar no solo por tensiones regionales, sino también por la incertidumbre sobre el apoyo estadounidense”, resalta el investigador del SIPRI Diego Lopes da Silva.

Otras cifras

El SIPRI indica que el gasto militar del Reino Unido cayó un 2,0% hasta los 89.000 millones y el de Francia aumentó un 1,5% hasta los 68.000 millones.

India aumentó su gasto un 8,9% hasta los 92.100 millones de dólares, Pakistán lo hizo en un 11% hasta los 11.900 millones y Arabia Saudí incrementó su gasto un 1,4% hasta los 83.200 millones. En África el gasto militar aumentó un 8,5% hasta los 58.200 millones totales.

El gasto militar como proporción del PIB —la llamada carga militar— es una medida del coste económico relativo de las fuerzas armadas para un país. A nivel mundial, esta carga aumentó del 2,4% en 2024 al 2,5% en 2025, el nivel más alto desde 2009.

En promedio, los países de Oriente Medio registraron la mayor carga militar en 2025 (3,8% del PIB), seguidos por Europa (3,2%), África (1,8%), Asia y Oceanía (1,6%) y América (1,2%).

Los tres países con mayor carga militar fueron Ucrania (40%), Argelia (8,8%) e Israel (7,8%). “El mayor aumento se registró en Ucrania (+5,6 puntos porcentuales), seguida de Azerbaiyán (+1,4) y Noruega y Dinamarca (ambos +1,0)”, indica el SIPRI. Sudán del Sur y Burkina Faso registraron las mayores disminuciones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha denegado la medida cautelar solicitada por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, para que se suspendiera la asignación a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como beneficiarias de dos préstamos para programas especiales de modernización (PEM) de armamento por importe de 3.000 millones de euros, que se enmarcan en contratos por valor total de 7.240 millones de euros.

La petición pretendía la suspensión cautelar de los préstamos y de todos aquellos preceptos relacionados con la concesión de estos préstamos, así como la suspensión de todos los procedimientos y actos administrativos subsiguientes, mientras se resuelve el fondo del recurso que Santa Bárbara tiene planteado contra los mismos, informa Europa Press.

Entre otros argumentos, la Sala basa el rechazo a la medida cautelar en que los perjuicios alegados por Santa Bárbara Sistemas “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale, sin que resulte acreditado que la ejecución del Real Decreto y los préstamos que se impugnan le pueda ocasionar perjuicios inminentes, ni menos aún que estos sean de difícil o imposible reparación”.

“El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica”, ha añadido el alto tribunal.

Argumenta que no ha quedado acreditado que la continuidad de la empresa, su posición actual en el mercado o los puestos actuales de trabajo puedan verse afectados por la concesión de estos préstamos a las empresas competidoras.

Destaca que Santa Bárbara, en abril del año 2000, fue adquirida por General Dynamics Corporation, convirtiéndose en una filial de la multinacional estadounidense, que es una de las empresas “líderes mundiales” en la fabricación y diseño en el sector de la defensa, “por lo que difícilmente su continuidad como empresa o los actuales puestos de trabajo pueden entenderse comprometidos por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados”.

“Sin olvidar que Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos en España para el desarrollo de otros programas diferentes (Programa Actualización Vehículos Pizarro) por importe de 176 millones”, ha indicado.

Relevante interés público

Asimismo, la Sala rechaza la alegación de Santa Bárbara que alude a que los perjuicios sobre el interés público y a la propia empresa son “significativamente mayores” que los posibles inconvenientes que la suspensión cautelar podría generar para Indra y EM&E.

En su auto, el tribunal explica que existe un “relevante interés público” en desarrollar programas de armamento para la modernización de la defensa nacional y al mismo tiempo constituye una estrategia nacional y de la Unión Europea (UE) aminorar la dependencia en el abastecimiento exterior de suministros estratégicos y la puesta en marcha de industrias estratégicas que permitan una capacidad de defensa autónoma y el fortalecimiento de la industria nacional.

“Y ese interés público, enmarcado en el contexto de una política de seguridad y defensa común de la UE que establece el compromiso de los Estados miembros a mejorar progresivamente sus capacidades militares, exige el desarrollo de determinados programas de modernización cuya financiación constituye el objeto de este recurso y cuya paralización generaría perjuicios importantes para la puesta en marcha de estos programas y consiguientemente para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el contexto de la UE”, subrayan los magistrados.

Considera que la suspensión cautelar de más de 3.000 millones de euros de financiación pública, correspondientes a los PEM, “no produciría un mero aplazamiento neutro de la inversión, sino una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles”.

“La adopción de la medida cautelar comprometería de forma directa e inmediata la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico”, subraya.

Además, señala que frente a ese relevante interés público en la ejecución de los préstamos “no se aprecian perjuicios irreparables para la empresa recurrente, pues si bien la financiación de las compañías competidoras le genera la pérdida de la expectativa de ser el destinatario de esta financiación, ese interés privado ni puede prevalecer sobre el interés público descrito ni superponerse al interés privado de las empresas beneficiarias, que resulta igualmente digno de protección”.

De este modo, la Sala concluye que no procede apreciar los requisitos necesarios para aplicar la doctrina del 'fumus bonis iuris' y, en consecuencia, suspender la inmediata ejecutividad del Real Decreto impugnado.

Telefónica e Indra exploran emprender una alianza estratégica en ciberseguridad e Inteligencia Artificial, abierta a nuevos socios, con el fin de poder pujar por los próximos contratos relacionados en Defensa, según publica Expansión este jueves y ha confirmado EFE. El objetivo principal de esta eventual alianza, de materializarse, serán los nuevos Programas Especial de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa valorados en miles de millones. La colaboración aún no se ha materializado en una sociedad conjunta ni en proyectos concretos.

Indra y Telefónica son dos empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con más de un 28% y un 10%, respectivamente. Según Expansión, esta iniciativa tiene el visto bueno del Ejecutivo en su objetivo de contar con una plataforma digital soberana, autónoma y segura en materia de datos, ciberseguridad, ciberdefensa e IA en España.

La idea pasa por poner en marcha una suerte de consorcio estatal nacional, al estilo Tess Defence, el consorcio español de empresas de defensa creado para desarrollar y fabricar el vehículo blindado 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra. Su objetivo sería desarrollar iniciativas nacionales en materia de ciberseguridad, ciberdefensa e IA y que garantice la protección de activos, datos y comunicaciones estratégicas, pero también le permita anticipar y mejorar la toma de decisiones críticas sobre la base de una IA soberana.

Tess Defence contaba con cuatro socios (Indra, Santa Bárbara, Escribano Mechanical & Engineering y Sapa) con una participación equivalente, hasta que el año pasado Indra se hizo con la mayoría.

En caso de que siga adelante el proyecto, se prevé que Indra aporte las capacidades de su recién estrenada plataforma IndraMind, a través de la que concentra su experiencia en IA, ciberdefensa y ciberseguridad. Del lado de Telefónica, se pretende que la aportación llegue de la mano de infraestructuras de comunicaciones y tecnología propia.

Telefónica e Indra no han querido hacer comentarios al respecto, tras ser preguntados por EFE.

Un intermediario del secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, intentó invertir en importantes empresas de defensa en las semanas previas a la guerra de Irán, según ha revelado el Financial Times.

El diario británico cita a tres fuentes familiarizadas que indican que un corredor de bolsa vinculado al jefe del Pentágono trató de hacer una inversión millonaria en un fondo diseñado para invertir en empresas que fabrican armas, aviones y sistemas de defensa.

pocos días antes que Estados Unidos lanzara una acción militar contra Teherán y la consulta fue señalada internamente en el fondo BlackRock, que busca “oportunidades de crecimiento invirtiendo en empresas que puedan beneficiarse del aumento del gasto público en defensa y seguridad en un contexto de fragmentación geopolítica y competencia económica”.

Hegseth, que trabajó en la conservadora Fox News antes de asumir el cargo, es uno de los principales artífices de la guerra contra Irán, y también ha sido uno de los defensores más acérrimos del ataque dentro de la Administración Trump. Durante sus intervenciones, ha alardeado con frecuencia del poderío militar de Estados Unidos.

El Pentágono rechaza la información

El Pentágono ha rechazado este lunes que Hegseth haya intentado invertir en importantes empresas de defensa. El portavoz, Sean Parnell, ha calificado como “falsa e inventada” la información del Financial Times.

“Se trata de otra difamación infundada y deshonesta, diseñada para engañar al público. Exigimos una retractación inmediata”, agrega Parnell en su cuenta oficial de X.

El caso ha generado un debate sobre la transparencia y posibles conflictos de interés de funcionarios con acceso a información de defensa. Los movimientos financieros en sectores estratégicos suelen recibir vigilancia mediática.

Este lunes el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con una destrucción generalizada de los recursos energéticos de Irán y demás infraestructura vital, incluidas plantas desalinizadoras, si no se alcanza “pronto” un acuerdo para poner fin a la guerra que atraviesa su quinta semana.

La empresa armamentística española Fábrica de Municiones de Granada (FMG) fue inhabilitada temporalmente el pasado mes de julio para licitar nuevos contratos por presuntos casos de irregularidades en el marco de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA), según informa este martes el diario belga 'Le Soir', que cita documentos confidenciales.

Según este medio, el procedimiento para excluir a FMG de las licitaciones de la NSPA se notificó el mismo día que el dirigido contra la líder israelí en materia de defensa Elbit Systems, uno de cuyos intermediarios está siendo actualmente buscado por la justicia belga. En aquel momento, la compañía española, propiedad del conglomerado checo de defensa CSG, contaba con, al menos, tres contratos en vigor para proyectiles de 120 milímetros con la agencia.

La suspensión de ambas empresas se tomó “con carácter de urgencia, tras graves acusaciones que indicaban que los proveedores habían incurrido en prácticas reprobables, incluidas irregularidades en la adjudicación de contratos”, según la información de 'Le Soir'. Desde que se destapó esta investigación, el año pasado, la agencia encargada de la adquisición del material militar para la OTAN ha insistido que no tiene “tolerancia con el fraude o la corrupción”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibió en mayo del año pasado una solicitud del fiscal federal belga para levantar la inmunidad funcional de tres miembros del personal de la NSPA, antiguos y actuales, que levantó ese mismo día. Además, junto a la directora general de la agencia, Stacy A. Cummings, impulsaron un grupo de trabajo para investigar cualquier potencial fraude y casos de corrupción por parte del personal de la agencia o sus contratistas.

También el pasado mes de mayo, la Fiscalía de Luxemburgo publicó un comunicado en el que informaba de varios registros en el marco de una operación para resolver un caso que implicaba a funcionarios en activo y retirados de la NSPA. Medios como el propio 'Le Soir' o 'Follow the Money' informaron sobre supuestos casos de corrupción o fraude en este organismo.