La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha denegado la medida cautelar solicitada por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, para que se suspendiera la asignación a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como beneficiarias de dos préstamos para programas especiales de modernización (PEM) de armamento por importe de 3.000 millones de euros, que se enmarcan en contratos por valor total de 7.240 millones de euros.

La petición pretendía la suspensión cautelar de los préstamos y de todos aquellos preceptos relacionados con la concesión de estos préstamos, así como la suspensión de todos los procedimientos y actos administrativos subsiguientes, mientras se resuelve el fondo del recurso que Santa Bárbara tiene planteado contra los mismos, informa Europa Press.

Entre otros argumentos, la Sala basa el rechazo a la medida cautelar en que los perjuicios alegados por Santa Bárbara Sistemas “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale, sin que resulte acreditado que la ejecución del Real Decreto y los préstamos que se impugnan le pueda ocasionar perjuicios inminentes, ni menos aún que estos sean de difícil o imposible reparación”.

“El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica”, ha añadido el alto tribunal.

Argumenta que no ha quedado acreditado que la continuidad de la empresa, su posición actual en el mercado o los puestos actuales de trabajo puedan verse afectados por la concesión de estos préstamos a las empresas competidoras.

Destaca que Santa Bárbara, en abril del año 2000, fue adquirida por General Dynamics Corporation, convirtiéndose en una filial de la multinacional estadounidense, que es una de las empresas “líderes mundiales” en la fabricación y diseño en el sector de la defensa, “por lo que difícilmente su continuidad como empresa o los actuales puestos de trabajo pueden entenderse comprometidos por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados”.

“Sin olvidar que Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos en España para el desarrollo de otros programas diferentes (Programa Actualización Vehículos Pizarro) por importe de 176 millones”, ha indicado.

Relevante interés público

Asimismo, la Sala rechaza la alegación de Santa Bárbara que alude a que los perjuicios sobre el interés público y a la propia empresa son “significativamente mayores” que los posibles inconvenientes que la suspensión cautelar podría generar para Indra y EM&E.

En su auto, el tribunal explica que existe un “relevante interés público” en desarrollar programas de armamento para la modernización de la defensa nacional y al mismo tiempo constituye una estrategia nacional y de la Unión Europea (UE) aminorar la dependencia en el abastecimiento exterior de suministros estratégicos y la puesta en marcha de industrias estratégicas que permitan una capacidad de defensa autónoma y el fortalecimiento de la industria nacional.

“Y ese interés público, enmarcado en el contexto de una política de seguridad y defensa común de la UE que establece el compromiso de los Estados miembros a mejorar progresivamente sus capacidades militares, exige el desarrollo de determinados programas de modernización cuya financiación constituye el objeto de este recurso y cuya paralización generaría perjuicios importantes para la puesta en marcha de estos programas y consiguientemente para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el contexto de la UE”, subrayan los magistrados.

Considera que la suspensión cautelar de más de 3.000 millones de euros de financiación pública, correspondientes a los PEM, “no produciría un mero aplazamiento neutro de la inversión, sino una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles”.

“La adopción de la medida cautelar comprometería de forma directa e inmediata la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico”, subraya.

Además, señala que frente a ese relevante interés público en la ejecución de los préstamos “no se aprecian perjuicios irreparables para la empresa recurrente, pues si bien la financiación de las compañías competidoras le genera la pérdida de la expectativa de ser el destinatario de esta financiación, ese interés privado ni puede prevalecer sobre el interés público descrito ni superponerse al interés privado de las empresas beneficiarias, que resulta igualmente digno de protección”.

De este modo, la Sala concluye que no procede apreciar los requisitos necesarios para aplicar la doctrina del 'fumus bonis iuris' y, en consecuencia, suspender la inmediata ejecutividad del Real Decreto impugnado.

Telefónica e Indra exploran emprender una alianza estratégica en ciberseguridad e Inteligencia Artificial, abierta a nuevos socios, con el fin de poder pujar por los próximos contratos relacionados en Defensa, según publica Expansión este jueves y ha confirmado EFE. El objetivo principal de esta eventual alianza, de materializarse, serán los nuevos Programas Especial de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa valorados en miles de millones. La colaboración aún no se ha materializado en una sociedad conjunta ni en proyectos concretos.

Indra y Telefónica son dos empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con más de un 28% y un 10%, respectivamente. Según Expansión, esta iniciativa tiene el visto bueno del Ejecutivo en su objetivo de contar con una plataforma digital soberana, autónoma y segura en materia de datos, ciberseguridad, ciberdefensa e IA en España.

La idea pasa por poner en marcha una suerte de consorcio estatal nacional, al estilo Tess Defence, el consorcio español de empresas de defensa creado para desarrollar y fabricar el vehículo blindado 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra. Su objetivo sería desarrollar iniciativas nacionales en materia de ciberseguridad, ciberdefensa e IA y que garantice la protección de activos, datos y comunicaciones estratégicas, pero también le permita anticipar y mejorar la toma de decisiones críticas sobre la base de una IA soberana.

Tess Defence contaba con cuatro socios (Indra, Santa Bárbara, Escribano Mechanical & Engineering y Sapa) con una participación equivalente, hasta que el año pasado Indra se hizo con la mayoría.

En caso de que siga adelante el proyecto, se prevé que Indra aporte las capacidades de su recién estrenada plataforma IndraMind, a través de la que concentra su experiencia en IA, ciberdefensa y ciberseguridad. Del lado de Telefónica, se pretende que la aportación llegue de la mano de infraestructuras de comunicaciones y tecnología propia.

Telefónica e Indra no han querido hacer comentarios al respecto, tras ser preguntados por EFE.

Un intermediario del secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, intentó invertir en importantes empresas de defensa en las semanas previas a la guerra de Irán, según ha revelado el Financial Times.

El diario británico cita a tres fuentes familiarizadas que indican que un corredor de bolsa vinculado al jefe del Pentágono trató de hacer una inversión millonaria en un fondo diseñado para invertir en empresas que fabrican armas, aviones y sistemas de defensa.

pocos días antes que Estados Unidos lanzara una acción militar contra Teherán y la consulta fue señalada internamente en el fondo BlackRock, que busca “oportunidades de crecimiento invirtiendo en empresas que puedan beneficiarse del aumento del gasto público en defensa y seguridad en un contexto de fragmentación geopolítica y competencia económica”.

Hegseth, que trabajó en la conservadora Fox News antes de asumir el cargo, es uno de los principales artífices de la guerra contra Irán, y también ha sido uno de los defensores más acérrimos del ataque dentro de la Administración Trump. Durante sus intervenciones, ha alardeado con frecuencia del poderío militar de Estados Unidos.

El Pentágono rechaza la información

El Pentágono ha rechazado este lunes que Hegseth haya intentado invertir en importantes empresas de defensa. El portavoz, Sean Parnell, ha calificado como “falsa e inventada” la información del Financial Times.

“Se trata de otra difamación infundada y deshonesta, diseñada para engañar al público. Exigimos una retractación inmediata”, agrega Parnell en su cuenta oficial de X.

El caso ha generado un debate sobre la transparencia y posibles conflictos de interés de funcionarios con acceso a información de defensa. Los movimientos financieros en sectores estratégicos suelen recibir vigilancia mediática.

Este lunes el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con una destrucción generalizada de los recursos energéticos de Irán y demás infraestructura vital, incluidas plantas desalinizadoras, si no se alcanza “pronto” un acuerdo para poner fin a la guerra que atraviesa su quinta semana.

La empresa armamentística española Fábrica de Municiones de Granada (FMG) fue inhabilitada temporalmente el pasado mes de julio para licitar nuevos contratos por presuntos casos de irregularidades en el marco de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA), según informa este martes el diario belga 'Le Soir', que cita documentos confidenciales.

Según este medio, el procedimiento para excluir a FMG de las licitaciones de la NSPA se notificó el mismo día que el dirigido contra la líder israelí en materia de defensa Elbit Systems, uno de cuyos intermediarios está siendo actualmente buscado por la justicia belga. En aquel momento, la compañía española, propiedad del conglomerado checo de defensa CSG, contaba con, al menos, tres contratos en vigor para proyectiles de 120 milímetros con la agencia.

La suspensión de ambas empresas se tomó “con carácter de urgencia, tras graves acusaciones que indicaban que los proveedores habían incurrido en prácticas reprobables, incluidas irregularidades en la adjudicación de contratos”, según la información de 'Le Soir'. Desde que se destapó esta investigación, el año pasado, la agencia encargada de la adquisición del material militar para la OTAN ha insistido que no tiene “tolerancia con el fraude o la corrupción”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibió en mayo del año pasado una solicitud del fiscal federal belga para levantar la inmunidad funcional de tres miembros del personal de la NSPA, antiguos y actuales, que levantó ese mismo día. Además, junto a la directora general de la agencia, Stacy A. Cummings, impulsaron un grupo de trabajo para investigar cualquier potencial fraude y casos de corrupción por parte del personal de la agencia o sus contratistas.

También el pasado mes de mayo, la Fiscalía de Luxemburgo publicó un comunicado en el que informaba de varios registros en el marco de una operación para resolver un caso que implicaba a funcionarios en activo y retirados de la NSPA. Medios como el propio 'Le Soir' o 'Follow the Money' informaron sobre supuestos casos de corrupción o fraude en este organismo.

Trump ha sugerido que Estados Unidos podría retirarse de la Alianza Atlántica si sus aliados no “pagan su parte”. Incluso ha afirmado que “animaría” a Rusia a atacar a cualquier miembro de la OTAN que no cumpliera con sus obligaciones financieras, o que, si Europa no paga la factura de su seguridad, EEUU no les defenderá ante un hipotético ataque. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Nos debemos tomar en serio las amenazas del presidente estadounidense?

Veamos cuál es la presencia militar estadounidense en Europa, la factibilidad de la retirada de EEUU de territorio europeo y/o su salida de la OTAN, el coste que esto supondría para Europa (según estudios que dan por supuesta la intención de invasión del continente por parte de Rusia) y finalmente quién debe a quién, en términos monetarios y también securitarios.

Un informe de 2021 del Quincy Institute for Responsible Statecraft, Drawdown: Improving U.S. and Global Security Through Military Base Closures Abroad señala que, a pesar de la retirada de tropas y bases de Afganistán, EEUU aún mantiene alrededor de 750 bases militares en unos 80 países y territorios de todo el mundo. Según los autores del estudio, estas instalaciones cuestan a los contribuyentes estadounidenses unos 55.000 millones de dólares al año en gastos operativos y de mantenimiento.

Para cuantificar la presencia militar de EEUU en Europa podemos consultar el artículo Where Are U.S. Bases and Forces Situated in Europe? del Council on Foreign Relations, donde se constata que a comienzos de 2025 había cerca de 84.000 militares estadounidenses en Europa. Aunque, actualmente, con el envío suplementario de militares a los países fronterizos con Ucrania, la cifra podría alcanzar los 105.000 efectivos, en 26 bases militares estadounidenses y otras 19 instalaciones con presencia militar norteamericana.

Hay 38.700 militares estadounidenses en Alemania, 14.000 en Polonia, 12.600 en Italia, 10.000 en Reino Unido y 3.500 en España

El informe calcula que hay 38.700 militares estadounidenses en Alemania, 14.000 en Polonia, 12.600 en Italia, 10.000 en Reino Unido y 3.500 en España, y cifras inferiores en hasta 14 países más. Se calcula además que Europa alberga aproximadamente un centenar de bombas nucleares B61 en Bélgica, Italia, Países Bajos, Alemania y Turquía. Según este mismo artículo, los países que acogen una base militar estadounidense pagan aproximadamente el 34% de los costes operativos de esas bases.

De tal modo que si en Europa hay 45 bases, el 6% del total, podemos hablar de un coste anual de unos 3.000 millones de dólares, a los que cabría restar el mencionado 34% del coste que cubren los países que acogen estas bases militares. Por tanto, el coste real de las bases militares de EEUU en Europa puede rondar los 2.000 millones de dólares anuales. 

Esto no parece mucho cuando lo comparamos con las armas que Europa compra a EEUU cada año, ya que mientras Europa prácticamente no le exporta armas, sí importa un volumen considerable. Según la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) EEUU exportó más de 318.000 millones de dólares en armamento en 2024, del que un tercio fue a parar a Europa. Esta misma fuente revela la existencia de 2.907 millones de dólares en compras españolas de armas a EEUU en 2024 y 1.682 millones en 2023, más de 4.500 millones en dos años. Vistas estas cifras récord, parece que las críticas reiteradas de Donald Trump a España por su bajo gasto en defensa pueden haber conseguido sus objetivos.

EEUU y la OTAN

En las declaraciones de Donald Trump referidas más arriba hay una incongruencia de base porque amenaza con no defender a los países europeos si no se encargan de su propia seguridad; es decir, si no aumentan sus capacidades militares. Lo que significa que sí que defendería a Europa si esta se encargara de su propia seguridad; esto es, si tuviera más armas y un mayor ejército, que harían innecesaria la intervención norteamericana.

No es creíble, por desgracia, que EEUU abandone la OTAN. No solo por la incoherencia apuntada, sino por razones obvias, como las que fueron señaladas por 16 antiguos embajadores en la OTAN de EEUU y ex altos cargos militares el 13 de febrero con motivo de la Conferencia de Seguridad de Múnich, quienes defendieron con énfasis que “la presencia de EEUU en la OTAN no es una cuestión de caridad, sino que es vital para su propia seguridad”. Insistieron en su comunicado en que estar en la OTAN no es un acto de generosidad por parte de EEUU, sino que les sirve para mantener e impulsar su poder global, y señalaron que si EEUU saliera de la OTAN, el resultado inmediato implicaría mayores costes, pérdida de influencia y menor legitimidad en el resto del mundo.

El miedo a Rusia justifica el rearme

Finalmente, me gustaría hacer referencia al estudio del International Institute of Strategic Studies Defending Europe Without the United States: Costs and Consequences de mayo de 2025 sobre el coste que tendría para los países europeos hacerse cargo de la actividad militar y de seguridad estadounidense en Europa. Este estudio parte de la poco creíble asunción de que la guerra en Ucrania termine con un alto el fuego, al tiempo que el Gobierno de EEUU inicie el proceso de retirada de la OTAN. Los cálculos concluyen que los aliados europeos necesitarían reemplazar las plataformas militares clave con aproximadamente 128.000 efectivos. Para sustituir las capacidades militares actualmente utilizadas por EEUU en Europa, el coste según este estudio podría llegar a alcanzar hasta un billón de dólares.

Pero claro, este informe parte de una premisa cuando menos tendenciosa, porque considera de manera acrítica que Rusia constituye una amenaza militar significativa para Europa y que la presencia de EEUU ha sido la razón de evitar que Rusia invadiera desde el final de la Segunda Guerra Mundial el continente europeo.

Para ello, el estudio cita, entre otros, al Gobierno danés, que en su informe Intelligence Outlook 2025 de sus propios servicios de inteligencia proyecta que Rusia podría iniciar una guerra local contra un país vecino en seis meses a partir del momento en que la guerra en Ucrania se congele o termine; en dos años, podría lanzar una guerra regional en la región del mar Báltico; y en cinco años, podría estar preparada para un ataque a gran escala contra Europa. Es una predicción con escaso fundamento, que más bien parece buscar que se genere en la percepción en la sociedad europea de que, pase lo que pase, hay que seguir con el Plan de Rearme ante la ausencia de escenarios alternativos a las vías militares para conseguir la paz y seguridad en Europa.

La factura de la inseguridad

Por otra parte, la discusión sobre quién paga la seguridad europea suele plantearse en términos monetarios, pero a menudo se omite el coste estratégico de las decisiones adoptadas en las últimas tres décadas.

No debemos olvidar que desde el fin de la Guerra Fría, la OTAN pasó de 16 a 32 miembros, incorporando progresivamente a antiguos países del Pacto de Varsovia y a ex repúblicas soviéticas. En 2008, la cumbre de Bucarest declaró que Ucrania y Georgia podrían ser miembros de la OTAN en un futuro. Recientemente, Finlandia y Suecia han ingresado, ampliando aún más la frontera directa entre la OTAN y Rusia.

Para Moscú, este proceso no fue una mera ampliación administrativa, sino un desplazamiento constante de una alianza militar liderada por EEUU hacia su espacio estratégico inmediato. Ya en 2007, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Vladímir Putin denunció abiertamente la expansión de la OTAN como una amenaza directa a la seguridad rusa y cuestionó el modelo de orden unipolar dominado por Washington.

La “factura” de la seguridad europea también debe considerar el precio político y estratégico de una arquitectura de seguridad que, en lugar de integrar a Rusia en un sistema común, avanzó bajo una lógica de ampliación y presión percibida como amenaza

A esta dinámica se añadió el giro constitucional de Ucrania. Tras su independencia, el país mantuvo durante años una política formal de no alineación. Sin embargo, después de 2014, Kiev abandonó esa posición y en 2019 incorporó en su Constitución el objetivo estratégico de integrarse en la OTAN y en la Unión Europea. Desde la óptica rusa, la posible entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica suponía la presencia potencial de infraestructuras militares occidentales en un territorio históricamente vinculado a su esfera de influencia y situado a escasa distancia de Moscú.

En este contexto, la “factura” de la seguridad europea no puede reducirse al coste de bases o despliegues militares estadounidenses. También debe considerarse el precio político y estratégico de una arquitectura de seguridad que, en lugar de integrar a Rusia en un sistema común, avanzó bajo una lógica de ampliación y presión percibida como amenaza. El resultado no ha sido una Europa más estable, sino un continente militarizado, polarizado y en guerra. Desde esta perspectiva, más que pagar por su seguridad, Europa estaría pagando hoy las consecuencias de una inseguridad, responsabilidad de EEUU y la OTAN, acumulada durante años de expansión sin un marco inclusivo que incorporara a Rusia en el nuevo orden posterior a 1991.

Este tema se aborda en detalle en el tercer capítulo del pódcast 'Donde callan las armas', del Centre Delàs con Olga Rodríguez.

El 11 de febrero, la Secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García, acudió a la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre el plan de desconexión tecnológica con la industria militar de Israel. Según la Secretaria de Estado, el objetivo del plan es “eliminar cualquier dependencia tecnológica de la industria militar israelí”. “El Ministerio de Defensa ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo de identificación de todos los sistemas, equipos, componentes, repuestos y tecnologías de origen israelí presentes en nuestras capacidades”, dijo. Sin embargo, no se ha hecho público ningún documento que recoja dicho plan de desconexión.

La Secretaría de Estado de Defensa puso dos ejemplos de la aplicación del plan: los misiles contra carro Spike LR2 y el Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM). En relación con el Spike, informó que, el 3 de febrero, la “empresa española” PAP Tecnos había presentado una propuesta al Ministerio de Defensa que se estaba estudiado para sustituir el misil Spike por el MELLS, un desarrollo europeo del misil Spike “cuyos componentes no tienen origen israelí”, y que se produce por la empresa checa CSG Defence Systems, a cuyo grupo pertenece la Fábrica de Municiones de Granada. Pero PAP Tecnos es una empresa de capital israelí y el misil MELLS también es de patente israelí. El MELLS no es más que una versión del Spike LR2 producida en otro país.

El Ministerio de Defensa adjudicó el 22 de noviembre de 2023 a la empresa PAP Tecnos Innovación S.A.U. el contrato administrativo para el “suministro de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2” (número de expediente 2023/0150E). Este contrato no ha sido anulado. El valor del contrato es de 287.445.712 euros y su plazo de ejecución es de 55 meses desde el 30 de noviembre de 2023; por tanto, hasta finales de junio de 2028. La adjudicación del contrato a PAP Tecnos se realizó utilizando el procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, sin competencia con otras empresas, un contrato adjudicado a dedo. Esta decisión se justificó en el hecho de que PAP Tecnos era la única empresa capacitada técnicamente para realizar el objeto del contrato. En la ejecución del contrato, además de PAP Tecnos, también participarían las empresas Escribano, Expal, Fábrica de Municiones de Granada, Tecnobit y la israelí Rafael Advanced Defense Systems.

PAP Tecnos Innovación S.A.U. es una empresa constituida en España según los requisitos que establece la legislación societaria española. Su capital social es israelí, ya que es una empresa filial de Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Como PAP Tecnos es una sociedad anónima unipersonal, todas sus acciones están en manos de Rafael. El misil contra carro Spike LR2 ha sido desarrollado por Rafael, empresa a la que pertenece la patente. Según el Catálogo de la Industria Española de Defensa, elaborado por el Ministerio de Defensa, PAP Tecnos habría entregado más de 2.600 misiles Spike al Ejército español.

El misil contra carro Spike LR2 y el misil MELLS son, básicamente, el mismo producto. El MELLS es fabricado por la empresa alemana EuroSpike GmbH. Esta empresa, constituida en Alemania, otorga cobertura jurídica a la asociación estratégica (joint venture) de tres empresas: Diehl Defence GmbH & Co. KG, Rheinmetall Electronics GmbH y la israelí Rafael Advanced Defense Systems Ltd. EuroSpike GmbH es responsable de la producción y comercialización en Europa de la familia de misiles Spike, entre los que se incluye el modelo Spike LR2. Gracias a EuroSpike se facilita la entrada de Rafael al mercado europeo de armamento, lo que también beneficia a las empresas alemanas Diehl Defence y Rheinmetall.

Como se indica en la página web de EuroSpike, el MELLS es “conocido mundialmente como SPIKE LR”; el MELLS “se basa en el sistema de misiles SPIKE LR”. MELLS es el acrónimo de la expresión alemana Mehrrollenfähiges, leichtes Lenkflugkörpersystem für die Infanterie (sistema de misiles guiados ligero y polivalente para la infantería). Como se afirma en la web de EuroSpike, el cambio de nombre se debe a que “el ejército alemán asigna nombres específicos y únicos a todos los sistemas de armas que adquiere. Además, SPIKE no se puede traducir correctamente al lenguaje de la Administración pública” alemana. En definitiva, Spike y MELLS son palabras diferentes que se refieren al mismo misil de patente israelí.

Si el Ministerio de Defensa asumiera la propuesta de PAP Tecnos de sustituir el misil Spike LR2 por el MELLS, seguramente, más que comprar la totalidad del misil MELLS, se adquirirían algunos de sus componentes a través de la empresa checa CSG Defence Systems o a través de su filial, la Fábrica de Municiones de Granada. Como ha señalado Alejandro Pozo Marín, basándose en los esquemas del Spike LR2 que se han hecho públicos, PAP Tecnos se encargaría de la fabricación de las alas y el servo/aletas; según el esquema original a Rafael le correspondería la fibra óptica, aunque este componente esencial no se menciona en los nuevos esquemas del Spike LR2.

La Fábrica de Municiones de Granada, que forma parte del grupo CSG Defence Systems se encargaría de la cabeza precursora, el motor de vuelo, la cabeza de guerra Heat/MP y el motor de eyección. ¿Se va a adquirir el componente de la fibra óptica a CSG Defence manteniéndose la producción en España de los demás componentes? Esto es algo que se desconoce. Curiosamente, el esquema de los componentes del Spike ya no aparece en la página web de PAP Tecnos, cuando hace unos días sí que podía consultarse.

En cualquier caso, aunque solamente se compraran componentes del MELLS (del Spike LR2) fabricados por la empresa checa CSG Defence Systems, la patente sigue siendo de la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Por tanto, el Ministerio de Defensa seguiría apoyando a la industria de defensa israelí. La industria armamentista de un Estado genocida y que mantiene un régimen de apartheid sobre la población palestina. Además, se mantendría la dependencia tecnológica de la industria israelí en clara contradicción con los supuestos objetivos del plan de desconexión tecnológica con la industria militar de Israel.

La adquisición de componentes del MELLS / Spike LR2 dentro de la Unión Europea se considera técnicamente una introducción. No se trata de una importación porque se produce dentro del mercado único de la Unión. Por tanto, esa operación no estaría prohibida por el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 10/2025 de 23 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Este artículo prohíbe las importaciones de armamento “originarias de Israel”, pero no prohíbe las introducciones de armamento que provengan de un país de la Unión Europea, aunque se trate de armamento o de sus componentes de patente israelí o fabricados en Israel. Este es uno de los múltiples agujeros del Real Decreto-ley 10/2025 (quien quiera saber más sobre esta cuestión puede leer este artículo o, con más detalle, este otro).

En conclusión, desde el 7 de octubre de 2023 hay algo que no ha cambiado en la postura del Gobierno español. Se trata de una acción continuada para ocultar a la opinión pública española la importancia de las relaciones armamentistas que existen entre España e Israel, a través de una política de opacidad y desinformación sobre dichas relaciones. Si el Ministerio de Defensa autorizara la adquisición de los misiles MELLS o de sus componentes sería un ejemplo más de esta política. En este caso, aprovechándose de la laberíntica estructura empresarial de la industria armamentista para intentar ocultar su origen y patente israelí. El Ministerio de Defensa español estaría intentando engañar a la opinión pública española.

Eduardo Melero Alonso es investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz y profesor de derecho administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid

En el cuarto aniversario de la invasión de Ucrania por Rusia, la Unión Europea sigue buscando su lugar para tener un peso decisivo en el final del conflicto. Europa está siendo ignorada por Estados Unidos, salvo para la compra de armamento de empresas estadounidenses, y es despreciada por Vladímir Putin, mientras que se ha convertido en la esperanza de Ucrania para mantenerse a flote por una guerra de desgaste atroz.

En este escenario, la UE se debate entre mantener la presión económica sobre Rusia y encontrar una vía que lleve al Kremlin a sentarse en una mesa de negociación que facilite una acuerdo de paz justo para los ucranianos y, en definitiva, frene cualquier posibilidad de que Rusia se plantee nuevas aventuras expansionistas.

Como era previsible, la última ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia, con la mediación de Estados Unidos, que tuvo lugar esta semana en Ginebra, han sido un fracaso. No hubo avances sobre un cese el fuego, ni en la demarcación de fronteras en el territorio ucraniano del Dombás, ni en la creación de una zona desmilitarizada en la región de Donetsk o sobre la central nuclear de Zaporiyia, en manos de Rusia.

La jefa de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, ha apuntado que “las conversaciones en Ginebra han vuelto a demostrar que Rusia no se está alejando de sus exigencias maximalistas. Según la mayoría de los indicadores, la guerra se ha vuelto aún más brutal para Ucrania durante el último año. Rusia está prolongando las negociaciones en lugar de avanzar hacia la paz. La respuesta de Unión Europea sigue siendo clara: más apoyo a Ucrania y más presión sobre Rusia”.

La UE no estaba invitada ni tenía asiento en estas negociaciones. De poco sirve que la Comisión Europea insista una y otra vez en que “la UE está en coordinación constante con Ucrania y EEUU y ha comunicado en numerosas ocasiones que nada puede decidirse sobre Ucrania sin Europa en la mesa de negociaciones”.

Por eso, no es extraño que varios países europeos hayan puesto sobre la mesa la posibilidad de iniciar conversaciones entre la UE y Rusia. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fueron los primeros en atreverse a pedir la apertura de negociaciones entre Europa y Putin sobre Ucrania. No es una idea del todo descabellada cuando en la mesa de negociación que promueve EEUU no hay sitio para la UE.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha descrito a Rusia como parte integral de Europa y puntualizó la necesidad de restablecer relaciones equilibradas con Moscú, aunque siempre y cuando se alcance la paz en Ucrania. Hasta el momento, la posición que ha dominado la política exterior de la UE frente a Rusia ha sido el aislamiento diplomático. 

Sin embargo, Tatiana Stanovaya, investigadora del Rusia-Eurasia Carnegie Center, argumenta que “la trampa final es a la que se enfrenta Europa. Las circunstancias están empujando a las capitales europeas a reanudar el diálogo con Moscú. Pero Rusia solo buscará un acercamiento genuino si Europa está preparada para discutir asuntos estratégicos de seguridad. Es probable que Moscú exija el fin del apoyo militar a Ucrania. La amarga verdad es que Europa no está preparada ni para enfrentarse a Rusia, ni para participar en lo que el Kremlin considera una discusión significativa sobre la futura arquitectura de seguridad europea. En consecuencia, Europa seguirá estando en la periferia del proceso de negociación, como un objetivo indirecto de Rusia, que se sitúa detrás de una Ucrania sitiada”.

Por su parte, Thomas Graham, investigador del Council on Foreign Relations, argumenta que “el diálogo es esencial. No es una concesión, sino una salvaguardia. Reduce el riesgo de que el Kremlin malinterprete las intenciones de Europa y reaccione de manera exagerada, aumentando el peligro de una guerra más amplia. Con el tiempo, el contacto sostenido puede crear oportunidades para estabilizar la larga frontera entre Rusia y Occidente”.

Ahora bien, Graham advierte de que Europa debe “tener cuidado al establecer el diálogo, dadas las divisiones dentro de Europa sobre el carácter de la amenaza rusa y la profundidad del sentimiento antirruso. Putin podría usar un diálogo mal estructurado para crear divisiones entre los Estados europeos y exacerbar las tensiones en la relación transatlántica, que ya se encuentra bajo una fuerte presión debido a las políticas de la Administración Trump”.

EEUU descoloca a la UE

En este juego a cuatro, Estados Unidos no siempre tiene una clara posición. En la Conferencia de Seguridad de Múnich de la semana pasada, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dejó plantados a los europeos en una reunión sobre la guerra en Ucrania. Se hacía más claro el temor en varias capitales europeas: Washington no tiene ningún interés en involucrar a Europa en las negociaciones para acabar con el conflicto en Ucrania.

Bronwen Maddox, directora de Chatham House, señala que “hubo inquietud inmediata por los límites explícitos que Rubio fijó al apoyo estadounidense a Europa y a Ucrania”, ya que dejó “una advertencia clara de que la Administración Trump seguirá su propio rumbo en defensa de los intereses de EEUU si no encuentra a Europa comprensiva”.

Era una situación esperada. Sander Tordoir, investigador en el Centre for European Reform, ya había avisado reiteradamente de que “la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y las propuestas favorables a Rusia presentadas a Moscú por Steve Witkoff, el enviado 'de paz' todoterreno del presidente estadounidense Donald Trump, para poner fin a la guerra en Ucrania, han enviado un mensaje claro a Kiev —y a Europa—. Cualesquiera que sean las garantías de seguridad que ofrezca, tarde o temprano la Administración Trump abandonará a Ucrania”. 

La preocupación europea se hizo creciente porque Rubio viajó el día después a Budapest para apoyar al primer ministro húngaro Viktor Orbán, el mandatario de un país de la UE que más obstáculos ha puesto a que Europa ayude a Kiev. A esta posición hay que sumar que EEUU, desde principios de 2025, ha dejado prácticamente de financiar el armamento del Ejército ucraniano soltando la carga del pago de armas para Ucrania sobre la Unión Europea.

Como explica Michael Kofman, investigador en Carnegie Endowment for International Peace, “el año pasado, el presidente ruso Vladímir Putin hizo dos apuestas. La primera fue que la presión sostenida y el desgaste provocarían el colapso de las líneas ucranianas. La segunda, que la diplomacia rusa lograría que EEUU se volviera contra Ucrania, eliminando el apoyo estadounidense crítico al esfuerzo bélico. Washington sí detuvo la asistencia militar directa, pero estableció un acuerdo en el que ahora los europeos pagan por la continuidad del apoyo estadounidense al esfuerzo de guerra ucraniano. En esencia, ambas apuestas de Putin resultaron erróneas”.

Después de largas negociaciones para poner de acuerdo a los 27 países de la UE, Bruselas consiguió sacar adelante un préstamo de 90.000 millones de euros que permitirá a Ucrania comprar armamento y seguir aguantando durante dos años más la guerra de desgaste a la que les ha condenado Putin. El préstamo está vinculado a que la mayoría de las compras de armas sean de empresas europeas, salvo cuando no haya opciones en la UE o el nivel tecnológico sea tan elevado que solo puedan ser adquiridas en un país tercero.

Aunque parezca una desfachatez, el Departamento de Defensa de EEUU se ha opuesto a que la UE limite el acceso de los fabricantes de armas estadounidenses al mercado europeo y ha advertido que la medida provocaría una respuesta recíproca: “Las políticas proteccionistas y excluyentes que expulsan por la fuerza a las empresas estadounidenses del mercado —cuando las mayores firmas de defensa de Europa siguen beneficiándose en gran medida del acceso al mercado de Estados Unidos— son el camino equivocado”.

La adhesión a la UE como garantía de seguridad

Solo cuatro días después del inicio de la invasión rusa, Kiev presentó una solicitud de adhesión a la Unión Europea, registrada el 28 de febrero de 2022. Zelenski ha declarado en varias ocasiones que la adhesión de su país a la UE constituye una de las principales garantías de seguridad para Kiev y así se ha propuesto en su plan de paz. El presidente ucraniano defendió que Ucrania debería convertirse en miembro de pleno derecho de la UE en 2027. Ahora bien, no está claro que el camino vaya a ser tan fácil ni tan rápido.

Además de los protagonistas habituales para poner obstáculos a la adhesión de Ucrania, como la Hungría de Viktor Orbán, hay países como Alemania o Luxemburgo que ya han avisado de que su integración debería seguir el procedimiento y cumplir los criterios de adhesión.

Se cierran puertas una vez que el canciller alemán, Friedrich Merz, haya declarado que “la adhesión el uno de enero de 2027 está fuera de discusión. No es posible. En este largo camino, poco a poco podremos acercar a Ucrania a la Unión Europea, eso siempre es posible; pero una adhesión tan rápida, simplemente no es factible”. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, retrasó la posible integración a 2030. Los últimos casos de corrupción en Ucrania tampoco han ayudado a acelerar el proceso. 

Fredrik Löjdquist, director del Stockholm Centre for Eastern European Studies, insiste en la necesidad de que la UE dé un paso más adelante en la integración de Ucrania, tanto en el sistema de defensa europeo como siendo un Estado miembro más. “Cualquier esfuerzo por desarrollar una defensa y disuasión europea creíbles tendrá que considerar a Kiev como proveedor de seguridad, no como consumidor de seguridad. Una Europa que incluya a Ucrania será mucho más fuerte. Ucrania cuenta con las fuerzas armadas más grandes y curtidas en combate de Europa. Ha demostrado un notable nivel de resiliencia y resistencia. Su industria de defensa ha mostrado una agilidad y flexibilidad para ampliarse sin igual. Por ello, Ucrania debe integrarse en el sistema europeo de seguridad y defensa lo antes posible”.

“No debe haber ninguna duda sobre el destino de Ucrania y su valor añadido como Estado miembro de pleno derecho de la UE. Por otro lado, el control ruso sobre Ucrania —su territorio y su industria armamentística y de defensa— sería altamente perjudicial para la seguridad europea”, defiende Löjdquist.

No hay que olvidar que además de la solicitud de Ucrania, también está la petición de territorios como Moldavia y Georgia, es decir, la UE se podría ampliar en lo que hace muchos años era el espacio soviético, una zona que Moscú considera parte fundamental de su radio de acción.

Hay propuestas para que Ucrania vaya ingresando en la UE por partes, incluso si es sin derecho a voto. Aunque Merz es el que más claro se ha posicionado, no hay que olvidar que también hay intereses económicos en juego: Ucrania es una potencia agraria y su entrada en el club comunitario afectaría al presupuesto de la Política Agraria Común, del que países como Francia y España, entre muchos otros, son plenos receptores.

Sanciones europeas contra Rusia

A falta de tener algo de protagonismo en las negociaciones de paz, la UE mantiene su plan de presionar económicamente a Rusia. Kallas ha explicado que, este lunes, “nuestro objetivo es adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Las sanciones están funcionando: están dañando gravemente la economía rusa y cada nueva medida limita aún más su capacidad para hacer la guerra. Moscú no es invencible. Su ejército está sufriendo bajas récord y su economía se encuentra bajo fuerte presión. Pero Vladímir Putin no pondrá fin a esta guerra hasta que los costes superen a los beneficios. Y ese es el punto al que debemos llegar”.

Sin embargo, esta por ver que salga adelante. Hungría ha anunciado que bloqueará las nuevas penalizaciones y el préstamo de 90.000 millones, lo que probaría los problemas de gobernabilidad de la UE. Este nuevo paquete de sanciones de la UE se centra en los sectores de la energía, los servicios financieros y el comercio. En el ámbito energético, se prevé la imposición de una prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo ruso, la inclusión de otros 43 buques adicionales de la lista negra de sancionados, así como la restricción del mantenimiento técnico de los buques cisterna que suministran gas natural licuado.

En el sector financiero, está previsto incluir a 20 bancos regionales en la lista de sancionados y ampliar las medidas contra los canales de evasión mediante criptomonedas. Asimismo, se imponen prohibiciones de exportación a Rusia por un valor superior a 360 millones de euros y restricciones a las importaciones por más de 570 millones de euros en metales, productos químicos y minerales críticos.

Pero, ¿están funcionando las sanciones? “Rusia es el país más sancionado del mundo, pero el régimen actual de sanciones ha fracasado en gran medida en su objetivo de limitar la capacidad de Rusia para hacer la guerra”, destacan Volodymyr Dubrovskiy y James Nixey, investigadores de Chatham House.

La situación económica de Rusia es cada vez peor, pero está por ver que sea suficiente para torcer el brazo de Putin. El déficit presupuestario del Estado ruso subió al 2,6% del PIB en 2025, cinco veces por encima de lo previsto por el Kremlin. En 2026, el Gobierno ruso espera que los números rojos se reduzcan al 1,6% del PIB, una previsión que nadie cree que se vaya a cumplir. Además, según la Comisión Europea, los ingresos rusos por petróleo y gas se redujeron en 2025 un 24%, alcanzando el nivel más bajo de los últimos cinco años, aunque todavía estamos hablando de 80.619 millones de euros. Los tipos de interés en Rusia están en el 16%, sin que hayan logrado evitar que la inflación sea muy elevada, el 5,6% en el año pasado.

Sin embargo, según estimaciones del Center for Strategic and International Studies (CSIS), la economía rusa ha resistido mejor de lo esperado tras las sanciones económicas occidentales impuestas por la UE. El balance comercial de Rusia sigue en superávit, el rublo no se ha alejado demasiado de su valoración previa a la guerra frente al dólar y el país depende en gran medida de exportaciones energéticas como el petróleo.

“A pesar de los desafíos de Rusia, la gran ironía es que EEUU y Europa no han logrado ejercer plenamente sus herramientas económicas ni militares. Sin un mayor coste para Rusia, Putin prolongará las negociaciones y seguirá combatiendo, incluso si eso implica millones de bajas tanto rusas como ucranianas”, resaltan los analistas de CSIS.

“Poco espacio para el optimismo”

En el mismo informe del CSIS se revela que “desde febrero de 2022, las fuerzas rusas han sufrido casi 1,2 millones de bajas, más que cualquier otra potencia importante en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Tras tomar la iniciativa en 2024, las fuerzas rusas avanzaron a un ritmo promedio de entre 15 y 70 metros por día en sus ofensivas más destacadas, más lento que casi cualquier campaña ofensiva importante en cualquier guerra del último siglo”. Entonces, ¿hay posibilidades de que acabe la guerra sin concesiones a Putin?

Tal y como está la situación, Tatiana Stanovaya, investigadora del Rusia-Eurasia Carnegie Center, subraya que “hay poco espacio para el optimismo. Para el Kremlin, la guerra es existencial. No se trata solo de tomar el control de pueblos y aldeas, sino de un enfrentamiento con Occidente que tiene lugar en territorio ucraniano. Las predicciones sobre el colapso inminente de la economía rusa no carecen de fundamento, pero pasan por alto el punto clave: para el Kremlin, poner fin a la guerra sin que se tengan en cuenta los intereses de Rusia no sería simplemente una derrota, sino que equivaldría a condenar a Rusia a su propia perdición”.

En el mismo sentido se expresan Volodymyr Dubrovskiy y James Nixey: “Por irracionales que sean las motivaciones fundamentales detrás de la invasión a gran escala, Putin es racional cuando se trata de la supervivencia de su régimen. Esto refleja la naturaleza de 'el ganador se lo lleva todo' de la política rusa, basada en la idea de que otro gran error político podría provocar su sustitución o incluso el colapso del régimen. Paradójicamente, esto significa que Putin y su círculo más cercano tienen fuertes incentivos para continuar la guerra, pese a su posible impacto negativo en el bienestar económico de los ciudadanos rusos. Una guerra sin fin es, en cierto modo, políticamente necesaria para que el régimen justifique los sacrificios realizados hasta ahora, tanto en términos de bajas humanas como de las dificultades económicas que los ciudadanos rusos han soportado desde la invasión”.

Este viernes tuvo lugar una huelga internacional contra “la economía de guerra” en veintiséis puertos europeos, entre ellos los de Bilbao, Tánger, Pireo, Mersin, Génova, Livorno, Trieste, Ancora o Gioia Tauro. Diversos sindicatos de trabajadores portuarios volvieron a unir sus fuerzas para denunciar la militarización de los puertos, el genocidio israelí aún en curso en Palestina, el tráfico de armas y la actual carrera armamentística. La protesta denunciaba “el imperialismo y la violación del derecho internacional y en defensa de la autodeterminación de los puertos”.

Los organizadores también denuncian cómo el desvío de los recursos económicos para el gasto armamentístico y la industria militar afecta directamente a los salarios y las condiciones de trabajo, “recortando sueldos, erosionando los derechos laborales y destruyendo servicios públicos esenciales”.

La huelga internacional fue promovida por el colectivo CALP (dentro del sindicato USB) de Génova, principal puerto italiano, que goza de una posicion estratégica para el comercio europeo y la industria militar del continente. Los trabajadores de ese puerto cuentan con un largo recorrido de lucha y movilización contra la economía de guerra.

Entre las acciones recientes se encuentran las movilizaciones del 31 de agosto y del 22, 26 y 27 de septiembre, que contaron con el apoyo de más de 50.000 personas. El 26 de septiembre, varios sindicatos firmaron la declaración “Los estibadores y trabajadores portuarios no trabajan para la guerra”. A través de este documento reafirmaban su compromiso de poner fin al genocidio del pueblo palestino perpetrado por Israel, el rechazo al plan de rearme de la UE y la reivindicación de los puertos europeos y mediterráneos como espacios de paz, entre otras cuestiones.

Eso fue el preludio del bloqueo de la carga de un barco israelí al día siguiente, el 27 de septiembre. En esta pasada jornada de huelga los trabajadores genoveses volvieron a bloquear la carga de material a las 18:00 de este viernes. A lo largo de esta y otras movilizaciones, los portuarios de Génova han estado acompañados por figuras como la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, los activistas Greta Thunberg y Thiago Avila, o el sindicalista estadounidense Chris Smalls, quien estuvo presente ayer.

La de este viernes fue la mayor movilización internacional coordinada de puertos hasta la fecha. El sindicato CALP de Génova señala que “esto solo es el comienzo” y anuncia más movilizaciones.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha destacado este viernes el conocimiento de la industria de la defensa del presidente de la compañía desde hace poco más de un año, Ángel Escribano, y ha resaltado que, entre ambos, están “transformando” la empresa.

“Con la entrada de Ángel Escribano, juntos, estamos transformando esta empresa. Con su 'know-how', conoce la industria, y eso nos ha permitido, con los diferentes proyectos (...) tomar decisiones arriesgadas como 'El Tallerón' (la fábrica adquirida a Duro Felguera en Gijón para producir blindados en ella) y la fábrica de radares en Córdoba”, ha resaltado De los Mozos durante su intervención ante la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en un desayuno de trabajo celebrado en Madrid, recogido por Europa Press.

Las palabras de De los Mozos llegan en un momento en el que se apunta a la posibilidad de que Escribano pueda llegar a dar un paso a un lado para facilitar la potencial fusión por absorción de su empresa familiar, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), y apartar así las dudas en torno a los conflictos de interés que conlleva la operación.

De los Mozos ha recalcado que la intención de la compañía es competir con los gigantes del sector en Europa –como la italiana Leonardo o la alemana Rheinmetall–y que para ello es necesario trabajar y cooperar con toda la industria nacional.

Con ese mensaje, de generar una cadena de valor que incluya a toda la industria de la defensa del país, el directivo también ha querido responder a las críticas que apuntan a una concentración del sector en Indra, que, por ejemplo, ha sido el principal adjudicatario de los programas de modernización militar impulsados por el Gobierno, que controla el 28% de la empresa.

Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la estadounidense General Dynamics, prevé recurrir en el Tribunal Supremo los dos grandes contratos de artillería que el Ministerio de Defensa ha adjudicado recientemente a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano por un importe conjunto de 7.240 millones de euros.

El Gobierno se defiende. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, defendió recientemente en el Congreso la legalidad de los préstamos al 0% de 14.200 millones que el Gobierno ha adjudicado a dedo al sector en los últimos meses porque “la normativa no se ha modificado” y “estamos haciendo exactamente lo que hacen nuestros socios europeos”, acogiéndose a la excepción que permite el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que exime a los Estados miembros de cumplir las normas de publicidad en las contrataciones para proteger la seguridad nacional.

De los Mozos ha reconocido que para la empresa es “triste” escuchar comentarios de ese tipo, a pesar de lo cual ha afirmado que tanto él como Escribano tienen claro “el camino” y la responsabilidad de la empresa, que es, a su juicio, “mejorar la soberanía de España”.

Asimismo, ha hecho hincapié en que Indra “quiere trabajar con las empresas” nacionales y ha recordado que esta colaboración se refleja en decisiones como haber concentrado cerca del 80% de las compras de la compañía en España.

“El mundo está cambiando muy rápido y la industria de la defensa tiene que adaptarse”, ha subrayado el directivo, que también ha pedido “más confianza”, dado que, desde su punto de vista, “España tiene una gran capacidad”.

Asimismo, ha adelantado que “próximamente” la compañía suscribirá nuevas alianzas con “empresas europeas relevantes”, si bien no ha entrado en detalles.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha defendido este martes en el Congreso la legalidad de los préstamos al 0% de 14.200 millones que el Gobierno ha adjudicado a dedo al sector en los últimos meses porque “la normativa no se ha modificado” y “estamos haciendo exactamente lo que hacen nuestros socios europeos”, acogiéndose a la excepción que permite el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que exime a los Estados miembros de cumplir las normas de publicidad en las contrataciones para proteger la seguridad nacional.

La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, junto al comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, y la comisaria para la Ampliación de la UE, Marta Kos, han anunciado este miércoles cómo se va a conceder el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para cubrir sus necesidades militares frente a Rusia durante este año y 2027.

Von der Leyen ha destacado que 60.000 millones estarán destinados a asistencia militar. El objetivo es que “Ucrania puede mantenerse firme contra Rusia y, al mismo tiempo, puede integrarse más estrechamente en la base industrial de defensa de Europa”. La propuesta es que los fondos se utilizarán para “la compra de equipos, principalmente de Ucrania, de la Unión Europea y de los países de la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza)”.

Ahora bien, la presidenta de la Comisión Europea ha matizado que si las necesidades militares de Ucrania no es posible adquirirlas en Europa “también podría ser ocasionalmente posible adquirir el equipo fuera”. Von der Leyen se refiere a Estados Unidos. El destino de las compras de equipo militar ha sido motivo de controversia entre Alemania y Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha presionado para que las compras fueran exclusivamente de material militar europeo, pero desde Alemania y Holanda se pidió que se abrieran las opciones, ya que Ucrania necesita armas de Estados Unidos, especialmente defensa aérea y misiles, que solo puede ofrecer EEUU.

Un alto funcionario de la UE ha explicado que “cuando la adquisición de equipo de defensa deba desviarse no hay un proceso de toma de decisiones específico”. Ucrania podrá hacer la adquisición de material militar y “posteriormente presentar información de su decisión de compra” a la Comisión y a los Estados miembros de la UE.

Aunque Hungría, Eslovaquia y República Checa no participan en el préstamo de 90.000 millones a Ucrania, sus empresas militares sí que podrán ser contratadas para la venta de armamento al Ejército ucraniano. Funcionario de la Comisión han explicado que “en la propuesta hay incentivos en este sentido, ya que se deben tener en cuenta las contribuciones directas de ese estado miembro hacia Ucrania. Así que hay ciertas salvaguardias incorporadas en la propuesta”.

Dinero condicionado al proceso de adhesión a la UE

Por otro lado, habrá otros 30.000 millones “destinados a ayudar a Ucrania a avanzar en sus reformas y a modernizar el país”. Esta inversión “está condicionada” a que Ucrania de más pasos para ser miembro de la Unión Europea: lo que incluye “el compromiso de Ucrania con procesos democráticos sólidos, el estado de derecho y medidas contra la corrupción. Estas condiciones son innegociables para cualquier apoyo financiero”, ha declarado Von der Leyen.

El mensaje responde a los casos de corrupción que han asolado al Ejecutivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en los últimos meses. La UE abrió el proceso de adhesión de Ucrania en junio de 2024, pero en el último informe sobre ampliación advirtió sobre “tendencias negativas” en Ucrania debido a la corrupción.

Este préstamo sale adelante después del fracaso de la UE en su intento de utilizar los 180.000 millones de euros de activos rusos congelados para financiar a Ucrania en su guerra con Rusia.

Pero von der Leyen ha querido dejar “un recordatorio contundente a Rusia” al señalar que la UE “se reserva el derecho de hacer uso de los activos rusos inmovilizados. La presidenta de la Comisión ha subrayado que ”los activos permanecerán inmovilizados hasta que termine la guerra y se paguen las reparaciones“ por los daños causados a Ucrania por Rusia. Por otro lado, Ucrania no tendrá que devolver este préstamo ”hasta que se paguen las reparaciones“, según el comisario de Economía.

El apoyo a Ucrania se financiará mediante el endeudamiento común de la UE en los mercados de capitales. El préstamo estará garantizado por el “margen” del presupuesto de la UE, como es el caso de otros programas de asistencia financiera para Ucrania implementados desde 2023, como el Macro-Financial Assistance+, el Ukraine Facility y el préstamo de Macro-Financial Assistance bajo la iniciativa de préstamos de Aceleración Extraordinaria de Ingresos (ERA) liderada por el G7.

Ahora este préstamo tendrá que ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, pero se espera que las primeras partidas de dinero lleguen a Ucrania en el primer trimestre de este año.

José Nivoi es integrante del sindicato Unión Sindical de Base (USB) de Génova y portavoz del Colectivo Autónomo de Trabajadores Portuarios (CALP). Ambas agrupaciones han impulsado protestas y huelgas, en varias ciudades italianas, contra el aumento del gasto militar, los recortes sociales y la complicidad europea con el genocidio israelí en Gaza.

El pasado 28 de noviembre su colectivo protagonizó otra jornada de movilizaciones en Génova, con una huelga de trabajadores y una manifestación en la que estuvieron presentes la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, la activista Greta Thunberg, el exministro griego Yanis Varoufakis, el periodista estadounidense Chris Hedges o el activista brasileño Thiago Avila, uno de los organizadores de la Global Sumud Flotilla a Gaza.

Todos ellos acudieron para apoyar las acciones de estos sindicalistas, y el 29 de noviembre se trasladaron a Roma con Nivoi y otros trabajadores, para asistir a una gran manifestación contra el genocidio en Gaza y el aumento del gasto militar europeo. Albanese, Thunberg, Avila y Nivoi, así como portavoces de estudiantes italianos, tomaron la palabra ante miles de personas al final de la protesta.

“Hemos acudido a la llamada a la huelga de los trabajadores del puerto de Génova, gracias, Génova”, dijo la relatora de Naciones Unidas en su discurso, junto a Nivoi. Tanto en la ciudad portuaria como en la capital italiana las pancartas y las consignas se centraron en la solidaridad con Palestina y en la crítica “a la economía de guerra” y a los recortes en políticas sociales.

elDiario.es estuvo con ellos allí y ahora entrevista al portavoz de USB Génova, José Nivoi.

¿Cuáles son las razones por las que se han impulsado estas movilizaciones?

Las razones de la huelga son claras: oponernos a la financiación de la guerra. Cada año, el Gobierno italiano aprueba planes económicos a varios años vista y ha dado el visto bueno a un aumento descomunal del gasto militar. Hemos llegado ya a un gasto militar de 34.000 millones de euros y en los próximos años llegaremos a los 100.000 millones.

Eso significa una cosa muy concreta: dinero público destinado a la industria militar, dinero de todos que se recorta de lo que sostiene la vida cotidiana: de la sanidad pública, de la educación, de las pensiones, pero también de los servicios a nivel local. Es decir, el transporte público, la seguridad de las ciudades frente a riesgos y emergencias, el mantenimiento de las escuelas, todo aquello que forma parte del interés público.

Este desplazamiento de recursos provoca un empobrecimiento generalizado, tanto de los trabajadores como del conjunto de la ciudadanía. Por eso la principal razón de la huelga del pasado día 28 es esa.

El rearme significa que luego tendremos que vender armas a Israel, a Ucrania y, en general, a todos los escenarios de guerra en los que existe una complicidad activa de la OTAN, de la que formamos parte

En sus protestas relacionan la economía de guerra, los recortes y el genocidio en Gaza

Es que el aumento del gasto militar provoca empobrecimiento porque tiene que ir acompañado de recortes en otras áreas, que son las políticas sociales. Y esto a la vez está vinculado directamente con la segunda cuestión, el genocidio, porque el hecho de que Italia esté eligiendo financiar aún más el sector militar implica que esas armas luego habrá que usarlas o vendérselas a alguien: sin duda, a Israel, sin duda, a Ucrania y, en general, a todos los escenarios de guerra en los que existe una complicidad activa de la OTAN y, por tanto, también de nuestro país como miembro de la OTAN.

Para nosotros, hoy, defender a Palestina significa ante todo trasladar la cuestión al interior de los Estados que apoyan a Israel, tanto militar como políticamente. Por eso podemos decir que no son cuestiones separadas: forman parte de la misma responsabilidad.

Este contexto requiere que los trabajadores nos coordinemos a nivel europeo para construir respuestas ante la guerra y la economía que la sostiene

¿Qué papel pueden tener las protestas y huelgas ante este aumento del gasto militar, los recortes y las alianzas de Europa con Israel?

En este contexto, los trabajadores desempeñan un papel central a la hora de impulsar un boicot real contra los conflictos armados. El caso palestino tiene, sin duda, una urgencia específica, pero hablamos en general del modelo económico de nuestros países.

Hoy, el hecho de que trabajadores de sectores estratégicos, especialmente el portuario, se movilicen permite pasar de la teoría a la práctica, bloqueando físicamente el tránsito de armas. Pero, sobre todo, nuestro esfuerzo se está concentrando en el ámbito industrial: en aquellas fábricas que hoy producen componentes de armamento o armamento completo.

Hoy en Italia un trabajador que gana menos de 2.000€ pertenece a una categoría social empobrecida, según los estándares europeos.

¿Por ejemplo?

Un ejemplo claro es lo que ocurrió en Porto Sant’Elpidio, un puerto pequeño de la región de Las Marcas, donde existe una pequeña industria que fabrica piezas tanto para bombas como, sobre todo, componentes de drones que son utilizados por el Ejército israelí. Este caso ilustra con precisión el sentido de nuestra intervención.

Desde el mundo del trabajo hoy es posible construir un planteamiento político, no solo reivindicativo, situando a los trabajadores en primera línea del boicot contra Israel y contra los distintos escenarios de guerra. Y esto es así también porque son ellos quienes sufren después las consecuencias: el aumento de la inflación, la falta de subidas salariales y el consiguiente estancamiento de los salarios generan una precarización económica crónica, que en Italia se arrastra desde hace más de treinta años, y que en esta fase se está agravando aún más.

Hoy en Italia, quien gana menos de 2.000 euros puede considerarse un trabajador pobre; es decir, aunque tenga empleo, pertenece a una categoría social empobrecida, según los estándares europeos.

Nuestro esfuerzo de movilización se está concentrando en aquellas fábricas que hoy producen armamento o componentes para el mismo

Un comunicado de CALP y USB del 31 de julio celebra “otra victoria significativa en la lucha contra el tráfico de armas en los puertos italianos”. ¿Qué resultados tangibles han conseguido?

La movilización del 31 de julio tiene un significado profundamente positivo. La definimos como una victoria histórica porque marca un punto de inflexión respecto a experiencias anteriores. Hasta entonces, para lograr el bloqueo del envío de armas no bastaba con declarar una huelga: era necesario acompañarla de acciones de lucha adicionales, en algunos casos incluso muy duras.

En esta ocasión fue distinto. El bloqueo del buque COSCO, que transportaba tres contenedores de armas con destino a Israel —y que fue detenido también por los trabajadores del Pireo, en el marco de una coordinación internacional—, produjo un resultado sin precedentes. Tras sufrir bloqueos tanto en Grecia como en Italia, la naviera nos comunicó que el buque no solo no descargaría las armas en ningún puerto europeo, sino que las devolvería al remitente, en este caso Singapur, el principal puerto del mundo.

Estamos, por tanto, ante una victoria histórica en el bloqueo del envío de armas, conseguida gracias a la movilización y la acción directa de los trabajadores. Un resultado de enorme importancia, que demuestra que la organización y la coordinación internacional pueden tener efectos reales y concretos.

Nos hemos coordinado trabajadores portuarios de varios países para parar barcos con armas a Israel

En junio en Francia los trabajadores portuarios de Marseille-Fos lograron detener un cargamento de armamento destinado a Haifa, Israel. En Génova colectivos como el suyo organizaron entonces otro bloqueo, seguido de otro en Salerno. ¿Cómo se gestó esta coordinación?

En junio dimos un paso decisivo, junto con trabajadores franceses. El 28 de febrero de 2025, en Atenas, después de más de un año y medio de encuentros con trabajadores portuarios de distintos países, decidimos crear la Coordinación Internacional de los Puertos. Es una herramienta que hoy nos permite colaborar de forma directa y compartir información sobre la posible llegada de buques cargados de armas.

Eso es precisamente lo que ocurrió con los trabajadores portuarios de Fos-sur-Mer. Nos coordinamos en relación con un mismo buque que transportaba tres contenedores de armamento y conseguimos bloquearlo allí. Posteriormente, avisamos al puerto de Salerno. Comunicamos la llegada del buque, que finalmente atracó sin carga, porque las armas ya habían sido bloqueadas en Fos-sur-Mer.

En Génova, por nuestra parte, bloqueamos tanto el buque como, en tierra, la entrada de los camiones. Y en Salerno se volvió a bloquear también el acceso de los camiones. Fue una acción coordinada en distintos puertos que demuestra que, cuando existe organización internacional, el bloqueo del envío de armas no solo es posible, sino eficaz.

En el Mediterráneo se cruzan dos realidades: el tráfico de armas y el drama de personas que huyen de conflictos armados

En un contexto de incremento del gasto militar, exigido por la OTAN y Estados Unidos, su sindicato se centra en actuar contra el belicismo creciente, en el plano europeo.

El contexto europeo es central para llevar las luchas a un plano verdaderamente internacional. Y lo es porque la industria armamentística y la guerra tienen un carácter estructuralmente internacional. Por eso debemos organizarnos necesariamente a nivel europeo, en primer lugar, pero también a nivel internacional.

En esta fase, creemos fundamental otorgar una centralidad específica al Mediterráneo, un espacio donde hoy se cruzan dos realidades inseparables: el tráfico de armas y las personas que huyen de los conflictos. Por el Mediterráneo —y especialmente por el canal de Suez— transita aproximadamente el 12% del comercio mundial. Mantener activa una coordinación en esta zona significa disponer de una palanca de presión de enorme alcance.

Por eso debemos concentrar esfuerzos en este eje y ampliar la coordinación a distintos sectores: la industria, las escuelas, los ferrocarriles, los aeropuertos y los puertos; es decir, a todos aquellos ámbitos que hoy mantienen vínculos directos o indirectos con la guerra, ya sea a través de la producción de armamento, de los ejércitos o de los Estados que la impulsan.

La economía de guerra en Europa, los recortes y el genocidio israelí en Gaza están estrechamente vinculados

¿Cómo afecta el rearme a los intereses de las poblaciones?

Europa, en su conjunto, se dirige a un proceso de empobrecimiento social para avanzar en la militarización y la guerra. Aunque existen diferencias entre países, derivadas de políticas y economías internas específicas, la tendencia general es clara: recortes sociales, aumento del gasto militar y preparación para escenarios de guerra. Ese es el rumbo que hoy está tomando Europa.

Este contexto no hace sino reforzar la necesidad de que los trabajadores nos coordinemos a nivel europeo, para construir respuestas comunes ante la guerra y la economía que la sostiene.

Estas semanas ha habido más protestas en Génova.

Génova está asumiendo —o, mejor dicho, ya ha asumido— un papel importante a nivel internacional en el terreno de las movilizaciones. Aunque a menudo se la perciba como una ciudad de segundo plano, hoy desempeña un rol clave, especialmente en lo que respecta a la solidaridad entre trabajadores, una práctica que durante años se había debilitado y que estamos logrando reactivar.

Hace pocos días, por ejemplo, estuvimos en la calle junto a los trabajadores metalúrgicos, codo con codo con sindicatos que históricamente habían sido considerados incluso “enemigos”. Pero cuando se pone en el centro el apoyo a los trabajadores, la lógica de la competencia sindical pierde sentido. El respaldo mutuo se convierte entonces en el verdadero punto de encuentro entre realidades diversas del mundo del trabajo.

De la cúpula de Defensa a “asesor” de un consorcio privado de empresas de defensa; de participar en el ministerio en el diseño del mayor programa de la historia del Ejército de Tierra, como adjunto a la dirección de Compras del departamento de Margarita Robles, a firmar ahora contratos en nombre de su adjudicataria.

Es el periplo del general retirado Javier Abajo, que en 2021 dejó la dirección general de Armamento del Ministerio de Defensa y fichó como “asesor” de Tess Defence, consorcio de Indra, Escribano, General Dynamics y Sapa.

En 2020, con él en esa unidad clave del ministerio, la empresa que luego le fichó se adjudicó el programa del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón, uno de los más importantes del Ejército, valorado en más de 2.000 millones de euros.

Ahora, Abajo está firmando contratos en nombre del consorcio. Su firma digital figura en las dos últimas licitaciones disponibles en la plataforma de Contratación del Estado que Defensa ha adjudicado a Tess Defence.

Es el caso del acta de formalización del contrato “Fase arranque OTACV 8X8”, adjudicado a Tess Defence el pasado 11 de noviembre por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ministerio de Defensa por 743.628,1 euros, más IVA. En el documento figura Javier Abajo en calidad de “representante” del contratista, como “adjunto” al director general del consorcio. Es una de las dos personas que firman el contrato en representación de Tess. La otra es su directora Financiera, Pilar García Santos.

Ambos ya firmaron la proposición económica que Tess Defence presentó el 2 de agosto de 2024 para otro contrato de Tess, el de “fase de arranque de la Oficina Técnica de Apoyo al Ciclo de Vida del VCR 8x8 Dragon”, adjudicado al consorcio en octubre del año pasado por 1.950.158,6 euros, más IVA.

Se desconoce si la firma de Abajo también figura en el acuerdo que, según explicó el pasado martes en una comparecencia en el Congreso de los Diputados la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, firmó el pasado 28 de noviembre el ministerio con Tess Defence para revisar “aspectos técnicos del contrato” del 8x8 Dragón, tal y como esperaba la adjudicataria en sus últimas cuentas anuales.

Según explicó Valcarce, el acuerdo implica “incorporar más tecnología y sobre todo más modernización”, lo que implica “el correspondiente reajuste en las anualidades y en las entregas” de los 348 vehículos previstos en el primer tramo de este programa, que acumula importantes retrasos, lo que ha provocado una insólita reprimenda pública de la ministra Robles.

elDiario.es preguntó al ministerio, sin obtener respuesta, por la contraprestación de este nuevo contrato y la intervención de Abajo en esas contrataciones con Tess. El socio mayoritario del consorcio desde este año es Indra, de la que el Estado es primer accionista con el 27%, y que ha pasado de tener el 24,67% de Tess a tomar el 51% al comprar acciones al resto de socios.

Un portavoz de la cotizada resta importancia a que en esos contratos figure la firma de este asesor. Según explica, en Tess “el único órgano que tiene facultades ejecutivas para todo lo relevante, incluidos contratos como este, es el Consejo de Administración”, del que Javier Abajo no es miembro.

Según sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Tess tenía en 2024 unos 25 empleados, con un gasto de personal medio de unos 70.000 euros por cabeza.

Ese portavoz de Indra indica que Abajo “se incorporó en septiembre de 2021 con el cargo de adjunto al director general” de Tess y no ha ascendido desde entonces. “No tiene ni ha tenido facultades ejecutivas y, por tanto, su función es más de asesoría. No hay incompatibilidad porque no era alto cargo”.

“El Consejo es quien aprueba y apodera en este caso para la ejecución o firma del contrato al adjunto al Director General. Por tanto, quien lo eleva a público no es relevante en realidad”, explica. El exgeneral Abajo “no tiene poderes ejecutivos”, insiste, y “es la práctica común” que su firma aparezca en estos contratos, asegura.

Boom el sector

“Estoy acostumbrado a mandar”, le dijo Abajo a La Voz de Galicia en una entrevista concedida en 2013, cuando estaba destinado en A Coruña como Jefe de la Fuerza Logística Operativa. El nombre del ex general es uno más en la larga lista de medio centenar de militares y ex altos cargos fichados por empresas y lobbies de defensa desde que estalló la guerra en Ucrania, en un contexto de boom del sector por el rearme que impulsa la UE ante la agresión rusa.

La contratación de Abajo por parte de Tess causó revuelo en su momento. Tras un breve paso por la reserva, y desde 2016 hasta que se jubiló en junio de 2021, el ex general había sido el director adjunto en la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), la unidad del ministerio que en 2020 gastó más de 2.000 millones en el contrato original de blindados adjudicado a Tess Defence, uno de los mayores de ese departamento.

La DGAM es responsable del desarrollo de la política de armamento y su ejecución, una posición muy estratégica dentro de las Fuerzas Armadas por sus atribuciones y el alto presupuesto que maneja, y la responsabilidad de realizar los pliegos de condiciones y evaluar a los diferentes licitadores.

Algo que no ocurrió en el caso del megacontrato a Tess Defence, ya que la empresa era “la única opción con capacidad industrial suficiente para atender el objeto del contrato sin poner en riesgo la protección del interés esencial asociado a la decisión específica de contratación”, explica en sus cuentas.

Tras las noticias en prensa que se hicieron eco de cómo Abajo pasó de la dirección de Compras del ministerio a Tess con un lapso de tres meses, el Gobierno indicó en una respuesta parlamentaria que el fichaje del exgeneral por ese consorcio no estaba bajo su control.

Según explicó el Ejecutivo, “su contratación por una empresa privada no estaba sometida a la necesidad de autorización o informe previo” y el cargo de adjunto al director general de Armamento y Material no se encuentra entre los puestos definidos en la Ley de Altos Cargos, por lo que no se encontraba sometido a la incompatibilidad y regulación de los conflictos de interés.

El pasado martes, la secretaria de Estado de Defensa aseguró que en el programa del blindado 8x8 Dragon que desarrolla este consorcio de Indra, EM&E (primer accionista privado de esta última, con el que la cotizada planea fusionarse), General Dynamics (Santa Bárbara) y Sapa, se van a finalizar las entregas “en 2028” y “todas las previsiones se cumplen”.

Según explicó Valcarce, se han aplicado las penalidades correspondientes por los retrasos acumulados hasta ahora, que las empresas “han desistido de recurrir”. Y las modificaciones que acaban de acordarse afectan a configuraciones, actualización de requisitos de simuladores o del entrenador del sistema de armas, y no van a implicar nuevas demoras.  

“La fecha límite es 2028”, se han entregado 11 unidades a principios de este año y “la compañía ha informado a la oficina de programa que tiene previsto la entrega de una agrupación táctica de 57 vehículos”. “Todo esto no implica ninguna reducción, ninguna supresión de las penalidades que legalmente correspondan”. La secretaria de Estado no precisó qué sobrecostes va a implicar el nuevo acuerdo.

En sus últimas cuentas, Tess Defence confiaba en que este año “se materialice para el programa VCR8X8 una ampliación del techo de gasto del programa del 20% para cubrir una serie de posibles modificaciones solicitadas por el cliente entre las que se encontrarían” pasar los vehículos “en configuración simple a completa”, la adquisición de simuladores para entrenamiento y la contratación “del sistema de conciencia situacional LSAS”.

Según explicó Valcarce, “los primeros vehículos entregados son de altísima calidad y fiabilidad” y “lo importante” es que se está trabajando para “agilizar” las entregas y “reforzar tecnológicamente” unos vehículos que “tienen que ser seña de identidad del Ejército de Tierra”. Valcarce defendió la legalidad de los préstamos a dedo al 0% que ha concedido el Gobierno al sector en los últimos meses por importe de más de 14.200 millones.

Entre sus beneficiarios están, entre otras, las integrantes de Tess Defence y el propio consorcio, al que Defensa (a través del Ministerio de Industria) va a prestar 788 millones entre este año y 2028 para desarrollar el vehículo de apoyo Cadenas (VAC). Para el VAC el Consejo de Ministros aprobó un compromiso de gasto de 1.628 millones en diciembre de 2013.

Se trata de una actuación “prioritaria” de las Fuerzas Armadas, que consiste en dotar al Ejército de Tierra de una familia de vehículos cadena multipropósito capaz de llevar a cabo las misiones operativas y logísticas que actualmente realizan las unidades del Transporte Oruga Acorazado (TOA), “que han superado ampliamente su ciclo de vida previsto”.

Con dos guerras muy activas –la de Ucrania y la de Gaza–, un gasto militar en constante aumento en Occidente y las crecientes tensiones geopolíticas globales y regionales, las 100 mayores empresas de producción de armamento del mundo hicieron su agosto en 2024: ingresaron un 5,9% más del año anterior, hasta los 679.000 millones de dólares (589.000 millones de euros), lo cual supone una cifra récord, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). Esta cifra es más del doble que el PIB de 2024 de países europeos como Hungría o Portugal y es similar al de otros países como Argentina, Suecia o Irlanda.

Navantia, la única empresa española de la lista, bajó del puesto 85 al 88, pero sus ingresos aumentaron un 4% en 2024: 1.270 millones de dólares (1.102 millones de euros), según el análisis del SIPRI.

“El año pasado los ingresos globales por armamento alcanzaron el nivel más alto jamás registrado por el SIPRI, ya que los productores aprovecharon una demanda muy elevada”, explica en un comunicado Lorenzo Scarazzato, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del reconocido instituto sueco, que tiene una base de datos de más de 20 años.

Las empresas radicadas en Europa y Estados Unidos son las que registraron la mayor parte del aumento en ingresos a nivel mundial, pero también hubo incrementos en empresas de otras regiones del planeta que aparecen en la lista de las 100 más grandes, incluidas dos compañías rusas de armamento y tres indias.

El creciente rechazo a las acciones de Israel en Gaza parece haber tenido poco impacto en el interés por las armas israelíes. Muchos países siguieron realizando nuevos pedidos a empresas israelíes en 2024

Zubaida Karim — SIPRI

Seis de las diez mayores empresas del mundo son de EEUU y representan la mitad de los ingresos totales: 334.000 millones de dólares. Los ingresos por armamento de todas las empresas estadounidenses incluidas en la lista del SIPRI crecieron un 3,8% y 30 de las 39 empresas de ese país presentes en la clasificación aumentaron sus ingresos por armas.

Por primera vez, aparece en la lista la empresa estadounidense SpaceX, después de que sus ingresos por armamento más que se duplicaran con respecto a 2023, hasta 1.800 millones de dólares.

Sin embargo, respecto a la industria armamentística en EEUU, el SIPRI destaca en su comunicado que “los retrasos generalizados y los sobrecostes presupuestarios siguen lastrando el desarrollo y la producción de programas clave liderados por EEUU, como el avión de combate F-35, el submarino de la clase Columbia y el misil balístico intercontinental (ICBM) Sentinel”.

Ingresos disparados en Europa

En Europa, el conjunto de los ingresos armamentísticos creció más que en EEUU en 2024, hasta los 151.000 millones de dólares (un 13% más respecto al año anterior). Según el análisis de SIPRI, “ese aumento está vinculado a la demanda derivada de la guerra en Ucrania y de la percepción de la amenaza de Rusia”.

La empresa que registró el mayor incremento porcentual de ingresos de las 100 de la lista es la checa Czechoslovak Group: un 193% más, hasta alcanzar los 3.600 millones de dólares. También la ucraniana JSC Ukrainian Defense Industry aumentó sus ingresos por armamento un 41%, hasta los 3.000 millones de dólares en 2024.

Reino Unido lidera los ingresos porcentuales en Europa, representando el 7,7% del total de los ingresos en esta región, aunque las siete empresas británicas incluidas en la lista son las que registraron uno de los incrementos menores de entre todas las europeas –en las que destaca el aumento del 36% en los ingresos de las cuatro alemanas–.

A pesar de las sanciones impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania en 2022, que han causado una escasez de componentes para la industria rusa de armamento, las dos empresas de este país que están entre las 100 mayores del mundo (Rostec y United Shipbuilding Corporation) aumentaron sus ingresos combinados por armamento un 23%, hasta 31.200 millones de dólares.

“Además de las sanciones, las empresas de armamento rusas se enfrentan a una escasez de mano de obra cualificada. Esto podría ralentizar la producción y limitar la innovación”, señala Diego Lopes da Silva, investigador sénior del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI. “Sin embargo, debemos ser cautos al hacer este tipo de predicciones, ya que la industria armamentística rusa ha demostrado ser resiliente durante la guerra en Ucrania, en contra de las expectativas”, agrega en el comunicado.

Oriente Medio crece en medio del genocidio

Por primera vez, en 2024, nueve de las 100 mayores empresas del mundo tienen su sede en Oriente Medio y aumentaron sus ingresos combinados en un 14%, hasta los 31.000 millones de dólares, más de la mitad de los cuales correspondió a empresas de Israel. Las tres empresas israelíes incluidas en la clasificación aumentaron sus ingresos un 16% (16.200 millones de dólares).

La investigadora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI, Zubaida Karim, destaca que las empresas israelíes del sector no se han visto afectadas, a pesar de los llamamientos a suspender el comercio de armas con este país por el genocidio: “El creciente rechazo a las acciones de Israel en Gaza parece haber tenido poco impacto en el interés por las armas israelíes. Muchos países siguieron realizando nuevos pedidos a empresas israelíes en 2024”.

Según el SIPRI, Asia y Oceanía fue la única región del mundo que registró un descenso global de los ingresos por armamento entre las empresas en 2024, hasta 130.000 millones de dólares, un 1,2% menos que en 2023. Esa caída se debió a una reducción del 10% en los ingresos de las ocho empresas chinas incluidas entre las 100 mayores del mundo –en concreto, NORINCO, el principal productor chino de sistemas terrestres, tuvo un 31% menos de ingresos–.

Las tres empresas indias que aparecen en la lista aumentaron sus ingresos un 8,2%, hasta los 7.500 millones de dólares, impulsados por los pedidos nacionales.

Con información de la Agencia EFE

A simple vista, Skrydstrup parece un pueblo cualquiera del sur de Dinamarca, con una iglesia, calles con casas sueltas y una escuela. Sin embargo, en sus límites se encuentra una valla doble coronada por un alambre que protege una de las instalaciones militares más seguras del país, donde se aloja la flota de aviones de combate F-16 y los modernos cazas F-35. Varias veces al día, el sonido de los pájaros se interrumpe por el estruendo de los aviones que aparecen rápidamente como manchas negras en el cielo. 

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitó hace dos años el pueblo donde la empresa armamentística ucraniana Fire Point ha empezado a construir la primera fábrica de armamento fuera de las fronteras de su país. Está previsto que a partir del año que viene la planta produzca el combustible para los misiles Flamingo, un arma esencial para la defensa de Kiev. 

La noche del pasado 25 de septiembre, según las autoridades, un enjambre de drones violó el espacio aéreo del aeropuerto de Copenhague, y también se dejaron ver por el cielo de Skrydstrup. La presencia de esos vehículos no tripulados, que el Gobierno danés calificó como un ataque de guerra híbrida, son un reflejo de cómo este pueblo se ha convertido en un nudo neurálgico para la industria militar y la defensa del país nórdico. Mientras tanto, sus vecinos lo miran todo entre la duda, la preocupación y la esperanza de que la industria militar consiga atraer puestos de trabajo y más vida a esta zona rural. 

Amenazas de espionaje y sabotaje 

Con una enorme bandera de Ucrania y una de Dinamarca como telón de fondo, las autoridades gubernamentales y los responsables de Fire Point pusieron la primera piedra de la nueva planta este lunes en la población de alrededor de 500 habitantes. 

Hasta ahora, se ha demolido un área de 2.000 metros cuadrados para construir un edificio con las paredes y el techo reforzados que cumpla con los criterios de seguridad para producir el combustible para los misiles. Los trabajos de construcción van a todo ritmo, con tres turnos diarios en marcha las 24 horas del día y los siete días de la semana. Se calcula que, cuando la planta entre en funcionamiento, dará trabajo a entre 100 y 200 personas en una primera fase, aunque no ha trascendido la fecha en que se prevé finalizar las obras durante el próximo año.

En muchos sentidos, es un regalo para la comunidad local que podamos dar la bienvenida a Fire Point en Dinamarca, y en cuanto a la seguridad, no se verá comprometida

Morten Bødskov — Ministro de Industria de Dinamarca

Desde el inicio de la invasión de Rusia, Fire Point ha pasado de ser una start-up a desarrollar innovadoras y sofisticadas armas aeronáuticas, como drones y misiles, convirtiéndose en la empresa armamentística más importante de Ucrania. El Ministerio de Defensa danés y los servicios secretos (PET) han reconocido que la acogida de la fábrica podría conllevar represalias rusas contra el país nórdico en forma de espionaje y sabotajes contra la planta. En el acto del lunes, las dudas por los supuestos vínculos de Fire Point con la figura central del caso de corrupción que ha sumido a Zelenski en una crisis política sobrevolaban las preguntas de la prensa.

Pero en la primera presencia ante los medios del director de Fire Point en Dinamarca, Vyacheslav Bondarchuk, se centró en la relevancia del proyecto para Kiev. “Es importante iniciar la producción fuera porque podemos escalarla, necesitamos más armas que a causa de la guerra no podemos producir en Ucrania”, dijo a elDiario.es. El ministro de Industria, Morten Bødskov, defendió que, para el pueblo, es de gran interés albergar una fábrica que producirá componentes de alta tecnología. “En muchos sentidos, es un regalo para la comunidad local que podamos dar la bienvenida a Fire Point en Dinamarca, y en cuanto a la seguridad, no se verá comprometida”, afirmó. 

Preocupación entre algunos vecinos

Sin embargo, algunos vecinos tienen dudas. Peter Jensen vive a 500 metros de la futura fábrica. “Si es atacada, terminaría con todos nosotros”, dice este hombre jubilado. “Esa es mi principal preocupación”. Jensen también vive cerca de la base aérea militar, por lo que ha recibido un subsidio para poner un triple cristal en las ventanas de su casa para amortiguar el ruido de los aviones. “Ahora aún se escucha el ruido, pero antes no podías ni mantener una conversación”, asegura. Explica que, desde que se anunció la llegada de Fire Point en Skrydstrup, teme por “la devaluación del precio” de su casa. “Ya nadie me la querría comprar”. 

Su amigo, Holger Juhl-Hansen, también señala que, si hubiera un problema en la fábrica de armamento que produce el combustible para los misiles, se encontrarían “en una zona peligrosa”. Además, dice que teme que la construcción de la planta “pueda llamar la atención de Putin”. “Pero no creo que se atreva a un ataque contra un país de la OTAN, en ese sentido me siento más seguro, pero no me gusta pensar que nos espían con drones”, afirma. 

Desde el mes de septiembre, cuando se anunció la llegada de Fire Point a Skrydstrup, el Ayuntamiento, liderado por una coalición de liberales y dos partidos de ultraderecha, ha convocado dos reuniones con los vecinos a las que han acudido más de 400 personas en cada una de ellas. 

Si es atacada, terminaría con todos nosotros. Esa es mi principal preocupación

Peter Jensen — Vecino de Skrydstrup

“Al principio la gente estaba muy enfadada y preocupada, pero en la segunda reunión la gente empezó a ver que la fábrica traerá más puestos de trabajo y gente nueva”, dice Jette Jacobsen, quien acudió a los encuentros. Otro factor, según Jacobsen, es la empatía hacia los refugiados ucranianos que mucha gente siente en el pueblo. “Si la fábrica fuera de otro país, como Israel, sería mucho más polémico”, especula. Respecto a los drones que sobrevolaron los cielos del pueblo, asegura no sentir miedo. “Pero creo que nuestra defensa estuvo durmiendo, es una pena que no pudieran derribar ninguno”.

En todo el pueblo no hay nadie que esté más cerca del emplazamiento de la planta que el mecánico Per Hansen y su taller de reparación de coches. “Me informaron un día antes de que saliera en la prensa de que la fábrica se construiría aquí al lado”, dice. “A los vecinos nos han dado toda la información que el Gobierno puede, pero algunas cosas son secretas”. Cree que la presencia de la base aérea militar “ha atraído a más personas al pueblo”, ya que alrededor de la mitad de los residentes de Skrydstrup trabajan en ella. “Respecto a la llegada de la fábrica al pueblo no podemos hacer nada. Es el Gobierno quien ha decidido que se abriera aquí y debemos confiar”, concluye.

En plena carrera armamentística en Europa, este año el gobierno de Giorgia Meloni ha hecho peripecias para adaptar a Italia al aumento de gasto militar demandado por la OTAN y Donald Trump, el gran aliado al que no quiere defraudar. El ejecutivo hizo maniobras contables para llegar al 2% del PIB en defensa en 2025 y se comprometió a alcanzar el 5% en una década. Esto es un reto añadido para la fatigada economía italiana, uno de los países con mayor deuda pública de la UE, donde muchos ven el rearme como una amenaza al estado del bienestar. 

Ante ello, la protesta escalará el viernes con una huelga general convocada por sindicatos izquierdistas y de base, contrarios a un modelo que creen que lleva a Italia a derivas militaristas. También se oponen al plan presupuestario de 2026, aprobado por el Gobierno y pendiente de ratificación parlamentaria. Según los sindicatos, este prevé aumentar el gasto militar a niveles inauditos, y potencia la austeridad en un sistema público depauperado, donde la educación o la sanidad salen perdiendo.

“Cada euro gastado en armas es un euro quitado a sanidad, escuelas, pensiones y seguridad social. El Gobierno alimenta una economía de guerra que debilita a los trabajadores y a los servicios públicos”, asegura en un comunicado la Unión Sindical de Base (USB), una de las convocantes de la huelga. Pese a ser minoritaria, esta tiene fuerza en sectores como el portuario, y ganó peso al ser líder de las huelgas contra la ofensiva israelí sobre Gaza que en septiembre y octubre sacudieron Italia. De hecho, la huelga de este viernes incluye entre sus principales motivos la causa palestina. Los sindicatos piden que Italia rompa relaciones con Israel, aplique un embargo militar y deje de contribuir a su “economía de genocidio”. También exigen el cese de entregas de armas a Ucrania, mientras Italia prepara el envío de su duodécimo paquete de ayuda militar a Kiev.  

Se va hacia una militarización marcada por los intereses del complejo militar-industrial. La compra de armas de Italia subió un 60% en los últimos cinco años. Tenía un valor de 8.000 millones hace cinco años, y ahora está en 13.000 millones. Es mucho

Francesco Vignarca — Red Italiana Paz y Desarmamento (RIPD)

El paro laboral arrancará este jueves por la noche y se alargará hasta la noche del viernes. Al no sumarse los sindicatos mayoritarios –entre ellos CGIL, que convocó su propia huelga para el 12 de diciembre–, no se prevé seguimiento masivo, pero puede afectar el sector público y privado, la circulación de trenes o buses, el sector aéreo o portuario y más servicios. “El Gobierno aumenta drásticamente el gasto en compra y producción de armas, apunta al sector bélico como única solución, mientras salarios y pensiones pierden poder adquisitivo y las desigualdades sociales, la precariedad y el trabajo mal pagado crecen”, denuncia UBS. 

En Italia, un país con una importante opinión pública de tradición pacifista, el impulso armamentístico no ha afectado por ahora a la estabilidad de la coalición de Meloni, pero la oposición y detractores cuestionan este giro. 

“Se va hacia una militarización marcada por los intereses del complejo militar-industrial. La compra de armas de Italia subió un 60% en los últimos cinco años. Tenía un valor de 8.000 millones hace cinco años, y ahora está en 13.000 millones. Es mucho”, dice a elDiario.es Francesco Vignarca, miembro de la Red Italiana Paz y Desarmamento (RIPD) y analista de Milex, observatorio independiente que supervisa el gasto militar italiano.

Las cifras que está alcanzando Italia son “un récord histórico”, remarca el experto. Según sus cálculos, para 2026 prevé un desembolso total de casi 34.000 millones de euros en armas, tecnología y equipamiento militar. Esto marca un aumento de más del 45% en casi una década. En 2017, el gasto fue de 23.377 millones, por lo que la subida es pronunciada y el Ministerio de Defensa quiere mantener las inversiones al alza, en línea con la OTAN.

En los próximos 15 años, Italia destinará al menos 130.000 millones a nuevos sistemas armamentísticos y 9.000 millones en infraestructura militar, según Milex. La entidad también denuncia una creciente falta de transparencia y critica que la documentación oficial es cada vez menos accesible. “Italia consolida una política de rearme estructural que consumirá recursos públicos por décadas sin un nivel adecuado de control democrático”, advirtió el observatorio este pasado octubre.

A diferencia de España, que rechazó abiertamente el dictado de la OTAN de llegar al 5% del PIB en gasto militar, Italia mostró tímidas reservas a ello por su delicada situación económica, pero acabó acatando la estrategia atlantista con un acuerdo que aplicará gradualmente a diez años vista. En este, la meta de alcanzar el 5% se distingue en un 3,5% reservado a gasto militar y defensa convencional, y un 1,5% destinado al ámbito de seguridad.

Según Meloni, puede servir cómo vía de crecimiento en un contexto global volátil y afectado por crisis diversas, como las derivadas de los conflictos de Ucrania y Oriente Medio. Tras la Cumbre de la OTAN de La Haya en junio, la mandataria aseguró que el incremento de gasto en defensa “no quitará ni un euro a los italianos”, sino que fomentará “una política económica expansiva que genera recursos”, actividad productiva y empleo. 

Sin embargo, para Vignarca, este impulso “solo alimenta los beneficios de la industria armamentística, que aumentó mucho sus ganancias estos años”. A diferencia de Meloni, ve “imposible” que el plan pueda darse sin recorte de gasto público. “Italia es un país con mucha deuda, no puede endeudarse más. Esto implica subir impuestos o recortar de otras partes. Puede afectar infraestructuras, sanidad, educación y otros sectores”, alerta el analista.

En su opinión, este giro tampoco potenciará el tejido industrial del país: “La producción de armas representa menos del 1% del PIB de Italia. Es residual, pero aun así se está yendo hacia los intereses armados”, critica. Según agrega, muchas empresas a las que Italia hace pedidos son extranjeras, y si son italianas, tienen mucha producción fuera del país. Entre ellas está el coloso Leonardo, participada por el Estado, productora de equipamiento militar y aeroespacial, y uno de los principales exportadores de material bélico a Israel. “Tiene la mitad de sus empleados en Reino Unido y mucha producción en EEUU. Todo ello figura en sus cuentas, pero no es valor producido en Italia ni son puestos de trabajo italianos”, indica Vignarca.  

También destaca que en esta legislatura liderada por Meloni, “muchas de las adquisiciones han sido del exterior”. Se ha comprado a la empresa alemana Rheinmetall, a compañías de EEUU como Lockheed Martin —productora de los aviones F-35—, o a productores de Israel, como las potentes Rafael o Elbit Systems. “El papel de las empresas israelíes crece: Italia aprobó al menos 600 millones de euros en compras a Israel esta última legislatura y en 2024 el valor de autorizaciones para importaciones militares israelíes se quintuplicó en relación al año previo”, concreta Milex. 

“El camino hacia las armas ni siquiera es óptimo a nivel económico. Muchos estudios muestran que invertir en armamento da menos rendimiento que hacerlo en escuelas, sanidad o energías renovables”, argumenta Vignarca, favorable a revertir la tendencia, quién alerta sobre las consecuencias de todo ello a largo plazo. 

Saldremos a bloquearlo todo contra el rearme. No nos hacemos ilusiones con pararlo por completo, pero esperamos tener amplio seguimiento en la huelga

Francesco Staccioli — secretario general de USB para puertos y transportes

Los sindicatos convocantes de la huelga del viernes se expresan en una línea similar. Para la Confederación Unitaria de Base (CUB), el gobierno fomenta un modelo de economía de guerra que “hace extremadamente críticas las condiciones materiales de los trabajadores”, y su plan presupuestario “no prevé ninguna medida concreta para aumentar los sueldos”. 

Italia es uno de los pocos países europeos sin un salario mínimo marcado por ley, y el único Estado de la UE donde los salarios reales son inferiores a los de 1990, un estancamiento al que se sumó la ola inflacionaria de estos años. “El aumento del coste de la vida es una lacra que azota la economía de millones de personas”, indica CUB, que asegura que el gobierno tampoco gasta lo suficiente en vivienda pública, mientras los alquileres suben a precios “sin precedentes” en la historia moderna del país. 

Para los sindicatos, otro problema es el control de la UE para contener el alto déficit de Italia, de más del 3%. Según USB, esto implica recortes en servicios y gasto social, pero no incluye el gasto militar, ante lo que exige que la sanidad o educación no estén sujetas a limitaciones presupuestarias. 

“Mientras, los precios siguen subiendo, los salarios siguen estancados y las pensiones se reducen año tras año. Se trabaja más, se gana menos y se vive peor”, dice el sindicato, que pide establecer un salario mínimo por contrato de al menos 2.000 euros mensuales, y una pensión mínima de 1.500. En el país, la edad de jubilación se va retrasando —a partir de 2027 será a 67 años y tres meses—, y con un envejecimiento pronunciado, unos 16 millones de habitantes son pensionistas.

En este contexto, la reconversión hacia lógicas militaristas también está presente en otros sectores. Según una fuente implicada en gestión de proyectos de investigación con fondos de la UE para empresas italianas, la entrada de compañías de defensa es cada vez más patente, lo que ilustra cómo un sector orientado al desarrollo civil transita hacia funciones con óptica de seguridad o ligadas al rearme. “De ello se benefician empresas de desarrollo tecnológico digital e industrial, ciberseguridad, ámbito espacial o telecomunicaciones”, dice la fuente, que pide mantenerse en el anonimato. “Italia ha respondido metiéndose plenamente en línea con todas estas políticas”, concluye.

“Saldremos a bloquearlo todo contra el rearme. No nos hacemos ilusiones con pararlo por completo, pero esperamos tener amplio seguimiento en la huelga”, sentencia a este medio Francesco Staccioli, secretario general de USB para puertos y transportes, que apela a aprovechar la actual ola movilizadora para seguir ejerciendo presión a Meloni. 

Las autoridades no han encontrado supervivientes en la fábrica de explosivos de Tennessee en la que el pasado viernes se produjo una fuerte explosión. Por el momento se desconoce el número total de fallecidos.

La detonación arrasó la planta militar Accurate Energetic Systems, en McEwen, a unos 100 kilómetros al suroeste de Nashville, e hizo temblar casas a kilómetros de distancia. Se desconocen todavía los motivos de la explosión.

“No hemos recuperado ningún superviviente”, ha declarado el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, en una rueda de prensa. Las autoridades asumen que todas las personas que se encontraban en el edificio en el momento de la detonación han fallecido. “A medida que nos adentramos en esto, lo encontramos aún más devastador de lo que pensábamos inicialmente”, ha añadido Davis.

En un primer momento, se cifró en 19 el número de desaparecidos, aunque más tarde se revisó y se actualizó a 18.

Un video del lugar de la cadena NewsChannel 5 ha mostrado un campo de escombros en llamas, así como columnas de humo. La televisora WTVF-TV de Nashville transmitió imágenes de escombros esparcidos por el lugar, con vehículos dañados en un estacionamiento. La estación de noticias informó haber recibido llamadas de personas en la zona que sintieron una fuerte explosión.

Accurate Energetic Systems fabrica explosivos militares, según explicaron las autoridades, mientras que su sitio web oficial señala que “fabrica y provee soluciones para productos energéticos que sirven a las industrias de defensa, la aeroespacial, de demolición, y petróleo y gas”.

Kathryn Bigelow recuerda que, cuando era niña, el protocolo decía que si había una amenaza nuclear mientras estaban en el colegio debían esconderse debajo del pupitre. Como si aquella pequeña mesa les fuera a salvar en caso de un ataque. Esa falsa sensación de seguridad es la que la directora cree que se instauró en el mundo y que ha servido de excusa para que un puñado de países, entre ellos EEUU, se hayan armado hasta los dientes como medida preventiva. 'Si nos atacan, responderemos', parecen decir todos estos países sin darse cuenta de que están contestando a la aniquilación con más aniquilación.

Aquel miedo a las armas nucleares de la cineasta ha vuelto con más fuerza y lo ha usado para dirigir Una casa llena de dinamita, su primer filme en ocho años en el que lanza una hipótesis terrorífica: ¿Qué pasaría si un país con armas nucleares, en este caso EEUU, se despertara detectando en los radares que ha sido atacado? Para complicar las cosas y tensar el debate moral, Bigelow y su guionista, Noah Oppenheim, se las apañan para que no se sepa quién lo ha lanzado. La lista de enemigos es enorme, ¿cómo actuaría EEUU?, ¿respondería de forma preventiva?, ¿a quién y a costa de qué?

Con el estilo casi de documental que bordó en La noche más oscura, Bigelow muestra de forma analítica las reuniones y el proceso de toma de decisiones que implicarían una situación así. Una decisión que, finalmente, debe tomar en EEUU una sola persona, el presidente, que decide si da las coordenadas para un ataque y de qué intensidad. 

Contando quién se encuentra ahora al frente de esa decisión, ¿tiene más miedo la directora que cuando comenzó este proyecto? “Siempre me ha preocupado”, responde Bigelow ante un reducido grupo de periodistas para luego confesar que sí, “esa preocupación es más aguda ahora”. Lo que también le preocupa es que no ve “suficientes medidas de protección y no hay suficiente diálogo sobre el uso de armas nucleares y el hecho de que en cuestión de segundos se podrían aniquilar civilizaciones enteras”. “No lo veo como una medida defensiva inteligente, no protege a nadie”.

La película muestra cómo intentarían detener un misil, y usan una metáfora tan visual como escalofriante: “Es como intentar detener una bala con otra bala”. Por eso, para Bigelow “la seguridad ahora mismo es una ilusión” y, por ello, le interesa “la intersección entre el arte y el periodismo”. “Que una de las conclusiones del público sea que no se sienten seguros es realmente importante, porque eso puede fomentar un diálogo sobre la seguridad o la inseguridad. Estamos en una situación muy volátil y nadie nos va a salvar de nosotros mismos. Somos a la vez el salvador y el enemigo”.

Bigelow parece tener clara la solución: “la información”. Eso explica que su película sea “muy informativa” y que llegue “en un momento muy oportuno”. La directora confía en que se vea, en que “tenga impacto y genere un diálogo como el que estamos teniendo ahora mismo y que eso pueda llevar a algún tipo de acción significativa”. Información y diálogo para evitar esos tiempos donde la gente se escondía debajo de sus pupitres. “El diálogo sobre armas nucleares es algo completamente inexistente. Se ha normalizado que estén ahí fuera, y vivimos en una casa llena de dinamita. Mi pregunta es clara: ¿cómo sacamos la dinamita de las paredes?”.

El diálogo sobre armas nucleares es algo completamente inexistente. Se ha normalizado que estén ahí fuera, y vivimos en una casa llena de dinamita

Kathryn Bigelow — Cineasta

Bigelow justifica su decisión de no colocar a un enemigo concreto y de usar un presidente ficticio por su búsqueda de “una situación apolítica que no se limita a un país u otro, sino que es una conversación global”. De hecho, le gusta el concepto de “ficción especulativa” para lo que propone, porque “no es algo que haya sucedido, y esperemos que no suceda nunca”. Incluso la existencia de su película puede ayudar a “evitar que algo así suceda, porque podría hacerlo”.

Aunque las críticas hacia el filme tras su premiere en el Festival de Venecia fueron excelentes y muchos la ven como una de las favoritas para los Oscar, otros criticaron su ambigüedad al colocar a EEUU como una víctima en vez de criticar su responsabilidad en casi todos los conflictos geopolíticos actuales. Para Bigelow “mantener la ambigüedad invita al público a sacar sus propias conclusiones”. “No es una historia predirigida, es una historia para que la complete el espectador. Mi esperanza es que todos podamos crear un final en el que sobrevivamos”.

Ya le ocurrió en sus anteriores películas. A La noche más oscura la izquierda le reprochó que no criticase de forma abierta las torturas a prisioneros en Afganistán. La derecha, sin embargo, la atacó por mostrar esos interrogatorios que habían intentado esconder a toda costa. Ella se califica como una “mensajera”. “Yo no fui quien autorizó el uso de esas técnicas que mostramos en La noche más oscura. Solo presenté una situación basada en hechos. Aquí hemos hecho lo mismo. Noah Oppenheim ha investigado mucho y teníamos a generales de tres y cuatro estrellas en el set todos los días diciendo si algo no era correcto. También a un experto en la CIA”, aclara.

Ese gusto por el detalle y por el asesoramiento de expertos en el set muestran que ella entiende su cine como una mezcla de “ficción manejada con un estilo documental”. Busca “la realidad, la inmediatez y que penetre”. Porque cree en el cine como un sistema increíble para transmitir ideología“, y cuando le preguntan si tiene miedo a contar ciertas historias ahora que la censura vuelve a imperar, lo tiene claro: ”Nunca he temido que el sistema me frenara, y tal vez debería, pero nunca me ha ocurrido“.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes el decreto de embargo de compraventa de armas a Israel, como medida de presión ante el genocidio en Gaza que está perpetrando el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. El texto, cuyo contenido íntegro reproducimos a continuación, también incluye una prohibición de importar productos originarios de los territorios palestinos ocupados.

El decreto establece la prohibición de comprar y vender armas a Israel. “Se prohíben las exportaciones destinadas a Israel y las importaciones originarias de Israel del material incluido en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso”.

La prohibición de comprar o vender armas al Estado israelí ha entrado en vigor este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del siguiente decreto:

El Gobierno ha aprobado el decreto para el embargo de armas a Israel por el genocidio que Benjamin Netanyahu está perpetrando en Gaza. El ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, ha presentado el texto que también incluye una prohibición de importar productos originarios de los territorios palestinos ocupados. Además, en el Gobierno aseguran que ya no se opera con tecnologías israelíes. Esa decisión incluiría tecnologías como el software espía Pegasus.

Prohibido comprar y vender armas a Israel

El decreto establece la prohibición de comprar y vender armas a Israel. “Se prohíben las exportaciones destinadas a Israel y las importaciones originarias de Israel del material incluido en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso”, señala en su artículo 1. Esos anexos recogen todo tipo de armamento (fusiles, granadas, munición, carros de combate, misiles, etc.) así como los mecanismos y materiales necesarios para su funcionamiento.

No obstante, el Gobierno se reserva la potestad de saltarse el embargo por “razones de interés nacional”. El ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, ha asegurado que serán “puntuales y excepcionales”. Sobre esas decisiones, el Ejecutivo tendrá que rendir cuentas ante el Congreso, donde tendrá que comparecer cada tres meses para explicar la situación del embargo.

¿Desde cuándo?

La prohibición entra en vigor al día siguiente de la publicación del decreto ley en el Boletín Oficial del Estado, que se publicará este miércoles. Ahora bien, incluye una cláusula de “retroactividad”. Esa nueva normativa servirá como munición legal para la denegación de las solicitudes pendientes de autorización o la revocación de las ya vigentes, aunque no es automático, sino que seguirán la tramitación establecida en la ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, en el primer caso; y se podrán rescindir, en el segundo caso, en virtud de esa misma ley.

En todo caso, ya se podía aplicar esa normativa, que da la posibilidad de revocar licencias, entre otras situaciones, “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos (...)”.

Prohibido el tránsito

El decreto establece la prohibición de autorizar las escalas de los buques que transportan armamento con destino final Israel, que es otra de las premisas del Tratado de Comercio de Armas respecto a los embargos. “El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa denegarán las solicitudes de autorización de tránsito del material”, reza el artículo 1.3. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que la legislación vigente ya permitía rechazar esas paradas y que “ya se está haciendo”.

Igualmente, el decreto incluye la prohibición expresa de que el combustible que utilizan las Fuerzas Armadas israelíes transiten por territorio español. “Se denegarán las solicitudes de autorización de tránsito con destino a Israel de combustibles”, recoge el artículo 2.

No obstante, EEUU podrá enviar esos materiales a través de sus bases en Morón y Rota, que se rigen por un tratado que el decreto no toca.

Objetivo “cero dependencia” de Israel

Lo que aseguran en el Gobierno es que desde hace meses están trabajando en el objetivo “cero dependencia de tecnología israelí”. Como parte de ese “plan de desconexión”, fuentes gubernamentales aseguran “en este momento no hay licencias activas” de este tipo: “Además, hemos pedido la anulación o el desistimiento en todos los contratos que puedan incluir algún tipo de tecnología procedente de Israel”. Esa decisión incluiría tecnologías como el software espía de Pegasus, que se empleó para espiar a 65 personas vinculadas al independentismo —incluidos políticos, activistas, abogados y periodistas—, según una investigación de Citizen Lab.

“Hemos puesto ya en marcha la anulación de todos los acuerdos marco, contratos y otro tipo de figuras contractuales que incluya algún tipo de tecnología procedente de Israel”, agregan esas fuentes, que explican que el procedimiento pasa por identificar las tecnologías israelíes, pedir la revocación de todas las licencias que estuvieran en ese momento activas y poner en marcha la sustitución dentro de los programas y de los contratos. La intención es que ese proceso se haga mediante “acuerdos” con los proveedores para la “reconversión”.

Lo que pretende el Ejecutivo, por tanto, es sustituir todas las tecnologías o los componentes de los programas que procedan de Israel por otros españoles, europeos o de otros aliados. Es lo que sucede con los cazas F-5 que sirven para el adiestramiento del ejército. Lo que sostienen en el Gobierno es que ya está planificado su reemplazo por otros aviones conocidos como 'Entrenador' y que, entre tanto, la formación de pilotos se llevará a cabo en otros países, como Italia o EEUU.

Esas mismas fuentes minimizan el impacto económico de la desconexión y niegan que vaya a suponer sobrecostes: “Fundamentalmente por dos cuestiones porque nuestra dependencia de Israel era mínima y porque supone una parte muy pequeña del programa, solo son determinadas tecnologías. No es el conjunto del sistema de armas”. “Por lo tanto, los sobrecostes imputables probablemente sean muy bajos y, en cualquier caso, perfectamente asumibles con la financiación global del programa”, rematan esas fuentes. En ese plan de desconexión, además, niegan que haya habido reclamaciones por el momento.

¿Cómo se borra la huella de Israel de los productos de los asentamientos?

El decreto también incluye la prohibición de importar productos procedentes de los asentamientos ocupados ilegalmente por Israel. En total, las exportaciones a Israel suponen un 0,4% del total y las importaciones se quedan en el 0,2%. Los productos que mayoritariamente se importan de esos territorios son los dátiles.

El problema técnico que encontró el Gobierno para limitar las entradas es que Israel comercia con los productos sin identificar la procedencia y los camufla bajo la etiqueta “made in Israel”. “Si un Estado no puede determinar si un producto está hecho en un asentamiento o en el Estado de Israel, tiene derecho a prohibir el comercio de ese producto. En muchos aspectos, Israel no solo no distingue, sino que intenta encubrir las huellas de los asentamientos”, expresó en una entrevista en elDiario.es Chris Sidoti, uno de los expertos encargados de elaborar un informe independiente sobre el genocidio para la ONU.

La nueva normativa obligará a que las declaraciones de mercancías originarias de Israel incluyan “el código postal y la localidad correspondiente al lugar de origen de las mismas”. Para que se pueda cumplir esa prerrogativa, la Agencia Estatal de Administración Tributaria “aprobará el listado de localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado”.

Sanciones por incumplimientos

Lo que sostienen en el Gobierno es que el comercio y el tránsito de armamento se impedirá en el caso de que se intente realizar en territorio español. Además, se incluye un régimen sancionador para casos en los que se intente saltar la prohibición “utilizando otra vía de acceso, falseando el origen de la mercancía o cualquier otra triangulación por otro territorio”. En esos casos, se aplicará la Ley Orgánica de Represión del Contrabando. Hasta los 50.000 euros la sanción sería administrativa y, a partir de ese umbral, se considera un delito cuya pena oscila entre un año y cinco de prisión y una multa correspondiente a seis veces el valor de la mercancía.

Más vigilancia aduanera

El Gobierno asegura también que reforzará los controles. Por un lado, estará la denegación de las autorizaciones y, por otro, las inspecciones en las aduanas. “Como ha sucedido en otros momentos históricos, las aduanas serán especialmente vigilantes con las importaciones y exportaciones de Israel”, afirman.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde, con dos semanas de retraso, al decreto ley que regulará el embargo de armas a Israel. La normativa, que tendrá que ratificar el Congreso, prohíbe la importación y exportación de armamento, material de doble uso y tránsito por territorio español del combustible que usan las Fuerzas Armadas israelíes y material defensivo. No obstante, el texto reserva al Gobierno la potestad de introducir excepciones al embargo en los casos que supongan un “menoscabo para los intereses generales nacionales”. El decreto también prohíbe el comercio con los territorios palestinos ocupados.

“El embargo de armas se erige como una medida dentro del conjunto de herramientas diplomáticas y coercitivas disponibles para los Estados que integran la comunidad internacional, dirigida a preservar la paz y la seguridad global, proteger los derechos humanos y prevenir el comercio ilícito de armas”, señala la exposición de motivos del decreto, que consta de cuatro artículos y siete disposiciones.

El decreto establece el marco legal para la prohibición de exportar e importar materiales militares a Israel, así como la denegación de las solicitudes de autorización de tránsito con destino a Israel de combustibles que puedan tener un uso final militar. Sin embargo, el texto no incluye la prohibición de que los buques que transporten armamento con destino final Israel hagan escala en los puertos españoles, como sí hace en el caso del combustible.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa denegarán las solicitudes de autorización de tránsito” en puertos españoles de las embarcaciones que realicen rutas comerciales con destino a Israel cargados de armamento.

El Tratado de Comercio de Armas establece que las actividades de comercio internacional abarcan “la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje”. El ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, ha asegurado que se trata de un “embargo total” y ha justificado que la denegación del tránsito ya se permite en la legislación española por decisiones de “política exterior”. “Es lo que se está haciendo”, ha dicho Cuerpo, que ha asegurado que el actual decreto aporta un “refuerzo” a esas decisiones con la prohibición de las exportaciones e importaciones que recoge en el artículo 1. También ha señalado que estarán “pendientes y vigilantes” en el marco de la Unión Aduanera por si hay un “desvío”.

Una vez que el decreto entre en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “quedará prohibida la importación en España de los productos originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024”. En este sentido, la nueva normativa obligará a que las declaraciones de mercancías originarias de Israel incluyan “el código postal y la localidad correspondiente al lugar de origen de las mismas”.

Para que se pueda cumplir esa prerrogativa, la Agencia Estatal de Administración Tributaria “aprobará el listado de localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado”. El último artículo establece que la publicidad de productos procedentes de los territorios ocupados se considerará ilícita.

Excepciones “puntuales y excepcionales”

El decreto establece, no obstante, una reserva para que el embargo deje de tener efecto: “El Consejo de Ministros podrá, excepcionalmente, autorizar las transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso a que se refiere el artículo 1 de este real decreto-ley cuando la aplicación de la prohibición prevista en dicho artículo suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales, previo informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso”. Con eso salva, por ejemplo, los repuestos que necesitan los aparatos que utiliza actualmente el ejército español.

El Gobierno tendrá que comparecer en el Congreso cada tres meses para “rendir cuentas” sobre el embargo y la prohibición de las importaciones de productos procedentes de los territorios ocupados. El propio decreto apunta a que esas explicaciones se referirán “en particular” a las “autorizaciones que, en su caso, haya podido acordar el Consejo de Ministros” respecto al comercio de armamento.

Respecto a la retroactividad, es decir, la suspensión de los contratos que están ya vigentes o en tramitación, el decreto se remite a la normativa sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, que recoge la posibilidad de suspender o revocar las licencias. Las autorizaciones pendientes de resolución también se podrán prohibir en base a esa ley de 2007.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo ha asegurado que se trata de un “paso contundente” con el que se han “agotado todos los márgenes de actuación legal”. “Hemos llegado al máximo”, ha dicho el titular de Comercio, que ha asegurado que España seguirá “empujando a nivel europeo para aumentar la presión y dar pasos adicionales”. La aprobación del decreto ha coincidido en el tiempo con la celebración de la Asamblea General de la ONU en Nueva York en la que el reconocimiento del Estado palestino está teniendo un impulso con la decisión de una decena de países, entre ellos Reino Unido, Francia o Canadá, que se han sumado a la abrumadora mayoría del mundo que ya lo reconocía.

Corrección: una versión inicial del decreto consultada por elDiario.es no incluía el tránsito de embarcaciones con armamento, aunque sí de combustibles. El texto definitivo sí incluye el veto al tránsito y así ha sido corregido posteriormente en la información.