Hay cumbres que se cierran con una foto de familia, cumbres que acaban con una declaración conjunta y cumbres que se clausuran a punta de pistola. La de la OTAN en Ankara empezó con el desatado Donald Trump llamando “inútiles” a los europeos y “causa perdida” a España. Y con ese arranque y ese presidente que se han dado los estadounidenses era lógico preguntarse si algo más podía salir mal. Todo era susceptible de empeorar. Y empeoró cuando al anfitrión turco solo se le ocurrió repartir revólveres personalizados cargados con munición real a todos los jefes de gobierno presentes. Entre el arranque y el estrambótico final, el encuentro sirvió para mostrar un retrato feo y poco halagüeño sobre el punto en que se encuentra la relación transatlántica: humillación verbal y armas de fuego.

Recep Tayyip Erdogan podría haber entregado a los asistentes un surtido de baklava, un pañuelo de seda o una pipa artesanal esculpida a mano en espuma de mar, pero prefirió un objeto diseñado para matar, personalizado a modo de pluma estilográfica. Así que no hacían falta las palabras para explicitar que allí se hablaba el lenguaje de las armas y que uno de los asuntos clave del cónclave era la apuesta decidida por aumentar la inversión en artefactos militares.

Sin embargo, antes de que nadie hablara de revólveres, la cumbre ya había arrancado con otro gesto nada habitual en protocolo y diplomacia como fueron los reproches de Trump a los socios europeos en general por el gasto en defensa y en particular a España y sus gobernantes, a quienes llegó a calificar de “mala gente”. Y, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por rebajar la tensión y ceñirse a las normas de la diplomacia para no escalar un conflicto con el principal garante de la alianza, su silencio produce el mismo efecto que las respuestas al regalo de Erdogan: que hay que aguantar el golpe y pasar página sin dejar constancia de que lo ocurrido merece, sin duda, una respuesta más firme.

Porque los insultos de Trump y el revólver de Erdogan no fueron una anécdota, sino un episodio más de una dinámica disparatada con distintos protagonistas. Primero, el todopoderoso comandante en jefe de los EE.UU. trata con desdén a sus aliados; después, el anfitrión de la cumbre les despide con un arma cargada de munición real y, por último, los allí presentes, cual subordinados, callan y acatan el desplante y el mensaje que llevaba implícita la pistola de marras.

Ni una palabra pública de reproche y tampoco una pregunta obvia sobre qué tipo de aliado convierte la ceremonia de despedida de una cumbre de seguridad en una demostración armamentística. Que un cónclave marcado por la presión de Washington para que los socios aumenten el gasto en defensa se despida con el reparto de armas de fuego no es ni mucho menos baladí, sino una forma muy explícita de poner negro sobre blanco cuál es el lenguaje que domina la conversación del mundo.

Habrá seguro quien advierta que no conviene convertir la anécdota en categoría de la cumbre porque hubo también anuncios de cooperación industrial e intercambio de posiciones sobre el apoyo a Ucrania que tendrán más recorrido que un revólver o un desplante, pero en diplomacia los gestos hablan siempre mucho más claro que las palabras. Los de Trump, para dejar constancia una vez más de su arrogancia y vanagloriarse de su poder sobre el mundo, y los de Erdoğan, para señalar el camino por el que hay que transitar. Y los demás, a callar y acatar.

Lo ocurrido dice mucho más de la OTAN de 2026 que cualquier declaración final firmada por sus 32 miembros, pese a que el elocuente obsequio causara incomodidad entre algunos jefes de gobierno el británico Starmer, el canadiense Mark Carney, el belga Bart De Wever o el español Pedro Sánchez. Además de dejar el arma en Ankara, entregarla en sus embajadas o ponerlas a disposición del Ministerio del Interior para inutilizarla y, después, inventariarla y almacenarla como otros regalos de Estado, podrían haber hecho o dicho algo más porque el lenguaje de la diplomacia no siempre es bien entendido por los ciudadanos.

La defensa se ha convertido en una arma política de los intereses de Estados Unidos frente a Europa. Aunque las tensiones provocadas sobre cómo financiar la Alianza Atlántica van a ser el tema candente en la cumbre que van a celebrar los países aliados de la OTAN en Ankara el 7 y 8 de julio, el presidente de EEUU, Donald Trump, va a seguir utilizando las necesidades armamentísticas de la Unión Europea para premiar o castigar a sus supuestos aliados según los intereses políticos que necesite, como se vio en la guerra de Irán. El abandono de EEUU de la defensa convencional del continente europeo, la salida de tropas o la preferencia de gasto en la industria europea van a ser otros temas que se van a discutir en una cumbre que se verá otra vez desarbolada por las ya asumidas provocaciones y el desdén de Trump hacia los europeos.

Stephen Wertheim, investigador del Carnegie Endowment for International Peace, explica que “el año pasado, los aliados de la OTAN aún conservaban una mínima esperanza de apaciguar a Donald Trump comprometiéndose de forma espectacular a destinar el 5% de su PIB a defensa y gastos relacionados con la seguridad de aquí a 2035. Esa ilusión ya ha desaparecido. En esta ocasión debería quedar claro no solo que Trump seguirá mostrando su descontento con sus aliados del Atlántico Norte mientras permanezca en la Casa Blanca, sino también que la OTAN atraviesa un proceso de reajuste estructural derivado de la divergencia entre Europa y Estados Unidos sobre sus intereses y la percepción de las amenazas”.

Trump ya ha empezado a calentar el encuentro al cargar contra los aliados europeos por las partidas que dedican al gasto militar, con el asentimiento del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Sin embargo, el embajador de EEUU en la Alianza Atlántica, Matthew G. Whitaker, aseguró que es más relevante alcanzar las capacidades defensivas que el dinero que se gaste, como planteó el Gobierno español. La estrategia que va a seguir EEUU es seguir presionando a los europeos con un plan de premios y castigos para que se hagan cargo de la defensa convencional, con la salida de tropas para los países 'que no se porten bien', mientras se aprieta para asegurar que el gasto de dinero sigue siendo en armamento estadounidense y se desmontan los planes de la UE de protección de la industria armamentística europea.

Trump lanzó duros ataques contra líderes europeos como tras los enfrentamientos con líderes como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el que fuera primer ministro del Reino Unido Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus posiciones ante la operación 'Epic Fury', de ataque a Irán.

Sophia Besch, investigadora para Europa del think tank Carnegie Endowment for International Peace argumenta que “los responsables del Pentágono han sido relativamente claros al defender un mayor traspaso de responsabilidades a Europa y la construcción de una 'OTAN 3.0'. Sin embargo, cuando el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció recientemente una revisión específica del despliegue militar en Europa, similar a un sistema de evaluación, dio a entender que la reducción de tropas dependería de un mecanismo de premios y castigos para los aliados 'buenos' y 'malos', más que de una revisión objetiva de las amenazas o incluso de criterios presupuestarios. Además, qué convierte a un país en un 'buen aliado' parece depender cada vez más de criterios políticos que del volumen de gasto en defensa; de lo contrario, Alemania no estaría entre los países cuestionados por Washington”.

De hecho, el presidente de EEUU anunció la retirada de 5.000 soldados de Alemania por las críticas de Merz a su guerra en Irán, pero decidió reforzar la presencia militar en Polonia, tras anunciar el Pentágono la retirada de 4.000 militares del país, con el argumento de su buena relación con el presidente polaco, del partido ultra PiS. Como dijo el embajador de EEUU en la OTAN: para los que se supone que no cumplen, EEUU mantendrá una “campaña de presión continua”. Como dato, los miembros europeos de la OTAN han incrementado su gasto en defensa en 139.000 millones de euros.

“Creo que esos días han quedado atrás, afortunadamente. Creo que todos en la OTAN entienden que somos una alianza político-militar. El reto está en el plano político. Se está haciendo mucho trabajo tanto en público como en privado y anticipo una cumbre realmente exitosa, precisamente porque hemos trabajado duro para que las relaciones —tanto políticas como militares— sean sólidas y duraderas”, comentó el embajador de EEUU en la OTAN.

Más países europeos abandonan el compromiso del 5%

Además, hay que recordar que aunque la situación económica en Europa no es la más boyante. Varios países van a terminar este 2026 con un crecimiento exiguo y, pese a que la Comisión Europea ha abierto la mano para no computar un tanto por ciento del gasto militar como déficit, ya hay un grupo de países que han avisado de que se desviarán de la senda para alcanzar un gasto 5% del PIB en defensa en 2035. Tanto el Reino Unido, como Italia, Eslovenia, Hungría o República Checa han avisado que no cumplirán con el gasto militar al que se comprometieron en la cumbre de la Alianza Atlántica de La Haya.

Pese a la precariedad de la situación económica europea, con la sensación de abandono y la asunción de responsabilidades, Europa ya ha empezado a asumir que Estados Unidos tiene otros intereses militares más allá de la defensa de sus aliados. En los Gobiernos europeos ya se asume que tendrán que adoptar y pagar parte de la defensa que hasta ahora prestaba EEUU. Fuentes diplomáticas europeas ya informaron que los países miembros han hecho el reparto de cargas (burden shifting) que marca la nueva OTAN 3.0 planteada por Estados Unidos, que mantiene su compromiso de prestar su paraguas nuclear al continente europeo.

Sin embargo, la analista del Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, Darya Dolzikova, puntualiza que “la presencia estadounidense en el continente ha contribuido a vincular los intereses de seguridad de Estados Unidos y Europa, además de proporcionar cierto margen de maniobra para responder a la agresión rusa (y, anteriormente, soviética) en el amplio espectro que va desde la capitulación hasta un intercambio nuclear estratégico. Las tropas estadounidenses desplegadas en Europa actúan, entre otras funciones, como un «disparador» (tripwire), haciendo creíble la implicación de Estados Unidos en una guerra en Europa, incluida la eventual posibilidad de recurrir al uso de armas nucleares. Una amplia presencia de fuerzas terrestres estadounidenses no es indispensable para que este 'disparador' sea eficaz, y la retirada de tropas estadounidenses de Europa ha sido, hasta ahora, relativamente limitada. Sin embargo, cuando este cambio de postura se combina con la retórica más amplia procedente de Washington hacia Europa, resulta mucho más difícil lograr lo que siempre ha sido un delicado ejercicio: convencer a un adversario con armamento nuclear de que Estados Unidos estaría dispuesto a arriesgar un intercambio nuclear en defensa de Europa”.

El supuesto compromiso de EEUU con su paraguas nuclear está en duda, hay un problema de confianza con el socio estadounidense por lo que varios países europeos están tomando decisiones drásticas. Lituania, país fronterizo con Rusia, va a votar un cambio en su constitución para permitir el despliegue de armas nucleares en su territorio. Este pequeño Estado báltico sigue la estela marcada por Finlandia, cuyo Parlamento aprobó hace dos semanas que se puedan albergar armas nucleares en su suelo.

El pasado marzo, Francia propuso a los aliados europeos una estrategia de “disuasión ampliada” con el ofrecimiento del paraguas nuclear francés frente a Rusia. De momento, nueve países han aceptado participar en esta iniciativa: Reino Unido, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Suecia, Dinamarca, Grecia y Noruega.

El reto lo tiene ahora la industria armamentística europea, que todavía no tiene la capacidad necesaria para sustituir completamente el armamento estadounidense en ámbitos como Inteligencia y Vigilancia, Armamento antiaéreo y antimisiles y Ataques con precisión y en profundidad. Desde la Comisión europea se admitió que “no se ha visto a la industria aumentar la producción como se esperaba” pero además “no se está produciendo lo que se necesita” para tener una política de disuasión frente a una amenaza latente como Rusia.

La Comisión Europea está destinando más fondos que nunca al apartado defensivo y es uno de los temas de discusión entre los países en el diseño del futuro presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. El comisario de Defensa, Andrius Kubilius, ante los austeros que quieren reducir la cuantía del presupuesto europeo advirtió esta semana que “si hablamos en serio de la posibilidad de una guerra, ha llegado el momento de debatir no cómo recortar el presupuesto de la UE, sino cómo aumentarlo al menos hasta el 2%, para evitar tener que elevarlo al 12–15% en caso de guerra”.

Este viernes, Bruselas propuso cinco nuevos proyectos de Defensa de Interés Común (EDPCI, por sus siglas en inglés), con el objetivo de ayudar a los países de la Unión Europea a reforzar sus capacidades armamentísticas mediante el desarrollo conjunto de sistemas militares estratégicos con proyectos industriales en drones y sistemas antidrones; defensa marítima y de los fondos marinos; espacio; defensa aérea y antimisiles; y refuerzo de la seguridad en el flanco oriental de la Unión Europea. En el marco del Programa Europeo para la Industria de Defensa (EDIP), dotado con 1.500 millones de euros, la Comisión ha asignado 325 millones de euros para apoyar la creación y el despliegue de estos proyectos

Pero con la actitud de desdén de Trump y las carencias de la industria armamentística europea, Glyn Morgan, director of the Moynihan Center for European Studies, tiene pocas esperanzas en que esta cumbre vaya a solventar las relaciones entre la UE y Estados Unidos y, sobre todo, no disipa cómo va a afrontar Europa en el futuro el reto de la seguridad.

“La 'Europa americana' que ha definido los últimos 80 años es un paréntesis histórico que ahora se está cerrando. La OTAN puede perdurar como un fantasma burocrático, pero como alianza de seguridad fiable, está más allá de toda reparación. La pregunta más profunda —a la que ningún comunicado de cumbre dará respuesta— es si los líderes europeos tienen la voluntad y la imaginación para garantizar que lo que surja en su lugar sea un actor soberano y no una colección de territorios dependientes”, concluye Morgan.

Las relaciones entre Washington y Tel Aviv son sólidas, estrechas y vienen de lejos. El apoyo político, diplomático, económico y militar que Estados Unidos aporta a Israel ha sido determinante desde hace décadas para que el Estado israelí pueda avanzar en su proyecto colonial de apartheid. Pero EEUU no lo ha entregado porque sí, sino porque ganaba con ello.

El fanfarroneo es una de las características de Donald Trump. Le gusta provocar. No oculta que quiere acceso a reservas de petróleo venezolano, construir un resort en Gaza, tomar el control del canal de Panamá, convertir Canadá en “el estado 51” de EEUU o apropiarse de Groenlandia. Pero es importante entender que también Trump esconde estrategias y disfraza objetivos cuando el precio a pagar por mostrarlos es demasiado alto. Y ese es el escenario actual en el que se encuentra, ante las consecuencias económicas —y en la opinión pública— de su guerra ilegal contra Irán.

Los intereses de EEUU

Por eso Trump y su equipo han endurecido su discurso hacia el Gobierno israelí. El aumento del precio del petróleo como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz y el rechazo mayoritario de la opinión pública estadounidense a la guerra contra Irán les obliga a escenificar enfados. Lo están haciendo con palabras y gestos, pero esto no se traduce, por el momento, en acciones que modifiquen su alianza preferencial con Tel Aviv. Es decir, no ha suspendido su protección política y diplomática a Israel ante los organismos internacionales ni ha congelado su ayuda militar, iniciada hace décadas.

Israel tiene unos diez millones de habitantes y un Producto Interior Bruto de 610.000 millones de dólares, mucho menor que el de Arabia Saudí. Estados Unidos es la primera potencia económica y militar del mundo, con un PIB de 30 billones de dólares. El Estado israelí no es más poderoso que Washington. Cuenta con grandes lobbies con capacidad de presión e influencia, pero eso no explica por sí solo el respaldo estadounidense. Israel suele coincidir con los intereses de EEUU en la región. Si dejara de ser así, la protección privilegiada de Washington a Tel Aviv podría llegar a su fin.

Oriente Próximo es una zona rica en gas y petróleo, clave como ruta de paso para transportar minerales críticos entre Asia y Europa y escenario de numerosas guerras por delegación, en las que potencias regionales e internacionales han combatido indirectamente por el control de recursos y áreas de influencia. Las potencias coloniales europeas primero, y Estados Unidos después, vieron en ella un filón para aumentar su poder y un tablero en el que frenar las posibilidades de expansión de sus adversarios.

Los intereses coloniales israelíes suelen ser útiles para los objetivos estadounidenses, y viceversa. Si dejaran de serlo, sus relaciones preferenciales llegarían a su fin

La geopolítica

La continuidad territorial de Eurasia marca las decisiones geopolíticas de Washington. Si las naciones que componen Eurasia mantuvieran relaciones comerciales preferenciales, aprovechando la vecindad y esas condiciones geográficas, se convertirían en “el centro del poder mundial”. Así lo expuso hace más de un siglo el británico Halford Mackinder, a quien muchos consideran el padre de la geopolítica moderna.

Todo esto condiciona la toma de decisiones de EEUU desde hace décadas. Washington sigue trazando planes para reafirmar su control sobre recursos energéticos, rutas de transporte de materias primas y corredores comerciales, resistiéndose a asumir un escenario de multipolaridad.

No son las prioridades de Israel las que condicionan a Washington, sino al revés. Lo que ocurre es que los intereses coloniales israelíes suelen ser útiles para los objetivos estadounidenses, y viceversa. Si dejaran de serlo, las relaciones preferenciales entre Estados Unidos e Israel llegarían a su fin.

El ejemplo sudafricano

Así ocurrió con el régimen del apartheid de Sudáfrica, que actuó durante años como un aliado útil para los intereses estadounidenses en la región, combatiendo contra movimientos de liberación en países como Angola, donde Washington y Moscú libraban una guerra por delegación. La resistencia interna negra sudafricana y la campaña internacional por el boicot y las sanciones contra el régimen sudafricano fueron esenciales para minar su imagen ante la opinión pública y para debilitarlo económica y políticamente.

La derrota estratégica de Sudáfrica en Angola y la desintegración de la URSS cambiaron las prioridades de EEUU en la zona. Ya no necesitaba al régimen sudafricano, y lo dejó caer.

¿Es esa la situación actual de Washington ante Israel? De momento, no. La importancia geoestratégica de Palestina en Asia Occidental sigue presente en los planes europeos y estadounidenses. El proyecto de Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa —IMEC— es un ejemplo. Está diseñado para hacer uso del puerto israelí de Haifa como enlace entre India, el Golfo Pérsico y Europa, con el objetivo de aislar a Irán y contrarrestar la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

La caída del sah en Irán en 1979 supuso para Washington la pérdida de un importante aliado regional, lo que aumentó aún más la importancia de Israel para EEUU. Y así, hasta hoy.

El respaldo a Israel

Israel nació como un Estado colonial dependiente del apoyo occidental. Al principio fue Francia el principal proveedor de armas a Israel, en la década de los cincuenta —cuando se asentaron las bases del reactor Dimona— mientras Washington se centraba en sus alianzas con Arabia Saudí, Irán y Egipto.

Pero con la intensificación de la Guerra Fría y ante el crecimiento del nacionalismo panárabe —que desestabilizaba el orden regional pro-occidental— EEUU incrementó su apoyo a Israel, consciente de su valor estratégico.

A principios de los sesenta, impulsó los primeros lazos formales de seguridad con el Estado israelí. También aumentó la cooperación encubierta entre Estados Unidos y Tel Aviv. El Mossad actuó como un brazo externalizado para las operaciones de inteligencia estadounidenses en el extranjero.

Ante la influencia de la URSS en Egipto, Siria e Irak, Estados Unidos comenzó a suministrar a Israel misiles, tanques y aviones. En los años sesenta y setenta Israel apoyó a las fuerzas prooccidentales en Yemen, Etiopía, Marruecos e incluso en Sudáfrica y otras partes del África subsahariana.

La relación preferencial

En 1967 Israel contó con el visto bueno de Estados Unidos para lanzar su ‘guerra preventiva’ contra Egipto, Siria y Jordania. Washington buscaba debilitar al Egipto de Nasser, aliado de la URSS. De ese modo el Estado israelí ocupó ilegalmente Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, los Altos del Golán sirios y el Sinaí egipcio. Todos ellos, excepto el Sinaí, siguen bajo ocupación israelí a día de hoy.

Aquella operación militar ilegal debilitó profundamente a los gobiernos nacionalistas árabes que buscaban operar al margen de los objetivos estadounidenses y europeos. También supuso la consolidación de la relación preferencial entre EEUU e Israel. Washington asumió que Tel Aviv era un aliado clave para lograr sus objetivos políticos y para frenar a Moscú en la región. Desde entonces la ayuda militar estadounidense a Israel fue creciendo y reforzándose, a cambio de seguir actuando como ejecutor de los intereses de la Casa Blanca.

El triunfo de la Revolución Islámica en Irán en 1979 —con la caída del sah— supuso para Washington la pérdida de un importante aliado regional, lo que aumentó aún más la importancia estratégica de Israel para EEUU. Y así, hasta hoy.

El plan de EEUU para Gaza, disfrazado de un alto el fuego que no es real, ha servido de excusa para apaciguar conciencias y rebajar exigencias a Israel

La mayor ayuda militar fija

La mayor ayuda militar fija que Estados Unidos entrega a un país es la que otorga a Israel: 3.800 millones de dólares anuales. La segunda es la que envía a Egipto, país que comparte frontera con Gaza, Israel, Sudán y Libia.

La mayor parte de la ayuda de EEUU a Israel se transfiere sin restricciones, directamente depositada en el tesoro israelí, a modo de subvención, no como préstamo. Esto permite a Tel Aviv desarrollar su industria armamentística nacional sin tener que proporcionar información detallada sobre su uso.

Además de esas transferencias directas, Estados Unidos ofrece un tratamiento fiscal favorable para las donaciones privadas a Israel, ofrece garantías de préstamos y garantiza el suministro de petróleo en caso de crisis. A ello se suma la protección diplomática, con decenas de vetos a resoluciones críticas con Israel en Naciones Unidas.

Las tensiones

Eso no significa que no haya tensiones. Washington busca equilibrios entre sus alianzas con Tel Aviv y sus pactos con los países productores de petróleo árabes. Si las ambiciones expansionistas de Israel perjudican a sus intereses, EEUU tiene capacidad para pararle los pies. Así ocurrió en 1956, durante la crisis de Suez, cuando obligó a Israel a retirarse de Gaza y del Sinaí egipcio. En los años sesenta el presidente John F. Kennedy se opuso al programa nuclear israelí y exigió inspecciones del reactor Dimona, construido por Francia.

También en 1973, con el embargo de petróleo desencadenado por la guerra del Yom Kippur, Estados Unidos presionó a Israel para que aceptara acuerdos de alto el fuego y se retirara de Egipto.

En 1981 EEUU criticó a Tel Aviv cuando destruyó el reactor de Osirak en Irak y en 1982 presionó al Gobierno israelí ante sus ataques contra Líbano y su papel en las masacres de Sabra y Shatila. Tras esas matanzas, Ronald Reagan llegó a amenazar con cortar el grifo de su ayuda militar a Israel, pero no lo hizo. El respaldo se mantuvo.

Otro de los episodios de mayor tensión entre ambos países fue el caso de espionaje de Jonathan Pollard, un analista de inteligencia de EEUU que entregó material clasificado a Israel. Aquel escándalo estalló en 1985 y fue un foco de tensión durante años, pero tampoco modificó las relaciones preferenciales. Un año después, en 1986, Joe Biden afirmó en el Senado que “si no existiera Israel, EEUU tendría que inventarlo para proteger sus intereses en la región”.

En 2015 Netanyahu llegó a intervenir ante el Congreso estadounidense sin el consentimiento de la Casa Blanca, algo extraordinario. Lo hizo para criticar con dureza el acuerdo nuclear con Irán impulsado por Obama en contra de la voluntad de Tel Aviv. Aún así, la integración entre Washington y Tel Aviv en todos los ámbitos de seguridad siguió afianzándose.

No habrá posibilidad de paz y estabilidad duraderas en la región si Palestina vuelve a quedar relegada al olvido

La guerra contra Irán

La guerra contra Irán iniciada el pasado marzo no fue solamente un capricho israelí. Netanyahu buscaba debilitar al Gobierno de Teherán y al propio Estado iraní, pero EEUU nunca habría impulsado esa guerra ilegal si no hubiera visto en ella una oportunidad para afianzar sus intereses en la región. Su problema es que no ha ganado esta guerra, ni en cuatro ni en seis semanas, tal y como Trump pretendía. El presidente estadounidense subestimó los riesgos y ahora se ve obligado a buscar unos acuerdos para paliar la subida del precio del combustible y para tranquilizar a su base de votantes, entre los que hay un importante sector contrario a la guerra. Por eso muestra enfado con el Gobierno israelí.

Israel, por su parte, seguirá violando el alto el fuego en Gaza y Líbano, como ha hecho hasta ahora, a no ser que EEUU modifique sustancialmente su política hacia Tel Aviv. Por ello, analizar las consecuencias de la guerra de Irán requiere poner el foco también en Palestina. La guerra de Trump y de Netanyahu contra Teherán ha logrado desviar la atención del genocidio israelí, y el plan de EEUU para Gaza –un proyecto colonial– ha servido a los aliados europeos de excusa para apaciguar conciencias y rebajar exigencias a Israel, mientras el Ejército israelí sigue matando a palestinos y oprimiendo a la población de la Franja.

Las imágenes que muestran la envergadura de los crímenes masivos y la creciente difusión de información sobre la historia de Palestina han contribuido a modificar la percepción del Estado israelí en el mundo. Israel ha perdido el relato, sí, pero el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido y la UE le permiten seguir ganando terreno, con más anexión ilegal de territorio. Por eso conviene fijarse en los hechos, y no solo en las escenificaciones políticas. No habrá posibilidad de paz y estabilidad duraderas en la región si Palestina vuelve a quedar relegada al olvido.

La dependencia tecnológica de Estados Unidos es peligrosa para Europa. Lo que durante años fue una advertencia de tecnólogos y activistas no solo ha dejado de ser un tema tabú en las instituciones europeas, sino que ha escalado hasta los primeros puestos de las prioridades políticas. De aviso técnico a doctrina política en apenas unos meses, gracias a Donald Trump y la creciente incertidumbre geopolítica.

“No podemos permitirnos depender de otros para las tecnologías que mantienen en funcionamiento nuestros hospitales, la estabilidad de nuestras redes energéticas y la seguridad de nuestros servicios. Se trata de proteger a nuestros ciudadanos, defender nuestros intereses y tomar nuestras propias decisiones”, dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Nuestro problema en el ámbito digital es que toda nuestra infraestructura básicamente es americana. No solo la nube, sino también la información, el software, todo. Esto nunca lo habíamos visto como una fuente de vulnerabilidad, hasta ahora”, argumenta Javier López, vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado socialista. “Ahora sabemos que esas dependencias pueden ser utilizadas contra nosotros como armas”.

“Hasta ahora hemos sido reactivos. La relación con Estados Unidos es una relación de dependencia. Tú no puedes tener una alianza entre iguales si tú dependes totalmente de otro”, defiende Nicolás Pascual de la Parte, coordinador de Seguridad y Defensa del PP Europeo. “Eso no es una alianza, eso es un protectorado”.

Son declaraciones efectuadas en cuestión de una semana por varios representantes europeos que muestran el consenso logrado en esta área. El distanciamiento de EEUU y el amanecer de la era de la inteligencia artificial han generado el consenso en el continente: es necesaria una voz propia en el terreno digital. “La tecnología es inseparable de la geopolítica”, resume la vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen.

Desde la Defensa

La conversación de la soberanía tecnológica vertebra varias de las apuestas de la UE. Una de ellas es la Defensa. En febrero de 2025, durante una reunión a puerta cerrada de ministros de Defensa de la OTAN, la administración estadounidense dio un ultimátum a Europa. Washington dejó claro que su prioridad estratégica es la región de Asia-Pacífico (China) y exigió a los europeos asumir la carga de su defensa convencional. El último movimiento ha sido la retirada de 5.000 soldados de Alemania.

De los 27 Estados miembros que integran la Unión Europea, todos excepto Austria, Chipre, Irlanda y Malta son también miembros de la OTAN. Esos mismos 23 países son los que un reciente estudio señaló como los más dependientes de la nube y el software estadounidense para operar sistemas críticos de su seguridad nacional. El informe era claro: todos esos sistemas tienen un “botón de apagado” a disposición de Donald Trump.

La UE ha lanzado diversos programas para solucionarlo. Uno de ellos es la financiación de armamento convencional a través de programas conjuntos a través de una línea de créditos blandos de 150.000 millones. De ellos, unos 1.000 millones de euros ya han ido a España, 1.180 millones a Chipre o 16.680 millones a Rumanía. Uno de los proyectos más ambiciosos hasta la fecha la Corbeta de Patrulla Europea (EPC), con España, Italia, Francia y Grecia desarrollando un buque de 3.000 toneladas. Los dos primeros prototipos empezarán a construirse este 2026 o a principios de 2027.

Pero la serie de iniciativas va más allá del armamento convencional. “Uno de los objetivos fundamentales es crear nuestra red satelital europea para tener la inteligencia suficiente. No podemos depender de Elon Musk y de Starlink, como es el caso ahora”, expresó De la Parte en una reciente reunión con periodistas en Bruselas en la que estuvo presente elDiario.es. Se trata del programa IRIS², que pondrá en órbita una constelación de unos 290 satélites para comunicaciones seguras bajo control europeo.

Vamos a tener que ir mudando toda nuestra infraestructura digital, probablemente sin sobregesticular demasiado, pero con paso firme. Si no, esa infraestructura se puede volver en contra nuestra

Javier López — vicepresidente del Parlamento Europeo

“Ahora, nuestro problema en el ámbito digital va más allá de la red satelital”, continuó Javier López en el mismo encuentro. “Durante los últimos años hemos aprendido de la peor forma posible que las interdependencias que creíamos que eran fuente de estabilidad para Europa y parte de nuestro ADN, hoy son armas. Las interdependencias son mecanismos de coacción en el ámbito económico, en el comercio, en la energía, en la información”, continuó el vicepresidente del Parlamento Europeo.

Aunque la dependencia “de la seguridad es probablemente la más evidente de todas”, pero no es la única: “Vamos a tener que ir mudando toda nuestra infraestructura digital, probablemente sin sobregesticular demasiado, pero con paso firme. Si no, esa infraestructura se puede volver en contra nuestra”.

Hasta los datos, los chips, el código abierto y la energía

Horas después de esa reunión, la Comisión Europea presentaba un nuevo y ambicioso paquete de desconexión. Incluye dos propuestas legislativas principales, el Acta de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial y la Chips Act 2.0, acompañadas de una estrategia de código abierto y una hoja de ruta energética. El objetivo del Paquete de Soberanía Tecnológica Europea es reducir las dependencias estructurales de proveedores externos y garantizar el control sobre los datos, las cadenas de suministro y los servicios básicos.

El proyecto pone un gran énfasis en los chips, estableciendo la hoja de ruta para triplicar la capacidad de los centros de datos en el continente en un plazo de cinco a siete años. Emilio García, autor de Chips y Poder (Catarata) explica que la ley de chips 2.0 “corrige buena parte de los errores de diagnóstico de su predecesora” (aprobada en 2023), y destaca en Agenda Pública que ahora “extiende las prioridades industriales a toda la cadena de suministro” y que “incorpora por fin la demanda”.

La estrategia de la Comisión asume que los componentes destinados a la inteligencia artificial representarán más del 70% del mercado de semiconductores para el año 2030, y acelera la concesión de permisos para construir plantas de fabricación avanzada vinculadas directamente a las futuras gigafactorías de inteligencia artificial. Para evitar la dependencia de sistemas propietarios de EEUU y China, el plan apuesta por el código abierto en ciberseguridad, semiconductores e internet, con directrices que obligarán a las administraciones públicas a priorizar soluciones europeas, una de las principales reivindicaciones de las startups del continente. La hoja de ruta incluye también el sector energético: los futuros centros de datos deberán integrarse en la red eléctrica en un momento en el que crecen los recelos ciudadanos sobre estas infraestructuras.

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Javier López, establece un horizonte de cinco años para lograr unas capacidades autónomas que sirvan como mecanismo de disuasión. Pascual de la Parte es más taxativo sobre las consecuencias de no lograrlo: “Si de aquí a finales de esta década Europa no es capaz de tener los recursos necesarios para su autodefensa, Rusia y otros enemigos potenciales no van a esperar a que los tengamos”. López resume el proceso pendiente: “Esto no va a ser ni muy rápido, ni muy fácil ni muy barato, pero hace falta ponerse a ello”.

Una montaña de 200 metros de altura con 45 millones de toneladas de sal. Eso es lo que se encuentran los vecinos de la comarca catalana del Bages cuando salen a pasear por la naturaleza que rodea sus viviendas. El residuo es consecuencia de la explotación, desde 1998, de una mina de potasa en los municipios de Sallent y Súria por parte de Israel Chemical Limited (ICL) a través de su filial ICL Iberia. La sal ha contaminado el río Llobregat y los terrenos limítrofes.

Agricultores y campesinos afectados aseguran que las analíticas que han realizado de esa agua no permiten su uso ni siquiera para regadío, pues su nivel de sal multiplica por diez el que posee el agua marina. La mina también ha dejado tras de sí varios trabajadores fallecidos. Los últimos tres, en marzo de 2023, de los cuales dos eran estudiantes en prácticas. Además, en la zona se ha levantado un movimiento que llama al boicot de ICL, empresa que ha vendido durante años fósforo blanco para proyectiles en EEUU que, a su vez, es proveedor del Ejército de Israel, según denuncia el Observatori Drets Humans i Empreses.

Lee Beritutti es la directora del documental Sal a la ferida, cinta recién estrenada que narra las historias de seis personas directamente afectadas por la mina de potasa, producto que se utiliza principalmente en la elaboración de fertilizantes químicos. “Desde que llegaron, comenzaron las protestas por el desastre medioambiental que estaban produciendo y por la explotación laboral de sus trabajadores”, comenta esta joven italiana de 27 años. La empresa comenzó a explotar la mina en 1998.

Los testimonios que ahora salen a la luz tras romper el manto de silencio que envuelve a ICL aúnan las principales luchas que rodean a la explotación minera, que desde hace más de una década no cumple con las sentencias condenatorias que pesan sobre ella. “Es una pasividad que llega a ser irritante”, adelanta el abogado de los afectados, Climent Fernández.

Uso de fósforo blanco

Sal a la ferida consigue traspasar la frontera catalana para rotar la mirada hacia lo que sucede en otras latitudes. Nora Miralles, investigadora del Observatori Drets Humans i Empreses, expone que ICL también extrae potasa del Mar Muerto. “Esta empresa participa en la cadena de producción del fósforo blanco”, asegura en el documental.

El fósforo blanco es un arma incendiaria que al contacto con el aire explosiona, está a 800 grados centígrados y quema piel y órganos. “Sabemos que ICL, a través de su filial en Estados Unidos, actúa como intermediaria en la venta del fósforo blanco al Departamento de Defensa estadounidense. Luego, otra empresa del país lo vende al Ejército de Israel”, precisa la investigadora.

Israel ha utilizado en numerosas ocasiones esta arma y ha sido acusado de crímenes de guerra por su lanzamiento. El fósforo blanco solo es legal para crear cortinas de humo e iluminar objetivos, sin embargo, si se usa contra personas, provoca quemaduras letales y asfixia. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado el uso ilegal del fósforo blanco por parte de Israel en lugares como Líbano y Gaza. Sin embargo, no se puede comprobar si el fósforo blanco producido por ICL ha acabado siendo utilizado por Israel en sus múltiples frentes bélicos.

Desde el inicio del genocidio, Public Works Studio ha documentado el uso del fósforo blanco para quemar aproximadamente 2.000 hectáreas de terreno en el sur de Líbano. Yara Abdelkhalek, investigadora urbana y miembro de este colectivo, señala en el documental que Israel ha lanzado 272 ataques con fósforo blanco en Líbano.

Cogulló, la gran montaña de sal

“Los agricultores cuentan que todos sus campos están contaminados, que ahí nada crece. Quieren que la empresa se haga cargo de los daños causados, tal y como establecen las sentencias”, comenta Beritutti. Uno de estos afectados es Josep Planes, quien enseña en el documental cómo las sentencias, a las que ha tenido acceso elDiario.es, ratifican que en el agua se han hallado productos como el aceite de pino, que puede producir graves problemas respiratorios y fallos renales.

Sabemos que ICL, a través de su filial en Estados Unidos, actúa como intermediaria en la venta del fósforo blanco al Departamento de Defensa estadounidense. Luego, otra empresa del país lo vende al Ejército de Israel

Nora Miralles — Observatori Drets Humans i Empreses

Fernández recalca que tan solo una tercera parte de lo extraído de la mina es potasa, mientras que las dos partes restantes son residuos salinos. “Eso es lo que han ido depositando a lo largo de los años en un lugar sin impermeabilizar, de ahí las filtraciones continuas”, explica. El problema se centra en la llamada montaña Cogulló, con una elevación de más de 200 metros y que en 2017, dos años antes de que cesara el vertido, llegaba a los 44 millones de toneladas de sal, por lo que su peso actual estará entre los 45 y 46 millones de toneladas, ilustra el letrado. “Y así comenzaron los problemas de salinización del agua, porque se filtra a arroyos y torrentes que llegan a explotaciones agrícolas y ganaderas, a fauna, y a las propias personas a través de los pozos”, confirma.

Los frentes judiciales eternos

El abogado recuerda que en 2014 un juzgado penal de Manresa dictó una sentencia, confirmada dos años después por la Audiencia Provincial, que penaba la gestión de la mina por parte de ICL. “Ordenaba a la empresa cesar de verter ahí el residuo y a restaurar y recuperar ecológicamente la zona”, abunda. Asimismo, varios responsables de la compañía fueron condenados a penas de prisión, que no cumplieron por ser inferiores a dos años.

Desde entonces, comenzó todo un periplo judicial entre los afectados y la empresa, que “recurre absolutamente todas las decisiones judiciales, que siempre nos han dado la razón”, apuntilla Fernández. Dado que ICL no actuaba conforme al dictamen de la sentencia, los afectados acudieron al Tribunal contencioso-administrativo. Recursos ante el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y de casación mediante, esperan que de una vez por todas su colme su ansia de justicia que, en este caso, significa “hacer cumplir las sentencias como a cualquier otro hijo de vecino”, según las palabras del defensor.

Muertes de trabajadores en la mina

Beritutti, la directora del documental, asegura que ha sido “muy difícil” conseguir testimonios de antiguos trabajadores de la mina. “Ha sido casi imposible hablar con ellos delante de las cámaras. Yo creo que tienen miedo y que ICL explota muy bien su poder para que la gente se calle”, sostiene. Por su parte, ICL no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por elDiario.es.

En la cinta tan solo aparece anonimizado un antiguo trabajador de esta mina situada en el entorno de Manresa para comentar lo ocurrido en 2023, cuando tres geólogos perdieron la vida en el interior del yacimiento por un desprendimiento. “Es un caso que se ha trabajado con opacidad. Son noticias que han pasado muy desapercibidas, por el motivo que sea, cuando es un incidente que se puede volver a repetir si nadie pone el grito en el cielo”, valora el operario con la voz distorsionada. Una década antes, en 2013, otros dos trabajadores murieron en la misma mina de Súria, conectada subterráneamente con las galerías de Sallent.

No es una lucha ecologista, no es una lucha por Palestina, no es una lucha a favor de los derechos de las trabajadoras, sino que es todo en una

Anna — integrante de la campaña contra ICL

Maximo de la Corte llegó a ser el presidente del comité de empresa en el yacimiento por parte de CGT. Jubilado ya, a sus 64 años afirma que “las muertes han ido a menos según se ha mecanizado el trabajo”. Sin embargo, su principal reivindicación con los ojos puestos en el presente, secundada por los demás afectados, es la vuelta de una empresa pública a la extracción de la potasa, como sucedía antes de que llegara ICL. “Se vendió una riqueza que tendría que ser del pueblo, que tendría que aprovechar el Estado, porque el fertilizante es un bien primordial”, defiende a elDiario.es.

Los sindicatos nunca apostaron por el cierre de la explotación, pero sí una mayor seguridad para los operarios y que cesara la contaminación que producían los residuos. “No se puede seguir permitiendo una montaña con 40 millones de kilos de sal”, enfatiza De la Corte. Tanto este sindicalista como Fernández, el abogado, señalan a la Generalitat catalana como responsable en parte de lo sucedido. “La Generalitat nos cobra un impuesto de saneamiento del agua que después utiliza ICL, que la vuelve a salinizar. Tiene huevos la cosa”, afirma el primero en el documental. “Tendrían que poner freno a todo esto y hacer cumplir las sentencias”, reclama el segundo.

Luchas unidas por la solidaridad

“Es válido enfocarse en la lucha por la defensa del territorio desde Catalunya, pero también es importante esta dimensión de cómo las luchas están interrelacionadas”, añade Beritutti. Así, una protesta que nace de esta región del Mediterráneo puede encontrar sus ecos a modo de solidaridad y compromiso con lo que ocurre en Gaza y Líbano.

De la Corte, el antiguo representante de los trabajadores en Sallent, agrega que, “si realmente se prueba que la potasa que extraen de aquí termina en fósforo blanco usado contra población civil, sería un argumento más para que la explotación pasara a ser pública o se revocaran las concesiones a la empresa”.

La colaboración de la compañía con el ejército israelí ha hecho que diversos activistas se organicen en la campaña Boicot ICL. Más allá de la concienciación social sobre el desastre medioambiental que producen con su explotación y el apoyo al genocidio, los activistas han llegado a cortar las vías férreas utilizadas para transportar la potasa. También han conseguido que diversas instituciones y universidades dejen de colaborar con ICL, como es el caso de las universidades de Vic y de Manresa y el teatro Kursaal de Manresa, según recoge la red de apoyo a Palestina Rescop. “No es una lucha ecologista, no es una lucha por Palestina, no es una lucha a favor de los derechos de las trabajadoras, sino que es todo en una”, zanja en el documental Anna, integrante de la campaña contra la empresa israelí.

La Red estatal contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, integrada por más de 500 organizaciones, ha emitido este domingo un comunicado en el que alertan de que el buque Danica Violet atravesará en las próximas horas el estrecho de Gibraltar con material militar para Israel. Su denuncia se basa en una investigación publicada por el medio de comunicación irlandés The Ditch, que lleva tiempo haciendo un seguimiento de las rutas de varias navieras y barcos involucrados en el suministro de armamento al Estado israelí o a empresas de ese país.

Según esa información, el Danica Violet (IMO 8503967) transporta 60 toneladas de componente de misiles y un contenedor con cañones de artillería para la planta de la empresa Elbit Systems en Yokneam, Israel. El buque forma parte de la naviera danesa H. Folmer & Co., especialista en transportes de explosivos. Tanto la naviera como el barco han sido denunciados en varias ocasiones “por formar parte del abastecimiento de la maquinaria de guerra israelí y, de hecho, el Estado español ya denegó puerto al Danica Violet en una ocasión en mayo de 2025”.

La Rescop y la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel detallan que el barco salió el pasado 28 de marzo del puerto de Chennai (India), con destino a Haifa y que llegará al estrecho de Gibraltar en la madrugada de este lunes. También señalan que “el buque está violando normas imperativas o ayudando a Israel a cometer dichas violaciones (prohibición del apartheid y prevención y sanción del genocidio), por lo que las autoridades españolas deben denegar el tránsito de este barco en nuestras aguas territoriales”.

En 2025, la organización Progressive International desveló que, en diciembre de 2024, esta embarcación transportó más de 18.000 kilos de explosivos de demolición desde India hasta Israel. Ese viaje fue solo uno de los doce que la flota de la naviera H. Folmer&Co ha realizado desde diciembre de 2023. Según denunció Progressive International, esos explosivos “podrían haber sido utilizados en recientes demoliciones de viviendas en la localidad palestina de Yenín, en Cisjordania”.

A la misma flota de H. Folmer & Co. pertenece el Danica Sunrise, cuya presencia en el puerto de Cartagena fue denunciada en febrero de 2025. Ese barco terminó atracando en el puerto español, según confirmaron entonces fuentes portuarias.

Otra embarcación de la misma naviera es el Marianne Danica, también con bandera de Dinamarca, denunciado en mayo de 2024, ante su inminente llegada a Cartagena. La relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, indicó entonces que la escala de ese barco -y de otro que también levantó sospechas- suponía “un desafío para la postura de España en materia de derechos humanos, especialmente en el contexto de las atrocidades que se cometen en Gaza”, y defendió la necesidad de “garantizar que se aplique de forma progresiva y completa un embargo de armas efectivo a Israel”. Finalmente, en esa ocasión el Gobierno español optó por denegar el acceso al Marianne Danica, ante los indicios de que llevaba armamento a Israel.

Las organizaciones sociales que integran la campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel piden al Gobierno español que incorpore y apruebe de manera urgente “las enmiendas necesarias” al Real Decreto aprobado en septiembre de 2025, para que “se haga realidad un embargo integral de armas a Israel, sin excepciones y blindado”. Para ello solicitan que se añada la prohibición de la contratación pública con empresas armamentísticas o sus filiales, el veto a la producción de material de defensa bajo licencias israelíes, “controles e inspecciones reales en puertos, fin de toda colaboración militar o de seguridad con Israel y absoluta transparencia para verificar su efectividad”, entre otras medidas.

Durante años, la industria de defensa fue poco menos que un tabú en Catalunya. Sin grandes fabricantes militares en el territorio, sin ninguna apuesta estratégica del Govern y con una opinión pública históricamente contraria al negocio, el sector apenas tenía presencia en la conversación pública. Esa realidad forma ya parte del pasado.

El nuevo ciclo inversor europeo en seguridad y defensa impulsado por la guerra en Ucrania y la llegada de Trump a la Casa Blanca ha cambiado profundamente el tablero. Ahora Gobierno, Generalitat, patronal y grandes compañías quieren situar a Catalunya en el mapa europeo de las tecnologías de doble uso, es decir, aquellas aplicaciones civiles que también pueden tener salida en el ámbito militar.

La ofensiva se está produciendo en varios frentes y con un objetivo común: aprovechar la potente base industrial y tecnológica catalana para captar parte de los miles de millones que Europa y el Estado prevén movilizar en los próximos años.

El pastel no es pequeño. El Gobierno ha desplegado un plan en el que prevé destinar unos 10.000 millones al sector (el 2% del PIB) y, según la patronal Foment, las compañías catalanas quieren arañar hasta el 20% de esos fondos. La Unión Europea (UE), a su vez, prevé aportar durante el próximo lustro 800.000 millones de euros entre subvenciones, flexibilidad fiscal y créditos.

“Hay que aprovechar la ola inversora y los recursos que habrá durante este ciclo, que no será corto”, apunta en conversación telefónica Roger Torrent, expresidente del Parlament, ex conseller de Empresa con ERC y una de las nuevas voces destacadas de la apuesta catalana por el sector de la defensa.

Torrent ha fundado recientemente una consultora para asesorar a empresas que quieran entrar en el negocio y, a su vez, ha ejercido de responsable técnico de un informe de la Cámara de Comercio de Barcelona que reivindica el potencial de la industria catalana en este sector.

La apuesta la resumió el pasado 4 de mayo José Vicente de los Mozos, el actual consejero delegado de Indra (participada en un 28% por el Estado). “Hay que cambiar la mentalidad del mundo del automóvil al mundo de la defensa”, afirmó en un acto en Sant Cugat del Vallès ante la presencia del conseller de empresa catalán, Miquel Sàmper. 

Sàmper fue más allá. Citó los expedientes de regulación de empleo en grandes centros de trabajo como Nestlé, Ficosa o Nissan y dibujó a la industria de defensa como una de las mejores opciones para “generar una transformación del mercado laboral actual” en Catalunya. 

Las escenas que muestran el cambio se suceden. Esta semana, Indra reunió en los Tinglados del Puerto de la capital catalana a más de 200 empresas del ecosistema catalán de defensa, seguridad y espacio para presentar su plan de expansión en Catalunya.

El grupo, presidido por Ángel Simón, anunció que prevé crear 1.500 empleos y elevar su facturación en el territorio hasta los 550 millones de euros en 2027. Actualmente, emplea a 3.500 personas en Catalunya y factura 366 millones de euros.

“Europa necesita una capacidad industrial sólida para garantizar la soberanía del continente, e Indra quiere ser líder”, aseguró Simón durante el acto. La empresa también avanzó nuevos centros de actividad en Catalunya y defendió el papel del territorio como futuro hub industrial vinculado a la defensa, la ciberseguridad y el espacio.

Apuesta estratégica de la Generalitat

El Govern es otro de los actores que rema a favor de esta apuesta y lleva meses preparando el terreno. A través de Acció, la agencia pública de promoción económica, la Generalitat ha empezado a formar a empresas catalanas interesadas en acceder a este mercado. 

El foco está puesto en sectores industriales ya consolidados —automoción, espacio, metalurgia, telecomunicaciones o software— que puedan desarrollar tecnologías de “uso dual”.

También el president de la Generalitat, Salvador Illa, respaldó públicamente esta estrategia en el acto de Indra. “Hay que explicar a la sociedad la importancia de la seguridad colectiva”, afirmó. Illa defendió, además, que la seguridad es “necesaria” para que exista el estado del bienestar y reivindicó el refuerzo de la “autonomía” de Europa “ante un mundo cada vez más polarizado”.

Según el mencionado informe de la Cámara de Comercio, las empresas catalanas con potencial en este ámbito ya generan unos 1.600 millones de euros anuales, pero podrían incrementar esa cifra en 1.000 millones y crear 10.000 empleos durante los próximos cinco años. El estudio identifica hasta 800 compañías con capacidad para integrarse en la llamada “cadena de valor de la defensa europea”.

Otro informe de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) elaborado por PwC, apunta que la contribución económica de las empresas vinculadas a defensa, seguridad, aeronáutica y espacio aumentó en 2024 un 13% y el empleo un 20% respecto al año anterior.

La industria del automóvil, en el punto de mira

Tal y como recomendó el consejero delegado de Indra, el automóvil aparece como uno de los sectores llamados a jugar un papel clave en esta reconversión.

Indra ya se ha aliado con Ficosa para desarrollar sistemas de visión y vigilancia para vehículos militares, mientras Seat ha iniciado conversaciones sobre la posible fabricación de vehículos militares ligeros en la planta de Martorell (Barcelona). 

“Es evidente que el know-how del sector de la automoción es muy interesante desde el punto de vista de la defensa”, abunda Torrent. “La combinación entre una industria competitiva y madura y esta capacidad tecnológica hacen de Catalunya un lugar donde puede haber mucho crecimiento”.

La patronal también se ha sumado abiertamente a la operación. Foment del Treball anunció en noviembre la creación de un nodo catalán de empresas estratégicas de defensa y seguridad con el objetivo de integrar a las pymes catalanas en los programas europeos de defensa. 

Foment, de hecho, trabaja ya junto al gigante español de la defensa Santa Bárbara Sistemas-General Dynamics para asesorar a pequeñas y medianas empresas catalanas interesadas en convertirse en proveedoras del sector. Según explicó la compañía, más de un centenar de empresas catalanas forman actualmente parte de su cadena de suministro.

“Catalunya puede aportar pymes, industria, investigación y talento a las cadenas europeas de seguridad, con retorno en innovación, empleo cualificado y soberanía tecnológica”, afirman desde esta entidad.

Detrás de este movimiento hay también una carrera por no quedar rezagados frente a otras comunidades autónomas. Madrid, Andalucía y País Vasco concentran actualmente el grueso de la industria española de defensa, y Catalunya aspira a hacerse un hueco como polo tecnológico especializado en usos duales.

Un sector polémico y poco rentable a nivel laboral

El debate político y social sobre esta reconversión está servido en Catalunya, donde la sociedad sigue dividida ante el aumento del gasto militar. Según una encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de 2025, un 26% de los catalanes considera que los países de la UE deben aumentar el gasto en defensa, un 36% cree que debería mantenerse y un 34% apuesta por reducirlo. 

La estrategia catalana evita, al menos por ahora, entrar de pleno en la fabricación de armamento pesado o munición a gran escala. La apuesta pasa más bien por áreas menos polémicas y con aplicaciones civiles claras: satélites, drones, ciberseguridad, comunicaciones, inteligencia artificial, sensores…

Según la investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Tica Font, el aumento en el gasto en defensa irá acompañado de recortes en otras partidas que jugarán en detrimento del Estado del Bienestar.

“Si haces ajustes presupuestarios debes sacar dinero de otros ministerios”, explica, y recuerda que el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, propuso disminuir el gasto en pensiones, sanidad y prestaciones sociales para lograr aumentar el gasto en defensa.

Font recuerda, además, que los puestos de trabajo que puede generar el sector por cada euro invertido son muchos menos que cuando se invierte en otros ámbitos. Recuerda que, según la Universidad de Brown (EEUU) y Greenpeace, un millón de euros en el sector de la defensa genera 6,9 puestos de trabajo, mientras que en la Sanidad supondría 19,2 empleos o 14,3 si se invirtiera en educación. 

La investigadora en comercio de armas destaca también la fuerte dependencia que tiene este sector de la administración pública. “Es una industria deficitaria del Estado”, señala por teléfono. “Solo produce e investiga bajo contrato con la administración, esto no ocurre con ninguna industria civil”, remacha.

Las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley han firmado un acuerdo con el Pentágono que abre las puertas a la vigilancia total. De todas ellas, hay que quedarse con un nombre: Palantir. La empresa fundada por Peter Thiel, uno de los hombres más poderosos y reaccionarios de Silicon Valley, rastrea todos tus datos disponibles para ayudar al ejército a saber prácticamente todo sobre ti. A partir de ahora, los gigantes de la inteligencia artificial ceden toda su tecnología y sus datos al uso militar y de seguridad que la Casa Blanca quiera darle. El ciudadano, el disidente o el enemigo está más indefenso que nunca.

Con Carlos del Castillo, periodista especializado en Tecnología de elDiario.es, explicamos en qué consiste este acuerdo que sitúa a la industria tecnológica estadounidense, alineada con los intereses de la Administración Trump, en centro de todas las fases de la guerra, y el cambio de paradigma que representa este movimiento. 

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Los presuntos narcos del Puerto de València contaban con numerosas armas que fueron incautadas por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional. Los informes de la Policía Científica, a los que ha tenido acceso elDiario.es, reseñan el pequeño arsenal con el que contaba la presunta trama de narcotráfico a gran escala desmantelada en el marco de la 'operación Spider': un revólver Magnum, una Glock de nueve milímetros Parabellum con el número de serie borrado, dos bolígrafos pistola, tásers o defensas extensibles.

Al investigado Juan Antonio A.G. se le intervino una Magnum con el cañón y las recámaras del cilindro modificados y una pistola Glock. En el caso de la primera, considerada como arma prohibida, el Grupo de Balística Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica de Valencia concluye en su informe que podría ser “peligroso su uso”, por lo que descartó las pruebas con fuego real que los analistas efectuaron en la galería de tiro con el resto de vestigios incautados.

Por su parte, la Glock (“en buen estado de conservación”) tenía el número de serie originalmente troquelado hasta en tres ubicaciones. Sin embargo, había sido lijado con una “herramienta abrasiva o similar” y, posteriormente, se le habían troquelado “artesanalmente” tres dígitos. La Policía Científica, mediante reactivos químicos, logró identificar el número de serie original del cañón, de seis caracteres, y usó los 57 cartuchos incautados al presunto narco en las pruebas realizadas en la galería de tiro.

Juan Antonio A.G. también tenía una defensa extensible considerada como arma prohibida (al investigado Julián L.M. también se le intervino una defensa de goma semirrígida). Y, lo más llamativo, dos bolígrafos pistola artesanales y recamarados para cartuchos del calibre 22 que disparaban “correctamente”.

Los bolígrafos estaban compuestos de dos secciones: el cajón de mecanismos y la recámara que aloja al cartucho. “El sistema de disparo del arma”, explica el informe, “es mediante tornillo/tirador que se encuentra en la primera sección, el cual tras desplazarlo, comprime el muelle de dicha sección [y] se sujeta en un rebaje lateral de su recorrido manteniendo comprimido el muelle”.

“Acto seguido”, apostilla, “se desplaza ligeramente dicho tornillo a su 'carril', lo que hace descomprimir el muelle y 'lanzar' la aguja percutora para impactar sobre el cartucho de la recámara de la segunda sección, produciendo el disparo”. La Policía también agotó en las pruebas en la galería de tiro los 13 cartuchos incautados correspondientes a los bolígrafos pistola.

A Antonio B.F., directivo de una transitaria presuntamente implicada en varios alijos de la supuesta trama, se le incautó una pistola Blow, considerada arma prohibida salvo para funcionarios especialmente habilitados.

Julián L.M. poseía una pistola Táser, de la marca Pegasus, “completamente operativa” y considerada como arma prohibida, así como una carabina Winchester con el número de serie completamente borrado con una herramienta abrasiva que hace “imposible cualquier proceso de recuperación”. Sin embargo, los informes concluyen, por el mal estado de conservación y varias deficiencias, que el arma semiautomática no es operativa.

El mismo investigado poseía una ballesta en regular estado de conservación (se desaconsejaron las pruebas operativas por el “alto peligro de accidente”), una porra de goma y una defensa eléctrica, además de una decena de cartuchos del calibre 22 y varios cuchillos y machetes. A Ángel G.R. también se le intervino una pistola Táser y a varios de los investigados se les incautaron pistolas o rifles de aire comprimido.

El gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares en 2025, un aumento del 2,9% en términos reales respecto a 2024. Así lo destaca el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el SIPRI, en su informe anual publicado este lunes y al que ha tenido acceso con antelación elDiario.es.

En 2025, el gasto militar creció en todas las regiones del mundo excepto en las Américas. Estados Unidos sigue en el número uno y Europa experimenta un fuerte incremento, con una subida del 14%. Los cinco principales gastadores militares —Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India— en conjunto representaron el 58% del gasto militar mundial.

“Las cifras de gasto militar actual, de récord, nos muestran que buena parte de los países que más han aumentado su gasto militar históricamente son precisamente los que están actualmente en guerra, mientras que los que no lo han hecho son los países, hoy en día, más pacíficos, como Islandia, Suiza, Irlanda, Austria y Nueva Zelanda”, señala Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz, en el podcast 'Donde callan las armas', que se emite en elDiario.es y en plataformas.

El gasto militar en España

España entra en el ránking de los quince países con más gasto militar mundial, en el puesto 15, y dentro de ese grupo es el país que registra un mayor aumento con respecto a 2024: un 50%, hasta los 40.200 millones de dólares, según los datos que ofrece el SIPRI y muy cerca de lo que avanzó elDiario.es en abril de 2025. “Es la primera vez que España forma parte de este ránking de los quince países con mayor gasto militar mundial”, señala Jordi Calvo en el análisis específico sobre nuestro país.

Dentro de ese grupo, doce países volvieron a aumentar su gasto y solo tres registraron descensos: Estados Unidos, Reino Unido e Israel. El gasto de Polonia, en el puesto 14, creció un 23%, mientras que Italia, en el puesto 12, y Ucrania, en séptimo lugar, aumentaron su gasto militar un 20% cada uno.

El informe del SIPRI señala que este incremento en 2025 elevó la carga militar de España al 2,1% del PIB, “en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del Gobierno español, lanzado en abril de 2025, al que se asignaron 11.800 millones de dólares durante ese año”.

El gasto militar real del Estado español en 2025 ha sido más elevado que lo anunciado en su momento y representa ya el 2,42% del PIB

Centre Delàs de Estudios por la Paz

Más elevado

En el año 2016 España tenía un gasto militar del 1,1% del PIB, por lo tanto el gasto actual casi multiplica por dos ese porcentaje de 2016. El SIPRI indica que, con respecto a esa fecha, el gasto militar ha aumentado un 122%.

El Centre Delàs de Estudios por la Paz ha presentado este lunes sus análisis y señala que , según sus cálculos, “el gasto militar real del Estado español en 2025 ha sido aún más elevado que lo anunciado por el Gobierno, llegando a la cifra de 39.476 millones de euros, y ya representando el 2,42% del PIB”.

Para hacer ese cálculo, los investigadores del Centre Delàs aplican los criterios establecidos por la propia OTAN para contabilizar el desembolso de todos sus miembros. Esto incluye todas las partidas vinculadas a la defensa militar, como los costes de personal paramilitar de la Guardia Civil , los créditos en I+D militar que surgen desde el Ministerio de Industria, las misiones militares en el exterior o los intereses de la deuda correspondientes al total del gasto militar, entre otros.

Para alcanzar el 2,42% del PIB “el Gobierno ha echado mano, por primera vez, de otras partidas de carácter militar repartidas entre otros ministerios y programas”, indica el Centre Delàs. “Este método de contabilización que ha empleado tiene en cuenta todos los gastos militares, algo que venimos demandando desde hace más de dos décadas”, señala Calvo.

La cifra de 39.476 millones de euros de gasto militar español ofrecida por el Centre Delàs es superior a los 40.200 millones de dólares del SIPRI, ya que ha tenido en cuenta todas esas partidas vinculadas.

El gasto militar mundial volvió a aumentar en 2025, ya que los Estados respondieron a otro año de guerras, incertidumbre y agitación geopolítica con programas de rearme a gran escala

Xiao Liang — SIPRI

Datos globales

Estas cifras confirman la tendencia al alza en un marco de mayor militarismo, siendo 2025 el undécimo año consecutivo de incremento mundial y con un crecimiento de la carga militar global —el gasto militar como porcentaje del producto interior bruto (PIB)— al 2,5%, su nivel más alto desde 2009.

“El gasto militar mundial volvió a aumentar en 2025, ya que los Estados respondieron a otro año de guerras, incertidumbre y agitación geopolítica con programas de rearme a gran escala”, señala Xiao Liang, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI.

“Dado el abanico de crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos Estados, es probable que este crecimiento continúe durante 2026 y más allá”, añade.

El principal motor del aumento global del gasto militar en 2025 fue el incremento del 14% en Europa, hasta 864.000 millones de dólares

Instituto de Investigación de Estocolmo (SIPRI)

El gasto militar de los 32 miembros de la OTAN ascendió a 1,581 billones de dólares, es decir, el 55% del gasto mundial. Estados Unidos sigue en el primer puesto con 954.000 millones de dólares, pero con una reducción de su gasto militar, que en 2025 fue un 7,5% inferior al de 2024. Esta caída se debe principalmente a que no se aprobó una nueva partida financiera para Ucrania durante el año, en marcado contraste con los tres años anteriores.

Sin embargo, Washington aumentó las inversiones tanto en capacidades nucleares como convencionales “para mantener su dominio en el hemisferio occidental y disuadir a China en el Indo-Pacífico, objetivos clave de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional”.

“Es probable que la caída del gasto militar estadounidense en 2025 sea de corta duración”, advierte Nan Tian, director del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI. “El gasto aprobado por el Congreso de EEUU para 2026 ha superado el billón de dólares, un aumento sustancial respecto a 2025, y podría elevarse hasta 1,5 billones en 2027 si se aprueba la última propuesta presupuestaria del presidente Trump”.

Si analizamos las tablas comparativas, vemos que en el año 2016 España tenía un gasto militar del 1,1% del PIB, por lo tanto el gasto actual multiplica por dos ese porcentaje de 2016

Jordi Calvo — Centre Delàs

Fuerte aumento del gasto europeo

El principal motor del aumento global del gasto militar en 2025 fue el incremento del 14% en Europa, hasta 864.000 millones de dólares. Es el nivel más alto jamás registrado por el SIPRI.

“En la década 2016-2025, el gasto se duplicó (+102 %). Este incremento refleja la creciente inestabilidad geopolítica en la región, principalmente relacionada con la guerra entre Rusia y Ucrania y la incertidumbre sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos para los miembros europeos de la OTAN”, señala el informe del SIPRI.

El gasto de Rusia y Ucrania continuó creciendo en el cuarto año de la guerra, mientras que el rearme de los miembros europeos de la OTAN supuso el mayor crecimiento anual en Europa Central y Occidental desde el final de la Guerra Fría.

El gasto militar de Rusia creció un 5,9% en 2025 hasta los 190.000 millones de dólares, con una carga militar del 7,5% del PIB. Ucrania, el séptimo mayor gastador, aumentó su gasto un 20% hasta los 84.100 millones de dólares, equivalentes al 40% de su PIB.

“En 2025, el gasto militar como proporción del gasto público alcanzó el nivel más alto jamás registrado tanto en Rusia como en Ucrania”, indica Lorenzo Scarazzato, investigador del SIPRI. “Es probable que siga creciendo en 2026 si la guerra continúa, con mayores ingresos por exportaciones de petróleo en Rusia y un importante préstamo previsto de la Unión Europea para Ucrania”.

Los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron en conjunto 559.000 millones de dólares en 2025, y 22 de ellos destinaron al menos el 2% del PIB a defensa. Alemania fue el mayor gastador del grupo, con un aumento del 24% hasta los 114.000 millones

Los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron en conjunto 559.000 millones de dólares en 2025, y 22 de ellos destinaron al menos el 2% del PIB a defensa. Alemania fue el mayor gastador del grupo, con un aumento del 24% hasta los 114.000 millones. Su carga militar superó el 2% por primera vez desde 1990, alcanzando el 2,3%.

“En 2025, el gasto militar de los miembros europeos de la OTAN creció más rápido que en cualquier otro momento desde 1953”, destaca Jade Guiberteau Ricard, asistente de investigación en el Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI.

“A medida que los Estados intentan cumplir los nuevos objetivos de gasto, existe el riesgo de que se difuminen los límites entre el gasto militar y otros gastos relacionados con la defensa, reduciendo la transparencia”, advierte.

Las cifras muestran que buena parte de los países que más han aumentado su gasto militar históricamente son precisamente los que están actualmente en guerra, mientras que los que no lo han hecho son los países, hoy en día, más pacíficos

Jordi Calvo — Centre Delàs

Oriente Medio

El gasto militar en Oriente Medio alcanzó unos 218.000 millones de dólares en 2025, apenas un 0,1% más que en 2024. Excepto Israel, la mayoría de los principales países de la región aumentaron su gasto. El gasto de Israel disminuyó un 4,9% hasta los 48.300 millones. Aun así, seguía siendo un 97% superior al de 2022.

El gasto de Turquía aumentó un 7,2% hasta los 30.000 millones y el gasto de Irán cayó por segundo año consecutivo, un 5,6% hasta los 7.400 millones, debido a la alta inflación, aunque aumentó en términos nominales.

Asia y Oceanía

El gasto militar en Asia y Oceanía alcanzó los 681.000 millones de dólares en 2025, un 8,1% más que en 2024, el mayor aumento registrado desde 2009. China incrementó su gasto un 7,4% hasta los 336.000 millones, Japón aumentó su gasto un 9,7% hasta los 62.200 millones (1,4% del PIB), el nivel más alto desde 1958, y Taiwán alcanzó el 14% hasta los 18.200 millones (2,1% del PIB).

“Los aliados de Estados Unidos en Asia y Oceanía están aumentando su gasto militar no solo por tensiones regionales, sino también por la incertidumbre sobre el apoyo estadounidense”, resalta el investigador del SIPRI Diego Lopes da Silva.

Otras cifras

El SIPRI indica que el gasto militar del Reino Unido cayó un 2,0% hasta los 89.000 millones y el de Francia aumentó un 1,5% hasta los 68.000 millones.

India aumentó su gasto un 8,9% hasta los 92.100 millones de dólares, Pakistán lo hizo en un 11% hasta los 11.900 millones y Arabia Saudí incrementó su gasto un 1,4% hasta los 83.200 millones. En África el gasto militar aumentó un 8,5% hasta los 58.200 millones totales.

El gasto militar como proporción del PIB —la llamada carga militar— es una medida del coste económico relativo de las fuerzas armadas para un país. A nivel mundial, esta carga aumentó del 2,4% en 2024 al 2,5% en 2025, el nivel más alto desde 2009.

En promedio, los países de Oriente Medio registraron la mayor carga militar en 2025 (3,8% del PIB), seguidos por Europa (3,2%), África (1,8%), Asia y Oceanía (1,6%) y América (1,2%).

Los tres países con mayor carga militar fueron Ucrania (40%), Argelia (8,8%) e Israel (7,8%). “El mayor aumento se registró en Ucrania (+5,6 puntos porcentuales), seguida de Azerbaiyán (+1,4) y Noruega y Dinamarca (ambos +1,0)”, indica el SIPRI. Sudán del Sur y Burkina Faso registraron las mayores disminuciones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha denegado la medida cautelar solicitada por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, para que se suspendiera la asignación a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como beneficiarias de dos préstamos para programas especiales de modernización (PEM) de armamento por importe de 3.000 millones de euros, que se enmarcan en contratos por valor total de 7.240 millones de euros.

La petición pretendía la suspensión cautelar de los préstamos y de todos aquellos preceptos relacionados con la concesión de estos préstamos, así como la suspensión de todos los procedimientos y actos administrativos subsiguientes, mientras se resuelve el fondo del recurso que Santa Bárbara tiene planteado contra los mismos, informa Europa Press.

Entre otros argumentos, la Sala basa el rechazo a la medida cautelar en que los perjuicios alegados por Santa Bárbara Sistemas “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale, sin que resulte acreditado que la ejecución del Real Decreto y los préstamos que se impugnan le pueda ocasionar perjuicios inminentes, ni menos aún que estos sean de difícil o imposible reparación”.

“El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica”, ha añadido el alto tribunal.

Argumenta que no ha quedado acreditado que la continuidad de la empresa, su posición actual en el mercado o los puestos actuales de trabajo puedan verse afectados por la concesión de estos préstamos a las empresas competidoras.

Destaca que Santa Bárbara, en abril del año 2000, fue adquirida por General Dynamics Corporation, convirtiéndose en una filial de la multinacional estadounidense, que es una de las empresas “líderes mundiales” en la fabricación y diseño en el sector de la defensa, “por lo que difícilmente su continuidad como empresa o los actuales puestos de trabajo pueden entenderse comprometidos por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados”.

“Sin olvidar que Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos en España para el desarrollo de otros programas diferentes (Programa Actualización Vehículos Pizarro) por importe de 176 millones”, ha indicado.

Relevante interés público

Asimismo, la Sala rechaza la alegación de Santa Bárbara que alude a que los perjuicios sobre el interés público y a la propia empresa son “significativamente mayores” que los posibles inconvenientes que la suspensión cautelar podría generar para Indra y EM&E.

En su auto, el tribunal explica que existe un “relevante interés público” en desarrollar programas de armamento para la modernización de la defensa nacional y al mismo tiempo constituye una estrategia nacional y de la Unión Europea (UE) aminorar la dependencia en el abastecimiento exterior de suministros estratégicos y la puesta en marcha de industrias estratégicas que permitan una capacidad de defensa autónoma y el fortalecimiento de la industria nacional.

“Y ese interés público, enmarcado en el contexto de una política de seguridad y defensa común de la UE que establece el compromiso de los Estados miembros a mejorar progresivamente sus capacidades militares, exige el desarrollo de determinados programas de modernización cuya financiación constituye el objeto de este recurso y cuya paralización generaría perjuicios importantes para la puesta en marcha de estos programas y consiguientemente para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el contexto de la UE”, subrayan los magistrados.

Considera que la suspensión cautelar de más de 3.000 millones de euros de financiación pública, correspondientes a los PEM, “no produciría un mero aplazamiento neutro de la inversión, sino una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles”.

“La adopción de la medida cautelar comprometería de forma directa e inmediata la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico”, subraya.

Además, señala que frente a ese relevante interés público en la ejecución de los préstamos “no se aprecian perjuicios irreparables para la empresa recurrente, pues si bien la financiación de las compañías competidoras le genera la pérdida de la expectativa de ser el destinatario de esta financiación, ese interés privado ni puede prevalecer sobre el interés público descrito ni superponerse al interés privado de las empresas beneficiarias, que resulta igualmente digno de protección”.

De este modo, la Sala concluye que no procede apreciar los requisitos necesarios para aplicar la doctrina del 'fumus bonis iuris' y, en consecuencia, suspender la inmediata ejecutividad del Real Decreto impugnado.

Telefónica e Indra exploran emprender una alianza estratégica en ciberseguridad e Inteligencia Artificial, abierta a nuevos socios, con el fin de poder pujar por los próximos contratos relacionados en Defensa, según publica Expansión este jueves y ha confirmado EFE. El objetivo principal de esta eventual alianza, de materializarse, serán los nuevos Programas Especial de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa valorados en miles de millones. La colaboración aún no se ha materializado en una sociedad conjunta ni en proyectos concretos.

Indra y Telefónica son dos empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con más de un 28% y un 10%, respectivamente. Según Expansión, esta iniciativa tiene el visto bueno del Ejecutivo en su objetivo de contar con una plataforma digital soberana, autónoma y segura en materia de datos, ciberseguridad, ciberdefensa e IA en España.

La idea pasa por poner en marcha una suerte de consorcio estatal nacional, al estilo Tess Defence, el consorcio español de empresas de defensa creado para desarrollar y fabricar el vehículo blindado 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra. Su objetivo sería desarrollar iniciativas nacionales en materia de ciberseguridad, ciberdefensa e IA y que garantice la protección de activos, datos y comunicaciones estratégicas, pero también le permita anticipar y mejorar la toma de decisiones críticas sobre la base de una IA soberana.

Tess Defence contaba con cuatro socios (Indra, Santa Bárbara, Escribano Mechanical & Engineering y Sapa) con una participación equivalente, hasta que el año pasado Indra se hizo con la mayoría.

En caso de que siga adelante el proyecto, se prevé que Indra aporte las capacidades de su recién estrenada plataforma IndraMind, a través de la que concentra su experiencia en IA, ciberdefensa y ciberseguridad. Del lado de Telefónica, se pretende que la aportación llegue de la mano de infraestructuras de comunicaciones y tecnología propia.

Telefónica e Indra no han querido hacer comentarios al respecto, tras ser preguntados por EFE.

Un intermediario del secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, intentó invertir en importantes empresas de defensa en las semanas previas a la guerra de Irán, según ha revelado el Financial Times.

El diario británico cita a tres fuentes familiarizadas que indican que un corredor de bolsa vinculado al jefe del Pentágono trató de hacer una inversión millonaria en un fondo diseñado para invertir en empresas que fabrican armas, aviones y sistemas de defensa.

pocos días antes que Estados Unidos lanzara una acción militar contra Teherán y la consulta fue señalada internamente en el fondo BlackRock, que busca “oportunidades de crecimiento invirtiendo en empresas que puedan beneficiarse del aumento del gasto público en defensa y seguridad en un contexto de fragmentación geopolítica y competencia económica”.

Hegseth, que trabajó en la conservadora Fox News antes de asumir el cargo, es uno de los principales artífices de la guerra contra Irán, y también ha sido uno de los defensores más acérrimos del ataque dentro de la Administración Trump. Durante sus intervenciones, ha alardeado con frecuencia del poderío militar de Estados Unidos.

El Pentágono rechaza la información

El Pentágono ha rechazado este lunes que Hegseth haya intentado invertir en importantes empresas de defensa. El portavoz, Sean Parnell, ha calificado como “falsa e inventada” la información del Financial Times.

“Se trata de otra difamación infundada y deshonesta, diseñada para engañar al público. Exigimos una retractación inmediata”, agrega Parnell en su cuenta oficial de X.

El caso ha generado un debate sobre la transparencia y posibles conflictos de interés de funcionarios con acceso a información de defensa. Los movimientos financieros en sectores estratégicos suelen recibir vigilancia mediática.

Este lunes el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con una destrucción generalizada de los recursos energéticos de Irán y demás infraestructura vital, incluidas plantas desalinizadoras, si no se alcanza “pronto” un acuerdo para poner fin a la guerra que atraviesa su quinta semana.

La empresa armamentística española Fábrica de Municiones de Granada (FMG) fue inhabilitada temporalmente el pasado mes de julio para licitar nuevos contratos por presuntos casos de irregularidades en el marco de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA), según informa este martes el diario belga 'Le Soir', que cita documentos confidenciales.

Según este medio, el procedimiento para excluir a FMG de las licitaciones de la NSPA se notificó el mismo día que el dirigido contra la líder israelí en materia de defensa Elbit Systems, uno de cuyos intermediarios está siendo actualmente buscado por la justicia belga. En aquel momento, la compañía española, propiedad del conglomerado checo de defensa CSG, contaba con, al menos, tres contratos en vigor para proyectiles de 120 milímetros con la agencia.

La suspensión de ambas empresas se tomó “con carácter de urgencia, tras graves acusaciones que indicaban que los proveedores habían incurrido en prácticas reprobables, incluidas irregularidades en la adjudicación de contratos”, según la información de 'Le Soir'. Desde que se destapó esta investigación, el año pasado, la agencia encargada de la adquisición del material militar para la OTAN ha insistido que no tiene “tolerancia con el fraude o la corrupción”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibió en mayo del año pasado una solicitud del fiscal federal belga para levantar la inmunidad funcional de tres miembros del personal de la NSPA, antiguos y actuales, que levantó ese mismo día. Además, junto a la directora general de la agencia, Stacy A. Cummings, impulsaron un grupo de trabajo para investigar cualquier potencial fraude y casos de corrupción por parte del personal de la agencia o sus contratistas.

También el pasado mes de mayo, la Fiscalía de Luxemburgo publicó un comunicado en el que informaba de varios registros en el marco de una operación para resolver un caso que implicaba a funcionarios en activo y retirados de la NSPA. Medios como el propio 'Le Soir' o 'Follow the Money' informaron sobre supuestos casos de corrupción o fraude en este organismo.

Trump ha sugerido que Estados Unidos podría retirarse de la Alianza Atlántica si sus aliados no “pagan su parte”. Incluso ha afirmado que “animaría” a Rusia a atacar a cualquier miembro de la OTAN que no cumpliera con sus obligaciones financieras, o que, si Europa no paga la factura de su seguridad, EEUU no les defenderá ante un hipotético ataque. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Nos debemos tomar en serio las amenazas del presidente estadounidense?

Veamos cuál es la presencia militar estadounidense en Europa, la factibilidad de la retirada de EEUU de territorio europeo y/o su salida de la OTAN, el coste que esto supondría para Europa (según estudios que dan por supuesta la intención de invasión del continente por parte de Rusia) y finalmente quién debe a quién, en términos monetarios y también securitarios.

Un informe de 2021 del Quincy Institute for Responsible Statecraft, Drawdown: Improving U.S. and Global Security Through Military Base Closures Abroad señala que, a pesar de la retirada de tropas y bases de Afganistán, EEUU aún mantiene alrededor de 750 bases militares en unos 80 países y territorios de todo el mundo. Según los autores del estudio, estas instalaciones cuestan a los contribuyentes estadounidenses unos 55.000 millones de dólares al año en gastos operativos y de mantenimiento.

Para cuantificar la presencia militar de EEUU en Europa podemos consultar el artículo Where Are U.S. Bases and Forces Situated in Europe? del Council on Foreign Relations, donde se constata que a comienzos de 2025 había cerca de 84.000 militares estadounidenses en Europa. Aunque, actualmente, con el envío suplementario de militares a los países fronterizos con Ucrania, la cifra podría alcanzar los 105.000 efectivos, en 26 bases militares estadounidenses y otras 19 instalaciones con presencia militar norteamericana.

Hay 38.700 militares estadounidenses en Alemania, 14.000 en Polonia, 12.600 en Italia, 10.000 en Reino Unido y 3.500 en España

El informe calcula que hay 38.700 militares estadounidenses en Alemania, 14.000 en Polonia, 12.600 en Italia, 10.000 en Reino Unido y 3.500 en España, y cifras inferiores en hasta 14 países más. Se calcula además que Europa alberga aproximadamente un centenar de bombas nucleares B61 en Bélgica, Italia, Países Bajos, Alemania y Turquía. Según este mismo artículo, los países que acogen una base militar estadounidense pagan aproximadamente el 34% de los costes operativos de esas bases.

De tal modo que si en Europa hay 45 bases, el 6% del total, podemos hablar de un coste anual de unos 3.000 millones de dólares, a los que cabría restar el mencionado 34% del coste que cubren los países que acogen estas bases militares. Por tanto, el coste real de las bases militares de EEUU en Europa puede rondar los 2.000 millones de dólares anuales. 

Esto no parece mucho cuando lo comparamos con las armas que Europa compra a EEUU cada año, ya que mientras Europa prácticamente no le exporta armas, sí importa un volumen considerable. Según la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) EEUU exportó más de 318.000 millones de dólares en armamento en 2024, del que un tercio fue a parar a Europa. Esta misma fuente revela la existencia de 2.907 millones de dólares en compras españolas de armas a EEUU en 2024 y 1.682 millones en 2023, más de 4.500 millones en dos años. Vistas estas cifras récord, parece que las críticas reiteradas de Donald Trump a España por su bajo gasto en defensa pueden haber conseguido sus objetivos.

EEUU y la OTAN

En las declaraciones de Donald Trump referidas más arriba hay una incongruencia de base porque amenaza con no defender a los países europeos si no se encargan de su propia seguridad; es decir, si no aumentan sus capacidades militares. Lo que significa que sí que defendería a Europa si esta se encargara de su propia seguridad; esto es, si tuviera más armas y un mayor ejército, que harían innecesaria la intervención norteamericana.

No es creíble, por desgracia, que EEUU abandone la OTAN. No solo por la incoherencia apuntada, sino por razones obvias, como las que fueron señaladas por 16 antiguos embajadores en la OTAN de EEUU y ex altos cargos militares el 13 de febrero con motivo de la Conferencia de Seguridad de Múnich, quienes defendieron con énfasis que “la presencia de EEUU en la OTAN no es una cuestión de caridad, sino que es vital para su propia seguridad”. Insistieron en su comunicado en que estar en la OTAN no es un acto de generosidad por parte de EEUU, sino que les sirve para mantener e impulsar su poder global, y señalaron que si EEUU saliera de la OTAN, el resultado inmediato implicaría mayores costes, pérdida de influencia y menor legitimidad en el resto del mundo.

El miedo a Rusia justifica el rearme

Finalmente, me gustaría hacer referencia al estudio del International Institute of Strategic Studies Defending Europe Without the United States: Costs and Consequences de mayo de 2025 sobre el coste que tendría para los países europeos hacerse cargo de la actividad militar y de seguridad estadounidense en Europa. Este estudio parte de la poco creíble asunción de que la guerra en Ucrania termine con un alto el fuego, al tiempo que el Gobierno de EEUU inicie el proceso de retirada de la OTAN. Los cálculos concluyen que los aliados europeos necesitarían reemplazar las plataformas militares clave con aproximadamente 128.000 efectivos. Para sustituir las capacidades militares actualmente utilizadas por EEUU en Europa, el coste según este estudio podría llegar a alcanzar hasta un billón de dólares.

Pero claro, este informe parte de una premisa cuando menos tendenciosa, porque considera de manera acrítica que Rusia constituye una amenaza militar significativa para Europa y que la presencia de EEUU ha sido la razón de evitar que Rusia invadiera desde el final de la Segunda Guerra Mundial el continente europeo.

Para ello, el estudio cita, entre otros, al Gobierno danés, que en su informe Intelligence Outlook 2025 de sus propios servicios de inteligencia proyecta que Rusia podría iniciar una guerra local contra un país vecino en seis meses a partir del momento en que la guerra en Ucrania se congele o termine; en dos años, podría lanzar una guerra regional en la región del mar Báltico; y en cinco años, podría estar preparada para un ataque a gran escala contra Europa. Es una predicción con escaso fundamento, que más bien parece buscar que se genere en la percepción en la sociedad europea de que, pase lo que pase, hay que seguir con el Plan de Rearme ante la ausencia de escenarios alternativos a las vías militares para conseguir la paz y seguridad en Europa.

La factura de la inseguridad

Por otra parte, la discusión sobre quién paga la seguridad europea suele plantearse en términos monetarios, pero a menudo se omite el coste estratégico de las decisiones adoptadas en las últimas tres décadas.

No debemos olvidar que desde el fin de la Guerra Fría, la OTAN pasó de 16 a 32 miembros, incorporando progresivamente a antiguos países del Pacto de Varsovia y a ex repúblicas soviéticas. En 2008, la cumbre de Bucarest declaró que Ucrania y Georgia podrían ser miembros de la OTAN en un futuro. Recientemente, Finlandia y Suecia han ingresado, ampliando aún más la frontera directa entre la OTAN y Rusia.

Para Moscú, este proceso no fue una mera ampliación administrativa, sino un desplazamiento constante de una alianza militar liderada por EEUU hacia su espacio estratégico inmediato. Ya en 2007, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Vladímir Putin denunció abiertamente la expansión de la OTAN como una amenaza directa a la seguridad rusa y cuestionó el modelo de orden unipolar dominado por Washington.

La “factura” de la seguridad europea también debe considerar el precio político y estratégico de una arquitectura de seguridad que, en lugar de integrar a Rusia en un sistema común, avanzó bajo una lógica de ampliación y presión percibida como amenaza

A esta dinámica se añadió el giro constitucional de Ucrania. Tras su independencia, el país mantuvo durante años una política formal de no alineación. Sin embargo, después de 2014, Kiev abandonó esa posición y en 2019 incorporó en su Constitución el objetivo estratégico de integrarse en la OTAN y en la Unión Europea. Desde la óptica rusa, la posible entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica suponía la presencia potencial de infraestructuras militares occidentales en un territorio históricamente vinculado a su esfera de influencia y situado a escasa distancia de Moscú.

En este contexto, la “factura” de la seguridad europea no puede reducirse al coste de bases o despliegues militares estadounidenses. También debe considerarse el precio político y estratégico de una arquitectura de seguridad que, en lugar de integrar a Rusia en un sistema común, avanzó bajo una lógica de ampliación y presión percibida como amenaza. El resultado no ha sido una Europa más estable, sino un continente militarizado, polarizado y en guerra. Desde esta perspectiva, más que pagar por su seguridad, Europa estaría pagando hoy las consecuencias de una inseguridad, responsabilidad de EEUU y la OTAN, acumulada durante años de expansión sin un marco inclusivo que incorporara a Rusia en el nuevo orden posterior a 1991.

Este tema se aborda en detalle en el tercer capítulo del pódcast 'Donde callan las armas', del Centre Delàs con Olga Rodríguez.

El 11 de febrero, la Secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García, acudió a la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre el plan de desconexión tecnológica con la industria militar de Israel. Según la Secretaria de Estado, el objetivo del plan es “eliminar cualquier dependencia tecnológica de la industria militar israelí”. “El Ministerio de Defensa ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo de identificación de todos los sistemas, equipos, componentes, repuestos y tecnologías de origen israelí presentes en nuestras capacidades”, dijo. Sin embargo, no se ha hecho público ningún documento que recoja dicho plan de desconexión.

La Secretaría de Estado de Defensa puso dos ejemplos de la aplicación del plan: los misiles contra carro Spike LR2 y el Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM). En relación con el Spike, informó que, el 3 de febrero, la “empresa española” PAP Tecnos había presentado una propuesta al Ministerio de Defensa que se estaba estudiado para sustituir el misil Spike por el MELLS, un desarrollo europeo del misil Spike “cuyos componentes no tienen origen israelí”, y que se produce por la empresa checa CSG Defence Systems, a cuyo grupo pertenece la Fábrica de Municiones de Granada. Pero PAP Tecnos es una empresa de capital israelí y el misil MELLS también es de patente israelí. El MELLS no es más que una versión del Spike LR2 producida en otro país.

El Ministerio de Defensa adjudicó el 22 de noviembre de 2023 a la empresa PAP Tecnos Innovación S.A.U. el contrato administrativo para el “suministro de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2” (número de expediente 2023/0150E). Este contrato no ha sido anulado. El valor del contrato es de 287.445.712 euros y su plazo de ejecución es de 55 meses desde el 30 de noviembre de 2023; por tanto, hasta finales de junio de 2028. La adjudicación del contrato a PAP Tecnos se realizó utilizando el procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, sin competencia con otras empresas, un contrato adjudicado a dedo. Esta decisión se justificó en el hecho de que PAP Tecnos era la única empresa capacitada técnicamente para realizar el objeto del contrato. En la ejecución del contrato, además de PAP Tecnos, también participarían las empresas Escribano, Expal, Fábrica de Municiones de Granada, Tecnobit y la israelí Rafael Advanced Defense Systems.

PAP Tecnos Innovación S.A.U. es una empresa constituida en España según los requisitos que establece la legislación societaria española. Su capital social es israelí, ya que es una empresa filial de Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Como PAP Tecnos es una sociedad anónima unipersonal, todas sus acciones están en manos de Rafael. El misil contra carro Spike LR2 ha sido desarrollado por Rafael, empresa a la que pertenece la patente. Según el Catálogo de la Industria Española de Defensa, elaborado por el Ministerio de Defensa, PAP Tecnos habría entregado más de 2.600 misiles Spike al Ejército español.

El misil contra carro Spike LR2 y el misil MELLS son, básicamente, el mismo producto. El MELLS es fabricado por la empresa alemana EuroSpike GmbH. Esta empresa, constituida en Alemania, otorga cobertura jurídica a la asociación estratégica (joint venture) de tres empresas: Diehl Defence GmbH & Co. KG, Rheinmetall Electronics GmbH y la israelí Rafael Advanced Defense Systems Ltd. EuroSpike GmbH es responsable de la producción y comercialización en Europa de la familia de misiles Spike, entre los que se incluye el modelo Spike LR2. Gracias a EuroSpike se facilita la entrada de Rafael al mercado europeo de armamento, lo que también beneficia a las empresas alemanas Diehl Defence y Rheinmetall.

Como se indica en la página web de EuroSpike, el MELLS es “conocido mundialmente como SPIKE LR”; el MELLS “se basa en el sistema de misiles SPIKE LR”. MELLS es el acrónimo de la expresión alemana Mehrrollenfähiges, leichtes Lenkflugkörpersystem für die Infanterie (sistema de misiles guiados ligero y polivalente para la infantería). Como se afirma en la web de EuroSpike, el cambio de nombre se debe a que “el ejército alemán asigna nombres específicos y únicos a todos los sistemas de armas que adquiere. Además, SPIKE no se puede traducir correctamente al lenguaje de la Administración pública” alemana. En definitiva, Spike y MELLS son palabras diferentes que se refieren al mismo misil de patente israelí.

Si el Ministerio de Defensa asumiera la propuesta de PAP Tecnos de sustituir el misil Spike LR2 por el MELLS, seguramente, más que comprar la totalidad del misil MELLS, se adquirirían algunos de sus componentes a través de la empresa checa CSG Defence Systems o a través de su filial, la Fábrica de Municiones de Granada. Como ha señalado Alejandro Pozo Marín, basándose en los esquemas del Spike LR2 que se han hecho públicos, PAP Tecnos se encargaría de la fabricación de las alas y el servo/aletas; según el esquema original a Rafael le correspondería la fibra óptica, aunque este componente esencial no se menciona en los nuevos esquemas del Spike LR2.

La Fábrica de Municiones de Granada, que forma parte del grupo CSG Defence Systems se encargaría de la cabeza precursora, el motor de vuelo, la cabeza de guerra Heat/MP y el motor de eyección. ¿Se va a adquirir el componente de la fibra óptica a CSG Defence manteniéndose la producción en España de los demás componentes? Esto es algo que se desconoce. Curiosamente, el esquema de los componentes del Spike ya no aparece en la página web de PAP Tecnos, cuando hace unos días sí que podía consultarse.

En cualquier caso, aunque solamente se compraran componentes del MELLS (del Spike LR2) fabricados por la empresa checa CSG Defence Systems, la patente sigue siendo de la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Por tanto, el Ministerio de Defensa seguiría apoyando a la industria de defensa israelí. La industria armamentista de un Estado genocida y que mantiene un régimen de apartheid sobre la población palestina. Además, se mantendría la dependencia tecnológica de la industria israelí en clara contradicción con los supuestos objetivos del plan de desconexión tecnológica con la industria militar de Israel.

La adquisición de componentes del MELLS / Spike LR2 dentro de la Unión Europea se considera técnicamente una introducción. No se trata de una importación porque se produce dentro del mercado único de la Unión. Por tanto, esa operación no estaría prohibida por el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 10/2025 de 23 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Este artículo prohíbe las importaciones de armamento “originarias de Israel”, pero no prohíbe las introducciones de armamento que provengan de un país de la Unión Europea, aunque se trate de armamento o de sus componentes de patente israelí o fabricados en Israel. Este es uno de los múltiples agujeros del Real Decreto-ley 10/2025 (quien quiera saber más sobre esta cuestión puede leer este artículo o, con más detalle, este otro).

En conclusión, desde el 7 de octubre de 2023 hay algo que no ha cambiado en la postura del Gobierno español. Se trata de una acción continuada para ocultar a la opinión pública española la importancia de las relaciones armamentistas que existen entre España e Israel, a través de una política de opacidad y desinformación sobre dichas relaciones. Si el Ministerio de Defensa autorizara la adquisición de los misiles MELLS o de sus componentes sería un ejemplo más de esta política. En este caso, aprovechándose de la laberíntica estructura empresarial de la industria armamentista para intentar ocultar su origen y patente israelí. El Ministerio de Defensa español estaría intentando engañar a la opinión pública española.

Eduardo Melero Alonso es investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz y profesor de derecho administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid

En el cuarto aniversario de la invasión de Ucrania por Rusia, la Unión Europea sigue buscando su lugar para tener un peso decisivo en el final del conflicto. Europa está siendo ignorada por Estados Unidos, salvo para la compra de armamento de empresas estadounidenses, y es despreciada por Vladímir Putin, mientras que se ha convertido en la esperanza de Ucrania para mantenerse a flote por una guerra de desgaste atroz.

En este escenario, la UE se debate entre mantener la presión económica sobre Rusia y encontrar una vía que lleve al Kremlin a sentarse en una mesa de negociación que facilite una acuerdo de paz justo para los ucranianos y, en definitiva, frene cualquier posibilidad de que Rusia se plantee nuevas aventuras expansionistas.

Como era previsible, la última ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia, con la mediación de Estados Unidos, que tuvo lugar esta semana en Ginebra, han sido un fracaso. No hubo avances sobre un cese el fuego, ni en la demarcación de fronteras en el territorio ucraniano del Dombás, ni en la creación de una zona desmilitarizada en la región de Donetsk o sobre la central nuclear de Zaporiyia, en manos de Rusia.

La jefa de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, ha apuntado que “las conversaciones en Ginebra han vuelto a demostrar que Rusia no se está alejando de sus exigencias maximalistas. Según la mayoría de los indicadores, la guerra se ha vuelto aún más brutal para Ucrania durante el último año. Rusia está prolongando las negociaciones en lugar de avanzar hacia la paz. La respuesta de Unión Europea sigue siendo clara: más apoyo a Ucrania y más presión sobre Rusia”.

La UE no estaba invitada ni tenía asiento en estas negociaciones. De poco sirve que la Comisión Europea insista una y otra vez en que “la UE está en coordinación constante con Ucrania y EEUU y ha comunicado en numerosas ocasiones que nada puede decidirse sobre Ucrania sin Europa en la mesa de negociaciones”.

Por eso, no es extraño que varios países europeos hayan puesto sobre la mesa la posibilidad de iniciar conversaciones entre la UE y Rusia. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fueron los primeros en atreverse a pedir la apertura de negociaciones entre Europa y Putin sobre Ucrania. No es una idea del todo descabellada cuando en la mesa de negociación que promueve EEUU no hay sitio para la UE.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha descrito a Rusia como parte integral de Europa y puntualizó la necesidad de restablecer relaciones equilibradas con Moscú, aunque siempre y cuando se alcance la paz en Ucrania. Hasta el momento, la posición que ha dominado la política exterior de la UE frente a Rusia ha sido el aislamiento diplomático. 

Sin embargo, Tatiana Stanovaya, investigadora del Rusia-Eurasia Carnegie Center, argumenta que “la trampa final es a la que se enfrenta Europa. Las circunstancias están empujando a las capitales europeas a reanudar el diálogo con Moscú. Pero Rusia solo buscará un acercamiento genuino si Europa está preparada para discutir asuntos estratégicos de seguridad. Es probable que Moscú exija el fin del apoyo militar a Ucrania. La amarga verdad es que Europa no está preparada ni para enfrentarse a Rusia, ni para participar en lo que el Kremlin considera una discusión significativa sobre la futura arquitectura de seguridad europea. En consecuencia, Europa seguirá estando en la periferia del proceso de negociación, como un objetivo indirecto de Rusia, que se sitúa detrás de una Ucrania sitiada”.

Por su parte, Thomas Graham, investigador del Council on Foreign Relations, argumenta que “el diálogo es esencial. No es una concesión, sino una salvaguardia. Reduce el riesgo de que el Kremlin malinterprete las intenciones de Europa y reaccione de manera exagerada, aumentando el peligro de una guerra más amplia. Con el tiempo, el contacto sostenido puede crear oportunidades para estabilizar la larga frontera entre Rusia y Occidente”.

Ahora bien, Graham advierte de que Europa debe “tener cuidado al establecer el diálogo, dadas las divisiones dentro de Europa sobre el carácter de la amenaza rusa y la profundidad del sentimiento antirruso. Putin podría usar un diálogo mal estructurado para crear divisiones entre los Estados europeos y exacerbar las tensiones en la relación transatlántica, que ya se encuentra bajo una fuerte presión debido a las políticas de la Administración Trump”.

EEUU descoloca a la UE

En este juego a cuatro, Estados Unidos no siempre tiene una clara posición. En la Conferencia de Seguridad de Múnich de la semana pasada, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dejó plantados a los europeos en una reunión sobre la guerra en Ucrania. Se hacía más claro el temor en varias capitales europeas: Washington no tiene ningún interés en involucrar a Europa en las negociaciones para acabar con el conflicto en Ucrania.

Bronwen Maddox, directora de Chatham House, señala que “hubo inquietud inmediata por los límites explícitos que Rubio fijó al apoyo estadounidense a Europa y a Ucrania”, ya que dejó “una advertencia clara de que la Administración Trump seguirá su propio rumbo en defensa de los intereses de EEUU si no encuentra a Europa comprensiva”.

Era una situación esperada. Sander Tordoir, investigador en el Centre for European Reform, ya había avisado reiteradamente de que “la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y las propuestas favorables a Rusia presentadas a Moscú por Steve Witkoff, el enviado 'de paz' todoterreno del presidente estadounidense Donald Trump, para poner fin a la guerra en Ucrania, han enviado un mensaje claro a Kiev —y a Europa—. Cualesquiera que sean las garantías de seguridad que ofrezca, tarde o temprano la Administración Trump abandonará a Ucrania”. 

La preocupación europea se hizo creciente porque Rubio viajó el día después a Budapest para apoyar al primer ministro húngaro Viktor Orbán, el mandatario de un país de la UE que más obstáculos ha puesto a que Europa ayude a Kiev. A esta posición hay que sumar que EEUU, desde principios de 2025, ha dejado prácticamente de financiar el armamento del Ejército ucraniano soltando la carga del pago de armas para Ucrania sobre la Unión Europea.

Como explica Michael Kofman, investigador en Carnegie Endowment for International Peace, “el año pasado, el presidente ruso Vladímir Putin hizo dos apuestas. La primera fue que la presión sostenida y el desgaste provocarían el colapso de las líneas ucranianas. La segunda, que la diplomacia rusa lograría que EEUU se volviera contra Ucrania, eliminando el apoyo estadounidense crítico al esfuerzo bélico. Washington sí detuvo la asistencia militar directa, pero estableció un acuerdo en el que ahora los europeos pagan por la continuidad del apoyo estadounidense al esfuerzo de guerra ucraniano. En esencia, ambas apuestas de Putin resultaron erróneas”.

Después de largas negociaciones para poner de acuerdo a los 27 países de la UE, Bruselas consiguió sacar adelante un préstamo de 90.000 millones de euros que permitirá a Ucrania comprar armamento y seguir aguantando durante dos años más la guerra de desgaste a la que les ha condenado Putin. El préstamo está vinculado a que la mayoría de las compras de armas sean de empresas europeas, salvo cuando no haya opciones en la UE o el nivel tecnológico sea tan elevado que solo puedan ser adquiridas en un país tercero.

Aunque parezca una desfachatez, el Departamento de Defensa de EEUU se ha opuesto a que la UE limite el acceso de los fabricantes de armas estadounidenses al mercado europeo y ha advertido que la medida provocaría una respuesta recíproca: “Las políticas proteccionistas y excluyentes que expulsan por la fuerza a las empresas estadounidenses del mercado —cuando las mayores firmas de defensa de Europa siguen beneficiándose en gran medida del acceso al mercado de Estados Unidos— son el camino equivocado”.

La adhesión a la UE como garantía de seguridad

Solo cuatro días después del inicio de la invasión rusa, Kiev presentó una solicitud de adhesión a la Unión Europea, registrada el 28 de febrero de 2022. Zelenski ha declarado en varias ocasiones que la adhesión de su país a la UE constituye una de las principales garantías de seguridad para Kiev y así se ha propuesto en su plan de paz. El presidente ucraniano defendió que Ucrania debería convertirse en miembro de pleno derecho de la UE en 2027. Ahora bien, no está claro que el camino vaya a ser tan fácil ni tan rápido.

Además de los protagonistas habituales para poner obstáculos a la adhesión de Ucrania, como la Hungría de Viktor Orbán, hay países como Alemania o Luxemburgo que ya han avisado de que su integración debería seguir el procedimiento y cumplir los criterios de adhesión.

Se cierran puertas una vez que el canciller alemán, Friedrich Merz, haya declarado que “la adhesión el uno de enero de 2027 está fuera de discusión. No es posible. En este largo camino, poco a poco podremos acercar a Ucrania a la Unión Europea, eso siempre es posible; pero una adhesión tan rápida, simplemente no es factible”. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, retrasó la posible integración a 2030. Los últimos casos de corrupción en Ucrania tampoco han ayudado a acelerar el proceso. 

Fredrik Löjdquist, director del Stockholm Centre for Eastern European Studies, insiste en la necesidad de que la UE dé un paso más adelante en la integración de Ucrania, tanto en el sistema de defensa europeo como siendo un Estado miembro más. “Cualquier esfuerzo por desarrollar una defensa y disuasión europea creíbles tendrá que considerar a Kiev como proveedor de seguridad, no como consumidor de seguridad. Una Europa que incluya a Ucrania será mucho más fuerte. Ucrania cuenta con las fuerzas armadas más grandes y curtidas en combate de Europa. Ha demostrado un notable nivel de resiliencia y resistencia. Su industria de defensa ha mostrado una agilidad y flexibilidad para ampliarse sin igual. Por ello, Ucrania debe integrarse en el sistema europeo de seguridad y defensa lo antes posible”.

“No debe haber ninguna duda sobre el destino de Ucrania y su valor añadido como Estado miembro de pleno derecho de la UE. Por otro lado, el control ruso sobre Ucrania —su territorio y su industria armamentística y de defensa— sería altamente perjudicial para la seguridad europea”, defiende Löjdquist.

No hay que olvidar que además de la solicitud de Ucrania, también está la petición de territorios como Moldavia y Georgia, es decir, la UE se podría ampliar en lo que hace muchos años era el espacio soviético, una zona que Moscú considera parte fundamental de su radio de acción.

Hay propuestas para que Ucrania vaya ingresando en la UE por partes, incluso si es sin derecho a voto. Aunque Merz es el que más claro se ha posicionado, no hay que olvidar que también hay intereses económicos en juego: Ucrania es una potencia agraria y su entrada en el club comunitario afectaría al presupuesto de la Política Agraria Común, del que países como Francia y España, entre muchos otros, son plenos receptores.

Sanciones europeas contra Rusia

A falta de tener algo de protagonismo en las negociaciones de paz, la UE mantiene su plan de presionar económicamente a Rusia. Kallas ha explicado que, este lunes, “nuestro objetivo es adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Las sanciones están funcionando: están dañando gravemente la economía rusa y cada nueva medida limita aún más su capacidad para hacer la guerra. Moscú no es invencible. Su ejército está sufriendo bajas récord y su economía se encuentra bajo fuerte presión. Pero Vladímir Putin no pondrá fin a esta guerra hasta que los costes superen a los beneficios. Y ese es el punto al que debemos llegar”.

Sin embargo, esta por ver que salga adelante. Hungría ha anunciado que bloqueará las nuevas penalizaciones y el préstamo de 90.000 millones, lo que probaría los problemas de gobernabilidad de la UE. Este nuevo paquete de sanciones de la UE se centra en los sectores de la energía, los servicios financieros y el comercio. En el ámbito energético, se prevé la imposición de una prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo ruso, la inclusión de otros 43 buques adicionales de la lista negra de sancionados, así como la restricción del mantenimiento técnico de los buques cisterna que suministran gas natural licuado.

En el sector financiero, está previsto incluir a 20 bancos regionales en la lista de sancionados y ampliar las medidas contra los canales de evasión mediante criptomonedas. Asimismo, se imponen prohibiciones de exportación a Rusia por un valor superior a 360 millones de euros y restricciones a las importaciones por más de 570 millones de euros en metales, productos químicos y minerales críticos.

Pero, ¿están funcionando las sanciones? “Rusia es el país más sancionado del mundo, pero el régimen actual de sanciones ha fracasado en gran medida en su objetivo de limitar la capacidad de Rusia para hacer la guerra”, destacan Volodymyr Dubrovskiy y James Nixey, investigadores de Chatham House.

La situación económica de Rusia es cada vez peor, pero está por ver que sea suficiente para torcer el brazo de Putin. El déficit presupuestario del Estado ruso subió al 2,6% del PIB en 2025, cinco veces por encima de lo previsto por el Kremlin. En 2026, el Gobierno ruso espera que los números rojos se reduzcan al 1,6% del PIB, una previsión que nadie cree que se vaya a cumplir. Además, según la Comisión Europea, los ingresos rusos por petróleo y gas se redujeron en 2025 un 24%, alcanzando el nivel más bajo de los últimos cinco años, aunque todavía estamos hablando de 80.619 millones de euros. Los tipos de interés en Rusia están en el 16%, sin que hayan logrado evitar que la inflación sea muy elevada, el 5,6% en el año pasado.

Sin embargo, según estimaciones del Center for Strategic and International Studies (CSIS), la economía rusa ha resistido mejor de lo esperado tras las sanciones económicas occidentales impuestas por la UE. El balance comercial de Rusia sigue en superávit, el rublo no se ha alejado demasiado de su valoración previa a la guerra frente al dólar y el país depende en gran medida de exportaciones energéticas como el petróleo.

“A pesar de los desafíos de Rusia, la gran ironía es que EEUU y Europa no han logrado ejercer plenamente sus herramientas económicas ni militares. Sin un mayor coste para Rusia, Putin prolongará las negociaciones y seguirá combatiendo, incluso si eso implica millones de bajas tanto rusas como ucranianas”, resaltan los analistas de CSIS.

“Poco espacio para el optimismo”

En el mismo informe del CSIS se revela que “desde febrero de 2022, las fuerzas rusas han sufrido casi 1,2 millones de bajas, más que cualquier otra potencia importante en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Tras tomar la iniciativa en 2024, las fuerzas rusas avanzaron a un ritmo promedio de entre 15 y 70 metros por día en sus ofensivas más destacadas, más lento que casi cualquier campaña ofensiva importante en cualquier guerra del último siglo”. Entonces, ¿hay posibilidades de que acabe la guerra sin concesiones a Putin?

Tal y como está la situación, Tatiana Stanovaya, investigadora del Rusia-Eurasia Carnegie Center, subraya que “hay poco espacio para el optimismo. Para el Kremlin, la guerra es existencial. No se trata solo de tomar el control de pueblos y aldeas, sino de un enfrentamiento con Occidente que tiene lugar en territorio ucraniano. Las predicciones sobre el colapso inminente de la economía rusa no carecen de fundamento, pero pasan por alto el punto clave: para el Kremlin, poner fin a la guerra sin que se tengan en cuenta los intereses de Rusia no sería simplemente una derrota, sino que equivaldría a condenar a Rusia a su propia perdición”.

En el mismo sentido se expresan Volodymyr Dubrovskiy y James Nixey: “Por irracionales que sean las motivaciones fundamentales detrás de la invasión a gran escala, Putin es racional cuando se trata de la supervivencia de su régimen. Esto refleja la naturaleza de 'el ganador se lo lleva todo' de la política rusa, basada en la idea de que otro gran error político podría provocar su sustitución o incluso el colapso del régimen. Paradójicamente, esto significa que Putin y su círculo más cercano tienen fuertes incentivos para continuar la guerra, pese a su posible impacto negativo en el bienestar económico de los ciudadanos rusos. Una guerra sin fin es, en cierto modo, políticamente necesaria para que el régimen justifique los sacrificios realizados hasta ahora, tanto en términos de bajas humanas como de las dificultades económicas que los ciudadanos rusos han soportado desde la invasión”.

Este viernes tuvo lugar una huelga internacional contra “la economía de guerra” en veintiséis puertos europeos, entre ellos los de Bilbao, Tánger, Pireo, Mersin, Génova, Livorno, Trieste, Ancora o Gioia Tauro. Diversos sindicatos de trabajadores portuarios volvieron a unir sus fuerzas para denunciar la militarización de los puertos, el genocidio israelí aún en curso en Palestina, el tráfico de armas y la actual carrera armamentística. La protesta denunciaba “el imperialismo y la violación del derecho internacional y en defensa de la autodeterminación de los puertos”.

Los organizadores también denuncian cómo el desvío de los recursos económicos para el gasto armamentístico y la industria militar afecta directamente a los salarios y las condiciones de trabajo, “recortando sueldos, erosionando los derechos laborales y destruyendo servicios públicos esenciales”.

La huelga internacional fue promovida por el colectivo CALP (dentro del sindicato USB) de Génova, principal puerto italiano, que goza de una posicion estratégica para el comercio europeo y la industria militar del continente. Los trabajadores de ese puerto cuentan con un largo recorrido de lucha y movilización contra la economía de guerra.

Entre las acciones recientes se encuentran las movilizaciones del 31 de agosto y del 22, 26 y 27 de septiembre, que contaron con el apoyo de más de 50.000 personas. El 26 de septiembre, varios sindicatos firmaron la declaración “Los estibadores y trabajadores portuarios no trabajan para la guerra”. A través de este documento reafirmaban su compromiso de poner fin al genocidio del pueblo palestino perpetrado por Israel, el rechazo al plan de rearme de la UE y la reivindicación de los puertos europeos y mediterráneos como espacios de paz, entre otras cuestiones.

Eso fue el preludio del bloqueo de la carga de un barco israelí al día siguiente, el 27 de septiembre. En esta pasada jornada de huelga los trabajadores genoveses volvieron a bloquear la carga de material a las 18:00 de este viernes. A lo largo de esta y otras movilizaciones, los portuarios de Génova han estado acompañados por figuras como la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, los activistas Greta Thunberg y Thiago Avila, o el sindicalista estadounidense Chris Smalls, quien estuvo presente ayer.

La de este viernes fue la mayor movilización internacional coordinada de puertos hasta la fecha. El sindicato CALP de Génova señala que “esto solo es el comienzo” y anuncia más movilizaciones.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha destacado este viernes el conocimiento de la industria de la defensa del presidente de la compañía desde hace poco más de un año, Ángel Escribano, y ha resaltado que, entre ambos, están “transformando” la empresa.

“Con la entrada de Ángel Escribano, juntos, estamos transformando esta empresa. Con su 'know-how', conoce la industria, y eso nos ha permitido, con los diferentes proyectos (...) tomar decisiones arriesgadas como 'El Tallerón' (la fábrica adquirida a Duro Felguera en Gijón para producir blindados en ella) y la fábrica de radares en Córdoba”, ha resaltado De los Mozos durante su intervención ante la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en un desayuno de trabajo celebrado en Madrid, recogido por Europa Press.

Las palabras de De los Mozos llegan en un momento en el que se apunta a la posibilidad de que Escribano pueda llegar a dar un paso a un lado para facilitar la potencial fusión por absorción de su empresa familiar, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), y apartar así las dudas en torno a los conflictos de interés que conlleva la operación.

De los Mozos ha recalcado que la intención de la compañía es competir con los gigantes del sector en Europa –como la italiana Leonardo o la alemana Rheinmetall–y que para ello es necesario trabajar y cooperar con toda la industria nacional.

Con ese mensaje, de generar una cadena de valor que incluya a toda la industria de la defensa del país, el directivo también ha querido responder a las críticas que apuntan a una concentración del sector en Indra, que, por ejemplo, ha sido el principal adjudicatario de los programas de modernización militar impulsados por el Gobierno, que controla el 28% de la empresa.

Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la estadounidense General Dynamics, prevé recurrir en el Tribunal Supremo los dos grandes contratos de artillería que el Ministerio de Defensa ha adjudicado recientemente a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano por un importe conjunto de 7.240 millones de euros.

El Gobierno se defiende. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, defendió recientemente en el Congreso la legalidad de los préstamos al 0% de 14.200 millones que el Gobierno ha adjudicado a dedo al sector en los últimos meses porque “la normativa no se ha modificado” y “estamos haciendo exactamente lo que hacen nuestros socios europeos”, acogiéndose a la excepción que permite el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que exime a los Estados miembros de cumplir las normas de publicidad en las contrataciones para proteger la seguridad nacional.

De los Mozos ha reconocido que para la empresa es “triste” escuchar comentarios de ese tipo, a pesar de lo cual ha afirmado que tanto él como Escribano tienen claro “el camino” y la responsabilidad de la empresa, que es, a su juicio, “mejorar la soberanía de España”.

Asimismo, ha hecho hincapié en que Indra “quiere trabajar con las empresas” nacionales y ha recordado que esta colaboración se refleja en decisiones como haber concentrado cerca del 80% de las compras de la compañía en España.

“El mundo está cambiando muy rápido y la industria de la defensa tiene que adaptarse”, ha subrayado el directivo, que también ha pedido “más confianza”, dado que, desde su punto de vista, “España tiene una gran capacidad”.

Asimismo, ha adelantado que “próximamente” la compañía suscribirá nuevas alianzas con “empresas europeas relevantes”, si bien no ha entrado en detalles.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha defendido este martes en el Congreso la legalidad de los préstamos al 0% de 14.200 millones que el Gobierno ha adjudicado a dedo al sector en los últimos meses porque “la normativa no se ha modificado” y “estamos haciendo exactamente lo que hacen nuestros socios europeos”, acogiéndose a la excepción que permite el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que exime a los Estados miembros de cumplir las normas de publicidad en las contrataciones para proteger la seguridad nacional.

La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, junto al comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, y la comisaria para la Ampliación de la UE, Marta Kos, han anunciado este miércoles cómo se va a conceder el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para cubrir sus necesidades militares frente a Rusia durante este año y 2027.

Von der Leyen ha destacado que 60.000 millones estarán destinados a asistencia militar. El objetivo es que “Ucrania puede mantenerse firme contra Rusia y, al mismo tiempo, puede integrarse más estrechamente en la base industrial de defensa de Europa”. La propuesta es que los fondos se utilizarán para “la compra de equipos, principalmente de Ucrania, de la Unión Europea y de los países de la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza)”.

Ahora bien, la presidenta de la Comisión Europea ha matizado que si las necesidades militares de Ucrania no es posible adquirirlas en Europa “también podría ser ocasionalmente posible adquirir el equipo fuera”. Von der Leyen se refiere a Estados Unidos. El destino de las compras de equipo militar ha sido motivo de controversia entre Alemania y Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha presionado para que las compras fueran exclusivamente de material militar europeo, pero desde Alemania y Holanda se pidió que se abrieran las opciones, ya que Ucrania necesita armas de Estados Unidos, especialmente defensa aérea y misiles, que solo puede ofrecer EEUU.

Un alto funcionario de la UE ha explicado que “cuando la adquisición de equipo de defensa deba desviarse no hay un proceso de toma de decisiones específico”. Ucrania podrá hacer la adquisición de material militar y “posteriormente presentar información de su decisión de compra” a la Comisión y a los Estados miembros de la UE.

Aunque Hungría, Eslovaquia y República Checa no participan en el préstamo de 90.000 millones a Ucrania, sus empresas militares sí que podrán ser contratadas para la venta de armamento al Ejército ucraniano. Funcionario de la Comisión han explicado que “en la propuesta hay incentivos en este sentido, ya que se deben tener en cuenta las contribuciones directas de ese estado miembro hacia Ucrania. Así que hay ciertas salvaguardias incorporadas en la propuesta”.

Dinero condicionado al proceso de adhesión a la UE

Por otro lado, habrá otros 30.000 millones “destinados a ayudar a Ucrania a avanzar en sus reformas y a modernizar el país”. Esta inversión “está condicionada” a que Ucrania de más pasos para ser miembro de la Unión Europea: lo que incluye “el compromiso de Ucrania con procesos democráticos sólidos, el estado de derecho y medidas contra la corrupción. Estas condiciones son innegociables para cualquier apoyo financiero”, ha declarado Von der Leyen.

El mensaje responde a los casos de corrupción que han asolado al Ejecutivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en los últimos meses. La UE abrió el proceso de adhesión de Ucrania en junio de 2024, pero en el último informe sobre ampliación advirtió sobre “tendencias negativas” en Ucrania debido a la corrupción.

Este préstamo sale adelante después del fracaso de la UE en su intento de utilizar los 180.000 millones de euros de activos rusos congelados para financiar a Ucrania en su guerra con Rusia.

Pero von der Leyen ha querido dejar “un recordatorio contundente a Rusia” al señalar que la UE “se reserva el derecho de hacer uso de los activos rusos inmovilizados. La presidenta de la Comisión ha subrayado que ”los activos permanecerán inmovilizados hasta que termine la guerra y se paguen las reparaciones“ por los daños causados a Ucrania por Rusia. Por otro lado, Ucrania no tendrá que devolver este préstamo ”hasta que se paguen las reparaciones“, según el comisario de Economía.

El apoyo a Ucrania se financiará mediante el endeudamiento común de la UE en los mercados de capitales. El préstamo estará garantizado por el “margen” del presupuesto de la UE, como es el caso de otros programas de asistencia financiera para Ucrania implementados desde 2023, como el Macro-Financial Assistance+, el Ukraine Facility y el préstamo de Macro-Financial Assistance bajo la iniciativa de préstamos de Aceleración Extraordinaria de Ingresos (ERA) liderada por el G7.

Ahora este préstamo tendrá que ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, pero se espera que las primeras partidas de dinero lleguen a Ucrania en el primer trimestre de este año.