La Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, en el segundo informe desde su creación sobre el uso de armas de fuego en actuaciones de la calle, ha valorado “positivamente” la respuesta de la Policía de Bilbao sobre unos hechos ocurridos en agosto de 2024 en la calle de Ronda. En concreto, un agente tuvo que usar su pistola reglamentaria en un aviso de una mujer que estaba siendo amenazada por un varón que portaba un hacha. Esta persona luego atacó a los agentes con el mismo objeto, y uno de ellos abrió fuego. Eso sí, se matiza que un juzgado de Bilbao mantiene abiertas dos investigaciones penales, una por la agresión y otra por la intervención policial, que serán las que determinen las consecuencias de lo sucedido.

Aunque el documento ha sido publicado este martes, a finales ya de febrero, se trata de un informe elaborado aún por el anterior equipo al frente de este organismo que revisa actuaciones controvertidas de Ertzaintza y cuerpos locales. Enrique Lucas relevó en enero a Juan Luis Ibarra como presidente de la comisión. La singularidad de este dictamen es que es solamente el segundo desde la constitución de este foro que analiza un operativo con armas de fuego, ya que todos los anteriores son por detenciones, golpes físicos, porrazos o, sobre todo, impactos de proyectiles de 'foam', el actual material antidisturbios. El anterior es de un caso de Barakaldo, también de su cuerpo local, donde hubo dos heridos de bala.

El informe recuerda que “sobre las 5:50 horas del día 2 de agosto de 2024, a la altura del inmueble señalado con el número 5 de la calle Ronda (Bilbao), tuvo lugar una actuación de la Policía local, en cuyo desarrollo se produjeron lesiones a una persona causadas por arma de fuego empleada por la Policía actuante”. Más en detalle, “a las 05:21 horas [se registró] una llamada telefónica mediante la que se informaba de que había 'un varón dando patadas a una puerta y gritando' y 'que estaba amenazando a alguien'. Se indica que ”se activaron dos unidades para atender la incidencia“ y que el funcionario que hizo uso del arma ”pertenece a la escala básica en la categoría de agente, destinado en la Inspección de Refuerzo Táctico (IRT)“. ”Estos agentes tienen como principal función la de proteger la seguridad de las personas y bienes en situaciones de riesgo“, expuso a la comisión en sus alegaciones el Ayuntamiento de Bilbao.

Los intervinientes han descrito que “una mujer en el interior de una lonja solicitaba auxilio, presentaba arañazos y sangre, y gritaba constantemente: 'Me va a matar, ayuda'”. Igualmente, “el varón que retenía a la mujer presentaba un estado de gran agresividad y la empujaba, impidiendo que abriera la puerta y saliera al exterior”.

El relato de los hechos continúa así: “Cogió en un momento dado un hacha que estaba en la lonja y se abalanzó sobre la mujer, empuñándola en alto e intimidándola. Una vez los agentes accedieron al interior de la lonja, el varón seguía empuñando el hacha. Ante el requerimiento reiterado de los agentes para que la tirara, hizo caso omiso, negándose a obedecer y gritando a los agentes: 'Como vengáis, os voy a dar con el hacha'. El varón realizó una primera acometida contra los agentes, golpeando con el hacha la parte superior del escudo, a la altura de la cabeza del agente que lo portaba. En un estado de gran ira y agresividad, el varón realizó una segunda acometida contra los agentes, levantando el hacha en alto y lanzando su brazo hacia ellos para agredirles. El agente [que disparó] manifestó que, antes de que el hacha les golpeara, y ante la situación de gran agresividad y resistencia armada que presentaba el varón, percibió que la situación suponía un riesgo inmediato y racionalmente grave para su vida o integridad física y la de sus compañeros, por lo que recurrió a la medida extrema de utilizar su arma reglamentaria con un único disparo”.

La comisión recoge expresamente una valoración “positiva” de la respuesta de la Policía de Bilbao a este caso, tanto en lo tocante al informe sobre el uso de armas de fuego como el de evaluación de la intervención. “Ambos se complementan con el amplio escrito de respuesta firmado por el intendente jefe de la Policía Municipal de Bilbao, donde se da cumplida respuesta a las cuestiones planteadas por esta comisión”, se subraya.

Otro enfrentamiento con la Ertzaintza

Sin embargo, la comisión no escatima en críticas hacia la Ertzaintza. Este cuerpo es competente para las investigaciones con armas de fuego y, por lo tanto, responsable del atestado que sirve de base a la causa judicial en la que se investiga la actuación del funcionario municipal. El equipo de Ibarra, que renunció antes de la finalización de su mandato a la presidencia, mantuvo duros encontronazos con el consejero Bingen Zupiria y especialmente con la unidad de Asuntos Internos. Y este informe elaborado aún en la etapa de Ibarra insiste en esa línea.

Se expone que, una vez más, Asuntos Internos no ha sido proactivo a la hora de responder a las peticiones de información de la comisión. Explican que ya se había apercibido a la Policía vasca por pretender entregar solamente material con autorización judicial, algo innecesario, y detallan que en este caso la Ertzaintza fue la que se dirigió al juzgado antes de entregar los datos requeridos.

“En otras ocasiones esta [comisión] ya había puesto de manifiesto que la exigencia de la Ertzaintza de una autorización judicial previa a la entrega de la información solicitada era infundada y constituía un obstáculo a sus funciones de control. Esta vez, en lugar de pedir a la comisión que se dirija al juzgado para solicitar la autorización, los responsables policiales han optado por pedirla directamente a la magistrada titular del juzgado. Como no podía ser de otro modo, ella respondió que no había inconveniente alguno en que se nos proporcionase el atestado. No obstante, desde el punto de vista de la [comisión] esa petición constituye una clara injerencia en su funcionamiento, ya que la Ertzaintza realiza una comunicación al órgano judicial que -según el art. 19.4 LPPV- corresponde exclusivamente a la presidencia de la comisión”, remarca el informe.

Y, ya sobre la investigación realizada, se abunda en que “ha de hacerse notar que, en las actas de comparecencia de los agentes” implicados “hay varios párrafos idénticos, lo que resta espontaneidad a las declaraciones, de modo que disminuye su valor para aportar objetividad”. “El fin perseguido por las declaraciones individuales es que las distintas versiones, efectuadas por separado y sin conocer las de los demás, construyan en conjunto una descripción más completa y objetiva de lo sucedido, lo que en este caso se ha logrado solo parcialmente”, recuerda el informe.

El 22 de julio de 2023, entre las 3.08 y las 3.17 horas -exactamente en el minuto 1 y 9 segundos de un vídeo de 3 minutos y 19 segundos-, el agente de la Ertzaintza con número profesional 25145 “elevó el brazo izquierdo, increpó a una persona civil [que estaba tendida en el suelo] y le propinó una bofetada en la cara con la mano izquierda abierta”. “Cállate ya, coño. Se acabó la tontería. ¡Se acabo la tontería! ¡Venga! ¡Venga!”, espetó el uniformado. La persona agredida, de 30 años y cuyas iniciales son A.A.C., “por efecto del golpe cayó al suelo de espaldas”, mostrando “gestos de dolor”. Otros cinco ertzainas y cuatro agentes municipales presentes en el lugar, la calle de Zubiaurre de Irún, dieron la espalda al joven y se marcharon sin auxiliarle. Hasta aquí, es una historia más o menos conocida, porque el vídeo, tomado por un vecino, se publicó en redes sociales y en los medios de comunicación.

¿Qué pasó a continuación? Un segundo hombre que estaba en la zona ayudó a la víctima unos minutos después y a las 3.36 horas se dio parte al 112: “No se puede mover”. La Ertzaintza envió a dos patrullas. Eran cuatro de los agentes que habían estado con él minutos antes, incluido el funcionario 25145. Los uniformados mintieron por radio al asegurar que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, que se había propasado con ellos y que las lesiones las había sufrido golpeándose con una pared. Dijeron que no era necesaria una ambulancia.

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, en un informe emitido pocos días antes de la salida de Juan Luis Ibarra de la presidencia y de todos los vocales salvo uno, ha concluido ya la investigación de este operativo y ha emitido una severa crítica a los agentes intervinientes. Es más, ha constatado que la agresión fue ocultada deliberadamente de los informes emitidos esa noche, así como de las comunicaciones por emisora.

Así, estima que “la conducta del funcionario afecta objetiva e ilícitamente a la integridad moral y física de la persona agredida”. “Lo determinante es que la actuación del agente policial expresa un indudable acto de dominación que veja y degrada a la persona sujeta a la acción policial”, señalan sobre el puñetazo. Después, afean que otros nueve funcionarios fueran incapaces de “evitar la acción denigrante” y “contraria a la dignidad humana”. Igualmente, vulnera las normas deontológicas mínimas de la Policía que se “ocultara” que la persona que demandaba asistencia médica había sido agredida “minutos antes”.

Al margen de la investigación realizada por esta comisión, cuyo objetivo es emitir recomendaciones para mejorar la praxis de la Policía autonómica y de los cuerpos municipales, el Tribunal de Instancia de Irún tiene abierta igualmente una causa penal contra los agentes actuantes como consecuencia de la denuncia de A.A.C. Asimismo, se han incoado expedientes disciplinarios al menos en el caso de la Ertzaintza, aunque su resolución está a expensas de la sentencia judicial. En el caso concreto de 25145, el autor de la bofetada, llegó a estar suspendido varios meses, aunque manteniendo su nómina “básica” y una “ayuda familiar”. Se reincorporó al servicio en febrero de 2025, sin que consten más detalles de cuáles son sus cometidos actuales. Lo hizo después de que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, estimara un recurso de alzada. Dice la Comisión de Control que “no consta fecha” de la adopción de ese acuerdo.

El dictamen recuerda que el caso solamente se conoció después de que empezara a circular el vídeo de la agresión en redes sociales y medios de comunicación, es decir, casi un año después de que se produjeran los hechos. Este periódico informó el 10 de mayo de 2024. La comisión, que mantuvo en la etapa de Ibarra tiranteces con el Departamento de Seguridad por su falta de colaboración en otros casos, reseña que solicitó información tanto a la Ertzaintza como a la Policía de Irún en junio de ese año. Y expone que, mientras el Ayuntamiento atendió el requerimiento en apenas 16 días, la unidad de Asuntos Internos autonómica no entregó la documentación hasta pasados ocho meses y tras un segundo oficio. Lo hizo incluso después de la reincorporación al servicio de 25145, según la cronología que se ofrece.

En el apartado de “propuestas” de medidas de mejora, la comisión insiste en que hubo un “grave déficit de autocontrol” de un funcionario y pide revisar los planes de “formación” de los agentes para recalcar la importancia de la deontología. Igualmente, pide fomentar la “expresión inmediata de la crítica” entre quienes observan esos comportamientos. Se insiste, asimismo, en la necesidad de que los atestados recojan con fidelidad lo ocurrido. La comisión recuerda también que, en uno de sus primeros informes, de 2022 y relativo a una detención con abuso de la fuerza en Bilbao, planteó la necesidad de que los funcionarios portasen una 'bodycam' que registrase las actuaciones. Tres años después, el dictamen señala que la “generalización” no se ha logrado.

El jurista de reconocido prestigio Enrique Lucas (Salamanca, 1958) ya es el nuevo presidente de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca, el órgano independiente que revisa operativos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales. Releva a Juan Luis Ibarra, que en los últimos meses se había significado por denunciar falta de colaboración por parte de Asuntos Internos en algunos de los casos analizados y también falta de medios y estructura.

Lucas, que desde muy niño se trasladó a Bilbao, ha sido alto cargo con el PNV en la Presidencia vasca con funciones como responsable de relaciones entre Gobierno y Parlamento, secretario general de régimen jurídico o presidente de la COJUA, la Comisión Jurídica Asesora. Además, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial también a propuesta de ese mismo partido político. A nivel profesional, se jubiló en 2023 como socio-director de la oficina de Bilbao del bufete Gómez-Acebo & Pombo. Su hermano es magistrado en ejercicio del Tribunal Supremo.

Será el tercer presidente de este foro creado al calor de la reforma de la Ley de Policía de 2019 y tendrá por delante tareas pendientes como el dictamen sobre la carga en los exteriores del estadio de Anoeta de Donostia en la que resultó herida con importantes lesiones en la cabeza una mujer, Amaya Zabarte, o el relativo a la actuación de la Ertzaintza el 12 de octubre de 2025 en Vitoria, donde coincidieron un acto de Falange Española y de las JONS y contramanifestaciones que acabaron en altercados.

Este lunes han asumido sus cargos cinco de los seis vocales que componen esta comisión. Solamente continúa de la etapa anterior José Julio González. Ibarra, que antes había sido presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y alto cargo del Estado durante la etapa del socialista Felipe González, presentó su renuncia aunque todavía podía haber continuado un año. Los otros cuatro sustituidos habían agotado ya su mandato quinquenal.

¿Quiénes son los otros vocales? Han sido designados el magistrado José Antonio González, de la sala de lo contencioso-administrativo del Superior vasco, Marta Aldanondo, Santiago Ron y Nieves Martínez de Antoñana, cargo de confianza de los lehendakaris del PNV en materia jurídica durante años. De los seis miembros cuatro son juristas y dos representan a los cuerpos, uno a la Ertzaintza (la subcomisaria Aldanondo) y otro a los municipales (González, el único de la anterior etapa).

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un órgano presidido en los últimos años por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, ha completado su actual mandato –el primero desde que se constituyó por ley– con una última reunión con la familia de Amaya Zabarte, la mujer que acreditó lesiones de importancia en la cabeza tras una carga policial de la Ertzaintza en los exteriores del estadio de Anoeta antes de un partido de Champions League entre la Real Sociedad y el PSG francés. “Hemos pedido más material porque hemos comprobado que parte de él todavía no nos ha llegado”, exponen fuentes de este organismo, que destacan lo “sumamente amable” de la exposición del marido de Zabarte.

En los últimos meses, la comisión dirigida por Ibarra ha realizado algunas críticas a los cuerpos policiales, particularmente a la unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza, por la falta de colaboración en algunos casos. Uno de ellos es el del dispositivo de Anoeta, que tuvo lugar en marzo de 2024. Ello ha convergido con las duras andanadas del entorno de Zabarte a la Policía vasca, a la que acusa de no querer llegar hasta el fondo sobre una actuación que mandó a la UCI a una seguidora de la Real Sociedad que simplemente había salido del estadio y de seguir negando la evidencia de que en esa carga se emplearon proyectiles de 'foam' y que uno de ellos impactó de lleno en la cabeza de la aficionada realista.

El encuentro, que ha tenido lugar en una sede del Gobierno vasco en Donostia, ha durado prácticamente 90 minutos. La familia de Zabarte ha demandado contundencia a la comisión en el dictamen sobre el caso que ha de emitir y, a la inversa, se ha recordado que las funciones de este organismo de control van encaminadas a analizar los procedimientos policiales, no a suplantar la investigación judicial, que sigue su curso con altibajos después de un intento de archivo que fue revocado tras un recurso del letrado de Zabarte.

Sin embargo, no serán los actuales vocales de la comisión los que emitirán el informe sobre este caso. La próxima semana, como ya se acordó, serán relevados cinco de los seis integrantes, incluido el presidente Ibarra, que presentó su renuncia aunque, a diferencia de los otros cuatro colegas, podía haber continuado. El único vocal que seguirá es José Julio González, que procede de la Policía de Bilbao y que es precisamente el ponente de este caso. Ha sido el que ha tenido los intercambios más tensos con la otra parte en la reunión sobre el operativo de Anoeta, según testigos presenciales.

Desde la pasada semana ya está decidido que entrarán a la comisión Enrique Lucas, jurista de larga trayectoria y exvocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PNV, partido con el que ha sido cargo público, Nieves Martínez de Antoñana, responsable jurídica de la Presidencia vasca con Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu y antes alto cargo con José Antonio Ardanza, todos ellos del PNV, y José Antonio González, magistrado de lo contencioso–administrativo en el Superior, una sala especialmente dura con algunas resoluciones del Gobierno vasco y que recientemente ha promovido una cuestión de inconstitucionalidad en torno a las exigencias de euskera. Los otros dos nombramientos son la ertzaina Marta Aldanondo, que es subcomisaria y tiene experiencia en Policía judicial, y el jurista Santiago Ron.

El expediente de la carga de Anoeta es el único de 2024 que queda pendiente para la nueva etapa de la comisión, aunque también heredará cuatro más de 2025, entre ellos el controvertido operativo en el día de la visita de la Falange Española y de las JONS a Vitoria y que motivó contramanifestaciones que acabaron en cargas y altercados.

El exmagistrado Juan Luis Ibarra ha renunciado a su cargo como presidente de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca, entidad independiente dedicada a emitir dictámenes sobre operativos de la Ertzaintza o de los cuerpos municipales que hayan dejado fallecidos o heridos. Este cambio llegará al tiempo que tocaba renovar cuatro de la seis vocalías de este órgano de control. En los últimos años, Ibarra se había caracterizado por lanzar críticas a la escasez de medios de la comisión, tanto humanos como económicos, y el grupo había firmado informes contundentes sobre actuaciones tanto de la Policía autonómica como de locales como la de Barakaldo, lamentando incluso la falta de colaboración particularmente de la unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza. De vuelta, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, había llegado a cuestionar ante el Parlamento Vasco el rigor jurídico de algunas consideraciones de una mesa presidida por quien durante años fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El Consejo de Gobierno, este martes, ha propuesto la designación de cinco personas para cubrir las vacantes, las cuatro obligadas y la quinta motivada por la salida anticipada de Ibarra. Entre los nombres aparecen Enrique Lucas, jurista de larga trayectoria y exvocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PNV, partido con el que ha sido cargo público, Nieves Martínez de Antoñana, responsable jurídica de la Presidencia vasca con Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu y antes alto cargo con José Antonio Ardanza, todos ellos del PNV, y José Antonio González, magistrado de lo contencioso-administrativo en el Superior, una sala especialmente dura con algunas resoluciones del Gobierno vasco y que recientemente ha promovido una cuestión de inconstitucionalidad en torno a las exigencias de euskera. Los otros dos nombramientos son la ertzaina Marta Aldanondo, que es subcomisaria y tiene experiencia en Policía judicial, y el jurista Santiago Ron. El único que continúa es José Julio González, representante de los cuerpos locales.

Se ha informado de que la nueva presidencia la decidirán los miembros del consejo cuando se constituya. Se recalca que el mandato es de cinco años -Ibarra llevaba cuatro- y los vocales “no percibirán retribución alguna por su trabajo”. Será el 14 de enero cuando formalmente tomen posesión de sus puestos los nuevos integrantes de la comisión de control, nacida hace un lustro. La consejera-portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, ha optado por no hacer ninguna valoración sobre la etapa de Ibarra.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha realizado una defensa expresa de la actuación de Asuntos Internos de la Ertzaintza en la investigación del operativo del partido de Champions League en Anoeta entre la Real Sociedad y el PSG francés en el que una mujer, Amaya Zabarte, denunció haber recibido el impacto de un proyectil de 'foam' en la cabeza. Ante las críticas de la comisión de control y transparencia de la Policía, formuladas en su memoria bienal de 2023 y 2024 adelantada por este periódico, y en respuesta a una batería de preguntas parlamentarias de EH Bildu, Zupiria señala que Asuntos Internos, “tanto en ésta como en otras investigaciones, ha mostrado una voluntad de colaboración proactiva” y asegura que no puede hablarse de “obstáculo” a su decisión de no enviar sin autorización judicial toda la documentación del caso a este organismo externo, cuyo presidente es el magistrado Juan Luis Ibarra.

La comisión de control, un órgano relativamente nuevo e inexistente en otros cuerpos de España, emitió hace unas semanas se segunda memoria, correspondiente a los casos tratados en 2023 y 2024. Ibarra, además, compareció en el Parlamento y denunció igualmente falta de medios para realizar con diligencias las funciones que la ley encarga a este foro. Uno de los casos que tiene sobre la mesa es la carga de Anoeta, de principios de 2024. Es el expediente 3/24. En éste y en otros casos, la comisión afeó a la Ertzaintza falta de colaboración en las peticiones realizadas, lo que generó retrasos, y discrepa con la tesis de que haya que requerir a la autoridad judicial un mandamiento expreso para que Asuntos Internos entregue sus actuaciones.

Zupiria, en su respuesta al parlamentario Gorka Ortiz de Guinea, insiste en que “a quien corresponde determinar, de manera explícita verbal o escrita”, si se tiene que realizar la entrega de datos es al juez de cada caso. “Un planteamiento de diferente tenor, además de discutible jurídicamente, acarrearía una inseguridad jurídica a los actores policiales implicados”, sostiene la Policía sobre el criterio de un organismo cuyo máximo responsable fue durante dos mandatos presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Insiste Zupiria en que la comisión tiene la “obligación” de dirigirse al juzgado y “en buena lógica tiene que existir un pronunciamiento judicial que de manera individualizada pondere los hechos”. En este caso concreto, la magistrada instructora accedió a facilitar la documentación pero “estableció ciertos límites”. Si no se hubiese pasado ese filtro, la comisión habría “laminado” determinados derechos. El consejero insiste en que “comparte el criterio técnico” de Asuntos Internos para estos casos. E insiste en que la Ertzaintza es “proactiva” para colaborar con estos expedientes.

Es ya público que cuatro de los seis integrantes de la comisión de control serán relevados en breve, ya que agotan su mandato quinquenal. El presidente Ibarra, en cambio, continuará. En paralelo, en relación al caso de Zabarte, esta semana están previstas nuevas declaraciones en la investigación judicial, incluidos cinco ertzainas imputados. Inicialmente, la causa fue cerrada sin responsabilidades y se ordenó la reapertura tras un recurso de la familia de la víctima. La Ertzaintza siempre ha negado el uso de proyectiles de 'foam', a pesar de que Zabarte acabó en la UCI esa noche. Hay otras dos denuncias de lesiones de ese mismo día.

El Gobierno de Imanol Pradales ha reducido la dotación presupuestaria de la comisión de control de la Policía vasca. Cuando se creó, en 2021, dispuso de un máximo de 35.000 euros. En 2025, la partida ya era de 22.000. Ahora, de cara a 2026, los fondos bajarán aún más, a 20.000. Es una caída en un lustro del 57%. Este modelo es único ya que ninguna otra fuerza policial en España tiene un organismo que vele por su transparencia.

El presidente de este órgano externo que supervisa operativos con heridos o controvertidos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales, Juan Luis Ibarra, ha presentado este lunes en el Parlamento Vasco la memoria de la comisión del bienio 2023-2024, ya adelantada por este periódico. De viva voz y acompañado de Miren Ortubay, otra de las integrantes del foro, han denunciado ante la Cámara la escasez de medios con los que cuentan.

“Pedimos un refuerzo importante, casi un cambio, contratar a una persona con formación técnica que colabore en las investigaciones, en elaborar los informes”, ha verbalizado Ortubay, que ha recalcado que “con más medios”, podrán hacer “más cosas”. Ibarra ha recordado que los seis integrantes no tienen retribución y que apenas liquidan gastos de desplazamientos. “No podemos contratar servicios”, ha enfatizado el presidente. EH Bildu, por boca de Gorka Ortiz de Guinea, había preguntado por ese recorte presupuestario.

Ibarra y Ortubay han recalcado, igualmente, que se han encontrado con falta de colaboración de la Ertzaintza y de otros Ayuntamientos en sus actuaciones, así como por parte de algunos órganos judiciales. Han excepcionado a la magistrada que investiga el caso de la mujer herida en la cabeza tras una carga con 'foam' de la Ertzaintza en los exteriores de Anoeta tras el último partido de Champions League de la Real Sociedad con el PSG francés.

Otro de los elementos que condicionan a la comisión es conocer si las medidas y recomendaciones que plantean se están cumpliendo. En algunos casos no tienen respuesta de las instituciones y en otro solamente la palabra de que se adoptarán cambios, han indicado. Aunque asumen que son un órgano “crítico”, también han remarcado “en positivo” que se están extendiendo las 'bodycam' o cámara subjetivas que llevan los agentes y graban los operativos o que se ha modificado la instrucción 73 de la Ertzaintza, la que regula el uso de armamento antidisturbios. No ha dado más detalles del sentido de las modificaciones.

El PP ha querido poner en valor el papel de la Ertzaintza y Ainhoa Domaica, su representante en la comisión, ha enfatizado que los casos con negligencias detectados “son pocos casos” en relación a las “miles” de actuaciones diarias de los cuerpos policiales. Ibarra ha respondido que son “pocos” o incluso un porcentaje “ridículo” pero que no conviene minimizar las actuaciones porque son muy “significativas”. Dos de los casos tratados recientemente son por fallecimientos, aunque Ibarra ha remarcado que en ambos se ha estimado que la actuación policial no fue relevante. Se trata de los casos de Astigarraga e Irún.

La comisión de control de la Policía vasca, un órgano que analiza operativos con heridos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales, ha censurado una actuación de la Policía de Barakaldo en marzo de 2024 en la que un agente empleó un arma de fuego reglamentaria en un túnel estrecho y sin apenas iluminación. Los tres disparos que efectuó causaron “lesiones graves” a dos personas que pernoctaban en el lugar. O.G. recibió una bala en el cuello y otra en el pecho y I.R. tuvo el impacto en el hombro derecho, según el informe de septiembre al que ha tenido acceso este periódico.

Es el primer caso de empleo de armas de fuego resuelto por esta comisión presidida por el exmagistrado Juan Luis Ibarra. Hasta ahora había revisado operativos con detenidos -algunos incluso fallecidos- o con uso de proyectiles de 'foam', el material antidisturbios que ha sustituido a las pelotas de goma. Y, en sus conclusiones, se insiste en la necesidad del empleo “generalizado” de 'bodycam' o cámaras subjetivas pero también en que los funcionarios ejerzan una labor de “Policía comunitaria” y “de proximidad”, con una “gestión activa” del “respeto” a la “diversidad”. Los heridos eran personas extranjeras sin hogar.

Se da la circunstancia de que esta comisión acaba de elaborar también su memoria de actividades de los años 2023 y 2024 en la que constata falta de colaboración de variados organismos a la hora de esclarecer esos operativos. Se cita a Asuntos Internos de la Ertzaintza, al poder judicial y también al Ayuntamiento de Barakaldo y es precisamente en lo tocante a este caso. La resolución ha llegado muchos meses después por retrasos en la entrega de la documentación requerida.

Los hechos se remontan al 21 de marzo de 2024. Ese día Barakaldo recibía con honores al grupo Depeche Mode en el BEC pero, unas horas antes, a primera hora de la mañana, el Ayuntamiento quiso tapiar un agujero por el que se accedía a una especie de estancia bajo la autopista. Era un espacio ya cerrado en 2013 pero, aparentemente, en los dos meses anteriores se había tenido constancia de que varias personas habían logrado acceder a él y lo usaban para pernoctar. La obra menor se programó para esa jornada y los servicios municipales encargados pidieron apoyo a la Policía local. Se enviaron dos patrullas, una de dos y otra de tres agentes.

Los cinco policías llegaron al lugar sin “ninguna instrucción o protocolo” y fueron presa de la “improvisación”. No hubo un plan para garantizar un modo “coordinado, eficiente y seguro” la “eventualidad” de la “identificación” y el “desalojo” de los ocupantes de ese espacio. Al llegar, se limitaron a “dar gritos” y a “usar el silbato”. Como no hubo respuesta, y de nuevo “desde la más estricta improvisación”, accedieron al interior. El boquete era de como mucho 65 centímetros de altura y de 55 de alto. Por ello, tuvieron que quitarse otros elementos del uniforme diferentes a la pistola para poder pasar, incluido el chaleco antibalas. Y eso que el personal municipal tenía una maza para ampliar el agujero y facilitar la maniobra.

Una vez dentro, en un lugar de menos de tres metros de ancho y 21 de largo, ni tenían iluminación más allá de unas linternas de mano y la poca luz que entraba de la calle ni había elementos de grabación. Vieron basura y “residuos domésticos y confirmaron que el lugar estaba habitado, aunque se hallaba en ”completa oscuridad“. Había tres varones, O.G., A.K. e I.R. Todos ellos eran africanos. Nada les impidió a los agentes pedir una salida ”voluntaria“ o, por ejemplo, identificarles y dar parte a los servicios sociales. Tampoco se les facilitó información ”suficiente“ y ”comprensible“, dado que no dominaban el idioma. Es una obligación fijada por la ley.

En estas circunstancias, el agente con código progesional 327 alertó “de viva voz” que uno de los identificados “exhibió de forma amenazante” un cuchillo “de filo dentado”. Este policía le conminó “repetidamente” a que lo apartara. No tuvo éxito. Entonces empezó a pedir el desalojo del lugar con gritos de “¡Hay que salir! ¡Hay que salir!”. Tres de los cinco ya estaban fuera cuando se escucharon los tres disparos. Una segunda persona con otro cuchillo cayó herido en el acto y dejó un rastro de sangre, por ejemplo. Y otro de los presentes también resultó herido.

Para la comisión, las circunstancias descritas son claramente “obrar improvisado” y de resultados indeseados. “Contravino inequívocamente los principios deontológicos de congruencia y oportunidad”, estiman, entre otras consideraciones. El lugar era “angosto”, se produjo “tensión emocional” y “estrés” y, además, la huida de los policías taponó la poca luz existente, la de la entrada, incrementando el riesgo de los disparos a ciegas.

En su misión de emitir recomendaciones, la comisión plantea “reforzar la formación policial” sobre deontología y “relaciones con la ciudadanía”, porque el operativo “desatendió los principios básicos” de la praxis policial óptima. Y también toca “reforzar” el cometido “fundamental” de “protección de los colectivos especialmente vulnerables”. Eran personas “en situación de exclusión residencial grave” y se debió reaccionar con “recursos comunicativos” que garantizasen una información “suficiente y comprensible” de lo que allí estaba pasando. La Policía de Barakaldo tendrá que buscar “herramientas informáticas” de “interpretación y traducción” para dirigirse a personas que no conozcan alguna de las lenguas oficiales si esto no fuera posible por otras vías. La Policía, además, tiene que saber manejar “situaciones críticas en condiciones de seguridad, tanto para las personas implicadas como para los propios agentes”.

En cuanto a grabar los operativos, la Ertzaintza, por ejemplo, ya emplea cámaras subjetivas en diferentes actuaciones por recomendación de este organismo. En su primer, dictamen, en 2022, cuestionó una detención abusiva en Bilbao y planteó como elemento de prevención de excesos este tipo de grabaciones. Su implantación ha sido lenta, pero ya se han adquiridos esas denominadas 'bodycam'. Ahora, a la luz de este caso, se pide generarlizarlas a los cuerpos locales. Sobre todo en actuaciones en las que “resulte previsible o sobrevenida la necessidad en el uso de la fuerza”.

La comisión de control de la Policía vasca, un organismo externo que supervisa operativos con heridos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales, ha hecho pública ya su memoria de actividades en el bienio 2023/2024, la segunda de su existencia. Será presentada el 17 de noviembre en el Parlamento Vasco, adonde llegó este lunes de manos de su presidente, el exmagistrado Juan Luis Ibarra. El informe avisa de la falta de colaboración de la Ertzaintza en sus actuaciones, particularmente de la jefatura de Asuntos Internos y particularmente en la investigación sobre la mujer que cayó herida con lesiones en la cabeza compatibles con un proyectil de 'foam' tras las cargas en el marco del partido de Champions League en Anoeta entre la Real Sociedad y el PSG francés. Asimismo, insiste en varios momentos en la falta de medios humanos y materiales para atender todos los asuntos que le llegan.

La familia de la mujer herida en Anoeta, Amaya Zabarte, ya ha manifestado en diferentes foros su desazón por el curso de las investigaciones policiales y judiciales. De hecho, la versión oficial es que en el lugar en cayó desplomada la mujer no se usaron armas antidisturbios. Recientemente, así lo hizo ver su marido, Joseba Novoa, en una dura intervención en el propio Parlamento. Ahora, el asunto ha motivado la queja de la comisión de control, que sostiene que Asuntos Internos realiza una “interpretación” restrictiva sobre las capacidades de este órgano externo en caso de investigaciones en curso y le priva de información clave para su labor, que es la de emitir recomendaciones y poner sobre la mesa puntos de mejora.

En el caso del operativo de Anoeta, de marzo de 2024, Asuntos Internos no entregó todo el material solicitado asegurando que era precisa la “autorización judicial”. La propia magistrada del caso expuso que las actuaciones sobre las heridas a Zabarte ni estaban bajo secreto de sumario ni había “limitaciones” que impidan desarrollar actuaciones “administrativas” en paralelo a las penales. Finalmente, tres meses después, en junio, la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, entregó a la comisión tanto el atestado completo como un disco CD con grabaciones de lo sucedido.

En paralelo, hubo otro conflicto similar con otra investigación sobre una intervención con armas de fuego en Barakaldo. En este caso, además de Asuntos Internos de la Ertzaintza, la jefatura de la Policía la localidad vizcaína tampoco entregaba la documentación por los mismos motivos, por estar “sub iudice” el caso. La comisión es contundente y recalca que, salvo declaración expresa del juzgado, tiene derecho y habilitación legal a solicitar la documentación que estime y lamenta que “los responsables policiales se auto-otorguen la facultad de establecer una nueva condición, como sería la obtención de autorización judicial expresa”. El caso de Barakaldo también se produjo en marzo de 2024 y la documentación no se entregó en su integridad hasta “marzo y junio de 2025”. “La interpretación que aquí se critica ha determinado un retraso de doce meses en el desarrollo de la investigación encomendada por ley [a esta comisión]”, se puede leer en la memoria.

Igualmente, la comisión alerta de la “importante dificultad” también para conocer el resultado de actuaciones judiciales. En el caso de un expediente por una detención practicada por agentes de la Policía de Vitoria a un menor que circulaba en patinente, esto llegó a motivar la entrega de unas conclusiones parciales que luego hubo que ampliar. La comisión dirigida por Ibarra, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, avisa de que se les han denegado incluso autos que son perfectamente públicos. La transparencia del poder judicial, incide este organismo, es también una “garantía esencial” del correcto funcionamiento de una “sociedad democrática”.

Por otro lado, la comisión pide más recursos. Hay un “problema de insuficiencia” y la acumulación de casos en tramitación “requiere de un neto incremento en el apoyo personal e infraestructural” con respecto a lo que se dispone en la actualidad. Asimismo, se remarca que los vocales de la comisión no tienen retribución alguna y que cuando se suceden las incoaciones de expedientes, como pasó en 2024, se “sobrepasa” el “estándar” de “esfuerzo” que se les puede pedir. De momento, solicitan una persona que asuma la secretaría técnica del organismo.

Además de Ibarra, son miembros de la comisión Estefanía Ocáriz, Francisco Javier Hernáez, Miren Ortubay y los agentes José Antonio Nieto, de la Ertzaintza, y José Julio González, representante de los cuerpos locales. A finales de 2025, cuatro de los seis miembros tienen que ser renovados. Uno de los que continuará será Ibarra, que accedió al puesto a finales de 2021. Los mandatos son de cinco años, según la ley de Policía autonómica, que es la que creó este foro.

Asuntos Internos y la comisión de control de la Policía vasca investigan ya la denuncia de un varón que señala que, como consecuencia de un “pelotazo”, en posible referencia a un proyectil de 'foam', acabó con la mandíbula rota y con la pérdida de un diente y el desplazamiento de otros. Esta persona participaba en una contramanifestación en Vitoria el pasado domingo 12 de octubre tras la visita del que fuera partido único de la dictadura, Falange Española y de las JONS. El Departamento de Seguridad insiste en que activa el protocolo por informaciones aparecidas en medios de comunicación -'Gara' se ha hecho eco de ello- y no porque tenga constancia de denuncia formal alguna, ni en comisaría ni en un juzgado.

En el documento que da inicio a esta doble investigación, según las fuentes consultadas, el consejero Bingen Zupiria explica que hubo una manifestación “comunicada” por los falangistas y que la “contramanifestación” degeneró en lanzamiento de todo tipo de objetos y “graves enfrentamientos físicos” entre ambos grupos. Ello obligó a intervenir a la Ertzaintza y se admite que se empleó “material antidisturbios”. La dotación ordinaria actual, además de las porras, son lanzadores de 'foam', SIR o SIR X en función de su dureza. La denuncia plantea que el “pelotazo” fue producto de un disparo a cortísima distancia y por encima de la cintura, dos aspectos prohibidos en los protocolos.

Los hechos se analizarán en dos vías. Asuntos Internos es la 'Policía de la Policía', la unidad que analiza conductas de los propios agentes y plantea medidas disciplinarias. La comisión de control, por el contrario, es un organismo externo de relativamente reciente creación que opera bien de oficio o bien a instancia de parte cuando actuaciones policiales, bien de la Ertzaintza o bien de los cuerpos locales, han dejado fallecidos, heridos o dudas sobre su proporcionalidad. Está presidido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra. En este caso, plantea recomendaciones.

La controversia por la visita de la Falange continúa muy viva cuatro días después. Se cuestiona desde oposición y sindicatos el papel de la Ertzaintza, que no impidió el cuerpo a cuerpo entre ambos grupos. La jornada se saldó con 19 detenidos, todos ellos de grupos antifascistas que el Gobierno ha calificado como “fascistas vascos” y que la Policía sitúa en la órbita de GKS. De hecho, se ha añadido que ha habido un rebrote de “violencia urbana” perfectamente “organizada”. Eso sí, 'a posteriori' se ha expedientado también al partido ultra por exhibir simbología franquista y por portar palos y otros objetos contundentes.

“Subcampeones” de la Guerra Civil

Se da la circunstancia de que Manuel Andrino, dirigente falangista y que aparentemente tuvo comunicaciones con la Ertzaintza para organizar la visita, se ha jactado públicamente de que su “servicio de orden”, del que no da detalles, propinó una “paliza” a los contramanifestantes cuando éstos burlaron el cordón policial y buscaron el cuerpo a cuerpo. “Huyen despavoridos y van casi a refugiarse en la Ertzaintza, a ver si les salvaban de la paliza que les estaban dando los falangistas”, ha contado, felicitándose de no haber tenido ningún arrestado.

Y ha añadido en una referencia clara a la Guerra Civil: “Ya salieron escaldados hace ochenta y tantos años. Quedaron subcampeones en aquel partido. Que sepan que los falangistas y otros patriotas vamos a seguir yendo a Vascongadas a defender la españolidad más rotunda de aquella querida tierra y región española”. Andrino recordó que Vitoria fue la primera ciudad conquistada por los franquistas tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Otro dirigente falangista, Norberto Pico, ha llamado “golfo” al portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi. En una rueda de prensa, ha señalado que “fachas, fanquistas y falangistas no son bienvenidos en Euskadi”. Su colega en el Euzkadi Buru Batzar Javier Ollo ha denunciado recientemente amenazas de este partido. Ollo es parlamentario navarro y alcalde de Alsasua.

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un órgano presidido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra y que analiza operativos de la Ertzaintza y de los cuerpos locales con heridos o fallecidos, ha archivado el expediente abierto a raíz de la muerte, hace ahora casi un año, de una persona que estaba detenida tras haber causado un accidente de circulación en una vía entre Irún y Errenteria, en Gipuzkoa. “Después de una revisión detallada de la totalidad de la documentación y evidencias disponibles, no se identifican elementos que sugieran la presencia de problemas subyacentes en la actuación policial [...]. No se advierten elementos que permitan inferir la existencia de irregularidades operativas o desviaciones de los estándares procedimentales por parte de la actuación policial”, estima el dictamen emitido por la comisión.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20.00 horas del 28 de agosto de 2024. “Un vehículo colisionó con otro para, posteriormente, arrollar a un motorista, dejándolo herido, tendido en el suelo, y abandonando el lugar del accidente. Al acudir la Ertzaintza al lugar, diversos testigos les informaron [de] que el supuesto autor se había detenido en un hotel cercano, localizándole de manera casi inmediata escondido tras unos setos”, explica el informe de la comisión.

Agrega que el hombre “arremetió” contra uno de los policías, al que “golpeó”. “En el forcejeo, ambos cayeron al suelo y, tras una fuerte oposición, consiguieron reducirlo en el suelo, colocándole los grilletes y comunicándole su detención”, se indica. Pero, “pasados unos minutos, el detenido perdió el conocimiento”. Se deja claro que eso ocurrió cuando “todavía” estaba “engrilletado” y “en el suelo”. Fue “rápidamente atendido” por los sanitarios que estaban en la zona por el accidente de tráfico, pero “el detenido entró en parada cardiorrespiratoria”. Fue reanimado y derivado a la UCI del hospital Donostia, aunque “falleció al cabo de unas horas”. El finado estaba acusado de “atentado”.

La resolución explica el recorrido de la causa. La comisión incoó el expediente para revisar el caso el 5 de septiembre después de recibir el aviso el mismo 29 de agosto de manos del entonces recién nombrado consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. El 13 de septiembre, la Ertzaintza entregó prácticamente la totalidad de la documentación requerida por el equipo de Ibarra con excepción de la investigación de Asuntos Internos. El 30 de diciembre, dos representantes de la comisión se entrevistaron en la comisaría de Irún con mandos policiales y ya se adelantó que no se apreciaba nada “anómalo” en el resultado de la actuación. Hasta el 6 de marzo hubo abierta formalmente una investigación penal contra el fallecido, que quedó cerrada por la extinción de toda responsabilidad que implica una muerte.

Fue en junio cuando la comisión emitió su dictamen definitivo de archivo de las actuaciones y en julio cuando se ha hecho público. Se estima que los agentes intervinientes “se vieron sorprendidos” por la “reacción inesperada” del hombre que causó el accidente de circulación. Se insiste en que tras una “exhaustiva” revisión de la documentación del caso no se pueden “identificar actuaciones policiales irregulares o anómalas en el incidente descrito”. “En consecuencia, no se puede inferir que haya existido una conducta negligente por parte de los agentes involucrados. Aunque se ha producido, lamentablemente, una pérdida de vida, se determina que dicha fatalidad no fue consecuencia de la actuación de los agentes participantes, por lo que no se puede atribuir a una conducta inapropiada o imprudente por parte de los agentes”, se puede leer en la resolución de la comisión de control.

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un órgano externo presidido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, investiga la muerte de un varón estando detenido bajo custodia de la Ertzaintza por haber causado un accidente de tráfico en la GI-636, cerca de Irún, y tras haber tratado de darse a la fuga. Los informes preliminares reseñan que no hay ninguna imputación contra los agentes intervinientes y se achaca la muerte a causas naturales, aunque esta comisión emitirá un dictamen para analizar la actuación policial.

Los hechos tuvieron lugar el 28 de agosto de 2024 hacia las 20.00 horas cerca del hotel Urdanibia Park, en una concurrida vía de comunicación entre Hondarribia y la frontera con Francia. En esa dirección, el turismo conducido por el fallecido colisionó con un motociclista, que resultó herido. Quedó tendido sobre el asfalto y el varón luego fallecido salió de su coche y trató de darse a la fuga. Los agentes de la Ertzaintza tuvieron dificultades para detenerle, según la versión oficial, porque se mostró “muy alterado”, porque “amenazaba” a otras personas y porque “agredió” a los uniformados. En un primer momento, intervino también la Guardia Civil, según testigos presenciales.

En el curso de esa refriega, “entró finalmente en parada cardiorrespiratoria”. Sanitarios presentes en el lugar de los hechos trataron de reanimarle, pero no fue posible. Fue trasladado al hospital Donostia -el motorista también quedó ingresado en el más cercano del Bidasoa- pero allí se certificó su fallecimiento a la mañana siguiente.

El 20 de febrero de este año, la comisión requirió al Departamento de Seguridad un informe sobre el estado actual de la causa judicial abierta por un juzgado de Irún sobre el siniestro. Las fuentes consultadas insisten en que, por el momento, todo apunta a una muerte natural. Se da la circunstancia de que hace un año el órgano de control ya analizó un asunto similar y eximió de responsabilidad a la Policía. En aquel caso, un varón falleció en una ambulancia estando bajo custodia tras una actuación conjunta de Ertzaintza y de la Policía local de Astigarraga. Se entendió que su situación personal, incluido el elevado consumo de drogas, fue la causa de la muerte y que no incidió en ello que “se produjera en el contexto de una intervención u operativo policial”.

La comisión fue creada en 2019 con la reforma de la ley de Policía y emite informes sobre actuaciones de la Ertzaintza, los Miñones o los cuerpos municipales que puedan haber dejado heridos o fallecidos o en otros casos de especial relevancia. En los últimos meses ha acumulado sobre su mesa un puñado de expedientes. Por ejemplo, está el caso de la mujer que denuncia haber recibido el impacto de un proyectil de 'foam' en el contexto de una carga en el exterior del estadio de Anoeta en marzo de 2024 o, este mismo fin de semana, el de un joven que asegura haber perdido un testículo por otra intervención de la Ertzaintza relacionada con el desalojo de un 'gaztetxe' en Bilbao.

En el atestado inicial de la Ertzaintza sobre la intervención en Donostia que dejó con heridas graves a una detenida se acusa a esta mujer de “arremeter contra los agentes” y se apunta que “se encontraba con claros síntomas de embriaguez”. El informe tiene referencia 590A2500869 y admite que los hechos se produjeron a las 6.45 horas de la madrugada del 1 al 2 de febrero, que a las 7.00 horas ingresó en la zona de calabozos, que “sobre las 15.00 horas” ya manifestaba “no sentir” parte de su cuerpo y que a las 15.56 horas ya estaba entrando en Urgencias. La mujer, de 32 años y origen colombiano, ha denunciado que precisará de dos operaciones por lo ocurrido y que el parte médico confirma que padeció, entre otras lesiones, un edema cerebral.

El resumen del atestado consta en la comunicación que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, entregó el 7 de febrero a la denominada comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un órgano externo presidido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra y que revisa las actuaciones de la Ertzaintza y de los cuerpos municipales que dejan personas fallecidas o gravemente heridas. El 13 de febrero, reunido 'ad hoc' por este motivo, este organismo ya abrió una investigación, que es paralela a la de Asuntos Internos de la propia Ertzaintza y a una tercera causa instada por la propia familia de la víctima, que presentó una denuncia en la Policía de Donostia. Los hechos, sin embargo, no se conocieron hasta mucho después, hasta que los medios de comunicación de Colombia empezaron a recoger las quejas del entorno de la mujer herida. Este miércoles, se celebrará en el Parlamento Vasco una comparecencia de urgenci del propio Zupiria para dar cuenta de este caso.

El lugar de los hechos fue en las inmediaciones de la discoteca Channel, en la calle de Manterola del centro de Donostia. En concreto, la actuación policial fue “a la altura del edificio nº 39 de la calle de San Martín”, según la información oficial. Son vías perpendiculares y que se cruzan. Zupiria informó a la comisión de que sobre las 6.45 horas -por lo tanto, ya oficialmente 2 de febrero- “agentes” de la Policía vasca “procedieron a la detención de una mujer por la comisión de un presunto delito de atentado a agente de la autoridad”. “Al parecer, los agentes intervinieron en una pelea entre dos varones, intentando separarles, momento en el que una mujer, pareja de uno de los dos varones, arremetió contra las agentes, resultando finalmente detenida junto a su pareja. La mujer, que se encontraba con claros síntomas de embriaguez, fue trasladada a dependencias de la ertzain-etxea de Donostia-SS [sic], ingresando en la zona de calabozos sobre las 7.00 horas”, describe la Policía.

Un testigo de los hechos relató a este periódico una versión que matiza a la oficial. Esta persona, que volvía al local de hostelería porque había perdido su billetera, vio la intervención y señala que “los policías la empujaron y se cayó al suelo, golpeándose la cabeza”. Después, según su testimonio, “siguieron dándole golpes y la aplastaron”. Son palabras coincidentes con los comentarios en medios de comunicación de la víctima y de su entorno.

A partir de ahí, continúa la información oficial, “sobre las 15.00 horas [...], tras manifestar la detenida al personal de custodia no sentir la parte derecha del cuerpo, no pudiendo mover el mismo, fue trasladada al hospital universitario de Donostia, ingresando en Urgencias sobre las 15.56 horas de ese día”. Seguridad, por el momento, no ha aportado a la comisión más datos sobre el estado de salud de la mujer, aunque públicamente el consejero Zupiria sí ha señalado que les consta que es “delicado”. No se han aplicado medidas cautelares contra los agentes intervinientes.

La comisión de control ha nombrado al propio Ibarra y a otro vocal, José Antonio Nieto -que no guarda relación con quien fuera secretario de Estado de Seguridad con el PP, del mismo nombre-, para ser los ponentes del informe sobre el caso. Inicialmente, se ha pedido información tanto de las actuaciones de Asuntos Internos como de eventuales actuaciones judiciales. También quieren conocer si los calabozos “cuentan con un sistema de videovigilancia” y, en tal caso, si estuvo “activado” en las horas en que la mujer herida estuvo allí. Teóricamente, hay mecanismos con sensores que permiten grabar lo que sucede tanto en el interior de las celdas como en los pasillos. Lo que no parece que exista es grabación alguna de las denominadas 'body cam', las cámaras que vienen siendo prometidas desde 2022 y que se adhieren al uniforme.

Se da la circunstancia de que esta comisión acaba de resolver parcialmente otro caso sobre una actuación policial con una persona herida. En concreto, era una intervención de dos motoristas de la Policía Local de Vitoria que perseguían a un menor que circulaba incorrectamente en patinete. La familia del adolescente denunció que los policías se habían excedido en el uso de la fuerza y que habían causado lesiones de consideración al joven. El dictamen de este órgano de control no ha entrado al fondo del asunto pero sí ha enfatizado que en este tipo de actuaciones controvertidas debería existir un “protocolo” para describir con “objetividad” la implicación de los propios agentes.

Colombia pagará un abogado a la mujer herida

De su lado, la embajada de Colombia para España (y para Andorra) informa de que está haciendo “seguimiento” muy cercano del asunto. El cónsul en Bilbao, el doctor Édgar Alberto Rojas, mantuvo el jueves una reunión en Donostia con la mujer herida, informan fuentes diplomáticas del país americano.

La Cancillería (Ministerio de Exteriores) le ha ofrecido “apoyo jurídico” y ya se han realizado todos los trámites y apoderamientos para que un letrado costeado por su país de origen la asista en los procedimientos judiciales que se abrirán. “Carece de recursos y le hemos puesto un abogado a disposición a esta connacional”, informan desde la embajada. “Estamos al tanto y apoyando”, agregan estas fuentes.

En el contexto de la triple investigación abierta por las graves lesiones sufridas por una mujer en el marco de una intervención de la Ertzaintza en Donostia, la comisión de control y transparencia policial, un órgano externo relativamente reciente y que analiza las actuaciones tanto de la Policía autonómica como de los cuerpos municipales y que está presidido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, acaba de emitir un nuevo informe en el que reclama “objetividad” en los atestados policiales de casos en los que hay agentes implicados. Este organismo, refiriéndose a una actuación en Vitoria, recalca algunas recomendaciones que ya formuló en 2022 tras un arresto en Bilbao en el que el detenido refirió golpes y patadas por parte de los ertzainas intervinientes.

La comisión ha analizado la intervención de dos motoristas de la Policía local de Vitoria, que persiguieron a un menor que circulaba incorrectamente en patinete. Era marzo de 2023 y el caso trascendió por los vídeos grabados por los testigos. Cuando los funcionarios con código profesional 4531 y 4403 le dieron el alto, lo redujeron a la fuerza en el suelo. Posteriormente, la familia del adolescente ofreció un parte médico que acreditaba lesiones de entidad. En mayo del pasado año, este periódico ya avanzó que la Justicia ultimaba el archivo de la causa contra los motoristas. Así ocurrió meses después. Sin embargo, el sobreseimiento acordado por la instructora María Eneida Arbaizar ha sido recurrido y técnicamente el caso sigue vivo. Es por eso que este dictamen ya matiza que necesariamente no puede entrar al fondo de la cuestión todo lo que sería deseable.

Ahora bien, en el informe sí aparecen consideraciones generales sobre las actuaciones policiales que dejan lesiones y que cobran actualidad al haber emergido un nuevo caso en las últimas horas. Se suman a otra causa pendiente, la de la aficionada de la Real Sociedad que se desplomó con heridas en la cabeza en el exterior del estadio de Anoeta coincidió con una carga con proyectiles de 'foam' de los antidisturbios de la Policía vasca.

La comisión recalca que es necesario “establecer protocolos” para la elaboración de los atestados internos en estas situaciones, “casos en los que se haya recurrido al uso de la fuerza en el desarrollo de la intervención policial”. Y añade expresamente que “esta recomendación debe ampliarse a todas las detenciones por presuntos delitos de atentado, resistencia o desobediencia a los agentes de la autoridad”. Es el caso de Donostia, en el que la versión oficial inicial señala por “atentado” a la mujer herida, que aparentemente “agredió” a un ertzaina para impedir que arrestara a su pareja.

El informe alude también a que sería de interés que se tomara declaración “por separado” a todos los intervinientes, para evitar corporativismos. “Esta recomendación se formuló ya en el expediente [del caso de Bilbao] y se recogió en la memoria de la comisión de 2021 y 2022. Resulta oportuno ratificar su vigencia para contribuir a la difusión de su contenido a todos los cuerpos policiales”, escribe la comisión.

El dictamen recuerda a las instituciones -Departamento de Seguridad y Ayuntamientos- que han de “promover de oficio y de modo inmediato” las investigaciones internas oportunas cada vez que haya “indicios” de actuaciones “contrarias al código deontológico policial” y a la proporcionalidad. Les pide también que sean proactivos y que, si ven elementos sólidos, den el paso de ser ellos los que acudan a los tribunales. También deja claro que la práctica habitual de suspender los expedientes disciplinarios cuando se abren procedimientos judiciales es muy matizable. Se puede -y se debe- “completar” el expediente aunque la resolución se tenga que posponer hasta que haya una sentencia firme.

Comparecencia “urgente” de Zupiria

Por otro lado, pasadas las 20.30 horas de este jueves el consejero, Bingen Zupiria, ha informado de que ha solicitado una comparecencia “urgente” ante la comisión de Seguridad del Parlamento Vasco para “informar sobre la actuación policial desarrollada por agentes de la Ertzaintza” en Donostia. La oposición, en concreto EH Bildu, también había registrado una batería de preguntas para conocer los detalles de lo sucedido.

La mujer herida ha concedido una entrevista a EiTB. Todavía se encuentra en el hospital y ha explicado que no tiene plena movilidad en la parte izquierda de su cuerpo. Está pendiente de “dos cirugías”. Ha señalado que sufrió un ictus y un derrame cerebral. Ha ratificado su denuncia de que tras empezar a gritar para evitar la detención de su pareja, que estaba implicado en una pelea en el exterior de una discoteca de Donostia, y que los agentes intervinientes la golpearon y tiraron al suelo. Añade que no sabe cómo la montaron en el coche-patrulla y que amaneció horas después tirada en el calabozo y con orina encima. Después, la llevaron ya al hospital. “Yo no agredí a ningún oficial. No hice nada malo”, relata esta mujer, de origen colombiano.

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza y también la Comisión de Control y Transparencia, un órgano externo presidido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, estudian ya las denuncias presentadas por el entorno de una mujer colombiana de 32 años que tuvo que ser hospitalizada por unas lesiones de gravedad en la cabeza que se atribuyen a una actuación policial en la noche del 1 de febrero en un local de ocio de la calle de Manterola de Donostia. En el parte médico consta que sufrió un “edema cerebral” y un testigo de la detención de la joven ha contado a este periódico que vio cómo “los policías la empujaron y se cayó al suelo, golpeándose la cabeza”. Después, siempre según esta versión de los hechos, “siguieron dándole golpes y la aplastaron”.

Los hechos tuvieron lugar el 1 de febrero, hace ya casi tres semanas, y las investigaciones internas están en marcha al menos desde la pasada semana, según fuentes conocedoras del caso. Sin embargo, el asunto no ha trascendido hasta que la familia de la víctima ha empezado a denunciarlo en los medios de comunicación de Colombia, que están dando amplio seguimiento a lo ocurrido.

La versión oficial inicial, a la que ha tenido acceso este periódico, alude a una “pelea” nocturna en una calle de Donostia que obliga a intervenir a la Ertzaintza. La mujer que luego sería hospitalizada fue arrestada acusada de “atentado contra la autoridad” y trasladada a la comisaría de Donostia. Por la mañana, se “desvaneció” y fue enviada a un centro sanitario.

La denuncia de la familia, registrada ante la Policía local de Donostia, apunta a que la mujer sintió que no podía moverse y que solicitó asistencia médica. Recalcan que el parte médico oficial recoge las graves lesiones sufridas y que disponen de fotografías y vídeos que acreditarían supuestos excesos policiales. Varios testigos han corroborado esta versión. Uno de ellos, que pasaba por allí para recoger unas pertenencias olvidadas en la discoteca por un descuido, recalca que los agentes “empujaron” a la joven cuando intentó evitar que arrestaran a su pareja. Ello le causó un golpe fuerte en el suelo y, siempre según este testigo, después continuaron usando la fuerza contra ella. Agrega que golpearon incluso a la dueña del local cuando salió a ver qué ocurría.

En principio, hay una triple investigación abierta. Por un lado, está la denuncia cursada por el entorno de la víctima ante la Policía de Donostia. Por otro lado, Asuntos Internos analiza también el operativo. Y, finalmente, la Comisión de Control y Transparencia emitirá también su propio informe. Se ha solicitado el visionado de las cámaras interiores de la comisaría.

“Desde que pasó la agresión afuera de la discoteca hasta el momento en el que finalmente la llevaron a la clínica, pasaron alrededor de ocho horas y ya desde el hospital llamaron a una sobrina que vive allá en España y le informaron que Daniela se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital universitario Donostia”, ha declarado la madre de la herida a un diario de Colombia, 'El País'.

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca ha acordado realizar un informe en torno a la actuación de la pasada semana de agentes municipales de Bilbao para reducir a un varón que esgrimía un hacha y retenía a una mujer. Uno de ellos disparó su arma de fuego reglamentaria e hirió al agresor. Este órgano independiente, presidido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, tiene que intervenir siempre que haya operativos con personas heridas, sean de la Ertzaintza o de los cuerpos locales. Será la segunda ocasión en que así lo hagan, ya que tienen abierto otro expediente por una intervención de la Policía de Barakaldo en marzo en la que un hombre salió herido de bala.

La comisión ha celebrado este jueves una reunión de trabajo y ha analizado la documentación inicial remitida por el Ayuntamiento de Bilbao. Las primeras conclusiones oficiales señalan que la actuación, que tuvo lugar en la calle de Ronda, estuvo plenamente justificada al estar en grave peligro la vida de la víctima y también la de los agentes intervinientes. El sindicato Erne, que ha pedido que el agente que realizó el disparo sea condecorado, remarca que el balazo fue dirigido a la pierna para neutralizar la amenaza al tiempo que se causaba el menor daño posible.

Por otro lado, este órgano no intervendrá, en principio, en otro caso reciente, el relativo al arresto de un ertzaina acusado de un triple delito de intento de homicidio en Treviño, el enclave pegado a Vitoria pero perteneciente a Burgos. En un inicio, este agente contó que tres ladrones habían asaltado su casa familiar y que él, estando fuera de servicio, salió armado en su búsqueda. Relató que, tras un intento de atropello, empleó su pistola. Una de esas tres persona resultó herida. Ahora, la Ertzaintza no concede credibilidad a esta versión y, aunque no ha precisado qué hipótesis maneja, sí ha procedido a la detención del agente. La comisión estima que se trata de un caso ocurrido en otra comunidad autónoma y, además, fuera de servicio, por lo que salvo petición expresa no emitirá ningún informe de conclusiones.

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca es un órgano relativa reciente, surgido al calor de la reforma de la ley de Policía en la segunda de las tres legislaturas de Iñigo Urkullu. Fue a finales de 2021 cuando Ibarra accedió a la presidencia y en 2022 cuando empezaron a trascender sus primeros informes. El más relevante ha motivado que todos los agentes tengan que portar cámaras para grabar su actuaciones. En los últimos meses se han sucedido los casos en los que ha iniciado investigaciones y está pendiente, por ejemplo, un dictamen sobre el operativo que se saldó con una mujer herida en la cabeza durante el último partido de Champions League de la Real Sociedad en Anoeta, el que le enfrentó en marzo al PSG francés.

En una de sus primeras actuaciones en el cargo, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha escrito una carta a la familia de la mujer que denunció haber recibido el impacto de un proyectil de 'foam' en la cabeza durante las cargas de la Ertzaintza que se produjeron en el último partido de Champions League que jugó la Real Sociedad en Anoeta, el que jugó contra el PSG francés el 5 de marzo. Una magistrada de Donostia, la titular de Instrucción 4, Ana Isabel Pérez Asenjo, decretó a mediados de mayo el archivo provisional de la investigación al no haber encontrado un autor concreto del disparo del material antidisturbios, aunque sí está probado que los agentes emplearon el armamento esa noche. Lo hizo sin haber tomado declaración a la víctima y sin haber escrutado el último informe de Asuntos Internos de la propia Policía vasca, que llegó después, ya en junio. También después ha aparecido un vídeo en el que, según denuncia la familia, un agente propina una patada a la víctima después de que se hubiese incorporado desorientada tras lo que describe como una “detonación” que le impactó en el lado izquierdo de la cabeza y que la dejó sin audición por unos momentos. Ese vídeo era diferente al que les había proporcionado la Ertzaintza antes, indican.

Los abogados de la familia han presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa para intentar que se reabra la investigación. En puridad, se han cerrado todas las denuncias de particulares contra la Policía por las actuaciones en el estadio ahora llamado Reale Arena en aquella noche de marzo. Solamente sigue viva una causa de la Ertzaintza contra personas que les increparon y agredieron. La comisión de control y transparencia, un organismo externo y dirigido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, sí mantiene abierta una investigación. Se inició a las 72 horas de los hechos y en ella se apuntaba a que la víctima precisaba de una exploración “forense” para determinar si sus lesiones, perfectamente acreditadas en informes médicos, eran o no “compatibles” con el nuevo material de la Ertzaintza que sustituyó a las pelotas de goma precisamente después de que una de ellas impactara en la cabeza de un aficionado del Athletic de Bilbao, Íñigo Cabacas, que murió en el hospital por el traumatismo. Pero ese análisis tampoco se ha realizado. elDiario.es/Euskadi, con base en los informes de Asuntos Internos de la Ertzaintza, reconstruye lo ocurrido en Donostia aquella noche del 5 de marzo de 2024.

1 - El contexto

Las cargas en Anoeta se produjeron en un contexto muy concreto. Tolosa, noche del 12 al 13 de febrero: un menor resultó herido en un ojo por el impacto tras un rebote de un proyectil de 'foam' lanzado por la Ertzaintza, que intervino por unos altercados nocturnos durante el Carnaval. Donostia, 27 de febrero: se produjeron problemas en el partido entre la Real Sociedad y el Mallorca de la Copa del Rey. Bilbao, 29 de febrero: nuevos incidentes en la Copa del Rey, esta vez en el partido entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. Vitoria, 3 de marzo: los antidisturbios cargan durante la manifestación en homenaje a las víctimas del 3 de marzo de 1976 y en una grabación se ve a un agente uniformado golpeando a un colega de paisano y se denuncian lesiones por parte de algunos de los asistentes.

Ese mismo martes, a mediodía, el entonces consejero de Seguridad, el vicelehendakari Josu Erkoreka, compareció en rueda de prensa. Se informó de que, en el marco dispositivo previo a un partido de alto riesgo como era el del PSG, se había identificado a más de un centenar de ultras de uno y otro equipo y decomisado material lesivo. Erkoreka añadió, preguntado por la concatenación de actuaciones controvertidas, que la “trastienda” de la izquierda abertzale estaba causando incidentes de modo organizado para alentar el debate sobre el “modelo policial” en puertas de unas elecciones, las autonómicas del 21 de abril. Precisamente por el contexto electoral Erkoreka nunca compareció en el Parlamento para atender algunas peticiones de la oposición, principalmente de Podemos y EH Bildu, en torno a estos hechos.

2 - El relato de la víctima

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza citó a la denunciante en una comisaría de Gipuzkoa 48 horas después de que los medios de comunicación informaran del archivo de la investigación judicial. El agente C49L9 tomó declaración a la mujer “en relación con los incidentes de orden público que tuvieron lugar el día 5 de marzo de 2024 en Donostia-San Sebastián, en el marco del partido de fútbol entre la Real Sociedad y el Paris Saint Germain”, aunque ella nunca formó parte de ellos.

—¿Recuerda los hechos?

—Sí, lo recuerdo.

Así arrancó la comparecencia. La mujer explicó que a las 20.30 horas llegó en el Topo, como se conoce al servicio de Cercanías de Euskotren que une Donostia con Hendaya, a las inmediaciones del Reale Arena. Iba con su marido y con su hijo, menor de edad. Padre y niño entraron al estadio pero ella necesitaba cobertura de datos para descargar la entrada y se alejó un instante de nuevo hacia la zona de la estación. Se quedó en la mediana del paseo de Errondo. Mientras consultaba su teléfono, “repentinamente” observó que más de una decena de antidisturbios de la Ertzaintza se acercaban “a la carrera”. “Intenté alejarme de la zona, corriendo en dirección hacia el estadio. Pero, en ese mismo instante, escuché un ruido fuerte, una detonación. Noté un fuerte impacto en la zona lateral izquierda de la cabeza, en la zona del oído. A consecuencia de dicho impacto, resulté precipitada en el suelo sobre el costado derecho. Percibí un fuerte dolor en la cabeza en dicha zona y pérdida momentánea del oído”, indicó. [El testimonio original está transcrito en tercera persona y se ha adaptado]. El agente que tomó la declaración concluye que “a pesar de que no pudo ver a ningún agente disparando” ni “localizar ningún proyectil” lo “achacó” a un “pelotazo de la Ertzaintza”.

La mujer se levantó, buscó refugio en la estación del Topo, pero los vigilantes impedían el paso. “Como me encontraba mareada, me agaché en cuclillas en una pared”, contó también. Es ahí donde un agente figura en el vídeo conocido después del cierre de la causa judicial propinándole una patada. Recibió ayuda de una persona de habla francesa. También de dos chicas. Pudo llamar a su marido y le contó que había recibido “un pelotazo” de la Ertzaintza. No le dieron “trascendencia” a las lesiones y entraron en familia al campo. Pero lo abandonaron sin ver el resultado final -la eliminación europea de su equipo- y buscaron asistencia médica. Acabó ingresada en la UCI. La comparecencia duró 135 minutos y terminó con la mujer remarcando que su relato “es verdad”.

3 - La versión oficial

El agente 22120 es el autor del informe final de Asuntos Internos sobre este asunto. La conclusión es que no hay conclusión, es decir, que es indemostrable que un proyectil de 'foam' causase las heridas de la denunciante. También se apunta que la patada es más un “tropiezo” de un ertzaina. Se concede que víctima y antidisturbios tuvieron una coincidencia “espacio/temporal” en los aledaños de Anoeta, pero se recalca que lo relevante de la noche fueron los continuados disturbios y los ataques sufridos por los agentes intervinientes.

De hecho, el atestado arranca mucho antes incluso de que la familia de la mujer saliera de su casa y cogiera el Topo. El informe empieza con unos “incidentes” a las 19.30 horas. “Grupos de alborotadores” atacaron a la Ertzaintza desplegada. Textualmente, y sin que la denunciante participara en ningún momento en ellos, se indica que “por estos hechos se instruyeron diferentes atestados, entre ellos el presente”. Se detalla casos de agentes con heridas en la cara o incluso en los genitales.

“En lo referente a las lesiones denunciadas, se entendió que esta última cámara [de la Guardia Municipal de Donostia en la rotonda Aita Donosti] recogía un episodio, la caída de una persona frente al avance de una línea de ertzainas”, se indica. La Policía habla de “baja calidad” de la grabación y que encomendó a una empresa externa el “tratamiento y mejora” de la secuencia de vídeo para poder ver lo ocurrido “con mayor claridad”.

Se concreta que a las 20.42 horas el equipo de Reacción 1 de la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios del cuerpo, está ubicado en el paseo de Errondo. Estaba compuesto por tres 'francias', las 4MF41, 4MF44 y 4MF21. 'Francia' es el nombre que reciben internamente las furgonetas. Cada una tenía seis agentes, dieciocho en total. Al cargo del equipo estaba el oficial con código profesional M11N9. Vestían buzos negros con su número profesional visible, cascos, escudos y lanzadores de 'foam'. En la retaguardia estaba Reacción 2, pero no intervino en estos hechos.

Explica la Ertzaintza que en la zona de la estación del Topo había un grupo de “alborotadores”. Cuatro carriles, dos líneas de aparcamiento y una mediana los separaban de la dotación. Son unos 60 metros. En ese momento, en medio de ambos, decenas de personas cruzaban a un lado y a otro. Son aficionados totalmente ajenos a cualquier incidencia. También la víctima. Se justifica la carga como un “avance” en la posición. Allí “se observa” que una persona, en la mediana, cae “de forma súbita”. La Policía alimenta como hipótesis que un varón “encapuchado” con el que se cruzó chocara con ella, pero concede que quizás sea un “efecto óptico” de la grabación. La víctima nunca ha mencionado a esa persona y, además, un golpe en la calle no causa lesiones en la cabeza. Esa tercera persona nunca lanzó un objeto a los policías, según la investigación. Consta también que uno de los miembros de Reacción 1 se quedó atrás caído en el suelo.

El informe muestra que la víctima se levantó y se refugió, efectivamente, en la entrada de la estación. ¿Cómo explica la versión oficial la patada que denuncia? “No se puede afirmar con rotundidad, debido a la baja calidad de las imágenes, pero da la sensación de que en ese instante un ertzaina evita tropezar con ella mientras permanece en el suelo. El agente parece perder momentáneamente el equilibrio, no pudiendo afirmarse si llega a colisionar contra ella”, describen.

El informe de Asuntos Internos entrevista a dos agentes. Son los dos mandos al cargo de Reacción 1 y Reacción 2. Esa comparecencias tuvieron lugar en marzo, pocos días después del partido. M11N9, el oficial responsable de la unidad que intervino, inicia el relato de lo ocurrido a las 19.15 horas, es decir, noventa minutos antes de la aparición de la mujer herida. Habla de “piedras”, “botellas” y otros objetos contundentes contra sus hombres y mujeres. Señala que 23083, 25088 y H85E1 salieron heridos. Sobre los hechos concretos, admite que había 60 metros entre la línea policial y la estación donde estaban los “alborotadores” identificados. Se estaban “aprovisionando” de “objetos arrojadizos” y pidió permiso al “mando táctico” de la Brigada Móvil para cargar. No lo recibió y necesitó pedirlo dos veces más. Asume que había “viandantes ajenos” en medio y que, en esa “carrera”, una persona se había caído. No reconoce ningún disparo en ese momento. Solamente en el repliegue y en dirección al colegio Amara Berri. Se empleó, según esta versión, un solo cartucho del tipo más suave, el SIR.

4 - El armamento empleado

Tras la muerte de Cabacas, cambiaron todos los protocolos antidisturbios de la Ertzaintza. Para empezar, nunca se volvió a disparar una pelota de goma, aunque técnicamente la Brigada Móvil mantiene las escopetas en su dotación. Es precisa una orden del viceconsejero de Seguridad para usarlas y ni Josu Zubiaga ni Rodrigo Gartzia la han dado desde 2012. También es ya obligatorio registrar qué armas se disparan y cuántos proyectiles se emplean, además del tipo. El armamento ordinario es un lanzador de 'foam', más preciso y menos letal que las bolas de caucho pero que exige disparos por debajo de la cintura y una determinada gama de distancias igualmente. El equipo de Reacción 1 disparó diez balas de 'foam' del tipo SIR y una del tipo SIR X, que es más dura y causa más dolor en la zona de impacto. Perdió por el camino dos cartuchos de SIR X. Se realizaron también salvas o disparos en vacío, ruidosos pero inofensivos.

Pero la Ertzaintza no admite que hubiera uso de los lanzadores durante el “avance” en el cayó desplomada la denunciante. “Respecto al uso de esta munición, es importante destacar que, más allá de lo expuesto por los agentes actuantes en sus comparecencias, en el caso que nos ocupa no ha sido posible determinar el momento o lugar exactos en que fueron empleadas. Existe constancia de su uso en momentos y lugares anteriores a la aparición en escena de la mujer [...] pero no en esa zona o momento concreto”, describen. ¿Portaban lanzadores? Sí. ¿Si los usaron estaría justificado y sería proporcional? También, porque “en el mismo momento” había una “pluralidad” de personas “en claro lanzamiento de objetos” hacia Reacción 1. La Policía, al menos, concede que no fueron esos objetos los que causaron las lesiones de la víctima.

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, presidida por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, investigará la actuación de seis ertzainas y cuatro agentes municipales de Irún del pasado verano en la que uno de los del primer grupo propinó un puñetazo en la cara a un hombre que ni siquiera estaba detenido. Este análisis se suma al anunciado por Asuntos Internos de la Ertzaintza, que abrió diligencias este viernes, cuando estos hechos trascendieron después de que empezara a circular por redes sociales un vídeo con toda la secuencia. De modo cautelar, el Departamento de Seguridad ha decidido apartar al ertzaina identificado como autor de la agresión. “Es evidente que no puede tratar con gente”, sostienen las fuentes consultadas.

En la grabación se aprecia claramente a un hombre rodeado de policías de los dos cuerpos quejándose de que había recibido un golpe. Acto seguido, uno de los ertzainas uniformados le propina un fuerte puñetazo en la cara y lo derriba al suelo. “Cállate ya, coño. Se acabó la tontería. ¡Se acabo la tontería! ¡Venga! ¡Venga!”, se escucha en el vídeo. Desde la Ertzaintza insisten en que no se tenía conocimiento de lo ocurrido hasta que empezó a moverse a través de diferentes plataformas este viernes y argumentan que han actuado de inmediato.

“Es un hecho muy aislado pero que incuestionablemente daña la imagen de la Ertzaintza”, reconocen fuentes oficiales, que insisten en que se analizará por parte de Asuntos Internos la intervención del agresor pero también de los otros cinco ertzainas porque “no hacen nada” para impedirla o después para socorrer al hombre golpeado. Es más, la intervención policial se acaba con el golpe y todos los presentes abandonan el lugar cuando el varón queda tendido en el suelo. La Ertzaintza ha comunicado también sus decisiones al Ayuntamiento de Irún para que decida qué medidas adoptar en el caso de las dos patrullas locales que acompañaban a las autonómicas.

La investigación de Asuntos Internos determinará las posibles responsabilidades disciplinarias. La de la Comisión de Control y Transparencia, que ha recibido el encargo este martes, abarcará también posibles recomendaciones para mejorar la actuación policial. Tiene también jurisdicción sobre los cuerpos municipales. Este foro ya emitió un primer y muy contundente informe sobre una detención en Bilbao. De él se derivaron recomendaciones sobre la grabación de este tipo de actuaciones en la calle -que lleva retraso en su aplicación- o la importancia de que los atestados policiales sean fidedignos para evitar posibles excesos. Se llegaba a plantear que los ertzainas comparecieran por separado y no uno por uno para evitar casos de corporativismo.

La comisión dirigida por Ibarra se creó al calor de la nueva ley de Policía, promulgada en 2019. Sin embargo, al margen del caso de Bilbao, incuestionablemente su pronunciamento de mayor calado, ha sido en los últimos meses cuando ha adquirido especial protagonismo. Se han analizado intervenciones antidisturbios en Tolosa, Anoeta o Vitoria, por ejemplo, así como la muerte de una persona que iba a ser trasladada en ambulancia en Astigarraga.

La Ertzaintza va a investigar en calidad de Policía judicial la intervención con arma de fuego de agentes locales de Barakaldo este jueves y en la que resultaron heridas dos personas, una de ellas de gravedad y que continúa hospitalizada en Cruces. Asimimo, la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo (PNV), se ha dirigido por escrito a la comisión de control y transparencia de la Policía vasca confirmando estos hechos. Este órgano abrirá también otra investigación, la primera de su historia por el empleo de armas de fuego.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 8.30 horas en una zona de túnel bajo el puente de Rontegi, que une ambas márgenes de la ría del Nervión-Ibaizabal, y que se iba a tapiar, por lo que tocaba proceder al desalojo. En un escueto comunicado, la Policía autonómica ha indicado que los agentes de Barakaldo arrestaron a tres personas “por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad” y que dos de ellos han pasado ya a disposición judicial. El tercero -se indica- “continúa ingresado”. La alcaldesa Del Campo, en el primer informe sobre los hechos, no ha ocultado la “gravedad” del varón que resultó peor parado.

La investigación ha pasado a la Ertzaintza “dado que en el transcurso de los hechos un agente de la Udaltzaingoa -policía local- utilizó el arma reglamentaria”. Las pesquisas son dobles. Por un lado, se analizarán como tal las acusaciones contra estos tres hombres. Se les decomisaron dos armas blancas “en el lugar de los hechos”. Sindicatos policiales manifestaron a la Cadena Ser que el uso de la pistola vino motivado por un intento de agresión con un cuchillo: “Era una ratonera”. Pero, por otro lado, “paralelamente se han abierto diligencias para esclarecer las circunstancias que concurrieron en la actuación policial”.

A esa investigación se sumará la del organismo externo creado en la reforma de la ley de Policía en 2019 y que está dirigido por Juan Luis Ibarra, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Se trata de un órgano de control y transparencia relativamente nuevo, pero en los últimos meses está adquiriendo gran protagonismo. La alcaldesa Del Campo se ha dirigido a él porque tiene competencias para intervenir tanto en operativos con heridos graves o controvertidos de la Ertzaintza como de los cuerpos municipales, como es el caso. Con todo, el edil de Seguridad de Barakaldo, Ángel Madrazo, que es de la parte del PSE-EE de la coalición de Gobierno, ha interpretado ya que la operación fue “correcta”, según recogió EiTB.

La gran novedad es que será la primera vez que revise una intervención con armas de fuego, que son excepcionalísimas aunque precisamente se acaba de aprobar un nuevo decreto para armar a todos agentes de Policía local, con un período de adaptación más largo para los más pequeños. El borrador lo adelantó este periódico en agosto, se aprobó a principios de marzo y ahora está ya en vigor tras haber aparecido en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). En concreto, habrá un año de plazo para que los municipios compren las pistolas y la munición y adapten sus comisarías para hacer uso de las armas con seguridad en caso de que no lo tengan ya. Pero serán cinco para pueblos de menos de 5.000 habitantes. Los cuerpos locales tienen unos 3.000 agentes en Euskadi y unos 2.600 ya trabajan con armas de fuego, como la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Más en detalles, de 82 municipios con su propia Policía, 42 la tienen armada y 40 no. Los que no son más pequeños y la mayoría están en Gipuzkoa. Muchos son gobernados por EH Bildu, que ha criticado esta medida prevista también en la ley de Policía de 2019.

La comisión también ha recibido este mismo año, en el que de nuevo se ha puesto en el centro del debate el modelo policial vasco en puertas de unas autonómicas, sus primeros casos de heridos por otro tipo de munición, el 'foam' empleado en las cargas antidisturbios. En concreto, hubo un menor lesionado en Tolosa durante el Carnaval y una mujer con un impacto del proyectil en la parte de trasera de su cabeza en el contexto de los altercados previos a un partido de la Real Sociedad. El grueso de sus revisiones han sido sobre actuaciones de la Ertzaintza, pero también hay abierta una investigación por una detención de un menor en Vitoria que iba en patinete a cargo de agentes municipales y que fue grabada y difundida en redes sociales.

El Departamento de Seguridad, dirigido por el vicelehendakari, Josu Erkoreka, ha explicado en un comunicado que el varón fallecido en febrero en Astigarraga después de haber sido retenido por agentes de la Ertzaintza y municipales e introducido en una ambulancia que tenía que trasladarle a un centro hospitalario murió como consecuencia de “lesiones autoinfligidas” y no por la intervención policial. Este caso tuvo lugar el 2 de febrero, elDiario.es/Euskadi lo contó el 29 de febrero y el 6 de marzo este periódico publicó también un informe de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un órgano externo dirigido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, en el que ya se apuntaba a esa hipótesis y se indicaba que no había elementos para concluir que la muerte “tuviera lugar en el curso de una situación de custodia policial”.

Señala Seguridad ahora -ha informado por vez primera de este caso casi dos meses después a la luz de una publicación de esta semana en otro medio de comunicación, 'Gara'-, que “no consta denuncia alguna en relación con los hechos publicados”, aunque la familia del varón fallecido, que responde a las siglas E.V.N., reclama responsabilidades adicionales a la Policía por lo ocurrido, ya que interpreta que pudieron producirse excesos. El Ejecutivo insiste en que “en la actuación policial participaron agentes de la Policía Local” de Astigarraga también, además de las patrullas de la Ertzaintza, adscritas a la comisaría de Hernani.

Añade el comunicado oficial que “el hombre fallecido no fue en ningún momento detenido”, sino que “fue inmovilizado por los agentes para evitar que continuara autolesionándose dado su estado visible de máxima agitación”. “El objetivo de la actuación policial fue conseguir introducir a esta persona en una ambulancia (que estaba en en el lugar de los hechos) para ser atendida por el personal sanitario (sin riesgo para ellos) ya que presentaba un cuadro de lesiones autoinfligidas derivadas de su estado de exaltación. La actuación policial fue pública: se desarrolló delante de numerosas personas residentes en el vecindario que han prestado declaración en calidad de testigos”, abunda la nota de Seguridad, que no desea dar más “detalles” sobre la “actuación policial” por “respeto al hombre fallecido y sus personas allegadas”:

¿Qué sucedió? Tal y como era público desde hace semanas, antes de las 14.43 horas de ese viernes 2 de febrero, la hora fijada de la muerte, en unas viviendas de la zona de Kontxa Etxebarria de Astigarraga el hombre que acabó muriendo estaba descolgándose y pasando de un balcón a otro. Una patrulla de la comisaría de Hernani de la Ertzaintza actuó junto con tres agentes de la Policía municipal de Astigarraga antes de que llegara la ambulancia medicalizada donde murió. Procedieron a su “inmovilización” mediante la “sujeción de manos y pies”. Se indica que se quisieron evitar más “acciones descontroladas y violentas”, ya que “al parecer” tenía un cuadro de “sobredosis de sustancias estupefacientes”. Luego fueron los agentes los que colaboraron en meterlo al vehículo de Osakidetza. Estos datos constan en el informe de la comisión de control y transparencia, conocido el 6 de marzo.

“Los hechos reflejados en la documentación remitida no permiten apreciar que el fallecimiento de E.V.N. se produjera en el contexto de una intervención u operativo policial. [...]. No se cumplen con los requisitos que habilitan la actuación preceptiva de oficio de esta comisión”, abundaba el dictamen del caso. En todo caso, este grupo de trabajo sí demandó al viceconsejero de Seguridad, a Rodrigo Gartzia, que informase a la comisión de las “eventuales actuaciones de investigación que en el futuro pudieran revelar nuevos datos distintos de los ya comunicados sobre las circunstancias y las causas del fallecimiento”.

De su lado, el portavoz de EH Bildu en la comisión de Seguridad del Parlamento Vasco, Julen Arzuaga, ha pedido explicaciones a Erkoreka. Tendría que hacerlo compareciendo en la diputación permanente, ya que la Cámara está disuelta hasta las elecciones. Ha indicado que la familia del fallecido ha trasladado a su formación “lo que entendían que había sido una actuación de brutalidad policial desproporcional y desajustada a las circunstancias”.