El juicio del caso Kitchen alcanza este jueves su cénit con la declaración del principal acusado, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el político 15 años de prisión como máximo responsable del espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. La operación Kitchen, como el comisario Villarejo bautizó al dispositivo, pretendía robar las pruebas que el extesorero del Partido Popular pudiera esconder de la financiación irregular de la formación durante más de veinte años. 

Fernández Díaz está en el mismo origen de la operación Kitchen, según la acusación. El exministro dejó el primer rastro que consta de la maniobra ilegal. El 13 de julio de 2013, a las 20:29, el entonces ministro del Interior envió un mensaje a su número dos, Francisco Martínez: “Chofer. B: Sergio Ríos Esgueva (ahora hay esa función con su mujer). Es importante”. Ríos Esgueva era el chófer de la familia Bárcenas que la brigada política captó como topo y pagó con los fondos reservados.

En el momento del mensaje, Bárcenas llevaba dos semanas en la cárcel y el juez Pablo Ruz le había citado tres días después a declarar. El extesorero había pedido hacerlo de forma voluntaria. Todas las alarmas estaban encendidas en la sede del PP en Génova ante la posibilidad de que Luis Bárcenas confesara la gestión de dos décadas de dinero negro de los empresarios. Unos fondos sin declarar que fueron utilizados para financiar el partido y pagar los sobresueldos de sus dirigentes, incluido el que aparece en los papeles como “M. Rajoy”.

El secretario de Estado de Seguridad con la Kitchen, Francisco Martínez, aportó el anterior mensaje y otros tres ante dos notarios en 2020. Circulaba ya el insistente rumor de que el número dos de Interior iba a ser imputado por la operación ilegal. Martínez leyó una entrevista a Fernández Díaz en la que el ministro se desentendía de cualquier operativo siquiera parecido a la Operación Kitchen y decidió anticiparse entregando a los notarios la prueba de que el ministro mentía. 

No ha habido más indicios directos de la implicación de Jorge Fernández Díaz en la operación. Es por eso que la defensa del exministro se centra en desacreditar los mensajes de WhatsApp. Durante la vista han declarado los dos peritos a los que acudió Martínez. Los dos han confirmado que se limitaron a comprobar que esos mensajes estaban en el teléfono propiedad del antiguo secretario de Estado y que habían sido enviados por alguien que aparecía identificado en el terminal como “Jorge Fernández Díaz”, pero que sus competencias no incluyen una pericial para determinar que ese número corresponde a determinado abonado. 

Cuando Fernández Díaz termine de prestar declaración le seguirá Martínez. Ambos protagonizaron un agrio enfrentamiento en el careo que organizó García Castellón en fase de instrucción. Martínez, sobre el que se especuló si elevaría las responsabilidades de Kitchen hacia arriba, mantiene una actitud conciliadora en los últimos años. En el Congreso justificó los comentarios incautados por la Policía en su móvil contra Rajoy, Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Fernández Díaz por la ofuscación y la soledad que llegó a sentir. 

Durante las sesiones del juicio, Martínez y el ministro se han comportado de forma cordial entre ellos. Sus abogados también han colaborado. El letrado de Martínez no formuló una sola pregunta al perito de la defensa que asegura que los mensajes ante notario están manipulados. El letrado Pedro Colina, del despacho de José Antonio Choclán, accedió a la petición de la defensa de Fernández Díaz de que el turno de sus declaraciones cambiara y el ministro fuera antes. Jesús Mandri, en representación de Fernández Díaz, utilizó el argumento de que todo lo que hay contra su cliente son los mensajes aportados por Martínez ante notario y que la Policía nunca encontró en su móvil cuando se presentó por sorpresa en su domicilio, en marzo de 2020.

Hasta ahora, la tesis de Francisco Martínez es la misma que la del grueso de los acusados: la Kitchen no existió, lo que ocurrió fue que la Policía emprendió una “operación de inteligencia” que buscaba el dinero de Bárcenas —pese a que ya habían aparecido 47 millones en Suiza— y a sus testaferros dentro de los casos caja B y Gürtel. La tesis se desmorona ante la evidencia de que el juez Pablo Ruz y el investigador policial a sus órdenes, Manuel Morocho, nunca supieron de la Kitchen mientras se estaban desplegando los seguimientos y la sustracción de información a la familia. Así lo ha detallado Morocho en su comparecencia en el juicio como testigo. 

La tesis de García Castellón

La tesis que ha llegado hasta el juicio es la del juez instructor, Manuel García Castellón, quien cerró el caso situando en su cúspide a Fernández Díaz. Los fiscales de Anticorrupción que impulsaron el caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, denunciaron en el recurso contra el cierre de la instrucción de que García Castellón hubiera dibujado “una línea roja” de protección alrededor de la cúpula del Partido Popular y no ahondara en la línea de investigación que apuntaba abrumadoramente hacia María Dolores de Cospedal, la secretaria general de la formación.

Según esta tesis del juez, Fernández Díaz ideó la Kitchen sin comentarlo con su amigo y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y lo hizo pese a que el ministro no aparecía en los papeles de Bárcenas y la prueba que pretendía robar el Ministerio del Interior era una supuesta grabación en la que Rajoy aparece hablando de la caja B con Bárcenas.

La misma tesis sostiene que las reuniones entre Cospedal y el comisario Villarejo estaban amparadas por el “derecho de reunión” y las instrucciones de la número dos del PP para “parar la libretita” (los papeles de Bárcenas) no son indicio para investigarla. Tampoco sumó para García Castellón las anotaciones de pago de Cospedal al comisario recogidas en las agendas de Villarejo, a las que la Policía da total credibilidad. 

La Audiencia Nacional ha condenado a tres años y medio de prisión al comisario jubilado José Manuel Villarejo por el denominado 'caso Dina', en el que accedió y distribuyó a dos medios de comunicación el contenido de la tarjeta de un móvil robado en noviembre de 2015 a Dina Bousselham, quien era asesora del entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

En una sentencia recogida por Europa Press, los magistrados ven probados los hechos y condenan a Villarejo como autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido por un funcionario público, y le imponen el pago de una indemnización a Bousselham e Iglesias de 5.000 y 1.000 euros respectivamente, por las que responderá en calidad de responsable civil subsidiario la Administración General del Estado.

El tribunal aplica a Villarejo la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la formación de la pieza judicial separada en 2017 y su enjuiciamiento, por lo que la condena es menor de la pena que pedía la Fiscalía, de cinco años de prisión.

El juicio indagaba en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Iglesias desde que le robaron el móvil en 2015, mientras compraba en un Ikea junto a su entonces pareja, hasta que parte de la información que contenía el dispositivo apareció publicada en diversos medios de comunicación.

La actual secretaria de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado que “hoy por fin se hace un poco de justicia”, aunque subraya que “es imposible reparar el daño que se hizo, no ya a Pablo Iglesias o a Dina Bousselham, sino a la democracia española”.

Otros líderes de la organización política como la eurodiputada Irene Montero o el secretario de Organización de Podemos Pablo Fernández también han dado la enhorabuena a sus compañeros de partido y han afirmado que el daño ha sido “irreparable”. Tanto Montero como Fernández han cuestionado que no se incluyeran en la causa las patas “política, mediática y judicial” que, a su juicio, “organizó la trama”.

El juicio del caso Kitchen alcanza este jueves uno de sus momentos álgidos con la declaración ante el tribunal de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. La imagen simboliza una investigación frustrada. Ambos declaran como testigos después de que el juez Manuel García Castellón impidiera a los primeros fiscales Anticorrupción del caso ahondar en los indicios contra la secretaria general del PP y tampoco hacer las mínimas comprobaciones respecto a los que afloraron sobre el presidente del Gobierno.

Abrirá la jornada Mariano Rajoy. El expresidente del PP y del Ejecutivo nunca declaró en fase de instrucción. Luego vendrá el turno de Cospedal, quien podrá estar acompañada de un abogado porque el tribunal valora que el archivo de la causa contra ella es provisional y puede revertirse.

En el caso de la antigua secretaria general del PP, la breve imputación que dictó contra ella García Castellón tiene un efecto retardado y otra vez favorable para Cospedal. Pese a comparecer como testigo, Cospedal podrá negarse a contestar cualquier pregunta cuya respuesta pudiera incriminarla. Se trata de una garantía consecuencia de haber sido imputada por un corto espacio de tiempo por García Castellón. Si aparecen en el juicio indicios contra la secretaria general que permitan volverla a imputar no podrá ser, en ningún caso, fruto de las preguntas que le hagan las acusaciones.

Las restricciones a las preguntas a Mariano Rajoy no serán tan exigentes, si bien la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ya ha impedido que se formulen a otros testigos cuestiones que puedan derivar en la incriminación del compareciente. Se trata de la tercera vez que Rajoy declara como testigo en un juicio de la Audiencia Nacional. Lo hizo siendo presidente del Gobierno, con el privilegio de sentarse en estrados; con posterioridad repitió en la vista por la pieza separada de la caja B, por videoconferencia y ya habiendo dejado el Gobierno; y repetirá mañana en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

El testimonio más valioso para las acusaciones durante el juicio ha sido, hasta ahora, el del inspector jefe de Asuntos Internos Gonzalo Fraga, responsable policial de la investigación. Uno de los atestados firmados por el policía estaba destinado, a petición del juez, a clarificar a quiénes pertenecían los alias que pronunciaban Villarejo y sus compinches en las grabaciones incautadas. Fraga dijo que 'El Asturiano' y 'El Barbas' eran utilizados para referirse a Mariano Rajoy Brey. “No ofrece dudas”, zanjó el policía.

Villarejo y otros investigados aludían al expresidente del Gobierno como conocedor de la operación y se referían a él como objeto de sus peticiones y quejas. El comisario Villarejo ofreció en la comisión de investigación del Congreso el número de teléfono móvil al que asegura que escribía para tener a Rajoy informado personalmente de la operación para sabotear el caso de la caja B del PP que investigaba la Audiencia Nacional.

A continuación, el juez le citó y el comisario le entregó ese número de teléfono. Dio tiempo para averiguar que la línea telefónica, efectivamente, pertenecía al PP. Pero antes de que se lograra conocer a quien estaba asignado en el momento de los hechos, García Castellón cerró el caso, el 29 de julio de 2021, con diligencias aún por practicar. Quedó flotando la duda de si la afirmación de Villarejo tenía fundamento o era otro juego de prestidigitación del policía: una verdad, la existencia del número de teléfono y su uso por Rajoy, junto a una mentira, que él se hubiera escrito con el presidente alguna vez y no conservara los mensajes. 

La incógnita sobre la grabación

Rajoy también fue protagonista de la declaración durante seis horas de Luis Bárcenas como perjudicado de la operación Kitchen. Bárcenas explicó que en 2010, cuando ya había estallado el caso Gürtel y él estaba imputado, subió al despacho de Mariano Rajoy y le entregó “una fotocopia” con el saldo que quedaba de la caja B para su liquidación. “Ya no tenía sentido seguir”, afirmó.

Según el relato de Bárcenas, el presidente se mostró “extrañado” de que pudiera haber un rastro documental de los ingresos de dinero negro de los empresarios y el reparto en forma de sobresueldos y financiación de campañas. A continuación, Rajoy habría tomado el papel y, sin levantarse de su silla, se giró y lo introdujo en una máquina trituradora. “Se oye en la grabación”, explicó el extesorero. Nadie más que él ha escuchado esa grabación, señaló. Bárcenas defiende que la brigada política robó una copia del taller de su mujer mientras él estaba en la cárcel.

El segundo obstáculo al que se enfrentan las acusaciones en sus interrogatorios de este jueves con los hechos que no son objeto de la causa, hayan sido ya juzgados o no. La presidenta del tribunal ha permitido preguntas sobre ellos si servían para esclarecer algo relacionado con la operación de espionaje a Bárcenas. De continuar con este proceder, nadie podrá preguntar directamente al expresidente si él es el “M. Rajoy” que aparece como perceptor de dinero negro de los empresarios en los 'papeles de Bárcenas', por ejemplo.

En el caso de la grabación, las preguntas estaban justificadas porque el extesorero la incluye entre el material que los comisarios le sustrajeron. Resta saber si la presidenta permitirá preguntar por su existencia a Rajoy. El fiscal ya advirtió que, con independencia de que existiera, los acusados responden por haber montado una operación ilegal para, entre otro material, robar la grabación que ellos creían que escondía Bárcenas. En el juicio de la caja B, también como testigo, Rajoy negó que la reunión que recogería ese audio se produjera. “Es metafísicamente imposible”, dijo entonces.

Los indicios contra Cospedal, fuera del juicio

La declaración este miércoles del exmarido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, anticipa una declaración descafeinada de la antigua número dos del PP. La magistrada Palacios cortó reiteradamente a la acusación popular que ejerce el PSOE porque las preguntas se tenían que ceñir a aclarar los hechos que se investigan. Y esos hechos los delimitó ya el instructor, García Castellón. En la causa que se juzga el sospechoso de ser el máximo responsable de la operación Kitchen es Jorge Fernández Díaz. Nadie por encima de él en aquel Gobierno. Tampoco en el partido. Por este motivo, Rajoy y Cospedal solo son citados ante su posible contribución a esclarecer la responsabilidad de los diez acusados.

Así las cosas, López del Hierro se limitó a negar lo que Villarejo anotaba de sus contactos con él. Dijo que sus encuentros eran “coloquiales”, que tenían la oficina cerca y que nunca hablaban de trabajo. Solo reconoció conocer al comisario “desde los años noventa” y que fue él quien le presentó a su entonces esposa.

“Villarejo tenía interés y a mi mujer le pareció bien y les presenté. Hablaron de lo que Villarejo quería decirle y mi mujer expuso las preocupaciones que tenía en ese momento. Recuerdo algo relacionado con Rita Barberá porque mi mujer era muy amiga de ella”, ha dicho López del Hierro. Se refería a la grabación de 2009 en que, en pleno estallido del caso Gürtel, él y Cospedal le piden hacer “trabajos puntuales”, pese a que Villarejo era un comisario en activo destinado en el corazón de la seguridad del Estado. Después, dijo, no le constaban más encuentros entre Cospedal y el policía, pese a las evidencias reunidas por la investigación.

Los hallazgos de grabaciones y anotaciones al comisario permitieron acumular indicios contra Cospedal por su relación directa con Villarejo. Esas anotaciones incluían presuntos pagos al comisario realizados por el jefe de gabinete de la secretaria general del Partido Popular, José Luis Ortiz, quien también declarará este jueves. Ortiz estuvo imputado, como Cospedal, y podrá estar igualmente asistido por un abogado.

Ocho meses después de que Anticorrupción solicitara la imputación de Cospedal, el juez García Castellón se atrevió a citarla, solo después de evitar durante más de 78 minutos preguntar a Francisco Martínez, el número dos de Interior, por el papel de la secretaria general, algo a lo que se había comprometido a hacer el magistrado instructor en un auto y que no cumplió.

Pero la imputación de Cospedal duró poco, apenas dos meses. En el auto de cierre de la instrucción, García Castellón aludió al “derecho de reunión” que amparaba las reuniones y conversaciones a escondidas entre la secretaria general del PP y el comisario en activo. Durante el interrogatorio como imputada fue el propio juez quien introdujo en una de sus preguntas el “carácter social” de los encuentros entre ambos.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió y dejó una frase que retumbará durante toda la sesión del jueves en el juicio: “Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección [la cúpula del PP], como si se hubiera establecido un cordón o una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar”. La Sala de lo Penal rechazaría el recurso de la Fiscalía.

En 2022 hubo una nueva oportunidad para reabrir la causa. Fue con la publicación del audio de la conversación entre Cospedal y Villarejo en el que la primera le pide al comisario que “pare” la publicación de los 'papeles de Bárcenas', la prueba de la contabilidad en B del Partido Popular. García Castellón se volvió a negar y Anticorrupción, ya con uno de los fiscales fuera del caso, Ignacio Stampa, no recurrió por orden del jefe de la fiscalía especializada, Alejandro Luzón.

El tribunal de Kitchen resolvió este martes que la causa seguirá su curso sin retrotraerla a un punto donde María Dolores de Cospedal pudiera ser investigada. La magistrada Teresa Palacios explicó que la decisión sobre la imputación de Cospedal correspondería al juzgado de la Audiencia Nacional que instruyó el caso. Y como recordó, el juez Antonio Piña ha desestimado hace poco la pretensión que el PSOE reprodujo en la primera sesión del juicio. 

Hasta el 23 de abril, que comparecerá en el juicio como testigo, Cospedal seguirá flotando en la atmósfera de Kitchen. Hasta ahora, las corrientes del caso han arrastrado a la expolítica desde la situación de imputada (apenas dos meses), a la de una ciudadana que ejerció su “derecho de reunión” con el comisario Villarejo (García Castellón dixit). Y de ahí, a testigo, dentro de la lista de comparecientes que el mismo juez validó en su auto de apertura de juicio oral, hace más de dos años. Mientras tanto, allí abajo, en el procedimiento judicial, Jorge Fernández Díaz sigue sentado encima de la X de Kitchen, justo donde las acusaciones llevan años queriendo que aterrice la antigua secretaria general del PP. 

Para que eso termine ocurriendo, algo inesperado debe ocurrir en los próximos tres meses de juicio Kitchen. La investigación ha sido una lenta escalada en responsabilidades sobre quién ordenó montar un dispositivo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas con policías y dinero público. 

La participación de los comisarios fue conocida de inmediato. Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano introdujeron en su solicitud de registro a Villarejo en 2017 que se les permitiera requisar toda la documentación relacionada con la existencia de una organización criminal, sin tener que ceñirse a lo que hubiera sobre el proyecto King, el encargo que centraba las pesquisas. Aquel pequeño gesto, nada inocente, desató una tormenta sin precedentes. Se lo llevaron todo: cuarenta años de ilegalidades, incluida la “Operación Kitchen”. 

En esa carpeta figuraba la propia implicación de Villarejo en el asunto del chófer de los Bárcenas. Y también la de Enrique García Castaño, 'El Gordo'. Este decidió que ese marrón no se lo iba a comer. A principios de 2019, confesó a los fiscales que el encargo del espionaje a Bárcenas partió del director operativo de la Policía y del secretario de Estado de Seguridad. Y el secretario de Estado de Seguridad, cuando se vio acorralado, afloró los mensajes que implicaban al ministro del Interior. Y cuando las grabaciones de Villarejo, las anotaciones en su agenda y los mensajes de Francisco Martínez atraían a Cospedal hacia la X del caso, el juez García Castellón congeló la imagen: dio el caso por investigado y propuso mandarlo a juicio. 

Después se conocerían más audios de Cospedal con Villarejo. El último de ellos lo reveló elDiario.es hace cuatro meses. En él, la secretaria general del PP se queja al comisario, en 2013, de que tiene acceso a los informes policiales sobre la caja B del PP solo un día antes que el juez. No tuvo consecuencias. El juez Piña, sustituto de García Castellón, no vio motivo para cambiar su situación. Y Cospedal siguió flotando en la atmósfera de Kitchen. 

De aquí a finales de junio se conocerá si alguien decide 'aterrizar' a Cospedal. Un acusado, quizá un testigo... Francisco Martínez amagó en las reflexiones que escribió en su móvil y en los mensajes que mandaba, pero luego se retractó. No hay noticias de que planee dinamitar el juicio.

Hubo una vez que un juicio albergó un terremoto. Paco Camps había escapado del caso de la financiación irregular del PP valenciano. Hasta que en la vista oral, en 2018, Ricardo Costa se plantó ante el tribunal y reconoció la entrada de dinero negro en el partido. Costa señaló a Camps como “máximo responsable” de aquella operativa. El juez De la Mata, que aún instruía el caso Gürtel, imputó al expresidente de la Generalitat una pieza que aún seguía abierta. Con el tiempo, Camps también se libraría de esa acusación. 

Un instante de 2021 concreta la indefinición de Cospedal en este caso. Ocurrió el 2 de junio de 2021. Ella entra en escena por la izquierda del espectador caminando por un pasillo del Congreso de los Diputados. Dobla una esquina y se topa con el vacío. Nadie la espera pese a que estaba convocada para declarar en la comisión de investigación del caso Kitchen. No sale de su asombro.

Esa mañana había trascendido su imputación, una decisión que García Castellón había tomado el día anterior, ocho meses después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidiera. Nadie había llamado a Cospedal para avisarla de que su comparecencia quedaba suspendida. Y ella se quedó allí, flotando en la indefinición de un compareciente sin comisión.

Cospedal: ¿No hay reunión ni hay nadie aquí?

Periodista: Ha sido aplazada la comi… (sic).

Cospedal: ¿Cómo que ha sido aplazada?

Periodista: Nosotros nos hemos enterado por los grupos…

Cospedal: Pues me parece muy bien que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y no me he enterado.

Hoy comienza el juicio de la operación Kitchen. Llevamos años hablando de ella pero lo primero que hay que entender es exactamente qué juzga el caso Kitchen. Esta es una pata de tres, de los tres operativos del Gobierno de Rajoy con fondos reservados para actuar contra sus enemigos políticos primero en Catalunya, desprestigiando con informes falsos publicados por la prensa a los líderes del proceso soberanista. Luego, repitiendo ese modus operandi contra Podemos y sus responsables. Y en tercer lugar, la tercera pata de esa brigada política es la Operación Kitchen, la operación para sabotear el mayor caso de corrupción del Partido Popular. 

El periodista de elDiario.es Pedro Águeda nos va a acompañar en la narración de este capítulo, que hacemos porque seguimos teniendo la sensación de que no acaba de calar la importancia y la gravedad de un caso que no es solo corrupción. Es un caso para tapar la corrupción. En este capítulo escucharás audios que proceden de grabaciones judiciales o del propio comisario Villarejo. 

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'Juicio final a la guerra sucia del PP': un documental de elDiario.es sobre la Operación Kitchen

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El episodio del asalto en casa de los Bárcenas en 2013 por un hombre armado y disfrazado de cura es una de las incógnitas sin resolver del caso Kitchen. Guillermo 'Willy' Bárcenas, hijo del ex tesorero del PP, declaró ante el juez que no creía que el intento de secuestro fuera un hecho aislado: “La lógica me dice que tuvo que haber alguien detrás”, manifestó tras haber pedido personarse en la causa como perjudicado.

El falso cura, Enrique Olivares García, retuvo a la mujer de Bárcenas, su hijo y una trabajadora del hogar, les ató las manos y les amenazó para que entregaran “los pendrives” y la información relativa al proceso del ex tesorero. Según el relato del hijo de Bárcenas, les dijo: “La gente que me manda sabe que aquí se guarda información sensible”. “Estaba todo demasiado orquestado, planeado, con demasiados detalles”, explicó, y puso como ejemplo que conocía “su vida” e iba vestido de sacerdote porque sabía que su madre era una persona religiosa.

Bárcenas apuntó también que creía que el chófer infiltrado en la familia, Sergio Ríos, tenía conocimiento del asalto. “Cuando consigo quitarme las bridas y tirarle al suelo y le pego un par de puñetazos, a los dos minutos aparece Sergio, una cosa bastante rara (...) Me acuerdo de su cara al doblar el pasillo. La cara como de susto, no sé. Cara como de 'esto ha salido mal'”.

Enrique Olivares fue condenado a 22 años de prisión y murió en 2022. Todavía estaba sin aclarar cómo fue su presunta participación en la Operación Kitchen, si actuó por su cuenta o a las órdenes de algún “servicio de la seguridad del Estado”. El comisario Enrique García Castaño, El Gordo, negó que la actuación de Enrique Olivares fuera obra de la Policía. Le contó al juez García Castellón que en 40 años de encargos jamás se le habría ocurrido hacer algo propio de “una película de Alfredo Landa”.

Aquí puedes ver el documental especial de elDiario.es sobre la Operación Kitchen íntegro:

El abrupto cierre de la investigación del caso Kitchen decretado por el juez Manuel García Castellón en julio de 2021 impidió resolver varias incógnitas que habían surgido durante los más de tres años de investigación llevada a cabo por los fiscales Anticorrupción y los policías de Asuntos Internos. El episodio del asalto en casa de los Bárcenas por un hombre armado y disfrazado de cura y el espionaje al que fue sometido en la cárcel el ex tesorero son los más significativos. En ambos, la propia víctima apunta a la participación del Centro Nacional de Inteligencia, que ya había dejado rastro en grabaciones y seguimientos a la familia Bárcenas, y cuya implicación en el espionaje habían deslizado los investigadores y otros implicados. 

A esos indicios se suma ahora uno que había pasado inadvertido: las cámaras en el exterior del chalé de Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret colocadas presuntamente por el CNI. En el escrito de defensa de Francisco Martínez, ex número dos de Interior, se solicita la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Todas ellas serían ajenas a la actuación del Ministerio del Interior. 

Las imágenes captadas por las cámaras ocultas en el exterior del chalé de Baqueira fueron “remitidas al Ministerio del Interior el viernes 2 de agosto de 2013”, en pleno apogeo de la operación Kitchen, según refleja la defensa de Martínez en su escrito. El señalamiento del CNI queda en evidencia a continuación, cuando el ex número dos de Interior pide que se incorporen a la causa todos los autos dictados “por el magistrado especial del artículo 342 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, esto es, el juez del Supremo que autoriza en secreto las actividades del CNI. El tribunal del caso Kitchen decidirá al respecto en el trámite de las cuestiones previas del juicio. 

La conclusión de que la operación Kitchen fue ideada por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz sin la participación del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ni de la secretaria general del partido entonces, María Dolores de Cospedal, no es, por tanto, el único cabo suelto de la causa judicial. La posible participación del servicio de Inteligencia español aporta un tercer vértice a este triángulo de impunidad política: Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy y responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Al igual que Rajoy, Sáenz de Santamaría nunca fue citada a declarar en la instrucción del caso Kitchen. Pero al igual que el expresidente y Cospedal tendrá que comparecer como testigo en el juicio. 

El comisario de la Policía Enrique García Castaño no se sentará en el banquillo de Kitchen porque un accidente cardiovascular le ha dejado graves secuelas. Fue él quien en fase de instrucción decidió colaborar y señaló al secretario de Estado Francisco Martínez como coordinador de la operación de espionaje a Bárcenas. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, reconoció su participación en los hechos y al tiempo reveló cómo la Policía no fue la única que actuó fuera de control judicial. 

“Lo detectamos varias veces, había gente con motos y cámaras grabando una reunión de la mujer de Bárcenas”, afirmó en su declaración de enero de 2019. “Intentamos averiguar quiénes eran, pero la documentación de los vehículos que alquilaban era falsa”, añadió. 

El chófer de la familia, Sergio Ríos, captado como colaborador a sueldo por los acusados en Kitchen, explicó al juez que tanto García Castaño como José Manuel Villarejo le hablaban con naturalidad y a menudo de la implicación del CNI en el espionaje extrajudicial durante los encuentros que tenía con ellos para trasladarles información o cobrar en efectivo de los fondos reservados.

Por otro lado están los mensajes de Martínez con el ministro Fernández Díaz que el número dos de Interior depositó ante notario y entregó a la Policía cuando Asuntos Internos acudió a su domicilio con orden judicial en marzo de 2020. El 13 de julio de 2013, recién empezada la operación Kitchen, Martínez alude al “contacto Cecilio” que Fernández Díaz había quedado en facilitarle previamente. 

En el teléfono móvil intervenido a Martínez este había dejado algunas reflexiones y líneas de defensa. En una de ellas afirmaba: “Tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron”. Después, Martínez declararía que su contacto en el CNI era el director, Félix Sanz Roldán, y que se limitó a preguntarle por el conocimiento que pudiera tener el servicio de Inteligencia sobre dinero de Bárcenas en el extranjero. Un portavoz del CNI rechazó hacer cualquier comentario al ser preguntado por este periódico en 2020, cuando surgieron los primeros indicios de la participación del Centro en el espionaje a los Bárcenas. 

Un cura pobre, con abogado de pago y dinero en prisión

Enrique Olivares García se llevó a la tumba la verdad sobre su asalto a la casa de la familia Bárcenas, armado con un viejo revólver y disfrazado de cura. ¿Actuó en solitario, fruto de la enajenación, o lo hizo a las órdenes de alguien? En libertad vigilada, Olivares falleció el 15 de enero de 2022 cuando aún estaba por aclarar su presunta participación en la operación Kitchen. La Fiscalía había planteado en su recurso contra el cierre de la instrucción si Olivares había actuado por su cuenta o a las órdenes de algún “servicio de la seguridad del Estado”.

La lógica apuntaba a que los mandos policiales que habían reconocido la operación Kitchen estuvieran detrás del asalto del falso cura, pero igual que El Gordo reconoció haber sustraído información de los teléfonos de Bárcenas o haber allanado un local de la familia, todo sin orden judicial, negó taxativamente la actuación de Enrique Olivares fuera obra de la Policía. Muy enfadado le contó al juez que en 40 años de encargos delicados jamás se le habría ocurrido hacer algo propio de “una película de Alfredo Landa”.

El falso cura, un individuo casi en la indigencia y miembro de una humilde familia, contó para su defensa con un abogado que le pagó alguien cuya identidad continúa en secreto. Aquel abogado, Andrés Ruiz Cubero, es hermano del funcionario de prisiones que intentó vender material grabado por Villarejo después de coincidir con él cuando ambos cumplían condena en Estremera. 

El letrado negó a elDiario.es que su defensa de Olivares estuviera vinculada con su hermano o que le hubiera contratado alguien relacionado con la política o los servicios de Información y aludió a un favor personal. “Enrique estaba trastornado. ¿A quién se le podría haber ocurrido utilizarlo para algo así?”, declaró en 2022.

El segundo interrogante se refiere a los ingresos de Olivares estando en la cárcel: ¿quién cebaba continuamente la cuenta del preso? Y por último, ¿quiénes son y qué querían los policías que visitaron en prisión a Olivares el 1 de diciembre de 2015, apenas unos días después de que aparecieran las primeras informaciones publicadas sobre la operación Kitchen?. De los policías, este periódico solo pudo determinar que pertenecían a la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), no vinculada a la Kitchen. La Dirección General de la Policía evitó cualquier comentario al ser preguntada por esta cuestión.

Respecto a la cuenta del peculio del preso, esta llegó a reunir 4.751,28 euros. Olivares recibía ingresos de una pensión de 368 euros y otros periódicos de 250. “Perteneciendo a una familia sin recursos, Enrique Olivares recibía sistemáticamente ingresos en su cuenta penitenciaria de peculio, cuyo origen puede coadyuvar a demostrar que no habría actuado de modo aislado y autónomo”, llegaron a escribir los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Pero el juez García Castellón concluyó: “No se ha recabado ningún indicio que permita sostener, con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto al domicilio del señor Bárcenas estuviera directamente relacionado con la operación Kitchen”.

Una comisión judicial integrada por el juez, los fiscales y una médico forense de la Audiencia Nacional llegaron a visitar a Olivares en prisión después de sufrir el ictus, ante las noticias de cierta recuperación. La forense quedó en redactar un informe que, según fuentes del caso, iba a recomendar que se le tomara declaración. Pero entonces, la médico cayó enferma y después llegó la pandemia. Antes de su reincorporación, el juez despachó el caso del falso cura. García Castellón hizo que lo trasladaran a la Audiencia Nacional y que otro forense dictaminara: no estaba en condiciones de declarar.

Nadie es quien parece en la cárcel de Bárcenas

La cárcel es protagonista del tercer interrogante de Kitchen: el espionaje a Bárcenas mientras su familia era vigilada 24 horas en el exterior. Así se lo contó al juez el propio Luis Bárcenas: “Yo detecté una persona que infiltraron en el módulo en el que yo estaba para hacerme labores de seguimiento (…) Me seguía y tomaba notas”. La coartada de ese supuesto preso entre los reclusos del módulo de Bárcenas es que había sido detenido intentando introducir droga en España con un velero. Pero un buen día desapareció del módulo. Bárcenas y otros presos pensaron que había cambiado a otro, pero luego supieron que ya no estaba en la cárcel. 

Bárcenas describió ante el juez y los fiscales gráficamente el episodio del espía: “La foto del individuo que se correspondía con el carnet de la persona que estaba haciendo el seguimiento era un dominicano, pero el señor que estaba haciendo el seguimiento era un señor español, blanco, blanquísimo. Y no de color café con leche, como era el dominicano, no. O sea, que habían infiltrado a una persona con tal nivel de torpeza que en lograr de fabricar un NIS [Número de Identificación de Seguridad, una suerte de carnet de recluso], no sé si se puede hacer, le habían asignado el NIS de otra persona, que habría estado ya en el Centro Penitenciario y que era un dominicano”.

Luis Bárcenas le dijo al juez y a los fiscales que cree que detrás del espionaje en prisión está el Centro Nacional de Inteligencia y el interés de la entonces vicepresidenta del Gobierno, de la que dependía el servicio de espionaje español, en que el caso de la caja B no salpicara a Mariano Rajoy. 

La historia del falso dominicano se cruza con el episodio del informático colombiano al que Bárcenas pidió que, al salir de permiso, accediera a la 'nube' y borrara archivos que allí guardaba. En una de ellas, Rajoy aparecería hablando con Bárcenas mientras introduce en una destructora de papel en 2009 pruebas de la caja B del partido. O ese creerían los policías de la Kitchen. De esa grabación ha hablado el ex tesorero en varias ocasiones, en sede judicial y en el Congreso, asegurando que estaba en el local de su mujer que allanó ilegalmente García Castaño, El Gordo. Bárcenas se ha contradicho al respecto. Ante el juez del caso Kitchen aseguró que él nunca ha grabado a nadie.

El colombiano, de nombre Isidro Sánchez, era un experto informático que se ofreció a hacer el trabajo durante un permiso de seis días. Según explicó Sánchez al juez, Bárcenas únicamente le pidió que solicitara a Google eliminar las noticias aparecidas sobre su mujer, Rosalía Iglesias. El ex tesorero, por contra, declaró que el trabajo consistía en borrar documentación de la 'nube', pero negó que allí hubiera ninguna grabación hecha por él.

Bárcenas pactó entregar a Isidro Sánchez una cantidad de dinero, que oscilaría entre los 1.500 y los 3.000 euros, que el recluso le requirió para comprar material informático. Se lo entregaría la mujer de Bárcenas, a través del chófer infiltrado, Sergio Ríos. La cita del chófer con este preso aparece reflejada en la agenda de Villarejo. 

Isidro Sánchez contó que no pudo hacer el trabajo porque fue detenido en la habitación de la pensión donde se alojó durante el permiso. El Gordo reconoció en el juzgado que sus agentes le habían seguido porque alguien les informó del día que salía de la cárcel. La Policía detuvo al colombiano por una reclamación de un juzgado de otra causa pendiente y lo devolvió a prisión. Bárcenas asegura, sin embargo, que cuando salió de la cárcel, en la 'nube' ya no quedaba nada.

Antes o después de salir de permiso, los funcionarios hicieron un cacheo sorpresa en la celda del colombiano y le encontraron la anotación de Bárcenas: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”. Bárcenas asegura que él escribió esa nota. El colombiano dice que nunca existió.

El 13 de agosto de 2013, el comisario Villarejo escribió en su diario, junto al apelativo “Andi” (Andrés Gómez Gordo, comisario imputado y ex asesor de Cospedal): “Datos de colombiano colaborador de MACO”, en posible alusión a la cárcel. El 3 de septiembre de 2013, junto al nombre “Chisco” (Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad), Villarejo apunta: “Coche de (ininteligible). Ayuda Prisiones. Tema ordenadores, copia en teléfono”. El 3 de octubre, el aludido es BIG (comisario Enrique García Castaño): “2 paquetes con notas a un preso tercer grado”.

La historia de la Kitchen en prisión abre una serie de interrogantes: ¿Era el colombiano en realidad un colaborador de la Policía que engañó a Bárcenas? ¿Fue su detención durante el permiso una maniobra de distracción? ¿Quién borró los datos de la 'nube'? Y, sobre todo, ¿estaba allí la grabación de Rajoy destruyendo papeles de la caja B del PP?

El juez Antonio Piña (Tui, Pontevedra, 1966) se incorporó hace un año a un juzgado clave en la historia reciente de la Audiencia Nacional para cubrir la vacante por jubilación de Manuel García Castellón. Como tarea pendiente, Piña heredó una de las mayores causas de corrupción política y policial del presente siglo en España. El caso tándem, abierto en 2017, investiga las operaciones policiales perpetradas sin amparo judicial durante al menos seis años contra los adversarios del PP. Las andanzas ilegales de esa brigada corrupta, encabezada por el comisario José Manuel Villarejo, sucedieron durante el mandato de Jorge Fernández Díaz al frente del ministerio del Interior (2012-2016).

El juez García Castellón abrió desde ese juzgado clave una nueva línea de investigación del caso de corrupción policial en septiembre de 2022: la pieza separada número 34. Lo hizo forzado por la publicación de nuevas grabaciones del comisario Villarejo que abarcaban desde mediados de 2012 hasta octubre de 2017 —fecha de su detención y encarcelamiento— con dirigentes del Gobierno del PP, policías, jueces, empresarios y periodistas.

El juez y el fiscal anticorrupción mostraron escaso interés por el nuevo material, a juzgar por las diligencias acordadas, y mantuvieron esa conducta pasiva cuando Javier Pérez Dolset, empresario imputado en una de las piezas y supuesta víctima de Villarejo, añadió meses después al sumario otras 40 horas de grabaciones del comisario en comidas con más jueces, periodistas, policías y algún empresario.

La primera diligencia sólida de investigación ordenada por el juez García Castellón sobre la pieza 34, trece meses después de abrir la causa, fue citar a finales de octubre de 2023 como testigos a directores de los medios que publicaron esos audios. Los interrogatorios duraron escasos minutos, hizo un par de preguntas irrelevantes y remitió parte del material a la Unidad de Asuntos Internos  para su análisis. Lo único conocido de aquel encargo es un pequeño informe donde la Policía advertía de que había tres grabaciones que podrían tener interés para la causa abierta en la Audiencia Nacional. Ese informe permaneció oculto a las partes hasta hace tres meses. El PSOE, acusación popular en el caso, conoció el documento y pidió la imputación de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha cuando sucedieron los hechos.

La prueba era una grabación de la conversación de Villarejo con Cospedal en enero de 2013 donde la dirigente del PP pedía al comisario de policía que hiciera gestiones para impedir la publicación de los denominados papeles de Bárcenas –“la libretita... sería mejor poderlo parar”— en El Mundo. Pero Villarejo no pudo cumplir con la misión pues ese periódico no tenía la contabilidad de la caja B del PP, publicada finalmente por El País.

El nuevo titular del juzgado, Antonio Piña, con el aval del fiscal del caso, consideró insuficiente esa prueba para imputar a la exdirigente popular: “No se puede observar un encargo por la señora Cospedal al comisario Villarejo para la realización de actuaciones delictivas que requiriesen la apertura de una investigación”. Tampoco vio especial trascendencia el instructor Piña en otra conversación donde Cospedal le contaba a Villarejo como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le ofrecía conocer un informe policial del caso Gürtel un día antes de que lo recibiera el juez que lo había encargado.

El PSOE atribuyó al juez Piña una especie de lawfare a la inversa consistente en vetar la investigación judicial a Dolores de Cospedal mediante la ocultación de pruebas que la incriminaban. Piña se revolvió acusando al PSOE de presentar un escrito “contrario a la verdad e injurioso”, que afectaba a su honor con la intención de deslegitimarle además de contribuir a “menguar la confianza de la ciudadanía en la justicia”.

La Justicia lleva años sin investigar numerosos indicios de delito en la actuación de una cúpula policial a las órdenes del Gobierno del PP que se sentará en el banquillo dentro de tres meses procesada junto al exministro Fernández Díaz y a su secretario de Estado, Francisco Martínez, por espiar ilegalmente a quien fue tesorero del PP, Luis Bárcenas, y robarle documentación que podría demostrar la financiación ilegal de la formación conservadora. Mientras la operación ilegal orquestada desde el ministerio del Interior para proteger al partido del Gobierno será juzgada en la Audiencia Nacional, el resto de acciones de la cúpula policial para desacreditar a independentistas catalanes, dirigentes de Podemos o el líder socialista Pedro Sánchez, siguen impunes.

Hay decenas de grabaciones en la pieza 34 no analizadas todavía donde se acumulan numerosos indicios de delito que el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional no ha analizado en los últimos tres años.

Aquí se resumen algunas de esas pruebas sonoras de seis años de corrupción de las cloacas del PP pendientes de investigación:

Los planes secretos del ministro del Interior contra dirigentes independentistas catalanes

Jorge Fernández Díaz negó a Villarejo ante el juez García Castellón: “Gracias a Dios, en cinco años no he tenido ni una sola relación con él”. Y también lo hizo ante los diputados en la comisión de investigación del Congreso: “No oirán ustedes ninguna grabación mía con el señor Villarejo”. Ambas declaraciones son anteriores a la llegada al juzgado 6 de la Audiencia Nacional de una grabación del exministro del Interior con el comisario Villarejo donde ambos planifican la presentación de denuncias en la Audiencia Nacional contra los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas con información policial, en parte falsa, sobre corruptelas de los dirigentes independentistas. El entonces ministro es consciente en esa cita con Villarejo de la irregularidad de su actuación e insiste en pedir que se mantengan en secreto lo ocurrido allí: “El ministro no sabe nada, ¿eh? Está claro, ¿verdad? Y digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Está claro, ¿verdad? Por tanto, yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido”.

La policía filtra las fotos del DNI de jueces favorables al procés

Altos cargos de Interior investigaron en secreto a jueces catalanes firmantes de un manifiesto a favor del derecho a decidir y filtraron al periódico La RAZÓN las fotos del DNI de estos profesionales que apoyaban en ese momento las tesis independentistas. En una de las grabaciones de Villarejo, varios policías hablan de esos hechos y planifican la manera de borrar el rastro de quién consultó las bases de datos policiales para copiar las fotos...

Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, se reúne con Villarejo —que graba la conversación—, y Pedro Esteban, entonces comisario de Información de Cataluña y supuesto autor de la filtración de las fotos.

Pino: Si usted quiere saber quién lo ha filtrado, pregúnteselo al periódico [que lo ha publicado].

Villarejo: Sí, sí, sí.

Pino: Si he sido yo, pues ya dirá que he sido yo.

Esteban: Pero es importante si se pudieran borrar los registros.

Pino: Están intentándolo.

Pedro Esteban: Mejor.

Pino: De todas maneras, a ti, si te preguntan, no digas que…

Esteban: ¿A mí qué me van a venir a preguntar?

Pino: Tú estás protegido por la ley de secretos oficiales, no tienes ninguna obligación de explicar esa información. Le nombras la normativa y ya está. Yo, todo lo que tal… Es que estamos obligados a saber quiénes son estos 25 jueces. Estamos obligados. Entre otras cosas, el fiscal general del Estado el otro día...

Villarejo: De todas maneras, joder, el tema de las fotos del DNI, macho, el tonto de La Razón, es que…

Estos hechos se investigaron y archivaron en un juzgado de Barcelona que nunca tuvo acceso a esta prueba sonora. 

“Hicieron la mierda esa del informe Pisa contra Podemos”

Miembros de la policía política elaboraron un informe titulado Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) para desacreditar al líder de Podemos y lo filtraron a determinados medios de comunicación para lograr el resultado buscado. Después, el comisario jefe de la UDEF lo registró como denuncia de la Policía ante el Tribunal de Cuentas por financiación ilegal de Podemos. Villarejo, en una de las grabaciones, le cuenta a Cospedal: “Hicieron la mierda esa del informe PISA, que eso es basura, y con eso lo vacunaron”.  El Tribunal de Cuentas archivó la denuncia.

En esa misma conversación grabada, incorporada a la pieza 34 que instruye el juez Antonio Piña, Villarejo también comenta con Cospedal los papeles que la cúpula de Interior filtró para hacer creer que Podemos había cobrado dinero del Gobierno venezolano.

Villarejo: A quien se le haya ocurrido darle la documentación esa de Podemos falsa a Inda ha hecho una jugada buena. De carambola, pero la ha hecho buena (...)

Cospedal: ¿Pero es buena la información?

Villarejo: Es chunga. Y además está mal montada. Porque han tirado de impresos antiguos, que ya ese Ministerio no se llama así y tal… Un desastre.

La investigación a Pedro Sánchez por los negocios de su suegro: “Me lo encargó el del Opus”

La pieza 34 tiene dos grabaciones aún no analizadas por nadie donde Villarejo le cuenta a un empresario en dos comidas que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le había encargado una investigación especial de los negocios del suegro de Pedro Sánchez.

En la comida grabada del 8 de septiembre de 2014, Villarejo afirma: “Me han pedido un reportaje fotográfico. El señor del Opus [en referencia al ministro Jorge Fernández Díaz] y compañía, ¿eh? Me han pedido un reportaje fotográfico de las de un lado, de las de otro y si es posible interno. O sea que fíjate si tienen todo el interés del mundo en ese tema”.

Quince días después, en otra comida con idéntico interlocutor, Villarejo insiste: “Me han preparado (sic) que organice un reportaje de todos los puticlubs. Cuando lo tenga te lo paso, por si quieres publicarlo antes jajajaja. Te digo que me lo ha encargado formalmente tu amigo que reza mucho [en referencia al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz] que como dice el otro sigue los criterios americanos, por la mañana desayunar en París y por la tarde bombardear Hanoi”.

El comisario José Manuel Villarejo, con decenas de procesos judiciales abiertos y tres condenas de cárcel, guardó en cientos de archivos con grabaciones y documentos sobre sus andanzas delictivas durante más de 20 años. Sus actividades fuera de la ley fueron amparadas y, en ocasiones, alentadas por los políticos que mandaban en el PP y en el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018), según las investigaciones judiciales.

La detención de Villarejo en noviembre de 2017 dio paso a la apertura de hasta 30 causas judiciales en la Audiencia Nacional dentro del caso tándem con decenas de personas imputadas, entre ellas directivos de bancos, empresarios, policías y cargos políticos.

Cinco años después de iniciada esa investigación, en la primavera de 2022, algunas víctimas de Villarejo entregaron a la Audiencia Nacional nuevas grabaciones y documentos que guardaba el comisario donde se acreditaban las maniobras ilegales desde el Ministerio del Interior contra independentistas catalanes, dirigentes de Podemos, o contra el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esas grabaciones también destapaban otras operaciones destinadas a proteger el patrimonio oculto del rey emérito en el extranjero o a la financiación ilegal del PP a través de una caja b que controlaba el extesorero Luis Bárcenas.

Manuel García Castellón, titular del juzgado de la Audiencia Nacional encargado de investigar el caso tándem, abrió a regañadientes una nueva pieza separada con esos audios de las cloacas a las órdenes del PP, la pieza número 34. Pero el juez la dejó morir entre el silencio y el olvido, según revela hoy elDiario.es, sin ordenar ni una sola diligencia para investigar todos indicios de los delitos que hoy siguen impunes.

La fabricación de pruebas falsas desde el ministerio del Interior contra los adversarios políticos del Gobierno tuvo como principal buzón de destino a determinados medios de comunicación que, sin contraste alguno, difundían los supuestos escándalos contra los adversarios políticos del PP. Esas pruebas falsas formaban parte de expedientes confidenciales del ministerio del Interior que deberían haber permanecido bajo secreto, pero que eran publicados en medios afines al PP mucho antes de que fueran archivados por falta de pruebas en los tribunales o en la propia dirección de la policía. Se trataba, entre otros, de múltiples delitos de revelación de secretos, esta vez sí, que el juez García Castellón no investigó y que, aún hoy, con un nuevo instructor en la Audiencia Nacional, siguen sin castigo.

Las víctimas de aquel juego sucio con dinero público desde los aparatos del estado son numerosas. Muchas de ellas están hoy fuera de la política con una sombra de sospecha casi imborrable: el exalcalde de Barcelona, Xavier Trías; el expresidente catalán, Artur Mas; el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias…

Los jueces que han tenido en sus manos todas las pruebas de esos delitos han decidido archivarlas –distintos juzgados desestimaron las querellas de Xavier Trías, de Pablo Iglesias, o de Artur Mas– sin pensar que, al menos, existía una revelación de secretos (falsos) muy evidente y muy fácil de acreditar.

El juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Santiago Pedraz ha conseguido en los últimos meses recabar pruebas suficientes de que en el ministerio del Interior se abrieron investigaciones confidenciales sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos o sobre la existencia de una cuenta a nombre de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas alimentada por el régimen venezolano. Los primeros resultados de esas investigaciones confidenciales, antes de que la propia policía las archivara por falsas o por falta de pruebas, fueron publicados en determinados medios de comunicación para acusar de corrupción a los adversarios políticos del PP. El juez Pedraz ya conoce que hubo una revelación de secretos (falsos) aunque de momento no está investigando a fondo ese delito.

Pedraz heredó esa causa de García Castellón, que nunca quiso abrir una pieza con la denuncia de Podemos. García Castellón es el mismo juez que intentó imputar por corrupción a Pablo Iglesias –el Supremo lo desestimó–, pero nunca encausó a los policías o políticos que ordenaron el espionaje ilegal y la fabricación de noticias falsas contra Podemos, pese a contar en su juzgado con todas las pruebas.

El juez García Castellón también quiso encausar por terrorismo al expresidente Carles Puigdemont cuando se empezaba a tramitar la ley de amnistía –esa era una vía para que nunca se pudiera beneficiar de la futura norma– y el Supremo, que aceptó ese envite sin un solo indicio, tuvo que archivar el caso por la instrucción chapucera del magistrado, ya jubilado.

García Castellón anda estos días promocionando su libro de memorias y denunciando las prácticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Escuchar sus opiniones en las múltiples entrevistas que ha dado en medios afines al PP y a la ultraderecha acreditan que se trata de un juez jubilado e imparcial. Asegura García Castellón que el lawfare “es una forma de amedrentar a los jueces” y que ahora lo único que interesa “es extender la sospecha sobre el Poder Judicial”.  

El magistrado denuncia que algunos medios de comunicación están comprados por el Gobierno a través de la publicidad institucional aunque no se atreve a decir, de momento, cuáles son esos medios pero concluye: “Se utilizan para amplificar la descalificación de un juez (…) Hay ciertos medios de comunicación, que a mí me da vergüenza, hincados ante el poder político”. Palabra de Manuel García Castellón, el juez que durante su última actividad en la Audiencia Nacional evitó investigar o archivó algunas de las corruptelas más evidentes ocurridas durante los seis años de Gobierno de Mariano Rajoy.

“La independencia judicial tiene una vertiente bidireccional. Es deseable la falta de injerencia de otros poderes. Y también que desde el Poder Judicial evitemos la injerencia en la actividad política”.

El autor de esta frase no es precisamente un izquierdista. Fue Vicente Guilarte, expresidente del Consejo General del Poder Judicial. Un jurista nombrado por el PP y amigo personal de la familia Rajoy. Una voz conservadora y sensata, que se opuso a que el CGPJ emitiera un comunicado contra la ley de Amnistía, como pedían otros vocales de la derecha. 

Guilarte tenía toda la razón y su crítica de entonces sigue vigente hoy. Pasa a diario. Los mismos jueces que cuestionan duramente al Legislativo o al Ejecutivo después piden respeto para la separación de poderes. La impostura, el doble rasero, no puede ser más evidente.

Otra cita para recordar: lo que dijo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) sobre la ley de Amnistía. “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”.

Lo dijeron por escrito, en un comunicado. No fue un calentón. 

La misma APM, que opinaba con esta dureza sobre un proyecto legislativo cuyo texto entonces ni siquiera se conocía, ahora se indigna cuando el presidente Pedro Sánchez asegura que “hay jueces haciendo política”.

Y tanto que hacen política. ¿Hay algo más político que unos jueces manifestándose con toga y frente al juzgado contra una ley que –al igual que todas– tienen la obligación de cumplir? ¿O es que también son ellos quienes deben legislar?

Son las mismas asociaciones conservadoras que callaron cuando el PP acosaba a los jueces de la Gürtel –a Baltasar Garzón, a Pablo Ruz y a José Ricardo de Prada–. Las que tampoco dijeron nada hace un año, cuando Esteban González Pons acusó al Tribunal Constitucional de ser “el cáncer del Estado de derecho”. Las que hoy guardan silencio ante los ataques de la Generalitat valenciana contra la jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra. 

Porque no solo es cierto que haya jueces haciendo política. También hay que añadir que casi siempre actúan en la misma dirección. 

Entre las funciones del Consejo General del Poder Judicial está el régimen sancionador. Es al CGPJ a quien le toca castigar los incumplimientos o excesos de los jueces y magistrados, a través de la comisión disciplinaria. Cada año hay cientos de denuncias, pero apenas prosperan unas decenas. 

La gran mayoría de estos expedientes son por falta de rendimiento: sanciones a jueces que no cumplen con su trabajo y acumulan retrasos reiterados y sentencias sin poner. Este tipo de sanciones, además, no son firmes: se pueden recurrir en los tribunales. Y muchas veces después son anuladas por otros jueces –pero no lo llames corporativismo, que siempre hay un defecto de forma al que agarrarse–.

¿Y cuando un juez ataca a otro poder del Estado? ¿No hay sanción?

Está el ejemplo del magistrado José Luis Concepción. Siendo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León comparó al Partido Comunista de España con los nazis, “que también llegaron al poder por las urnas”. “Con el Partido Comunista en el Gobierno, la democracia está en solfa”, aseguró también. 

El anterior CGPJ, a regañadientes, abrió diligencias informativas. Pero esa inspección a José Luis Concepción terminó sin sanción. El argumento para exonerarlo fue que opinaba a título personal, y no como juez. Es una excusa sonrojante, porque sus impresentables declaraciones fueron en una entrevista donde se le presentaba como presidente del TSJ de Castilla y León, no como aficionado a la historia de la Segunda Guerra Mundial.

Tampoco hubo sanción por los insultos contra medio gobierno de coalición –“cerdos”, “chorizos”, “bazofia feminazi”...– que publicó en Facebook el juez Manuel Piñar, el mismo que metió en la cárcel a Juana Rivas. El juez se defendió con la excusa de que le habían hackeado la cuenta, que no había sido él. En el CGPJ no se creyeron esta pintoresca explicación, pero aun así no se le sancionó. Argumentaron que había escrito esos insultos “a título particular como mero ciudadano”, no como juez.

En la Comisión Disciplinaria, a paso de tortuga, hoy hay varios expedientes abiertos contra otros jueces que se meten en política, de esos que se supone no existen. Es el caso del juez Eloy Velasco, que cuestionó la legitimidad del Gobierno y despreció a la exministra y eurodiputada Irene Montero como “cajera del Mercadona”. O el juez Manuel Ruiz de Lara, que insultó en redes al presidente del Gobierno y a su mujer “Barbigoña”. O el juez Peinado, que está siendo investigado en el CGPJ por tres asuntos: el chulesco interrogatorio a Félix Bolaños, su anómala decisión de intentar procesar al Ministro de Justicia en el Supremo y su negligencia con los plazos, que obligó a archivar una investigación por malversación contra un alto cargo del PP en el Ayuntamiento de Madrid. 

El nuevo CGPJ se toma este asunto con más interés que el anterior. Pero aún está por llegar la primera sanción a estos imparciales jueces de verbo florido por sus declaraciones políticas. No se recuerda una sola. Lo más parecido fue una multa al juez Vazquez Taín por hacer “bromas de mal gusto” sobre el caso Asunta, hace más de una década.

El CGPJ tampoco ha puesto mucho de su parte en aclarar cuántos de estos jueces trabajaron durante las recientes huelgas contra los planes del Gobierno para reformar el acceso a la carrera judicial. Formalmente, solo un único juez de los más de 6.000 que hay en toda España declaró hacer la huelga. Solo uno. El resto, o no hicieron huelga o no lo comunicaron para así poder cobrar esos días como si realmente hubieran ido a trabajar. 

Pero las intervenciones políticas más preocupantes de los jueces no se producen ni en esas huelgas en régimen de todo incluido, ni con algunas declaraciones altisonantes. Ocurren en un ámbito donde la comisión disciplinaria del CGPJ no puede entrar: los autos, las sentencias, las instrucciones judiciales… Es ahí donde de verdad se hace política con toga. 

No son todos los jueces. Solo unos pocos. Algunos saben lo que hacen. Otros se engañan a sí mismos: confunden su ideología con el Código Penal y sus prejuicios con el sentido común. Ambos perciben sus intereses personales como si fueran el interés general. Y comparten una visión torcida de la Justicia, donde importa más la autoridad que el servicio público. Como un poder que tutela a los demás; donde su idea estrecha de la patria pesa más que la verdad. Igual que algunos militares durante la Transición.

A los verdaderos políticos con toga nunca les verás diciendo barbaridades en conferencias o redes sociales. Ellos son más listos. Saben que está mal.

Ese tipo de abusos o errores solo puede corregirlos otro tribunal, no el CGPJ. Y muchas veces así sucede, como los numerosos rapapolvos que se ha llevado el juez Peinado a lo largo de su instrucción. Pero en otras ocasiones se tolera el abuso, que se disfraza de independencia judicial.

El ‘lawfare’ no siempre consiste en condenar de forma injusta. A veces también ocurre, pero no es el método habitual. Lo importante es el proceso. La sombra de la sospecha. Alargar lo máximo posible una causa judicial con fines políticos, retorciendo la legalidad. 

Estoy seguro, por ejemplo, de que más tarde o más temprano esa estrambótica interpretación que hizo el Tribunal Supremo sobre la malversación en la Ley de Amnistía será anulada por instancias superiores –la Justicia europea o el Tribunal Constitucional–. Pero en el ‘mientras tanto’ esa ley sigue sin cumplirse, Puigdemont no puede regresar y la legislatura se complica para el Gobierno. Es pura política judicial de un tribunal que se ha tomado una ley plenamente legal y constitucional –la amnistía ya ha sido avalada por el TC– como una afrenta personal.

También fueron anómalas las investigaciones del juez Manuel García Castellón y ese comando terrorista que había matado de un infarto a un turista francés durante una protesta en el aeropuerto de Barcelona. Unos supuestos terroristas que García Castellón –¡qué gran ridículo!– finalmente tuvo que dejar marchar porque metió la pata con los plazos de la instrucción

Hoy pasa lo mismo con la investigación del juez Peinado contra Begoña Gómez, que dista mucho de ser normal. Su último intento: pedir siete años de correos electrónicos de la mujer del presidente, a ver qué pesca. Probablemente nada de relevancia penal. Pero seguro encuentra algún mensaje morboso, que será convenientemente filtrado a determinados medios de comunicación. Exactamente igual que ocurrió con su decisión de interrogar al presidente del Gobierno para que ese vídeo más tarde pudiera circular.

“Si falta un poder judicial independiente desaparece el propio Estado de Derecho”, aseguró este viernes la presidenta del CGPJ, la supuestamente progresista Isabel Perelló. Estoy de acuerdo con esa afirmación, palabra por palabra. Por eso es tan grave que haya jueces haciendo política, mientras Perelló finge no verlos.

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha dado diez días a las partes para que se pronuncien sobre qué juzgado creen que es competente para juzgar el procedimiento civil iniciado por el magistrado jubilado Manuel García Castellón contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por un tuit en el que afirmaba que forma parte de un grupo de “jueces corruptos” que “han prevaricado” contra su partido político. El juez considera que esas declaraciones vulneraron su derecho al honor y reclama 240.000 euros a la diputada, que defiende que la demanda debería ser desestimada. La Fiscalía cree suficiente una indemnización de 20.000 euros.

Al tratarse de un comentario publicado en su cuenta personal de X —antes Twitter—, los magistrados sostienen que hay que determinar si son unas palabras que Belarra pronunció en su faceta de ciudadana o en la de diputada, lo que determinaría su aforamiento ante este Sala del alto tribunal. Así se han pronunciado durante el trámite de audiencia previa celebrado este jueves en el Supremo, donde se ha aplazado la decisión.

El presidente de la Sala de lo Civil, Ignacio Sancho, ha recalcado que, toda vez que Belarra no ha negado sus declaraciones, la cuestión es determinar si se manifestó en condición de diputada y puede acogerse a la inmunidad parlamentaria —como pretende—, o si, por el contrario, sus publicaciones quedarían limitadas al ámbito privado.

El magistrado se jubiló en los primeros días del mes de septiembre al cumplir 72 años y después de pasar los últimos siete años de su carrera al frente del sexto juzgado de la Audiencia Nacional. Instructor de casos de corrupción como Tándem, Púnica o Lezo, Manuel García Castellón también protagonizó varios intentos para llevar al banquillo a Podemos y algunos de sus líderes y fundadores, por ejemplo la investigación fallida por la financiación del partido.

El mismo día en que el Boletín Oficial del Estado publicaba su jubilación forzosa, la secretaria general de Podemos y exministra Ione Belarra publicaba en su perfil de X un mensaje, hablando del magistrado como parte de un grupo de “jueces corruptos” que han delinquido para perjudicar, dijo, a quienes “defendemos otra idea de España”.

En el marco de la vista de este jueves, la defensa de Belarra ha recalcado que el propio García Castellón en unas jornadas celebradas el pasado enero dijo que los “ataques” de miembros del Gobierno o diputados le daban “igual”. Además, el letrado ha subrayado que el magistrado ha recibido premios “con posterioridad” a las manifestaciones de Belarra, lo que “corroboraría una ausencia de merma en su prestigio”, informa Europa Press.

Por su parte, la abogada de García Castellón ha incidido en que esta misma semana Belarra ha ratificado “íntegramente” sus manifestaciones en un programa de Canal Red. La letrada ha leído el extracto en el que la líder de la formación morada decía: “Absolutamente convencida de que este juez se ha dedicado a perseguir a gente de Podemos”.

En unas declaraciones en el Congreso, Belarra ha afirmado que “este juez fue traído de vuelta por el Partido Popular de su retiro dorado en Italia [donde ejercía como juez de enlace]” con el objetivo de “afrontar los muchísimas decenas de casos de corrupción del Partido Popular en ese momento”.

“Afirmar que el señor García-Castellón es un juez corrupto que ha utilizado su posición profesional para perseguir a los adversarios políticos del Partido Popular y para proteger a los corruptos del Partido Popular. No es una opinión, es una pura descripción de la realidad”, ha aseverado Belarra tras afirmar que este magistrado “rechazó imputar, a pesar de las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, a la señora [María Dolores de ] Cospedal en la Operación Kitchen, archivó la causa de Esperanza Aguirre por la caja B del Partido Popular y archivó la causa en la causa contra el expresidente de Murcia por sus tratos con la trama Púnica”, entre otros asuntos.

El lobby de ultrarricos Civismo eligió el pasado jueves al ex fiscal Jesús Santos, defensor del PP en varios de sus casos de corrupción, para presentar la ceremonia de entrega del Premio Sociedad Civil 2024 a Manuel García-Castellón. El ex juez de la Audiencia Nacional que intentó imputar por terrorismo a Puigdemont en plena tramitación de la ley de amnistía fue presentado por el penalista como “valiente”, “verdadero azote de la corrupción” y “ejemplo de lo que todo juez debe aspirar a ser”.

“La ceremonia fue presentada por Jesús Santos, abogado y fiscal en excedencia, que hizo un recorrido por la trayectoria profesional de su compañero de oficio, para finalizar deshecho en halagos”, recoge Civismo en un comunicado en su web.

El exteniente fiscal de la Audiencia Nacional es conocido por haber defendido al PP en varias de sus causas de corrupción desde que en 2012 fichó como socio del prestigioso bufete Baker & McKenzie, entonces presidido por el expresidente de Endesa y ex aspirante a ministro de Economía del PP, Manuel Pizarro.

Santos, que asesoró a Mariano Rajoy por su presunta implicación en la trama Gürtel y se encargó de la defensa de Rodrigo Rato en el caso Bankia, ha defendido por ejemplo al PP en el caso que sentó en el banquillo a su extesorero Luis Bárcenas por la reforma de la sede de Génova con dinero de su ‘caja B’.

En 2021 el penalista reconoció haber mantenido múltiples contactos con una persona muy cercana a Bárcenas entre 2017 y 2019 por mediación del entonces juez Enrique López, luego responsable de Justicia del PP y consejero de Justicia de Isabel Díaz Ayuso. López acaba de postularse para presidir la Audiencia Nacional.

Santos también se personó en abril de 2016 en la Operación Taula en calidad de abogado del PP tras la imputación de esta formación por un presunto delito de blanqueo de capitales en la etapa de Rita Barberá en Valencia. Una de las piezas sobre este caso, sentenciada el pasado verano, acreditó la caja B “clandestina” del PP de la fallecida ex alcaldesa valenciana.

Gracias en parte a que Bárcenas retiró en 2016 la acusación contra los populares por la destrucción de los discos duros que se dejó en Génova, el abogado y su equipo de Baker & Mckenzie también evitaron a esta formación política convertirse en la primera condenada en España en un proceso penal como persona jurídica.

El ex fiscal fue también el abogado defensor del gerente del partido en Castilla-La Mancha José Ángel Cañas en otra pieza derivada de la caja B de los populares: el presunto pago de 200.000 euros por Sacyr a la campaña autonómica de María Dolores de Cospedal en 2007 a cambio de un contrato de basuras. La causa la acabó archivando la Audiencia Provincial de Toledo tiempo después. 

Del Opus

Procedente del Cuerpo jurídico militar y padre de familia numerosa, Santos es miembro supernumerario del Opus Dei, al que están muy vinculados varios patronos de la Fundación Civismo, que tiene sus orígenes en Navarra.

Como contaba en 2021 este perfil en elDiario.es, Jesús Santos fue nombrado número dos de la Audiencia Nacional en época de José María Aznar, cuando la Fiscalía General del Estado la dirigía otro miembro de la Obra, Jesús Cardenal. Con fama de trabajador y riguroso en su periodo en la Fiscalía, en marzo de 2004 Ángel Acebes le premió como juez de enlace en Italia. Allí estuvo hasta 2011. Su plaza la ocuparía luego Manuel García Castellón por designación del gobierno de Rajoy.

Durante la ceremonia de entrega del premio de Civismo del pasado jueves, Jesús Santos defendió las “cualidades profesionales” del galardonado, “pero más aún sus cualidades personales”, recoge la nota del think tank. Santos “elogió la función clave que desempeñó el magistrado en Francia, por lo que fue condecorado con la distintiva Orden Nacional de la Legión de Honor francesa”.

El ex fiscal señaló que “en el actual relativismo moral y la progresiva degeneración del ser humano”, García Catellón “es una persona longeva en el servicio de la justicia, que ha sacrificado su bienestar personal y profesional en favor de la justicia”; que “respetaba la labor de otros abogados e impregnaba en su oficio la defensa del estado de derecho como piedra angular”.

Civismo ha entregado este premio al ex juez, conocido por su cercanía al PP, “por su destacada carrera como titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid y como miembro de la Audiencia Nacional”.

En la hoja de servicios de García Castellón está haber dejado a Cospedal, ex secretaria general del PP, fuera de la instrucción del denominado caso Kitchen, la presunta utilización ilegal de la Policía para intentar neutralizar a Bárcenas. Tras sus intentos de encausar sin éxito a varios políticos de Podemos, hasta este año se empeñó en acusar de terrorismo a Carles Puigdemont, al que intentó imputar en plena negociación para la investidura de Pedro Sánchez. Un error en los cálculos de los plazos le obligó a cerrar ese caso y el supuesto terrorismo de Puigdemont se quedó sin investigar.

De García Castellón, expuso en la entrega de premios Jesús Santos, que fue un juez “imparcial” y “valiente”, lo que ha merecido numerosas críticas que el abogado del PP tildó de injustas. “Manuel ha sido un verdadero azote a la corrupción. Él es el ejemplo de lo que todo juez debe aspirar a ser”. “El legado de Manuel es el de dejar una España más justa”, concluyó.

Durante el evento, García Castellón alabó la labor de Civismo como “un pilar fundamental en la defensa de la libertad de este país. La libertad se ha convertido en un deber moral inexcusable”. También hizo mención a “los ataques a la independencia del poder judicial, antes provenientes del exterior y ahora internos, y en ocasiones procedentes del propio Estado”, y a los “ataques mediáticos” que “han dejado de provenir de delincuentes y ahora se vierten desde el propio Estado”. 

“Manuel García-Castellón finalizó su intervención halagando la labor de la Fundación Civismo en la defensa de la libertad, y con una frase digna de enmarcar: «¡Viva España y viva la libertad!»”, recoge el comunicado.

Como instructor del denominado caso Villarejo, el ya ex juez propuso el pasado verano juzgar al BBVA y a su expresidente, Francisco González, por la contratación del comisario corrupto para espiar a, entre otros, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero o al propio Juan Abelló. Curiosamente, uno de los abogados que ha defendido a González en nómina de Baker & McKenzie ha sido Ángel Santos.

Civismo, cuyo presidente ha llegado a comparar a Pedro Sánchez con el nazi Goebbels, ha celebrado muchas de sus últimas reuniones en la sede de Torreal, la holding de uno de sus patronos y donantes, el multimillonario Juan Abelló. La entidad, que cada año celebra lo que califica de “día de la liberación fiscal”, fichó el pasado verano como patrono a otro ex consejero de Ayuso ahora metido de lleno en lobbies varios, Javier Fernández-Lasquetty.

En ediciones anteriores el premio de Civismo ha recaído en la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el nobel peruano Mario Vargas Llosa. El año pasado el elegido fue Jano García, escritor ultraliberal, youtuber, ex jugador de póker profesional y colaborador ocasional de Iker Jiménez.

El premio de Civismo se entregó en el auditorio de la Fundación Renta 4. Este banco de inversión fue fundado por otro donante de Civismo, el financiero y abogado del Estado en excedencia Juan Carlos Ureta. El de la Fundación Renta 4 era uno de los nombres que aparecían entre los donantes de Civismo en 2020, último año en el que detalló en sus cuentas quiénes financian su actividad. Entonces aparecían también los nombres de Torreal, el gigante de la seguridad privada Prosegur, de otra patrona, Helena Revoredo, y Víctor de Urrutia, dueño de las bodegas CVNE, exvicepresidente de Iberdrola y primera fortuna de Álava.

En el listado de donantes de Civismo también aparecían otros multimillonarios menos conocidos como Víctor Ruiz, también patrono de la fundación y que es primer accionista de Azkoyen, fundador de la quebrada ingeniería Eurofinsa y ex accionista de Libertad Digital; el inversor Francisco García Paramés (casero de otro think tank ultra en Madrid, el Instituto Juan de Mariana), o el financiero Claudio Aguirre, primo de Esperanza Aguirre y también patrono de Civismo.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Me gustaría empezar el boletín con buenas noticias, pero el desastre de gestión por parte de la Generalitat valenciana de la catástrofe de la DANA y la victoria de Donald Trump en las elecciones de EEUU han enfangado este mes de noviembre. 

La actuación del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha sido errática, pésima, llena de lagunas y evidencia su confusa percepción de cómo deben funcionar los servicios públicos. Primero eliminó la Unidad Valenciana de Emergencias, cedió la política de Emergencias a Vox para luego quedársela. El día de la alerta de la DANA eligió a un experto en “festejos taurinos” como director general de Interior. Estuvo cinco horas dedicado a sus labores, borró el tuit en el que afirmaba que el temporal disminuiría de intensidad a las 18.00 horas, se mandaron los mensajes por parte de la Generalitat horas después de los avisos de alerta roja, luego se encierra con su 'politburó' que tuvo paralizado el centro de emergencias durante ocho horas y seis días después de la DANA recurre a su única alto cargo con experiencia en catástrofes. No tiene otra idea que culpar a la UME y a la Confederación Hidrográfica del retraso de la ayuda y las dos instituciones le desmienten, tanto la UME como la Confederación. Su jefe, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le desautoriza pidiendo al Gobierno que asuma la gestión de la DANA y los barones del partido también lo dejan solo en su decisión de mantenerse al mando en València. Seguramente nos olvidamos de alguna otra pifia, pero es difícil empeorar esta nefasta actuación.

En fin, puedo entender que ahora no es el momento de dimitir cuando todavía hay tanto que hacer por las víctimas mortales y con los daños de los hogares y empresas de los valencianos, pero la posición de Mazón es insostenible.

Sin embargo, es curioso que durante muchos días la pregunta que más se repetía en la prensa de derechas era: '¿Dónde está el Estado?'. Y resulta curioso porque eran los mismos periódicos que achacaban al Gobierno de Pedro Sánchez un exceso de autoridad, una invasión de competencias y un ataque contra la libertad individual cuando promulgó las medidas para luchar contra la pandemia de COVID. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Gobierno central? ¿Seguir los preceptos legales y constitucionales y esperar a que la comunidad autónoma le pida ayuda? ¿Actuar sin que se lo pidan desde la Administración autonómica y promulgar la emergencia nacional? Nada les hubiera valido porque el argumento sobrevenido era salvar al dirigente Mazón, una misión imposible por la actuación del presidente de la Generalitat valenciana.

El Gobierno tendría que haber sido más proactivo en su actuación en Valencia y otras zonas inundadas. Los ciudadanos que necesitan las ayudas de las Administraciones, que necesitan servicios públicos, no entienden de problemas competenciales ni de límites administrativos, solo quieren que sus impuestos respondan de la mejor manera posible a solucionar sus problemas. Primera lección de esta crisis, son los impuestos los que nos salvarán del desastre a través de la financiación de buenos servicios públicos.

Afortunadamente, el Gobierno de Pedro Sánchez se puso en marcha con lo que ya ha dado muestras de que actúa eficientemente. Al igual que durante la pandemia o con la crisis de inflación, el Ejecutivo ha aprobado un paquete de medidas y ayudas de 10.600 millones de euros “dirigidas a los afectados por la DANA” como “primera respuesta” con la intención de beneficiar “a 30.000 negocios y a miles de familias”. 

Se trata de ayudas directas para reconstruir viviendas, cambiar electrodomésticos o para aliviar el daño recibido por autónomos y empresas. Uno de los objetivos es que estas prestaciones (recogidas en un Real decreto-Ley) se activen “con el menor papeleo y la mayor celeridad y agilidad posible”. Aquí te explicamos cómo solicitar, desde cuándo se pueden pedir, en qué consisten y los plazos de las ayudas para los afectados por la DANA.

Son ayudas razonables, que tendrían que haberse puesto sobre la mesa antes, pero que ya están aprobadas y no tienen nada que ver con el descontrol presupuestario que planteaba Mazón, que llegó a solicitar 31.000 millones para la crisis de la DANA cuando su Administración solo se había comprometido a conceder 250 millones.  

Además, el Consorcio de Compensación de Seguros, la entidad pública dependiente del Ministerio de Economía encargada de hacer frente a los daños ocasionados por fenómenos naturales para aquellas personas que tuvieran contratada una póliza, ha comenzado este miércoles a abonar las primeras indemnizaciones a aquellas familias que hayan perdido su vehículo. El Consorcio ha recibido más de 70.000 solicitudes, 44.000 de ellas sobre automóviles, de las que se están tramitando ya en torno al 40%. El coste de las indemnizaciones ascenderá a los 3.500 millones de euros. Hay que tener paciencia y tratar de mantener los objetos dañados y realizar fotos y videos de todo para aportar al expediente de los seguros, estos son algunos de los consejos que dan otros afectados por otras catástrofes naturales para tratar con seguros y ayudas.

En la medida de lo posible hay que acelerar las ayudas públicas para los afectados de la DANA. ¿Dónde está el Estado? Donde no ha llegado la Generalitat de Carlos Mazón.

Entrepreneur

La democracia como sistema tiene sus fallos pero en Estados Unidos es una organización política absolutamente corrompida. Solo hay que ver que el dinero y sus intereses mueven realmente los resortes de las campañas electorales. Solo hay que ver cómo Elon Musk ha dedicado millones de su fortuna y la red social X (antes Twitter) para favorecer la victoria de Donald Trump. “No creo que esta carrera hubiera estado siquiera pareja si no hubiera sido por lo que Elon Musk está haciendo con Twitter, mostrándole a la gente lo que está pasando”, dijo el hijo de Trump. “Es un personaje, es un tipo especial, es un supergenio”, comentó Donald Trump. A cambio de su apoyo mediático y financiero Trump le prometió a Musk que obtendría lo que quiera de su Administración. Ahora el magnate le ha prometido un puesto en el Gobierno. Aquí te explicamos qué significa para el mundo la alianza de Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca.

El dato

10.427 millones de euros

es lo que han ganado las cuatro mayores energéticas cotizadas de España (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) en los nueve primeros meses de 2024. Este beneficio supera las ganancias récord de 9.037 millones que lograron hasta septiembre de 2022. Con estas ganancias y los “beneficios caídos del cielo”, señalados por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el PSOE negoció con el PNV y Junts eliminar el impuesto especial sobre estas compañías, cuyo carácter permanente se pactó en el acuerdo del Gobierno de coalición.  

Es curioso que eliminen este impuesto especial cuando las energéticas ganan más que nunca, pero también cuando se trata de compañías que recibieron subvenciones millonarias por parte del Estado español: en 2023 se le concedió más de 500 millones de dinero público cuando se trata de empresas energéticas con capital de Estados extranjeros. Es aún más curioso cuando España es un país sin eléctrica pública desde que se privatizó Endesa. Una eléctrica pública en nuestro país tendría todo el sentido para ayudar a que los precios energéticos no se desmadren. De hecho, el gobierno llegó a plantear la posibilidad de que una empresa pública gestionase las presas hidroeléctricas cuando caducasen sus concesiones. Por lo que sea, el Ejecutivo acabó desistiendo.

Cada vez que habla sube el pan

Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva

Las patronales CEOE y Cepyme 

Era una crónica anunciada pero ha habido que esperar a la reunión del comité de la patronal para confirmarla. Finalmente, tanto CEOE como Cepyme dieron su 'no' “por unanimidad” a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ya había mostrado su rechazo a la última oferta del Gobierno, que planteó ayudas directas de hasta 6.000 euros para pequeñas empresas de hostelería o comercio. Se abre un nuevo periodo. El descuelgue de las patronales va a tener un coste, como advirtió la vicepresidenta Yolanda Díaz. Trabajo no ha aclarado si retirará las ayudas planteadas, pero apuntó que la “geometría” del acuerdo es otra ya que solo están en la mesa el Gobierno, CCOO y UGT. Las prioridades de los sindicatos son la reducción de la jornada laboral, reforzar el registro horario para que sea efectivo y garantizar el derecho a la desconexión digital. Aquí tienes más información sobre el rechazo de la patronal a la reducción de la jornada laboral, que deja vía libre a un pacto entre el Gobierno y los sindicatos.

No ha sido la única desbandada empresarial de la semana. Las aseguradoras privadas no han presentado ofertas para el concierto de Muface para 2025 y 2026. Ahora se espera que el Gobierno plantee una nueva licitación para garantizar la cobertura sanitaria y social de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. También tiene en su mano la posibilidad de prorrogar el contrato existente, lo que sería muy perjudicial para las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV. El Ejecutivo ya había aprobado a principios de octubre un aumento de la prima del 17%: 1.337 millones de euros para el primer año y 1.345 para el segundo, pero para estas compañías la salud es solo un negocio. En este enlace te explicamos cómo está la situación de Muface con las aseguradoras tras su desbandada en la cobertura sanitaria de los funcionarios.  

Hay extrañas conexiones en el universo neoliberal. Quizás no sean tan raras. Qué podría conectar a la Fundación Civismo, think tank que financian ultrarricos como Abelló o la dueña de Prosegur, Helena Revoredo, y cuyo presidente, Julio Pomés, ha llegado a comparar a Pedro Sánchez con el nazi Goebbels, con el ex juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, conocido por su cercanía al PP, un es magistrado que se negó a imputar a María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen, tras los intentos de la ex secretaria general del PP de sabotear los casos de corrupción del PP, pero se empeñó en encausar sin éxito a varios políticos de Podemos o trató de imputar por terrorismo a Carles Puigdemont en plena negociación para la investidura de Sánchez. Pues eso, la ideología. En una reunión de Civismo en la sede de Torreal, la sociedad del multimillonario Juan Abelló, se decidió concederle un premio al polémico ex juez para “honrar a la Justicia como pilar fundamental de nuestra democracia” y por su “destacada carrera”. Aquí tienes más información sobre el premio que le han dado a García Castellón el  lobby de ultrarricos que fichó a Lasquetty.

El gráfico

Mientras, la situación económica en el país se mantiene sólida. Afortunadamente el empleo se sigue manteniendo fuerte pese a la atonía del resto de los grandes países europeos. La creación de puestos de trabajo en España se intensificó en octubre con un alza del número de trabajadores de 134.307 personas, el registro más alto de la serie histórica, salvo 2021, con el rebote económico postpandemia. Estamos hablando de 21.332.513 personas trabajando afiliadas de media a la Seguridad Social, el registro más elevado para un octubre. En los últimos 12 meses, el ritmo de creación de empleo acelera al 2,5%. En el último año se crearon más de medio millón de puestos de trabajo: 514.856. Aquí puedes leer más datos del resistente mercado laboral.

Bien público

“Los arrendadores entrevistados afirman haber recibido un gran número de llamadas de agencias inmobiliarias a las pocas horas de publicar su anuncio en el portal”, según el estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona sobre el Impacto de las inmobiliarias en el mercado del alquiler. La Ley de Vivienda prohíbe a las agencias cargar los honorarios a los inquilinos lo que ha hecho que las agencias se lancen a tratar de gestionar las operaciones de venta o puesta en alquiler por parte de los propietarios. Esta presión se traduce en numerosas llamadas al día con la intención de convencer a los propietarios. Cuando ocurre aparece un nuevo intermediario que encarece las operaciones. Tres de cada 4 pisos que se alquilan en Barcelona están gestionados por agencias y en Madrid los contratos entre particulares han caído 15 puntos en cinco años. “La profesionalización del mercado ha empeorado las relaciones entre caseros e inquilinos”, según el estudio. Más información en este reportaje de David Noriega que explica cómo funciona la presión de las inmobiliarias para acaparar las viviendas en alquiler: “Si lo rechazas, te tratan como si fueras tonto”.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

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Reuniones en la sede de Torreal, la sociedad del multimillonario Juan Abelló; un plan de acción que incluye “la defensa de la propiedad privada ante la okupación de viviendas”; y un premio para el ex juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para “honrar a la Justicia como pilar fundamental de nuestra democracia”.

Son algunos de los últimos movimientos de Fundación Civismo, think tank que financian ultrarricos como Abelló o la dueña de Prosegur, Helena Revoredo, y cuyo presidente, el lobbista navarro Julio Pomés, ha llegado a comparar a Pedro Sánchez con el nazi Goebbels. La entidad, que cada año celebra lo que califica de “día de la liberación fiscal”, acaba de mandar a sus socios la invitación para el acto de entrega de su premio anual “Sociedad Civil”.

Este año le ha tocado el turno al exmagistrado, jubilado en septiembre forzosamente por motivos de edad y conocido por su cercanía al PP. Tras haberse negado a imputar a María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen tras los intentos de la ex secretaria general del PP de sabotear los casos de corrupción del PP, García Castellón tiene en su hoja de servicios sus intentos de encausar sin éxito a varios políticos de Podemos. Hasta este año se empeñó en acusar de terrorismo a Carles Puigdemont, al que intentó imputar en plena negociación para la investidura de Sánchez.

El ya ex juez fue el instructor del denominado caso Villarejo. El pasado verano propuso juzgar al BBVA y a su expresidente, Francisco González, por la contratación del comisario corrupto para espiar a, entre otros, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero o al propio Juan Abelló.

“Destacada carrera”

“Este año, hemos querido honrar a la Justicia como pilar fundamental de nuestra democracia. En representación de ésta, la Fundación Civismo otorgará este Premio Sociedad Civil 2024 al juez Manuel García-Castellón, con una destacada carrera como titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y como miembro de la Audiencia Nacional”, reza el formulario de inscripción para asistir al acto que ha remitido a sus socios, y al que ha tenido acceso elDiario.es

En ediciones anteriores el premio de Civismo ha recaído en la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el nobel peruano Mario Vargas Llosa. El año pasado el elegido fue Jano García, escritor ultraliberal, youtuber, ex jugador de póker profesional y colaborador ocasional del comunicador Iker Jiménez, que estos días se ha lanzado a propagar bulos sobre la DANA de Valencia en su programa en Mediaset.

El premio de Civismo a García Castellón se entregará el 28 de noviembre a las 19.00 horas en el auditorio que tiene en Madrid la Fundación Renta 4. Este banco de inversión fue fundado por otro donante de Civismo, el financiero y abogado del Estado en excedencia Juan Carlos Ureta.

El de la Fundación Renta 4 era uno de los nombres que aparecían entre los donantes de Civismo en 2020, último año en el que esta fundación detalló en sus cuentas quiénes financian su actividad. Entonces aparecían también los nombres de Torreal SA, de Abelló. La octava fortuna española según Forbes, con un patrimonio de 2.900 millones, es uno de los multimillonarios que se han apuntado a la moda de las sociedades de inversión libre (SIL) para pagar un 1% de impuestos tras el refuerzo de los controles sobre las sicavs.

Junto a Abelló, entre esos donantes de Civismo aparecían otros dos nombres de la famosa lista de Forbes España: la presidenta de Prosegur, muy cercana como Abelló al rey emérito, Juan Carlos I, ex consejera de Endesa o Mediaset y que es la trigésima fortuna del país, según esa publicación, que le atribuye 1.200 millones de patrimonio; y Víctor de Urrutia, dueño de las bodegas CVNE, exvicepresidente de Iberdrola, primera fortuna de Álava y en el puesto 72 de ese ranking de ricos. 

En el listado de donantes de Civismo también aparecían otros multimillonarios menos conocidos como Víctor Ruiz, también patrono de la fundación y que es primer accionista de Azkoyen, fundador de la quebrada ingeniería Eurofinsa y ex accionista de Libertad Digital; el inversor Francisco García Paramés (casero de otro think tank ultra en Madrid, el Instituto Juan de Mariana), o el financiero Claudio Aguirre, primo de Esperanza Aguirre y también patrono de Civismo.

También figuraba la fundación Vargas Llosa, en la que es directivo Javier Fernández-Lasquetty, también cercano al Juan de Mariana. Lasquetty fue hasta 2023 gurú económico de Ayuso y se le considera el artífice de las privatizaciones sanitarias de Aguirre en la Comunidad de Madrid. Ya metido de lleno en el sector privado y en diversos lobbies, se incorporó al patronato de Civismo el pasado verano.

Unos meses antes, el pasado 5 de diciembre, se aprobó el vigente plan de acción de Civismo. Este documento prevé unos ingresos por “aportaciones privadas” de 234.000 euros para este ejercicio y, entre las acciones previstas, una nueva edición de la denominada “Escuela de Libertad” en el centro universitario María Cristina del Monasterio de El Escorial, y diversas conferencias y tertulias.

Como primera de sus actuaciones, el plan preveía realizar este año trabajos de “investigación” sobre “los sectores estratégicos que conforman el PIB de España y el valor económico de las inversiones públicas y privadas en sectores sociales, educativos y culturales, la defensa de la propiedad privada ante la okupación de viviendas, la eficiencia de las reformas fiscales, la situación del mercado laboral, la necesaria independencia del poder judicial y la elaboración del Índice de Libertad Económica de España”.

Documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es refleja que, pese a que Civismo tiene su propia sede (en la actualidad, está ubicada en el Paseo de la Habana de Madrid), las reuniones del patronato se han venido celebrando hasta hace un año en las oficinas de Torreal, la holding de Abelló, en la calle Fortuny número 1 de Madrid.

Allí se convocó la reunión celebrada el pasado 15 de noviembre para aprobar ese plan de Acción 2024; o la que el 14 de abril de 2023 aprobó las cuentas de 2022, cuando la entidad acabó realizando un gasto récord de 304.677 euros, según sus cuentas de ese año; o la que el 30 de junio de 2022 eligió como nuevo director de la fundación a Jorge González-Gallarza Hernández. Este colaborador habitual de la fundación Disenso, el think tank de Vox, estuvo poco más de un año en ese puesto.

Le sucedió en septiembre de 2023 como director general Albert Guivernau, que unos meses antes había sido número dos en las listas al Ayuntamiento de Barcelona por Valents, extinto y efímero partido conservador y constitucionalista.

A Civismo lo han financiado también ultrarricos no demasiado conocidos como los Huarte, herederos del constructor navarro Félix Huarte, que se hizo de oro durante la dictadura y construyó el Valle de los Caídos o el estadio Santiago Bernabéu. El think tank estuvo en sus orígenes muy vinculado a Navarra, pero acabó trasladándose hasta Madrid.

Su sede en la capital fue contigua durante años al edificio Huarte, en el Paseo de la Castellana y a tiro de piedra del Bernabéu. Desde allí se desplegó en mayo de 2020 una enorme pancarta contra Pedro Sánchez de la que se hizo eco en sus redes un tuitero entonces no muy conocido llamado Alvise Pérez.

La entidad que más dinero aportó a Civismo en 2020 fue Alpireva Investments SL, del empresario hortofrutícola francés Alexandre Pierron D´ Arbonne, vicepresidente del think tank y muy vinculado a Navarra. Su perfil guarda cierto paralelismo con el de otro multimillonario francés afincado en España, Gregoire Bontoux-Halley, heredero de Carrefour que ha inyectado millones a la heredera de la ultraderechista Intereconomía TV.

Otra persona muy vinculada a Civismo durante años ha sido Carlos Espinosa de los Monteros, ex Comisionado de la Marca España y padre del exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros. El secretario general de la fundación es el catedrático de la Complutense Francisco Cabrillo, al que Ayuso nombró en marzo consejero de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid junto al expresidente Joaquín Leguina, con un sueldo público de 101.059,32 euros anuales.

Cabrillo ya fue colocado por Aguirre en 2004 como presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Poco después de su cese (en 2012) presidió brevemente Libertad Digital.

Entre las personas que han asesorado a Civismo están Daniel Lacalle (ex “jefe de Estrategia”), Cayetana Álvarez de Toledo, Fernando del Pino (de la familia dueña de Ferrovial), José María Rotellar, actual asesor a tiempo parcial del gobierno madrileño, o Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director de la Agencia Tributaria con Aznar y columnista en medios de derechas.

En esa extensa nómina también figuran los históricos de CEOE José Luis Feito y Juan Iranzo, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid; Fernando Becker (ex directivo de Iberdrola y muy vinculado al PP), el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, el exdiplomático Inocencio Arias, los catedráticos Benito Arruñada y Rafael Pampillón, Luis María Linde, ex gobernador del Banco de España con el PP, y Fernando Eguidazu, consejero del supervisor y alto cargo en Exteriores con Mariano Rajoy.

Las acusaciones particulares y populares de la causa en la que se investiga la presunta responsabilidad de varios exjefes de ETA en el asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco en 1997 han sostenido que los hechos analizados no prescriben tras la modificación del Código Penal de 2010, mientras que la Fiscalía y la defensa de los exmiembros de ETA han reiterado que el asunto se debe archivar sin entrar en el fondo dado que los hechos están ya prescritos. Así se han pronunciado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que estudia si deja sin efecto el procesamiento de los exjefes de ETA Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', e Ignacio de Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', por su presunta responsabilidad en ese secuestro y asesinato.

En la vista de este lunes todas las partes han expuesto su tesis ante los magistrados, y ahora la Audiencia Nacional debe decidir a raíz del recurso interpuesto por la defensa de los procesados —al que se adhirió la Fiscalía— si opta por anular el procesamiento de los exjefes de ETA. El juez Manuel García Castellón procesó a cuatro exmiembros del Comité Ejecutivo de ETA —los tres citados y José Javier Arizcuren, alias 'Kantauri'— al considerar que se daban los requisitos de la autoría mediata por dominio de la organización. Es decir, que los exjefes de la banda estuvieron implicados en el asesinato en tanto que, como máximos dirigentes, podrían haberlo impedido.

El caso de 'Kantauri' queda fuera de esta vista, puesto que el que fuera dirigente de la banda terrorista ya fue procesado por estos hechos, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, por el juez Eloy Velasco en 2016, cuando no habían pasado 20 años del asesinato. El fiscal del caso, Carlos García Berro, ha subrayado que el tribunal debe decidir sobre la prescripción ahora y no dejarlo para un momento posterior dado que ya cuenta con todos los elementos fácticos y puesto que un retraso imputable al Estado podría llevar a concluir que se ha incumplido el derecho de toda persona a ser oído por un tribunal imparcial en un plazo razonable que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Sobre si la reforma del Código Penal de 2010, que convertía en imprescriptibles los asesinatos con resultado de muerte, es aplicable, Berro ha sostenido que no puede aplicarse al caso dado que los hechos acaecieron en 1997, por lo que no puede haber una retroactividad de la modificación legislativa. “Cualquier norma procesal que suponga la restricción de derechos jamás puede tener efecto retroactivo”, ha incidido, para luego concluir que si bien conoce que su postura es “impopular” considera que es “más importante defender las garantías del Estado de Derecho (...) y no tolerar una merma de garantías que amparan a todos”.

Hecho “claro e incontrovertido”

Por su parte, la defensa de dos de los encausados ha incidido en que su recurso contra el procesamiento se fundamenta en el hecho “claro e incontrovertido” de que desde julio de 1997 hasta que se dirige la causa contra sus representados, 6 de febrero de 2022, han pasado más de 20 años y sin interrupción de la prescripción. Añade a esto que sólo el legislador puede modificar ley penal para lograr que se aplique la modificación de 2015 a delitos cometidos antes de su entrada en vigor. “No lo hizo y hasta la actualidad no lo ha hecho”, ha aseverado.

El letrado de 'Anboto', la tercera acusada, ha esgrimido los mismos argumentos que su compañera y que ya apuntó en su recurso y ha pedido la prescripción de los hechos. Las acusaciones, por su parte, han repetido lo manifestado en la vistilla de 'Antza' y 'Rentería' La acusación ejercida por el Partido Popular, dirigida por el abogado Jesús Santos, ha sostenido que la reforma de la norma española sí que ampara la imprescriptibilidad de los hechos investigados y ha incidido en que la postura del fiscal es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a la doctrina jurisprudencial de la Audiencia Nacional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Ha subrayado que si se amplían plazos de prescripción en un momento en el que los hechos aun no han prescrito (2015), no hay conculcación de derechos de los encausados. Por último, ha indicado que el Parlamento Europeo recomendó a España sobre los asesinatos de ETA no resueltos, que se debía continuar con la investigación para esos casos, y que se debían agotara las posibilidades interpretativas de la legislación para tal fin. Por su parte, la letrada de Dignidad y Justicia ha señalado que existe causa de inadmisión del recurso presentado por los procesados dado que se interpuso de manera extemporánea. Ha sostenido que el auto de procesamiento se notificó el 26 de abril de 2024 y las defensas recurrieron sólo tras la declaración indagatoria un mes después.

Con todo, también ha sostenido que se debe desestimar el recurso porque el auto de procesamiento no es el momento de debatir sobre la prescripción, sino más adelante. Y ha sumado a esto que los hechos estudiados son imprescriptibles de acuerdo al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Audiencia Nacional.

Una banda “jerarquizada” con “rígida disciplina”

En la resolución por la que les procesó, el magistrado instructor analizaba la actuación de ETA desde sus comienzos en los años 70 y explicaba que se trataba de una organización terrorista “fuertemente jerarquizada” en la que imperaba una “rígida disciplina”, con una cadena de mando de tipo vertical y “militar” en la que las órdenes emanadas desde su Comité Ejecutivo llegaban a los integrantes de los comandos operativos de la organización terrorista para ser cumplidas.

Cada miembro de un comando o de cualquier estructura, señalaba el juez, “obedecía las órdenes que le transmitía su enlace o responsable directo porque sabía que detrás de esa orden estaba la 'Dirección' de ETA, su Comité Ejecutivo”.

Recordaba que en aquel momento los cuatro procesados ostentaban “suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización tanto como para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima, como para evitar el desenlace último del secuestro”. Y todo porque podían haber dado al Comando Donosti “la orden expresa y concreta de poner en libertad” a Miguel Ángel Blanco.

El juez jubilado Manuel García Castellón ha demandado a Ione Belarra ante el Tribunal Supremo. El exmagistrado solicita que la secretaria general de Podemos sea condenada a indemnizarle con 120.000 euros por afirmar que forma parte de un grupo de “jueces corruptos” que “han prevaricado” contra su partido político. La demanda de honor y rectificación, tal y como ha adelantado ABC y ha podido confirmar elDiario.es, ha sido presentada ante la Sala de lo Civil por el aforamiento de Belarra como diputada en el Congreso.

El magistrado se jubiló en los primeros días del mes de septiembre al cumplir 72 años y después de pasar los últimos siete años de su carrera al frente del sexto juzgado de la Audiencia Nacional. Instructor de casos de corrupción como Tándem, Púnica o Lezo, Manuel García Castellón también protagonizó varios intentos para llevar al banquillo a Podemos y algunos de sus líderes y fundadores, por ejemplo la investigación fallida por la financiación del partido.

El mismo día en que el Boletín Oficial del Estado publicaba su jubilación forzosa, la secretaria general de Podemos y exministra Ione Belarra publicaba en su perfil de X un mensaje, hablando del magistrado como parte de un grupo de “jueces corruptos” que han delinquido para perjudicar, dijo, a quienes “defendemos otra idea de España”.

Tal y como ha adelantado ABC, una vez jubilado y fuera de la judicatura el magistrado ha pasado al ataque y ha decidido presentar una demanda civil por derecho al honor contra Belarra en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reclamando una indemnización de 120.000 euros a la secretaria general de Podemos.

Se trata de una petición económica mucho más altas que las condenas que suele establecer este departamento del Supremo en casos en los que entiende que se ha atribuido un delito de forma ilegal a una persona en unas declaraciones públicas. Hace dos años firmó una indemnización de 10.000 euros para un hombre acusado de una violación por la que no había sido condenado, mientras que la exministra Irene Montero fue condenada por lo civil a indemnizar con 18.000 euros a un hombre al que acusó de ser un maltratador, delito por el que tampoco había sido condenado.

En los últimos años, por la vía penal, el Supremo ha rechazado también varias querellas y denuncias presentadas contra líderes políticos por acusar de prevaricación a jueces como García Castellón o denunciar el 'lawfare'. También rechazó, en una decisión pendiente de recurso en el Constitucional, la querella que Podemos interpuso contra el juez por prevaricación.

“Se querella contra mí por decir la verdad”

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha respondido a la demanda presentada por el magistrado jubilado Manuel García Castellón ante el Supremo con un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que afirma que “no tenía ganas de jubilarse” y que “continúa la guerra sucia judicial” contra Podemos.

El juez ha presentado una demanda de honor en el Supremo contra la líder de la formación morada reclamando una indemnización por un tuit en el que Belarra le acusaba de prevaricar para perjudicar a su partido y solicita que sea condenada a indemnizarle con un total de 120.000 euros.

Ione Belarra considera que García Castellón se querella contra ella por “decir la verdad”, y defiende que “lo que ha hecho para proteger al PP y para perseguir a los adversarios políticos de la derecha, es corrupción, con o sin condena”.

El pasado lunes, 2 de septiembre, concluyó por jubilación la segunda y última temporada de Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional, a donde regresó en 2017 después de 17 años disfrutando de destinos tan anhelados por sus compañeros como París y Roma. El juez apenas ha pisado el juzgado desde el pasado 8 de julio, fecha en la que acató la orden de la Sala de lo Penal de archivar el caso Tsunami, la herramienta que utilizó en su último intento de interferir en la política española desde la silla de su juzgado. 

Manuel García Castellón se ha jubilado a los 72 años, después de pedir la prórroga de dos que el Consejo General del Poder Judicial concede de forma casi automática. El juez ha aprovechado hasta el final el poder que otorga un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional. Tras cuatro años de instrucción, García Castellón pensó que podía imputar un delito de terrorismo con resultado de muerte al ex president de la Generalitat Carles Puigdemont. 

La despedida de García Castellón estuvo a la altura de su combate contra los que la derecha considera “enemigos de España”. Según el juez, el turista que murió de un infarto intentando acceder al aeropuerto de El Prat durante las protestas por la sentencia del procés fue víctima del acto de una organización terrorista dirigida, entre otros, por Puigdemont. 

El movimiento del juez tenía por finalidad que Puigdemont no pudiera acogerse a una ley de Amnistía que excluyera los delitos graves de terrorismo. El terremoto que produjo en plena negociación la decisión del juez tuvo un resultado próximo al bochorno: García Castellón había dictado una prórroga fuera de plazo, las defensas se percataron, y la Audiencia Nacional tumbó toda la instrucción. Por el camino, cascadas de titulares en los medios de comunicación y el aplauso de la derecha política y mediática. Al cierre de esta edición, la ley de Amnistía sigue su recorrido judicial y Puigdemont continúa fugado de la justicia.

Pablo Iglesias, libre de acusación

Libre de acusación está Pablo Iglesias Turrión. El que fuera líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno de España fue acusado formalmente por el juez García Castellón de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y acusación y denuncia falsa. Elevó exposición razonada ante el Alto Tribunal después de convertir una de las piezas más insignificantes del caso Villarejo en el caso Pablo Iglesias. El Supremo rechazó imputarle. 

Iglesias había guardado durante meses una copia de la tarjeta del móvil que una ex colaboradora denunció que le habían robado. A Iglesias la copia se la facilitó un grupo mediático alegando que le afectaba. La principal perjudicada exculpaba a Iglesias, pero a García Castellón eso no le resultó relevante. 

Jaleado por la derecha, García Castellón intentó retirar la condición de perjudicado al vicepresidente segundo del Gobierno, ordenó a su exasesora Dina Bousselham que dejara de compartir abogada con Iglesias, planeó viajar a Gales para interrogar a un técnico informático que había intentado recuperar la información de la tarjeta y aparcó el resto de investigaciones del caso Villarejo para centrarse en una pieza consistente en un posible delito de revelación de secretos y en otro de daños informáticos. 

Durante meses, García Castellón facilitó titulares y más titulares contra Podemos e Iglesias. Cuando el Tribunal Supremo le dijo que no había indicios para imputar al vicepresidente segundo alargó la investigación, olvidándose de Villarejo, en cuya casa habían aparecido copias de la tarjeta, por lo que la Fiscalía siempre consideró al policía el principal sospechoso de la filtración, y no a Pablo Iglesias. Cuando la Sala de lo Penal le obligó a cerrar la pieza, García Castellón dedujo testimonio para que continuaran investigando juzgados locales. 

Entretanto, el magistrado reabrió una causa sobre la financiación de Podemos pese a que en 2017 se había archivado por basarse en recortes del pseudoinforme PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Y ahí incorporó unas acusaciones sin pruebas de un ex general venezolano, el Pollo Carvajal, reclamado por Estados Unidos por narcotráfico y otros graves delitos. García Castellón utilizaba un montaje de la brigada política del PP para impulsar su penúltima embestida contra Podemos. 

La Fiscalía se escandalizó por el carácter prospectivo de las pesquisas y la vulneración de derechos fundamentales de los fundadores de Podemos, investigados en secreto y nunca imputados. Y cuando la Sala también obligó al juez a cerrar esta causa, García Castellón dedujo testimonio contra Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales y malversación, sin que se conozca a día de hoy acusación firme alguna contra el profesor universitario. 

Doble rasero con el PP

El ímpetu de estas investigaciones contra los “enemigos” de España contrasta con la actuación de García Castellón en otro de sus casos más importantes, el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con fondos reservados en tiempos del PP. La brigada política intentó sabotear la causa judicial de la financiación irregular del PP y que sus políticos quedaran a salvo de la acción de la justicia. 

Manuel García Castellón eligió el último día laborable antes de las vacaciones de agosto de 2021 para anunciar sorpresivamente que había finalizado su investigación y que la causa quedaba archivada para la secretaria general del PP en el momento de los hechos, María Dolores de Cospedal.

En septiembre, Anticorrupción presentó su recurso. En él aparece una de las censuras más contundentes que se han dado a la labor de un juez instructor: la Fiscalía acusaba a García Castellón de imponer “una línea roja” que evitaba investigar a la dirección del Partido Popular. El espionaje a Bárcenas, había concluido el juez, fue una idea del ministro del Interior Fernández Díaz, amigo íntimo de Rajoy, y del número dos del departamento. 

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que preside el magistrado Alfonso Guevara, rechazó el recurso de la Fiscalía. Guevara y el resto de jueces han corregido en varias ocasiones las desviaciones de García Castellón, pero en este caso, como ocurriría después con el archivo de las causas contra Repsol e Iberdrola, dieron la razón al magistrado. Fue la misma Sala que después ordenaría cerrar la instrucción contra Puigdemont. 

El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo del caso Tsunami Democrátic contra Carles Puigdemont, una causa en la que el expresident catalán estaba siendo investigado por terrorismo. En un auto, la magistrada Susana Polo rechaza los recursos de Vox y otras acusaciones populares y ratifica que el error del juez Manuel García Castellón al prolongar de forma irregular la investigación se traduce en la nulidad y archivo del caso: “No se llevó a efecto ninguna investigación de la participación de los investigados en los hechos”, recuerda el alto tribunal.

El caso Tsunami Democrátic arrancó en la Audiencia Nacional e investigó durante años la organización de las manifestaciones masivas desarrolladas en Cataluña para protestar contra la sentencia del procés que condenó a los líderes independentistas por sedición, malversación y desobediencia. Una causa que viró contra Carles Puigdemont a finales de 2023, cuando PSOE y Junts negociaban los detalles de la ley de amnistía. El magistrado anunció que Marta Rovira y Carles Puigdemont, entre otros, pasaban a formar parte de la nómina de investigados y por delitos de terrorismo.

El caso llegó al Tribunal Supremo cuando García Castellón solicitó formalmente la imputación por un delito que podía dejarle fuera de la amnistía. La magistrada Susana Polo llegó a abrir una causa contra él pero firmó el archivo cuando las defensas de los acusados denunciaron una irregularidad en la instrucción del juez de la Audiencia Nacional, recientemente jubilado, que anulaba la mayor parte de las diligencias realizadas: había alargado la causa de forma ilegal.

Polo archivó el caso por terrorismo contra Puigdemont y Rubén Wagensberg, diputado catalán por ERC, y ha confirmado su decisión tras rechazar los recursos de Vox, Dignidad y Justicia y Societat Civil Catalan. En su auto, la magistrada reitera que la irregularidad de García Castellón tiene como consecuencia el archivo del caso, algo que el propio magistrado reconoció tras archivar la parte de las diligencias que él mismo mantenía abiertas.

El Supremo recuerda que las únicas diligencias válidas del caso fueron las realizadas antes de la línea roja del 29 de julio de 2021, y que eso no es suficiente para sostener una causa por terrorismo contra el expresident y hoy diputado de Junts en el Parlament catalán. “No se llevó a efecto ninguna investigación de la causa determinante de la participación de los investigados en los hechos”. Vox y el resto de acusaciones, añade la magistrada Polo, no consiguen concretar qué pruebas han sobrevivido a la criba para mantener en pie el caso contra Puigdemont.

Ese límite, dice el Supremo, es “infranqueable” y debe ser “observado en el ejercicio de la función jurisdiccional”, algo que según certificó la Audiencia Nacional no hizo García Castellón. Saltarse ese plazo, añade, “determina la invalidez de las diligencias de las diligencias y todo lo que de ello se deriva, no hay subsanación posible”.

La amnistía de Puigdemont

Carles Puigdemont, que regresó brevemente a Barcelona tras siete años fuera de España para fugarse de nuevo, ya no está imputado en el caso Tsunami por terrorismo pero todavía está pendiente de dos causas judiciales: el caso principal del procés y la ramificación de la 'trama rusa' elevada también al Supremo por el juez Joaquín Aguirre. A la espera de que los jueces decidan en firme qué acusaciones quedan neutralizadas por la ley de amnistía que entró en vigor hace unos meses.

En el caso de la trama principal del procés, la misma por la que Oriol Junqueras y otros líderes independentistas fueron condenados a penas de hasta 13 años de cárcel, el alto tribunal ha establecido que la ley de perdón no ampara el delito de malversación de caudales públicos que se atribuye al expresident y por el que ya fueron sancionados el resto de políticos encausados.

En cuanto al caso que investiga la implicación de una trama de origen ruso en el impulso del procés independentista de 2017, el juez Aguirre rechazó también la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y envió su caso al Tribunal Supremo con varios delitos en la lista de acusaciones: traición, malversación y organización criminal. El Supremo todavía tiene que pronunciarse sobre si asume o no esta investigación.