Filmin, a través de sus redes sociales, ha emitido un comunicado donde defiende la inclusión del documental Ícaro: la semana en llamas en su catálogo. La plataforma incluye desde la pasada semana en su oferta este documental que narra cómo vivieron diversos grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la policía española, llegados de diversos puntos del Estado, los disturbios tras la sentencia del Procés.

Dirigida por Elena G. Cedillo y Susana Alonso, la cinta incluye imágenes inéditas hasta ahora de los incidentes, grabadas por agentes de estas unidades y también por helicópteros policiales, además de imágenes grabadas por los medios de comunicación que siguieron las protestas, si bien no se citan especificamente. La película tampoco incluye testimonios de Mossos D'esquadra, que junto a la Policía Nacional participaron en el operativo.

Se acabó de editar en 2022, pero hasta ahora no se ha publicado en ninguna plataforma, y de hecho ha pasado fuera del radar de la opinión pública hasta hace pocos días, cuando gracias a un tuit laudatorio de la exfundadora de Vox Macarena Olona la polémica se ha disparado en la red social conocida como X.

En su publicación de Olona escribe: “Qué manera de llorar anoche viendo el documental. Lágrimas de orgullo, respeto y mucha impotencia. ”Operación Ícaro“, la historia de la semana que Barcelona ardió en llamas tras la sentencia del proces, contada por los agentes de la UIP desplegados. Debería ser obligatorio que se exhibiera en todos los colegios y Academias policiales de España. Podéis verlo en Filmin. Fuerza y honor”.

Las réplicas en X no se han hecho esperar, a las que Olona ha respondido llamando a muchos de sus adversarios “anormales con lazo amarillo”.

Comunicado de Filmin

Pero las protestas también han ido dirigidas hacia Filmin por incluir esta cinta en su oferta, a lo cual la plataforma ha respondido por boca de su fundador y máximo ejecutivo Jaume Ripoll con un comunicado tambien en X.

“En Filmin somos muy conscientes de que los hechos de octubre de 2019 siguen siendo una herida abierta para la sociedad catalana”, comienza el comunicado. “Por ello, entendemos el malestar y las críticas que ha suscitado el estreno de Ícaro: la semana en llamas. Somos una empresa con sede en Barcelona, fundada en 2007, y sabemos que este debate no es abstracto: atraviesa familias, círculos de amistades y entornos laborales”, prosigue.

La plataforma asegura seguidamente que Icaro: la semana en llamas es un documental de 2022 que aporta una mirada concreta, de parte, sobre aquellos días, centrada únicamente en el testimonio de agentes desplegados en Barcelona“. ”Como cualquier obra, tiene un punto de vista y no pretende abarcar toda la complejidad de lo que ocurrió“.

Y advierte que “programar una película en Filmin no equivale a suscribir su enfoque” además de dejar claro que no ha sido producida ni distribuida por Filmin; “es una incorporación por tiempo limitado que dejará el catálogo el 31 de enero”.

A continuación Ripoll recuerda que “Filmin no censura películas por su orientación ideológica; nuestro compromiso es con el cine y el documental como herramientas para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal y creemos, además, que la pluralidad no se proclama: se demuestra con un catálogo tan diverso como el nuestro con más de 11.000 títulos”.

“Por eso”, apostilla, “en Filmin conviven obras muy vinculadas al debate político y cultural catalán (entre otras, «L'endemà», «Cataluña- Espanya», «Ciutat morta» o «Quatre d'onze, castell per l'independencia») con otros títulos con miradas diferentes sobre el Procés y su contexto”.

El comunicado termina diciendo: “Agradecemos sinceramente los mensajes que recibimos y los leemos con respeto, nos ayudan a pensar y a mejorar y si algo nos parece importante ahora mismo es recordar que el cine no debe servir para confirmar lo que ya pensamos, sino también para ayudarnos a mirar de frente aquello que nos incomoda, con espíritu crítico”.

Ataques a las oficinas de Filmin

Pero las explicaciones de Jaume Ripoll no han sido bienvenidas en X por parte de algunos usuarios, algunos de ellos con marcada relevacia política, que han promovido la cancelación masiva de suscripciones a la plataforma por parte de los abonados.

A lo largo de la tarde de ayer se sucedieron en X las contestaciones al comunicado, y esta mañana el propio Ripoll ha colgado una publicación en esta red denunciando un ataque a las oficinas de la empresa, con pintadas que se pueden ver en las imágenes adjuntadas. En ellas se puede leer: “Filmin colaborador con la represión española”. Tras los ataques, el dirigente de Filmin se ha declarado “bastante hecho polvo”.

Por una vez, la Guardia Civil no tenía de su lado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. La penúltima jornada del juicio al fiscal general incluyó un enfrentamiento entre aliados naturales, una muesca más que deja este inédito procedimiento en la historia de la Justicia española. El choque se resolvió con un severo cuestionamiento a los métodos utilizados por una unidad especializada en graves delitos a la que esta vez se le asignó investigar una supuesta revelación de secretos. 

Los agentes han actuado en el procedimiento contra el fiscal general como policía judicial, a las órdenes del juez. La Fiscalía pide la absolución de su máximo responsable porque no aprecia un solo indicio de delito. Y la Abogacía del Estado se encarga de su defensa, como funcionario público. 

La declaración del teniente coronel Balas y sus subordinados evidenció que la Unidad Central Operativa ha priorizado investigar a un sospechoso, el fiscal general, sobre el esclarecimiento de los hechos que constituyeron el delito. Las preguntas del fiscal Francisco Javier Montero, pero, sobre todo, de Consuelo Torres, abogada del Estado que ejerce la defensa de Álvaro García Ortiz, ahondaron en ello. 

Si Consuelo Torres había arrancado el juicio cargando contra el juez Ángel Hurtado por llevar a cabo una investigación “inquisitorial”, la última sesión evidenció quién y cómo ha contribuido a desarrollarla. La defensa de García Ortiz siempre ha defendido que el objetivo del procedimiento que instruyó Hurtado fue el fiscal general. Desde el principio. Y las respuestas de los guardias civiles este miércoles parecieron confirmarlo. 

El concepto jurídico que eligieron los mandos de la Unidad Central Operativa para enmarcar su tesis acusatoria sonó rimbombante en la sala del Tribunal Supremo: “Dominio de la acción”. Con tal afirmación, los agentes exponían su convencimiento de que Álvaro García Ortiz estuvo presente y dirigió todas las acciones que ellos han podido acreditar. A saber, la recopilación de documentación para lanzar una nota de prensa que desmintiera la noticia de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, cuando había sido al revés.

Y a falta de una sola prueba que demuestre que fue el fiscal general quien filtró luego el correo a los periodistas, esas cuatro palabras de los guardias civiles –“dominio de la acción”– sirvieron para copar titulares durante la jornada e inflamar la tesis acusatoria. “Tuvo todo el dominio de la acción”, insistían los agentes. “Muestra un modus operandi de recabar información y luego presuntamente filtrarla”, llegaron a decir los agentes en el juicio.

“Un comentario coloquial” para una acusación de cárcel

José Manuel Gómez Benítez es catedrático de Derecho Penal y autor en 1984 de El dominio del hecho en la autoría, obra de referencia en la materia. “Uno de los criterios para atribuir la autoría de un delito es el ‘dominio de la acción’, efectivamente. Se refiere a quien realiza directamente la acción delictiva, el que ejecuta personalmente la acción: quien mata, el que roba… personalmente, no ordenando que otro lo haga. En el caso de revelación de secretos es quien revela en persona el secreto o las actuaciones procesales, no el que ordena la revelación por parte de otro, por ejemplo”.

La siguiente pregunta al catedrático es obligada: ¿qué sentido tiene utilizar ese término si no hay una sola prueba de que el fiscal general entregara el correo? Y la respuesta de Gómez Benítez: “Si han intentado atribuir al fiscal general el dominio de la acción no puede ser en sentido técnico-penal. Habrá sido un comentario coloquial”.

Hay otro concepto en derecho penal que no utilizaron los agentes, pero que resume, según fuentes de la defensa, su actuación: “sesgo de confirmación”. Consiste en seleccionar a un sospechoso y buscar indicios contra él que confirmen ese prejuicio.

Los guardias civiles no indagaron en el bulo lanzado por Miguel Ángel Rodríguez horas antes de que el fiscal recibiera el correo que fue luego filtrado, ni en otras informaciones periodísticas que no fueran las comentadas por los sospechosos en los mensajes intervenidos, ni tampoco los otros destinatarios de la información revelada que no eran el fiscal general. 

Consuelo Castro preguntó sobre esta última cuestión, el hecho de que el expediente de González Amador estuviera en poder de más de 500 personas cuando fue publicado por los medios. Según Balas, haber explorado esa posibilidad hubiera supuesto incurrir en una “investigación prospectiva”, prohibida por la ley. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, remarcó el teniente coronel. Y en ese momento se escucharon unas risas en la sala, inéditas durante toda la vista. 

La abogada del Estado siguió tirando de ese hilo y rebajó el campo de investigación al oficial de la Guardia Civil. “¿Sabía usted que ese correo [el de la confesión del abogado de González Amador] fue enviado a una cuenta genérica a la que tenían acceso 16 personas?”, preguntó Castro. “No me consta”, respondió Balas. 

Los adjetivos de la UCO

Los adjetivos son muy importantes en los informes de la UCO. No solo para lucir en titulares periodísticos. El propio juez Hurtado edificó su acusación contra el fiscal general en el “papel preeminente” que le otorgó la Guardia Civil en la filtración. Una tesis que los agentes volvieron a sustentar durante su declaración del miércoles. “Se ve un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. Tiene una serie de colaboradores, pero se ve el dominio. Es evidente”, justificó Balas. 

El teniente coronel explicó que las sospechas se centraron en cuatro miembros de la Fiscalía, a lo que Castro preguntó por qué solo solicitaron la intervención del teléfono de uno solo de ellos. “Básicamente, es la persona sobre la que tenemos más indicios: toda la Fiscalía está jerarquizada, hay un dominio superior del fiscal general…”.

La jornada dejó varias dudas flotando en la sala. La primera es qué ocurriría si en otros procedimientos los investigadores policiales tuvieran en frente al Ministerio Público y a la Abogacía del Estado, y no de su lado, como suele ocurrir.

La segunda es si esa confusa alusión al “dominio de la acción” es a iniciativa propia o anticipa una tesis sobre la autoría del delito que algún miembro del tribunal esté valorando utilizar para condenar al fiscal general. En ese caso deberían haber aludido al “dominio de la voluntad”, una forma de atribuir el delito a los jefes de determinadas organizaciones criminales y que necesita de requisitos muy específicos. La sentencia del procés condenó a aquellos “acusados que, desde posiciones institucionales de máxima responsabilidad, concibieron, promovieron y dirigieron la estrategia que culminó en los episodios de los días 20 de septiembre y 1 de octubre”.

Los tribunales han confirmado la sanción de 20 días que la Policía Nacional impuso a un agente que criticó en Twitter el hotel en el que se alojaron los antidisturbios que fueron desplazados a Barcelona en 2019 en la operación Ícaro, el operativo policial para combatir las protestas contra la sentencia del procés independentista. Los jueces critican que este agente se quejara del hotel o de unos bocadillos que, decía, “hasta mis perros rechazarían” y reprochan que, si tenía alguna observación que hacer, lo hubiera planteado ante la Policía Nacional a través de una queja formal.

La operación Ícaro fue el nombre con el que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska bautizó el operativo de más de 1.500 agentes para hacer frente a los disturbios que ocurrieron en las calles de Barcelona y otros puntos de Catalunya tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés independentista catalán. Agentes antidisturbios que intervinieron en los operativos policiales de manifestaciones que se saldaron con cargas, barricadas y destrozos por el centro de la capital catalana, especialmente en Urquinaona y puntos cercanos a la Jefatura de Policía.

El agente César Alvarado, entonces en el sindicato Confederación Española de Policía (CEP) y vocal suplente en el Consejo de la Policía Nacional, compartió varias críticas en su cuenta de Twitter en torno al único hotel que había accedido a alojar a los policías y la comida que servía a los agentes. “No desayunan ni dejándoles en recepción unos bocadillos que daban pena verlos”, “muchos plátanos de esos venían abiertos y madurísimos”, “el responsable del hotel quiere, además, cobrar 5 euros por un bocadillo que hasta mis perros rechazarían”, dijo el agente en unos mensajes que acompañaba con fotos de la comida.

La Dirección General le sancionó con 20 días por una falta grave al entender que atacó injustificadamente la imagen del hotel: “Rebasan claramente sus límites llegando a rayar la injuria al proferirse de manera infundada y dañando con ello la imagen” del Hotel Nacional. El agente, ahora en el Sindicato Unificado de Policía (SUP), recurrió ante los tribunales alegando que sus críticas habían sido realizadas como líder sindical, que todo lo que dijo era verdad y que se había llegado a disculpar personalmente con los responsables del hotel.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según ha sabido elDiario.es, decidió confirmar la sanción hace unas semanas. En primer lugar porque considera “excesivas” las expresiones que usó en su cuenta de Twitter: “Ha de subrayarse que en los mismos se llega a afirmar que la comida que se dispensaba a los Agentes sería incluso rechazada por los perros”, destaca la sentencia.

No acogen tampoco el argumento de que era una denuncia que realizaba en calidad de líder sindical en la CEP. “Tendría desde luego mecanismos o cauces más idóneos que la publicación a través de una red social, máxime cuando todo apunta a que tal publicación no vino precedida de un mesurado control previo de la información que al respecto se le suministraba”, reprochan los jueces.

No fue una denuncia “formal”, dicen los jueces, sino “comentarios que iban innecesariamente más allá de una crítica seria y comedida actuada en el marco de una labor sindical que pudiera enderezarse a mejorar las condiciones de los agentes desplazados”. Alvarado puede ahora recurrir esta sentencia ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

El juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ha decidido confirmar el procesamiento de Carles Puigdemont por malversación y desobediencia después de la reforma del Gobierno que derogó el delito de sedición por el que fueron condenados los otros líderes políticos catalanes. El magistrado instructor de la causa ha decidido rechazar los recursos que la Fiscalía, la Abogacía del Estado, las acusaciones y las defensas presentaron contra su auto que imputó estos dos delitos al expresident y a Toni Comín y Lluís Puig, dejando la acusación sobre Marta Rovira y Clara Ponsati en desobediencia.

En este nuevo auto, el juez reitera que esta reforma no implica que los delitos atribuidos a Puigdemont, Comín y Puig puedan encajar en una versión atenuada de la malversación y que lo que antes se consideraba sedición ahora se debe considerar desobediencia. Fiscalía y Abogacía del Estado pedían que reconsiderara su decisión y les acusara no de desobediencia sino de desórdenes públicos agravados.

La reforma del ejecutivo central que derogaba la sedición, creaba un nuevo delito agravado de los desórdenes públicos y modificaba también la malversación tuvo una incidencia directa en la causa del procés. La Sala de lo Penal, por su parte, tuvo que adaptar su sentencia que impuso hasta 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y el resto de condenados por sedición, malversación y desobediencia.

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa pasaron a estar condenados en desobediencia en concurso con malversación de caudales públicos. Sus penas de cárcel ya indultadas no se modificaron y tampoco su inhabilitación, lo que mantiene la prohibición del líder de ERC a presentarse a las elecciones en Catalunya en 2025.

En paralelo, el juez Llarena también tuvo que adaptar el procesamiento que pesa desde hace varios años sobre Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes en búsqueda y captura que abandonaron España entre 2017 y 2018, que ya tuvo que ser rebajado de rebelión a sedición después de que el Supremo dictara sentencia. En esta segunda revisión entendió que podían seguir acusados de malversación pero que la sedición debía transformarse en desobediencia.

En este nuevo auto, el juez reitera que los ahora eurodiputados no se pueden ver protegidos por una inmunidad que obtuvieron un año después de su primer procesamiento, y que si en el futuro son encarcelados se les dejará acudir a las sesiones del Parlamento Europeo. Tampoco ven una vulneración de sus derechos en la causa que se sigue contra ellos, por la vía contable, en el Tribunal de Cuentas. “Los dos procedimientos se complementan”, dice Llarena.

La retirada de la sedición el pasado mes de enero ha provocado que el proceso de extradición abierto en Cerdeña (Italia) contra el expresident se haya archivado. El expresident fue arrestado en el aeropuerto de Alguero en septiembre de 2021, pero a las pocas horas fue puesto en libertad. El tribunal italiano consideró que no podía decidir sobre la entrega de Puigdemont hasta que la Justicia europea decidiera sobre su inmunidad.

En un sentido parecido resolvió el pasado mes de enero el juez Llarena, cuando constató que debido a la reforma de Código Penal ya no podía reclamar a los independentistas por sedición, limitando las peticiones de extradición a los delitos de malversación y desobediencia. El juez, sin embargo, dijo que no cursaría una nueva petición de extradición hasta que la controversia sobre la inmunidad estuviera resuelta por los tribunales europeos, algo que podíra no ocurrir hasta finales de año.

Un juzgado de lo penal de Madrid ha condenado a Antonio Baños, exdiputado de la CUP en el Parlament de Catalunya, a cuatro meses de cárcel por desobedecer al Tribunal Supremo y no contestar a las preguntas de Vox en el juicio al procés independentista de 2019. La condena de Baños no implica su entrada en prisión y aún puede ser recurrida pero llega apenas unos días después de que el Supremo haya condenado a solo una multa a Eulàlia Reguant, diputada del mismo partido, por los mismos hechos. La condena implica también la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, lo que implica que no podrá presentarse a unas elecciones mientras dure su condena.

Baños compareció como testigo en el juicio del procés y, como su compañera de partido Eulàlia Reguant, se negó a contestar a las preguntas de la acusación popular que ejercía el partido ultraderechista Vox. Los dos expresaron a Manuel Marchena, presidente del tribunal, que no querían contestar a las preguntas de la ultraderecha y el magistrado les comunicó las posibles consecuencias.

Ambos fueron multados con 2.500 euros y ahora el juzgado de lo penal 30 de Madrid ha firmado una condena de cuatro meses de cárcel para Baños por un delito de desobediencia. La magistrada explica que el acusado “no tenía la menor intención de responder a las preguntas de Vox, mostrándose contumaz y obstinado en su negativa y adoptando una actitud de franca rebeldía ante la orden del Alto Tribunal”.

Da lo mismo, dice la sentencia condenatoria, que sí se ofreciera al resto de partes personadas. Y su desobediencia, añade, “no puede ampararse en supuestos motivos ideológicos. ”Resulta sorprendente, incluso frívolo, que se aduzcan motivos políticos o ideológicos para negarse a contestar a quien es parte en un procedimiento judicial cuando la libertad ideológica es un derecho fundamental reconocido a todos, no solo a quienes decida el acusado“.

Son argumentos similares a los utilizados recientemente por el Tribunal Supremo para condenar a la diputada Eulàlia Reguant por el mismo delito por hacer exactamente lo mismo. En su caso, el Supremo optó por una multa de 13.500 euros al entender que una pena de cárcel e inhabilitación podría ser desproporcionada al implicar la pérdida del escaño en la cámara catalana. En el caso de Baños la magistrada de lo penal explica por qué opta por la prisión y no por la multa: por vulnerar “el derecho de defensa” de Vox en el juicio al procés, por desobedecer al más alto tribunal de nuestro país, por hacerlo en un juicio con “una gran repercusión” como el del procés y por mantenerse en su negativa a pesar de ser sancionado.

“La pena de cuatro meses solicitada por el Ministerio Fiscal, próxima a la mínima legal, se considera proporcionada”, zanja la magistrada. 

El Tribunal Constitucional ha obligado a un juzgado de Barcelona a reabrir la investigación en torno a si una fotoperiodista sufrió un pelotazo de 'foam' de los Mossos d'Esquadra en la capital catalana durante las protestas posteriores a la sentencia del procés. Los magistrados entienden que las decisiones de los jueces catalanes que llevaron al archivo del caso vulneraron su derecho a no ser sometida a torturas y también su libertad de información y obligan a reabrir el caso.

Todo parte de una denuncia de la fotoperiodista Sira Esclasans, que en octubre de 2019 trabajaba en las calles de Barcelona cubriendo las manifestaciones masivas en protesta contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes independentistas catalanes por delitos de desobediencia, sedición y malversación. Unas concentraciones repartidas en varios puntos de la ciudad que se tradujeron en graves disturbios, sobre todo en las inmediaciones de la Plaça Urquinaona y la Jefatura Superior de Policía en la cercana vía Laietana.

La propia Esclasans tuiteó fotografías en las que denunciaba haber sufrido lesiones por balas de foam de los Mossos y terminó denunciando un fuerte impacto de uno de estos proyectiles en el gemelo izquierdo. Primero un juzgado de Barcelona y después la Audiencia Provincial, sin embargo, archivaron el caso. Los jueces entendieron que no hay pruebas suficientes para afirmar que esos disparos procedieran de la policía autonómica, que alegó no haber hecho ningún disparo, o de la Policía Nacional.

“En su informe se sostiene que ese día no se efectuó ni un solo disparo con las lanzadoras por parte de dicho cuerpo policial”, dijo la Audiencia de Barcelona. El proyectil que impactó en su pierna, explicaron los jueces, “necesariamente no tenía que proceder del grupo de agentes señalado por la recurrente, y que los equipos de protección de los agentes dificultan distinguir su identidad”. Procedía archivar el caso, dijeron, hasta que aparecieran nuevas pruebas y las diligencias que pedía la fotoperiodista, añadieron, “no lograrían el objetivo de toda instrucción penal que es la de averiguar el autor del hecho que podría ser constitutivo de infracción penal”.

Es una decisión que ahora ha revocado el Tribunal Constitucional. Los magistrados han decidido estimar su recurso y, con ponencia de María Luisa Balaguer, anulan tanto los autos de la Audiencia Provincial como los del juzgado que cerraron el caso. Reconoce el Constitucional que “se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en relación con su derecho a no ser sometido ni a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes y el derecho a la libertad de información”.

El Constitucional también explica que la causa en torno a estos pelotazos de foam debe volver al punto anterior al dictado del archivo.

El Tribunal Supremo ha decidido condenar a Eulàlia Reguant, diputada de la CUP en el Parlament de Catalunya, a pagar una multa de 13.500 euros. Los jueces consideran que la diputada catalana incurrió en un delito de desobediencia al negarse a contestar a las preguntas de Vox durante el juicio al procés soberanista, un juicio en el que el partido ultraderechista ejerció la acusación popular y en el que ella compareció como testigo.

La sanción a Reguant es muy inferior a la solicitada por la Fiscalía, que pedía cuatro meses de cárcel e inhabilitación para ella. Explican los jueces que no optan por la prisión “no solo porque la misma es una pena privativa de libertad, sino por las consecuencias accesorias que la misma lleva aparejada”, ya que habría obligado a Reguant a dejar su escaño en el Parlament de Catalunya como pasó en el caso de Alberto Rodríguez. Una multa que suma 13.500 euros, entienden los jueces, es proporcionada y se ajusta “a la capacidad económica de la acusada” por su sueldo de diputada autonómica.

Para los jueces, Reguant no contestó a Vox sabiendo a lo que se exponía y conociendo su obligación de hacerlo. “La actitud de la acusada negándose a cumplir el mandato del tribunal ha sido evidente e inequívoca, clara y patente”, dice la sentencia, asegurando que la parlamentaria de la CUP actuó de manera “obstinada, totalmente meditada y decidida”.

En su cuenta de Twitter, la parlamentaria ha denunciado haberse enterado de su condena a través de los medios de comunicación y ha afirmado que “no contestar al fascismo nunca puede ser considerado un delito”.

La diputada de la CUP en el Parlament catalán fue juzgada el pasado 28 de septiembre ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Reguant justificó ante los magistrados su negativa a contestar a las preguntas de Vox durante el juicio al procés independentista, donde la ultraderecha ejerció la acusación popular. Su actuación, explicó, respondió a “la voluntad colectiva de señalar que aceptar la presencia de aquellos que niegan derechos fundamentales en el juicio era una declaración de intenciones por parte del poder judicial, era imposible obtener Justicia en aquel tribunal y aquel procedimiento”.

La libertad ideológica

El fiscal del caso, Carmelo Quintana, hizo firme su petición de cuatro meses de prisión e inhabilitación por un delito de desobediencia al entender que nada justificaba su negativa a contestar a todas las preguntas como testigo, tal y como obliga la Ley. El abogado defensor de Reguant, Daniel Amelang, por su parte afirmó que ni la sala advirtió de forma correcta a la parlamentaria de las consecuencias de sus actos y que, además, no contestar a las preguntas de Vox fue un ejercicio de “libertad de expresión y conciencia”.

Los jueces entienden que estos argumentos no sirven para su absolución. “Traspasó claramente los límites de su libertad ideológica y de conciencia, y no se estaba ante un ejercicio lícito de la libertad de expresión”, dice la sentencia. Además, entienden los jueces por unanimidad que “no existe un derecho general de desobediencia respaldado por disposición constitucional o legal alguna, por el contrario, el derecho vigente, legitimado democráticamente, tiene efecto obligatorio general y no sólo respecto de quienes estén de acuerdo con él”. Su condena, zanja el Supremo, no viene por su “posicionamiento ideológico” sino por “el deber de colaboración con la justicia, y de respeto al principio de autoridad y al orden público”.

El proceso contra Reguant queda sentenciado en firme después de varias idas y venidas por los tribunales mientras que Antonio Baños, otro testigo que se negó a contestar preguntas de Vox en el juicio al procés, se sentó un día después en el banquillo de los juzgados de lo penal de Madrid acusado del mismo delito. Ambos, además, fueron multados con 2.500 euros por negarse a contestar.

El juzgado de instrucción número 4 de Figueres ha archivado la causa a unas 200 personas por el corte de la AP-7 organizado por el Tsunami Democràtic durante las protestas por la sentencia del procés en otoño de 2019.

En el escrito, el juez asegura que prevalece el derecho a la manifestación en base a las resoluciones que habían presentado las defensas de la Corte Europea de los Derechos Humanos y también con el archivo de la causa que hizo la Audiencia de Girona por el corte que se hizo en la autopista en Salt (Gironès). El juez sí que mantiene abierta las diligencias contra un investigado por atentar contra los agentes de la autoridad.

El corte de la vía en El Pertús, un municipio fronterizo próximo a La Jonquera, reunió a millares de manifestantes y logró bloquear durante más de doce horas la conexión con Francia por la AP-7, generando grandes atascos y obligando a desviar el tráfico por la carretera nacional. Los concentrados fueron finalmente desalojados por los Mossos.

Los indultos del procés independentista vuelven a estar sobre la mesa del Tribunal Supremo. Cuatro meses después de inadmitir más de 60 recursos contra el perdón que el Gobierno concedió a los políticos catalanes condenados por el desafío soberanista de 2017, la misma sección ha cambiado su criterio y ha decidido que los recursos de PP, Vox y Ciudadanos deben estudiarse y valorarse en la resolución que deje el caso sentenciado en firme y no en un simple auto previo. Un cambio de parecer judicial que da alas a las derechas, que hicieron del rechazo a los indultos el puntal de su oposición al Gobierno, y que se produce tras el cambio en la composición del tribunal en los últimos meses: la magistrada Ángeles Huet, que votó a favor de la inadmisión en enero, ha sido sustituida por Inés Huerta, que este martes ha votado en sentido contrario.

El Gobierno decidió indultar a los nueve líderes independentistas catalanes en junio de 2021 y los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos tardaban apenas unas horas en anunciar los recursos ante el Tribunal Supremo. Sus escritos fueron analizados junto con otras seis decenas de impugnaciones por la sección quinta de lo contencioso-administrativo y la respuesta de los jueces llegaba en enero de este año: sus recursos quedaban rechazados en un auto porque, directamente, los magistrados consideran que los partidos políticos no están legitimados para cuestionar ante los tribunales un indulto concedido por el Gobierno. Ese es territorio acotado, sobre todo, a las víctimas de los delitos.

Los jueces fueron bastante claros a la hora de rechazar los recursos de las derechas. Su jurisprudencia, dijeron entonces, era “abrumadora” y había ejemplos de sobra para hacerlo en un auto y no en una sentencia sobre el fondo del asunto. El “mero interés por la legalidad” o la condición de representante público, dijo el Supremo, no es una carta blanca para recurrir cualquier cosa ante los tribunales. Lo mismo que dijeron, esa vez en una sentencia y no en un auto, cuando rechazaron los recursos de las derechas contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, o previamente en una decena de recursos interpuestos por PP y Vox contra otras decisiones del ejecutivo. En esas resoluciones, de hace apenas unos meses, el Supremo acusaba a los partidos de ejercer una “acción popular de carácter político” contra el Gobierno en los tribunales.

La jurisprudencia del Supremo no ha cambiado desde entonces. Lo que ha provocado un cambio y la vuelta a la casilla de salida es la composición de la sala. La votación de enero, que envió los recursos al cajón, fue muy ajustada: tres votos a favor y dos en contra. Desde entonces una de las magistradas que votó a favor de la inadmisión, la progresista Ángeles Huet, fue destinada en otra sala y entró la conservadora Inés Huerta, que este martes ha votado en sentido contrario. Otro de los cambios que ha habido, por la jubilación de Segundo Menéndez, no ha tenido incidencia en la votación al haber sido sustituido por otro magistrado, Ángel Arozamena, que al igual que él también ha apostado por inadmitir los recursos.

La rotación y el cambio en la composición de la sala se ha traducido en un cambio en la decisión final, al haber tenido lugar cuando todavía estaban pendientes de resolver los recursos de reposición. El resultado es que los escritos de los partidos volverán a ser estudiados por la sala pero con una condición: que si los jueces vuelven a decidir que los partidos políticos no están legitimados para recurrir un delito, tendrán que decidirlo en sentencia y no en un auto previo a la resolución del caso. Es decir, que la decisión conocida este martes no obliga a los jueces a entender que están legitimados o darles la razón, pero reabre un debate que la misma sección había zanjado con especial contundencia.

La decisión constituye un capítulo más de la turbulenta relación entre las distintas salas del Tribunal Supremo y los indultos concedidos por el Gobierno a los presos del procés después de ser condenados a penas de hasta 13 años de cárcel por sedición y malversación. En el trámite de informes, la sala de lo penal que había dictado la sentencia fue bastante clara a la hora de dar su opinión: “Se presenta como una solución inaceptable”, dijo la sala de Manuel Marchena un mes antes de que fueran indultados.

Una victoria política para la derecha

Fuera de los muros del Tribunal Supremo, la decisión ha dado alas a los partidos de derechas en una cuestión que había desaparecido del debate público. “A los golpistas hay que devolverlos al lugar de donde nunca debieron salir, la cárcel”, ha dicho Vox en un tuit. “Ojalá pronto la victoria sea completa y anulemos esta maniobra impresentable del Gobierno de Sánchez”, ha dicho Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos. “Sánchez no está por encima de la Justicia ni puede hacer lo que le dé la gana”, ha dicho el Partido Popular en su cuenta oficial en esta red social.

Los argumentos del Tribunal Supremo todavía no se conocen. Por el momento el alto tribunal solo ha enviado un comunicado en el que ordena “la continuación de los procedimientos y pospone al trámite de sentencia el pronunciamiento sobre la falta de legitimación de los recurrentes planteada por la Abogacía del Estado en todos los recursos”. La decisión, por tanto, no impide que una vez resuelto el caso en sentencia los jueces no puedan volver a establecer que los recursos de los partidos políticos son inadmisibles. Aunque varios miembros de la sala, hasta la fecha, han dejado caer en sus escritos que sí merece la pena resolver el fondo del asunto y avalar o anular los indultos.

Delitos de “excepcional gravedad”

Wenceslao Olea y Fernando Román son dos de los jueces que hoy han decantado la balanza a favor de los recursos de PP, Vox y Ciudadanos y que ya en enero votaron en ese sentido, dejando sus argumentos por escrito en varios votos particulares de más de 50 páginas. Unos votos particulares en los que criticaron que el asunto de la legitimación de los partidos hubiera sido solucionado en un auto y no en sentencia, al final del proceso. “Deben extremarse las precauciones para evitar que una interpretación excesivamente rigurosa de los mismos en esta temprana fase procesal pueda conducir a un desproporcionado rechazo anticipado de la legitimación activa de los recurrentes”, dijeron en ese voto particular.

Todavía no se conocen los argumentos de la resolución, pero estos argumentos fueron ya extensamente reproducidos por ambos jueces en sus votos particulares de enero. Y dejaron claro que, para ellos, estos no eran unos indultos sin más. “Los delitos que han sido objeto del indulto revisten una excepcional gravedad”, dijeron, para después afirmar que la gravedad de estos delitos “no es comparable con la que pudieran haber tenido los miles de delitos que han sido objeto de indulto en España”.

Frente a esto, los magistrados que este martes se han quedado en minoría defendieron que un rápido vistazo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este asunto no dejaba espacio para la duda: un partido político no puede recurrir cualquier cosa por el simple hecho de ser un partido político. La jurisprudencia, dijo entonces la sala, es “abrumadora” y no faltaban ejemplos: cuando inadmitieron los recursos de los mismos partidos contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, el último. Pero también un auto de 2012 firmado por Carlos Lesmes en el que se impidió que Joan Coscubiela, entonces diputado, recurriera el indulto del banquero Alfredo Sáenz. “Su legitimación no puede fundarse en el simple hecho del cargo público que desempeñan”, dijo el Tribunal Supremo hace una década.

En 2015 los jueces fueron un poco más flexibles y permitieron que Ecologistas en Acción recurriera el indulto del empresario Miguel Ángel Ramírez. El presidente de la UD Las Palmas había sido condenado por levantar una construcción en terreno protegido y los jueces concedieron que, al ser una asociación de defensa del medio ambiente, podía combatir la concesión del indulto. Está por ver si en el momento de estudiar de nuevo los recursos del procés esta puerta abierta a estudiar la legitimación se extiende al fondo del asunto y los jueces llegan a estudiar los indultos en sí mismos. Sobre esto, el mismo Carlos Lesmes dijo en 2013 en un escrito que las razones del Gobierno para conceder indultos “se sitúan extramuros del derecho” y que permitir que los jueces revisaran las razones para conceder indultos sería “tanto como reconocer al Gobierno el poder de revisar sentencias judiciales desde el Derecho”.

El Tribunal Supremo ha devuelto los recursos sobre los indultos del procés a la casilla de salida. La sala de lo contencioso-administrativo ha estimado un recurso de reposición y ha decidido anular su propia decisión del pasado mes de enero, que declaró directamente inadmisibles los recursos de PP, Vox y Ciudadanos contra los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes políticos catalanes condenados por sedición y malversación.

La decisión, que ha tenido votos particulares y por tanto no ha sido unánime, implica que los recursos deben ser estudiados y la alegación sobre su falta de legitimación debe ser solucionada, en todo caso, en la sentencia sobre el fondo del asunto. “El tribunal ordena la continuación de los procedimientos y pospone al trámite de sentencia el pronunciamiento sobre la falta de legitimación de los recurrentes planteada por la Abogacía del Estado en todos los recursos”, dice el Supremo en un comunicado.

El resultado es que esta sección de lo contencioso-administrativo volverá a reunirse para estudiar los recursos que rechazó de forma contundente hace unos meses, pero esta vez con la obligación de deliberar para dictar una sentencia en la que, nuevamente, pueda rechazarlos por falta de legitimación. El cambio de criterio por parte de esta sección ha venido de la mano de un cambio de composición en la sala que ha invertido la inicial votación de 3 votos a favor de la inadmisión y 2 en contra.

La ponente del caso, la magistrada Ángeles Huet, fue trasladada a otra sección el pasado mes de enero y entró en el tribunal Inés Huerta como nueva ponente. El Tribunal Supremo, por el momento, sólo ha avanzado la decisión y no el contenido de los autos y los votos particulares. La decisión afecta a la mayor parte de los recursos que fueron inadmitidos en enero pero mantiene el rechazo al recurso de la asociación Pro Ptrimonium Sijena.

La legitimación de los partidos

La misma sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ya resolvió el pasado mes de enero que los tres partidos de la derecha no estaban legitimados para recurrir esta decisión del ejecutivo. Ni PP ni Vox ni finalmente Ciudadanos pasaron el filtro aunque el Supremo resolvió el caso en varios autos similares. Esas mismas resoluciones también rechazaron esta legitimación para una asociación y para la plataforma Convivencia Cívica Catalana.

Los autos constituyeron un alegato contra la judicialización sistemática de decisiones políticas. “Ni esta jurisdicción ni esta Sala son el lugar adecuado para dirimir controversias suscitadas en la defensa de intereses de carácter político, al margen de las reglas sobre la legitimación establecidas por la ley con carácter general”, dijeron los jueces citando su propia sentencia que, unos meses antes, rechazó también el recurso del Partido Popular contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general.

La decisión sobre los indultos de enero, sin embargo, no fue unánime. Los magistrados Wenceslao Olea y Fernando Román emitieron un voto particular de medio centenar de folios en el que defendieron que no es necesario que alguien sea considerado legalmente víctima de un delito para poder recurrir un indulto. “Ni la Constitución ni la ley imponen la limitación de haber sido identificado nominalmente en la sentencia penal condenatoria como víctima, ofendido o perjudicado por el delito para ostentar legitimación activa en orden a interponer recurso contencioso-administrativo contra el acto de concesión de indulto”, decía ese voto particular.

El Gobierno defiende los indultos

La decisión del Tribunal Supremo ha sido hecha pública durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la portavoz gubernamental Isabel Rodríguez se ha referido a este asunto. “El Gobierno defiende la legalidad de todas sus actuaciones y en el caso de los indultos no solo la legalidad sino la utilidad, en aras a la convivencia y la recuperación de la normalidad en Catalunya.

Según la portavoz del ejecutivo central, la situación actual en Catalunya “nada tiene que ver con la que se producía en 2017 o 2019”. Ha esgrimido Rodríguez los datos de la Fiscalía sobre los delitos de odio en esta comunidad autónoma, vinculados al proceso soberanista por los investigadores en muchos casos. “Los delitos de odio han bajado 62%. Es incontestable que la situación política hoy nada tiene que ver, se ha recuperado una normalidad gracias al dialogo, a la vía de la política que es el camino a seguir. El Gobierno está satisfecho. Uno de los problemas que tenia este país era ese y hoy no lo es”, ha dicho.

Casi un lustro después de su punto álgido, el procés independentista catalán está del todo preparado para viajar a Estrasburgo. El Tribunal Constitucional ha rechazado en los últimos días los recursos de los últimos condenados que todavía estaban a la espera de una decisión, y eso abre la puerta a que puedan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El escenario, sin embargo, es poco habitual desde varios frentes: las sentencias del Constitucional han sido dictadas con votos particulares y los líderes independentistas catalanes, además, recurren condenas por las que ya han sido indultados por el Gobierno.

El Tribunal Supremo dictó su sentencia el 14 de octubre de 2019. Por unanimidad, la sala de lo penal impuso penas de hasta 13 años de cárcel por delitos de desobediencia, sedición y malversación a los 12 líderes independentistas juzgados. Desde las condenas por desobediencia de Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó hasta las penas de prisión del resto de encausados por sedición –en solitario en el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart – y también malversación de caudales públicos.

El Tribunal Constitucional empezó a resolver casos en febrero de 2021 y arrancó con una confirmación de las condenas por desobediencia. Esas sentencias fueron las únicas dictadas por unanimidad del tribunal de garantías: a partir de ahí llegaron los casos de los condenados por sedición y con ellos los votos particulares de varios magistrados. Votos que no cuestionan que cometieran un delito pero sí que, por ejemplo, sus condenas de cárcel por sedición fueron desproporcionadas.

Ha pasado más de un año entre la primera y la última sentencia del Constitucional así que alguno de los presos del procés ya ha tenido tiempo para llevar su caso hasta el TEDH. El primero fue Jordi Cuixart, entonces líder de Òmnium Cultural, que tardó apenas 24 horas en registrar su recurso en Francia después de que el Constitucional confirmada su condena de nueve años de prisión a mediados de 2021. Poco después lo hacía el exconseller Jordi Turull, condenado a 12 años por sedición y malversación. El siguiente fue Josep Rull y después Jordi Sànchez.

En los últimos días, el Constitucional ha confirmado el resto de condenas: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn pueden ahora llevar sus sentencias hasta Estrasburgo. Ni ellos ni sus abogados escondieron en ningún momento su intención de someter todo el proceso judicial al criterio de los tribunales europeos con la esperanza puesta en que Estrasburgo enmendase de alguna manera, por pequeña que sea, al juez Manuel Marchena y al instructor Pablo Llarena.

Conseguir que Estrasburgo estudie un caso no es nada fácil. Según los datos oficiales del tribunal, en 2021 recibieron más de 44.000 recursos y más de 30.000 fueron declaradas inadmisibles. Sucede lo mismo en el Tribunal Constitucional en Madrid, donde más de el 95% de las peticiones de amparo son directamente inadmitidas cada año sin que los magistrados entren ni siquiera a estudiar el fondo del asunto.

Los votos particulares

Los condenados por el procés llegan a Estrasburgo en una situación poco habitual. En primer lugar porque todas las sentencias sobre los nueve líderes independentistas condenados por sedición han sido dictadas sin unanimidad y cuentan, por tanto, con votos particulares que cuestionan aspectos importantes de las penas que les impuso el Tribunal Supremo. Primero fueron los magistrados Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer los que expresaron sus dudas y, tras la última renovación, el recién incorporado Juan Ramón Sáez también ha presentado votos particulares en los casos de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa.

Los votos particulares no dan la razón totalmente a los presos del procés. En su oposición a la sentencia de Jordi Turull, por ejemplo, Xiol y Balaguer fueron claros al expresar que actúan “sin controvertir la relevancia penal de la conducta del recurrente”. Pero también lo fueron al explicar por qué consideran que su condena de 12 años de prisión es desproporcionada: ni el delito de sedición es claro ni está claro que fuera la opción más respetuosa con los derechos fundamentales de los líderes independentistas.

Estos votos particulares hablan de unos “rasgos de relativa incertidumbre para el ciudadano” en el delito de sedición, una “indeterminación” en sus límites y ámbito de aplicación y los hechos, incluso, podrían “haber tenido un encaje natural en otros tipos penales como los desórdenes públicos o la desobediencia”. Por eso, entienden los discrepantes, no cuestionan que cometieran un delito pero sí que tuviera un castigo tan severo: “El rigor de la respuesta penal, pudiendo haber sido ajustado cuantitativamente, resultaba contrario a las exigencias del principio de proporcionalidad penal”, zanjó el voto particular.

El caso de Sànchez y Cuixart fue distinto y también encontraron argumentos distintos en sus votos particulares. Una condena de nueve años de prisión por sedición, dijeron los dos discrepantes, “frente a la mera convocatoria de actos que, aunque lo fueran para oponerse a la ejecución de resoluciones judiciales, tenían como objetivo último presionar al Gobierno en favor de una negociación política que posibilitara abordar la cuestión de la independencia de Cataluña, supone una injerencia en el derecho de reunión”. Una injerencia que tiene, según los dos magistrados, “un devastador efecto desaliento sobre este derecho, que amenaza con empobrecer nuestra democracia, con alinearnos con sociedades disciplinadas por el abuso del sistema penal en la represión de conductas que se desenvuelven en el ámbito material de derechos fundamentales”.

Son argumentos que, una vez cerrada la puerta de los tribunales españoles, estudiarán ahora en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Está por ver si la sentencia del Tribunal Supremo pasa el exigente filtro de Estrasburgo, en cuyo ránking de varapalos España ocupa puestos de la parte baja de la tabla. Según los datos oficiales del TEDH, España ha sido condenada en 134 ocasiones desde que empezó a ser fiscalizada en Estrasburgo. Muchas menos que, por ejemplo, Portugal (278), Reino Unido (363), Italia (1.890), Grecia (948), Austria (284) o Bélgica (198).

La inmensa mayoría de esos reproches a España, casi la mitad, han sido por vulnerar el derecho del condenado a tener “un juicio justo”. Un buen número de estas condenas vienen por situaciones en las que alguien era condenado en segunda instancia, tras ser absuelto, sin ser escuchado por los jueces. Eso pasó, por ejemplo, con Juan Mari Atutxa. Otro caso de este grupo fue el de Arnaldo Otegi: el líder de EH Bildu, según Estrasburgo, no tuvo un juicio justo porque la magistrada ponente del 'caso Bateragune' había mostrado claros signos de animadversión hacia él.

Estrasburgo tras los indultos

La pelea judicial que los condenados por el procés empiezan en Estrasburgo arranca en un escenario muy distinto al que transitaban cuando fueron encarcelados, juzgados y condenados. En primer lugar porque ya ninguno de ellos está cumpliendo condena entre rejas: en junio de 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez decidió indultar a todos los condenados a penas de prisión y los que por entonces estaban en la cárcel quedaron en libertad. El Tribunal Supremo, además, ha rechazado todos los recursos presentados por la derecha contra estos indultos.

Lo que entre 2017 y 2019 fue el caso que acaparó casi en exclusiva la actualidad judicial –junto con el caso Gürtel, 'la Manada' de Pamplona y la exhumación de Franco– no debuta ahora en Europa, aunque sí lo haga al poner el fondo del asunto en la mesa de los jueces de Estrasburgo. A lo largo de la fase de instrucción, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a Oriol Junqueras en su pleito con el Supremo por su condición de eurodiputado. Estrasburgo inadmitió un recurso de Carme Forcadell contra su prisión provisional.

Además, los fugados en 2017 con Carles Puigdemont siguen enzarzados con el juez Pablo Llarena en una compleja pelea por su inmunidad y sus procesos de extradición mientras que una de las exconselleras, Meritxell Serret, ha optado por volver a España y enfrentarse a un proceso por desobediencia por el que, como mucho, será inhabilitada.

Cinco meses en prisión provisional, petición de la Fiscalía de seis años de cárcel... y absolución. La jueza ha exculpado por falta de pruebas a Charles P., el sintecho estadounidense acusado de intentar quemar un contenedor que no ardió en las protestas contra la sentencia del procés de 2019.

En su sentencia, la magistrada del juzgado penal 2 de Barcelona constata que las declaraciones de los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona que declararon en el juicio no son suficientes para acabar con la presunción de inocencia de Charles P. Los tres agente que testificaron señalaron a Charles P. como autor del pequeño incendio –“llamita”, en palabra de una de las uniformadas– si bien reconocieron que no lo vieron directamente iniciar el fuego.

“Existen dudas racionales en cuanto a que fuera el acusado quien prendiera fuego al contenedor”, resuelve la jueza. La sentencia resalta que no puede descartarse la versión del acusado, defendido por el letrado David Aranda del colectivo Alerta Solidària, de que buscaba material para “reciclar” en el contenedor.

Charles P. ha resultado exculpado de unos hechos que no fueron ni mucho menos los más graves de los ocurridos en los disturbios, pese a lo cual llegó a pasar cinco meses en prisión provisional por un supuesto riesgo de fuga incompatible con su falta de recursos económicos. Solo la llegada de la pandemia lo libró de estar encarcelado sin sentencia.

El juicio fue el primero celebrado en Barcelona por los disturbios tras la sentencia del procés. La Fiscalía mantuvo su respuesta penal dura que ha llevado a otros acusados a alcanzar acuerdos con el Ministerio Público para evitar exponerse a altas penas de prisión.

La jueza, tal y como alertó la defensa de Charles P., destaca que ninguno de los agentes que testificó vio a Charles P. con un mechero en la mano para prender fuego al interior del contenedor, y que al acusado tampoco le fue incautado ningún mechero en las manos o los bolsillos en el momento de su detención, que se produjo cuando tenía medio cuerpo dentro del contenedor.

La Fiscalía reclamaba, además de la pena de prisión, expulsar de España al acusado por los delitos de desórdenes públicos y daños, pero la jueza descarta ambos tipos: Charles P. estuvo solo buscando basura en el contenedor, algo incompatible con la actuación en grupo que requiere el delito de desórdenes.

Tampoco cabe una condena por daños porque no se presentó prueba pericial alguna que acreditara “el tiempo que se precisa para que las bolsa de basura que se depositan en los contenedores empiecen a quemar”, agrega la jueza. En suma, no basta con la palabra de los agentes de la Guàrdia Urbana que vieron a Charles P. introducirse en el contenedor y le acusaron de intentar quemarlo.

“I recycle to make money and to live”. Reciclar (eufemismo para decir que busca en contenedores de basura) para vender lo que encuentra y poder vivir. Así se ha expresado Charles P., un estadounidense sin hogar que permanece en Barcelona desde hace cuatro años, en el juicio al que se ha enfrentado este martes. La Fiscalía le pide seis años de prisión y su expulsión de España por intentar quemar un contenedor en una manifestación que siguió a la sentencia del procés en 2019 y que no terminó en altercados como la mayoría.

Charles P. se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados en el primer juicio celebrado en Barcelona por los disturbios tras la sentencia del procés. El juicio ha servido para comprobar que la Fiscalía mantiene su respuesta penal dura que ha llevado a otros acusados a alcanzar acuerdos con el Ministerio Público para evitar exponerse a altas penas de prisión.

Los hechos enjuiciados no fueron ni mucho menos los más graves de los ocurridos en los disturbios, pese a lo cual Charles P. llegó a pasar cinco meses en prisión provisional por un supuesto riesgo de fuga incompatible con su falta de recursos económicos. Solo la llegada de la pandemia lo libró de estar encarcelado sin sentencia.

Este joven sinhogar se enfrenta a pasarse más de un lustro entre rejas por un único hecho: intentar quemar un contenedor en la calle Pelayo, en pleno centro de Barcelona y a plena luz del día, en el trascurso de una manifestación de protesta por la sentencia del procés que transcurría de forma totalmente pacífica. Las únicas pruebas en su contra son las declaraciones de los tres agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona que lo arrestaron.

Tanto Charles P. como los agentes de la Urbana han mantenido un mismo relato. Solo han diferido en un hecho: mientras los uniformados han acusado a Charles P. de haber intentado quemar el contenedor, el sintecho ha negado que provocara incendio alguno y ha alegado que solo buscaba dentro del contenedor algo que “reciclar”.

Una de las agentes se ha referido al incendio supuestamente provocado por Charles P. como “una llamita”, pero ha reconocido que no vio cómo se empezaba a quemar. No fue necesario ni llamar a los bomberos, pues en menos de dos minutos se extinguió el fuego, que no llegó a afectar al exterior del contenedor, solo a unos cartones de su interior.

En el resto las versiones de testigos de cargo y acusado coinciden: Charles P. iba solo en todo momento, no formaba parte de ninguno de los grupos que se estaba manifestando y estuvo unos diez o quince segundos suspendido hacia el interior del contenedor, introduciendo la parte superior de su cuerpo pero sin llegar a saltar por completo dentro de él. Según el acusado, para buscar comida; según la Fiscalía y los agentes, para quemar el contenedor.

El abogado de Charles P., David Aranda, del colectivo Alerta Solidària, ha reclamado la absolución del joven. En su informe final, Aranda ha hecho hincapié en que los agentes no hallaron en la mano de Charles P. sino en su riñonera el mechero con el que supuestamente inició el fuego. En consecuencia, argumenta la defensa, resulta imposible que en los quince segundos que pasó dentro del contenedor tuviera tiempo de prender fuego y luego guardarse el mechero.

“Lo único que sabemos, es que Charles P. se mete en el contenedor y el agente lo saca”, ha remarcado Aranda. El letrado ha sembrado la duda sobre si la identificación que hicieron los agentes de Charles fue la correcta, pues según ha lanzado, quizás lo confundieron con otra persona. El motivo de la duda: en instrucción el sargento dijo que Charles P. vestía chaqueta verde y este martes ha dicho que iba con una camiseta de rallas lila.

Además de los mecheros, los otros objetos que la Urbana incautó a Charles P. al detenerle fueron un prensador de marihuana y media docena de jeringuillas. En la vista, el agente instructor del atestado no ha tenido reparos en reconocer que escribió que las jeringuillas podían contener un acelerante de fuego sin haberlo comprobado. “Digo acelerante como puede ser no acelerante”, ha manifestado.

La Fiscalía se ha reafirmado en pedir seis años de cárcel para Charles P: cuatro años por daños en bienes públicos mediante incendio y dos años por desórdenes públicos. La fiscal ha mantenido la acusación por este último delito (que requiere una actuación grupal o individual amparada en un grupo) pese a la claridad con la que sus testigos policiales han expresado que Charles P. iba solo y no interactuó con nadie. Según la fiscal, Charles P. actuó “amparado por una manifestación” y “llegó a poner en riesgo la paz pública en una época de manifestaciones y altercados”.

Sin embargo la fiscal ha omitido en su informe la acusación de que Charles P. incendió varias papeleras antes del episodio del contenedor después de que la agente que lo ha explicado haya concretado que en realidad lo vio en vídeo y el autor de los grabaciones no haya aparecido en la causa porque la Urbana no le pidió ningún contacto.

Así las cosas el contenedor ha quedado como el único hecho a valorar por parte de la jueza. La fiscal se ha expresado en estos términos durante su informe final antes de elevar a definitiva la petición de seis año de cárcel y expulsión de España: “Es verdad que el contenedor no se quemó pero sí hubo humo y llama en su interior”.

El Tribunal Constitucional reabre una de las causas más conocidas de las protestas que se produjeron tras la sentencia del procés, en octubre de 2019. El tribunal ha revocado la decisión de un juez de Barcelona que archivó una querella por malos tratos interpuesta por un menor detenido contra agentes de la Policía Nacional. Según indica el auto, al que ha tenido acceso este diario, los magistrados consideran que no se ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante, Guillem S., conocido como “el chico de la sudadera naranja” por llevar ese atuendo en el momento de su detención.

Los hechos se remontan a hace dos años, cuando el joven fue arrestado en el marco de las protestas en la zona de Via Laietana, cerca de la comisaría de la Policía Nacional. Las imágenes de la detención del joven se hicieron virales. En los vídeos se observa como, tras varios momentos de tensión entre manifestantes y agentes de la Policía, los antidisturbios deciden avanzar para dispersar a los centenares de jóvenes que previamente habían lanzado varios objetos al cordón policial y reducen a Guillem S.

El detenido, que fue conducido posteriormente a la comisaría, denunció malos tratos y torturas por parte de los agentes. En concreto, Gulliem S. relató que un agente le “abofeteó” en la nuca “y lo hizo sentarse de rodillas mirando a la pared”, además de proferirle insultos y amenazas durante su detención.

El juez no menciona otra de las denuncias del joven, consistente en que una vez en el edificio de la Jefatura de Policía, un agente “abofeteó” en la nuca al menor “y lo hizo sentarse de rodillas mirando a la pared”. “'¡Qué te calles la boca, niñato!”, le habría gritado otro antidisturbios, según el menor.

Sin embargo un juez de Barcelona cerró el caso el año pasado, al considerar que las lesiones sufridas por el joven eran “compatibles” con su detención por parte de los antidisturbios. Las “leves lesiones” del menor, consideró entonces el magistrado de instrucción, “fueron consecuencia de la reducción realizada por la Policía” en un contexto de “extrema violencia” por parte de los manifestantes.

Posteriormente, la audiencia de Barcelona ratificó la decisión del juez, al considerar que la detención no fue desproporcionada y que los agentes vieron al joven “arrojar objetos” contra ellos, por lo que lo inmovilizaron, lo tumbaron al suelo de espalda y le pusieron los grilletes. “Obviamente la acción es violenta porque el menor no quería ser detenido, pero no podemos tacharla de desproporcionada”, resaltaron entonces los magistrados de la Audiencia.

Nuevo respaldo sin unanimidad del Tribunal Constitucional a la sentencia del procés. El tribunal ha avalado la condena dictada por el Supremo contra el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez, sentenciados a nueve años de prisión sedición, al considerar que su participación en el procés “no constituyó” el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y reunión.

Las sentencias del Constitucional sobre Cuixart y Sànchez eran de las más esperadas. Ambos son los líderes sociales independentistas que más tiempo llevan encarcelados (desde el 16 de octubre de 2017), y a diferencia del resto de condenados por sedición no formaban parte de las instituciones. También son los únicos respecto a los que Amnistía Internacional ha reclamado en varias ocasiones su libertad inmediata, sin conseguirlo.

Los recursos de Cuixart y Sànchez se centraban especialmente en el derecho a la libertad de expresión y reunión, al considerar que el Supremo los vulneró por condenarlos a nueve años de cárcel por promover las movilizaciones del 20 de septiembre frente a la conselleria de Economía y del 1 de octubre. Cuixart iba más allá y llegó a pedir al tribunal que declarara inconstitucional el delito de sedición por la “limitación” que, a su juicio, comportaba respecto al ejercicio de derechos.

Como es habitual, el Tribunal Constitucional ha avanzado tan solo el sentido de la decisión de los magistrados, mientras que la sentencia completa se conocerá en los próximos días. En una nota, el tribunal informa que la sentencia, cuyo ponente ha sido el presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, considera que Cuixart “promovió la oposición material a la ejecución policial de las decisiones del Tribunal Constitucional y de otros tribunales”, por lo que “no constituyó ejercicio legítimo” de sus derechos fundamentales.

En consecuencia, agrega la nota sobre Cuixart, la condena por sedición “cumple con las normas constitucionales” y “no obedece a una finalidad espuria de persecución o castigo por su posición política o ideológica”. Como ya ocurriera con las sentencias de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, los dos fallos cuentan con los votos particulares de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, quienes en anteriores ocasiones tildaron de “desproporcionada” la pena por sedición.

Tras conocer la decisión, Cuixart ha considerado que “los tribunales políticos nunca sorprenden”, y ha advertido de que “seguirá utilizando la prisión como altavoz de denuncia internacional”. “Vamos a Estrasburgo a acusar al Estado”, ha agregado, en referencia a que una vez agotada la vía nacional los presos del procés ya tienen abierta la vía para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ante el que tienen depositadas sus esperanzas de conseguir una condena a España.

Sobre Sànchez, la nota del Constitucional explica que la sentencia, redactada por el magistrado Santiago Martínez-Vares, señala que su participación en el procés “no constituye un mero exceso o extralimitación en el ejercicio de los derechos fundamentales”. El motivo es que la actuación de Sànchez, agrega el Constitucional, era “neutralizar” sus decisiones y la de otros juzgados “sirviéndose de la movilización ciudadana para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república, prescindiendo de los procedimientos de reforma constitucional”.

“Su actuación desborda con claridad los límites de lo que puede considerarse un ejercicio legítimo de aquellos derechos para exteriorizar la protesta o crítica por la actuación de los poderes públicos”, apostilla el Constitucional.

Primera sentencia por los altercados que provocó la extrema derecha tras la sentencia del procés. La Audiencia de Barcelona ha condenado al ultraderechista Marc R. a un año y diez meses de cárcel por agredir a un agente de los Mossos d'Esquadra durante la concentración que varios grupos ultras y neonazis realizaron en la plaza Artós de Barcelona. El joven tiene además otro juicio pendiente, con una petición de cinco años de cárcel de la Fiscalía, por dar una paliza a un independentista la misma noche.

Los hechos ocurrieron el 17 de octubre de 2019. Varios grupos de ultraderecha se reunieron en la plaza Artós, en la zona alta de Barcelona, donde se produjeron algunos momentos de tensión con una concentración de los CDR. Después el grupo decidió dirigirse hacia el centro de la ciudad, donde se habían reunido grupos independentistas. Los Mossos d'Esquadra permitieron a los ultraderechistas marchar por Barcelona hasta llegar a la calle Balmes, donde los neonazis intentaron romper el cordón policial para enfrentarse con los independentistas.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 22a de la Audiencia de Barcelona condena al ultraderechista a un año y diez meses de cárcel por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad, pero lo absuelve de los desórdenes públicos de los que también estaba acusado. El propio joven reconoció durante el juicio que golpeó al mosso en la barriga con el palo de una bandera con el águila bicéfala que llevaba, pero que “nunca” tuvo la intención de agredir al agente. “Nunca habría pensado en agredir a un policía, pero me vi muy nervioso en esa situación”, apostilló.

Los magistrados concluyen que el ultraderechista “propinó un golpe al agente con plena voluntad”, una conducta que, al parecer de los togados, “no tiene más finalidad que menoscabar la integridad” del mosso así como “menospreciar a la autoridad”. Descartan no obstante que el palo de la bandera pueda ser considerado un instrumento peligroso, circunstancia que agravaría la pena.

En cambio los jueces absuelven al acusado del delito de desórdenes del que le acusaba la Fiscalía al no ver probado que la agresión al mosso “produjera una alteración de la paz pública”. “Únicamente existe prueba de un acto violento, el ataque del acusado al agente de los Mossos d'Esquadra, pero difícilmente se puede afirmar que como consecuencia de ese ataque se haya producido una alteración de la paz pública”, argumenta la sentencia.

Si bien la condena por la agresión al mosso no implica su ingreso inmediato en prisión, el ultraderechista condenado tiene otro juicio pendiente con una petición de cárcel más grave por parte de la Fiscalía. Se trata de la paliza en grupo que varios ultras dieron a un independentista después de que los jóvenes de extrema derecha bajaran desde la plaza Artós para enfrentarse a los CDR. El fiscal describe la agresión como “despiadada”.

Pasadas las 22:00h. de la noche, Marc R. y otros tres acusados armados con palos, tubos metálicos, piedras y banderas con mango de madera, “abatieron de forma rápida y conjunta” a un joven al que consideraron “enemigo” por vincularlo con la ideología independentista, expone el fiscal. El escrito de acusación señala que los cuatro acusados, más un menor que también participó en la agresión, actuaron como “una auténtica masa de acoso”, haciendo perder el equilibrio a la víctima tras recibir un golpe de uno de los acusados con el tubo metálico que llevaba. Ya con la víctima en el suelo, continúa el fiscal, los neonazis continuaron agrediéndole “despiadadamente” con los objetos que llevaban y le propinaron patadas y puñetazos. Solo cesaron la agresión cuando otras personas acudieron en auxilio de la víctima. Este juicio todavía no tiene fecha.

Carpetazo definitivo a la investigación de las lesiones sufridas por un menor de edad, Guillem S., en su detención por parte de la Policía Nacional en las protestas contra la sentencia del procés. La Audiencia de Barcelona ha confirmado la decisión del juez instructor de archivar la querella por torturas y lesiones del joven contra la Policía al concluir que las contusiones que sufrió son “derivadas” de una detención que no fue “desproporcionada”.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 10a de la Audiencia de Barcelona considera que las contusiones que presentaba el menor fueron consecuencia de la reducción realizada por la Policía para arrestarle frente a la jefatura superior de la Vía Layetana de Barcelona el 18 de octubre, horas antes que se desataran los graves altercados en la plaza Urquinaona. Los agentes, destaca el tribunal, vieron al joven “arrojar objetos” contra ellos, por lo que lo inmovilizaron, lo tumbaron al suelo de espalda y le pusieron los grilletes. “Obviamente la acción es violenta porque el menor no quería ser detenido, pero no podemos tacharla de desproporcionada”, resaltan los togados.

La detención del joven devino viral. En las imágenes se observa como tras varios momentos de tensión entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional en Vía Laietana, los antidisturbios deciden avanzar para dispersar a los centenares de jóvenes que previamente habían lanzado varios objetos al cordón policial y reducen a Guillem S. El menor además afronta una petición de un año de libertad vigilada por parte de la Fiscalía como presunto autor de los disturbios.

Frente a las alegaciones de la defensa del joven de que los policías practicaron la detención sin motivo, los jueces destacan que había lanzamientos de objetos a los policías y que se empezaban a producir incidentes. “Mantener que se trataba de una reunión pacífica y que el menor estaba tranquilamente ejerciendo su derecho de protesta es camuflar a realidad de lo que sucedió y que además está grabado”, zanja el tribunal.

El joven denunció además haber sido torturado en la Jefatura de Via Laietana y en la comisaría de La Verneda, extremo que también descarta el tribunal al no apoyarse la versión del menor en ninguno de los reconocimientos médicos a los que se sometió en las 24 horas que duró su arresto. “El informe no establece que el menor tuviera indicio alguno de haber sido golpeado en la cara como se relata”, exponen los magistrados, que destacan además que el menor no manifestó las torturas que denunció después cuando fue entrevistado por el equipo técnico del juzgado de menores. En suma, el tribunal concluye que “no existen realmente indicios de lo relatado por el menor, ninguna corroboración periférica que en su caso pueda mantener su relato”.

El exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, se ha sumado a Carles Puigdemont y ha pedido la recusación del magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido para apartarlo de los procedimientos relacionados con el procés. Junto al líder de ERC, y además del caso del expresident, también han presentado indicentes los exconsellers Raül Romeva, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig, si bien es posible que en las próximas horas se sumen otros condenados por el 1-O que están en prisión, según han apuntado fuentes jurídicas a Efe.

Los incidentes se basan en una conferencia pronunciada en el Congreso de los Diputados el 23 de noviembre de 2017 por Conde-Pumpido, según consta en los escritos de los independentistas. Aquel día, el magistrado afirmó: “Lo que me preocupa es, concretamente, la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia (...). En resumen, me preocupa que se invoque la democracia –en concreto, la democracia directa– para derrocar la Constitución”.

Además señaló el magistrado que “disponen por ello de la preeminencia, de los medios y de los instrumentos que les proporciona el propio marco constitucional para garantizar el autogobierno de su comunidad, incluida la disposición de cantidades relevantes de dinero público o incluso la disposición de armas proporcionadas a sus fuerzas de seguridad (...) Unos instrumentos que pueden, en determinados casos, desviarse de su finalidad esencial”.

Los líderes independentistas argumentan que “Conde-Pumpido, en su intervención, se alineó plenamente con todas y cada una de las tesis del Ministerio Fiscal en su querella de 30 de octubre de 2017”, con alusiones a la malversación, a un alzamiento y a los Mossos. En base a ello, alegan que su intervención le “priva de cualquier apariencia de imparcialidad” para resolver los recursos de amparo en el Constitucional e invocan no solo el derecho a un juez imparcial sino también el derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley porque su situación es “análoga” a la de otro magistrado del TC.

Al respecto, el escrito señala que este discurso fue pronunciado en “circunstancias semejantes” al del magistrado Antonio Narváez, quien recientemente decidió apartarse voluntariamente de participar en las resoluciones del procés en el tribunal de garantías tras una avalancha de recusaciones de todos los implicados en los hechos. Es por ello que los condenados y procesados buscan repetir la misma jugada que contra Narvaez, por lo que en caso de que los incidentes de recusación se admitan a trámite se paralizarán nuevamente todos los procedimientos en los que interviene el magistrado mientras se resuelven las recusaciones. Y eso implica, en caso de tramitarse, que la resolución de los recursos de amparo pendientes de resolver contra la sentencia del Supremo se dilate al menos un par de meses, que es el tiempo medio que se tardan en resolver los incidentes presentados.

Solo que en este caso, las recusaciones apuntan más alto porque Cándido Conde-Pumpido, por su dilatada experiencia en asuntos de derecho penal, coordina al equipo de letrados que ha revisado hasta la fecha todos los recursos del procés durante la instrucción de la causa, una tarea en la que estuvo acompañado por otro penalista Antonio Narváez, hasta que este se apartó del procedimiento por esas mismas recusaciones que ahora se dirigen hacia Gómez-Pumpido.

La Audiencia de Madrid ha condenado a cuatro años y medio de cárcel al joven de 23 años Dani Gallardo por los disturbios en las protestas en la capital de España contra la sentencia del 1-O. El tribunal considera probado que Gallardo participó en los altercados y golpeó con un palo a agentes de la Policía Nacional.

En su sentencia, el tribunal impone a Gallardo un año de prisión por el delito de desórdenes públicos y tres y medio por el de atentado a los agentes de la autoridad y lesiones leves a un policía, al que el condenado deberá indemnizar con 2.100 euros. Respecto a la segunda acusada, los jueces la condenan a un año de prisión por desórdenes públicos, y junto a Gallardo deberán indemnizar al Ayuntamiento de Madrid con 3.500 euros.

Gallardo era el único detenido por los altercados del pasado mes de octubre que permanecía en prisión provisional antes del juicio, pues los más de 200 arrestados en Catalunya fueron puestos en libertad provisional o, como en el caso de los primeros jóvenes juzgados en Girona, absueltos. El tribunal dejó en libertad a Gallardo el 17 de noviembre, tras más de un año en prisión preventiva. Además de estos dos primeros casos que han llegado a juicio otros se han saldado con condenas de conformidad por el miedo de los jóvenes acusados a las altas penas que pide la Fiscalía.

El tribunal no da credibilidad al alegato de Gallardo, que negó que participara tanto en la concentración en favor de los presos del procés en Madrid como en los disturbios que tuvieron lugar en la plaza Santa Ana y afirmó que estaba tomando unas cervezas cuando ocurrieron los incidentes. Por contra, los policías testificaron avalaron el relato acusatorio de la Fiscalía, que pedía hasta seis años de cárcel para el joven, y explicaron que Gallardo agredió a un agente “con una estaca con clavos”, lo que describieron como “un golpe brutal”. “Si no lleva casco, lo mata”, dijo un agente que presenció los hechos.

La sentencia da por probado que Gallardo participó en un grupo de unas 80 personas que portaban palos y adoquines que causaron desperfectos tras una manifestación en favor de los presos del 1-O, increparon a viandantes y “alteraron injustificadamente la paz social y el orden público”. El grupo, continúan los jueces, se dispersó y realizó por las calles del centro de Madrid diversas barricadas para entorpecer el trabajo policial destinado a disolver los disturbios.

Tras llegar a la Plaza de la Villa “la tomaron” y ahí es donde Elsa V.E., la segunda condenada a un año de cárcel, fue alcanzada en su huida por los agentes al ser identificada como una de las personas que participó en “la masa violenta”. Al ver que su compañera era reducida, Gallardo y “le golpeó súbitamente por la espalda y de manera violenta con un palo de unos 90 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho atravesado por seis clavos”, remarca la sentencia.

El agente recibió hasta dos golpes en la cabeza, que tenía cubierta por un casco de protección, y se libró de un tercero porque otro agente logró llegar a tiempo. “No se trata de una acción defensiva, es un evidente acometimiento que tuvo consecuencias que sin duda dado el medio empleado pudieron provocar daños de mayor entidad, lo que no ocurrió debido al material de protección que utilizaba el agente”, señalan los magistrados.

Además, la sentencia recoge que el agente, que tuvo que ser atendido por el Samur, sufrió lesiones sin pérdida de conocimiento , una contusión en el hombro izquierdo con eritema y dolor que precisó para su curación una sola asistencia sanitaria pero que le mantuvo 21 días impedido.

Amnistía Internacional ha vuelto a cargar contra el encarcelamiento del exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Tras revocar el Tribunal Supremo el tercer grado para todos los presos del procés, la organización ha emitido un comunicado en el que reclama la libertad de ambos y considera que la decisión del Alto Tribunal “perpetúa una situación de injusticia”. 

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha reiterado que Cuixart y Sánchez “nunca deberían haber entrado en prisión” y que la condena por sedición “constituye una restricción indebida de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”. Desde que ambos activistas entraron en la cárcel, esta organización ha pedido su puesta en libertad. En esta ocasión, reclaman además al Congreso que avance “sin demora” en la reforma del delito de sedición en el Código Penal, para que “no criminalice indebidamente” las manifestaciones ni sirva para imponer penas que considera “desproporcionadas” ante actos de “desobediencia civil”.

El Tribunal Supremo ha resuelto este viernes revocar el tercer grado –equivalente a la semilibertad– que las prisiones catalanas y los jueges de vigilancia penitenciaria habían concedido a los nueve presos independentistas. Los jueces han considerado “prematura” esa autorización. A efectos prácticos, los siete hombres presos en Lledoners ya habían vuelto al segundo grado desde julio –la jueza de vigilancia suspendió la semilibertad por un recurso de la Fiscalía–, mientras que las dos mujeres, Carme Forcadell y Dolors Bassa, sí estaban ya en tercer grado.

Oriol Junqueras: “El Supremo dicta venganza de nuevo”

Los políticos independentistas encarcelados han coincidido en considerar “previsible” y sin “sorpresas” la decisión del Supremo. El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha considerado que el Supremo “dicta venganza de nuevo” y ha criticado haber conocido la revocación por los medios de comunicación. “Es vergonzosa la falta de respeto hacia nosotros y las nuestras familias”, ha publicado. El exconseller de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull ha asegurado que “al Supremo no le preocupa ni la justicia ni los derechos civiles, sólo el escarmiento” y que la revocación del tercer grado “es un castigo político” por su ideología “

El exconseller de Presidencia, Jordi Turull, ha afirmado en Twitter que “el escarmiento, la venganza de Estado y la aplicación del derecho penitenciario del enemigo no deja ningún margen para las sorpresas” y el exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva ha afirmado que era “el más previsible de los escenarios”. “El Supremo ha vuelto a dictar sentencia. Poco a poco ese Estado va convirtiéndose en una gran prisión, una democracia fallida que están creando ellos mismos”, ha añadido.

Cuixart, por su parte, ha subrayado que los presos y exiliados no son “la visualización de una derrota” y ha reivindicado la amnistía para ellos y la autodeterminación de Catalunya “hoy más que nunca”. Sánchez ha criticado “la tenacidad del Estado y del Tribunal Supremo” por “ahogar” a los dirigentes soberanistas y ha lamentado la situación en la que se encuentra el independentismo: “Todavía buscamos el hilo perdido que nos hizo ser tan fuertes del 1-O”.