El Supremo cambia de criterio y ordena ahora estudiar los recursos de PP, Vox y Ciudadanos contra los indultos del procés

El Tribunal Supremo ha devuelto los recursos sobre los indultos del procés a la casilla de salida. La sala de lo contencioso-administrativo ha estimado un recurso de reposición y ha decidido anular su propia decisión del pasado mes de enero, que declaró directamente inadmisibles los recursos de PP, Vox y Ciudadanos contra los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes políticos catalanes condenados por sedición y malversación.

La decisión, que ha tenido votos particulares y por tanto no ha sido unánime, implica que los recursos deben ser estudiados y la alegación sobre su falta de legitimación debe ser solucionada, en todo caso, en la sentencia sobre el fondo del asunto. “El tribunal ordena la continuación de los procedimientos y pospone al trámite de sentencia el pronunciamiento sobre la falta de legitimación de los recurrentes planteada por la Abogacía del Estado en todos los recursos”, dice el Supremo en un comunicado.

El resultado es que esta sección de lo contencioso-administrativo volverá a reunirse para estudiar los recursos que rechazó de forma contundente hace unos meses, pero esta vez con la obligación de deliberar para dictar una sentencia en la que, nuevamente, pueda rechazarlos por falta de legitimación. El cambio de criterio por parte de esta sección ha venido de la mano de un cambio de composición en la sala que ha invertido la inicial votación de 3 votos a favor de la inadmisión y 2 en contra.

La ponente del caso, la magistrada Ángeles Huet, fue trasladada a otra sección el pasado mes de enero y entró en el tribunal Inés Huerta como nueva ponente. El Tribunal Supremo, por el momento, sólo ha avanzado la decisión y no el contenido de los autos y los votos particulares. La decisión afecta a la mayor parte de los recursos que fueron inadmitidos en enero pero mantiene el rechazo al recurso de la asociación Pro Ptrimonium Sijena.

La legitimación de los partidos

La misma sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ya resolvió el pasado mes de enero que los tres partidos de la derecha no estaban legitimados para recurrir esta decisión del ejecutivo. Ni PP ni Vox ni finalmente Ciudadanos pasaron el filtro aunque el Supremo resolvió el caso en varios autos similares. Esas mismas resoluciones también rechazaron esta legitimación para una asociación y para la plataforma Convivencia Cívica Catalana.

Los autos constituyeron un alegato contra la judicialización sistemática de decisiones políticas. “Ni esta jurisdicción ni esta Sala son el lugar adecuado para dirimir controversias suscitadas en la defensa de intereses de carácter político, al margen de las reglas sobre la legitimación establecidas por la ley con carácter general”, dijeron los jueces citando su propia sentencia que, unos meses antes, rechazó también el recurso del Partido Popular contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general.

La decisión sobre los indultos de enero, sin embargo, no fue unánime. Los magistrados Wenceslao Olea y Fernando Román emitieron un voto particular de medio centenar de folios en el que defendieron que no es necesario que alguien sea considerado legalmente víctima de un delito para poder recurrir un indulto. “Ni la Constitución ni la ley imponen la limitación de haber sido identificado nominalmente en la sentencia penal condenatoria como víctima, ofendido o perjudicado por el delito para ostentar legitimación activa en orden a interponer recurso contencioso-administrativo contra el acto de concesión de indulto”, decía ese voto particular.

El Gobierno defiende los indultos

La decisión del Tribunal Supremo ha sido hecha pública durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la portavoz gubernamental Isabel Rodríguez se ha referido a este asunto. “El Gobierno defiende la legalidad de todas sus actuaciones y en el caso de los indultos no solo la legalidad sino la utilidad, en aras a la convivencia y la recuperación de la normalidad en Catalunya.

Según la portavoz del ejecutivo central, la situación actual en Catalunya “nada tiene que ver con la que se producía en 2017 o 2019”. Ha esgrimido Rodríguez los datos de la Fiscalía sobre los delitos de odio en esta comunidad autónoma, vinculados al proceso soberanista por los investigadores en muchos casos. “Los delitos de odio han bajado 62%. Es incontestable que la situación política hoy nada tiene que ver, se ha recuperado una normalidad gracias al dialogo, a la vía de la política que es el camino a seguir. El Gobierno está satisfecho. Uno de los problemas que tenia este país era ese y hoy no lo es”, ha dicho.