Las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid han recurrido el archivo de la causa de corrupción contra Ana Millán, ex alcaldesa de Arroyomolinos y número 3 del PP de Madrid, dictado por un Juzgado de Valdemoro tras seis años de investigación. Ambos escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, recuperan los indicios que han sostenido la acusación contra Millán por cuatro delitos de corrupción y critican que, con los mismos argumentos con los que el Juzgado elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia, o pidió recientemente una prórroga para seguir profundizando en ellos, ahora solicite el archivo, sin haber practicado una sola diligencia nueva ni nada haya cambiado.

En el año 2008, recupera el escrito del PSOE, “la investigada alquiló su ático a un precio del doble de mercado a una empresa del señor Roselló [el empresario imputado], su pareja empezó a trabajar para una empresa del señor Roselló, su hermana también empezó a trabajar. para otra empresa del señor Roselló, y la investigada ingresó en efectivo cantidades significativas de dinero no declarado en sus cuentas corrientes”.

“Todo lo anterior –prosigue– se da en el año que el señor Reselló empezó a trabajar con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y se mantienen todos esos pagos mientras hay adjudicaciones de cientos de miles de euros hasta que se terminan los contratos a favor del señor Roselló y sus empresas. No es una anecdótica coincidencia, sino un cúmulo de no coincidencias, siendo, además, técnicas habituales par el cobro de dádivas en este tipo de delitos”. “Los indicios son demoledores”, apostilla.

Añade el escrito de Más Madrid que Ana Millán “influenciaba de manera directa en el seno de los expedientes de contratación para teledirigir la adjudicación, las prórrogas, las mejoras o las dispensas del cumplimiento de contratos en favor de las empresas de Francisco Roselló”, quien a su vez comenzó a pagar la renta desorbitada del alquiler del ático de Millán y contratar a sus familiares. Ambos escritos recuerdan como en su declaración como investigada en el juzgado, Millán ocultó que Roselló hubiera contratado a su familia y el empresario directamente lo negó.

Las acusaciones ponen el acento en el “sorpresivo” cambio de criterio de la Fiscalía, que con los mismos indicios con los que acusaba formalmente a Millán de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración, ahora haya solicitado el archivo de la causa. Y también que lo haya hecho sin que se hayan practicado dos diligencias clave propuestas por el propio Ministerio Público: la declaración del marido de Millán, a quien ella atribuyó el origen de más de 40.000 euros en efectivo en su cuenta del banco, y otra concejala que contrató a Roselló.

El Juzgado solicitó hace unos meses una prórroga para seguir investigando, habida cuenta de la carga de trabajo que soporta, y ahora, cuando la Audiencia Provincial le ha dicho que la formulación de esa petición fue incorrecta, en lugar de volverla a pedir, decide cerrar el caso. “Si la juzgadora consideró la necesidad de prórroga es porque existían en ese momento indicios, aunque no lo argumentara adecuadamente. Sin embargo, ahora entiende que procede el archivo, sin argumentar por qué el cambio de criterio, si nada se ha instruido para llevarle a esa convicción que sustituye a la anterior”, escribe el abogado del PSOE.

En su recurso de reforma subsidiario de apelación (si la jueza lo rechaza decidirá finalmente la Audiencia Provincial), los socialistas acusan a la magistrada de “arrogarse” las funciones de un tribunal. Los indicios existentes, argumentan, justifican que se decida la responsabilidad penal de Millán en fase de vista oral y no en instrucción. Es más, para el PSOE, las pruebas recabadas por la UCO de Guardia Civil, “avalan una condena”.

Por su parte, Más Madrid ha evitado que la jueza tenga opción a rectificar su decisión y ha recurrido directamente a la instancia superior, la Audiencia Provincial de Madrid. Su representación letrada reprocha a la magistrada que haya decidido no tomar declaración a la concejala y el marido de Millán por considerarlas diligencias “inútiles”. “No puede saber cuán inútil será el resultado de una testifical hasta que no se practique”, afirma esta acusación popular.

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular de Madrid y exalcaldesa de Arroyomolinos Ana Millán ha informado de que va a abandonar la Presidencia del PP en esta localidad y va a pasar a asumir la gestora del partido en Fuenlabrada. “Es el momento adecuado para hacerlo”, ha expresado.

En una carta dirigida a la militancia y publicada en redes sociales, la 'número tres' de Isabel Díaz Ayuso imputada por corrupción ha informado de que la presidenta de la Comunidad le ha confiado “la responsabilidad de asumir la gestora del Partido Popular en Fuenlabrada”.

“Acepto este nuevo reto con enorme ilusión y con el compromiso que requiere trabajar por una de las grandes ciudades de nuestra región, históricamente gobernada por la izquierda, y contribuir a configurar un equipo que haga realidad el cambio que tanto necesita esta ciudad”, ha trasladado. Aunque estatutariamente ha indicado que esta nueva tarea no le obliga a dejar de ser presidenta del PP en Arroyomolinos, ha defendido que no es “amante de acumular cargos porque sí”.

“Siendo coherente con la posición que siempre he mantenido y con la premisa que siempre aplico en mi vida de 'quien mucho abarca, poco aprieta', considero que lo más leal es dar un paso a un lado”, ha informado Millán. “Quiero dejar claro que es solo una despedida como presidenta del Partido Popular de Arroyomolinos, pero no como afiliada”, ha dado a conocer, a lo que ha agregado que continuará siendo “una más de esta gran familia”.

Millán considera que el nuevo líder del partido en Arroyomolinos desempeñará sus funciones “con plena dedicación” al municipio y añade que es necesario “acabar con bicefalias” para que Ayuntamiento y partido “tengan una sola dirección”.

Imputada por corrupción

El Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero imputó hace tres años a Ana Millán ante los indicios de que contrató, como concejala de Juventud de Arroyomolinos, a un empresario a cambio de prebendas para ella y empleos para su marido y su hermana. La imputación de Millán no frenó su ascenso en el PP de Madrid e Isabel Díaz Ayuso la nombró número 3 del partido y la incluyó en un puesto destacado en las elecciones de 2023. 

La obtención de un escaño en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, motivó la inhibición de la magistrada de Navalcarnero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el Millán que pasó a estar aforada. A petición de la Fiscalía, el TSJM devolvió en diciembre pasado la causa al juzgado local porque la magistrada no había dictado una exposición razonada con los indicios contra Millán y porque aún quedaban diligencias por practicar.

Las dos principales diligencias son la declaración del marido de Millán y de la concejala que la sustituyó en el cargo y que dejó de contratar con las empresas de Francisco Roselló, también investigado en la causa. El empresario contrató al esposo de la antigua alcaldesa de Arroyomolinos para un puesto de bedel en un colegio. En su declaración como imputada, Millán afirmó que el dinero en efectivo que ingresó durante años en sus cuentas, algo más de 40.000 euros, procedía del trabajo de su pareja en la hostelería y el ocio nocturno. Roselló también dio empleo a la hermana de Millán, trabajadora social.

Toma el relevo de Noelia Núñez

Millán recoge el testigo de Noelia Núñez, que el pasado mes de julio dimitió de todos sus cargos “orgánicos” e “institucionales” menos de 24 horas después de admitir que había falseado su currículum.

Núñez, a su vez, fue la elegida por el Comité Ejecutivo Regional para asumir la presidencia de la gestora del PP en Fuenlabrada tras la renuncia de Sergio López.

En la actualidad, el municipio madrileño está gobernado por el socialista Francisco Javier Ayala, que cuenta con otros 15 concejales del PSOE. El PP es el principal partido de la oposición, con siete —de los 27 totales—.

Y Madrid creció por el suroeste. En 20 años, la población de Arroyomolinos se multiplicó por siete. Entre principios de la década y 2021, los unifamiliares se alinearon en una ciudad dormitorio donde antes había solo un pueblo. Ubicado entre dos autovías, el enclave se convirtió en una solución para muchas jóvenes familias que no podían acceder a un adosado más cerca de la capital. Suelo disponible, un rápido crecimiento. Oportunidades de negocio. Para colocar un marco político al fenómeno ya estaría el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Arroyomolinos tiene en la actualidad 34.000 habitantes y suma, desde julio, su segundo alcalde consecutivo camino del banquillo por corrupción. 

Una jueza de Navalcarnero procesó el pasado 15 de julio a Luis Quiroga, regidor de Arroyomolinos desde junio de 2023. La magistrada dictó el final de la investigación y propuso juzgar a Quiroga, quien había accedido al cargo después de que Ana Millán, su antecesora, decidiera por fin dedicarse en cuerpo y alma a la política autonómica, como vicesecretaria de Organización del PP madrileño y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. A esos cargos llegó Millán de la mano de su amiga Isabel Díaz Ayuso, quien ha apostado decididamente por ella pese a la imputación por cuatro delitos de corrupción.

Ambos casos, el de Quiroga y el de Ana Millán, reservan un espacio privilegiado al tema de la vivienda. La investigación a la actual 'número tres' de Ayuso del partido arrancó con el hallazgo de unos correos electrónicos en 2015, cuando Ciudadanos descabalgó del poder al PP. En tres bolsas de basura de las que pretendía deshacerse el equipo saliente había una copia de un correo en el que Ana Millán reclamaba unos pagos pendientes a un tal “Paco”. Resultó ser Francisco Roselló, empresario que había recibido de la Concejalía de esta un total de 660.915,21 euros en contratos. Con el tiempo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil establecería que Roselló pagaba casi el doble del precio de mercado por el alquiler de un ático propiedad de Millán en el centro de Arroyomolinos. 

Los guardias civiles, primero, la Fiscalía después, y finalmente los jueces que ha tenido el caso sospechan de que se trataba del método para blanquear una mordida a cambio de las adjudicaciones de la Concejalía de Juventud. Después descubrieron que Roselló había contratado al marido y a la hermana de la alcaldesa. Una jueza de Navalcarnero considera que reúne indicios contra Millán de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración. 

Ana Millán fue imputada en 2022, pero eso no fue obstáculo para su ascenso en el PP de Madrid. Isabel Díaz Ayuso la convirtió en vicesecretaria de Organización Territorial con funciones tales como entrevistar antes de las elecciones a todos los candidatos del PP en las diferentes localidades madrileñas para cerciorarse de que no tendría problemas con la justicia. Millán también ocupó un puesto alto en las listas, lo que le garantizaba convertirse en diputada autonómica. 

Millán está pendiente de que la última jueza en llegar al Juzgado de Instrucción de Navalcarnero practique las diligencias pendientes, entre ellas la declaración como testigo del marido de la dirigente del PP, y eleve, si sigue el criterio de su antecesora, una exposición razonada pidiendo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue a Millán, dada su condición de aforada. 

La magistrada Sandra García González acaba de solicitar una prórroga para el caso en la que se queja de la carga de trabajo del juzgado de Navalcarnero, al entender este de asuntos civiles y penales. Millán no quiere esperar tanto y acaba de solicitar que se archive la causa contra ella incluso antes de que declare su esposo. 

El sucesor, camino del banquillo

Ana Millán dejó a uno de sus máximos colaboradores, Luis Quiroga, al frente del Ayuntamiento de Arroyomolinos. Quiroga había ido de número dos en su lista y realizado destacados cometidos en el pasado. Entre ellos presidir la Empresa Municipal de Gestión de Servicios de Arroyomolinos (Emugesa), encargada de la política del suelo y la vivienda del municipio que ha multiplicado por siete sus habitantes en lo que va de siglo. 

La jueza María Leticia García Clérigo cree que hay indicios suficientes de que Luis Quiroga modificó el acta de una sesión de la empresa pública, celebrada el 26 de septiembre de 2019, para que constara que se había cesado al entonces secretario del Consejo, I. D.L.R, y nombrado a María Isabel Santamaría Alonso, a la que también se le habría sumado el cargo de adjunta a la Presidencia. En su auto, la jueza señala la posible comisión de los delitos de falsedad en documento mercantil y prevaricación en concurso medial con un delito de malversación.

En realidad, nada de eso ocurrió en la Junta, tal y como demuestran las grabaciones realizadas por I. D. L. R, el secretario saliente y denunciante de los hechos. La magistrada considera que concurren en el alcalde de Arroyomolinos y en María Isabel Santamaría Alonso, nombrada secretaria del Consejo de Administración de la empresa pública, indicios de los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación. 

La magistrada llegó a esta conclusión después de que la Guardia Civil validara la grabación de la reunión realizada por el demandante, de que prestaran declaración en el juzgado varios testigos y se recabara distinta documentación de Emugesa, como los pagos a la imputada como adjunta a la presidencia en un cargo que nunca se propuso ni aprobó en el consejo de administración. 

La noticia del auto de fin de la instrucción y pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para este tipo de delitos, motivó la reacción de Quiroga, que decidió utilizar la página web del Ayuntamiento para publicar un comunicado y corregir los titulares de prensa: “El alcalde de Arroyomolinos no tiene constancia de que el Juzgado haya dictado auto de procesamiento. Únicamente existe un auto, trasladado a las partes el pasado 23 de julio, en el que se acuerda la continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado”.

En ese comunicado, Quiroga asegura que la denuncia que dio origen al caso “responde únicamente al deseo de venganza personal y política” contra él del trabajador despedido en 2020. Pese a los avances en la investigación judicial, que le sitúan a un paso del banquillo, el alcalde de Arroyomolinos se refiere a “un asunto exclusivamente administrativo” y traslada que su defensa ha solicitado el actúa como acusación particular y ha presentado un escrito de conclusiones provisionales en el que solicita 7 años de cárcel para el actual regidor de Arroyomolinos por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Falta por conocer el escrito de acusación de la Fiscalía. 

La vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, ha solicitado a la jueza que la investiga por cuatro delitos de corrupción que archive la causa antes de realizar las diligencias pendientes, entre ellas la declaración como testigo de su marido. En un extenso escrito, la defensa de Millán impugna los cinco años de instrucción y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por estar, dice, repletos de “suposiciones”.

“El presente procedimiento está suponiendo un auténtico linchamiento mediático para mi representada, la cual lleva años viendo como, con fines puramente políticos y demagógicos, se la ha condenado públicamente por unos delitos inexistentes, afectando con ello a su honorabilidad y la de su familia”, recoge el escrito de la defensa de Millán, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero imputó hace tres años a Ana Millán ante los indicios de que contrató, como concejala de Juventud de Arroyomolinos, a un empresario a cambio de prebendas para ella y empleos para su marido y su hermana. La imputación de Millán no frenó su ascenso en el PP de Madrid e Isabel Díaz Ayuso la nombró número 3 del partido y la incluyó en un puesto destacado en las elecciones de 2023. 

La obtención de un escaño en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, motivó la inhibición de la magistrada de Navalcarnero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el Millán que pasó a estar aforada. A petición de la Fiscalía, el TSJM devolvió en diciembre pasado la causa al juzgado local porque la magistrada no había dictado una exposición razonada con los indicios contra Millán y porque aún quedaban diligencias por practicar. 

Las dos principales diligencias son la declaración del marido de Millán y de la concejala que la sustituyó en el cargo y que dejó de contratar con las empresas de Francisco Roselló, también investigado en la causa. El empresario contrató al esposo de la antigua alcaldesa de Arroyomolinos para un puesto de bedel en un colegio. En su declaración como imputada, Millán afirmó que el dinero en efectivo que ingresó durante años en sus cuentas, algo más de 40.000 euros, procedía del trabajo de su pareja en la hostelería y el ocio nocturno. Roselló también dio empleo a la hermana de Millán, trabajadora social. 

En su auto de inhibición, la jueza Lidia Prado Zurdo apreciaba indicios de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y fraude a la Administración. El pasado mes de septiembre, la sutituta de Prado acordó una prórroga de seis meses en el procedimiento debido a la carga de trabajo que sufre su juzgado. La defensa de Millán también ha impugnado esa prórroga. 

El primer indicio que investigó la Guardia Civil fue el alquiler de un ático en el centro de Arroyomolinos propiedad de Millán. El arrendatario fue una empresa de Roselló, que alejó allí a uno de sus empleados. Según la UCO, la renta estaba casi al doble del precio de mercado, lo que apuntaba a que el empresario devolvía así el favor de que la entonces concejala acordara contratos con una de sus sociedades. Millán y Roselló defendieron en el juzgado que el alquiler era caro porque incluía un derecho a compra que nunca se llegó a ejercer. 

Entre 2008 y 2016, las sociedades de Francisco Roselló ingresaron un total de 214.638,45 euros a Millán, su hermana y su marido, si se suman los ingresos por el ático y los montos de los contratos a los familiares de la ex alcaldesa. En el mismo, Roselló obtuvo más de 600.000 euros de contratos públicos procedentes de la Concejalía que dirigía la imputada. En el escrito que ha presentado la defensas alega que la hermana de Millán “se presentaba a todos los procesos de selección de la zona”, que no fue seleccionada pero que “la llamaron para trabajar en otra parte de esa empresa”. 

Respecto a los 42.650 euros ingresados en metálico entre 2008 y 2017, Ana Millán dijo en el juzgado que le gustaba tener ese dinero en casa. El abogado de Millán reprocha a la Guardia Civil que incluya este hecho como un indicio cuando no hay ninguna alusión a que procedan de una “actividad ilícita”. “Si hubiera tenido un ánimo defraudatorio en la actuación de mi patrocinada no habría realizado ingreso alguno, sino que lo habría guardado en casa o lo haría gestionado a través de terceras personas o sociedades”, añade el escrito. 

“Estamos en el terreno de la presunción (siempre en contra de la investigada) para sostener abierta una instrucción que consideramos que debería de estar conclusa por falta de indicios de cualquier tipo de actividad delictiva imputable a mi mandante”, escribe el letrado.

La defensa de Millán habla de “revanchismo político” y recurre a que la denuncia no se puso hasta 2015, pese a que circunscribe los hechos investigados al periodo entre 2005 y 2011. Obvia que el origen de la denuncia es el cambio de gobierno municipal tras las elecciones de 2015 y el hallazgo entonces de unos correos electrónicos entre Millán y Roselló referentes al alquiler del ático por parte de la corporación entrante.

También critica que no se incoaran diligencias hasta 2020. La denuncia de Ciudadanos aludía a una presunta relación de Millán con un empresario de la trama Púnica, además de con Roselló. La compleja instrucción del caso de corrupción a nivel regional motivó que el juez Manuel García Castellón no resolviera sobre esos indicios hasta cuatro años después de presentados. Entonces, a instancias de la Fiscalía, acordó que una parte estaban prescritos, pero que había motivo para investigar otros en un juzgado local. 

El abogado de Millán asegura que solo siete de los nueve contratos investigados corresponden a su etapa como concejala y que las sociedades adjudicatarias ya trabajaban anteriormente con el Consistorio de Arroyomolinos. La defensa analiza uno a uno los contratos y concluye que no hay un solo indicio de una intervención de Millán de acuerdo a beneficiar al empresario imputado. 

La defensa pide que se anulen las declaraciones en sede policial que tomó la UCO “cuya autorización judicial no consta en ninguna parte”. La propia Millán fue citada en dependencias de la Guardia Civil, acudió pero se negó a declarar. Luego lo hizo en el juzgado. 

El juez de Instrucción número 4 de Navalcarnero ha procesado al alcalde de Arroyomolimos, Luis Quiroga (PP), por la presunta comisión de delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación. Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el magistrado acuerda continuar el procedimiento judicial respecto a Quiroga y la secretaria de la Empresa Municipal de Gestión de Servicios de Arroyomolinos, María Isabel Santamaría Alonso, por los trámites del procedimiento abreviado. Este trámite procesal supone la conclusión de la investigación para dar paso a la fase intermedia de cara a la celebración de un posible juicio.

El procesamiento del actual regidor ocurre mientras la exalcaldesa de la misma localidad y actual número tres del PP madrileño, Ana Millán, está siendo investigada, también por un juzgado de Navalcarnero, por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y fraude a la Administración Pública. Según las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía y la jueza de Navalcarnero, Millán favoreció con contratos públicos a un empresario durante su etapa al frente de una Concejalía de Arroyomolinos, a cambio de prebendas para ella y dos familiares próximos.

El juez detalla que Quiroga, en su condición de concejal del Ayuntamiento y como presidente del Consejo de Administración de la entidad Emugesa, y Santamaría Alonso, en su condición de secretaria del Consejo de la Empresa de Gestión de Servicios de Arroyomolinos, que es una empresa de titularidad 100% pública, puestos “de común acuerdo y con anterioridad al 26 de septiembre de 2019 modificaron el acta de la sesión del Consejo de dicha mercantil”, celebrada el 19 de julio de 2019 en la que se cesó al secretario del Consejo del momento y se nombró en sustitución a la investigada.

Concretamente, los investigados, “introdujeron que además María Isabel asumiría el cargo de adjunta a la presidencia, en virtud del cual cobraría un salario diferente al de Secretaria, y se nombraron a otros dos adjuntos a presidencia, que igualmente percibirían un salario”. “Todo ello, prescindiendo de cualquier tipo de procedimiento y no estando establecidos dichos puestos en los Estatutos Sociales de Emuvisa, S.A., recoge el auto.

El juez esgrime que de las diligencias practicadas se coligen indicios suficientes de criminalidad contra los investigados y resulta la concurrencia de todos los elementos necesarios para estimar presentes los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación. Tales indicios se desprenden de la documental obrante en autos, mencionado el acta de la reunión del Consejo de Administración de la entidad Emugesa, S.A.U., firmado por la investigada como secretaria del Consejo y, por el investigado, como presidente del Consejo.

También se sustenta en el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Documento de liquidación y finiquito, así como de las nóminas aportadas por la representación procesal de la investigada.

El poblado chabolista de Las Sabinas se encuentra entre los municipios de Móstoles y Arroyomolinos, a orillas del río Guadarrama, y su existencia se remonta a hace más de 25 años. Desde entonces, su población no ha dejado de crecer. Actualmente, en la zona gestionada por el Ayuntamiento de Arroyomolinos se ha puesto en marcha un plan de derribo de las infraviviendas y realojo de las familias. Por el momento, según informa el consistorio, se han demolido 31 chabolas –previo desalojo– y se ha ofrecido a sus ocupantes el acceso a apartamentos de alquiler social, con la intención de demolerlas todas.

Aunque desde Arroyomolinos aseguran que ya se han iniciado los trabajos de limpieza, basta con recorrer el camino de tierra que atraviesa el poblado para comprobar que aún permanecen montañas de basura y escombros acumulados tras los trabajos de demolición que concluyeron el pasado miércoles 11, en pleno parque regional, un espacio natural protegido por la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, la inquietud se extiende entre los vecinos, que denuncian no haber recibido información oficial sobre cuál será su futuro.

Tras el desalojo de algunos vecinos de la Cañada Real, a partir del año 2000 muchos se asentaron en Las Sabinas, lo que contribuyó al aumento de su población. No obstante, la zona conocida como Sabinas Sur (también llamada Ribera de San Pedro) comenzó a configurarse mucho antes, en la década de 1960. Su particularidad es la convivencia de viviendas legales —construidas antes de que el terreno fuera declarado Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y zona no urbanizable— con infraviviendas ilegales edificadas posteriormente.

María Ángeles vive desde hace más de 50 años en una casa de ladrillo rojo con una pequeña piscina, un huerto y sus propias gallinas. A su alrededor se levantan varias chabolas autoconstruidas. A pesar de abonar los impuestos correspondientes, no recibe ningún servicio municipal. La ausencia de recogida de basuras le obliga a desplazarse en coche hasta un contenedor, recorriendo un camino difícil y peligroso para incorporarse a la A-5 y recorrer unos siete kilómetros. Tampoco dispone de alcantarillado, ni calzadas asfaltadas, obtiene agua de su propio pozo y, desde 2019, tampoco recibe servicio de Correos.

Mari, otra vecina de una de las viviendas consideradas legales del poblado recuerda un episodio ocurrido en noviembre del pasado año, cuando su padre sufrió una urgencia médica. Tuvieron que llamar a una ambulancia, pero el acceso al poblado resulta tan complicado que el vehículo sanitario no pudo atravesar el estrecho sendero que lleva a su vivienda, y la familia se vio obligada a trasladarlo en su propio coche. Su sensación es la de estar “marginados”. “Nos han querido vender como una zona marginal de delincuencia y no es real. Una cosa es que los ayuntamientos y las administraciones nos tengan viviendo como nos tienen, y otra cosa es que seamos personas normales”, denuncia.

La zona, “peor que nunca”

Ahora mismo, Mari asegura que el paisaje está “peor que nunca”. El paseo habitual por el sendero de tierra ha cambiado. Más allá de la impactante imagen de la basura acumulada los saludos entre vecinos suenan todos parecidos. “¿Pero tú no te habías ido? Yo pensaba que te habían dado casa”, pregunta Mari a María Amparo.

Ella vive en una chabola rodeada de basura, escombros, muebles y colchones abandonados en medio del campo, y explica que no puede permitirse pagar un piso de alquiler social: “Sí, iban a dar casas. Pero 300 euros para pagar una habitación en un pueblo que quién sabe dónde me van a mandar. Yo llevo ya 20 años desde que compré esto, yo ahí vivo más o menos, no vivo de lujo, no tengo agua, no tengo luz, vivo. Lo que puedo”.

Una situación que comparten otros vecinos del asentamiento, quienes aseguran no haber recibido ninguna comunicación oficial sobre los derribos y los realojos. “Dicen que todo el mundo está avisado de todo, y nadie sabe de nada”, cuenta Mari.

Este periódico ha solicitado al Ayuntamiento de Arroyomolinos información sobre la situación de las viviendas legales e ilegales en Las Sabinas, el estado de los trabajos de limpieza tras los derribos, las medidas para evitar nuevas construcciones y el procedimiento de notificación a los vecinos afectados. Hasta el momento, no se ha recibido respuesta.

Algunas de las acumulaciones de residuos son difíciles de explicar únicamente por los derribos. Raúl Navarrete, técnico forestal y miembro de Ecologistas En Acción, lleva años denunciando el abandono de esta zona verde protegida y asegura que algunos “autónomos y pequeñas empresas” lo utilizan como vertedero. Explica que la ubicación del poblado, al lado de la autovía A-5, propicia que se acerquen con sus furgonetas para tirar escombros, chatarra u otros residuos y ahorrarse las tasas de vertido en vertederos: “van allí, bajan, tiran y se van. A veces, incluso de noche”.

A menudo, los residuos acaban en el río, incluidos los techos de algunas de las chabolas, hechos de amianto (comúnmente conocido como uralita), un material contaminante y potencialmente cancerígeno. Ante la imposibilidad de tirar este material tóxico en cualquier parte, debe pasar unos estudios, lo cual ralentiza el proceso y hace que antes de hacer estos exámenes, la infravivienda vuelva a ser ocupada por otra familia. Raúl, de Ecologistas En Acción, muestra su preocupación sobre esta particularidad, y el Ayuntamiento todavía no responde sobre cómo procederá a este respecto.

Las complejidades de los realojos: un fracaso burocrático

La mayor demanda de los ecologistas y vecinos colindantes es el realojo de los habitantes de Las Sabinas. Tanto por salubridad, como por seguridad, como por legalidad, lo que pedimos es que se desaloje de una vez“, pide Raúl. Hasta el momento, la evidencia es que los realojos –el último de ellos, de 2023– no han sido efectivos para que desaparezcan las chabolas del Guadarrama.

En 2017, el exalcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, achacaba el crecimiento de la población a un “efecto llamada” que provocaban, precisamente, estos realojos. Ruipérez explicaba que, según él, algunas familias ocupaban las infraviviendas con el objetivo de que, seguidamente, las administraciones les proporcionasen un alquiler social. Sin embargo, los convenios de realojo tienen unas condiciones por las que no todos son candidatos a recibir un piso de alquiler social. Solo las familias que cumplan esos requisitos —como un mínimo de años de residencia y estar censados antes de una fecha determinada— pueden optar a una vivienda. Por esta razón, muchas familias han quedado fuera de los realojos en el pasado y permanecen en el poblado.

Según el último dato oficial recogido en el convenio de realojo entre los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid firmado en 2023, en todo el poblado viven 160 familias, pero no existen censos más recientes. Por lo tanto, el realojo no incluiría a quienes hayan llegado después.

La decisión de Isabel Díaz Ayuso de que su 'número 3' en el PP madrileño, Ana Millán, dejara de ser alcaldesa para convertirse en diputada autonómica y, en consecuencia, estar aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha empezado a revelarse clave en el futuro de la antigua regidora de Arroyomolinos. Un juez del citado tribunal, el conservador Juan José Goyena, acaba de dictar un auto en el que asegura que ninguno de los indicios recabados por la Guardia Civil desde 2020 alcanzan siquiera para abrir una causa, pese a que la magistrada de Navalcarnero al frente del caso detecta cuatro posibles delitos de corrupción.

La jueza Lidia Prado se inhibió el pasado junio en favor del TSJM. Su juzgado había investigado durante cuatro años el cobro de mordidas por parte de Ana Millán procedentes de un empresario que obtuvo más de 600.000 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, que ella dirigía, a partir de 2008. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye en varios atestados que tanto Millán como su hermana y su actual marido obtuvieron contraprestaciones por la adjudicación de los citados contratos, más de 200.000 euros en total.

Cuando la investigación todavía no había concluido, Ayuso decidió que su amiga Ana Millán ocupara un puesto destacado en la lista a las elecciones autonómicas de mayo de 2023, lo que le aseguraría un puesto de diputada autonómica y, automáticamente, el aforamiento. El juzgado que la investigaba se tendría que deshacer del caso. Pese a estar imputada, Ayuso había nombrado a Ana Millán vicesecretaria de Organización del PP madrileño, la número tres. Una vez elegida diputada autonómica, la exalcaldesa de Arroyomolinos se convirtió en vicepresidenta de la Asamblea madrileña.

Para desprenderse del caso, en lugar de dictar una exposición razonada, la jueza de Navalcarnero se limitó a dictar un auto de inhibición en favor del TSJM. La Fiscalía se opuso por no tratarse del procedimiento que requería el caso y porque aún no se habían agotado las diligencias, entre ellas la toma de declaración al marido de Ana Millán, al cual había sido imposible localizar para ser citado.

En un auto del pasado día 4, el juez del TSJM Juan José Goyena da la razón a la Fiscalía. El magistrado ordena a la jueza de Navalcarnero que siga investigando y que, una vez haya concluido las pesquisas, dicte una exposición razonada –escrito más detallado que el auto de inhibición– solicitando la imputación de la aforada. La decisión del TSJM era tan esperada como que la magistrada Lidia Prado ya había atendido el recurso de la Fiscalía ante su propio juzgado y había anunciado que elaboraría la exposición razonada.

“No implican una conducta delictiva”

Pero Goyena aprovecha para advertir de que el auto de inhibición de la jueza “se limita a apuntar una serie de hechos sobre la participación de la aforada” y que tales hechos, “prima facie, no implican sin más una conducta delictiva”. El auto de Goyena se podía haber limitado a archivar las diligencias abiertas a la espera de la exposición razonada, pero el juez decide entrar al fondo del asunto y advertir así que, o la jueza encuentra algo más contra Millán, o los atestados de la UCO y las conclusiones provisionales de la Fiscalía morirán en su mesa.

Hay un párrafo del auto de Goyena descriptivo al respecto. En él, el juez del TSJM dice que no hay “conducta delictiva” en lo que él considera que describe la jueza local, esto es, “dar el visto bueno a los Pliegos de Prescripciones Técnicas e Informas de necesidad en tres expedientes”; “solicitar la prórroga y modificación de tres expedientes”; “emitir un escrito proponiendo a las empresas a las que invitar al concurso, entre las que se encontraba una en particular”; o “dar la conformidad de las facturas confeccionadas en el marco de los expedientes tramitados desde su Concejalía”.

Junto a Ana Millán está imputado en la causa el empresario Francisco Roselló, quien dejó de tener contratos de la Concejalía de Juventud de Arroyomolinos cuando Millán pasó a otro departamento. Roselló estuvo pagando el doble de precio de mercado por el alquiler de un ático propiedad de Millán mientras recibía contratos de su Concejalía. Pero, según el juez del TSJM, en el auto de la magistrada de Navalcarnero “no se vincula con una presunta actuación delictiva en su condición de concejala”.

Roselló contrató durante los años de las adjudicaciones a la hermana de Millán y a su marido, un empresario de la noche que estuvo trabajando de bedel en una contrata del empresario imputado para un colegio. “Únicamente se indican los pagos y la mencionada relación familiar, pero no que hayan sido consecuencia de una presunta actuación delictiva de la investigada”, dice Goyena al respecto.

La jueza de Navalcarnero resumió en su auto las conclusiones alcanzadas en su atestado de conclusiones la UCO de la Guardia Civil. El origen del caso son unos correos electrónicos que colaboradores de Millán intentaban destruir cuando fueron sorprendidos con tres bolsas de basura por el equipo de Gobierno, de Ciudadanos, que relevó al PP en la Alcaldía de Arroyomolinos en 2016.

La denuncia puesta en la Fiscalía Anticorrupción entonces terminó por convertirse en una investigación en un juzgado local cuatro años más tarde, una vez se constató que los hechos presuntamente delictivos no estaban directamente relacionados con el caso Púnica, como creían los denunciantes, y que no estaban prescritos.

El auto de inhibición de la jueza Prado, dice Goyena, no da ni para que él abra siquiera una investigación. “No establece –continúa el magistrado– una relación precisa, dentro de lo que es la fase de investigación criminal en la que nos encontraríamos, entre una serie de hechos, que objetivamente no ostentan por sí la naturaleza de delito y la obtención de beneficios patrimoniales, para sí o para personas de su entorno familiar, o que configuren una actuación de tráfico de influencias o de presunta corrupción en el ejercicio de su cargo”.

En concreto, la jueza de Navalcarnero apreciaba, de acuerdo a las investigaciones de la UCO, que Millán y el empresario podrían haber cometido tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y administración desleal.

Ahora, la jueza, de no echarse atrás, deberá plasmar con más detalle los indicios recogidos desde 2020 –Millán está imputada desde 2022– y elevar la exposición razonada para que el TSJM resuelva. Antes, deberá interrogar al marido de Millán y analizar unas agendas de la exconcejala que unos testigos aportaron cuando la causa ya había sido enviada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El magistrado Juan José Goyena ha participado últimamente en decisiones que han suscitado gran atención mediática. A él le correspondió informar sobre la querella de Alberto González Amador contra el fiscal encargado del caso de fraude fiscal y falsificación de documentos que afecta a la pareja de Ayuso. En ese caso, Goyena admitió a trámite la querella reproduciendo fielmente los argumentos de González Amador y luego propuso al Tribunal Supremo que investigara por revelación de secretos, cometida a través de una nota de prensa, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Goyena también integró el tribunal que rechazó la querella del presidente del Gobierno contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso contra Begoña Gómez.

Giro imprevisto en el caso de corrupción que afecta a Ana Millán, número tres de Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid. La Fiscalía frena la urgencia de Millán por que sea el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) quien decida sobre su futuro al pedir al Juzgado de Navalcarnero que la imputó que practique las diligencias que tenía pendientes. Sin llegar a agotar la investigación, la jueza de Navalcarnero se inhibió en julio en favor el tribunal madrileño, ante el que está aforada la ex alcaldesa de Arroyomolinos desde que es diputada autonómica. 

Las diligencias que dejó de practicar la jueza de Navalcarnero antes de inhibirse en favor del TSJM son relevantes. Se trata de la declaración del marido de Millán, uno de los familiares que fue contratado por un empresario al tiempo que la entonces concejala de Juventud de la localidad madrileña le adjudicaba contratos públicos. La otra diligencia pendientes es la de declaración la compañera del PP que sustituyó a Millán en la Concejalía y que al tomar posesión dejó de contratar a las sociedades de Francisco Roselló, el empresario investigado junto a Millán.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero imputó hace dos años a Ana Millán en un caso que tiene su origen en el cambio de gobierno en Arroyomolinos en 2015. El equipo entrante encontró un correo electrónico en la Concejalía de Juventud que Millán acababa de abandonar en el que se aludía a su relación con un empresario. Una sociedad de Francisco Roselló alquilaba a Ana Millán un ático por casi el doble del precio de mercado. 

Tirando del hilo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluyó que Millán, su hermana y su marido –estos dos últimos contratados por empresas de Roselló– habían recibido más de 200.000 euros del empresario en el mismo periodo en el que las empresas de éste resultaron adjudicatarias de contratos del Ayuntamiento, principalmente de la Concejalía de Millán, por 600.000 euros. 

Pese a la imputación de Millán, su amiga Isabel Díaz Ayuso la incluyó en un puesto alto de las listas del PP a la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones autonómicas. Tras los comicios de mayo de 2023, Ana Millán pasó a estar aforada y solicitó que su caso pasara a ser instruido por el tribunal competente, en este caso el Superior de Madrid, de amplia mayoría conservadora. La petición de Millán provocó que se suspendieran las declaraciones de su marido y su sucesora en la Concejalía, según recuerda la Fiscalía en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

La jueza de Navalcarnero aceptó la solicitud de Millán y se inhibió en favor del TSJM, que el 2 de agosto decidió iniciar los trámites previos a decidir si había caso contra Millán o no. En una providencia que trascendió un mes después, el pasado 3 de septiembre, el tribunal nombraba instructor a Francisco José Goyena, el mismo juez que ha pedido al Tribunal Supremo que impute al fiscal general del Estado por una nota de prensa que desmentía un bulo del caso de la pareja de Ayuso. 

Cuando se esperaba el informe de la Fiscalía acerca de si el TSJM debe imputar o no a Millán, el Ministerio Público ha optado por recurrir la inhibición de la jueza de Navalcarnero. El auto de inhibición, dice la Fiscalía, “no es ajustado a derecho” porque si Millán se ha convertido en aforada lo que debería haber hecho la magistrada es elevar una exposición razonada ante el TSJM y no simplemente dictar la inhibición, de acuerdo a lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 759.2.

La exposición razonada es una resolución judicial que analiza en profundidad los indicios recabadas contra el investigado en la justicia ordinaria para que el tribunal superior decida si debe seguir adelante con la imputación del aforado. La jueza de Navalcarnero se limitó a resumir en un auto de cuatro folios los abundantes indicios recabados por la Guardia Civil “sin realizar previamente una exposición de motivos que contenga los elementos fácticos y jurídicos necesarios” para que el TSJM resuelva, alega la Fiscalía. En el auto, la jueza de Navalcarnero mencionaba los cuatro delitos por los de corrupción por los que investigaba a Millán: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la Administración.

53.000 euros en metálico de su marido

El Juzgado, la Fiscalía y las acusaciones populares –que ejercen PSOE y Más Madrid– llevan desde mayo desde mayo de 2022 intentando que el marido de Millán preste declaración como testigo. Sus comparecencias han sido suspendidas por varios motivos, entre ellos que no era posible localizarle. 

En sus atestados, la Guardia Civil recela de casi 53.000 euros que Ana Millán ingresó en efectivo en sus cuentas entre los años 2008 y 2017, periodo que abarca la investigación de su presunta relación de corrupción con el empresario Roselló. Ante el juez, ella declaró que su marido, entonces pareja, trabajaba en el mundo de la noche y la hostelería, que traía dinero en metálico a casa y que ella prefería ingresarlo en el banco que tenerlo en el domicilio. 

Por el momento, la jueza de Navalcarnero, Lidia Prada, ha admitido a trámite el recurso de la Fiscalía y ha dado traslado a las partes para que se pronuncien antes de adoptar una decisión. Previsiblemente, el TSJM no podría pronunciarse antes de que resuelva el Juzgado de Navalcarnero, ya que había pedido un informe a la Fiscalía sobre la imputación de Millán y el Ministerio Público ha optado por pedir que se agote la instrucción en el juzgado local. 

La investigación contra Ana Millán, ex alcaldesa de Arroyomolinos y número 3 del PP de Madrid, cuenta con un testimonio que la Guardia Civil y el Juzgado que han investigado el caso durante cuatro años consideran especialmente relevante. Corresponde a una funcionaria del Ayuntamiento de Arroyomolinos que actuó como mano derecha de Millán en la etapa que se investiga, cuando era concejala de Juventud. Ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), la funcionaria describió cómo el empresario acusado de pagar mordidas a Ana Millán a cambio de adjudicaciones recibía un trato preferente por parte de la entonces edil de Arroyomolinos. 

La funcionaria, que en la actualidad sigue trabajando en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, explicó a los agentes de la UCO que su puesto de administrativa le impedía firmar los pliegos de las adjudicaciones y que Ana Millán estampaba la firma después de darle las indicaciones con todo lo que debían incluir. En las reuniones con las empresas, la funcionaria acompañaba siempre a Ana Millán. Era, según declararon otros testigos del Ayuntamiento, su “mano derecha”. 

Sin embargo, cuando quien acudía a la Concejalía de Juventud era el empresario Francisco Roselló, la funcionaria no podía entrar a las reuniones. “Concerniente a los contratos en los que las empresas de Grupo Educativo estaban, Ana Millán la apartó, no dejándola intervenir. Que únicamente le decía, una vez ya decidido, los campamentos/talleres que había que contratar”, declaró la funcionaria V. a los guardias civiles el pasado 13 de marzo. 

Para cuando se produjo la declaración de la testigo ya hacía tiempo que los agentes de la UCO habían calculado que Millán, su hermana y su pareja habían ingresado 214.638,45 euros entre 2008 y 2016 de las empresas de Roselló, que a su vez había conseguido contratos en ese periodo superiores a 600.000 euros de la Concejalía de Juventud. 

El testimonio de la funcionaria se produjo dos meses antes de las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2023. Una vez celebrados los comicios, Millán se convirtió en diputada en la Asamblea de Madrid por la decisión de Isabel Díaz Ayuso de auparla en las listas pese a su imputación. El testimonio de la funcionaria fue entregado por la UCO al Juzgado en un atestado recopilatorio de todos los indicios con fecha de abril de 2024. La apuesta decidida de Díaz Ayuso por Millán pese al cúmulo de indicios contra ella y su condición de investigada ha convertido a la ex alcaldesa de Arroyomolinos en vicesecretaria de Organización y Electoral del PP de Madrid y vicepresidenta de la Asamblea.

El pasado junio, la jueza Lidia Prado decidió inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la condición de aforada que ha pasado a tener Millán desde que Isabel Díaz Ayuso decidió a auparla a las listas para los comicios de mayo de 2023 cuando ya llevaba un año siendo investigada y se conocían los pagos del empresario a ella y a su familia. En su auto de inhibición la jueza cita los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y fraude a la Administración. Es el mismo auto donde la magistrada destaca el testimonio de la funcionaria V. 

“Solo con los contratos a Roselló”

“Todo lo relacionado con Grupo Educativo lo llevaba personalmente Ana Millán. Ella despachaba a solas con su director Francisco Roselló, cerrándose en su despacho”, recogen los agentes. La funcionaria también declaró que “no estuvo presente en ninguna de esas reuniones” y que “con otras empresas no se daba esta circunstancia porque era partícipe en las reuniones que había”. Con los contratos para el grupo de Roselló, remató, Ana Millán solo “se aportaba la información justa para realizar su trabajo” y eso “solo ocurría con los contratos adjudicados a Grupo Educativo”.

Ana Millán, siendo concejal de Juventud de Arroyomolinos, adjudicó contratos por un valor cercano a los 400.000 euros a un empresario que le ingresaba todos los meses 500 euros más que el precio de mercado por el alquiler de un ático en el centro de Arroyomolinos. Además, el mismo empresario contrató y pagó a la hermana de la concejala y a su marido. También se investiga la posible influencia de Millán en otros contratos adjudicados a Francisco Vicente Roselló por la Concejalía de Cultura, 257.000 euros más. 

En 2016, tres años después de que arrancara esa causa, el Gobierno que sucedió al PP en Arroyomolinos descubrió a miembros del saliente intentando deshacerse de tres bolsas de basura. En su interior se encontraron correos y extractos bancarios que demostraban la relación entre un empresario, Francisco Vicente Roselló, propietario de la empresa Neverland, con la que había sido responsable de Juventud, y por tanto de los festejos de la localidad, Ana Millán.

Millán recibió pagos de una empresa de Roselló, Neverland, “y del propio Francisco Roselló” pagos por un valor total de 51.104,67 euros. Un antiguo empleado de una de las empresas de Roselló, que vivió en el ático de Millán dijo a los agentes que pagaba 500 euros mensuales a su entonces jefe y en mano. Roselló, a su vez, entregaba 900 euros al mes a Millán. El argumento de empresario y alcaldesa ante el juez es que si la renta se acercaba al doble del precio de mercado es porque se trataba de un alquiler con derecho a compra que después el empresario nunca ejerció.

Por otra parte, entre 2008 y 2011, la hermana de Millán, trabajadora social, facturó a empresas de Roselló 88.642,42 euros y el marido de la primera cobró 37.578,04 euros del conglomerado del empresario entre 2008 y 2011. La jueza de Navalcarnero también cita en el auto de inhibición al TSJM que la Guardia Civil ha descubierto ingresos en efectivo de 42.650 euros por parte de la propia Millán en sus cuentas bancarias en ese periodo, entre 2008 y 2014 en este último caso.

Una jueza de Navalcarnero aprecia indicios de cuatro delitos de corrupción en Ana Millán, ex alcaldesa de Arroyomolinos y número tres del PP de Madrid, tras cuatro años de investigación. Pese a su imputación en 2022, Isabel Díaz Ayuso ha ido ascendido a Millán en los últimos tiempos hasta convertirse en diputada autonómica en las últimas elecciones y pasar a estar aforada, motivo por el que la magistrada Lidia Prada Zurdo se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

“Se deduce indiciariamente que los investigados pueden ser autores de los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Y dado que la Sra. Millán Arroyo se trata de persona aforada (...) procede la inhibición del conocimiento del presente procedimiento a favor del T.S.J. de Madrid, Sala de lo Civil y Penal en funciones de Sala de lo Penal”, recoge el auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

El Juzgado número 6 de Instrucción y Primera Instancia de Navalcarnero investiga los ingresos a Millán y su entorno por parte del empresario Francisco Roselló, adjudicatario de la Concejalía que ostentaba la política antes de convertirse en alcaldesa del municipio de Arroyomolinos. En junio de 2023, Millán dejó la Alcaldía de Arroyomolinos después de que Ayuso la eligiera como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, a lo que hay que sumar su cargo en el PP madrileño como vicesecretaria de Organización.

Cuatro empresas de Roselló fueron adjudicatarias, entre 2006 y 2011, de más de 660.915,21 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, al frente de la cual estaba Ana Millán, según los datos que la UCO ha obtenido de Hacienda. Cuando Millán cambió de Concejalía, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dejó de contratar a Roselló, según destaca la Guardia Civil. Dentro de ese periodo, entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012, Ana Belén Millán recibió 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad de Roselló, según consta en los atestados de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorporados a la causa.

Según destaca el auto de la jueza, una funcionaria describió en sede judicial “la diferencia de trato otorgado por la ex concejal en la contratación y en la forma de interactuar con Grupo Educativo [de Roselló], que habría sido distinta a la de con el resto de empresas que fueron adjudicatarias desde su Concejalía”. Y añade: “Esa confidencialidad, reserva y trato personal por parte de Ana Millán es significativo, más si se considera que de forma paralela a esta participación aludida, se sucedieron una serie de circunstancias que relacionarían a Ana Millán con Grupo Educativo y Francisco Roselló”.

En este punto, el auto de la jueza enumera las supuestas prebendas que obtuvo Millán por la adjudicación de esos contratos. “[Millán] recibió pagos por un valor global de 51.104,67 euros de Neverland Eventos y del propio Francisco Roselló. El motivo de los mismos se fundamentaría en el pago del alquiler de un ático de Arroyomolinos, con opción a compra, por el valor de la hipoteca, la comunidad y los suministros. Durante este tiempo, Neverland Eventos. habría realquilado el inmueble. Los mismos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2012”.

Asimismo, Beatriz Millán “hermana de la ex Concejal, recibió pagos por un valor global de 88.642,42 euros de GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social, en concepto de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, por su desempeño profesional en estas sociedades. Los mismos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2016”. Escuelas Urbanas es otra empresa de Roselló. A la pareja de Ana Millán, “le fueron imputados, como rendimientos del trabajo y actividades económicas, ingresos por un importe total de 37.578,04 € de una UTE conformada por las mercantiles GE Escuela de Ocio y GE Escuelas Urbanas”.

Y concluye la magistrada: “Por último y teniendo en referencia el ejercicio 2008, recordar que tras el análisis llevado a cabo sobre las cuentas bancarias de Ana Millán, se localizaron numerosos ingresos en efectivo de origen desconocido con inicio también en 2008. En relación a los mismos, considerando las justificaciones dadas por la exconcejal en sede judicial, ascenderían a 42.650,00 euros 2008 y 2014.” 

Este lunes 22 de abril ha arrancado la huelga indefinida en la empresa Martín, del Grupo Ruiz, que afecta a los autobuses interurbanos que prestan servicio a localidades de la zona sur de la región como Fuenlabrada, Móstoles, Getafe o Leganés y a varios puntos de la capital. Los paros han sido secundados por el 95% de los trabajadores de la empresa, con unos 500 empleados llamados a secundar la huelga, según ha recalcado el sindicato UGT en un comunicado.

La huelga afecta a 45.000 usuarios de estos autobuses que unen Arroyomolinos, Humanes, Móstoles, Moraleja de Enmedio, Batres, Fuenlabrada, Getafe y Léganes, así como a los servicios de transporte a los corredores e intercambiadores de Madrid de Aluche, Príncipe Pío, Oporto y Plaza Elíptica.

Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras se han fijado unos servicios mínimos que van del 70% al 80% en horas punta (desde el inicio del servicio a las 9.30 horas) y del 45% al 80% en horas valle (este último dato en el caso de los nocturnos). La empresa Martín ha advertido que el conjunto de las líneas de transporte verán modificados sus horarios de acuerdo con estos servicios.

En concreto, la huelga afecta a las líneas de autobús interurbanas 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 498A, 499, N802, N803, N804, N808, la urbana 1 de Leganés y las urbanas 1A y 1B de Arroyomolinos.

Incumplimiento del convenio

Entre los motivos que han llevado a esta convocatoria, han explicado desde UGT y CC.OO., están los “incumplimientos”, “de manera reiterada”, por parte de la empresa, “con tácticas dilatorias y sin voluntad de resolución”, y las “modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo”.

Según ha indicado la sección sindical de CC.OO. en la empresa, los motivos que nos han llevado a convocar esta acción son “los horarios imposibles de cumplir”. Así, ha explicado que los establecidos en la actualidad “no se justan a la realidad de la vía, así como de las personas usuarias”. Desde UGT han indicado que “sobrepasan la normativa y convenios que la regulan”.

Asimismo, los sindicato apuntan que “tampoco se dispone de descansos para estirar las piernas o tomar un café, sin tener que salir tarde, perjudicando a las personas usuarias y en algún caso llegando al enfrentamiento con las mismas, sin mencionar las posibles sanciones por incumplir los horarios”.

Igualmente, denuncian “la congelación salarial, mediante la absocion y compensación de los incentivos de rendimiento de la plantilla” y los incumplimientos en materia de salud laboral, “que impide a los trabajadores poder acceder a servicios públicos en paradas de final de recorrido de líneas”. “El personal no dispone de un baño en las cabeceras en las que poder hacer sus necesidades, y menos aún las compañeras para determinados días en los que necesitan un uso del baño más personal e íntimo”, han apuntado desde CC.OO.

Además, han remarcado que las instalaciones se encuentran “desfasadas, sin ningún tipo de modernización e incluso están incumpliendo la normativa en seguridad y salud de las personas trabajadoras”. Finalmente, han subrayado que también se ha rebajado el salario del Personal de Oficina/Administración y no se respeta la conciliación familiar con la laboral de las personas trabajadoras.

La duración de los paros, según ha indicado UGT, dependerá de la dirección de la empresa. El conflicto laboral, ha indicado, “puede resolverse rápidamente o continuar en el tiempo durante días”. “La solución del conflicto pasa por la eliminación de los excesos de las jornadas laborales que sufren los trabajadores y trabajadoras, la eliminación de facto de la congelación de salarios y la dignificación de las condiciones laborales en materia de salud laboral”, han señalado.

En España, la corrupción y las imputaciones judiciales han llegado a tumbar gobiernos a escala nacional. Sucedió con Felipe González en 1996 y con Mariano Rajoy en 2018. Pero en las últimas elecciones municipales y autonómicas los cabezas de lista salpicados o directamente imputados en causas judiciales han obtenido resultados dispares. Candidatos y candidatas del PP como los de Arroyomolinos, Marbella o Badalona han triunfado con mayorías absolutas mientras que otros vinculados al PSOE como los de Ibiza o Móstoles han perdido el bastón de mando. En otros territorios como Cuadros (León) el ganador llegaba imputado a la urnas y acaba de ser condenado en la trama Púnica por corrupción. “La corrupción no es un asunto de moda”, analiza la politóloga Carmen Lumbierres.

En la Comunidad de Madrid dos candidatas encabezaban las listas para retener las alcaldías en los municipios de Móstoles (207.000 habitantes) y Arroyomolinos (30.000). En el primero, la socialista Noelia Posse perdió la alcaldía que ostentaba desde 2018 ante la victoria del PP, que con la ayuda de Vox alcanza la mayoría absoluta. La segunda ciudad más grande de Madrid después de la capital se ha decantado por cambiar de regidora después de que Posse se haya visto envuelta en dos tipos de escándalos en los últimos años.

Por un lado, por la contratación de sus propios familiares en el consistorio y, por otro, el caso ITV: recientemente la Audiencia de Madrid ordenó reabrir la causa contra ella y otros miembros de su corporación por supuesto trato de favor a una empresa a pesar de que mantenía deudas con la corporación municipal. En un primer momento, el juzgado había entendido que no solo no había delito sino que había hecho lo mejor para las arcas municipales.

Los resultados de Posse y el PSOE en Móstoles contrastan con los cosechados por el PP en Arroyomolinos, donde ha mejorado mucho desde 2019 y podrá seguir gobernando con la ayuda de Vox. La candidata y alcaldesa, Ana Millán, 'número tres' de Isabel Díaz Ayuso en el PP regional, revalida el mandato en plena investigación judicial por supuesta corrupción política y cobrar de un empresario contratista de su ayuntamiento. Ha pasado de los cinco concejales que consiguió en 2019 a los ocho ediles que le permitirán retener la alcaldía con el apoyo de la ultraderecha y también ha conseguido un escaño en la Asamblea regional, lo que implica que estará aforada y su caso pasará a manos del Tribunal Superior de Madrid.

Otro candidato del Partido Popular ha conseguido una aplastante mayoría absoluta a pesar de concurrir imputado a los comicios municipales. Se trata de Xavier García Albiol, que concurrió a las urnas en Badalona imputado por una instalación supuestamente irregular de antenas cuando era alcalde y con una petición de dos años y diez meses de cárcel por parte de la Fiscalía. El éxito electoral pocos meses después de conocerse la petición de prisión ha sido inapelable: 18 concejales, cuatro por encima de la mayoría absoluta, y el mejor resultado del PP en la localidad catalana.

Desde Ourense hasta Parla pasando por Marbella

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense por Democracia Ourensana, llegaba en un momento complicado a las urnas el pasado domingo. El diario La Región publicó una serie de audios en los que el regidor presumía de cómo blanquear dinero y la Fiscalía decidió abrir una investigación mientras él denunciaba la colocación de micrófonos en su despacho.

El resultado ha sido 6.500 votos y tres concejales más para Pérez Jácome con respecto a 2019. A cuatro ediles de la mayoría absoluta pero con opciones de gobernar si vuelve a conseguir el apoyo del Partido Popular, que le sostiene al frente de la capital ourensana desde 2019.

Sin imputación de por medio, las sospechas y causas judiciales reveladas por elDiario.es tampoco han pasado factura a Ángeles Muñoz, senadora y alcaldesa de Marbella por el Partido Popular. Ha conseguido 600 votos más que en 2019 y el mismo número de concejales, un total de 14 ediles que marcan justo la mayoría absoluta.

Tal y como ha desvelado este periódico, el hijastro de Muñoz es uno de los procesados en una causa de narcotráfico y blanqueo seguida en la Audiencia Nacional en torno a una organización criminal radicada en Marbella. Una causa en la que no se han investigado los indicios de corrupción que rodean a la alcaldesa y en la que los audios intervenidos apuntan, entre otras cosas, a que Muñoz organizó reuniones entre su hijastro imputado y sus concejales. Por el momento, también, la regidora se resiste a informar al Senado sobre su patrimonio.

La presencia de una acusada de tráfico de drogas en sus listas tampoco ha pasado factura a Vox. La formación ultraderechista ha igualado los tres concejales que sacó en Parla en 2019, aunque con 900 votos menos, pocas semanas después de que la número tres de su lista electoral fuera detenida y acusada de liderar una organización de tráfico de drogas.

En Eivissa las imputaciones judiciales sí han precedido a un vuelco electoral. El PSOE, que en 2019 consiguió la alcaldía con nueve concejales, ha caído a siete ediles mientras que el PP se ha asegurado la alcaldía bastante por encima del umbral de la mayoría absoluta. Rafael Ruiz, alcalde socialista, concurrió como cabeza de lista un mes después de ser imputado en una trama de supuesta corrupción por amaño de contratos en las instalaciones portuarias de Balears para beneficiar a entidades privadas.

“La corrupción no es un asunto de moda”

Carmen Lumbierres, doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, explica a elDiario.es que no existe una “teoría clara” sobre el peso de la corrupción a la hora de acudir a las urnas, pero sí que el pico de preocupación ciudadana sobre este asunto llegó con el movimiento del 15M o, en el caso de la derecha, con la irrupción de Ciudadanos, y que eso queda lejos. “En ese momento pesó mucho, era uno de los ejes de la política española, frenar la corrupción. Y hubo tolerancia cero o casi, pero creo que esa etapa, por ahora, se cerró tras la década de 2010”, analiza.

Para la politóloga, la corrupción es un tema que “interesa poco a los ciudadanos. Sorprendentemente, no hay un castigo electoral a corto plazo”. Y cita entre otros motivos los tiempos de los procesos judiciales, “muy largos” en comparación con los plazos políticos y mediáticos. “La gente se olvida por el camino de lo que ha ocurrido, eso hace que se disuelva en el tiempo y en la conciencia de los votantes”.

El voto, explica Lumbierres en declaraciones a este periódico, va en otra dirección. “Un voto mucho más emocional, del momento y menos evaluativo. La corrupción no es un asunto de moda y la gente vota por otros aspectos emotivos y como todas las modas, cuando tocó el independentismo tocó eso, pero ahora realmente no se castiga”.

Condenado un día después de ganar

Una imputación judicial no impide, más allá de los códigos éticos que los partidos deciden aplicar o no aplicar, que un político se pueda presentar a unas elecciones o seguir en su cargo. Eso solo se puede impedir mediante una condena, que en algunos casos debe ser declarada firme para que surta efecto. En la localidad leonesa de Cuadros (2.000 habitantes) los caminos de la Justicia y la política se han cruzado y Marcos Martínez Barazón, alcalde independiente tras ser expulsado del PP, ha sido condenado a ocho años y medio de inhabilitación por corrupción un día después de conseguir mayoría absoluta en las urnas.

Antes de ir a las urnas como independiente, Martínez Barazón fue presidente de la Diputación de León durante medio año en 2014 por el PP, además de ser alcalde de Cuadros desde hace más de tres décadas. Fue expulsado de la formación después de pasar dos meses y medio en prisión provisional, constituyó su propio partido para seguir ganando elecciones y este 2023 se ha enfrentado a un doble examen: el de las urnas y el de los jueces. En las urnas sacó un sobresaliente el pasado 28 de mayo con una mayoría absoluta de siete concejales y 80 votos más que en 2019. Un día después, sin embargo, suspendía la prueba judicial con una condena de ocho años y medio de inhabilitación por su implicación en la trama Púnica.

La sentencia sobre esta pieza leonesa del caso, firmada el 29 de mayo y conocida el día 30, le atribuye un delito de prevaricación. Según la Audiencia Nacional, en los pocos meses de 2014 en los que estuvo al frente de la Diputación Martínez Barazón adjudicó 12.000 euros de publicidad institucional de forma irregular a las empresas de Alejandro de Pedro, considerado el conseguidor de la trama. El sistema irregular, que arrancó con Isabel Carrasco como presidenta, permitía que las facturas se pagaran de forma casi inmediata, sin ningún procedimiento de contratación de por medio y evitando que otros medios pudieran optar a esa publicidad institucional.

Las consecuencias de esta condena están por ver. La sentencia no es firme y todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. No estaba inhabilitado cuando se presentó, pero ahora los jueces tendrán que decidir si su condena le impide coger el bastón de mando de esta localidad leonesa por novena legislatura consecutiva o si podrá ejercer hasta que el alto tribunal diga la última palabra tras su recurso, tramitación que suele tardar más de un año y medio.

Condenados por violencia machista

Más allá de la corrupción, una condena por violencia machista tampoco ha impedido que Matías González Cañón haya aumentado sus apoyos como candidato del PP en la localidad gallega de A Illa de Arousa (4.800 habitantes), aunque la izquierda sume mayoría absoluta y no tenga opciones de gobernar. Tal y como reveló elDiario.es, González fue condenado en 2011 a cumplir servicios para la comunidad por agredir a su pareja, que terminó con un diente roto.

En esa localidad, el PP con el candidato condenado ha pasado de cuatro a cinco concejales y ha sumado 400 votos más que el partido en 2019. Algo similar a lo sucedido en Malpartida de Cáceres (4.100 habitantes). Alfredo Aguilera, ex del Partido Popular y ahora independiente, ha conseguido siete concejales y la mayoría absoluta, mejorando los resultados de 2019 cuando se presentó por el PP. Entre los dos comicios, Aguilera fue condenado por agredir a su esposa y la Justicia declaró que no podía seguir al frente del consistorio. El pasado domingo obtuvo 54 votos y un edil más que en las últimas elecciones municipales.

Para Lumbierres, la violencia machista tampoco es un asunto que lleve a los votantes a las urnas. “Es un tipo de terrorismo contra las mujeres, más de 1.200 mujeres asesinadas desde 2003, pero no consigue una verdadera movilización en el electorado español”, explica. Apunta, además, a un “negacionismo” de esta criminalidad entre los hombres jóvenes, junto a la presencia de Vox como “tercer partido en número de votos en este país” mientras “niega la violencia machista”. La violencia de género, afirma, tiene presencia mediática pero “forma parte del paisaje sociológico y nos hemos acostumbrado a que esto ocurra y no se penaliza, son ejemplos claros de que es perdonable, una cosa como privada o personal y no pública”.

Al suroeste de Madrid, en un municipio de menos de 35.000 habitantes, resiste un fenómeno político de la década pasada. La alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, está imputada en un caso de corrupción propio de las grandes investigaciones que sacudieron la política madrileña en la primera década de este siglo. Millán, número 3 del PP de Madrid, es investigada por una práctica de cualquier guía básica de la corrupción: adjudicaciones a un empresario a cambio de dinero y prebendas. 

Tan conectado está a las macrocausas de corrupción del PP de Madrid que el 'caso Millán' es un cabo suelto del caso Púnica, la trama que se extendió por los municipios de la región al calor del poder omnímodo del PP. En el caso de Arroyomolinos, la entonces concejala de Juventud, Ana Millán, adjudicó más de 670.000 euros a un empresario que le pagaba por el alquiler de un piso el doble del precio de mercado. Luego se ha descubierto que el mismo año que empezó a pagar esa renta, el empresario contrató a la pareja y a la hermana de la hoy alcaldesa. 

Esta semana se ha cumplido un año de la imputación de Ana Millán en un juzgado de Navalcarnero. Los indicios contra ella han ido creciendo desde entonces sin constituir obstáculo alguno para que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya incrementado el peso de Millán en el partido. Pese a estar formalmente investigada, Ayuso nombró a la alcaldesa de Arroyomolinos vicesecretaria de Organización Territorial, la número 3 de la formación local, en mayo del año pasado. Ahora su nombre suena para integrar un posible Gobierno autonómico, en el caso de que Ayuso revalide su victoria esta misma primavera.

El nombre de Ana Millán Arroyo apareció en el sumario de Púnica por primera vez en 2016, tres años después de que estallara el caso. El nuevo Gobierno municipal que accedió a la Alcaldía descubrió que el equipo saliente de la Concejalía de Juventud intentaba deshacerse de documentación en tres bolsas de basura. En su interior se encontraron correos y extractos bancarios que demostraban la relación entre un empresario, Francisco Vicente Roselló, propietario de la empresa Neverland, y la que había sido responsable de Juventud, y por tanto de los festejos de la localidad, Ana Millán.

En aquel momento, la principal preocupación del nuevo equipo municipal no eran las anotaciones sobre Roselló sino las que vinculaban a la ex concejala de Juventud con otro empresario, José Luis Huerta Valbuena, conocido ya entonces por protagonizar una de las piezas separadas del caso Púnica. Por este motivo, los denunciantes acudieron al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde el juez Eloy Velasco instruía la causa de corrupción. 

Amigo de Francisco Granados, Huerta Valbuena y su empresa Waiter Music fueron durante años habituales en la contratación de conciertos y otros menesteres lúdicos en las fiestas de las localidades madrileñas, una gigante tarta de concesiones con dinero público. José Luis Huerta falleció en septiembre de 2020, antes de ser juzgado.

La relación entre Waiter Music y el Ayuntamiento de Arroyomolinos se remonta a 2004. Después de dos contrataciones para las fiestas de la localidad aparece la primera cita entre Millán y Huertas, el 10 de noviembre. A partir de ese momento la relación entre empresa y Consistorio se multiplica. Conciertos de grupos de moda, fiestas de fin de año, eventos… En diez años, las empresas de Valbuena obtienen 602.308,55 euros en adjudicaciones del Ayuntamiento de Arroyomolinos. 

Tuvieron que pasar cuatro años hasta que el siguiente juez de Púnica, Manuel García Castellón, concluyera que el modo de contratar a Waiter Music por parte del Ayuntamiento de Arroyomolinos, sumando pequeños contratos en los que “ni tan siquiera estaba prevista la retención del crédito con anterioridad a su contratación”, era cuando menos sospechoso. “Es especialmente particular –añadía el juez– la circunstancia de que se produzcan comidas o reuniones directas entre la concejala responsable, Ana Millán, y el futuro adjudicatario, José Luis Huerta Valbuena. Tales hechos hacen presumir, al menos con la fuerza necesaria que justifica la instrucción penal, la evidencia de un posible delito continuado de prevaricación administrativa”. 

Pero los hechos arrancaban en la contratación para la celebración de la fiesta de Nochevieja en 2004 y finalizaban en un expediente de 2008, por lo que la prescripción impedía investigar la relación de Ana Millán y Huerta Valbuena. No ocurría lo mismo respecto al vínculo entre la ex concejala y Francisco Roselló. “Cuestión diferente se produce en relación a los hechos relativos al concejal Ana Millán y su relación con la empresa Neverland que, si bien ofrecen indicios no guardan relación con la presente pieza, procedería a la inhibición al juzgado de instrucción competente”, apuntaba el juez. Nacía el ‘caso Millán’.

Un juzgado de Navalcarnero comenzó a investigar en secreto hasta que el 25 de enero de 2022 se encendieron las alarmas. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaban simultáneamente en el Ayuntamiento de Arroyomolinos y en la sede de la empresa de Roselló, Neverland. Dos meses después, en marzo, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero dictó un auto en el que citaba a la alcaldesa y al empresario a declarar en calidad de investigados en una causa con la calificación provisional de posible prevaricación administrativa.

Ese mismo mes de marzo de 2022, elDiario.es reveló los avances de la investigación. Entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012, Ana Belén Millán había recibido 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad de Roselló, según consta en los atestados de la Guardia Civil. De otro lado, entre 2006 y 2011, cuatro empresas de Roselló fueron adjudicatarias de más de 660.915,21 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, al frente de la cual estaba Ana Millán. Cuando Millán cambió de Concejalía, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dejó de contratar a Roselló. Además, Millán recibió del empresario otros 6.642 euros en el año 2012 por motivos que se desconocen.

En secreto, la UCO había citado como investigada no detenida a Millán el 22 de enero del pasado año por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude a la administración y blanqueo. La alcaldesa se negó a colaborar con los agentes y no declaró. Quien sí había respondido a las preguntas de los guardias civiles, como testigo y en tres ocasiones, había sido Joaquín G. S, antiguo empleado de una de las empresas de Roselló, que vivió en el ático de Millán, en el centro de Arroyomolinos, entre junio de 2010 y diciembre de 2012. Joaquín dijo a los agentes que pagaba 500 euros mensuales a su entonces jefe y en mano. Roselló, a su vez, entregaba 900 euros al mes a Millán. El argumento de empresario y alcaldesa ante el juez es que si la renta se acercaba al doble del precio de mercado es porque se trataba de un alquiler con derecho a compra que después el empresario nunca ejerció.

El 'caso Millán'

El asunto del alquiler resultó ser solo una cara de la relación de Francisco Roselló y la alcaldesa. En realidad, el empresario había entrado en la vida de varios miembros de la familia de Millán en 2008. A partir de aquel año, además de pagarle casi el doble de su precio de mercado por el alquiler de un ático, Roselló contrató a la hermana de la regidora y también a su entonces pareja, hoy marido.

Beatriz Millán, trabajadora social, facturó un total de 93.522,60 euros a Roselló hasta 2016. Además, una UTE en la que este participaba contrató a Juan Pedro Santos Ceballos, con quien la número 3 del PP de Madrid convive desde 2007. Santos Ceballos percibió ingresos por valor de 37.578,04 euros procedentes de Roselló. Entre la alcaldesa, su marido y su hermana percibieron un total de 214.638,45 euros de empresas de Roselló entre 2008 y 2016, por diferentes conceptos, según el cálculo realizado por elDiario.es a partir de los datos recabados por la Guardia Civil de los bancos y de la Agencia Tributaria. 

La vicesecretaria de Organización de Ayuso declaró en el juzgado que no influyó en aquella contratación y que su hermana obtuvo el puesto presentándose a un proceso de selección como trabajadora social. El empresario, por su parte, le dijo al juez que él desconoció la contratación cuando se produjo por el volumen y la cantidad de empresas que tenía. Se da la circunstancia de que una de las empresas que contrató a Beatriz Millán Arroyo, GE Escuelas Urbanas, forma parte de la UTE de empresas de Roselló que también contrató al marido de la alcaldesa. Juan Pedro Santos está citado para declarar como testigo el próximo 23 de abril. 

El marido de Millán tendrá que responder también por otro asunto distinto a su contratación por una empresa de Vicente Roselló. Al investigar las cuentas de la alcaldesa, la UCO se topó con ingresos en metálico de Millán de 42.650 euros entre 2008 y 2017. En un reciente informe incorporado a la causa de corrupción, los agentes destacan que la mayoría de esos fondos (34.700 euros) acabaron en la cuenta bancaria de Millán mientras su pareja, Juan Pedro Santos, trabajaba como conserje para una UTE de empresas en la que participaba el empresario Francisco Roselló. 

La importancia de esta conclusión radica en que cuestionaría la afirmación, de la también número 3 del PP de Madrid en sede judicial, de que sus ingresos en efectivo procedían de las ganancias en la “hostelería” y “el mundo de la noche” de su pareja, que figuraba como empleado de consejería de un colegio en aquella época. A ella, dijo al juez, no le gustaba guardar dinero en efectivo en casa, así que iba ingresando en el banco parte de lo que traía su marido y las rentas por una segunda vivienda en alquiler. En un reciente informe, la UCO concluye que el origen del dinero en metálico sigue siendo desconocido y destaca la coincidencia del inicio de los ingresos con el resto de presuntas prebendas a Millán y sus familiares.

Una vida profesional en el PP

Ana Millán lleva casi toda su vida adulta en la política profesional. Ya en 2003, con 26 años, era concejala de Arroyomolinos, precisamente del Departamento bajo sospecha, Juventud, Mujer, Infancia y Participación Ciudadana. Repitió en el cargo en la siguiente legislatura, por lo que ocupó la silla hasta 2011. En ese año cambió a Empleo, Formación, Industria y Comercio, donde estuvo otros cuatro años, hasta 2014. Cuando el PP perdió el consistorio tampoco tuvo que buscarse la vida en el mercado laboral al ser contratada como asesora de la Comunidad de Madrid, donde permaneció hasta regresar de alcaldesa en 2020.

Millán compaginó siempre su actividad en la política municipal con la del partido, llegando a sustituir a Isabel Díaz Ayuso al frente de la secretaría de Comunicación cuando esta fue elegida candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019. Conocida su imputación, Ayuso no ahorró en fotografías con Ana Millán hasta nombrarla en mayo número 3 del partido en la región. En los últimos meses, Ana Millán se ha estado entrevistando con los candidatos a alcaldes por el PP en la Comunidad de Madrid y les ha preguntado si el partido tenía algo de qué preocuparse. 

–––––––––

Ya que estás aquí, sigue leyendo

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desconfía de la explicación ofrecida por la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, en sede judicial sobre el ingreso en metálico de 42.650 euros entre 2008 y 2017. En un reciente informe incorporado a la causa de corrupción, los agentes destacan que la mayoría de esos fondos (34.700 euros) acabaron en la cuenta bancaria de Millán mientras su pareja, Juan Pedro Santos, trabajaba como conserje para una UTE de empresas en la que participaba el empresario Francisco Roselló. La importancia de esta conclusión radica en que cuestionaría la afirmación, de la también número 3 del PP de Madrid en sede judicial de que sus ingresos en efectivo procedían de las ganancias en la “hostelería” y “el mundo de la noche” de su pareja. 

El año 2008, cuando comenzó a ingresar esos 42.650 euros en metálico, coincide con el ejercicio en que la pareja de Ana Millán y su hermana empezaron a trabajar para Roselló. Y también con el año en que el empresario alquiló a Millán un ático en el centro de Arroyomolinos por casi el doble del precio de mercado, destaca la Guardia Civil en su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los investigadores encontraron los pagos en metálico mientras rastreaban el posible vínculo entre el pago del alquiler y las adjudicaciones por parte de la Concejalía de Juventud –que entonces dirigía Millán– a las empresas de Roselló, y que ascendieron a 630.510,75 euros entre 2006 y 2011. 

La actual vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, muy próxima a Isabel Díaz Ayuso, se negó a declarar ante la UCO cuando fue citada, aunque sí lo hizo meses después en sede judicial. Allí explicó que su pareja se dedica a la hostelería y al “mundo de la noche” y que el dinero procedía de esas actividades, que a ella no le gustaba guardar dinero en metálico y que prefería ingresarlo en el banco. 

Casi un año después del hallazgo de los ingresos por parte de la Guardia Civil y tras la declaración de Millán en el juzgado, los agentes reflejan en un informe que el verdadero origen de esos fondos sigue siendo “desconocido”. 

“Lo que sí es cierto –añaden los investigadores– es que el ejercicio económico en el que se iniciaron los pagos que recibieron Ana Belén Millán de Neverland Eventos [la empresa de Roselló que le alquiló el ático en Arroyomolinos], Juan Pedro Santos Ceballos de la UTE [pareja de Millán contratado por el empresario] y Beatriz Millán Arroyo de GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social [también contratada por Roselló], coincide con el comienzo de los ingresos en efectivo investigados, a priori, de origen desconocido, esto es, en el año 2008”.

En cuatro años, entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012, Ana Belén Millán recibió 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad de Roselló, en concepto de alquiler. Por otra parte, cuatro empresas del mismo empresario fueron adjudicatarias, entre 2006 y 2011, de más de 660.915,21 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, al frente de la cual estaba Ana Millán, según los datos que la UCO obtuvo de Hacienda. Cuando Millán cambió de Concejalía, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dejó de contratar a Roselló, según destaca la Guardia Civil.

La defensa de Millán pidió al juzgado, sin éxito, que su declaración en el juzgado no fuera puesta a disposición de los agentes de la Guardia Civil, pretensión que fue rechazada. Junto a las cantidades ingresadas, Millán le dijo al juez que también provenían de una segunda vivienda en alquiler que tiene en Alcobendas. “Si un mes mi pareja me daba 500 euros, lo ingresaba; si me daba otro mes 300, lo ingresaba; si necesitaba dinero para otras cosas, pues iba a la cuenta del piso de Alcobendas, lo cogía y lo llevaba allí”, dijo Millán en el juzgado y reproducen los agentes en su informe.

La pareja y la hermana, contratados por el empresario

La pareja de Arroyo trabajó para las sociedades de Roselló como conserje en un colegio de El Álamo (Madrid) y como “monitor de servicio de acogida” en el mismo centro entre 2008 y 2011, mientras el empresario era adjudicatario de los contratos de la concejalía que dirigía la hoy alcaldesa. “Llama la atención que la ex concejal, por contra, no hiciese alusión durante la declaración a la contratación de su pareja por parte de la UTE de Francisco Vicente Roselló Baldó, más si se considera que para aquella fecha ya se encontrarían viviendo juntos (”Mire, yo me voy a vivir con mi pareja, él se viene a vivir conmigo sobre 2007“)”, recoge el informe de la UCO. 

El nuevo informe de la UCO se detiene también en la parte de la declaración de Ana Millán en la que esta asegura que nunca pidió a Roselló que empleara a su hermana y a su pareja. Los agentes ponen en duda que la alcaldesa no participara en las opciones laborales de su pareja cuando en un correo de 2015, incautado en el registro del Ayuntamiento de Arroyomolinos, Millán le dice: “Échale un vistazo antes de mandarlo por si quieres complementar fechas o algo más”. De esto, dicen los agentes, “se desprende que Ana Belén Millán Arroyo tendría la intención de enviar a un tercero el currículum de Juan Pedro Santos, después de haberlo redactado o ayudar a redactarlo a su pareja”.

La UCO ha analizado todos los movimientos bancarios de Juan Pedro Santos y Ana Millán. Los agentes destacan que el periodo de tiempo en que Santos estuvo empleado para Roselló fue cuando más ingresos en efectivo se realizaron en las cuentas de Millán (34.700 euros entre 2008 y 2010, ambos inclusive), pese a que ella vincula esas cantidades a la actividad en la hostelería y la noche de Juan Pedro Santos. 

Respecto al ático alquilado por Millán a una empresa de Roselló, los agentes se fijan en que la alcaldesa dijo que los últimos pagos los hizo directamente Joaquín G. S, el inquilino –un empleado de una empresa de Roselló–, cuando el citado Joaquín ha declarado en tres ocasiones ante la Guardia Civil para asegurar que él solo conocía a su jefe y no mencionó en ningún momento a Millán. 

El pasado mayo, Ayuso conformó una nueva Ejecutiva del PP madrileño e incluyó a Ana Millán como vicesecretaria de Organización y Territorial, pese a llevar ya meses imputada. Millán figura en todas las quinielas para ocupar un puesto en el Ejecutivo autonómico si Ayuso reeditara el próximo mayo su victoria electoral.

–––––

El valor del periodismo de investigación

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

Los seguidores de la familia Targaryen están de suerte, a partir de este viernes podrán adentrarse en el universo que rodea la fascinante historia de los antepasados de la Madre de Dragones. La experiencia, basada en la precuela de Juego de Tronos, podrá visitarse gratuitamente del 10 al 20 de marzo en el centro comercial intu Xanadú, ubicado en el municipio de Arroyomolinos.

No es la primera vez que La Casa del Dragón es protagonista de una exposición en la región. El pasado mes de octubre tuvo una primera cita en la capital, concretamente, en el centro comercial La Vaguada. De nuevo, la muestra se encuentra dividida en cinco icónicos espacios diferentes, en los que los visitantes podrán interactuar con elementos que aparecen en la serie.

El primer escenario de La Casa del Dragón, el Legado Targaryen es El Nido del Dragón, que alberga doce huevos de este animal mitológico. Seguidamente, los fans se toparán con Los restos de Balerion, una réplica a tamaño real del cráneo de este imponente dragón. 

Uno de los elementos más característicos es El Trono de Hierro, en el que se podrán sentar y sentirse por un día los más poderosos de los Siete Reinos, además de aprovechar para sacar una foto de recuerdo. En Fuego y Sangre, una pantalla gigante hará de photocall para hacerse increíbles fotos rodeados de fuego. 

Por último, en El Juego los seguidores más incondicionales de la serie podrán demostrar sus conocimientos sobre la ficción y llevarse así alguno de los premios de merchandising que se sortean. Además, todas las personas que acudan al evento entrarán en el sorteo de un Xiaomi 12T presentando el pasaporte sellado en las cinco áreas de la experiencia. 

Horarios y dirección

La exposición inmersiva podrá visitarse de forma gratuita en la planta baja de Plaza Xanadú de lunes a viernes de 17.00 a 21.00. Los sábados y domingos estará abierta al público de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. El centro comercial se ubica en el kilómetro 23 de la calle Puerto de Navacerrada de Arroyomolinos. 

El caso de corrupción que afecta a Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP madrileño y alcaldesa de Arroyomolinos, acaba de dar un nuevo giro. La Guardia Civil ha descubierto que no solo ella y su hermana cobraron, bajo distintos conceptos, de un empresario que recibía contratos de la Concejalía que Millán dirigió durante ocho años, sino que también su pareja tenía en esa época una relación comercial con Francisco Roselló, el empresario imputado junto a la número 3 de Isabel Díaz Ayuso en el PP madrileño en la causa que se sigue en un juzgado de Navalcarnero (Madrid).

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO), al que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que Juan Pedro Santos Ceballos, pareja de Ana Millán desde hace 15 años, percibió 37.578,04 euros de una Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por dos sociedades de Francisco Vicente Roselló, GE Escuelas de Ocio SL y GE Escuelas Urbanas. Cabe destacar que esta última, GE Escuelas Urbanas, contrató a una hermana de la alcaldesa de Arroyomolinos mientras la entonces concejala de Juventud adjudicaba contratos a las sociedades de Roselló.

Ana Millán está imputada en este caso de corrupción que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero por haber disfrazado presuntamente una mordida como el pago de un alquiler por parte de un empresario que recibía contratos de su Concejalía. Millán cobró por ese alquiler, un ático en el centro de Arroyomolinos, un total de 44.462,67 euros entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012. Por su parte, cuatro empresas de Roselló fueron adjudicatarias, entre 2006 y 2011, de más de 660.915,21 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, que dirigía Millán. 

Todos estos datos de la instrucción habían sido desvelados por elDiario.es cuando la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se convirtió el pasado 20 de mayo en presidenta del PP madrileño y eligió a Ana Millán, muy próxima a ella desde hace años, vicesecretaria de Organización de la formación, número 3 del partido. A estos descubrimientos se une ahora el de los pagos al marido de Millán, que tanto ella como el empresario Roselló callaron en su declaración como investigados en el Juzgado el pasado 22 de abril.

Según recoge el último oficio de la UCO, el compañero sentimental de Millán, Juan Pedro Santos Ceballos, declaró los 37.578,04 euros facturados a la UTE de Roselló en concepto de “rendimientos del trabajo y de actividades económicas” entre 2008 y 2011, en el segundo mandato de Millán como concejala de Juventud. Santos Ceballos fue citado como testigo este lunes en el juzgado de Navalcarnero, pero su declaración, al igual que otras, se suspendió por falta de acuse de recibo. 

La citación de Santos Ceballos como testigo se produjo a raíz de otro descubrimiento de la UCO que consta en atestados: unos ingresos de Ana Millán en el banco realizados en efectivo por valor de 52.950 euros entre 2008 y 2017. Ana Millán le explicó al entonces juez del caso que se trataba de dinero que le entregaba su pareja para los gastos comunes y que ella lo ingresaba en el banco porque no le gustaba tener dinero en casa. Millán explicó que su compañero traía dinero en efectivo porque se dedica a la “hostelería” y al “mundo de la noche”. La acusación popular que ejerce Más Madrid había solicitado antes del lunes que la condición de la pareja de Millán cambie en la causa de testigo a imputado.

La hermana, también contratada

En el nuevo oficio de la UCO, fechado el pasado 22 de junio, los investigadores recuperan todos los vínculos entre el empresario imputado, Francisco Roselló, y Ana Millán, incluida la contratación por parte de una empresa del primero de la hermana de la alcaldesa. Entre 2008 y 2016, dos sociedades de Roselló contrataron a Beatriz Millán, trabajadora social, con una remuneración total de 88.642,42 euros. 

La vicesecretaria de Organización de Ayuso declaró en el juzgado que no influyó en aquella contratación y que su hermana obtuvo el puesto presentándose a un proceso de selección como trabajadora social. El empresario, por su parte, le dijo al juez que él desconoció la contratación cuando se produjo por el volumen y la cantidad de empresas que tenía. Se da la circunstancia de que una de las empresas que contrató a Beatriz Millán Arroyo, GE Escuelas Urbanas, forma parte de la UTE de empresas de Roselló que también contrató al marido de la alcaldesa.

Todos empezaron a cobrar en 2008

A partir de toda esta información, la Guardia Civil establece unas conclusiones provisionales. La primera de ellas es que tanto la propia alcaldesa, Ana Millán, como su pareja y su hermana comenzaron a cobrar de empresas de Roselló en el mismo año, 2008. La segunda, que una vez Ana Millán cambió de Concejalía, de Juventud a Empleo, en el año 2011, las empresas de Roselló dejaron de ingresar dinero público del Ayuntamiento de Arroyomolinos. Y que ese ese año, 2011, es el mismo en el que la pareja de Millán deja de cobrar de la UTE de Roselló. Por el supuesto alquiler camuflado, Millán estaría cobrando algunos meses más, hasta 2012, añaden. 

La alcaldesa explicó al juez que cobraba de Neverland, la empresa de Roselló, aproximadamente el doble del precio de mercado del ático porque el empresario quiso firmar un contrato de alquiler con derecho a compra, que finalmente no ejerció. El magistrado José Luis García Marifl ha sido recientemente sustituido en el juzgado por la titular del mismo, Lidia Prada Zurdo. 

A partir de ahí, los guardias civiles quieren seguir ahondando en la relación de las empresas de Francisco Roselló y el Ayuntamiento de Arroyomolinos, concretamente de la UTE formada por GE Escuela de Ocio y GE Escuelas Urbanas. Por este motivo, solicitan a la magistrada que reclame a la Agencia Tributaria toda la información que pueda servir para hallar conexión entre la administración municipal y la UTE de Roselló que contrató al marido de la alcaldesa. 

Una vida en la política, en el PP y cerca de Ayuso

Ana Millán lleva casi toda su vida adulta en la política profesional. Ya en 2003, con 26 años, era concejala de Arroyomolinos, precisamente del Departamento bajo sospecha, Juventud, Mujer, Infancia y Participación Ciudadana. Repitió en el cargo en la siguiente legislatura, por lo que ocupó la silla hasta 2011. En ese año cambió a Empleo, Formación, Industria y Comercio, donde estuvo otros cuatro años, hasta 2014. Cuando el PP perdió el consistorio fue contratada como asesora de la Comunidad de Madrid hasta regresar de alcaldesa en 2020.

Millán compaginó siempre su actividad en la política municipal con la del partido, llegando a sustituir a Isabel Díaz Ayuso al frente de la secretaría de Comunicación cuando esta fue elegida candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019. Conocida su imputación, Ayuso no ahorró en fotografías con Ana Millán hasta nombrarla en mayo número 3 del partido en Madrid. 

El exalcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez –Ciudadanos–, ha relatado este lunes en sede judicial cómo evitó que subordinados de Ana Millán en la Concejalía de Juventud destruyeran documentación del departamento en 2015, mientras se producía el cambio de gobierno municipal, según fuentes jurídicas. Ruipérez ha asegurado que al recibir información de lo que estaba ocurriendo envió a dos colaboradores, que salvaron todos los papeles que pudieron y que, tras el análisis de los mismos, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. 

Ruipérez ha comparecido como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, que investiga a la recién nombrada vicesecretaria de Organización Territorial del PP madrileño, Ana Millán, por haber cobrado presuntamente de un empresario adjudicatario del departamento que ella dirigió en una etapa anterior a la de ser alcaldesa de Arroyomolinos. 

Las dos personas que acudieron al despacho de Millán introdujeron la documentación en dos o tres bolsas de basura, según ha relatado el testigo, y una funcionaria las guardó bajo llave. Entre la documentación que encontraron había un correo electrónico en el que Millán reclama unos pagos atrasados a un empresario, origen de la presente investigación, según ha confirmado Ruipérez.

El equipo de Gobierno entrante, con Ruipérez a la cabeza, estudió la documentación y diez meses después de tomar el relevo en la Alcaldía remitió una denuncia a Anticorrupción por considerar que la gestión del anterior Gobierno del PP pudiera estar relacionada con el caso Púnica. Eso fue en 2016. En 2020, el juez Manuel García Castellón envió a un juzgado local los hechos susceptibles de ser delito por no estar vinculados con la macrocausa de corrupción ligada al PP madrileño que se investiga en su juzgado. La UCO registró el antiguo despacho de Ana Millán en enero de 2022.

El magistrado José Luis García Marfil imputó a la alcaldesa después de que no quisiera declarar ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que la había citado por los presuntos delitos de cohecho, fraude a la administración, malversación y blanqueo de capitales. Ahora se ha hecho cargo del juzgado su titular, Lidia Prada Zurdo. Recientemente, Millán ha recurrido la decisión de la jueza de dar traslado a la Guardia Civil de lo que la política declaró en el juzgado.

En cuatro años, entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012, y mientras era concejala de Juventud, Ana Belén Millán recibió 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad de Vicente Roselló, según consta en los atestados de la Guardia Civil entregados al juzgado. Roselló también figura imputado en la causa. 

Cuatro empresas de Roselló fueron adjudicatarias, entre 2006 y 2011, de más de 660.915,21 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, según los datos que la UCO obtuvo de Hacienda. Cuando Millán cambió de Concejalía, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dejó de contratar a Roselló, según destaca la Guardia Civil. Además, Millán recibió de Roselló otros 6.642 euros en el año 2012 cuyo motivo se desconoce. 

Por un alquiler con derecho a compra

En sede judicial, Ana Millán defendió que esos ingresos correspondían al pago de un alquiler por parte de la empresa de Roselló de un ático propiedad de la alcaldesa en el centro de la localidad. Millán aseguró en sede judicial que si recibió de Neverland casi el doble de su precio de mercado es porque el empresario estaba interesado en que el contrato incluyera un derecho a compra que finalmente no ejerció. 

Durante su declaración el pasado 22 de abril, Ana Millán le dijo al juez que era 'vox populi' que ella tenía un apartamento y que lo quería alquilar, por lo que cabía dentro de lo normal que un empresario vinculado al municipio lo supiera y estuviera interesado por él. Sin embargo, este lunes, Ruipérez ha dicho que no supo hasta 2014, mucho después, que Millán alquilaba ese ático, pese a ser durante años cargo del Ayuntamiento y jefe de Protección Civil de la localidad. 

Estaba previsto que este lunes declararan varios testigos más, entre ellos el marido de Ana Millán en relación con unos ingresos en metálico que la Guardia Civil encontró por parte de la colaboradora de Isabel Díaz Ayuso. Los agentes encontraron 52.950 euros ingresados en efectivo en su cuenta bancaria entre 2008 y 2017. 

Ella explicó que su marido se dedica a la hostelería y al “mundo de la noche”, que le entregaba cantidades para los gastos comunes y que a ella, que no le gusta tener dinero en casa, lo ingresaba en el banco. A continuación, el juez García Marfil citó a la pareja de Millán como testigo, aunque la acusación popular de Más Madrid ha pedido que cambie su condición a la de investigado. Esta declaración y el resto de las previstas se han suspendido por falta de acuse de recibo de las citaciones. 

La vicesecretaria de Organización Territorial del Partido Popular madrileño y alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, ha recurrido la decisión de la jueza que le investiga en un caso de presunta corrupción respecto a dar traslado a la Guardia Civil de la declaración que prestó como investigada en el juzgado. Ana Millán se había negado a declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que la citaron por los posibles delitos de cohecho, prevaricación, fraude a la administración y blanqueo. 

Sin embargo, ante el juez José Luis García Marfil, Millán contestó a las preguntas del magistrado instructor y de la acusación popular del PSOE. La Fiscalía no se presentó y la alcaldesa se negó a contestar al letrado de Más Madrid. De esa declaración surgió la necesidad de llamar como testigo a la pareja de Millán. 

Rastreando los ingresos de la alcaldesa por parte de un empresario adjudicatario de la Concejalía que ella dirigió en el pasado, los agentes encontraron 52.950 euros ingresados en efectivo en su cuenta bancaria entre 2008 y 2017. Ella explicó que su marido se dedica a la hostelería y al “mundo de la noche”, que le entregaba cantidades para los gastos comunes y que a ella, que no le gusta tener dinero en casa, lo ingresaba en el banco. 

En cuatro años, entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012, y mientras era concejala de Juventud, Ana Belén Millán recibió 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad de Vicente Roselló, según consta en los atestados de la Guardia Civil entregados al juez, a los que ha tenido acceso elDiario.es. 

Cuatro empresas de Roselló fueron adjudicatarias, entre 2006 y 2011, de más de 660.915,21 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, según los datos que la UCO obtuvo de Hacienda. Cuando Millán cambió de Concejalía, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dejó de contratar a Roselló, según destaca la Guardia Civil. Además, Millán recibió de Roselló otros 6.642 euros en el año 2012 cuyo motivo se desconoce. 

La alcaldesa defendió ante el juez García Marfil que los ingresos que le hizo Roselló respondían al alquiler de un ático de su propiedad por parte de la empresa Neverland, que se la realquiló a un trabajador de la sociedad en esa época. Al hecho de que Roselló pagara casi el doble del precio de mercado, Millán respondió que al empresario le interesó firmar un contrato de alquiler con derecho a compra, aunque luego rechazó ejercerlo. 

La Guardia Civil alegó ante el juez que para el análisis correcto de los “numerosos efectos en soporte documental y digital” que se incautaron en el registro del Ayuntamiento de Arroyomolinos estaban analizando las declaraciones que tomaron a diferentes testigos, por lo que solicitaba también todas aquellas que se hubieran producido en sede judicial. 

El juez dio traslado a las partes, la Fiscalía se posicionó a favor y las defensas de Millán y el empresario investigado, Roselló, se opusieron. La defensa de Millán alegaba que la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, tiene asignado dar apoyo al juzgado, y no al revés. “Ya es bastante sorprendente que sea la UCO la que ha desarrollado la investigación dirigida por el Juzgado en las presentes actuaciones”, dice Millán en contra de la unidad de élite de la Guardia Civil.

La defensa de la alcaldesa se refiere a que la UCO es la unidad que investiga el caso Púnica, del que surgió la información original de las posibles corruptelas en el Ayuntamiento de Arroyomolinos y que el juez Manuel García Castellón envió a un juzgado de Navalcarnero por no estar relacionados los hechos con su investigación en la Audiencia Nacional. 

Al juez José Manuel García Marfil le ha sustituido en el juzgado la magistrada titular, Lidia Prada Zurdo, quien el 9 de junio acordó trasladar a la UCO las declaraciones de Millán y Roselló. Ambos han vuelto a recurrir. Ahora, la alcaldesa alega: “Las instrucciones dadas por el juzgado al que tengo el honor de dirigirme fueron cumplidas por la UCO y se llevaron a cabo las diligencias acordadas por el propio juzgado. Lo que carece de sentido es mantener informado a un cuerpo policial del resto de diligencias que se practiquen por el propio juzgado o, incluso, por cualquier otro cuerpo de policía”.

El juez José Luis García Marfil ha citado como testigo al marido de la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, por los casi 53.000 euros que ésta ingresó en efectivo en sus cuentas entre los años 2008 y 2017, periodo que coincide en parte con los pagos de una empresa adjudicataria de la Concejalía que ella encabezaba y que son objeto de una investigación por prevaricación, cohecho, fraude a la Administración y blanqueo de capitales. En su declaración del pasado día 22 de abril como investigada, Millán atribuyó esas cantidades a su pareja, Juan Pedro S. C, que se dedica a la hostelería y a que a ella no le gustaba guardar el dinero en casa, según fuentes presentes en el interrogatorio.

En cuatro años, entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012, Ana Belén Millán recibió 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad del empresario Vicente Roselló, también imputado, según consta en los atestados de la Guardia Civil entregados al juez. Cuatro empresas de Roselló fueron adjudicatarias, entre 2006 y 2011, de más de 660.915,21 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, al frente de la cual estaba Ana Millán, según los datos que la UCO ha obtenido de Hacienda. Cuando Millán cambió de Concejalía, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dejó de contratar a Roselló, según destaca la Guardia Civil. Además, Millán recibió de Roselló otros 6.642 euros en el año 2012 cuyo motivo se desconoce, añade la UCO. 

Ana Millán es vicesecretaria de Acción Sectorial del PP madrileño y persona de confianza de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. Millán será la vicepresidenta del Congreso del PP madrileño que elegirá a Díaz Ayuso como líder del partido en Madrid después de que no se haya presentado ninguna otra candidatura.

Mientras investigaba el caso, la UCO encontró otros ingresos que le llamaron la atención. Son los pagos en efectivo, y sin acreditar su origen, de Ana Millán, un total de 52.950 euros entre 2008 y 2017. Los agentes anotan en su atestado algo que consideran “de interés”: “Que el volumen de ingresos en efectivo sea mayor durante el periodo en el que Neverland Eventos S.L realizó los pagos a la exconcejal (2008-2012)” e igualmente que los ingresos en efectivo “disminuyan de forma notaria una vez que la empresa [de Roselló] dejó de realizar los pagos a la ex concejal (a partir de 2013]”.

La investigación del juez García Marfil apunta a que Millán y un empresario disfrazaron una mordida como las mensualidades por el alquiler de un ático propiedad de la regidora. En ese ático residió un empleado de Roselló, pero lo que aportaba una de las empresas del imputado era casi el doble del precio de mercado. Millán defiende que el incremento se debe a que se acordó un alquiler con derecho a compra que nunca se ejecutó. Ahora, el juez cita como testigo a Joaquín G. S, el exempleado de Roselló que vivió en el ático de la alcaldesa. También declarará como testigo el alcalde en el momento de los hechos, Carlos Ruipérez Alonso. Todos ellos están citados para el 4 de julio próximo.

La UCO ha buscado a un total de cinco inquilinos del ático entre septiembre de 2013 y noviembre de 2020. Los tres que siguieron a Joaquín pagaron a Millán entre 475 euros y 550. No fue hasta mucho después, en octubre de 2019 cuando la alcaldesa comenzó a recibir más por el alquiler, 675 euros, aún lejos de los más de 900 que le pagaba a ella el empresario Roselló.

La alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, ha defendido esta mañana ante un juez de Navalcarnero la legalidad de los ingresos que le realizó un empresario que recibía adjudicaciones de la concejalía que ella encabezó entre 2012 y 2016 porque corresponden al alquiler de un ático de su propiedad. A las preguntas del magistrado sobre el elevado precio de la renta, Millán ha asegurado que era un alquiler con derecho a compra, lo que encarecía el precio de mercado sobre la vivienda, en el centro de la localidad, según fuentes jurídicas.

Millán ha declarado como investigada ante el titular del Juzgado de Instrucción de Navalcarnero que instruye una causa por los presuntos delitos de cohecho, fraude a la administración, prevaricación y blanqueo. Millán será la vicepresidenta del próximo Congreso del PP de Madrid y es una estrecha colaboradora de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad.

En cuatro años, entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012, Ana Belén Millán recibió 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad de Roselló, según consta en los atestados de la Guardia Civil entregados al juez, a los que ha tenido acceso elDiario.es. Cuatro empresas de Roselló fueron adjudicatarias, entre 2006 y 2011, de más de 660.915,21 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, al frente de la cual estaba Ana Millán, según los datos que la UCO ha obtenido de Hacienda. Cuando Millán cambió de Concejalía, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dejó de contratar a Roselló, según destaca la Guardia Civil. Además, Millán recibió de Roselló otros 6.642 euros en el año 2012 cuyo motivo se desconoce, añade la UCO. 

La UCO ha buscado a un total de cinco inquilinos del ático entre septiembre de 2013 y noviembre de 2020. Los tres que siguieron a Joaquín pagaron a Millán entre 475 euros y 550. No fue hasta mucho después, en octubre de 2019 cuando la alcaldesa comenzó a recibir más por el alquiler, 675 euros, aún lejos de los más de 900 que le pagaba a ella el empresario Roselló, que también ha declarado esta mañana ante el juez José Manuel García Marfil.

Millán, según las citadas fuentes, ha defendido que en el acuerdo por el alquiler consta que se trataba de una renta con derecho a compra, lo que encarecía su importe. La alcaldesa de Arroyomolinos ha restado importancia a que las empresas de Roselló contrataran con su Concejalía porque había otra, la de Cultura, que contrataba en mayor volumen a las sociedades del investigado.

La Guardia Civil ha descubierto que el mismo empresario, Francisco Vicente Roselló, contrató a lo largo de seis años a la hermana de la regidora. Millán ha asegurado ante el juez que su hermana no le informó de que el empresario que la había contratado era Roselló y éste, hoy en su declaración, ha defendido que sus empresas tenían entonces más de 3.000 empleados, que desconocía que fuera la hermana de la regidora de Arroymolinos y que se la contrató por su valía.

Dinero en efectivo

Otro aspecto que ha suscitado el interés del juez son los  pagos en efectivo y sin acreditar su origen de Ana Millán, un total de 52.950 euros entre 2008 y 2017. La alcaldesa ha dicho que responden a ingresos de un piso de una empresa que tiene en Alcobendas y de su marido, hostelero que traía en ocasiones dinero al domicilio, que a ella no le gustaba guardar en efectivo y que eran para gastos familiares.

La Fiscalía no se ha presentado a la declaración y Millán se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación popular que ejerce Más Madrid. La alcaldesa sí ha contestado a la representación del PSOE, también acusación popular.