El Tribunal Constitucional ha anulado las sentencias del Tribunal Supremo que frenaron, hasta en dos ocasiones, el ascenso del fiscal Eduardo Esteban a la categoría de fiscal jefe de sala de menores. El pleno, con el voto en contra de los conservadores, ha estimado los recursos de este antiguo portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y critica que el Supremo tumbara su nombramiento sin explicar por qué los criterios de la entonces fiscal general, Dolores Delgado, no eran adecuados. Esas sentencias, concluye el Constitucional, perjudicaron a Esteban frente al candidato que promovía la asociación conservadora.

El ascenso de Eduardo Esteban es el primero de los múltiples choques que se dieron entre la sala tercera del Tribunal Supremo y la Fiscalía General. Los jueces tumbaron su nombramiento como fiscal de sala de menores de Esteban, que entre otros destinos había trabajado en el Tribunal Constitucional y había sido fiscal provincial de Madrid, destino en el que el PP llegó a acusarle de “acosar” al partido. La fiscal general, Dolores Delgado, volvió a ascender a Esteban y el Supremo, en una segunda sentencia, volvió a tumbar el ascenso.

La sala de lo contencioso estimó los recursos tanto de otro aspirante, José Miguel de la Rosa, como de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales que le había apoyado en varios intentos fallidos de ascenso. De la Rosa fue uno de los juristas invitados por el PP al Congreso de los Diputados en febrero del año pasado y fue fiscal jefe de la Secretaría Técnica, uno de los cargos más altos que se pueden ostentar dentro del Ministerio Público, con Consuelo Madrigal, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar durante los últimos tres años de Mariano Rajoy en el Gobierno.

El Tribunal Supremo anuló los dos ascensos de Eduardo Esteban apuntando directamente a los criterios que había esgrimido la fiscal general para primar su candidatura por encima de la de José Miguel de la Rosa. “No elijo un candidato, elijo un modelo”, llegó a justificar entonces Dolores Delgado. La propia Consuelo Madrigal, recordó, había sido fiscal de sala de menores durante más de un lustro sin tener experiencia en la materia. La respuesta del Supremo fue cuestionar las prioridades de Delgado y anular el ascenso de Eduardo Esteban.

Esas decisiones del Supremo no fueron unánimes. Pilar Teso, por ejemplo, firmó votos particulares en los que acusó a sus compañeros de sala de condicionar los nombramientos discrecionales de la Fiscalía. Ahora es el Tribunal Constitucional el que corrige por partida doble a esta sala del Supremo al entender que sus sentencias rechazaron el criterio de la fiscal general “sin explicitar otro parámetro jurídico de control que el perfil bien determinado de la plaza”. Es decir, sin explicar qué impedía a Delgado valorar de forma conjunta más criterios que la especialización en materia de menores.

Las sentencias del Supremo que por dos veces anularon el ascenso de Eduardo Esteban, concluye el Constitucional, se saltaron “el régimen legal de nombramiento discrecional” y dio un trato “desigualitario” a este candidato por estar menos especializado en menores que otros. El Supremo, zanja ahora el Constitucional, decidió que la mayor especialización era un “mérito excluyente”, perjudicando a Eduardo Esteban. La decisión, con ponencia de Ramón Sáez, ha salido adelante con los votos en contra del sector conservador y tras las abstenciones de Cándido Conde-Pumpido, que fue superior de Esteban, y de César Tolosa, que era juez del Supremo en ese momento.

La batalla entre el Supremo y la Fiscalía

Las dos sentencias que ahora anula el Tribunal Consitucional fueron el primero de muchos enfrentamientos entre la Fiscalía y la sala tercera del Tribunal Supremo durante los mandatos de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Estas dos resoluciones fueron recibidas con estupor en la calle Fortuny y fueron previas a las dos que anularon los ascensos de la propia Delgado, primero como fiscal de sala de lo militar y después de memoria democrática.

El mismo Constitucional tiene pendientes todavía los recursos que Delgado presentó contra las anulaciones de sus ascensos. Mientras tanto, el próximo paso será saber qué efectos prácticos tienen estas sentencias del tribunal de garantías en la situación de Eduardo Esteban, que tras su segundo ascenso fallido volvió a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. La sentencia explica que se le repone la categoría de fiscal de sala, pero no el puesto concreto de coordinador de menores que ya fue adjudicado a otro fiscal después.

El Tribunal Supremo ha avalado el tercer ascenso con el que Dolores Delgado fue nombrada fiscal de sala de Memoria Democrática, donde ejerce en la actualidad. Los jueces, después de dos sentencias anteriores que anularon sendos ascensos a la máxima categoría de la Fiscalía, rechazan el recurso de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales contra el nombramiento de la exfiscal general y exministra como fiscal de sala, rechazando entre otras cosas que el hecho de que su pareja, Baltasar Garzón, ejerza la abogacía en ese mismo ámbito, implique que Delgado no pueda ejercer en el cargo.

Dolores Delgado dejó la Fiscalía General en julio de 2022 por razones de salud, sustituida por el recién dimitido Álvaro García Ortiz. El nuevo fiscal general del Estado decidió, en un Consejo Fiscal, que ascendería a Delgado a la máxima categoría de fiscal de sala dentro de la jurisdicción militar, decisión que fue anulada por el Tribunal Supremo. García Ortiz impulsó un segundo ascenso de Delgado a la máxima categoría pero en el ámbito de la Memoria Democrática, decisión que también fue anulada por el Tribunal Supremo. Esta tercera sentencia avala el último ascenso de Delgado a esa misma Fiscalía de Memoria Democrática donde trabaja en la actualidad.

Este último nombramiento, con las otras dos sentencias pendientes de recurso en el Tribunal Constitucional, fue recurrido por la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, poniendo el foco en un aspecto de la vida personal de Delgado: su marido, el exmagistrado y abogado Baltasar Garzón, ejerce como letrado y en ocasiones aborda asuntos relacionados, precisamente, con la Memoria Democrática. Los jueces empiezan por recordar que Garzón ya no tiene ningún cargo en la fundación FIBGAR y que, si en algún momento Delgado tiene que estudiar algún asunto relacionado con el despacho de su pareja, en todo caso tendrá que sopesar una hipotética abstención.

La normativa interna de la Fiscalía recoge en qué situaciones un fiscal no puede ejercer su cargo: cuando su pareja ejerza “una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función”, algo que “en este caso no concurre”. “Resulta de aplicación el remedio procesal de la abstención, siempre que resulte necesario para salvaguardar la imparcialidad en el ejercicio del cargo”, zanja la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Juan Carlos I vende estos días unas memorias de recuerdos poco exactos y olvidos sorprendentes. “Reconciliación”, que así se titula el libro, parece más bien en algunos momentos un ajuste de cuentas. “Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia”, se justifica Juan Carlos I en el párrafo con el que promociona un libro que saldrá a la venta en España el próximo 3 de diciembre. Algunos secretos del rey emérito permanecieron sepultados mucho tiempo, pero no en la penumbra de los palacios sino en bancos suizos. De esa manera, la Agencia Tributaria de España no podría cobrar los impuestos debidos por su fortuna oculta en el extranjero.

El monarca dispara en sus memorias algunos reproches, basados en premisas falsas, contra protagonistas políticos de la historia reciente de España. Juan Carlos abdicó en 2014 a la fuerza, humillado por sus comportamientos inapropiados, aunque nada se sabía entonces de sus fortunas ocultas en Suiza. Y huyó de España seis años después, en agosto de 2020, para fijar su residencia en Abu Dabi tras una investigación judicial en marcha que husmeaba en sus andanzas financieras más inconfesables. En el libro que ahora vende para que no le roben su historia, Juan Carlos I afirma: “El Gobierno [de Pedro Sánchez] transformaba estas investigaciones jurídicas en una caza de brujas, en un juicio moral que afectaba al conjunto de mi reinado y de mi acción política”. En ese ataque a los que supuestamente le desacreditaron sin motivo incluye a Dolores Delgado, ministra de Justicia (2018-2020) y fiscal general del Estado entre 2020 y 2022.

La historia judicial del caso Juan Carlos I cuenta otra historia muy distinta. Doce años antes de su autoexilio, el monarca aceptó un regalo de 100 millones de dólares –ahora cree que fue un error– del rey Abdalá bin Abdulaziz de Arabia. En aquel verano de 2008, el rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría pagado en impuestos 51 millones de euros.

El gestor suizo de aquella operación se llamaba Arturo Fasana y administraba también otras fortunas españolas en una cuenta denominada “soleado”. Algunas de esas fortunas correspondían a empresarios implicados en el caso Gürtel que salpicó a numerosos gobiernos y dirigentes del PP.

Los manejos del rey en Suiza no se empezaron a conocer hasta diez años después, cuando se publicó en julio de 2018 una grabación del comisario José Manuel Villarejo con Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I. La conversación sugería un blanqueo de capitales del rey de España, pero el juez instructor de la Audiencia Nacional con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción archivó en septiembre de 2018 la causa abierta por esa grabación. El carpetazo llegó en apenas 56 días y sin practicar diligencias.

El Gobierno de Pedro Sánchez no dijo ni una sola palabra sobre aquel archivo precipitado ni promovió, que se sepa, ninguna iniciativa para reabrir una causa con pruebas suficientes de los manejos ilegales de Juan Carlos I.

El argumento de jueces y fiscales fue que la grabación no parecía prueba suficiente, que los indicios eran muy endebles y que los hechos relatados se correspondían con un tiempo en el que Juan Carlos I estaba protegido por la inviolabilidad que la Constitución establece. El juez instructor interrogó a Villarejo y la Agencia Tributaria le contestó que no le constaba que Juan Carlos I tuviera cuentas en el extranjero. Con esos trámites, se olvidó del asunto sin escuchar lo que tuvieran que decir la examante o los supuestos testaferros.

Pese al archivo, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo abierta una línea de investigación sobre los negocios privados del rey Juan Carlos en el extranjero y, a la vez, la fiscalía suiza investigó por su cuenta entrando en los secretos que guardaba la banca de aquel país sobre la fortuna oculta del rey de España.

El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, fallecido en diciembre de 2021, investigó la fortuna oculta del rey emérito y envió a su abogado, Javier Sánchez Junco, notificaciones de las tres investigaciones preprocesales abiertas a Juan Carlos I en junio, noviembre y diciembre de 2020. La prensa, con muy pocos datos de la investigación, publicó las sospechas existentes sobre el rey emérito. Aunque alguien en la Fiscalía planeó citar al rey emérito para que declarara en las diligencias preprocesales abiertas, se rechazó esa posibilidad para evitar “un circo mediático”.

En esa situación límite, con el monarca huido a Abu Dabi, su abogado presentó el 9 de diciembre de 2020 una regularización fiscal por 638.393 euros. Se trataba de los impuestos no pagados en su día por el rey a cuenta de la donación que un empresario mexicano le había hecho a través de un testaferro. Solo dos meses después, en febrero de 2021, el abogado Sánchez Junco volvió a hacer otra regularización por casi 4,4 millones de euros correspondientes a impuestos no pagados por los regalos de su primo Álvaro de Orleans, quien había costeado desde la Fundación Zagatka los vuelos privados de Juan Carlos I durante varios años. En la ventanilla del Ministerio de Hacienda, dirigido por la socialista María Jesús Montero, no pusieron pegas a la operación pese a que la ley señala que si un contribuyente tiene una inspección abierta o en marcha de la Fiscalía ya no es posible saldar cuentas y hay que abrir juicio. El rey emérito tuvo suerte porque ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni la Fiscalía que le investigaba, dirigida entonces por Dolores Delgado, pusieron pegas a una regularización que le libraba de una condena de cárcel segura.

La Fiscalía del Supremo archivó las tres investigaciones preprocesales abiertas a Juan Carlos I. Lo hizo en abril de 2021, con Dolores Delgado como fiscal general y con el Gobierno de Pedro Sánchez totalmente inactivo en relación con esa causa. La Fiscalía defendió que los delitos fiscales de Juan Carlos I al ocultar en Suiza la fortuna que le regaló el rey de Arabia no eran perseguibles porque en aquel periodo (de 2008 hasta 2012, año en que el rey decidió donar todo el dinero que guardaba en Suiza a favor de Corinna Larsen) gozaba de inviolabilidad. Esa cuestión nunca quedó suficientemente aclarada por el principal intérprete de la Constitución. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado todavía sobre el alcance de la inviolabilidad y no ha resuelto la duda sobre si todos los actos del Rey también están protegidos por ese derecho. Prestigiosos juristas sostienen que las conductas privadas del rey Juan Carlos —como sería esconder en Suiza un regalo de 100 millones de dólares y no declarar esa donación en España para evitarse el pago de impuestos— no pueden estar amparadas por la inviolabilidad.

El Gobierno de Mariano Rajoy (2012-2018) impulsó una pequeña reforma, consensuada con el PSOE, para proteger a Juan Carlos I tras su abdicación en junio de 2014. Entonces había dos demandas civiles presentadas contra el rey por juicios de paternidad. El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, redactó de urgencia una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que cualquier denuncia contra Juan Carlos I solo pudiera ser investigada en el Tribunal Supremo. En el preámbulo de aquella reforma, sin efectos legales, se introdujo por primera vez una interpretación sobre el alcance de la inviolabilidad: “Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad”.

El archivo de todas las investigaciones abiertas en la Fiscalía a Juan Carlos I no eludió un grave reproche al monarca por sus manejos financieros durante diversas etapas de su reinado. Pero la prescripción de algunos de los delitos cometidos, el escudo de la inviolabilidad que le protegió los 39 años de reinado (1975-2014) y una regularización extraordinaria más que dudosa salvaron al rey de la cárcel por blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho.

Todo lo que pudieron hacer los poderes del Estado (incluyendo al Gobierno de Sánchez) lo hicieron para evitar al rey Juan Carlos un trago (la condena por fraude fiscal castigada con varios años de cárcel) aún más humillante y amargo que su huida a Abu Dabi por traicionar a su país con una conducta deshonesta.  

El Consejo General del Poder Judicial investigará las quejas del fiscal general de filtración de sus datos personales en la causa del Tribunal Supremo en la que está imputado. El departamento de protección de datos ha abierto actuaciones después de recibir tanto las quejas de Álvaro García Ortiz como las de Dolores Delgado sobre que los informes de la Unidad Central Operativa, puestas por el juez Hurtado a disposición de las partes de forma íntegra, incluyen sus números de teléfono pero también, en el caso del primero, su dirección postal en Galicia.

Las actuaciones serán llevadas por la dirección de supervisión y control de protección de datos del órgano de gobierno de los jueces llevará a cabo las actuaciones.

Tanto el fiscal general como su predecesora se dirigieron ayer por escrito al Poder Judicial y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para denunciar que uno de los últimos informes de la Guardia Civil aportados al proceso había expuesto sus datos personales, hasta el punto de entender que había comprometido su seguridad personal. El informe, encargado por el juez a la UCO, refleja el tráfico de llamadas del fiscal general e incluye un anexo donde se ofrece su dirección postal y los teléfonos de varias personas de la Fiscalía con las que habló en esos días de marzo de 2024.

“Ponen en riesgo mi seguridad”, alegó el fiscal general al dirigirse al CGPJ para solicitar medidas urgentes. Dolores Delgado, con la que mantuvo conversaciones esos días que aparecen referenciadas en el informe, también denunció que su teléfono aparecía publicado y que había recibido llamadas de números desconocidos desde entonces.

Esta no es la primera queja del fiscal general del Estado sobre la gestión que la Guardia Civil y el juez Ángel Hurtado hacen de sus datos personales una vez son plasmados en sus informes puestos a disposición de las partes. Desde los datos de sus teléfonos móviles, llamadas y contactos hasta su dirección postal y los números y direcciones de algunos de sus colaboradores. Hasta la fecha, el instructor ha desestimado todas sus quejas.

En el Ministerio Público varias voces muestran desde hace semanas su descontento con la gestión que el instructor hace de los datos personales del fiscal general y su entorno reflejados en los informes de la Unidad Central Operativa, y cómo sus últimos informes detallan sus comunicaciones con fiscales no relacionados con el caso, como la propia Dolores Delgado, una fiscal y vocal del Consejo y otros de sus colaboradores, pero no reflejan comunicaciones, por ejemplo, con el fiscal jefe Anticorrupción que también figura en los listados de llamadas obtenidos por los agentes, o con un directivo del periódico La Razón.

Las llamadas del fiscal general

El magistrado Ángel Hurtado investiga desde el pasado mes de octubre si el fiscal general o su equipo más cercano filtraron el pasado mes de marzo un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, confesaba el fraude fiscal de 350.000 euros y ofrecía un pacto para evitar la cárcel. Una causa en la que ha intentado indagar en las comunicaciones que García Ortiz mantuvo esos días, tanto por teléfono como por WhatsApp como también por correo electrónico.

Los agentes de la Unidad Central Operativa, tal y como ha reconocido el propio fiscal general, han certificado que cambió de teléfono móvil una semana después de que la causa se abriera en el Tribunal Supremo. Antes de esa fecha de octubre de 2024 no existen registros de mensajes ni tampoco correos electrónicos relevantes. Un último informe de la Guardia Civil certifica que borró todos sus mensajes el 16 de octubre de 2024: el día en que se abrió la causa.

“En ninguno de los casos es posible la recuperación de información en fechas anteriores al 16 de octubre de 2024”, dice un informe policial aportado a la causa. El primer mensaje disponible es de ese día a las tres de la tarde. Ese día, explica la unidad de Cibercrimen de la Guardia Civil, García Ortiz provocó “un borrado permanente de los mensajes existentes en todas las conversaciones”.

En cuanto a las llamadas, la Guardia Civil también ha certificado que en esos días de marzo el fiscal general apenas habló con personas no relacionadas con la Fiscalía. Los agentes solo destacaron una breve conversación con un directivo de La Razón el ocho de marzo y, ya en la noche del 13 de marzo que constituye el centro del caso, cómo un periodista de la Cadena SER le llamó pero no pudo contactar con él.

El Tribunal Supremo no da por zanjada la batalla legal por el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. La sala tercera acaba de anunciar la anulación del proceso con el que el fiscal general ejecutó la sentencia que tumbó el nombramiento de Delgado como fiscal de sala de lo militar, alegando que retomó el proceso en un punto distinto al que le habían ordenado. El mismo aspirante al puesto que recurrió el ascenso de Delgado es quien recurrió también la ejecución de la sentencia, quejándose de que el proceso había permitido examinar de nuevo todas las candidaturas. Finalmente fue nombrada la fiscal Isabel Rodríguez, que defendió ante el Supremo que se elevara la condena de la Manada de Pamplona por violación, y en la Fiscalía interpretan que esa designación también queda anulada.

Los dos nombramientos de Dolores Delgado tras dejar el cargo de fiscal general han sido anulados por el Tribunal Supremo. El primero, como fiscal de sala togada, fue tumbado por la sala de lo contencioso-administrativo tras entender que Álvaro García Ortiz había incurrido en desviación de poder al darle el puesto por razones ajenas a las necesidades del Ministerio Público. El segundo, como fiscal de sala de memoria democrática, fue anulado también al entender los jueces que el Consejo Fiscal no había examinado un aspecto de su candidatura: si el trabajo de su marido, Baltasar Garzón, como abogado y al frente de una fundación especializada en derechos humanos, podía influir en su desempeño.

El fiscal general volvió a proponer ayer el nombramiento de Delgado como fiscal de memoria democrática. Pero el primer proceso todavía no ha quedado zanjado para el Supremo: el fiscal general volvió a plantear el nombramiento de un fiscal de lo militar y ese puesto fue para Isabel Rodríguez, después de que los vocales de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales decidieran no participar. La elegida fue Isabel Rodríguez, que tomó posesión del cargo hace un mes. Fiscal desde hace más de tres décadas, Rodríguez fue la fiscal que pidió con éxito al Supremo que aumentase la condena de los violadores de la Manada por agresión sexual.

El Supremo entiende que esa sentencia no se ejecutó correctamente y que el fiscal general devolvió el proceso para adjudicar la plaza más allá de lo que debía: volvió a convocar al Consejo Fiscal cuando, según los jueces, directamente tenía que hacer otra propuesta de nombramiento. El auto todavía no ha sido notificado a la Fiscalía pero fuentes del Ministerio Público interpretan que esto anula el nombramiento de Rodríguez y, además, “supone un ninguneo absoluto al Consejo Fiscal como órgano asesor del fiscal general”.

“Es evidente”, dice la sala, que la decisión del fiscal general de convocar al Consejo Fiscal para abordar el nombramiento “implica retroacción a un momento del procedimiento administrativo anterior al establecido”. Critican que esto implica que el Consejo Fiscal “examine y valore de nuevo todas las candidaturas, lo que podría tener influencia -aunque no sea vinculante- en la propuesta que finalmente eleve el fiscal general del Estado al Consejo de Ministros”.

El Consejo Fiscal ha avalado que Dolores Delgado se mantenga en la máxima categoría del Ministerio Público como fiscal de sala de memoria democrática. Después de la sentencia del Supremo que anuló el nombramiento al entender que su cargo podía interferir con el trabajo de abogado de Baltasar Garzón, su pareja, el fiscal general volverá a proponer su nombramiento. La decisión ha salido adelante con el voto a favor de cinco vocales mientras que otros siete integrantes del organismo no han ejercido su derecho a voto.

Los vocales que finalmente no han votado, pertenecientes a la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales y a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, entendían que se tendrían que haber puesto en marcha más diligencias y aportar más documentación antes de tomar una decisión.

En el último año, la sala tercera del Tribunal Supremo ha anulado los dos nombramientos de Dolores Delgado tras su salida de la Fiscalía General del Estado: su ascenso a fiscal de sala de lo militar y, posteriormente, su designación como fiscal de sala especializada en memoria democrática. En este último caso, el Supremo instó a devolver las deliberaciones al Consejo Fiscal para abordar un asunto: si el trabajo de su marido, Baltasar Garzón, como abogado y al frente de una fundación especializada en derechos humanos podía interferir con su trabajo.

La decisión del Consejo Fiscal ha sido avalar que Delgado pueda ejercer y el fiscal general, Álvaro García Ortiz, propondrá de nuevo su nombramiento al Consejo de Ministros. Finalmente no ha sido necesario resolver las recusaciones que la propia Delgado había planteado contra tres vocales. “El contenido de la sentencia es claro respecto al momento de retroacción en el que el pleno del Consejo, válidamente constituido, debatió la propuesta de nombramiento”, explica el Ministerio Público en un comunicado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pone límites al control de la preparación de opositores que impuso Dolores Delgado en 2022 cuando era fiscal general del Estado. Los jueces de la Sala de lo Contencioso anulan el decreto que imponía a todos los miembros de la carrera fiscal la obligación de informar a la Fiscalía General del Estado sobre si desempeñaban o no labores de preparación de oposiciones. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, establece que sólo estarán obligados a facilitar esa información quienes sí realizan esa actividad. 

Los magistrados entienden que el Ministerio Público no dio “ninguna razón” que justifique la imposición de ese mandato para todos los fiscales y consideran que los eventuales “descuidos u olvidos” o la pretensión de evitar los casos en los que se “prefiriese no trasladar esa información” no justifican que se extienda esa obligación a todos los miembros de la carrera.

La resolución estima un recurso de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales contra ese decreto y contra el modelo de declaración en el que los fiscales deben reflejar si preparan o no a opositores. El colectivo pidió que se anulara la orden “respecto de los miembros de la carrera fiscal que no realizan actividades de preparación de oposiciones” al considerar que la medida no tenía base legal y, además, era una “injerencia inadmisible” en la intimidad de los miembros de la carrera fiscal.

En este sentido, la AF argumentó que la legislación ampara únicamente que se pida esa información a quienes realizan la actividad de preparar opositores “con el fin legítimo de garantizar la objetividad e imparcialidad de los tribunales de oposición”. Y también expuso que la Constitución no permite que se obligue a un ciudadano, sea particular o funcionario público, a “declarar sobre lo que no hace”. 

La Abogacía del Estado, por su parte, alegó que la finalidad de esa medida era precisamente “controlar y evitar” que fiscales que preparan a opositores pudieran formar parte de los tribunales que los examinan, así como velar por el cumplimiento de la normativa de compatibilidades.

Añadió, en este sentido, que la obligación de informar “en todo caso” se debía a las eventuales faltas de respuesta motivadas por descuidos u olvidos, pero también a que, en algún supuesto, “se prefiriese no trasladar esa información”. Según su criterio, sólo se puede “garantizar la fiabilidad y mayor certeza de la información recabada (...) mediante un modelo de declaración que se presente tanto si se realiza la acción de preparación como si no”. 

Que la mayoría de aspirantes a juez y fiscal eligen a jueces y fiscales en ejercicio para preparar sus oposiciones no es ningún secreto. Los menos acuden a academias o preparan por su cuenta, pero no existe una estadística fiable sobre cuántos de los miles de aspirantes que se presentan cada año optan por cada método.

Pero tal y como publicó elDiario.es, jueces y fiscales en activo que ejercen esa labor de preparación cobran cientos de euros al mes en dinero negro, sin dar cuenta ante la propia Fiscalía y por supuesto sin pasar por filtros de Hacienda. Eso llevó a la Fiscalía General del Estado a aprobar un nueva normativa que ahora queda parcialmente mutilada por esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Dos sentencias del Tribunal Supremo comprometen el futuro de Dolores Delgado en la Fiscalía que llegó a dirigir durante casi dos años y medio. En unos pocos meses los jueces han anulado tanto su ascenso a la máxima categoría del Ministerio Público como su posterior nombramiento como fiscal de memoria democrática, dejando en el aire si tendrá que volver a su antiguo puesto en la Audiencia Nacional o si alguno de los dos nombramientos podrá repetirse. En sus horas más delicadas, Álvaro García Ortiz se enfrenta a un nuevo varapalo del Supremo mientras los jueces tienen que decidir sobre su propio nombramiento y pendiente del desarrollo de la causa por revelación de secretos a instancias de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Dolores Delgado dejó la Fiscalía General en el verano de 2022 alegando motivos de salud. Fiscal desde 1989, abandonaba un mandato convulso, enfrentada a un Consejo Fiscal que pocos meses antes había quedado bajo dominio de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales. La misma que ha llevado a los tribunales sus sucesivos nombramientos, que ha redoblado su oposición con García Ortiz al frente del Ministerio Público y que ha abandonado a sus propios miembros cuando se enfrentan a sus postulados.

Su ascenso a la máxima categoría, como fiscal de sala de lo militar, fue recurrido por otro de los aspirantes y anulado por el Tribunal Supremo. Los jueces entendieron que el actual fiscal general incurrió en desviación de poder al explicitar que firmaba el ascenso de Delgado no por una necesidad real sino por considerar que un fiscal general debería adquirir esa categoría nada más dejar el puesto.

Esa sentencia anuló su ascenso, pero Delgado siguió siendo fiscal de sala porque poco después había sido nombrada para ocupar ese puesto pero en materia de memoria histórica. El segundo varapalo llegó hace unos días cuando el Supremo, por otras razones, anuló también ese segundo nombramiento. En ese caso porque el Consejo Fiscal no analizó, tal y como pidieron las asociaciones conservadoras, si la fundación especializada en derechos humanos que preside Baltasar Garzón, su marido, choca con su puesto como fiscal especializada en la materia.

Fuentes del Ministerio Público explican que, por el momento, Delgado no ha perdido la condición de fiscal de sala: se ha anulado una decisión del Consejo de Ministros y debe ser ese mismo órgano el que, a través de un real decreto, declare su cese. Además, todavía existen dos recursos más pendientes de decisión sobre el nombramiento de Delgado: el presentado por la Asociación de Fiscales y el presentado por otro aspirante. Está por ver si el Consejo Fiscal vuelve a abordar el nombramiento, tal y como ordena el Supremo, antes de que se ejecute la sentencia y Delgado pierda la categoría.

Un año y medio sin conflictos

La última sentencia no cierra la puerta por completo a que Dolores Delgado vuelva a ser nombrada fiscal de sala de memoria democrática, pero sí da muchas armas al Consejo Fiscal para que lo pueda bloquear. El alto tribunal no cuestiona que tuviera el currículum suficiente para obtener el cargo, tampoco niega que pudiera presentarse y rechaza que Álvaro García Ortiz incurriera en desviación de poder o actuara movido por una “amistad” con Delgado. Pero entiende que el proceso debe repetirse porque el fiscal general no permitió que el organismo examinara si la actividad profesional del marido de Delgado podía chocar con su trabajo como fiscal de memoria democrática.

Su marido es el exjuez y abogado Baltasar Garzón, que desde hace años preside la fundación FIBGAR, especializada en la defensa de los derechos humanos y, entre otras cosas, en memoria histórica. La Asociación de Fiscales se mostró en contra de que Delgado pudiera acceder al cargo y la Asociación Profesional e Independiente recurrió el nombramiento y el Supremo ha otorgado una de las pocas herramientas que tiene el Consejo Fiscal para bloquear un nombramiento. Con un carácter generalmente consultivo, el artículo 58.1 deja en manos de este organismo decidir si la actividad “industrial o mercantil” de la pareja de un fiscal obstaculiza “el imparcial desempeño de su función”.

La sentencia, sobre el papel no entra en el fondo del asunto y deja la decisión en manos de un Consejo Fiscal liderado por las asociaciones contrarias al nombramiento de Delgado. Pero sí desliza que hay “indicios” de que la actividad profesional de Garzón podría ser considerada como un obstáculo para seguir ejerciendo como fiscal de memoria democrática, trabajo que desarrolla desde hace año y medio sin que haya surgido ningún conflicto por ese motivo. La actividad de la fundación sin ánimo de lucro que lidera el exmagistrado, además, “puede reputarse de carácter mercantil”, según los jueces, y la materia que trabaja “coincide significativamente” con el trabajo de Delgado en la Fiscalía.

No resuelve el fondo del asunto, pero el Supremo sienta las bases para que los vocales contrarios al nombramiento puedan plantear la batalla con la sentencia de su lado una vez descartada cualquier irregularidad o descartado también que Delgado no tenga los méritos suficientes para acceder al puesto. La batalla se planteará en si la actividad de Garzón se solapaba con la de Delgado, y si se puede considerar una actividad mercantil. Y en si, como dice una de las magistradas del propio tribunal, se está resolviendo de forma preventiva e inapelable algo que se suele solucionar a través de las abstenciones y recusaciones caso por caso.

Las “conjeturas” del Supremo contra Delgado

Pilar Teso ya se ha pronunciado varias veces en contra del criterio mayoritario de sus compañeros de sala a la hora de anular un nombramiento discrecional de la Fiscalía. Lo hizo cuando por dos veces el Supremo anuló el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores, criticando que los jueces condicionaran la capacidad discrecional del fiscal general para nombrar a la cúpula de la Fiscalía. En ese caso, dijo la jueza, estaba imponiendo por sentencia firme su preferencia por uno de los candidatos.

En el supuesto de Dolores Delgado, las críticas de la magistrada van por otro lado y reprocha a sus compañeros que estén usando el Estatuto de la Fiscalía para abrir la puerta a bloquear un nombramiento por una causa que, en todo caso, tendría que resolverse por otra vía: la abstención o la recusación si, en un caso concreto, su trabajo chocara con el de Garzón y su fundación. Han actuado, dice, “por si acaso” y basándose en “meras conjeturas y suposiciones”.

Para la magistrada es “aventurado” afirmar que una fundación sin ánimo de lucro como la de Garzón pueda obstaculizar el trabajo de Delgado como fiscal de memoria democrática, algo que hasta la fecha no había sucedido desde su nombramiento en septiembre de 2022. FIBGAR, además de no tener ánimo de lucro, es de ámbito internacional y, por tanto, sus objetivos solo coinciden “en parte” con la Fiscalía española. La acusación contra la sala tercera es clara: “La aplicación preventiva de una eventual incompatibilidad reviste especial gravedad”, afirma, y la promoción profesional de Dolores Delgado “no puede verse truncada por meras conjeturas y suposiciones”. Si su actividad como abogado puede ser también una incompatibilidad es algo que, en principio, no se alegó.

La sentencia conocida hace unos días va en la línea de la cruzada que la sala tercera del Supremo mantiene contra los nombramientos discrecionales, un sistema similar al que aplica el Consejo General del Poder Judicial para designar a los propios jueces del tribunal. Ha sucedido con Dolores Delgado, con el fiscal Eduardo Esteban, con varios nombramientos del CGPJ en el Supremo, con la presidencia del Consejo de Estado o la de la Agencia de Protección de Datos.

El próximo asalto tiene que ver con el actual fiscal general del Estado. La misma sala de lo contencioso-administrativo tiene pendiente analizar un recurso contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz como sucesor de Dolores Delgado al frente del Ministerio Público, con una asociación cuestionando que sea idóneo para el puesto.

Encima de la mesa está la decisión de ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial de no considerarle apto para la reelección, así como la decisión de varios jueces de no apartarse del caso como pedía el fiscal general. Todo en uno de los momentos más delicados de su mandato con la anulación de los dos nombramientos de Delgado y la causa abierta por revelación de secretos a instancias de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, encargada entre otras cosas de comparecer y participar en los procesos penales sobre denuncias de torturas y represión franquistas. La decisión ha sido tomada por cuatro magistrados varones, con un voto particular en contra de una magistrada, en un recurso interpuesto por una asociación de fiscales conservadores que lleva desarrollando desde hace tiempo una batalla política y judicial contra el fiscal general del Estado y contra el propio Gobierno de Pedro Sánchez, una suerte de lucha ideológica corporativa de la que vemos con frecuencia nuevos ejemplos.

Dolores Delgado es una fiscal que ha desarrollado su carrera fundamentalmente en la Audiencia Nacional, donde ha ejercido durante muchos años llevando la acusación en múltiples casos de enorme trascendencia pública, en materia de narcotráfico, terrorismo, blanqueo, crímenes internacionales y delitos económicos. Fue ministra de Justicia y fiscal general del Estado y nadie, tampoco la asociación de fiscales conservadora ni el propio tribunal, ha cuestionado sus méritos indiscutidos para el ejercicio del cargo para el que fue nombrada.

¿Cuál es entonces la causa de la anulación de su nombramiento? No lo es obviamente por sus méritos, sino por una cuestión aparentemente formal, que tiene que ver con su relación de pareja con Baltasar Garzón y las actividades profesionales de éste como abogado y como miembro de una fundación, con una visión que, en mi opinión, difícilmente se habría aplicado de ser un hombre el candidato y su pareja una mujer que ejerciera esas mismas actividades.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que los fiscales no podrán ejercer su cargo, y en consecuencia no podrán ser nombrados para alguno de ellos, si “su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función” (Art.58.1), a la vez que contempla que si su pareja ejerce como abogado o procurador en circunscripciones territoriales de más de quinientos mil habitantes, puede acceder al puesto de fiscal “sin perjuicio del deber de abstención cuando proceda” (Art.58.4).

Baltasar Garzón, pareja de Dolores Delgado, está como abogado al frente de un despacho que, además de otras ramas del Derecho, presta servicios de defensa letrada en “asuntos relacionados con reclamaciones en organismos de Derechos Humanos, y tribunales internacionales”, y preside una fundación, Figbar,  que “trabaja en la promoción y defensa de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal”. 

Es obvio que una fundación es una entidad sin ánimo de lucro que por definición no desarrolla una “actividad industrial o mercantil”, porque no es una empresa, ni una industria  o un comercio, pero el tribunal interpreta que la actividad de Baltasar Garzón, sin distinguir la fundacional de la abogacía, “en tanto supone una prestación de servicios profesionales, puede reputarse de carácter mercantil”. Es evidente que desde el propio texto legal y a estos efectos la abogacía no es una actividad industrial ni mercantil, porque como hemos señalado el mismo artículo 58.4  establece que si la pareja ejerce la abogacía a nivel de toda España, como es el caso, no hay incompatibilidad “sin perjuicio del deber de abstención cuando proceda”.  

Estaríamos entonces en que la Sala considera que la fundación dedicada a la defensa de los derechos humanos a nivel internacional sí es una actividad mercantil. ¿Por trabajar “en la promoción y defensa de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal” o por el simple hecho de ser una fundación sin ánimo de lucro? Si es por lo primero, la interpretación de la sentencia es inverosímil: considerar que la defensa de los derechos humanos es una actividad mercantil va más allá de lo que el propio sentido común nos impone y de cualquier interpretación literal, sistemática y coherente del marco normativo, hasta el punto de que la propia Fiscalía de Derechos Humanos  caería en esa grosería jurídica de tener como función una actividad mercantil. 

Y si es por el hecho de tratarse de una fundación, que se preparen todos los fiscales y fiscalas, y también los miembros de la carrera judicial, que tengan parejas miembros de una de ellas, porque todos serían incompatibles al tratarse de actividades mercantiles. Otra interpretación absurda y sin sentido.

¿Cuál es entonces el sentido? Un exceso que parece partir de un a priori que luego se argumenta. Se considera que las actividades de Baltasar Garzón, pareja de la fiscala nominada, tienen una apariencia de incompatibilidad con la actividad profesional de ésta, un juicio prospectivo, al margen de los casos concretos que se pudieran hipotéticamente producir, si es que alguna vez llegaran a producirse. Y, repito, luego se argumenta con una interpretación tan extensiva y tan forzada que va contra toda lógica: la de la propia ley, en cuanto a la abogacía, y la del sentido real de las cosas, en cuanto a los fines de una fundación internacional para la defensa de los derechos humanos. Y para un supuesto limitativo de un derecho fundamental como el del acceso a funciones y cargos públicos, garantizado en el Art. 23.2 CE no cabe una interpretación expansiva ni analógica, sino necesariamente restrictiva.

Porque la sentencia desliza un mensaje creo que muy peligroso: si tu pareja se dedica a la defensa de los derechos humanos no puedes promocionarte como fiscal que defienda los derechos humanos, no sea que tu pareja te influya. Es obvio que Dolores es una mujer, pero, ¿se aplicaría de la misma manera de ser un varón? Como señalé al inicio, entiendo que difícilmente, porque da toda la impresión de que subyace un implícito, que el varón, siempre fuerte, influye en la mujer que es más débil, y no al contrario; un residuo difuso del patriarcado. 

La sentencia tiene un voto particular también de una mujer, magistrada, que con  rigor y coherencia da la vuelta totalmente a la argumentación de la mayoría del tribunal. Entiende que “resulta aventurado” atribuir actividad mercantil se mire por donde se mire a una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos; que no hay incompatibilidad sino, hipotéticamente, posibles abstenciones futuras; que la sentencia se basa en “conjeturas y suposiciones”; que la aplicación preventiva de eventuales incompatibilidades “reviste especial gravedad”, y que, en definitiva, se está vulnerando el derecho fundamental de Dolores Delgado de acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos y a la promoción profesional. 

Es sabido que la misma Sala del Tribunal Supremo anuló en otra reciente sentencia de 21 de noviembre de 2023 el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada de la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo. Son por tanto ya dos sentencias sucesivas de anulación de nombramientos de Dolores Delgado, y parecen anunciarse otras dos similares. Y no me es posible obviar que Baltasar Garzón fue también objeto de tres procedimientos penales al mismo tiempo, casi mezclados unos con otros, uno de ellos por abrir una causa contra el franquismo, esta vez por la Sala II del mismo Tribunal Supremo, de los que en uno fue condenado  e inhabilitado para la profesión de  magistrado. Por cierto, que después el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en agosto de 2021, por unanimidad, dictaminó que las sentencias contra Garzón habían sido parciales, arbitrarias, sin doble instancia y que no existía previsibilidad penal en la conducta imputada porque lo único que había hecho era interpretar la ley razonablemente en el caso Gürtel.

Quizás sea casualidad, pero me parecen demasiados procedimientos para las mismas personas. Los jueces y magistrados son independientes y deben ser imparciales, sin duda, pero conviene recordar cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido interpretando el artículo 6 del Convenio –que protege el derecho al juez imparcial– en clave de que el juez no sólo debe ser imparcial, sino que también tiene que parecerlo, la apariencia de imparcialidad.

La sentencia con la que el Tribunal Supremo anula el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática no cuestiona que pudiera presentarse al puesto y que no tenga méritos suficientes para ostentarlo, pero sí aprecia “indicios” de que su trabajo podría chocar con la actividad profesional de su marido, Baltasar Garzón, al tener una fundación especializada en la misma materia. La sentencia cuenta con un voto particular de la magistrada Pilar Teso que acusa a sus compañeros de recusar a Delgado de forma “preventiva” basándose en “conjeturas y suposiciones”.

Una asociación de fiscales recurrió el nombramiento de la exministra y exfiscal general como delegada de Memoria Democrática. Un nombramiento que llegó después de su ascenso a la máxima categoría de fiscal de sala ante la jurisdicción militar, decisión que también ha sido anulada por el Tribunal Supremo.

En el caso de su ascenso, los jueces entendieron que el fiscal general había incurrido en desviación de poder al haber explicitado que no tomaba la decisión por una necesidad en la fiscalía togada, sino por su creencia de que los fiscales generales tenían que adquirir la máxima categoría del Ministerio Público al abandonar el puesto.

En este segundo caso, la sala de lo contencioso-administrativo toma otro camino. No cuestiona ni “los merecimientos” de Delgado para optar al puesto, tampoco que pudiera presentarse ni que, finalmente, Álvaro García Ortiz haya mostrado una “amistad íntima” con ella por proponer su nombramiento. Pero sí entienden que el Consejo Fiscal tenía derecho a examinar si incurre en una prohibición para ejercer en el ámbito de la memoria histórica porque su pareja, el abogado y exjuez Baltasar Garzón, preside una fundación dedicada a esa parcela judicial.

Para la mayor parte del tribunal, la actividad de Garzón como presidente de la fundación FIBGAR “puede reputarse de carácter mercantil”, al igual que su trabajo como abogado. Y eso, añaden, “coincide significativamente con la materia sobre la que versa la Fiscalía para la que ha sido nombrada la Sra. Delgado García: los derechos humanos y la defensa de las víctimas de su violación”. Los hechos, añade el Supremo, “ponían de relieve indicios de que la Sra. Delgado García podía verse afectada por esta prohibición”.

“No puede resolverse por si acaso”

La decisión del Supremo devuelve la pelota del nombramiento de Delgado al Consejo Fiscal, que con este aval en la mano podrá examinar a fondo si Delgado incurre o no en esta prohibición. La sentencia cuenta con el voto particular de la magistrada Pilar Teso, que ya se ha pronunciado en contra de otras resoluciones de su sala que anulan nombramientos discrecionales, y que acusa a sus compañeros de actuar “por si acaso” y basándose en “meras conjeturas y suposiciones”.

Para Teso “parece aventurado” afirmar que el presidente de una fundación sin ánimo de lucro, como ostenta Garzón en FIBGAR, “encaje en esa descripción” que hace el Estatuto del Ministerio Fiscal sobre actividades mercantiles que pueden obstaculizar el trabajo de un fiscal. Su ámbito territorial, de carácter internacional, “excede con mucho el ámbito nacional de la Fiscalía” y sus objetivos solo coinciden “en parte”.

Que Garzón sea abogado, añade, tampoco es suficiente para impedir que Delgado ejerza en el campo de la memoria histórica. Y acusa directamente a sus compañeros de estar apartando a la exministra de forma preventiva de las causas relacionadas. “La incompatibilidad que se solventa mediante la abstención no puede resolverse antes de que se produzca. Por si acaso”, dice.

En este caso, para la magistrada, “la aplicación preventiva de una eventual incompatibilidad reviste especial gravedad”. El resto de la sala, entiende Teso, está cortando la “promoción profesional” de una fiscal, una carrera que “no puede verse truncada por meras conjeturas y suposiciones”.

El cuestionamiento del fiscal general del Estado, algo habitual por parte de la oposición en cualquier legislatura, ha sumado argumentos esta semana para el Partido Popular y la derecha judicial. Al clima provocado por la reprobación de Álvaro García Ortiz en el Senado, un gesto sin mayor repercusión obtenido por la mayoría de los conservadores en la Cámara Alta, se une la tensión creciente con el Tribunal Supremo, que el martes anuló el nombramiento que hizo de su antecesora, Dolores Delgado, como fiscal de Memoria Democrática; y que deberá decidir próximamente sobre su continuidad al frente del Ministerio Público tras el recurso de una asociación minoritaria. 

Todo ello, en unas fechas más que complicadas para García Ortiz, que está en el cargo desde julio de 2022 y que, desde entonces, se ha visto envuelto en algunas polémicas por sus nombramientos. Y ha tenido que afrontar también bulos publicados por determinada prensa y la férrea oposición de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, que ha pedido reiteradamente su dimisión. También la reciente apertura de una causa contra la Fiscalía por emitir un comunicado para desmentir tergiversaciones sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una nota de prensa de la que él asumió toda la responsabilidad.

Este jueves, en una entrevista en la Cadena Ser, García Ortiz insistió en que no iba a renunciar, criticó que el Senado lo hubiera sometido a lo que calificó como un “tribunal de honor” y dijo que no se sentía “perseguido” por el Alto Tribunal. “Venimos aquí a intentar cambiar este país, con mucha honestidad, llenos de ganas e ilusión (...). Cambiar dinámicas en estructuras tan conservadoras como son la carrera fiscal, como es la Justicia, sabíamos que tenía un coste. Pero la ilusión permanece”, afirmó. 

Sobre su continuidad en el cargo se pronunciará en próximas fechas el Supremo tras un recurso contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de renovarle como fiscal general presentado por la minoritaria Asociación Independiente de Fiscales (APIF), cuyo portavoz acusó a sus superiores de hacer “un 155 encubierto” a los fiscales. Ese recurso se basa, principalmente, en dos aspectos. Por un lado, en la negativa de García Ortiz a hacer un informe sobre la ley de amnistía con el argumento de que no tenía amparo legal para hacerlo. Y, por otro, en la sentencia que determinó que García Ortiz incurrió en “desviación de poder” al promover el primer ascenso de Delgado. 

Precisamente esta semana también trascendió que García Ortiz había recusado a cuatro de los cinco magistrados que tienen que pronunciarse sobre ese recurso porque participaron en la sentencia sobre Delgado. Entre ellos está José Luis Requero, un magistrado conservador que tildó de “apesebrados” al Tribunal Constitucional y la Fiscalía en un artículo en La Razón tras firmar la sentencia sobre ese nombramiento. En la Cadena Ser, García Ortiz explicó que considera “más sano” que “otros ojos” examinen este recurso. Sin embargo, esa decisión fue duramente criticada por sectores de la judicatura, que lo compararon con el expresident de la Generalitat huido de la Justicia Carles Puigdemont, según varias informaciones periodísticas. 

Nombramientos polémicos

Los nombramientos efectuados en las altas instancias de la Fiscalía han sido objeto constante de polémica desde su llegada a la cúpula del Ministerio Público. Y ahí vuelve a aparecer la conservadora Asociación de Fiscales, que ha denunciado de forma insistente que García Ortiz ha beneficiado supuestamente a su antigua agrupación, la Unión Progresista de Fiscales, en las designaciones dentro de la cúpula de la Fiscalía. 

No obstante, los correctivos más severos han llegado del Supremo, que ha anulado las dos designaciones que suponían ascender a Delgado a la máxima categoría de la carrera. Primero, como fiscal de la Sala Togada del Tribunal Supremo, la sala militar; y, después, esta misma semana, como fiscal de Memoria Democrática. En el primer caso, los jueces decretaron que existió “desviación de poder” y que García Ortiz actuó con el objetivo de dar un ascenso a su antecesora y no de proveer una plaza. 

En relación al nombramiento como fiscal de Memoria Democrática, los magistrados han devuelto el proceso al Consejo Fiscal para que se pronuncie sobre un punto en concreto: si la actividad profesional de su pareja —el exjuez Baltasar Garzón, que trabaja como abogado— obstaculiza “el imparcial desempeño de su función”. García Ortiz rechazó en su día examinar si esa relación era motivo de incompatibilidad al entender que era una actuación “prospectiva” y acordó seguir adelante con la designación de ese puesto que se había creado tras la entrada en vigor de la nueva ley de memoria. 

La decisión de García Ortiz motivó que las asociaciones conservadoras no participaran en la votación, que es preceptiva aunque no vinculante. Pero lo cierto es que desde días antes, el clima era de tensión absoluta porque estas asociaciones estaban acusando al fiscal general de hacer una “burda maniobra” con el único objetivo de garantizar el nombramiento y evitar que pudiera verse comprometido por el escenario de un hipotético cambio de Gobierno tras las generales que se se iban a celebrar en julio. 

En la citada entrevista, García Ortiz afirmó que el movimiento de las asociaciones pidiendo examinar esa compatibilidad correspondió a una estrategia “dilatoria” y desveló que “alguno de los vocales” del Consejo Fiscal llegó incluso a verbalizar que era mejor iniciar ese expediente de incompatibilidad —lo que hubiera dilatado la designación— con el argumento de que “seguramente” iba a ganar las elecciones un partido al que no le iba a importar la memoria democrática. Finalmente, el PSOE ganó esos comicios, la norma sigue en vigor y García Ortiz fue confirmado en su puesto tiempo después. 

La querella contra la Fiscalía

Otra de las materias que, en las últimas semanas, ha generado polémica en la Fiscalía es la querella que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presentó contra dos fiscales de Madrid a los que acusa de revelación de secretos al publicar un comunicado sobre su caso para desmentir una información falsa del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es un comunicado del que García Ortiz asumió la responsabilidad en primera persona. “Es lo que teníamos que hacer”, reiteró esta semana en la Cadena Ser, donde insistió en que se emitió para “rebatir un bulo malintencionado que quería poner a la Fiscalía a los pies de los caballos” en relación a ese asunto. 

En un primer momento, la fiscal encargada del asunto era partidaria de hacer unas polémicas indagaciones previas antes de decidir si se posicionaba o no a favor de investigar a dos de sus compañeros. Entre esas diligencias estaba examinar las comunicaciones del propio fiscal general. El asunto llegó incluso a la Junta de Fiscales de Sala, que respaldó el criterio de los jefes del Ministerio Público de solicitar la inadmisión de esa querella. Su tesis —con García Ortiz a la cabeza— es que el comunicado se limitó a combatir el “bulo” de que era la cúpula la que había frenado un pacto propuesto por el fiscal de la causa cuando era el empresario y comisionista quien había propuesto un acuerdo a cambio de reconocer sus dos delitos fiscales.

En cualquier caso, esa querella presentada por González Amador, imputado por fraude fiscal y falsedad documental, fue finalmente admitida a trámite esta semana. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid quiere investigar si se ha “excedido” el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información y “en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionales” del empresario y comisionista, que está citado a declarar el próximo 20 de mayo. 

Estos y otros temas han sido la munición que sirvió al Partido Popular para cargar contra el fiscal general esta semana en el Senado y aprobar su reprobación, una censura con efecto simbólico aunque no ejecutivo. La senadora Asunción Mayo afirmó que debía dimitir “por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones, por falta de transparencia y por su servilismo al Gobierno”. Sólo un día después, García Ortiz, insistió en que no piensa marcharse: “Cualquier persona que ocupa un cargo público se cuestiona si lo está haciendo bien y si merece la pena. Pero hay un sentido de la responsabilidad (...). Estamos obligados a continuar”.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha criticado este jueves que el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, lo sometió a un “tribunal de honor” al acordar su reprobación y ha rechazado dimitir. “Venimos aquí a intentar cambiar este país, con mucha honestidad, llenos de ganas e ilusión. No nos pueden quitar la ilusión ni las ganas. Eso es lo que nos da fuerza (...). Cambiar dinámicas en estructuras tan conservadoras como son la carrera fiscal, como es la Justicia en este país, sabíamos que tenía un coste. Pero la ilusión permanece y estamos obligados a continuar”, ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser. 

García Ortiz se ha referido también a la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de su predecesora Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática. Los jueces devolvieron el proceso al Consejo Fiscal para que se pronuncie sobre un punto en concreto: si la actividad profesional de su pareja obstaculiza “el imparcial desempeño de su función”. La sentencia, conocida este martes, llegó unos meses después de que el mismo Supremo anulara su primer ascenso a la máxima categoría de la Fiscalía como fiscal de sala togada de lo militar. 

El fiscal general ha mantenido que Delgado es “la mejor persona, la más preparada” para ser fiscal de Memoria Democrática y ha asegurado que aunque siente que el Alto Tribunal “cuestiona” algunas de sus decisiones, no se siente “perseguido” por sus jueces. Además, ha calificado de “tosco” el razonamiento del Supremo para anular el nombramiento de Delgado y ha insistido en que se trata de una tesis “más formal que real”. 

En relación a la recusación planteada contra cuatro de los cinco magistrados de ese órgano que tienen que resolver sobre si sigue siendo o no el jefe del Ministerio Público tras un recurso contra su nombramiento de la minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), García Ortiz ha dicho que ha pedido que se aparten porque participaron en la sentencia que anuló el primer nombramiento de Delgado, por lo que considera “más sano” que “otros ojos” examinen este nueva denuncia. 

Por otro lado, García Ortiz ha justificado que la Fiscalía emitiera un comunicado para “rebatir un bulo malintencionado que quería poner a la Fiscalía a los pies de los caballos” en relación al caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. “Es lo que teníamos que hacer”, ha afirmado el fiscal general.

El comunicado de la Fiscalía que ha supuesto la apertura de una investigación judicial por revelación de secretos contra dos fiscales se publicó después de que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid filtrara a varios medios de comunicación una información falsa que fue publicada por varios de ellos: que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para después frenarlo por órdenes de algún superior. 

El Ministerio Público reaccionó con un comunicado en el que desmentía esa información y afirmaba que había sido el abogado de la pareja de Ayuso quien había comunicado por email al fiscal del caso que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, reconociendo que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”. 

No hay peor astilla que la de la propia madera

Refranero español

Con la misma liberalidad con la que los señores de la Sala Tercera han decidido meterle un rejón a Dolores Delgado en esta semana que para ella debería ser especialmente feliz, puedo yo decidir prodigarle un regalo. Si los magistrados no pecan, no lo haré yo tampoco y, en caso de hacerlo ambos, mi motivo será más afectuoso.

Permítanme primero que me remita a las generales de la ley y les avise de que hace muchos años que la conozco, a ella y a Baltasar Garzón, y de que sí tengo relación con ambos, si bien no me va nada personal en sus avatares profesionales. Un periodista debe ser ante todo honesto y transparente. Lo que no me invalidaría como testigo tampoco lo hace como cronista, si bien deben ustedes saberlo para que ponderen lo que les cuento en función de esa relación amistosa que yo misma reconozco. Voy a romper una lanza por ella porque las persecuciones, sobre todo las de los pares, tienen un aire medieval y porque las bolas de fango no sólo vuelan en la esfera política sino también en los sesudos cónclaves de puñetas.

A Dolores le ofrecieron ser ministra en el Gobierno bonito. Es una mujer bragada, echada p'alante, con redaños e ilusiones. Dijo que sí a lo que siempre le pareció un honor y una oportunidad de servir y así lo dijo desde el primer momento. Hasta entonces no había concitado las iras de nadie, poco sabía de lo que en este país se es capaz. ¿Las iras iban con ella? A priori todavía Sánchez no era el hombre más denostado y entrar en el Gobierno bonito no penalizó ni a Robles ni a Marlaska. ¿Qué pasó con Dolores Delgado? No sé pero pronto empezaron a aparecer titulares que la denominaban “amiga” de Baltasar Garzón y luego “amiga íntima” de Baltasar Garzón y ya sin disimulo “amante” de Baltasar Garzón. Textos que insinuaban que el odiado Garzón –éste sí la bestia negra de la derecha judicial– iba a ejercer de ventrílocuo; porque en este país no hay machismo, lo que hay es mucha mierda.

El machaque fue infame. No un machaque normal, no, uno de primera división. Uno que no se ha repetido con Juan Carlos Campo, ligado históricamente al PSOE y pareja de Batet, que del ministerio se fue a juzgar –¡a juzgar!– sin que le prendieran en la hoguera, salvo un par de referencias desganadas. Uno que no se tuvo con Pilar Llop, la ministra esfinge, que no pecó por nada y que no hizo nada, ni siquiera negociar las huelgas, para lo que envió a su secretario de Estado. Llop, la ministra inane que volverá a la judicatura o a algún puesto después de pasear por el ministerio sin romperlo ni mancharlo. No, era Lola la que molestaba, ¿o era su relación con Garzón la que le puso al mundo de proa desde el principio?

No hay peor astilla que la de la propia madera.

Porque vino entonces la bola de fango de Villarejo. Aquí también entraron al trapo algunos elementos significados dentro de la izquierda dicha verdadera. Lola Delgado fue grabada sin su consentimiento en una comida hace tres lustros con unos mandos policiales que en aquel entonces no estaban sometidos a investigación alguna y que trabajaban habitualmente con la Audiencia Nacional. ¿Y qué le echaban en cara? Uno, que había llamado maricón a Marlaska, cosa que ella niega. He visto un informe que detecta cortes en la grabación, es decir, que lo más probable es que esté manipulada. Dos, que hablaba de unos magistrados y fiscales que en Cartagena de Indias la habían dejado colgada con otra magistrada y que los habían visto con menores de edad. Yo hablé en su día con esa magistrada testigo directo. En efecto, los colegas se dieron a la fuga sin esperarlas y cuando buscaban dónde tomar algo los vieron sentados en una terraza con unas muchachas muy jovencitas que trabajaban en el hotel. ¡No denunció un delito!, acusan los del lodo. ¿Pero qué coño delito, señores, es sentarse a tomar algo con unas chiquillas? ¿Podemos imaginar? Imaginen, pero urdir una cacería contra una mujer que es ministra por esta estupidez clama al cielo.

Tras su salida del ministerio, Sánchez la nombra fiscal general de Estado. La nombra él, así que, de ser una puerta giratoria infumable, el responsable es el presidente. No obstante, insisto, después de ser ministros ha habido fiscales que se han ido al Tribunal Supremo, magistrados que se han ido a juzgar –insisto, a juzgar, que es decidir, cosa que un fiscal no hace– y este trasvase de la política y los cargos a la judicatura y la fiscalía se produce sin ningún pudor desde siempre. ¿No gusta? Impídase por ley para todos. Yo me apunto. Para todos, pero tomarla exclusivamente con una de las que han hecho ese trasvase es algo más que una crítica a las puertas giratorias, es un ad hominem.

Vamos ahora con su nombramiento como fiscal de Sala, el generalato de una carrera de la que ella fue capitán general. Vaya por delante que no existe ni un solo caso de ex fiscal general que no sea fiscal de Sala. Es el nombramiento de Dolores Delgado el que da problemas. No lo dio el de María José Segarra, su antecesora, que fue promovida sin ningún escándalo y eso que era una mujer de la propia Delgado y miembro de la misma asociación progresista que ella. ¿La diferencia? Segarra fue una fiscal general secuestrada por la propia carrera. No movió un dedo que pudiera indisponerla con los que luego habrían de promoverla a la máxima categoría de la carrera. O sea, hizo poco o nada. Pero que Lola Delgado sea fiscal de Sala es el escándalo mayor jamás visto. Tengo que advertirles también que en la época de Conde-Pumpido se hizo una reforma para que los jefes del Gabinete Técnico –los jefes de gabinete del FGE– fueran inmediatamente promovidos a la máxima categoría. Este mecanismo establecido para las manos derechas del fiscal general no se estableció para el propio fiscal general, ¿saben por qué? Porque él no procedía de la carrera fiscal sino que era magistrado del Tribunal Supremo y a ese puesto volvió al cesar.

¿Tiene sentido que la mano derecha sea ascendido inmediatamente en razón de serlo y la cabeza no? ¿Tiene sentido pensar que quien tiene toda la información interna sobre la carrera, sobre sus compañeros, que ha nombrado a unos y tal vez castigado a otros, vuelva al puesto del que procede a estar bajo su mando? ¿Puede un CEO cesar y quedarse en la compañía como currito? ¿Han visto que suceda alguna vez?

El caso es que la propia carrera fiscal se empreñó con quitarle esa dignidad. Lo hicieron impugnando el nombramiento ante la Sala Tercera. Por cierto, dejen de indignarse con el CGPJ y con los nombramientos políticos porque, al final, son esos magistrados los que deciden qué nombramiento vale y cuál no. O sea, que el poder lo tienen ellos y no los vocales. Esa pendiente que desplaza la libre designación a las astillas de la misma madera la inició, paradojas de la vida, el propio Garzón, que logró la primera anulación de un nombramiento por esta vía. Las cosas se empiezan y luego acaban como acaban. Por eso es tan peligroso explorar ciertas vías y abrir ciertas espitas. Y es que no hay peor astilla para clavarte que la que afinan los tuyos. La contrapartida del corporativismo, el riesgo que se corre entregando el control de las carreras administrativas a sus miembros. Por ese motivo, y no por los que burdamente se esgrimen basados en la ideología, es por el que el CGPJ no puede estar dominado por jueces elegidos por ellos mismos. Ni los jueces deberían querer tal solución. No hay peor persecución que la de tus pares, y que tu carrera profesional dependa de ellos a mí me daría pánico.

No contentos con la primera anulación, y como continuaba como fiscal de Sala de Memoria Histórica, fueron a por la segunda para asegurarse de que la enviaban de vuelta a la Audiencia Nacional, que es el castigo que supongo han determinado ¿para ella, para Garzón? Como no se atrevieron a alegar escasez de los méritos, alegaron una supuesta incompatibilidad con la actividad de su marido, Baltasar Garzón. No por ser abogado, no, que eso está permitido en poblaciones de más de medio millón de habitantes y Madrid lo cumple de sobra. Aún no hay resolución, pero los magistrados parecen referirse al artículo 58 del Estatuto Fiscal cuando considera la incompatibilidad “si su cónyuge... ejerce una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función”. ¿Qué actividad industrial o mercantil tiene Baltasar Garzón que obstaculice? Ya hemos visto que ser abogado, la mayoría en una sociedad mercantil, no puede ser. Hablan de su fundación de defensa de los Derechos Humanos. Ardo en deseos de ver cómo una fundación –sin ánimo de lucro por definición– con esos objetivos puede colisionar con la imparcialidad de una fiscal de Memoria Democrática. A menos que los derechos humanos estén bajo sospecha. ¡En este país en los que los amigos y los amantes y los rollos de unos y de otras pleitean en los tribunales de jueces y juezas con los que retozan, porque sólo es incompatible ser cónyuge o tener relación estable!

No hay peor astilla que la de la propia madera, aunque ahora añadan al guiso que todo esfuerzo es todo para intentar astillarle el mandato a Pedro Sánchez y, por tanto, la batalla política dentro de la Fiscalía es recurso a recurso, trinchera a trinchera, y en el Senado y donde haga falta. No incluyo aquí en los tribunales puesto que me parece acertado que el TSJM investigue cómo se hicieron públicos los correos privados entre un abogado y un fiscal que dejaban a los pies de los caballos a un justiciable, sea novio o no.

No hay peor astilla que la de la propia madera. Y eso incluye a muchos puñeteros del Supremo que no perdonan a Garzón ni después de habérselo pulido. A lo mejor porque gana dinero, vayan a saber, les sorprendería la mezquindad que existe en ciertos medios. A lo mejor porque se les ve felices. No hay peor astilla que la de la propia madera. A partir de ahora, los presidentes estarán limitados a elegir fiscal general sólo entre los fiscales de Sala, que a saber si es lo que se busca, o bien volver a la costumbre de nombrarles de jefe a un juez del Supremo, para que la astilla sea de otra madera y no puedan montarle un frente dentro de la institución. Pueden libremente pensar que Delgado es una plaga y Garzón el dios que la envía. Cuando uno se ha hecho una idea es difícil que se baje de ella. No obstante, cuando se batalla por sepultar a alguien puede suceder que éste, con toda su dignidad, se mantenga firme y resurja más fuerte no sólo como profesional sino como persona. Y Dolores Delgado será siempre esa mujer de negro, con gesto firme pero sereno, que sacó al dictador del mausoleo de vergüenza que lo honraba. Esa imagen para la historia nadie se la va a arrebatar... ¿o a lo mejor es por eso?

El Tribunal Supremo ha decidido anular el nombramiento de Dolores Delgado, exfiscal general del Estado, como fiscal de sala de Memoria Democrática. Los jueces han estimado tres recursos y devuelven el proceso al Consejo Fiscal para que se pronuncie sobre un punto en concreto: si la actividad profesional de su pareja obstaculiza “el imparcial desempeño de su función”. La sentencia llega unos meses después de que el mismo Supremo anulara su primer ascenso a la máxima categoría de la Fiscalía como fiscal de sala togada de lo militar.

El Supremo, en un comunicado, explica que la sección cuarta ha tomado la decisión por mayoría: queda anulado el Real Decreto de su nombramiento y el proceso se devuelve al Consejo Fiscal para que se pronuncie sobre “si concurre o no la prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”. Un artículo que impide que un fiscal trabaje si su pareja ejerce “una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función”. La pareja de Dolores Delgado es Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional y actualmente abogado en ejercicio.

Dolores Delgado, fiscal que sobre todo ha desarrollado su carrera en la Audiencia Nacional, fue ministra de Justicia entre 2018 y 2020, nombrada posteriormente fiscal general hasta su salida por motivos de salud en el verano de 2022. Fue unos pocos meses después cuando su sucesor, Álvaro García Ortiz, propuso su nombramiento como fiscal de la Sala Togada del Tribunal Supremo, la encargada de estudiar los asuntos de lo militar. Ya en junio de 2023 llegó su nuevo nombramiento como fiscal de Memoria Democrática, encargada entre otras cosas de comparecer y participar en los procesos penales sobre denuncias de torturas y represión franquistas. Ya entonces las asociaciones conservadoras se ausentaron de la votación en el Consejo Fiscal acusando a García Ortiz de hacer una “burda maniobra” para designar a Delgado en el puesto.

La decisión del Tribunal Supremo sobre el segundo nombramiento de Delgado llega después de que la misma sala de lo contencioso-administrativo tumbara su primer ascenso a la máxima categoría de la Fiscalía: su nombramiento como fiscal togada. En ese caso los magistrados estimaron un recurso de la fundación Hay Derecho y entendieron que la Fiscalía había incurrido en desviación de poder al ascender a Delgado a fiscal de sala por el objetivo de hacerlo y no por completar una plaza vacante en el Ministerio Público.

“La finalidad buscada por el Fiscal General del Estado fue asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor”, dijo esa resolución. Álvaro García Ortiz, sucesor de Delgado al frente del Ministerio Público, explicitó que en su opinión alguien que salía del puesto que ocupaba Delgado debía tener asegurada esa promoción. Su voluntad, por tanto, fue “explícita” según el Supremo y ajena a una “promoción automática” que no está contemplada en la ley.

La decisión del Supremo llegó en plena ofensiva contra los nombramientos de altos cargos de la Fiscalía, tanto por parte de asociaciones como la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales como de otros candidatos que entendían que habían sido injustamente apartados del puesto. La misma sala también anuló en dos ocasiones el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores, una decisión recurrida por el propio Esteban ante el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella con la que el Partido Popular buscaba la imputación de Álvaro García Ortiz, fiscal general, por ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. Los jueces explican que la anulación de ese nombramiento el pasado mes de noviembre no implica que el fiscal general cometiera un delito de prevaricación, destacando que ni siquiera tomó decisiones a lo largo de ese proceso más allá de proponer el nombramiento. Delgado, recuerda la Sala de lo Penal del Supremo, cumplía los requisitos formales para acceder al puesto de fiscal togada.

Los jueces de lo contencioso del Tribunal Supremo anularon el ascenso de Delgado a fiscal togada de lo militar. Una sentencia en la que los magistrados entendieron que existió desviación de poder ya que Álvaro García Ortiz fue explícito al señalar que el objetivo no era cubrir la plaza sino dar el ascenso a su predecesora, al entender que debía ser así en todos los casos. “La finalidad buscada por el Fiscal General del Estado fue asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor”, dijo el Supremo en noviembre.

El Partido Popular decidió aprovechar esa sentencia para abrir la vía penal contra el fiscal general, presentando una querella por prevaricación y nombramiento ilegal. Una querella que acaba de ser inadmitida por el Tribunal Supremo: la nulidad del nombramiento no implica que fuera un delito, explica la sala presidida por Manuel Marchena, y García Ortiz ni siquiera firmó las resoluciones que terminaron por ser declaradas irregulares.

El fiscal general, explica el Supremo al PP, hizo la propuesta de nombramiento pero “carecía de poder decisorio sobre el nombramiento dado que dicha atribución correspondía al Consejo de Ministros”. Tampoco delinquió porque la sala de lo contencioso-administrativo apreciara “desviación de poder” en la propuesta de nombramiento. “No cabe trasladar de forma automática la desviación de poder apreciada en sede contencioso-administrativa al ámbito penal del delito de prevaricación”, afirma.

Tampoco hubo un ilícito de nombramiento ilegal. Dolores Delgado, tal y como admite el propio PP en su querella, “reunía formalmente los requisitos establecidos en la normativa vigente para la cobertura de la vacante”, ya que llevaba más de 20 años en la Fiscalía y “pertenecía a la segunda categoría”.

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) presentó este jueves un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de renovar a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La asociación considera que García Ortiz “no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España”, por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo en 2022, según indica en una nota de prensa difundida este viernes. La APIF es la tercera asociación en número de afiliados de la carrera fiscal con alrededor de cuarenta miembros y tiene un representante en el Consejo Fiscal. 

El recurso, según el citado comunicado, se basa, principalmente, en la sentencia del Tribunal Supremo que estimó parcialmente el recurso contra la decisión de García Ortiz de ascender a Dolores Delgado tras su salida de la Fiscalía General del Estado. Esa resolución determinó que se debe repetir la propuesta de nombramiento al entender que existió desviación de poder y que lo hizo con el objetivo de darle un ascenso, no de proveer una plaza.

Además, el recurso también incide en que una vez que fue renovado por el Ejecutivo, el fiscal general decidió “privar” al Consejo Fiscal de la posibilidad de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía. García Ortiz argumenta que no hay amparo legal para que el Consejo Fiscal realice el dictamen al tratarse de una iniciativa de los grupos parlamentarios ya en tramitación parlamentaria y no del Gobierno. 

En los últimos años el Tribunal Supremo ha anulado una docena de nombramientos del Gobierno, la Fiscalía o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal hasta la designación de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, pasando por varios sillones en el propio Tribunal Supremo o la jefatura de la Agencia de Protección de Datos. Los jueces han ido endureciendo su criterio en torno a los nombramientos discrecionales y el mayor número de sentencias negativas ha ido dirigido a la política de nombramientos de la cúpula judicial por parte del CGPJ.

El varapalo histórico de mayor calibre que el Tribunal Supremo ha proporcionado a una institución por un nombramiento irregular llegó en 1994, cuando los jueces anularon la designación de Eligio Hernández como fiscal general durante las últimas legislaturas de Felipe González. En su caso la decisión judicial no tuvo consecuencias porque para entonces ya había abandonado el puesto y a nivel argumentativo llegó después de que el Tribunal Supremo sacara la calculadora: no había pasado tiempo suficiente ejerciendo la judicatura como para acceder al cargo.

Los ecos de esa sentencia sonaban este jueves de nuevo en los pasillos del alto tribunal, aunque con matices. Distintos jueces, tres décadas después, anulaban el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, cargo que ejercía desde hace poco más de un año. En el caso de Eligio Hernández no cumplía un criterio matemático: ser un jurista de reconocido prestigio y llevar más de 15 años ejerciendo. La normativa que regulaba el nombramiento de Valerio, sin embargo, invitaba a una interpretación menos matemática: el presidente o presidenta del Consejo de Estado debe ser elegido entre “juristas de reconocido prestigio” que tengan “experiencia en asuntos de Estado”.

El Supremo reconoce que tras haber sido ministra de Trabajo en la primera legislatura de Pedro Sánchez y con varias décadas de trabajo acumuladas en diversas instituciones, su conocimiento sobre asuntos de Estado no está en duda, pero creen que no puede ser considerada como “jurista de reconocido prestigio”, concepto que en sitios como la Fiscalía o la judicatura está delimitado por los años que el candidato ha llevado la toga puesta. Valerio, destacaba la fundación que recurrió su nombramiento, dijo una vez que “nunca se puso la toga”.

Esta sentencia es una muestra de cómo el Tribunal Supremo ha ido aplicando criterios cada vez más estrictos en cuanto a los nombramientos discrecionales, aunque no solo del Gobierno: también de la Fiscalía o del Consejo General del Poder Judicial, entre otros. Hasta en dos ocasiones la misma sala tercera ha anulado, aunque no por unanimidad, el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores, al entender que el otro candidato tenía mejor currículum. La “sintonía” del candidato con la entonces fiscal general, Dolores Delgado, no era un criterio válido para nombrarle, y existe una “enorme diferencia de méritos entre ambos”.

Esa sentencia marcó el camino que algunos magistrados del Supremo definen como un cambio de tendencia. Los jueces citaron a un expresidente del propio Supremo para asegurar que la motivación de estos nombramientos “no puede ser concebida como un simple ejercicio literario” y el control judicial no debe detenerse “en el aspecto meramente formal de la exigencia de motivación”. Es decir, entrar a examinar el fondo de los argumentos para elegir a un candidato y no a otro y, en la práctica, abogar por uno de ellos aún sin hacerlo directamente.

Es lo que ha sucedido también recientemente con el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. Los jueces han anulado su designación como fiscal de sala de la jurisdicción militar al entender que todas las motivaciones expuestas por el fiscal general actual, Álvaro García Ortiz, se ceñían a su afinidad con ella y a su intención de hacer que los fiscales generales salientes obtuvieran de forma inmediata esa máxima categoría dentro de la carrera. “La voluntad del Fiscal General del Estado fue explícita”, reprocharon los jueces.

Delgado suspendía así su segundo encontronazo con el Tribunal Supremo. Salió indemne cuando PP y Vox recurrieron su nombramiento como fiscal general tras dejar el Ministerio de Justicia, pero sin que los magistrados examinaran el fondo de las alegaciones, rechazando los recursos por falta de legitimación de los partidos políticos. En este segundo caso su nombramiento como fiscal de sala queda anulado, pero en la Fiscalía entienden que no pierde la categoría por haber sido designada posteriormente fiscal de sala de Memoria Democrática, decisión también pendiente de recurso en el alto tribunal.

Otro de los grandes correctivos a las decisiones discrecionales de una administración pública para designar y destituir altos cargos a lo que se conoce como 'a dedo' fuera de los textos legales llegó el pasado mes de marzo. Los jueces dieron la razón a Diego Pérez de los Cobos y anularon su cese al frente de la comandancia de Madrid. La sentencia reconoció que se trataba de un cargo discrecional pero también afearon a Interior que firmara su salida sin existir, ni siquiera, una “valoración negativa” de su trabajo, tumbando al tiempo varios ascensos relacionados.

Lo que había en realidad detrás de este cese era el polémico informe plagado de bulos entregado por la Guardia Civil a la jueza que investigaba si el 8M feminista de 2020 debía criminalizarse por expandir el coronavirus, un documento en el que el instituto armado acusaba directamente a organizadores, promotores y autoridades de haber puesto en riesgo la salud de la población. El Supremo entendió que la razón para apartarle de su cargo fue “confusa” y que la petición de informar sobre esta investigación fue “contraria a la función de la Policía Judicial” que ejercía su comandancia.

Los pactos políticos

Por primera vez, el Tribunal Supremo ha entrado a analizar en estos años también la existencia de pactos políticos para designar cargos que, en teoría, tenían que salir de un proceso de elección de candidatos en condiciones de igualdad. Fue cuando estudiaron los recursos presentados contra el proceso de nombramiento de la Presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos y concluyeron que el proceso estaba “viciado de raíz” porque los candidatos concurrieron al proceso después de que el Gobierno y el PP anunciaran públicamente un acuerdo para designar a la próxima presidenta.

PP y PSOE acordaron poner a Belén Cardona al frente del organismo con Borja Adsuara como adjunto. Pero otros de los candidatos, Leonardo Cervera y Ricard Martínez, recurrieron. La respuesta del Supremo fue contundente: un mes y cuatro días antes de convocarse la plaza para un “procedimiento de selección público y transparente”, ambos partidos pactaron, designaron y eligieron a los que ocuparían ambos puestos. El resultado fue que no hubo renovación y Mar España sigue estando al frente de la Agencia, cargo al que accedió en 2015.

La “amigable componenda” del CGPJ

Los dardos del Tribunal Supremo, cuyos magistrados son elegidos de forma discrecional por el CGPJ y muchas veces tras acuerdos no escritos entre bloques, no han ido dirigidos solo al Gobierno o la Fiscalía. Algunos de los más afilados solo han tenido que volar unos pocos metros por la calle Marqués de la Ensenada para llegar hasta los despachos del Consejo General del Poder Judicial. A lo largo de este mandato, que en unos días cumplirá cinco años en funciones, el Supremo ha tumbado hasta ocho nombramientos relevantes firmados por el órgano de gobierno de los jueces denunciando errores en el proceso pero también la omisión de informes, falta de argumentación o directamente la “amigable componenda” entre vocales y jueces.

El caso más grave fue el sentenciado en abril de 2021, cuando la sala de lo contencioso-administrativo anuló dos nombramientos realizados por el Consejo en la Sala de lo Militar del alto tribunal, los de Fernando Marín –hermano menor del actual presidente del Supremo– y Ricardo Cuesta. La sentencia reprochó que los vocales se saltaran un trámite relevante y no pidieran tres informes obligatorios que venían claramente establecidos en la convocatoria. El proceso se repitió y los dos mantienen a día de hoy su sillón en la sala más pequeña del Supremo, pero la sentencia de sus compañeros de lo contencioso-administrativo dejó duras acusaciones que escocieron en el órgano de gobierno de los jueces.

Los jueces dejaron caer abiertamente que prescindir de esos informes invitaba a pensar en un apaño entre candidatos y vocales para conseguir las dos plazas. Lo definieron como “una amigable componenda con ambas plazas, dos candidatos para cada una de ellas” y afirmaron que esa decisión “abre la puerta a todo tipo de posibles especulaciones sobre la selección de cada una de las duplas”.

Esas acusaciones del Supremo a sus vecinos fueron las más duras pero no las primeras ni las últimas. Año y medio después una nueva sentencia anulaba el nombramiento de Antonio García como magistrado de la Sala Civil porque en el proceso de formación de las ternas el Consejo había excluido de manera arbitraria a especialistas en derecho mercantil. La decisión “carece de respaldo legal y resultó discriminatorio para tales candidatos”. García volvió a ser elegido poco después y nunca tuvo que abandonar su puesto.

La recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, un paso intermedio para estudiar recursos contra sentencias antes de llegar al Supremo, también sufrió para pasar el filtro del alto tribunal. Los jueces llegaron a anular varias veces el nombramiento de Enrique López y Eloy Velasco en esa nueva sala, estimando los recursos de otros candidatos y atajando las maniobras del órgano de gobierno de los jueces para mantenerles en el puesto incluso con una sentencia desfavorable.

Fue anulado también el nombramiento de una jueza militar de Valladolid porque el Consejo había firmado su nombramiento pasando por alto un informe de sus superiores que decían, claramente, que no estaba preparada para el puesto. Un error dio al traste con la adjudicación de una plaza a la magistrada y vocal Roser Bach en el Tribunal Superior de Catalunya. Y la de más trascendencia llegó en 2016 cuando el Supremo anuló la designación de Miguel Pasqual de Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

Esa sentencia llegó a cuestionar que ante un hombre y una mujer candidatos al puesto con similares méritos la plaza fuera adjudicada al hombre sin más explicaciones. El perfil de su rival, Pilar Alonso, en algunos puntos era incluso “notablemente superior”. Esas explicaciones, reprochó el Supremo al CGPJ, faltaban “por completo” en ese caso. Como en los casos anteriores, Pasqual de Riquelme nunca tuvo que abandonar el puesto y el CGPJ volvió a elegirle para una presidencia que sigue ocupando hoy en día.

Otras sentencias de este periodo han avalado otros nombramientos en el Supremo. Por ejemplo, la que dio luz verde a que Dimitry Berberoff siguiera formando parte de la sección de la Sala de lo Contencioso especializada en tributos. Esa resolución rechazó que en este tipo de nombramientos la antigüedad en el escalafón de los magistrados tuviera que ser un criterio determinante para otorgar esta plazas.

Decisiones polémicas en el Supremo

Algunas de estas decisiones del Tribunal Supremo anulando nombramientos, tanto del CGPJ como de la Fiscalía o de distintos departamentos del Gobierno, no han sido unánimes y han dejado votos particulares a favor de controlar más pero también de controlar menos estas designaciones. El último ha sido el de Pilar Teso, magistrada de la sala tercera, que se quejó de que sus compañeros optaran por anular la elección de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores.

“Lo que en realidad se evidencia es una disconformidad por parte de la Sala con las razones del nombramiento”, reprochó Teso a sus compañeros de sección. Que resolvieran el recurso del otro candidato dando salida a su criterio contrario al nombramiento de Esteban, saliéndose de los límites que estos procesos judiciales imponen a su análisis. Para esta magistrada el nombramiento de Esteban, anulado dos veces, estaba “suficientemente motivado” y esta nueva jurisprudencia de nombramientos suponía un “salto cualitativo”, un “viraje” que suponía sustituir la capacidad de la Fiscalía para hacer estos nombramientos.

Teso entendió que esta nueva doctrina del Supremo contradice, por ejemplo, lo que establecieron hace un año al dar por bueno el nombramiento de David Ordóñez como presidente de una de las salas del Tribunal Superior del Principado de Asturias. O cuando en 2011 avalaron que José Antonio Montero fuese nombrado miembro de su misma sala del Tribunal Supremo. El criterio del Supremo, por tanto, no es unitario y algunos de sus integrantes reconocen que, en función del caso estudiado, el análisis y el resultado han sido diferentes.

“Que me sentencie el pueblo, que es para mí el más alto tribunal, si no cumplo con mi deber”. Son las palabras que Francisco Javier Elola (Monforte de Lemos, 1877) pronunció en 1931 en una reunión con compatriotas gallegos en Madrid tras ser nombrado Fiscal General de la República. No se cumplió su voluntad. Ocho años después, a las cinco de la mañana del 12 de mayo de 1939, fue fusilado en el Camp de la Bota de Barcelona tras un simulacro de juicio y sentencia. Antes de morir había dejado por escrito su deseo de que, cuando se restableciera la democracia, se revisara el sumarísimo procedimiento por el que había sido condenado a muerte, según reveló este miércoles en Madrid su nieto Javier Elola durante la presentación de un libro que glosa la vida y obra de su abuelo. 

Esa ansiada revisión judicial nunca llegó a producirse — la nueva ley de memoria sí establece la nulidad de las sentencias y resoluciones de los tribunales franquistas—. Pero 84 años después Elola sí ha recibido, al menos, una suerte de desagravio ante el olvido institucional en la misma sede de la institución que presidió durante apenas tres meses, pues dimitió para ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo. La Fiscalía General del Estado acogió la presentación de la obra ‘En memoria de Francisco Javier Elola’ (Tirant Lo Blanch) a la que asistió la fiscal de Sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado, y una nutrida representación de jueces, fiscales y otras personalidades del ámbito judicial. 

Su nieto, que nació 12 años después de su fusilamiento, puso en valor actos como este que, a su juicio, “son un tránsito obligado para una verdadera reconciliación entre los españoles”. “Este acto no es sólo de reconocimiento y de justicia, también nos une a todos”, dijo Javier Elola, que acabó su intervención con una proclama a favor de “la España democrática e inclusiva” y logró poner en pie a toda la sala en un largo aplauso. 

Durante casi dos horas, diferentes intervinientes glosaron la figura de Elola, que también fue juez y político. Y, de hecho, compatibilizó ambas tareas. Cosas de la época. Fue elegido diputado a Cortes Constituyentes en junio de 1931 por el partido radical de Alejandro Lerroux, de carácter republicano, anticlerical y anticatalanista. En 1933, coincidiendo con el giro derechista de esa formación, Elola pasó a ser diputado republicano independiente, según recuerda en el libro el fiscal César Estirado, coordinador de la obra.  

Estirado definió a Elola como un “auténtico intelectual” y destacó sus aportaciones en todos los ámbitos jurisdiccionales. Recordó, por ejemplo, sus decisiones impidiendo los desahucios de los inquilinos que no podían hacer frente al pago de las rentas o a la subida anual que quería establecer el propietario. El libro recuerda que incluso falló en contra de un casero hidrófobo al que recordó que el acto de bañarse no podía ser motivo de sanciones contra su inquilino.

A pesar de sus ideas conservadoras también sorprendían sus sentencias “transgresoras para la época”, sobre todo las relativas a las mujeres y las clases menos pudientes, explicó la historiadora María Torres, que dijo que “la memoria es la única alternativa al silencio impuesto” y aludió al “compromiso moral de no olvidar”. “La intolerancia amenaza a las minorías, a los refugiados...”, aseveró.

La fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, destacó la “sólida formación y pensamiento” de Elola que, dijo, “fue ejecutado por la única razón de ser un juez, leal y cumplidor de la legalidad”. Destacó de él su “extraordinaria formación, de pensamiento y de obra”. Y dijo que “forma parte de un innumerable grupo de hombres y mujeres que por sí solos constituyen un sello de calidad como país, que merecen un reconocimiento y un homenaje”. 

Delgado destacó también el hecho de que Elola, en su momento, ya alertaba “contra la oligarquía judicial y el gobierno de los jueces” y decía que los jueces también debían ser “sometidos a la soberanía popular”. De hecho, el libro recoge como en sus intervenciones parlamentarias siempre defendió una modernización y renovación del Poder Judicial, alejado de toda inercia corporativista. “Palabras éstas sobrecogedoras por su carácter premonitorio”, sostiene el fiscal Estirado en el prólogo. 

Sumario contra Fanjul

Elola llegó a ser instructor del sumario contra el general Joaquín Fanjul como el máximo responsable del golpe militar en Madrid. Renunció a ese procedimiento precisamente por no admitir las limitaciones que se le imponían, pues no se le permitía al investigado el uso de todas las pruebas de las que intentaba valerse. “Es un verdadero referente para jueces y fiscales. Tenía muy claro que un juez y un fiscal tenía que atenerse estrictamente a los hechos y las leyes, sin dejarse interferir por las creencias políticas o la mentalidad de los justiciables. Ojalá muchos se aproximaran a su figura”, añadió Estirado. 

El acto contó también con la intervención del magistrado del Tribunal Constitucional Ramón Sáez, que participa en el libro. “Es un acto de justicia, se trata de reincorporar a nuestra comunidad a quienes fueron violentamente expulsados y, además, negados. El Estado y la Fiscalía tenían una deuda simbólica, cultural y de afecto con él”, afirmó el magistrado, que situó a Elola como “representante” de “un grupo fascinante de juristas de la República que fueron asesinados o murieron en el exilio”, entre los que citó también a Luis Jiménez de Asúa y Felipe Sánchez-Román, entre otros. 

También tomó la palabra el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, que firma otro de los capítulos de la obra. Destacó especialmente su contribución a  la construcción del Poder Judicial en la II República y su preocupación por la autonomía e independencia de los jueces. Asuntos que siguen de total actualidad más de ocho décadas después.

La sentencia cayó este lunes como una bomba en plena toma posesión de Félix Bolaños como ministro de Justicia. Un varapalo con pocos precedentes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que asistía al traspaso de carteras en el Palacio de Parcent, por ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. La resolución llega, además, en un momento delicado para García Ortiz, pendiente de saber si sigue o no en el cargo tras la llegada del nuevo Gobierno.

El Supremo se basa, sobre todo, en la propia exposición que hizo el fiscal general ante el Consejo Fiscal para proponer al Consejo de Ministros el ascenso de Delgado: que una fiscal general no debería retornar a la carrera en una categoría inferior a la más alta. Una promoción que no existe en la ley pero que para él, afirmó entonces, era una “prioridad” en su gestión. Los jueces reprochan que su voluntad fuera explícita: “Asegurar la promoción a la máxima categoría a quien había ocupado la jefatura de todo el Ministerio Fiscal sin tener la categoría de Fiscal de Sala”, algo que destacan no está previsto en la ley.

La sala de lo contencioso-administrativo considera que la motivación del fiscal general para firmar el ascenso no se corresponde con ningún precepto legal y, sin decirlo abiertamente, dibuja un escenario en el que la propia Dolores Delgado cocinó el nacimiento de una plaza a la que luego se presentó y que le fue otorgada por otro fiscal general, su sucesor, de su máxima confianza. Les unía, destaca también el Supremo, una “estrecha relación de confianza”.

El Tribunal Supremo ya ha anulado nombramientos discrecionales con acusaciones y términos que no han sentado muy bien en los organismos afectados, como ha pasado en ocasiones en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y esta resolución no ha sido una excepción. En el Ministerio Público ha sorprendido, más allá del fallo, que la sentencia no tenga en cuenta los mayores méritos que, consideran, tiene Delgado para estar en ese puesto, así como el tono utilizado para cimentar algunos razonamientos.

La resolución fue notificada y conocida este lunes en el mismo momento en que Félix Bolaños cogía la cartera de ministro de Justicia de manos de Pilar Llop con el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz, entre el público del Palacio de Parcent de Madrid. También llegó, a nivel general, en un momento en que el fiscal general no sabe si seguirá en su puesto dentro de unos días.

El fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el rey pero a propuesta del Gobierno después de recabar los informes no vinculantes del Consejo General del Poder Judicial y del Congreso. Será por tanto en las próximas semanas cuando el nuevo ejecutivo anuncie si el jurista, especialista en medioambiente y que llevó las riendas de la acusación en el juicio por el desastre del Prestige, sigue al frente del Ministerio Público.

Algunos fiscales generales han sido ascendidos a la máxima categoría tras abandonar la cúpula del Ministerio Público, aunque no inmediatamente después, como el caso de María José Segarra. En abril de 2022 la carrera fiscal se levantó en armas contra la intención del PSOE regular los supuestos en los que la Fiscalía debe proporcionar información al Gobierno. Con la muerte de esa enmienda parlamentaria de los socialistas a la Ley Concursal murió también la propuesta de que un fiscal general ascienda a la máxima categoría tras cesar. El PSOE alegó que era una recomendación del Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) para evitar presiones al fiscal general del Estado y garantizar una “salida digna”.

La posible reelección de García Ortiz como fiscal general llega en un momento convulso dentro de la carrera fiscal no solo por los nombramientos sino por la ley de amnistía. En contra de lo que solicitaban algunos sectores conservadores del Ministerio Público, el fiscal general rechazó pronunciarse sobre esta norma antes de conocerla “en su literalidad”, al contrario de lo que había hecho prácticamente todo el poder judicial, desde los tribunales hasta su órgano de gobierno. Tampoco quiso salir al paso de las menciones al 'lawfare' en el acuerdo del PSOE y Junts, tal y como le pidieron los cuatro fiscales que impulsaron sin éxito la acusación de rebelión en el procés. Este mismo martes casi toda la plantilla de fiscales de lo penal del Supremo le exigía una respuesta pública.

El futuro de Dolores Delgado

La sentencia, explican fuentes de la Fiscalía, no solo llega en mal momento para el actual fiscal general, sino que proyecta su sombra sobre el futuro de Dolores Delgado. Nombrada posteriormente fiscal de sala de Memoria Democrática, la exministra no tiene que hacer las maletas y volver a la Audiencia Nacional donde trabajó durante décadas antes de ser ascendida, pero su caso todavía no está cerrado: el mismo Supremo tiene que resolver otro recurso contra su actual nombramiento.

Delgado fue ascendida a fiscal de sala togada en septiembre de 2022 pero posteriormente, en junio de este año, fue nombrada fiscal de Memoria Democrática, departamento desde el que interviene, por ejemplo, en la causa que investiga las torturas policiales del franquismo denunciadas por Julio Pacheco en un juzgado de Madrid.

Ese nombramiento también está pendiente del Tribunal Supremo tras ser recurrido tanto por la Asociación de Fiscales como por el otro aspirante, Luis Ibáñez. Un fiscal que, tal y como reveló este periódico, ha cargado contra la norma de Memoria Democrática que aspira a aplicar, afirmando que es algo que “resulta indiferente a la mayoría del cuerpo social”, prometiendo una aplicación “aséptica” y apuntando al “cariz” ideológico de la norma.

Este segundo nombramiento también contó con la oposición de la facción conservadora y mayoritaria del Consejo Fiscal, que es un órgano consultivo y sus dictámenes o votaciones no son vinculantes en este tipo de nombramientos. Los progresistas se quedaron en minoría después de las últimas elecciones.

Varios nombramientos anulados

En los últimos dos años, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo –cuyos miembros son designados por el Consejo General del Poder Judicial– ha anulado varios nombramientos discrecionales, procedentes tanto de la Fiscalía como del órgano de gobierno de los jueces, con fuertes críticas a algunos de estos procesos de designación. Las expresiones gruesas contra estas decisiones, por tanto, no son nuevas en las resoluciones del Supremo aunque pocas veces han sido tan duras.

Uno de los más polémicos fue firmado por la propia Dolores Delgado: el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores. Una primera sentencia de 2022 anuló su designación, la Fiscalía repitió el procedimiento y una segunda sentencia volvió a anularlo: los jueces llegaron a afirmar que Esteban no cumplía con las “exigencias mínimas” para el puesto.

En estas resoluciones surgió la voz discordante de la magistrada Pilar Teso, que criticó que la sala tercera condicionase con sus decisiones los nombramientos de organismos autónomos como la Fiscalía. En un voto particular, Teso denunció que “lo que en realidad se evidencia es una disconformidad por parte de la Sala con las razones del nombramiento”. Esta magistrada no ha participado en las deliberaciones del caso de Delgado.

Otra sentencia de finales de 2022 supuso un varapalo de calado a la dinámica de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces anularon la designación de Antonio García como magistrado de la sala de lo civil al entender que los vocales habían excluido sin razón a otros cinco candidatos de las ternas.

Un año y medio antes, el mismo tribunal anuló dos nombramientos del Consejo en la sala de lo militar por diversas infracciones cometidas por el CGPJ, ya caducado entonces, a lo largo de ambos procesos. La sentencia fue dura y no cayó bien en el Consejo a hablar de “una amigable componenda” entre vocales y candidatos.

El Tribunal Supremo ha decidido anular el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal hace ahora más de un año. Los jueces han estimado parcialmente el recurso contra la decisión de Álvaro García Ortiz de nombrar a Delgado como fiscal togada ante el Tribunal Supremo después de su salida de la Fiscalía General del Estado: se debe repetir la propuesta del fiscal general al entender que existió desviación de poder y que lo hizo con el objetivo de darle un ascenso, no de proveer una plaza.

Explica el Supremo que esa desviación de poder consiste en “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”. En este caso entienden que el fiscal general buscó blindar el ascenso de Delgado a la máxima categoría y no proveer una plaza por el procedimiento normal. “La finalidad buscada por el Fiscal General del Estado fue asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor”, explica esta resolución.

Los jueces han estimado el recurso de otro aspirante a esa plaza, Luis Rueda. Fue también la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria entre los asociados y también en el Consejo Fiscal desde las últimas elecciones, la que recurrió la decisión de Álvaro García Ortiz de ascender a Delgado a la máxima categoría tras sucederla en el cargo. Un asiento en la fiscalía togada del Tribunal Supremo, encargada de los asuntos de la jurisdicción militar que recalan en la sala quinta.

García Ortiz propuso su nombramiento después de obtener el respaldo de cinco de los 12 miembros del Consejo Fiscal. Los informes y votaciones de este órgano consultivo no son vinculantes en cuanto a los nombramientos. Este nombramiento obtuvo el respaldo minoritario de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales y los tres miembros natos del Consejo: el fiscal general, la teniente fiscal del Supremo y la jefa de la Inspección Fiscal.

Esta decisión de la sala tercera del Tribunal Supremo llega después de varias sentencias que han anulado otro nombramiento, este de la etapa de Delgado como fiscal general: el de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores.

Buscaban “asegurar la promoción” de Delgado

El Supremo es contundente a la hora de acusar al actual fiscal general del Estado de ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría usando un procedimiento que no puede ponerse en marcha con ese objetivo, sino en todo caso para proveer una plaza si existe esa necesidad. “La voluntad del Fiscal General del Estado fue explícita: asegurar la promoción a la máxima categoría a quien había ocupado la jefatura de todo el Ministerio Fiscal sin tener la categoría de Fiscal de Sala”, reprocha. “Esa promoción automática no ha sido querida por el legislador, ni está prevista en la ley.

Ese objetivo, dice el Supremo, “no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal”.

Entre García Ortiz y Delgado, existían, destaca el Supremo, “una estrecha relación de confianza y que aquel tenía motivos de reconocimiento hacia esta”. Reconocen que haber estado en política “no constituye un demérito”, y que no tener experiencia previa en la jurisdicción militar tampoco sería un obstáculo para acceder a ese cargo, pero haber sido ministra “tampoco puede comportar automáticamente un mérito a efectos de la progresión profesional”.

Destaca que incluso la cobertura de esta plaza fue acordada por Justicia a petición de la propia Delgado antes de dejar el cargo de fiscal general. “Lo que no le impidió, pocas semanas más tarde cuando ya no ocupaba esa alta posición, presentar su solicitud como aspirante a esa misma plaza”, reprocha el Supremo.

Fiscal de Memoria Democrática

Dolores Delgado fue ascendida a fiscal togada hace más de un año y su siguiente nombramiento llegó en junio de este año cuando tomó posesión como fiscal de sala de Memoria Democrática. Un nombramiento que también ha sido recurrido por la conservadora Asociación de Fiscales y por un candidato, el fiscal Luis Ibáñez, que tal y como reveló elDiario.es ha criticado con dureza la norma de Memoria Democrática que tendría que aplicar en el puesto al que aspira con este recurso.

El plan de actuación de Ibáñez reflejaba que, según su opinión, esta norma “resulta indiferente a la mayoría del cuerpo social”, prometiendo una aplicación “aséptica” del texto legal destinado a reparar a las víctimas de la dictadura franquista. Destacaba su plan de actuación, en varias ocasiones, el “cariz” ideológico de la ley que tenía que ser “compensado” por esa “aséptica” actuación del Ministerio Público.

La Fiscalía especializada en Memoria Democrática que dirige Delgado desde la calle Ortega y Gasset de la capital ha comparecido en varios casos ya judicializados y relacionados con torturas a víctimas de la dictadura. En uno de ellos el Ministerio Público ha recurrido el archivo de la denuncia de Carles Vallejo por torturas policiales en la comisaría de Vía Laietana de Barcelona. En otro, ha participado en los interrogatorios a Julio Pacheco y Rosa María García, primeras víctimas de torturas policiales durante la dictadura en declarar en un juzgado y denunciar el maltrato de la Brigada Político-Social.

En su paso previo al Ministerio de Justicia y la Fiscalía General, Dolores Delgado ejerció como fiscal durante más de tres décadas. Entró en la carrera fiscal en 1989 y muy pronto accedió a la Audiencia Nacional para investigar casos de tráfico de drogas y terrorismo hasta su nombramiento como ministra de Justicia del ejecutivo de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020.