El Tribunal Supremo ha rebajado entre uno y cuatro años las condenas de inhabilitación que la Audiencia Provincial de Bizkaia impuso en 2018 por prevaricación a los tres condenados en el denominado 'caso Margüello', de irregularidades en contratos públicos del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, al aplicarles atenuantes, entre ellas, la de dilaciones indebidas, que ya fue clave para que se redujeran las penas en otros asuntos como el 'caso De Miguel'. Ya en su momento se excluyó la pena de prisión en este procedimiento.

Así quedan las penas: la sala segunda del Supremo reduce de nueve a ocho años de prisión la pena del exdirector de Sanidad de Bizkaia, José Ramón Elorriaga, de nueve a cinco años y tres meses la del exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, y de siete a tres años y medio la de la que fuera su socia, María Nieves Fernández. La Audiencia vizcaína condenó el 7 de septiembre de 2018, por delitos de prevaricación, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público a Margüello y al exdirector de Sanidad de Bizkaia José Ramón Elorriaga, así como a siete años a la que fuera socia de Margüello, María Nieves Fernández, mientras que absolvió al exviceconsejero de Sanidad Rafael Cerdán, informa Europa Press.

La Fiscalía impugnó la resolución judicial y el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso y ha estimado parcialmente los presentados por los acusados. Por ello, aplica a los condenados la atenuante de dilaciones indebidas y, en el caso de José Carlos Margüello y María Nieves Fernández, también la atenuante prevista en el artículo 65.3 del Código Penal que puede aplicarse al inductor o el cooperador necesario en quienes no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor. La Audiencia Provincial de Bizkaia absolvió a los tres procesados de los delitos de malversación de caudales públicos y fraudes ilegales. Además, Margüello fue absuelto también del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

“Euskadi no es una isla ni un oasis [...]. No somos más listos ni más altos ni más guapos”, proclamó esta semana el lehendakari, Iñigo Urkullu, en su tradicional recepción navideña a la sociedad, en la que también apeló a “prestigiar” la actividad política y a la ética. Urkullu era presidente del PNV cuando, en 2010, tres dirigentes de su partido en Álava, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, fueron detenidos por corrupción. El juicio del denominado 'caso De Miguel' se inició el 8 de enero de 2008 y acabó el 19 de diciembre, todo un año en el Euskadi se ha dado de bruces con un problema que parecía de otras latitudes.

No hace tanto, en 2014, el propio Urkullu alentó en el Parlamento la teoría del oasis: “[La corrupción] No encaja con nuestra cultura y nuestros valores políticos y sociales”. Y coincidiendo con el arranque del macrojuicio del 'caso De Miguel' señaló que, de confirmarse los hechos, “sería un caso aislado”. Pero en 2018 han ocurrido muchas cosas.

La denunciante del caso en 2009 fue una empresaria y abogada, de familia nacionalista, que acusó a De Miguel de haberla extorsionado para que abonase una comisión de 100.000 euros tras haber recibido su empresa 'a dedo' un adjudicación en el parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria. La investigación amplió el foco de los hechos relatados inicialmente por Ainhoa Alberdi, que se ha ratificado siempre en los últimos años a pesar de las presiones, a una trama más compleja y con sospechas de cobro de comisiones en más contratos y operaciones.

Con De Miguel ha acabado en el banquillo un grupo de amigos que se conoció en EGI, las juventudes del PNV. Hasta 26 imputados ha tenido el caso. El partido siempre ha tratado de desvincularse del 'caso De Miguel' y nunca se ha investigado su financiación, pero el fiscal, Josu Izaguirre, siempre ha remarcado que la trama se valió de su posición política para lucrarse.

Izaguirre ha sido muy contundente al comparar las prácticas de la trama de De Miguel con la mafia siciliana. “Se nos ha intentado reflejar a De Miguel como un concejal de pueblo, pero tenía gran influencia política y social. Hace cosas que sólo hay que hacer en callejones oscuros. De Miguel se dedicaba a ser padrino. Si no tienes padrino en este país parece que no tienes un contrato. Y que no se te ocurra denunciarlo, que no recibes otro. ¿Estamos en un país donde hay que ser mafioso para contratar con la Administración? ¿Solamente con padrino se puede contratar con la Administración?”, manifestó en su alegato de conclusiones.

La esperada declaración de De Miguel, que se expone a unos 30 años de cárcel (12 de cumplimiento efectivo) y a 1,2 millones en responsabilidades económicas, estaba programada para el 17 de septiembre. Había sido casi una década de negar todas las acusaciones hasta la saciedad. Sin embargo, pocos días antes se iniciaron contactos entre su abogado, Gonzalo Susaeta, y el ministerio fiscal. Aunque de cara al exterior en el juicio estaba saliendo todo a pedir de boca, de puertas para adentro alguien tomó la decisión de que sería conveniente explorar la posibilidad de buscar una rebaja de condena. Las conversaciones fructificaron y el político estuvo dispuesto a admitir varios delitos, incluido que la denuncia de Alberdi era cierta y que en una recalificación de Zambrana, donde más dinero se movió ya que el proyecto estaba valorado en 65 millones, cobró comisiones ilegales. También que un constructor costeó la reforma de una casa familiar en la costa de Bizkaia.

Pero a última hora el acuerdo se torció. De Miguel nunca quiso admitir las coacciones para cobrar comisiones, un delito que implica la existencia de cierta violencia. Las conversaciones se rompieron y tocaba retomar la estrategia de negarlo todo a pesar de haber puesto todas las cartas sobre la mesa.

En Zambrana la mecánica fue la siguiente. La alcaldesa del PNV, María Justina Angulo, planteó un polígono industrial y llamó al partido para pedir ayuda. El interlocutor fue De Miguel, quien situó a su amigo Josu Arruti como intermediario para captar inversores. Tras un intento fallido, Arruti cerró un acuerdo con los catalanes Construcciones Riera, dirigidos por Francesc Fernández Joval.

Y Arruti y Fernández Joval sí accedieron a confesar a cambio de una rebaja de condena que hará que ninguno de los dos pisen la cárcel. Preparada con mimo durante horas, la confesión de Arruti, fue la más importante y la que rompió a ojos de la opinión pública una imagen de oasis. No fue sencillo. Hubo presiones. Intermediarios contactaron con Arruti y con su letrada para intentar frenar la incriminación. También ha habido insultos después de la declaración.

Arruti, al final, sí confesó. Fue a principios de noviembre. Y fue claro. Dijo que en Zambrana había comisiones, que se canalizaron con supuestos trabajos de asesoramiento de Kataia Consulting y que esa empresa a nombre de las mujeres de De Miguel, Tellería y Ochandiano se creó 'ad hoc' cuando las mordidas ya estaban pactadas. Los responsables de Riera confirmaron los hechos y admitieron que pagaron por la influencia política de Txitxo. Después del ingreso, consta salidas de dinero en Kataia Consulting para la compra de un Saab (33.000 euros), para joyas (6.000 euros) y para viajes (Extremadura o Benidorm).

En una de las grabaciones que aportó la denunciante, se escucha que las comisiones parecen estar “dentro de lo normal”. En la misma línea se expresó Fernández Joval en su confesión: “Resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, … El primer día te esperan para lo que quieren cobrar [...]. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo Arruti: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Yo aún no sabía el nombre. Lo supe después. Lo pensé… Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si te puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave, el estar sentado aquí hay que superarlo mentalmente. En fin, lo pensamos y dijimos ¡nos tiramos a la piscina! Vamos a pagar comisión y pagamos comisión”.

En sus conclusiones, el abogado de De Miguel quiso neutralizar el efecto de esas confesiones y manifestó lo siguiente: “Las declaraciones heteroinculpatorias son sospechosas y han de ser valoradas por el tribunal con la debida cautela por la obviedad de que los coacusados no están sometidos a decir verdad. Les está permitido mentir. La sospecha se puede acrecentar cuando la declaración no tiene lugar en una etapa inicial. En nuestro caso esto se ha producido 8 años después de incoarse el proceso”. Sin embargo, el final del macrojuicio deparó otra nueva sorpresa, ya que tanto De Miguel como Tellería y Ochandiano quisieron usar su derecho a la última palabra en el juicio para pedir disculpas mientras insistían en su inocencia, una contradicción que no pasó inadvertida para muchos de los presentes. ¿Perdón a quién? ¿Por qué?

2018, además, ha traído otros casos a la primera línea de la actualidad vasca. Llegó en septiembre la sentencia del 'caso Margüello', en la que el exresponsable de Sanidad en Bizkaia fue condenado por prevaricación al haber beneficiado con contratos 'a dedo' a empresas de su amigo, el doctor José Carlos Margüello. También en el ámbito sanitario estalló el escándalo de las oposiciones presuntamente manipuladas, pendiente de las conclusiones de la investigación de la Fiscalía y que ya se ha llevado por delante a la exdirectora del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), María Jesús Múgica.

Siguen pendientes de resolver otros casos como el saqueo del museo Balenciaga o tres proyectos impulsados por el PNV y que fueron financiados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fruto de sus acuerdos presupuestarios con los nacionalistas: Epsilon, Hiriko y la planta de purines de Carranza.

El Parlamento Vasco, al hilo de la sentencia del 'caso Margüello' de irregularidades en Sanidad durante el mandato de Gabriel Inclán (PNV) que da por probada la existencia en las adjudicaciones de contratos de gestión de listas de espera de una concertación entre el exresponsable de Osakidetza en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, y el doctor y empresario José Carlos Margüello, ha aprobado una resolución de cuatro puntos en la que rechaza, en el primero de ellos, “cualquier forma de corrupción que implique un mal uso del poder público con el fin de lograr una ventaja ilegítima e ilegal”. El texto, impulsado por Elkarrekin Podemos, ha sido pactado con EH BIldu y PP, así como el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno y que ha vuelto a desmarcarse de sus aliados en un caso que saltó a la luz siendo consejero el socialista Rafael Bengoa. Los nacionalistas, por consiguiente, se han quedado como los únicos en no sumarse a esta iniciativa.

El representante del PNV, Kerman Orbegozo, ha querido iniciar su intervención queriendo “dejar claro” que su partido “denuncia totalmente la corrupción”. Pero ha considerado inasumible el contenido del texto sobre el 'caso Margüello' ya que, según su criterio, la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que será recurrida por la Fiscalía, desmonta la tesis de que hubo corrupción durante la etapa de Inclán al frente de Sanidad. “El objetivo es extender las sospechas al PNV”, ha lamentado Orbegozo, quien ha añadido que Euskadi lidera las clasificaciones de “transparencia” de España y que Osakidetza es el mejor servicio de Salud autonómico.

Para Orbegozo, detrás del 'caso Margüello' hay cuestiones “individuales” y ha apuntado que no hay que olvidar que los acusados fueron absueltos de malversación de caudales, es decir, que no hubo quebranto económico. Se da la circunstancia de que la Fiscalía sí estimaba en 6,8 millones el efecto negativo de los contratos de Margüello pero interpretó que fue muy difícil lograr una sentencia en esa dirección puesto que el afectado, el propio Gobierno vasco cuyos servicios jurídicos controla el PNV, dio un paso atrás en el juicio y estimó que no había perjuicio dinerario.

“¿Cómo vamos a ratificar algo que los tribunales han dicho que no es cierto?”, se ha preguntado Orbegozo sobre los puntos de la resolución del resto de partidos en las que se planteaba refrendar el trabajo de la comisión de investigación que en 2011 denunció las responsabilidades políticas en torno a este caso. Según Orbegozo, su partido estaba dispuesto a votar a favor del primer punto crítico con la corrupción y del último, de apoyo a la separación de poderes.

Sin embargo, el resto de partidos han rechazado una votación separada del texto y la fotografía final ha sido del PNV, en solitario, sin apoyar esta resolución. La representante de EH Bildu, Eva Blanco, ha denunciado que el PNV nunca haya querido negociar la redacción y que, a última hora, haya buscado un resquicio para no quedarse solo en la votación. Ha indicado también que la “prevaricación no es cosa menor” y que el hecho de que algunos delitos no se hayan probado no exime de gravedad a la sentencia judicial del 'caso Margüello'.

Más beligerantes aún han sido Elkarrekin Podemos y PP. Juan Luis Uria (Elkarrekin Podemos) ha dicho que “Margüello era un corrupto” y que en Osakidetza era 'vox populi' que su amistad con el consejero Inclán le procuraba prebendas. Laura Garrido (PP) ha añadido que el PNV exige limpieza a los demás pero “no asume ninguna responsabilidad” cuando los casos le afectan a él. Ha citado el juicio del 'caso De Miguel' y también el reciente escándalo por la posible manipulación de las OPE de Osakidetza. Garrido ha recordado, igualmente, que el hoy consejero, Jon Darpón, y la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, firmaron en su día un manifiesto de apoyo a Margüello.

Como ocurrió el pasado año, el PSE-EE ha roto la dinámica de unidad de acción con su socio de Gobierno, el PNV, y se ha unido a la oposición. Este caso no forma parte de las discrepancias pactadas pero sí es especialmente simbólico para los socialistas porque fue el exconsejero Bengoa el principal impulsor de la investigación. “Los socialistas hacemos en 2018 lo que hacíamos entonces”, ha resumido Natalia Rojo, que sin agotar los tiempos de intervención ni cargar las tintas contra los nacionalistas ha indicado que el PSE-EE no puede quedarse de “brazos cruzados” en este asunto.

La Fiscalía de Bizkaia no quiere dar por cerrada la batalla judicial en el denominado 'caso Margüello', en el que se destaparon irregularidades en la externalización de servicios sanitarios en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y que se saldó con una sentencia que recogía penas mínimas, ninguna de ellas de cárcel, a pesar de dar por probados los delitos de corrupción. Según fuentes de la oficina que dirige Ana Barrilero, quienes han dirigido la investigación han acordado ya recurrir ante el Tribunal Supremo la resolución de la Audiencia Provincial, pero ha de ser la Fiscalía del alto tribunal la que, en última instancia, analice, decida y formalice, en su caso, la apelación.

Según la sentencia del 'caso Margüello', son “hechos probados” que un alto cargo del Departamento de Sanidad dirigido por Gabriel Inclán (PNV), de nombre José Ramón Elorriaga y responsable territorial en Bizkaia, hizo todo y más, incluso insultar a funcionarios, para contratar 'a dedo' a una empresa de su amigo José Carlos Margüello, facultativo de Osakidetza y jefe de Calidad del hospital de Cruces, que era también cercano al propio Inclán.

Margüello constituyó y dirigió -a través de una testaferro para “burlar” la “incompatibilidad”- la mercantil Gestión de Servicios Sanitarios XXI, con la que pretendió intermediar entre el Servicio Vasco de Salud y una clínica privada para derivar pacientes. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, la condena del 'caso Margüello' es mínima, solamente por un delito de prevaricación que no comporta penas de prisión. La clave es que los servicios se prestaron y que no se ha probado una pérdida de dinero público o malversación de caudales.

La Fiscalía sí defendió en el juicio un quebranto económico de 6,8 millones de euros, el valor de las dos contrataciones irregulares de Elorriaga a empresas de Margüello. Sin embargo, los abogados del Gobierno vasco negaron la existencia de agujero alguno. “El delito de malversación exige acreditar el perjuicio y ello es complicado cuando la Administración afectada considera que no se ha producido”, interpreta el ministerio fiscal.

No obstante, uno de los asideros es que la posición del propio Gobierno ha variado y que en el pasado sí consideró que se produjo una pérdida de recursos públicos. De hecho, la denuncia inicial partió en 2009 del propio Departamento de Sanidad cuando el consejero era el socialista Rafael Bengoa. El que también ha sido asesor de la OMS y de la Administración de Barack Obama fue muy explícito en el juicio sobre el papel de las empresas de Margüello como intermediarias: “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”.

El Gobierno vasco se ha felicitado por que la sentencia del 'caso Margüello' acredita que no hubo quebranto económico para la Administración y porque el único alto cargo investigado, el viceconsejero de Salud Rafael Cerdán, ha quedado absuelto. Según el portavoz Josu Erkoreka, responsable también de los servicios jurídicos de la Administración autonómica, los condenados por graves irregularidades en la externalización de contratos de gestión de listas de espera de la Sanidad pública vasca José Ramón Elorriaga y José Carlos Margüello no pasan de “funcionarios con más o menos relevancia”.

La resolución judicial de la Audiencia Provincial de Bizkaia que pone fin a casi una década de recorrido judicial recoge la “opacidad” con la que el responsable de Sanidad en Bizkaia, Elorriaga, actuó para procurar un contrato 'a dedo' a la empresa de su amigo Margüello, responsable de Calidad del hospital de Cruces y que operaba a través de una testaferro, María Nieves Fernández. Ha quedado probado que Elorriaga operó de modo “grotesco” para beneficiar a Margüello hasta el punto incluso de encararse con funcionarios. De Cerdán se dice que fue “negligente” como superior jerárquico pero que no compartía los mismos “intereses personales” que el resto de acusados.

Sin embargo, la condena es mínima, sólo por “prevaricación”. La Audiencia rechaza, en línea con la petición realizada en el juicio por los letrados del Gobierno vasco del PNV, que exista un quebranto económico porque, a pesar de ser un contrato ilegal, el servicio se prestó y se atendió a los pacientes derivados. No atiende el criterio anterior del Gobierno, expuesto en el juicio por el exconsejero Rafael Bengoa, que remarcó que la sola existencia de una intermediaria sin medios técnicos y humanos, como lo era la empresa de Margüello, suponía un sobrecoste frente a una subcontratación directa de una clínica privada.

Erkoreka, preguntado por los periodistas, ha destacado que haya quedado claro en la vía judicial que “no existió perjuicio económico” y que el “único alto cargo” acusado haya sido completamente exonerado. Repreguntado por el papel de Elorriaga, un cargo de confianza del entonces consejero, Gabriel Inclán, y de Margüello, amigo de ambos, ha rebajado su papel en la Administración a “funcionarios con más o menos relevancia”. “No eran altos cargos en función de la Ley de Gobierno”, ha querido remarcar el consejero-portavoz.

La sentencia del 'caso Margüello' también ha suscitado reacciones en la oposición. EH Bildu ha considerado que las irregularidades puestas de manifiesto en la resolución judicial indica la necesidad de “hacer una apuesta inequívoca por la gestión directa de los servicios públicos”. “Externalizar servicios sanitarios abre la puerta a actuaciones irregulares”, valora la parlamentaria Eva Blanco. Sobre el fondo del asunto, Blanco asegura que “llama la atención que el tribunal no vea malversación cuando constata voluntad de beneficiar a empresas que no podían contratar con la Administración”.

Desde Elkarrekin Podemos, Lander Martínez ha criticado que el Gobierno vasco no haya denunciado con mayor beligerancia la “corrupción” en la Administración pública cuando ha sido el “principal perjudicado”. Fuentes de la Fiscalía han indicado a eldiarionorte.es que es muy complicado lograr una condena por malversación si el afectado estima que no ha sufrido un perjuicio. Martínez ha adelantado que pedirá la comparecencia de Erkoreka en el Parlamento porque 

“el Gobierno tiene que explicar cómo no ha exigido ninguna pena para quien daba contratos a dedo a sus amigos con el dinero de todos los vascos”.

Según el dirigente morado, la sentencia evidencia “la lógica clientelista” llevada a cabo en la Administración vasca “durante demasiados años y sin consecuencias legales”. Y ha recordado que el propio consejero actual, Jon Darpón, firmó en su momento un documento de apoyo a los acusados. 

¿Qué es el 'caso Margüello'? Son “hechos probados” por la Audiencia Provincial de Bizkaia que un alto cargo del Departamento de Sanidad dirigido por Gabriel Inclán (PNV), de nombre José Ramón Elorriaga y responsable territorial en Bizkaia, hizo todo y más, incluso insultar a funcionarios, para contratar 'a dedo' a una empresa de su amigo José Carlos Margüello, facultativo de Osakidetza y jefe de Calidad del hospital de Cruces, que era también cercano al propio Inclán.

Margüello constituyó y dirigió -a través de una testaferro para “burlar” la “incompatibilidad”- la mercantil Gestión de Servicios Sanitarios XXI, con la que pretendió intermediar entre el Servicio Vasco de Salud y una clínica privada para derivar pacientes. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, la condena del 'caso Margüello' es mínima, solamente por un delito de prevaricación que no comporta penas de prisión. La clave es que los servicios se prestaron y que no se ha probado una pérdida de dinero público o malversación de caudales.

Afirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que cierra un caso abierto en 2010 y cuyo juicio se celebró en marzo y abril de este año, que Gestión de Servicios Sanitarios XXI era un simple intermediaria, en ningún caso un centro sanitario autorizado y homologado para concertar con la Administración. Resumidamente, no tenía médicos. No es “suficiente” que una empresa así “disponga de convenios de colaboración” con otras clínicas, en este caso la San Francisco Javier de Bilbao. Simplemente, legalmente no podía prestar servicios sanitarios.

En efecto, en aquella época (2006) había un problema de listas de espera. Pero ese problema no justificaba la activación de un procedimiento de emergencia. Esa fórmula contratación directa, sin concurso público, se llevó a cabo no para acelerar la atención de los pacientes sino para evitar los controles administrativos y dar “opacidad” a la contratación irregular de la compañía de un amigo.

El tribunal, presidido por Alfonso González Guija, subraya que Elorriaga “no cesó hasta obtener un informe que, aunque fuese parcialmente, le pudiese dar cobertura o apariencia de legalidad a su actuación”. En su intento de “resolver cualquier cortapisa” sobre la falta de homologación de Gestión de Servicios Sanitarios XXI, hasta “insultó” a funcionarios a su cargo. Era un proceder “grotesco” con tal de beneficiar a un amigo personal, que también lo era del jefe, el consejero Inclán. Tampoco importó que conociera que en la empresa estuviera involucrado una persona incompatible por su cargo en Osakidetza para contratar con la propia Osakidetza por más que se ocultara detrás de María Nieves Fernández, la cara visible de Gestión de Servicios Sanitarios XXI pero una simple testaferro.

El procedimiento de urgencia fue visado por el viceconsejero Rafael Cerdán. Interpreta el tribunal que fue negligente al no detectar las irregularidades del expedientes, si bien estima que no compartía los intereses personales de Elorriaga por su relación con Margüello. Así pues, son culpables de prevaricación exclusivamente Elorriaga y el facultativo, más Fernández como colaboradora necesaria. Su condena se limita a inhabilitación para nueve años (siete para la testaferro), sin cárcel.

A esta primera contratación le siguió una segunda. Esta vez se activó un concurso público para la externalización de las listas de espera. Pero se suspendió y se retomó un procedimiento directo que volvió a beneficiar a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, esta vez en una UTE con la Clínica Indautxu y Rehabilidom (otra de las mercantiles de Margüello, que en total facturó más de 30 millones con Inclán). La sentencia interpreta que es un contrato “altamente reprobable desde el punto de vista moral” porque “sobrevuela la intencionalidad” de volver a beneficiar a Margüello, pero entiende que no hay elementos ni si quiera para hablar de prevaricación, que consiste en dictar resoluciones administrativas injustas a sabiendas de que lo son.

La clave del procedimiento era el dinero que percibió Gestión de Servicios Sanitarios XXI por estos contratos. La Fiscalía reclamaba la devolución de 6,8 millones de euros, pero la representación letrada del Gobierno vasco retiró toda acusación en el juicio al entender que no se podía hablar de quebranto. Hecha bien o mal la contratación, el servicio se prestó y los pacientes fueron atendidos.

¿Incrementó o no la factura la existencia de una intermediaria? El consejero socialista Rafael Bengoa, que en 2009 denunció esta trama, fue muy explícito en el juicio en este sentido: “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”. Las defensas insistieron en que los precios públicos pagados por la Administración se ajustaron a la legalidad. También para la Audiencia de Bizkaia “la contratación de tales servicios no supuso la sustracción o consentimiento en la sustracción de bienes o caudales públicos”. Es decir, no hubo malversación y toca absolver a los acusados de ese delito, que sí les hubiera llevado a la cárcel. Y todo a pesar de reconocer que la creación de una intermediaria tenía “ánimo de lucro” toda vez que los medios materiales y humanos lo ponía una clínica subcontratada.

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Las partes disponen de un plazo de cinco días para hacerlo efectivo. Consultada la Fiscalía, ha indicado que estudia el posible recurso. No obstante, asume que “el delito de malversación exige acreditar el perjuicio y ello es complicado cuando la Administración afectada considera que no se ha producido”.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha hecho pública este lunes la sentencia del denominado 'caso Margüello', que investigó irregularidades en la externalización de servicios sanitarios a empresas vinculadas al doctor José Carlos Margüello durante la etapa de Gabriel Inclán al frente de la Sanidad pública vasca. Cinco meses después del juicio, el tribunal presidido por Alfonso González Guija ha cerrado este caso que tanto revuelo político generó cuando se destapó hace una década con penas mínimas, sólo por prevaricación y no por malversación de caudales públicos, para tres de los cuatro acusados. Ello hará que ninguno de ellos tenga que entrar en prisión a pesar de que el fallo establece que los acusados se pusieron de acuerdo para “beneficiar económicamente” a las empresas de Margüello, que era “incompatible” para contratar con la Administración, “eludiendo los principios de legalidad, objetividad y publicidad”. ¿Por qué? “No consta perjuicio económico cuantificable ni evaluable. Los servicios fueron efectivamente prestados”, se lee en la resolución.

Eran cuatro los acusados. El principal y que dio nombre al caso era el doctor José Carlos Margüello, amigo del exconsejero de Sanidad por el PNV Gabriel Inclán. Margüello era apoderado de la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, la intermediaria contratada para gestionar las listas de espera de la Sanidad pública vasca. En la mercantil su socia era María Nieves Fernández, señalada como testaferro en las empresas investigadas. Los otros dos imputados eran cargos políticos del organigrama de Inclán. José Ramón Elorriaga, responsable de Sanidad en Bizkaia, fue quien promovió las contrataciones, mientras que Rafael Cerdán, viceconsejero, fue el firmante del primero de los dos expedientes sometidos a escrutinio judicial.

La Audiencia de Bizkaia ha condenado por prevaricación a Margüello, Elorriaga y Fernández, lo que les supondrá una pena de inhabilitación de nueve años (siete en el caso de esta última, en calidad de cooperadora necesaria) y nada de cárcel. Quedan absueltos de malversación, fraude y negociaciones prohibidas. El cuarto acusado, Cerdán, queda eximido de todas las acusaciones. Sobre la primera contratación, en la que participó, el tribunal sostiene que actuó “de manera negligente” al no comprobar las ilegalidades en torno a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, si bien entiende que “desconocía los intereses personales” del resto de implicados.

Inicialmente la Fiscalía reclamaba 11 años para todos excepto para Cerdán por un doble delito, aunque a última hora se planteó como “alternativa” que los hechos se interpreten como una sola irregularidad “continuada”, lo que rebajaría la condena a casi la mitad excepto para Cerdán, que se quedaría en una situación similar. Finalmente, la sentencia queda muy lejos incluso de la nueva calificación.

El caso tomó el apellido del doctor Margüello. Sus empresas contrataban con Sanidad hasta sumar más de 30 millones de facturación en aproximadamente una década desde finales de la década de 1990 hasta la salida del PNV del Gobierno vasco en 2009. “Durante 10 años, sobre todo en el período 2004-2007, hay unos procesos de contratación que no siguen la norma y que intentan buscar vías paralelas, más rápidas y más beneficiosas para esas empresas, para asegurar y retener una serie de contratos que no se lanzan a puja pública. Ocurre como un patrón sistemático durante muchísimos años. Un patrón sistemático de prórrogas cada año y también un patrón sistemático de subidas de tarifas muy muy exageradas. Y siempre está el mismo grupo de empresas en este marco contractual. Es evidente que hay una organización y una trama para conseguir estos beneficios”, denunció en el juicio el exconsejero socialista Rafael Bengoa, quien al relevar a Inclán en 2009 denunció este caso ante la Fiscalía.

Fueron dos los contratos concretos objeto de juicio. En ambos la beneficiaria fue Gestión de Servicios Sanitarios XXI, una empresa de nueva creación en 2006 y no habilitada como clínica privada que en pocos meses recibió 'a dedo' (procedimiento de emergencia) la misión de intermediar entre Osakidetza y los centros concertados para derivar pacientes. Margüello era el titular de apenas el 1% de las participaciones y la administradora formal era María Nieves Fernández. En el juicio él se presentó como simple “asesor” en la empresa y trató de establecer que el día a día era cosa de “la señorita Edurne”, como se han referido varias personas a la gestora. Su abogado, Javier Beramendi, llegó a decir que el principal imputado era “el último mono” en este asunto. Margüello, en cambio, tenía amplios poderes en la compañía hasta el punto de que él mismo firmó con la clínica San Francisco Javier de Bilbao el acuerdo de derivación. Su sobrina era una de las administrativas de Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

En la segunda contratación se convocó un concurso público inicialmente, pero luego de nuevo se optó por la vía directa mediante un procedimiento “negociado sin publicidad” que benefició a una UTE de Gestión de Servicios Sanitarios XXI con la clínica Indautxu, el nuevo destino de las derivaciones en sustitución de San Francisco Javier, y una tercera mercantil vinculada igualmente a Margüello, Rehabilidom. Con un tope de 200.000 euros, finalmente la UTE obtuvo casi 5 millones de este contrato mediante una sucesión de ampliaciones.

¿Se perdió dinero con la operación? La Fiscalía reclamaba a los acusados que devuelvan solidariamente los 6,8 millones que costaron esos dos contratos (Cerdán sólo el 25% del primero de ellos, valorado en 1,9). Los imputados alegaron que la Administración no sufrió ningún quebranto porque el servicio le costó lo mismo que si la derivación se hubiese realizado sin intermediación. El Gobierno vasco, que en su día denunció los hechos cuando gobernaba el PSE-EE, retiró finalmente durante el juicio la petición de reintegro de ese dinero. Su abogado, Javier Otaola, defendió que el servicio se prestó y que, por lo tanto, recuperar esas cantidades sería un “enriquecimiento injusto” de la Administración.

El exconsejero Bengoa, en cambio, matizó que aunque la derivación directa costase lo mismo, 6,8 millones, el coste de la intermediación ha generado un perjuicio en el servicio. “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”, enfatizó quien también ha sido asesor en materia sanitaria del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Las salas de vistas de Euskadi encaran un otoño con la agenda bien repleta. Hay un menú de corrupción, crímenes o abusos sexuales. También se esperan novedades en investigaciones como la de la OPE de Osakidetza y sentencias importantes como la del 'caso Margüello'.

1 - 'Caso De Miguel': declaran los imputados

El mayor juicio por corrupción en el País Vasco se inició allá por enero en la Audiencia Provincial de Álava y se retomará el 17 de septiembre con la toma de declaración de los 26 imputados empezando por el principal de todos ellos, el que fuera 'número dos' del PNV alavés, diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) y vicepresidente de la Caja Vital, Alfredo de Miguel. Las defensas valoran aprovechando este parón vacacional si contestarán o no a las preguntas del fiscal, Josu Izaguirre, o si por el contrario se acogen a su derecho constitucional a no hacerlo. El núcleo duro de los acusados seguirá una estrategia coordinada. Si se avienen a hablar, el proceso se alargará con sesiones intensas. Si no, la Fiscalía se limitará a dejar constancia de sus preguntas y de que no han sido contestadas en atención a futuros recursos.

Concluida esta fase, el macroproceso encarará el tramo final con la exposición de los informes de conclusiones, que serán largos y detallados tanto en el caso de Izaguirre como en el del letrado de De Miguel, Gonzalo Susaeta. De momento, se estima que el juicio quede visto para sentencia a finales de noviembre, aunque el calendario podría ser modificado en función de las circunstancias.

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2 - La niña defenestrada, juicio con jurado

Si el 'caso De Miguel' no se retoma justo a la vuelta del parón de agosto es porque la Audiencia de Álava celebrará durante la primera quincena de septiembre otro juicio, aunque de muy diferente naturaleza. Desde el 4 de septiembre se iniciarán las vistas, con jurado popular, para esclarecer la muerte de la pequeña niña Alicia, que fue defenestrada desde una primera planta de la calle de la Libertad de Vitoria en 2016 cuando apenas contaba 17 meses. Está acusado la pareja de su madre, un hombre de 30 años que aparentemente también trató de agredir a la joven progenitora, de origen brasileño. La Fiscalía pide prisión permanente revisable por un asesinato con alevosía -la madre narró también posibles abusos sexuales- y otros 9 años por la tentativa de homicidio contra su pareja de entonces. La defensa alega problemas psiquiátricos para intentar modular la condena.

3 - 'Caso Margüello': llegará la sentencia

La Audiencia Provincial de Bizkaia completó en abril las vistas del 'caso Margüello', en el que la Fiscalía acusaba al doctor con ese apellido, amigo personal del que fuera consejero de Sanidad con el PNV, Gabriel Inclán, de haber obtenido 'a dedo' contrataciones para la gestión de servicios sanitarios externalizados, principalmente derivaciones de pacientes en listas de espera. El Gobierno vasco, que en su momento denunció estos hechos cuando gobernaba el PSE-EE, se retiró como acusación al entender que no se produjo ningún quebrantó económico y que se atendió correctamente a los pacientes. La Fiscalía, por su parte, ofreció una “alternativa” de condena de última hora que rebajaba a casi la mitad las penas de cárcel que solicitaba inicialmente para los acusados, Margüello y su presunta testaferro, María Nieves Fernández, y los excargos de Inclán Rafael Cerdán y José Ramón Elorriaga. De 39 años en conjunto, la nueva calificación dejaba la petición de prisión en 23 años. La sentencia se conocerá a la vuelta de las vacaciones.

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4 - OPE de Osakidetza: una investigación abierta

El 'caso Margüello' fue investigado por Carmen Adán cuando era fiscal-jefe de Bizkaia. Ahora es fiscal superior del País Vasco y se enfrenta de nuevo frente a otro  caso que golpea de lleno a la Sanidad pública vasca. Desde junio tiene abiertas diligencias en torno a las denuncias por presunta manipulación de la OPE de Osakidetza a través de filtraciones de los exámenes, principalmente en las categorías de especialidades médicas hospitalarias. El plazo ordinario de investigación acabaría en diciembre y sería entonces cuando Adán deberá decidir si denuncia a los supuestos responsables y beneficiarios del fraude o si archiva el caso. Eso sí, la fase de diligencias puede ampliarse previa autorización de la Fiscalía general del Estado.

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5 - 'Caso Balenciaga': ¿La definitiva?

El 'caso Balenciaga' estalló en 2007 y la investigación en torno al saqueo del museo Balenciaga de Getaria lleva años completada. Están acusados, principalmente, el exalcalde de la localidad guipuzcoana por el PNV y gestor de las sociedades que impulsaron la creación del centro museístico, Mariano Camio, y el arquitecto cubano Julián Argilagos, que era su pareja. Se ha detectado que desviaron más de 2 millones de euros y que destrozaron piezas de la colección del mejor modisto vasco de la historia. Todo esta previsto para que el juicio, por fin, se iniciará el pasado 4 de abril. Pero Camio alegó problemas médicos de última hora y la vista se pospuso 'sine die', aunque con la promesa de que se revisaría su estado de salud en septiembre para fijar nueva fecha. Entretanto, Argilagos continúa en paradero desconocido.

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6 - 'Caso Cabacas': un modelo policial al banquillo

Desde el 15 de octubre y con previsión de alargarse hasta noviembre, la Audiencia Provincial de Bizkaia acogerá el juicio por la muerte en una carga policial con pelotas de goma ocurrida tras un partido europeo del Athletic en 2012 del joven Íñigo Cabacas. Según la investigación, la Ertzaintza actuó sin proporcionalidad en el lugar, donde se había alertado de la existencia de incidentes, lo que convirtió la plazoleta de María Díaz de Haro en una ratonera sin escapatoria. El hándicap del caso es que “a pesar de los esfuerzos desplegados durante la extensa instrucción de la causa, ha sido imposible determinar la autoría de tal disparo”, según la propia juez que llevó el caso, Ana Torres.

En el banquillo se sentarán tres agentes que desde un principio admitieron haber portado y utilizado escopeta con pelotas de goma aquella noche. Pero fueron más los ertzainas que dispararon, ya que la carga duró unos tres minutos. También se acusa a tres mandos intermedios que dirigieron el operativo desde el terreno. La única acusación es la de la familia de Cabacas, ejercida por Jone Goirizelaia, ya que la Fiscalía pide la absolución de todos los funcionarios del delito de homicidio con imprudencia grave. Goirizelaia nunca consiguió que se procesara a los máximos responsables del operativo a pesar de que se constataron negligencias como la falta de control de la armería de la comisaría de Bilbao.

7 - Abusos sexuales en el colegio Gaztelueta

También en octubre, justo antes del 'caso Cabacas', se celebrará en Bizkaia el juicio contra un profesor numerario del Opus Dei del colegio privado concertado Gaztelueta, ubicado en Leioa. Se le acusa de haber abusado sexualmente de quien fuera su alumno en el primer ciclo de Secundaria (12 y 13 años). El caso naufragó en varias ocasiones hasta que la víctimas cumplió la mayoría de edad y denunció en primera persona. La Fiscalía pide tres años de cárcel por abusos sexuales “continuados” en el tiempo y hace al colegio responsable civil subsidiario de lo ocurrido. La letrada de la familia supera con creces esa petición y plantea una condena de 14 años por el agravante de que el docente se prevalió de su superioridad y autoridad. El joven sufrió también acoso escolar como consecuencia de estos hechos, remarcan.

El portavoz del Gobierno vasco y consejero responsable de los servicios jurídicos, Josu Erkoreka, ha avalado en la sesión de control celebrada este viernes en el Parlamento la estrategia de los abogados de la Administración en el juicio del ‘caso Margüello’, que no aprecian delito en los contratos suscritos por la Sanidad pública con una intermediaria para gestionar las listas de espera y que tampoco entienden que ese servicio supusiera un sobrecoste para las arcas públicas. Erkoreka ha explicado que la posición en el proceso penal viene marcada por los dictámenes de los dos últimos directores de la Oficina de Control Económico del Gobierno (OCE) – “de dos Gobiernos diferentes e ideologías dispares”- que “coincidieron en constatar que no se había producido quebranto económico a la Hacienda vasca”.

El ‘caso Margüello’ surge con la constatación de que Sanidad había contratado ‘a dedo’ en 2006 un servicio de intermediación de la derivación de pacientes en lista de espera en Bizkaia a una empresa recién creada y vinculada al doctor José Carlos Margüello, jefe de Calidad de Cruces y amigo personal del entonces consejero, Gabriel Inclán. Posteriormente, cuando la OCE cuestiona el procedimiento de “emergencia” para tramitar esa adjudicación, la Administración realizó un segundo contrato, de nuevo directo, y que recayó en una UTE controlada de nuevo por esa mercantil, llamada Gestión de Servicios Sanitarios XXI

El Gobierno del PSE-EE, con Rafael Bengoa como consejero de Sanidad, envió el caso a la Fiscalía al entender que la existencia de un intermediario era innecesaria y que o encarecía el servicio final o, si se pagaba el mismo precio, reducía el dinero realmente destinado al paciente, como ha ratificado recientemente en el juicio. El mismo Ejecutivo que denunció, en la actualidad controlado por el PNV, entiende ahora que no existió tal perjuicio económico, como sostienen las defensas de Margüello, de su socia Edurne Fernández y de los dos excargos sanitarios procesados, José Ramón Elorriaga y Rafael Cerdán. El argumento es que los pacientes fueron atendidos y que las tarifas pagadas por las derivaciones fueron las mismas con o sin intermediaria.

Elkarrekin Podemos ha llevado el asunto al pleno del Parlamento al entender que el Gobierno vasco, “como el de Mariano Rajoy”, “se pone al servicio del partido” y protege a “imputados por corrupción”. “Son 7 millones de euros los que nos robó esta gente y el Gobierno no tiene la decencia de pedirles que devuelvan lo que se llevaron”, ha enfatizado la parlamentaria Cristina Macazaga.

Erkoreka ha replicado que los letrados gubernamentales han permanecido “hasta el último minuto” personados en el juicio, aunque también lo han estado en otras siete causas (“dos penales y cinco en lo contencioso-administrativo”) en las que se “perdió”. “Si hay condena no tenga ninguna duda. Si el juez considera que efectivamente se produjo lesión patrimonial, el Gobierno vasco recuperará hasta el último céntimo de euro. No se preocupe, será contundente y claro. Pero con seriedad”, ha expuesto el consejero-portavoz, que ha pedido a la oposición que huya de la “demagogia” en este asunto y que repase un “dossier” jurídico de “127 páginas” que él mismo entregó a la Cámara a petición del PP.

El ‘caso Margüello’ está visto para sentencia, aunque no se conoce la fecha en la que se conocerá la resolución judicial. Sólo la Fiscalía sostiene que los cuatro acusados han de ingresar en prisión, aunque ofreció a última hora una “alternativa” al tribunal que reduce sensiblemente las penas de cárcel de los 39 años inciales (en conjunto) a unos 23. Mantiene, eso sí, que los procesados deben resarcir con 6,8 millones a la Administración autonómica por el quebranto económico que, a su entender, supuso contratar a una empresa del doctor José Carlos Margüello (Gestión de Servicios Sanitarios XXI) para intermediar en la derivación de pacientes en listas de espera.

El 'caso Margüello' ha quedado esta semana visto para sentencia nueve años después de que el diario 'El Mundo' publicara los primeros datos en torno a las presuntas irregularidades en torno a dos contratos millonarios adjudicados por el Departamento de Sanidad para la derivación a clínicas privadas de pacientes en listas de espera de Bizkaia durante la etapa final de Gabriel Inclán (PNV) como consejero. Tras la larga investigación, entrelazada con otros procedimientos judiciales colaterales que no se han saldado con condenas, la causa principal será resuelta en el plazo de, como mínimo, un mes. Se exponen a elevadas penas de prisión cuatro acusados: el doctor José Carlos Margüello, amigo de Inclán y apoderado de Gestión de Servicios Sanitarios XXI -la intermediaria contratada por Sanidad para gestionar las listas de espera-, su socia María Nieves Fernández, señalada como testaferro en las empresas investigadas, y los excargos políticos José Ramón Elorriaga, responsable de Sanidad en Bizkaia que promovió las contrataciones, y Rafael Cerdán, viceconsejero y firmante del primero de los dos expedientes sometidos a escrutinio judicial. Inicialmente la Fiscalía reclamaba 11 años para todos excepto para Cerdán por un doble delito, aunque a última hora ha planteado como “alternativa” que los hechos se interpreten como una sola irregularidad “continuada”, lo que rebajaría la condena a casi la mitad excepto para Cerdán, que se quedaría en una situación similar. A continuación, las cinco claves de este caso.

1 - ¿Por qué 'caso Margüello' y no 'caso Fernández'?

El caso tomó el apellido del doctor José Carlos Margüello, exdirector de Calidad del hospital de Cruces, amigo personal de Inclán y además empresario. Sus firmas contrataban con Sanidad hasta sumar más de 30 millones de facturación en aproximadamente una década desde finales de la década de 1990 y la salida del PNV del Gobierno vasco en 2009. Así describía la situación el exconsejero Rafael Bengoa (PSE-EE), bajo cuyo mandato en 2009 se iniciaron las investigaciones: “Durante 10 años, sobre todo en el período 2004-2007, hay unos procesos de contratación que no siguen la norma y que intentan buscar vías paralelas, más rápidas y más beneficiosas para esas empresas, para asegurar y retener una serie de contratos que no se lanzan a puja pública. Ocurre como un patrón sistemático durante muchísimos años. Un patrón sistemático de prórrogas cada año y también un patrón sistemático de subidas de tarifas muy muy exageradas. Y siempre está el mismo grupo de empresas en este marco contractual. Es evidente que hay una organización y una trama para conseguir estos beneficios”. En los dos contratos concretos objeto de juicio, la beneficiaria fue Gestión de Servicios Sanitarios XXI, una empresa de nueva creación en 2006 y no habilitada como clínica privada que en pocos meses recibió 'a dedo' (procedimiento de emergencia) la misión de intermediar entre Osakidetza y los centros concertados para derivar pacientes. Margüello era el titular de apenas el 1% de las participaciones y la administradora formal era María Nieves Fernández. En el juicio él se ha presentado como simple “asesor” en la empresa y ha tratado de establecer que el día a día era cosa de “la señorita Edurne”, como se han referido varias personas a la gestora. Su abogado, Javier Beramendi, ha llegado a decir que el principal imputado era “el último mono” en este asunto. Margüello, en cambio, tenía amplios poderes en la compañía hasta el punto de que él mismo firmó con la clínica San Francisco Javier de Bilbao el acuerdo de derivación. Su sobrina era una de las administrativas de Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

2 - ¿Era necesario el contrato?

Uno de los debates más acalorados durante el juicio es si estos contratos, que tuvieron un coste de 6,8 millones de euros, eran realmente necesarios. ¿Aportaba algo Gestión de Servicios Sanitarios XXI a la atención sanitaria? Las defensas han insistido en que la compañía ofreció a Sanidad algo “novedoso”, un plantel de médicos para poder atender un pico de demanda en Osakidetza. Esta intermediaria contrataba a los profesionales y éstos intervenían a los enfermos inicialmente en la San Francisco Javier y fruto del segundo contrato en la Clínica Indautxu. Esta fórmula, sin embargo, no se ha empleado ni antes ni después en las concertaciones con centros privados, que se hacen directamente entre Osakidetza y las clínicas sin necesidad de terceros. Los testigos de la acusación, singularmente Bengoa, han calificado de “innecesario” el papel de Gestión de Servicios Sanitarios XXI. ¿Qué aportaba una empresa sin experiencia, sin recursos y sin habilitación médica en la gestión de las listas de espera? ¿No se podía haber firmado el concierto directamente con San Francisco Javier o con Indautxu? Algunos de ellos han hablado de que no era más que una “agencia de viajes”. El que fuera 'número dos' de Bengoa, el actual diputado socialista Jesús María Fernández, deslizó incluso que se comprometió la “seguridad clínica” de los pacientes al ceder sus historiales a la “agencia” de Fernández y Margüello.

3 - ¿Se ha perdido dinero con la operación?

Es, sin duda, el asunto mollar del juicio. La Fiscalía reclama a los acusados que devuelvan solidariamente los 6,8 millones que costaron esos dos contratos (Cerdán sólo el 25% del primero de ellos, valorado en 1,9). Los imputados alegan que la Administración no sufrió ningún quebranto porque el servicio le costó lo mismo que si la derivación se hubiese realizado sin intermediación. Han aportado testigos que aseguran que Gestión de Servicios Sanitarios XXI no obtuvo grandes beneficios de esta operación y han incidido en que los precios de los procesos médicos se ajustaron a los máximos regulados en las órdenes oficiales de tarifas. El Gobierno vasco, que en su día denunció los hechos, ha retirado finalmente durante el juicio la petición de reintegro de ese dinero. Su abogado, Javier Otaola, defendió que el servicio se prestó y que, por lo tanto, recuperar esas cantidades sería un “enriquecimiento injusto” de la Administración. El exconsejero Bengoa, en cambio, matizó que aunque la derivación directa costase lo mismo, 6,8 millones, el coste de la intermediación ha generado un perjuicio en el servicio. “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”, enfatizó en un 'cara a cara' con Beramendi, abogado de Margüello y de su socia, así como de Elorriaga. En todo caso, en el juicio no se ha calculado el porcentaje que se quedó la intermediaria para poder medir el efecto real de estas contrataciones y los acusados ven exagerado que se les haga responsables de todo el coste del contrato, incluido el del servicio médico.

4 - ¿Fueron contrataciones ilegales?

Mucho se ha discutido también sobre la forma en que se realizaron las contrataciones. La primera de ellas, la de 2006, se ejecutó por el procedimiento de emergencia, reservado en la normativa para catástrofes o incluso para asuntos de seguridad nacional. La Oficina de Control Económico (OCE) afeó 'a posteriori' este procedimiento, lo que motivó el segundo de los contratos. Las defensas han alegado que la propia OCE autorizó un año antes contratos similares en Sanidad y han recalcado que había una situación crítica en Osakidetza y, en concreto, en Bizkaia, que había de ser solucionada con celeridad. La gripe de 2006 -han repetido hasta la saciedad- retrasó otros procesos médicos y, además, el Gobierno aprobó un nuevo decreto para garantizar la atención en unos tiempos máximos. Elorriaga, responsable de Sanidad en la provincia, habló incluso de “escándalo” social para justificar la necesidad de buscar una solución de emergencia al colapso de los quirófanos y consultas vizcaínos. Fue el propio Elorriaga el que detalló en su comparecencia en el juicio que, tras las dudas de la OCE, se planteó una nueva contratación del servicio de gestión de las listas de espera en Bizkaia. En esta segunda ocasión se convocó un concurso público inicialmente, pero luego de nuevo se optó por la vía directa mediante un procedimiento “negociado sin publicidad” que benefició a una UTE de Gestión de Servicios Sanitarios XXI con la clínica Indautxu, el nuevo destino de las derivaciones en sustitución de San Francisco Javier, y una tercera mercantil vinculada igualmente a Margüello, Rehabilidom. Con un tope de 200.000 euros, finalmente la UTE obtuvo casi 5 millones de este contrato mediante una sucesión de ampliaciones. ¿La justificación de Elorriaga? “Habrá empresas privadas que llevan 45 años prestando servicios con prórrogas anuales…. Al proveedor hay que facilitarle su existencia y consolidarle para que sea un fiel servidor”, manifestó.

5 - ¿Tiene el caso un componente político?

El letrado Javier Beramendi es un fijo en los casos mediáticos con cargos públicos implicados en Euskadi. Últimamente está siendo protagonista en el 'caso De Miguel' como defensor de Xabier Sánchez Robles -acusado igualmente de contrataciones irregulares en los años 2006-2009- y ha participado en otros muchos procesos. No sorprendió por ello que en su alegato final, además de las conclusiones meramente jurídicas, introdujera el componente político. Mirando al tribunal -presidido por Alfonso González Guija- habló de causa “inquisitorial” y pidió que se ponga fin a un “calvario” de casi una década de duración. Sugirió que todo el caso es una venganza del PSE-EE contra el PNV en un momento muy concreto, en plena polémica por la salida de Juan José Ibarretxe tras el pacto con el PP para desalojar al PNV del poder. Aludió incluso que los socialistas devolvieron a los nacionalistas el golpe por la investigación que en su día probó que tanto el PSE-EE como la UGT manipularon una OPE de Osakidetza para colocar a su gente. “Es una lucha política a la antigua que se sirve en plato frío”, espetó Beramendi. El 'caso Margüello', en efecto, enfrentó políticamente al PNV con el entonces Gobierno socialista. Los 'jeltzales' criticaron duramente la labor de la comisión de investigación del Parlamento y se llegó a promover un comunicado de apoyo a Margüello, Inclán y el resto de implicados. Aquel manifiesto fue firmado por, entre otros, el actual consejero Jon Darpón. Durante el juicio -y aunque ambos partidos comparten ahora Ejecutivo de coalición- los principales apoyos de la Fiscalía han sido Bengoa y Fernández, ambos excargos socialistas. De hecho, uno de los pocos desmarques del PSE-EE con su socio en el Parlamento en lo que va de legislatura fue una votación en la que los socialistas se unieron a la oposición para exigir al Gobierno que recuperara hasta la última peseta en el juicio.

El juicio por el denominado 'caso Margüello', en el que se han investigado las posibles irregularidades en la externalización de las listas de espera de Osakidetza durante el período 2006-2009, ha quedado este viernes a las 15.09 horas visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Bizkaia. La última de las vistas, como es costumbre, se ha cerrado dando por última vez la palabra a los acusados. Sólo uno ha hecho uso de la prerrogativa. Ha sido el exresponsable de Sanidad en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, que se ha equivocado al proclamar su inocencia y ha acabado diciendo justo lo contrario: “Éramos una trama organizada”. Sólo la Fiscalía sostiene ese argumento y exige penas de prisión contra los cuatro imputados, aunque ha ofrecido a última hora una “alternativa” al tribunal que reduce sensiblemente las penas de cárcel de los 39 años inciales (en conjunto) a unos 23. Mantiene, eso sí, que los procesados deben resarcir con 6,8 millones a la Administración autonómica por el quebranto económico que supuso contratar a una empresa del doctor José Carlos Margüello (Gestión de Servicios Sanitarios XXI) para intermediar en la derivación de pacientes en listas de espera. El directamente afectado, el Gobierno vasco, ha “retirado” cualquier exigencia económica al entender que el perjuicio patrimonial “no ha quedado acreditado en el juicio” porque los pacientes fueron debidamente atendidos y no hubo sobrecostes en el servicio.

El fiscal José Manuel Ortiz, a pesar de que en el juicio ha mantenido un perfil bajo, se ha apoyado en las pruebas del sumario para dar por constatado el fraude de 6,8 millones, que son la suma de los 1,9 de un primer contrato 'a dedo' por el procedimiento de emergencia a Gestión de Servicios Sanitarios XXI y de los casi 5 millones de uno segundo que recayó en la misma mercantil aunque esta vez en UTE con otras sociedades. El nuevo procedimiento se articuló por los reparos legales que se detectaron en el primero.

Según Ortiz, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, como intermediaria y sin tener licencia de clínica privada, “no aportaba nada a la gestión de salud”. “Es un artificio, un intermediario que se queda con parte de los fondos”, ha enfatizado para remarcar el “carácter innecesario y finalidad fraudulenta” de estas adjudicaciones promovidas por Elorriaga desde la Delegación de Bizkaia. Están imputados también el que fuera viceconsejero de Sanidad Rafael Cerdán, que firmó el primero de los dos contratos, y María Nieves Fernández, admistradora de las empresas de Margüello y a la que se acusa de testaferro del doctor, que era alto cargo del hospital de Cruces y amigo personal del consejero de Sanidad de la época, Gabriel Inclán (PNV). “Ese dinero público nunca debió salir del sistema vasco de salud”, ha recalcado el fiscal en sus conclusiones a pesar de aceptar como alternativa a la petición inicial de penas (11 años de prisión excepto para Cerdán, 6) una rebaja de casi la mitad de años de cárcel al acceder que en vez de dos delitos de malversación, prevaricación y fraude, uno por contrato, se produjo solamente uno aunque “continuado” en el tiempo para beneficiar a la trama de Margüello.

Como ya se intuía desde el inicio de las vistas, el Gobierno vasco ha dejado solo al ministerio fiscal en sus acusaciones. Su letrado, Javier Otaola, asume que la “posición” del Ejecutivo es “un poco delicada”. Con el PSE-EE en Lakua, fue el propio Departamento de Sanidad el que denunció los hechos ante la Justicia. El exconsejero socialista Rafael Bengoa ha ratificado su creencia en que hubo irregularidades manifiestas durante su declaración en el juicio. Pero la posición del Gobierno actual es que la investigación y el juicio “no han podido acreditar un daño real y efectivo” a las arcas públicas. Según Otaola, la intermediación no hizo que no se atendieran a los pacientes y el servicio se ajustó a las tarifas máximas fijadas para la concertación de servicios. “Esto justifica nuestra retirada y nos retiramos”, ha argumentado Otaola. 

El abogado de Margüello, Fernández y Elorriaga, Javier Beramendi, ha interesado del tribunal que preside Alfonso González Guija “una sentencia absolutoria que ponga fin a esta irracionalidad”. “Intereso de ustedes que pongan fin a este calvario”, ha abundado. A su juicio, “tiene bemoles” que se incrimine en este caso a Margüello cuando era “el último mono” en unas empresas dirigidas formalmente por su socia Fernández. En efecto, Margüello apenas tenía una pequeña participación societaria, pero constaba en el Registro Mercantil que tenía poderes y, además, él firmó con la clínica San Francisco Javier de Bilbao el contrato para derivar los pacientes que recibía Gestión de Servicios Sanitarios XXI de las listas de espera de Osakidetza. Su sobrina era una de las administrativas.

Según Beramendi, el 'caso Margüello' es poco menos que una venganza política del Gobierno del PSE-EE. Ha acusado abiertamente a Bengoa y a su equipo de “inflar” las acusaciones cuando ha quedado patente que había listas de espera en Bizkaia sobre las que actuar, que los pacientes fueron atendidos y que, además, no se produjo “ni una sola queja” por la supuesta mala calidad de la atención.

El único imputado con otro abogado ha sido Cerdán, implicado sólo en el primero de los contratos. Su letrado, Joanes Labayen, ha defendido también la absolución del exviceconsejero porque firmó un contrato que tenía todo los parabienes de los técnicos y cargos políticos que le asesoraban. “Aquí no hay nada reprochable por parte del señor Cerdán”, ha remarcado. Igualmente, ve excesivo reclamar que se devuelvan los 6,8 millones que costaron los conciertos sanitarios. En todo caso, habría que haber fijado en el juicio la cantidad concreta que elevó la factura la intermediación de la mercantil investigada o cuánto se pudo haber ahorrado si se hubiera realizado un concurso público y no una adjudicación 'a dedo'.

El doctor Rafael Bengoa conoció “un día antes” de acceder al cargo de consejero de Sanidad, en mayo de 2009, las presuntas irregulares en torno a los contratos para la derivación de pacientes en lista de espera de Bizkaia, que recayeron en la empresa intermediaria Gestión de Servicios Sanitarios XXI, vinculada a un conocido directivo del hospital de Cruces, José Carlos Margüello. Esta empresa sin personal médico ni instalaciones sólo se encargaba de trasladar a los enfermos a clínicas privadas. Casi la primera decisión de Bengoa fue encargar una investigación interna que concluyó que era “innecesario” este servicio de intermediación, que costó 6,8 millones de euros. Según ha declarado en la sesión del juicio del 'caso Margüello' de este lunes el exconsejero por el PSE-EE, con experiencia en la Organización Mundial de la Salud e incluso como asesor de Barack Obama, estas anomalías administrativas sólo pueden explicarse por la existencia de una “trama” para “conseguir beneficios”. El dinero público, ha apostillado, “se quedó en el camino” y se perjudicó la atención a los pacientes.

Bengoa ha comparecido finalmente en la tercera sesión de este proceso en el que además de Margüello se sientan en el banquillo María Nieves Fernández, la administradora formal de las mercantiles vinculadas al doctor, y dos excargos del PNV en Sanidad, el director territorial en Bizkaia, Rafael Elorriaga, y el viceconsejero Rafael Cerdán. El consejero entre 2009 y 2012 estaba citado para el pasado martes pero se hallaba de viaje en Brasil. La citación le fue enviada a un despacho profesional antiguo y recepcionada por una persona contra la que “actuará” la Audiencia Provincial de Bizkaia. Según ha explicado el presidente del tribunal del 'caso Margüello', Alfonso González Guija, esa persona mostró una “clara falta de colaboración” para localizar al exconsejero, lo que ha provocado el retraso hasta el 27 de abril de un juicio que iba a quedar visto para sentencia el pasado jueves.

El testigo más importante de la Fiscalía, por su peso político, ha señalado que Osakidetza tiene capacidad para “gestionar desde dentro” las listas de espera. “No hacía falta intermediar entre la Administración y los prestadores [clínicas privadas]”, ha asegurado recordando que ni en su mandato ni en el actual de Jon Darpón, de nuevo del PNV, se recurre a este tipo de empresas.

Esa empresa intermediaria era Gestión de Servicios Sanitarios XXI. Se creó en febrero de 2006, un mes antes de que el consejero en aquel momento, Gabriel Inclán, aprobara un decreto para agilizar los tiempos de espera en Osakidetza y que incluía plazos máximos para atender a los pacientes. Esa nueva garantía ciudadana entró en vigor en julio y en junio, a través de un procedimiento de “emergencia”, Elorriaga y Cerdán autorizaron una adjudicación 'a dedo' a la firma en la que Margüello tenía apenas el 1% de las acciones pero sí un importante peso interno. Rondó los 1,8 millones. Gestión de Servicios Sanitarios XXI quedó eximida de la autorización sanitaria al ser simplemente una gestora que luego derivaba a los enfermos a los facultativos que tenía conveniados. Como esa adjudicación fue cuestionada por la Oficina de Control Económico del Gobierno, se convocó un concurso aunque luego se volvió a suspender para repetir la contratación con la intermediaria, ahora en UTE con la Clínica Indautxu. Aquella tenía un tope de 0,2 millones de euros pero con las prórrogas costó alrededor de 5.

“Nadie más se presentaba a las licitaciones”

Las pesquisas internas, ha precisado Bengoa, pusieron de manifiesto que Margüello tenía intereses también en otras empresas como Rehabilidom o Medical Dom. Desde 1996 todas las sociedades relacionadas con el hoy acusado sumaron 30 millones en contratos. “Durante 10 años, sobre todo en el período 2004-2007, hay unos procesos de contratación que no siguen la norma y que intentan buscar vías paralelas, más rápidas y más beneficiosas para esas empresas, para asegurar y retener una serie de contratos que no se lanzan a puja pública. Ocurre como un patrón sistemático durante muchísimos años. Un patrón sistemático de prórrogas cada año y también un patrón sistemático de subidas de tarifas muy muy exageradas. Y siempre está el mismo grupo de empresas en este marco contractual. Es evidente que hay una organización y una trama para conseguir estos beneficios”, ha señalado el exconsejero preguntado por la Fiscalía. Y ha añadido: “Hay una especie de pared de silencio, nadie se presenta a las licitaciones”.

Acompaña al ministerio público como “acusación” el propio Gobierno vasco. El abogado de la institución que promovió la investigación sobre este asunto, Javier Otaola, ha formulado apenas dos preguntas a Bengoa. En ellas ha buscado del exalto cargo una ratificación pública de que los contratos con las empresas de Margüello no generaron un quebranto económico para las arcas públicas.

En la misma línea ha enfocado su interrogatorio Javier Beramendi, letrado de Margüello, Fernández y Elorriaga. Ha sido un cuestionario muy duro en el que el penalista apenas quería que Bengoa se saliera del 'sí' o el 'no'. Por momentos ha podido cuestionar su gestión política al frente de Sanidad hasta que el presidente del tribunal le ha cortado porque Bengoa no era ni mucho menos el acusado. “Para mí la única forma de cuestionar su validez es preguntándole cómo ha tomado otras decisiones que van en contra de lo que está exponiendo”, se ha justificado Beramendi.

Éste ha sido el momento más tenso:

-¿Abrió el Tribunal de Cuentas del Estado responsabilidades por alcance contable?

-No he oído hablar de eso.

-¿Conoce usted que las tarifas a Gestión de Servicios Sanitarios XXI y a la UTE eran las mismas que las del resto de empresas concertadas?

-Las tarifas eran para poder prestar el servicio, no para que se retenga algo el intermediario.

-Pero, ¿costaba un euro más sí o no?

-Podré contestar algo más que sí o no, ¿verdad? Si hay dinero público de por medio, no queremos que los impuestos acaben en una situación intermediaria. Los impuestos deberían haber ido enteros para la actividad médica final. Insiste en que la suma final es la misma... Sí, pero se iba quedando dinero en el camino y, por lo tanto, hay un impacto negativo sobre los pacientes al final.

-Pero se cobraba lo mismo en San Juan de Dios que en Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

-Eso es bien interesante. Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario.

-No lo entiendo. ¿Qué dinero llega al paciente?

-¿No lo entiende? Al paciente le llegan unos servicios con el dinero del pagador. Si parte se está usando para intermediar unas listas de espera es evidente que llega menos dinero al prestador final.

-Al mismo coste para la Administración...

-Pero con impacto negativo para el paciente.

-Yo no lo entiendo.

El juez González Guija ha cortado este cruce de comentarios reprochando la actitud de Beramendi. “Lo ha explicado dos o tres veces. Otra cosa es que no le satisfaga la respuesta”, ha terciado, pese a lo cual, la siguiente pregunta retórica del letrado ha sido nuevamente “¿Cuál es el perjuicio económico?”.

Bengoa también ha calificado de “muy irregular” que Osakidetza cediera a Gestión de Servicios Sanitarios XXI la custodia de historias clínicas, documentos confidenciales y extremedamente sensibles. El exconsejero ha revelado que, debido a la falta de medios de la empresa intermediaria, inicialmente se guardaban “en un piso”. Más adelante los propios imputados reconocieron que quedaron almacenadas en la clínica San Francisco Javier, donde realmente se trataba a los pacientes.

La Fiscalía no interroga a Inclán

Además de Bengoa, el 'caso Margüello' ha recibido la visita de su predecesor, Gabriel Inclán. El exconsejero por el PNV, amigo personal del principal imputado y responsable de Sanidad cuando se produjeron las presuntas irregularidades, ha tenido un paso fugaz por la Audiencia de Bizkaia. “Mi amistad no me impide decir la verdad”, ha puntualizado al principio de su comparecencia para luego añadir sobre su posible influencia para que Margüello accediera a contratos: “Ni un ápice más para los amigos y ni un ápice menos para los enemigos”.

Llamado por Beramendi, las defensas han convocado a Inclán para explicar que Euskadi y, concretamente Bizkaia, vivían a finales de 2005 una situación de “emergencia” en cuanto al incremento de las listas de espera que justificaban un actuación urgente para derivar pacientes a la Sanidad privada. “Cuando hay personas esperando, nuestra obligación era atenderlas”, ha indicado. Es la misma versión que defendieron los imputados en su declaración.

El exconsejero ha añadido que las clínicas ya concertadas de Bizkaia estaban “en su tope” para justificar que la Administración se fijara en Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que ofertaba un plantel de médicos para atender las derivaciones -que en el fondo o eran de Osakidetza o de otras clínicas-. “La contratación de emergencia no significa que es ilegal. Es otra forma de legalidad. Tomaron la decisión más apropiada para hacerlo lo antes posible”, ha destacado Inclán sobre la adjudicación urgente de 2006. Ha añadido que las tarifas que se pagaron a esta empresa no fueron un “capricho” sino dentro de los máximos fijados para todas las clínicas y que “nunca hubo una queja” en relación al servicio de gestión de las listas de espera.

Sólo los abogados defensores han aprovechado la presencia de Inclán en el juzgado. La Fiscalía no ha formulado ni una sola pregunta, ni siquiera incidir en si su relación con Margüello tuvo relación con los hechos investigados. El fiscal José Manuel Ortiz ya sorprendió la pasada semana al dedicar apenas 11 minutos al interrogatorio del principal acusado. El ministerio público solicita once años de cárcel contra todos los imputados excepto para Cerdán, a quien rebaja la petición a seis años porque no participó en la segunda adjudicación a la UTE en la que participa Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

El juicio del 'caso Margüello', en el que se analizan las presuntas irregularidades en dos contratos para la derivación a la Sanidad privada de pacientes de Osakidetza en lista de espera valorados en 6,8 millones de euros, no está dando los frutos esperados por la Fiscalía. Si en la primera jornada su interrogatorio al principal acusado, el doctor José Carlos Margüello, apenas duró 11 minutos y prácticamente se limitó a 'no sés' y 'no me constas', en la segunda el gran titular ha sido la ausencia del testigo más significativo de la acusación, el exconsejero de Sanidad por el PSE-EE, Rafael Bengoa, quien bajo su mandato ordenó revisar los expedientes de contratación de sus predecesores con empresas vinculadas a Margüello, que es amigo íntimo del anterior titular de Sanidad con el PNV, Gabriel Inclán.

Bengoa no ha participado en la sesión de este martes del juicio ya que se halla de viaje en Brasil. Fuentes de su entorno explican que el exconsejero “no recibió la citación” para comparecer como testigo en tiempo y forma, ya que fue remitida a un despacho profesional en el que hace años que no trabaja. No es el primer caso en que la Justicia es incapaz de localizar a una persona de relevancia pública en los últimos meses. Bengoa no regresará de su viaje hasta la próxima semana y el tribunal, presidido por el magistrado Alfonso González Guija, ha comunicado este miércoles que la citación se traslada finalmente al próximo 26 de marzo, día en el que se realizará también parte de la prueba testifical propuesta por las defensas, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia vasco. El resto de la prueba testifical y las conclusiones del juicio quedan para el 27 de abril, como estaba previsto.

El ‘caso Margüello’ surge precisamente al poco de tomar posesión Bengoa en mayo de 2009. Su equipo, al levantar alfombras, detectó que las empresas vinculadas al amigo de Inclán habían obtenido más de 30 millones en contratos sanitarios entre 1996 y 2008. El doctor era jefe clínico en la unidad de Calidad de Cruces, un cargo menor. Pero en paralelo gestionaba varias compañías a pesar de la posible incompatibilidad. Entre ellas se puso el foco en Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que no tenía más plantilla que dos administrativas. En ella Margüello sólo poseía el 1% del capital social y el 99% era de su socia María Nieves Fernández, aunque una de las empleadas era hermana del facultativo y él era apoderado.

En 2006, apenas unos pocos meses después de constituirse y con base en un decreto para reducir las listas de espera, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que tenía que buscar médicos externos y conveniar el uso de una clínica privada, recibió 'a dedo' un contrato para la gestión de las derivaciones de pacientes a una clínica privada. Para ello, se activó un procedimiento de “emergencia” que evitó sacar a concurso la licitación, valorada en alrededor de 1,9 millones. Como ese contrato recibió un informe negativo de la Oficina de Control Económico, se reformuló dos años después mediante un sistema “negociado sin publicidad” que benefició a otra UTE controlada por Gestión de Recursos Sanitarios XXI. Aquel contrato tenía un máximo de 200.000 euros pero acabó elevándose hasta rozar los 5 millones.

No ha comparecido Bengoa en el juicio pero sí su 'número dos', Jesús María Fernández, actualmente diputado socialista en el Congreso. El que fuera viceconsejero de Sanidad ha asegurado que “no estaba justificaba” la contratación de una intermediaria para gestionar las listas de espera. Ha explicado que con anterioridad y después de ese contrato Osakidetza ha contratado directamente con las clínicas. “Nunca se había hecho antes, ni nunca se ha hecho después y que no está justificado”, ha señalado. La investigación ha puesto de manifiesto que Gestión de Servicios Sanitarios XXI se quedaba con un porcentaje por su labor de coordinación que oscilaba entre el 5% y el 20%. Fernández no se ha quedado ahí y ha declarado que esas contrataciones irregulares “pusieron en riesgo la salud, la atención sanitaria y la seguridad clínica”, según informa Europa Press.

Fernández, ante la ausencia de Bengoa, se ha convertido en el principal apoyo de la Fiscalía para lograr las condenas propuestas para los imputados -el viceconsejero Rafael Cerdán y el director en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, por firmar las adjudicaciones irregulares y el doctor Margüello y su testaferro María Nieves Fernández-. Ha dado también algún detalle de cómo se gestó este caso en 2009 y ha destacado el trabajo investigador previo del diario 'El Mundo'.

Fernández ordenó una primera investigación interna “por la publicación en un periódico de una serie de informaciones sobre casos de estas adjudicaciones, irregulares según el periódico”. Ese trabajo se lo encomendó a Xabier Elexpe, quien también ha comparecido este martes ante la Audiencia Provincial de Bizkaia, y a otra funcionaria. Sus conclusiones “reafirmaban todos los hechos que se habían publicado” por lo que se empezaron a tomar medidas laborales, administrativas y también políticas (una comisión de investigación en el Parlamento vasco).

“Se abrió expediente administrativo y se demostró que había habido una presunta autorización ilegal para concertar y contratar a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI y se solicitó un informe de la comisión jurídica asesora del Gobierno vasco que declaró nula de pleno derecho la autorización”, ha explicado sobre la empresa aparentemente controlada por Margüello, que en días antes de recibir la contrata para la derivación de las listas de espera fue declarada exenta de obtener la homologación que requieren las clínicas privadas.

El juicio del ‘caso Margüello’, que analiza las irregularidades en la externalización de la gestión de las listas de espera en la Sanidad pública vasca y que ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Bizkaia en medio de una importante expectación de los medios de comunicación, no ha dado honor a su nombre. Durante la larga sesión de más de cinco horas ha habido reflexiones más largas de otros imputados como José Ramón Elorriaga que lo que ha durado el interrogatorio completo de la Fiscalía al principal protagonista de esta trama, el doctor José Carlos Margüello. Frente a un ministerio fiscal que apenas ha hecho repreguntas y a un Gobierno vasco que se ha inhibido y no ha participado en ningún interrogatorio, los abogados de los imputados han logrado fijar su mensaje: no hubo ningún trato de favor a las empresas de Margüello en los contratos bajo sospecha (valorados en 6,8 millones), éste no participó en estas operaciones y aquellas adjudicaciones fueron esenciales para “salvar” una situación crítica en los hospitales vascos, descrita por los acusados como un cúmulo de huelgas, saturación de quirófanos y protestas ciudadanas contra las listas de espera. En la vista no ha quedado claro, eso sí, por qué el Gobierno confió a un intermediario sin personal a su cargo –la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que se llevaba un porcentaje por su gestión, entre el 5% y el 20%- la derivación de pacientes a clínicas privadas cuando con anterioridad y después se ha hecho de manera directa con esos centros.

El ‘caso Margüello’ surge en 2009, con el socialista Rafael Bengoa como consejero de Sanidad. Bengoa, al levantar alfombras, detectó que un amigo personal de su predecesor, Gabriel Inclán, había obtenido más de 30 millones en contratos sanitarios. Ese amigo era Margüello, que no lo ha negado en el juicio. El doctor era jefe clínico en la unidad de Calidad de Cruces, un cargo menor. Pero en paralelo gestionaba varias empresas contratistas desde al menos 1996. Entre ellas aparece Gestión de Servicios Sanitarios XXI, aunque en ella Margüello sólo poseía el 1% del capital social y el 99% era de su socia María Nieves Fernández, a quien el facultativo se ha referido en el juicio como “la señorita Edurne” y a la que ha atribuido toda la gestión de un contrato que, sin embargo, firmó el propio doctor de su puño y letra.

Esa mercantil surgió en febrero de 2006. En abril de ese año Sanidad aprobó un decreto que fijaba un máximo de espera en Osakidetza para intervenciones quirúrgicas, lo que obligaba a financiar un servicio privado en caso de imposibilidad de atención en la red pública. En Bizkaia, el director territorial, José Ramón Elorriaga, otorgó ‘a dedo’ esa derivación de pacientes a la nueva empresa, que apenas tenía dos administrativas. Fue en junio. Esta compañía coordinaba las derivaciones a la clínica San Francisco Javier de Bilbao con médicos preseleccionados a los que pagaba, muchos de Osakidetza. Sanidad abonó 1,9 millones entre 2006 y 2008 a Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

En el juicio se ha discutido por qué esa contratación se realizó mediante un “procedimiento de emergencia” y no siguiendo los trámites ordinarios. Elorriaga, en su declaración como imputado, ha señalado en un circunloquio que ha durado 17 minutos que había una “emergencia de listas de espera” en Bizkaia en aquel momento, “la más grave de los tres territorios” y “un escándalo en la sociedad”. Era el “problema más grave” en Sanidad para “todos los responsables, de la quilla hasta la perilla”, ha espetado.

“Estamos hablando de miles y miles de personas. Estar en una lista de espera, con toda la incertidumbre de qué tiene uno, estar pendiente de una cirugía que te tiene postrado en camas meses, es un mundo que requiere actuaciones inmediatas”, ha explicado Elorriaga, quien ha llegado a manifestar que Gestión de Servicios Sanitarios XXI “salvó” el buen funcionamiento de Osakidetza, al menos en Bizkaia. El imputado ha indicado que el plan de gestión de las listas de espera incluso tenía un nombre interno, Tangarte, no por el sentido de ‘estafar’ que según la RAE tiene el verbo ‘tangar’, sino por un artilugio marino para achicar agua en los barcos en situaciones críticas. Elorriaga ha añadido que Bizkaia era el territorio vasco con menos privatización en la Sanidad privada.

Como él, el viceconsejero Rafael Cerdán se ha expresado en los mismos términos. Este alto cargo de Inclán autorizó el procedimiento de emergencia y ha señalado que lo hizo porque lo planteó Elorriaga con en informes jurídicos encima de la mesa. Ambos han explicado que en 2005 hubo ocho contratos por esta vía y que entendían que podían repetir la fórmula un año después sin tacha legal. Sin embargo, la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno censuró ‘a posteriori’ esa contratación ‘a dedo’, mecanismo que de hecho no se retomó hasta 2008 para hacer frente a la pandemia de la gripe aviaria.

Tras las dudas de la OCE, de hecho, Elorriaga planteó una nueva contratación del servicio de gestión de las listas de espera en Bizkaia. En esta ocasión se convocó un concurso público inicialmente, pero luego de nuevo se optó por la vía directa mediante un procedimiento “negociado sin publicidad” que benefició a una UTE de Gestión de Servicios Sanitarios XXI con la clínica Indautxu, el nuevo destino de las derivaciones en sustitución de San Francisco Javier. 

Con un tope de 200.000 euros, finalmente la UTE obtuvo casi 5 millones. ¿La justificación de Elorriaga? “Habrá empresas privadas que llevan 45 años prestando servicios con prórrogas anuales…. Al proveedor hay que facilitarle su existencia y consolidarle para que sea un fiel servidor”, ha indicado después de admitir que no era un experto en contratación ni en leyes, similares argumentos a los del viceconsejero.

Antes de los excargos en Sanidad, la primera en tomar la palabra en la sesión, presidida por el juez Alfonso González Guija, ha sido María Nieves Fernández, amiga de Margüello y, según la investigación, la testaferro del doctor en la sociedad Gestión de Recursos Sanitarios XXI. Ella ha asumido toda la responsabilidad en los contratos con Sanidad porque intuyó en 2006 que el problema de las listas de espera estaba “en la calle” y vio un “nicho de negocio”. Y ha reducido el papel de Margüello a “simbólico”. Ha negado que usara su influencia para lograr los contratos y ha argumentado que fue un viaje el que le obligó a darle “poderes” en la empresa para que firmara el contrato de derivación de pacientes con San Francisco Javier.

El testimonio más esperado ha sido el último, después del parón para comer, y el más decepcionante. El fiscal José Manuel Ortiz apenas ha dedicado 11 minutos al principal acusado, que ha despachado casi todas las preguntas sobre Gestión de Servicios Sanitarios XXI con un “no sé” o “no me consta”. Expresamente, ha rechazado haber hecho “gestiones” con Sanidad para lograr esos contratos. Se ha explayado un poco más para denunciar que Bengoa anuló las adjudicaciones de derivación de pacientes en lista de espera. El propio exconsejero -e Inclán- comparecerán como testigos a lo largo de este juicio, que quedará visto para sentencia esta misma semana.

En él el Gobierno vasco no pide cárcel para los cuatro imputados, para los que la Fiscalía pide 11 años excepto para Cerdán, al que rebaja la solicitud a 6 por no haber intervenido en la segunda contratación tras el informe de la OCE, que recayó exclusivamente en Elorriaga. Los letrados del Ejecutivo sólo reclaman el dinero presuntamente malversado si hay sentencia condenatoria, aunque recalcan que no se abonaron a las empresas investigadas fondos por servicios no prestados. La derivación de pacientes, según los datos aparecidos en el juicio, alcanzó a casi 100.000 vizcaínos.

En plena celebración del juicio del 'caso De Miguel' en la Audiencia de Álava, el mayor caso de corrupción investigado en Euskadi y que sienta en el banquillo a 26 imputados, entre ellos tres exdirigentes del PNV en Álava, la Audiencia de Bizkaia acogerá otra causa penal por irregularidades administrativas, en este caso en la externalización de servicios sanitarios durante la etapa de Gabriel Inclán (PNV) como consejero. Las vistas del denominado 'caso Margüello', cuya afección a las arcas públicas se estima en 6,8 millones de euros, tendrán inicio este lunes 19 de marzo. En esta ocasión, en cambio, está previsto que el asunto quede visto para sentencia en menos de una semana.

Como adelantó eldiarionorte.es en enero, el calendario de señalamientos abarca las mañanas de los días 19, 20, 21 y 22 de marzo a partir de las 10.00 horas y solamente en horario matinal. Será la sección primera de la Audiencia de Bizkaia la que analice un procedimiento cuya investigación se inició también hace casi una década, en 2009, cuando el socialista Rafael Bengoa asumió la cartera con más dotación presupuestaria del Gobierno vasco en sustitución de Inclán.

En este juicio se sentarán en el banquillo el exjefe de Calidad del hospital de Cruces, el doctor José Carlos Margüello, que da nombre al caso, María Nieves Fernández y dos exaltos cargos de la Sanidad vasca, el que fuera viceconsejero de Inclán, Rafael Cerdán, y el responsable territorial en Bizkaia en esa época, José Ramón Elorriaga. Se enfrentan a penas de hasta 11 años de cárcel y a la restitución del dinero de los contratos aparentemente irregulares por la presunta comisión de los delitos de “prevaricación en concurso medial con malversación”, “fraudes ilegales contra la Administración” y “negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos”, según determinó la entonces fiscal del caso, Carmen Adán, ahora máxima representante de la Fiscalía en Euskadi.

El ministerio público, una vez concluida la larga fase de instrucción, vio constatado que los dos exaltos cargos, Cerdán y Elorriaga, se saltaron de manera flagrante la legalidad para beneficiar a dos empresas privadas del que era jefe de Calidad del hospital de Cruces, Margüello, que figuraban a nombre de una testaferro, María Nieves Fernández. Son dos los contratos considerados irregulares, uno con un valor aproximado de 2 millones de euros y un segundo que ascendió hasta los 4,8.

La Fiscalía desmenuza la trama

Según la calificación de la Fiscalía, Margüello era “facultativo del sistema vasco de salud”, en concreto responsable de la unidad de Calidad de Cruces, pero al mismo tiempo “constituyó y gestionó de manera efectiva” dos mercantiles, Rehabilidom y Gestión de Servicios Sanitarios XXI. En ellas figuraba como administradora María Nieves Fernández. “La acusada se prestó a aparecer frente a terceros y frente a la Administración como la titular y gestora de estas sociedades, realizando todos los trámites necesarios para la adjudicación de los contratos [irregulares]”, explica la Fiscalía sobre el papel de Fernández como testaferro de Margüello.

Entre las gestiones llevadas a cabo por la acusada, según el ministerio público, se halla una solicitud ante la Dirección de Sanidad en Bizkaia realizada en febrero de 2006, recién constituida una de las sociedades, para que fuera dada de alta como contratista. Los técnicos denegaron ese plácet pero Elorriaga, en su condición de máximo responsable sanitario de la provincia, intercedió para que la firma de Margüello pudiese contratar con Osakidetza. La Fiscalía sostiene que lo hizo “obviando todos los informes técnicos y todo el procedimiento y controles legales exigidos” y que además no lo registró formalmente “en el sistema informático de Sanidad”.

Si el 19 de junio de 2006 Gestión de Recursos Sanitarios XXI obtuvo la autorización para contratar, el 26 de junio, sólo una semana después, el viceconsejero de Inclán, Rafael Cerdán, ya dictó una resolución por la cual la compañía obtuvo un contrato de gestión de las listas de espera. “Contra todos los principios que debían regir la contratación pública”, Sanidad utilizó un “procedimiento de emergencia” a sabiendas de que no era legal con tal de beneficiar a una empresa que, de nuevo, no estaba legalmente habilitada para ello. La compañía de Margüello facturó un total de 1,9 millones por este contrato entre 2006 y 2008.

El resto hasta 6,8 millones son irregularidades en otro contrato, en este caso vinculado a la rehabilitación de pacientes del área de Bizkaia. De nuevo, Elorriaga benefició a Margüello para adjudicarle a dedo el servicio. Primero anuló el concurso público iniciado para la adjudicación, como exige la Ley de Contratos, y después inició un “procedimiento negociado sin publicidad” con una única candidata, una UTE formada por las sociedades Gestión de Recursos Sanitarios XXI y Clínica Indautxu. El presupuesto máximo del contrato eran 212.800 euros pero Elorriaga y Fernández elevaron el montante anual a 750.000 euros en 2007 y a 3,8 millones en 2008. En total, el Gobierno vasco abonó a esta UTE 4,8 millones.

El Gobierno vasco, de perfil

La Fiscalía será la única acusación en el juicio del 'caso Margüello', ya que los servicios jurídicos del Gobierno vasco no solicitarán penas de prisión, de igual manera que en el 'caso De Miguel'. Los letrados autonómicos sólo reclamarán una compensación económica en caso de que “hipotéticamente” la Justicia dé la razón al ministerio público. El consejero al cargo de los servicios jurídicos, Josu Erkoreka, explicó el pasado año a los periodistas que es “absolutamente imprescindible tomar en consideración los nueve pronunciamientos judiciales que se han producido en los últimos diez años” en torno a esta cuestión para comprender el papel secundario que adoptará el Ejecutivo en el proceso penal.

El PSE-EE, impulsor en su día de la investigación y ahora socio del PNV en el Gobierno, mostró su malestar por esta posición e incluso llegó a desmarcarse de los nacionalistas en una votación parlamentaria por “coherencia”. El actual consejero de Salud, Jon Darpón, por su parte, fue uno de los exaltos cargos de Inclán que firmaron un documento negando la existencia de cualquier tipo de fraude. La comisión de investigación del Parlamento, finalmente, estimó que las empresas implicadas en la trama facturaron un total de 30 millones con la Administración vasca.

PNV y PSE-EE formalizaron en la primavera de 2015, tras las elecciones municipales y forales, un puñado de acuerdos de coalición que recuperaban el espíritu de la década de 1990. Desde entonces, nacionalistas y socialistas gobiernan conjuntamente en las tres Diputaciones, en las tres capitales y en varios municipios de menor tamaño. A finales de 2016, además, el pacto se extendió al Gobierno de Iñigo Urkullu, que dio entrada a tres consejeros propuestos por el partido de Idoia Mendia. Este miércoles, sin embargo, el idilio se ha roto en Irun (60.000 habitantes) después de la cuerda se hubiese tensado en las últimas jornadas. En la segunda localidad de Gipuzkoa, una de las pocas donde es el PNV el socio menor de la entente, el alcalde socialista José Antonio Santano ha expulsado de su equipo al líder 'jeltzale' Xabier Iridoy. Fuentes de las Ejecutivas vascas de ambos partidos circunscriben el episodio al ámbito local e incluso algunas voces lo achacan a cuestiones “personales”. “Es la excepción que confirma la regla de normalidad en el funcionamiento de los acuerdos”, abunda un portavoz del PNV.

En realidad, la crisis en Irun -vinculada a un proyecto de Korrokoitz impulsado por Iridoy desde el área de Urbanismo y también a un supuesto exceso del peneuvista con la portavoz del PP- deja el marcador particular de las coaliciones como estaba en 2015, ya que en este tiempo la gran novedad había sido la ampliación del pacto a Vitoria. En la capital vasca, donde el regidor, Gorka Urtaran, apenas fue el tercero más votado en las urnas, el PNV obtuvo la Alcaldía en 2015 merced a los apoyos de EH Bildu, Podemos e IU-Equo. El PSE-EE se bajó a última hora de la pinza contra Javier Maroto (PP) como 'castigo' a lo sucedido en Andoain (Gipuzkoa). Allí uno de los ediles del PNV no secundó a su partido y privó del sillón de mando a la candidata socialista, Maider Laínez, como habían acordado ambas formaciones. El entonces fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, llegó a abrir una investigación ante un posible 'tamayazo' en versión vasca, expediente que pronto quedó archivado.

Irun es un “tema local e incluso personal”, puntualiza un dirigente del PSE-EE guipuzcoano a este periódico. “Tenemos tranquilidad absoluta”, responde preguntado por un posible efecto en otros ámbitos institucionales. Los socialistas, de hecho, recuerdan que ya gobiernan en solitario en Eibar y Lasarte-Oria, por citar dos municipios guipuzcoanos donde el PNV ejerce la oposición. En el lado contrario, en Barakaldo los nacionalistas tienen en los socialistas uno de sus más firmes opositores. El PSE-EE no da tregua a Amaia del Campo, que acabó con una larga hegemonía en la segunda localidad en población de Bizkaia. En el PNV apuntan también que no es un tema que afecte a las relaciones generales entre los dos partidos y destacan la salud de los acuerdos. De hecho, la crisis en Irun no motivará ninguna reunión de seguimiento del acuerdo.

PNV y PSE-EE no sólo tienen recogido por escrito en cada ámbito institucional los puntos en común de sus programas políticos, sino también en qué asuntos pueden discrepar. A nivel general, es el derecho a decidir y el grado de reconocimiento de Euskadi como nación donde ambas formaciones defienden abiertamente posturas diferencias, como se ha apreciado en la respuesta al 'procès' catalán. Esto quedará patente en la ponencia que en el Parlamento Vasco discute una actualización del autogobierno vasco y en la que los partidos fijarán sus posiciones en documentos que han de entregar de cara a la siguiente reunión de este foro, prevista para el 7 de febrero, aunque inicialmente se había comunicado el 31 de enero como fecha límite para el registro de estas propuestas.

En este sentido, en el Parlamento vasco apenas ha habido tensiones entre nacionalistas y socialistas. Como excepciones se pueden apuntar las las críticas del PSE-EE por el 'caso Margüello', por el que serán juzgados en marzo excargos de Sanidad del PNV acusados de beneficiar con contratos irregulares a empresas del doctor José Carlos Margüello, o una votación para anular las condenas judiciales de la dictadura en la que los socialistas no acataron el dictamen del Gobierno de rechazar esa proposición de ley por falta de competencias.

Un “conflicto de intereses” ha forzado al Gobierno vasco a personarse como “perjudicado” en la investigación penal abierta por un juzgado de Balmaseda (Bizkaia) en torno al fallido proyecto de construcción de una planta de purines en el valle de Carranza, que se ha tragado del orden de 10 millones de euros en ayudas públicas, 3,2 de ellos procedentes de la propia Administración autonómica. Los servicios jurídicos del Ejecutivo ejercían hasta hace unas semanas la defensa del funcionario Valentín Terés pero, tras haber sido imputado formalmente por la presunta falsificación de los documentos oficiales que posibilitaron que la planta de purines lograra esas subvenciones públicas, los letrados del Gobierno han pasado a ser parte acusadora, aunque eso no presupone que vayan a reclamar formalmente responsabilidades penales como sí hacen muy activamente la Fiscalía, el Ayuntamiento de Carranza y la Abogacía del Estado. ¿Qué papel jugará?

La causa abierta en un juzgado de Balmaseda en torno a la fallida planta de tratamiento de purines, que ha tomado impulso con la imputación de once personas, tiene su origen en una querella de EH Bildu, a la que luego se le unió una denuncia de la Fiscalía de Bizkaia cuando la dirigía la actual fiscal superior, Carmen Adán. El proyecto, que se gestó en 2003, recibió cuantiosas subvenciones públicas con una inversión privada mínima (3.000 euros) y ha puesto en tela de juicio el papel de exdirector del Departamento de Agricultura, Martín Ascacibar (PNV).

Fue la oficina de Ascacibar la que libró las subvenciones autonómicas a Karrantzako Minda, la entidad que gestionaba el proyecto. Además, este alto cargo era el representante “exclusivo” del Ejecutivo en la comisión de seguimiento del proyecto. Se da la circunstancia de que Ascacibar se convirtió en el portavoz de Karrantzako Minda a los pocos días de abandonar su puesto en el Gobierno (eso fue en 2009) y que desde dos años antes (2007) era partícipe de Ade Biotec, la sociedad mercantil a la que había encomendado Karrantzako Minda la construcción de la planta y que cobró por servicios no prestados.

La planta de purines obtuvo también financiación del Gobierno central, entonces en manos de José Luis Rodríguez Zapatero. Las ayudas estatales llegaron en el marco de los acuerdos del PSOE y el PNV que permitieron impulsar también los proyectos automovilísticos Epsilon e Hiriko, ambos igualmente fracasados y bajo la lupa de los tribunales.

Según ha puesto de manifiesto la investigación y auditoría del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Karrantzako Minda obtuvo fondos autonómicos con solicitudes en blanco o con justificaciones de obras que no se habían realizado. La juez instructora, Patricia Navas, imputó como cooperador necesario de estas irregularidades a un funcionario de la oficina de Ascacibar, Valentín Terés.

Por norma, los servicios jurídicos autonómicos defienden a los funcionarios imputados por razón de su cargo. No obstante, la acusación directa de que pudo contribuir a desviar fondos públicos ha puesto al Ejecutivo en un “conflicto de intereses”. Así las cosas, la letrada gubernamental solicitó a la juez pasar de defensa a acusación en calidad de “perjudicado”.

Para ello, el Gobierno vasco ha adjuntado dos informes en los que cifra en 3,2 millones de euros el dinero aparentemente perdido en Karrantzako Minda. Son, sin embargo, documentos elaborados hace años, cuando el Ejecutivo de Patxi López detectó las irregularidades. Concretamente, son informes de 2011 firmados por Amaia Barrena, sustituta de Ascacibar en el cargo y ahora testigo en la investigación. Indican que Karrantzako Minda adeuda a las arcas autonómicas 750.000 euros por unas ayudas del programa Ikerketa de 2006 y otros 800.000 de la convocatoria de 2008, así como 1,7 millones de otra línea de subvenciones.

Fuentes del Gobierno explican que esta personación y estos informes no prejuzgan su papel como acusación en el proceso ya que “no está claro” a estas alturas de la investigación ni el papel del funcionario ni el del propio Ejecutivo. El paso de actuar como “perjudicado” se realiza “por si acaso” para preservar el interés general en caso de que la juez dé credibilidad a las irregularidades. Estas fuentes insisten en que los letrados actuarán en todo momento “siguiendo criterios técnicos y jurídicos fundamentados”.

En este sentido, los servicios jurídicos de Lakua han actuado de manera similar en otros dos casos vinculados a irregularidades económicas y corrupción. En el ‘caso De Miguel’, el mayor sumario de corrupción política en Euskadi y que incluye acusaciones de contratos fraudulentos en el Departamento de Cultura para beneficiar a la trama mercantil que lideró el principal imputado, Alfredo de Miguel, el Ejecutivo no ha solicitado las penas de cárcel que sí demanda la Fiscalía para esos mismos hechos. Lo mismo ha ocurrido en el ‘caso Margüello’, en el que la Fiscalía ha constatado un importante quebranto económico en externalizaciones de Sanidad para beneficiar a las empresas del doctor José Carlos Margüello. En ambos procedimientos, eso sí, el Gobierno reclama el reintegro de las cantidades irregulares en caso de que los jueces acrediten los hechos señalados por el ministerio fiscal.

“Ni en el Gobierno, ni en el PNV protegemos a nadie, ni vamos a pedir por 'Whatsapp' que sean fuertes”. Así ha contestado el consejero de Salud, Jon Darpón, parafraseando a Rajoy en sus mensajes a Luis Bárcenas, a los reproches vertidos por la popular Laura Garrido contra el lehendakari por la decisión de su Gobierno de no pedir penas de cárcel a los altos cargos del Gobierno Ibarretxe implicados en el 'caso Marguello', el presunto desvío de 6,8 millones de euros para beneficiar a empresas privadas de José Carlos Margüello.

La pregunta de la portavoz popular iba dirigida al lehendakari, Íñigo Urkullu, pero la respuesta la ha dado Jon Darpón. Garrido ha afeado esta decisión y ha criticado al lehendakari su negativa a salir a la tribuna con “valentía y coraje”. “Usted sabrá qué ocultan y a quiénes ocultan”, le ha espetado a Urkullu la diputada popular, quien ha acusado a su Ejecutivo de “estar amparando y protegiendo a estas personas”.

Darpón, en papel de escudero en la sesión de control al Gobierno, ha querido preservar en todo momento a Urkullu -“el lehendakari no tiene nada que ver”- en la decisión de no pedir penas de cárcel para los acusados, algo que han decidido los servicios jurídicos del Ejecutivo, ha señalado en la tribuna el consejero.

El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka. ya había explicado que en este caso los servicios jurídicos del Gobierno no aprecian delitos porque es “absolutamente imprescindible tomar en consideración los nueve pronunciamientos judiciales que se han producido en los últimos diez años” y que no aprecian irregularidades. Y ya había adelantado la intención de reclamar “hasta el último céntimo” de los 6,8 millones que la Fiscalía plantea restituir si “hipotéticamente” la sentencia estima que se han producido delitos.

Respeto a la justicia

Argumentación que ha seguido al pie de la letra Darpón, quien ha pedido que sea la justicia la que hable en este tema, que ha catalogado de “grave”. “Dejemos a la justicia actuar”, al tiempo que ha censurado que los populares obvien esos pronunciamientos favorables de la justicia a los ahora encausados por la vía penal, decisiones judiciales “que parece no respetar, ni tener en cuenta”.

En todo caso, Darpón ha señalado, hasta en dos ocasiones, que este caso “sucedió hace 10 años” y que el objetivo del PP vasco a la hora de desempolvarlo con esta “escenificación” no es otro que “minar la confianza en el PNV” y relacionar al partido con “tramas” de corrupción. “Nada de ello existe”, ha querido zanjar el consejero de Salud.

Se da la circunstancia de que esta misma semana, los socialistas vascos, por primera vez en esta legislatura, ha votado junto al resto de la oposición -EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP- contra su socio de Gobierno, el PNV, en defensa de una política de máxima exigencia en el denominado ‘caso Margüello’. Este caso fue denunciado ante la Fiscalía en 2009 por el entonces consejero de Sanidad del PSE-EE, Rafael Bengoa, del Gobierno del lehendakari López.

En el ‘caso Margüello’ se ventilan las presuntas irregularidades en contrataciones sanitarias ocurridas durante el Gobierno de Juan José Ibarretxe en el que están procesados tres altos cargos de Sanidad cercanos al consejero Gabriel Inclán acusados del desvío de 6,8 millones de euros para beneficiar a empresas privadas de uno de ellos, el doctor José Carlos Margüello.

La sangre no va a llegar al río pero el PSE-EE, por primera vez en lo que va de legislatura, ha votado este miércoles en el Parlamento Vasco de la mano de la oposición y contra su socio de Gobierno, el PNV, en defensa de una política de máxima exigencia en el denominado ‘caso Margüello’, las presuntas irregularidades en contrataciones sanitarias ocurridas durante el Gobierno de Juan José Ibarretxe. EA e IU, hoy integrados en EH Bildu y Elkarrekin Podemos y parte de aquel Ejecutivo del PNV, también han denunciado la gravedad de ese caso de “corrupción” del que próximamente se celebrará el juicio, en el que están procesados tres altos cargos de Sanidad cercanos al consejero Gabriel Inclán acusados del desvío de 6,8 millones de euros para beneficiar a empresas privadas de uno de ellos, el doctor José Carlos Margüello.

La portavoz socialista en la comisión de Salud, Natalia Rojo, ha apelado a la “coherencia” de su partido en el ‘caso Margüello’. Fue el consejero de Patxi López Rafael Bengoa el que denunció este caso en 2009. Y fueron los socialistas, ha enfatizado Rojo, los que, de la mano de otros partidos, impulsaron una comisión de investigación en la Cámara vasca que en 2011 certificó las irregularidades en la externalización de servicios sanitarios entre 1996 y 2009.

Se da la circunstancia de que los letrados del Gobierno vasco, dependientes del consejero Josu Erkoreka, han renunciado a solicitar penas de prisión para los acusados mientras la Fiscalía reclama penas de hasta 11 años de cárcel por graves delitos económicos. “Queremos que el Gobierno, que en su momento puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, colabore con la Justicia”, ha subrayado Rojo, que ha dicho “desconocer las razones” por las cuales su socio de coalición, el PNV, no ha formulado acusación contra los imputados. “Sé que ha ocurrido en otros casos –ha añadido en velada referencia al ‘caso De Miguel’- pero ya no hay marcha atrás y queremos que el Gobierno vuelque su esfuerzo en recuperar hasta el último céntimo”.

La iniciativa para que el Parlamento recordara al Gobierno que ha de ser inflexible en el ‘caso Margüello’ ha partido de la bancada del PP. Laura Garrido, que en su día presidió la comisión de investigación, ha recordado las “irregularidades reiteradas en el tiempo en procesos de contratación” del área de Salud y ha lamentado el “cante” del PNV al ser el único partido en no sumarse a una resolución que reclamaba simplemente el cumplimiento estricto de las conclusiones y recomendaciones de aquella investigación parlamentaria.

Más vehementes han sido los portavoces de Elkarrekin Podemos y EH Bildu, que han tenido como portavoces a miembros de dos partidos, IU y EA, que eran parte del Gobierno tripartito de Ibarretxe cuando se produjeron estos hechos. Desde Elkarrekin Podemos, Jon Hernández ha llamado “pequeño grupo mafioso” a los imputados y ha criticado la tibieza del PNV contra la corrupción. Y, por parte de EH Bildu, Eva Blanco ha asegurado que “esto es un gran ovillo y que [el ‘caso Margüello’] sólo es la punta del hilo”. Ha felicitado también al PSE-EE por su “coherencia” en la materia.

Por parte del PNV ha tomado la palabra Gotzone Sagardui. Ha reiterado que el Gobierno está colaborando con la Justicia –el actual consejero de Salud, Jon Darpón, firmó una carta en la que negaba la existencia de cualquier irregularidad y que criticaba la comisión de investigación parlamentaria- y que aunque el Ejecutivo no formule acusación contra los imputados sí recuperará “hasta el último céntimo” del dinero desviado si hay una sentencia que acredite los hechos.

Ha reiterado también que el compromiso de su partido contra la corrupción es incuestionable. Ha citado que el Gobierno de Iñigo Urkullu impulsó un código ético para todos sus altos cargos y que fue la oposición la que impidió que el Parlamento aprobara una Ley de Transparencia. Mencionaba un proyecto que fue retirado por el Gobierno ya que no había consenso en torno a un texto conjunto sobre Administración y Transparencia.

El ‘caso Margüello’ volverá al Parlamento este viernes. El PP, de nuevo Garrido, interpelará al lehendakari por este asunto en la que será la primera sesión de control al Gobierno en ocho meses que celebrará la Cámara. No es la primera vez que comparece Urkullu por este asunto. En su anterior intervención parlamentaria rebajó el alcance del caso ya que, a su entender, “no pudo producir perjuicio económico al Gobierno”.

En su anterior intervención parlamentaria rebajó el alcance del caso ya que, a su entender, “no pudo producir perjuicio económico al Gobierno”

La juez de Bilbao Yolanda Paredes ha dictado el auto de apertura de juicio oral en el denominado 'caso Margüello', en el que se investigan irregularidades en la contratación de servicios sanitarios durante la etapa de Gabriel Inclán (PNV) como consejero de Sanidad vasco. Como solicitaba la fiscal-jefe de Bizkaia, Carmen Adán, la magistrada procesa a los cuatro imputados por la presunta comisión de varios delitos relacionados con la corrupción y solicita que conjuntamente constituyan una fianza de 6,8 millones de euros bajo apercibimiento de embargo. Es la cantidad en la que la Fiscalía calcula el quebranto económico originado por los contratos irregulares.

La resolución judicial confirma que sólo Adán ejercerá como acusación contra los altos cargos de Inclán imputados por las adjudicaciones irregulares, el viceconsejero Rafael Cerdán y el responsable sanitario en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, y contra el doctor José Carlos Margüello, titular de dos empresas beneficiarias de esos contratos. La fiscal reclama hasta 11 años de prisión para ellos y para la testaferro que utilizó Margüello en sus empresas. Mientras, los letrados del Gobierno vasco del PNV se han inhibido, renuncian a ejercer como acusación pese a la importante cuantía de los contratos bajo sospecha y simplemente reclaman una indemnización equivalente al quebranto económico que se pueda acreditar en la sentencia.

Aunque está más cerca, aún no hay fecha para el juicio. Ese trámite corresponde al tribunal que dictará sentencia, a la Audiencia Provincial de Bizkaia. A lo largo de 2017 también se deberían celebrar los juicios de otros casos como el 'caso De Miguel' (la trama de comisiones ilegales en torno al que fuera 'número dos' del PNV de Álava), el 'caso Kutxabank' (irregularidades en los pagos al exdelegado del Gobierno, el socialista Mikel Cabieces) o el 'caso Balenciaga' (el saqueo del museo del modisto en el que está imputado el exalcalde nacionalista de Getaria Mariano Camio).

Las acusaciones de la Fiscalía

El documento de acusación de Adán, que aspira a ser la nueva fiscal superior del País Vasco, reseña que Margüello era “facultativo del sistema vasco de salud”, en concreto responsable de la unidad de Calidad de Cruces. Sin embargo, apunta a que al mismo tiempo “constituyó y gestionó de manera efectiva” dos mercantiles, Rehabilidom y Gestión de Servicios Sanitarios XXI. No obstante, en ellas figuraba como administradora María Nieves Fernández. “La acusada se prestó a aparecer frente a terceros y frente a la Administración como la titular y gestora de estas sociedades, realizando todos los trámites necesarios para la adjudicación de los contratos [irregulares]”, explica la Fiscalía sobre el papel de Fernández como testaferro de Margüello.

Entre las gestiones llevadas a cabo por la acusada, según el ministerio público, se halla una solicitud ante la dirección de Sanidad en Bizkaia realizada en febrero de 2006, recién constituida una de las sociedades, para que fuera dada de alta como contratista. Los técnicos denegaron ese plácet pero Elorriaga, en su condición de máximo responsable sanitario de la provincia, intercedió para que la firma de Margüello pudiese contratar con Osakidetza. La Fiscalía sostiene que lo hizo “obviando todos los informes técnicos y todo el procedimiento y controles legales exigidos” y que además no lo registró formalmente “en el sistema informático de Sanidad”.

Si el 19 de junio de 2006 Gestión de Recursos Sanitarios XXI obtuvo la autorización para contratar, el 26 de junio, sólo una semana después, el viceconsejero de Inclán, Rafael Cerdán, ya dictó una resolución por la cual la compañía obtuvo un contrato de gestión de las listas de espera. “Contra todos los principios que debían regir la contratación pública”, Sanidad utilizó un “procedimiento de emergencia” a sabiendas de que no era legal con tal de beneficiar a una empresa que, de nuevo, no estaba legalmente habilitada para ello. La compañía de Margüello facturó un total de 1,9 millones por este contrato entre 2006 y 2008.

El resto hasta 6,8 millones son irregularidades en otro contrato, en este caso vinculado a la rehabilitación de pacientes del área de Bizkaia. De nuevo, Elorriaga benefició a Margüello para adjudicarle a dedo el servicio. Primero anuló el concurso público iniciado para la adjudicación, como exige la Ley de Contratos, y después inició un “procedimiento negociado sin publicidad” con una única candidata, una UTE formada por las sociedades Gestión de Recursos Sanitarios XXI y Clínica Indautxu.

El presupuesto máximo del contrato eran 212.800 euros pero Elorriaga y Fernández elevaron el montante anual a 750.000 euros en 2007 y a 3,8 millones en 2008. En total, el Gobierno vasco abonó a esta UTE 4,8 millones.