De Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava, valora declararse culpable de delitos de corrupción
Gonzalo Susaeta, el abogado del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, que está acusado de 21 de delitos de corrupción correspondientes a 12 operaciones y que se enfrenta a 54 años de cárcel (15 de cumplimiento efectivo, como es conocido desde hace dos años), ha dado un viraje repentino a su estrategia de defensa. Durante los ocho años en que ha acompañado al político en su caminar por los tribunales, ha abanderado la teoría de la conspiración y ha negado cualquier ilegalidad cometida por su cliente. También llegó a plantear que los movimientos económicos opacos estaban justificados porque era un cargo público amenazado por ETA. Ahora, tras seis meses de juicio con la misma línea de defensa pero en los que las pruebas y testimonios contundentes en contra de quienes todos conocen como Txitxo han ido asomando, el letrado del bufete Cuatrecasas, muy cercano en Euskadi al PNV, negocia un acuerdo sobre cuatro puntos con la Fiscalía dirigida por Josu Izaguirre. El primero y fundamental supondría una confesión de culpabilidad y que incluiría la admisión de que la denuncia de la empresaria Ainhoa Alberdi era cierta y de que la extorsionó en su despacho de la Diputación, cuando era responsable de Urbanismo, y en otras reuniones para cobrarle una comisión de 100.000 euros por una adjudicación 'a dedo' en el parque tecnológico de Miñano.
Hasta el martes, la respuesta era un rotundo “no” a la pregunta de si había movimientos en busca de un acuerdo de conformidad que resolviera satisfactoriamente para las partes el mayor juicio de corrupción de Euskadi, que se retoma este lunes con la previsión de que declare el propio De Miguel. Desde entonces, Susaeta, con despacho en Bilbao, se ha dejado ver por el Palacio de Justicia de Vitoria, donde ha mantenido reuniones no sólo con el ministerio fiscal, sino con miembros del tribunal para explicar el alcance de las conversaciones.
La propuesta de la Fiscalía pasa por fusionar algunos de los delitos de modo que se rebaje la suma total de penas solicitadas y por modificar la calificación para solicitar para cada uno de ellos menos años de prisión. Susaeta aspira a que, aunque se acepte una condena de cárcel, no sea necesario el ingreso efectivo en prisión. Ello sería posible si ninguna de las condenas excediera los dos años separadamente aunque todas ellas, unidas, redondeen una condena contundente a efectos de la opinión pública. En principio, el pacto se haría extensivo también a la esposa de De Miguel, Ainhoa Bilbao, igualmente procesada y administradora de la supuesta empresa pantalla principal utilizada para recaudar comisiones ilegales, Kataia Consulting.
Uno de los puntos críticos del posible acuerdo es la parte económica. La Fiscalía solicita elevadas cantidades como compensación por las irregularidades detectadas, tanto como 16 millones en el caso de De Miguel. El Código Penal prevé para algunos casos de cobro de comisiones multas que multiplican el valor de la dádiva.
Las conversaciones entre la oficina de Izaguirre y Susaeta se han mantenido en la más absoluta discreción hasta la información publicada este viernes por 'El Correo'. Durante la jornada se han sucedido los movimientos para avanzar en esta línea y algunas partes no han ocultado su sorpresa y malestar por la actitud de De Miguel.
División entre los acusados
Hasta ahora, el grueso de los imputados -con algunas pocas excepciones- habían aceptado el liderazgo de Susaeta en la planificación de la estrategia de defensa. Los letrados de los 23 acusados -su bufete representa también a Josu Montes- se adherían a sus demandas, se organizaban reuniones periódicas de coordinación entre ellos e incluso compartían un grupo de Whatsapp. Mientras Susaeta negociaba una salida para sus clientes, algunos de sus compañeros seguían defendiendo la inocencia absoluta de sus clientes y la “chapuza” de la investigación que ha conducido a la acusación de Izaguirre. Incluso personas muy cercanas a Txitxo desconocían el cambio estratégico y habían preprarado ya el interrogatorio, pregunta a pregunta, con la firme voluntad de no colaborar con la Fiscalía.
“Estoy flasheado”, admitía un letrado. “No sabía nada y creo que hablar con Susaeta es perder el tiempo ahora mismo”, apuntaba otro. Entretanto, representantes de once imputados han confirmado a este periódico haber recibido en las últimas horas una llamada del fiscal Manuel Pedreira, que asiste a Izaguirre en el 'caso De Miguel', explicándoles la situación abierta, invitándoles a negociar y anunciándoles que se solicitará la suspensión de la sesión del lunes para avanzar en ese camino. Algunos abogados han preferido no explicar a este periódico su respuesta, otros han indicado que valorarán abrir una negociación o colaborar con la Fiscalía y hay casos también en los que, por el momento, insisten en defender la inocencia hasta el final. En todos los casos el fin de semana será intenso.
Se da la circunstancia de que el acuerdo sólo será factible si todas las partes aceptan la suspensión del juicio el lunes y el tribunal da su visto bueno. Las próximas 48 horas, por lo tanto, serán decisivas para recomponer cierta unidad entre los 26 acusados. De no ser así, De Miguel encararía el lunes un interrogatorio en una posición muy debilitada: conociendo todas las partes su voluntad de admitir la culpabilidad. El tribunal, en todo caso, ha hecho público este mismo viernes el orden de las declaraciones de los 26 imputados. Se mantiene la previsión de que el juicio siga hasta el 28 de noviembre, a punto de cumplirse nueve años de la denuncia de Alberdi.
Revuelo con el juez Jaime Tapia
En paralelo a estos acontecimientos, unas declaraciones del presidente del tribunal, el magistrado Jaime Tapia, han generado hondo malestar en el Palacio de Justicia. En Radio Vitoria, Tapia se ha referido a la petición de penas de la Fiscalía como una solicitud “inflada”. A su entender, los fiscales “van a regatear al mercado” y tiran por elevación para luego poder negociar de manera ventajosa.
En el caso de De Miguel, son 54 los años de cárcel que solicita Izaguirre. Se trata de la suma de penas de los 21 delitos individuales según las previsiones del Código Penal. Es cierto que no se han previsto concursos de delitos (castigar dos o más hechos como si fueran uno solo), pero que la reciente sentencia del 'caso Gürtel' admitió este sistema de cálculo. Sin embargo, Para Tapia ello tiene “muchas desventajas” y coloca en una “mala situación” a los jueces porque al final parecen que son “benévolos” con los condenados al resolver los casos con condenas menores, cuando son los que “realmente se ajustan a la legalidad”.
Asimismo, ha adelantado que la sentencia del caso podría estar lista para septiembre de 2019. De este modo, llegaría después de las elecciones previstas para mayo del año próximo. Fuentes judiciales han indicado que estas declaraciones, en medio de un juicio y singularmente en un momento tan trascendente como el actual, podrían constituir un motivo de recusación.
