De estos jueces, estos lodos

Los tiempos electorales, en una sociedad democrática normalizada, los marcan las leyes o los acontecimientos políticos. En estos momentos estamos viviendo una anómala intromisión por parte de la judicatura en el calendario electoral, impulsando de forma descarada las apetencias de los partidos políticos que, tras descartar las posibilidades constitucionales que les proporciona la moción de censura, esperan confiados en que determinadas resoluciones judiciales les hagan el trabajo sucio. El punto culminante se ha alcanzado con la condena inaudita del fiscal general del Estado por desmentir una información que le acusaba de haber cometido un delito de prevaricación. Desde hace tiempo la vida política española ha estado jalonada de resoluciones judiciales carentes de fundamentos fácticos y jurídicos que han erosionado las actividades políticas de partidos situados en el espectro de la izquierda, alimentando, con la ayuda de un torrente de medios de comunicación, la posibilidad de la confrontación dialéctica entre opciones ideológicas pluralistas y diferenciadas.

Una parte, pero no toda, de la alineación política de un grupo importante de sectores de la judicatura tiene su origen en el sistema de selección de las personas que deciden pasar por la tortura memorística que supone aprenderse contra reloj una serie de temas que se tienen que exponer oralmente en el tiempo tasado de quince minutos. Ocupando su asiento ante el tribunal que va a decidir su futuro, con una jarra de agua a su disposición para que pasen el mal trago o se hidraten entre tema y tema, disponen de quince minutos para examinar los temas que le han tocado en suerte y tomar notas para su exposición, si no deciden retirarse ante la imposibilidad, por su mala suerte, de afrontar con éxito el cante oral de los temas que le han salido al azar.

Si consiguen superar los escollos, normalmente después de varios intentos, la tendencia natural del opositor que lo ha conseguido le lleva a disfrutar de un merecido descanso hasta ser destinado a su primera plaza. Es inevitable y muy humano que su horizonte sea llegar al más alto grado dentro de la pirámide judicial. El sistema de selección y promoción, encomendado, en gran parte, al Consejo General del Poder Judicial, fomenta una indeseable politización que le lleva a integrarse en aquellas asociaciones judiciales que están más cercanas a los aledaños del poder. La cuestión no tendría más relevancia si, además de sus legítimas aspiraciones, el joven adquiere la conciencia de que estas no pueden anteponerse a la necesaria independencia e imparcialidad que debe revestir la función de administrar justicia. 

Algunos jueces se han erigido en actores indeseables de la vida política, poniendo su independencia e imparcialidad al servicio de intereses políticos partidistas con resoluciones que no superan los cánones exigibles de racionalidad, motivación y respeto a la legalidad. Los casos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno y de su hermano solo se explican por un activismo político del juez y la jueza que los han tramitado. El del fiscal general del Estado ha estallado con toda su potencia demoledora del Estado de derecho.

Esos y otros casos que les han antecedido los he descrito como una especie de golpe judicial permanente que erosiona los pilares de la democracia, que no son otros que la división de poderes. Algunos me han reprochado airadamente que estoy incurriendo en un exceso valorativo que me descalifica. A todos les recomiendo la lectura de la obra de Curzio Malaparte, 'La técnica del golpe de Estado'. Por si les parece una obra tendenciosa, les remito a las alegaciones de la Fiscalía que acusó a los independentistas catalanes sosteniendo que las rebeliones del siglo XXI no necesitan del uso de las armas.

Saben que actúan con total impunidad porque los favorecidos por sus injustificadas actuaciones disponen de una maquinaria mediática que les pone a cubierto de cualquier sanción disciplinaria. A los que presumen indebidamente de independencia e imparcialidad les recuerdo los comentarios que se contienen en los 'Tratados sobre la organización judicial y la codificación' de Jeremy Bentham, 1843: “La palabra independencia es muy hermosa cuando se aplica al esfuerzo moral de un juez que se resiste a la autoridad y a los empeños de poderosos; pero es necesario no dejarse engañar con esta palabra; porque si se abusa de ella para sacar por consecuencia que un juez debe ser independiente hasta el punto de no tener que dar cuenta de su conducta, de mirar con indiferencia la opinión pública, de considerar su empleo como una propiedad que no puede perder sino por causa de prevaricaciones justificadas, en breve veremos los resultados deplorables en la negligencia de sus obligaciones o en su altanería y el despotismo de sus modales”.  

Mantener la independencia, sobre todo en los asuntos de fuerte impacto político o económico, es una cuestión que depende de las cualidades personales del juzgador. El valor para mantener el equilibrio ante las críticas e incluso las presiones políticas es fundamental para que se refuerce la confianza de la sociedad en la justicia. Ahora bien, la independencia no significa que puedan actuar al margen de la legalidad. El sometimiento al imperio de la ley es el dique de contención, frente a la arbitrariedad judicial.

Los vicios de origen, la indisimulada adscripción política de algunas asociaciones judiciales que proclaman, sin pudor, la ilegitimidad de un Gobierno que cuenta con el apoyo de los grupos parlamentarios elegidos por la soberanía popular y la ostentación por parte de políticos del Partido Popular de su poder para marcar la senda que deben seguir los jueces hasta conseguir derribar al Gobierno e incluso llevar a prisión a su presidente, son los causantes del lodo en el que se ha convertido nuestro panorama político. Se puede todavía revertir el desastre, si las togas recobran sus valores y retornan a los Palacios de Justicia y los políticos se dedican a la noble tarea de proponer proyectos y alternativas para mejorar la vida de los ciudadanos.