De Miguel: “Ha habido cosas que he hecho mal y me arrepiento, pero no me he enriquecido”

El juicio del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción conocido en el País Vasco y que se inició allá por el 8 de enero, ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Álava a las 13.02 horas del 19 de diciembre de 2018, algo más de nueve años después de que una empresaria y abogada urbanista, Ainhoa Alberdi, denunciara ante la Fiscalía que el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, la había presionado para que le abonara una comisión de 100.000 euros. Han sido casi 70 sesiones, más de 100 comparecencias y muchas jornadas que, en algunos casos, se han extendido hasta altas horas de la noche.

A punto estuvo el político al que todos conocen como Txitxo de confesar a cambio de ver rebajada la petición de condenas, pero optó por seguir negándolo todo hasta el final, incluso aunque su amigo Josu Arruti le incriminara y confirmara la existencia de mordidas. Ahora se expone a una pena máxima de casi 30 años de cárcel (12 de cumplimiento efectivo) y 1,2 millones de sanción económica y, en su derecho a la última palabra antes de dar por finiquitado el macroproceso, De Miguel ha obviado a Alberdi y a Arruti y ha insistido en esa línea: “Se me ha investigado de arriba abajo y queda constancia de que no ha habido enriquecimiento ilícito”. Sin embargo, hay pruebas de dinero destinado a viajes, joyas y hasta para un coche, de la marca Saab.

Sin embargo, en un mensaje preparado y coordinado con los otros dos exdirigentes del PNV alavés encausados, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, y con sus tres esposas -socias nominales de la empresa central de la trama, Kataia Consulting-, ha pedido también “perdón”. “Sin duda alguna ha habido cosas que he hecho mal y me arrepiento”, ha manifestado extendiendo las disculpas especialmente a su hijo y a su hija, a los que ha citado por sus nombres. Ha cerrado su intervención con un “Eguberri on!” para todos los presentes.

Tellería se marcha del juicio “plenamente convencido” de su inocencia. Pero ha añadido otro mensaje enigmático: “He cometido aciertos y errores. El único que he cometido fuerte es el que me ha traído aquí [...]. Quiero pedir disculpas”. También Ochandiano ha realizado una intervención similar: “Desde el convencimiento de mi inocencia, si por motivo de mi actitud alguna persona se ha podido sentir molestada, de corazón mi más sinceras disculpas”. ¿A quién pedían perdón? ¿Por qué?

Las tres mujeres no han sido mucho más extensas, aunque la de Tellería, Araceli Bajo, sí ha ido un poco más allá. “Cuando firmamos lo de Kataia Consulting creo que nos equivocamos. Si consideran que hemos traspasado la línea, pedimos perdón”, ha manifestado. “Puede que en algún momento nuestra forma de ser o algún acto nuestro haya podido hacer que alguien se sintiera perjudicado [...]. Quiero pedir perdón si ha ocurrido”, ha apostillado Iratxe Gaztelu-Urrutia, pareja de Ochandiano.

Otros acusados como Alfonso Arriola o Iñaki San Juan han optado por no hacer uso del derecho a hacer algún comentario final antes de acabar el juicio. Uno de los grandes protagonistas, Josu Arruti, que en noviembre confesó la existencia de comisiones en torno a la operación urbanística de Zambrana, sí ha hablado pero muy brevemente para destacar el trabajo “brillante” de su abogada, Arantxa Isasmendi, pieza fundamental junto al asistente de Josu Izaguirre, el fiscal Manuel Pedreira, en las negociaciones que desembocaron en las confesiones. La familia Arruti, incluso antes de acabado el juicio, ya devolvió unos 130.000 euros más intereses como muestra de arrepentimiento y asunción de responsabilidades.

El catalán Ramón Tomàs, a quien la Fiscalía finalmente ha retirado los cargos en torno a negocios relacionados con Zambrana, ha pedido expresamente al tribunal que la sentencia sea “aclaratoria” porque, según ha explicado, ha perdido contratos internacionales debido a su imputación. “Los servicios secretos, y así me ha pasado, informan en algunos países de la inconveniencia de tener relaciones conmigo a los presidentes de las empresas”, ha revelado.

La “pesadilla” de Gurutz Larrañaga

La intervención más extensa ha sido la del que fuera viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, acusado de prevaricación por haber autorizado las contrataciones 'a dedo' que su subordinado, el director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, realizó con empresas de la órbita de De Miguel, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, y que en gran medida hasta sumar 146.000 euros no consta que se realizaran. Larrañaga, arropado este miércoles en el juicio por su familia, ha hablado en castellano con pasajes en euskara y en latín y ha descrito la “pesadilla” de verse “asociado al problema de la corrupción” -una palabra paradójicamente muy poco empleada en el juicio- por irregularidades con unas personas y empresas que no conocía. Desde el principio del juicio, su defensa marcó claramente distancias con la de Sánchez Robles.

“En 22 años no he recibido advertencia alguna de ilegalidad. He trabajado con honradez y transparencia [...]. Desde el principio he colaborado con la investigación. Hemos respondido a todos sin reserva y no es ningún mérito, es una obligación y deber de todo servidor público”, ha explicado. Ha criticado, igualmente, las “mofas” y “comentarios” del fiscal Izaguirre en sus conclusiones. “No es de recibo que dijera que era 'el abuelillo' o 'el vago'”, se ha quejado. Ya jubilado, ha ironizado que ser “aitite” es una “suerte”, “un empeño muy noble y satisfactorio”.

Tras estas breves comparecencias, el presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha dado por cerrada la sesión para siempre: “Ustedes siguen siendo inocentes. Nosotros tenemos que decidir ahora. Es una labor muy importante. El que tiene la llave de la cárcel es el tribunal”, ha dicho Tapia en nombre también de los magistrados Elena Cabero y Raúl Aztiria. “Les deseo lo mejor en la vida”, les ha dicho a los 26 acusados antes de declarar el 'caso De Miguel' visto para sentencia.