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Fiscalía y Gobierno vasco coinciden en ver "falsas" las pruebas de Sánchez Robles para justificar contratos 'a dedo' a la trama de De Miguel

Josu Izaguirre concluye que lo ocurrido en la Dirección de Juventud "es un verdadero manual del fraude en la contratación" ya que se han visto, según el fiscal, "todo tipo de artimañas y añagazas para conseguir contratos a los amigos"

Javier Beramendi con Xabier Sánchez Robles, a la entrada del juzgado

Javier Beramendi con Xabier Sánchez Robles, a la entrada del juzgado NURIA GONZÁLEZ

La Fiscalía y el Gobierno vasco coinciden en calificar de "falsas" o incluso de "fabricadas" las supuestas pruebas exculpatorias aportadas en el juicio del 'caso De Miguel' por el que fuera director de Juventud con el PNV, Xabier Sánchez Robles, para justificar los contratos 'a dedo' que adjudicó entre 2006 y 2009 a las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, vinculadas al ex 'número dos' del partido en Álava, Alfredo de Miguel, y parte de la trama de comisiones que, en palabras del fiscal Josu Izaguirre, era "propia de Sicilia". En una decena de casos, las facturas por los servicios contratados a estas mercantiles no se corresponden con trabajos efectivamente realizados -el último cálculo es que se malversaron alrededor de 146.000 euros- y el Ejecutivo nunca ha encontrado esa documentación. Sin embargo, como publicó este periódico, Sánchez Robles entregó las supuestas carátulas de esos informes selladas en la Administración, un material que nunca apareció en más de cinco años de investigación dirigida por el juez de Vitoria Roberto Ramos y que incluso difiere de otros supuestos informes relativos a los mismos contratos aportados por otros acusados.

El problema de esos documentos es que no presentan, como es habitual acompañando el sello, un número de registro. También hay diferencias en la tipografía de los tampones si se comparan con documentos sellados en esas mismas fechas. En uno de los casos, además, el supuesto documento probatorio está datado el 29 de febrero de 2007, un día que simplemente no existió. 

El fiscal Izaguirre, en sus conclusiones en esta fase final de lo que ha calificado como el mayor caso de corrupción de Euskadi, ha recordado que "durante la instrucción se oficia al Departamento de Cultura [el que dependía Juventud en aquella época]" y "con un partido u otro" en el poder, primero el PSE-EE y luego el PNV, el "partido amigo", y "no apareció nada". "Pero, de repente, Sánchez Robles encuentra la prueba de que durante estos años ha sido acusado en falso. Años de sufrimiento y por fin demuestra su inocencia. Yo soy Sánchez Robles y primero voy al juzgado de guardia y luego doy una rueda de prensa", ha ironizado el ministerio fiscal, que ha destacado lo llamativo de que ninguno de los otros acusados por estos contratos irregulares (como Iñaki San Juan, de Errexal, o Josu Montes, de Ortzi Muga, así como el superior de Sánchez Robles, el viceconsejero Gurutz Larrañaga, procesado por firmar la autorización de las adjudicaciones) se haya valido de ellas para clamar por su absolución. Es más, De Miguel, que sí se refirió a ellas en su escrito inicial de defensa antes del juicio, ya no las ha mencionado en esta fase final. 

"Hasta para ser delincuente hay que ser más riguroso"

"¿Descubren con alborozo la prueba de su inocencia y pasa sin pena ni gloria?", se ha extrañado el fiscal. Según Izaguirre, este asunto colateral que ha surgido en el juicio "da para una película o para un monólogo del Club de la Comedia". "Hasta para ser delincuente hay que ser un poco más riguroso", ha proclamado tras enumerar "burdas" cuestiones como el sello de un día que no existió.

Según ha revelado la Fiscalía, el Gobierno les "confirma de manera extraoficial" en el arranque del juicio que "no constan esos documentos" en los registros de la Administración. Izaguirre ha lamentado que la representación jurídica del Ejecutivo no aportara 'motu proprio' esa certificación y ha recordado que ordenó a la Policía judicial acudir a Lakua para recopilar esos datos. ¿Qué se descubrió? "Se pone de manifiesto que esos días esos documentos no se registraron. Y no hablamos de un registro de chichinabo, es algo extremadamente riguroso", ha indicado para lamentar que, en su día, la sala rechazara la admisión como prueba de ese informe por estar ya empezado el juicio. 

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Para el ministerio público, la versión que dio Sánchez Robles sobre cómo logró estos documentos está a medio camino de ser "fantástica" o "rocambolesca". Alegó que un funcionario, a cambio de que nunca revelara su identidad, le ofreció ese material sin que él tuviera ninguna participación y que él se limitó a trasladarlo a su abogado, Javier Beramendi, para que lo sometiera a consideración del tribunal. "¿Que un funcionario se los dio así? ¡Ni que estuviera en Corea del Norte y fuera documentación secreta de un programa nuclear! Aunque he de reconocer que está bien pensado lo del anonimato. Si no, ese señor estaría acusado de aportar pruebas falsas a un juicio", ha valorado Izaguirre. ¿Y el exdirector de Juventud no será acusado? "Se sabe lo que se aporta. Son fotocopias y no originales. Justo lo necesario para evitar acabar sentado de nuevo en el banquillo", ha zanjado.

Entre "amiguetes"

Según Izaguirre, Sánchez Robles conformó un triángulo con San Juan, exedil de Leioa y administrador de Errexal, y De Miguel para que las empresas que controlaban recibieran fondos irregulares. Eran "amiguetes" que compartían viajes y comidas en 'txoko' y eso era su aval para lograr los contratos aunque las empresas, como Kataia Consulting, no tuvieran ni infraestructura para hacer los trabajos ni su objeto social guardara relación con Juventud. En los 'emails' aparecidos en la investigación se alude por parte de San Juan y De Miguel al Gobierno como "cliente" y que, cuando había dificultades, "Xabier" no podía meterles "un duro".

Lo de Juventud "es un verdadero manual del fraude en la contratación" ya que se han visto, según la Fiscalía, "todo tipo de artimañas y añagazas para conseguir contratos a los amigos". "A Xabier hay que reconocerle que era amigo de sus amigos", ha ironizado Izaguirre, que ha alargado sus conclusiones hasta bien entrada la noche y que continuará su exposición este martes.

Con todo, la Fiscalía ha reconocido que los trabajos que inicialmente consideraba no acreditado los ha reducido, hasta quedarse en una cifra de unos 146.000 euros malversados. Es el caso de la instalación de un 'stand' en Murcia contratado a Kataia Consulting y que aparentemente ésta subcontrató a Errexal y ésta, a su vez, a la empresa de un amigo común de San Juan y De Miguel, Juan Antonio Bilbao, de lo que no hay más referencia en el juicio que los testimonios de los tres aludidos. Izaguirre ha asegurado que ha sido "generoso" y ante determinados indicios ha optado por el "in dubio pro reo".

Eso sí, las dos decenas de contratos totales con estas mercantiles habrían supuesto un delito de "prevaricación", según la Fiscalía. Se dictaron esas resoluciones administrativas a sabiendas de que eran irregulares y para beneficiar a los afines, según la acusación pública, que ha puesto el ejemplo de un 'blog' que costó alrededor de 60.000 euros y que se troceó en cuatro partes para poderlo adjudicar 'a dedo', sin sacarlo a concurso. Aquí no sólo está señalado Sánchez Robles, sino también Larrañaga, firmante de las adjudicaciones y que, en palabras de Izaguirre, era consciente de que en muchos casos esas empresas no tenían capacidad para hacer los trabajos. Su defensa, por el contrario, insiste en que se limitaba a firmar las propuestas del director de Juventud, que era el competente para el seguimiento y control de los trabajos.

Izaguirre se ha referido igualmente a una subvención de 90.000 euros salida de Juventud a las seis cuadrillas de Álava -todas menos la capital- y que, a la vez, contrataron a Errexal para trabajos de consultoría, cuando era una empresa recién creada. Según la Fiscalía, la trama de De Miguel creó Errexal expresamente por la seguridad de contar con ese dinero. "Esto formaba parte de un plan. Sánchez Robles avisó a sus amigos y constituyeron una sociedad de manera inmediata", ha manifestado el fiscal.

Asimismo, la tercera derivada de esta subdivisión del macroproceso que es el 'caso De Miguel' son las adjudicaciones que recibieron Errexal y Ortzi Muga de la Diputación de Álava en la época en que De Miguel ocupaba el cargo de diputado foral. Suman unos 70.000 euros. La Fiscalía ha detectado también anomalías en la documentación que facilitó la Diputación en torno a estos expedientes. "¡Qué casualidad que contrata a Errexal y Ortzi Muga! Es una manifestación más de una personalidad que no obviaba ninguna oportunidad para llevar el dinero de los contratos a su bolsillo", ha remachado el fiscal.

Las 'discusiones' entre los fiscales y la referencia a Gürtel

El fiscal, Josu Izaguirre, ha explicado durante su larga exposición algunos de los cambios en sus conclusiones definitivas en relación con la acusación del inicio del juicio del 'caso De Miguel'. Ello se traduce en una rebaja generalizada de penas para los acusados, que incluye la petición de absolución de tres de ellos. Según el ministerio público, no es un simple ejercicio de sumas y restas -De Miguel pasa de una petición de 54 años de cárcel a unos 30 y de una sanción de 16 millones de euros a 1,2- sino de haber valorado los elementos probatorios que se han ido exponiendo en el juicio, que arrancó el 8 de enero. En las conclusiones definitivas, como ha reconocido, se han caído algunos delitos e incluso ha explicado que ello ha sido fruto del debate interno entre él y su compañero, Manuel Pedreira, el otro fiscal del caso. En su alocución, Izaguirre también ha mencionado que durante al celebración de este macroproceso ha habido importantes novedades en la jurisprudencia sobre corrupción en España. Singularmente, ha citado en cinco ocasiones la sentencia del 'caso Gürtel' como una referencia que debería ser tomada en cuenta. Ese fallo no sólo confirmó la trama articulada en torno al PP, sino que tuvo importantes repercusiones políticas hasta motivar un cambio en La Moncloa. Otro elemento fundamental para la Fiscalía es que muchos de los acusados se negaran a contestar a la acusación y se limitaran a contestar a las preguntas preparadas con sus letrados. "La sala puede valorar ese silencio como un indicio de su culpabilidad", ha planteado Izaguirre recordando una intervención del propio presidente del tribunal, Jaime Tapia

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