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Seis cargos del PNV dan seis versiones sobre un contrato simultáneo 'a dedo' con Errexal

Se investiga una subvención de 90.000 que salió de la oficina de Sánchez Robles a las cuadrillas alavesas. Las seis contrataron a la vez a la empresa de la trama de De Miguel fragmentado el contrato para hacerlo sin concurso.

Mari Carmen Liñares y Javier Carro (al fondo), durante su comparecencia en el juicio

Mari Carmen Liñares y Javier Carro (al fondo), durante su comparecencia en el juicio

El juicio del 'caso De Miguel' en la Audiencia Provincial de Álava continúa inmerso en el análisis de la gestión de Xabier Sánchez Robles al frente de la Dirección de Juventud del Departamento de Cultura del Gobierno vasco, en si benefició con contrataciones irregulares a unas empresas muy concretas (Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga) vinculadas al que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. Después de que se haya discutido sobre los contratos menores salidos desde Juventud a estas mercantiles y que no consta que se realizaran (suman 210.000 euros, aproximadamente), este lunes y martes se ha escudriñado una subvención que salió también de Juventud en 2005 a las seis cuadrillas de Álava o Gobiernos comarcales, todas en manos del partido nacionalista. Todas ellas acabaron contratando simultáneamente a Errexal al poco de ser creada para que les confeccionara su plan joven. Los seis presidentes de las cuadrillas en aquella época han comparecido como testigos de aquella operación -el sexto este martes y cinco el lunes- y ninguno ha ofrecido una versión coincidente de los hechos.

En el 'caso De Miguel' los principales acusados son tres exdirigentes del PNV, Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. La Ertzaintza decomisó en casa de éste último un cuaderno con anotaciones sobre operaciones de la trama de empresas controlada por De Miguel, al que todos conocen como Txitxo. En ellas constaba como primer ingreso de Errexal en 2005 un pago de 90.000 euros procedente de las cuadrillas.

El 3 de octubre de 2005, la Dirección de Juventud -sin Sánchez Robles, que se ausentó- planteó a las seis comarcas alavesas (Vitoria era la séptima, estaba dirigida por el PP e iba por su lado) una subvención de 90.000 euros en total, 15.000 por cabeza, para desarrollar los planes jóvenes. Sólo unos días después, ese mismo mes de octubre, se constituyó la empresa Errexal con un exconcejal de Leioa como administrador, Iñaki San Juan, siguiendo las directrices de Ochandiano a una notaría. De Miguel situó como contable a su hermana, Aintzane, igualmente procesada en esta causa.

Fue el 27 de diciembre cuando el Gobierno vasco autorizó esa partida de 90.000 euros, aunque estaba supeditada a que se gastara en ese mismo ejercicio, 2005. Así las cosas, en tiempo récord, los días 28 y 29 de diciembre las cuadrillas, sin excepciones, abrieron el expediente, contrataron a Errexal 'a dedo' después de fragmentar los 15.000 euros en dos partes para no superar los máximos legales para adjudicaciones menores y recibieron la factura enviada por la mercantil, que aún ni siquiera se había puesto en marcha. Los testigos han puntualizado, eso sí, que demoraron los pagos efectivos hasta mínimo mayo de 2006, cuando ya se fueron realizando parte de los trabajos, y que todo se hizo en 2005 con "premura" por no perder la subvención.

El fiscal, Josu Izaguirre, ha tratado con insistencia de que los seis comparecientes, Aitor Aguinaga, Javier Carro, Mari Carmen Liñares -éstos dos últimos exparlamentarios del PNV-, Alberto Ortega Melón, Ángel Santamaría y Eleder Zalbide, explicasen por qué todas contrataron al unísono a una empresa recién creada, sin experiencia y sin trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, aunque la defensa de San Juan ha recordado que los administradores tienen que estar dados de alta como autónomos. Con el ánimo de que no coordinaran sus versiones, Izaguirre había solicitado al tribunal que les aislase y que incluso les retirase el móvil. El presidente, Jaime Tapia, lo ha rechazado por afectar a derechos fundamentales pero sí ha procurado que no pudieran hablar entre ellos durante la sesión. 

Sea como fuere, no han ofrecido una versión coordinada. Es más, han sido muy distintos sus puntos de vista. Aguinaga, responsable de la cuadrilla de la Montaña Alavesa, ha asegurado que conocía a San Juan de una empresa anterior y, al quedar satisfecho, recomendó su nombre al resto de presidentes para esta contratación urgente. Carro (Zuia) no recuerda esa llamada (pero no la descarta) y ha explicado que desconocía a Errexal o San Juan, pese a lo cual firmó la adjudicación en el plazo de una hora desde que le envió 'motu proprio' el presupuesto esta empresa aquel Día de los Inocentes de 2005. Liñares (Salvatierra) ha apuntado que "alguien" les dio su referencia, que "podría ser" Aguinaga y que ella llamó a una chica "de Bilbao" que era la representante de Errexal para pedir el presupuesto, aunque esta firma tiene sede en Álava.

Santamaría (Añana) ha rechazado que fuera Aguinaga el promotor de este contrato, pero tampoco ha sido capaz de explicar de dónde salió ese nombre de Errexal. Ortega Melón (Rioja Alavesa) ha sido el más tajante y ha negado la llamada del presidente de Montaña Alavesa, esgrimida por las defensas de los imputados para destacar que Sánchez Robles nunca teledirigió a las cuadrillas a contratar con Errexal. "A mí particularmente no me llamó", ha indicado tras subrayar que ha corroborado este punto con el que fuera su gerente-letrado en aquella época. Se "sobreentiende", según Ortega Melón, que fue el Gobierno vasco el que puso sobre la mesa el nombre de San Juan. 

Finalmente, Zalbide (Ayala) ha negado que después de la reunión del 3 de octubre hasta la concesión del dinero hubiera nuevas reuniones para hablar de estas subvenciones, por lo que ha interpretado tirando de "lógica" que sólo entonces pudo surgir el nombre de Errexal como empresa para hacer el trabajo. "Yo salí con un nombre de la reunión", ha zanjado Zalbide, en referencia a una empresa que ni siquiera existía en ese momento y que, según la tesis de la acusación, surgió 'ad hoc' para tener como primer ingreso estos 90.000 euros. 

El veterano excargo del PNV Ortega Melón ha asegurado también que el contrato "vino dividido" del Gobierno vasco, es decir, que partió de Juventud la idea de fragmentar la adjudicación de 15.000 euros en dos pagos de modo que ninguno superara los 12.000 euros, el tope legal en aquella época para las contrataciones 'a dedo' y sin concurso. "La división supongo que sería porque técnicamente no sería viable hacerlo de otra manera", ha reconocido Liñares sobre este particular. El resto de testigos no recordaban los detalles de este expediente, según han repetido.

El fiscal Izaguirre ha cuestionado también la calidad del trabajo al destacar que los planes jóvenes son calcados en las seis cuadrillas, con mínimas modificaciones, y basados en un trabajo de campo realizado en 2004 por otras empresas especializadas en prospecciones sociológicas. "¿Que si el trabajo fue un desastre? Más o menos. No se adecuaba a las necesidades", ha valorado Ortega Melón.

Entre delitos y terremotos

El fiscal, Josu Izaguirre, ha recordado que "cuando se reclama la totalidad de un expediente y no se remite puede ser constitutivo de delito", en referencia a supuestos documentos que aclaran la contratación a Errexal en las cuadrillas pero que no fueron enviados al juzgado durante la fase de investigación y a los que se han referido algunos de los presidentes de estos Gobiernos comarcales. Tras la advertencia, se ha preguntado irónicamente si en las cuadrillas hubo incendios, robos, inundaciones "o terremotos" que pudieran destruir documentación relativa a estos trabajos.

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