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Más presión contra Sánchez Robles: "Larrañaga no se iba de viaje ni de comida" con De Miguel

La defensa del exviceconsejero señala indirectamente al exdirector de Juventud como responsable único de las irregularidades en contratos con empresas del entorno de De Miguel: "En las otras Direcciones no ha habido ningún problema"

El fiscal mantiene la existencia de una "trama criminal" entre vinculados al PNV

Gurutz Larrañaga y su letrado, Miguel Alonso, en una sesión del 'caso De Miguel' EFE

Apenas un par de sillas vacías en el banquillo de los acusados del juicio del 'caso De Miguel' separaban este miércoles al exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, del exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, ambos del PNV. Pero desde que en enero arrancó este macroproceso de corrupción, una de cuyas derivadas son contratos 'a dedo' salidos desde Juventud -pero firmados por Larrañaga- a empresas de la órbita del que fuera 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, a la pareja le ha separado un abismo. Y esa distancia se mantiene ahora al final del juicio. En su informe de conclusiones, el letrado del exviceconsejero, Miguel Alonso Belza, ha deslizado algunos detalles que evidencian, aun sin haberlo dicho directamente, que quien tenía la cercanía con las mercantiles Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga y quien proponía las contrataciones ahora bajo sospecha era exclusivamente Sánchez Robles.

"¿A sabiendas? No hay nada. Ninguna llamada, ningún 'email', ninguna nota, ninguna reunión, … No hay ningún viaje ni estancia en ningún sitio. ¡No hay ningún viaje!", ha recalcado Alonso, que ha añadido que Larrañaga tenía a su cargo otros directores y no ha ocurrido lo mismo: "No era la Dirección que más contratos tenía y en las otras no ha habido ningún problema". Sánchez Robles, muy serio, no ha dejado de tomar notas durante toda la intervención del defensor de quien fuera su superior, con quien ha mantenido una interlocución muy fría, casi inexistente, durante todo el procedimiento. 

Como publicó este periódico, Sánchez Robles tenía una relación de amistad tanto con De Miguel como con los administradores de Errexal y Ortzi Muga, Iñaki San Juan, exedil en Leioa, y Josu Montes, también militante del PNV. Constan pruebas en el sumario de comidas e incluso de un viaje a Argentina de De Miguel y su esposa, Ainhoa Bilbao, y de Sánchez Robles y la suya, Miren Josune Gorospe, ahora parlamentaria vasca. También hay 'emails' que muestran como De Miguel, en apenas 16 minutos y 38 segundos, conseguía fondos de JuventudEl que fuera director de Juventud, sin embargo, negó esa cercanía y el trato de favor a las firmas relacionadas con De Miguel, que en total obtuvieron 23 contratos de los cuales se sospecha, además, que varios de ellos ni siquiera se llegaron a ejecutar hasta sumar 146.000 euros tras haber dado por buenos algunos otros que eran dudosos tras el juicio.

Larrañaga y Sánchez Robles, este miércoles

Larrañaga y Sánchez Robles, este miércoles ELDIARIONORTE.ES

Si así ha ocurrido este recálculo ha sido fundamentalmente por una caja de pruebas aportada por la defensa de San Juan. Y es que Sánchez Robles aportó unos documentos sellados que justificarían aparentemente todas las contrataciones pero tanto la Fiscalía como el Gobierno vasco sostiene que esas pruebas o bien son falsas o bien incluso "fabricadas".

La Fiscalía ha reducido sustancialmente la petición de condena para el firmante de los contratos como superior de Sánchez Robles, el viceconsejero Larrañaga. Según su abogado, de verse expuesto a una pena de cárcel "casi como si fuera un asesinato" se enfrenta ahora a un delito de prevaricación, no penada con prisión y sí con inhabilitación, de la que espera librarse igualmente. El Gobierno vasco, por su parte, hace responsable único al director de Juventud. El abogado Alonso ha agradecido que al Ejecutivo no le haya "temblado el pulso" de excluir a Larrañaga de sus conclusiones mientras señala con igual firmeza a Sánchez Robles por malversación.

El letrado, en su breve alocución ante una Audiencia Provincial de Álava casi vacía -apenas siete defensores y casi ni periodistas-, ha indicado también que ha pretendido seguir durante todo el macroproceso una línea "diferenciada" a la del resto de acusados y ha asegurado que no cuestiona las "garantías" del sumario después de durísimas intervenciones de otros acusados contra el juez instructor, Roberto Ramos, los agentes de la Ertzaintza que le auxiliaron y el fiscal-jefe, Josu Izaguirre. Alonso, en todo caso, sí ha criticado los "excesos verbales" de Izaguirre y algunas alusiones personales a su cliente.

El delito de prevaricación exige dolo, que la resolución sea irregular a sabiendas. "No es la mera ilegalidad, sino la arbitrariedad lo que se sanciona", ha enfatizado Alonso, que ha citado una única sentencia como referencia, la del 'caso Margüello', en la que fue exonerado el viceconsejero de Salud, Rafael Cerdán, porque era su subordinado, el delegado en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, el responsable directo de los contratos irregulares con empresas de quien era su amigo, el doctor José Carlos Margüello. Se da la circunstancia de que Elorriaga y Sánchez Robles comparten abogado, Javier Beramendi, quien expondrá sus conclusiones en el 'caso De Miguel' la próxima semana aunque este miércoles no ha estado presente en el juicio.

La defensa de Larrañaga, como las de otros imputados, ha descrito también una "durísima situación personal" derivada de su imputación en esta macrocausa allá por 2010, pocos meses después de que estallara el caso. Alonso se ha preguntado si "va a tener la misma repercusión [en los medios de comunicación] la retirada de prácticamente toda la acusación [y una hipotética absolución]" en relación con "haber aparecido en los medios constantemente entrando en esta casa de la justicia". "Seguramente no y eso queda. Esto no es Nurva York y aquí todos nos conocemos", ha añadido el letrado.

Villarrubia: no hay caso y la investigación es de "Pepe Gotera y Otilio"

"¿Por qué estoy yo aquí?", ha dicho el abogado Francisco Javier Villarrubia que le preguntó su cliente, Sergio Fernández Oleaga, de la empresa Stoa, que se enfrente a una pena de unos 7 años de cárcel por haberse beneficiado de contratos irregulares en el parque tecnológico de Miñano a cambio de comisiones presuntamente abonadas a Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava. Villarrubia ha optado por prescindir de jurisprudencia y por hacer un alegato de conclusiones tirando de ironía y de chascarrillos, incluidas anécdotas de su infancia, en contraste con las exposiciones de esta semana de Aitor Medrano, Adolfo Saiz Coca y Jesús Urraza. Ha insistido en que no hay pruebas de corrupción, que no se cree que De Miguel exigiera mordidas a cambio de contratos -aunque ha habido confesiones- y que la actuación de la Fiscalía se parece más a la de "Pepe Gotera y Otilio" que a la de juristas serios. "Es como cuando yo de niño toreaba sin toro en casa", ha bromeado sobre la supuesta inconsistencia de elementos probatorios en la acusación del ministerio público. 

Villarrubia ha negado que De Miguel impusiera que Stoa fuera como subcontrata de Ainhoa Alberdi en el contrato de ampliación de Miñano que dio origen al 'caso De Miguel', también que en la segunda fase de esa ampliación -gestionada por Stoa- el concurso estuviera teledirigido y que Alberdi quedase apartada precisamente por no querer pagar una mordida. Igualmente ha limitado a un "error" todas las circunstancias que rodearon a esa contratación y que han supuesto la imputación de los responsables del parque porque, a criterio de la Fiscalía, manipularon el expediente con tal de beneficiar a Stoa, que a su vez abonó dinero a De Miguel a través de la empresa Eskalmelo. Villarrubia ha minimizado ese pago (3.500 euros, "ni para una mariscada") y ha asegurado que se corresponde con trabajos reales realizados por Eskalmelo, una "nefasta coincidencia" porque Fernández Oleaga desconocía que era una mercantil controlada por De Miguel. El abogado ha pasado de puntillas por la circunstancia de que quien todos llamaban Txitxo era el "padrino" de Fernández Oleaga, como admitió él mismo, que eran amigos y que incluso llegaron a constituir juntos una empresa, Marratik, sin que haya quedado muy claro ni por qué ni los motivos de que Txitxo no quisiera figurar en las escrituras.

Tampoco ha señalado que hay pruebas de que dos contrataciones en Miñano estuvieron teledirigidas para que Stoa resultara adjudicataria. La primera, de 27.000 euros, consistió en un concurso en el que se presentó Stoa con otras dos empresas con las que comparte sede y socios. La segunda, de 63.000 euros, llegó en 2009 y fue el propio Fernández Oleaga el que aportó a Miñano los nombres de las otras dos empresas que iban a 'competir' con la suya en el concurso, de similares características del interior. Sí se ha detenido Villarrubia en las consecuencias negativas de la imputación en este macroproceso, que le ha llevado, según ha indicado, a perder contratos o a que clientes le preguntasen por qué no estaba en la cárcel. 

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