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La familia Arruti, tras confesar los delitos, devuelve ya 130.000 euros sin que acabe el 'caso De Miguel'

Los abogados de los 26 acusados en este caso de corrupción presentan sus escritos de defensa y la defensa de De Miguel insiste en que "todas y cada una" de las acusaciones en su contra han quedado desmontadas a pesar de las incriminaciones

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Iosu Arruti padre y Iosu arruti hijo, a su llegada al juzgado.

Josu Arruti padre y Josu arruti hijo, a su llegada al juzgado. NURIA GONZÁLEZ

Este viernes a las 10.00 horas los abogados de los 26 acusados en el 'caso De Miguel' -23, porque la Fiscalía ha retirado los cargos contra tres de ellos- han registrado sus escritos definitivos de defensa de cara a la fase de conclusiones que se abre este martes y que cerrará este juicio por corrupción que se inició en enero. La sorpresa es que en uno de ellos, el del padre de Josu Arruti, que  confesó haber solicitado comisiones para él y para el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, por la operación urbanística de Zambrana, adjunta un justificante de que ha empezado a devolver el dinero que las empresas de su entorno familiar defraudaron a Hacienda, concretamente 130.000 euros.

Arruti, su padre, su hermana y su cuñado alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía para ver mejorada su situación penal a cambio de colaborar. Ninguno entrará en la cárcel por distintos motivos -absolución, prescripción o penas menores a dos años- pero sí tendrán responsabilidades económicas. Su defensa no ha perdido el tiempo y sin acabar el juicio o esperar a la sentencia ya han realizado los trámites bancarios para hacer frente a la parte correspondiente al fraude fiscal. El resto del dinero, las multas por los ingresos ilícitos de las comisiones, se articulará por otra vía, mediante comisos. 

La abogada de Arruti, Arantxa Isasmendi, se muestra en general conforme con la acusación de la Fiscalía conocida esta semana, aunque matiza un apartado de las relaciones con la empresa pantalla de De Miguel y otros dos exdirigentes del PNV alavés, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, Kataia Consulting. Pide que se aclare que el dinero procedente de Zambrana se facturó antes de 2008, de modo que, descontados los pagos a Kataia Consulting de la minuta total de 580.000 euros (una comisión de 160.000 euros) y el IVA correspondiente (80.000), el dinero esquilmado a Hacienda sería de unos 100.000 euros, sin superar por lo tanto el umbral de 120.000 euros que sería considerado delito fiscal.

Llama la atención que entre los escritos más breves se hallan los de De Miguel, Tellería y Ochandiano. Mientras los letrados de otros acusados como Gurutz Larrañaga, Xabier Sánchez Robles, Miren Lourdes Bilbao, Jon Iñaki Echaburu o Julián Sánchez Alegría han redactado informes más o menos extensos, en el caso de los exdirigentes del PNV sus defensores, a pesar de las incriminaciones, se remiten en bloque a su argumentario del inicio del juicio. "Los hechos relatados [por la Fiscalía] no son ciertos", apunta, por ejemplo, el abogado de Tellería, Jesús Villegas.

En el caso de Gonzalo Susaeta, letrado de De Miguel, sí añade que denunciará en la fase de conclusiones que la Fiscalía ha introducido de manera irregular "hechos nuevos" en esta fase. Adelanta Susaeta que hay jurisprudencia de la propia Audiencia Provincial de Álava que no permite esa práctica. Apostilla que en el juicio ha podido "acreditar" nada más y nada menos que "todas y cada una" de las acusaciones en su contra eran inciertas. No menciona en ningún momento la incriminación de Arruti y del pagado de las comisiones en Zambrana, el empresario catalán de Construcciones Riera Francesc Fernández Joval.

Se da la circunstancia de que uno de los acusados que quedarán absueltos, Ramón Tomàs i Riba, plantea que la Fiscalía no sólo confirme que no tuvo participación alguna en el 'caso De Miguel' sino que haga algún gesto ante la repercusión "mediática" de lo que se denomina "pena de banquillo".

La 'guerra' de Juventud

Una de las derivadas del 'caso De Miguel' son los contratos aparentemente irregulares salidos de la Dirección de Juventud a las empresas de la órbita de Alfredo de Miguel, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga. La Fiscalía acusa como responsable de las adjudicaciones al director, Xabier Sánchez Robles, y el abogado del Gobierno vasco, Javier Otaola, alude a una posible "malversación de caudales" porque los trabajos, en gran medida, no consta que se realizaran. Al inicio del juicio, la defensa de Sánchez Robles adjuntó como pruebas de descargo las carátulas "selladas" de los trabajos supuestamente elaborados por esas empresas. Como publicó este periódico hay indicios de que no son documentos reales y una fuente del Ejecutivo habla abiertamente de pruebas "fabricadas". Se da la circunstancia de que el abogado de Sánchez Robles ni menciona esas pruebas aparentemente exculpatorias en su escrito de defensa y opta por insistir en que eran sus funcionarios los que proponían las empresas a contratar y controlaban la entrega o realización de los trabajos. Está acusado igualmente su superior, el viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, quien firmó las autorizaciones de casi todos los contratos investigados. Su letrado, Miguel Alonso, insiste en que era competencia exclusiva de los "directores" el seguimiento de estos trabajos. La Fiscalía ha rebajado sustancialmente la condena solicitada a Larrañaga pero mantiene que prevaricó (un delito que no supone cárcel). En su escrito de defensa, Larrañaga remarca que no dictó esas autorizaciones a sabiendas, el dolo que exige el delito de prevaricación.

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