Erandio, escenario de las primeras movilizaciones contra la contaminación en plena dictadura franquista

Erandio fue escenario en 1968 y 1969, cuando aún era un barrio de Bilbao, de las primeras protestas ambientales en Euskadi de las que se tiene constancia. Eran aún tiempos de dictadura y la represión policial se saldó con dos hombres fallecidos, Antonio Fernández Elorriaga y Jesús María Murueta, y otros heridos de bala, Rafael Castrillo, Delfino Valverde y Ricardo Bengoa. Algunos de estos episodios coincidieron con el mandato de Pilar Careaga, la única mujer alcaldesa de una capital durante el franquismo, y están recogidos en la biografía sobre la política publicada por Mikel Urquijo este mes.

El área metropolitana de Bilbao era una zona altamente industrializada en la época y Erandio, con 18.000 habitantes, concentraba algunas de las empresas más contaminantes. Las emisiones tóxicas, que generaban en general problemas en los ojos y en la garganta y afecciones mucho más serias, empezaron a suscitar protestas desde 1968 y se recrudecieron en 1969. Así, los días 2, 5 y 23 de septiembre y 28 y 29 de octubre cientos de personas se echaron a la calle, incluso 1.000 personas. Hasta la controlada prensa de la época empezó a publicar noticias del problema y la alcaldesa Careaga llegó a afirmar que si había que cerrar algunas empresas lo harían.

Pero la Policía Armada, los 'grises', respondían siempre con duras cargas. Una de las movilizaciones de finales de octubre implicó cortes ferroviarios, por ejemplo. Los agentes disolvieron las protestas a tiros. Fernández Elorriaga falleció por los efectos de una bala alojada en el cerebro, mientras que tres personas resultaron heridas de gravedad también por armas de fuego. La actuación policial incrementó aún más las movilizaciones, con huelgas en las fábricas y cierres de comercios. Murueta también resultó gravemente herido en una de las cargas y falleció. Su funeral fue una nueva muestra de la movilización general e incluyó una nueva huelga. Asimismo, varias mujeres fueron “en repetidas ocasiones golpeadas por agentes policiales, incluso aquellas que se encontraban con sus hijos menores o en estado de gestación”, según otra publicación del Instituto de la Memoria (Gogora), de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y del Ayuntamiento de Erandio.

Desde la clandestinidad, el PCE llegó a denunciar el amiguismo de la elite política y, en particular, de la alcaldesa Careaga con alguna de las industrias contaminantes. En DOW-Unquinesa el presidente era un hermano de la política, y otro familiar era consejero. En Sefanitro eran consejeros Enrique Lequerica, el marido de Careaga, y de nuevo su hermano. En Remetal-Indumetal también había parientes de una hermana de la alcaldesa. En Iberduero aparecía un “conde de Careaga”. En AHV Vasconia brotaban igualmente lazos familiares. Y, en Tubos Forjados, una vez más, aparecían parientes y allegados. Careaga procedía de la alta sociedad de Bilbao que, paradójicamente, tenía su residencia fuera de la ciudad, en la zona de Neguri en Getxo, adonde también llegaron las protestas.

Las víctimas de estos sucesos no han sido reconocidas hasta fechas muy recientes, al calor de la normativa autonómica de víctimas de la violencia policial. “El largo camino que han tenido que recorrer para ser reconocidas e indemnizadas, la ausencia de investigación por parte de la Administración competente en cada período histórico, y la percepción de haber recibido un trato diferenciado con respecto a otros damnificados de motivación política, son tres factores que provocan que las víctimas y sus familiares se sientan víctimas de segunda. Como ocurre en otros casos, el reconocimiento institucional ha llegado para ellos tarde y no con la intensidad y el grado de reparación que han observado para otras víctimas”, sostenía el informe de Gogora, Aranzadi y Erandio.

Este documento indica asimismo que estas protestas fueron “un referente de la lucha contra la contaminación, de gran significado para los posteriores movimientos ecologistas”. “Por el contrario, no sucedió lo mismo con el papel de la mujer, es decir, las movilizaciones iniciadas por las mujeres, su continuidad y relevancia a pesar de la represión padecida, no trascendieron ni han trascendido lo suficiente como para posicionarse como un hecho objetivo de la importancia de las mujeres en los movimientos populares que se enfrentaron a la dictadura franquista”, sostiene el dictamen.