El 24 de mayo no es una fecha cualquiera en los almanaques de quienes protagonizaron el movimiento político más importante de los últimos años en España. Las movilizaciones ciudadanas que sucedieron al 15M y que enfrentaron al Gobierno de los recortes de Mariano Rajoy cristalizaron aquel domingo electoral en un fenómeno político sin precedentes. Las principales ciudades del país giraban a la izquierda encabezadas por candidaturas populares, construidas la mayoría en procesos participativos. Madrid, Barcelona, Valencia, y también Cádiz, Zaragoza, Santiago o A Coruña abrían una etapa de cambio en los ayuntamientos. 

Diez años después de aquel hito, todos aquellos alcaldes y alcaldesas llevan ya mucho tiempo fuera de los consistorios. La mayoría tuvieron que enfrentarse a duras campañas de los poderes que intentaron combatir, algunos solo consiguieron estar cuatro años, aunque Barcelona, Valencia o Cádiz resistieron una legislatura más en la que siguieron aplicando su programa político. Por lo general han vuelto a sus anteriores trabajos como profesores, médicos o académicos. Los protagonistas de aquel cambio histórico reflexionan en este reportaje sobre su éxito político y los caminos que ha tomado la izquierda en esta última década trepidante.

“Habíamos hecho cosas increíbles desde el activismo, habíamos llenado las plazas, generado un momento de ilusión, pero teníamos el techo de cristal del activismo y siendo tanta gente en las calles había que dar un paso más. Empezó a circular la idea de presentarnos a unas elecciones, algo que la gente como yo no nos habíamos planteado jamás”. Quien habla es Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona durante dos mandatos, que llegó aquel 24M al ayuntamiento después de una década frenando desahucios en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

“Fue una campaña muy emocionante, una campaña sin recursos, de patear los barrios, de ver cómo iba creciendo, una campaña en libertad, fuera del lenguaje tradicional de los partidos, actos que se salían del mitin tradicional”, recuerda Martiño Noriega, exalcalde de Santiago de Compostela y hoy médico en un centro de salud de uno de sus barrios.

Candidaturas de unidad popular 

Siguiendo la estela del embrión unitario de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), en las elecciones municipales de 2015, en ciudades como Santiago, A Coruña o Ferrol aparecieron candidaturas populares en las que se imbricaron la Anova de Xosé Manuel Beiras y Esquerda Unida y también otras fuerzas como Equo y un Podemos que en aquellos años dominaba la escena política estatal. Noriega, que encabezaba la lista de Compostela Aberta como dirigente de Anova, ganó en un feudo tradicionalmente socialista que había vivido un convulso gobierno del PP, en el que dimitieron dos de sus tres alcaldes. Noriega sacó diez concejales y un 34,5% de los votos, un escaño más que los populares. 

“Cuando empezó la campaña nos daban como cuarta fuerza, por detrás del PSOE, del PP y del Bloque. Y acabamos siendo la lista más votada. Había una situación atípica con un gobierno del PP con casos de corrupción y fue como una catarsis. Nunca viviré una campaña como aquella. Parecía el Club de la lucha, la gente te iba animando en secreto”, rememora Noriega, de vuelta en su consulta de médico de familia. 

Las buenas noticias para la izquierda aquella noche saltaban en las principales ciudades de España, incluida la capital. Ahora Madrid, con la exjueza Manuela Carmena a la cabeza, se quedaba a un solo escaño del PP de Esperanza Aguirre y acariciaba la alcaldía a falta de un pacto con el PSOE. En Barcelona, la confluencia Barcelona en Comú liderada por Colau ganaba las elecciones por encima del convergente Xavier Trias. Joan Ribó, de Compromís, quedaba segundo en València y acariciaba también la alcaldía. José María González 'Kichi', en Cádiz. Pedro Santisteve, en Zaragoza. Xulio Ferreiro, en A Coruña. 

“Se daban las condiciones objetivas para que Cádiz diese un espaldarazo a un proyecto político nuevo que pusiese fin al teofilato”, cuenta Kichi sobre la hazaña que permitió a su candidatura, Con Cádiz Sí se puede, llegar al ayuntamiento de la ciudad y acabar con 20 años y cinco mayorías absolutas del PP de Teófila Martínez. 

Aquella victoria fue muy simbólica porque consiguió terminar con un dominio del PP en aquella ciudad que parecía invencible. Kichi, hoy retirado de la primera línea de la política saca tiempo para hablar con este diario en mitad de las evaluaciones de sus alumnos de Historia del Arte, que preparan la EBAU. “En Cádiz existía un tejido social y asociativo de lucha, la gente del metal, las organizaciones ecologistas y feministas, el tejido barrial… que confluye y se encuentra con una candidatura que ofrecía la posibilidad de gobernar”, reflexiona. 

Recuerda estar toda aquella campaña con una sonrisa en la cara. “Fueron unos meses muy bonitos, muy ilusionantes”, dice. Y pone en valor la importancia de que en aquel momento una fuerza como Podemos hubiese irrumpido en la escena política española. Unos meses atrás, en las autonómicas andaluzas, el partido se había colocado como la fuerza política más votada en Cádiz

El partido de Pablo Iglesias estaba presente en la mayoría de aquellas candidaturas pero el fenómeno desbordaba a los partidos, con candidaturas en las que se integraban personas de la sociedad civil. Así pasó en Madrid, con una lista tejida en primarias en las que participó Podemos pero también un grupo de gente organizada alrededor de Ganemos Madrid. Aquella iniciativa ciudadana bebía de Municipalia, un grupo de personas que venía de movimientos ciudadanos, vecinales, sociales, como el Patio Maravillas. 

También en Barcelona se construyó una plataforma que concentraba a las principales formaciones de la izquierda y al mismo tiempo a gente procedente de la sociedad civil. Los primeros esfuerzos para una candidatura unitaria los encabezaron en 2014 Colau, que venía de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Jaume Asens, del mundo de la abogacía, y el académico Joan Subirats, que años después se convertiría en ministro de Universidades. 

Para febrero de 2015 ya había un acuerdo definitivo de confluencia entre los partidos Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Equo, Procés Constituent y Podemos, que terminó llamándose Barcelona en Comú. Colau se convertía en alcaldesa con once concejales y más del 25% de los votos. 

“Salió una candidatura muy bien cohesionada porque venía fruto del trabajo de muchos años, gente que veníamos peleando en los barrios desde hace mucho tiempo y conseguimos poner los objetivos por delante de las siglas, que gente que venia de los partidos entendieran el momento y fueran generosos, y gente que desconfiaba de los partidos aceptase construir junto a ellos un programa de ciudad”, explica. Y aquello les permitió ganar las elecciones.

Participación ciudadana, agenda verde y derechos sociales, un programa común

Los programas con los que llegaron al Gobierno eran similares. La mayoría hablaban de sanear las cuentas de unos ayuntamientos asfixiados, retomar la gestión de los servicios públicos, garantizar los derechos sociales, paralizar los desahucios y construir ciudades más verdes, pensadas para los peatones y no para los coches. También hubo importantes intentos para abrir las instituciones, con participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos y otras decisiones. 

Una imagen condensaba todo aquello. El 15 de junio, el nuevo alcalde de València, Joan Ribó, acudía por primera vez a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento. Pero lo hacía de una manera radicalmente diferente a la empleada por su antecesora Rita Barberá. Ribó llegó en una bicicleta que guardó en el garaje donde se acumulaban los coches privados que habían usado hasta entonces los concejales. 

“No llegábamos con un planteamiento de hacer grandes obras. La imagen de la bicicleta planteaba que nuestro gobierno venía a pacificar la ciudad, a hacer una ciudad más amable, peatonalizarla para que los niños pudieran jugar en la calle”, cuenta el exalcalde, junto con Kichi y Colau, uno de los pocos que pudo revalidar mandato en 2019 y profundizar los cambios que contemplaba su programa.

Madrid Central, la zona de bajas emisiones en la capital, las superilles de Barcelona, el impulso de los servicios de movilidad sostenible, el carril bici en Cádiz… formaban parte de una agenda común que también puso el foco en la defensa de la gestión pública y la defensa de los colectivos más vulnerables. En València se pusieron en marcha ayudas a las personas que desahuciaban de sus viviendas, Barcelona impulsó una eléctrica pública y un dentista municipal e impulsó un ambicioso plan de vivienda pública. 

“Abrimos la institución, introdujimos criterios de transparencia, nos bajamos los sueldos, firmamos códigos éticos que no he visto reeditados…”, recuerda Pedro Santisteve, el exalcalde de Zaragoza, que llegó al ayuntamiento al frente de la candidatura Zaragoza en Común. “Nos convertimos en la ciudad con más inversión social por habitante, hicimos presupuestos participativos en los barrios, electrificamos los autobuses”, repasa. 

Pero el camino no fue fácil. Las fuerzas que llegaron al gobierno en aquel verano se dieron cuenta rápido de las dificultades que iban a sufrir para poner su programa en marcha. En el caso de Zaragoza, según recuerda el exalcalde, uno de los principales problemas fue el Partido Socialista de la entonces concejala Pilar Alegría. “El PSOE apoyó la investidura pero a continuación empezó a hacer oposición. No fue a combatir a la derecha sino a nuestro gobierno. Se cargaron la confluencia, sacaron diez concejales cuatro años después pero les faltó uno a su izquierda”, repasa. 

“No hubo absolutamente nada fácil, empezando por cosas tan sencillas como que el ayuntamiento no fuera a actos religiosos”, dice Santisteve sobre una de las cuestiones que los alcaldes del cambio pusieron sobre la agenda. “No hubo ni un solo día de cortesía”, recuerda también Noriega, que a pesar de que tenía experiencia de gestión, al frente del vecino ayuntamiento de Teo, dice que no fue capaz de controlar “la animadversión” que iban a provocar en los poderes fácticos. 

Los medios de comunicación, la iglesia, las empresas… comenzaron una ofensiva contra la mayoría de ayuntamientos. “Fuimos viendo cómo muchas cuestiones eran una continua polémica. La renta social, que fuimos pioneros en Galicia junto a Coruña, funcionó muy bien pero generó una enorme polémica. La representación en los actos religiosos…”, rememora. También el debate sobre la regulación del turismo, que ahora está en boga en muchas ciudades. “No es que no lo sacáramos pero nos desgastaban en cada batalla”, dice.

Kichi recuerda una experiencia parecida. “Había días que nuestra acción política se reducía a intentar despejar balones fuera, a contestar a las portadas enteras de lo mal que lo estábamos haciendo, que se ponía la ciudad como casi apocalíptica”, dice. “Nos costó mucho luchar contra la maquinaria del adversario, que intentaban ganar por la vía judicial lo que no podían ganar en los plenos y en las comparecencias”, añade. 

Pese a todo, consiguieron cosas, presume. Dejaron las arcas “limpias como una patena, saneadas”, implementaron un escudo social para los gaditanos con la prohibición de cortar el suministro de agua y luz, y redujeron los desahucios de 282 al año cuando llegaron a 16 tras doce meses de gestión. 

Una parte importante de la gestión de estos ayuntamientos se centró en la mejora del déficit presupuestario que había dejado el PP. El Madrid de Manuela Carmena consiguió reducir la deuda pública un 52%. Ribó reconoce que la situación en que había dejado Barberá las cuentas fue un gran problema para conseguir poner en marcha el programa. “Nosotros teníamos una idea bastante cercana de cómo estaba la situación y durante los primeros años fue un cuello de botella que nos impidió hacer muchas cosas, pero pudimos superarlo”, cuenta. 

“Cuando demostramos que íbamos en serio, y eso quiere decir tocar privilegios e intereses, empezó toda una campaña de fake news, de lawfare, de desprestigio, que tuvimos a lo largo de dos mandatos”, lamenta Colau, que también señala algunas dificultades más “mundanas”. La primera, el desconocimiento de la administración. Su equipo de gobierno pasó prácticamente un año empezando a gestionar mientras aprendía el funcionamiento del sistema a marchas forzadas. Y luego estaban los tiempos: “La administración es mucho más lenta de lo que querrías, entre que apruebas una cosa y se convierte en realidad hay procesos internos, licitaciones, contratos, concursos, informes...”.

¿Un legado en peligro?

Muchos de esos bastones de mando ahora los sostiene el PP, como en Madrid, en València o en Zaragoza. Algunos gobiernos pasaron a manos socialistas o en el caso de Santiago de Compostela, a una coalición del BNG con una parte de quienes formaron aquellas confluencias. Aunque la dirección de muchas de las políticas ha cambiado radicalmente, hay medidas de su gestión que todavía permanecen. En Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no pudo revertir del todo Madrid Central, las restricciones de tráfico de la almendra, a pesar de que fue su principal promesa de campaña, y en Barcelona es más que palpable la transformación del entramado urbano que propició Colau y que el socialista Jaume Collboni de momento ha conservado.

“El legado es muchísimo, ha cambiado la agenda de prioridades de la ciudad: el urbanismo sostenible, aunque el PSOE intentó frenarlo, ya es política de consenso y patrimonio de la ciudad”, defiende la exalcaldesa de Barcelona. “No pueden desmontar las pacificaciones en los entornos escolares, los parques, las cooperativas de vivienda, la unidad para frenar desahucios, el psicólogo y el dentista municipales, la regulación del turismo...”, enumera. “Cualquiera que esté en el Gobierno no puede desmontarlo porque tendría una revuelta”, dice. Lo que sí ha cambiado es la falta de ambición en la dirección que impulsaron, apunta. “El PSOE quiere evitar conflictos con las élites y frena esas medidas, no pone recursos para los servicios públicos que creamos, intenta descafeinar la obligación al sector privado de destinar el 30% a vivienda pública”, lamenta.

De los años de Compostela Aberta en el Gobierno de la capital de Galicia pervive el debate sobre la gestión del turismo desbocado y los límites que se pretende imponer a la proliferación sin control de viviendas turísticas. Del mismo modo sigue en la agenda la búsqueda de herramientas para garantizar un control de los precios del alquiler que no expulse a las familias del centro de una ciudad, cada vez más convertida en un parque temático al servicio de los peregrinos que patrocina la Xunta de Galicia como una de sus escasísimas políticas de estado. 

La sombra de aquellos gobiernos se reduce en Ferrol a la presencia de dos concejales que perviven en la oposición. De aquel ayuntamiento procede la vicepresidenta Yolanda Díaz que ensayó ya en Galicia las divisiones en la izquierda que acabaron por convertir a los gobiernos del cambio en un recuerdo efímero con remotísimas posibilidades de volver a optar por los bastones de mando en los ayuntamientos.

“La agenda que se marcó en aquel mandato es una agenda que hoy sigue siendo la agenda de la ciudad”, defiende el exalcalde de Santiago para reivindicar el papel de aquel gobierno. “El modelo turístico, la agenda social, la pérdida de derechos alrededor de la vivienda son cuestiones que se abrieron entonces”, dice. 

En la capital gallega gobierna el BNG en coalición con Compostela Aberta, lo que favorece que las políticas sigan la misma dirección. Pero incluso en los lugares en los que el PP ha accedido al Gobierno hay cosas que no ha podido desmontar. En València han mantenido las reurbanizaciones, además de los carriles bici, a pesar de que muchos de ellos como el de la calle de Colón fueron duramente cuestionados cuando se pusieron en marcha.

Muchos otros proyectos que se estaban tramitando tras procesos participativos, sin embargo sí se han modificado. El caso más claro es la reurbanización de la plaza del Ayuntamiento, que prevé una reordenación del arbolado previsto en el proyecto inicial para mejorar la visión de los espectáculos pirotécnicos. 

En Cádiz, el PP de Bruno García no ha tocado el carril bici que construyó el anterior gobierno y que recorre y comunica toda la ciudad en bicicleta. Tampoco han cambiado la política de vivienda ante el empeoramiento de los problemas con los pisos turísticos. El nuevo gobierno incluso ha tenido que prohibir nuevas licencias nuevas en todo el término municipal. Otros proyectos iniciados, el PP los ha “dejado morir”, explica Kichi. 

Volver a las calles

Más allá de las políticas y medidas, lo cierto es que diez años después de aquel hito no queda ningún ayuntamiento del cambio en pie y la mayoría de coaliciones y fuerzas que surgieron de aquella etapa han perdido el nivel de apoyo popular que consiguieron entonces. Ahora Madrid sufrió muchas tensiones internas durante los cuatro años y terminó transformándose en Más Madrid, el partido que lanzaron Carmena e Íñigo Errejón. Carmena ganó las elecciones pero no consiguió gobernar y terminó saliendo de la política. Compostela Aberta consiguió cinco concejales y un reseñable 20% del voto, pero la pujanza del PSOE los desplazó del Gobierno. Zaragoza en Común se desplomó y aunque Colau, Ribó y Kichi aguantaron cuatro años más, lo hicieron con menos voto y terminaron perdiendo la alcaldía en las siguientes elecciones. 

“Los movimientos sociales estamos en un momento de reflujo que va oscilando. Esto es como un péndulo que a veces desborda como en el 15M o luego con Podemos y luego todo se contrae y se repliegan sobre sí mismos”, dice el exalcalde de Cádiz, que cree que para lo que viene es importante mantener la coherencia entre lo personal y lo político y sobre todo volver a las calles. 

“Toca volver a la calle, a los trabajos, a las facultades, a mancharse, a implicarse en los problemas de la gente, volver a sentir las ganas y la ilusión de tener que salir irremediablemente a la calle”, defiende. “Hay otro ciclo político, mucho más de resaca y de posicionamientos en los que la gente se está apoyando en candidaturas casi antitéticas”, coincide Noriega, que cree que esa unidad popular que se creó realmente en los ayuntamientos hoy ya no tiene credibilidad porque “se impusieron las partes”, en referencia a los partidos. “Ahora no resulta creíble que los espacios puedan cooperar porque hay tantas heridas y se gestionó tan mal en los últimos años que la gente no se cree que haya una posición unitaria”, dice el dirigente de Anova, cuya formación ha vuelto a entenderse con el BNG, de donde se escindió entonces, y estudia la forma en la que esos dos espacios puedan seguir “cooperando” de cara al futuro. 

Santisteve en Zaragoza también cree que los “personalismos” en formaciones como Podemos hicieron mucho daño. “Hubo mucha gente que se creía la más lista creyendo que iban a sacar muchos más votos rompiendo las confluencias”, dice. “Hay quien quiso romper las coaliciones por asaltar los cielos. Sobraron siglas y más generosidad”, critica. 

Ribó añade algunas variables políticas. En el caso de las municipales de 2023, dice, mucha gente votó en clave nacional, contra el Gobierno. Y cree que las últimas autonómicas van mostrando el camino. “Hay que pegarse al territorio, a los problemas de la gente. Las fuerzas territoriales de País Vasco y Galicia nos han indicado el camino”, dice sobre el BNG y EH Bildu. 

Y hace un llamamiento a la unidad. “Con la que nos está cayendo por la derecha, creo que es importante manifestar al máximo la voluntad unitaria y trabajar en esa dirección”, sostiene. “Y siempre pegados a los movimientos sociales”, concluye. 

Colau cree que es más que posible que Barcelona en Comú vuelva a ganar las elecciones y recuerda que en 2023 se quedaron a 200 votos del Partido Socialista. Pero reconoce que a nivel global el momento es otro. “Cuando tocas privilegios hay una reacción, no es una sorpresa esta ola reaccionaria en la que la derecha y la ultraderecha están organizadas y muy financiadas”, sostiene.

Por eso cree que las izquierdas, y se incluye, deben ponerse las pilas. “No mirar al pasado con nostalgia, sino pensar en cómo construimos el futuro con ilusión y tratar de hacer cosas increíbles”, apunta. La exalcaldesa cree que la derecha y la ultraderecha han sido hábiles en apelar a las emociones, por eso pide hablar centrarse menos en el programa: “La razón no basta, ya hemos demostrado que éramos capaces de gestionar, ahora hay que recuperar la capacidad de soñar y poner las grandes ambiciones en el horizonte”, concluye.

Han colaborado en este reportaje Gonzalo Cortizo, Javier Ramajo y Carlos Navarro.

Nunca la izquierda nacionalista gallega lo ha visto tan cerca. La idea de que existe la posibilidad de que, por primera vez, una de sus líderes ocupe la Presidencia de la Xunta se va imponiendo en el humor de sus simpatizantes. Las encuestas dicen que el PP baja y el BNG sube, y la del CIS abre la puerta al cambio en Galicia el 18 de febrero. Este viernes también sobrevolaba el acto de campaña en que Xosé Manuel Beiras se reencontró con la formación que encabezó durante décadas y para la que ha vuelto a pedir el voto tras diez años de ruptura. A su lado, Ana Pontón, la líder política mejor valorada de la comunidad según el CIS y candidata del Bloque, y Martiño Noriega, exalcalde de Santiago de Compostela por Compostela Aberta. Más de 300 personas abarrotaron la sala de un céntrico hotel de la capital gallega. “Podemos derrotar al PP”, insistió Pontón, “la primavera empezará el 18 de febrero”.

Nadie se alejó demasiado de su papel en la conversación, guiada por la directora de Nós Diario, María Obelleiro. Noriega, de profesión médico de atención primaria, relató a partir de su propia experiencia del deterioro de la sanidad pública. Pontón se ciñó a las liñas de fuerza de su discurso electoral -“hay un gobierno que está ocupando el poder pero no gobierna”- y arrancó numerosos aplausos con sus llamamientos a la esperanza. Y Beiras, casi 88 años, se manejó entre la socarronería, “la gente está harta de que meen por nosotros y nos digan que llueve”, y los ataques durísimos a la derecha: “Un poder que no respeta la vida de los ciudadanos es un poder homicida”. “La ciudadanía gallega está tomando conciencia de que esto no puede durar más”, dijo.

Los tres compartieron diagnóstico sobre la situación política y social de la comunidad y los tres se conjuraron para explicar que “la única alternativa es el BNG”. La líder nacionalista explicó la necesidad de esquivar la campaña en B del PP. “Siempre digo que las campañas del PP son como su financiación, en A y en B. Quieren convencer a una parte [del electorado progresista] de que tire la toalla, esa es la campaña en B”, dijo, “pero es el BNG el que le está disputando la presidencia al PP. Si alguien tiene dudas, que mire la TVG”. La denuncia del control y la manipulación a los que los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la comunidad han sometido a los medios públicos de comunicación fue otro de los temas tratados. Noriega arremetió contra la situación mediática gallega y Pontón se comprometió a que el 300 Venres Negro -actos de protesta de trabajadores de la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG)-, que coincide con el último viernes de campaña, “sea el último”. Los tres se solidarizaron con la plantilla del ente público.

Fue Beiras, cuya militancia en el nacionalismo de izquierdas comenzó en 1963, y entre 1982 -año de su fundación- y 2004 encabezó el BNG, quien hizo un poco de historia. Quería argumentar, al igual que Pontón, los motivos por qué Galicia no responde al tópico de país conservador que tantas veces se le atribuye. “Es un país que está muy vivo por abajo, pero con una costra terrible encima”, afirmó, antes de mencionar las huelgas obreras de 1972 que hicieron tambalearse el franquismo o las movilizaciones agrarias contra la cuota empresarial, ya durante la Transición. “El mapa electoral es muy diferente al de un país conservador”, añadió Pontón. Las formaciones progresistas gobiernan la mayoría de las ciudades y las principales poblaciones y todavía el 23 de julio obtuvieron más votos que las derechas. En las elecciones autonómicas, sin embargo, las tornas cambian. El PP encadenó, con Feijóo como candidato, cuatro mayorías absolutas consecutivas.

Pero ha algo ha cambiado en el ánimo del nacionalismo de izquierdas. En el público, rostros históricos como Camilo Nogueira o Carlos Mella, que fue vicepresidente de la Xunta con Alianza Popular a principios de los ochenta y una década después candidato del BNG a Europa. “Hay efecto bola de nieve. El nerviosismo [de Alfonso Rueda] es directamente proporcional a la posibilidad del cambio”, incidió Martiño Noriega. El ex regidor de Santiago y portavoz de Anova, el partido que fundó junto a Beiras tras abandonar el BNG, volvió a tirar de oficio: “Algo está cambiando. Lo noto en la consulta”. “Las tendencias son claras, el PP baja y el BNG sube”, recordó, finalmente, Pontón.

La foto significa, a decir de varios de los presentes, mucho más que una foto. Reúne a uno de los fundadores del BNG, Xosé Manuel Beiras, y a su actual líder, Ana Pontón, 41 años más joven. Es la escenificación de una vuelta a casa, 12 años después de la traumática asamblea de Amio, en Santiago de Compostela, cuando la principal organización de la izquierda nacionalista gallega se partió, Beiras la abandonó para fundar Anova-Irmandade Nacionalista y estableció durante algunos años alianzas con la izquierda federal. Este domingo, las dos formaciones firmaron un acuerdo de colaboración con la vista en las elecciones del 18 de febrero pero en realidad más largo alcance. “Hacemos un llamamiento a la ciudadanía gallega para movilizarse con su voto en defensa de la democracia”, dice el documento, “y hacer de Ana Pontón la primera presidenta de nuestro país”. El PP necesita, si no hay sorpresas por la derecha, una quinta mayoría absoluta consecutiva para aguantar la Xunta. La demoscopia, por el momento, le da posibilidades.

El tamaño y la implantación de BNG y Anova resultan incomparables. La primera participa en gobiernos de coalición con el Partido Socialista en las diputaciones de A Coruña y Lugo y detenta las alcaldías de Santiago, Pontevedra o Carballo. Mantiene una importante influencia en el sindicato mayoritario en la comunidad, la CIG, y en conocidas asociaciones cívicas y culturales. Anova, cuyo actual portavoz, Martiño Noriega, fue alcalde de la capital gallega entre 2015 y 2019, tuvo diputados en el Parlamento autonómico y en el Congreso. Ya no. Su principal fuerza se encuentra en el ámbito municipal. Y sobre todo, admiten fuentes de ambas partes, “en lo simbólico y en lo cualitativo”. Es, al fin y al cabo, el partido de Xosé Manuel Beiras, profesor y escritor, líder histórico del Bloque entre 1982 y 2005, al que en 1997 condujo hasta su techo de votos, 395.435. El máximo de diputados lo alcanzó en 2020 Ana Pontón, los 19 que ahora se someten a reválida.

El caso es que la ruptura de Amio, en 2012 y en lo más agudo de la crisis financiera, desembocó casi de manera inmediata en la fundación de Anova. Independentista, republicana y de “izquierda inclusiva” según su propia tesis organizativa, inició una política de alianzas poco habitual en el soberanismo gallego. Se coaligó con la Esquerda Unida de Yolanda Díaz y otros grupos menores en Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y obtuvo nueve escaños en la Cámara autonómica. Después se integró en las mareas municipalistas que en 2015 alcanzaron las alcaldías de A Coruña, Santiago y Ferrol. Y dentro de En Marea, ya junto a Unidas Podemos, formó parte del principal grupo de la oposición a Feijóo entre 2016 y 2020. Aquellos 14 diputados se esfumaron este último año, tras meses de luchas intestinas. Las relaciones con la izquierda federal se habían ido deteriorando y, poco a poco, las coaliciones deshilachando. Anova incluso no participó en algunos procesos electorales. Pero hace apenas unos meses, Yolanda Díaz volvió a llamar a su puerta. Quería contar con Martiño Noriega, reincorporado a su profesión como médico de familia, como candidato a la Xunta. Anova había comenzado a virar hacia un nuevo horizonte y Noriega, que había militado en el BNG también hasta 2012, dijo no.

“El contenido estratégico del nacionalismo de Anova y el del BNG es el mismo”, explica un miembro de la dirección a elDiario.es, “la diferencia se encontraba en la táctica. Digamos que nosotros defendíamos una especie de frentepopulismo y el Bloque, la autoorganización gallega. Nuestra política de alianzas fracasó por diferentes motivos, y nos quedamos sin alternativa táctica. El reencuentro con el BNG era lo natural”. El propio Beiras ya había solicitado el voto para el BNG el pasado 23 de julio, al igual que Martiño Noriega en un artículo en la revista catalana de izquierdas Sin Permiso. Sucede que esta vez, tras cerrar la puerta a un acuerdo con Sumar, la puesta en escena ha incluido una imagen que, según fuentes de la cúpula del BNG, “crea ilusión y va en la línea de lo quiere la gente que, más allá del nacionalismo, quiere cambio político en Galicia”.

El acuerdo entre BNG y Anova no incluye la participación de esta última en sus listas electorales, apenas en actos electorales. “Hoy escenificamos ese compromiso con un país que quiere ponerse en valor, defender sus potencialidades y apostar por el futuro”, afirmó Martiño Noriega en la firma del documento, “tener una presidenta que dignifique las instituciones y las ponga al servicio de la gente”. Ana Pontón, a la cabeza de la oposición a Alfonso Rueda y a quien las encuestas le auguran todavía cierto crecimiento, agradeció el gesto y aseguró que “con este acuerdo” tiene “más fuerza para ganar”. En las respectivas dirigencias la lectura va, sin embargo, más allá de la coyuntura. La recomposición de la izquierda nacionalista gallega parece haber arrancado. “Es un proceso destinado a redimensionar en los próximos años el soberanismo gallego con el fin de afrontar con garantías los desafíos que nos imponen el neoliberalismo colonizador y las nuevas formas de expresión de la extrema derecha”, asegura el comunicado difundido.

“La receptividad social de la foto ha sido muy grande”, señalan desde el BNG, “en la izquierda estamos acostumbrados a sangrarnos y a la destrucción pública, esto es lo opuesto. Hay un lado humano en ese abrazo [el de Beiras y Pontón], y la política también son emociones. La gente necesita ver que hay ventana de cambio”. Y existe además otro elemento, añaden, “la construcción de la confianza mutua”. Los desencuentros en estos casi 12 años fueron habituales y en algunas ocasiones sonoros. “Ahora hay una base para ir avanzando. Tarde o temprano nos vamos a encontrar”, concluyen. En Anova ven el tablero y el juego de forma parecida. “Existe una oportunidad de cambio de gobierno en Galicia”, explican, “así lo vemos y actuamos con generosidad y altura de miras. Es importante poner a Galicia en hora con las otras naciones sin Estado”. Remiten, finalmente, a las palabras de su líder, Martiño Noriega: “Lo de este domingo fue una estación de salida, no de llegada”.

Martiño Noriega se retiró de la primera línea política hace ahora cuatro años, cuando dimitió como concejal de Compostela Aberta meses después de haber perdido la alcaldía de la ciudad. Se reincorporó a su profesión y desde entonces ejerce como médico de atención primaria en la sanidad pública. “Desde que he vuelto, no hay mes en que la situación no vaya a peor”, asegura. Durante los últimos meses ha compatibilizado la medicina con la portavocía nacional de Anova, la organización soberanista de izquierdas que fundó en 2012 junto a Xosé Manuel Beiras tras escindirse del BNG. En otro tiempo aliado de Esquerda Unida o de Podemos en Alternativa Galega de Esquerda (AGE) o En Marea, el partido inició un viraje estratégico y pidió el voto para el nacionalismo gallego en unas elecciones, las del 23J, a las que no presentó candidaturas. Ahora ha cerrado la puerta a un acuerdo con Sumar, pese a que la formación de Yolanda Díaz ofreció a Noriega la candidatura a la presidencia del Gobierno gallego. “Nos reafirmamos en la posición de la generales y en el rumbo marcado hace un año”, dice.

¿Qué va a hacer Anova en las elecciones gallegas?

Es una decisión que todavía no está tomada. En su momento, antes de las elecciones al Congreso, fijamos posición estratégica y solicitamos apoyo al soberanismo gallego representado por el BNG. Pero también fijamos participar en las elecciones gallegas. Lo que va a suceder finalmente aún no lo sé.

¿Por qué descartaron un acuerdo con Sumar?

Anova no renuncia al legado de construcción de la unidad popular de la pasada década. Somos conscientes del desgaste que supuso para una opción soberanista que fue capaz de arriesgar, de adoptar posiciones transfronterizas y de normalizar las relaciones en el campo de la izquierda gallega entre las opciones federalistas y el soberanismo. Dicho esto, hace un año concluimos que había finalizado un ciclo. Yo asumí la portavocía de Anova con un mandato: reconectar con el tejido social agredido por las políticas del PP, apoyar candidaturas municipalistas y normalizar las relaciones dentro del soberanismo gallego. De ahí el apoyo al BNG en la generales. Estamos en nuevo período. Y aunque en Anova existían voces que defendían pactar con la izquierda federal, el proceso de constitución de Sumar en Galicia, el ruido de fondo de los líos de la izquierda federal en el Estado y el efecto que podría causar decantó definitivamente el debate. Ahora nos reafirmamos en la posición de las generales y en el rumbo marcado hace un año.

¿Qué ha cambiado para que después de casi diez años de alianzas con formaciones de la izquierda estatal Anova entienda que esa vía está agotada?

Estamos en nuevo ciclo político. No abdicamos de nuestra posición en otros momentos pero sí que entendemos que ahora, cuando existe un riesgo evidente de llegada del fascismo representado por Trump, Bolsonaro o Milei y un riesgo en el Estado español de que PP y Vox tuviesen el gobierno, todas las opciones en defensa de la democracia son buenas. Nosotros apostamos por reforzar lo que definimos como cinturón soberanista y que encarnan a nivel de Estado EH Bildu pero también ERC y BNG. Creemos que ese es el lugar de una organización golpeada pero con carga simbólica y referentes de larga trayectoria y ahí estuvimos humildemente.

Y, sin embargo, las izquierdas nacionalistas están colaborando con las fuerzas progresistas estatales como nunca antes había sucedido.

No sabemos qué va a pasar en el futuro y con las lecturas de la izquierda federal sobre su relación con el soberanismo. La necesidad de frenar la involución fascista hace que se generen espacios de colaboración y cooperación que, de alguna manera, revindican nuestra experiencia pasada. Pero falta también un discurso que vaya más allá del mal menor y sea capaz de impugnar el estado de cosas, sobre todo aquí, en Galicia.

¿Sumar le propuso ser candidato a la Xunta de Galicia?

Hubo esa propuesta, sí, a nivel personal. Pero intentamos huir del espacio nominal. Estoy en un espacio político en el que llevo treinta años militando, veinte en el BNG y diez en Anova, soy leal a las decisiones colectivas y entiendo que la decisión en todo caso debía ser colectiva, nunca nominal. Esa propuesta existió, la valoramos positivamente, agradecemos la generosidad, pero quisimos clarificarla en lo colectivo. Lo colectivo primó sobre lecturas individuales, no puede ser de otra manera.

¿Anova volverá a pedir el voto para el BNG una vez cerrada la puerta a acuerdos con Sumar?

No puedo dar una respuesta en estos momentos. Es cierto que el 23J lo hicimos, que a lo largo de estos meses el BNG trasladó un interés...

¿Pero hubo contactos con el BNG tras el 23 de julio?

Sí, los hubo. Primero individuales, en los que se me dice que hay un interés por parte de la dirección del Bloque en explorar acuerdos con Anova, y después entre delegaciones. Esto nunca lo negaron las partes. Cierto es que en determinado momento se enfrían los contactos. El BNG lo argumenta por cuestiones de su vida interna y nosotros lo respetamos. Pero eso no nos ha condiciona do para adoptar la decisión que adoptamos en relación con Sumar.

¿Cuál es ahora la situación?

Si verdaderamente hay una pulsión de cambio en este país, los debates internos de los partidos tienen que quedar aparcados y debe primar intentar construir ese espacio de cambio. Mantenemos vías de diálogo y estamos a expensas de lo que pueda suceder en los próximos días.

En todo caso, la posición estratégica fijada por Anova incluía la participación en las elecciones gallegas: ¿va a ser así suceda lo que suceda?

Esas es nuestra voluntad. Igual que hablo de la interna de otros espacios políticos, hablo de la nuestra. No vamos a contribuir a disgregar la izquierda gallega ni a meter más ruido. Somos responsables, no tenemos líneas rojas, ni ambiciones personales ni en la formación de listas. Queremos colocar nuestro capital simbólico en el espacio de cambio. Pero no basta una organización pequeña como Anova, lo tiene que hacer el conjunto de fuerzas de izquierda. En estos momentos el ruido que hay en una parte invita a pensar que existe poco interés en entender esa pulsión de cambio. Y las cuestiones internas de proyectos consolidados y con liderazgos consolidados como el BNG, pues ellos las tienen que explicar.

Que una parte de la izquierda en Galicia se encuentre en esta situación a unos meses de las elecciones, ¿contribuye a la posibilidad de un cambio en la Xunta?

Lo dificulta. Muchos debates en la izquierda no tienen en cuentan el reto fundamental: impedir un nuevo ciclo del PP encabezado por el señor Rueda, que heredó la presidencia, que nunca fue elegido democráticamente, que únicamente vive de inercias del anterior presidente. ¿Lo consolidamos no sabemos por cuantos años o somos capaces de entender la importancia del proceso electoral en un cambio? Algunos debates en la izquierda federal atienden a otro tipo de cuestiones estratégicas y no están pensados para el reto que Galicia tiene delante, impedir ese nuevo ciclo de la derecha. Y el BNG tendrá que decidir. Tiene un liderazgo consolidado, es el referente de la oposición, pero tendrá que decidir si le llega con un buen resultado aunque eso suponga la permanencia de la derecha en el poder o si está dispuesto a arriesgar. Yo creo que es el momento de arriesgar.

¿Usted ve posibilidades de que haya un cambio?

Por nosotros no va a quedar.

¿Y su futuro político en primera línea?

Llevo cuatro años separado de la primera línea. Es cierto que hace un año volví a la portavocía de Anova, pero llevo cuatro años ejerciendo la medicina en atención primaria en un momento como fue la pandemia. No soy el que era hace cuatro años. Estoy más apartado de las dinámicas partidarias, pero soy más consciente de los problemas y de las necesidades de cambio. Mi profesión me sirvió para echar un cable a tierra. Desde que me reincorporé a la sanidad pública, no hay mes en que la situación no vaya a peor. Es un solo un sector, pero el ejemplo se puede extender a la enseñanza pública, a las dinámicas económicas, al tejido social... Lo único que me mueve es intentar cambiar las cosas y eso puede hacerse desde muchos lugares.

Anova, la formación nacionalista gallega desgajada del BNG y fundada por el histórico Xosé Manuel Beiras, ha cerrado la puerta a un acuerdo con Sumar para las elecciones gallegas. Así lo ha decidido su coordinadora, máximo órgano entre asambleas, reunida el pasado sábado. Anova, ahora encabezada por el exalcalde de Santiago de Compostela Martiño Noriega, ratifica con esta decisión su giro estratégico en relación a la izquierda de obediencia estatal, junto a la que se presentó a los comicios de 2012 -Alternativa Galega de Esquerda-, 2016 -En Marea-, y 2020 -Galicia en Común. El 23J, Beiras y Noriega ya habían escenificado el cambio de rumbo al solicitar el voto para su antiguo partido, el Bloque, y hacer una defensa de la autonomía de la izquierda nacionalista.

Los contactos entre Anova y Sumar, confirmados por fuentes de ambas partes, no habían transcendido. Pese a que la prensa llegó a publicar la oferta de los de Yolanda Díaz a Noriega para ser el candidato a la presidencia de la Xunta, finalmente no habrá ningún tipo de pacto. Además de las coaliciones en las tres anteriores elecciones gallegas, Anova y diferentes formulaciones de la izquierda estatal -Esquerda Unida, Podemos, Unidas Podemos- habían compartido o apoyado candidaturas municipales, europeas o a las Cortes. La decisión de Anova clausura un ciclo que comenzó en 2012 cuando Xosé Manuel Beiras, fundador y dirigente crucial del BNG -lo condujo a su techo de sufragios en 1997-, comandó una escisión de izquierdas y acordó una alianza con Esquerda Unida, entonces encabezada por Yolanda Díaz.

Aquella Alternativa Galega de Esquerda, de la que formaron parte otros grupos menores, surgió como reacción a la crisis del neoliberalismo y a una situación político económica que sus protagonistas calificaban “de emergencia”. Obtuvo nueve diputados, dos más que el BNG, y se colocó como tercera fuerza del Parlamento de Galicia. Díaz abandonaría la Cámara autonómica para ser diputada en Madrid por En Marea, de la que también formó parte Anova. Las tensiones y desacuerdos internos de un espacio que también fue denominado de confluencia marcaron las dinámicas internas casi desde el principio. En la legislatura 2016-2020, cuando el juez Luís Villares se convirtió en líder de la oposición a la tercera mayoría absoluta de Feijóo, alcanzaron un punto crítico. En Marea saltó por los aires y, metamorfoseada en Galicia en Común y con Antón Gómez-Reino como candidato, pasó de 14 a ningún diputado en julio de 2020.

A partir de entonces, Anova se fue distanciando de sus antiguos socios. Aunque volvió a impulsar y formar parte de candidaturas municipales junto la izquierda en 2019 y 2023, se descolgó de las listas al Congreso. El pasado 23 de julio, Beiras en una entrevista y Noriega en un artículo en la revista catalana de izquierdas Sin Permiso pidieron el voto para el BNG. La formación de Ana Pontón, que es ahora cabeza de la oposición a Alfonso Rueda con 19 escaños, y Anova han mantenido contactos en los últimos meses.

Yolanda Díaz todavía no ha encontrado a su persona en Galicia. A apenas unos meses de las elecciones -la segunda mitad de febrero o marzo se perfilan como fechas más probables-, Sumar no solo carece de candidato, tampoco está claro qué formaciones se integrarán bajo su paraguas o acordarán una alianza. La escisión de los cinco diputados de Podemos en el Congreso no ha hecho sino añadir incertidumbre al espacio político a la izquierda del PSOE: los contactos entre las sucursales gallegas de Sumar y Podemos están paralizados. “No es fácil entender el papel que tendría Podemos en el Marco de Sumar Galicia”, declaraba todavía el jueves Marta Lois, portavoz de Díaz en el Parlamento español.

La relación con Podemos Galicia no es la única incógnita. Anova, el partido nacionalista que fundó Xosé Manuel Beiras tras abandonar el BNG en 2012 y que ahora encabeza el exalcalde de Santiago de Compostela Martiño Noriega, se ha distanciado de los que fueron sus aliados desde 2012. El pasado 23 de julio, Beiras y Noriega pidieron el voto para su antiguo partido en entrevistas y en un artículo en la revista catalana de izquierdas Sin Permiso. Pese a ello, algunos medios de comunicación han especulado con el nombre de este último como referente de Sumar en Galicia. La plataforma asegura que existe una vía de diálogo abierta. Anova no hace declaraciones al respecto y todavía no ha hecho pública su estrategia de cara a los comicios del próximo año.

Y Esquerda Unida, de la que Yolanda Díaz fue coordinadora nacional gallega, ha emergido con voz autónoma. Eva Solla, exdiputada y ahora su cabeza visible, ha reclamado esta semana “cerrar una coalición a tres”, Sumar, Esquerda Unida y Podemos. No ha mencionado a Anova. La agitación en el lado izquierdo del tablero político gallego es tal que La Vanguardia llegó a publicar la existencia de negociaciones entre los de Díaz y el Partido Socialista para elaborar listas conjuntas en las provincias de Lugo y Ourense. Todas las partes lo negaron. Las discusiones públicas, en todo caso, no han abordado cuestiones programáticas ni diferencias estratégicas y se detienen apenas en la táctica electoral.

Los rostros de Sumar Galicia

El rostro más visible de Sumar en Galicia es el politólogo Paulo Carlos López. Exmilitante del BNG y más tarde de Compromiso por Galicia -pequeña organización centrista también conformada por afiliados desgajados del Bloque en 2012-, es ahora portavoz de la comisión promotora de Sumar Galicia. En ella participan el exalcalde de Ferrol Jorge Suárez, el economista, asesor de Díaz y exdiputado de En Marea Manuel Lago, el vicesecretario de la Real Academia Galega Henrique Monteagudo o las dos diputadas gallegas en el Congreso, Marta Lois y Verónica Martínez Barbero. Falta, sin embargo, el anuncio de quién encabezará la candidatura a la Xunta de Galicia.

Los rumores publicados llegaron a apuntar a la arquitecta Teresa Táboas, conselleira nacionalista de Vivenda durante el Gobierno bipartito de PSdeG y BNG (2005-2009). Ella misma lo desmintió y se sumó después al consejo asesor de Ana Pontón. Sumar Galicia es, así, el único de los cuatro partidos que obtuvieron representación por Galicia en el Congreso el pasado 23 de julio que no ha presentado cartel para aspirar al Gobierno gallego. El substituto de Feijóo, Alfonso Rueda por el PP, Pontón por el Bloque y Xosé Ramón Gómez Besteiro -diputado en Madrid y expresidente de la Diputación de Lugo- por los socialistas son los otros tres.

El hundimiento de 2020

En julio de 2020, justo después del confinamiento por el coronavirus, Alberto Núñez Feijóo convocó unilateralmente a las urnas. Había escenificado conversaciones con la oposición para acordar la fecha, pero hizo caso omiso de sus opiniones. Entonces lideraba el Partido Socialista Gonzalo Caballero, en el BNG Pontón comandaba un grupo de seis escaños y la principal fuerza de la oposición era En Marea, con 14. O había sido, más bien. A esa altura de la legislatura, las tensiones internas habían estallado -diferencias estratégicas sobre la prevalencia del eje social o del nacional- y el grupo parlamentario estaba roto. Galicia en Común, pacto entre Unidas Podemos y Anova, tomó el relevo y colocó al entonces diputado en el Congreso Antón Gómez-Reino como candidato. Hubo además otra lista que conservó el nombre de En Marea. Aquel espacio político pasó de 14 a 0 diputados en el Parlamento de Galicia. Gómez-Reino volvió a Madrid y agotó su mandato en las Cortes.

Aquel fue el último episodio de una serie de experimentos políticos que se había iniciado en 2012, cuando Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díaz interpretaron que la respuesta a la coyuntura sociopolítica derivada de la crisis del neoliberalismo obligaba a acuerdos amplios en la izquierda. Alternativa Galega de Esquerda reunió a Anova-Irmandade Nacionalista y Esquerda Unida, además de otros grupos menores, y obtuvo nueve parlamentarios. La experiencia, plagada de conflictos intestinos, se metamorfoseó en En Marea e incorporó a Podemos. Las mismas fuerzas políticas nutrieron, apoyaron o conformaron según el caso las mareas municipales que, en 2015, se hicieron con las alcaldías de A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol. Y en noviembre de 2015, En Marea consiguió seis asientos en las Cortes, entre ellos el de Yolanda Díaz. Aquellos 408.370 votos fueron el techo gallego de estas izquierdas.

Tras la implosión de 2020, la pata soberanista, Anova, comenzó a tomar distancia. Las declaraciones de Xosé Manuel Beiras el pasado junio -“[me fío más del BNG] que de lo que pueda hacer la izquierda española propiamente dicha”- o el texto de Noriega en Sin Permiso -“creo que es importante reivindicar a espacios políticos como el BNG, EH Bildu, ERC o las CUP”- lo certificaron e insinúan un cambio de dirección estratégica. El tiempo de los pactos con la izquierda federalista parece quedar atrás. Pero, de momento, la organización guarda silencio.

El rumbo del BNG

El BNG tampoco hace comentarios y mantiene su propio rumbo. El 3 de diciembre presentó su alternativa a Alfonso Rueda: Ana Pontón será, por tercera vez consecutiva, su candidata a la presidencia de la Xunta. Bajo su liderazgo, la formación nacionalista alcanzó 19 diputados en la Cámara gallega, su récord histórico de escaños -en votos fue con Beiras en 1997-. Las pocas encuestas conocidas auguran que mantendrán, o escalarán ligeramente a costa del PSdeG, la representación. Pero también dicen que, por ahora, el Partido Popular de Alfonso Rueda aguanta la mayoría absoluta. Sería la quinta consecutiva desde que Feijóo aterrizó en la política gallega como candidato en 2009.

A discusión comezou cando, no grupo de whatsapp da cuadrilla, un amigo compartiu un vídeo da investidura do novo goberno grego, coa mesa do parlamento tomada por varios sacerdotes ortodoxos que estaban a dirixir a toma de posesión dos representantes electos dun país que aínda ten relixión oficial.

En realidade a discusión para min comezara antes, cando cheguei ao instituto novo e comprobei que unha maioría de alumnado escollía a materia de Relixión fronte a un Proxecto Competencial que nin familias nin docentes tiñamos claro en que consistía, porque o cura sempre pon notas altas. Ou no anterior instituto, onde o alumnado de Relixión tiña o privilexio, referendado polo centro, de ir unha semana de vacacións a Roma a final de curso, mentres que os de Valores Éticos quedaban na casa, exercitando a paciencia. Eu sempre facía o chiste de que aquela profesora de Valores era en realidade unha quintacolumnista da Conferencia Episcopal, porque facía que a rapazada traballase arreo nas clases para levar un 5, pero a verdadeira chufa é que aínda teñamos os curas metidos nas escolas, cobrando un soldo público por contarlle á rapazada que o aborto é pecado.

Así que estabamos no grupo de whatsapp comentando “que barbaridade, como están en Grecia, que atraso mi madriña, coidado que aquí imos polo mesmo camiño” e toda esa ladaíña pre-electoral, cando alguén comentou que polo menos aquí a nova alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG) non vai ir a misa, como xa non fora Martiño Noriega (Compostela Aberta) na lexislatura 2015-2019. O de non ir a misa é unha forma de falar, enténdase, o que quero dicir é que non vai asistir á tradicional ofrenda rexia ao Apóstolo o 25 de xullo na catedral. Insisto no de tradicional porque é un termo moi problemático, parece que se lle chamamos a algo tradicional quere dicir que nalgún momento do noso pasado o dedo xigante de Deus baixou do ceo e sinalou o camiño a seguir en tal ou cal celebración. A tradicional ofrenda en cuestión instaurouse no século XVII para resolver unha disputa sobre o padroado de España, foi suprimida polas Cortes de Cádiz, e retomouse por iniciativa privada e sen contribución económica do Estado até que Franco a restaurou en todo o seu arcaico esplendor no ano 37. Así que xa ven, estamos a discutir a procedencia de asistir a un acto tradicional impulsado polo dedo xigante de Francisco Franco, un xenocida que, como todo o mundo que leu a Forges sabe, é descendente directo de Deus.

Falo da ofrenda ao Apóstolo como podería falar de calquera outro acto relixioso disfrazado de institucional. Hai menos dun mes que se celebrou en Lugo a ofrenda do Antigo Reino de Galiza ao Santísimo, e non sei se polo misticismo das palabras “Antigo Reino” ou polo feito de ser galego, foron os do propio partido da alcaldesa de Santiago os que máis a criticaron no petit comité de Twitter por non asistir á cerimonia relixiosa. E despois din que na Galiza non hai nacionalismo de dereitas, se estamos a dous cubatas de pedirlle á candidata Pontón que se prostre ante Deus humillada como o lehendakari Aguirre.

A discusión do meu grupo de whatsapp non cuestionaba a galeguidade da ofrenda ao Apóstolo, por sorte, pero virou por outras corredoiras que eu xa coñecía, porque como digo en Santiago xa tivemos un alcalde que decidiu non asistir á ofrenda, para refocile de columnistas e apocalípticos varios, que aproveitaron a súa decisión de respectar a aconfesionalidade do Estado e a dignidade do seu cargo para clamar contra o ateísmo bolivariano que estaba a impregnar as institucións, e verter enxurradas de tinta sobre unha suposta vexación ao picheleirismo detodalavida. Precisamente dicía un dos meus amigos (que sei que é fan da alcaldesa) que o de non asistir á ofrenda lle parecía un erro estratéxico porque era darlle munición a todos os medios que, sen dúbida, van condenar a aldraxe de Goretti Sanmartín ao Apóstolo como xa condenaran a de Martiño Noriega. O meu amigo argumentaba que a ofrenda é un acto simbólico e non vai comprometer as crenzas de cadaquén ou o laicismo da alcaldesa.

Lembro a primeira vez que alguén da miña familia decidiu rachar coa tradición e non bautizar os fillos. A reacción dos meus avós, católicos, apostólicos e romanos, foi a esperada, pero o que me sorprendeu foi a reacción da parte agnóstica da familia, que en moitos casos recomendara o bautismo para non ferir a sensibilidade dos vellos porque “total, mal non lle fai á criatura”. Non é casual que neste país a relixión (católica, apostólica e romana) siga a ser a opción por defecto e que cando alguén opta por cortar con eses costumes anacrónicos a asunción xeneralizada sexa que o fai por amolar. No caso do bautismo, a escolla corresponde ao ámbito privado, e alá cadaquén cos seus dramas familiares, pero cando estamos a falar da representación institucional dunha alcaldesa, o conto cambia. Está claro que o feito de ir ou non ir á ofrenda non vai comprometer as crenzas persoais de ninguén, por iso é importante comprender que unha alcaldesa non deixa de ir á ofrenda por defender as súas propias crenzas, senón por defender a laicidade da institución á que representa. Mesmo que sexa simbólico e non dea moito rédito político. Mesmo que os editoriais de La Voz e El Correo se escriban sos. Mesmo que o PP e o PSOE vaian axitar tanto esta pantasma que acabaremos escoitando nos bares a pecadentos que non pisaron unha igrexa desde a comuñón queixándose amargamente porque a súa alcaldesa non representou “a todos” nesa decisión. Precisamente porque todo iso xa o vivimos. O alcalde Noriega normalizou no seu mandato algo que debería ser normal desde 1975, a separación de Igrexa e Estado, e retroceder neste tema como fixo o PSOE de Santiago, con grande pompa, boato e anuncios en prensa, sería incribelmente regresivo, sería asumir que hai cousas que non se tocan e que, tanto ten quen goberne, a Igrexa sempre vai estar metida nas institucións.

E se, despois de ver a investidura do novo goberno grego, despois de ver a golpista Jeanine Áñez axitar a Biblia na súa toma do Parlamento de Bolivia, despois de ver o Tribunal Supremo dos Estados Unidos derrogar o dereito ao aborto por presións do lobby relixioso, e de ver o novo nacional-catolicismo español ameazar dereitos conquistados con outra Biblia na man, non entendemos que non ir a misa é moito máis ca un símbolo, non estamos moito mellor que se baixase do ceo o dedo xigante de Deus e nos dixese o que temos e non temos que facer.

El hombre que amenazó con proclamas de ultraderecha al entonces alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, no irá finalmente a juicio. Seis años después de que un juzgado de instrucción decretase la apertura de la vista oral, y tras seis suspensiones con las motivaciones más variopintas, otro juzgado, el número 1 de lo penal ha comunicado a Noriega “la prescripción de la causa”. Todavía no le han notificado el auto en que la argumentan, pero fuentes conocedoras del proceso se muestran estupefactas y con dudas sobre esta suspensión: “Cuando las demoras en los señalamientos de la vista son debidas a la agenda judicial o por causa del acusado y su defensa, la regla común es que se interrumpe la prescripción”.

Los hechos juzgados se remontan a septiembre de 2015. Hacía cuatro meses que Martiño Noriega, al frente de la candidatura de confluencia entre partidos de izquierda y soberanistas Compostela Aberta, había ganado las elecciones. La hostilidad de la prensa local conservadora iba a más. En ese clima, el acusado colgó varios mensajes en la página privada de Facebook del en ese momento regidor de la capital de Galicia. “No se olvide usted de que enseguida en el 39 comenzaron a llenar las cunetas con miles de putos rojos”, decía el primero de ellos, como los demás redactado en gallego, “no nos gustaría repetir la historia aunque están muy interesados en que se repita. Habrá que darle la razón, señor alcalde”. Tres días después, el 11 de septiembre, insistía: “Ya de paso tengo unos amigos que me dijeron que, aunque usted no es religioso, sería bueno que rezase bastante para que ninguna de estas personas se cruce con usted cruzando la calle, no vaya a ser que confundan el freno con el acelerador del coche”.

La última de las amenazas que consta en las diligencias e instrucción del caso data del día 16 del mismo mes: “Ese gorrechas [mote despectivo] los de fuera todo gratis y a los de la ciudad les embarga las cuentas bancarias. Dios no quiera que nos crucemos por la calle porque entonces tú si que vas a desear cambiar de planeta... No me representas alcalducho de mierda. Puedes seguir embargando las cuentas, puto rojo fascista. Pena de que Pakiño [en referencia a Franco] no acabase con todos vosotros. Eso habríamos ganado ahora”. El autor de los escritos -así quedó probado en las investigaciones policiales a las que ha tenido acceso este periódico- había sido candidato en 1989 de Falange Española de las JONS. Tras el tercer escrito, Noriega decidió acudir a la Policía Local para presentar denuncia. Esta lo llevó a la Nacional, que tomó en serio el caso.

Agentes de la comisaría de Santiago detuvieron al sujeto, que pasó dos días en el calabozo, y obtuvieron autorización judicial para vaciar el contenido de su teléfono móvil y de su ordenador personal. Comprobaron como en sus redes sociales había numerosos vínculos y ecos de páginas de extrema derecha. El alcalde decidió no personarse como acusación en el proceso por “prudencia institucional”. Sí lo hizo la Fiscalía, que acabó la fase de instrucción solicitando dos años de prisión por un delito de “amenazas en todos los supuestos no condicionales”. El 23 de marzo de 2017, el juzgado de instrucción número 3 de Santiago de Compostela decretó la apertura de juicio oral. Y ahí comenzaron las dilaciones que ahora han supuesto la prescripción de la causa.

La primera vista judicial se iba a celebrar en febrero de 2018. La incomparecencia de uno de los policías citados a testificar -estaba en un curso, adujo-, la suspendió. En noviembre de ese mismo año, el magistrado atendió a una misiva del acusado y volvió a retrasar la vista, hasta junio de 2019. Noriega había perdido las elecciones y ya no era regidor. Pero entonces tampoco se celebró: la abogada de la defensa estaba enferma. En enero de 2020 y mayo de 2021 hubo dos suspensiones más. La sexta fue la definitiva. En febrero del año en curso, Noriega recibió un aviso por vías telefónica y de correo electrónico por el que “de conformidad con la resolución con fecha 24 de febrero de 2023 por la que se prescribe la causa, se deja sin efecto la citación del juicio del día 6 de marzo de 2023 a las 12.30 horas por lo que D. Martiño Noriega Sánchez no tiene que comparecer”.

La resolución todavía no salido del juzgado, ya que falta la firma del secretario, demorada por la huelga, explican fuentes conocedoras del caso. Mientras el documento, que debe ser un auto judicial -entienden expertos juristas-, no llegue a las partes, ni siquiera la Fiscalía, que ejerce la acusación, sabrá si es recurrible o no.

En diciembre de 2020, un juzgado coruñés condenó a nueve meses de prisión y 2.000 euros de indemnización al hombre que amenazó en Twitter al ex alcalde de A Coruña Xulio Ferreiro, de Marea Atlántica, con “meterle un tiro en el occipital”.

Anova se reactiva para prepararse para las elecciones municipales de 2023. La Coordinadora Nacional de la formación, escindida del BNG en 2012, eligió este sábado a una nueva dirección, la Comisión Permanente, que va a estar encabezada por Martiño Noriega como portavoz nacional. El exalcalde de Santiago vuelve a los primeros puestos tras la dimisión de exdiputado Antón Sánchez hace pocos meses.

Noriega, que compartió en 2014 la portavocía nacional con el histórico político nacionalista Xosé Manuel Beiras, vuelve a la primera línea política. “En estos tiempos excepcionales de continuo recorte de libertades, en que la llegada de la extrema derecha a los gobiernos es algo más que una amenaza, es necesario reactivar un dique de contención republicano y democrático que tenga el corazón abajo y a la izquierda de nuestro país”, declaró Noriega, que defiende que el de Anova es un discurso “soberanista alternativo a los existentes”.

En el contexto actual, añade, es necesario “abandonar la queja” de que ningún espacio político de la izquierda está “impugnando el estado actual de las cosas”: “Si nosotros y la mayoría social agredida no lo hacemos, no lo hará nadie”.

Junto a él en la Comisión Permanente estarán, además de Beiras, la concejala de Marea de Vigo Oriana Méndez, en el área de relaciones políticas; Miguel Anxo Fernán Vello, en la de comunicación; Iria Otero, en finanzas; Antonio Negreira, en municipalismo; Antía Comesaña, en organización; e Iván Rodríguez, en servicios públicos y movimientos sociales.

Noriega, que se apartó de la primera línea política en 2020, tras las elecciones autonómicas en las que la coalición Galicia en Común, con Antón Gómez-Reino (Podemos) como candidato a la Xunta, se quedó fuera del Parlamento gallego tras el batacazo en las urnas. Esa alianza

Con este paso dado al frente de nuevo por Noriega, que (al menos por el momento) se mantendrá al margen de la política institucional, Anova reaviva el panorama nacionalista que, actualmente, ocupa de forma hegemónica el BNG en el Parlamento con el logro electoral de 19 escaños y ser segunda fuerza política.

Noriega se despidió de la primera línea de batalla política tras el fracaso en las autonómicas de 2020 de la coalición Galicia en Común, que encabezó Antón Gómez-Reino (Podemos). Esta alianza electoral integraba a Podemos, Esquerda Unida, Anova y las mareas de las ciudades. El exalcalde de Santiago dejó entonces el acta de concejal que tenía en el Ayuntamiento y volvió a ejercer la medicina en la sanidad pública, una ocupación con la que anuncia que va a continuar.

El paso que da después de que el exdiputado Antón Sánchez decidiese dejar la portavocía nacional se produce en un contexto preelectoral para las municipales de 2023 en las que Anova buscará reforzar su representación, mantener los apoyos en candidaturas municipalistas en las que ya participa y tender puentes en el espacio de la izquierda.

Defíname un rastrexador e direille cantos teño, anunciou o novo conselleiro de Sanidade en sede parlamentaria hai uns días. Esa afirmación, por sincera, non se sae do guión de opacidade e baile de cifras onde a Xunta pasou de afirmar, a comezos da pandemia, que contaba con dúas ducias de rastreadores para rectificar mes e medio despois cunha cifra de seis milleiros.

Calquera pode ser un rastrexador, ou non, ou vai ti saber nestes tempos convulsos inseridos nunha pandemia mundial, a da COVID, que semella alterar todo agás a impunidade e o matrix de cristal de Feijóo e o seu goberno. Para ser rastrexador, faltoulle dicir, non é imprescindible saber que un é un rastrexador. Para exemplo eu, que levo 170 días reincorporado á medicina de familia e que ata esta semana non sabía que era un rastrexador, ou que computaba como tal, ou non. As compañeiras que habitamos a trincheira da atención primaria, as preventivistas, as xefas territoriais de Sanidade ou as teleoperadoras do 112 podemos ser rastrexadoras según o noso presidente, que dixo tal cousa, o día que tamén reclamaba como rastrexadores polo país adiante a 180 militares. Nesta fórmula de rastrexo bélica-civil, tan só faltan as diferentes razas de cans que nas vindeiras semanas darán comezo á nova tempada de caza.

Tanto teñen as queixas das asociacións médicas ou de diferentes sindicatos que no seu día denunciaron que ninguén lles comunicara esta nova condición. Tampouco que Galiza sexa o país con máis contaxios sen orixe coñecido no conxunto do Estado. Na impunidade do dito ou feito por Feijóo e os seus conselleiros emerxen monstros. Tamén na súa sinceridade agochada por un hábitat mediático público e privado con vocación de NO-DO, que salvo honrosas excepcións, nunca cuestiona o relato oficial agás reflicta algo negativo para o goberno galego.

A segunda lei da termodinámica determina que a entropía, ou estado de desorde dun sistema, é algo que sempre aumenta.

Algo así acontece co goberno Feijóo na xestión da COVID sen que iso teña consecuencia algunha. Á receita da desviación permanente de responsabilidades noutras institucións ou na cidadanía, á ocultación das consecuencias dun modelo de sanidade pública precarizado, e de residencias de maiores privatizado, ou á falla de planificación no comezo do curso escolar, vén agora sumarse a máxima política de mans tendidas e dos corifeos do goberno galego, onde todos somos rastrexadores e Feijóo é necesario.

Defíname rastreador y le diré cuántos tengo, anunció el nuevo conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia en sede parlamentaria hace unos días. Esa afirmación, por sincera, no se sale del guion de opacidad y baile de cifras en el que la Xunta pasó de afirmar, a comienzos de la pandemia, que contaba con dos docenas de rastreadores para rectificar mes y medio después con una cifra de seis millares.

Cualquiera puede ser un rastreador, o no, o vete tú a saber en estos tiempos convulsos insertados en una pandemia mundial, la de la COVID, que parece alterar todo excepto la impunidad y el matrix de cristal de Feijóo y su gobierno. Para ser rastreador, le faltó decir, no es imprescindible saber que uno es un rastreador. Para ejemplo yo, que llevo 170 días reincorporado a la medicina de familia y que hasta esta semana no sabía que era un rastreador, o que computaba como tal, o no. Las compañeras que habitamos la trinchera de la atención primaria, las preventivistas, las jefas territoriales de Sanidad o las teleoperadoras del 112 podemos ser rastreadoras según nuestro presidente, que dijo tal cosa, el día que también reclamaba como rastreadores por el país adelante a 180 militares. En esta fórmula de rastreo bélica-civil, tan solo faltan las diferentes razas de perros que en las próximas semanas darán comienzo a la nueva temporada de caza.

No importan las quejas de las asociaciones médicas o de diferentes sindicatos que en su día denunciaron que nadie les había comunicado esta nueva condición. Tampoco que Galicia sea el país con más contagios sin origen conocido en el conjunto del Estado. En la impunidad de lo dicho o hecho por Feijóo y sus conselleiros emergen monstruos. También en su sinceridad escondida por un hábitat mediático público y privado con vocación de NO-DO, que, salvo honrosas excepciones, nunca cuestiona el relato oficial excepto si se trata de algo negativo para el Gobierno gallego.

La segunda ley de la termodinámica determina que la entropía, o estado de desorden de un sistema, es algo que siempre aumenta.

Algo así sucede con el Gobierno Feijóo en la gestión de la COVID sin que eso tenga consecuencia alguna. A la receta de la desviación permanente de responsabilidades a otras instituciones o a la ciudadanía, a la ocultación de las consecuencias de un modelo de sanidad pública precarizado, y de residencias de mayores privatizado, o a la falta de planificación en el comienzo del curso escolar, viene ahora a sumarse la máxima política de manos tendidas y de los corifeos del Gobierno gallego, donde todos somos rastreadores y Feijóo es necesario.

La izquierda rupturista camina en Galicia hacia un acuerdo de coalición que evite la fractura y frene las opciones de Alberto Núñez Feijóo para repetir mandato al frente de la Xunta de Galicia. Podemos, Esquerda Unida, Anova y las mareas municipalistas están ultimando los términos de un acuerdo que les permitirá concurrir en coalición con Antón Gómez Reino como candidato. Hace solo cuestión de días el entendimiento se presentaba muy lejano. Para conseguirlo, Pablo Iglesias y Yolanda Díaz se han implicado directamente en las negociaciones, a través de repetidas conversaciones telefónicas con Xosé Manuel Beiras y Martiño Noriega. 

Fuentes de la negociación han informado a eldiario.es de que el acuerdo plantea una coalición en pie de igualdad entre Podemos y los espacios vinculados a Anova y las mareas municipalistas. El pacto contempla un reparto equitativo en los órganos de gobierno de la coalición, en la presencia en las listas y en los compromisos económicos que asumirán las partes de cara a la campaña electoral. Los equipos de las diferentes formaciones ultiman a esta hora detalles como el nombre con el que se presentará la coalición y la presencia que cada una de las formaciones participantes tendrá en las papeletas con las que concurran a esos comicios. 

La coalición deja fuera a Martiño Noriega como candidato a la presidencia de la Xunta en beneficio del dirigente de Podemos Antón Gómez Reino. El exalcalde de Santiago aseguró el pasado domingo durante una entrevista en la Cadena Ser, que estaba dispuesto a dar un paso a un lado si eso facilitaba la unidad. El acuerdo se ha empezado a cristalizar al límite del plazo que marca la ley para el registro de coaliciones. 

Con el pacto alcanzado, Galicia afronta su cita con las urnas con tres fuerzas en el ámbito de la izquierda: PSOE, Bloque Nacionalista Galego y la nueva coalición en la que Podemos y Esquerda Unida se unirá al espacio que representan Noriega y Beiras.

La campaña que planea la dirección de Unidas Podemos contempla la participación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En esos mítines, y en virtud del acuerdo alcanzado, también subirán al escenario el veterano Xosé Manuel Beiras o los exalcaldes de Santiago y A Coruña, Martiño Noriega y Xulio Ferreiro. 

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón -tal y como hizo el juzgado número 41 de Madrid en primera instancia- a los herederos del dictador Francisco Franco sobre las estatuas obra del Maestro Mateo, Isaac y Abraham, que se encuentran en su posesión y que reclama el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

En declaraciones a Europa Press, el exalcalde de Santiago Martiño Noriega ha explicado que la Audiencia “cambia de argumentación” para rechazar el recurso, dado que en primera instancia la jueza señalaba que no quedaba probada la posesión de las estatuas por parte del Ayuntamiento, pero ahora para la Audiencia “no está demostrado” que sean las mismas piezas en propiedad de los Franco.

El anterior gobierno local de Compostela Aberta impulsó este proceso. Ahora el nuevo ejecutivo santiagués socialista deberá decidir si recurre al Tribunal Supremo.

Noriega remarca que la propia Xunta de Galicia acreditó “perfectamente” durante el proceso con el informe de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que se trata de las mismas estatuas, por lo que muestra su sorpresa de que la desestimación se base en ese argumento. Además, apoya agotar la vía del Supremo.

Por su parte, en declaraciones a la Cadena SER, el actual regidor, Xosé Sánchez Bugallo, ha avanzado que se analizará la sentencia el día 26 para ver si cabe presentar un recurso “con posibilidades” ante el Supremo.

Una demanda histórica

La demanda del Ayuntamiento de Santiago se vio respaldada, en su día, con la localización en el archivo de la Universidade de Santiago del expediente de adquisición de las piezas, así como de la propia escritura notarial, haciendo constar todas las características de las estatuas, de la titularidad municipal.

Según estos documentos, tras su retirada de la Catedral, las esculturas pasaron a manos del Conde de Ximonde en el siglo XVIII, un noble que las vendió al Ayuntamiento de Santiago por 60.000 pesetas en 1948. En el documento de venta existe una reserva “para evitar que desaparezcan del ayuntamiento” -con una multa en caso de que así sea- y se preserve su propiedad “pública, de los vecinos de Santiago”, sin posibilidad de venta o cesión.

Por ello, el Ayuntamiento de Santiago decidió proceder contra los herederos de los Franco -María del Carmen, Jaime Felipe, María Aránzazu, José Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiu Franco- y contra la mercantil Pristina SL.         

En mayo de 2015 el PP llegó a las elecciones gobernando el Ayuntamiento de Santiago con una mayoría absoluta que había sido histórica para los populares, que solo habían conseguido levantar el bastón de mando en la capital de Galicia durante apenas un año en los 80 gracias a una moción de censura. Pero el alcalde no era el mismo que había ganado las elecciones en 2011. Ni el regidor ni la práctica totalidad del equipo de gobierno, formado por mayoría de ediles no electos tras varias oleadas de sustituciones obligadas por ceses y dimisiones derivadas de una tormenta de presuntos casos de corrupción.

El primer alcalde de aquel mandato, Gerardo Conde Roa, tuvo que dimitir nueve meses después de llegar al cargo tras desvelar el diario El País un caso de fraude fiscal en su empresa inmobiliaria, por el que acabaría condenado. El segundo, Ángel Currás, se vio forzado a dejarlo tras ser imputado en el caso Pokémon, momento en el que Alberto Núñez Feijóo envió a la alcaldía a su entonces conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, que había cerrado simbólicamente la lista del partido en 2011.

La sucesión de tres alcaldes y la cascada de escándalos de mayor o menor dimensión marcó de modo crucial la carrera electoral de 2015 e impulsó en gran medida la candidatura de Compostela Aberta, la marea municipal santiaguesa a cuyo frente se situó el entonces alcalde del vecino municipio de Teo, Martiño Noriega -miembro del BNG hasta la escisión de 2012-. Durante toda la campaña Noriega había reiterado que su primera labor, en caso de ser elegido, tendría que ser “pacificar”, “calmar” y “normalizar” un Ayuntamiento en la que su tradicionalmente tranquila vida local había saltado por los aires en apenas un trienio.

Críticas por falta de “gestión”

Cuatro años después, el alcalde y candidato a la reelección asegura haber conseguido con creces “normalizar la vida del Concello”, pero no solo. Esa “actuación responsable” su gobierno la ha combinado con “gestión” y “conquistas sociales”, afirma Noriega, que cita como ejemplos la reducción de la deuda municipal -de 45 a 27 millones-, la creación de una renta social municipal para personas sin recursos, la “desaparición de la lista de espera para ayuda en el hogar” a personas dependientes o la consecución de “20 millones de euros en fondos europeos”.

Mientras, agrega, Santiago ha recuperado “dinamismo cultural” con iniciativas como la Semana do Libro y ha aprobado operaciones como la municipalización de la ORA y la grúa. También resalta que ha marcado la agenda en áreas como la reivindicación feminista a través de campañas como la exitosa En negro contra as violencias machistas, que tras ser impulsada por el Concello santiagués acabó siendo asumida por un centenar de municipios de toda Galicia. Son decisiones con las que el gobierno de Compostela Aberta ha “marcado una senda de independencia con respecto a los poderes fácticos” que, según el alcalde y candidato, los ha convertido en “pieza a batir” en estos comicios, resume, también para parte de las empresas editoras de la prensa local.

El resto de la izquierda municipal admite que el regreso de la normalidad al Ayuntamiento santiagués es un hecho pero matiza que el cambio, en gran medida, se ha quedado en eso y en cuestiones más bien simbólicas, como la apuesta por la laicidad en una ciudad con un marcado componente religioso. Es la opinión de Goretti Sanmartín, candidata del BNG a la alcaldía, que no aprecia “políticas transformadoras” en el gobierno de Compostela Aberta y sí achaca al equipo de Noriega “falta de gestión” en el día a día municipal.

Esa es la misma crítica que lanza Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de la ciudad por el PSOE de 1998 a 2011, cuando perdió frente al popular Conde Roa, recuperado en este 2019 como apuesta de los socialistas tras un complejo juego interno de equilibrios. Bugallo asegura que ha vuelto porque le “duele” que Compostela haya “perdido el liderazgo”, se haya “quedado atrás” primero por los escándalos del PP y después, por la “incapacidad” de Compostela Aberta y de Noriega, a quien achaca haber sido “cómodo” y “poco trabajador” en estos años. Los populares, por su parte, han trazado durante todo el mandato un retrato de “parálisis”, “sectarismo” y “amiguismo” combinado con la ausencia de “gestión”.

Las materias pendientes

Tanto Noriega como Bugallo han convertido la campaña, en gran medida, en un mano a mano a la luz de unas encuestas que han situado a la derecha lejos de sumar para volver al poder. El líder de Compostela Aberta se ve “en condiciones de revalidar el gobierno” para “completar” un trabajo en el que, admite, hay materias que se han quedado en el tintero. Entre ellas destaca poner coto a la presión turística y a algunas de sus manifestaciones más preocupantes, como el auge de los apartamentos turísticos. El “diagnóstico” está hecho y las primeras medidas en marcha pero, matiza, necesita la colaboración de la Xunta en materias como la inspección o la aprobación de una tasa turística que el gobierno de Feijóo veta.

Noriega y su equipo también admiten que les hubiera gustado llegar a 2019 habiendo implantado ya su nuevo modelo de transporte público, pero lo cierto es que el nuevo contrato no ha llegado a ver la luz. La nueva ley de contratos y “problemas estructurales” de la administración local han retrasado los pliegos de una nueva concesión, aseguran, y agregan que será realidad en el nuevo mandato si continúan en el gobierno.

Otra concesión que está en el centro del debate de la campaña y que, según Compostela Aberta, tendría los días contados si repiten en el poder es la del servicio de aguas. La municipalización de este servicio, aseguran, culminaría en este segundo mandato tras los trabajos de estudio iniciados en el que termina.

Por el agua pasa también otro de los asuntos que se queda a medias, la nueva depuradora. Esta es una cuestión casi histórica en la capital de Galicia que ha marcado la recta final de campaña al admitir el candidato socialista durante un mitin que en 2011, cuando el ahora candidato del PP era conselleiro de Medio Ambiente, ambos pactaron retrasarla para apartar la cuestión del rifirrafe electoral. Después de ese acuerdo -tan lógico como anecdótico, defiende Bugallo- el PP ganó y decidió un traslado de la infraestructura que nunca llegó a realizar; Compostela Aberta acabó optando por su emplazamiento inicial y la obra parece haber quedado desbloqueada tras arduas negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, ejecutivo de un PSOE que, según Noriega, no representa lo mismo que Bugallo.

Martiño Noriega concurre por segunda vez a la alcaldía de Santiago, la primera con el bastón de mando de la capital gallega en la mano. Cuatro años después de la carrera electoral que, tras la sucesión de tres alcaldes del PP en cuatro años bajo la sombra de la corrupción, finalizó con Compostela Aberta cómo fuerza más votada, está desarrollando una agenda “maratoniana”, con más de una cuarentena de citas en dos semanas. Todo en una campaña en la que el debate público parece irse decantando hacia un dilema a dos bandas: la de Noriega revalidando la alcaldía o la de su reelvo por el exalcalde del PSOE Xosé Sánchez Bugallo, que ocho años después aspira a volver al poder. El socialista, asegura Martiño Noriega, ha elegido adoptar el “marco de la derecha” y de unos “poderes fácticos” que, mantiene, prefieren a Compostela Aberta lejos del gobierno. Pero, agrega, como en 2015 su formación llegará a la cita con las urnas con posibilidades de repetir en el gobierno, ahora con el aval del trabajo de estos cuatro años, explicando que “hemos sido capaces de acreditar que no es incompatible un discurso transformador y de mayorías sociales con la normalización institucional”. 

Esta es su primera campaña electoral como alcalde de Santiago. ¿Que sensaciones está percibiendo de los encuentros con los barrios?

Nosotros partimos de que la campaña va a ser decisiva en el resultado final. Nos la tomamos muy en serio, no como un ornamento; nos permite rendir cuentas de lo que hemos hecho y eso no es menor, porque el hábitat mediático ha opacado mucho las conquistas del gobierno y ha puesto mucho el foco sobre polémicas que acabaron ocupando la centralidad. Es importante fijar cuáles han sido las líneas maestras de la acción del gobierno para pedir un segundo mandato que nos permita completar el trabajo hecho con el convencimiento de que la campaña a nosotros nos suma y a otras fuerzas se les puede hacer más larga. Pienso que va a haber una photo finish el 26 de mayo y nosotros queremos estar en condiciones de revalidar el gobierno.

¿Hasta qué punto lo condicionan las encuestas? O, mejor dicho, la encuesta [que pronostica un sorpasso del PSOE]sorpasso

Nosotros manejamos demoscopia durante todo el mandato y yo siempre he afirmado que no era creyente de nuestra señora de las encuestas; observamos los sondeos como tendencias, pero sabiendo que muchas veces los resultados se alejan de esas tendencias. Para ejemplo, nosotros hace cuatro años, cuando en ningún momento aparecíamos en ninguna encuesta como lista más votada y acabamos siéndolo. Dicho esto, nosotros creemos que las encuestas que se están manejando durante la campaña buscan sacarnos del partido y reforzar a otras opciones. Pero lo que percibimos en la calle es que el resultado va a estar mucho más apretado y que nosotros tenemos opción a ser la lista más votada y seguir liderando una etapa de futuro que ya existe en Compostela.

En Compostela se da una situación poco común, que nunca se había dado, con el alcalde actual enfrentándose a dos personas que también lo han sido. Hay tres alcaldes en liza. ¿Cómo afecta esto a la campaña? La alternativa ya ha sido gobierno y viceversa...tres alcaldes

La batalla final [ríe], si a eso le sumamos una vicepresidenta de la Diputación [la candidata del BNG, Goretti Sanmartín], el cartel de Compostela nos permite, poniéndonos épicos, hablar de esa batalla final. Evidentemente, condiciona. Hemos marcado perfil propio con nuestras acciones de gobierno, alejado de las otras dos personas que tuvieron esa responsabilidad. Es cierto que en el caso de Agustín Hernández [PP] fue durante un año y dentro de un marco de un mandato muy convulso, que dejó muy marcada a la ciudad por los casos de corrupción y a lo mejor no se puede ponderar tanto su acción de gobierno. En el caso de Pepe Bugallo [PSOE] fueron trece años y en estos días da la impresión de que está haciendo tabula rasa. Vuelve a prometer cosas que ya prometió y no cumplió, emplea el marco clásico de ir a cada lugar y prometer inversiones que todos los que hemos tenido responsabilidad de gobierno sabemos que no son viables... Jugamos con la seriedad de trabajo hecho y de no generar falsas expectativas.

Usted reitera durante la campaña que uno de sus logros de este mandato ha sido calmar, pacificar el Ayuntamiento después de ese mandato de tres alcaldes. ¿Es posible que haya parte de su electorado que le reconozca esa calma pero eche en falta más gestos de cambio, darle más la vuelta al Ayuntamiento? ¿Han pacificado más de lo que han cambiado?

Elegimos batallas, desafiamos a poderes fácticos y por eso somos la pieza a batir en esta campaña. Y de manera complementaria, normalizamos la vida del ayuntamiento. Es una evidencia que en gestión, reducir la deuda bancaria de 45 a 27 millones de euros y al tiempo duplicar la acción en el social con una renta básica de garantía ciudadana, multiplicar las bolsas de comedor o hacer desaparecer la lista de espera en el contrato de ayuda en el hogar, son cuestiones que señalan que hemos sido capaces de actuar responsablemente y conseguir conquistas sociales. También ha habido una reactivación del dinamismo cultural o acciones de gobierno de capital ecologista, actuando en las arterias del Sar y el Sarela. O políticas valientes en la participación, con los presupuestos participativos o los Encontros Ao Vivo. Yo estos días no me canso de decir que en estos cuatro años hemos captado más de 20 millones de euros en fondos europeos que nos han permitido cerrar el círculo de reforzar áres y disminuir deuda. Paralelo a eso ha estado el desafío de las grandes contratas del Ayuntamiento, con la recuperación de la ORA y la grúa y la asesoría jurídica, el hecho de que ya esté constituida la comisión para la recuperación del servicio del agua, marcar un sendero de independencia con repecto a los grandes poder fácticos en lo mediático o marcar condiciones a las grandes promotoras urbanísticas. Eso nos en una posición de mucha agresión de sectores que se sienten amenazados. 

Uno de los ejes de su campaña es esa municipalización del servicio de aguas en el próximo mandato. En que notaría el vecindario una mejoría se lo hacen?

Aquí la concesionaria del agua sabe que yo no voy de farol cuando falo de recuperar el servicio, porque lo recuperé en Teo. Estamos tocando hueso en cuestiones que habían sido parte del statu quo del Ayuntamiento y en las que otras fuerzas, más allá de cuestiones discursivas, eran sumisas. Por eso el objetivo principal de los que no pasan por urnas es que nosotros no sigamos liderando el cambio, porque se sienten amenazados y pretenden condicionar la vida de la ciudad. La contrata del agua lleva en la ciudad 36 años, muchos de ellos con prórrogas que no salieron a concurso y con grandes beneficios industriales. Incluso forman parte de la hemeroteca de la ciudad vinculadas a casos de presunta corrupción. Una recuperación del servicio del agua es positiva porque nos permite, para comenzar, recuperar el control sobre un recurso natural como están haciendo muchas ciudades europeas. Es más eficiente porque, por ejemplo, después de 36 años de contrata y muchos beneficios, muchos puntos de Compostela siguen sin servicio de abastecimiento y saneamiento. Y lo mismo a nivel de criterios de enganche, tarifas, cobrar o no en función de si tienes o no el servicio... El contrato del agua aún está en vigor y tiene una orden de continuidad de un año mientras se realizan los trabajos de la municipalización. Nosotros creemos que después de ese período estaremos en condiciones de sacarla adelante.

Dice el candidato del PSOE que, más allá de que no está de acuerdo con la propuesta, duda de que ustedes sean capaces de gestionarla...

Teo tiene 20.000 habitantes y, a día de hoy, el servicio de agua es municipal, reconocido y valorado por los vecinos y además no ha provocado desequilibrio contable, sino todo lo contrario. Y mejorando la gestión. Yo entiendo que Bugallo empatice con la dinámica de las grandes contratas; tuvo con ellas una relación que es legítima, pero que yo no puedo acompañar. Estos días ha salido en los debates; cuando Compostela fue capital de la cultura a comienzos de los 2000, Bugallo gestionó un préstamo de Aquagest [concesionaria del servicio de aguas] para actividades culturales superior a los 2 millones de euros a un 7% de interés que aún hemos terminado de pagar hace unos meses. Ahí Bugallo, además de comprar el marco de la derecha sobre contratas o promotoras también juega a ser el garante de que los marcos no se van a mover. Cada uno marca sus prioridades y en ese campo, las nuestras son antitéticas a las suyas.

Vinculado con esto, los grupos de la oposición coinciden en criticarles falta de gestión en los asuntos diarios de la ciudad, poniendo como ejemplo asuntos como la concesión de licencias o la concesión de los comedores escolares. ¿Es así?

Depende de quién venga. Ningún servicio se ha dejado de prestar y la ciudad no ha entrado en el apocalipsis. Muchas veces se ha colocado el foco en los procedimientos administrativos sin que haya llegado a la vida real de la gente. El Ayuntamiento tiene problemas estructurales, en el mandato anterior estuvo incurso en una judicialización que provocó resquemores y ralentiza las tramitaciones. Tiene además un 20% menos de plantilla que en 2008, por la tasa de reposición, que además está envejecida y tiene que hacer más con menos. Hay puntos sensibles como la tramitación urbanística y de obra pública que van a un ritmo que podrían mejorar, eso es verdad, como también es que sucedía con anterioridad y que en los últimos años se ha agravado por la situación estructural que todo el mundo conoce. Los problemas que ha tenido Compostela Aberta en la tramitación administrativa los tendría cualquier fuerza política, los que hacen esa crítica saben que tendrían los mismos problemas. Lo que no quita que nosotros estemos implantando la administración electrónica con una inversión de 2 millones de euros, que se hayan hecho cambios en determinados departamentos o estemos contratando personal temporal porque no podemos sustituir el existente.

En su programa incluyen medidas para lo que denominan “gobernanza del turismo”. Hay barrios de la ciudad en donde la presión turística ya afecta con claridad a la cuestión de la vivienda, incluso fuera del casco viejo. ¿Qué pueden hacer al respeto? Han lanzado iniciativas en las que competencias clave, como la inspección o la imposición de una tasa turística no dependen del Ayuntamiento.

Nosotros hemos insertado en el debate político de la ciudad una cuestión que es sensible, la necesidad de poner políticas públicas para regular el turismo. Más allá de que llevemos tres años con cifras récord, el modelo turístico a granel no es lo que queremos para la ciudad y lo que le puede valer a la Xunta, con Compostela como puerta de entrada para el conjunto de Galicia, no es lo que le vale al vecindario. Hay un trabajo de la Universidad de Santiago que dice que en 2015 el rechazo al modelo turístico actual era del 30% en la ciudad y en 2018 ya está por encima del 45% y en alguna zonas anda por el 60%. Hay una ruptura de la convivencia entre el turismo y las vecinas y vecinos. En el caso histórico, por ejemplo, nos encontramos con que aunque hemos puesto en marcha a moratoria para la apertura de hoteles regulados, han proliferado los pisos turísticos aún en regulación. Ahí desde el Concello hemos hecho una diagnosis con 1.000 pisos sin regular que generan 6 millones de negocio, colocan en inferioridad a los hoteles y encarecen los alquileres. Lo que podemos hacer después de diagnosticarlo es incidir en la regulación conjuntamente con la Xunta, no renunciando a nuestras competencias y haciendo un esfuerzo en la inspección. Ahora se dice: “es que no habéis sido duros en la inspección”... Es que tenemos un trabajador para hacer ese trabajo. Y el debate de la tasa turística ha llegado para quedarse. Somos conscientes de que el turismo supone el 20% del PIB de la ciudad y los beneficios deben socializarse. Y la Xunta no puede provocar que Compostela pague el modelo turístico que ellos tienen para el conjunto de Galicia, porque la ciudad corre el riesgo de morir de éxito.

¿Hasta qué punto cree que pueden afectar a la visión que el vecindario tiene de Compostela Aberta todas las tensiones que ha habido nos últimos años en el ámbito de En Marea y de las confluencias?

En un contexto tan complicado de fragmentación del espacio construido desde 2012 lo único positivo que podemos sacar es que en la ciudad se mantiene un espacio unitario que puede disputar hegemonías. El vecindario sabe que si busca un espacio que vaya desde la izquierda del PSOE a la izquierda rupturista o desde un galeguismo comprometido a un soberanismo, tienen un espacio unido y consciente del reto, que puede mirar de igual la igual a PP y a PSOE. Pero lo negativo todo el mundo lo sabe, hay una sensación sobre la fragmentación en el campo nacional de mucha frustración, porque estaba obteniendo grandes resultados. Yo percibo que no se entiende que en un momento tan importante, incluso con riesgos de ascenso de la extrema derecha, en la defensa de un proyecto de país y social ese espacio no haya estado cohesionado. Pero hay problemas y hay soluciones, las desgracias no tienen solución y nosotros hemos en nuestro campo de acción, incluso hemos intentado aunque no haya sido posible e incluso haya sido malinterpretado.

En el libro A contradición permanente usted habla en diversos puntos de la palabra “derrota” para hablar de ese proceso. ¿Por qué?A contradición permanente

Porque en el campo de la izquierda parece que hay un momento en el que se impugna la totalidad y otro en el que las partes arman las posiciones de parte y desarman la colectiva. Y administran una cierta derrota asumiendo que el único rol que queda es el de ser subsidiario de las fuerzas tradicionales. Pero yo creo que no hay que hacer renuncias y se pueden construir espacios amplios que disputen hegemonías y a eso tenemos que aspirar en el país. Aspirar a ser subsidiario del PSOE, o bastón en diputaciones y ayuntamientos es un mal menor, pero no estamos obligados a aceptar el mal menor como único marco.

¿Dónde y cómo se ve el 15 de junio, el día de la constitución de la nueva corporación?

Si hay una victoria y la posibilidad de liderar la nueva etapa en la que está la ciudad, evidentemente con un compromiso con la ciudad en el que sería mi último mandato para completar un trabajo que no es menor. Y si eso no es así, yo siempre digo que uno es propietario de sus victorias pero no de sus derrotas. Y eso habría que substanciarlo en el colectivo, en Compostela Aberta, que nunca va a favorecer por activa ni por pasiva un gobierno con presencia de la derecha, lejos del blanco y negro al que algunos la pretenden llevar. Mi compromiso con la ciudad es claro, es un reto apasionante.

Seis de los siete cabezas de lista del PPdeG en las ciudades gallegas este 26M, todos excepto el de Lugo, han sido miembros del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Dos de ellos ya han sido alcaldes. El ferrolano José Manuel Rey Varela lo fue antes de ser conselleiro, puesto en el que Feijóo lo situó tras perder la alcaldía y que abandonó para intentar retornar a ella. El otro, Agustín Hernández, fue enviado por el presidente a Santiago en 2014, en lo más hondo de la crisis del partido en la capital gallega, como tercer alcalde en tres años tras Gerardo Conde Roa y Ángel Currás. Ambos perdieron el puesto en 2015 frente a las mareas.

Con el PP de Santiago, que hace cuatro años fue segunda fuerza en votos y escaños por detrás de Compostela Aberta -pasó de 13 a 9 ediles-, ha comenzado Feijóo la campaña electoral del 26M. Lo ha hecho apelando al electorado que en las recientes elecciones generales abandonó la papeleta del PP para escoger en su lugar la de Ciudadanos o la de la formación de extrema derecha Vox. Esos son los electores que, proclamó, deben apoyar la lista encabezada por Agustín Hernández para evitar que Martiño Noriega sea alcalde de la capital de Galicia durante cuatro años más.

En un discurso pronunciado en el acto de inicio de campaña en un hotel compostelano, en el que lanzó los mensajes centrales en castellano -Feijóo suele realizar sus intervenciones públicas en gallego, excepto en actos de partido en algunas ciudades, donde suele primar el castellano- y comenzó advirtiendo de que el PPdeG defiende “la unidad de España sin ningún tapujo” Feijóo expuso ante los suyos la receta para que la noche electoral del 26M sea para el PP de “victoria” y no de “decepción”, como la del 28A. En el caso de Santiago, dice, “sólo hay dos opciones, la opción de Martiño Noriega”, en referencia a Compostela Aberta, “o la opción alternativa que es la de Agustín Hernández, no hay más”.

“Es verdad que no supimos explicar en las generales que la división del voto perjudicaba a los votantes del PP” pero “también perjudicaba a los votantes de Ciudadanos y a los votantes de Vox” pero “ahora ya no hace falta explicarlo porque ”las urnas lo han explicado con un enorme detalle“. Pero no obstante, dice Feijóo, es necesario llamar a ”unir el voto“ en torno al PP para que Noriega no continúe como ”alcalde de este ayuntamiento“ y sea sustituido por Hernández, que ”fue diputado, fue conselleiro, fue alcalde“ y es ”oposición democrática y responsable“, afirma.

Esta apelación a concentrar el voto de la derecha en el PP se producía horas después de que el propio Feijóo abriera claramente la puerta a emular el modelo de coalición de derechas de Andalucía para, en caso de que la aritmética municipal lo permita, poder desbancar la izquierda del poder en las ciudades gallegas.

Tras la reunión semanal del Consello da Xunta el presidente gallego advirtió de que en Andalucía “no hay un gobierno con Vox” sino “un pacto muy concreto” para que la formación de extrema derecha apoyara “un gobierno alternativo a los socialistas y a Podemos”. “Yo creo que por ahí vamos a seguir”, admite, más allá de expresar el deseo de que “los votantes de esa formación política” opten por el PP en las urnas.

La Catedral de Santiago ha acogido en la tarde de este sábado un “acto de desagravio” convocado por la Iglesia tras la polémica creada con el pregón del Carnaval de la capital gallega. En él, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, realizó una intervención de unos nueve minutos centrada en exclusiva en criticar las supuestas ofensas pronunciadas una semana antes contra el Apóstol Santiago y la Virgen del Pilar de las que un diario local no dio cuenta hasta tres días después citando a personas presentes en el acto. De esa pieza informativa se hicieron eco otros medios y el alcalde de la ciudad, Martiño Noriega, de Compostela Aberta, acabó recibiendo amenazas de muerte.

En su intervención de este sábado, Barrio admitió que “es verdad que estas ofensas no aminoran un ápice la gloria y la felicidad que los santos ya viven en Dios nuestro padre, pero nosotros [...] debemos sentirnos próximos y desagraviarlos”. El arzobispo dijo que ni el contexto del Carnaval ni la libertad de expresión podían justificar unas ofensas que no concretó y añadió que las “corrientes laicistas generan cristianofobia”. “Quiero llamar a recuperar la centralidad de la dimensión religiosa en la vida que es lo que hace progresar íntegramente al hombre”, añadió Barrio, para finalizar con una cita diciendo que “Jesús desde la cruz diría 'padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, o tal vez sí, pero equivocados'”.

En el “acto de desagravio” estuvo presente, de pie junto a las primeras filas de bancos de la nave central de la Catedral, el portavoz municipal del PP, Agustín Hernández. También se pudo ver en el templo a la ex-senadora y viceportavoz del grupo popular en el Parlamento de Galicia, la también santiaguesa Paula Prado, miembro del comité de dirección del PP gallego.

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega (Compostela Aberta), pondrá en los próximos días “en conocimiento de las fuerzas de seguridad” las amenazas proferidas contra él y su familia, algunas de ellas de muerte, a través de las redes sociales. Este, ha denunciado el regidor compostelano en rueda de prensa, está siendo uno de los efectos de la “campaña interesada” lanzada contra el pregón del Carnaval en la ciudad días después de que fuera interpretado la pasada semana por el actor y dramaturgo Carlos Santiago, caracterizado como uno de sus personajes más clásicos, una sátira del Apóstol Santiago.

Tras intentar contactar con el delegado del Gobierno central en Galicia, Santiago Villanueva -máximo responsable institucional de la Polícia y de la Guardia Civil-, Noriega señala que está “recopilando todo el material” que, en unas pocas horas, ha acumulado diversas amenazadas contra él mismo y familiares directos. Este nuevo episodio llega menos de tres años después de que un militante de ultraderecha también lo amenazara y llegara a perseguirlo, acciones por las que el acusado está pendiente de juicio.

Sobre el contenido del pregón y de la polémica generada por un diario local, a la que se sumaron posteriormente un comunicado del Arzobispado y diversas declaraciones del PP local, Martiño Noriega subraya que no va “a entrar” en si “una intervención transgresora”, propia del Carnaval, puede “herir” la sensibilidad de alguien. “Lo que digo es que no la hiere de manera natural”, sino “posteriormente a una campaña lanzada”, algo que es “fácilmente demostrable”.

La situación, ironiza, es semejante a la historia “viral” que en los años 90 había recorrido toda España sobre unas inexistentes escenas de un cantante en un programa de televisión. “Todo el mundo sabía lo que había hecho Ricky Martin, pero nadie lo había visto”.

“No todo vale”, pero “lo llevamos con ánimo y tranquilidad”, concluye Noriega. “Tampoco quiero alertar a nadie”, agrega en un contexto en el que se muestra convencido de que la relación con la representación de la Iglesia local, el Cabildo y el Arzobispado, seguirá siendo igual de “fluida” que hasta el momento, un extremo confirmado también por estas entidades eclesiásticas.

El portavoz del PP de Santiago de Compostela, Agustín Hernández ha ido este miércoles hasta la orilla del río Sar para denunciar la situación en la que se encuentra el río a causa de la contaminación y la suciedad, y ha protagonizado una escena de la que se han hecho eco las redes sociales.

El popular, exalcalde de la ciudad y conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta, ha utilizado una rama caída para hacer un agujero en el suelo y poder sacar desechos que había enterrados la orilla del río. Al sacarlos, los levantaba, los mostraba a las cámaras y posteriormente los lanzaba al torrente de agua, que los arrastraba río abajo.

El alcalde de la ciudad, Martiño Noriega, ha retuiteado en su perfil un mensaje de Compostela Aberta, su formación política, en el que, junto al vídeo con la música de Benny Hill de fondo, le acusan de “postureo” por denunciar la situación del Sar “tirando basura al río”:

“Así es como el exalcalde y exconselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, denuncia la situación del Sar: tirando basura al río. Postureo de la misma escuela que ir a apagar fuegos con manguera de jardín y zapatos. Reír por no llorar”, ha escrito la cuenta de la confluencia gallega en Twitter.

Además, Noriega ha aprovechado para escribir un tuit con tono sarcástico en el que afirma que sabe que hay “un problema medioambiental” en ese río “desde hace 30 años”, pero esa no parece “la mejor manera de solucionarlo”.

“Todas sabemos que hay un problema medioambiental en el Sar desde hace 30 años, pero, señor exconselleiro de la Xunta y señor exalcalde del PP, esta no parece la mejor manera de solucionarlo. Recoger la basura, mejor que tirarla al río (coco dixit)”, ha escrito el alcalde en un tuit donde citaba el vídeo de Compostela Aberta.

Dos alcaldes de fuerzas políticas diferentes -y, en diversos ámbitos, abiertamente enfrentadas- compartiendo acto público al margen de lo estrictamente institucional para lanzar una reivindicación común. El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, y su homólogo de Valladolid, el socialista Óscar Puente, se han subido juntos al escenario de una sala de conciertos santiaguesa para, en un encuentro organizado por Compostela Aberta, reivindicar el “margen de maniobra” de los gobiernos municipales. El evento había sido convocado para abordar los procesos de recuperación de servicios privatizados y sus dificultades, aunque se convirtió en una llamada a la movilización municipal frente a las restricciones del Gobierno de España.

Puente, miembro de la plataforma de Pedro Sánchez en las primarias a la secretaría general del PSOE, se presentó irónicamente como “un converso” con respecto a las remunicipalizaciones de servicios “por pura esencia democrática”. La “actitud hostil” que se encontró su gobierno para municipalizar el servicio de aguas, que avanza entre recursos judiciales -uno de ellos, planteado por el Estado-, admite, le ha llevado a ser más beligerante en la reivindicación de que “la gestión de los servicios públicos no la pueden decidir las empresas privadas”. Cuando tomó el bastón de mando tras cinco mayorías absolutas del PP, ejemplifica, el gobierno vallisoletano incluso desconocía el estado de la red de abastecimiento y saneamiento de la ciudad.

“Para externalizar son todo facilidades, pero son todo dificultades para recuperar los servicios”, acredita Noriega, en cuyo caso la primera remunicipalización abordada está siendo la de los servicios de ORA y grúa “después de la sentencia judicial” que anuló la adjudicación otorgada por el gobierno de Gerardo Conde Roa (PP) en 2012 con el caso Pokémon de fondo. Tras “veintiséis informes” sobre el proceso, ahora encaminado para su aprobación en pleno, detalla, el regidor compostelano cree que las “resistencias” encontradas en ámbitos como el Ministerio de Hacienda tienen un objetivo claro: “que no sigamos” adelante ni con esta municipalización ni con otras. Por eso, asegura, “estoy convencido de que nos la van a recurrir”

“Obligados a cooperar”

El freno a las municipalizaciones, que el Gobierno central busca ahora obstaculizar también con una nueva disposición incluida en los Presupuestos de 2017, es para Noriega y Puente una muestra de las razones por las que los ayuntamientos “estamos obligados a cooperar” aunque tengan gobiernos de signo distinto. Es posible, ironiza Noriega, que sea necesario “acampar delante del Congreso” para hacer ver esta y otras reivindicaciones, como el fin de la restricción que impide a los gobiernos locales gastar en servicios públicos los ahorros que generan. “Una noche acampados delante del Congreso vendría muy bien al municipalismo”, agrega Puente, quien asegura “poder decir” que “ahora” en las Cortes “no hay nadie que nos represente como ayuntamientos”.

La “incomprensible” normativa del techo de gasto o la “imposición” de la apodada como ley Montoro provoca, considera Noriega, que los ayuntamientos estén “obligados a pelear” por recuperar lo que antaño era “un espacio para la política transformadora”. La normativa estatal, censura, impide en la actualidad acciones antes comunes como la contratación de “cuadrillas” para el “mantenimiento de la ciudad”, ahora sustituidas por contratos de obras con empresas externas. “Después, los mismos que impiden contratar, el PP, vienen a quejarse por el deterioro” de la red viaria de Santiago, censura.

“Hay que hacer algo” y el momento para abordar la “reforma local pendiente” es el actual, asegura el regidor de Valladolid, aprovechando la “debilidad” parlamentaria de los conservadores. Y el primer paso, agrega, es frenar la restricción a las municipalizaciones incluida en los Presupuestos, ya que esa ley, advierte, “todavía no está aprobada”. Solo así, concuerdan ambos, será posible abordar decisiones políticas como las propias municipalizaciones, que en el caso santiagués, señala Martiño Noriega, estarán enfocadas también al servicio de aguas hacia el final del mandato si las “sentencias judiciales” que “estan cayendo” sobre el consistorio ligadas a adjudicaciones pasadas no generan “situaciones sobrevenidas”.