La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la adjudicación de un contrato valorado en 2,8 millones de euros para la demolición y el desmantelamiento de las antiguas baterías de coque de Avilés. La investigación se enmarca en el procedimiento que se sigue contra la ex militante socialista Leire Díez, el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán a través de la sociedad Servinabar. Se intenta determinar si pudieron haber recibido 'mordidas' a cambio de mediar en contratos relacionados con la SEPI, entre los que figura el de las antiguas baterías siderúrgicas.

El Ayuntamiento de Avilés ya se ha desmarcado del proceso de contratación. Así, el concejal de Desarrollo Urbano y Económico y portavoz socialista, Manuel Campa, ha asegurado este lunes que la adjudicación de esta obra es “totalmente ajena” al consistorio.

Contrato adjudicado en 2021

El futuro de baterías es un proyecto clave para la ciudad, según ha ratificado el edil, que ha incidido en que la preocupación del equipo de gobierno local es el desarrollo de suelo industrial, generar actividad económica y empleo y para lograr estos objetivos, “estos procesos deben de ser ágiles y transparentes”.

El contrato de adjudicación se concedió a finales del año 2021 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que integran Construcciones y Excavaciones Erri Berri y Afesa Medio Ambiente.

Valorado en 2,8 millones

Erri Berri fue la adjudicataria del contrato público para la demolición de las baterías de coque de Avilés, suscrito por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), gestionado por Sepides, la sociedad inmobiliaria filial de la SEPI, por valor de 2,8 millones de euros.

La UCO trata de esclarecer si en este contrato pudo haber una 'mordida' a un grupo autodenominado Hirurok, el nombre con el que los tres investigados -Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández- se llamaban y que traducido al castellano desde el euskera significa “Nosotros tres”.

Una comisión de 400.000 euros para Hirurok

Esta sería la fórmula utilizada en al menos cinco contratos. Además de las baterías de coque, están cuestionados los contratos adjudicados a las empresas Mercasa, Enusa y Residuos Melilla. En total, se baraja la cuantía de 132 millones como el dinero al que ascenderían los contratos supuestamente amañados a través de la SEPI o empresas públicas participadas por el holding estatal.

Al parecer, el contrato para el desmantelamiento de las antiguas baterías siderúrgicas podrían haber generado una comisión cercana a los 400.000 euros; una cantidad que iría al grupo HiruroK.

Secreto de sumario

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, lleva la causa que permanece bajo secreto de sumario.

Los investigadores tratan de establecer si Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso se repartieron hasta 750.000 euros en comisiones entre los años 2021 y 2023 a través de una labor de mediación en contratos y ayudas vinculadas a empresas relacionadas con la SEPI.

Medidas cautelares

Tras su detención, los tres pasaron el sábado a disposición de la Audiencia Nacional. El magistrado Antonio Piña acordó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares, entre las que se encuentra la retirada del pasaporte y la obligatoriedad de comparecer cada 15 días en los juzgados, tal y como había reclamado la fiscal Elisa Lamelas.

Leire Díez y Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que Vicente Fernández sí respondió a las preguntas de todas las partes y negó su participación en los supuestos amaños. Los tres están investigados por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Los currículos

Vicente Fernández fue presidente de la SEPI tras la llegada del PSOE a la Moncloa: entre junio de 2018 y octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su implicación en el caso Aznalcóllar —del que acabó absuelto — motivó su cese. Leire Díez, por su parte, fue responsable de comunicación de Enusa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021. Después pasó a ser directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos, donde estuvo hasta finales de 2023.

Según la investigación, su actividad se proyectó sobre “distintos puntos del territorio nacional” y “varias administraciones públicas”. Y operó “al menos en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023”. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI. Ante el juez, él ha negado cualquier irregularidad. Ha sido preguntado por cantidades facturadas que los investigadores sospechan que pueden ser comisiones por presuntos amaños y él lo ha negado.

La 'intermediación'

La operación de mayor volumen que está bajo sospecha es el rescate por parte de la SEPI de la empresa vasca Tubos Reunidos, que recibió un préstamo participativo de 112,8 millones en 2021. Una ayuda que la compañía debe devolver, como tarde, en 2028, según informa Elena Herrera. La tesis de los investigadores es que el grupo llevó a cabo labores de “intermediación” que “podrían haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda”. Y que cobraron por ello 114.950 euros.

Fuentes de la compañía Tubos Reunidos admiten que la sociedad ha mantenido un “contrato de asesoramiento con cantidades estándar hasta hace unos meses” con Vicente Fernández, si bien afirman que no han tenido colaboración alguna ni con Leire Díez ni con Antxon Alonso. Estas mismas fuentes apuntan que el juzgado de la Audiencia Nacional hizo una solicitud de información sobre ese contrato y que la empresa ha puesto a disposición de las autoridades, de forma inmediata, toda la documentación que obraba en su poder, informa Iker Rioja.

Contratos bajo sospecha

En los otros cuatro contratos, la licitación corresponde a la gestora de los mercados centrales de abastecimientos, Mercasa, 18.119,75 euros; la empresa pública del sector nuclear, Enusa, 17.545 euros; el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), 2,8 millones de euros; y Sepides, la sociedad pública dedicada a la promoción industrial y el desarrollo empresarial, 17,3 millones de euros, según los datos recogidos por elDiario.es.

Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo, resultó adjudicataria del contrato de 18.119,75 euros por parte de Mercasa. La licitación estaba relacionada con la pretensión de un cambio de sede de la empresa pública. Servinabar fue contratada para realizar “un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa” cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede. Los investigadores creen que es un contrato mendaz porque no era necesario.

En el foco de la UCO

Durante la comparecencia, la abogada de Leire Díez afirmó que su clienta no iba a declarar porque no había tenido acceso a los datos esenciales de las actuaciones. La causa sigue bajo secreto, por lo que las defensas no han podido examinar los indicios que presuntamente les incriminan. El expresidente de la SEPI fue preguntado por cantidades facturadas que los investigadores sospechan que pueden ser comisiones por presuntos amaños y él lo negó.

La investigación apunta a uno de los centros neurálgicos del uso de dinero público en la administración central: las empresas de propiedad estatal. En el epicentro aparece la SEPI, el holding público que administra y coordina todas las empresas públicas estratégicas o con participación del Estado.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en las oficinas de la SEPI y reclamaron documentación. Otras cinco empresas públicas participadas por el holding público también fueron objeto de requerimientos de información. Según informó EFE, se trata de Correos, Mercasa, Cofivacasa (cuyo objeto principal es la liquidación de sociedades y la administración de patrimonios) y Enusa, donde los agentes sí llevaron a cabo un registro. 

El futuro inmediato de los tres protagonistas de la última trama de presunta corrupción desmantelada esta semana está en manos de la Audiencia Nacional. El expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, pasan este sábado a disposición del juez Antonio Piña, que les investiga por graves delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. La Fiscalía Anticorrupción impulsa unas pesquisas que indagan en presuntos amaños de contratos públicos y que siguen por el momento bajo secreto de sumario. 

Tras pasar casi tres días en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil, el juez les tomará declaración y decidirá si les envía a prisión o les somete a otras medidas cautelares menos gravosas, como las comparecencias en el juzgado o la retirada del pasaporte. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es afirman que el magistrado decidirá el lunes si se inhibe en favor del Tribunal Supremo, donde Antxon Alonso ya es investigado dado el aforamiento del exministro José Luis Ábalos, si es competente el otro juzgado de la Audiencia Nacional que empezó a investigar el caso Koldo o si manda el asunto a reparto.

La investigación apunta a uno de los centros neurálgicos del uso de dinero público en la administración central: las empresas de propiedad estatal. En el epicentro aparece la SEPI, el holding público que administra y coordina todas las empresas públicas estratégicas o con participación del Estado. Vicente Fernández fue su presidente tras la llegada del PSOE a la Moncloa: entre junio de 2018 y octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su implicación en el caso Aznalcóllar —del que acabó absuelto la semana pasada— motivó su cese.

Registros y requerimientos

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron esta semana en las oficinas de la SEPI y reclamaron documentación. Otras cinco empresas públicas participadas por el holding público han sido objeto de requerimientos de información. Se trata de Correos, Mercasa (gestora de los mercados centrales de abastecimientos), Sepides (dedicada a la promoción industrial y el desarrollo empresarial), Cofivacasa (cuyo objeto principal es la liquidación de sociedades y la administración de patrimonios) y Enusa (sector nuclear), donde los agentes sí llevaron a cabo un registro, informa EFE. 

Fuentes próximas a las pesquisas aseguran a elDiario.es que los agentes reclamaron en Mercasa contratos del periodo entre 2021 y 2023. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI y había sido contratado por Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo.

Leire Díez, que está siendo investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía y altos mandos de la Guardia Civil, ocupó puestos directivos en dos de estas empresas públicas bajo gobiernos de Pedro Sánchez. Fue responsable de comunicación de Enusa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021, época en la que Vicente Fernández presidía la SEPI. Dirigentes socialistas afirman que durante esta etapa ambos acudían juntos a reuniones del holding público. Leire Díez pasó a ser después directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos, donde estuvo hasta finales de 2023. 

También se han producido requerimientos de información en las sedes de organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, donde se ha reclamado documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación con la trama. Los agentes se han desplazado a la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (de Hacienda) y la Dirección General de Política Energética y Minas (Transición Ecológica). 

Ha habido, asimismo, registros en domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra. Los agentes acudieron también a las instalaciones de la empresa de renovables Forestalia en Zaragoza y Madrid, a la asesoría fiscal Conaudire o a la empresa Cemsal. Y registraron un bar de Sevilla supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

La operación deja por el momento los citados tres arrestos, aunque hay otras personas investigadas que serán citadas para comparecer en sede judicial próximamente. Entre ellas está el expresidente de Enusa entre 2018 y 2021, José Vicente Berlanga, al que el PSOE suspendió de militancia este viernes. 

Servinabar, en el foco

Estas pesquisas ha vuelto a poner el foco sobre Servinabar, la empresa navarra en la que Santos Cerdán tenía supuestamente el 45% de las participaciones, según la documentación incautada por la Guardia Civil. El exdirigente socialista lo niega, si bien un informe posterior de la UCO reveló que esta empresa le había pagado alquileres, viajes o comidas y que había contratado a sus familiares. 

Fuentes de la investigación afirman que esta nueva operación deriva del material requisado en la batería de registros del pasado junio vinculados a Antxon Alonso, que está también imputado en la causa del presunto amaño de contratos que investiga el Tribunal Supremo y que ha llevado a prisión a dos ex secretarios de Organización del PSOE. Cuatro agentes de la UCO se personaron en su dúplex en la localidad vizcaína de Elorrio a las 8.05 horas del 10 de junio.

El registro se extendió hasta las 23.57 horas, cuando los investigadores terminaron de examinar las oficinas de su empresa, Servinabar, ubicada en Pamplona, a un centenar de kilómetros de allí. Los agentes se incautaron de dos ordenadores, un disco duro, dos iPhone, así como abundante documentación en formato digital y papel. Antxon Alonso estuvo entonces bajo custodia policial, pero no detenido, como sí lo ha estado en esa ocasión. 

Esa documentación motivó que la Fiscalía Anticorrupción abriera una nueva investigación al considerar que el asunto era diferente al presunto amaño de obras que investiga el Tribunal Supremo. Esta semana, un movimiento de Vicente Fernández provocó que saltaran las alarmas entre los investigadores y acudieran de urgencia a la Audiencia Nacional a judicializar las diligencias. Se encontraba de guardia Antonio Piña, magistrado al frente del Juzgado Central Instrucción 6, que autorizó los 19 registros y las detenciones y que este sábado tomará declaración a los arrestados y decidirá sobre su libertad.

El juzgado que investiga por la vía penal el suicidio de un empleado de Mercasa que sufrió acoso laboral ha ampliado la lista de investigados y ha llamado a declarar a un antiguo alto cargo de esta compañía pública para el próximo mes de noviembre. Jesús Moreno, que entonces era secretario general de Mercasa y hoy es director general de lo Contencioso en la Abogacía del Estado, tendrá que comparecer como investigado en una causa en la que ya han sido imputados otros altos cargos y antiguos directivos de la entidad pública como su actual director Económico Financiero o la superior directa del fallecido.

Los hechos ocurrieron poco antes de la declaración de la pandemia, cuando José Ramón Sempere era el presidente de la compañía que desde el año pasado preside el exministro José Miñones.

La familia de Jorge S.C. encontró su cadáver en el cuarto de baño de su casa en la madrugada del 2 de marzo de 2020. El Tribunal Supremo terminó determinando por la jurisdicción social que su muerte había sido un accidente de trabajo y que, para entonces, llevaba años sufriendo acoso y sobrecarga de trabajo. Llevaba dos décadas en esta compañía pública del sector de la distribución alimentaria, participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura y entre sus cometidos estaba elaborar los presupuestos anuales.

La presión en la compañía, según destacan distintos informes y resoluciones judiciales, empezó a aumentar en 2017 cuando una operación de la Audiencia Nacional contra la corrupción se llevó por delante a buena parte de la cúpula de la empresa y este trabajador, además de ser el enlace con la Guardia Civil para suministrar información al juez, asumió su carga de trabajo. Entonces, según la investigación, empezaron los “encontronazos” y el “mal clima” en el departamento financiero de la empresa pública. Las cartas de suicidio del trabajador no solo se dirigían a su esposa y su hijo pequeño. También hablaba a sus compañeros.

“Pido perdón a todos mis compañeros, cómo he podido equivocarme, no merezco vivir”, decía en una de ellas. “Reducen plantilla, me avisan tarde de las cosas, actúan por su cuenta, arriba me atacan, debajo también y por los lados soy víctima colateral de los tiempos. Fin”, afirmaba en otra. Indicios que se suman a una auditoría y que, además de servir para calificar su suicidio como un accidente laboral, han impulsado la investigación penal por posible acoso laboral delictivo por parte de sus superiores.

Agustín García-Cabo, que en la actualidad sigue siendo director Económico Financiero de la compañía, ya declaró como imputado para negar saber nada de una situación conflictiva en torno a Jorge S.C y su superior, Marta Olalquiaga, otra de las imputadas que también negó haber tratado mal al fallecido. Varios testigos relataron a la Policía Municipal cómo Olalquiaga estaba “siempre detrás de la mesa de Jorge, pidiendo y recriminando todo el día con una actitud altiva”. En persona y por correo electrónico “de lunes a domingo a cualquier hora, incluso de madrugada”. La tercera persona investigada desde el inicio es Maite Valls, responsable de Recursos Humanos y Riesgos Laborales en aquel momento, que todavía no ha declarado.

Alto cargo en la Abogacía del Estado

Jesús Moreno se ha convertido en el cuarto imputado de la causa. En ese momento era secretario general y del consejo de Mercasa, a la diestra de la presidencia de la compañía, y desde principios de 2023 es director general de lo Contencioso de la Abogacía del Estado, uno de los puestos más relevantes dentro de un departamento por cuyas manos pasan los pleitos que afectan a leyes y a instituciones del Estado. Ha sido llamado a declarar para el próximo mes de noviembre en calidad de investigado, según la documentación que ha podido examinar elDiario.es.

Moreno era directivo de Mercasa cuando Jorge S.C. se quitó la vida –muerte que internamente llegó a presentarse como un infarto– y también era, según apunta el juez en su citación, su “responsable último del área de personal”. Fue quien sustituyó a Macarena Olona en ese puesto, con José Ramón Sempere como presidente. Y la viuda del fallecido, que ejerce la acusación particular en el caso, lleva solicitando su imputación desde la apertura de las primeras diligencias en el juzgado 29 de Madrid.

Una parte del caso se centra en dilucidar si en Mercasa había mecanismos de prevención de riesgos laborales, control de jornada y para evitar posibles situaciones conflictivas y de acoso. Y en el juzgado fue un antiguo miembro de su comité de empresa el que afirmó que Moreno era el “máximo responsable” de personal como secretario general. Valls, otra de las imputadas, era incluso una persona sin “legitimación interna” para tomar decisiones y las reclamaciones se dirigían al Abogado del Estado.

“Exacto”, contestó este trabajador a la jueza cuando se le preguntó si el protocolo antiacoso existía, pero “no se aplicaba”. Moreno, dijo este testigo, era el “máximo responsable” y quien tenía “capacidad” para poner en marcha unas medidas de prevención que no existían. Cuando se hizo una de las evaluaciones de riesgos que pusieron de manifiesto el peligro de sobrecarga en el que estaban los empleados de algunos departamentos de Mercasa, la respuesta del secretario general ahora imputado fue “bastante frustrante” según este testigo: “Nos decía que no se creía los resultados”.

La Abogacía del Estado, que representa a Jesús Moreno y a otros imputados en esta causa, ha presentado varios escritos en las últimas semanas solicitando el archivo de la causa por prescripción o también por la caducidad de los plazos de instrucción a lo largo de la tramitación de la causa.

Una auditoría de los riesgos psicosociales en Mercasa, realizada a requerimiento de la Inspección de Trabajo tras el suicidio de un directivo que investiga por vía penal un juzgado de Madrid, detectó riesgo “muy elevado” para más de la mitad de la plantilla de esta empresa pública en aspectos como la carga de trabajo. 

El estudio, al que ha tenido acceso elDiario.es, lo elaboró la firma de prevención Cualtis y está fechado el 28 de diciembre de 2020. Nueve meses después del suicidio en el baño de su domicilio, en la madrugada del 2 de marzo de ese año, de Jorge S. C.

Jorge era jefe de Planificación en el departamento Financiero de Mercasa y consejero de varias filiales. Se quitó la vida tras años de acoso y jornadas de trabajo extenuantes a diario y en fines de semana. Ahora una jueza de Madrid investiga presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, acoso y homicidio imprudente en una causa impulsada por la Fiscalía y por su viuda, que ha rechazado hacer declaraciones.

El informe de Cualtis se realizó por exigencia de la Autoridad laboral, que en marzo de 2021 acabaría sancionando a Mercasa por la falta de medidas para paliar los riesgos psicosociales, la falta de control horario de los trabajadores y por no evaluar el puesto de trabajo de ese directivo fallecido, según un informe policial remitido al juzgado el pasado enero.

El estudio de evaluación de riesgos no menciona ese trágico suceso, que internamente fue comunicado a la plantilla de Mercasa como un infarto y por el que por ahora hay tres personas investigadas, entre ellas, un alto directivo de Mercasa, Agustín García-Cabo, máximo responsable del área en la que trabajaba Jorge. 

Esa evaluación de riesgos de finales de 2020 reflejó que un 5% de los empleados de Mercasa reportaban situaciones de “violencia psicológica” en el trabajo. Según un 12,5%, “raras veces” había “violencia física”. En el área del fallecido el porcentaje era del 15,4%. 

Casi la mitad de la plantilla no conocía un protocolo de actuación frente al acoso laboral que estaba vigente cuando murió Jorge. Este nunca denunció el acoso que sufría por parte de otra investigada en ese proceso penal, su jefa directa, la entonces directora Financiera, Marta Olalquiaga, a la que el informe policial remitido al juzgado atribuye un continuo “hostigamiento” a sus subordinados. Olalquiaga fue despedida diez días después del suicidio de Jorge tras negarse a firmar las cuentas de una filial.

Con los empleados teletrabajando por la pandemia, el informe de riesgos se elaboró en los últimos días del primer año de la crisis sanitaria, cuando la red pública de mercados mayoristas española logró suplir de mercancía a las grandes cadenas de distribución sin interrupciones en el suministro, a diferencia de otros países europeos.

El estudio calificó de “favorable” la situación de los indicadores psicosociales de Mercasa salvo en tres áreas: “se denota una situación mejorable” en “los factores de Carga de Trabajo, Participación/Supervisión e Interés por el Trabajador/Compensación”.

Respecto a la carga de trabajo, un 62,5% de la plantilla estaba en riesgo “muy elevado” (52,5%) o “elevado” (10%). La percepción de riesgo alto, “generalizada en todos los perfiles”, era más acentuada en las áreas Comercial y Centros (con un 90,9% en riesgo “muy elevado” o “elevado”) y en la Dirección de Planificación y Estrategia (76,9%), donde trabajó Jorge hasta su suicidio.

Cualtis, responsable del servicio de Prevención de riesgos en Mercasa en esos años, evaluó la carga de trabajo a partir de la presión de tiempos, el esfuerzo de atención requerido o la cantidad y dificultad de tareas, el trabajo en sábados, domingos y festivos, el tiempo de descanso semanal y la compatibilidad con la vida social.

Para evaluar cuantitativamente el riesgo utilizó un cuestionario psicosocial. Para el análisis cualitativo, un grupo de trabajo específico con representantes de los trabajadores y la tercera investigada en este procedimiento penal, la entonces responsable de Recursos Humanos, Maite Valls. 

El informe detectó riesgo “muy elevado” en el 67,5% de la plantilla y “elevado” en el 15% en lo relativo a la participación del empleado en aspectos como contratación de personal, cambios en la dirección o en los sistemas productivos y supervisión sobre sus tareas.

En el apartado de “Interés por el Trabajador/Compensación, en general un 57,5% de los trabajadores exponen estar en una situación de Riesgo Elevado o muy Elevado”. “Al menos un 75%” dice que “no hay información” sobre sus posibilidades de promoción o su situación en la empresa. O, de existir, es “insuficiente”. Esto “se acentúa con la percepción de los trabajadores de inestabilidad laboral por el hecho del Proceso Penal abierto en la Audiencia Nacional”. 

La encuesta incluyó varias preguntas sobre la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) por supuesta corrupción de Mercasa en Angola que derivó en el despido de la cúpula directiva en 2017. Ese proceso penal, aún pendiente de juicio, convirtió a Jorge en uno de los enlaces para remitir la información financiera que solicitaba la Guardia Civil.

Un 58% de los encuestados reconoció que el procedimiento estaba afectando a su vida personal y/o profesional y estaban preocupados por su impacto en la empresa y su estabilidad laboral. A un 5% les estaba provocando ataques de ansiedad o problemas para conciliar el sueño.

“Situaciones de Violencia”

Un 5% expuso “que con frecuencia existen situaciones de Violencia Psicológica en el Trabajo”: “amenazas, insultos, hacer el vacío, descalificaciones personales…”. Estas situaciones ocurrían “constantemente” para el 7,7% de los encuestados del área de la que colgaba el departamento de Jorge.

Y “con frecuencia” en idéntico porcentaje en ese área y en la de Presidencia, Auditoría y Secretaría General; y en un 25% de los casos en la Dirección de Desarrollo de Negocio. En todos los departamentos se daban “raras veces” en porcentajes del 30,8% al 54,5%.

En situaciones de conflicto entre trabajadores, un 5% señalaba que la empresa “deja que sean los implicados quienes solucionen el tema”. Situaciones de violencia física fueron reportadas “raras veces” en tres departamentos: Comercial y de Centros (18,2%), Planificación y Estrategia (15,4%) y Dirección de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales (11,1%).

Solo el 34% de los trabajadores conocía que la empresa tenía un procedimiento formal de actuación para prevenir los casos de acoso laboral. El 48% lo desconocía.

Tras esta evaluación de riesgos, la Inspección de Trabajo sancionó a Mercasa por incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales. La empresa pública recurrió sin éxito la multa frente a la Dirección General de Trabajo. En marzo de 2023, contrató al bufete Ramón y Cajal para recurrir ante la jurisdicción Social.

A preguntas de elDiario.es, Mercasa no comenta, entre otras cuestiones, qué medidas ha implantado en los últimos años para intentar mejorar el clima laboral o cuántos trabajadores están en la actualidad de baja por ansiedad. Se limita a subrayar “su respeto a los procedimientos judiciales abiertos” y que “está muy comprometida con la creación de entornos de trabajo seguros y saludables”.

“En los últimos años, se han intensificado las medidas para implantar políticas internas de flexibilidad horaria y desconexión digital. Además, cuenta con programas de evaluación de riesgos psicosociales y un comité de seguridad y salud en el que participan representantes de las personas trabajadoras. Este enfoque permite evaluar y reforzar continuamente las acciones de prevención y de mejora”, dice Mercasa.

En su declaración como imputado el pasado 26 de septiembre, García-Cabo dejó claro que ni entonces ni ahora ha tenido “ninguna” responsabilidad en el área de Recursos Humanos: “Depende de Secretaría General”, cuyo máximo responsable en 2020 era al abogado del Estado Jesús Moreno, director general de lo Contencioso en el Ministerio de Justicia desde 2023.

El alto directivo de Mercasa defendió que en los últimos años “ha habido una evolución positiva en cuanto a la satisfacción de las personas en el trabajo”. Negó que la carga de trabajo sea excesiva o que fuera habitual trabajar fuera de horas cuando Jorge se suicidó; afirmó que en aquel momento el teletrabajo no existía y que “jamás” se incitó a llevarse tarea fuera de la oficina. Y sostuvo que antes del suicidio se ordenó compensar las horas extra con tiempo libre.

García-Cabo, único investigado que ha declarado hasta ahora, explicó ante la jueza que, pese a la evaluación de 2020, un informe de Grant Thornton evaluó que en el área Financiera “las cargas eran las adecuadas” y que es “una cuestión de organizarse” porque ese departamento exige un trabajo “ordenado” sujeto a un calendario muy específico. Defendió que la persona que Jorge tenía a su cargo asumió luego sus funciones “sin ningún problema”.

Otra encuesta de riesgos psicosociales realizada en noviembre de 2023 volvió a detectar “una situación desfavorable” en lo relativo a la carga de trabajo en Mercasa, con riesgo “elevado” o “muy elevado” para el 56,6% de los trabajadores.

En este caso, las preguntas no eran comparables a las de 2020. Se interrogó por “la posible identificación de situaciones potenciales de acoso” y el 37,7% de la plantilla dijo que existían conflictos interpersonales “con frecuencia” o “constantemente”. Un 13,2% sufría violencia psicológica “con frecuencia”. Un 9,4% la padecía “constantemente”, según el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Ya en 2016, cuatro años antes del suicidio de Jorge y sin que la Guardia Civil hubiera irrumpido en las oficinas de Mercasa, otro análisis similar detectó alto riesgo en prácticamente todos los departamentos en lo relativo a los mecanismos de participación y supervisión y en lo referente al interés por el trabajador y compensación. Las tres sentencias judiciales que han reconocido que el suicidio de Jorge fue un accidente de trabajo recogen que la empresa no tomó medidas para corregir esta situación.

Mercasa reorganizó hace unos días su organigrama, donde permanece como director Económico-Financiero García-Cabo. El área de Recursos Humanos depende ahora de Maite Castillo, uno de los fichajes del presidente de Mercasa desde 2018 hasta el pasado abril, José Ramón Sempere.

Fisioterapeuta de formación (luego se reorientó a la Comunicación y la gestión), Castillo se incorporó al grupo semanas después del suicidio de Jorge desde el grupo de sanidad privada Vithas en Alicante como directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de Mercasa. Ahora es la nueva directora de Desarrollo Corporativo y Personas.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Emprendemos la recta final para el próximo domingo en Madrid, donde vamos a vivir una gran manifestación por la vivienda. No te descubrimos nada nuevo si recordamos las palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista de elDiario.es: “En el Gobierno somos conscientes de que la vivienda ahora mismo es el principal problema de los ciudadanos”.    

Es un grave problema para los ciudadanos y se ha convertido en un factor fundamental de la política económica, aunque el papel de los partidos con responsabilidad de Gobierno y el reparto competencial (las Comunidades Autónomas tienen la competencia en Vivienda) está complicando aún más la situación. Entre otras cosas porque el Partido Popular (PP) asume la vivienda como un producto de mercado más y rechaza la intervención pública pese a la crisis de precios que provoca la incapacidad de los ciudadanos para acceder a alquileres sostenibles o la compra de un piso.  

De esta manera, la estrategia del PP ante la Ley de Vivienda de la mano de sus presidentes autonómicos y con la madrileña Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, pasa por oponerse a la declaración de zonas tensionadas que le han solicitado los ayuntamientos de sus Comunidades, aunque sea una vía para lograr rebajar en algunos barrios el precio del alquiler. Eso sí, estos líderes autonómicos conservadores no hacen ascos al dinero que les pueda caer con los planes que ha diseñado el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, y cerraron en una reunión el reparto de 200 millones de euros por el Bono Alquiler Joven y la preparación del Plan Estatal de Vivienda. Con esta actitud, Isabel Rodríguez cambio de estrategia del palo por la de la zanahoria y anunció que el ministerio premiará a las regiones que declaren zonas tensionadas con fondos extra. 

El Gobierno de coalición ha dado tímidos pasos para solventar el problema de la vivienda, pero es que esta situación viene de lejos, sin que los anteriores ejecutivos hayan diseñado medidas reales para acabar con esta fuente de desigualdad. Un informe del gabinete económico de Comisiones Obreras señala que los distintos gobiernos de nuestro país han derrochado cerca de 160.000 millones en beneficios fiscales a los propietarios de viviendas en los últimos 40 años. Si se hubieran eliminado esas deducciones en el IRPF a la compra de pisos y casas se podrían haber construido 1,6 millones de viviendas públicas destinadas al alquiler asequible.

De hecho, los pisos en alquiler han sido una fuente de ingresos en negro para muchas personas hasta que la Agencia Tributaria se puso seria. Hacienda ha aflorado 1.000 millones en alquileres de viviendas no declarados gracias a los cientos de miles de notificaciones que envía cada año, desde 2016, a los propietarios con ingresos por arrendar sus propiedades. Este trabajo de la Agencia Tributaria ha elevado la recaudación y ha mejorado la calidad de los datos tributarios registrados del mercado del alquiler después de haber levantado más de un millón de declaraciones “que incluyen rendimientos inmobiliarios”.

Actualmente, algo más de tres millones de familias tienen ingresos por el alquiler de propiedades inmobiliarias en España (2022). De su actividad, Hacienda recauda unos 2.000 millones cada año. La cuestión es que la vivienda se ha convertido en una fuente de ingresos relevante para las personas más ricas, ante la baja rentabilidad de los productos bancarios, la inversión en ladrillo para dedicarlo al alquiler se ha convertido en un foco para hacer negocios, especialmente para los más ricos, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Como dice nuestro director, Ignacio Escolar, aunque el artículo 47 de la Constitución recoge que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, la realidad es que es un derecho pisoteado. Es un problema que no para de crecer y que tiene un impacto claro en la banca. De aquellos abusos, estas provisiones. Entidades como Caixabank, Santander, Banca March, Abanca, Kutxabank o Ibercaja han reforzado en los últimos meses sus balances para poder responder a reclamaciones millonarias de sus clientes por hipotecas y cláusulas suelo. De hecho, en 2023 las hipotecas disparan las quejas al Banco de España contra las entidades financieras.  

La vivienda se ha convertido en una selva donde se va a la caza del máximo beneficio sin importar si se pasa sobre la vida de las personas. Los abusos constantes en el alquiler como el intento de cobrar un seguro de impago, las artimañas de los grandes propietarios para desahuciar a personas por el retraso mínimo del pago de una parte del alquiler pese a que “no ha perjudicado el interés del acreedor” o las maniobras judiciales de los fondos para quedarse con inmuebles son varios ejemplos de la jungla en que se ha convertido el mercado inmobiliario. De esta manera, no es extraño que la crisis de la vivienda impacte en la salud mental de los ciudadanos.

Sobran razones para la manifestación del 13 de octubre en Madrid bajo el lema 'La vivienda es un derecho no un negocio'.

El Gráfico

Vuelven momentos que parecían olvidados en el terreno de la economía. La política de austeridad que fue el colofón de la crisis financiera de 2008 se vuelve a imponer en Bruselas. Estamos en pleno proceso para definir la consolidación fiscal que se nos viene encima: el Gobierno de España “tiene el compromiso de presentar el plan fiscal estructural de medio plazo el 15 de octubre”, según recordó el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Ahora bien, cada vez hay más voces que ponen en duda la vuelta a políticas que solo trajeron miseria al continente europeo. Una investigación del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena señala que las nuevas reglas fiscales comunitarias “subestiman” el daño de los recortes al crecimiento de la economías. Los cálculos de los “ajustes” presupuestarios que deberá hacer España llegan a 3,6 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2025 y 2028, una estimación similar a las realizadas previamente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o por el Banco de España. En este enlace te contamos cómo las nuevas reglas fiscales de la UE hacen más daño que lo que se supone a la economía. 

Cada vez que habla sube el pan

Es como el trabajo y la pensión, para las que había una regulación muy abrupta: o eras trabajador o eras pensionista. Con el acuerdo alcanzado [de pensiones], hemos hecho que ese tránsito desde la voluntariedad pueda ser más flexible. Pues lo mismo en la incapacidad temporal

Elma Saiz — Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Ha sido uno de los temas económico de la semana. La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, anunció la apertura de dos mesas de negociación relevantes: la primera, sobre la nueva cotización de los autónomos según sus ingresos reales y negociar las nuevas cuotas a partir de 2026 (aquí tienes el calendario de la Seguridad Social para cobrar [o devolver] las nuevas cuotas de los autónomos). La segunda mesa es para reformar la incapacidad temporal, entrando de lleno en la polémica porque la ministra apuntó la posibilidad de crear situaciones “más flexibles” que permitan estar de baja médica y a la vez trabajar. Se lio parda con las bajas “flexibles”.

El vocabulario de la ministra causó recelo entre los agentes sociales, ya que eso de la voluntariedad es muy relativa cuando hay una clara desigualdad de poder entre empresarios y trabajadores. A esto hay que añadir que realmente no se sabe si es voluntario o prevalece la autoridad del médico para acordar la bajas o el alta en los procesos de enfermedad. La Seguridad Social ha citado el 14 de octubre a los sindicatos y patronal para abordar las bajas laborales “flexibles”. Una reforma que empieza con polémica. Aquí te explicamos lo qué se sabe de la propuesta de la Seguridad Social sobres las bajas médicas “flexibles” que permitan trabajar.

En el entorno laboral, también te hemos explicado las claves de la huelga en el transporte y en los autobuses de viajeros que sobrevuela la Navidad y el Black Friday. Se trata de varias jornadas de paro convocadas por las sectoriales de CCOO y UGT en octubre, noviembre y diciembre para que se facilite la jubilación anticipada. Una movilización un tanto contradictoria cuando las centrales sindicales de CCOO y UGT a nivel estatal pactaron con el Ministerio de Seguridad Social la última reforma de pensiones hace solo unos meses, donde se incluyó un nuevo procedimiento para acceder a las jubilaciones anticipadas por penosidad, además de la modificación de la jubilación parcial y el contrato relevo. 

El Dato

450.000 euros de multa

le ha impuesto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a la firma de moda japonesa Uniqlo en España por mandar la nómina de 446 empleados, con sus salarios desglosados, nombres completos, DNI, números de afiliación a la seguridad social y cuentas bancarias, a una empleada que se puso en contacto con el departamento de recursos humanos de la compañía para solicitar su nómina ante el fin de su relación laboral con la empresa. Pese a la gravedad de la brecha de seguridad, Uniqlo no informó a los afectados de lo sucedido, que posteriormente atribuyó a “un error humano” cuando la AEPD le requirió información. La AEPD considera que lo sucedido demuestra que la empresa no tenía “las medidas apropiadas” para salvaguardar los datos más sensibles de sus trabajadores en España. Cuidado con los correos que se envían. Más información en este enlace sobre la alta multa a Uniqlo por enviar a una empleada las nóminas de toda la plantilla.

Entrepreneur  

Los millonarios royalties de las variedades de la mandarina mantiene en guerra judicial al Rey de Marruecos con la empresa Eurosemillas, un gigante alimentario español, participado por uno de los dueños de Santalucía, en el que sus gestores tienen una histórica relación con el Opus Dei. De momento, el Tribunal General de la UE (TGUE) confirmó la protección de Nadorcott, una variedad de mandarina propiedad del rey de Marruecos, y rechazó un recurso de Eurosemillas, que alegaba que no cumplía el requisito de novedad, frente a la clementina Tang Gold, de la empresa agroalimentaria andaluza. La empresa se está planteando recurrir la decisión con lo que esta batalla, que dura ya varios años, no ha terminado. Aquí tienes más detalles sobre la pugna entre el líder cordobés de las semillas y el rey de Marruecos.

Otra noticia relevante a nivel empresarial. Un juzgado de Madrid investiga por lo penal el suicidio de un empleado de la empresa pública Mercasa, que se quitó la vida en 2020 después de años sufriendo acoso y sobrecarga de trabajo. Por ahora hay tres personas investigadas, entre ellas Agustín García-Cabo, actual director Económico Financiero de Mercasa. Se va a dirimir la existencia de presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, acoso y homicidio imprudente por un suicidio, cuyo carácter laboral ya ha declarado en firme el Tribunal Supremo, y si la empresa pública implantó algún tipo de protocolo o prevención ante el acoso laboral. Aquí te contamos que un juzgado investiga a un alto directivo de Mercasa por el suicidio de un empleado que sufrió acoso laboral. 

Bien Público

No hay un infierno fiscal en España. Lo repetimos porque hay gente en nuestro país que no se entera: no hay un infierno fiscal en España. Lo puede proclamar todo lo que quiera el universo neoliberal patrio pero los datos demuestran lo contrario. Tras la corrección del cálculo del PIB (Producto Interior Bruto) por parte del INE, el peso de la recaudación de impuestos y de las cotizaciones sociales en España cayó del 38% en el que se había quedado en 2022 —antes de la revisión de la Contabilidad Nacional— al 36,8% en 2023, según los datos aportados por la Agencia tributaria. “Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas”, llegó a decir el presidente Pedro Sánchez. No es tan fácil con la debilidad parlamentaria del Gobierno si tiene que negociar con el PNV y Junts, pero hay margen para subir impuestos. La contribución fiscal en España está entre cuatro y cinco puntos por debajo de la media de la eurozona. Hay que recordar que  la Comisión Europea amenazó con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber puesto en marcha las medidas necesarias para aplicar el nuevo tipo mínimo global del 15% en el Impuesto de Sociedades, que se esta tramitando en el Congreso. Hay margen para subir impuestos. Aquí tienes más información sobre cómo ha caído la contribución fiscal en España.  

Nos gusta la competencia

En esta sección te ofrecemos una selección de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Hasta aquí llegamos. Ya sabes que volveremos con más información económica el próximo jueves. Hasta entonces nos puedes escribir con propuestas, ideas o quejas a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

Un juzgado de Madrid investiga por lo penal el suicidio de un empleado de la empresa pública Mercasa que se quitó la vida en 2020 después de años sufriendo acoso y sobrecarga de trabajo. La causa, según ha podido comprobar elDiario.es, indaga si Mercasa implantó algún tipo de protocolo o prevención y la existencia de presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, acoso y homicidio imprudente por un suicidio cuyo carácter laboral ya ha declarado en firme el Tribunal Supremo. Por ahora hay tres personas investigadas, entre ellas Agustín García-Cabo, actual director Económico Financiero de Mercasa.

La viuda del trabajador encontró el cuerpo sin vida de su pareja en el baño de su casa en la madrugada del 2 de marzo de 2020. Para entonces, Jorge S.C. llevaba casi dos décadas trabajando en el área Financiera de esta empresa pública del sector de la distribución alimentaria, participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura. Jorge ejercía como jefe de planificación y consejero de varias filiales. Su trabajo se centraba en elaborar el Plan Operativo Anual (POA) –los presupuestos anuales– y reportar la contabilidad de la empresa a la SEPI. Pero en 2017 una operación contra la corrupción de la Audiencia Nacional aumentó su carga de trabajo. 

El fallecido y uno de sus compañeros se convirtieron en el enlace de la empresa con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargados por tanto de suministrar información al juez. Una causa penal que arrancó con el registro de las oficinas en Madrid y la imputación de una veintena de directivos y que, a día de hoy, está a la espera de juicio con Anticorrupción pidiendo condenas de hasta ocho años de cárcel por una supuesta trama de mordidas y comisiones millonarias en Angola. 

Esa operación contra la corrupción se llevó por delante a buena parte de la cúpula de la empresa pública, con Jorge y uno de sus compañeros asumiendo su carga de trabajo. Según la investigación judicial de su suicidio, en ese momento empezaron los “encontronazos” con algunos de sus superiores y el “mal clima” en el departamento financiero fue “en aumento”. 

El juzgado número 29 de Madrid archivó la causa penal poco después de comprobar que su muerte había sido un suicidio, pero terminó reabriendo las diligencias obligado por la Audiencia Provincial. Un informe de la división especializada de la Policía Municipal cimentó la imputación de tres personas: García-Cabo, hasta hace unos días responsable de Planificación y Estrategia de Mercasa y ahora máximo responsable del área Financiera, junto con Marta Olalquiaga, que era directora Financiera bajo su dependencia y la jefa directa del fallecido desde septiembre de 2017. La tercera persona investigada es Maite Valls, responsable de Recursos Humanos y Riesgos Laborales en aquel momento. Por ahora solo el primero ha declarado.

Ese informe policial, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge el “hostigamiento” de Olalquiaga a sus subordinados, situación que “era conocida por todos”, entre ellos los otros dos imputados. Según la Policía, que interrogó a más de una decena de testigos, en sus últimos días Jorge se había convertido en “una persona desaliñada, excesivamente nerviosa, con pérdida de peso, sin cambiarse de ropa en días, incluso con manchas en las prendas, llevando su actividad laboral a horas nocturnas”. El documento también relata que Mercasa fue sancionada por la Inspección de Trabajo en 2021 por falta de medidas para prevenir riesgos psicosociales, acreditando “la falta de control horario de los trabajadores, no contabilizando las horas extras” y “menos aún” las realizadas en remoto en el momento del fallecimiento de Jorge. 

Durante esa inspección, se analizó el ordenador del fallecido con “conexiones durante todos los días de la semana” a la VPN de Mercasa, muchas de madrugada. En la madrugada de un sábado nueve días antes del suicidio, Jorge recibe “hasta seis e-mails por parte de Marta Olalquiaga” con el asunto “ME LO MANDAS?” y “sin contenido”, relata el informe.

En su comparecencia ante la jueza, García-Cabo ensalzó al fallecido aunque destacó su carácter “anárquico” a la hora de trabajar y negó que la empresa hubiera desoído cualquier denuncia de acoso en torno a él y Marta Olalquiaga. “No es preciso trabajar 14 horas diarias en Mercasa, se trabaja el horario establecido, ni una hora más”. Afirmó no saber nada de ninguna situación conflictiva: “No lo hubiese consentido”, dijo para defender que la empresa tenía canales internos para solventar estas situaciones. La jueza llegó a llamar la atención a la abogada del Estado que defiende a García-Cabo por cómo conducía el interrogatorio.

Su declaración contrasta con lo afirmado por otros testigos a la Policía. Un compañero directo del fallecido relató cómo Olalquiaga estaba “siempre detrás de la mesa de Jorge, pidiendo y recriminando todo el día con una actitud altiva”. En persona y por correo electrónico “de lunes a domingo a cualquier hora, incluso de madrugada”. Otro testigo relató que Olalquiaga “apartaba a Jorge de las decisiones” y le criticaba “en público”, acusándolo de “desordenado”. 

Olalquiaga, que abandonó Mercasa diez días después del suicidio de Jorge, aunque anunció su dimisión antes, no ha querido atender a este medio. Ante la Policía reconoció “confrontaciones” con el fallecido y otro empleado, al entender que asumían demasiada carga de trabajo sin delegar en subordinados competentes. Olalquiaga y García-Cabo incidieron en el argumento esgrimido por la empresa sin éxito ante los tribunales por la vía laboral: que el verdadero origen de la situación del fallecido era su propia desorganización y no el acoso y la sobrecarga de trabajo. 

“Soy víctima colateral de los tiempos”

Quienes conocieron a Jorge lo definen como una persona extraordinariamente educada, de trato afable, introvertido, muy entregado a su trabajo en Mercasa, y que a diferencia de otros compañeros de departamento, nunca entró en confrontación directa con su superior inmediata. El fallecido no denunció estos hechos en la empresa. Unos minutos antes de quitarse la vida a los 49 años envió cartas de despedida a su pareja, su hijo de muy corta edad, compañeros de trabajo y su jefe: “Reducen plantilla, me avisan tarde de las cosas, actúan por su cuenta, arriba me atacan, debajo también y por los lados soy víctima colateral de los tiempos. Fin”, decía en una de ellas. Solo tres días antes de suicidarse, acudió a un hospital con una crisis de ansiedad.

Las sentencias dictadas hasta ahora han determinado que sufrió acoso laboral. Porque además de la multiplicación de la carga de trabajo para atender las peticiones de información de la Guardia Civil, tuvo que asumir durante meses las funciones del director Financiero hasta que se nombró a una nueva persona en ese puesto, Olalquiaga. Para entonces, el ejecutivo de Mariano Rajoy había cambiado la cúpula y nombrado secretaria general a la entonces semidesconocida Macarena Olona. 

Según una persona que trabajó allí en esos años, la luego diputada de Vox “genera muchísima tensión, como si estuviera haciendo una investigación en el País Vasco”, con interrogatorios muy agresivos a personal de la empresa. “El ambiente se enrareció muchísimo”. Olona fue cesada en octubre de 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Un nuevo equipo gestor encabezado por el presidente de Mercasa hasta abril de este año, José Ramón Sempere (ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante en los 90), no mejora el ambiente laboral en esta empresa, ni en el área Financiera. 

Sempere asciende a García-Cabo, histórico de Mercasa en Asturias, para degradar en la dirección Financiera a Olalquiaga, la superior directa de Jorge. Y la situación en ese departamento “se agrava”, dice el informe policial. A Olona le sustituyó en la secretaría general otro abogado del Estado, Jesús Moreno Vivas, que en enero de 2023 abandonó Mercasa para ser nombrado director general de lo Contencioso en el Ministerio de Justicia. 

La causa oficial del despido de Olalquiaga fue su negativa a firmar las cuentas de una filial de la que era consejera, Mercabadajoz. “No creía que estuviera saneada y no encontré respaldo de la dirección”, explicó ella ante la Policía. 

Internamente, durante muchos meses se presentó la muerte de Jorge como un infarto. En un primer momento Mercasa se mostró dispuesta a declararla accidente laboral, pero finalmente no lo hizo. Según algunas fuentes, por las implicaciones penales que podía tener. El 25 de mayo de 2021 la empresa pública declaró que el óbito había sido un accidente “no laboral”. La viuda del fallecido demandó a la empresa por la vía de lo Social alegando “la carga de trabajo, el estrés o el supuesto acoso” a su marido. 

Un suicidio de origen laboral

Las últimas declaraciones en el juzgado se tomaron el pasado 26 de septiembre, poco después de que el Tribunal Supremo confirmase que el suicidio debe considerarse un accidente laboral con la correspondiente pensión de orfandad para su hijo menor de edad. Los jueces del Supremo determinaron que Jorge se quitó la vida tras años de sobrecarga de trabajo, horas extra no contabilizadas y acoso laboral, tal y como dejó por escrito en varias cartas antes de morir. “Existió una clara conexión o relación de causalidad entre la acción suicida y el trabajo”, dijo el Tribunal Superior de Madrid.

En este proceso laboral los jueces han reprochado ya a esta empresa estatal que no hubiera hecho nada por reducir los riesgos psicosociales del puesto de trabajo del fallecido. Una evaluación realizada en 2016, antes del escándalo de Angola, ya calificó de “muy elevado” el riesgo de su departamento por “sobrecarga de trabajo”. 

La estrategia fallida de Mercasa y la Abogacía del Estado en este caso fue responsabilizar al fallecido de la sobrecarga de trabajo por su supuesta desorganización. La Abogacía del Estado, en representación de Mercasa, llegó a afirmar que “era una persona desorganizada”, que nunca se le concedió el teletrabajo y “no fue autorizado para realizar horas extras”. Otro trabajador de su departamento llegó a acumular 105 horas extra, más de cuatro días completos de trabajo, según las resoluciones de lo Social.

En el procedimiento no está investigada como persona jurídica Mercasa, cuyo mayor accionista, la SEPI, no comenta este asunto. Desde su creación en abril de 1966 Mercasa ha promovido y gestiona junto a los ayuntamientos respectivos la red española de mercados mayoristas, en la que opera sin competencia. También tiene una red de ocho centros comerciales con cerca de 300 establecimientos en ocho ciudades. 

Es una empresa de reducida dimensión, con una plantilla de apenas 67 personas a cierre de 2023. El año pasado facturó 19,3 millones de euros. Pero los ‘mercas’ generan un negocio anual de 22.000 millones, como señalaba hace unos días su actual presidente, el exministro de Sanidad José Miñones.

García-Cabo se ha mantenido en el organigrama directivo hasta ahora. El anterior presidente de Mercasa fue sustituido en abril por Miñones y actualmente dirige la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. El sueldo de presidente de Mercasa es uno de los más altos del sector público. Sempere, que no ha querido comentar este asunto por estar judicializado, cobró 187.669,21 euros en 2023.

La empresa ha rechazado hacer declaraciones al existir “un proceso judicial en marcha y en el que Mercasa no es parte”, mostrando su “respeto” hacia estas diligencias y reiterando que está “muy comprometida con la creación de entornos de trabajo seguros y saludables”. Destacan que se han “intensificado” las medidas para “implantar políticas internas de flexibilidad horaria y desconexión digital”, contando con “programas de evaluación de riesgos psicosociales y un comité de seguridad y salud” con la participación de los representantes de los trabajadores. La acusación particular que ejerce la viuda del fallecido también ha rechazado hacer cualquier comentario sobre la causa.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Esperemos que la estés pasando algo más centrado que el Gobierno. Llevamos una larga temporada en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vive en estado de realismo mágico. Lo que hoy parece imposible mañana se convierte en realidad.

Si hace unos meses un concierto fiscal para Cataluña era imposible, semanas después está blanco sobre negro en un acuerdo entre el PSC y ERC para conseguir la presidencia de la Generalitat para Salvador Illa. Como buen ejemplo de realismo mágico se trata de un acto de fe. Todavía nadie se ha dignado a explicar de qué va este acuerdo, que hay que tragarse porque lo dice la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, aunque sea una propuesta más propia de un Gobierno de derechas.

Como todo relato de realismo mágico, es decir, ese ejercicio estilístico para mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común, se irá sustanciando en verdad según se acerque el Congreso Federal que el PSOE celebrará en noviembre. Solo hay que ver el cambio de rumbo de algunos dirigentes socialistas como Juan Espadas, ayer crítico, y hoy medio convencido. 

No ha sido el único ejercicio de realismo mágico, aunque lo de esta semana ha sido más bien realismo trágico. Este jueves estaba previsto que el Gobierno llevara al Congreso para su aprobación el límite de gasto no financiero (incluyendo fondos europeos) de 199.171 millones para 2025, en línea con el techo de 2024, para cumplir con las exigencias de las reglas fiscales de la Unión Europea que se han activado este ejercicio. Atención que se trataba de la misma medida que Junts, PP y Vox habían tumbado en julio.

No se sabe muy bien si es que imbuidos por su propio relato de realismo mágico en el Gobierno pensaban que iban a convencer a Junts de que votara a favor de la senda de déficit con el argumento de que un no deja sin 12.000 millones de gasto extra a comunidades y ayuntamientos. El baño de realidad no tardó en llegar: el Ministerio de Hacienda retiró la tramitación parlamentaria de los objetivos de estabilidad presupuestaria con “el objetivo de dar más tiempo a la negociación ofreciendo una nueva oportunidad al diálogo”. Como ha comentado mi compañero Íñigo Sáenz de Ugarte, el Gobierno empieza a aprender qué es eso de estar en minoría en el Congreso. Y es que a los políticos de Junts les importa poco el gasto de comunidades y ayuntamientos, sus prioridades tienen más peso de un realismo sádico propio de partidos de ultraderecha, como propagar las teorías conspirativas de los atentados yihadistas de 2017 de Barcelona y Cambrils.

Pues bien, ahora resulta que el mayor gasto financiero de la historia de la democracia pues ya no lo va a ser porque resulta que como en cualquier relato de realismo mágico todo se puede ensanchar. El Gobierno revisará al alza la senda de estabilidad, no solo para convencer a Junts, sino porque ERC ha aparecido para decir qué hay de lo suyo y detrás vendrán el resto de formaciones políticas. 

“La sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en santos no pueden curarse con milagros de santos”, explicaba Alejo Carpentier en el prólogo de su libro El reino de este mundo, una de las obras más bellas de realismo mágico de la literatura latinoamericana. Y es así porque, aunque la economía española va bastante bien, ya me dirán ustedes cómo se conjugan las nuevas reglas fiscales de la UE que nos limitan el déficit, más el concierto fiscal catalán sin que el resto de comunidades se vean perjudicadas, más la quita de deuda a las autonomías y más el incremento del límite de gasto de los Presupuestos. Sería maravilloso conseguirlo pero es más un acto de fe que otra cosa, aunque ya estemos rozando el realismo pánfilo.

Y mientras, problemas de gran envergadura, no paran de crecer...

El Gráfico

 “Alquiler temporal”, “de 32 días a 11 meses”, “11 meses renovables”, “alquiler temporal: no se aplica la ley de regulación del alquiler”, “de septiembre a junio”, “no se alquila para larga estancia”... Estas fórmulas se usan para indicar que estos alquileres se firman como un contrato de temporada. Se trata de una modalidad que muchos propietarios estarían usando para sortear la regulación de los alquileres de la ley de vivienda, permitiendo a los caseros hacer contratos por meses y así saltarse el control de precios. En elDiario.es hemos investigado cuántos anuncios de alquiler tratan de burlar la normativa:  el 30% de los pisos anunciados en las capitales ya solo se ofrecen por meses. En Cádiz, Barcelona y Donostia la oferta de pisos de temporada supera el 60%. Parece que no va a ser posible con la buena voluntad que la ministra de Vivienda le pedía a los caseros. Parece que es necesaria una regulación más exigente y más controles. En este amplio reportaje te explicamos el boom del alquiler de temporada: uno de cada tres pisos anunciados en las capitales ya solo se ofrecen por meses.

El Dato

94 millones de euros

por hacer mal su trabajo. Es lo que ocurre cuando los altos directivos de las multinacionales se ponen ellos mismos las indemnizaciones por despido. Así ha ocurrido con John Donahoe, que era consejero delegado de Nike, pero los malos resultados de la multinacional de ropa deportiva, ni siquiera las Olimpiadas han salvado sus cuentas, han provocado su salida de la compañía. Ahora bien, antes de irse con la 'paguita' anunció el despido de 1.500 empleados con el objetivo de recortar unos 1.800 millones en costes. Aquí te contamos cómo Nike busca reflotar su negocio con el despido millonario de su consejero delegado.

Letras que son un Tesoro

Este libro debería llegar a los colegios. Se trata de Carrera y familia (Editorial Taurus), de la premio Nobel de Economía Claudia Goldin. Ante las opiniones que parten de la ignorancia o de los prejuicios por parte de la ultraderecha, la economista recorre la historia y demuestra con infinidad de datos como la lucha de las mujeres por lograr la igualdad laboral y doméstica y acabar con la brecha salarial sigue siendo una quimera. Aquí tienes una entrevista que le hicimos a Goldin en elDiario.es antes de ganar el Nobel. Una reflexión se repite en el libro: “Las aspiraciones y sueños de las mujeres no se harán realidad si los hombres no se incorporan al trayecto”. Imprescindible.

Cada vez que habla sube el pan

Era una persona desorganizada

El abogado del Estado en representación de Mercasa

Son terribles las palabras del abogado del Estado que representa a Mercasa, la empresa pública de distribución alimentaria, en el juicio por el suicidio de uno de sus directivos. Con esta acusación trataba de negar que hubiese sido un accidente laboral y evitar el pago de una pensión de orfandad al chico por la pérdida de su padre. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sido tajante al confirmar que el suicidio del empleado es un accidente laboral ya que el hombre se quitó la vida después de años de sobrecarga de trabajo, horas extra no contabilizadas y de ser acosado por compañeros y superiores. “La decisión de quitarse la vida estuvo vinculada de manera próxima y directa con su trabajo, tanto por la sobrecarga que le impedía descansar debidamente y hacer vida social y familiar, situación que la empresa conocía por los Delegados de Prevención y no hizo nada por solucionar, como por la situación de acoso referido por parte de la Directora Financiera”, señalan los jueces. Tremendo. Aquí te contamos como el suicidio de un directivo de Mercasa tras sufrir acoso fue un accidente laboral.

Bien Público

Pioneras abogadas en defensa de una clase trabajadora sin apenas derechos en los últimos coletazos del franquismo y de la Transición. Más adelante consolidaron su compromiso en ámbitos que van desde la lucha vecinal y de la vivienda en barrios humildes al compromiso político en partidos de izquierdas. Con esta trayectoria no es raro que TVE haga una serie como  'Las abogadas', donde retrata varios sucesos clave de los años 60 a los 80, de la mano de cuatro jóvenes laboralistas: Lola González (fallecida en 2015), Manuela Carmena, Paca Sauquillo y Cristina Almeida. La represión del Franquismo, las detenciones en los sótanos de la temible Brigada Político-Social, el terrorismo de ultraderechistas con la matanza de Atocha o sacar a la luz las condiciones laborales de una España sin apenas derechos sociales. En este reportaje de Laura Olías habla con Manuela Carmena y Paca Sauquillo sobre sus primeros pasos como laboralistas al final del franquismo.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Aquí acabamos. Volveremos el próximo jueves con más información económica. Hasta entonces si nos quieres escribir nos puedes mandar tus propuestas o ideas a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

El Tribunal Supremo ha confirmado que el suicidio de un directivo de la empresa pública Mercasa debe ser considerado como un accidente laboral con una pensión de orfandad para su hijo pequeño. Los jueces entienden que el hombre se quitó la vida después de años de sobrecarga de trabajo, horas extra no contabilizadas y después también de ser acosado por compañeros y superiores, tal y como dejó por escrito en varias cartas antes de morir. Los tribunales reprochan a esta empresa pública que no hubiera hecho nada por reducir los riesgos psicosociales del puesto de trabajo del fallecido, que en esos años afrontaba una sobrecarga laboral por las peticiones de información de la Guardia Civil en la causa abierta sobre Mercasa en la Audiencia Nacional.

El hombre se quitó la vida de madrugada en el baño de su casa en marzo de 2020. Para entonces llevaba dos décadas trabajando como jefe de planificación y control en Mercasa, empresa pública participada a medias por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Fondo Español de Garantía Agraria, así como en el consejo de administración de varias de sus filiales. Unos minutos antes de quitarse la vida envió cartas de despedida a su pareja, a su hijo, a varios compañeros de trabajo y a su jefe: “Reducen plantilla, me avisan tarde de las cosas, actúan por su cuenta, arriba me atacan, debajo también y por los lados soy víctima colateral de los tiempos”, decía en una de ellas.

Solo tres días antes, el trabajador había acudido a un hospital con una crisis de ansiedad, explicando que tenía problemas en el trabajo y que llevaba dos semanas sin dormir más de tres horas por noche. Las sentencias del caso describen cómo habían sido sus últimos años en Mercasa: horas extra en su domicilio, de noche, fines de semana y festivos. En parte, explican, para atender los requerimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que en esos momentos investigaba a la empresa pública en una causa de corrupción instruida en la Audiencia Nacional, pendiente de juicio a día de hoy.

También existió, según estas resoluciones, acoso laboral. Porque además de la multiplicación de la carga de trabajo para atender las peticiones de información de la Guardia Civil sobre la imputación de directivos de la empresa, el fallecido tuvo que asumir durante más de medio año la carga de trabajo del Director Financiero hasta que se nombró a una nueva persona en ese puesto. Una nueva Directora con la que él no tenía buena relación.

Años antes, una evaluación de riesgos psicosociales en la empresa calificó de “muy elevado” el riesgo de ese departamento por “sobrecarga de trabajo”. La Inspección de Trabajo también realizó sus propias investigaciones.

El suicidio de este trabajador de Mercasa no fue considerado como un accidente laboral en un primer momento y su viuda, en nombre de su hijo menor de edad, empezó a pleitear en los tribunales para que se reconociera como tal y que, en la práctica, existiera la obligación de pagar una pensión de orfandad al chico por la pérdida de su padre. Un juzgado de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de la capital entendieron que el suicidio sí había estado relacionado con el trabajo, algo que acaba de confirmar la sala cuarta del Tribunal Supremo tras rechazar en un auto el recurso presentado por la Abogacía del Estado en nombre de Mercasa.

Los jueces han rechazado todos los argumentos de la Abogacía del Estado y niegan, como alegaba la empresa, que su caso sea similar al que esgrimió en su último recurso, el de un trabajador que se quitó la vida en Barcelona hace más de dos décadas. A lo largo del proceso judicial, tal y como ha podido comprobar elDiario.es, tanto la empresa como la mutua intentaron demostrar que su suicidio, al haber ocurrido en su casa y fuera del horario laboral, no debía tener consecuencias para Mercasa. Ligando su muerte a la salud de otros familiares, defendiendo que el suicidio es algo “multicausal” pero también responsabilizando al fallecido de haber hecho tantas horas extra en su casa.

La Abogacía del Estado, en representación de Mercasa, llegó a afirmar que “era una persona desorganizada” y que eso “no puede ir en detrimento del empresario”, entendiendo que son “consecuencias derivadas de un acto voluntario y deliberado del trabajador”. Mercasa, afirmaba este recurso, nunca le concedió el teletrabajo para seguir su labor en casa y, finalmente, “no fue autorizado para realizar horas extras”. Otro trabajador de su mismo departamento llegó a acumular 105 horas extra, más de cuatro días completos de trabajo, según recogen las resoluciones.

Un suicidio relacionado “de manera indudable” con el trabajo

Desde un juzgado de lo social de Madrid hasta el Supremo pasando por el Tribunal Superior de Justicia, todos los magistrados especializados en material laboral han confirmado que el suicidio de este directivo y trabajador de Mercasa estaba ligado directamente con la sobrecarga de trabajo y el acoso que padecía. Se llevaba el trabajo a casa, al menos desde 2019, “por orden de la dirección”, y en su caso “existió una clara conexión o relación de causalidad entre la acción suicida y el trabajo”, en contra de lo que defendían la empresa y la mutua.

Las pruebas recopiladas durante el proceso judicial, dijo el TSJ de Madrid, ponen de manifiesto “una evidente sobrecarga de trabajo que desbordaban al trabajador fallecido y le obligaban a trabajar de noche, fines de semana y festivos”. Si era organizada o no, como intentaba defender Mercasa, no es “objeto de este pleito”, razonaron también los jueces. Su situación laboral, zanjaron, “está en clara conexión con la conducta de suicidio”. Así lo dijo también “en todas las notas y cartas que dejó escritas”.

Esta “indudable” conexión entre su suicidio y sus condiciones de trabajo, que también abarcan el acoso que denunciaba sufrir, para los jueces choca con la actitud de la empresa durante los últimos años antes de su muerte. En las notas que escribió, el fallecido incluso “pide perdón a sus compañeros, reconoce que ha podido equivocarse, y que no merece vivir; justifica su trabajo en las cuentas”.

Los jueces no albergan ninguna duda: “La decisión de quitarse la vida estuvo vinculada de manera próxima y directa con su trabajo, tanto por la sobrecarga que le impedía descansar debidamente y hacer vida social y familiar, situación que la empresa conocía por los Delegados de Prevención y no hizo nada por solucionar, como por la situación de acoso referido por parte de la Directora Financiera”.

El caso, tras el auto dictado por la Sala de lo Social del Supremo rechazando el último recurso para la unificación de doctrina de la Abogacía del Estado, ya ha quedado resuelto en firme. En la práctica, el reconocimiento de su muerte como un accidente laboral implica que su hijo menor de edad tiene derecho a una prestación de orfandad con una base reguladora de más de 48.000 euros anulares.

A preguntas de este periódico, desde Mercasa han mostrado su “respeto total y absoluto” a este auto del Supremo. Afirman también desde la empresa que está “firmemente comprometida con garantizar entornos de trabajo saludables” y que dispone de “protocolos de control y vigilancia para asegurar ambientes saludables” sometidos a “mejoras continuadas en los programas de prevención de riesgos laborales a las personas empleadas”. “La empresa dispone de mecanismos internos de evaluación de riesgos psicosociales y un comité de seguridad y salud en el que participan representantes de las personas trabajadoras para evaluar y reforzar en cada momento las medidas que aseguran el bienestar de las personas”, afirman desde la entidad.

Mercasa estaba presidida, en el momento de los hechos, por José Ramón Sempere, actualmente director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Desde el pasado mes de abril, el nuevo presidente de Mercasa es el exministro de Sanidad, José Miñones. Esta empresa pública del sector de la distribución alimentaria lleva desde hace casi ocho años bajo la lupa de la Audiencia Nacional que inició la investigación durante el Gobierno de Mariano Rajoy y se encuentra a la espera de juicio por un caso de presunta corrupción empresarial con 18 personas imputadas junto con la propia empresa Mercasa y otras sociedades.

El magistrado Santiago Pedraz, que abrió juicio oral por este caso hace más de dos años, envió al banquillo a varios directivos de la compañía acusados de perpetrar irregularidades en contratos firmados entre 2006 y 2016 para construir un mercado mayorista en Angola, con comisiones pagadas a autoridades y funcionarios de ese país. Se investigan, entre otros, delitos de corrupción, malversación, blanqueo y organización criminal y la Fiscalía ha pedido condenas de hasta 25 años de cárcel en los casos más graves.

Si tienes más información sobre este caso o conoces otros similares, puedes escribirnos a pistas@eldiario.es

Restaurantes, proyectos en Angola, ladrillo, fútbol o “importación y exportación”. Son algunos negocios de José Ángel Escorial y Víctor Aldama, los empresarios detenidos junto a Koldo García, hombre de confianza durante años del exministro de Fomento y actual diputado del PSOE, José Luis Ábalos, y otras 17 personas en la operación 'Delorme', un caso de presunta corrupción en la adquisición de material sanitario en lo peor de la pandemia.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva muchos meses investigando el cobro de posibles comisiones ilegales en adjudicaciones de los ministerios de Fomento e Interior y de las comunidades autónomas de Canarias y Baleares a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una sociedad que, en el momento de adjudicarse esos contratos (marzo y abril de 2020), estaba vinculada a uno de los detenidos, José Ángel Escorial. 

En solo dos meses, esta empresa se llevó tres adjudicaciones para el suministro de material sanitario (mascarillas y equipos de protección) por importe de más de 40 millones. Los contratos bajo sospecha fueron contratos adjudicados por el procedimiento de emergencia y negociado sin publicidad, en un momento en el que el material sanitario escaseaba en todo el mundo. 

Con ello, la facturación de la adjudicataria pasó de cero euros en 2019 a más de 53 millones. “La totalidad de los ingresos de la sociedad provienen del suministro de equipos de protección individual a distintos entes públicos y privados”, señaló ese año su auditor. Y de no facturar nada y declarar más de un millón de pérdidas, pasó a embolsarse un beneficio de casi 4 millones. 

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, creada en Zaragoza hace 25 años, tenía entonces como administrador único a Purdey Investment SL, una firma que lleva sin presentar cuentas desde 2018 y que está administrada por José Ángel Escorial, economista de 49 años que aparecía en los denominados 'Paradise Papers' con dos sociedades offshore en Malta. 

A finales de 2020 la Oficina Anticorrupción de Balears ya apuntó en un informe que la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil estaban investigando a Escorial y a una sociedad vinculada a él en ese territorio offshore en el corazón de la UE por un caso de posible corrupción en Angola: el pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa pública Mercasa, dentro de la ejecución de un contrato para construir un mercado de abastos en Luanda, en un caso por el que llegó a estar investigado un hermano del expresidente madrileño Ignacio González.

En la operación Delorme también ha sido detenida la esposa de la mano derecha de Ábalos, Patricia Uriz. Fue arrestada junto a Koldo García en Alicante, provincia en la que José Ángel Escorial tiene a su nombre una propiedad, en concreto en la localidad costera de El Campello, a unos 13 kilómetros de la capital alicantina.

Mientras este empresario fue detenido e interrogado el lunes por la Guardia Civil y quedó libre con cargos a la espera de que sea citado por el Juzgado, Víctor Aldama no fue puesto en libertad y pasará este jueves directamente a disposición de la Audiencia. 

Aldama es el presidente del Zamora Club de Fútbol, un modesto equipo que milita en la Segunda Federación. Figura vinculado a numerosas empresas del sector inmobiliario. En su LinkedIn se identifica como fundador de Grupo Vivir, una promotora inmobiliaria que, según su web, tiene sus oficinas centrales en la localidad madrileña de Leganés. Grupo Vivir se hizo con el Zamora en 2018.

Ese club de fútbol presidido por Aldama tiene en su consejo de administración a, entre otros, Alfredo Ruiz Plaza, un empresario con el que Aldama ha compartido cargos en sociedades como RRP 180 Capital, dedicada a la realización de estudios de mercado y liquidada en 2023. 

Ruiz Plaza fue alto directivo de Hertz y de la multinacional Compass Group en Europa y en 2020 fue nombrado presidente de Moove Cars, la primera propietaria de licencias VTC en España, en la que han invertido Uber, el fondo King Street, el banquero Jaime Castellanos o el industrial Juan María Riberas (Gestamp).

Soluciones de Gestión, la firma que vendió esas mascarillas, se presenta en su web como “una empresa de desarrollo y asesoramiento técnico en proyectos Internacionales de salud, energía, agua e infraestructuras agrícolas, operando principalmente en países de ámbito africano”. 

“Nuestra especialidad son los proyectos llave en mano, incluyendo la financiación internacional (Export finance), el desarrollo, ejecución y mantenimiento del mismo siguiendo los más estrictos estándares europeos”.

Un “hito” en Angola

En Angola, realizaron en 2009 “un hito” en su historia, “Boavista II”, la construcción de la primera central eléctrica flotante en España y su posterior traslado a Angola. Y un año después, 2010, se firmó la rehabilitación del Hospital General de Moxico en ese país, donde la empresa fue socia a través de una unión temporal de empresas (UTE) de Comercial Cueto. Esta empresa está pendiente de juicio por la pata angoleña del denominado caso Defex, la trama de sobornos de esa empresa semipública de armas. 

A cierre de 2020, Soluciones de Gestión tenía pendiente de cobro casi 4 millones del gobierno angoleño, según destacaba su auditor en su informe sobre las cuentas de ese ejercicio, que incluían varias salvedades.

Tras el pelotazo de 2020, la facturación de la empresa se desplomó hasta 2 millones de euros en 2021. Ese año, ya con un nuevo dueño, se metió en el negocio de la minería, con la adquisición de un 36% de una empresa dedicada a la explotación de canteras de pizarra, Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL, creada un año antes. También tenía un 40% de Brama Capital, accionista de la anterior y en la que figuraba como administrador único en diciembre de 2020 (solo estuvo un día) el presidente del Zamora FC ahora detenido.

Sin fondos europeos

Uno de los contratos investigados a esta empresa zaragozana, de 12,5 millones, fue para el suministro de 5 millones de mascarillas FFP2 a Adif, el gestor de la red ferroviaria. Se adjudicó el 27 de marzo de 2020 y en el acuerdo de formalización se señalaba que era susceptible de recibir fondos europeos FEDER. Fuentes conocedoras del proceso explican que, en relación con este contrato, no se ha certificado ningún gasto ni se ha incluido en ninguna operación cofinanciada por Fondos Europeos.

Muchas de las empresas por las que ha pasado Escorial están hoy inactivas y en otras ha cesado ya. Varias son del sector de la restauración, como Garbi Eurocentro 21, inactiva desde 2014. La administraba junto al siciliano Alfredo Gelso, que hoy regenta un restaurante italiano en el barrio madrileño de Chamberí. Eran socios pero aquello “acabó muy mal: a mí me debe 76.000 euros”, dice al teléfono.

Escorial figura como administrador único de Jartum79 SL, creada en marzo de 2012 en ese mismo barrio, dedicada a “asesoría y consultoría estratégica”, “representación, promoción y comercialización, incluyendo la importación y exportación de todo tipo de productos gastronómicos” o “realización de catas, degustaciones, banquetes, ferias, fiestas y en general organización de cualquier clase de eventos lúdicos y comerciales de carácter gastronómico”. Solo llegó a presentar cuentas en 2012, año en el que se creó, cuando facturó poco más de 150.000 euros. 

También se dedicaba a la restauración Flavours of Spain, que creó en 2009 y que no llegó a presentar cuentas, como tampoco lo hizo Legal Music Concept, dedicada a la representación de artistas, domiciliada en Las Rozas, y en la que Escorial aparece como presidente. Otra en la que ha ocupado cargos es Forum de Inversiones Inmobiliarias Mare Nostrum SA, radicada en Alicante y de la que fue vocal y secretario hasta 2022.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado escrito de conclusiones provisionales contra 17 personas, la empresa pública Mercasa —la gestora de los mercados de abastos españoles— y otras tres mercantiles por las irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola) mediante el pago de mordidas a autoridades y funcionarios de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos. El escrito contempla peticiones de condena de hasta 8 años por malversación y 6 años por integración en organización criminal.

A los procesados se les acusa de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental continuada, malversación de caudales públicos continuada, blanqueo de capitales y organización criminal, según la nota hecha pública este miércoles por el Ministerio Público y recogida por Europa Press. 

Las penas de prisión solicitadas a las personas físicas son de seis años por el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales; ocho años para los autores y tres años y medio para los cooperadores, por el delito de malversación; tres años por el delito de blanqueo de capitales; cinco años por el delito de falsedad y, finalmente, seis años por el delito de organización criminal, además de las correspondientes multas y decomiso. A las personas jurídicas se le solicitan distintas penas de multa.

La instrucción de esta causa concluyó a finales de noviembre de 2019, cuando el que fuera entonces titular del Juzgado Central número 5, José de la Mata, finalizó la investigación de esta pieza separada del denominado 'caso Mercasa'.

Entre las personas que el juez consideró que debían ser juzgadas están varios directivos como María Jesús Prieto Jiménez, los hermanos Francisco Javier y José Manuel Pardo de Santayana o el empresario José Herrero de Engaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. También están las sociedades que formaban parte de CÓMIC, un consorcio de empresas españolas que habría pagado más de 20 millones de euros en comisiones ilegales.

Quienes no está entre los procesados es Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González y quien fuera director de Estrategia y Operaciones de Mercasa, quienes habían sido inicialmente imputados.

Contratos en Angola y República Dominicana 

A juicio de la Fiscalía, la instrucción judicial ha permitido acreditar la comisión de un posible delito de corrupción internacional en los negocios cometido por la empresa pública española Mercasa, y por las empresas con las que se asoció a través de una compañía aparente como era el consorcio establecido con ellas, creado en 2002 con la única finalidad de interponer una organización jurídica para conseguir contratos públicos en la República Dominicana y Angola.

En el curso de la investigación se han analizado los contratos públicos celebrados por las empresas españolas con el gobierno angoleño durante los años 2006 a 2016 para la construcción de un mercado mayorista de alimentos en Luanda (Angola), proyecto de “llave en mano” denominado CLOD, concluyendo que existen relevantes indicios de que los administradores de las citadas empresas pagaron comisiones ilícitas a las autoridades y funcionarios públicos de Angola que participaron en la contratación y ejecución de esos contratos para conseguir las correspondientes adjudicaciones en ese país.

Contratos millonarios 

La suma de estos contratos públicos ascendió a un importe superior a 500.000.000 dólares aunque lo cobrado por estas empresas durante esos diez años de actividad comercial fue de unos 200 millones de euros. 

Los administradores de las empresas españolas, que planificaron la obtención de los contratos públicos en Angola mediante el pago de tales comisiones con el objeto de hacer llegar el dinero a las autoridades y funcionarios públicos angoleños, utilizaron los servicios del comisionista angoleño Guilherme Taveira, contra quien en la actualidad se encuentran en vigor distintas órdenes de detención internacional por el Juzgado Central de Instrucción número 5. Se trata del mismo agente que empleó en aquel país otra empresa pública, Defex, la cual ha sido ya acusada por la Fiscalía Anticorrupción por llevar a cabo similares prácticas en Angola, Camerún y Arabia Saudí.

Las comisiones ilícitas destinadas a las autoridades angoleñas eran detraídas del importe de los contratos públicos que celebraban las empresas españolas en Angola mediante contratos de colaboración comercial celebrados con las sociedades Sonadi, Soter y Metab, controladas por el propio Taveira, resultando ser contratos todos ellos instrumentales e inveraces, cuya única finalidad era hacer llegar a este las comisiones para las autoridades y funcionarios públicos de aquel país así como el pago de sus ilícitos servicios. Se han identificado pagos a las citadas empresas de Taveira por importe de veinte milllones de euros.

La investigación también ha puesto de manifiesto que, durante estos diez años de actividad comercial, los administradores de las empresas en concierto con los administradores de la empresa pública, se apropiaron sin razón comercial de fondos de ésta hasta un total de 6.000.000 euros. Estas apropiaciones de fondos públicos eran canalizadas a través de sociedades, y ocultadas mediante contratos inveraces, por lo que la Fiscalía Anticorrupción considera que los acusados ocasionaron un perjuicio patrimonial a la empresa pública Mecasa de 16.147.404,85 euros y solicita su restitución como responsabilidad civil exigible a todos los acusados.

A su vez, el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción pone de relieve que, una vez iniciada la investigación de este procedimiento, los nuevos gestores de la empresa pública Mercasa adoptaron una posición firme, decidida y proactiva de colaboración con la investigación, aportando documentación y medios probatorios relevantes para identificar a los responsables y para erradicar estas prácticas ilegales de la empresa en el futuro, por lo que considera que concurre una atenuante muy cualificada de colaboración con la administración de justicia, reduciendo en consecuencia las penas solicitadas para esta persona jurídica pública.

La ex secretaria general de Mercasa Macarena Olona ha asegurado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que los dos expresidentes de esta empresa pública eran conocedores de las irregularidades en el consorcio que formaron para contrataciones en el exterior al igual que lo era la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que se informaba de las decisiones relevantes para recabar su aprobación, según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración.

Macarena Olona era hasta hace sólo uno días secretaria general y del Consejo de Administración de la compañía, cargo que ocupaba desde junio de 2017 tras la imputación de la anterior cúpula directiva por su supuesta implicación en el pago de sobornos “en todos lo sentidos”. Aunque ya no ostenta esa responsabilidad, este miércoles ha comparecido ante el juez José de la Mata en calidad de representante legal de la compañía para dar cuenta de la auditoría forense que ella encargó a la consultora internacional EY cuando llegó al cargo. 

El informe ha sido el hilo conductor de la declaración de Olona, que ha ido explicando los pormenores durante cerca de cuatro horas ante el juez instructor, según han explicado fuentes jurídicas, que apuntan a que volverá a comparecer ante De la Mata en más ocasiones porque no ha habido tiempo para entrar en el detalle de todo lo que apuntó la auditoría.

En concreto, en esta jornada han abordado las actividades en Panamá y República Dominicana, país este donde la auditoría encontrado diversas irregularidades, como la donación a este país de un cheque por importe de 500.000 pesos dominicanos (unos 9.000 euros) a cargo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que dirigía Miguel Sebastián en 2011, para garantizar la adjudicación de una infraestructura.

Las irregularidades en Mercasa, la empresa que opera los mercas de las principales ciudades españolas y que está bajo el paraguas de la SEPI y el Ministerio de Agricultura, empezaron a aflorar a finales de octubre de 2016. La Guardia Civil buscaba entonces pistas sobre las operativas de blanqueo del expresidente madrileño Ignacio González en el marco del caso Lezo, la red de corrupción que presuntamente saqueó fondos públicos del Canal de Isabel II. Pero además de las pruebas de los intentos de aflorar dinero, los agentes se encontraron ante todo un despliegue de prácticas corruptas en la empresa pública, en la que Pablo González, hermano del expresidente, era director de Estrategia y Operaciones.

Los discos duros y ordenadores desaparecidos siguen de moda en los casos de corrupción. Esta vez le ha tocado el turno a Mercasa, la empresa pública que se encarga de gestionar los mercas españoles y que está envuelta en un gran caso de corrupción. La empresa denunció que el día de Navidad se produjo un robo que está investigando la Policía. Según ha informado hoy la Cadena SER, en el robo se llevaron ordenadores y documentación.

El grupo, participado en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tuvo constancia el martes de que habían entrado en sus oficinas, sitas en el número 180 del madrileño Paseo de la Habana, al ver forzada una de las ventanas. Inmediatamente se presentó una denuncia ante la comisaría de Chamartín, según Europa Press.

En un primer recuento, según las mismas fuentes, se vio que no había desaparecido ningún objeto de valor, pero se está evaluando y haciendo inventario de todo lo que había en las oficinas, incluida documentación relativa al grupo. Se da la circunstancia de que el martes fue día no laborable para los trabajadores de Mercasa, que regresaron el miércoles a sus ocupaciones habituales.

La Audiencia Nacional inició la investigación sobre la empresa pública Mercasa a la vez que inició la Operación Lezo, ya que ambas se conectan por el hermano de Ignacio González, Pablo. Los agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo numerosos registros, aunque en esta pieza separada aún no hay detenidos. La Audiencia Nacional investiga una operación de Mercasa en Angola, donde iban a construir un mercado mayorista al estilo de Mercamadrid en la capital de este país africano.

El negocio era muy lucrativo para esta empresa pública. La administración de Angola y Mercasa firmaron un contrato por valor de 500 millones de euros. Los investigadores creen que hay sobreprecios que se utilizaron para pagar comisiones a funcionarios locales y para el lucro personal de quienes participaron en la operación.

El marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, también ha aparecido intermitentemente relacionado con el caso. En unas grabaciones de la operación Lezo publicadas por La Vanguardia se escuchaba a Ignacio González y el ex delegado del Gobierno en Ceuta en la época de José María Aznar, Luis Vicente Moro, sacar a la luz la relación del marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la trama Lezo-Mercasa.

Según se escucha en la grabación del 17 de enero, Moro está negociando con González la valoración de una empresa. González dice que se la pueden encargar a su hermano que está de director general de Mercasa. Moro, muestra una mezcla de sorpresa y temor ante el hecho de que el hermano de González esté en esa empresa pública donde trabaja un sobrino de Del Hierro.

Mercasa también conecta con otro gran caso de corrupción, Defex, del que es una pieza separada. Comparten la trama de corrupción en Angola en la que participaba Guillherme Taveira y la ex sobrina del espía Paesa.

El grupo que preside David Martínez Fontano facilita la comercialización mayorista procedente de origen, apoya al comercio minorista en todos sus formatos, modernizando los mercados municipales y fomentando nuevos desarrollos comerciales, según consta en su página web.

Mercasa, que facturó 21,6 millones de euros en 2016, ha promovido y gestiona junto a los ayuntamientos respectivos la red de Mercas, que cuenta con 23 unidades alimentarias, grandes complejos de distribución mayorista y servicios logísticos, que cubren toda la geografía española. En la red de Mercas operan unas 3.600 empresas mayoristas y de servicios complementarios, que facturan unos 10.000 millones de euros anuales.

Una grabación entre Ignacio González y el ex delegado del Gobierno en Ceuta en la época de José María Aznar, Luis Vicente Moro, vuelve a sacar a la luz la relación del marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la trama Lezo-Mercasa. Según publica La Vanguardia, un pinchazo autorizado por la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Lezo, acreditó de nuevo las maniobras que se estaban haciendo en la empresa pública Mercasa, en las que el hermano de González y el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, son protagonistas.

Según se escucha en la grabación del 17 de enero, Moro está negociando con González la valoración de una empresa. González dice que se la pueden encargar a su hermano que está de director general de Mercasa. Moro, muestra una mezcla de sorpresa y temor ante el hecho de que el hermano de González esté en esa empresa pública.

Ignacio González: “Mi hermano está de director general de Mercasa”.

Luis Vicente Moro. “De Mercasa. ¿En Mercasa es dónde está Eduardo Amejide de presidente? Cuidado ahí, ¿eh?”

I.G: “El presidente es Eduardo”.

L.V.M. “Cuidado, porque Eduardo es el nexo de Ignacio López del Hierro”.

I.G. “Totalmente”

L.V.M.: “Me llegan cosas de Mercasa. Porque el marido de aquella directora general tuya Teresa Rodríguez Marigorta está en Mercasa y tiene los cojones aquí, ¿eh? Ya no voy ni a verlos, viven allí en Pozuelo, cénabamos alguna vez... Porque ella está acojonada con Eduardo y con el sobrino de Ignacio López del Hierro”.

I.G.: “Es por lo que están sacando en prensa por las operaciones que están haciendo en Angola”.

L.V.M: “Lo que te quiero decir es que Eduardo Ameijide lo que le diga Ignacio López del Hierro lo hace”.

I.G.: “Lo sé. Lo sé. Mi hermano está perfectamente entrenado en todo eso porque ya se lo he dicho mil veces”.

El “sobrino” de López del Hierro es José Herrero de Egaña, imputado por las tramas Lezo y Púnica, al igual que Eduardo Ameijide. Herrero de Egaña participaba en el consorcio que Mercasa mantenía con la empresa Incatema y a las que se les asocia con el pelotazo en el mercado de Angola. La vinculación entre sobrino, tío y las maniobras de las empresas que crean las tramas que ahora investiga la Audiencia Nacional ya habían sido apuntadas en un informe de la UDEF de mayo de este año y en otra grabación también captada en el caso.

En la anterior grabación desvelada por El Español, Ignacio González le decía a su hermano Pablo que el marido de la presidenta del PP Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, “cobra bajo cuerda de 27.000 sitios”y calificaba a del Hierro como “un desagradable que te cagas, es un gilipollas de mierda”, mientras que Pablo González se refería al “riesgo” al que se podría exponer María Dolores de Cospedal: “Con lo que cuenta y tal (Ignacio López del Hierro), yo no sé cómo la otra está así dispuesta, en cualquier momento la van a revolcar. Bueno, ahora que está en Defensa igual no”.

López del Hierro emitió un comunicado desmintiendo tajantemente el vínculo que la UDEF le tendía con un entramado que también tocaba a la familia Pujol. Según el informe, Pujol Ferrusola habría obtenido comisiones al conseguir que empresas “semipúblicas” participaran en proyectos en países como Angola o República Dominicana, incluso mediante sobornos a autoridades locales. En relación a las sociedades presuntamente involucradas, la Policía menciona los nombres de Pimentel e Ignacio López del Hierro por sus presuntos vínculos con las empresas Globaltec e Ibadesa Cat, respectivamente.

Dos juzgados de la Audiencia Nacional se reparten los casos Mercasa y Lezo en las que se comparten los protagonistas. Sin embargo, Mercasa también es una pieza separada del caso Defex, de nuevo, por tener la misma raíz en las investigaciones policiales.

Incatema Consulting & Engineering, metida de lleno en las tramas de corrupción de Lezo y Mercasa, registró en 2016, un año “excelente”, según su propia definición, los mejores resultados de su historia, según las últimas cuentas de la empresa, que acaba de adjudicarse 668.936 euros en contratos del Gobierno español tras la imputación de sus dueños por un escándalo de comisiones ilegales en Angola.

La cifra de negocios de Incatema Consulting alcanzó el año pasado una cuantía sin precedentes en la empresa desde su creación en 1999, al superar ligeramente los 74 millones de euros, frente a los 22,9 millones de un año antes.

La empresa, dedicada a proyectos de ingeniería y consultoría en países en desarrollo, prácticamente duplicó su resultado antes de impuestos, hasta 12,48 millones, y logró un beneficio neto de 9,3 millones, lo que supone también un nuevo récord frente a los 6,51 millones un año antes, según recogen las cuentas anuales que ha remitido recientemente la empresa al Registro Mercantil.

Por poner en contexto las cifras, en 2006 la empresa facturaba algo menos de 2 millones de euros (37 veces menos que ahora) y tenía un beneficio de algo menos de 50.000 euros.

Esas cuentas recogen que el año pasado los dueños de la empresa, recientemente imputados en la Audiencia Nacional por las actuaciones en Angola del consorcio Mercasa Incatema, del que forma parte Incatema Consulting, se embolsaron un dividendo de 5.322.572 euros de esa filial que fue aprobado el 18 de diciembre de 2015. El consorcio tuvo un resultado positivo de 1.690.351 euros en 2016, según Incatema, que asegura que se ha “finalizado la ejecución del contrato de 145 Mill. USD de la segunda fase del CLOD de Luanda, en Angola, habiéndose producido la recepción provisional en septiembre de 2016”.

Se trata de un mercado en la capital angoleña que, según fuentes conocedoras del proyecto, sigue sin estar operativo y que tiene importantes carencias: no dispone de agua, de electricidad, no tiene planta de tratamientos de aguas sucias ni conexión por carretera con la capital.

Incatema tenía el 50% de ese consorcio hasta el mes pasado. Ahora tiene el 100%, tras la salida de Mercasa, que se ha producido unos meses después de la imputación y destitución de toda la cúpula de esta empresa pública, en la que estaba Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González. Esa antigua empresa público-privada incluso ha cambiado su nombre por el de Consorcio para la Ejecución de Mercados Alimentarios y Estructuras Comerciales, SL.

Ese dividendo millonario procedente de Mercasa Incatema hizo que las remuneraciones a los administradores de Incatema Consulting & Engineering se disparasen en 2016 hasta más de 8 millones de euros, frente a 3,4 millones en 2015. Un incremento favorecido también por el aumento de la partida de “sueldos y salarios”, que creció un 103%, al pasar de 696.179 euros a 1,419 millones.

Las cuentas de Incatema Consulting fueron firmadas por sus administradores el pasado 31 de marzo, mes y medio antes del estallido de la Operación Lezo. En el caso Mercasa, una pieza separada de ese procedimiento que instruye la Audiencia Nacional, están imputados los hermanos Francisco Javier y José Manuel Pardo de Santayana Dubois (dueños de un 45% de las acciones cada uno) y el otro socio, Ángel Ventura Cano Saorín (10%). También está imputada otra de las personas que firman las cuentas, Marta Pardo de Santayana Peñamaría, sobrina de los hermanos Pardo de Santayana. La empresa no menciona la investigación judicial en sus cuentas, que están aprobadas sin salvedades por su auditor.

“Un año excelente”

En su informe de gestión, la empresa señala que “el ejercicio 2016 ha sido para Incatema Consulting & Engineering, S.L. un año excelente, ya que se ha avanzado mucho en la ejecución de dos importantes proyectos”, la construcción de una escuela de pesca en Luanda, Angola, por valor de 98,3 millones de dólares, con “un grado de avance del 61%”; y el proyecto de construcción, suministro e instalación de la Estación de Aguas Residuales del río Ozama, en Santo Domingo, República Dominicana, por valor de 55,7 millones, “con un grado de avance del 52%”.

“Además, Incatema Consulting & Engineering, S.L. ha arrancado la ejecución de un importante proyecto en Haití, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, para la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA), que es el Refuerzo de la Producción de Agua en la Región Metropolitana de Puerto Príncipe, por valor aproximado de 19,5 Mill. USD”.

Incatema ha sido señalada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por el posible pago de comisiones en Haití a cambio de la adjudicación de contratos para la reconstrucción del país tras el terremoto de 2010 de la mano de Inassa, una filial de la colombiana Metroagua, a su vez participada por el Canal de Isabel II. “En consorcio con la empresa española Incatema”, esta empresa, según el juez Velasco, “habría pagado comisiones relacionadas con contratos públicos ejecutados por el consorcio en dicho país”.

La semana pasada, a preguntas sobre los dos contratos que recientemente ha adjudicado a la empresa el Gobierno (el último, el pasado 30 de octubre, del Ministerio de Exteriores), fuentes de Incatema Consulting aseguraron que continúan “presentándose a los concursos públicos que abren las distintas administraciones, tanto a nivel nacional como internacional, en virtud de los derechos que le asisten como empresa al corriente de todas sus obligaciones legales”.

La compañía recordó que Incatema Consulting “no ha sido inhabilitada para el ejercicio de sus derechos por resolución judicial alguna, ni está siendo investigada en sumario alguno. Sí están siendo investigados algunos de sus anteriores directivos, por su vinculación a la sociedad Consorcio Mercasa Incatema, nunca por la actividad de Incatema”.

El Gobierno ha adjudicado recientemente a través de los ministerios de Agricultura y Exteriores dos contratos a la empresa Incatema Consulting & Engineering, metida de lleno en las tramas de corrupción de Lezo y Mercasa. Los contratos suman 668.936 euros y el último de ellos se adjudicó hace dos semanas, días antes de que el cabecilla de Lezo, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, saliese de la cárcel de Soto del Real (Madrid) tras reunir en 24 horas los 400.000 euros de fianza impuestos por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Según consta en el portal de contratación del Estado, el pasado 30 de octubre el director de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Exteriores, el diplomático Luis Tejada, adjudicó a Incatema un “contrato de servicios de coordinación y asesoramiento en la gestión y ejecución del proyecto de refuerzo institucional en Mauritania hacia la resilicencia agropastoral”.

Incatema, dedicada a proyectos de ingeniería y consultoría en países en desarrollo, se adjudicó este contrato por 425.000 euros, impuestos incluidos, “por presentar el precio más bajo y obtener la mejor puntuación técnica”, por delante de Eptisa y Typsa y por el procedimiento negociado sin publicidad. La resolución del director de la AECID autoriza al coordinador general de la Cooperación General Española en Mauritania, Juan José Lavín Suárez, la firma del contrato en quince días hábiles desde la notificación de la resolución.

El segundo contrato corresponde a la organización de “Jornadas técnicas sobre maquinaria agrícola y forestal” para el Ministerio de Agricultura durante el periodo 2017-2020, por 243.936 euros, impuestos incluidos.

Incatema se lo adjudicó el 5 de abril, dos semanas antes del estallido de la Operación Lezo el 19 de abril, cuando la Audiencia Nacional ya investigaba las actividades en Angola de Mercasa Incatema, consorcio del que Incatema es el socio privado y del que en ese momento era consejero otro imputado en Lezo, Pablo González, hermano de Ignacio González y entonces directivo de Mercasa, el socio público del consorcio.

En el caso de este contrato adjudicado por el departamento de Isabel García Tejerina, se recibieron dos ofertas y la de Incatema fue la elegida, por delante de Fomento de Técnicas Extremeñas, S.L, “por ser la oferta económicamente más ventajosa para la Administración, al ser la de precio más bajo, siendo el precio el único criterio de adjudicación”.

El pliego contemplaba “la organización de dos jornadas técnicas al año, con el fin de promover el uso racional y la innovación en maquinaria agrícola y forestal”. El contrato tiene carácter plurianual y una duración de cuatro años con posibilidad de ampliarlo dos más. Todo ello, bajo la supervisión de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del ministerio. Para este año hay previstas dos jornadas de este tipo: una el próximo día 16 en Olite (Navarra) y otra en Monterrubio de la Serena (Badajoz) para el 30 de noviembre, según la web del ministerio.

A preguntas sobre este asunto, fuentes de Agricultura indican que la Junta de Contratación aprobó considerar la oferta “más ventajosa para la Administración” en una sesión celebrada el 30 de noviembre de 2016, aunque la adjudicación no se “acordó” hasta el pasado 5 de abril de 2017. “La fiscalización previa a la formalización del contrato y del compromiso de gasto se realizó el 30 de mayo y su autorización el 31 de mayo. Así, se firma el contrato el 6 de junio de 2017”.

El ministerio de Asuntos Exteriores especifica que la adjudicación se ha hecho ajustándose a los criterios recogidos tanto en la ley española como en la europea, en la que la empresa no figura como empresa con la que no se puede contratar. Asuntos Exteriores reitera que el precio es el elemento que ha decantado la adjudicación de este concurso público.

Por su parte, fuentes de Incatema Consulting aseguran que continúan “presentándose a los concursos públicos que abren las distintas administraciones, tanto a nivel nacional como internacional, en virtud de los derechos que le asisten como empresa al corriente de todas sus obligaciones legales”. La compañía recuerda que, Incatema Consulting “no ha sido inhabilitada para el ejercicio de sus derechos por resolución judicial alguna, ni está siendo investigada en sumario alguno. Sí están siendo investigados algunos de sus anteriores directivos, por su vinculación a la sociedad Consorcio Mercasa Incatema, nunca por la actividad de Incatema”.

Incatema Consulting es, según recoge el Registro Mercantil, titular desde el pasado 31 de octubre del 100% de las acciones de Consorcio Mercasa Incatema Consulting SL, el polémico consorcio investigado por la Audiencia Nacional en el que hasta entonces participaba con Mercasa al 50%.

Esa entidad acaba de cambiar su nombre por el de Consorcio para la Ejecución de Mercados Alimentarios y Estructuras Comerciales, SL. Y el 30 de octubre cesó al consejo de administración (en el que estaba todavía Mercasa) y se quedó como administrador único Javier Pérez de Santayana Dubois, uno de los hijos del fundador. Imputado desde abril en los casos Lezo y Mercasa, en junio Javier Pérez de Santayana dimitió como presidente de la empresa a la que ahora el Gobierno ha pagado cerca de 670.000 euros.

En ese cargo le sustituyó, según el registro mercantil, su hermano José Manuel Pardo de Santayana, que también está imputado, tal y como él mismo reconoce. Preguntado por este asunto, José Manuel Pardo de Santayana asegura que la presidencia de la empresa ya no recae en ningún miembro de la familia. Una decisión, asegura, adoptada recientemente para dotar de un mayor grado de “profesionalidad” a la empresa, “que ya tiene un importante tamaño”. El nombramiento no consta todavía en el Registro Mercantil. Pardo de Santayana añade, sin dar más detalles, que tanto él como su hermano Javier y su sobrina Marta (también consejera de Incatema) están imputados, pero niega que la empresa lo esté. Según fuentes de Incatema Consulting, el actual presidente es Jesús Pardo de Santayana, dato que este medio no ha podido contrastar con registros oficiales.

Corrupción en Haití

A la implicación de Incatema en el caso Mercasa se suma que esta empresa ha sido señalada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por el posible pago de comisiones en Haití a cambio de la adjudicación de contratos para la reconstrucción del país tras el terremoto de 2010 de la mano de Inassa, una filial de la colombiana Metroagua, a su vez participada por el Canal de Isabel II. “En consorcio con la empresa española Incatema”, esta empresa, según el juez Velasco, “habría pagado comisiones relacionadas con contratos públicos ejecutados por el consorcio en dicho país”.

Velasco también apuntó “indicios de que la sociedad española Incatema habría pagado algún tipo de comisión al ex Consejero de Canal Extensia José Javier Soler Gallego. Esta comisión podría estar relacionada con contratos de obra pública adjudica en Haití a Consorcios de empresas integrados por Incatema y sociedades de la órbita de Inassa”.

Incatema fue protagonista en el pelotazo del mercado de abastos de Angola. El juez Velasco dio cuenta de “indicios de que el consorcio de empresas Mercasa, integrado por la empresa pública Mercados Centrales de Abastecimientos SA y por Incatema, habría pagado en repetidas ocasiones comisiones a funcionarios/cargos públicos de determinados países a cambio de que el citado consorcio resultara adjudicatario de contratos públicos. La sociedad Incatema parece haber sido quien se encargaba de realizar los pagos de estas comisiones ilegales”.

Más conexiones ligan a Incatema con las mordidas y los mercados de abastos. El juez también describió cómo Inassa, filial del Canal, fue “conocedor y partícipe de prácticas corruptas en el extranjero, mediante las que se habrían pagado sobornos a cargos y funcionarios públicos de los países latinoamericanos en los que Inassa desarrolla su actividad, como contraprestación por la manipulación de los procesos de licitación de contratos públicos para asegurarse su adjudicación”.

En la relación de contratos que citaba, aseguraba que había encontrado indicios de “estas prácticas corruptas” en Panamá, donde “en el año 2012 el consorcio Inassa-CLEOP habría pagado una comisión ilegal a través de la sociedad EDUHOLDING, como contraprestación a resultar fraudulentamente adjudicatario de un contrato público”.

La constructora alicantina Cleop, envuelta en la Operación Taula, fue la adjudicataria de una parte de la construcción del Mercapanamá, también conocido como Cadena de Frío, en el país centroamericano. El proyecto para diseñar el mercado (que por ahora es un fiasco) lo diseñó también el consorcio Mercasa-Incatema.

A finales de octubre de 2016, los agentes de la Guardia Civil pidieron al juez Eloy Velasco que les autorizase intervenir las llamadas de Pablo, el hermano de Ignacio González. Buscaban pistas sobre las operativas de blanqueo del expresidente madrileño, tras advertir que su hermano jugaba un papel fundamental en ellas. Las grabaciones revelaron la existencia de esos intentos de aflorar dinero negro, pero también pusieron a los agentes ante todo un despliegue de prácticas corruptas en Mercasa, la empresa pública en la que Pablo era director de Estrategia y Operaciones.

El detalle que Pablo ofrecía en esas comunicación permitió a los agentes elaborar un informe de más de 120 páginas. Se lo entregaron al juez Velasco, que ha instruido el caso Lezo, aunque un compañero suyo de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ya investigaba desde hace tiempo las irregularidades de Mercasa en la Operación Trajano. Ambos se coordinaron y, junto con los registros y detenciones de la Operación lezo, los agentes de la Guardia Civil entraron en las oficinas de la empresa pública.

Durante los meses anteriores, los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) habían estado escuchando las conversaciones diarias de Pablo González. En ellas confesaba que Mercasa había conseguido contratos en el extranjero gracias a su generosidad con las mordidas. El Mundo publicó en noviembre de 2016 una información que hablaba el vínculo entre la compañía y Guilherme Taveira Pinto, un comisionista buscado por la justicia por sus trabajos para otra empresa pública española, Defex.

A Pablo y a sus socios les alertó esa noticia, comenzaron a comentar su trasfondo y terminaron hablando de las prácticas de Mercasa con los agentes escuchándoles. El hermano del expresidente madrileño resumió su forma de actuar: “Dime con quién hacemos esto y te dice con la constructora ”zutanito“ y te vas a la constructora ”zutanito“ y le dices mira, el precio entendemos que es este, le vas a cargar un 10% más porque habrá que pagar a tal. Y le pagas. Ya está joder”.

Nueve millones en comisiones

Pablo González tenía un papel central en Mercasa. Conocía todos los resortes de la compañía, estaba informado de cada detalle. Así lo pone de manifiesto una conversación en la que cuenta a su interlocutor que ha sabido que, tras las informaciones sobre el pago de comisiones, la ministra de Agricultura, Isabel Tejerina, había pedido a los responsables de la empresa información sobre su actividad para responder a las preguntas que la oposición le planteaba en el Congreso.

Un alto cargo de Mercasa elaboró una nota para la ministra en la que no mencionaba en ningún momento el pago de comisiones. Gonzalez revela en una conversación que recomendó a ese directivo que no redactase la información, que se lo dijese de viva voz: “Díselo oralmente y luego podrás escudarte en que se te ha olvidado”. También le recomienda otra estrategia: que le cuente todo a la ministra, pero cargando las culpas sobre sus subordinados: “Si es que va a acabar saliendo, joder, si va a acabar saliendo, adelántate y cuéntaselo tú, si es más si eso te vale para decir cómo me lo han ocultado y lo he tenido que descubrir yo…”.

Durante esa grabación, Pablo confiesa que Mercasa ha estado utilizando a Taveira como comisionista, y tras cortar supuestamente vínculos con él, le ha seguido pagando a través de dos sociedades -Soter y Metab- vinculadas a su hijo. Con esta fórmula para camuflar el flujo de dinero de las mordidas se han pagado al menos nueve millones de euros, como explica Pablo. Los contratos siguieron vigentes, así que los agentes creen que la cantidad ha sido mayor.

“Ahí ha habido dinero para todo el mundo”, responde Luis Hermosilla, adjunto al director de Mercasa, en su conversación con Pablo. “Este dinero para que crees que ha sido, no es que con éste es con el que se han pagado las comisiones y le digo claro, pero no, pero no sólo en un sentido, en todos los sentidos.”, complementa Pablo. Los agentes de la UCO concluyen que esas afirmaciones apuntan a que las mordidas, además de engrosar los bolsillos de funcionarios locales, servían también para incrementar el patrimonio de algunos directos de Mercasa.

Una auditoria para crear documentos falsos

Las conversaciones grabadas a Pablo González durante la investigación del caso Lezo también destaparon los intento de los responsables de Mercasa para fabricar información falsa. El objetivo era generar un soporte documental “para dar apariencia de legalidad” a cuestiones como el pago de sobornos, apuntan los agentes.

Los directivos de la empresa pública contrataron una auditoría externa para que localizase las irregularidades que se habían producido en los últimos años. Pero lejos de utilizar sus conclusiones para denunciar estas prácticas y hacer limpieza en la compañía, se sirvieron de ese trabajo para “modificar las pruebas que apuntarían a la comisión de ilícitos”.“Lo está utilizando ella -María Jesús Prieto, directiva de Mercasa- para reconstruir pruebas que pueden ir en su contra”, explica Pablo en una conversación grabada.

La destrucción de pruebas fue exhaustiva. Prieto llegó a acudir a la sede de la empresa de informática que gestionaba los servidores de Mercasa. Se presentó allí para “darles instrucciones” de que borrasen los datos que ella quería.

Durante aquel proceso, Pablo comenzó a moverse para jugar sus cartas. Impidió que, tras la auditoría, se borrasen los emails de su ordenador. Los extrajo él de su terminal para conservar así las pruebas de sus amaños sin dejar rastro en el equipo, por si en un futuro le eran útiles. Se lo explicó a su hermano Ignacio: “como ahora depende de mí la informática, he escudriñao to la informática y he sacao to los correos en los que hay tejemanejes…”.

Esos “tejemanejes” tuvieron lugar, por ejemplo, en Angola. Mercasa y su socio privado, Incatema, pagaron 20 millones de euros en comisiones para conseguir un contrato de 533 millones. El proyecto preveía la construcción de un mercado mayorista en la capital del país africano, pero el consorcio que formaban las dos empresas lo dejó a medio hacer.

La investigación ha destapado que el pago de comisiones a cambio de contratos públicos también se empleó en República Dominicana, México, Argentina -donde iban a montar un mercado gourmet-, Venezuela -país en el que se cargaba un 10% a cada factura para pagar a funcionarios- o Panamá.

En ese último país, los agentes han descubierto que, además del pago de mordidas, los trabajadores de Mercasa se encargaron directamente de redactar los pliegos de condiciones del concurso. La Guardia Civil apunta a que esta sería una práctica habitual en ese país, que se convirtió en una auténtica mina para la empresa pública con contratos que le reportaban un margen del beneficio del 400%. Una parte, claro, iba para sufragar los “costes de implantación”, como llamaban a las mordidas, según sospecha la UCO.

Miedo a que investiguen su patrimonio

El informe de la Guardia Civil describe a Pablo González como una persona de enorme peso en Mercasa. Un apartado de ese documento se dedica a glosar su poder de influencia sobre los distintos cargos de la empresa, llegando a Luis Hermosilla, director adjunto al presidente de Mercasa. En una llamada Pablo llega a decir que le tiene a su servicio, a pesar de que este ocupa una posición jerárquica superior: “De cualquier manera, Hermosilla depende mí”.

Pablo movía los hilos de Mercasa desde un segundo plano, porque eso le garantizaba cierto anonimato y con ello menos inconvenientes. Impulsaba negocios pero sin ponerse a la cabeza de la compañía. Y la razón la deja clara en una conversación con su hermano Ignacio: tenía miedo a que escalar posiciones implicase que se analizase con lupa su patrimonio.

Los agentes destacan “el interés” de Pablo en ocultar su patrimonio, “posiblemente debido a la imposibilidad de explicar la procedencia lícita de alguno de sus activos”. Llegan a esa conclusión tras analizar una de las conversaciones entre los hermanos González, donde ambos hablan sobre la posibilidad de que la plaza de presidente de Mercasa se quede libre y a Pablo le surja la oportunidad de optar a ella.

“A mí en un primer momento, a mí una presidencia no me interesa, ¿por qué? Porque entro en el fichero de altos cargos y tengo que declarar patrimonio etcétera, etcétera, no me interesa”, explica a su hermano Ignacio. Ambos están cerca de cumplir dos meses en la misma celda de Soto del Real. Se les investiga por urdir una operativa para blanquear los fondos del expresidente madrileño y por colaborar para el amaño del campo de golf del Canal, con el que habrían conseguido un desvió de fondos en su favor.

Varias de las empresas que investiga la Audiencia Nacional en la trama Lezo por pagar comisiones en Haití y otros países del continente americano, se beneficiaban de adjudicaciones pagadas con fondos de cooperación española. Una filial del Canal de Isabel II en Colombia (Metroagua, una pata de Inassa) y otras empresas que el juez Eloy Velasco cita en el auto por las sospechas de haber pagado comisiones para conseguir obra pública, se llevaban también contratos de la cooperación internacional.

Especialmente relevante es el caso de Haití donde la cooperación española ha sido muy activa (el tercer donante directo en el mundo), como también lo han sido las empresas de la trama para ajudicarse proyectos a cargo de estos fondos públicos. España ha tenido un papel primordial en la reconstrucción del país al financiar la creación del regulador del agua (DINEPA) y un gran número de los proyectos de potabilización y alcantarillado de agua del país. Lo ha hecho mediante el Fondo del Agua, uno de los principales instrumentos de la cooperación española que creó José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 para tratar de poner al alcance de los habitantes de los países empobrecidos del continente agua potable.

La particularidad de este fondo es que en su consejo asesor en España se sienta el Canal de Isabel II. El papel del Canal de Isabel II como asesor (donde se sientan otras empresas y ONG) es dar el visto bueno a los proyectos del fondo cuya ejecución final se han adjudicado también en numerosas ocasiones las empresas asesoras del fondo.

Dos de las empresas españolas investigadas en la trama Lezo (Metroagua, filial del Canal en Colombia e Incatema) se han llevado cerca de una decena de proyectos a cargo de estos fondos de cooperación. El ministerio de Asuntos Exteriores, del que en última instanci depende el Fondo del Agua y los fondos de cooperación, se remite a los procedimientos basados en estándares internacionales para la licitación y adjudicación de estos proyectos. En total hay casi 900 millones de euros en proyectos en el mundo dentro de este programa.

Adjudicaciones con fondos de desarrollo para empresas de la trama Lezo

Fuente: BID, AECID

En total, las empresas involucradas en la trama tendrían que ejecutar obra por cerca de 40 millones de euros para hacer llegar agua a la población haitiana. El juez Eloy Velasco ya apunta en su auto que investiga lo que han hecho estas empresas en Haití, pero sin entrar a detallar si se trata de estas adjudicaciones pagadas por la cooperación española. En una información publicada el pasado 20 de abril, fuentes de El Confidencial aseguraban que son estos dos contratos en los que la justicia vería indicios de corrupción.

Textualmente, Velasco dice que en Haití, Inassa (matriz de Metroagua), “en consorcio con la empresa española Incatema, habría pagado comisiones relacionadas con contratos públicos ejecutados por el consorcio en dicho país”.

Metroagua e Incatema se han llevado al menos dos proyectos de cooperación presentándose como consorcio en Haití. Uno por valor de 14 millones de dólares a cargo del Fondo del Agua y otro de 6,4 millones para construcción de un parque industrial. Metroagua se ha adjudicado además otro tercer proyecto en consorcio con una empresa local A&R, un socio con el que también trabaja habitualmente. Este proyecto, de más de ocho millones de euros para canalización del agua se cofinanció entre el BID y la cooperación asiática.

Incatema trabaja habitualmente en el país de forma conjunta también con la constructora Soheco con la que se publicita también como consorcio y con la que se habría llevado casi 20 millones de dólares en total para el suministro de agua a la capital Puerto Príncipe. Soheco se ha llevado al menos una quincena de proyectos a cargo de fondos de desarrollo desde 2005 en Haití. Al menos cuatro de ellos estarían financiados dentro del programa del Fondo del Agua. El último se lo adjudicó en 2016 sin que se haya publicado oficialmente el valor del importe en la relación de la AECID (y no aparece en el gráfico que acompaña esta información). El contrato, adjudicado en agosto de 2016 afectaría a la zona de Miragoane, una de las más azotadas por el cólera.

Presentarse con un socio local se ha vuelto casi un requisito indispensable en Haití, donde las empresas extranjeras ya tienen a sus habituales.

La Agencia Española de Cooperación (AECID) no adjudica directamente todos los proyectos. Hay una ventanilla para licitar estos fondos que depende directamente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que en estos casos se encarga de valorar y adjudicar los proyectos. En el BID hay varios españoles que han sido enlace con el fondo y que han estado involucrados en las adjudicaciones de estos proyectos. Desde el organismo internacional se defiende la limpieza en el proceso de estos proyectos en el que aseguran que se exigen requisitos anti-corrupción.

Fuentes consultadas presentes en el terreno y conocedoras del funcionamiento del Fondo del Agua aseguran que es habitual que se premie el que las empresas que se presenten sean españolas. La cooperación española siempre ha estado muy ligada a que los fondos que se dan a los países empobrecidos acaben ejecutándose por empresas españolas, una crítica recurrente por parte de las ONG.

Corrupción en Haití

Haití, uno de los países más pobres de América Latina, también ha tenido problemas de corrupción donde el agua ha sido protagonista. Al presidente anterior Michel Martelly se le ligó a sabotajes con el agua y también se ha relacionado las epidemias de cólera con los problemas de abastecimiento de agua potable. Este tipo de acusaciones han salpicado varias veces las ciudades del país en las que las empresas españolas se han adjudicado los contratos del agua, como Ouanaminthe. La noticia de que en España la Audiencia Nacional estaba investigando algunas adjudicaciones ha puesto patas arriba los proyectos que ahora se están revisando con lupa.

En el auto de Velasco la española Incatema, que se define como consultora especializada en ingeniería, aparece en varias ocasiones. El juez dice que “se han obtenido indicios de que la sociedad española Incatema habría pagado algún tipo de comisión al ex Consejero de Canal Extensia José Javier Soler Gallego. Esta comisión podría estar relacionada con contratos de obra pública adjudica en Haití a Consorcios de empresas integrados por Incatema y sociedades de la órbita de Inassa”.

El juez entra a detallar entonces otro caso en el que Incatema es absoluto protagonista: el pelotazo del mercado de abastos de Angola. El juez recuerda que “paralelamente durante la investigación se han hallado indicios de que el consorcio de empresas Mercasa, integrado por la empresa pública Mercados Centrales de Abastecimientos SA y por Incatema, habría pagado en repetidas ocasiones comisiones a funcionarios/cargos públicos de determinados países a cambio de que el citado consorcio resultara adjudicatario de contratos públicos. La sociedad Incatema parece haber sido quien se encargaba de realizar los pagos de estas comisiones ilegales”.

Un pie en Panamá

Aún hay más conexiones que ligan de nuevo a Incatema con las mordidas y los mercados de abastos. El juez hace una descripción de como Inassa, la filial colombiana del Canal de Isabel II, es “conocedor y partícipe de prácticas corruptas en el extranjero, mediante las que se habrían pagado sobornos a cargos y funcionarios públicos de los países latinoamericanos en los que Inassa desarrolla su actividad, como contraprestación por la manipulación de los procesos de licitación de contratos públicos para asegurarse su adjudicación”.

En la relación de contratos que cita, asegura que ha encontrado indicios de “estas prácticas corruptas” en Panamá, donde “en el año 2012 el consorcio Inassa-CLEOP habría pagado una comisión ilegal a través de la sociedad EDUHOLDING, como contraprestación a resultar fraudulentamente adjudicatario de un contrato público”.

La constructora alicantina Cleop, envuelta en la Operación Taula, fue la adjudicataria de una parte de la construcción del Mercapanamá, también conocido como Cadena de Frío, en el país centroamericano. El proyecto para diseñar el mercado (que por ahora es un fiasco) lo diseñó también el consorcio Mercasa-Incatema.

La aseguradora pública CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) avaló con al menos 200 millones de euros de dinero público las operaciones del consorcio Mercasa-Incatema en Angola y otros países en desarrollo que ahora investiga la Audiencia Nacional. Mercasa es la empresa pública que gestiona los mercados españoles y junto con su socia Incatema (de capital privado) lleva años ganando licitaciones para construir mercados en países en desarrollo. El juez José de la Mata investiga cómo el consorcio montaba una red de cobro de comisiones, pago de sobornos y mordidas además de inflar los contratos y sobrecostes de unas operaciones que contaban con el aval del Estado.

En declaraciones a este medio el CESCE asegura que, a día de hoy, ninguna de estas operaciones ha supuesto un quebranto en las arcas del Estado. Los avales corresponden a operaciones firmadas entre 2001 y 2015. De estas operaciones dos están ya vencidas, y según insisten desde la institución pública, se ha pagado todo el dinero.

Conseguir el aval del Estado es un pasaporte casi indispensable para la mayoría de las empresas a la hora de hacer negocios en países en desarrollo o fuera de la UE. Las licitaciones a las que se presentan son públicas (desde construir carreteras hasta poner alumbrado) y los Estados exigen que haya un respaldo con deuda soberana (como en el caso del Ave a la Meca). Por eso, conseguir el aval del CESCE es condición indispensable para poder poner en marcha estos negocios, que financian entidades bancarias privadas, que ahora investigan la Audiencia Nacional y también la Udef.

Este pasado viernes trascendía un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y fiscal de la Policía (Udef) en el que se insistía en el papel del CESCE a la hora de facilitar la comisión de negocios en África en la trama de los Pujol. El informe sacaba a relucir una supuesta vinculación del marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, con una de las empresas (Ibadesa Cat) que utilizaban los Pujol para realizar estas operaciones. López del Hierro ha desmentido totalmente la relación y ha amenazado con una querella contra la Udef.

El informe de la Policía Nacional se detiene especialmente en la figura del CESCE sin cuya intervención se entiende que no se lograrían cerrar estos acuerdos. Especialmente llamativa es la presencia del ex consejero delegado del organismo público en tiempos de Aznar, Javier Valero, en al menos dos empresas que consiguen estos contratos en países del tercer mundo y que están conectadas con los Pujol.

El riesgo del CESCE en Angola

Las operaciones que se avalaron con dinero público para el consorcio Mercasa-Incatema se reparten entre República Dominicana, Angola y Haití y tienen firmado el correspondiente compromiso anticorrupción de la OCDE necesario para otorgar este tipo de avales. Según reconoce el CESCE, en 2016 fue solicitada una operación para ampliar el proyecto del mercado mayorista de Luanda (Angola) por importe de 33 millones de euros pero la operación está paralizada. Tras salir a la luz en diciembre del pasado año en algunos medios la implicación de Mercasa-Incatema con la trama Defex (la empresa pública española que desvió al menos 100 millones de euros en venta de armamento a Angola), el consorcio, presidido por Jaime García-Legaz, suspendió la adjudicación de nuevos contratos. 

CESCE insiste en que no tiene conocimiento de que se haya producido sobrecoste alguno en las operaciones, uno de los principales elementos que aparecen en los autos de De la Mata y también de Eloy Velasco que en una pieza separada de la Operación Lezo se topa también con las operaciones de Mercasa. El hermano de Ignacio González, Pablo, era consejero de Mercasa y por las escuchas llegaron también a destapar parte de la operativa que llevaba a cabo la empresa pública en otros países de Latinoamérica, como Argentina o Panamá. CESCE no tiene conocimiento de haber avalado estas operaciones.

Algunas de ellas fueron promocionadas en su momento por haber sido financiadas con fondos a cargo de Cooperación al Desarrollo. Este medio se ha puesto varias veces en contacto con la Agencia de Cooperación al Desarrollo (AECI) y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para obtener una explicación de qué fondos se habían destinado a estos proyectos y en qué estado estaban. Ninguno de estos dos organismos ha sabido dar explicación del convenio de cooperación al desarrollo firmado con Mercasa ni de la posible financiación a otras empresas que aparecen en la trama investigada por la Audiencia Nacional.

Según CESCE, la Audiencia Nacional no les ha requerido aún información y la suspensión de la financiación a las empresas fue cautelar. El quebranto para las arcas del Estado vendría en caso de que hubiera un crédito fallido, esto es, que Mercasa no pudiera devolver el dinero que le prestaron los bancos, en cuyo caso el Estado tendría que salir a cubrir este impago. El consorcio firmó un contrato en el que se obligaba a reembolsar el dinero en caso de incumplir el contrato, con lo que bastaría que hubiera incumplido el criterio anticorrupción con la OCDE. Pero para eso las empresas tendrían que tener esos 200 millones de euros en fondos para reembolsar.

Por lo pronto, y según se desprende del auto del juez De la Mata, los costes de las obras que se adjudicaba Mercasa-Incatema estaban inflados para cubrir los pagos de comisiones y el desvío de fondos. En tal caso, el aval del Estado habría servido para cubrir también estas cantidades que no soportaban más que aire.

Este diario se ha puesto en contacto con CESCE para requerir también los avales aportados para el resto de empresas investigadas en la trama. Según la Udef, los Pujol, Mercasa y Defex, utilizaban todas una metodología muy similar: salir a dar pelotazos al exterior con el abrigo del aval del Estado.

La Unidad de Delincuencia Económica y fiscal de la Policía (UDEF) involucra en un informe firmado el pasado 5 de mayo al marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, con una red de intermediación y cobro de comisiones en África donde también estaría presente el clan de los Pujol.

A lo largo de 71 páginas los investigadores escudriñan los contratos de una madeja de sociedades que presuntamente habrían desviado 92 millones de dólares en dinero público español y apuntan a que parte de esos fondos se destinaron al pago de comisiones a funcionarios y autoridades de terceros países para que adjudicasen las infraestructuras a empresas españolas.

Las sociedades vinculadas a López del Hierro y a los Pujol habrían servido para cobrar o pagar comisiones para la licitación de obra pública en países en vías de desarrollo. Este informe de la policía abunda en la trama de Mercasa, la empresa pública investigada en la Audiencia Nacional, a través de la Operación Lezo, y que a su vez está conectada con el caso Defex, sociedad estatal de armamento que el Gobierno ha decidido liquidar carcomida por la corrupción.

Fuentes cercanas a Ignacio López del Hierro desmienten tajantemente cualquier tipo de relación con la familia Pujol, ni en Africa ni en ningún otro sitio

El método que describe el informe de la UDEF incorporado al caso Pujol es muy similar al que utilizaban los investigados en las públicas Mercasa y el Canal de Isabel II. De hecho, entre los caídos en Mercasa está el hermano del expresidente madrileño Ignacio González, Pablo, que sigue en prisión provisional acusado de inflar los contratos internacionales para desviar fondos de la entidad pública y pagar mordidas en tres continentes distintos.

El informe policial presta especial atención a Cesce, el Consorcio Español de Seguro de Crédito a la Exportación, una institución avalada por el Estado para financiar inversiones en el extranjero. Tal y como ya relató este diario, CESCE había avalado las operaciones de Mercasa en Angola. eldiario.es se puso en contacto con CESCE para que aclarara los créditos del Estado a estas actividades que ahora investiga la Audiencia Nacional y la entidad asegura que no tendrán “quebranto para las arcas públicas”. La red se apoyaba además en otras ayudas públicas, tanto nacionales como internacionales, de cooperación al desarrollo para financiar sus operaciones, maximizando aún más el beneficio de estos pelotazos.

El informe de la UDEF cita también al exministro conservador de Trabajo, Manuel Pimentel, al referirse a CESCE. Pimentel es socio en Globaltec, una sociedad que también aparece como contratista en diversos proyectos en países en desarrollo. Se da el caso de que su socio en esta empresa es Javier Valero, es consejero delegado de CESCE y al que ya se vinculó con operaciones sospechosas de la entidad pública en República Dominicana.

En otro párrafo del informe se cita al exministro de Trabajo del primer Gobierno de Aznar como directivo de una sociedad patrimonial, Almuzara 49 Estudios SL, a la que “iría desviándose el reparto de comisiones”.

La UDEF otorga un papel relevante a Valero, que tras abandonar este organismo ocupó puestos directivos en dos empresas -Ibadesa Exportaciones y Servicios y Globaltec Desarrollos e Ingeniería- que recibieron créditos muy voluminosos de Cesce para realizar proyectos en Angola y República Dominicana, “que terminaron causando un serio quebranto en las arcas del estado español cuantificado en 92 millones de dólares”.

La unidad de inteligencia financiera de la Policía Nacional “infiere que la modalidad de negocio comprometida, exigía como ineludible la intervención positiva de Cesce, cuya adherimiento a la causa se conseguiría a través de dos sociedades que tienen en su denominación comercial la palabra Ibadesa; Ibadesa Exportaciones y Servicios SA, que presenta entre sus órganos sociales a José Joaquín Herrero Aleixandre, como consejero y a José Herrero Egaña López de Hierro”. Este último es a su vez sobrino de Ignacio López del Hierro (marido de Cospedal).

El informe desgrana una larga lista de empresas que habrían tupido esa red para cobrar “cuantiosas comisiones” que en muchos casos fueron a parar a las autoridades de países en vías de desarrollo. Y subraya que los hechos investigados presentan síntomas de ser “las mismas tipologías delictivas, utilizando metodológicamente hablando, caminos iguales o similares, pero no significaría que todas las personas físicas involucradas actúen bajo una única unidad de acción”. La tesis de los investigadores es que todas “se aprovechan puntualmente de las estructuras como Cesce y Mercasa, para la comisión de los ilícitos que se analizan”.

En el listado figura la sociedad Ibadesa Cat SL, donde, según el informe policial “habrían estado representados los intereses de Jordi Pujol Ferrusola [el primogénito de la familia Pujol] Ignacio Javier Lopez de Hierro [marido de Cospedal], José Joaquín Herrero Aleixandre, Jordi Puig Godés (hermano del exconsejero de empleo de la Generalitat, Félix Puig Godés.]

La detención de Pablo González -hermano del expresidente de la comunidad de Madrid Ignacio González- en la Operación Lezo contra la corrupción, puso al descubierto su reunión con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, solo un día después de saberse investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil.

Nieto expuso posteriormente su versión sobre dicha reunión, diciendo que solo duró quince minutos y que se trató de una felicitación protocolaria por su nombramiento como alto cargo del Gobierno, sin que en ningún momento trataran sobre la operación policial. Esta felicitación protocolaria se argumenta desde la secretaría de Estado en la relación de cercanía que Pablo González y José Antonio Nieto fraguaron años antes en Córdoba.

Entre 2011 y 2015, Nieto fue alcalde de Córdoba y fue en ese tiempo donde la figura de Pablo González apareció también en la capital cordobesa: era director de Estructuras Comerciales de Mercasa, empresa pública del Estado que cuenta con el 49% de las acciones y forma parte del consejo de administración de Mercacórdoba, dependiente del Ayuntamiento de esta ciudad.

Fue en 2014 cuando Pablo González y José Antonio Nieto presentaron públicamente en Córdoba un proyecto de mercado que finalmente hizo aguas. La idea pasaba por trasladar el arraigado y tradicional mercado municipal Sánchez Peña de la Plaza de la Corredera a otra ubicación y en otro edificio de la misma plaza, el histórico Pósito, instalar un ‘mercado gourmet’, concepto más cerca de la hostelería y la restauración que del comercio de cercanía.

Dos proyectos de once millones

González y Nieto se pasearon en octubre de 2014 por el edificio del Pósito para hacer la presentación del proyecto, que pasaba por restaurar esta construcción histórica del siglo XVI que fuera el primer silo de grano de Córdoba y que llevaba medio siglo cerrado y sin uso. Anunciaron que Mercasa invertiría 4,4 millones de euros en este proyecto, mientras que a la vez destinaría otros 6,6 millones al traslado e instalación del mercado vecinal de La Corredera al solar de un antiguo cine donde lo levantarían con nuevas instalaciones.

Pero ambos proyectos hicieron aguas. De un lado, los comerciantes y vecinos se opusieron al traslado del mercado municipal Sánchez Peña de la Plaza de La Corredera y el entonces alcalde finalmente tuvo que echar marcha atrás a las pocas semanas de anunciarlo. Y, de otro lado, el ‘mercado gourmet’ ideado para el Pósito empezó a acumular retrasos burocráticos y las elecciones municipales acabaron cruzándose por medio.

Presentación de proyectos antes de las elecciones

No fue hasta febrero de 2015 cuando Mercasa aprobó el proyecto del mercado gourmet en el Pósito, mientras aún no se contaban con los informes de protección de Patrimonio de la Junta de Andalucía para poder actuar sobre el histórico edificio.

En paralelo y ya en el mes de marzo, González y Nieto presentaban nuevos proyectos de Mercasa en Córdoba, a dos meses de las elecciones municipales de 2015: otro mercado en un antiguo cuartel en Lepanto y unos párkings y zona deportiva en el solar del antiguo cine a donde no se trasladó el mercado Sánchez Peña de La Corredera. En total, los 6, 6 millones de euros que Mercasa había decidido destinar a Córdoba, aparte del mercado gourmet.

Y en mayo llegaron las elecciones municipales donde Nieto quedó desbancado de la alcaldía de Córdoba y sus proyectos con Mercasa, varados. El nuevo equipo de gobierno conformado por PSOE e IU estudió la iniciativa del mercado gourmet en el Pósito y, ya en octubre de 2015, dio el sí a Mercasa para desarrollar la rehabilitación del edificio histórico que ya contaba con 1,9 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, pero desechando la idea de mercado gourmet, que se quedó en el cubo de la basura.

De hecho, un año después, en septiembre de 2016, el Ayuntamiento esbozaba un nuevo proyecto para aprovechar la inversión de Mercasa en el Pósito, donde se ubicaría un mercado de promoción de la gastronomía local y las denominaciones de origen de la provincia cordobesa, junto a un centro de interpretación del propio edificio histórico y una sala cultural y de exposiciones.

En febrero de 2017, el Ayuntamiento aún estaba inmerso en la burocracia para iniciar el proyecto casi tres años después de su presentación. Las conversaciones con Mercasa siguieron, de hecho, el propio Pablo González anunciaba en los primeros días del pasado mes de marzo que el proyecto estaría finalmente esbozado para Semana Santa, a mediados de abril.

Y fue justo pocos días después de esas declaraciones cuando estalló la Operación Lezo, que acabó con González detenido, descabalgado de su cargo en Mercasa y con José Antonio Nieto como secretario de Estado de Seguridad dando explicaciones en el Congreso por haber mantenido una reunión con él. Mientras tanto, Córdoba, sigue esperando que alguno de esos proyectos que se anunciaron en el mandato de Nieto se haga realidad.