Ya lo advirtió Michael Moore en 2015, año que precedió al primer mandato de Donald Trump en su documental ¿Qué país invadimos ahora? con el que abrió en canal el paupérrimo estado del bienestar estadounidense en una irónica comparación con los sistemas de protección social europeos. Moore es uno más entre los innumerables enemigos ideológicos, por woke, del líder republicano. Seguramente, por expresar verdades incómodas que atentan contra los dogmas de fe del MAGA. Entre otras, que EEUU carece de derechos sociales universales porque los concibe como privilegios ligados al empleo o al mercado, que su estado de bienestar es débil porque no se ampara en los derechos civiles, sino en acuerdos privados y desiguales que hacen desaparecer los beneficios con la pérdida del trabajo, o que su mínima estructura erosiona la cohesión social y la calidad democrática.

El baño de realidad de Moore nunca gustó a Trump, que desea anular cualquier vestigio que se asemeje a un estado del bienestar europeo en EEUU. Pese a que en la mayor economía mundial brillen por su ausencia derechos sociales básicos como la sanidad universal, vacaciones pagadas, permisos parentales o una educación superior asequible. La fragilidad social estadounidense no es el resultado de la globalización ni del envejecimiento, sino el efecto de una elección política que se ha perpetuado durante décadas y que prioriza el mercado y deja a la ciudadanía expuesta y a la democracia, empobrecida. Palabra de Moore. 

Pero la versión Trump 2.0 ha decidido actuar contra Europa, cuna de los estados del bienestar y --todavía-- territorio no MAGA. Ya no es ese Viejo Continente con una capacidad de prosperidad que le permitía albergar y costear sus sistemas de protección que ofrecían oportunidades a gran parte de sus ciudadanos. Ahora, a los ojos del Tío Sam, es un espacio “decadente” en manos de dirigentes “débiles” que consolidan su “fragilidad geoestratégica”.

No es solo una provocación retórica. Es mucho más. Se trata de toda una declaración de ruptura de los lazos transatlánticos concebidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Para Trump, la UE es un aliado incómodo. Nada nuevo bajo la óptica del Grand Old Party (GOP) cuando sus riendas caen en las manos de dirigentes populistas. Al fin y al cabo, la lista negra de socios está también llena de aliados de la esfera anglosajona en la que EEUU también se sentía a resguardo.  Pero en el caso europeo, el inquilino de la Casa Blanca ha traspasado líneas rojas al identificar a la UE como un socio económico y un competidor ideológico al que conviene mantener a raya.

En línea con el argumentario destructivo del club comunitario que les sitúa en la misma longitud de onda que Elon Musk y Vladimir Putin, quienes no disimulan su deseo de ver desaparecer el entramado de la UE.

Voces como la de Josep Borrell, hasta 2024 jefe de la diplomacia europea, alertan de la gravedad de esta afrenta. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU --donde se enmarcan estas acusaciones-- “es toda una declaración de guerra geopolítica”. No alude a la amenaza de Rusia o a la defensa de Ucrania. Es, más bien, una colisión entre modelos de organización económica y social, arguye Borrell.

Las invectivas de Trump encajan en su visión unilateral del mundo, donde otea a Europa como la culpable de regular a las bigtechs estadounidenses mientras disfrutar del paraguas militar que le ha concedido EEUU durante décadas y de sostener un sistema de protección social que, desde la óptica del MAGA, distorsiona la competencia y engendraron su vulnerabilidad geoestratégica.

El final del dividendo de la paz

La superación de la Guerra Fría con sus décadas de desarme liberó recursos a Europa para pensiones, costes sanitarios y educativos y servicios públicos. Es la premisa en la que se basa la Administración Trump para pedir la corrección de una “anomalía histórica” por un dividendo de la paz que, según la doctrina MAGA, ha pagado sistemáticamente EEUU. Desde el Instituto Ifo alemán se asume una parte de esa exposición de motivos cuando lamenta que esta larga siesta geoestratégica “no se haya aprovechado” en Europa para impulsar la prosperidad, acelerar sus ascensores sociales y potenciar el poder del estado de bienestar como estabilizador económico.

Los expertos de Ifo llaman la atención sobre el salto presupuestario que supondrá a las arcas de los socios de la Unión Europea el aumento del gasto militar hasta el 5% del PIB sin descuidar las necesarias inversiones que exige espolear la productividad para ganar cuota competitiva global y combatir el cambio climático. Una ecuación que también plantean Goldman Sachs o JP Morgan con ciertas incógnitas nuevas y de difícil resolución, en alusión a la reanudación de los aranceles comerciales entre EEUU y Europa y a la brecha productiva que merma los ingresos fiscales dirigidos a sufragar los estados de bienestar por resolver.   

Pero, además --dicen desde varios estamentos multilaterales-- existe una fragilidad estructural en la UE. Sus modelos de bienestar están cada vez más orientados hacia los mayores. Desde 1980, las transferencias a la tercera edad y el gasto sanitario --concentrado mayoritariamente en ella-- han aumentado en 5 puntos del PIB en las economías avanzadas de la OCDE, el doble que otras partidas sociales. Mientras el FMI calcula que, de seguir las tendencias actuales, los países ricos del G-20 gastarán 2,4 puntos adicionales de PIB en pensiones y sanidad hasta 2030.

“El peso financiero del envejecimiento procede de una losa demográfica real”, reconoce Peter Taylor-Gooby, profesor de Política Social en la Universidad de Kent, quien focaliza este problema “en el terreno económico, pero también político”. Igual que The Economist, que lo sintetiza con estos términos: los mayores no solo son más numerosos, también votan y se rebelan contra toda reforma que reduzca unas prestaciones diseñadas cuando la vejez era más corta y la esperanza de vida menor.

Sin embargo, este planteamiento deja una gran paradoja: envejecer no implica necesariamente un lastre sobre los ingresos. En el FMI y Goldman Sachs avisan de que los mayores trabajan más tiempo y con más productividad que en el pasado y Joseph Davis, economista jefe de Vanguard, señala que “el envejecimiento saludable podría añadir 0,4 puntos porcentuales al PIB mundial entre 2025 y 2050”. Nicholas Crafts, historiador de la Universidad de Warwick, destaca otros dos aspectos cruciales: hay una proporción creciente de la vida adulta en situación de retiro y unos gobiernos que han hecho ajustes marginales sin revertir esta tendencia que se prolonga durante varias décadas. Dilema que lleva a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a decir que “nuestras fórmulas de protección están bajo presión” y a matizar que “sin competitividad e innovación, no habrá riqueza suficiente para sostenerlas”. 

Beneficios de los estados de bienestar

En EEUU, la red tutelar ciudadana se concentra en programas como el Medicare o el Medicaid, que han generado desigualdades, menores expectativas sociales y una protección minúscula. En Europa, estos desembolsos siguen siendo competencia casi exclusiva de los estados miembros. Incluso con el fondo de recuperación post-pandemia, las arcas comunitarias apenas destinan el 2% de su PIB a servicios de protección, una cota ínfima frente al gasto social nacional, que oscila entre el 13% del PIB en Irlanda y el 31% en Francia.

Las pensiones, con casi 2 billones de euros --el PIB de Italia-- y la Sanidad --otros 1,5 billones, el PIB español-- copan las mayores facturas nacionales, a las que se suman prestaciones por desempleo. En países como Austria, Italia o Finlandia, el gasto en vejez supera el 14% del PIB, mientras que Alemania lidera el gasto sanitario al rozar el 10% del PIB. Varios botones de muestra de que el reto fiscal del bienestar está ligado a la demografía, a la longevidad y a los costes sanitarios, más que a decisiones económicas o políticas coyunturales.

“La idea de una Europa que protege en exceso surge tras el shock del Brexit”, recuerda Luuk van Middelaar, profesor de la Universidad de Leiden. Aunque, como subraya Bo Rothstein, experto sueco en estados de bienestar, nadie cree seriamente en una armonización europea de sistemas sociales. Entre otras razones, porque las disparidades son enormes.

El coste real conjunto de las prestaciones sociales europeas --pensiones, salud, desempleo y otras ayudas sociales-- llegó al 26,8% del PIB en 2023, según Eurostat. Cuantitativamente, 4,58 billones de euros. Pero los ingresos fiscales --señala la propia oficina estadística europea-- certifican que el margen de financiación aún es amplio. Porque entre impuestos y cotizaciones la UE recaudó ese mismo ejercicio casi el 40% de su PIB. Con Francia, Bélgica y Dinamarca por encima de esta porción recaudatoria. 

En este punto Anton Hemerijck, profesor del Instituto Universitario Europeo, enfatiza el poder de resiliencia de los estados de bienestar europeos frente a discursos alarmistas. “Durante la Gran Pandemia, el welfare no tuvo que reinventarse en el Viejo Continente, sino que funcionó exactamente como lo habían diseñado” sus socios, porque su función no es solo redistributiva, sino macroeconómica, enfocada a estabilizar la demanda y amortiguar daños colaterales de las crisis. Así --asegura-- países con una protección generosa, inclusiva y orientada a la inversión social como los nórdicos, Alemania, Países Bajos o Austria protegieron mejor a sus sociedades y fueron más rápidos en recuperar el empleo perdido.

Hemerijck rechaza la supuesta dicotomía entre gasto social y militar. “Si se desea una base fiscal sólida para financiar defensa, necesitas invertir en educación y cuidados” sostiene antes de decir que “los países con mejor bienestar son más competitivos”. A su juicio, el mayor riesgo es volver a la austeridad. Además --precisa-- “recortar protección social para financiar seguridad alimenta el auge de los partidos de extrema derecha y debilita la cohesión europea”.

Cambio de fiscalidad para apuntalar el bienestar

Todo ello apunta a la necesidad de transformar convenientemente los sistemas impositivos, que hasta los más neoliberales y trumpista consideran que es decimonónico. En esta búsqueda de un reequilibrio de la presión fiscal --con rebaja de ciertos tributos, aumento de otros, remoción de algunos y creación de nuevos- declaraciones como las de Albert Rivera --ex de Ciudadanos--, calificando de “sistema injusto” aquel que posibilita que “un jubilado medio cobre más que un trabajador medio”, no contribuyen a un debate ordenado.

Como tampoco la pertinaz oposición de conservadores y liberales en Francia a instaurar una tasa impositiva del 2% a las grandes fortunas para aportar más recaudación para servicios sociales o el rechazo en referéndum a que Suiza grave con un tributo del 50% las herencias más altas para destinar su aportación a combatir el cambio climático.

Sobre todo, porque el envejecimiento --aduce la consultora Sopra Steria-- no se debería entender como una amenaza, sino como oportunidad histórica. La llamada silver economy o el conjunto servicios orientados a los mayores de 50 años “está redefiniendo el negocio de los cuidados”, ya que “ha dejado de ser una inversión nicho para convertirse en un vector del crecimiento global”. Sus expertos auguran un valor para este mercado en Europa de 6,4 billones de euros este año, equivalente al 32 % del PIB comunitario. Sobre España, resalta que este estrato social concentra el 60% del consumo y aporta una cuarta parte del PIB.

Hemerijck reclama a Europa que no ceje en su empeño. Es un planteamiento keynesiano --avisa-- que siempre irrita al ala más conservadora estadounidense y que ahora, con Trump, pretende recuperar para EEUU su apuesta por una asistencia social limitada y frágil a cambio de un mayor proteccionismo comercial y laboral. La UE --explica-- “no debe caer en el error de reaccionar ante este intento de debilitar su estabilidad institucional” con un bienestar que sigue impulsando la solidaridad intergeneracional y que permiten acompañar el ciclo de vida desde la infancia a la vejez o las coberturas por desempleo con un gasto promedio asequible de entre el 25% y el 30% de sus PIB.

Han pasado 50 años desde la muerte de Franco y el Estado español ha evolucionado hacia un modelo de bienestar, relativamente aceptable, donde las Comunidades Autónomas han sido protagonistas en la prestación de los servicios públicos: educación, sanidad, dependencia... Sin embargo, el modelo lleva años amenazado en algunas Comunidades Autónomas como Madrid, que hace ya mucho que empezaron la senda de la privatización de sus servicios públicos.

Lo hemos visto en las últimas semanas con el caso del hospital de Torrejón o en Andalucía con el tema de los cribados, que no constituyen meras anécdotas sino que son la prueba palpable de que existen dos modelos contrapuestos: el de un Estado fuerte que cuida frente al que privatiza sus servicios convirtiendo a los pacientes en clientes y tratándolos solo cuando resultan rentables. Las Universidades públicas también se han convertido en objeto de políticas privatizadoras que las asfixian económicamente, limitando su papel de ascensor social.

Por eso son tan importantes las elecciones autonómicas que vienen, Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, porque nunca como ahora ha estado en cuestión nuestro modelo de bienestar, ese modelo construido sobre la base de que el Estado tiene que prestar los servicios públicos esenciales, con independencia de los recursos que tengas. Un modelo que ahora se ataca abiertamente y que opta por destruir el sistema público de protección creado tras la aprobación de la Constitución.

En 1983 naceu a Comunidade de Madrid. Ese ano houbo tres traxedias: dous accidentes de aviación en Mejorada del Campo e Barajas e un incendio na discoteca Alcalá 20. 355 mortos. Eu estaba na mili, vivía no Retiro -tiña pase pernocta- e nin me enteraba de que naquel momento ducias de miles de migrantes do sur de España estaban pasando de malvivir en choupanas e chabolas a vivir en bloques de edificios. En 1983 houbo 818 atracos cun botín de 653 millóns de pesetas, sete delincuentes e cinco comerciantes mortos. Foi o ano da desaparición do Nani por obra da mafia policial, á que se lle atribúen 15 vítimas. Anos tremendos, pero que se vivían con esperanza. En Madrid, 1983, libro de Arturo Lezcano (o seu pai, por certo, era un tipo estupendo) teñen os lectores unha introducción a aquel momento.

No Madrid burgués, e no de barrio, corría a droga. Había que ir ao Rockola, a discoteca da Movida, pasarse os domingos polo Rastro e ler La Luna de Madrid. Comezaba Chueca. Eran anos efervescentes como un alka-seltzer. Abríanse exposicións de Fernand Léger, Andy Warhol, David Hockney. A capital, que se sabía rústica e primitiva, quería deixar de ser provinciana a toda mecha. Tierno Galván era o alcalde e daba o ton: “El que no esté colocado, que se coloque, ¡y al loro!”. Construíu 40.000 vivendas que axudaron a erradicar o chabolismo. Hoxe, la Cañada Real, como tantas outras cousas, constitúe un fenómeno da natureza. Que unha administración faga algo, algo que non sexa privatizar, parece unha cousa rarísima.

O caso é que un día fun a unha conferencia do matrimonio Chantal Mouffe/Ernesto Laclau no edificio do Senado. Era unha sala como de Consello de Ministros na que estabamos escasamente vinte persoas, cousa que naquel tempo me sorprendeu grandemente porque, na miña inxenuidade, pensaba que aquelas celebridades intelectuais xuntarían unha longa fila de fans. Pobre de min. Eran os teóricos do eurocomunismo nun mundo no que os partidos comunistas europeos aínda tiñan un enorme peso e, ás veces, eran hexemónicos na esquerda.

Chantal Mouffe afirmou, no bico daquela mesa forrada con coiro: “O Estado do Benestar é unha conquista irreversible”. Errare humanum est. Foino dicir xusto cando Thatcher, Reagan e toda a horda neoliberal comezou a defender o mercado como asunto filosófico, e a rexeitar o Estado como principio moral. Salvo, claro, leis e Policía, os elementos coactivos de defensa da orde económica.

Todo o mundo se equivoca. Vintetrés anos despois, en 2006, con ocasión dun encontro sobre a España plural organizado pola Fundación Alternativas, conversaba á hora da cea nun restaurante de Mérida con Nicolás Sartorius e co desaparecido Juan Manuel Eguiagaray. Sobre o PP de Galicia. Era o momento en que gobernaba o bipartito e ocorréuseme soster que un certo galeguismo asociado ao PP era -outra vez a palabra de marras- irreversible. Xa ven que a presciencia non me acompañou aquela noite.

Despois veu Feijóo, e despois Rueda. O PP de Galicia foise asimilando ao humor do PP central e a estar invadido por tecnócratas con ese perfil, hoxe tan extendido, de xente propietaria, xunto coa súa carreira universitaria, dun vasto océano de ignorancia. Galicia non penalizou esa dirección. Vender fume mentolado non tivo custe electoral. O meu foi un erro garrafal.

En España foi pasando outro tanto. Nun tempo, o PP tiña algo da Confederación Española de Derechas Autónomas. Ía modulando o seu estilo e discurso para apegarse ao territorio. Tiña un acento en Andalucía, outro en Valencia e outro en Cataluña. Cada vez queda menos diso. Non tanto ou non só, como se di, pola competencia con Vox, como por poñerse na mesma lonxitude de onda do PP madrileño que é, ao fin e ao cabo, o que concentra o poder entre as elites financeiras, mediáticas e da administración do Estado. A idea é poñerse na cola, a ver que cae. Todo o mundo ten as súas aspiracións.

Aquelas dúas apreciacións foron realizadas cando o mundo era estable e o curso das cousas parecía predicible. Hoxe, a cábala é tan sofisticada, o bombo da lotaría tan complexo, os elementos da situación tan confusos que quen se atrevería a arriscar un xuízo sobre o que pase en España ou Galicia? Todo está patas arriba. Dende a Segunda Guerra Mundial non viviamos nun momento con tanto perigo en Europa, iso é seguro. A compra de armas e o retorno do servizo militar non auguran nada bo. O run run asegura que estamos antes dunha crise provocada polo estoupido da burbulla da IA que pode deixar pequena a de 2008. Todo está entrelazado e 2026 vén co rostro torvo. Parece fácil presumir que a ultradereita alcanzará o poder, o Estado do Benestar irá a menos e que o PP seguirá na Xunta, como a piramide de Keops no deserto exipcio. Todo iso parece irreversible. Ou non. Errare humanum est. Toda a xente se equivoca. Ata para ben.

Finlandia sigue siendo el país más feliz del mundo, según la lista elaborada por las Naciones Unidas, gracias, en parte, al sólido sistema del Estado del Bienestar que ha sabido construir la nación nórdica. Sin embargo, esta imagen de Finlandia contrasta con el estado actual de su economía, que en los últimos años está luchado contra el incremento de la deuda pública, la pobreza y el aumento del desempleo (10,2% en la segunda mitad de 2025, la segunda más alta de la Unión Europea, solo por debajo de España).

Finlandia, en el pasado, fue una de las economías que competía por ser comparada con el resto de sus vecinos nórdicos, pero lleva una década en medio de un declive industrial que empezó con la caída del gigante de la telefonía móvil Nokia en el año 2009. Siguió después la crisis de la COVID-19, y desde entonces que el PIB del país no crece, el desempleo aumenta y las cuentas públicas están cada vez más desequilibradas.

Con este contexto, el gobierno, formado por una coalición entre partidos de derecha y extrema derecha liderada desde 2023 por el conservador Petteri Orpo, ha hecho de la reducción del gasto público su prioridad. Pero los severos recortes en el presupuesto estatal comienzan a tener graves consecuencias sociales, sin que haya perspectivas en el horizonte de que el nivel del endeudamiento público disminuya.

La deuda pública no deja de aumentar

El objetivo del gobierno a largo plazo es reducir la deuda pública, que se prevé que se elevará hasta el 86% del PIB a finales del año 2025. Esto ha provocado la primera recalificación de su deuda en casi una década por parte de la agencia Fitch Ratings, pasando de AA+ a AA. A su vez, el crecimiento económico del país tampoco termina de arrancar, situándose en el 0,2% del PIB, sin que prácticamente haya experimentado cambios desde 2019, lo que lo sitúa como uno de los más débiles de la UE.

Tras las elecciones generales de 2023, el nuevo gobierno anunció un programa para reducir 9.000 millones de euros del presupuesto estatal en ocho años, unos recortes que se preveían de 6.000 millones antes de 2027. El anuncio fue seguido por una reforma laboral muy criticada por los sindicatos, con la promesa de crear 100.000 empleos nuevos que tampoco se han materializado. A pesar de la austeridad, las predicciones del Fondo Monetario Internacional seguían anunciando el aumento de la deuda hasta más del 90% en los próximos años, por lo que en abril de 2024 el gobierno presentó un plan adicional de recortes de 3.000 millones de euros en el gasto público antes de 2028.

La cara más visible en la ejecución de los recortes es la ministra de Finanzas y líder de la formación de extrema derecha, Riikka Purra. En las intervenciones de la controvertida ministra asegura que los finlandeses, un país tradicionalmente frugal, apoyan las medidas de austeridad, aunque las últimas encuestas muestran que dos tercios de los ciudadanos no están de acuerdo con la política del gobierno.

Presupuesto disparado en defensa

Sin que los recortes ya anunciados fueran suficientes, el gobierno presentó hace unas semanas la ley de presupuestos para 2026, que incluye una restricción presupuestaria adicional de 1.000 millones de euros: “Hemos elaborado los presupuestos en un entorno económico deficiente y, por lo tanto, hemos tenido que volver a realizar recortes de gastos, aunque inicialmente pensábamos que las principales decisiones de austeridad ya habían pasado”, anunció el primer ministro Petteri Orpo.

Entre las nuevas medidas para reducir el gasto público se han incluido la reducción de la ayuda al desarrollo, la suspensión de las ayudas a los municipios para la acogida de refugiados, la disminución de las subvenciones a los gobiernos locales y la congelación del presupuesto de las universidades, aunque el mayor recorte se lo llevan los planes de construcción de vivienda social.

Con todo, las restricciones presupuestarias aún resultan más polémicas tras la decisión del gobierno de reducir el impuesto marginal sobre la renta a los más ricos, una medida que solamente beneficiará al 2% de los finlandeses que cobran más de 100.000 euros al año. Medidas como esta van de acuerdo con la línea del gobierno conservador de reducir la carga de los impuestos a los ciudadanos, que es del 42,4%, una de las cifras más altas en la UE por encima de la mediana comunitaria del 33,9%.

A su vez, la partida presupuestaria para la defensa es de las pocas que han incrementado en los últimos años, con un aumento de 6.000 millones para el siguiente año. Tras el inicio de la guerra en Ucrania y el ingreso del país en la OTAN, Finlandia prevé gastar el 3% de su PIB en defensa antes del año 2029.

Los efectos de estos recortes ya son palpables entre los más vulnerables, según revelaba un estudio elaborado por el Instituto Finlandés de Salud y Bienestar. El estudio señalaba que las políticas de austeridad han hecho caer a 110.000 personas por debajo del umbral de la pobreza, entre ellas 27.000 niños: “Los recortes agravarán aún más la pobreza entre la población vulnerable”, advertía Jussi Tervola, uno de los responsables del estudio.

La deuda seguirá creciendo en los próximos años

El economista de la Universidad de Turku, Jouko Vilmunen, expone que anteriormente la economía también estaba endeudada, “pero entonces teníamos una solución milagrosa, el gigante Nokia, que en su apogeo representaba el 4% del PIB, pero su cierre causó un enorme déficit en las finanzas públicas”, dice Vilmunen.

El economista defiende que el país tiene las bases establecidas para una buena economía, con una población con estudios, buenas infraestructuras y servicios que funcionan. “Sin embargo, el modelo industrial, basado en las exportaciones y el procesamiento de la madera, está obsoleto”, dice. Como ejemplo de ello, la demanda de papel ha caído un 70% desde el año 2007, pero, a pesar de eso, la industria forestal sigue siendo una de las más importantes del país.

El economista Jussi Systa, del think tank Kalevi Sorsa Foundation, con sede en Helsinki, coincide en que “el modelo de crecimiento finlandés se basaba principalmente en las exportaciones, sobre todo de madera y de electrónica de consumo. Pero los gobiernos no han sabido compensar la pérdida de ingresos”, dice.

Systa explica que el profundo déficit que arrastra el país y el insuficiente crecimiento económico, sumado a una menor recaudación fiscal, ha provocado la caída de los ingresos del estado, por lo que “en los próximos años, la deuda seguirá aumentando”, unas perspectivas que coinciden con los pronósticos hechos por el gobierno.

En cuanto a la política de recortes para reducir la deuda, el economista admite que “Me preocupa que esto genere un círculo vicioso que impida la consolidación de la economía”, dice Systa, quien añade: “Para que nuestra economía se recupere de forma adecuada, necesitamos inversiones que impulsen una producción más compleja para la exportación y medidas que fortalezcan la demanda interna. A eso añadiría gravar a quienes tienen mayor riqueza para aumentar los ingresos públicos”, termina diciendo.

Las décadas de esfuerzos de los políticos convencionales por reducir los programas de bienestar social han dado lugar a un discurso “extremadamente peligroso” que ha contribuido al auge de la extrema derecha y los populistas de derecha en países de todo el mundo, según ha declarado al diario The Guardian un destacado experto de la ONU.

Desde Londres hasta Lisboa, los políticos de los partidos de centro-derecha y centro-izquierda han erosionado constantemente los programas sociales, fomentando una sensación de escasez y creando un terreno fértil para avivar el sentimiento antimigrante, según Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.

“Si hiciéramos más, la gente no se sentiría amenazada, no temería quedarse atrás”, afirmó. “Estarían seguros de que las transiciones digital y ecológica y la globalización serán indoloras porque están protegidos por un Estado que se preocupa por ellos”.

Puso como ejemplo al Reino Unido, donde el partido Reformista de Nigel Farage está superando a los conservadores desde la derecha en materia de migración. “Es completamente aterrador”, afirmó. “Reform UK está más alto que nunca en las encuestas y hay manifestaciones contra los inmigrantes en varias partes del Reino Unido... Y la razón es que no hemos invertido lo suficiente en el estado del bienestar”.

De Schutter presentará el miércoles un informe a la Asamblea General de la ONU en el que expone su convicción sobre el valor de invertir en una protección social universal y basada en los derechos. El núcleo de su argumento es la necesidad de que los gobiernos reconsideren el estado del bienestar, desde la ayuda alimentaria hasta la asistencia sanitaria y las prestaciones por desempleo, como una herramienta esencial para mantener el tejido social, en lugar de un gasto que hay que reducir.

Los relatores especiales son expertos independientes nombrados por la ONU para asesorar o informar sobre situaciones específicas.

De Schutter afirmó que, durante décadas, los políticos convencionales de todo el mundo han dificultado cada vez más la obtención de prestaciones, aumentando la vigilancia y estigmatizando a los solicitantes. “Y el mensaje era: es un coste para la sociedad, es una carga, en lugar de una inversión en el futuro”.

Lo que surgió fue la sensación de que el acceso a esos recursos debía limitarse estrictamente, afirmó De Schutter. “El mensaje es: somos nosotros contra ellos. Y lo que se le da a un grupo debe negárselo a los demás, porque no hay suficiente para todos”, afirmó. “Es un discurso que enfrenta a las personas entre sí. Y eso es extremadamente peligroso, y creo que es lo que la extrema derecha está cosechando ahora”.

Su opinión está respaldada por un estudio de 2021 que analizó 14 países de Europa y descubrió que un aumento de un punto en la desigualdad de ingresos se correspondía con un aumento de un punto en el apoyo a los partidos populistas. También se ha demostrado que unos niveles de pensiones más altos, la legislación sobre el salario mínimo y el aumento de las prestaciones por hijos disminuyen la probabilidad de que la gente vote a la extrema derecha.

Los partidos populistas suelen argumentar que las sociedades no pueden permitirse la migración porque supondría una presión para los servicios sociales, explica De Schutter. Su postura se ve refutada por numerosas pruebas que demuestran que los migrantes de los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos contribuyen al impuesto sobre la renta y a las cotizaciones sociales más de lo que reciben en prestaciones individuales.

“El informe intenta hacer sonar la alarma”, afirmó. “No es casualidad que Reform UK esté ahora arrasando en las encuestas en el Reino Unido. Y lo vemos en Alemania con Alternative für Deutschland (AfD), lo vemos en los Países Bajos con el Partido de la Libertad y lo vemos en Francia con la Agrupación Nacional, que está llamando a las puertas del Gobierno”.

Sus mensajes tendían a resonar profundamente entre los hombres que se enfrentaban a la inseguridad económica y vivían en regiones que se habían quedado atrás, dijo. “Alternative für Deutschland, por ejemplo, obtiene sus mayores votos en el este de Alemania y, en general, en las zonas rurales, donde los servicios públicos suelen ser deficientes, el acceso a Internet es más débil y el transporte es más difícil, por lo que la gente se siente abandonada... En Francia ocurre lo mismo. Los mejores resultados de la Agrupación Nacional se dan en estas zonas rurales que están muy desatendidas”.

Cuando la extrema derecha y los populistas de derecha han llegado al poder, como la administración de Donald Trump en Estados Unidos o la de Javier Milei en Argentina, sus acciones han sugerido que su objetivo era seguir desmantelando la protección social, afirmó.

“Una vez en el poder, trabajan para mantener los privilegios de la élite económica que denuncian en sus discursos, recortando la ayuda alimentaria, la asistencia sanitaria y otros servicios vitales”, afirmó. “No han cumplido sus promesas a la clase media baja, sino que han empeorado la situación y los niveles de desigualdad y pobreza han aumentado significativamente en esos dos países”.

De Schutter espera, en última instancia, que el informe ponga de relieve la necesidad de replantear la importancia de los programas sociales. “Mi llamamiento es que despertemos”, afirmó. “No permitamos, en nombre de una gestión saneada de las finanzas públicas, que la sociedad se vuelva loca y se disuelva en un conjunto de grupos que compiten por unos recursos escasos”.

Traducción de Virginia Sarabia

Supone para mí un honor rescatar de la memoria colectiva de Guadalajara el 8 de julio de 1976, día en que se celebró la primera manifestación autorizada en España por la amnistía de los presos políticos durante la Dictadura. Ese día, un grupo no pequeño de demócratas se pusieron tras una pancarta por las calles de nuestra ciudad, para exigir valientemente que todo “acto de intencionalidad política” en el que se persiguiera el “restablecimiento de las libertades públicas” no fuera delito y se liberara, por tanto, a todos los presos políticos, así ocurriría un año después, con la Ley de la Amnistía de octubre del 1977.

Si bien es cierto, que será el próximo año cuando se cumpla el medio siglo de esta primera manifestación, no está de más sumar su recuerdo a los actos y homenajes que se están llevando a cabo este 2025 bajo el lema '50 años de España en Libertad'.

La elección de este acontecimiento no es casual, todo lo contrario. Está íntimamente ligado al cargo que ostento, pues como subdelegada está entre mis competencias la autorización de manifestaciones de la ciudadanía, garantizando así el derecho fundamental de reunión.

Sin embargo, al investigar esta manifestación afloraron conexiones personales que evidencian esa “razón vital” de la que hablaba Ortega y Gasset en la que “yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo a ellas, no me salvo yo”. Por ello, quiero convocar en este escrito figuras clave de nuestra democracia española que se convirtieron en generaciones con 'corazones de vanguardia', como las denominaba nuestro filósofo en El tema de nuestro tiempo, y que hoy, más que nunca, debemos elogiar para seguir defendiendo la democracia y las libertades en nuestro país donde el ruido de la desinformación y la crispación están tan presentes.

Ortega nos enseñó mucho sobre “razón vital”. Esa razón por la que muchas y muchos demócratas se hacen responsables de sus circunstancias y se proponen mejorarlas. Lo que pocas veces se recuerda es que fue precisamente la muerte del filósofo el acontecimiento que despertó a una de las generaciones más importantes en la lucha contra la Dictadura en nuestro país, la generación de estudiantes del 56, con Enrique Múgica, Javier Pradera, Ramón Tamames y Nicolás Sartorius entre otros muchos.

El 15 de octubre de 1955, fallecía en Madrid, en el más injusto de los ostracismos, el que estaba reconocido internacionalmente como el filósofo español más importante del siglo XX. Ortega siempre defendió la responsabilidad de la ciudadanía para vivir “a la altura de los tiempos”. Por ello no es de extrañar que los estudiantes de la universidad de Madrid se revolvieran ante tanto silencio y poco reconocimiento. Rápidamente entendieron que ellos representaban esos “corazones de vanguardia” de los que hablaba ese maestro al que solo leyeron y convirtieron su funeral en la que es considerada la primera manifestación contra la Dictadura. Desde el silencio, pero también desde la indignación se alimentó la revuelta estudiantil del 56, la de “los hijos de los vencedores y vencidos”, una generación de vanguardia que estaba descubriéndose demócrata y quería vivir en una España de libertades.

Casi un cuarto de siglo después, en 1976, en Guadalajara, una nueva generación de “corazones de vanguardia” recogía los frutos de los jóvenes del 56 y gritaba con valentía por la libertad y la amnistía de todos los presos políticos del Régimen por las calles de Guadalajara, convirtiéndose en la primera provincia española cuyo gobernador civil autorizaba una manifestación por la amnistía. Bien por mi antecesor.

Conocer este acontecimiento ha representado para mí un doble honor, no solo por descubrir el papel destacado del Gobierno civil, sino por descubrir en la hemeroteca del momento, que en la cabecera de esa manifestación estaba el joven profesor de Filosofía, Javier López, a quien que yo conocería años más tarde como amigo y compañero del departamento de Filosofía en el IES 'Antonio Buero Vallejo'. Javier López fue una persona excepcional para todos los que le conocimos, pero sobre todo fue un gran demócrata, dos condiciones que por otra parte nunca van separadas.

Democracia, filosofía, jóvenes, demasiadas convergencias para no apostar por un objetivo claro con este escrito, convocar la fuerza de las generaciones con “corazones de vanguardia” que nos han precedido y han consolidado nuestra democracia. Su recuerdo debe despertar la conciencia demócrata en nuestra juventud del siglo XXI, en especial la de los nacidos en 2007 que se convierten este año en ciudadanía de pleno derecho, entre ellos mi hija, en cuyo futuro y en el de sus coetáneos pienso cuando escribo estas líneas.

La España del siglo XXI es una democracia con unos derechos de ciudadanía civiles y políticos consolidados, pero sobre todo con unos derechos sociales, gracias al esfuerzo progresista, que deben ser constitucionalizados. Una democracia social que convierte nuestro Estado del Bienestar, gracias a la sanidad, la educación, las pensiones y la seguridad, en un referente mundial en igualdad de oportunidades y verdadero patrimonio de los demócratas. Sencillo y fácil parece recoger en un solo párrafo todas las claves de nuestro éxito democrático, pero toda la ciudadanía madura sabemos que no ha sido así.

Los “corazones de vanguardia” de nuestras jóvenes generaciones deben ser conscientes de su misión como demócratas, despertar su conciencia ciudadana y trabajar por entender que el bienestar no es comodidad, ni los derechos de ciudadanía algo dado, todo lo contrario, es una responsabilidad a conservar y progresar.

Nuestros tiempos son difíciles, pero son los nuestros, trabajar por la convivencia, el respeto al estado de derecho, la igualdad de oportunidades, la responsabilidad con un medioambiente sostenible y la libertad en un país globalizado bien merece el empeño de nuestra “razón vital”, por nuestro presente y futuro como demócratas y por España. Jóvenes demócratas, ¡Despertad!

En una carta dirigida al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó este jueves su posición en contra del aumento del gasto en defensa al 5% del PIB (Producto interior bruto) que la organización quiere consensuar en la cumbre anual de los países miembros, que se celebra en la Haya la próxima semana. Un día después, Trump ha reaccionado acusando a España de no pagar “lo suficiente” y ha lanzado un advertencia: “La OTAN tendrá que ocuparse de ello”.

Según señala Pedro Sánchez en su misiva, el objetivo de alcanzar el 5% en 2032, desde el 2% comprometido para este año, es “contraproducente” e incompatible con el mantenimiento del estado de bienestar. Distintas proyecciones, como la realizada recientemente por el Banco de España, apuntan a que por cada euro de incremento del gasto en defensa, el PIB de nuestro país solo aumentaría 50 céntimos, con riesgo de un avance de la inflación por la necesidad de importar armas y otros materiales, y con impacto en el déficit presupuestario —el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado, que se financia con deuda—. Un escenario en el que el único ganador claro será la industria de defensa, y en concreto la de Estados Unidos.

“Exigirá una corrección fiscal [de las cuentas públicas] más estricta en el futuro [recortes o aumentos de impuestos, en un lenguaje más llano] y reducirá el margen para otras prioridades económicas y sociales”, advirtió a finales de marzo la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal), en el informe que contiene su opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones públicas a largo plazo. Según las cifras recogidas en este documento, el mayor gasto público de nuestro país es y será el de las pensiones, que se acerca actualmente al 13% del PIB, mientras que la sanidad se queda en el 6,6%, la educación en el 4,2%, el desempleo en el 1,5%, los cuidados de larga duración (el gasto en dependencia) en el 0,8% y el pago de la factura de intereses de la deuda pública en el 2,4% del PIB.

El envejecimiento de la población en España y en casi toda la Unión Europea (UE) apoya que los ejercicios de previsiones indiquen que las partidas de gasto público en pensiones, sanidad y dependencia crecerán en los próximos años, mientras que las relacionadas con la educación y el paro bajarán, con un peso de la deuda que permanecerá en los niveles actuales o incluso ganará importancia, incluso si los gobiernos consiguen controlar los desequilibrios presupuestarios. Un contexto que apenas dejaría espacio para un gran incremento de una partida de gasto como la defensa sin dañar las prioridades del estado de bienestar.

Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido esta misma semana que “los Estados miembros [de la UE] y la Comisión Europea deberían evaluar el impacto del incremento de la partida de defensa en la sostenibilidad de la deuda”. Según recuerda la AIReF, “para mitigar este impacto en el corto plazo, la Comisión propone activar la cláusula de escape nacional que introdujo el nuevo marco fiscal de la UE, permitiendo acomodar este aumento del gasto sin comprometer el cumplimiento del primer Plan Fiscal y Estructural de medio”.

No obstante, “en términos acumulados, el ajuste total [recortes o subidas de impuestos] en el periodo 2025-2040 pasaría de 3,16 puntos del PIB [menos de 50.000 millones] en el escenario inicial, a 3,68, 4,24 y 4,76 puntos del PIB [hasta los 80.000 millones de euros] en un ejercicio teórico en el que se supone un incremento en el gasto en defensa de 0,5, 1 y 1,5 puntos del PIB, respectivamente”, finaliza la Autoridad fiscal.

El multiplicador del gasto en defensa

Sin “margen fiscal” para incrementar el gasto en defensa, pasa a ser clave el multiplicador de esta partida. Es decir, cuánta actividad económica (PIB) es capaz de generar cada euro de aumento. Más PIB significa también más inversión, más empleo y, en definitiva, más recaudación de impuestos (más ingresos públicos). El multiplicador que ha calculado el Banco de España “a medio plazo” es de 0,5 veces. Por cada euro de incremento, 50 céntimos de PIB.

Por ejemplo, para este 2025, el equipo de economistas de la institución ha proyectado que el aumento del gasto en defensa anunciado sumará una décima al crecimiento del PIB, que se estima superior al 2% en este ejercicio, pero que elevará dos décimas el déficit, que se quedará algo por debajo del 3% del PIB. Este impacto en el desequilibrio presupuestario se repetiría en 2026 y 2027, según el Banco de España. Hay que destacar que los compromisos del Gobierno son inciertos por su debilidad parlamentaria, que le impide aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Repunte de la inflación

Además, los expertos del regulador explican que “la naturaleza del gasto en defensa implica un desfase temporal entre la realización de los contratos y su registro en Contabilidad Nacional”. Según continúan, “el gasto en defensa se concentra principalmente en las industrias manufactureras de maquinaria y transporte”. Por último, consideran que “un aumento de las contrataciones de defensa conllevaría un aumento del nivel de precios industriales, especialmente en los bienes de equipo”.

“Forzar la adquisición [importaciones desde otros países, principalmente Estados Unidos] de material, munición y sistemas de armas, tendrá un efecto inflacionario con marcada subida de precios que, aun con más gasto, impedirán un incremento de capacidades como realmente se pretende”, lamentan fuentes conocedoras del sector. “La capacidad de contratación y gestión de la adquisición de nuevas capacidades también está al límite, y aumentarla requiere tiempo. La industria de defensa no está dimensionada para producir las capacidades que se pueden requerir de manera rápida”, prosiguen.

Estas mismas fuentes añaden que “el incremento del gasto en defensa de forma excesiva con prontitud no es posible por distintas razones”. Una es que “la actual capacidad de reclutamiento limita la posibilidad de dotar de personal adecuado a nuevas capacidades que se adquieran con rapidez”. Otra es “la dificultad de formación del nuevo personal, que requerirá del incremento de la capacidad de centros de formación que requiere un cierto periodo de tiempo”.

“El impacto sobre la actividad en el medio plazo puede ser mayor si el gasto se concentra en I+D+i, sectores con mayor capacidad de arrastre y en bienes y servicios producidos domésticamente”, finaliza el Banco de España.

La propuesta de la OTAN de alcanzar un 5% de gasto en defensa en 2032 se divide en dos bloques. El primero, un 3,5% en partidas específicas de defensa, para la que propone mantener la actual definición OTAN de gastos de defensa, incrementando anualmente un 0,2% (3.000 millones aproximadamente) el gasto desde el 2% que debe alcanzarse este año. El segundo, un 1,5% adicional en gastos relacionados con la defensa, pendiente de definir, en la que podrían considerarse inversiones en infraestructuras, capacidades para contrarrestar amenazas híbridas, preparación de resiliencia civil y promoción de la industria de defensa.

La postura de España, remarcada en la carta de Pedro Sánchez de este jueves, es incidir en este segundo bloque, y conseguir que el objetivo de gasto sea “flexible”. Según el presidente del Gobierno, “la fórmula que propongo nos permitiría preservar el objetivo del 5% en la declaración para aquellos aliados que lo necesiten o que quieran perseguirlo”. Fuentes del Ejecutivo resaltan que, “además, del porcentaje del gasto en defensa respecto del PIB es necesario medir y considerar los compromisos de fuerzas en operaciones y misiones, y la inversión en nuevas capacidades”.

Las razones de Estados Unidos

La exigencia de un mayor gasto en defensa que Estados Unidos ha planteado a sus aliados a través de la OTAN es uno de los frentes de la guerra comercial global escalada por la Administración de Donald Trump. El planteamiento de la potencia norteamericana, concebido por el presidente del Consejo de Asesores Económicos (CEA, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca, Steve Miran, es que Estados Unidos provee “bienes públicos globales” al resto del mundo, como la seguridad o como activos refugios como el dólar y los bonos de su deuda pública, y que el país debe ser justamente recompensado por ello.

En otras palabras, el principal asesor económico de Donald Trump defiende que Estados Unidos “ha creado la mayor era de paz jamás conocida por la humanidad” y destaca que “ha hecho posible el sistema comercial y financiero global que ha respaldado la mayor era de prosperidad jamás conocida por la humanidad”. Con esta rotundidad, y si no se cuestionan las afirmaciones sobre “la paz” y “la prosperidad”, cualquiera podría entender que la primera potencia mundial merece cobrarse tales esfuerzos. “Ambos son costosos de proporcionar”, añade Steve Miran, quien, antes de ser puesto al frente del CEA por el nuevo presidente de Estados Unidos, se dedicaba a gestionar fondos de inversión. Es decir, a especular en los mercados financieros.

“En defensa, nuestros hombres y mujeres en uniforme asumen riesgos heroicos para hacer de nuestra nación y del mundo un lugar más seguro, preservando nuestras libertades generación tras generación. Y gravamos con impuestos exorbitantes a los estadounidenses trabajadores para financiar la seguridad global”, resalta. Sobre este argumentario y la exigencia de “un reparto de cargas”, se asienta la imposición de aranceles al resto del mundo y la petición de más gasto en defensa. En definitiva, para adquirir equipamiento militar de Estados Unidos, y fortalecer su industria, en un clima de escalada militar y tensiones geopolíticas en Ucrania, Oriente Medio o el Canal de Suez.

No puedo hacer el cálculo exacto: son muchas manifestaciones a mis espaldas. Pero a ojo sé que casi siempre que he salido a la calle ha sido contra algo. Me recuerdo sentada sobre los hombros de mi padre en los 70, contra Pinochet. Aún resonaba en las listas de éxitos el Himno a la Alegría, la versión que Miguel Ríos hizo del cuarto movimiento de la Novena de Beethoven.

Me recuerdo también contra las reformas educativas, mientras el cojo Manteca rompía el luminoso de la boca del metro Banco de España; en Cibeles contra la guerra del Golfo, después contra la invasión de Irak, contra los asesinatos de ETA, contra la masacre del 11M, contra el deterioro de la sanidad pública… Hay en mi recuerdo ochos de marzo (a favor de la igualdad, pero en contra de los asesinatos de mujeres) y quince-emes (también una de cal y una de arena). El próximo domingo, 11 de mayo participaré en una manifestación a favor, muy a favor, radical y alegremente a favor de Europa.

Europa es mi tierra. De acuerdo con el parroquialismo imperante, bastaría eso para defenderla. Pero además Europa es una idea política, en concreto la de que los países pueden colaborar de forma pacífica y racional: es la bomba como idea, puro amor. Ha cobrado cuerpo en instituciones que son pesadas y a veces ineficientes. Con humildad habría que poner en la puerta del edificio Berlaymont de Bruselas este cartel: “Disculpen las molestias, estamos inventando el futuro”. La UE se atasca porque no tenemos mapas para crear un sistema de gobernanza colaborativo y multilateral. Cuando alguien nos acuse a los europeos de innovar poco, tenemos que recordarles esta hermosa innovación política en la que estamos empeñados.

El domingo nos concentraremos también por la libertad. Paradojas de la historia: Beethoven llamó a su himno “Oda a la libertad” (Ode an die Freiheit), pero a la censura de la época le pareció demasiado atrevido: le obligaron a cambiarlo por “Oda a la Alegría” (Ode an die Freude). No me parece mal: la libertad y la alegría siempre andan juntas. 

Estaremos, por encima de todo, a favor de la democracia social: otra innovación que sólo podía surgir en el continente del humanismo. Al principio de “un ciudadano un voto”, nuestro sistema añade un desarrollo de derechos sociales que ha cristalizado en el Estado del Bienestar. Por esa democracia social hay que estar: en Madrid será en Callao a las 12h; en otras ciudades de España (Barcelona, Sevilla, Zaragoza) se están organizando. No sé cómo irán de avanzados: ánimo, cualquier plaza sirve.

Sin embargo, no podemos negarlo: estar a favor de algo es estar en contra de otra cosa, una tensión dialéctica que ha aflorado ya en las calles de media Europa. En Roma hace unas semanas 50.000 personas se manifestaron a favor de la UE, justo cuando Trump empezó su bullying. En Eslovaquia los ciudadanos llevan meses manifestándose contra las políticas prorrusas del primer ministro Robert Fico y en pro del europeísmo. En Hungría, hace apenas dos meses hubo una gran manifestación contra Víktor Orbán. En Rumanía, sí, ha ganado las elecciones George Simion, el candidato ultranacionalista y prorruso, pero la gente ya estaba en las calles de Bucarest en diciembre reivindicando la democracia y los vínculos con la UE. En las protestas contra el Gobierno en Serbia los manifestantes piden acercarse a la UE y reformas democráticas (parecidas a las que le pide la propia UE para avanzar en su incorporación).  También en Georgia se dieron hace un par de años manifestaciones con el lema “Juntos a Europa”. Somos muchos y conscientes: estamos gestando el embrión de una ciudadanía europea. 

En España nos convocan personas de la sociedad civil, con un sano músculo cívico que interpela a nuestra propia ciudadanía.  El lema es “Más Europa”, que suena a favor, pero también es una forma de decirle a Trump: pues toma dos tazas (y otras dos para Putin, serían cuatro en total). En fin, el mundo se está poniendo feo, y estar a favor de algo implica estar en contra de otra cosa. Así que lo importante, una vez más, es ponerse en el lado correcto de la historia y tender puentes sin parar. Yo  iré con la bandera azul y su círculo de estrellas. Silbaré el Himno a la Alegría, que suena como nuestra libertad. Tal vez lo cantemos: de este tenemos hasta letra.

El Gobierno de España ha entregado a La Rioja más de 2,7 millones de euros para la lucha contra la violencia de género, además de los 3 millones de euros del Plan Corresponsables en el primer semestre del año. También se han destinado 17,8 millones de euros para el sistema de Dependencia e impulsará la construcción de 250 viviendas. Son algunos de los datos que se desprende del Informe Cumpliendo correspondiente al primer semestre de 2024, que presentó el presidente Pedro Sánchez.

Para la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, “es el momento de continuar reforzando aquellas políticas útiles que mejoran la vida de las personas. Políticas que nos están permitiendo conseguir mejores datos de empleo y de inscripción en la Seguridad Social; más derechos, más oportunidades y más igualdad”.

Más de 13.000 personas reciben el Ingreso Mínimo Vital en La Rioja

La Delegación del Gobierno han destacado la inversiones centradas en el refuerzo del Estado de Bienestar y, en este sentido, losservicios y prestaciones económicas destinados a la promoción de la autonomía personal, la atención y protección a las personas en situación de dependencia. 

Hablamos por ejemplo, de atención residencial para personas mayores, centros de día, actuaciones para prevenir situaciones de dependencia (como enfermedades o discapacidades y sus secuelas), servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia. 

En concreto, el Gobierno de España ha destinado para este año, 17,8 millones de euros al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Rioja. Además se han distribuido 16,5 millones de euros a la comunidad autónoma riojana -en el marco del Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- para financiar proyectos de políticas de cuidados. Otros 1,4 millones de euros se han destinado a proyectos del programa “Protección a la familia y atención a la pobreza infantil” para 2023, y se ha autorizado la misma cuantía para el año 2024. Asimismo se han destinado 1,6 millones de euros al programa de Prestaciones básicas de servicios sociales, para desarrollar prestaciones a nivel municipal. 

En cuando al Ingreso Mínimo Vital, 13.230 personas se benefician actualmente de esta ayuda, que incluye a 5.651 menores y 7.579 adultos. Asimismo 14.266 personas en La Rioja han recibido el bono social eléctrico, que ofrece un descuento del 25% en la factura eléctrica para consumidores vulnerables. 

Los contratos indefinidos suben un 8,3%

La Rioja finalizó el semestre alcanzando la cifra histórica de 139.225 personas afiliadas a la Seguridad Social, y con 102.800 trabajadores y trabajadoras con contratos indefinidos. Lo que supone un incremento de un 8,3% en la contratación indefinida con respecto al trimestre anterior a la entrada en vigor de la Reforma Laboral. 

A esto se le suma el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.134 euros mensuales que ha beneficiado a más de 14.600 personas en La Rioja; el incremento retributivo para 19.458 empleados y empleadas públicas de nuestra comunidad -que se traduce en un 0,5% con efecto retroactivo para todo el año 2023 y un 2% para el 2024- y la revalorización de las pensiones conforme al IPC beneficiando a más de 66.655 pensionistas en La Rioja.

Además, para apoyar a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran desempleados o en el paro, el Gobierno de España ha invertido 10,3 millones de euros en Políticas Activas de Empleo con el objetivo de proteger y facilitar su empleabilidad. 

Infancia y juventud

Otro ejemplo de las políticas destinadas a mejorar la vida de las personas es el millón de euros destinado al programa de cooperación territorial de impulso a la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil para la creación de 154 plazas públicas y gratuitas -en el marco del Componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-. Un plan que desde el inicio del Plan de Recuperación, crea un total de 185 plazas en La Rioja.

A su vez, si nos centramos específicamente en los jóvenes riojanos, cabe destacar el Programa Verano Joven. Un programa destinado a las personas de entre 18 y 30 años que les permite viajar por España y Europa con descuentos del 50% al 90% y que en La Rioja ya cuenta con 16.616 personas registradas. Una ayuda que se suma a la del Bono Cultural Joven que supone una asignación de 400 euros por beneficiario y que ya ha recibido 1.086 solicitudes en nuestra comunidad. 

Mejorar el acceso a la vivienda

La mejora del acceso a la vivienda es uno de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo nacional para lo que también se desinan fondos a las comunidades autónomas. Ejemplo de ello son los 6,3 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 dedicados a ayudas al alquiler de colectivos vulnerables, para incrementar el parque público de vivienda y para el fomento de la rehabilitación de viviendas en 2024.

Además, se han ratificado otros 3 millones de euros para el desarrollo del “Programa de Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Arraiz Nalda insiste en la importancia de “convertir el acceso a una vivienda digna en el quinto pilar de nuestro Estado del bienestar, junto con la educación, la sanidad, las pensiones y los servicios sociales, orientando todos los recursos y capacidades hacia esta meta clara. Sin duda esta es una prioridad para el Gobierno que preside Pedro Sánchez”.

Durante este primer semestre del año también se firmado un acuerdo para la rehabilitación programada del entorno residencial del “Barrio de Lobete. Fase I”, en Logroño, que afectará a 192 viviendas por un total de 5,3 millones de euros, de los que el Gobierno aporta 4,3 millones de euros para una primera fase de actuaciones.

Desde el inicio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en 2021 y hasta abril de este año, La Rioja ha recibido 5,8 millones de euros para la construcción de 125 viviendas en el marco del “Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes”

En este primer semestre de 2024 también se han suscrito nuevos acuerdos con municipios de La Rioja. Uno con el Ayuntamiento de Calahorra, que va a permitir la rehabilitación de tres edificaciones abandonadas y en desuso para promover 18 viviendas energéticamente eficientes para alquiler social y asequible (el Gobierno aportará 0,9 millones de los 1,7 millones de euros presupuestados para la ejecución de este proyecto). Otro de los acuerdos, recoge ayudas para la promoción de 24 viviendas en Logroño y, el tercero, recoge ayudas para la promoción de 11 viviendas en Haro (donde el Gobierno aportará 1,5 millones de los 5,1 millones de euros presupuestados para la ejecución de estos proyectos). 

Estas 53 viviendas se suman a las 72 que se encuentran en diferentes procesos de construcción en Alfaro (40), Torrecilla en Cameros (24) y Calahorra (8). Un acuerdo que firmó el Ejecutivo nacional con los ayuntamientos en 2023.

A este compromiso por parte del Gobierno de España, se le suma la inversión para fomentar la necesaria transformación energética en los hogares riojanos. Para ello se han destinado 5,3 millones de euros en ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así́ como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.

Consolidar la igualdad entre mujeres y hombres 

El Gobierno de España ha renovado su compromiso con las políticas de igualdad. En lo que llevamos de 2024, 5.254 mujeres han recibido el complemento por maternidad en su pensión y 5.314 mujeres se han beneficiado del complemento para reducir la brecha de género en las pensiones. 

Por otro lado, se ha invertido más de 3,1 millones de euros en el Plan Corresponsables en La Rioja. “Gracias a esta financiación, se fomenta la conciliación de la vida personal, familiar y laboral desde un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres, y se impulsa la corresponsabilidad y la creación de un empleo de calidad en el sector de los cuidados”, asegura la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz Nalda.

En lo que refiere a la lucha contra la violencia de género, otra prioridad del Gobierno del presidente Sánchez, el Ejecutivo ha desplegado 2,1 millones de euros destinados directamente a la comunidad autónoma en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y 0,6 millones de euros para distintos programas y planes autonómicos destinados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales. 

En las últimas décadas, la mayoría de los países desarrollados ha experimentado una creciente desigualdad de ingresos que plantea interrogantes sobre la meritocracia y la movilidad social. La meritocracia, término tan extendido hoy, argumenta que las desigualdades son el resultado de nuestros méritos y nuestros esfuerzos individuales y que por lo tanto si la distribución de los méritos y esfuerzos es muy desigual, lo esperable es que también lo sea la distribución de ingresos.

Pero al mismo tiempo que las desigualdades han aumentado, el ideal de que el éxito económico y social se basa únicamente en los logros y méritos personales ha ido, lentamente, desvaneciéndose. El ascensor social que parecía imparable en la España de los años 80 parece haberse detenido. Pero aunque eso parece evidente, la meritocracia, como ideología, se sigue considerando, incluso por los sectores progresistas, como elemento justificador de la desigualdad. Los partidos políticos progresistas no han llegado a asimilar que sólo con el mérito y esfuerzo individual no es suficiente para alcanzar una buena posición económica. Este hecho creo que está en la base del alejamiento de los partidos progresistas de amplias capas de jóvenes. Alejamiento que se manifiesta en muchos casos mediante la abstención. Al asumir la meritocracia como justificación de la desigualdad los partidos progresistas han abandonado su electorado tradicional, los sectores más desfavorecidos, y se han dirigido, para sobrevivir, a un votante más formado. La izquierda se ha convertido en una Izquierda Brahmánica, según el término acuñado por el economista francés Thomas Piketty en Clase e ideología para referirse a las preferencias electorales de la élite intelectual de izquierda.

Pero por mucho que se venga insistiendo en ello desde la década de 1980, el mito meritocrático es problemático porque el éxito económico y social no se consiguen sólo o primordialmente con el esfuerzo. El mérito es un producto que amalgama, en cantidades variables, dos ingredientes: las capacidades y el esfuerzo. Las capacidades se suelen asociar en las sociedades del conocimiento como la nuestra, a la posesión de un título universitario que certifique que poseemos las habilidades más demandadas por el mercado. Obtener un título universitario se ha convertido en una carrera estresante para los jóvenes.

El esfuerzo, siempre necesario y valorable, explica sólo una parte de las desigualdades actuales. Gran parte de ellas se deben a circunstancias que escapan al control individual: las circunstancias debidas a la lotería social –renta y nivel educativo de los padres, geografía, clase social, etc.– y las derivadas de la lotería natural –nacer con una discapacidad, tener gran capacidad intelectual, control de impulsos, etc.–.

Lo que estamos comentando está siendo estudiado muy extensivamente en los últimos años. El informe Derribando el dique de la meritocracia ofrece datos reveladores. En el primer gráfico, obtenido del informe, se muestra la relación entre el ingreso parental y el ingreso medio alcanzado por sus hijos (por género). La muestra representa a padres cuyos hijos nacieron entre 1980 y 1990 cuyo ingreso como adultos se observa cuando tienen entre 30 y 36 años. La conclusión: los ricos son hijos mayoritariamente de padres ricos

El segundo gráfico, sacado del mismo informe, muestra cómo de fácil es acabar en la élite económica. La muestra representa padres cuyos hijos nacieron entre 1980 y 1990 cuyo ingreso como adultos se observa cuando tienen entre 30 y 36 años. La conclusión también es relevante: acceder a la élite económica, el 1% más rico, es prácticamente imposible si los padres no estaban en ese nivel.

El tercer gráfico tomado de Meritocracia y educación: movilidad social e igualdad de oportunidades pone el foco en los datos de Matemáticas de PISA 2018. En concreto las probabilidad de alcanzar el nivel PL3 de competencia matemática según la situación económica. Como se ve, las diferencias entre los diferentes sectores sociales son muy importantes.

Por ejemplo, en el caso del alumnado socioeconómicamente desaventajado solo lo consigue el 31,6 %, mientras que lo hace el 73,2 % de quienes tienen las condiciones económicas más favorables. Esto se traduce en que los segundos tienen 2,32 veces más probabilidades que los primeros en alcanzar los niveles básicos en la competencia matemática. Dicho de otra manera, tienen un 51 % más de probabilidades de obtener el nivel.

A la hora de hablar de igualdad de oportunidades y de meritocracia en España resulta esencial incluir en el análisis el acceso a la función pública, particularmente el acceso a los grandes cuerpos, como pueden ser la judicatura, la abogacía del Estado, los técnicos comerciales, el cuerpo diplomático o la administración civil del Estado.

Resulta evidente que solo aquellos estudiantes que tienen la suerte de poder ser mantenidos por sus familias pueden pagar el coste de entrada de completar un proceso de oposición que suele llevar entre tres y siete años. Las desigualdades se reproducen a través del acceso a la función pública: el alto coste económico que requiere el proceso y la falta de información excluyen del proceso a aquellos estudiantes de origen humilde.

En nuestras sociedades contemporáneas los ganadores justifican sus privilegios con el argumento de que los han ganado a fuerza de trabajar duro; en las aulas primero, estudiando mucho, y en la oficina después, entrando muy pronto y saliendo muy tarde.

Pero como muestran los datos el relato meritocrático es eso, un relato, una narrativa, un mito moderno que ha impregnado nuestra sociedad de tal manera que cuesta concebir una alternativa que rechace esta forma de justificar las desigualdades y, con ello, los privilegios de los ganadores de la meritocracia. Desgraciadamente muchos sectores progresistas asumen ese marco ideológico y con ello justifican las desigualdades crecientes, pero provocan un alejamiento de los perdedores: los que no han ido a la universidad, los que se han quedado en los pueblos, etc. Asumen este marco ideológico al escoger mayoritariamente a sus representantes políticos entre los ganadores: funcionarios, universitarios, etc. Un buen político lo es en la medida que defiende los intereses de sus electores y no por tener un título. Hay que recuperar ese ideal.

Como muestran los datos el relato meritocrático es eso, un relato, una narrativa, un mito moderno que ha impregnado nuestra sociedad de tal manera que cuesta concebir una alternativa que rechace esta forma de justificar las desigualdades

Desde el punto de vista práctico institucional, el Estado juega un papel fundamental, al ser el único que puede asegurar la igualdad de oportunidades de manera eficaz. Las propuestas progresistas tienen que abordar está problemática de forma decidida si quieren recuperar parte de sus votantes perdidos. Hay que seguir exigiendo el fortalecimiento de la sanidad pública, la enseñanza pública, la atención a la dependencia, etc. Pero hay que ir más adelante.

Cada vez más estudios recientes muestran que un porcentaje alto de la desigualdad de riqueza en España viene explicado por las herencias, es decir, por factores exógenos al mérito del individuo y su transmisión no depende del talento o el esfuerzo de quien la recibe. Establecer un impuesto de sucesiones, en cuyos detalles no entramos aquí, que regule de manera efectiva esta cuestión es de importancia vital.

Una excesiva concentración de la riqueza tiene efectos directos sobre la participación política, el crecimiento económico o la cohesión social. Establecer de un impuesto progresivo sobre el patrimonio, en cuyos detalles no entramos aquí, es de nuevo esencial y esto se debe complementar con propuestas como la renta básica universal, el impuesto negativo sobre la renta, los complementos salariales o la herencia universal.

En lo relativo al acceso al alto funcionariado, urge plantear una reforma del acceso a la Administración General del Estado, y a la Función Pública en general, que permita la entrada de sectores menos privilegiados: becas públicas para opositores basadas en la necesidad y en el mérito, financiación de academias en comunidades autónomas infrarrepresentadas en la alta Administración Pública, etc.

Vivir en una sociedad desigual es malo, sobre todo si uno es pobre. Pero peor aún es vivir en una sociedad desigual que no reconoce que la desigualdad es un problema

La meritocracia, por otra parte, argumenta la necesidad de la igualdad de oportunidades para alcanzar una buen situación económica. Pero esto depende de que existan oportunidades laborales que recompensen el esfuerzo de los ciudadanos. Si apenas hay empleos que ofrezcan un salario y unas condiciones de trabajo decentes, entonces, por mucho que las pocas personas que accediesen a ellos lo hicieran por méritos y capacidad, estaríamos dejando de lado a muchas personas que también merecerían tener empleos igualmente decentes. El esfuerzo de esas personas que quedan fuera no se vería recompensado por la razón de que no hay empleos decentes para todas las personas que los merecen, debido a la sobreabundancia de trabajos que se realizan en condiciones precarias y pagan salarios de miseria. Dado que cada vez es menos probable que el mercado de trabajo recompense nuestro esfuerzo, porque cada vez hay menos empleos decentes, el Estado no puede limitarse a compensar ex post a los perdedores. El Estado debe tener un rol más activo en la promoción de la igualdad de oportunidades adoptando políticas que promuevan la creación de empleos decentes.

Vivir en una sociedad desigual es malo, sobre todo si uno es pobre. Pero peor aún es vivir en una sociedad desigual que no reconoce que la desigualdad es un problema. Una sociedad que, por ejemplo, ha erigido un dique ético-filosófico para justificar las amplias desigualdades que cobija. Los movimientos progresistas deben enarbolar la bandera de la lucha contra la desigualdad y desenmascarar el mito meritocrático para avanzar hacia una sociedad más justa.

Argentina es, en cierto modo, una pequeña Europa. No me refiero a que ciertos barrios de Buenos Aires puedan parecerse a París ni a cosas de ese tipo. La principal similitud se encuentra en el modelo económico que tanto los grandes países europeos como Argentina adoptaron a partir de 1945. Hablamos del progresismo económico, comúnmente conocido como socialdemocracia.

Juan Domingo Perón simpatizaba con el fascismo, que había observado de cerca durante los cursillos militares que realizó en Italia. Y era esencialmente conservador. Pero en cuanto ganó las elecciones de 1946 empezó a aplicar un programa que, en lo económico y social, puede considerarse progresista: redistribución fiscal de la renta, fomento de la actividad sindical y del “ascensor social”, salario mínimo, leyes antimonopolio, subsidios a los más necesitados, y desarrollo de los servicios públicos y de algo muy cercano, aunque más pedestre, a lo que en Europa llamamos Estado del Bienestar.

El modelo argentino no ha cambiado sustancialmente a lo largo de las décadas, pese a los vaivenes políticos y las dictaduras militares. Argentina sigue teniendo hoy la más eficaz red de protección social de Latinoamérica y una gran mayoría de sus habitantes considera evidente el derecho a la educación y la asistencia sanitaria gratuitas. Sin embargo, el progresismo económico, o si quieren la esencia socialdemócrata del país, ha ido degenerando hasta convertirse en una caricatura: falta dinero para pagar la fiesta.

Argentina ha demostrado que el modelo socialdemócrata sólo puede sostenerse cuando la fiscalidad es justa, o sea, cuando quienes más poseen pagan más impuestos, y cuando el crecimiento económico resulta, pese a baches y recesiones, más o menos constante. Ambas cosas fallan desde hace mucho tiempo en la pequeña Europa latinoamericana.

Los problemas comienzan cuando el Estado gasta en exceso. Si la economía va creciendo y las cuentas no muestran un desequilibrio excesivo, cabe la posibilidad de endeudarse a un coste razonable con inversores nacionales y extranjeros. De cerrarse la opción del endeudamiento, no queda otra que imprimir dinero para hacer frente a los pagos. Eso tiende a generar inflación y a devaluar la moneda. Cuanto menos vale la moneda, más caro resulta importar. Entonces se protege con aranceles y subsidios a la industria nacional, que deja de ser competitiva en los mercados exteriores. La merma de las exportaciones reduce la llegada al país de divisas fuertes, como el dólar o el euro. El Banco Central se queda sin reservas y se acelera el círculo vicioso de la impresión de moneda, la inflación y la devaluación. El resultado, evidentemente, es la ruina. Y cuanta más protección social y más gasto público, más ruina.

Una mayoría de argentinos ha acabado asumiendo, quizá sin entenderlo del todo, lo que se dice en la árida parrafada anterior. La Argentina que entrega hoy el bastón presidencial a Javier Milei está al borde del abismo. La inflación es insostenible y la hiperinflación puede desatarse en cualquier momento. La cosa es tan grave que los votantes han elegido como presidente a quien (al margen de delirios) no les ha prometido otra cosa que sacrificios y, en el mejor de los casos, una larga temporada con la misma pobreza (que afecta a casi la mitad de la población) pero sin subsidios para hacerla llevadera. Vienen tiempos tormentosos.

Todo esto entraña algunas lecciones para la Europa real, que no es pequeña pero tampoco muy grande. La política fiscal en la Unión Europea constituye un fracaso: las grandes empresas y los millonarios pueden acogerse a refugios fiscales como Irlanda u Holanda, países miembros, o a los paraísos fiscales de ultramar, mientras los asalariados, autónomos y pequeños empresarios cargan con la mayor parte del peso que supone mantener un Estado del Bienestar. Y no alcanzan.

La deuda crece. El “ascensor social” permanece prácticamente bloqueado. La educación pública muestra un nivel muy discutible. La sanidad pública renquea. Falta innovación tecnológica en los sectores punteros y competitividad en sectores tan clásicamente europeos como la fabricación de automóviles. Y todo esto ocurre pese a que el gasto militar no es muy grande: la Unión Europea prefiere vender a otros, por indeseables que resulten, las armas que fabrica.

No creamos que Argentina es tan distinta de Europa. Como vimos entre 2008 y 2012, un giro brusco de la historia, como los que se dan de vez en cuando, podría hacer que se aproximaran. En el mal sentido, por supuesto.

Erase un país llamado Arcadia,  económicamente sólido, estable y solidario, donde vivía Juan Q. La vida no había sido fácil para él ya que, procediendo de una familia humilde, había logrado con su esfuerzo y sacrificio costearse sus estudios en una Universidad privada de reconocido prestigio. Su postgrado en varias escuelas de negocios y su capacidad intelectual y de gestión le hicieron promocionarse rápidamente en su escalafón profesional, llegando pronto a ser directivo de una gran empresa de servicios y consultoría industrial.

Esto le permitió pagar a sus hijos una formación elitista en un colegio bilingüe, dada las carencias de idiomas en la enseñanza pública; hacer frente a los recibos de una sociedad médica privada que le garantizaba a través de un seguro la mejor asistencia posible, sin listas de espera y cirugías programadas con plazos irracionales; poder costearse una vivienda de libre mercado en régimen de propiedad, con la duda de que las deducciones en IRPF derivadas de su compra se las hubiese apropiado el promotor a través de mayores precios; poder hacer frente a un plan de pensiones complementario (¿) al público, con el fin de mantener cierta dignidad en su retiro; contratar a un servicio de seguridad privada con el fin de garantizar cierta tranquilidad a su familia antes hechos desagradables que últimamente se había producido en su vecindario a pesar de los esfuerzo de los cuerpos de seguridad del Estado;….

Pero todos los años, religiosamente, a finales de mayo se enfrentaba, no sin cierta desazón, a su declaración del IRPF, porque a él nunca le salía negativa. Un profesional como él percibía unas altas remuneraciones por múltiples conceptos que hacían que sus cuotas estuviesen en consonancia con su nivel retributivo, y siempre la pregunta era la misma ¿y yo que recibo realmente del Estado que me compense, mínimamente, por el esfuerzo económico que me supone el pago de mis impuestos?.

Y, como persona documentada, algo le ha sonado en un debate ya antiguo pero que se ha realimentado en los últimos tiempos entre las regiones de aquél país. Ruritania, región de Arcadia,  se quejaba amargamente de que a través de sus impuestos abonaba más al Estado de lo que percibía en forma de políticas de gasto y, especialmente, en inversión pública lo que estaba condicionando seriamente las capacidades de crecimiento económico de “su” territorio. Y se le encendió una lucecita ¡Pero si esto es lo mismo que me pasa a mí!. ¡Yo también quiero una balanza fiscal individual!.

Y como todo cuento tiene su moraleja, esta es la que yo propongo: pensemos, si cada persona paga en función estricta de lo que percibe; si cada región aporta al Estado en función estricta de lo que percibe: donde queda la solidaridad, que puede ser tanto personal como territorial; donde queda la progresividad que hacen que paguen más los que más tienen; donde queda la redistribución de la renta y riqueza entre personas y regiones; donde queda la estabilidad social y democrática que sustenta la Carta Magna. En definitiva, Juan Q. está en su derecho de exigir una balanza fiscal personal, siempre que consideremos que los principios apenas esbozados no tienen cabida en el futuro político de convivencia, lealtad y solidaridad tan necesarios para la estabilidad de Arcadia.

Tras enfadarse en muchas cenas con sus amigos, el economista José Ignacio Conde-Ruiz, profesor universitario y subdirector del centro de estudios Fedea, se propuso escribir un libro para tratar de convencerles de sus argumentos. El tema: que los jóvenes no lo tienen tan fácil como algunos creen y que además enfrentan una gran carencia de políticas y de inversión desde los poderes públicos. Todo ello, en su opinión, por unos políticos que tratan de contentar a un electorado cada vez más envejecido y que se lleva más trozo de la tarta de los ingresos públicos.

Convencido por su mujer, se puso manos a la obra y se valió del apoyo de su hija Carlotta, que está empezando la universidad, a la que convenció para que fuera su editora y que facilitara la lectura a cualquier persona sin conocimientos económicos, explica. “Ha sido implacable”, se ríe el economista. El libro, titulado La juventud atracada. Cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes (Península), tiene un tono duro, pero que considera justificado ante el “desequilibrio” de las políticas públicas.

¿Cuáles son las principales políticas para la juventud que cree que requerirían un aumento de inversión importante y de manera inmediata?

La política más importante, y en la que no estamos rindiendo al nivel que nos correspondería como país, es la educación. Es incuestionable. Seguramente hay que hacer también reformas en el sistema educativo, pero desde luego la inversión hay que aumentarla. 

Soy profesor universitario, creo que los alumnos cada vez son mejores, saben más idiomas que nosotros, conocen mejor el mundo, la tecnología, etc. Lo que ocurre es que en la educación ahora no te sirve con hacerlo mejor que los que están por delante, sino que tienes que hacerlo mejor que los jóvenes de otros países, porque la economía está globalizada. España claramente se está quedando atrás en comparación con otros países. 

Además, señala retos que hace poco parecían lejanos y que ya están a la vuelta de la esquina. 

España tiene que competir con la tecnología. Para mí, la inteligencia artificial y este tipo de cuestiones eran una película de ciencia ficción. Para los jóvenes, es una realidad. Por tanto, la educación debería sufrir una auténtica revolución, aumentar muchísimo el gasto y continuar a lo largo de toda la vida laboral. Porque, si no se adapta a los tiempos rápidamente, acaba generando desigualdad.

Hay mucho consenso sobre la necesidad de aumentar la formación en el mundo laboral, pero al final acaba siendo una asignatura pendiente. ¿Qué ocurre ahí?

Las políticas activas en España claramente no funcionan y no se ha hecho nada esta legislatura para mejorarlas. 

Tenemos una nueva Ley de Empleo que las aborda.

La Ley de Empleo diagnostica bien la situación. Es un poco lo que nos pasa en España, que hacemos leyes muy ambiciosas, que quieren cambiar las cosas, pero luego al final no se dan los instrumentos para hacerlo. 

No soy un experto en políticas activas, pero se puede adaptar más la formación a lo que necesitan las empresas, permitir que entre la colaboración público-privada… Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo cierto es que hoy no funcionan y esto también va a requerir una mayor inversión. Espero que en la siguiente legislatura se lo tomen en serio. 

En el libro se incluyen afirmaciones que pueden parecer pesimistas, como que no se está haciendo “nada” por los jóvenes. Esta legislatura, por ejemplo, el Gobierno ha aprobado un gran aumento de las ayudas para la pobreza infantil, entre otras medidas.

Intento hacer una fotografía de lo que está pasando en los últimos 15 años, no me he centrado justo en el último periodo. Evidentemente, hay cosas que se hacen, pero no son suficientes.

Como decía sobre la educación, o si miras al mercado laboral, se han hecho cosas, pero la precariedad e inestabilidad sigue recayendo en los jóvenes. En vivienda, las diferencias son absolutamente increíbles, los precios de las casas han subido mucho y ¿la inversión dónde está? Cuando yo era joven se invertía el 1% del PIB, ahora no llega al 0,5%, y prácticamente se destina a rehabilitación. ¿Dónde está el dinero? Puedes lanzar todos los discursos que quieras, pero si no hay dinero…

Entramos en lo que llamo “el atraco”, porque veo que siempre hay recursos para los mayores, pero nunca llega el dinero para los jóvenes. Si entramos en retos como el cambio climático, tenemos que entender que hay que sacrificar crecimiento actual por crecimiento futuro. Claro, los mayores no quieren, porque ya estarán muertos cuando llegue, pero los jóvenes seguirán aquí. 

Le he leído que el debate no hay que encuadrarlo en clave de conflicto generacional, pero el tono del libro es muy duro y de confrontación. Se habla de “viejos”, de “atracar a la juventud”, de generaciones de mayores que “cercenan” el futuro de los jóvenes. ¿No cree que fomenta el conflicto?

No hay conflicto, porque si lo hubiera, los jóvenes lo habrían perdido. Parto de que esa guerra está perdida. Los jóvenes apenas representan el 20% del electorado y los mayores cada vez van a ser más. Y esto está solo empezando. Aquí hay una verdad incómoda, que a mucha gente le incomoda.

Sobre la palabra “viejos”, yo escribía siempre “mayores”, pero mi hija me dijo: '¿Papá, por qué no dices viejos?' Y creo que tiene razón. ¿Al joven se le puede decir joven y al viejo no? ¿Es un insulto? Me costó cambiarlo, me resultaba algo violento, pero me di cuenta de que tenía razón. 

El libro aborda una de sus especialidades, las pensiones, que sitúa como un problema de futuro para el gasto en los jóvenes. ¿Por qué no puede ser compatible una cosa y otra?

Este libro lo empecé hace dos años y algo, me esperaba algo parecido a lo que pasó con la reforma laboral, que me parece la mejor reforma de la democracia. Desde luego. No es tan buena como dice la caída en la tasa de temporalidad contractual, pero es muy positiva.

Con pensiones no ocurrió lo mismo. Nunca he dicho que haya que tocar las pensiones de los actuales jubilados y nunca lo voy a decir, porque no tienen margen de maniobra. Aquí de lo que se trata es de que, si ha cambiado la esperanza de vida y ha cambiado la longevidad, tienes que adaptar el sistema a esta realidad. 

¿No puede ser financiable este mismo modelo de pensiones, como defiende el ministro Escrivá y la reforma de pensiones que ha aprobado el Gobierno?

El ministro Escrivá dice que se puede hacer y sube las cotizaciones, un poquito. Si con la subida actual se arreglara el problema de las pensiones, no habría problema. En Bruselas, les responden que esta subida no arregla el problema y el Gobierno dice que no hay problema, porque le ponen una cláusula de cierre por la que pueden seguir subiendo las cotizaciones sine die hasta que esto ocurra.

¿Se puede hacer? Claro, pero a costa de que todo el margen fiscal que te queda se destine a pensiones, y a que vas a hacer pagar a los jóvenes unas cantidades superaltas de cotizaciones porque no quieres adaptar el sistema a la nueva longevidad.

Me gustaría darle la vuelta al argumento: ¿tiene sentido que, si ha cambiado la longevidad, te empeñes en no reformar el sistema?

Defiende mantener el poder adquisitivo de las pensiones, aunque con excepciones. 

La última reforma tiene una parte muy positiva que siempre he defendido, que las pensiones no pueden perder poder adquisitivo. Pero cometieron un error tremendo. Si te llega una inflación del 8,5%, seguramente puedes subir las más bajas un 8,5%, o si quieres más, pero las más altas no las subas esa cantidad. 

Ahí te estás gastando 7.000 millones que los podías haber invertido en educación, para mejorar las brechas del sistema educativo de las familias pobres durante la COVID, por ejemplo. No ha habido dinero para eso y sí que ha habido dinero para subir la pensión un 8,5% a mi padre, que tiene una pensión máxima. ¿Tiene sentido?

Por eso, aunque mantener el poder adquisitivo está bien, hay que incluir una válvula de escape para estas situaciones de altísima inflación, Dios quiera que nunca vuelva a ocurrir. 

Sus críticas se centran sobre todo en el segundo bloque de la reforma. 

La segunda parte de la reforma es un paso atrás porque por primera vez introduce más gasto al sistema. Elimina el factor de sostenibilidad de las pensiones, que llamamos ‘factor de equidad intergeneracional’ en 2013, porque si aumenta la esperanza de vida, tienes que bajar la pensión. Básicamente consistía en que, si tienes una madre y una hija que han cotizado exactamente lo mismo, y la generación de la hija va a vivir por más tiempo, tiene que percibir un poco menos de pensión cada año para percibir lo mismo que la de la madre. O, si no quiere que le baje la pensión, que trabaje un poco más. 

Los propios interlocutores sociales dijeron en 2011 que se hiciera un factor de sostenibilidad y especificaron que los parámetros del sistema evolucionaran acorde a la esperanza de vida. Ahora se olvidan de eso. 

Por supuesto, no me gustan nada las reformas. Me gustaría seguir jubilándome como mi padre, pero ¿realmente tiene sentido? No hay partido político en este país de derechas, de izquierdas, de extrema derecha o de extrema izquierda que vaya a ir en contra de las pensiones y al final los que acaban pagando el plato son los jóvenes. Pero como no votan y son muy pocos, a nadie le importa.

Usted preside el Foro de Expertos de Santalucía, una aseguradora. El sector privado no ha visto con buenos ojos la reforma de pensiones y el Gobierno ha reducido beneficios fiscales a los planes de pensiones individuales. ¿Entiende las críticas que le señalan por falta de independencia? 

No tengo ningún problema en que alguien diga 'Ostras, Nacho trabaja para Fedea o para Santalucía' y que mire lo que digo con más cuidado, porque le pueda parecer sospechoso o de parte. Lo que pasa es que luego se tienen que mirar los argumentos y analizar si estoy equivocado en lo que digo.

Si digo que dos y dos son cuatro, no me vale que digan “seguro que nos está engañando porque trabaja para Santalucía y para Fedea”. No, dime por qué dos y dos son cinco, pero no uses lo otro para descalificar. Soy un académico y me considero completamente independiente. 

Hay muchas voces que emplazan a ampliar los ingresos públicos, gracias a una reforma fiscal que recorte la gran brecha que tiene España con otros países europeos y permita más gasto público. ¿Esa reforma le parece urgente para la juventud al igual que menciona la de pensiones?

España, para empezar, no paga lo que le corresponde. Tenemos un déficit estructural de cuatro puntos de PIB, 50.000 millones de euros, que no los estamos pagando. Así que probablemente subiendo los ingresos cuatro puntos de PIB ni siquiera daría para gastar más, porque tienes para pagar el déficit que ya hay.

Como sociedad decides el estado de bienestar que quieres tener. Una vez que lo has decidido, dentro de tus posibilidades, los impuestos tienen que acompañar, debes tener suficientes para financiarlo. Hay que asumir una cosa muy sencilla: o subes los ingresos o tendrás que desmantelar programas del estado del bienestar. Así de dura es la vida.

Si no quieres subir los impuestos, vas a tener que desmantelar programas. Y los que vas a acabar desmantelando evidentemente ya sabemos cuáles van a ser: todo lo que beneficia a los jóvenes. 

Si quieres bajar impuestos, tendrás que recortar programas de gasto, así de sencillo

¿Qué impuestos considera que se podrían subir?

En el libro hago una comparativa de qué impuestos se tienen que subir para poder recaudar como recaudan en otros países. Y esto no va de subir los impuestos a los ricos, ni subir el impuesto de patrimonio. Se pueden subir, pero ¿eso cuánto es? ¿500 millones el impuesto de patrimonio?

Las grandes carencias que tenemos están en la imposición indirecta, que es el IVA. Y, claro, eso no se toca. También la fiscalidad medioambiental, los impuestos especiales al tabaco, entre otros, y los llamados precios públicos, que a nadie le gusta tocar. Porque lanzo una pregunta: ¿por qué la universidad es gratuita? ¿Quién va a la universidad? ¿Los ricos, los pobres? 

Hay gente de escasos recursos que no podría ir a la universidad si fuera de pago. 

Hay becas para eso. 

Pongo también otro ejemplo: las autopistas. ¿Por qué son gratuitas? Si vas de viaje por Europa, vas a estar pagando por todo el continente, y cuando llegas a España es gratis.

Entonces, ¿quieres recaudar más? Pues se puede hacer, pero el debate que tenemos ahora es tan absurdo como que unos te dicen que quitando los chóferes y algunos gastos menores se acaba con el problema del déficit y otros, que subiendo los impuestos a los ricos. Y no, señores, ni una cosa ni la otra. 

¿Y tenemos margen para bajar impuestos con la brecha que ya tenemos? Es una de las principales propuestas económicas del principal partido de la oposición (PP) y su socio más probable (Vox).

Si quieres bajar impuestos, tendrás que recortar programas de gasto. Así de sencillo. También digo que hay dos modelos de estados de bienestar. Uno es un modelo más anglosajón, como en Reino Unido y Estados Unidos, que son estados de bienestar donde muchas cosas son privadas, como gran parte de la sanidad. Son programas del bienestar menos generosos y pagan menos impuestos. 

Y luego hay otros sistemas del bienestar donde todo es público, se recauda mucho más y se gasta mucho más. ¿Dónde se vive mejor? Pues depende, hay gente que vive mejor en Estados Unidos y gente que vive mejor en Dinamarca. Es una cuestión más ideológica. 

Los datos de desigualdad son poco ideológicos. ¿Cómo se vive en Estados Unidos cuando te va mal?

Sí, pero eso es cuando te va mal. Yo prefiero vivir en un país nórdico, lo tengo claro, pero puedo entender que haya gente que prefiere vivir en otro tipo de país. Tengo muchos amigos que en Estados Unidos viven fenomenal y prefieren vivir ahí. 

Económicamente, no te puedo decir qué es mejor. Evidentemente, si eres pobre, es mejor que estés en Europa que en Estados Unidos, pero si eres un buen profesional puede no ser así.

¿Habría que explicar mejor lo que se puede y no se puede hacer si se bajan los impuestos?

Hay que ser claros. Si se quiere vivir como en Dinamarca, como economista, puedo decir cuál es la estructura impositiva más eficiente para recaudar lo que buscas. Ahí ya te vas a encontrar con que tienes que subir el IVA, los precios públicos, y ya no te va a gustar. 

Este es un poco el debate fiscal. Todo el mundo quiere vivir como en Dinamarca, pagando los impuestos de Estados Unidos. Electoralmente, los políticos lo dicen, pero los economistas sabemos que no es posible.

Sigo sin entender cómo un joven a los 16 años puede trabajar, tomar muchas decisiones y no puede votar

Respecto a la deuda, insiste en que son facturas a pagar que hipotecan el futuro de los jóvenes. Pero es un instrumento de los Estados para financiarse y también puede fomentar políticas que beneficien a los jóvenes, ¿no?

No me importa emitir deuda para la pandemia. Si no llega a ser por la deuda pública, no estaríamos donde estamos ahora. Esa deuda generada ha permitido mantener el tejido empresarial de este país y de toda Europa, está más que justificada. Respecto a eso no tengo nada que decir, porque para eso sirve la deuda, para una situación extrema como esa.

Pero en cambio, que no se esté pagando lo que toca recurrentemente, que es el déficit estructural de cuatro puntos del PIB, es otra cosa. En 2013, se bajaron los impuestos y empezó a subir el déficit estructural. Ahora aumentan los ingresos y sigue aumentando el gasto y el déficit estructural. Eso sí que es pasar las facturas a las siguientes generaciones.

Al final el debate es cuál es tu nivel de deuda admisible. El que te acaben comprando los mercados. Y ahora estamos dopados, porque están comprando todos los bancos centrales, pero todos sabemos que no va a durar eternamente.

Para terminar, ¿qué medidas cree que se podrían implementar para reforzar el papel de los jóvenes y que los políticos les tuvieran más en cuenta? 

En realidad el objetivo del libro es, por un lado, que los jóvenes entiendan que muchas de las cosas que les pasan no son culpa de ellos y, por otro, que la gente de mi generación y un poco más mayores empatice con los jóvenes y cuando voten, voten como si fuera una familia, pensando en su bienestar. Esa es realmente la solución, la única, porque los números cada vez van a ser más desequilibrados. 

Pero hay también medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, sigo sin entender cómo un joven a los 16 años puede trabajar, tomar muchas decisiones y no puede votar. En cambio, sí puede un mayor de 100 años. No me parece razonable. La edad de voto se ha bajado tradicionalmente, se redujo de los 21 y seguramente va a acabar descendiendo, porque no tiene lógica. Si pueden trabajar, pueden votar. Punto.

Entre otras propuestas, se podría introducir representantes de jóvenes en todo aquello que les va a afectar a ellos, como en el Pacto de Toledo de las pensiones y en todo lo que tenga que ver con la lucha contra el cambio climático, por ejemplo. 

Además, me centro en tres reglas fiscales que creo que ayudarían mucho.

¿Cuáles son?

La primera ya está en la Constitución, que no puede haber déficit estructural. La segunda es una regla fiscal intergeneracional: la tarta del gasto está ya muy desequilibrada hacia los mayores, por lo que si a partir de ahora se quiere dar un pedacito más al mayor, habría que darle un pedacito equivalente también al joven.  

Y luego están los fondos europeos. El problema del envejecimiento y el gasto no es solo de España, está pasando en todo el mundo desarrollado. Entonces, se han creado los fondos Next Generation para las futuras generaciones y vienen a contrarrestar esto con dinero europeo que ya no decide cada país. Porque si fuera así, se lo darían a los mayores. Ojalá puedan perdurar en el tiempo, porque es un programa que podría beneficiar a los jóvenes, Europa acertaría mucho en dejarlo.

Por eso a mí me ha molestado mucho que esta reforma de pensiones, que va claramente contra los jóvenes, haya sido aceptada como parte de la contraprestación de estos fondos europeos. Porque Bruselas puede decirte como país 'allá tú con lo que hagas, con tu forma de cerrar el déficit', que es lo que le importa. Pero lo que me ha molestado es que te den dinero para hacer eso, dinero de unos fondos que se llaman Next Generation. 

La patronal asturiana de la construcción lo tiene claro, necesita más inversión. Y para ello hoy han puesto una fórmula sobre la mesa: recortar el gasto público en sanidad y educación y trasvasarlo a las partidas de inversión en obra pública.

Así de contundente ha sido el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), Joel García, en la clausura de la Asamblea General que se ha celebrado en Avilés, a la que ha acudido el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo .

“La sanidad es un gran servicio y está muy bien, pero la realidad es que cuesta mucho”, ha asegurado y además ha hecho cuentas, “si se es capaz de rebajar un 5% el gasto, se recupera un montón de dinero”, ha sugerido. En educación la cuestión es clara, para Joel García “sin rebajar servicios, entiendo que, con menos niños, no puede costar más”.

La reclamación al gobierno autonómico llega en este momento porque creen los empresarios de la construcción asturiana que, tras las elecciones autonómicas, hay que retomar las viejas reivindicaciones del sector como la mejoría de los pliegos de contratación y el necesario aumento de la inversión pública. Reivindicaciones que, según ellos, se solucionan “dentro de las grandes partidas como son la educación y la sanidad”.

En la actualidad, según ha denunciado, el sector pasa por un mal momento por los sobrecostes de los materiales. García ha señalado que hay obras en las que se está “pasando canutas” y otras en las que se ha logrado ajustar los precios, pero, en general, se hacen “malabares” en muchos proyectos.

Advertencias para el próximo ejecutivo

En la intervención de García no hubo sólo peticiones, también advertencias. Ante las negociaciones que se han abierto entre el PSOE y Convocatoria por Asturias (IU-Más País-IAS) para estudiar fórmulas de gobernabilidad en la nueva legislatura que se abre, ha advertido que no debe modificarse la Ley de Calidad Ambiental recientemente aprobada, tal y como propone Izquierda Unida.

Para el presidente de CAC-Asprocom sería una gran equivocación. “No estamos hablando de permitir abrir una nuclear en los Oscos, estamos hablando de permitir abrir una cafetería en los Oscos”, ha ironizado.

Joel García ha asegurado que “para que Asturias avance, esa ley tiene que continuar tal y como está porque se ha hecho un buen trabajo”. Para los empresarios es preciso evitar que se tarden ocho meses en la licitación de una licencia.

La burocracia es sin duda uno de los principales puntos de preocupación de los constructores. García ha advertido de que los ciudadanos tardan en percibir las inversiones porque “se tarda en poner el dinero en la calle”. Incluso ha llegado a decir que los fondos que llegan de la Unión Europea no se van a gastar en los plazos obligados. “Me juego yo la cabeza, porque hace dos años que se acabó la pandemia y están llegando ahora”, dijo.

Reparto presupuestario en el Principado de Asturias

Las grandes cifras del presupuesto autonómico en Asturias para este ejercicio de 2023 es de casi 6.000 millones de euros, 5.968.218.483 euros, concretamente. Es el más elevado de la historia de la región. Fue aprobado en el parlamento asturiano con el apoyo de PSOE, Izquierda Unida, Podemos y el Grupo Mixto (un exdiputado de Ciudadanos que por discrepancias con su grupo fue expulsado e integró este nuevo grupo).

La partida destinada a la llamada “inversión social”, en la que se integra el presupuesto de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, alcanza los 3.817 millones, que supone el 64% del global de las cuentas públicas. La inversión productiva, que es la que reclaman los constructores que se aumente, llega a 921 millones de euros, la más elevada desde el año 2010, debido en parte a la incorporación de más de 355 millones procedentes de los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Es cierto que el incremento en Sanidad es muy destacado, creció 159 millones de euros, aumentando la inversión en salud por habitante y año hasta los 2.000, una de las cifras más elevadas del país. Pero no menos cierto es que en esta partida sanitaria se incluyen inversiones importantes en la construcción de varios centros de salud nuevos como el de Nuevo Roces, en Gijón, el de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, y el de La Pola, en Lena.

Además hay que destacar los 38 millones de euros que se destinan a la primera fase de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes, ya iniciadas. Una de esas licitaciones que el Principado revisó al alza tras quedar desierta en primera convocatoria. Pasó de los casi 45 millones a los 85,8, duplicando la asignación.

El presupuesto de educación llega hasta los 1.022 millones de euros y también aquí hay que hablar de dinero dedicado a la construcción. Están las partidas destinadas a los institutos de nueva creación, altamente demandados por los vecinos, de los barrios ovetenses de La Florida y La Corredoria y el instituto Rey Pelayo, de Cangas de Onís.

En un momento de campaña electoral continua, hablar de grandes consensos políticos puede parecer casi ciencia ficción. De su necesidad trata el libro El arte de pactar (Catarata), que firma Marga León, profesora de Ciencia Política en la Universitat Autònoma Barcelona (UAB) y experta en políticas públicas y los Estados de bienestar. La docente subraya la importancia de sacar de la creciente polarización política temas clave para el país, como los impuestos y la igualdad. Una polarización que es “muy atractiva” para los medios, que compran muchos ciudadanos y que ejercen los partidos. “No solo los de la extrema derecha”, advierte León.

En un momento con cada vez más auge de la polarización política decide mirar hacia los consensos, hacia el “arte de pactar”. ¿Por qué se embarca en este libro?

Aborda cosas en las que llevo trabajando desde hace mucho tiempo. Es un libro para los tiempos tranquilos de la política. En este ciclo permanente preelectoral, luego electoral, luego postelectoral, al que parece que estamos un poco condenados en España, la lógica es otra. En la competición electoral, por definición, se evita que se den las condiciones para el entendimiento entre los partidos, incluso entre los que son próximos.

En cambio, los consensos que abordo en el libro son más de largo plazo, para la parte que trata sobre la acción de la política, que son las políticas públicas. No sobre la lucha del poder.

Manifiesta la necesidad de generar consensos políticos ante retos importantes como el del futuro del Estado del bienestar. Sin embargo, señala también que tenemos un nuevo actor político, Vox, que avanza en contra de los grandes consensos. Incluso en temas en los que se habían alcanzado ciertos marcos, como la igualdad de género. 

La extrema derecha es una de las principales amenazas de las democracias contemporáneas. No solamente es un problema de España, va mucho más allá. Pero creo que nos equivocamos si pensamos que solo es la extrema derecha la que hace peligrar los grandes consensos. 

Por ejemplo, en esta última legislatura, la competencia dentro de la izquierda también ha hecho saltar por los aires consensos sobre la igualdad de género. Cuando la polarización política es muy elevada, tensiona mucho. E incluso en ámbitos en los que se ha podido construir un consenso transversal con mucho esfuerzo, la lógica de la polarización lo quiebra. Creo que en la izquierda también ha habido actores políticos a los que no les ha interesado el consenso. 

Sitúa el foco en el Estado del bienestar y en cómo ha dejado de ser un ascensor social como pasaba décadas atrás. ¿Cuáles son los principales retos para que se facilite más esta movilidad en la sociedad actual?

El Estado de bienestar no funciona como ascensor social como tiempo atrás, aunque nunca ha funcionado tanto como pensábamos, pero ahora tiene menos capacidad redistributiva. Esto de nuevo es común, no es una cosa específica de nuestro país. 

Está ocurriendo con unas instituciones que se crean en un contexto determinado, de gran expansión después de la Segunda Guerra Mundial, y todo cambia: el mercado de trabajo, las sociedades, los escenarios políticos... Esa arquitectura del Estado de bienestar ahora tiene muchos problemas para responder. Sobre todo, por dos motivos. 

¿Cuáles?

Por una parte, por la creciente desigualdad, que dificulta mucho la capacidad de que sean efectivas políticas cohesionadoras. Y otro de los problemas es que las sociedades son más diversas y más complejas. O sea, que no hay una política que resuelva todos los problemas, sino que hay que atinar mucho más. 

En el caso específico de España, tenemos un Estado de bienestar que gira mucho en torno al sistema de protección social de prestaciones clásicas, pensiones y desempleo. En cambio, para el perfil de mayor riesgo de exclusión y pobreza, que ahora son familias con niños pequeños, no tenemos los instrumentos necesarios. Porque donde más falla nuestro Estado de bienestar es precisamente en prestaciones económicas a las familias. 

En principio podría pensarse que la inversión en infancia podría ser una política que genere consenso. ¿Por qué no vemos un gran pacto en este tema?

Avanzamos muy poco en el tema de prestaciones. Sobre el problema de pobreza infantil, la falta de ingresos se resuelve con ingresos. El ingreso mínimo vital ha resuelto parcialmente la pobreza relativa, ha sido un ejemplo de consenso que era muy difícil imaginar y logró un acuerdo casi unánime en 2020, todos los partidos votaron a favor con la única excepción de Vox, que se abstuvo. Es muy difícil pensar que se hubiera dado un paso así sin contexto de pandemia.

Pero el ingreso mínimo vital debería convertirse en una política estructural, no de emergencia ante la COVID-19. Y si es una política estructural, necesitamos mejorar mucho la prestación porque todavía hay muchos problemas, mucha gente a la que no le llega.

Esto ocurre en España, pero no tanto en otros países europeos, donde invierten más en infancia y tienen menos pobreza.

No sucede tanto, no. Aquí no llegamos a toda la pobreza severa y hay agujeros negros por muchas partes. Necesitamos reforzar mucho este ámbito y esto quiere decir más presupuesto. Más dinero. ¿Hay margen presupuestario? Esto ya es más complicado.

Sobre esto, los especialistas en fiscalidad destacan que España mantiene una gran distancia con la media europea en presión fiscal, de más de seis puntos del PIB, lo que supone una merma importante de recursos públicos. ¿Podemos implementar estas mejoras en prestaciones familiares sin una reforma fiscal?

No soy especialista en política fiscal. Pero el debate sobre si necesitamos más dinero para hacer según qué cosas me parece que es mucho más complicado que el de valorar, con el dinero que tenemos: ¿cuáles son las mejores políticas que podemos hacer? 

Creo que tenemos un nivel de gasto social que nos permite esta pregunta. Hay mucho margen para mejorar muchas cosas, redistribuyendo el presupuesto que tenemos destinado a gasto social.

Hay un problema cultural, tenemos que entender que los servicios públicos se pagan. Todavía decimos ‘esto es gratis’ y no hay nada gratis, todo se paga

Pero, ¿eso supondría modificar las prestaciones que hoy tenemos o reducir otras partidas de gasto social?

Habría que hacer un planteamiento. El tema de las pensiones es súper delicado, no quiero plantearlo como un conflicto generacional, pero esta última reforma no contiene el gasto y hemos tenido políticos diciendo que las pensiones ayudan a las familias. Sí, pero no deberían.

Las pensiones son para los pensionistas, no deberían estar cumpliendo otra función y, si cumplen con ella, a lo mejor es que tenemos que replantearnos el sistema. Porque creo que hay un problema de distribución del diseño del gasto social, no solamente de falta de ingresos para hacer políticas.

Un aumento de los recursos públicos a través de la fiscalidad, que facilitaría ampliar el Estado de bienestar, es complejo cuando la derecha está instalada en el mensaje de bajadas generalizadas de impuestos y lo que denomina en el libro “demagogia” fiscal.

Creo que hay un problema cultural. Tenemos que entender que los servicios públicos se pagan. Todavía decimos ‘esto es gratis’. No, no hay nada gratis, todo se paga. Entonces, movimientos para que realmente podamos entender cuál es el coste de cualquier servicio público y qué es lo que obtenemos a cambio, a lo mejor ayuda.

Y es una muy mala noticia que el tema de los impuestos entre en la batalla electoral. Cuanto más trabajo haya de fondo y más al margen esté este tema, mejor.

No solo en elecciones, sino en general ante la creciente polarización, usted apuesta por sacar ciertos temas de la contienda política para facilitar los acuerdos políticos.

Lo digo en el libro: cuando los temas son de verdad importantes, ya no se pueden discutir en el Parlamento, sino en las comisiones parlamentarias. Porque el Parlamento ha adquirido una función fundamentalmente performativa, los partidos están haciendo un teatro, en el que se tiene que explicitar la confrontación.

Si hay algo realmente importante, lo mejor es discutirlo sin los focos delante, sin las cámaras. Hay que entender que hay que preservar los temas realmente importantes de la polarización. Un ejemplo muy claro son las políticas de igualdad. Hace unos días Feijóo dijo que el Ministerio de Igualdad era prescindible. ¿Nos sorprende? A mí no. ¿Es de todos el Ministerio de Igualdad o es de un partido? El Ministerio está muy asociado a Unidas Podemos.

Esto es un desastre, porque claro que necesitamos un Ministerio de Igualdad que consiga poner en marcha políticas en las que haya suficiente consenso. Otra cosa es que luego llegue un gobierno que crea más o menos en este tema y dé más o menos dinero, pero el PP antes estaba en el Pacto contra la violencia machista. Cuando se rompe es ahora y ciertamente Vox no ayuda nada, pero no solamente es Vox. 

Además de a los partidos, también señala a los medios de comunicación por centrarse en exceso en la confrontación.

Nos pasa una cosa con la polarización: que es muy atractiva mediáticamente. Los discursos se simplifican una barbaridad, todo es blanco o negro. Los medios tienen una gran responsabilidad ahí porque no toda la política está polarizada. Hay una parte pequeña que la sufre, pero hay mucha otra que alcanza compromisos. Ha habido muchos en esta legislatura. En cambio, nos creemos que toda la política está polarizada y los medios tienen una responsabilidad ahí.

¿Cómo se puede salir de este bucle?

Esto es más difícil. El diagnóstico lo tenemos clarísimo, pero la prospectiva se nos da peor, es más compleja. Hay una parte que tiene que ser un compromiso de los partidos políticos: todo no puede estar volando por los aires cada dos por tres. Y esto interpela a todos.

Un espacio político más fragmentado no necesariamente es un espacio político más polarizado, pero en España no tenemos cultura de la coalición, ni del consenso. En otros países donde siempre hay gobiernos de coalición, la necesidad del pacto está clarísima para todos. Esto es un aprendizaje.

También hay que entender que la acción de la política son las políticas públicas, no es el poder. No es el poder por el poder, sino que es el poder para hacer cosas. 

¿Se podrían crear más Pactos de Toledo, como sucedió con las pensiones para sacar ciertas materias de la pugna política?

El gran éxito del Pacto de Toledo fue el decir que había un tema tan sensible y tan importante, el de las pensiones, que había que sacarlo de la contienda electoral. Bueno, pensemos ahora cuáles son esos temas. La reforma fiscal podría ser perfectamente uno de ellos, también el Sistema Nacional de Salud, el educativo...

Identifiquemos los temas que necesitan salir de ese ruido que tenemos permanentemente. Esto no quiere decir que todos los gobiernos vayan a apostar por las mismas cosas, evidentemente no.

¿Qué lecciones nos puede dejar el diálogo social, que ha logrado una gran cantidad de acuerdos en la última legislatura pese a las dificultades y el clima de fricción política?

El acuerdo social en España siempre ha sido muy importante. Cuando han conseguido pactos y cuando no, porque ha habido mucho conflicto en la calle, así que tiene un trazo histórico. 

Sobre estos últimos acuerdos, me parece que el talante de las personas es importante. Quién está discutiendo o negociando los compromisos tiene mucho que ver. Creo que tenemos una ministra de Trabajo que ha sido una gran negociadora y eso no se puede decir de todo el mundo, aunque también creo que no ha sido la única. Teresa Ribera o Nadia Calviño, cuando se estaban negociando cuestiones como el tope energético, han tenido una enorme capacidad de negociación en Bruselas. 

“Necesitamos una Europa fuerte, unida, que aporte estabilidad política, garantice la seguridad jurídica y asegure la justicia social”.

Es una propuesta de un programa electoral para las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en 2021. Si ha leído la frase al detalle, quizás haya pensado que se trata del programa electoral de un partido como el PSOE, Más Madrid, Izquierda Unida o Podemos.

No es el caso. Se trata de la propuesta de Isabel Díaz Ayuso, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y aspirante a revalidar el cargo por el Partido Popular. Se titulaba ‘Libertad’ y contenía epígrafes como los siguientes: 

Hay más referencias a los principios de la justicia social y el Estado de Bienestar. En la página 25, se define España como “un Estado Social, que establece los principios de protección social necesarios para promover una vida digna para todos los españoles” y en la página 58, Ayuso proponía “mejorar la protección social de los autónomos, haciendo posible la segunda oportunidad”.

El documento contiene más propuestas similares, por ejemplo, en la página 70, donde decía que “los Presupuestos de la Comunidad de Madrid darán prioridad al gasto social y al empleo”, o en la 71, cuando prometió que Madrid seguiría “contando con los agentes sociales para el desarrollo de políticas que mejoren la empleabilidad de los trabajadores y su promoción profesional”, así como para “lograr lo que es la mejor política social: la creación de empleo estable y una formación de calidad”. 

Tres páginas más adelante, en el punto 123 de sus propuestas, el texto dice: “Impulsaremos la Economía Social y el emprendimiento colectivo como fuente de oportunidades y de empleo”. La iniciativa llega además al ámbito del deporte, que cuenta con 17 iniciativas en el programa ‘Libertad’ de Ayuso para convertirlo en “herramienta para la inclusión y la no discriminación, para la mejora de la salud, para la conciliación laboral y familiar y para la educación en valores, propios de una sociedad del siglo XXI”. 

¿Qué es la justicia social? 

Ahora que ya conocemos la versión de Ayuso —la de 2021 y la de 2023— y antes de ver qué piensan sus rivales electorales, los libros de historia nos cuentan que es un concepto que defiende que todos los ciudadanos merecen igualdad de oportunidades así como derechos políticos, económicos y sociales.

La justicia social se entiende como la obligación del Estado para reducir la desigualdad y garantizar la igualdad y la equidad entre todos los ciudadanos. Principios que coinciden con la versión del programa electoral de la misma candidata que dos años más tarde asegura que el concepto de la justicia social es un “invento de la izquierda” y que “promueve la cultura de la envidia”. 

En una polémica que dura ya varios días y que se ha ganado las respuestas de numerosas fuerzas políticas, Ayuso insiste en que es la izquierda quien “decide” el significado real de la justicia social “para que unos vivan del trabajo de los demás”. 

El sábado pasado aseguró en una intervención en Villalba que las políticas del Gobierno de España, cuando promueven “lo que llaman justicia social”, en realidad es “un invento de la izquierda para promover el rencor, una pretendida lucha de clases en la que perpetuarse”.  

Ayuso añade que “se supone” que lo que hay que repartir son las oportunidades, y acusa a la izquierda de promover “la cultura de la envidia, del rencor y de buscar falsos culpables”. Y tres días después fue un poco más lejos. Ayuso defendió que el concepto de justicia social permite “que los abusos del poder se justifiquen”.

Las declaraciones no han quedado sin respuesta. El líder de Más País, Íñigo Errejón, le ha dado las gracias a Ayuso por su “honestidad” al atribuir la justicia social a la ideología de izquierda y le invitó a explicar si lo que ella defiende es la “injusticia social”. Aunque para la secretaria de organización de Podemos, Lilith Verstrynge, Ayuso “no entiende y no comprende” qué es la justicia social porque “no la practica”.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, aseguró por su parte este martes que las críticas de Ayuso al concepto de justicia social es “lo más inmoral” que ha “oído últimamente”. López atribuye la situación al ideario de un Partido Popular “desnortado, descarrilado, con miedo y sin liderazgo”.

Desde diferentes frentes, los retos a los que la Unión Europea se enfrenta nos muestran un cambio de realidad, que necesita de nuevos paradigmas guiados por la justicia social y la inversión en unos sistemas de bienestar social sólidos.

Con una tendencia inflacionista al alza, salarios congelados en muchos países de la Unión, precios de la energía por las nubes y una pobreza laboral latente y evidenciada, Europa se encomienda a la tarea de buscar nuevos instrumentos que ayuden a sobrevolar las fluctuaciones del mercado, adaptarse a las transiciones, y frenar los choques, también en materia social. Toca renovar o, renovar.

Entra por tanto en el tablero de discusión, cómo mejorar los mecanismos antipobreza existentes, como el del Ingreso Mínimo Vital (IMV), también llamado Renta Mínima.

España ha sido pionera en impulsar un sistema de renta mínima (IMV) muy aplaudido fuera de nuestras fronteras, por lo que este tema podría desempeñar un papel relevante durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre de este año. Si bien todos los países europeos cuentan hoy con un sistema de renta mínima, existen grandes disparidades en cuanto al diseño y la aplicación de los mismos. La UE pone por tanto ahora el foco en la necesidad de adaptar estos sistemas nacionales, no solo para impulsar una mayor adecuación, sino también para asegurar su eficacia. Y es que, si la renta mínima nació para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad o pobreza mediante un ingreso mínimo, no parece estar dando los resultados esperados: todos los sistemas actuales se sitúan por debajo del respectivo umbral nacional de pobreza y, en algunos casos, incluso por debajo del 20%. Es evidente pues, que el flotador diseñado para ayudarnos a ondear tiempos difíciles, necesita una inyección de oxígeno de manera global.

Los datos sobre la magnitud del problema de la pobreza en la Unión Europea, hablan por sí solos. Según Eurostat, ya en 2021, 95,4 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE, lo que equivale al 21,7% de la población europea. El riesgo de pobreza o exclusión social fue, ese mismo año, mayor para las mujeres que para los hombres (22,7% frente a 20,7%), y más de una quinta parte (22,5%) de la población europea con hijos a cargo, estaba en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social.

En vistas a cumplir con los objetivos fijados en la cumbre europea de Oporto de reducir el número de personas que viven en la pobreza o exclusión social en, al menos, 15 millones para 2030, resulta imprescindible mejorar los instrumentos de lucha contra la pobreza y, en concreto, los sistemas de renta mínima.

Consciente del incremento del coste de la vida, y de la necesidad de ayudar a millones de europeos a llevar una vida digna y pagar las facturas, el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de marzo en Estrasburgo, una resolución sobre rentas mínimas adecuadas, lanzando un claro mensaje: la necesidad de apostar por una directiva europea. Durante las negociaciones del texto, desde el grupo socialista defendimos la necesidad de impulsar normativa europea para contar con unos sistemas de renta mínima eficaces en Europa, que sirvan como red de seguridad y protección social.

La resolución aprobada por la Eurocámara, contiene además importantes recomendaciones relativas a la admisibilidad, accesibilidad o cobertura de las prestaciones. Entre otras muchas cuestiones, pide el aumento de los esquemas nacionales de renta mínima para alcanzar un nivel equivalente al umbral nacional de pobreza, o al valor económico de los bienes y servicios necesarios. También, la complementariedad con otro tipo de prestaciones sociales como la pensión por jubilación, desempleo o discapacidad, e incentivos para ayudar al acceso a un mercado de trabajo de calidad, importante para reducir el circulo de pobreza laboral, y velar por la obtención de trabajos decentes con unas buenas condiciones laborales. 

El texto contempla, asimismo, la posibilidad de percibir la prestación de manera individual dentro de un mismo núcleo familiar, y la eliminación de barreras para acceder a las ayudas, potenciando así un rastreo por parte de las administraciones para contactar a los potenciales beneficiarios. Con estas recomendaciones, se pretende prevenir situaciones de dependencia o violencia de género, y la eliminación del conocido problema de la non take-up, referido a personas que pudiendo pretender a la prestación, no la solicitan por falta de información, perpetuando así su condición de vulnerabilidad.

En tiempos convulsos, debemos dar ejemplo de solidaridad y apostar por una inversión en lo público. Unos sistemas de renta mínima bien diseñados pueden funcionar como instrumento estabilizador frente a choques económicos y sociales.

La Unión Europea explora la manera de avanzar hacia una reducción de la pobreza, a expensas de dar ese giro de tuerca que contribuya a eliminar las desigualdades.

España ha reforzado la inversión en su estado del bienestar en los últimos años y su gasto público se acerca a la media de la Unión Europea, del 50,6% y el 51,5%, respectivamente. Es uno de los resultados de un reciente estudio de Fedea, que analiza la evolución de distintas partidas que componen este pilar social, como las pensiones, la sanidad y la educación, entre otras, entre 2015 y 2021. Alerta no obstante de que España también se sitúa entre los Estados europeos con más deuda pública, por lo que urge a abordar “cuanto antes” una reforma fiscal que aumente “estructuralmente la recaudación, y hacerlo de la manera más eficiente posible”.

El informe difundido este miércoles por Fedea, Evolución del gasto público por funciones en España y en la UE (2015-2021), de los economistas Manuel Díaz y Carmen Marín, analiza cómo ha evolucionado el gasto público respecto al producto interior bruto (PIB) en España y en el resto de los países de la Unión Europea en este periodo. El seguimiento abarca desde el gasto en “Servicios generales y asuntos económicos” (asuntos económicos generales y comerciales, agricultura, energía y carburantes, minería, construcción, transporte, comunicaciones, etc.), el dinero público que se va en intereses, la partida de defensa y seguridad y las relacionadas con el gasto social.

Entre las materias del llamado estado del bienestar, destaca el alza de la inversión pública en pensiones, con el mayor aumento de los países de la UE en estos años, hasta situarse ligeramente por encima de la media europea en 2021: 13,2 puntos del PIB en España y 12,3 puntos del PIB de media en la UE.

También sobresale el mayor gasto público en educación, con el segundo mayor incremento entre los 27 países europeos, solo por detrás de la República Checa, que ha permitido que España se sitúe “muy cerca de la convergencia con la media de la UE (4,6% vs. 4,8%)”. Un estudio sobre gasto público difundido por el Banco de España el pasado verano destacaba la educación como una de las partidas “más favorecedoras del crecimiento a largo plazo”, en la que recomienda evitar ajustes en los procesos de “normalización” de las finanzas públicas tras la pandemia.

Si miramos los incrementos por partidas en España, destaca el empuje del gasto público en sanidad (+1,1 puntos del PIB) y en el “resto de protección social”, título que engloba la inversión pública contra la pobreza, de apoyo a la familia y la vivienda, entre otras. Esta última ha crecido en España el doble que en la UE en este periodo (+1,1 puntos y +0,5 puntos, respectivamente), pero aun así se mantiene todavía bastante por debajo de los niveles medios europeos, destacan los investigadores.

En este ámbito (pobreza, familia, vivienda) es donde la brecha España-UE se mantiene todavía más abierta, con una inversión del 4,7% del PIB en 2021 mientras que la media europea alcanza el 6,5%. Aunque inferior, también en sanidad hay todavía casi un punto de distancia con el promedio europeo. Por último, España sobresale en Europa en todo el periodo por su elevada inversión en protección por desempleo, debido a sus niveles de paro, con la tasa más alta de la UE.

En conjunto, el gasto público relacionado con el estado de bienestar –pensiones, sanidad, educación, desempleo y resto de protección social– “supone el 65% del total (siendo el dedicado a pensiones el 25%)”, resume el estudio. “Este porcentaje es común tanto para España como para la media de la UE y se mantiene prácticamente sin cambios entre 2015 y 2021”, añaden los economistas.

Refuerzo social postpandemia

El estudio analiza dos periodos: una etapa prepandemia, hasta 2019, con una reducción bastante generalizada del gasto, y una impactada por la COVID, entre 2019 y 2021, en la que la comunidad europea –y España en particular– ha apostado por un refuerzo de la inversión pública para hacer frente a la salida de la crisis por la emergencia sanitaria, por ejemplo con los ERTE, el paro de los autónomos y los primeros pasos del ingreso mínimo vital, entre otras medidas.

“España siempre ha tenido un gasto público inferior a la media de la UE-27, pero esa diferencia se ha ido reduciendo, sobre todo, en los últimos años”, destacan los autores. En 2015, la distancia entre el gasto público en España y la media europea alcanzaba cuatro puntos de PIB (44% frente a 48,1%), mientras que en 2021 la brecha se reducía a algo menos de un punto, con los mencionados 50,6% y el 51,5% del PIB.

La reducción de la brecha de gasto público se debe, en una parte, a un “peor comportamiento del PIB” en España en 2021, con una recuperación económica de la pandemia más lenta por el mayor peso del turismo, pero también por un mayor aumento del gasto. “Así tenemos que entre 2021 y 2019, el gasto público de España creció en 8,3 puntos de PIB”, pero esta cantidad se desglosa “entre 6,9 puntos de aumento del gasto considerando el PIB constante y 1,4 puntos del efecto de PIB”. En el caso de la UE, el aumento del gasto público es de 4,9 puntos del PIB, “que se divide en 6,5 puntos de PIB de aumento del gasto y -1,6 puntos de efecto PIB”, indica el estudio.

Esta lógica de mayor inversión pública impregna el Plan europeo de Recuperación y Resiliencia por la pandemia, posterior a este análisis y que está suponiendo un refuerzo de financiación pública que se mantendrá en los próximos años, así como también se ha mantenido como respuesta a la crisis inflacionista y el impacto de la guerra en Ucrania.

Ojo a la deuda pública

Los economistas llaman la atención sobre otra cara de la moneda: la deuda pública. “España se sitúa detrás de este grupo de tres [Grecia, Italia y Portugal] siendo el cuarto país con mayor deuda de la UE”, advierte el informe, y también de los que más la han incrementado en el periodo analizado. “El deterioro de nuestro saldo fiscal junto con la caída del PIB sufrida durante la pandemia explica que seamos uno de los países con un aumento de la deuda más pronunciado en el periodo 2015-2021”, recoge el estudio.

Los investigadores subrayan que “en un contexto económico complicado como el actual, con fuertes subidas de precios y de tipos de interés, que están afectando tanto al aumento de las pensiones como también de los salarios públicos y del resto de costes para proveer los servicios públicos, debería incentivarse más que nunca una buena gestión y control del gasto público para mejorar en eficiencia”.

Pero hace falta algo más que medidas sobre el gasto, consideran los economistas, que abogan por que España “debe abordar cuanto antes una reforma fiscal que aumente estructuralmente la recaudación, y hacerlo de la manera más eficiente posible”. Para ello, sitúan como “un buen punto de partida” las recomendaciones del comité de personas expertas que encargó el Gobierno de coalición para la prometida reforma fiscal, de las más relevantes que quedan en el tintero de la legislatura.

El mencionado informe del Banco de España también señala la necesidad de actuar en este sentido. “Cualquier aumento en los niveles de gasto público en España solo sería compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas si se acompaña de medidas por el lado de los ingresos públicos”. El cierre de la reforma de pensiones recién aprobado apuesta por esta lógica de incremento de los ingresos, a través de las cotizaciones sociales, frente a las pasadas legislaciones centradas en la reducción del gasto.

“Voy a pedir todas las ayudas que sean para familias numerosas”. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, cobra más de 100.000 euros anuales y reconoce un patrimonio de 1,4 millones de euros. Pese a eso, no solo percibe el bono social térmico para calefacción y agua caliente, concebido para familias vulnerables, sino que también reclamará otras subvenciones a las que pueda acceder. “Si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a ser familia numerosa que hace muy bien para España”, argumenta.

Su caso no es el único. Mónica García, líder de Más Madrid, también cobra el mismo bono, aunque asegura que va a estudiar “cómo devolverlo” porque asume que no lo necesita. Incluso el número dos del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tenido que admitir que “por error” percibe la ayuda para vulnerables severos, aunque gana más de 80.000 euros.

Estos tres políticos han puesto de relieve que las ayudas para familias numerosas no tienen en cuenta su riqueza. Una constatación que ha llevado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a anunciar que se va a cambiar la regulación para introducir criterios de renta, aún por definir. 

La evidencia de que un bono concebido para que los hogares con menos recursos puedan pagar la calefacción acaba llegando a alguien que no lo necesita no es un caso único. Lo mismo ha ocurrido con algunas de las medidas impulsadas para aliviar la inflación de los últimos meses, que también están revirtiendo más en las rentas altas y no tanto en las familias en situación de vulnerabilidad. Así lo señaló, por ejemplo, el Banco de España que ha cuantificado que la bajada del IVA y la bonificación de los carburantes ahorró 2.100 millones a las familias más pobres y 3.700 millones a las ricas. También, que el Estado o bien dejó de ingresar o gastó 1.600 millones más en el tercio de familias más ricas que en las más pobres a través de medidas con las que se ha buscado paliar la presión de los precios.

Una decena de ayudas públicas estatales para familias numerosas

Si se pone el foco en las familias numerosas, estas reciben una docena de ayudas estatales, a las que se suman las diseñadas por las administraciones locales y autonómicas. En cuanto a las primeras, al igual que sucede con el bono social energético, no están directamente ligadas a la percepción de una renta determinada o per cápita, sino que en su mayoría están vinculadas al número de descendientes. Entre ellas, el descuento en la entrada a museos y centros culturales del Estado, la bonificación del 50% o del 100% en tasas educativas –esta última, si se trata de familias con más de cinco hijos–, así como descuentos en el transporte o la exención de tasas en la expedición del DNI o del pasaporte.

Además, a la hora de hacer la declaración de la renta, las familias con más de tres hijos o hijas pueden aplicarse una deducción específica o recibir su abono por anticipado cada mes. Es decir, 1.200 euros anuales a deducir en el IRPF o 100 euros al mes, si son tres hijos; 1.800 euros anuales o 150 al mes, si son cuatro; 2.400 euros anuales o 200 al mes, sin son cinco; o 3.000 euros anuales o 250 euros al mes para las familias con más de seis hijos o hijas. 

A esas prestaciones se añaden las regionales y locales, que pueden ir desde ayudas para guardería o escuelas infantiles, hasta bonificaciones en impuestos como el IBI, en el tramo autonómico del IRPF o un menor impuesto sobre transmisiones patrimoniales, como sucede, por ejemplo, en Galicia o Valencia, hasta subsidios al transporte o al pago de la factura del agua. 

Las familias numerosas piden que, si hay límites, sean per cápita

Poner un tope de renta cambiaría el planteamiento de incentivos, como los bonos sociales eléctrico y térmico, ideados para disminuir la vulnerabilidad y evitar la pobreza energética. “Estamos desconcertados, toda esta polémica ha salpicado a las familias numerosas y somos los paganos”, se defienden desde la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN). Consideran que se les ha puesto en el foco, entienden, generalizando. “Defendemos [que las ayudas] no sean por nivel de renta, sino que se dé protección social por el hecho de ser familias vulnerables, porque tenemos mayores gastos y más personas dependientes”.

Esta asociación argumenta que la mayor parte de las familias numerosas no son de rentas altas. “Son hogares con ingresos ajustados, por ejemplo, siete de cada diez tienen problemas para llegar a fin de mes y casi un tercio vive con rentas inferiores a 2.000 euros al mes”, según datos de la propia FEFN en base a 1.800 encuestas.

En cuanto al bono social en sí, apuntan que, del total de beneficiarios, las familias numerosas representan el 27% de los 1,2 millones de hogares en España acogidos a esta bonificación. También, que de las más de 757.000 familias numerosas con título en vigor, cerca de 348.000 disponen del bono social, según lo publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De ese último dato más de 244.000 son consumidores vulnerables y 103.722 familias numerosas vulnerables severas. Una de ellas, la del número dos del PP de Madrid, Alfonso Serrano. En su caso, lo ha atribuido a un “error administrativo”, porque su renta supera los 80.000 euros, cuando para ser vulnerable severo no debe exceder los 16.800.

Tras la polémica de esta semana, asumen que el Gobierno cambiará el criterio de este tipo de subsidios energéticos para introducir la variable renta. “Que sea un límite razonable”, piden. ¿Cuál? No lo cifran. En cambio, sí reclaman que se tenga en cuenta no solo los ingresos totales, sino también per cápita, en función del número de personas que integren cada hogar, se sea o no familia numerosa. 

El efecto de no tener en cuenta el nivel de renta

Las ayudas a estas familias de rentas altas han puesto en evidencia que hay resquicios en el estado de bienestar que, al final, derivan en que los impuestos que pagan las clases bajas y medias acaben repercutiendo de forma positiva en las altas. Y, como debate de fondo, la progresividad del sistema fiscal.

“Las ayudas sin mirar los niveles de renta generan un efecto perverso”, asegura Juan Laborda, profesor de economía financiera y derivados financieros de la Universidad Carlos III de Madrid. “Las ayudas sociales deben centrarse en las personas más desfavorecidas, en sus necesidades; y en su distribución tiene que haber prioridades. Es lo que ha pasado con este bono social [energético], que está mal diseñado”, explica. 

Esa necesidad de priorizar bien adónde van las ayudas la han constatado diferentes instituciones, desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a la OCDE, además del citado informe del Banco de España. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos constató en un informe publicado en diciembre, aunque con datos previos a la pandemia, la brecha en la protección social en España. En concreto, antes del COVID, el 12% de las transferencias de rentas del conjunto del Estado iba a parar al 20% de las rentas más bajas. En cambio, el 20% de las rentas más altas llegaban a capturar el 30% de esas transferencias de fondos, como se ve en el siguiente gráfico.

La AIReF, en cambio, pone el foco en el plan de choque desarrollado en los últimos meses para contener la espiral inflacionista. “Las medidas que actúan sobre los precios de la energía no presentan especial focalización en los individuos de menor renta”, indica el organismo fiscalizador. Por ejemplo, cita que “la reducción del IVA o de los impuestos a la electricidad tiene un impacto homogéneo por niveles de renta, en tanto que la rebaja del IVA sobre el gas o la bonificación al consumo de combustible [ya eliminada] se concentran más entre las rentas altas”. También, que “los resultados que se obtienen para las bonificaciones al transporte metropolitano, cercanías o media distancia tampoco muestran focalización, al concentrarse estas infraestructuras en ciudades que en general presentan mayor nivel de renta”.

“En cambio, las medidas destinadas a compensar la pérdida de renta real provocada por la inflación como el incremento del 15% del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas, la ayuda de 200 euros a hogares vulnerables o el bono social térmico son, por definición, de naturaleza focalizada”, argumenta como actuaciones más efectivas. “Otras medidas como el complemento a las becas o la ampliación de la reducción de los rendimientos del trabajo afectan principalmente a hogares de rentas medias”, añade.

Cabe recordar que los hogares con rentas más bajas son los que más han sufrido la inflación, como se ve en el siguiente gráfico.

El problema de diseñar mal las medidas

Las ayudas o los subsidios “tienen que tener como objetivo generar un cambio”, apunta Juan Luis Jiménez González, profesor titular del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. “El Estado tiene que intervenir cuando el mercado no soluciona o para ayudar a aquellos individuos que no llegan a un mínimo que el Estado pretende”.

El problema surge, ahonda, en el diseño de las medidas, como se ha visto con el bono social eléctrico. Es decir, en la “utilización del dinero público para situaciones donde no incentivas cambios en los individuo ni ayudas a quien lo necesita”. Lo mismo puede ocurrir con ayudas públicas destinadas, por ejemplo, a poner paneles fotovoltaicos, donde se puede acabar subvencionando a rentas altas, aunque sea por una finalidad con un propósito positivo, como la transición ecológica. 

Así ocurre también con la bonificación al transporte que reciben los residentes en territorios extrapeninsulares. “La AIReF expuso que el 1% de los residentes más ricos se lleva el 20% de las ayudas, 700 millones al año. ¿Por qué hay que pagar 18.000 euros de media al 1% más rico?”, se pregunta Jímenez.

“En España se utilizan en mayor medida que en otros países las desgravaciones y menos, las prestaciones sociales directas”, recalca Antonio González, vicepresidente de Economistas frente a la crisis. “Las menores rentas no tributan”, señala. “Mal puedes redistribuir si das ayudas a través de impuestos que no llegan a la gente que no paga” en el IRPF. 

También Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá, pone el foco en el IRPF, del que están eximidos las rentas inferiores a 22.000 euros anuales. “Hay familias que tienen deducciones que no pueden aplicarse quienes no declaran”, en referencia a esas rentas más bajas. Hogares vulnerables “de los que no se tiene información y, por lo tanto, no se puede diseñar políticas” para ellos, añade Cantó. “Para articular bien, no hay que cometer errores como llamar vulnerable a algo que no lo es. Hay que integrar el sistema, de impuestos y de prestaciones, combinando la universalidad y la focalización”.

Además, indica Antonio González, está “el problema estructural” de que el “el sistema fiscal en España sea muy poco redistributivo, mucho menos que otros países europeos”, por la “debilidad de las prestaciones sociales dirigidas a rebajar la pobreza”. Como se ve en el siguiente gráfico, España está por debajo de la UE en prestaciones destinadas a combatir la exclusión social.

Los datos de Eurostat también apuntan que España es uno de los países europeos que menos reduce la pobreza con las transferencias sociales, con los últimos datos publicados, que son de 2018.

“En España no se modulan las prestaciones sociales suficientemente en función de la renta, si quieres que sean más redistributivas, hay que modularlas con los niveles de renta, excluyendo servicios públicos que deben ser universales como la sanidad o la educación”, matiza González. El resto de prestaciones sociales, “o son solo para pobres, que son pocas; o cuando son para muchas personas, al final se dan también a los ricos”.

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No estamos bien: España es el país que consume más ansiolíticos por habitante del mundo. Según el Ministerio de Sanidad, tres millones de españoles han tomado algún hipnosedante en los últimos 30 días. La pandemia ha incrementado los casos de ansiedad, depresión o insomnio hasta generalizar los problemas de salud mental, que se extienden tanto como un creciente malestar que nos amarga la existencia antes de llevarnos al diván. Una mezcla de desesperanza, cansancio, falta de certezas o estrés que enferma. Un síntoma de que sobrevivimos dentro de un sistema enfermo.

Nos medicamos para hacer frente a la precariedad laboral, a las estrecheces por no llegar a final de mes o la intranquilidad que nos provoca el precio del alquiler. Miles de personas acuden al psicólogo para enfrentarse a problemas que comparten con otros miles. ¿Por qué no buscamos una solución colectiva a ese malestar? ¿Y si, en vez de tomar psicofármacos, convertimos ese malestar en impulso para reclamar más derechos laborales y mejores condiciones de vida?

Nos hacemos estas preguntas con la psiquiatra Marta Carmona y el médico de familia Javier Padilla, autores del libro “Malestamos. Cuando estar mal es un problema colectivo”, publicado por la editorial Capitán Swing. 

Una conversación que tiene como banda sonora el nuevo disco de la banda madrileña Menta, ‘Un momento extraño’, título perfecto para canciones que supuran todos los males que nos ahogan. Puedes ver aquí el programa completo: