Según el informe del think tank de Vox, los inmigrantes no aportan al Estado de bienestar… pero la mayoría de españoles tampoco

Antes de dar paso a la presentación del último informe sobre inmigración de la Fundación Disenso, el think tank de extrema derecha presidido por Santiago Abascal y al que ha desviado millones de euros, el diputado de Vox José María Figaredo quiso recalcar una supuesta cualidad del documento: “Todos los datos utilizados son públicos. Es un informe muy objetivo”. Las primeras páginas del estudio, que dice desmontar la aportación de la inmigración al pago de las pensiones, reitera que todo su análisis se basa en “datos empíricos”. 

Si bien su redacción busca aparentar un estilo académico, su interior esconde una metodología cargada de errores, datos difíciles de comparar y una selección de la información poco rigurosa con el objetivo de lanzar su tesis racista: los inmigrantes son una carga para el Estado de bienestar porque la mayoría cobran poco. Porque son pobres.

Para alcanzar dicha conclusión, la Fundación utiliza una metodología sencilla, nada de fórmulas elaboradas con diversos parámetros, habituales en el tipo de estudios europeos en los que la Fundación Disenso asegura basarse. El think tank vinculado a Vox, a partir de fuentes diversas, recopila los datos del gasto público en determinadas áreas en 2022 (Sanidad, Seguridad, Transportes, etc) y lo divide entre el total de la población española. Con ello realiza varias simulaciones del aporte de un inmigrante a lo largo de toda su vida laboral, para lo que calcula las cotizaciones de una serie de casos tipo utilizando el salario medio de varios supuestos, pero todos giran sobre un único perfil: “un hombre africano” (20.060 euros) o “una mujer africana” (14.259).

Con ello, el informe concluye que “un inmigrante empieza a tener una contribución neta positiva cuando su salario es de 45.150 euros anuales”. Y, como la mayoría no cobra ese salario, Vox dice que “no compensan”.

La metodología, además de utilitarista, deja una grieta importante que evidencia la falta de rigor. Según sus cálculos, la población inmigrante no aportaría al Estado de bienestar, pero la mayoría de población española tampoco lo haría, dado que su sueldo medio para el año de 2022 rondaba los 27.000 euros, lejos de los 45.150 euros para los que empieza a “compensar”, según la Fundación Disenso. 

Frente a los resultados del think tank de Vox, los estudios de la Comisión Europea, la Airef y el Banco de España afirman lo contrario: España necesita 300.000 trabajadores migrantes al año, hasta 2050, para sostener el Estado del bienestar. Los análisis de organismos internacionales como el Banco Central Europeo, la Organización Internacional del Trabajo o el Fondo Monetario Internacional han señalado el papel clave que la inmigración tiene para el crecimiento económico. Según el Ministerio de Migraciones, la población migrante aporta actualmente el 10% de ingresos a la Seguridad Social y solo representan el 1% del gasto.

Los errores de la metodología del informe evidencian la manipulación de sus resultados. Estos son las claves que evidencia esa falta de fiabilidad, según el análisis de cuatro expertos en el estudio sociológico y económico de la inmigración, consultados por elDiario.es.

Supuestos no representativos

El informe de Disenso se basa en “simulaciones” creadas a partir de perfiles de trabajadores extranjeros para calcular si su contribución neta a lo largo de toda su vida es positiva o negativa. Pero, en vez de utilizar perfiles de distintas nacionalidades que representen la inmigración, escoge uno: “hombre africano” y “mujer africana”, pese a que la mayoría de los ciudadanos extranjeros que residen en España no son africanos, sino que solo suponen un 19% del total. El grupo más numeroso es el procedente de Latinoamérica, seguido de Europa y, en tercer lugar, África. 

Según argumenta el informe, destaca en sus simulaciones el ejemplo del “inmigrante africano” porque la principal nacionalidad de nacimiento de la población extranjera que reside en España es la marroquí. Este dato es cierto, pero solo representa el 14% de la totalidad de la inmigración, por lo que los expertos consultados señalan que no es una simulación. Para calcular el gasto de una familia africana -el único ejemplo de una familia inmigrante-, aplica una situación estereotipada: la mujer deja de trabajar tras el nacimiento del hijo. 

Los expertos consultados por elDiario.es señalan los supuestos seleccionados como el principal rasgo que evidencia la falta de rigor del informe. “Se presentan cifras exactas de contribución neta (-158.044 €, -422.946 €, -1.496.502 €), pero se basan en supuestos hipotéticos y no en datos empíricos observados. No hay respaldo estadístico que avale que estas trayectorias vitales representen fielmente la realidad”, dice una fuente vinculada al análisis de datos sobre inmigración del Ministerio de Migraciones. 

Otra experta en inmigración, asesora de organismos internacionales, sostiene que los supuestos de las simulaciones “son rígidos y poco realistas”. Considera que “niegan la movilidad social, no contemplan el mejor rendimiento de las segundas generaciones, no atienden el dinamismo del sistema de pensiones, etc.”. 

La selección de estos perfiles no responde a un análisis serio, según los expertos consultados, sino que busca reforzar el discurso racista de Vox. “Solo tiene un propósito: alertar sobre los negros y los árabes”, critica Gonzalo Fanjul, investigador sobre migraciones y desarrollo en ISGlobal y la Fundación PorCausa. 

Gasto inflado: ¿90 años?

Los expertos no solo señalan el carácter manipulador de los perfiles seleccionados y la falta de dinamismo en las simulaciones del estudio, también apuntan a otro parámetro introducido por la fundación ultra que manipula el resultado, multiplicando el supuesto gasto público de forma exponencial: la esperanza de vida introducida. 

Todas y cada una de las simulaciones en las que se basa el informe se hacen sobre el supuesto de que el inmigrante vive y cobra una pensión hasta los 90 años, que supera con creces los 83 años de esperanza de vida registrados en 2022 (el año del que se extraen los datos del informe). 

¿Y la tasa de retorno?

Más allá de ese desfase en la esperanza de vida en España, la metodología no cuenta con un factor fundamental cuando se habla de la inmigración: la tasa de retorno. Ninguna de las simulaciones introduce la posibilidad del regreso del trabajador a su país, lo que podría suponer, en función de su nacionalidad y el tiempo de cotización en España, dejar de percibir la pensión, con lo que los datos serían muy diferentes. 

Disenso defiende que, “incluso si estos inmigrantes regresan a sus países de origen al jubilarse, seguirán recibiendo una pensión de la Seguridad Social española”. Pero no es del todo cierto: no todos los trabajadores extranjeros cuentan con ese derecho, sino que depende de la existencia de un acuerdo bilateral con su país de procedencia. Este acuerdo sí existe con algunas nacionalidades representativas de la inmigración hacia España (como la venezolana, colombiana, inglesa o marroquí) pero no con la totalidad de las nacionalidades. 

 “Ponen unos ejemplos que demográficamente no existen, porque la esperanza de vida de un español no llega a 90 años. Son torticeros esos umbrales tan llamativos. Buscan que se consigan déficits más abultados”, indica Héctor Cebolla, sociólogo experto en inmigración del CSIC. 

Utilitarismo

El documento tiene un marcado carácter utilitarista de la inmigración, en el que solo “compensa” el inmigrante que cobra más de 45.000 euros, pero no tiene en cuenta las características del mercado laboral sobre las que se elabora el documento, en el que la mayoría de españoles no cobra esa cantidad media durante toda su vida laboral y en el que la población extranjera tiende a ocupar puestos para los que está sobrecualificada.

“Las personas migrantes en España tienen mayor formación que la que requieren los puestos de trabajo que ocupan. No se trata de que estén mal preparados, sino de que las ofertas del mercado de trabajo español son de poca cualificación”, recuerda una de las expertas consultadas. 

Al término de la presentación del informe, celebrada en una sala del Congreso de los Diputados, elDiario.es se acercó a Ricardo Ruiz de la Serna, jefe de estudios de Disenso. Ante la imposibilidad de hacer preguntas durante el acto, este medio le preguntó si la deportación de millones de inmigrantes planteada por Vox permitiría el mantenimiento de las pensiones. “No lo sé. Ese no es el objeto del estudio”, zanjó.