El Tribunal Supremo ha condenado al periodista Eduardo Inda y su medio OkDiario a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por publicar en 2016 el bulo de que tenía una cuenta oculta en el paraíso fiscal de Granadinas. Los jueces de la Sala de lo Civil consideran que fue el propio Inda el que modificó las informaciones de un redactor para dar por buena la existencia de esa cuenta con cientos de miles de euros pero, en realidad, “la información no fue veraz” porque “no se basaba en datos contrastados procedentes de fuentes objetivas y fiables”. Tanto Inda como su periódico deben publicar su condena en sus redes sociales.

El bulo sobre el dinero que el exlíder de Podemos atesoraba en una cuenta en Granadinas fue uno de los que se lanzaron contra Iglesias y su entorno un mes antes de las elecciones generales de 2016, cuando las encuestas acercaban al partido a los resultados del PSOE. Bajo el titular “El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”, el digital de Inda exponía un supuesto documento bancario y afirmaba que el dinero llegó desde Venezuela a la cuenta de Iglesias en Granadinas dos meses después de la fundación del partido.

El digital, un día después, reforzó su información con otra pieza que aseguraba: “Las autoridades españolas acreditan que los documentos del pago a Pablo Iglesias son auténticos”. La realidad es que esa cuenta bancaria no existía y ese documento, con un supuesto origen policial, nunca fue verificado y ni siquiera fue judicializado por la propia Policía.

El pleito ha tardado casi una década en quedar resuelto en firme por el Supremo con una condena económica de 18.000 euros para Eduardo Inda y su digital, quedando exonerado el redactor de la noticia. Su tramitación se solapó con las causas penales impulsadas por Pablo Iglesias contra el periodista y esta causa civil quedó paralizada hasta que las deliberaciones volvieron a arrancar hace pocas semanas.

El Supremo concluye que hay una prueba principal para condenar a Inda y OkDiario: la declaración de Francisco Mercado, el periodista que firmó esa información y cuyo testimonio ha sido clave para llegar a una sentencia condenatoria. Él relató a los tribunales cómo su información original se limitaba a firmar que la Policía investigaba si esa cuenta en Granadinas existía, y que fue Inda el que manipuló el texto para acabar afirmando que la cuenta era real y que la Policía confirmaba la veracidad de las pruebas.

La realidad, además de que la cuenta no existía, es que la Policía no tenía ni la más mínima prueba de la veracidad de esos documentos, tal y como reconoció el propio Eugenio Pino, ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional y ya condenado por maniobrar ilegalmente desde el cuerpo en la causa contra los Pujol, además de a la espera de juicio en el caso Kitchen e imputado en la causa por la guerra sucia policial contra Podemos.

“La información no fue veraz porque, tal como fue publicada definitivamente, no se basó en datos contrastados procedentes de fuentes objetivas y fiables”, dice el Supremo a pocos meses de cumplirse la publicación del bulo. Eduardo Inda, declara probado el tribunal, fue quien manipuló esa información y tanto él como el periódico deben responder económicamente por el bulo: una indemnización de 18.000 euros para Iglesias además de la obligación de borrar la información falsa y de difundir su condena tanto en el medio como en sus redes sociales.

“Sabíamos que era mentira”

El Supremo constata que el bulo llegó en un momento político delicado para Podemos y la candidatura que entonces encabezaba Iglesias a la Moncloa, con las encuestas dándole su mejor resultado histórico: “Se publicaron apenas unas semanas antes de las elecciones generales en las que el demandante encabezaba la candidatura de su partido político. Los hechos que se le imputaban afectaban considerablemente a su reputación y se realizaron en un medio de comunicación con importante presencia en Internet, no solo mediante la web del diario sino también por las redes sociales”.

La creación de este falso documento bancario y su difusión en OkDiario es considerada por Iglesias y Podemos como una de las primeras operaciones coordinadas de la cloaca policial para perjudicar el ascenso del partido en sus primeros años de vida. “Sabíamos que era mentira”, dijo por ejemplo Francisco Martínez, número dos de Interior con Mariano Rajoy, en una conversación con el empresario Javier Pérez Dolset. Un recorrido por la cronología del bulo detalla cómo el bulo nació en el seno de la Policía y llegó a las portadas a menos de dos meses de las elecciones generales.

elDiario.es fue el primer medio en desmentir la existencia de esta falsa cuenta en Granadinas: antes de salir en OkDiario había sido difundido, con ligeros cambios, por una periodista venezolana desde Miami. La exclusiva, por tanto, había sido copiada de YouTube. En una conversación grabada por el comisario José Manuel Villarejo, el policía llegó a confesar al periodista Antonio García Ferreras que el documento era una “bacalada”.

La creación del bulo sobre la cuenta en Granadinas es uno de los objetos de la investigación que lleva desde hace meses el juez Santiago Pedraz en torno a la guerra sucia policial contra Podemos. Una investigación en la que, tal y como ha revelado elDiario.es, el magistrado ha obtenido la prueba de que la brigada política del PP orquestó el bulo a través de una nota informativa. Lo que, semanas después, terminó publicando OkDiario a un mes de las elecciones en las que Podemos buscaba el 'sorpasso' al PSOE.

El Tribunal Supremo ha rechazado de forma definitiva la demanda que Pablo Iglesias y Podemos interpusieron contra Eduardo Inda y el digital OkDiario por afirmar que se habían financiado con dinero de Venezuela e Irán, así como que es un “partido antidemocrático”. Las afirmaciones del periodista tenían, según los jueces de lo civil, “una base fáctica suficiente” como para entender que está amparado por la libertad de expresión.

Tanto el partido como el propio político demandaron a Inda y a OkDiario por sus palabras en el Programa de Ana Rosa en abril de 2021, en plena campaña electoral de las elecciones madrileñas en las que Pablo Iglesias dejó la vicepresidencia del Gobierno para ser candidato a la Comunidad de Madrid. Esa mañana, Inda se refirió a Iglesias como “gentuza, chusma”, aseguró que Podemos había sido financiado “por dos dictaduras” en referencia a Venezuela e Irán y calificó sus actos de “felonías” y “atrocidades antidemocráticas”.

Parte de estas informaciones, que tienen que ver con la financiación del partido, se han realizado a lo largo de la última década en base a documentos falsos o apócrifos, como el informe policial PISA que fue despreciado por el Tribunal Supremo.

En un primer momento, Iglesias y Podemos obtuvieron el apoyo de la Fiscalía pero tanto un juzgado de Madrid como la Audiencia Provincial de la capital rechazaron su demanda por la vía civil. Los tribunales destacaron el “contexto” de las afirmaciones de Inda, una campaña electoral a la que Iglesias concurría como candidato a presidir la Comunidad de Madrid, destacando también que, según su criterio, Inda ejercía su “respuesta” a uno de los vídeos de campaña del partido donde él salía. En ese sentido, la Audiencia de Madrid entendió que Eduardo Inda hizo sus declaraciones “en un programa de televisión, exponiendo su opinión personal en el ejercicio de su condición de comentarista y en el uso de su libertad de expresión”.

El Supremo ahora sentencia en firme el asunto al entender que Eduardo Inda estaba amparado por la libertad de expresión y que no vulneró el honor ni de Iglesias ni del partido que entonces dirigía. Los jueces explican que para esto es suficiente con que las afirmaciones del periodista tuvieran “base fáctica suficiente”, sin que sea necesario llegar a la “exactitud”. Cobrar de esos dos países, siguen los jueces, “no se tachaba de ilegal”.

Para el Supremo, todo lo que dijo el periodista Eduardo Inda tuvo “base fáctica suficiente”. La fundación “precursora” de Podemos, dicen, recibió “fondos procedentes de Venezuela”, así como “algunas personas muy relevantes dentro de dicho partido”. Añaden que el propio Iglesias “reconoció” una “financiación por parte de Irán” al haber asegurado en una conferencia que “era necesario cabalgar esas contradicciones”. En cuanto a Irán, Iglesias se refería a un programa de televisión en el que había trabajado con anterioridad, no al proyecto político de Podemos.

Raúl García y Alfonso Lázaro son los protagonistas de uno de los procesos judiciales más polémicos de la última década. Encarcelados y acusados de enaltecer el terrorismo delante de un grupo de niños en una obra de títeres en el distrito madrileño de Tetuán, la Justicia nunca pudo probar las acusaciones que les llevaron a pasar varias noches en Soto del Real y, siete años después, ha reconocido su derecho a ser indemnizados por los periodistas que les insultaron. El Tribunal Supremo ha condenado al digital Okdiario y a su director, Eduardo Inda, a pagar 4.000 euros a cada uno por llamarles “proetarras” cuando la causa contra ellos ya se había archivado, una reparación similar a la que tuvo que pagarles Alfonso Rojo con su medio, Periodista Digital.

Los dos miembros de la compañía de títeres fueron detenidos por la Policía Municipal el 5 de febrero de 2016 mientras representaban una obra de marionetas titulada 'La bruja y Don Cristóbal' con su compañía, 'Títeres desde Abajo', en la que aparecía una pequeña pancarta con el mensaje “Gora Alka-ETA” en el marco de una denuncia contra la violencia policial y sexual. El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, no tuvo dudas y les envió directamente a prisión provisional sin fianza porque según afirmó entonces “obviamente” esa pancarta podía suponer una justificación combinada de los terrorismos etarra y yihadista.

Semejante obviedad se diluyó muy poco tiempo después. La Fiscalía rectificó y pidió su puesta en libertad, el juez accedió y los dos abandonaron la cárcel de Soto del Real tras cinco días entre rejas, sin hacer declaraciones y entre una nube de cámaras. La obviedad desapareció del todo cuando cada una de las causas contra ellos quedaron archivadas: en las que estaban acusados de enaltecer el terrorismo y en las que se planteó la existencia de un delito de odio, también inexistente.

Todo el periplo penal duró menos de un año hasta llegar al archivo definitivo. Pero, para entonces, los dos titiriteros de Tetuán eran ya uno de los principales puntos de conflicto de la política local madrileña. Se convirtieron en arma arrojadiza contra el Ayuntamiento de Madrid, pero también en objeto de disputa interna en el ejecutivo de Manuela Carmena. Fue una polémica que recuperó otra anterior, pues sólo unos meses antes el concejal de Cultura, Guillermo Zapata, había tenido que dejar el puesto por unos tuits de humor negro publicados cuando ni siquiera era cargo público.

Mientras la oposición del PP acusaba al Consistorio de permitir que unos titiriteros ensalzaran a ETA delante de los niños, la propia alcaldesa Manuela Carmena llegó a denunciar a la compañía y cuestionó la actuación de su edil de Cultura, Celia Mayer. El PP presentó una denuncia por enaltecimiento del terrorismo, Ciudadanos habló de “apología del terrorismo con menores” y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) inició su propia querella.

Antes y después del archivo de todas las causas, los dos titiriteros fueron fijos durante días en las portadas de la prensa conservadora. A veces para informar sobre el caso y a veces para cargar contra el Ayuntamiento de Madrid. Dos medios de comunicación digitales se refirieron a ellos como “proetarras”, “facinerosos” o “titirietarras”. Ahora, el Tribunal Supremo ha condenado a uno de ellos, Okdiario, y a su director a pagar 4.000 euros a cada titiritero por referirse así a ellos cuando ya no estaban acusados de terrorismo. Una sentencia similar a la que condenó hace un año a Alfonso Rojo y Periodista Digital a pagar 3.000 euros a cada uno por usar esas expresiones.

Los dos titiriteros demandaron por la vía civil al periódico de Eduardo Inda por más de una veintena de informaciones en las que se referían a ellos con esos términos, llegando incluso a relacionarlos sin pruebas con una asociación cercana a los presos de ETA. En primera instancia un juzgado desestimó la petición, pero la Audiencia Provincial de Madrid reconoció sendas indemnizaciones de 15.000 euros por vulneración del honor.

Como ya sucedió en el caso de Rojo y Periodista Digital, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rebajado las indemnizaciones que Okdiario y su director deben pagar a los dos titiriteros: 4.000 euros por cabeza. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, diferencia entre los titulares que les llamaron “proetarras” cuando todavía estaban imputados por terrorismo y los que insistieron en hacerlo cuando la causa ya había sido archivada.

En el primer caso, los jueces entienden que el periódico digital no emitió informaciones inveraces porque, en ese momento, sí estaban imputados por enaltecimiento del terrorismo. Pero en informaciones posteriores, cuando ya estaban exonerados, “no cabe apreciar la concurrencia del requisito de la diligencia profesional”, dicen los jueces. Usaron un término “sin duda en sí mismo oprobioso y acreedor de reproche social” que atentó contra el honor de los titiriteros.

El “sensacionalismo” de una noticia de Okdiario que se refería a ellos con ese término, dice el Supremo, es “determinante” para considerar que deben ser indemnizados. También reprochan los jueces que en otra noticia del digital se afirmase falsamente que durante la obra infantil de títeres se lanzaron “vivas a ETA”, lo que definen como “afirmaciones inciertas o inveraces”. También reprocha al propio Inda que no dijese la verdad en La Sexta Noche cuando afirmó que uno de ellos pertenecía a una asociación cercana a los presos de ETA.

Esta sentencia es la segunda resolución firme en la que el Tribunal Supremo reconoce una indemnización para los titiriteros de Tetuán, no por los cinco días que pasaron entre rejas sino por todas las veces en las que fueron llamados “proetarras” cuando ya nadie les acusaba de enaltecer el terrorismo. En total, 7.000 euros para cada uno entre Okdiario y Periodista Digital con sus respectivos directores pagando de forma solidaria, además de la obligación de publicar su condena en sus medios “con su misma relevancia por término de una semana”.

“Es para hacer una reflexión como sociedad”

Han pasado casi ocho años desde ese auto de la Audiencia Nacional que les envió durante cinco días a prisión provisional sin fianza, acusándolos no solo de enaltecer a ETA y a Al-Qaeda sino de tener una libreta anarquista ligada a la fallida operación Piñata y de ahorcar un muñeco de un juez en la obra. Jaime Montero, su abogado desde el primer minuto leyó en directo en la radio el auto que les ponía en libertad. “Es para hacer una reflexión como sociedad, y los periodistas”, explica ahora en declaraciones a elDiario.es.

El letrado lamenta que las indemnizaciones del Supremo no alcancen a esas informaciones que también se referían a ellos como “proetarras” cuando estaban imputados pero ni siquiera habían sido juzgados. “Lo que hace el Supremo es ventilarse la presunción de inocencia”, reflexiona, extendiendo ese efecto a los medios de comunicación “a la hora de tratar las noticias”.

Para Montero, el de los titiriteros de Tetuán fue “el primero de los casos de lawfare contra Podemos”, en un contexto en que el caso fue usado como arma contra uno de los entonces denominados “ayuntamientos del cambio”, amparados, entre otros, por el partido que entonces dirigía Pablo Iglesias. “Esos cinco días en prisión no son entendibles si no se vinculan con esa circunstancia, con ese gobierno, y es importante resaltarlo ahora que los jueces se hacen cruces con este tema”, explica.

Para el abogado, tanto la orden de prisión como toda la investigación del caso fue “un auténtico esperpento sin base jurídica real”. Todo por una obra que, recuerda, “criticaba precisamente el empleo espurio de los tribunales contra los movimientos anarquistas, una obra con autoprofecía”.

Ellos se vieron envueltos “en una guerra política y mediática” y los medios condenados a indemnizarles “fueron parte”, denuncia el abogado. “Es impresionante ver los telediarios, las noticias de Antena 3 o Telecinco... No se emplearon términos tan gruesos pero es impresionante ver cómo se abrieron los telediarios, dándole un tratamiento de haber detenido a dos etarras después de cometer un atentado, una hipérbole que solo se explica por su posible utilización política”, sentencia.

Ni el Congreso, ni el Consejo de Ministros ni las ruedas de prensa en las sedes de los partidos. Las miradas de políticos y periodistas estaban centradas el lunes en el arranque de un programa televisivo, 'Al rojo vivo' de La Sexta. Su responsable, Antonio Ferreras, debía responder al escándalo causado por unas grabaciones de su reunión en mayo de 2016 con el comisario José Manuel Villarejo, otro comisario que dirigió la UDEF, José Luis Olivera, y el consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, Mauricio Casals, conocido por su influencia política en la sombra y sus relaciones con el Partido Popular.

El colegueo de los tres no era lo peor. El presentador de La Sexta admitía que no se creía una de las informaciones más notorias de Eduardo Inda contra Podemos sin que eso le hubiera impedido invitar al director de OK Diario a hablar profusamente en 'Al rojo vivo' y otros programas de la cadena sobre ese tipo de artículos.

Como suele ocurrir en la política de este país, Ferreras se presentó más como víctima que como responsable de un grave error periodístico, reiterado en el tiempo con otras invitaciones a Inda para hablar de sus artículos sobre una financiación ilegal de Podemos que nunca se ha probado. “Nos acusaban (en la derecha) de ser los creadores de Podemos. Ahora nos acusan de todo lo contrario. Es delirante”, afirmó.

Ferreras intentó defender su reputación y la de su empresa: “Nunca hemos dado una noticia sabiendo que era falsa”. Contó que fue Villarejo quien le dijo que “no daba credibilidad” a la historia de una cuenta de Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas para recibir dinero del Gobierno venezolano.

El relato obvia de forma intencionada que un día después de su publicación elDiario.es ya informó de que la única labor periodística hecha por OK Diario fue un trabajo chapucero de corta y pega. Por no hablar del detalle inverosímil de que Podemos hubiera abierto en secreto una cuenta en un banco de un paraíso fiscal –un lugar donde la mayoría opera con empresas pantalla o testaferros– para luego ponerla a nombre de su líder con los dos apellidos y que no hubiera dudas. Ferreras dijo también que se pusieron en contacto con Iglesias para que diera su versión, como si eso justificara la publicación.

En ningún momento aceptó un hecho obvio que debería conocer cualquier periodista. Ningún periodista puede aceptar que no pasa nada si te limitas a citar la información que da otro medio. Si la publicas en el tuyo, citando a ese medio, aún más si entrevistas al director de ese medio, te haces responsable de su contenido. Si es falso, tú eres el que has dado noticias falsas. Ferreras se fue a la cama con el artículo de OK Diario y acabó contaminado por todos los gérmenes que llevaba encima.

El presentador no tenía muchas ganas de hablar del tema. Lo hizo con esa intervención en los primeros tres minutos y 45 segundos de 'Al rojo vivo'. Mucho más tarde, dos de los periodistas invitados dieron su opinión brevemente, pero ahí se acabó todo en un programa de tres horas de duración donde los temas más polémicos se suelen analizar hasta la extenuación.

Las grabaciones conocidas eran la oportunidad que Pablo Iglesias llevaba años esperando. Había denunciado en numerosas ocasiones la existencia de una trama mediática promovida desde el poder y dedicada a difundir noticias falsas sobre Podemos. En abril de 2019, ya tuvo un duro enfrentamiento en directo con Ferreras.

“Tú sabías que Granadinas era falso”, le dice Iglesias en más de una ocasión. Ferreras rehúye la mención a esa información y no le responde. “Tú eres uno de los grandes protectores de Inda”, le acusa Iglesias. El presentador dice en primer lugar que no lo es y luego defiende al director de OK Diario por haber desvelado otros casos de corrupción política y por “la presunción de inocencia” (de Inda).

La relación Ferreras-Inda se remonta a muchos años atrás. En unas conversaciones de Florentino Pérez difundidas por El Confidencial, aparece el presidente del Real Madrid comentando que Ferreras y él convencieron a Pedro J. Ramírez para que nombrara a Inda director de Marca: “Si está de director por Antonio y por mí, que presionamos a Pedro J”.

Iglesias intentó implicar el lunes a Pedro Sánchez en la polémica y le retó para que se una a los cuatro presidentes latinoamericanos que se han solidarizado con él. “Pedro Sánchez tiene miedo a Ferreras”, denunció el exvicepresidente, “igual que muchos dirigentes de la izquierda que dicen: si este tipo no pone su televisión a ayudarme un poquito, no tengo nada que hacer en las próximas elecciones”.

Quien sí se posicionó fue la vicepresidenta Yolanda Díaz: “Me parece de una gravedad extrema. Hay que depurar responsabilidades jurídicas, pero sobre todo políticas, que son las más importantes”. Díaz también se refirió a las que tienen los medios de comunicación. “Ha llegado el momento de dar un paso adelante”, dijo en relación a la responsabilidad de los periodistas.

Las grabaciones conocidas ahora son muy graves, como dice Díaz. No se puede obviar el hecho de que en origen esa corrupción procedía de la cúpula policial del Ministerio de Interior. Varios comisarios de la total confianza del ministro Jorge Fernández Díaz falsificaron pruebas para implicar a la UDEF en la destrucción de Podemos y viajaron al extranjero para convencer a algunas personas de que denunciaran delitos relacionados con una supuesta financiación ilegal de Podemos. El premio gordo hubiera sido que el Tribunal Supremo investigara a los dirigentes del partido que eran aforados, pero recibieron un portazo del tribunal porque no tenían pruebas.

No fue un problema definitivo para ellos. Los policías corruptos contaban con los apoyos mediáticos suficientes y servían de fábrica de titulares, portadas y minutos de televisión para mantener viva la sospecha sobre el origen de Podemos. Es lo que ha permitido que políticos del Partido Popular como Isabel Díaz Ayuso afirmen en público que Podemos “nació de las narcodictaduras”.

Cuando Iglesias presentó una querella contra Inda por la información sobre la cuenta falsa de las Granadinas, una jueza la desestimó por considerarla una “información veraz”, que, contra lo que ha afirmado Inda, no es sinónimo de real o cierta. Contar con un informe policial en que se base un artículo –por muy manipulado que sea– casi exonera por completo a un periodista en caso de demanda.

No conviene olvidar que el razonamiento de la jueza incluía un argumento delirante: “La difusión de una investigación policial sobre la existencia de una cuenta a nombre del demandante en un banco offshore, con sede en un paraíso fiscal, y su relación con la orden de pago y autorización del mismo realizados por autoridades venezolanas no suponen sin más un ataque al honor del demandante”. Sólo en el universo mental de esa jueza puede existir el hecho de que la existencia de una cuenta en un paraíso fiscal no comprometa la reputación de un político.

Por muy corrompida que estuviera esa cúpula policial, la responsabilidad periodística existe. El llamado informe PISA –una fabricación de esa brigada política para implicar a Podemos en delitos– llevaba tiempo circulando por varias redacciones. Finalmente, OK Diario dio una información basada en ese informe e inmediatamente después les siguieron El Confidencial y la Cadena SER. A partir de ahí, se extendió en los medios que más influencia tienen y que más preocupan a los políticos, las televisiones. ABC y El Mundo dedicaron varias portadas a noticias que daban por hecho que Podemos había recibido millones de euros de Irán o Venezuela.

El director de La Vanguardia ha recordado el silencio estruendoso de asociaciones de periodistas o de los medios que dieron estas informaciones como ciertas. “Ante esta situación no se debería estar callado, porque Villarejo no hubiera logrado sus objetivos sin contar con sus cómplices periodistas”, escribe Jordi Juan. Eso que dice es completamente cierto.

Pablo Iglesias fue considerado un enemigo del Estado. Se le ha tratado acorde a esa consideración, la de enemigo del pueblo. Antonio Caño era director de El País cuando Podemos estaba en su máximo esplendor. La línea editorial de la cabecera de Prisa era objetivo crítico fundamental de todos aquellos que no entendíamos tanta agresividad contra una formación de izquierdas por parte del periódico que había sido referente deontológico de todos aquellos que habíamos criado nuestros anhelos con la esperanza de poder escribir algún día en el diario en el que nos regalaba sus letras Manuel Vázquez Montalbán. Hace escasos días Antonio Caño reconoció lo conocido por todos: “Hace cuatro años intentamos evitar desde El País el pacto de Sánchez con populistas y separatistas porque creíamos que eso era malo para la izquierda y para España. No nos creyeron”. No los creímos, pero sí sabíamos de los burdos intentos para lograrlo.  

La dirección de Antonio Caño no solo hizo todo lo posible para que Podemos fuera sepultado, sino que puso toda su maquinaria al servicio de Ciudadanos para eliminar las opciones de los morados para liderar España. Un análisis de Pablo Iglesias en sus orígenes acertaba de pleno al considerar cuáles eran las motivaciones de Prisa al considerar a Podemos el enemigo número uno del Estado, porque Prisa es la maquinaría intelectual fundamental del Estado, lo era en en 1978, lo era en 2014 y lo es en 2022: “Creo que tiene que ver con la principal institución de la casta en España, que es el diario El País y el Grupo Prisa. Es muy extraño que desde 1978 el régimen español se haya basado mucho más en el PSOE y el Grupo Prisa que en la derecha o en los antiguos partidarios de la dictadura. Pero si uno quiere saber lo que realmente es el establishment hay que leer los editoriales de El País”. 

El Estado marcó su objetivo, y cuando eso ocurre empiezan a sucederse las más infames de las conspiraciones que en muchas ocasiones tienen como colaborador necesario a un periodista. Unas pocas las hemos conocido, las más burdas, las más graves jamás las conoceremos. Contra Podemos, contra Pablo Iglesias, se pasaron todos los límites tolerables de la deontología periodística porque era considerado una amenaza existencial a las estructuras surgidas tras la transición. Es un hecho innegable la implicación directa de medios, periodistas y responsables de grandes corporaciones en esta cacería infame. En esa escala de responsabilidad mediática existieron malas praxis, líneas editoriales agresivas e incluso violentas y delictivas, errores y descuidos, y también confianza desmedida en personajes de la peor condición. Ajustar cuentas con quienes incumplieron su obligación profesional es necesario, tratar como delincuentes a los que formaron parte de una trama criminal es una obligación democrática, censurar a aquellos que en algún momento fueron irresponsables es preceptivo, y ser justos con quienes pusieron su labor al servicio de la ética periodística un ejercicio de justicia. La deontología periodística también exige tratar a cada uno en su justa medida. También hubo medios, como alguna humilde cooperativa de trabajadores surgida tras el cierre de Jaume Roures del diario Público, que intentó ser honesta en un contexto tóxico, de zancadillas de propios y extraños y de aquellos que, exigiendo un periodismo libre y honesto desde la nueva política, preferían dar prioridad a los grandes medios, porque les eran útiles en detrimento de los independientes. El utilitarismo frente a la justicia. Era la opción del momento. Más Mediaset, menos El Salto.  

Pero hablemos de persecuciones, errores, responsabilidades y complicidades. La noticia del día. Los audios filtrados hace más de 15 días por el ultraderechista Alvise Pérez en su canal de Telegram y, recogidos por Patricia López en Crónica Libre, en los que Antonio García Ferreras habla con el comisario corrupto Villarejo se produjeron en fechas posteriores a la publicación en Okdiario de la noticia falsa filtrada por policías corruptos a Eduardo Inda en la que se distribuyeron documentos realizados por la DAO de Eugenio Pino con membrete de la UDEF. En dichas conversaciones, el periodista de La Sexta pregunta a Villarejo quién es el responsable de haberle colado una información falsa a Eduardo Inda reconociendo que fue con ella a pesar de que tenía dudas por lo burdo de los hechos.  

Fuentes de La Sexta a preguntas de este periodista argumentan que en ningún caso tenían constancia de que la información fuera falsa en el momento en el que le dieron espacio en su cadena, como sí se comprobó a posteriori, aunque bien es cierto que sí se explica según los audios que había dudas sobre la veracidad en el momento en el que se dio espacio a Eduardo Inda para que explicara la falsa exclusiva. Confiar en las informaciones de Inda siempre es un gran error porque las filtraciones de ese tipo hay que contrastarlas, y en Okdiario no saben lo que significa eso. Es indiscutible que fue un error periodístico de La Sexta dar espacio a esa información fiándose tan solo del hacer profesional de Eduardo Inda, la puridad deontológica exige aumentar los controles para no dar espacio a que un personaje como el actual director de Okdiario pudiera esparcir una información que no aguantaba los mínimos controles de rigurosidad con el daño reputacional que provoca ese tipo de noticias para el afectado, en este caso Pablo Iglesias, por mucho que luego se desmientan. La información sobre la comida de Antonio García Ferreras con el comisario Villarejo era conocida por Pablo Iglesias, que fue informado por el mismo periodista para advertir al líder de Podemos en otra comida entre ambos de que se equivocaba al achacar al comisario ser el responsable de la filtración de la falsa cuenta en Granadinas y que venía por otras fuentes. Pablo Iglesias ha confirmado tras ser preguntado para este artículo que conocía la existencia de esta conversación entre Villarejo y Antonio García Ferreras porque fue informado por el periodista, aunque no se le aclaró de dónde venía el “invento” mediático para perjudicarle.  

La versión de La Sexta, recabada para la redacción de este artículo, es en su literalidad: “Es absolutamente falso que se ofreciera esa información sabiendo que era mentira. Es más, cuando se informa por primera vez de la presunta cuenta en las Granadinas, Iglesias sale inmediatamente en La Sexta para desmentirlo. La conversación con el comisario se produce días más tarde de la aparición de la noticia en España y en Miami. Y es entonces, más tarde, cuando Villarejo traslada que duda de la credibilidad de los documentos que manejaba e investigaba la policía española. Cualquiera que recuerde qué emitía La Sexta en esos años sabe perfectamente que esta televisión nunca entró ni en el veto a Podemos, ni en las campañas de desprestigio contra ellos, es más, acudían a La Sexta a defenderse de esos ataques. Y la gran mayoría de los medios no lo hacían”. La explicación de la cadena no convence a Pablo Iglesias y argumenta en declaraciones a este diario: “En mi opinión Ferreras era perfectamente consciente desde el principio. De hecho me llamó el mismo día que dio la 'noticia' y creo que fui convincente a la hora de explicarte lo ridículo de todo. A pesar de todo, decidió darlo simplemente dándome la oportunidad de dar mi versión. Su explicación en el audio va en la línea de lo que le dije; era tan inverosímil en un momento como en el otro.”  

La información sobre la cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas no fue la primera información falsa publicada contra Podemos, ni sería la última, pero sí fue la más rápidamente desmentida por los periodistas que seguían un mínimo del código deontológico. El día después de que Eduardo Inda publicara la supuesta exclusiva, en elDiario.es comprobaron que el documento era una manipulación burda a través de montajes de fotografía de un vídeo de YouTube de una periodista venezolana en Miami. Ignacio Escolar, director de elDiario.es, desmontó ese mismo sábado la información de Eduardo Inda con él presente en el plató. El pecado original de La Sexta es que Eduardo Inda nunca más tuvo que haber pisado un plató después de que se supiera que publica informaciones falsas.  

De 2014 a 2016 La Sexta servía casi como estructura de formación de cuadros en Podemos y el PSOE acusaba a la cadena de Atresmedia de haberles creado un virus que lo fagocitaba por su izquierda. Eran tiempos de confrontación con lo peor de la profesión periodística para crecer por comparación. Eduardo Inda era el villano perfecto para Pablo Iglesias, le gustaba enfrentarse a él y se crecía ante su antagonismo. La lectura que hacían en el partido es que cada enfrentamiento en prime time les servía para ganar votos. Creo que tenían razón, en aquel momento de efervescencia política llamar “Don Pantuflo” a Eduardo Inda era una máquina de dar votos. La cadena de Atresmedia y Podemos se retroalimentaba. Ese chico inteligente, deslenguado, de verbo fácil y con un talento comunicativo nunca visto antes era una máquina de proporcionar puntos de share y el partido, o su germen, aprovecharon que Fernando Berlín se hartó un día de soportar la presencia de Eduardo Inda para ocupar la silla de La Sexta Noche sobre la que fraguaron parte de su éxito electoral. El análisis que hicieron es que era imprescindible estar en los medios mainstream, y llevaron mal que tras conformarse el partido prescindieran de ellos como analistas en las sillas rojas del programa de Atresmedia. Pero una cosa era el quid pro quo, y otra que el irreverente Iglesias estuviera cerca de gobernar el país.

Su ascenso provocó miedo y comenzaron a chirriar las estructuras del Estado, en una remembranza chilena de los movimientos golpistas. Puede que no tengan ustedes memoria para tanta escoria, pero estos son algunos ejemplos de informaciones falsas, algunas casi ridículas, que se publicaron en aquellos tiempos cuando las encuestas ponían en cuestión la pervivencia de las antiguas direcciones de Estado y que trascienden la cuenta de Granadinas. El 24 de enero de 2015 el diario El País publicaba en portada que Juan Carlos Monedero había falseado su currículum académico. El diario dirigido en aquel momento por el inefable Antonio Caño explicaba que el fundador de Podemos nunca había sido profesor invitado en la Universidad Humboldt de Berlín (Alemania) ni en la Iberoamericana de Puebla (México). Para sostener la exclusiva de Vicente G. Olaya e Isabel Cuesta se aportaba como evidencia que un profesor de la Humboldt no recordaba a Monedero. La memoria de un señor como motivo para negar el currículum académico de un profesor. El día siguiente se desmontó la exclusiva. Al desmentido rotundo del entonces número tres de Podemos, que aportó pruebas de su estancia en ambas universidades, se unió un desmentido oficial por parte de la Universidad de Puebla que aseguró que Juan Carlos Monedero había sido profesor en su centro durante cinco veranos. El diario El País se vio obligado a desmentir la información, pero ocultándola en un artículo de la Defensora del Lector llamado Las lecciones del caso Monedero: “Para cuestionar el currículo del número tres de Podemos habría que haberse apoyado en algo más sólido que la memoria de un profesor de 75 años o los datos de una empleada del departamento de pagos de una universidad, dada la complejidad del entramado de relaciones docentes entre los centros. En estas circunstancias, llevar el tema a portada era muy arriesgado. La única forma de atenuar el error hubiera sido publicar adecuadamente la puntualización y la carta de la Universidad de Puebla. Lamentablemente, no se hizo”. 

Venezuela estaba siempre omnipresente. El 21 de enero de 2016 el informativo de Antena 3 narraba una exclusiva que probaría la relación entre “La CUP, Podemos y el entorno de ETA, con el régimen de Nicolás Maduro”. Las imágenes que probarían la relación era la estampa de un un grupo de personas subiendo a un avión en el aeropuerto de Barajas para ir a Venezuela. Entre los asistentes estaban Anna Gabriel, de la CUP y miembros de Podemos en Castilla-La Mancha. En el escándalo bolivariano se obviaba que eran las asistencias a unas jornadas culturales que los propios protagonistas habían contado un año antes en sus redes, en artículos y blogs. El Español tomo parte en la falsa exclusiva añadiendo un poco más de pimienta al esperpento, ya que partiendo la noticia falsa de Antena 3 contaba que María José Aguilar, miembro de Podemos, asistió a un acto organizado por la Coordinadora Simón Bolívar en homenaje a ETA. La información se basaba en una fotografía en la que aparece una mujer de espaldas con el pelo corto, y sin más datos dijeron que era ella. El caso es que Aguilar no asistió a ese acto porque a la misma hora que se produjo estaba visitando un pueblo a kilómetros de distancia.

ETA siempre ha sido uno de los grandes hits contra Podemos. El 26 de abril de 2016, Arnaldo Otegi, secretario general de Sortu, acudió al Europarlamento para hablar sobre el proceso de paz en el País Vasco invitado por una interparlamentaria llamada Grupo de Amigos del País Vasco, un grupo que está formado por varios diputados europeos entre los que se encuentran varios miembros de Los Verdes, diversos políticos de izquierdas europeos y hasta un miembro de un partido de derechas rumano. Medios como La Razón, OkDiario, Antena 3 y La COPE difundieron la noticia de que Podemos e IU habían invitado a Arnaldo Otegi a hablar en la Eurocámara. Una noticia falsa que marcó la agenda del día y que ninguno de estos medios rectificó ni incluso cuando Pablo Iglesias entró en directo en el informativo de Antena 3 poniendo la cara colorada a Álvaro Zancajo, en aquel momento presentador de la cadena de Atresmedia y ahora responsable de comunicación de la ultraderechista Macarena Olona. La obsesión de la derecha mediática para vincular a Pablo Iglesias con ETA fue intensa y poco fructífera, pero no sería por falta de ganas. Fernando Lázaro en el año 2014 quiso unir al líder de Podemos con un grupo de apoyo a presos de ETA después de que una organización llamada Herrira realizara una serie de actividades en favor de la reconciliación con las víctimas en el Congreso de los Diputados y reuniones con miembros del PSOE, IU, CIU y ERC. Para El Mundo la vinculación de Iglesias con ETA era clara porque los miembros de Herrira tenían el mail de Pablo Iglesias, documentación que fue incautada por la Guardia Civil, en una operación contra las organizaciones a favor de los presos. 

El periodismo es priorizar. Elegir de qué hablas es el mayor acto de libertad periodística, un privilegio que casi ningún profesional tiene. La independencia se mide por la capacidad de elegir a qué temas dedicas tu tiempo y cuales son tus objetivos como profesional. La defensa de los derechos de las personas trabajadoras, el antifascismo, los derechos humanos, la pulcritud ética. El establecimiento de la agenda es un acto político que los periodistas tenemos casi en exclusiva, nosotros decidimos de qué se habla y cuánto tiempo y eso en sí mismo es el mayor acto periodístico. Por eso es inaceptable que el espacio público esté copado por profesionales de la desinformación que ocupan horas de debate con toxicidad. En estos años ha habido profesionales del descrédito y de la mentira que han tenido demasiado espacio en la agenda pública y es tiempo de revertir esa anomalía. No puede haber espacio para personajes de la talla moral de Eduardo Inda, que ya han demostrado que han publicado información falsa y, en vez de disculparse como haría cualquier persona decente que ha cometido un error, han seguido emponzoñando el espacio público con la excrecencia surgida de esas informaciones falsas y publicando otras del mismo porte tóxico. La responsabilidad de quien tiene capacidad para elegir quién ocupa esos altavoces mediáticos pasa por acabar con estos profesionales de la intoxicación. Todos podemos equivocarnos, pero hay quien vive de mentir. 

La difusión este fin de semana de los audios grabados por el excomisario corrupto José Manuel Villarejo al director de la Sexta, Antonio García Ferreras y el directivo de Atresmedia, Mauricio Casals destapando el origen de las informaciones falsas publicadas por el periodista Eduardo Inda –y luego difundidas en varios medios de comunicación– sobre una supuesta cuenta bancaria abierta por Pablo Iglesias, y a la que habría transferido 272.000 dólares el Gobierno de Nicolás Maduro, han suscitado entre mandatarios internacionales una oleada de solidaridad con el exvicepresidente y exlíder de Podemos.

En la conversación, Ferreras cuenta a Villarejo que dijo a Inda: “Yo voy con ello, pero esto es muy burdo”. La Sexta alega que esa charla con el comisario se produjo después de la emisión de la noticia. Un día después de que se publicase en el medio de Eduardo Inda, en mayo de 2016, elDiario.es ya desveló que era falsa y que el presunto documento exclusivo aportado por Ok Diario como prueba de los pagos estaba en realidad copiado de Youtube. Puedes consultar aquí aquella información. Tras la difusión de estas grabaciones, Pablo Iglesias ha señalado que la charla del excomisario Villarejo y Antonio García Ferreras “revela el nivel de podredumbre en el PP, en sectores judiciales, policiales y en el periodismo”. Así lo afirmó este sábado por la noche en el programa Faqs, de TV3.

“Hoy ha quedado demostrado cómo se propagan noticias contra Pablo Iglesias para denostar a Podemos. Igual ocurre entre nosotros. Las noticias falsas difundidas por cierto periodismo para difamar, desanimar o perseguir dirigentes políticos, hieren profundamente a la democracia”, señala en su perfil de la red social Twitter el presidente argentino Alberto Fernández.

En la misma línea se expresa el presidente de Chile, Gabriel Boric: “Las noticias falsas le han hecho un profundo daño a la convivencia social. Aquí vemos lo que le han hecho durante años a Podemos en España, que no es muy distinto de prácticas de muchos en nuestra América Latina. ¡Cuidemos nuestras democracias!”.

También el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se solidariza con Iglesias: “Con colaboración de miembros de la policía un periodista decide difamar, a sabiendas que la noticia era falsa, un movimiento progresista de España. Todo se descubrió al final. Parece un ‘Deja vu’”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha sumado igualmente a la ola de solidaridad: “Se van a enojar millones de paisanos de mi abuelo, pero es de pena ajena e indignante la campaña de los conservadores en contra de los dirigentes de Podemos. Tengamos fe, porque como decía el poeta Machado: ‘En España lo mejor es el pueblo. (…) En los trances duros, los señoritos (…) invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. En España, no hay modo de ser persona bien nacida sin amar al pueblo’”.

Este domingo expresó también su indignación y solidaridad el líder de la izquierda francesa, Jean-Luc Mélenchon: “Escándalo en España: el periodista de un importante programa de televisión inventaba revelaciones difamatorias sobre Podemos y Pablo Iglesias en conexión con el Ministerio del Interior”, señala el líder de la Francia Insumisa en Twitter.

Un juzgado de Villalba (Madrid) ha dictado un auto en el que sitúa a un paso del banquillo a Eduardo Inda, al redactor Alejandro Entrambasaguas y Dos Mil Palabras S.L., la empresa editora de Ok Diario, para juzgar un supuesto delito de acoso a dos de los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. La juez Sara Rodríguez ve indicios de un delito contra la libertad de los menores y sus padres, regulado en el artículo 172 ter del Código Penal, castigado con entre tres meses y dos años de cárcel o una multa de seis a 24 meses, aunque por la edad de los niños, que todavía no tenían dos años de edad cuando ocurrieron los hechos investigados, la pena podría ser de prisión de seis meses a dos años.

Los hechos se remontan a noviembre y diciembre de 2019, según el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, al que ha tenido acceso elDiario.es. La juez aprecia indicios de que en esas fechas Alejandro Entrambasaguas, trabajador de Ok Diario, “se persona en varias ocasiones en el domicilio de la cuidadora de los hijos de los querellantes, con la finalidad de obtener información sobre la misma y de su actividad; con la misma finalidad, le llama en varias ocasiones por teléfono, en ambos casos siempre con resultado negativo”. “Al no obtener la información directa de la cuidadora”, continúa el relato de la jueza, Entrambasaguas “acude a la urbanización en la que se encuentra el citado domicilio y allí aborda a varios vecinos con el mismo fin”.

Esta actuación, siempre según el auto, hizo que la cuidadora restringiera “las salidas a los parques infantiles de las zonas comunes de la urbanización con los niños a los que cuidaba, quedando limitada, por lo tanto, su actividad diaria y la de los menores”. Además, “ante la reiteración de los hechos, finalmente a fecha 31 de diciembre de 2019, decidió resolver el contrato que mantenía con los querellantes para el cuidado de sus hijos”.

Estos hechos supusieron, según la juez Rodríguez, “una altercación evidente en la vida cotidiana de los querellantes y de sus hijos, viéndose obligados a elegir otra opción para el cuidado de sus hijos durante su jornada laboral”.

En diciembre de 2019, Iglesias y Montero registraron una querella contra Inda, Entrambasaguas y la empresa editora, Dos Mil Palabras S.L. La juez, tras practicar las diligencias pertinentes, da por terminada la instrucción y propone ahora a las partes acusadoras, los querellantes y la Fiscalía, que “soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o, en su caso, el sobreseimiento de la causa, o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias”.

Inda y Entrambasaguas deberán acudir el próximo lunes al juzgado a recoger la notificación. elDiario.es se ha puesto en contacto con el director de Ok Diario, quien ha declinado hacer declaraciones. Contra la resolución del juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días a contar desde su notificación.

Actualización

El Juzgado sobreseyó la causa frente a Eduardo Inda en un auto del 8 de abril de 2021, continuando las actuaciones frente al periodista Alejandro Entrambasaguas y la editora, Dos Mil Palabras S.L, como responsable civil. Posteriormente, tanto el periodista como la editora fueron absueltos en una sentencia del 9 de febrero de 2022 del Juzgado de lo Penal Nº30 de Madrid, que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia del 6 de junio de 2022.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha acordado paralizar la demanda que Pablo Iglesias presentó contra el director de OkDiario, Eduardo Inda, por publicar que se financió irregularmente.

Los jueces del alto tribunal han accedido a la reclamación de Iglesias, que pidió que se detuviera el recurso de casación contra el archivo de la demanda por vulneración del derecho al honor que presentó contra el periodista mientras la Audiencia Nacional mantenga el secreto de sumario sobre la pieza en la que investiga la guerra sucia contra la formación política en el marco del caso Villarejo.

En esa pieza separada, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón indaga sobre la aparición en los registros al comisario de una copia de toda la información contenida en el teléfono de una colaboradora de Iglesias y que después fue publicada en OkDiario. Los jueces del Supremo consideran que el resultado de esta investigación aclarará la verdadera intención de las publicaciones sobre la falsa financiación irregular.

El líder de Podemos presentó una demanda por vulneración de su derecho al honor contra Inda y el medio que dirige por haber publicado en mayo de 2016 que había cobrado de Venezuela 272.325 dólares a través de una cuenta en un paraíso fiscal y cuando el partido ya estaba fundado. El supuesto documento exclusivo con el OkDiario apoyó esta información estaba elaborado a partir de pantallazos de la noticia original que había difundido un día antes una periodista venezolana muy crítica con el gobierno de Maduro a través de su canal de YouTube.

La demanda, también dirigida contra el periodista que firmó esa información, Francisco Mercado, fue desestimada por la Audiencia Provincial de Madrid el 9 de mayo de 2018. El tribunal la calificó de “veraz” porque estaba contrastada mediante fuentes “perfectamente conocidas y fiables”.

“Objetividad”

En el juicio, los periodistas demandados aseguraron que Eugenio Pino, máximo responsable de la Dirección Adjunto Operativa de la Policía en ese momento, era una persona “cercana a sus fuentes”. En esta unidad también estaba destinado Villarejo cuando se le relaciona con el robo del teléfono de la colaboradora de Iglesias. Pino es el artífice de la brigada política de la Policía y está imputado por ordenar el espionaje a Bárcenas con cargo a los fondos reservados.

Ahora, la Sala de lo Civil del Supremo, aunque admite que ninguno de los procesos que hay abiertos en la Audiencia Nacional tienen que ver con la información de OkDiario, considera que la conclusión de que ese texto fue veraz sí se puede ver “desvirtuada” por el resultado de los causas en curso.

En concreto, ante los indicios “más que aparentes” de la relación entre Villarejo y Pino y de que ambos “podrían haberse estado sirviéndose ilícitamente de su cargo público para realizar lo que la Fiscalía Anticorrupción denomina ”maniobras de intoxicación informativa“. De acreditarse esta cuestión, concluyen los jueces del Supremo, la ”objetividad“ de las fuentes informativas utilizadas por Inda y Mercado podría verse comprometida.

El periodista de Ok Diario que entró sin permiso en el despacho del Congreso de Irene Montero y grabó unas imágenes que fueron después publicadas por el medio de Eduardo Inda no podrá entrar en la Cámara Baja durante un año. La Mesa del Congreso ha decidido este miércoles retirar la acreditación a Segundo Sanz durante el máximo tiempo que permite la normativa interna, pero ha eximido de responsabilidad al medio. Desde Unidas Podemos han reclamado que se abra un nuevo expediente a Ok Diario para que la sanción no recaiga solo en el trabajador.

Los hechos ocurrieron el pasado día 20, según la investigación interna desarrollada por los servicios de la Cámara. Tal y como se ve en las cámaras de seguridad del Congreso, el periodista en cuestión entra a las 8.00 por una de las puertas que da acceso al edificio que alberga buena parte de los despachos de los diputados y, tras acreditarse, accede directamente a la planta donde están las dependencias del grupo confederal. Las puertas de los despachos estaban abiertas porque a esa hora el servicio de limpieza está haciendo su trabajo.

El vídeo tomado en el despacho de Montero, además del de Pablo Iglesias, fue publicadas por Ok Diario en una información que firmaba el propio periodista, quien ha alegado en su descargo que en las imágenes no se ve el momento en el que él graba las imágenes. El expediente aprobado por la Mesa, en todo caso, no deja lugar a dudas de que Sanz es el autor de los hechos.

En Unidas Podemos no se han dado por satisfechos y han reclamado que la sanción se haga extensiva al medio de comunicación y no solo a la persona que ejecutó las órdenes. Pero para eso será necesario abrir un nuevo expediente e iniciar otra instrucción.

En su último escrito de alegaciones, presentado este mismo martes, Montero señala que no es la primera vez que Ok Diario graba y difunde imágenes personales de los diputados obtenidas sin permiso. Por ejemplo, una conversación entre Montero e Iglesias en la cafetería de la Cámara Baja, donde está vetado que los periodistas puedan hacer siquiera fotografías.

En sus alegaciones, Montero sostiene que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no ha tenido en cuenta el escrito previo en el que señalan que los hechos “no pueden entenderse de forma aislada, sino que responde a una conducta reiterada de la página digital Ok Diario, a la que pertenece, para socavar la actividad parlamentaria por medios ilícitos y que en todo caso contravienen explícitamente las normas, usos y costumbres de la Cámara”.

En la resolución del expediente, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la presidenta del Congreso entiende que “las alegaciones presentadas por la señora Montero referidas a otros hechos no se pueden tener en cuenta (...) ya que exceden del objeto propio del expediente incoado exclusivamente para determinar las posibles responsabilidades que, a título individual, pudiera haber incurrido” el periodista de Ok Diario.

Batet sostiene que “sin perjuicio de la opinión que pueda merecer y de la consecuencias que pudieran derivarse de la reiteración de conductas similares” de Ok Diario, los hechos que se le imputan al medio de Eduardo Inda “son propias de un examen que debe realizarse en otro contexto y por órgano y cauce distintos” a los contemplados en la normativa interna del Congreso.

Este caso no solo se está dirimiendo en el Congreso. Unidas Podemos denunció ante la Policía Nacional los hechos, que fueron trasladados a la Justicia. En la Mesa del Congreso, además, se ha convenido en la necesidad de revisar, ampliar y concretar en una nueva instrucción el comportamiento de los periodistas acreditados en la Cámara Baja.

En Unidas Podemos señalan que mientras la instrucción de la Dirección de Comunicación del Congreso no hace ni el más leve reproche a Ok Diario “hay medios que solicitan la acreditación en el Congreso desde hace años sin que desde la Dirección de Comunicación del Congreso se les permita acreditarse como medios para realizar su labor informativa”.

“Resulta de extremada gravedad que la violación del artículo 18 y el 23 de la Constitución se pretenda sustanciar con la aplicación de una instrucción referida a no tomar fotografías en lugares no autorizados”, señalan las alegaciones. Esa violación de los artículos que consagran la inviolabilidad personal y la participación política, dice el escrito, debería implicar una sanción mayor. 

Unidas Podemos denuncia el “afán de proteger la actividad de la página digital Ok Diario en el Congreso de los Diputados por parte de la Dirección de Comunicación y de la Secretaría General, dependientes de la Presidencia del Congreso” y que, dicen, “tienen por objeto afectar y socavar la actividad parlamentaria de representantes electos”. “Esta parte considera de extremada gravedad lo ocurrido, que sienta un peligroso precedente en la actividad parlamentaria de la Cámara, que pone en cuestión la seguridad de los diputados y las diputadas, así como la capacidad para realizar la actividad parlamentaria sin ser sometidos a espionaje por parte de medios acreditados por la Dirección de Comunicación del Congreso”, zanja.

El Congreso también investiga la grabación, otra vez sin permiso, del despacho del secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello. Las imágenes de las estancias del también diputado de En Comú Podem aparecieron en Antena 3 y, además, en Ok Diario.

“Solicitamos la intervención de la Presidenta del Congreso en sus labores de amparo para que se tomen las medidas legales y normativas necesarias para que estas graves acciones no queden en la impunidad y se acuerden todas las medidas de prevención necesarias para que no se puedan volver a repetir”. Así de contundente concluyen las alegaciones presentadas por Unidas Podemos en el expediente abierto contra un periodista de Ok Diario acusado de grabar sin permiso en los despachos de Pablo Iglesas e Irene Montero. El medio publicó las imágenes y, junto a Antena 3, otras de las dependencias del segundo secretario de la Mesa de la Cámara, Gerardo Pisarello, de Barcelona en Comú. El caso está en los tribunales.

El escrito con las alegaciones de Unidas Podemos, al que ha tenido acceso eldiario.es, fue registrado la semana pasada. El plazo, tanto para el grupo como para el periodista señalado, concluía el viernes. Ahora, la Mesa del Congreso deberá determinar qué sanción impone al reportero que supuestamente entró en los despachos para grabar y si eleva también algún tipo de sanción al medio para el que trabaja y con cuya acreditación entró el día de los hechos al Congreso.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de junio, en plenas negociaciones para la formación de un Gobierno. Ese día, las cámaras de seguridad del Congreso captaron al periodista de Ok Diario Segundo Sanz entrando en el área de despachos del grupo de Unidas Podemos a primera hora de la mañana, alrededor de las ocho. En los vídeos de seguridad aparece que salió a hablar por teléfono y volvió a entrar y cómo luego se dirige a la zona de prensa de la Cámara. En las imágenes publicadas por el medio de Eduardo Inda un día después, se muestra el interior del despacho de Montero y se ve además un carro de la limpieza, lo que explicaría cómo logró supuestamente acceder a los despachos: aprovechando que el personal abrió las puertas para hacer su trabajo.

“Nos encontramos ante una conducta reiterada de acoso e intento de intimidación sistemático para limitar la actividad parlamentaria de representantes electos de la soberanía popular”, señala Unidas Podemos en sus alegaciones. El grupo recuerda que Ok Diario ya publicó unas imágenes de una conversación privada entre Iglesias y Montero en la cafetería de la Cámara Baja, lo que está prohibido por las normas internas de la institución.

“En este caso en particular”, continúa el escrito, “nos encontramos además ante hechos de evidente apariencia delictiva”. De hecho, Irene Montero interpuso una denuncia ante la comisaría del Congreso y la Policía Nacional la trasladó a un juzgado de guardia.

Es un “ataque en contra del ejercicio de la representación parlamentaria y del funcionamiento democrático del Congreso de los Diputados”, continúa el escrito. “No nos encontramos ante una acción aislada de una persona concreta, en este caso Segundo Sanz, sino ante el resultado de una actividad continuada y sistemática de vulneración de los usos y costumbres de la Cámara así como de acciones posiblemente constitutivas de delito y que en cualquier caso persiguen afectar y perjudicar la actividad parlamentaria de Diputados electos, acciones llevadas a cabo por personas diferentes pero siempre vinculadas a Ok Diario como ellos mismos expresan en sus publicaciones”.

El grupo confederal recuerda que el medio de Eduardo Inda se encuentra bajo la lupa judicial por la publicación de los datos privados de un teléfono robado a una colaboradora de Pablo Iglesias y en el que estaría implicado el excomisario José Manuel Villarejo. La Audiencia Nacional mantiene bajo secreto de sumario la instrucción de este caso, que ya se cobró la dimisión del que fuera número dos de la oficina de prensa de la Moncloa, Alberto Pozas.

“En estos momentos [está] subiúdice el hecho de que desde las cloacas del Estado se fabricasen pruebas falsas y fueran publicadas en los medios de comunicación, con una participación especialmente notoria de la página digital OkDiario, para impedir que nuestra formación política pudiese formar parte del Gobierno de España”, aseguran las alegaciones.

Por todo ello, concluye el escrito, Unidas Podemos solicita “la intervención de la Presidenta del Congreso en sus labores de amparo para que se tomen las medidas legales y normativas necesarias para que estas graves acciones no queden en la impunidad y se acuerden todas las medidas de prevención necesarias para que no se puedan volver a repetir”.

El Congreso investiga si un redactor de Ok Diario, el medio dirigido por Eduardo Inda, entró sin permiso en varios despachos del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Las imágenes de las dependencias de Pablo Iglesias e Irene Montero aparecieron en el medio de Inda. Las del secretario primero de la Cámara Baja, Gerardo Pisarello, también en Antena 3. La Secretaría General ha abierto un expediente por los hechos ocurridos en el despacho de Montero, mientras lo ocurrido en los otros dos está en un juzgado de instrucción de Madrid.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de junio, en plenas negociaciones entre el grupo confederal y el PSOE para la formación de un Gobierno. Las cámaras de seguridad del Congreso registraron al periodista de Ok Diario Segundo Sanz entrando en el área de despachos del grupo de Unidas Podemos a primera hora de la mañana.

En los vídeos de seguridad aparece que salió a hablar por teléfono y volvió a entrar y cómo luego se dirige a la zona de prensa de la Cámara. En las imágenes publicadas por el medio de Eduardo Inda un día después, se muestra el interior del despacho de Montero y se ve además un carro de la limpieza, lo que explicaría cómo logró supuestamente acceder a los despachos: aprovechando que el personal abrió las puertas para hacer su trabajo.

Estas imágenes fueron visionadas por la Policía Nacional del Congreso una vez que Montero hizo una denuncia en la comisaría de la Cámara Baja. La portavoz de Unidas Podemos denuncia además la publicación de imágenes del interior del despacho de Iglesias y de Pisarello.

“La forma en que se elaboró esta información podría constituir una contravención de las disposiciones contenidas en la Instrucción de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre información gráfica en la Cámara, de 28 de diciembre de 2011”, señala el informe de la Secretaría General del Congreso, al que ha tenido acceso eldiario.es. ¿El motivo? “Que no se habría respetado el ámbito espacial al que debe restringirse el ejercicio de la información gráfica (apartado 4 de la Instrucción), al haberse accedido a zonas y dependencias no autorizadas, ni el límite de respetar los derechos fundamentales de los Diputados (apartado 5), en concreto los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución”.

“De dichos hechos presuntamente puede resultar responsable el redactor D. Segundo Sanz, acreditado en el Congreso de los Diputados por” Ok Diario, zanja el informe, que recuerda que podría suponer la retirada de la acreditación de prensa por un periodo de un año.

Ya tenemos comúnmente aceptada la expresión cloacas de Interior o cloacas policiales. Entendemos por esas cloacas el sistema de conseguir información reservada con un interés espurio. Eso no sería tan grave si esa información fuera verdadera y de interés público, el problema es si es falsa y se fundamenta en cuestiones íntimas o personales. En este caso, lo difundido será puro producto de cloaca, o sea, mierda.

El ejemplo de actualidad es lo sucedido con Podemos. Las cloacas policiales de Interior difundieron información falsa, o personal e íntima, con el objeto de atacar a este partido, precisamente en el momento en que algunos veían con preocupación una posible llegada al gobierno. Lo que parece olvidarse es que para que tengan fundamento y eficacia las cloacas necesitan de medios de comunicación y periodistas (es un modo de llamarles para entendernos) con los que salpicar su información a la opinión pública.

En el caso de Podemos los diferentes infundios procedentes de las cloacas, y que se han demostrado falsos, iban apareciendo en numerosos medios, desde El Confidencial a El País, pasando por ABC, El Mundo y, por supuesto, OkDiario de Eduardo Inda. Toda una coral de chapoteo en el estercolero y una bola de mierda sigue creciendo.

Si decimos que el sistema policial está corrupto porque hubo esa media docena de cargos policiales implicados en la trama, la mayoría de ellos imputados por los jueces (y también premiados por el gobierno por Rajoy), ¿qué deberíamos decir del sistema mediático donde casi todos los medios se dedicaron a contar la financiación ilegal de Podemos con dinero venezolano o iraní, la cuenta bancaria de Granadinas o cualquier otro paraíso fiscal, las miserables grabaciones privadas (desde la minga de Echenique a los azotes de Iglesias)? Horas de tertulianos, informativos y páginas de periódicos para algo que sabían que era mentira o, en el mejor de los casos, no tenían ninguna prueba ni fundamento. Ni buscaban fuentes ni contrastaban nada, leña al mono.

La UDEF investiga a Podemos por financiarse con cinco millones de euros de Irán (El Confidencial, El Español), El 'Informe PISA' (Pablo Iglesias S.A.) de la UDEF sobre Podemos (Ser), (…) el dinero sale de Teherán hacia empresas instrumentales que tienen su sede en Beirut (Líbano), Kuala Lumpur (Malasia), Khorug (Tayikistán) o Belice, aunque las transferencias las reciben en cuentas abiertas generalmente en Hong Kong, Moscú, Londres y, principalmente, Dubái (ABC), El régimen de los ayatolás pretende desestabilizar una democracia occidental en el corazón de Europa (El País), la DEA de EEUU revela que Venezuela e Irán pactaron financiar a Podemos con HispanTV (El Confidencial). Vale la pena leer el trabajo de J. Garín en ElSalto “La influencia de la información de las cloacas en las elecciones generales del 26J”. 

Mientras tanto, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Victoria Prego, reacciona acusando a Pablo Iglesias de “montar toda una operación de propaganda en su propio beneficio electoral”. Quizás sea bueno recordar que el comisario Villarejo montó el instituto de práctica jurídica Schola Iuris, en el que estuvo impartiendo clases y conferencias Adolfo Prego, exmagistrado y hermano de la presidenta de la presidenta de la APM. Y que la APM, anunciaba en octubre de 2017 el curso de Periodismo y Marketing de Gemma Alcalá, mira por donde, la esposa del comisario Villarejo. Ay, la famiglia. 

Y hay muchos más papelones de periodistas en este culebrón. Tenemos al que fuera director de Interviu, Alberto Pozas, dando, según investiga el juez, al comisario Villarejo, el pendrive con el supuesto contenido del teléfono móvil sustraído al equipo de Podemos.

Ahora, cuando se sabe el sistema corrupto con el que se elaboraba toda esa información, implicando a estructuras fundamentales de un sistema democrático, ningún medio rectifica o reconoce que participó en el aquelarre de las cloacas. Y cuando Pablo Iglesias se lo echa en cara, algunas, como Ana Rosa Quintana, le argumenta que Inda “es compañero” y debe entenderlo. El pasado martes también pudimos comprobar la reyerta dialéctica en directo entre Iglesias y Ferreras donde, de nuevo, el líder de Podemos denunciaba la protección y altavoz que disfruta Eduardo Inda en LaSexta. No olvidemos que, durante estos días, en LaSexta, el analista que nos explica el escándalo del espionaje de policías de Interior a Podemos es el mismo periodista al que le pasaban los montajes informativos (y no era el único) para que los contara en su periódico, y de paso en la cadena de televisión. 

El asunto me recuerda al de las armas de destrucción masiva en Iraq. Los tres gobernantes de las Azores quedaron sentenciados como mentirosos por la opinión pública, pero los medios que dieron por válida su versión, que no investigaron, que no contrastaron y que no recogieron la versión de movimientos sociales o gobiernos que calificaron de mentira la existencia de esas armas, no han resultado penalizados como parte de la trama que nos engañó y su papel fue fundamental. 

La historia reciente está repleta de montajes falsos que, cuando se descubren, terminan poniendo en la picota a políticos o cargos públicos pero de los que siempre se van de rositas los medios que forman parte de la trama. Estos medios, cuando sale a la luz la verdad del escándalo en el que participaron, se limitan a reaccionar al estilo del corrupto jefe de la policía de la película Casablanca: “¡Qué escándalo! ¡He descubierto que aquí dentro se juega!”.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reprochado este martes al director del programa Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, que La Sexta mantenga entre su nómina de colaboradores al director de OkDiario, Eduardo Inda, tras conocerse la investigación judicial abierta para esclarecer la implicación de la brigada política en el robo del teléfono móvil de una colaboradora de Iglesias y la posterior publicación de parte de su contenido en este y otros medios.

El debate (en el vídeo, a partir del minuto 9:40) ha surgido cuando Iglesias ha respondido a unas palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acerca de los ataques contra el Gobierno desde Podemos por, según denuncia el partido, no “limpiar las cloacas”.

“Fue el señor Iglesias quien pidió a este Gobierno que le prestáramos seguridad. Me parece muy injusto y muy ingrato. Ha sido este Gobierno quien ha ido a proteger a Iglesias cuando estaba inquieto. Y punto”, ha señalado esta mañana Calvo en el canal 24Horas de RTVE (aquí, a partir del minuto 19).

“La señora Calvo debería entender que su enemigo no somos nosotros. Son las cloacas”, ha respondido Iglesias. “Hay una trama criminal con varias patas, una política, otra policial y la más importante, una trama mediática criminal donde destacan OkDiario y Eduardo Inda que publicaban información falsa, fabricada por el equipo de Villarejo, que luego abrían telediarios y ocuparon portadas”, ha proseguido.

Iglesias ha zanjado: “Mucha gente se pregunta, y a mí me gusta decir las cosas a la cara, quién protege a Eduardo Inda. Quién le abre los espacios mediáticos a quien parece que forma parte de una trama criminal para fabricar pruebas falsas contra un partido político”.

En ese momento, Ferreras le ha pregunta: “¿Quién le protege?”. Y ahí ha comenzado el intenso intercambio de opiniones entre ambos.

Iglesias ha respondido: “Te lo voy a decir a la cara. Tú eres uno de los mayores protectores. Y te lo digo con mucho dolor. Se le ha dado espacio del que carecen buena parte de los periodistas honrados de este país. Que este personaje tenga las ventanas mediáticas que tiene es algo que hace muchísimo daño. El periodismo está para controlar al poder, no para servir al poder”.

Ferreras, por su lado, ha asegurado que hay “dos factores” que “protegen” a Inda. El primero, que es “un periodista que ha desvelado casos de corrupción como el caso Bárcenas, Urdangaraín, las cuentas en el extranjero de Granados, el ático de González, el caso Elisa Pinto, Corinna o la Operación Kitchen, que pone al descubierto a esta mafia policial”.

Y, segundo, “la presunción de inocencia”. “No están contrastadas esas acusaciones”, ha señalado en referencia a las supuestas informaciones fabricadas. “Tengo grandes discrepancias, por supuesto ideológicas, con Eduardo Inda. Cuando ha ofrecido informaciones que yo consideraba que no eran importantes o que consideraba que no era el criterio que teníamos que asumir, no lo hemos dado. Es uno de los 90 colaboradores. Los partidos no pueden decir quién tiene que estar y quién no”, ha concluido.

Otra vez, ha respondido Iglesias: “Estaría bueno, pero algunos podemos decir ciertas cosas a la cara. Tú sabías que el documento PISA era fabricado. El documento de la cuenta en Granadinas era información falsa. Si das cancha a alguien que a sabiendas está publicando documentos falsos, estás haciendo mucho daño al periodismo”.

El enfrentamiento ha durado algunos minutos más. Ferreras ha señalado que La Sexta ha sido “contención y dique” contra esas informaciones supuestamente falsas y ha reconocido presiones del PP y del PSOE en 2015 para que no dieran espacio a Podemos.

Iglesias ha zanjado: “No te lo puede decir mucha gente porque eres el jefe. Te lo digo porque represento a cinco millones de votantes y tengo la obligación de decir la verdad”.

Agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se personaron ayer viernes en la redacción de Okdiario para requisar todo el material relacionado que pudiera guardar el medio procedente del teléfono sustraído a una colaboradora de Pablo Iglesias en noviembre de 2015, han avanzado a eldiario.es fuentes del caso. 

Los agentes presentaron un mandamiento del juez en el que se exigía el original y las copias posibles de la tarjeta del teléfono y se prohibía la publicación de cualquier información procedente de la misma. El medio digital de Eduardo Inda publicó en julio de 2016 el contenido de un chat interno de Podemos en el que Pablo Iglesias hablaba de azotar a la presentadora de televisión Mariló Montero. 

El mandamiento judicial está dictado en el marco de la pieza número 10 del caso Villarejo, abierta a raíz de la aparición entre la documentación incautada al comisario de la copia del teléfono de Dina Bousselham, asistente de Iglesias durante el periodo de éste en el Parlamento europeo. eldiario.es se ha puesto en contacto con Okdiario y en un primer momento el medio ha declinado hacer declaraciones. Posteriormente, desde Okdiario han explicado que la Policía se llevó solo los pantallazos ya publicados en la web de este periódico, porque “han pasado ya tres años y no conservamos más información”. 

En noviembre de 2015, poco después del regreso de Iglesias y su equipo a Madrid para centrarse en las elecciones generales, alguien sustrajo el teléfono de Bousselham cuando hacía unas compras en un centro comercial de Alcorcón, según ha declarado ella al juez. En ese teléfono estaba la información que publicó meses después Okdiario. 

La pasada semana, Iglesias y Bousselham comparecieron en la Audiencia Nacional en el marco de esta pieza, declarada secreta. El juez del caso, Manuel García Castellón, les ofreció personarse como perjudicados y, junto a los fiscales Anticorrupción, les formuló varias preguntas.

Los investigadores sospechan que la sustracción y publicación del teléfono podría ser parte de una operación del Ministerio del Interior de la época para perjudicar a Podemos en un momento en el que la formación de Pablo Iglesias tenía opciones de materializar un cambio de Gobierno si se aliaba con el PSOE.

En esta tesis abunda que el material apareciera entre el archivo de Villarejo, el comisario implicado en las maniobras policiales contra la oposición que se dieron durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, y que parte de su contenido acabara publicado en un medio de comunicación que había publicado distintas informaciones procedentes de la brigada política contra Podemos, como el falso informe PISA.

Iglesias entregó una copia de la tarjeta del teléfono que le había hecho llegar a su vez el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio Mosbah. El empresario fue llamado a declarar por el juez y le explicó que la información había llegado a la revista Interviú, ya desaparecida, y que el grupo decidió entregarle la copia al afectado, Pablo Iglesias, una vez constató que no tenía relevancia informativa. 

Todo eso ocurrió antes de que Okdiario publicara la información sobre el chat. Asensio, según las citadas fuentes, dijo desconocer el origen de la copia. Por este motivo, el juez ha llamado a declarar como testigo al entonces director de la revista del Grupo Zeta, Alberto Pozas, hasta ayer director de información nacional en Moncloa. La citación motivó la renuncia de Pozas a seguir trabajando junto a Pedro Sánchez.

El Juzgado de lo penal número 13 de Madrid ha absuelto a los periodistas Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta, Santiago González y, al entonces director de El Mundo, Casimiro García Abadillo, acusados de sendos delitos de injurias y calumnias con publicidad en las informaciones del caso Cuadrifolio, publicadas en 2014 en ese periódico.

La sentencia señala que los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta publicaron varias informaciones en las que describían la relación del gobierno de José María Barreda en Castilla la Mancha con la empresa Cuadrifolio como “la Gürtel del PSOE”, y apuntaban a contratos inflados, amaños y regalos de la empresa a cargos del partido.

“Antes de publicar tales informaciones los informadores Sres. Inda y Urreiztieta contaron, entre otras fuentes de información, con diferente documentación que arrojaba datos e informaciones auténticas”, sostiene la sentencia, que añade que hay indicios racionales de que la Junta de Castilla La Mancha fraccionó contratos para otorgárselos a dedo a Cuadrifolio: “Tales informaciones arrojaban indicios de entendimiento, connivencia o trato de favor entre la JCCM -Junta de Castilla La Mancha- y el grupo Cuadrifolio”.

“De la documentación de que disponían los informadores y otras pruebas que se han aportado al procedimiento resultan igualmente indicios de sobreprecios en algunos contratos administrativos adjudicados a empresas del grupo Cuadrifolio”, añade el juez Francisco Manuel Bruñén.

Lo que sí señala la sentencia es que “no se ha acreditado que con beneficios obtenidos derivados de las contrataciones, el grupo Cuadrifolio financiara, o realizara eventos o trabajos gratuitos a favor del PSOE”.

El juez apunta que el PSOE no ha “ejercitado acción penal por las informaciones y opiniones objeto del presente procedimiento, ni tampoco cargo alguno de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha ha iniciado acciones penales en razón de las mismas, y por ello tales contenidos informativos y editoriales no han de ser analizados desde la óptica de que puedan resultar calumniosos o injuriosos para dicha formación política o para cargos políticos o administrativos de la JCCM, sino para la parte querellante”, en referencia a Cuadrifolio.

“La imputación de hechos delictivos se encuentra amparada por el legítimo ejercicio del derecho a la información, no existiendo, por otra parte, ánimo o intención específica de difamar, vituperar o agraviar, ni un temerario desprecio a la verdad, la información no es subjetivamente inveraz ni se realiza con un manifiesto desprecio a toda confrontación con la realidad o a sabiendas de su inexactitud”, recoge el texto.

En cuanto a los editoriales y artículos de opinión -uno de ellos firmado por Santiago González-, el fallo estima que “la libertad de información admite la realización de juicios de valor, incluso aunque sean muy críticos, ácidos o mordaces”.

Tanto Santiago González como Esteban Urreiztieta siguen trabajando en El Mundo, mientras que Casimiro García Abadillo es hoy director de El Independiente y Eduardo Inda está al frente de OKDiario.

Cuesta entender cómo, el mismo Pedro Sánchez que en su día nos avisó, con razón, que la sociedad española había iniciado un nuevo tiempo político que sus rivales no acababan de entender, haya dado tantos síntomas de mostrarse convencido que ese nuevo tiempo corría para todos menos para él. La tardanza en forzar la dimisión de una Carmen Montón que llegó 48 horas tarde, o la demora en abrir al público su tesis doctoral, solo se explican si eres un gobernante que aún no ha entendido bien que, en esta España del 2018, las responsabilidades políticas ya no pueden eludirse, solo puedes adelantarte a que te las exijan. Pablo Casado aún no lo ha entendido y por eso acabará pagando un precio aún mayor.

Todavía más sorprendente resulta que, en Moncloa, nadie viera venir lo que era evidente que se estaba fraguando en la prensa que suele jalear y alimentar los discursos de Ciudadanos. Que Albert Rivera llevara al Congreso las dudas que ellos mismos estaban alimentando sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez solo era cuestión de horas. Lo extravagante es que la pregunta cogiera al presidente por sorpresa y desarmado y que su reacción fuera tan melodramática y calderoniana.

Que alguien se indigne a estas alturas por la manera hacer periodismo del ABC o de OK diario o el estilo de hacer política de los naranjas resulta de una ingenuidad enternecedora, pero inaceptable. A la política española se viene llorado de casa. A la cínica pregunta de Rivera se responde teniendo la tesis lista para publicar esa misma mañana y preguntándole cómo es posible que abandone a su suerte a tantos catalanes cambiando su interpelación sobre la situación de indefensión y tiranía que viven en Catalunya por un chismorreo sobre la tesis del presidente.

Si no vas a ir a los tribunales, no anuncies acciones legales porque solo consigues hacer el ridículo. No existe arma más poderosa contra la mentira que la ironía. Si Eduardo Inda me acusara en público de algo aún me estaría riendo. Si se pusiera a explicar qué es un plagio en un programa con Ana Rosa Quintana no sabría cómo parar las carcajadas para empezar a desmontar tanto desconocimiento. La información publicada por el ABC, con genialidades tan pasmosas como acusar de hacer una “cita trampa” o considerar plagio reproducir una estructura administrativa publicada en el BOE, sólo puede moverte a la ternura y animarte a intentar enseñar a quien no sabe.

No sabría por dónde empezar a darme el festín si pusiera en duda mi formación alguien como Albert Rivera, quien en unas semanas ha perdido en su currículo dos másteres, un título de doctor, un doctorando y aún tiene que explicarnos cómo pudo sacar la licenciatura y el máster en derecho por la Universidad Ramón Llul en el mismo curso 2002 si son titulaciones que ni pueden, ni podían, cursarse simultáneamente.

Que programas como Turnitin, diseñados para verificar coincidencias en trabajos de estudiantes, se conviertan en la prueba del plagio en una tesis doctoral lo dice todo sobre el nivel y la erudición de quienes salieron a cazar plagiadores y han acabado cazados en sus propias trampas, teniendo que conformarse con emitir opiniones de tertuliano sobre si les gusta o les deja de gustar la tesis, el tribunal o la encuadernación.

Las furibundas críticas vertidas por economistas de derechas como Juan Ramón Rallo o Manuel Conthe contra el contenido de una tesis que, según Ciudadanos, no se podía leer y estaba inaccesible, constituyen la mejor prueba de que hay tesis y algo debe decir para ponerlos tan tensos. Yo habría empezado por ahí.

“Okdiario recibió en 2016 un préstamo estatal de 300.000 euros sin avales ni garantías”. Así titulaba El Salto una información en la que explicaba que “la web de Eduardo Inda, presentada en 2015 como un proyecto que no sería 'un sumiso lactante de la ubre pública”', recibió al año siguiente de nacer un préstamo en condiciones ventajosas de una empresa pública dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad“.

¿Cuáles eran esas condiciones? Según relata El Salto, “Dos Mil Palabras SL, la empresa creada por Eduardo Inda para editar la web Okdiario, recibió, en 2016, 300.000 euros de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), una entidad pública de carácter estatal, y actualmente dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El importe, en forma de préstamo participativo, fue otorgado a esta web de información de derechas a pesar de que tenía unas cuentas deficitarias. En 2015, según sus cuentas anuales –en las que valora su web en 300.000 euros–, la empresa que edita Okdiario tuvo 550.836 euros en pérdidas, con más de 77.000 euros de deudas con proveedores”.

Así, el grupo confederal Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado una pregunta a la mesa del Congreso para interesarse por el préstamo de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), dependiente de Economía. Unidos Podemos señala que la sociedad editora de OKDiario no cumplía con los requisitos para recibir el préstamo: “¿Cuáles fueron los criterios de ENISA para conceder este préstamo? ¿Ha concedido ENISA préstamos participativos a otras empresas relacionadas con algún medio de comunicación?”

Podemos ha presentado sendas denuncias contra el director de OKDiario, Eduardo Inda, y contra el empresario de televisión Enrique Rioboó por las acusaciones que vertieron contra el partido en la comisión de investigación que el PP ha organizado en el Senado para fiscalizar la financiación de todos los partidos políticos excepto de la suya. El partido liderado por Pablo Iglesias acusa a ambos de haber mentido en sede parlamentaria al asegurar que Podemos fue financiado por Venezuela e Irán.

En las denuncias, a las que ha tenido acceso eldiario.es, Podemos acusa a ambos de un supuesto delito previsto en el artículo 502.3 del Código Penal. El artículo dice: “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

En su comparecencia en el Senado, Inda llegó a acusar a la Fiscalía de no investigar a Podemos.

En su denuncia, Podemos recopila afirmaciones del periodista que considera falsas. Entre otras, cuando Inda aseguró que “…la financiación [a Podemos] ha llegado por transferencias de dinero que nosotros hemos relatado y probado con toda suerte de documentos en los últimos años”. El partido que lidera Pablo Iglesias responde: “Podemos ha acreditado la correcta financiación del partido ante el Tribunal de Cuentas, arrogándose el señor Inda una actividad de supervisión que no le compete, que no ha realizado y que se basa en la falsedad y la calumnia”.

Podemos también asegura que “los documentos publicados por el Sr. Inda en su medio de comunicación OK DIARIO, con independencia de su falsedad manifiesta, en modo alguno prueban un traspaso de dinero al partido. Son documentos artificiales que simulan transferencias o pagos al Sr Iglesias, nunca traspasos al Partido, en ninguna forma”.

Los pagos firmados por Chávez cuando había muerto

Podemos también recuerda que Inda afirmó “que los pagos los firmó el señor Chávez y que tiene meridianamente claro que terminan en el año 2015”. 

El partido de Iglesias zanja en la denuncia: “Pues bien, el Sr. Hugo Chavez fallece en Caracas (Venezuela) el 5 de marzo de 2013, por lo que es clara y meridiana la mentira de Inda ante una Comisión Parlamentaria”.

En cuanto a Riobóo, Podemos recuerda que el senador del PP Luis Aznar le preguntó: “¿la financiación que obtiene Podemos en aquellas primeras elecciones a las que concurre, que no fue menor, por el tipo de campaña que hicieron, proviene de este montaje del Gobierno iraní?”. La respuesta del empresario fue: “Proviene, sin duda ninguna, del Gobierno de Venezuela y de la televisión de los iraníes; con toda seguridad”.

Y el partido responde: “El Sr. Riobóo ha mentido ante una comisión de investigación puesto que la financiación que obtuvo Podemos para las elecciones al Parlamento europeo en ningún caso provino de un gobierno o de una televisión. Es público el Informe de Fiscalización de las contabilidades del Tribunal de Cuentas de las Elecciones Europeas y se ha probado que la financiación de Podemos se produjo de forma legal, por lo que afirmar lo contrario es faltar a la verdad”.

Y sigue Podemos: “Afirmar en sede parlamentaria que 'toda la actividad política del partido Podemos' se ha financiado con los bolsillos del Sr. Iglesias y el Sr. Monedero, es faltar dolosamente a la verdad”.

Coincidencia total entre el PP y Eduardo Inda en el Senado a propósito de la presunta financiación irregular de Podemos. Los conservadores han citado al director de OKDiario en la comisión de investigación en la que le ha plantado toda la oposición. Tanto el PP como Inda han asegurado que la formación de Pablo Iglesias ha recibido fondos de Irán y Venezuela, a pesar de que todas las investigaciones judiciales se han archivado. 

Inda ha acusado a la Fiscalía de ser “blanda” en las actuaciones contra Podemos: “Anticorrupción tampoco tenía muchas ganas de investigar a Podemos porque ha ayudado a dividir a la izquierda”, ha asegurado el director de OKDiario en sede parlamentaria. También ha mostrado su “estupefacción por que haya un partido político que goza de la impunidad y la inmunidad más absoluta”. Incluso ha asegurado que el PP “nunca dice que es una conspiración” las investigaciones de corrupción que le afectan y ha citado el caso Gürtel.  El propio Mariano Rajoy llegó a decir que las actuaciones policiales y judiciales eran una “causa general” contra el PP. Fue en 2009. 

El director del medio digital ha basado buena parte de su argumentación para acusar a los dirigentes de Podemos en un documento fantasma de la Policía que ha sido desechado en varias ocasiones por la Fiscalía y cuya utilización ha acabado en archivo por parte de los jueces. Se trata del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que el Ministerio del Interior atribuye a la “inteligencia” pese a que no cuenta ni con autor ni sello oficial. 

Inda se ha referido a ese informe como “un trabajo muy bien hecho de la Policía” que, a su juicio, ha sido “desacreditado desde el periodismo basura de este país”. Sin embargo, la Fiscalía lo ha desestimado en varias ocasiones asegurando que se trata de una “mera remisión de informaciones no autenticadas”.

El periodista también ha justificado sus acusaciones contra Podemos en el supuesto pago a Pablo Iglesias de 272.325 dólares por parte del gobierno venezolano en el año 2014, meses antes de la campaña electoral de las europeas, a través del banco Euro Pacific Bank, con sede en el paraíso fiscal de las islas caribeñas de San Vicente y las Granadinas. 

Ese banco emitió un comunicado para desmentir la noticia publicada por OKDiario en el que aseguró que no tenía ninguna cuenta a nombre de Iglesias: “El banco no mantiene cuentas de PEPs (personas políticamente expuestas) ni acepta pagos desde Venezuela bajo ninguna circunstancia”, aseguraba.  El Ministerio para la Banca y las Finanzas de Venezuela también negó esa supuesta orden de pago. La información del periódico de Inda se basaba en un documento que fue copiado de la cuenta de Youtube de una periodista muy crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro. 

A pesar de ese desmentido de la entidad financiera, el PP le ha dado pábulo a ese supuesto pago: “En principio y mientras no se demuestre lo contrario tengo unos documentos que están publicados, que nadie se ha querellado contra los medios que los han publicado ni los ha desmentido ningún medio–ha dicho el portavoz, Luis Aznar–. Coincide con otras informaciones por lo que parece que va en ese camino”. 

El PP ha restado importancia a los archivos judiciales y ha asegurado que la financiación de Podemos es “turbia”. Aznar ha dado por hecho que fue irregular, con fondos procedentes de Irán y Venezuela, pese a la falta de pruebas: “Está suficientemente probado independientemente de la justicia –ha declarado en la comisión–. Va quedando bastante clara la situación, que Podemos ha nacido y ha vivido no sé si toda su historia o parte de ella financiada desde países extranjeros”.

Inda también se ha referido a la declaración el exministro venezolano de Finanzas Rafael Isea que aseguró que el gobierno chavista había abonado siete millones de euros a la fundación CEPS y que no tributó por ellos. Isea mencionó a Pablo Iglesias, Jorge Verstrynge y Juan Carlos Monedero. Monedero, que ha comparecido esta mañana en la comisión, ha asegurado que esas acusaciones son “falsas”. La Fundación CEPS reconoció en sus cuentas pagos por valor de 4,2 millones de euros por el Gobierno de Caracas, en concepto de trabajos de consultoría.

También ha cuestionado el trabajo de consultoría realizado por los dirigentes de Podemos en América Latina: “Eran casi del Rincón del Vago, de copia y pega”, ha dicho Inda, que ha asegurado que lo que precios cobraban los fundadores de Podemos “por asesoría son más levados que los de Bill Clinton o Barack Obama”.

Inda ha instado al PP a que inste al Gobierno de Rajoy a que apremie a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria a investigar a Podemos. Además, ha sugerido a los conservadores que soliciten al partido de Iglesias determinada información fiscal en el marco de la comisión que toda la oposición considera una “farsa”. “Es una opción que no desechamos”, le ha contestado Aznar. 

El Partido Popular ha aprobado en la Comisión de Investigación sobre financiación de los partidos políticos dos sesiones monográficas sobre las cuentas de Podemos.  El portavoz del Grupo Popular en la Comisión, Luis Aznar, ha explicado este lunes que entre los comparecientes están el periodista Eduardo Inda, así como Juan Carlos Monedero, como fundador de la formación política, la exfiscal general del estado de Venezuela, Luisa Ortega, y del presidente de la Comisión Contraloría, Fredy Guevara, entre otros.

Aznar ha señalado que tienen información sobre el dinero que posiblemente haya podido recibir durante años la confluencia de izquierdas. “Para nosotros es importante saber cómo se ha fundado un partido con ayuda del dinero de otro país, que además no tiene democracia”, ha apuntado. 

Además del director de OKDiario y la exfiscal de Fiscal General del Estado de Venezuela, Luisa Ortega, o Juan Carlos Monedero, el Partido Popular también ha llamado a comparecer en la Cámara Alta al profesor de Universidad, Enrique Rioboo, al concejal y portavoz de Unión de Leganés, Carlos Delgado Pulido, y al abogado de la Plataforma por las garantías Ciudadanas, Alberto Ganga.

Tanto la exfiscal venezolana como el presidente de la Comisión Contraloría han sido citados el 13 de octubre, mientras que Inda, Monedero y Rioboo están convocados el 16 de octubre.

Los populares también han pedido para el 26 de octubre la comparecencia de miembros de Ciudadanos  como su responsable de Finanzas, Carlos Cuadrado,  y el secretario de Organización de la formación en Andalucía, Manuel Buzón. También han pedido la asistencia del director general de Caser Seguros, Ignacio Eyríes Garcia de Vinuesa.

El portavoz del Grupo Popular ha criticado “la incoherencia y la falta absoluta de respeto del Grupo de Podemos, que no ha asistido hoy a la comisión ni para defender su propuesta de comparecencias”, además de acusarles de “querer reventar el Estado desde dentro, despreciando a las instituciones y a los órganos de la Cámara Alta”.