Eurocaja Rural cerró 2025 con un beneficio después de impuestos de 122 millones de euros, un 5,49% superior a los del ejercicio 2024.

El balance total ascendió a 11.221 millones de euros, lo cual representa un incremento del 13,48% frente al ejercicio precedente, según ha trasladado la cooperativa en su informe de resultados hecho público este jueves.

Durante 2025, la entidad ha continuado avanzando en su estrategia de expansión territorial, reforzando su presencia en todo el país mediante la apertura de 28 nuevas oficinas y la incorporación de equipos altamente especializados.

Esta expansión ha permitido aumentar la base de clientes y diversificar la actividad en un momento clave para el sector financiero. Al cierre del ejercicio la Entidad contaba con 506 oficinas y 1.428 profesionales en su Grupo Económico, con presencia en 26 provincias y 11 comunidades autónomas.

La entidad ha valorado que los resultados afianzan su posición como una de las entidades financieras más sólidas y solventes del panorama nacional. En este sentido, el director general de Eurocaja Rura, Víctor Manuel Martín, ha calificado el 2025 como un ejercicio “magnífico para Eurocaja Rural” en el que se han “alcanzado todos los objetivos que nos habíamos planteado al inicio del mismo”.

Junto al dato de beneficio, Martín ha destacado “un crecimiento de la inversión crediticia del 18,5%, alcanzando las 25.000 operaciones concedidas por cerca de 2.700 millones de euros”.

Asimismo, ha destacado que “los recursos de clientes han avanzado más de 1.000 millones de euros, lo que supone un 12,5% de crecimiento respecto al ejercicio anterior”.

Sobre el nivel de morosidad, el director general ha apuntado que Eurocaja Rural mantiene una ratio del 1,36% “de los más bajos del sistema financiero español” y una cobertura sobre saldo de uso del 141% “que prácticamente dobla a la media del sector financiero”.

El director general ha subrayado que la entidad financiera continúa con su apuesta por la prestación de servicios en localidades pequeñas y medianas. Un elemento que ha ejemplificado con 71 localidades que cuentan con Eurocaja Rural como única referencia financiera física. Además, ha señalado que la cooperativa de crédito cuenta con 265 oficinas en localidades de menos de 5.000 habitantes.

“Eurocaja Rural se consolida como una entidad de referencia en los territorios donde se asienta, con su modelo cercano, humano y de atención personalizada, combinada con las nuevas tecnologías”, ha celebrado Víctor Manuel Martín.

Sería una exageración decir que España se encamina hacia un modelo estadounidense con la universidad, pero no lo es decir que para cada vez más gente endeudarse para estudiar es hoy una realidad: un 14% de los créditos bancarios que se piden ya son para financiar estudios, la inmensa mayoría de ellos para pagar matrículas. La cifra ha crecido un 60% en cinco años.

En los últimos años se está configurando un doble mundo en el acceso a la universidad en nuestro país, derivado fundamentalmente de la escasísima oferta pública de plazas: por un lado las comunidades autónomas tienden a bajar precios públicos o, como os venimos contando, incluso a ahondar en la gratuidad de las primeras matrículas en sus universidades; por otro, miles de personas que no llegan a las cada vez más altas notas de corte se ven abocados a buscar su asiento en un centro privado, pagando miles de euros al año aunque no los tengan.

El mercado laboral, cada vez más especializado, y la estadística son tozudos: tener un grado universitario puede suponer hasta el doble de salario que no tenerlo. Y todo el mundo (lógicamente) quiere uno. Y un máster. Y así, al calor de las decenas de universidades privadas creadas en los últimos años, ya hay más estudiantes de máster en centros privados que en los públicos.

Las universidades públicas ofrecen hoy las mismas plazas que hace diez años, una escasez de oferta –esto es responsabilidad directa de las comunidades autónomas, que infrafinancian a sus universidades– que, sumada a la alta demanda, provoca que las notas de corte se disparen, dejando fuera de ciertos grados a mucha gente. Para ellos quedan dos opciones: o pagar o buscar otra cosa (alguno también puede intentar repetir Selectividad, perdiendo un año por el camino).

No está de más recordar que esta situación no aparece de la nada. Ni siquiera es responsabilidad (exclusiva) de la infrafinanciación autonómica, aunque esta también pone de su parte. Pero el origen de todo está en el plan Bolonia, que a principios de siglo modificó la estructura de los estudios universitarios y consagró la apuesta por los másteres como elemento de especialización universitaria. Lo que antes se hacía en los últimos cursos del propio grado hoy se cursa a posteriori y se paga a precio extra.

De Madrid a Asturias

Mientras, en Madrid, que es el epítome de la privatización universitaria y el ahogamiento de los campus públicos, el Gobierno regional tiene que salir al rescate de dos centros que él mismo ha ahogado. La Comunidad es la única autonomía que financia peor a sus universidades hoy que en 2008 –que se dice pronto– y aunque hasta el momento los rectorados han conseguido lidiar con la situación, en la Complutense ya no pueden más y necesitan un crédito de 35 millones de euros solo para pagar las nóminas.

Pero la cosa no se queda ahí y la Rey Juan Carlos va camino de necesitar una intervención también. Lo ha admitido el consejero Emilio Viciana, que ha asegurado que la Comunidad estará ahí por sus universidades. Lo decía Viciana como una virtud de su Gobierno (¡Madrid, al rescate!), obviando que si los centros necesitan un crédito es porque la Comunidad las ha llevado a esa situación con años de infrafinanciación.

Y en Asturias la autorización de dos universidades privadas, las primeras en la región, ha roto el consenso entre PSOE e IU, los socios de Gobierno.

Último tema universitario y sigo con más cosas: Esade publicó la semana pasada el perfil más detallado de las personas que reciben una beca en España. Aunque es más descriptivo que otra cosa, igual le falta alguna conclusión, siempre es interesante tener información: la becaria promedio es mujer, de familia con pocos estudios, con buen rendimiento y que elige grados menos complicados.

Esta semana hemos hablado de...

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La agencia de calificación crediticia Moody's ha elevado en un escalón la calificación institucional de largo plazo de Eurocaja Rural, situándola en A3 con perspectiva estable. Del mismo modo, ha incrementado el rating de sus emisiones de cédulas hipotecarias hasta AAA, máxima calificación crediticia para cualquier tipo de activo que otorga dicha agencia.

Moody's destaca de la entidad la alta calidad de sus activos, con niveles históricamente bajos de préstamos dudosos e inmuebles adjudicados y su política de concesión conservadora junto con un alto nivel de cobertura del 140,65% frente a un 69,30% del sector. Al cierre del ejercicio 2024 la ratio de morosidad se situaba en el 1,62%, aproximadamente la mitad que la media sectorial, 3,32%, según ha informado la cooperativa de crédito en nota de prensa.

Respecto a la solvencia de Eurocaja Rural, la mejora de la calificación se fundamenta en una capitalización sólida, con una ratio CET1 del 20,1%; una buena capacidad de generación de beneficios, obteniendo un resultado después de impuestos de 116 millones de euros en el último ejercicio; y una financiación y liquidez estables, respaldadas por una base de recursos gestionados de clientes granular (8.741 millones de euros al cierre de 2024) y un elevado volumen de activos líquidos.

La valoración de Eurocaja Rural por parte de la agencia de calificación es “muy positiva” y confirma, según la entidad, la “fortaleza” de su modelo de negocio, “basado en una gestión prudente y consistente a lo largo de tiempo con un modelo de banca omnicanal, que combina la atención personalizada al cliente a través de una amplia red de oficinas ubicada en los territorios donde opera, complementada con su banca digital”.

Actualmente, Eurocaja Rural se encuentra presente en nueve comunidades autónomas (Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón y Andalucía) y 23 provincias del territorio nacional. Su red comercial supera las 495 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.

El año pasado se concedieron en España más de 127.000 visados de obra nueva. La cifra refleja una tendencia ascendente, que viene afincándose paulatinamente desde hace una década. En 2014, se cerró el ejercicio con casi 35.000 visados. Sin embargo, este aumento de más del 360% en los permisos para construir hace una cruz con otra gráfica relevante para entender los antecedentes, la evolución y el presente del sector en este milenio. Según los datos del Banco de España, el crédito promotor está en mínimos, respecto al Producto Interior Bruto, desde el principio de la serie histórica, en 1998. Es decir, el peso del dinero que los bancos prestan para levantar edificios residenciales es más bajo que nunca y muy cercano al 6% del PIB.

¿Por qué en un ciclo de un, todavía tímido, despegue de la construcción este indicador sigue a la baja? La respuesta no es sencilla y abarca múltiples factores, pero hay uno que sobrevuela todas las conversaciones. “Las cosas se hacen de manera más seria, no se pide crédito promotor a la ligera y el sector ha aprendido de las dificultades que conlleva tomar crédito financiero gratuito”, contrapone el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alen, respecto a la situación que se daba en la burbuja inmobiliaria. Entonces, el dinero que las entidades prestaban para los sectores de la construcción y las actividades inmobiliarias llegó a superar el 40% del PIB.

El director de coyuntura económica de Funcas, Raymond Torres, recuerda que “uno de los factores que produjo la burbuja fue que el crédito promotor se disparó”. Esa experiencia provocó que la normativa haya ido en sentido inverso, “evidentemente restrictivo”, indica. “Para que no le coma capital, la entidad debe asegurarse de que el promotor ha vendido, al menos, la mitad de su proyecto de edificación y que ha desembolsado la mitad del precio del suelo”, explica el experto. Y esto, continúa, “en un momento en el que los precios de la vivienda son muy altos y con tanta incertidumbre jurídica en cuanto a los procedimientos de licitación”.

“Cada entidad financiera tiene su propio criterio de evaluación de riesgos, aunque es cierto que, en comparación con etapas anteriores, lograr ese porcentaje óptimo de financiación es más complejo”, señalan fuentes del sector de la construcción, que admiten que esto supone un mayor desembolso de fondos propios y, a la larga, limita su capacidad para invertir en otros proyectos y expandir su oferta de vivienda, en un contexto en el que el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, acaba de cifrar en 700.000 el déficit de casas.

En un informe publicado en 2024 por el Banco de España, el regulador ya alertaba que la evolución del crédito promotor “refleja la continua reducción de los desequilibrios acumulados en la expansión crediticia registrada en la primera década del siglo XXI, pero también el escaso dinamismo en los flujos de crédito del sector de la promoción y la construcción durante los últimos años”. Una dinámica que, indica el trabajo, “resulta consistente con los modestos niveles de construcción de vivienda nueva y la contención de la actividad inmobiliaria residencial”.

A la hora de hablar de cualquier préstamo, es fundamental tener en cuenta las dos caras de la moneda: quien pide fondos y quien los presta. Y aquí está otra clave. ¿El crédito promotor ha bajado por una dificultad de acceso o por una menor demanda? “Hoy por hoy, todo lo que sale al mercado, se financia. Los bancos tienen restricciones regulatorias, pero no de crédito. No hay escasez de crédito”, señala un directivo vinculado al sector bancario, que indica que actualmente el peso del crédito promotor en los balances de cualquier banco en España está por debajo del 10%. En 2024, hubo disponibles unos 100.000 millones de euros, en un contexto de crecimiento del PIB, que también empuja la tasa hacia abajo.

Analizando la otra cara de la moneda, desde el ámbito constructor, quien pide dinero, admiten que la falta de suelo finalista y la inseguridad jurídica frena la puesta en marcha de proyectos que podrían reducir el gap de viviendas. “Lo que se está demostrando es que, habiendo suelo, no es apto para ponerlo en mercado y, si a la hora de desarrollar un proyecto, un error subsanable me retrotrae todas las actuaciones a origen, no empiezo nada”, explica Fernández Alen. Todas las voces consultadas apuntan a la Ley del Suelo como un freno a los desarrollos y el culpable de que algunas promociones puedan alargarse durante años o incluso una década. El Ministerio de Vivienda ha llevado en dos ocasiones una reforma al Congreso de los Diputados, que el PP tumbó. Una maniobra que desde el sector inmobiliario, pero también desde la banca, consideran de “meramente político”.

Con todo, los requisitos de financiación hacen que los promotores tarden más en acceder al crédito, por lo que tienen que sacar músculo o recurrir a otras fuentes. “En términos generales, siempre que la operación inmobiliaria sea rentable y el producto esté en demanda, existe un acceso relativamente disponible al capital y a la financiación, pero desde el punto de vista del promotor, uno de los principales problemas que enfrentamos es el tardío acceso a la financiación bancaria, que no llega hasta que comienza la obra y se alcanzan los niveles de preventas exigidos”, indican voces del sector.

Al calor de estas dificultades o requisitos de acceso, avivado por una concesión de suelo insuficiente en un contexto de precio altos y una reducción en el número de entidades financieras, han ido apareciendo “mecanismos alternativos de financiación, como fondos, que vienen a complementar o sustituir lo que hacen las entidades bancarias”, explica Raymond Torres. El peso de estos fondos de deuda o inversión en la financiación no es público, pero según las estimaciones de la banca no llegaría al 10% de la financiación, pero sirve para alcanzar esos requisitos previos a que las entidades bancarias entren en la ecuación. “Por ejemplo, financian suelos o proyectos sin preventa, con un nivel de apalancamiento muy amplio”, indican estas fuentes.

En esa línea, en los últimos tiempos se han impulsado los avales del Instituto de Crédito Oficial, destinados principalmente a vivienda asequible. “Estos avales pueden complementa la autofinanciación del promotor, de manera que se alcancen los requisitos legales de las entidades financieras, para que puedan contribuir también a la financiación”, explica Torres, que considera este mecanismo “prometedor”.

Esta evolución del crédito promotor se produce en paralelo, pero muy alejada por lo bajo, del que reciben los hogares para la compra de vivienda. En junio, supuso el 30,6% del PIB, la mitad que en la burbuja pero casi el doble que hace tres décadas. Y en un contexto, además, de aumento de las compraventas.

Esta curva, a juicio del responsable de estudios de la Asociación de usuarios financieros (Asufin) Antonio Gallardo, “registra el cada vez menor acceso de los españoles a la vivienda y al préstamo hipotecario”, que se ve, “especialmente, en los precios de los importes que han subido y, a pesar de ello, hay una caída bastante importante del crédito”. En julio, se registraron 65.000 operaciones de compraventa, mientras se firmaron 45.000 préstamos hipotecaros para la compra de vivienda, por un importe medio de 163.307 euros.

“Cuando tienes necesidad apremiante de financiación recurres a todo”, lamenta Ángel. “Recurres a todo”, incide, y recuerda que él, que ahora está jubilado y que dedicó toda su vida a la enseñanza, necesitó un dinero que no ganaba para tratar la enfermedad de su hijo en los años previos a la pandemia. Primero pidió a los bancos tradicionales y a las entidades de crédito reguladas, pero cuando le empezaron a negar nuevos préstamos, recurrió a empresas no financieras, “usureros”, según los define, que ofertan en Internet pequeñas cantidades de dinero que hay que devolver en apenas días o semanas, y que buscan que “los deudores entren en el bucle de necesitar nuevos mini créditos para pagar los anteriores”, según denuncia Asufin (Asociación de usuarios financieros), “hasta que no puedes controlarlo, y te llaman, te amenazan, y ya solo te queda, prácticamente, pues que vengan a por ti, y que te ejecuten. En fin, la desesperación más absoluta”, comenta Ángel a elDiario.es.

Jorge tenía un pequeño negocio y había hecho algunas inversiones que no salieron como esperaba. Pidió uno de estos mini créditos para salir del paso. Fue “fácil y sencillo”, como dicen los anuncios de estos productos. “Con eso pagué algunas deudas de la empresa y pude tener algo para ir tirando, pero luego te das cuenta de que es fatal”, explica el hombre, que prefiere no utilizar su nombre real. Su caso y el de Ángel ilustran los de muchos. Para pagar el capital prestado y unos intereses que lo pueden multiplicar hasta la usura pidió un mini crédito, y otro, y otro más, hasta siete. “Llega un momento en el que no puedes más y que te quedas ahí pillado: tienes que seguir pagando mientras no entra dinero”, explica.

El VI Barómetro de mini créditos, que publica cada año Asufin, señala que el país vive “un momento netamente expansivo para los préstamos personales”, impulsado por las bajadas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, hay usuarios que se han visto expulsados de este mercado formal de financiación, más garantista y regulado, y han terminado navegando la marejada de los mini créditos que ofrecen prestamistas que escapan a la regulación financiera del Banco de España. Según este estudio, en el último ejercicio han subido tanto los importes mínimos y máximos medios que ofrecen 11 empresas analizadas (Vivus.es, ¡québueno!, Reddo, Moneyman o cashper), de 92 y 990 euros respectivamente; los plazos de devolución, de un mínimo de 17,2 y un máximo de 40,5 días; y los costes a corto y medio plazo.

“La fórmula más usual de 300 euros a 30 días ha sido la más repetida durante los años, aunque ha incorporado algunos cambios, ya sea ofreciendo plazos y especialmente cuantías superiores para clientes antiguos que hayan devuelto sus préstamos en plazo y forma o, en general, para todos”, señala el informe, que hace una comparativa para analizar el coste de estos productos. Con ese mismo ejemplo, “el mini crédito se encarece con respecto a la tarjeta de crédito hasta 170 veces”. La conclusión del barómetro es que, ante un aumento de la demanda, el sector aprovecha para incrementar sus tipos de interés y adecuarse a las peticiones de mayores cantidades.

La situación entraña dos riesgos a futuro. Por un lado, en el sector operan ahora empresas consolidadas, “con mayor experiencia” y con capacidad para “ofrecer préstamos de mayor cuantía, compitiendo con otras fuentes de financiación”. Por otro lado, que el acceso de los clientes expulsados del sistema tradicional a este capital eleven las tasas de morosidad. Los costes se llegan a disparar por encima del 1.000% TAE (tasa anual equivalente), al exigir que las cantidades y los intereses se devuelvan en muy poco tiempo. Estos pequeños plazos hacen que una oferta de un tipo de interés del 10%, o del 15%, o del 20%, que podría ser similar al de otras entidades financieras reguladas que conceden préstamos personales, en realidad son mucho mayores en términos comparables. Es decir, en el cálculo anual que corresponde a las TAE normales.

“Este tipo de productos son créditos rápidos, que no estudian el perfil del cliente ni hacen ninguna valoración previa”, explica la abogada Lola García, del departamento de asesoría jurídica de SinComisiones, un despacho que atiende cada mes unas 300 reclamaciones por intereses que se consideran usura. “El tipo de cliente es una persona que necesita dinero rápido, al que no le exigen ningún requisito y que después, cuando tiene que devolverlo, no puede, así que accede a otro mini crédito de otra entidad, hasta que terminan sobreendeudados”, indica la experta, que describe un pozo de deudas en el que cada intento por salir supone enterrarse más.

La forma de captar clientes de estas empresas ha variado con el tiempo. “Sus anuncios masivos en televisión son ahora bastante marginales, puntuales y solo de empresas líderes. Por el contrario, la forma de comercialización preponderante es a través de internet, intentando captar un público más joven”, indica Asufin. “Los clientes suelen decirnos que vieron los anuncios en las redes sociales, en TikTok, Instagram o Facebook, hicieron clic y con dar el DNI y el número de cuenta tienen el dinero ingresado”, aporta Lola García, que ha conseguido reducir o eliminar decenas de deudas. Una de las principales preocupaciones es que algunos de estos prestamistas dan el primer mini crédito “gratis”, en un tipo de marketing perverso cercano a los casinos o a las casas de apuestas, que busca a enganchar a gente con problemas, en algunos casos con el propio juego o con las drogas.

Aunque la legislación es más restrictiva en cuanto a los intereses que se pueden cobrar con las tarjetas de crédito o las entidades bancarias, los mini créditos están en un vacío legal. De hecho, para reclamar la suspensión o la devolución de los intereses abusivos, hay que remontarse a la ley sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, de 1908. “La Ley ”Azcárate permite declarar la nulidad de aquellos contratos de créditos con intereses superiores a los normales o desproporcionados. Sabemos que los bancos y las empresas de mini créditos prestan dinero a cambio de intereses, pero no es proporcionado pedir un 3.000%, como les ocurre a algunos clientes“, explica Lola García.

Gracias a esta estrategia, Jorge ha podido saldar parte de sus deudas. Aunque las estrategias de las empresas son variadas y cambiantes. En algunos casos, optan por alcanzar un acuerdo antes de llegar a los juzgados. En otras, alargan los procesos hasta que la justicia se pronuncia. “En los dos primeros casos, tras meter la denuncia se allanaron y me devolvieron los intereses que había pagado”, recuerda el hombre, pendiente de otro proceso, pero aliviado en parte porque “al menos puedes recuperar algo de lo perdido y quitarte esas deudas pendientes”.

Por su parte, Ángel dice que solo pudo poner freno a la espiral en la que había caído gracias a Asufin. “Se ganan el 90% de las demandas”, comenta, aunque lamenta para conseguir demostrar la usura, y que se cancele el exceso de intereses a devolver, “hay que pasar por un juzgado”, apunta Antonio Gallardo, experto económico de la Asociación de usuarios financieros.

“Nos encontramos con empresas, singularidades mercantiles, algunas domiciliadas en España y otras directamente que vienen de países del Este, o de Malta, que están fuera de la regulación, y a las que no se les puede reclamar en el Banco de España, como a las entidades financieras normales. Entonces, lo único que se puede hacer es demandar judicialmente”, explica Antonio Gallardo. Por esta razón, Asufin pide que “todo prestamista que vaya a un público general pase a estar regulado”. Esta demanda debería quedar recogida en la transposición de la directiva europea sobre créditos que, tras pasar por una consulta pública en 2024, permanece varada en las aguas del Congreso los Diputados.

Hace dos años, el Banco de España advirtió en su blog de los peligros económicos que conlleva pagar a plazos cualquier cosa, desde un sofá a una barra de labios. Con tono coloquial –y puede que con un punto de regañina– le habló directamente al lector: “Caíste en la tentación y llegas a la caja cargado de prendas. Piensas que quizá no debiste haber cogido los últimos pantalones… Pero en la caja te ofrecen una solución rápida: ‘compra ahora y paga después”. Desde entonces, esa modalidad de adquisición se ha popularizado aún más: ahora se pueden fraccionar las compras tanto en grandes superficies online como Amazon o Shein, como en tiendas físicas de cosmética o en plataformas de venta de entradas —cerca del 60% de los asistentes a Coachella esta última edición se costearon su fin de semana de festival con un plan de pago—. El BNPL (siglas de Buy Now Pay Later, “compra ahora y paga después” en inglés) está a la orden del día.

El método no es nuevo. Hace muchas décadas que productos caros pero duraderos como electrodomésticos, muebles o coches se pueden comprar a plazos y que empresas como El Corte Inglés permiten financiar las adquisiciones con su tarjeta corporativa. Estas cosas podrían considerarse de primera necesidad (toda casa requiere una nevera y una cama), así que correr el peligro de endeudarse cuando no se tiene el monto total quizá está justificado, pero ese concepto se ha dilatado con los años: ahora una crema, un masaje o un viaje pueden ser necesarios para sobrevivir en el turbocapitalismo.

Por ejemplo, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2024, cuyos resultados se publicaron en febrero de 2025, el 33,4% de la población no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (0,3 puntos superior a 2023). Pero en conjunto, los residentes en España realizaron 184,4 millones de viajes durante ese mismo año (solo 0,8 % menos que en 2023). ¿Significa esto que todas esas personas tenían dinero de sobra para costearse desplazamientos, alojamientos y demás gastos derivados? Por supuesto que no, pero para eso existen los préstamos al consumo, las tarjetas y los servicios de BNPL.

Se nos ha inculcado la idea de que vacacionar equivale a viajar, y que quedarse en casa es casi una derrota personal

Anna Pacheco — autora de 'Estuve aquí y me acordé de vosotros' (Anagrama, 2024)

Anna Pacheco, autora del ensayo sobre las condiciones laborales en los hoteles de lujo Estuve aquí y me acordé de vosotros (Anagrama, 2024), afirma que la industria del turismo ha conseguido redefinir las vacaciones. “Se nos ha inculcado la idea de que vacacionar equivale a viajar, y que quedarse en casa es casi una derrota personal. En función de tus recursos puedes aspirar a un tipo de viaje u otro, pero no viajar parece fuera de toda consideración”, reflexiona. “La presión es enorme, como si no descansar a través del consumo fuera una anomalía peligrosa”. Esta idea influye también en las personas que no se pueden permitir esas vacaciones porque esta industria “también moldea sus deseos, frustraciones y expectativas”, detalla.

Felipe, de 47 años, no quería perderse el campeonato de España de baloncesto en el que el equipo de su hijo se había clasificado. Para él suponía un esfuerzo económico importante así que pidió una tarjeta de crédito con un límite de 3.000 euros. Y pese a que ya tenía otras tarjetas “reventadas”, dice a elDiario.es, el banco tardó muy poco en concederle una nueva. Este préstamo se puede reembolsar de dos formas: pagando toda la cantidad utilizada al final de mes sin intereses o de manera fraccionada, que es cuando empieza la fiesta. “Lo pagas mensualmente con una cuota mínima de unos 80 euros hasta lo que quieras. Yo elegí la cuota mínima, me fundí los 3.000 euros y ahora estoy pagando 100 euros al mes con sus intereses”, sostiene. Pero el crédito que recupera se lo vuelve a gastar de inmediato porque necesita el dinero. “No sé si en esta vida me quitaré esa deuda”, sostiene.

El pasado enero, Rodrigo decidió usar las dos semanas de vacaciones que tenía para cumplir su sueño: ir a Islandia. Es un destino muy caro, así que también solicitó una tarjeta de crédito que su banco le concedió sin problemas. En total se gastó 2.000 euros y ha fraccionado el pago en 12 cuotas. Tanto él como Felipe han usado la tarjeta para adquirir otras cosas: Rodrigo una nevera y una lavadora, Felipe una cámara para grabar los partidos de su crío. “Es algo no esencial, pero que a mí me da la vida. Se me había roto la anterior, así que son otros 2.000 euros para pagar a plazos”, apunta el segundo.

Marta usó el mismo método para viajar hasta Yangon, capital de Myanmar, ya en 2017. Su hermana estaba de vacaciones allí y ella tenía muchas ganas de ir, así que pagó con tarjeta de crédito un vuelo de 1.200 euros que devolvió en seis meses con cuotas de 200 euros. “No fue por comodidad, ya que prefiero pagar las cosas del tirón siempre, sino porque no tenía el dinero. Mi sueldo en ese momento no era muy alto pero no quería renunciar a esa experiencia”, sostiene. Desde entonces, no ha vuelto a comprar nada más a plazos porque no lo ha necesitado pero asegura que, si se diese el caso, lo volvería a hacer.

Otros nuevos esenciales

Hace ya tiempo que los precios de los eventos musicales —festivales o conciertos de artistas ‘llena estadios’ sobre todo– están lejos de ser populares, y aun así se venden más. Por ejemplo, las entradas de los doce conciertos que Bad Bunny dará en España en 2026 van desde 73,30 euros hasta 143,30 euros (más los gastos de gestión). Eso sí, se pueden pagar a plazos, lo mismo que los abonos a festivales como el Cruïlla o el Primavera Sound. Este último ofrece el servicio desde el año 2013 en acuerdo con la plataforma Kaboodle.

Los importes de los abonos para el evento barcelonés van desde los 135 de la entrada de un día hasta los 545 euros del abono VIP. Según la organización, el porcentaje de las compras a plazos ronda el 12%, aunque en esta edición han percibido un ligero aumento. El abono ‘normal’, que cuesta 350 euros y da acceso a los días del festival sin extras, es el que más se vende por este método “a muchísima distancia de cualquier otro producto”, explican desde la organización a elDiario.es. “El motivo es que es, también a mucha distancia, el tipo de entrada que más vendemos. Somos un festival especialmente ‘abonero’, se venden pocas entradas de día en comparación con quienes optan por adquirir el abono completo”, desarrollan. El perfil medio del pagador a plazos coincide con el del asistente. “Estamos hablando de un público joven, mayoritariamente entre los 25 y 29 años, con una distribución muy paritaria entre hombres y mujeres”, comentan.

El cartel es increíble, van nuestros artistas favoritos y no nos queríamos perder la oportunidad de ir por no tener todo el dinero ahorrado de golpe. Entonces preferimos pagarlo a plazos

Andrea — 25 años

Andrea tiene 25 años y va a ir con su novia al Primavera Sound el próximo mes de junio. Las dos han optado por pagar su abono –básico, no VIP– de forma fraccionada porque es la única manera de la que se lo pueden permitir. “El cartel es increíble, van nuestros artistas favoritos y no nos queríamos perder la oportunidad de ir por no tener todo el dinero ahorrado de golpe. Entonces preferimos pagarlo a plazos”, explica. Solo lo ha hecho porque tiene la seguridad de que va a poder cumplir con las cuotas: “Si no, no creo que me hubiera metido en nada de esto”, reflexiona.

Pero no solo los jóvenes fraccionan sus pagos ‘de ocio’ aunque las miradas se dirijan automáticamente a ellos cuando se trata de este tema. El ciclo BCN Clàssics, que ofrece una programación anual de conciertos en el Palau de la Música, l'Auditori de Barcelona y el Gran Teatre del Liceu, oferta la posibilidad desde que nació en el año 2016. Se puede pagar en dos tandas tanto el paquete completo de diez entradas como uno de cuatro. “Si se adquiere un abono de toda la temporada es bastante dinero de una vez, aunque es un coste muy válido para la programación de música clásica sí que asciende a una cantidad que puede resultar relevante para muchos”, informan. “Además, también permite que la renovación de los abonos sea automática año tras año, pues ya se dispone de los datos de los abonados”.

El número de compradores que decide dividir el pago es bastante notable: del total de abonados a toda la temporada es el 50% y en el caso de abonos más pequeños, que no son tan caros, es el 20%. Precisamente, el público no tiene nada que ver con el del Primavera Sound: “La mayoría de asistentes que pagan a plazos, igual que el resto de abonados, son 50% hombres y 50% mujeres, mayoritariamente de la ciudad de Barcelona y mayores de 60 años”.

Vístete ahora, págalo luego

“No estoy nada acostumbrada ni a pagar maquillaje ni ropa pero tengo muchas amigas que pagan un montón de cosas a plazos. Por ejemplo con PayPal, que creo que ahora se ha extendido muchísimo el uso de esta aplicación”, explica Andrea. Otra de las plataformas más populares, presente en comercios online como Shein o Temu, es la sueca Klarna, que llegó a España en 2020 y ya tiene más de 1,5 millones de usuarios. Con ella, los importes se pueden dividir en tres ‘cómodas’ cuotas.

La mayor parte del marketing está enfocado a generar compras impulsivas y ofrecen una alternativa de financiación para que el dinero no sea un problema

Elisabeth Ruiz Dotras — profesora de Estudios de Economía y Empresa en la UOC

May, de 22 años, eligió financiar una compra de 60 euros en ropa (no especifica la marca). Además, también adquirió una “tablet para poder estudiar, que fueron 220 euros en cuatro plazos de 55 euros. Lo escogí así porque, aunque tenía el dinero, no quería gastármelo todo de golpe. Prefería pagar un poquito cada mes y ahorrar lo que me quedaba a final de cada mes”, especifica. La palabra ‘ahorro’ también aparece en el testimonio de Marina, que fraccionó en seis cuotas el pago de su iPhone de 1.119 euros. “Mi contrato de trabajo es de seis meses, entonces quería tenerlo pagado antes de que finalice por si acaso no me renuevan. No me costó pagarlo porque siempre ahorraba lo justo para tener el dinero suficiente a final de mes”, afirma.

Para Elisabet Ruiz Dotras, profesora de los Estudios de Economía y Empresa en la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora del grupo Digital Business Research Group (DIGBIZ), ese planteamiento es el opuesto al que los profesionales del sector recomiendan: “Primero hay que ahorrar y después con lo que nos queda, vivir”. “La mayor parte del marketing está enfocado a generar compras impulsivas y ofrecen una alternativa de financiación para que el dinero no sea un problema”, desarrolla la experta y señala el peligro de que la deuda se descontrole porque “si empiezas a fragmentar pagos, al final llega un momento que ya no sabes cuántos recibos te van a llegar ni en qué día”.

De hecho, en TikTok es fácil encontrar vídeos de usuarias que se muestran arrepentidas del dinero que deben por comprar en Klarna o Scalaplay, otras que advierten del peligro de usar estas plataformas y algunas hacen bromas con títulos como 'Yo haciendo de todo menos pagarle a Klarna lo que le debo’. “Nos estamos pareciendo más a la sociedad americana donde los niveles de deuda son elevadísimos. Leí hace poco una estadística que decía que el 70% de los millennials viven de nómina en nómina. A final de mes se quedan a cero y al siguiente mes vuelven a gastar todo”, advierte Elisabet Ruiz y explica que no es solo un problema de ingresos sino que también interviene la organización de la vida.

La investigadora apunta que se trata de una carencia de competencias financieras, que no solo se da en España sino que es a nivel global. “Es cierto que no acompaña nada que los precios hayan subido tanto, que los salarios sean tan bajos y que el inmueble sea tan caro porque son unas circunstancias de entrada que te condicionan muchísimo. Pero no solo la gente con pocos ingresos se pasa la vida tapando agujeros, hay gente que no tiene un salario tan bajo y tiene la misma dinámica porque no hay una planificación. Si hubiese educación financiera, la gente gastaría y ahorraría de un modo distinto a lo que están haciendo ahora. Hay que pensarlo”, concluye.

El Consejo de Gobierno ha analizado en su reunión de hoy, 13 de mayo, la necesidad de la Comunidad Autónoma de acudir a un crédito extraordinario “para garantizar el pago puntual y la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales”, según ha dicho y lo ha justificado por “las tensiones de tesorería que están provocando la falta de unos Presupuestos Generales del Estado y la retención de las entregas a cuenta”.

“El Gobierno de España, como ya hizo en 2024, sigue incumpliendo su obligación constitucional, y no ha transferido a La Rioja, solo en anticipos comprometidos, 60,5 millones de euros que debía habernos ingresado a estas alturas del ejercicio 2025, lo que está provocando tensiones de tesorería”, según ha informado hoy, 13 de mayo, el portavoz y consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa posterior al encuentro semanal del Ejecutivo regional celebrado en Torrecilla en Cameros.

Alfonso Domínguez ha recordado que el sistema de financiación autonómica es el principal resorte del presupuesto no financiero de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ya que supone de media en torno al 80% del mismo por lo que, a partir de él, se financia la mayor parte de las políticas públicas de gasto como la sanidad, la educación y los servicios sociales, entre ellos, el creciente sistema de dependencia. Además, ha incidido en que “no se trata de un dinero del Estado, sino de recursos que corresponden a las comunidades de régimen común y que el Gobierno de España tiene la obligación de transferir”. Mientras tanto, La Rioja ha puesto en marcha diferentes rebajas de impuestos con el objetivo, según han anunciado en varias ocasiones, de ser “la comunidad autónoma con impuestos más bajos”.

Domínguez ha señalado que “las arcas públicas regionales están recibiendo de transferencias mensuales del Estado la misma cantidad que en 2023, cuando la recaudación actual de impuestos está en niveles récord y los gastos también”, lo que está provocando que “nuestra región deje de recibir 17,23 millones de euros al mes, un dinero que nos corresponde, que es de los riojanos, pero que no llega, lo que pone en peligro la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales”. 

Según ha dicho, durante los cuatro primeros meses del año “se han acumulado en retrasos más de 60 millones de euros: 8,77 millones en enero y 17,23 millones en cada uno de los meses de febrero, marzo y abril”, lo que ha obligado al Gobierno a adoptar “medidas extraordinarias de ingresos”, en concreto un crédito al Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 100 millones de euros. Con todo, “el perjuicio para La Rioja se agravará –ha alertado– si el Gobierno de España prolonga esta situación, es decir, si no se presentan los Presupuestos Generales del Estado o no se actualizan”. En ese escenario, según el Gobierno regional, “La Rioja dejará de percibir 253 millones de euros: 197 millones en entregas a cuenta mensuales del 2025, más 56 millones de euros de la liquidación de 2023”.  

Alfonso Domínguez ha instado al Gobierno de España a “cumplir su obligación constitucional y a actualizar con urgencia, a través de un real decreto-ley, las entregas a cuenta que está reteniendo a la Comunidad Autónoma”. “No hay excusas”, ha remachado.

El Tribunal Superior de Madrid ha confirmado la condena de dos años de cárcel impuesta a un agente de la Guardia Civil que, mientras estuvo destinado en las dependencias del Ministerio de Educación, usó los datos personales de uno de sus compañeros para falsificar documentos y obtener créditos económicos a pesar de figurar en el registro de morosos. Los jueces entienden que incurrió en delitos de estafa, falsedad documental y revelación de secretos para conseguir 36.000 euros haciéndose pasar por otro agente.

Los dos guardias civiles coincidieron a lo largo de 2017 cuando ambos formaron parte del equipo de seguridad del Ministerio en la calle Alcalá. El acusado, para entonces, ya acumulaba varias deudas económicas y estaba registrado en el fichero de morosos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). Un directorio que, en la práctica, cierra la puerta a que un moroso pueda obtener un crédito de una entidad o contratar servicios como una línea telefónica.

El guardia civil condenado, de alguna manera que no ha sido probada por la Justicia, accedió al portátil de su compañero y consiguió su documentación: nóminas y el Documento Nacional de Identidad. A continuación los modificó para poner su propio nombre, cambiar algunas fechas y meses después usó las versiones modificadas para contratar líneas telefónicas y, después, varios créditos con Cofidis y Cetelem. Todo a nombre de su compañero, libre de deudas y sin los problemas que él hubiera tenido.

Los investigadores explicaron a lo largo del juicio cómo la unidad de Asuntos Internos se dio cuenta de que todos esos créditos y líneas de teléfono se habían contratado de forma ilegal usando datos de otro guardia civil. Los móviles que usaba, por ejemplo, fueron localizados en Madrid y Málaga cuando el agente afectado llevaba meses destinado en Balears y no había abandonado las islas. El dinero que había conseguido, además, había ido a parar a una cuenta bancaria a nombre de un familiar del condenado, donde él mismo ingresaba su nómina.

El Tribunal Superior de Justicia, en una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha confirmado la condena que impuso en primera instancia la Audiencia Provincial y ahora el agente solo puede llevar su caso hasta el Tribunal Supremo. Dos años de prisión que también le inhabilitan para ejercer en la Guardia Civil mientras dure su condena, además de una multa de 1.980 euros y la obligación de devolver el dinero e indemnizar a su antiguo compañero con un total de 12.000 euros por daños morales.

El recurso del agente condenado que rechazan los jueces se basaba, sobre todo, en alegar que tuvo un ataque de ansiedad en la mañana del juicio y que compareció ante el tribunal sin estar en condiciones de hacerlo: “No se explayó como se podía explayar”, alegaba. Los magistrados del TSJ, tras analizar el informe del médico que le atendió esa mañana, concluyen que estaba “en perfectas condiciones para declarar”.

Investigación de Asuntos Internos

Las sentencias del caso revelan cómo se descubrió la estafa. La víctima, después de servir en el Ministerio en 2017, se fue a vivir a Palma y no sospechó nada hasta que intentó contratar él mismo un crédito para reformar la cocina del domicilio que acababa de comprar en la nueva ciudad donde estaba destinado. La entidad le informó de que no podía obtener más dinero porque ya tenía varios préstamos impagados y estaba dado de alta como moroso en el Asnef. El agente, que nunca había pedido un crédito, denunció los hechos y la investigación llevó rápidamente a su antiguo compañero de vigilancia en el Ministerio de Educación.

En la primera sentencia del caso, la Audiencia Provincial explicó que el caso adquiría mayor gravedad teniendo en cuenta que el acusado es, precisamente, un agente de la ley: “Debemos atender a la reprochabilidad moral de los hechos, cometidos abusando de la confianza que debe presidir entre compañeros, miembros de la Guardia Civil, que entre su cometido está el de velar por el cumplimiento de las Leyes, lo que debió conllevar un impacto importante en la víctima”.

La estafa tuvo consecuencias económicas relevantes para el otro guardia civil. Según relató, su pareja tuvo que vender un piso rápidamente y por debajo del valor de mercado para hacer frente a las deudas que su compañero había generado. “Le ha ocasionado dificultades y perjuicios económicos, no ha podido obtener ni préstamos ni siquiera financiación ni compras a plazos para la adquisición de bienes, financiación muy necesaria como consecuencia de su nuevo destino en Mallorca”, explican los jueces.

El puzzle que debía componerse para posibilitar el cambio de máximo accionista del Valencia CF está a falta de una sola pieza: la firma del segundo crédito de Goldman Sachs de hasta 320 millones de euros para finalizar las obras del nuevo estadio. Fuentes de toda solvencia han asegurado a elDiario.es que tras recuperar el club los beneficios urbanísticos, poner en marcha de forma preliminar las obras del coliseo y obtener un primer crédito de 180 millones de euros para reestructurar la deuda (120 millones más otros 60 que se liquidarán en la segunda operación), este segundo préstamo es la última clave que queda por definir para conocer las condiciones finales de las cuentas del club y por tanto las obligaciones a las que tendrá que responder a medio y largo plazo un eventual nuevo inversor con su gestión.

El pasado 19 de diciembre, tras la fallida junta de accionistas, la presidenta Layhoon Chan, mano derecha del máximo accionista, Peter Lim, confirmó por primera vez que el magnate de Singapur está abierto a escuchar ofertas por su paquete accionarial: “Si hay una oferta dependerá de qué oferta sea. Si es una oferta atractiva, seguramente la estudiará”, dijo. En la misma comparecencia, se anunció que el club trabaja en una segunda línea de crédito con Goldman Sachs de un máximo de 325 millones de euros que se destinará íntegramente a la financiación del coste de las obras y a liquidar 60 de los 180 millones que ya ha obtenido el Valencia CF para refinanciar su deuda.

Ambas afirmaciones son ciertamente chocantes. Anunciar en una misma rueda de prensa que Lim pretende abandonar el Valencia CF y que un gigante como Goldman Sachs va a facilitar una importante línea de crédito implica otras connotaciones. Máxime con un club en una situación deportiva más que delicada en aquel momento, algo menos en la actualidad, pero aún con con serio riesgo de bajar a segunda división con la merma de ingresos que ello conllevaría.

Según las fuentes consultadas por esta redacción, sería impensable que la entidad financiera realizara semejante operación en un momento en el que el actual máximo accionista ha anunciado abiertamente que el club está en venta, por más que las garantías de devolución de los créditos las asuma la propia institución principalmente con los activos urbanísticos, derechos de televisión y la explotación del nuevo estadio. Por el mismo motivo, aseguran que lo más normal sería que el nuevo inversor llegara con el visto bueno de Goldman Sachs puesto que la viabilidad del club y por lo tanto la devolución de los préstamos dependerán de su gestión.

En este contexto, afirman las mismas fuentes que las negociaciones del magnate de Singapur de cara a una posible venta están en marcha, si bien es cierto que la incógnita sobre el futuro deportivo de la entidad no ayudan y podría retrasar el cierre de una posible operación de venta accionarial o incluso que acabe por romperse si el equipo finalmente bajara a segunda división. Sin embargo, es una opción que tras la llegada del entrenador Carlos Corberán, parece menos probable que hace unas semanas.

Con todo, la previsión es que el segundo crédito de Goldman Sachs se firme antes del mes de mayo, momento a partir del cual el futuro deportivo del club estará mucho más claro puesto que La Liga estará en su recta final. Será en ese momento, una vez se firme, cuando quedará despejado el camino hacia la venta definitiva del Valencia CF.

¿Quiénes son los candidatos a quedarse con la mayoría accionarial? Esta es la gran pregunta y el secreto mejor guardado por Lim y su entorno. elDiario.es sí que ha podido confirmar que el expropietario del Leeds, Andrea Radrizzani, es uno de los que ha contactado con los representantes legales del magnate de Singapur, lo que evidencia cuanto menos un interés. Sin embargo, esto no implica necesariamente que vaya a ser el que finalmente se haga con una mayoría accionarial por la que Lim pide unos 400 millones de euros.

Radrizzani se hizo con el 57% del club inglés en 2017, pero decidió desprenderse en 2023 de su paquete accionarial por unos 170 millones de libras después de una desastrosa temporada. El empresario italiano tuvo a sus órdenes al técnico, Marcelo Bielsa, y al actual entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, como segundo del argentino. Ya en el terreno de la rumorología se ha especulado con el interés del griego Evangelos Marinakis, accionista del Forest y propietario del Olympiacos, y del príncipe de Johor, Tunku Ismail e incluso del príncipe de Arabia Saudí y propietario del New Castle, Mohammed bin Salman.

Un agente de la Guardia Civil ha sido condenado a dos años de cárcel por estafar 36.000 euros a un compañero con el que trabajaba en el Ministerio de Educación. El guardia condenado, según la Audiencia Provincial de Madrid, tenía varias deudas con entidades de crédito y usó los datos de su compañero para contratar varias líneas telefónicas y préstamos que también dejó de pagar. La víctima se dio cuenta cuando intentó conseguir un crédito para reformar su cocina y descubrió que había sido dado de alta en el fichero de morosos por los créditos que su compañero había contratado a su nombre y no había devuelto.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, declara probado que ambos guardias civiles trabajaron juntos en servicio de vigilancia en el Ministerio de Educación a lo largo del año 2017. El condenado acumulaba más de 18.000 euros en impagos a varias entidades de crédito, figuraba en el fichero de morosos Asnef e ideó un plan para poder seguir obteniendo préstamos: se haría pasar por su compañero de garita para conseguirlo.

La oportunidad llegó poco después, cuando la Guardia Civil destinó a su compañero a la comandancia de Balears y empezó a recabar documentación para el traslado a Palma. El estafador consiguió entonces todo lo que necesitaba: nóminas, declaraciones fiscales e incluso el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su compañero. En apenas unos meses el guardia civil usó los datos del trabajador para dar de alta líneas telefónicas y contratar tres créditos con Cofidis y Cetelem que sumaban, entre todos, 36.000 euros. También intentó sin éxito contratar una tarjeta de crédito con Wizink.

La víctima se fue a vivir a Palma y no descubrió nada hasta que intentó contratar él mismo un crédito para reformar la cocina de la casa que acababa de comprar en la ciudad donde estaba destinado. La entidad le informó de que no podía obtener más dinero porque ya tenía varios préstamos impagados y estaba dado de alta como moroso en el Asnef. El agente, que nunca había pedido un crédito, denunció los hechos y la investigación llevó rápidamente a su antiguo compañero de vigilancia en el Ministerio de Educación.

El departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil descubrió que el dinero de esos préstamos impagados había ido a parar a una cuenta bancaria vinculada a la familia del otro agente, donde incluso le ingresaban la nómina. También que buena parte de las llamadas a las entidades de crédito para obtener el dinero se habían hecho desde Madrid o desde Málaga, ciudades donde había estado el condenado, mientras la víctima se encontraba ya en Balears en su nuevo destino. Finalmente, el agente condenado había usado su teléfono oficial de la Guardia Civil en algunos de los contratos fraudulentos.

Las “contundentes pruebas” contra el guardia civil

La Audiencia Provincial de Madrid ha optado por imponer dos años de cárcel y una multa de 1.980 euros a este guardia civil, además de obligarle a devolver el dinero a las entidades de crédito, anular esos contratos y establecer una indemnización de 12.000 euros por daños morales para su antiguo compañero. El acusado, según ha sabido este periódico, ha recurrido su condena y tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce su propio compañero han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirme la sanción.

Los jueces le atribuyen un delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental y revelación de secretos, imponiéndole una condena más baja que la que pidió la Fiscalía en un primer momento. El tribunal tiene en cuenta como dilación indebida que el proceso tardó más de cinco años en llegar a juicio y tener una primera sentencia. El resultado es una condena que, en principio, no implica su entrada obligatoria en prisión siempre y cuando cumpla con todas sus obligaciones económicas. También puede derivar en su expulsión de la Guardia Civil por la vía disciplinaria.

Durante el juicio, el agente condenado proclamó su inocencia y también denunció que no podía comparecer en el proceso por problemas de salud, algo que descartó tanto el forense como la propia Audiencia Provincial. Existen “contundentes pruebas de cargo” contra él, dice el tribunal, que destaca que precisamente como guardia civil su misión era cumplir la ley, no infringirla: “Debemos atender a la reprochabilidad moral de los hechos, cometidos abusando de la confianza que debe presidir entre compañeros, miembros de la Guardia Civil, que entre su cometido está el de velar por el cumplimiento de la Leyes, lo que debió conllevar un impacto importante en la víctima”.

El agente afectado por la estafa relató que su pareja tuvo que vender un piso por debajo del valor de mercado para hacer frente a las consecuencias económicas de las deudas generadas por su compañero. “Le ha ocasionado dificultades y perjuicios económicos, no ha podido obtener ni préstamos ni siquiera financiación ni compras a plazos para la adquisición de bienes, financiación muy necesaria como consecuencia de su nuevo destino en Mallorca”, reconoce la Audiencia.

El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros fijó las condiciones para una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) presupuestada en 2.500 millones de euros. Está destinada a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo. El objetivo: que puedan acceder a la compra de su primera vivienda.

Este fue el último trámite antes de que los avales comenzaran a ponerse en marcha. Y eso, teóricamente, sucedió el pasado mes de mayo. Sí que se están concediendo poco a poco, pero no sin algunos problemas derivados de la “confusión” de algunas sucursales bancarias, de la falta de información y de cuestiones técnicas.

La medida forma parte de uno de los instrumentos que está poniendo en marcha el Gobierno para promover el acceso a la vivienda y busca facilitar las hipotecas a más de 50.000 personas que, “siendo solventes”, no han podido ahorrar lo necesario para adquirir una vivienda.

Con carácter general, el ICO avala hasta el 20% del importe del crédito de la vivienda, salvo que esta última disponga de una calificación energética D o superior (es decir, que suponga un alto consumo de energía), en cuyo caso ese porcentaje puede llegar hasta el 25%.

El Ministerio de Economía (del que depende el ICO) y el de Vivienda (quien se hace cargo del presupuesto de los avales) quieren también aliviar así el mercado del alquiler en zonas tensionadas de ciudades donde ya es más caro arrendar que comprar. También persigue atender la realidad en núcleos rurales contribuyendo así a la fijación de población.

“Ni sabían de lo que les estaba hablando”

Esta línea está dirigida a personas mayores de edad, con residencia legal en España, debiendo acreditarla de manera continua e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo. El límite de patrimonio del avalado es un máximo de 100.000 euros y no pueden acogerse a esta línea de avales quienes ya sean propietarios de otra vivienda con anterioridad.

Para ponerla en marcha, el ICO firmó los convenios correspondientes con más de 60 entidades financieras para que desarrollen la medida en sus sucursales. En muchos casos está funcionando, pero en otros la petición del aval por parte de los particulares ha sido una misión imposible.

Es el caso de Elena, de 32 años, y residente en la localidad toledana de Quintanar de la Orden, en Toledo. Acudió a un banco de esta localidad para solicitar el aval y según afirma, “ni sabían de lo que les estaba hablando”. Ella misma mostró con su móvil a la persona que la atendió que existía esta medida del ICO, pero en la sucursal le dijeron que no tenían conocimiento de ello y que por tanto no podrían tramitarlo.

“Me quedé a cuadros y decidí ir a otro banco. Ahí fue todavía más surrealista, porque me dijeron que eso dependía de la comunidad autónoma y que todavía no estaba activo. En la página web del ICO no dice nada de eso y ya no supe ni qué decir. Me quedé muy confundida y me pareció que echaban balones fuera”.

Una situación casi calcada es la que ha vivido Laura, de 29 años, en Miguelturra (Ciudad Real). Ha acudido a tres bancos a solicitar el aval y todavía no ha sido capaz, no solo de tramitarlo, sino de iniciar siquiera el proceso.

En uno de los bancos le comentaron que esa línea de avales no existía, que a ellos no les constaba y en la visita a otra entidad diferente también argumentaron que se trataba de un acuerdo del ICO que todavía no estaba firmado con la comunidad autónoma, en este caso Castilla-La Mancha.

Le insistieron tanto en este último punto que decidió acudir a la Delegación provincial de Fomento del Gobierno regional en Ciudad Real. Allí no le solucionaron nada ni le despejaron las dudas.

Porque la cuestión es que esta línea de avales depende única y exclusivamente del ICO. Las comunidades autónomas no tienen que firmar ningún trámite ni poner en marcha ningún protocolo. El único paso previo que el ICO dejó en manos autonómicas fue el establecimiento de unos precios máximos por vivienda para adquirir el aval. En Castilla-La Mancha es de 240.000 euros y ya quedó establecido en mayo.

¿Qué ha ocurrido entonces? Fuentes del ICO explican a elDiarioclm.es que la confusión ha venido determinada por varios factores. En primer lugar, por el hecho de que hay comunidades autónomas que tienen su propio programa autonómico de avales hipotecarios, que son independientes del estatal. “Es posible que en muchas sucursales aun no tenga interiorizada la información de esta línea de avales estatales y hayan buscado el programa propio de Castilla-La Mancha, que no lo tiene”, argumentan.

Están todas las entidades financieras trabajando para desplegar la línea, pero cada una tiene sus tiempos

Pero existen otras variables que pueden ralentizar el proceso. Este programa se firmó en mayo con el Ministerio de Vivienda, y a partir de ahí el ICO suscribió con las entidades financieras los contratos para su aplicación. Tras ello, los bancos ya podían empezar a operar con este programa porque la línea de avales está “abierta y activa”.

“Están todas las entidades financieras trabajando para desplegar la línea, pero cada una tiene sus tiempos, primero para desarrollar el sistema tecnológico que necesitan para reportar las operaciones y, segundo, para bajar la información a su red de sucursales y que el producto esté integrado en su red”, precisan en el ICO.

Prácticamente la totalidad de los bancos suscritos a la línea de avales lo tienen ya cargado. “Lo necesitamos así para para asegurarnos de que pueda llegar a todo el mundo. Pero puede pasar que la sucursal no tenga toda la información todavía ni tenga el producto totalmente integrado. Todo tiene un proceso y cada entidad maneja sus tiempos de implantación”, remarcan las mismas fuentes.

Lo que dejan claro es que la línea está funcionando y ya hay bancos que están concediendo hipotecas con este aval. De momento, el ICO no ofrece datos sobre los avales concedidos porque se agrupan trimestralmente una vez que están consolidados, por lo que se conocerán a lo largo del último trimestre del año.

El plazo del aval otorgado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) a la entidad financiera y gestionado por el ICO es de un máximo de 10 años desde que se formalice la operación, con independencia de la amortización del préstamo. Durante ese plazo, la vivienda deberá ser la residencia habitual de la persona avalada y su arrendamiento estará limitado a que concurran circunstancias que exijan el cambio de vivienda.

El plazo para formalizar los préstamos que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025. Este plazo podría ampliarse dos años más, en virtud del convenio que suscribirán el MIVAU e ICO. Por el momento, este último organismo se muestra convencido de que los avales estatales “se desplegarán conforme transcurran los próximos meses”.

El Banco Central Europeo (BCE) ha cumplido con el guion y ha decidido recortar los tipos de interés oficiales 0,25 puntos este jueves. Es la segunda bajada de un cuarto de punto en este ciclo de austeridad monetaria. El primer 'alivio' fue en junio, aunque las condiciones de financiación (el coste de las hipotecas y del resto de préstamos) siguen siendo “restrictivas”, como las describe el propio BCE y que quiere decir que dañan la capacidad de compra de las familias y de invertir de las empresas.

En julio, el consejo de gobierno de la institución decidió mantenerse a la espera, pese a la moderación de la inflación. Las subidas de precios se moderaron al 2,2% en el conjunto de la eurozona en agosto, en tasa interanual. Y al 2,3% en España, pegada al objetivo teórico del BCE.

Además, los economistas de la institución han actualizado sus previsiones y proyectan una inflación general media del 2,5% en 2024, del 2,2% en 2025 y del 1,9% en 2026, sin cambios respecto a junio. Respecto al crecimiento económico, el BCE espera un avance del PIB el 0,8% en 2024, aumentando al 1,3% en 2025 y al 1,5% en 2026. El organismo admite una “ligera revisión a la baja” debido “a una contribución más débil de la demanda interna en los próximos trimestres”.

“Con la inflación ya controlada en la eurozona, la clave ahora es evitar la recesión de Alemania y Francia”, resumía este mismo jueves Nacho Álvarez, profesor de la UCM y ex secretario de estado de Derechos Sociales, en el primer Gobierno de coalición. La agresiva estrategia del BCE de dañar la economía para luchar contra las subidas de precios asumía este riesgo y la destrucción de puestos de trabajo. Una amenaza que España, de momento, está salvando excepcionalmente por distintas causas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de gobierno del BCE, Lagarde ha dejado pocas pistas sobre sus próximos pasos y ha mantenido el enfoque de “dependencia de los datos” y de “reunión a reunión”. La próxima será dentro de seis semanas, a finales de octubre.

La reunión sobre política monetaria de este jueves ha tenido algunas circunstancias especiales. A nivel anecdótico y en el ámbito nacional, ha sido la del estreno del nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que ha tomado su asiento junto al resto de gobernadores de los bancos centrales de cada socio del euro y junto a los miembros del comité ejecutivo del BCE, que preside Christine Lagarde y en el que es vicepresidente Luis de Guindos. A nivel técnico, la institución ha cambiado la forma de mirar el 'precio' del dinero. La referencia ya no es el tipo de interés de las operaciones principales de financiación entre los bancos sino el tipo de interés de la facilidad de depósito.

En palabras más llanas, la referencia ya no es el tipo de interés al que los bancos obtienen liquidez. ¿Por qué? Porque a las entidades financieras les sobra la liquidez, tras las políticas expansivas que el BCE ha aplicado en los últimos años para favorecer la la salida de la crisis financiera, primero, y de la pandemia, después. Entonces, la referencia pasa a ser el tipo de interés al que el Eurosistema remunera —con dinero público, por cierto— esa liquidez que les sobra a los bancos y que depositan en los bancos centrales de sus países.

En resumen, los tipos de interés de referencia, los de la facilidad de depósito, se quedan en el 3,5%. Hay otro cambio técnico, el 'pasillo' o diferencia entre esta facilidad de depósito y el tipo de interés de las operaciones principales de financiación era hasta ahora de medio punto. Ese 'pasillo' o diferencia se reduce a 0,15 puntos. El resultados es que el tipo de interés de las operaciones principales de financiación ha sido recortado en 0,6 puntos este jueves, hasta el 3,65% desde el 4,25% en los que se quedó en julio.

Todos estos cambios se anunciaron en marzo. Junto a otras herramientas de la política monetaria que buscan garantizar la liquidez del sector bancario y que continúan beneficiándolo directamente. Por ejemplo, el BCE decidió mantener el requisito de reservas a los bancos en un coeficiente del 1% (aquí está la explicación técnica). Igualmente, la remuneración de estas reservas mínimas que las entidades deben guardar en el Eurosistema —el Banco de España en nuestro caso, y el resto de bancos centrales de cada país del euro: Bundesbank, Banca d'Italia o Banque de France— permanece “sin cambios en el 0%”, apunta la institución en su comunicado. De esta manera, el resto del dinero que los bancos 'aparquen' en los bancos centrales seguirá remunerado según el tipo de interés de la facilidad de depósito (que actualmente está en el 3,5%), con dinero público.

Las propuestas de Sumar en España o de diferentes grupos de presión europeos para elevar el porcentaje de dinero exento de remuneración del total que los bancos aparcan en los bancos centrales han caído en saco roto. “Los bancos de la eurozona están obteniendo sustanciales beneficios extraordinarios libres de riesgo que superaron los 140.000 millones de euros en 2023, simplemente depositando fondos en el Eurosistema”, arranca una carta abierta publicada en marzo por Positive Money EU, una organización sin ánimo de lucro que pelea por un sistema monetario y bancario más justo y equitativo. 

Estas ganancias “extraordinarias” rozaron los 10.000 millones para las entidades españolas en 2023. Se trata en realidad, según Sumar, de una transferencia pública. Además, representan una buena parte de sus ganancias récord: 26.000 millones en el caso de los grandes bancos, que también han aprovechado la expansión de sus márgenes por las subidas de tipos y su traslación al euríbor de las hipotecas y al coste de los préstamos en general.

Lagarde cita a Draghi

Este jueves, Lagarde ha citado el informe publicado esta semana del ex presidente del BCE Mario Draghi. Esta referencia es importante porque la conclusión del documento es que hace falta una inversión anual de 800.000 millones de euros para que la eurozona pueda competir con Estados Unidos y con China. Un esfuerzo público y privado y conjunto que el informe contempla que debería estar apoyado por deuda conjunta. Es decir, por la emisión de eurobonos, lo que durante la gran crisis financiera fue un tabú para el BCE y para la Comisión Europea que solo se rompió para financiera el Plan de Recuperación de la pandemia.

El nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se estrena este jueves en el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que retomará las bajadas de los tipos de interés de referencia, salvo sorpresa mayúscula. La institución monetaria recortó por primera vez en ocho años el 'precio' oficial del dinero en junio —la última decisión en la que intervino el exgobernador Pablo Hernández de Cos— y se quedó a la espera en julio, cuando nuestro país se presentó con Margarita Delgado como gobernadora en funciones, con voz pero sin derecho voto.

Escrivá debutará con la tarea de “domar” la inflación (en la jerga de la política monetaria) ya prácticamente finalizada, aunque el propio BCE no pueda demostrar el impacto del agresivo ciclo de subidas de los tipos de interés que empezó en julio de 2022, desde el 0% al 4,5% donde los dejó en el otoño de 2023, hasta que empezó a reducirlos en junio. En este tiempo, la austeridad monetaria de la institución con sede en Fráncfort ha servido para que los bancos hayan engordado sus beneficios a máximos históricos, para asfixiar el 'bolsillo' de las familias hipotecadas a tipo de interés de variable a través del Euríbor —un 70% del total en España— y para ahogar el acceso a préstamos y financiación en general, tanto de hogares como de empresas.

Este golpe a la actividad es la forma mediante la que el BCE ha buscado intervenir sobre las subidas de precios. La teoría dice que al dañar la demanda (la capacidad de consumir de las familias o de invertir de las empresas), la oferta (las empresas) ajusta los precios de sus productos y servicios. Esta estrategia asume el riesgo de llevar a la economía a una recesión y, por tanto, asume la destrucción de puestos de trabajo. Y, efectivamente, la actividad se ha estancado en la eurozona, con la excepción destacada de España, por diversas razones, como el tirón inédito del sector exterior (del turismo y también de la exportación de otros servicios) y los cambios estructurales positivos en el mercado de trabajo, con una creación récord de empleos menos precarios tras la reforma laboral y el aumento del SMI.

Mientras, la crisis de inflación solo ha remitido cuando los shocks extraordinarios que la originaron han ido perdiendo importancia. Es decir, cuando ha ido quedando lejos la salida de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania ha dejado de distorsionar el mercado de la energía. Como comentaba este miércoles Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, es “muy pronto aún para hacer predicciones, pero la caída del petróleo y los combustibles creo nos va a enviar la inflación en septiembre por debajo del objetivo [de los bancos centrales] del 2%”.

En agosto, las subidas de precios se quedaron en el 2,2% (respecto al mismo mes del año pasado) en el conjunto de la eurozona, igual que en España. “Esperamos que el BCE recorte los tipos de interés otros 0,25 puntos, y que reiteren su enfoque de dependencia de los datos y de [ir decidiendo] reunión a reunión para determinar el nivel y la duración de las condiciones restrictivas [de acceso al crédito]”, explica el equipo de analistas de Bank of America. Estos expertos señalan que “el debilitamiento de las perspectivas de crecimiento” ha abierto “discusiones internas” en la institución sobre “si eso justifica bajadas más rápidas”, según han admitido fuentes del propio BCE.

“Mantener los tipos de interés elevados podría ser contraproducente, ya que aumentaría la inflación en lugar de reducirla”, advierte Eric Dor, profesor del IÉSEG School of Management. “Deprimiría la demanda y, por lo tanto, reduciría aún más la actividad y la producción, mientras que las empresas se muestran reacias a reducir el empleo en la misma proporción debido a las dificultades posteriores para encontrar trabajadores cualificados”. Según esta concatenación, “la productividad aparente del trabajo caería, por lo tanto, se elevaría el aumento del coste salarial por unidad producida y, por lo tanto, la inflación si las empresas trasladan sus costes a sus precios”.

“Por lo tanto, fomentar una recuperación de la demanda y la actividad mediante la reducción de los tipos podría ser útil para hacer sostenible la caída de la inflación”, concluye. Además, “la Reserva Federal ha dejado bien claro que podría empezar a reducir sus tipos de interés ya en la reunión de la semana próxima, el 18 de septiembre”. Esto “facilita la decisión del BCE de recortar sus propios tipos esta semana, porque así se evita el riesgo de una depreciación inflacionaria del euro”.

Este jueves, el BCE empezará a cambiar la forma de mirar los tipos de interés oficiales. El consejo de gobierno aplicará, a partir del 18 de septiembre, los ajustes en sus herramientas de política monetaria que anunció en marzo de este 2024. Entre ellos, señala que el tipo de interés principal —el de las “operaciones principales de financiación”, según la define el Banco de España y que está en el 4,25%— lleva una década sin utilizarse para las operaciones entre los bancos y es la facilidad de depósito —que está en el 3,75%— la que fija el 'precio del dinero' en el mercado.

“Este cambio tiene que ver con la respuesta del BCE a las sucesivas crisis que han sacudido el área del euro en los últimos años y que se ha traducido en una inundación de liquidez del mercado. En esas condiciones, lo relevante para los bancos no es el tipo de interés al que pueden obtener una liquidez que les sobra, sino el tipo al que pueden depositar esa liquidez sobrante en el Eurosistema —en el Banco de España, en el caso de nuestro país—. Esto es, el tipo de las 'operaciones principales' deja de ser la referencia, para serlo el de la facilidad de depósito”, explican desde el Banco de España.

En esta misma línea, el BCE va a reducir el diferencial entre el tipo de interés de los operaciones principales de financiación y la facilidad de depósito de 0,5 puntos a 0,15 puntos. “Se puede dar la impresión errónea de que ha habido un recorte de tipos mayor del que en realidad se ha producido (si es que lo hay)”, añade el Banco de España. “Si el jueves se mantuvieran los tipos, el de las operaciones principales bajaría en todo caso de forma automática 0,35 puntos. Si se decide recortar 0,25 puntos, el de las operaciones principales bajaría 0,6 puntos”, detallan desde el organismo.

Estas modificaciones anunciadas en marzo recuerdan que “el principal objetivo del marco operativo [del BCE] es garantizar la implementación efectiva de la política monetaria de acuerdo con las disposiciones del Tratado de la Unión Europea (UE)”. Principalmente, tener controlada la inflación cerca del objetivo teórico del 2%. Además, el comunicado de la institución añade la meta “secundaria” de “apoyar las políticas económicas generales [comunitarias], en particular la transición a una economía verde, sin perjuicio del objetivo principal del BCE de estabilidad de precios”. El BCE vuelve a omitir cualquier mención concreta al mercado laboral.

Otros cambios

La revisión del “marco operativo” del banco central se centra en aspectos técnicos de las herramientas para garantizar la liquidez del sector bancario y continúa beneficiándolo directamente. Por ejemplo, el BCE decidió mantener el requisito de reservas a los bancos en un coeficiente del 1% (aquí está la explicación técnica). Igualmente, la remuneración de estas reservas mínimas que las entidades deben guardar en el Eurosistema —el Banco de España en nuestro caso, y el resto de bancos centrales de cada país del euro: Bundesbank, Banca d'Italia o Banque de France— permanece “sin cambios en el 0%”, apunta la institución en su comunicado. De esta manera, el resto del dinero que los bancos 'aparquen' en los bancos centrales seguirá remunerado según el tipo de interés de la facilidad de depósito (que actualmente está en el 3,75%), con dinero público.

Las propuestas de Sumar en España o de diferentes grupos de presión europeos para elevar el porcentaje de dinero exento de remuneración del total que los bancos aparcan en los bancos centrales han caído en saco roto. “Los bancos de la eurozona están obteniendo sustanciales beneficios extraordinarios libres de riesgo que superaron los 140.000 millones de euros en 2023, simplemente depositando fondos en el Eurosistema”, arranca una carta abierta publicada en marzo por Positive Money EU, una organización sin ánimo de lucro que pelea por un sistema monetario y bancario más justo y equitativo. 

Estas ganancias “extraordinarias” rozaron los 10.000 millones para las entidades españolas en 2023. Se trata en realidad, según Sumar, de una transferencia pública. Además, representan una buena parte de sus ganancias récord: 26.000 millones en el caso de los grandes bancos, que también han aprovechado la expansión de sus márgenes por las subidas de tipos y su traslación al euríbor de las hipotecas y al coste de los préstamos en general.

“La importante transferencia desde el erario público a los bancos [por la remuneración del mecanismo de la facilidad de depósito] hace que el Banco de España registre pérdidas en 2023. Estas pérdidas son compensadas con provisiones en su cuenta de resultados, pero recortarán el patrimonio neto del banco. Sin embargo, tanto las pérdidas del año pasado, como las provisiones dotadas en los años precedentes con cargo a los beneficios del regulador han supuesto un substancial recorte de los ingresos públicos por el recorte de los dividendos abonados por el Banco de España al Tesoro”, explica Sumar. Estos dividendos suelen estar en torno a 2.000 millones anuales y en 2023 fueron cero.

“Instamos al Consejo de Gobierno [del BCE] a considerar una revisión de las reservas mínimas requeridas”, continúa la misiva de Positive Money. “Es muy preocupante que mientras los bancos reciben un 3,75% por el dinero que dejan en el Eurosistema, sus clientes reciben una remuneración mínima sobre sus ahorros”, incide esta denuncia pública, que firman expertos como Yuemei Ji, de la University College London; Paul De Grauwe, de la London School of Economics; Sebastian Diessner, de la Leiden University; Andrea Roventini, de la Scuola Superiore Sant’Anna; o Philipp Heimberger, de la Vienna Institute for International Economic Studies.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Por fin el Partido Popular se ha prestado a cumplir la Constitución y ha acordado con el PSOE la renovación de cúpula del Consejo General del Poder Judicial. Los conservadores solo han tardado cinco años en satisfacer lo que marca la Carta Magna del ordenamiento jurídico español. Cinco años para cumplir la Ley, no está mal para un partido que se dice de orden. 

Esto de ser medianamente coherente con tus preceptos no crean que solo le falla al principal partido de la derecha. En España tenemos muchos ejemplos de personas e instituciones que van dando lecciones de todo tipo pero luego no predican con el ejemplo. Ahí tenemos a toda la caterva del Instituto Juan de Mariana. Estos días han sido protagonistas porque han invitado al presidente de Argentina, Javier Milei, para concederle el premio Juan de Mariana 2024 durante el acto que denominan Cena de la Libertad.

El Instituto Juan de Mariana es un centro de pensamiento neoliberal en cuyo ideario se recoge que “no acepta subvenciones ni ayudas de ningún gobierno o partido político” para “mantener su plena independencia” y es una asociación “sin ánimo de lucro”. Solo hace falta rascar un poco para comprobar que el Instituto es el 'chiringuito' de algunos de sus ilustres miembros.

Empezamos con Fernando Monera, un empresario que no tiene impedimentos morales para recibir adjudicaciones y subvenciones millonarias de varias Administraciones y promocionar las actividades del 'think tank' ultraliberal. Claro, también hace negocio montando su página web, vendiendo entradas para el acto de Milei o cursos online donde participan profesores como el economista Daniel Lacalle. Monera no parece tener problemas con cargar contra los “subsidios a mansalva” o defender que los impuestos son “un robo” y que su empresa Open Sistemas haya cobrado 1,75 millones en ayudas públicas desde 2020. Coherencia. Aquí te contamos que el empresario que promocionó “la Cena de la Libertad” con Milei en Madrid recibe millones en contratos públicos y ayudas.

Ahora vamos con Manuel Llamas Fraga, director del Instituto Juan de Mariana. Llamas es socio junto al tesorero de esa entidad, Domingo Soriano, de una pyme que disparó su facturación un 60% en 2022, cuando Llamas era viceconsejero de Economía del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Su empresa se llama Tu dinero nunca duerme SL. Llamas no se ha cortado en argumentar que hay que “eliminar la mayoría de entes y organismos públicos existentes”, que solo sirven, a su juicio, para colocar “a afines” y ha criticado las subvenciones a sectores como el cine. Coherencia. Aquí te explicamos cómo el organizador del evento ultra con Milei en Madrid disparó las ventas de su empresa cuando era alto cargo de Ayuso.

Seguimos para bingo. El Instituto Juan de Mariana es un asociación “sin ánimo de lucro”, pero es accionista de la Universidad de las Hespérides, en Las Palmas. Este centro educativo tiene como fundador y rector al también fundador y presidente del ‘think tank’, Gabriel Calzada. En el consejo de administración de esa universidad online están también el padre de Gabriel Calzada, el empresario turístico y exnaviero Gabriel Calzada Fiol, y su hermana, Inés Calzada Álvarez. Como “decano de la escuela de Grado” ejerce otro exdirector del Juan de Mariana, el economista Juan Rallo. El vicerrector es otro miembro del Juan de Mariana, Gonzalo Melián. Además de cursos online también hay formación presencial para la que ofrecen estancias en el Apartahotel Costa Volcán, un complejo que pertenece a Gabriel Calzada Fiol, padre del presidente del Juan de Mariana. Coherencia. Aquí te contamos que la asociación ultra “sin ánimo de lucro” que invitó a Milei a Madrid es accionista de una universidad privada recién lanzada.

No se vayan todavía que aún hay más. Gabriel Calzada, presidente de este centro de pensamiento ultraliberal, ha denunciado en la web del Instituto Juan de Mariana “la cultura de creer que el crecimiento puede lograrse mediante subvenciones” y que “mucha gente está harta ya [de] que la financiación pública no está solucionando nada y está creando una percepción de dos clases en Europa: una que lucha por mantener una vida digna en los países desarrollados y otra que vive bien de las subvenciones”. Pues seis modestas empresas de hostelería y turismo administradas por la familia de Calzada han cobrado desde 2021 más de un millón de euros en subvenciones de diferentes Administraciones. Coherencia. Aquí te explicamos cómo las empresas familiares del presidente del Instituto Juan de Mariana cobran subvenciones públicas.

Sobre el jesuita, teólogo e historiador español Juan de Mariana escriben en el Instituto que ha tomado su nombre: “Su impresionante coherencia personal incluso en las ocasiones más adversas hace que queramos que no solo sus ideas fundamentales sino también su persona sean un ejemplo a seguir por las actuales generaciones de liberales dentro y fuera de nuestras fronteras”. Anda que si Juan de Mariana levantara la cabeza y viera la coherencia de estos mercachifles recolectores de subvenciones y sueldos públicos...

Cada vez que habla sube el pan

Es como si te invitan a jugar un partido y te dicen: vas a pasarlo muy bien, vas a perder 5-0 y, a partir de ese momento, empieza a negociar

Antonio Garamendi — Presidente de la CEOE  

Es el principal motivo de pugna entre los empresarios y los sindicatos y el Gobierno. Entre otras cosas, porque sí que puede ser un cambio relevante en las condiciones laborales de millones de personas. Un cambio a mejor. Se trata de la reducción de jornada laboral de las actuales 40 horas semanales a las 37,5 horas semanales. Las palabras del líder de la CEOE, Antonio Garamendi, que encabezan esta sección, ejemplifican bien la posición de la patronal. Pero es que, a ver, si es una mesa de negociación para reducir la jornada, lo que no se puede esperar es que no se reduzca el horario de trabajo. La situación ha llegado a tal nivel que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tuvo que dar un toque a los empresarios avisando de “que el Gobierno no puede tolerar una estrategia dilatoria”. En este enlace te contamos que Trabajo acusa a la patronal de retrasar la reducción de la jornada laboral: “En seis meses no han presentado una sola propuesta”.

El Gráfico

Es curioso cómo van cambiando las percepciones de riesgos por parte de las empresas. Al final, pese al sufrimiento y el desastre, las guerras dejan de ser asumidas como una amenaza para el negocio. Es lo que ha ocurrido con la guerra por la invasión de Ucrania por parte de Rusia o con el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza. El Banco Central Europeo (BCE) ha creado un índice de incertidumbre que analiza las presentaciones de resultados de las grandes compañías de la eurozona para identificar cuáles son las principales peligros. Una herramienta bastante útil aunque luego funcione como un bumerán contra la institución monetaria: las guerras han caído como factor de riesgo pero los altos tipos de interés o las condiciones de financiación (que responden a los tipos de interés) se convierten en las principales amenazas para las compañías. En esta información te explicamos cómo las empresas desechan Ucrania o Gaza como riesgos pero advierten de los altos tipos de interés.

El Dato

40.121 plazas

Son las que planea sacar este año el Gobierno dentro de una Oferta de Empleo Público que llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros. En teoría 20.840 serán de turno libre, 10.600 corresponderán a promoción interna, 8.681 plazas se repartirán entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otras 4.162 irán destinadas a nuevos servicios contemplados en la ley de presupuestos de 2023 como el Servicio Estatal Público de Empleo, la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico. Decimos en teoría porque, salvo UGT, los sindicatos han calificado la Oferta de Empleo Público como “pobre” o “insuficiente”, con lo que igual puede cambiar. Y tampoco hay que olvidar a los interinos, a los que probablemente les afectará positivamente. Aquí tienes más información sobre la Oferta de Empleo Público para 2024.

Por otro lado, se ha aprobado la subida salarial de los funcionarios. Lo que se negoció entre Función Pública y los sindicatos fue un incremento del 2% para 2024 y un 0,5% adicional si la suma de la variación del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de los años 2022-2024 superaba el incremento retributivo fijo acumulado de esos ejercicios, que se situaba en el 8%. Aunque falta la confirmación por parte del Instituto Nacional de Estadística se da por hecho que el 0,5% adicional se aprobará. Aquí te explicamos cuánto es, a quién afecta y cuándo se aplica la subida de sueldo a los funcionarios en 2024.

Entrepreneur

Se le conoce como el rey del acero pero el fisco ha demostrado que andaba desnudo. El Tribunal Supremo ha anulado una de las dos absoluciones del empresario José María Aristrain por el fraude fiscal masivo que le atribuyen tanto Hacienda como la Fiscalía. Volverá a ser juzgado en una causa en la que se le piden penas de hasta 60 años de cárcel por un fraude de más de 200 millones de euros, considerado el mayor de España. A nuestro entrepreneur de la semana, la Agencia Tributaria le abrió otro procedimiento por deducirse los gastos de las monterías que celebraba en sus fincas de Cáceres y Sevilla sin que tuvieran relación con actividad empresarial real. La Justicia le ha dado la razón al fisco y los pleitos suman 268.308 euros. Ahora vuelve a ser noticia porque pidió el cese de su mujer Gema Navarro Mangado como consejera dominical de Tubacex por “pérdida de confianza” como punto del orden del día de la junta general de accionistas que se celebra este jueves, aunque la realidad es que se debe al proceso de divorcio. Navarro Mangado presentó su dimisión este miércoles por “discrepancias con el consejo de administración de la compañía y con el accionista significativo que propuso su nombramiento”, que no es otro que Aristrain. Aunque seas un rey, cuando te desnudan se te ven las vergüenzas.

Financiación autonómica

No sabemos en qué está el Gobierno cuando se aborda el tema de la financiación autonómica. La verdad es que soltar lo de “financiación singular” para Catalunya es un error porque abre innecesariamente la caja de los truenos de los agravios. Saltar con ese término cuando no hay nada concreto es querer que el ruido inunde la política, como si no hubiera bastante. Pero si además se vincula con la investidura como presidente de la Generalitat de Salvador Illa, el líder del PSC, con el supuestamente caro apoyo de ERC, el estruendo se convierte en ensordecedor. Aquí te explicamos algunas claves  de la financiación “singular” de Catalunya que condiciona todo el debate económico. 

Bien público

La ciberdelincuencia aumentó un 25,5% en 2023 con respecto al año anterior y ha vuelto a crecer un 13,5% en el primer trimestre de 2024. Una de cada cinco infracciones penales que se cometen en España son ciberdelitos, según la fiscalía. En pocas semanas hemos tenido una avalancha de robos de información de instituciones públicas y privadas. La última ha sido de la Dirección General de Tráfico pero en los últimos meses también han sufrido hackeos de información empresas como Telefónica, Banco Santander, Iberdrola, Ayesa o entidades públicas como la Universidad Complutense con lo que se avecinan campañas de intentos de estafa. En estos timos hay un fuerte elemento psicológico ya que los cibercriminales explotan todo lo que pueden la sensación de urgencia para obtener una respuesta que no sea racional. Los expertos aconsejan pararse a pensar antes de tomar una decisión. Si supuestamente te llaman de tu banco, de tu compañía eléctrica, de la Agencia tributaria pidiéndote que envíes dinero o tu clave... Párate, piensa, aplaza la decisión, es la mejor manera de no caer en un timo. En este reportaje de Carlos del Castillo te explicamos cómo los ciberdelincuentes utilizan la sensación de urgencia para timarte y cómo debes responder.

Nos gusta la competencia

Ahora te presentamos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Terminamos. El próximo jueves nos volvemos a ver con más información económica. Si tienes una propuesta o una idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. Mañana empieza el Festival de las Ideas y la Cultura (FIC) en Barcelona, un evento gratuito y abierto al público que organiza elDiario.es, donde participarán Margaret Atwood, Sidonie y Juan Diego Botto, entre otros. No te lo pierdas.   

¡Buena semana!

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El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el ICO (Instituto de Crédito Oficial) han firmado este lunes un acuerdo para movilizar 30.000 millones de préstamos (principalmente a través de los bancos) en los que se reducirá la carga de intereses en hasta un 8% respecto los precios de mercado.

Exactamente, se trata de la activación de los fondos para conceder crédito de la adenda del Plan de Recuperación “ICO Verde”, de 22.000 millones de euros en total, e “ICO Empresas y Emprendedores”, de 8.150 millones. Préstamos que empresas, autónomos y familias podrán pedir próximamente en “la gran mayoría de entidades financieras”, según defiende el ICO, para “proyectos de transporte sostenible, eficiencia energética o energías renovables” y para “crecimiento empresarial”, especialmente de las pymes.

Estos 'préstamos' baratos se suman a los 3.400 millones del denominado Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA) para financiar proyectos regionales (públicos y privados) puestos a disposición de las Comunidades Autónomas la semana pasada, en un contexto de tipos de interés altos, por el ciclo de austeridad monetaria que el BCE inició en julio de 2022 y que solo ha empezado a moderar ligeramente desde este mes de junio.

La firma del acuerdo de este lunes ha sido presidida por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y ha contado con los presidentes y directivos de las principales entidades financieras, como: el presidente del BBVA, Carlos Torres, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, el CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, el presidente de Kutxabank, Antón Arriola, o el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano. Así como los presidentes de la Asociación Española de Banca, Alejandra Kindelán, de la Confederación de Cajas (CECA), José María Méndez, la presidenta de las Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNAC), Cristina Freijanes, y la Agrupación de Entidades de Venture Capital y Private Equity (SpainCap).

Los préstamos gestionados por el ICO podrán formalizarse hasta agosto de 2026, si bien las amortizaciones podrán seguir reinvirtiéndose hasta 2036, ampliando de esta forma el alcance de los fondos y su capacidad de financiar nuevos proyectos de inversión.

Las facilidades se destinarán a la financiación de proyectos de inversión y se articularán a través de diferentes instrumentos financieros, como líneas de préstamos a través de entidades financieras (líneas de mediación, las más importantes), préstamos directos a empresas por parte del ICO, adquisición por éste de bonos e inversiones en capital o cuasi capital. Con ello, se busca adaptar la financiación disponible, a las necesidades concretas de las empresas y de los distintos sectores de actividad.

El Ministerio de Economía ya había adelantado que sería “especialmente relevante la colaboración con las entidades financieras privadas, cuya capilaridad permitirá llegar a pymes y empresas de todos los tamaños y sectores de actividad de cualquier lugar de España”. Se estima que más de 21.650 millones de euros, volumen que representa más del 70% de la dotación de estas iniciativas, se canalicen con intermediarios financieros.

Línea ICO-Verde

La Línea ICO-Verde dispone de 22.000 millones de euros para facilitar créditos a hogares (por ejemplo para las compras de vehículos eléctricos que no estén subvencionadas) y empresas privadas y públicas. Estos préstamos se podrán destinar, entre otras finalidades, al desarrollo de proyectos de transporte sostenible, eficiencia energética, energías renovables, descarbonización de la industria, gestión del agua, economía circular y adaptación al cambio climático.

Línea ICO-Empresa y Emprendedores

La Línea ICO-Empresas y Emprendedores está dotada con 8.150 millones de euros para financiar el crecimiento y resiliencia de las empresas, especialmente las pymes.

Dentro de esta línea, el sector turístico contará con un compartimento de 1.000 millones de euros para la realización de proyectos dirigidos al desarrollo de nuevos productos o servicios, nuevos procesos organizativos o de innovación que mejoren la eficiencia, así como las inversiones dirigidas a aumentar la categoría del establecimiento y mejorar la sostenibilidad del inmueble.

Asimismo, se incorpora un tramo de 150 millones de euros para la realización de proyectos relacionados con la digitalización de universidades en el marco del PERTE Nueva Economía de la Lengua.

Los préstamos

“En el diseño de estas líneas se ha prestado especial atención a los autónomos y las empresas de menor tamaño, simplificando los procedimientos para que el proceso de solicitud a través de las entidades financieras sea lo más sencillo y eficiente posible, sin perder por ello la rigurosidad que marca la gestión de recursos de la Unión Europea”, según el ICO.

“Los préstamos que concedan las entidades financieras podrán representar hasta el 100% del importe del proyecto de financiación e incorporarán la ventaja financiera que proporcionan los fondos de la Comisión Europea. Los plazos de amortización para el cliente podrán ser de hasta 20 años incluyendo períodos de carencia”, explica el Ministerio de Economía.

Una de las dudas sobre estos préstamos es si recibirán suficiente demanda, pero el ICO ha calculado que representan hasta el 7,5% de todas los nuevos préstamos que concedió la banca a empresas y autónomos (unos 600.000 millones en total) en 2022 y 2023. Es decir, considera factible movilizar los 30.000 millones.

Inversiones

También las gestoras de capital privado tendrán un papel relevante puesto AXIS (sociedad de capital riesgo del ICO) realizará tanto inversiones en fondos como coinversiones directas con recursos de las líneas ICO Verde e ICO Empresas y Emprendedores para favorecer el crecimiento de 'startups' y 'scaleups' españolas y el desarrollo de proyectos con alto componente de innovación. Con esta vía de financiación se inyectarán aproximadamente 4.500 millones de euros al tejido empresarial, que junto con la participación de inversores privados podrán movilizar más de 9.000 millones de euros.

La oferta de productos se completa con los programas de financiación directa de ICO destinados a financiar proyectos de mayor tamaño con marcado efecto tractor y la adquisición de bonos que emitan las empresas españolas en mercados regulados.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, no percibe “un bache grave” en la economía de país aunque sí ha reconocido que hay “cierta ralentización” a lo largo de los meses. “No vemos síntomas de preocupación importante ni de desgaste económico”.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios con motivo de la presentación de la nueva campaña institucional de la entidad, donde ha constatado que hay “una cierta tranquilidad” que se ve acrecentada por la estacionalidad, ya que llegan los meses de verano y hay más empleo estacional que mejora la dinámica de sectores como el turismo.

“En general, a nivel de PIB, no solo ya de Castilla-Mancha, sino del resto de comunidades autónomas a donde estamos llegando no vemos síntomas de preocupación importante. Puede haber una cierta ralentización a lo largo de los meses pero no una preocupación de un bache grave en la economía”, ha sostenido.

Lo que le ha llevado a decir que la entidad tampoco ha notado un descenso en el número de operaciones que se están tramitando a lo largo del ejercicio, en referencia a la inversión crediticia, “que es ese termómetro de la actividad empresarial y particular”.

Movimientos en el sector bancario

Preguntado por los últimos movimientos en el sector bancario y el intento de CaixaBank por comprar el Sabadell, el director general de Eurocaja Rural ha afirmado que si hay más fusiones habrá menos opciones para el cliente.

“Pero para eso estamos nosotros. Para que el cliente tenga la opción mejor que hay, que es Eurocaja Rural, porque hay buenas entidades pero nosotros somos mejores, tenemos que decirlo así de claro”, ha señalado, para agregar que después de cada proceso de fusión hay una pérdida de negocio de la entidad resultante y “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

Así, ha dicho que Eurocaja Rural aprovechará todas las oportunidades que se le presenten e intentará ocupar espacio. “Donde los demás han cerrado y han despedido, nosotros hemos abierto, hemos contratado, hemos generado negocio, hemos generado economía circular y estamos sirviendo claramente como último dique ante esa exclusión financiera en el mundo rural”, ha recalcado.

Planes de expasión

Preguntado por los planes de expansión de la entidad, ha señalado que se siguen fortaleciendo y que la entidad quiere tener abiertas las tres oficinas de capitales de provincia de Castilla y León que le faltan, que son Soria, Salamanca y Zamora, antes del final de ejercicio.

También va a poner pie la comunidad autónoma de Aragón, concretamente en Zaragoza capital. Además, tanto en Murcia como en Cartagena espera tener oficina al final del ejercicio; así como en Cantabria, concretamente en Santander, y en Logroño antes del cierre del año.

“Pero nuestra expansión, insisto, aparte de los puntos importantes a nivel urbano, continúa con la apertura de oficinas y agencias por toda Castilla y León, Levante, Madrid y el resto de provincias donde no tenemos presencia”, ha sostenido.

De momento, ha añadido, Eurocaja Rural está en cinco comunidades autónomas y 16 provincias, que se van a convertir en siete comunidades autónomas, “ocho en poco tiempo”.

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado tres proyectos de expediente de presupuestaria por suplementos de crédito, dentro del Presupuesto General del Ayuntamiento para el año en curso, por una cuantía de 2.695.445 euros.

Como ha subrayado al respecto la portavoz del equipo de Gobierno municipal Celia Sanz, “con esta cantidad el Consistorio hará frente a los gastos derivado de proyectos como la reurbanización de la calle San Antón, por 2,5 millones, la sustitución de uno de los hornos crematorios del cementerio o diversas obras de reparación en colegios de la ciudad”.

Estos expedientes serán remitidos a la Secretaría del Pleno para su aprobación en la próxima sesión, que se celebrará el jueves 6 de junio.

Ayudas al comercio y artesanía

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro vinculadas al comercio local y a la artesanía, como asociaciones de comerciantes, federaciones de empresarios de comercio minorista y asociaciones de artesanos, para la promoción y dinamización comercial minorista y artesano de la ciudad.

En este sentido, también ha dado el visto bueno a un gasto de 140.000 euros, de los que 110.000 euros se destinarán a subvenciones zonales y 30.000 euros a subvenciones gremiales.

El objetivo de estas ayudas, como ha recordado Sanz, es fomentar programas y/o acciones que lleven a cabo las entidades anteriormente citadas y que estén centradas en promover y potenciar la dinamización, el desarrollo económico y las relaciones entre los comerciantes y los consumidores, en aras de una mayor participación y desarrollo económico de la ciudad.

Dinamización turística

Igualmente, con el objetivo de apoyar a proyectos de dinamización y promoción turística que se desarrollan en la ciudad, el Consistorio cuenta con un programa de ayudas para apoyar en esta materia a empresas, autónomos, asociaciones turísticas y organizaciones sin ánimo de lucro del sector turístico de Logroño.

El objeto de las bases de esta nueva edición es definir las condiciones y el procedimiento a seguir para la concesión de subvenciones mediante concurrencia competitiva destinadas al fomento y apoyo de proyectos turísticos que contribuyan a la dinamización de la actividad turística y a la creación de productos; o servicios turísticos innovadores y sostenibles que perduren en el tiempo y suponga un beneficio cualitativo tanto para el visitante como para el resto de los agentes turísticos.

Entre estas tipologías de proyectos turísticos figuran el enoturismo, el turismo gastronómico, el de congresos (MICE), el artístico-cultural, el turismo activo, el familiar y el senior.

En este marco, la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado la convocatoria de estas ayudas dotadas con un total de 216.500 euros que se desglosan en dos líneas de ayuda:

Línea 1, destinada a proyectos turísticos desarrollados por asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro: 110.000 euros.

Línea 2, destinada a proyectos turísticos desarrollados por empresas y profesionales presupuestaria: 106.500 euros.

El plazo de presentación de las solicitudes para el apoyo a los proyectos (deben llevarse a cabo en 2024) será de 15 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

Otros asuntos

La portavoz del Ejecutivo municipal ha señalado también que la Junta de Gobierno Local ha convalidado las actuaciones realizadas por la Empresa Eulen, S.A. “sin cargo para el Ayuntamiento”.

Por un lado, se ha convalidado un importe de 27.834,25 euros (IVA incluido) para la mejora de diferentes zonas verdes de la ciudad, como el control remoto de riego de zonas verdes, el acondicionamiento de un parterre y terrizo en el Parque Felipe VI, la reparación de fuentes bebederas o el suministro de diferentes materiales, entre otras actuaciones. Por otro lado, se han aprobado diferentes trabajos de mejora por un importe total de 12.647,11 euros, entre los que se encuentra la colocación de mesas tipo picnic y mobiliario urbano o el cambio de diferentes elementos como bombillas LED o redes multijuego en zonas de ocio infantil.

Por último, Celia Sanz ha recordado que “el Ayuntamiento de Logroño cuenta con un servicio de información, atención, gestión telefónica, telemática y asistencia digital a la ciudadanía ofrecía por el área del 010”.

Con el objetivo de continuar ofreciendo este servicio, la Junta de Gobierno Local ha decidido prorrogar el contrato actual, suscrito con JIG Easy Services, S.L., por el período de un año desde el 1 de agosto de 2024 hasta el 31 de julio de 2025. Para ello, ha dado también el visto bueno a un importe de 396.984,08 euros (IVA incluido), que se desglosan en 132.328,03 euros de agosto a noviembre de este año 2024; y 264.656,04 euros correspondientes al periodo de diciembre de 2024 a julio de 2025.

En España se cuentan por decenas las entidades bancarias que desaparecieron tras la crisis de 2008. Sobre todo cajas rurales y bancos de implantación regional que, o bien fueron rescatadas o bien absorbidas por grupos de mayor tamaño. O ambas a la vez. La desaparición de oficinas, los despidos masivos y la concentración empresarial fueron la tónica en los años siguientes y se volvió a acelerar tras la pandemia. Ahora, los datos muestran cómo unos pocos se reparten una gran parte del pastel, especialmente en negocios como la gestión de los depósitos. Cuatro bancos gestionan hoy dos de cada tres euros de los ahorros que tiene la población en el sector.

El dato surge del último informe de la agencia crediticia Moody's sobre la banca española. Según este reciente documento, CaixaBank es líder en depósitos en España, seguido por Santander, BBVA y Sabadell. Estas cuatro entidades acumulan una cuota de mercado conjunta en este apartado del negocio bancario del 67%. Es decir, algo más de dos tercios del total. Si además se suman los otros dos bancos del Ibex 35, Unicaja y Bankinter, el porcentaje supera el 75%. O lo que es lo mismo, seis grupos gestionan tres de cada cuatro euros depositados por los españoles en entidades financieras.

La concentración es también alta, aunque algo menos, en lo que respecta a los activos. Aquí se engloban muchos aspectos, pero principalmente el crédito gestionado por los bancos, como las hipotecas o los préstamos al consumo. En este caso, las cuatro entidades mencionadas anteriormente son también las más grandes del país y aglutinan el 60% del total. Si además se suma a las otras dos cotizadas, el porcentaje sube hasta el 67%. La situación se repite en mayor o menor medida en la mayoría de negocios bancarios, donde la concentración es la tónica general. Por ejemplo, Expansión informaba este lunes que los tres grandes bancos (CaixaBank, BBVA y Santander) aglutinan el 40% de los créditos a las grandes empresas.

España tiene el segundo sector financiero que más se ha concentrado tras la crisis de 2008. El porcentaje de activos en manos de los cinco grandes bancos creció en más de 30 puntos en los 14 años siguientes, algo solo superado por Grecia. Los grandes grupos bancarios son cada vez de mayor tamaño y caminan en una senda que ya se ha visto en sectores estratégicos como el energético o las telecomunicaciones, donde menos de cinco empresas gestionan la mayor parte del negocio.

El dato de los depósitos es especialmente relevante en el contexto actual de la banca. El año pasado se cerró un ejercicio histórico para los bancos en España, con el mayor beneficio jamás registrado. Tres de los bancos españoles están entre los diez europeos que más ganaron durante el pasado año. Y una de las claves de esta mejora en las cuentas fue la diferencia entre el ritmo en el que se han ido subiendo los precios de las hipotecas con la subida de tipos, casi simultánea, y al que se ha ido mejorando la remuneración de los depósitos, mucho más bajo. La diferencia se multiplicó el año pasado.

En España, a cierre del mes de enero, los hogares tenían en entidades financieras en torno a un billón de euros en depósitos, según los datos con los que cuenta el Banco de España. De ese total, unos 136.000 millones están en productos de depósito a plazo, que son los que tradicionalmente han generado un mayor rendimiento para los clientes. La media de lo que los bancos pagan por este dinero se sitúa en España en el 2,38%. Son cifras muy superiores a las que hace meses, pero siguen lejos de asimilarse a la media europea, que en la zona euro se queda en el 3,2%. Solo en cuatro países se paga menos que en España por los depósitos de la clientela.

La situación es especialmente sensible cuando se compara con las grandes economías de la zona euro. La banca española se encuentra lejos de Alemania (3,24%) y, especialmente, de Francia (3,66%) e Italia (3,76%).

Los grandes bancos españoles han arrastrado los pies desde que en 2022 comenzaran a subir los tipos de interés en Europa. Estas subidas no solo tendrían que afectar a los créditos, algo que millones de hogares han constatado en sus gastos mensuales por las hipotecas. También afecta al dinero que pagan los bancos por tomar prestado el dinero de los clientes en forma de depósitos. Sin embargo, no se ha producido la esperada batalla por el ahorro entre las entidades financieras. Todas ellas han apuntado a razones como que tienen una gran liquidez que hace que no tengan urgencia por pagar más por este dinero. A ello se suma que los grandes competidores no han forzado al resto a hacerlo, ya que las mayores ofertas se han limitado a las entidades más pequeñas o a la banca online.

Moody's apunta en su citado informe periódico de la banca española que esta subida de tipos de interés vivida desde 2022 ha disparado sustancialmente la rentabilidad de la banca española, especialmente por la exposición que tienen estas entidades a los préstamos a tipo variable. Para este año, la agencia crediticia señala que los créditos seguirán aumentando su precio, aunque lo harán a un ritmo más lento que hasta ahora puesto que el euríbor ha comenzado a dar algunas muestras de bajada. “Esto limitará las mejoras de rentabilidad”, añade el documento.

Subidas “modestas”

Al tiempo, Moody's prevé que los costes para los bancos por los depósitos “solo crecerán modestamente”. Una de las razones que achaca para ello es que los bancos van a mantener unos niveles de depósitos por encima de lo que había antes de la pandemia, pese a que se prevé que se realicen retiradas de estos productos en busca de alternativas más rentables para los clientes. Esta gran cantidad de depósitos en su balance dota a los bancos de mucha liquidez que hace que no les urja tener que pagar más por tomar este dinero de la clientela. Y eso, pese a que supervisores y el propio Gobierno han hecho llamamientos públicos para que los bancos españoles pagaran más por los depósitos de los hogares.

Por tanto, Moody's prácticamente descarta que se vaya a producir esa batalla por el ahorro de los hogares entre las grandes entidades. Desde que comenzaran a subir los tipos de interés, en el sector se habló de la posible guerra comercial entre competidores para tratar de captar los depósitos de la clientela. Sin embargo, casi dos años después, esta posibilidad ya no asoma en el horizonte. Onur Genç, consejero delegado de BBVA, resumía en la presentación de resultados del banco hace algo más de un mes esta situación en un análisis que se hace extensible a todo el sector. “Los depósitos no son un recurso escaso, no pasa nada si se pierde algo. Al no ser escaso, no tiene sentido pagar más por ello y no está sobre la mesa”, argumentó.

En conclusión, la agencia señala en su informe lo que ya avanza incluso el propio sector. Aunque el crecimiento del negocio sea menor en 2024, los resultados seguirán al alza tras encadenar dos récords de beneficio consecutivos. Moody's llega a esta conclusión por dos razones. La primera y más importante es que la economía española, aunque menos que en 2023, seguirá creciendo sustancialmente por encima de la europea. La segunda es que el más que probable empeoramiento de la morosidad por la subida de tipos, la agencia prevé que sea “moderada”. De hecho, el informe concluye que “un mercado laboral estable y los todavía sustanciales ahorros de los hogares acumulados durante la pandemia respaldarán el pago de los préstamos”.

Castilla-La Mancha tendrá una ayuda para el cultivo del girasol, una producción que estaba en regresión en los últimos años en la región y se revitalizó tras la Guerra de Ucrania. Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la firma del protocolo entre el Gobierno regional y nueve entidades financieras de la región para mejorar las condiciones de financiación a agricultores y ganaderos mediante préstamos beneficiosos que aporten liquidez a los sectores más afectados. Con ello, se renueva el anterior firmado en el año 2019 y que finalizó el pasado año.

Lizán ha anunciado esta ayuda como una iniciativa de apoyo a los agricultores de la región. Concretamente la del cultivo del girasol va a suponer una inversión de 20 millones de euros para todo el periodo de aplicación de la PEPAC (Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España) “un cultivo que viene bien para las circunstancia agroambientales actuales”, ha señalado.

Hay que recordar que Castilla-La Mancha ha incrementado desde el estallido de la Guerra de Ucrania la superficie dedicada al girasol tras la autorización de la Unión Europea de poder usar la superficie agrícola en barbecho para así garantizar el suministro de este producto en el mercado, cuya disponibilidad que había caído debido al conflicto ya que es Ucrania el principal productor de esta oleaginosa.

A la firma de este protocolo han acudido casi todas las entidades financieras de la región para poner créditos a disposición de los agricultores y ganaderos de la región que va suponer movilizar hasta 200 millones a un interés de Euribor mas 1%, y a 0% para la comisión de apertura, unas condiciones muy ventajosas que “no hay otro sector que lo haya conseguido”, ha señalado el consejero. A la firma han acudido Sabadell, Cajamar, Ibercaja, BBVA, Santander, Unicaja, Caixabanc, Globalcaja y Eurocaja Rural.

Además, Martínez Lizán ha anunciado que próximamente “vamos a convocar el programa de mejora para jóvenes agricultores y ganaderos” y ha avanzado también que pronto “tendremos buenas noticias y veremos incrementado ese 18% del PIB de la región que hoy supone la producción agropecuaria”.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha presidido la firma de este protocolo, ha destacado la importancia de hacer compatibles los planteamientos ambientales y los agrarios y para ello “en una estrategia de presión a las autoridades europeas, vamos poner nuestro granito de arena para que se hable de esto en el próximo Comité de las Regiones”. Además, ha señalado cómo  “en estos últimos años, se ha ido alimentando un conflicto de intereses entre el campo y la sostenibilidad, una cosa es intentar que toda la sociedad se alinee en el sector de sostenibilidad y otra es encontrar culpables, el campo es mucho más víctima que culpable”, por lo que ha reivindicado trabajar para prevenir el cambio climático, pero sin “señalar culpables”.

Además, el presidente ha destacado la importancia que tiene el agua para el desarrollo de la agricultura en Castilla-La Mancha. “Es capital para la viabilidad del sector”, ha advertido, garantizando a su vez que esta región tiene un comprobado sentido de la “sostenibilidad”. “En el equilibrio entre los intereses está el acierto”, ha manifestado.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha calificado de “ocurrencia” y “falta de respeto” que la única solución que el presidente regional Emiliano García-Page haya ofrecido para paliar la falta de rentabilidad del sector primario “sean préstamos para que se endeuden”, en alusión al anuncio del jefe de Ejecutivo regional de abrir una línea de créditos de 120 millones de euros.

De esta forma lo ha expresado Núñez, durante su visita a una explotación ganadera de la localidad ciudadrealeña de Agudo, donde ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Maribel Mansilla, además de por el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde.

 Allí, el líder de los populares en la región ha recordado que los agricultores y ganaderos necesitan varias cuestiones: “Que se garantice el agua; una PAC sin carga ecologista, apartando el Pacto Verde; y un fondo de compensación económica para paliar los elevados costes de producción que se disparan con los precios de los combustibles, el pienso, las semillas o la energía”.

En su opinión, todos ellos son motivos por los que el sector primario “se está volviendo inviable en Castilla-La Mancha”.

Paco Núñez cree que los agricultores, hoy en día, no necesitan endeudarse porque si la situación no mejora no van a poder pagar esos préstamos que Page les ofrece.

Es por eso que ha recordado que el pasado martes viajó a Bruselas. Una visita por la que ha recibido varias críticas desde el PSOE por desplazarse hasta allí “sin agenda” y para dejar declaraciones que son “una tontá”.

Y sin embargo Núñez sostiene que su objetivo fue “defender en el seno de la Unión Europea que se rechace esa PAC ecologista y socialista que redactó Planas y que Page defiende”.

Si Núñez quiere defender el campo que hable con el presidente de la Comunidad Valenciana El PP es protrasvasista hasta que hay que mandar agua a Catalunya

Pablo Bellido — Secretario general del PSOE en Guadalajara

Aunque rechaza los préstamos, el líder del PP aboga eso sí por “un fondo de compensación para hacer viables las explotaciones agrícolas y ganaderas” y de otro lado “una defensa férrea del agua”, otra de las cuestiones por las que está recibiendo duras críticas desde el PSOE que le reclama una posición más firme contra el trasvase Tajo-Segura.

Este mismo sábado, y desde Guadalajara, el secretario del PSOE en esta provincia Pablo Bellido le ha dicho que “si quiere defender al campo de Castilla-La Mancha, puede ir mañana mismo a Valencia y hablar con el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, con su socio de partido, y decirles que ya está bien de querer humillar a Castilla-La Mancha”.

En este aspecto, abundaba Bellido, “el Partido Popular, que decía que era protrasvasista, cuando ha tenido que hacerse un trasvase para llevar agua a una parte de España que es Catalunya han dicho que en Aragón ni una gota y que en la Comunidad Valenciana solamente agua desalada de desaladoras del Estado y con uso exclusivo para beber, nunca para uso agrícola”. Es algo, decía, “aberrante, es indecente y podría añadirle algunos calificativos más”.

Las políticas agrarias de la Unión Europea que “dirige y ejecuta” Von der Leyen

Durante la visita Paco Núñez no se ha referido a las declaraciones de la eurodiputada socialista y vicesecretaria del PSOE de Castilla-La Mancha Cristina Maestre quien ayer recordaba que “quien ejecuta las políticas y las dirige en la Comisión Europea es Ursula von der Leyen, del PP” y que, además, el comisario de Agricultura de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski, pertenece a un partido de “la misma familia que Vox”.

Maestre decía que, frente a las protestas agrarias y a las críticas desde España de PP y Vox a la PAC, el máximo responsable de la Unión Europea en materia agraria “anda desaparecido”. Hoy ese mismo mensaje lo repetía Pablo Bellido en Guadalajara.

El también presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dicho que “Núñez oculta a los agricultores que el precursor de esta PAC es el Partido Popular Europeo, que es el Partido Popular y Vox, que es la derecha y la ultraderecha, los responsables de los problemas que tiene el campo, agravados naturalmente por el cambio climático y por la sequía, pero también por las políticas de la derecha ultraliberal y en algunos casos también ultraderechista, que están perjudicando sensiblemente al campo castellanomanchego y al campo español”.