El elevado precio del dinero vuelve a provocar movimientos sísmicos en los negocios del ladrillo. Pero no es la única fuerza telúrica que está propiciando el calentamiento del magma financiero. En paralelo, la escalada de las rentabilidades de los bonos soberanos, alimentada por la inflación energética, los déficits públicos, desbordados por las partidas de gastos en Defensa y los costes de las pirámides demográficas, y una voraz demanda crediticia empresarial que emerge de unas desaforadas inversiones en IA, también hacen tambalearse los entramados inmobiliarios de las potencias industrializadas.

Los compradores empiezan a aplazar decisiones de adquisición, los promotores revisan capitales y estados contables consignados como flujos de inversión y los propietarios se resisten a vender. La vivienda, que en algunas latitudes había alcanzado velocidad de crucero en el todavía latente –y resiliente– ciclo de negocios post-Covid, emite señales de sobrecalentamiento que contienen dosis de una cada vez más profunda y palpable preocupación inversora.

EEUU concentra las señales más inquietantes. Las hipotecas a 30 años han saltado hasta el 7,4% tras situarse por debajo del 6% en febrero. En el país de las hipotecas subprime que detonaron el credit crunch de 2008, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años supera el 5%, mientras los precios residenciales siguen fuera del alcance de gran parte de la sociedad estadounidense. Josh Hirt, analista de Vanguard, alerta de que “será difícil abaratar notablemente la financiación sin una recesión”.

Pero el PIB se afana en superar las expectativas y evoluciona entre previsiones de establecer una velocidad de crucero del 3% en 2027. Mientras el encarecimiento hipotecario agrava un déficit de 3,7 millones de viviendas, según estima Freddie Mac, la hipotecaria que estuvo a punto de suspender pagos en 2009 que –dicen sus expertos–, alimenta los síntomas de parálisis actuales en las compraventas. Sin que ello suponga, para más inri, “correcciones suficientes de precios”.

Europa atraviesa por una borrasca similar. Aunque de menor intensidad. El repunte de los bonos británicos, con rentabilidades del 5,53%, está obligando a renegociar operaciones inmobiliarias y a revisar valoraciones. Así lo reconoce Ronald Dickerman, fundador de Madison International Realty, firma inmobiliaria especializada en aportar capital y en refinanciar activos y carteras de propiedades en EEUU y Europa, al considerar “inevitable” que los precios se reajusten cuando la financiación se encarece bruscamente, como en el caso actual. Aunque su advertencia se dirige, sobre todo, al sector inmobiliario comercial, esta tendencia engloba también a la vivienda, avisa.

En su opinión, “construir resulta más caro”, financiar una compra “exige mayores ingresos” y los alquileres “absorben parte de la demanda expulsada del mercado de propiedad”.

Fitch Ratings constata el deterioro crediticio en el mercado interior. Esta misma semana resalta que la tasa de impagos de préstamos corporativos apalancados ha remontado del 2,7% al 3,6% en septiembre. La agencia ha elevado su previsión de insolvencias sobre pagos de préstamos a finales de 2026 hasta el 4%-4,5%. Porcentajes que evidencian la creciente fragilidad de empresas y familias excesivamente endeudadas. Si esta tensión se recrudece con condiciones crediticias más restrictivas, las constructoras y promotoras más dependientes del flujo prestamista podrían encontrarse “especialmente expuestas”.

La firma de rating admite que sus cada vez más abultadas listas de agentes económicos bajo su vigilancia crediticia implican reestructuraciones e impagos en el futuro. Desde luego, “no hacen presagiar una mejora generalizada” del clima financiero. Ni para empresas, ni para compradores de viviendas.

El desequilibrio inmobiliario español

España aporta otro desequilibrio. La fortaleza de su demanda residencial y la escasez estructural de oferta pueden sostener los precios incluso si empeoran las condiciones hipotecarias. Spanish Life Properties, inmobiliaria que opera sobre todo en la Costa del Sol, precisa que una demanda superior a la oferta disponible puede impedir que el encarecimiento del crédito se traduzca en viviendas más asequibles. Pero no descarta un aterrizaje con brusquedades.

En parecidos términos se expresa Olga Gouveia, economista de BBVA Research, quien resalta que España, desde el punto de vista financiero, afronta el endurecimiento monetario con menor endeudamiento privado y mayor proporción de hipotecas fijas que en crisis anteriores, aunque el crédito –enfatiza– se está encareciendo rápidamente. A su juicio, un IPC con persistencia al alza por el voltaje geopolítico en Oriente Próximo y las carencias de gas y diésel en una Europa sometida a tensiones en primas de riesgo como la francesa por sus elevados endeudamientos, puede terminar erosionando esa ventaja a través del encarecimiento de las hipotecas.

De hecho, el euríbor a 12 meses se ha instalado en el 3,245% frente al 2,187% de octubre del pasado ejercicio. El repunte traslada más presión a los presupuestos familiares, especialmente entre los prestatarios sujetos a revisiones anuales. Para una hipoteca de 150.000 euros, con 20 años de amortización, un alza de este indicador de referencia de un punto encarecería en unos 85 euros mensuales la factura mensual dedicada a sufragar una vivienda. Precisamente cuando los precios de compraventa y alquiler ya absorben una proporción considerable de los ingresos.

Por si fuera poco, el BCE añade más leña al fuego. Tras elevar en septiembre el tipo de depósito al 2,5%, se mantiene proclive a nuevos incrementos para contener una inflación que sus propios expertos sitúan en el 3% en 2026. El consenso del mercado habla de una o incluso dos subidas antes de que expire el año y entre los analistas se detecta que un crédito más caro puede agravar el acceso a la vivienda. Sin que se haya resuelto su escasez estructural. En A&G se contempla una subida de tipos en diciembre y otra en 2027, antes de que el BCE revertirá su escalda para evitar otro frenazo económico.

Este escenario de enfriamiento ha emergido en las transacciones. Según datos de julio del INE, las compraventas disminuyeron un 5,1% respecto al mismo mes de 2025, hasta certificar 61.417 operaciones, aunque aún aumentaron un 3,6% frente al mes anterior. No basta para proclamar un cambio de ciclo. Sobre todo, porque los precios en Madrid y otras grandes ciudades todavía tienen margen para mantenerse altos, pese a que siga disminuyendo la capacidad de compra de los hogares y a que el dinamismo inmobiliario no sea inmune al deterioro financiero. De hecho, este retardo diferencial lo refleja el informe La vivienda, cimiento de desigualdades, de Oxfam Intermón, que admite que el 61% de los inquilinos españoles no consigue ahorrar debido al coste del alquiler y que el 58,5% de quienes no son propietarios considera “improbable” adquirir una vivienda en el futuro.

Además de afirmar que el 85% de los arrendatarios dedica más del 30% de sus ingresos a pagar la renta y uno de cada tres supera el 50%. El encarecimiento del crédito amenaza con prorrogar sus cheques inmobiliarios porque quienes no pueden comprar, prolongan su tiempo de alquiler, mientras quienes ya destinan buena parte de su renta a la vivienda disponen de un margen cada vez menor para afrontar futuras perturbaciones económicas.

Madrid, uno de los focos de elevado voltaje

La vivienda en la capital de España es uno de los focos de elevado voltaje dentro de los mercados inmobiliarios europeos. En medio de este desbarajuste entre costes y crédito, sigue registrando fuertes revalorizaciones que hacen mermar los ingresos familiares. El Global Real Estate Bubble Index 2026, elaborado por UBS, acaba de situar a Madrid entre las cuatro ciudades con mayores subidas reales de precios residenciales del último año –todas ellas rozando el 10%– junto a Seúl, Lisboa y Hong Kong. Además, ocupa el noveno puesto entre las 23 ciudades examinadas, con un indicador de riesgo de burbuja de 0,86 puntos, cota que roza el umbral de su ranking que define el riesgo elevado, situado en un punto.

El estudio, de finales de septiembre, sólo cita a Zúrich y Tokio dentro del peligro de estallido de burbuja. Pero se refiere a la capital española como muestra de ciudad que se distancia cada vez más de la capacidad económica real de sus residentes. Descarta, de momento, un desplome de precios, aunque alerta del aumento de los desequilibrios inmobiliarios. Matthias Holzhey, autor del informe, ve “probable” que los mayores costes de financiación por la escalada de tipos entre las potencias de rentas altas “limiten las subidas a corto plazo”. Antes de alertar de que el coste promedio de adquirir una propiedad de 60 metros cuadrados en capitales de su top-ten supera con creces el 40% de los ingresos brutos de un trabajador catalogado de altamente cualificado.

Madrid –expresa el informe– es una de las ciudades que con mayor rapidez está sobrevalorando sus precios de vivienda y deteriorando la capacidad adquisitiva de acceso a un inmueble en sus distintas jurisdicciones territoriales.  

El Banco de España, en su informe trimestral de octubre, advierte de que el aumento de la carga financiera podría perjudicar especialmente a los agentes más endeudados y expuestos a tipos de interés variables. Si bien matiza que las familias españolas afrontan este episodio con una posición patrimonial relativamente sólida y niveles agregados de endeudamiento contenidos. “El riesgo principal es una crisis de accesibilidad prolongada, con posibles focos de insolvencia, más que un colapso hipotecario generalizado”.

En línea con el reciente diagnóstico del FMI cuyos expertos admiten que la disciplina de ahorro y el cuidado por evitar endeudamientos excesivos de los hogares “reducen el peligro sistémico”, aunque enfatizan que una corrección inmobiliaria “castigaría desproporcionadamente las rentas bajas”. La amenaza “no exige necesariamente una oleada de impagos para provocar perjuicios económicos y sociales considerables”, precisan.

Aunque en el sector privado surgen voces no tan optimistas que alertan de que los bancos están revisando riesgos y los promotores aplazando proyectos, mientras los inversores reclaman unas rentabilidades más jugosas a la hora de financiar planes urbanísticos que en ocasiones requieren décadas.

The Economist recuerda que el mercado inmobiliario mundial superó el anterior ciclo de subidas de tipos sin grandes correcciones, pero ahora --alerta-- aquella fortaleza que descansaba sobre circunstancias excepcionales, con propietarios que disponían de hipotecas baratas a largo plazo, reservas extraordinarias de ahorro y una oferta residencial, ha desaparecido. Y ha sido sustituida por otro escenario con ingredientes de toxicidad financiera. Entre otros, un creciente censo de hipotecados expuestos a revisiones de sus intereses, con colchones financieros al límite y con sus sectores de construcción sin planes definidos.

El semanario británico también hacer hincapié en la divergente senda que están tomando ciertas economías. En Nueva Zelanda, los precios han retrocedido un 25% desde sus máximos, mientras que en áreas tensionadas de San Francisco han aumentado un 20% en un año, impulsados por el espaldarazo a la IA en Silicon Valley; un fenómeno similar a la grieta que se manifiesta entre estados con efervescencia y con ralentización inmobiliaria.

Un crecimiento a doble dígito, constante, desde hace más de un año. El crédito al consumo, aquel que se pide para comprar un ordenador, un móvil, para pagar las vacaciones o posponer las cuotas del coche, lleva desde septiembre de 2025 son repuntes, mes a mes, por encima del 10%, según las estadísticas que publica el Banco de España. Lo hace en un contexto donde la inflación se mantiene en una espiral alcista y limita el poder adquisitivo de los hogares.

Se trata de un tipo de crédito que, en muchas ocasiones, se solicita cuando los bolsillos no dan más de sí, hay problemas de liquidez y no queda otra que aplazar los pagos para poder afrontarlos. Y hay casos, como las tarjetas 'revolving' –las que permiten aplazar la deuda en cuotas mensuales– donde sus tipos de interés se disparan por encima del 18% o los microcréditos, en ocasiones, con entidades no reguladas. Situaciones que acaban atrapando a los clientes y que llegan al Tribunal Supremo por considerarse usura.

Este despegue de la financiación al consumo se produce, además, en un entorno con los tipos de interés al alza y donde se esperan nuevos movimientos de Fráncfort en esa misma dirección. Sin embargo, el sector no teme un repunte de la mora y de los impagos. “Se trata de una herramienta muy útil para que los hogares financien su día a día”, señala Ignacio Pla, secretario general de Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), que agrupa a las entidades reguladas. 

¿Qué se paga a crédito? Sobre todo, según explica Pla, bienes relacionados con el hogar, como los electrodomésticos, que concentran más de cuatro de cada 10 operaciones. “Con el alto precio de la vivienda, hay mucha gente que opta por los pisos o casas de segunda mano y hay que hacer obras o cambiar el mobiliario”, apunta. Por detrás, más del 30% de las operaciones están ligadas a la informática o los móviles; el 27%, a la automoción; el 18%, a los viajes y, por detrás, educación y equipamientos energéticos, como las placas solares.

Los datos reflejan su constante crecimiento

Los datos que publica el Banco de España reflejan que el crédito al consumo lleva todo este año creciendo por encima del 12%, incluso en dos meses –febrero y abril– superó el 13%. El último dato disponible es el de agosto, cuando despegó un 12,4% respecto a julio. Como comparación, el crédito destinado a la compra de vivienda también despunta, pero a ritmos mucho más moderados. En concreto, este último se mantiene con alzas por encima del 4% durante todo este ejercicio.

En cuanto al saldo, la cantidad de dinero que concentra la modalidad de crédito al consumo, también crece de forma constante, mes a mes. En agosto se situó en 121.625 millones de euros. De hecho, no está por debajo de 100.000 millones de euros desde abril de 2024.

Ese constante despegue solo se resintió con la pandemia, cuando cayó a tasas negativas, que rozaron el -4% en los primeros compases de 2021. Desde entonces, está inmerso en esa espiral alcista, como se ve en el siguiente gráfico.

Y en cuanto a los tipos de interés que se pagan por esta financiación, dependen de la modalidad. Según los últimos datos publicados por el Banco de España, el tipo medio ponderado para los créditos al consumo se situó en agosto en el 7,16%, por encima del 6,96% de julio. De hecho, en datos anualizados, encadena una década sin bajar del 6%, incluido el año de la pandemia.

Sin embargo, hay muchas diferencias en función del plazo de amortización de esa financiación. Si es menos de un año, se queda en el 5%. Para los créditos a un plazo de entre uno y cinco años, escala hasta el 6,97%; y, para más de cinco años, por encima del 7,7%. Y cuando se trata de las tarjetas 'revolving', ese tipo de interés se dispara por encima del 18%, según la información publicada por el Banco de España.

Las razones del despegue del crédito al consumo

“El crédito al consumo financia la economía real, si necesitas una caldera, una lavadora o pagar los costes de la vuelta al cole”, enumera el responsable de Asnef. “Su crecimiento”, añade, “está muy ligado a la estabilidad en el empleo, si hay confianza en que se tiene trabajo estable, hay confianza para pedir créditos. Otro motivo es el aumento de la población en España, que también financia sus gastos”. Ignacio Pla, en cambio, apunta que no hay un perfil concreto de cliente del crédito al consumo, que este llega por igual a todas las franjas de edad y territorios.

Y no ve señales de alarma por la subida de tipos de interés en la zona euro. “El indicador más importante es el empleo, si creciera el desempleo, eso sí podría ser una señal de alarma, porque apuntaría que la morosidad puede comenzar a crecer”. Actualmente, la mora en los establecimientos de crédito se sitúa en el 5%. “Si llega al 10% o al 11%, eso sí sería una mala señal”, ahonda. 

“Detrás del crecimiento del crédito al consumo, vemos una realidad compleja, porque hay gente que no puede llegar a fin de mes, con el euribor, con la inflación; y que puede tener una necesidad puntual de dinero o de reunificar la deuda”, considera Antonio Gallardo, responsable de Estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). El problema llega cuando se depende exclusivamente de esa financiación y, en ocasiones, se acaba tirando de entidades que exigen tipos de interés disparatados. “El problema es cuando vas mal y tiras del crédito o pidiendo microcréditos. Ahí está el abuso. Claro que es mejor ir a una entidad regulada, pero hay gente que no puede y acaba fuera del sistema”, recuerda.

El Tribunal Supremo llega a hablar de usura

El sector financiero recalca que es imprescindible contratar los créditos, exclusivamente, con entidades reguladas y supervisadas. También, que es importante leer toda la letra pequeña. Pese a todo, hay casos que hacen crecer la deuda como una bola de nieve y convierten en imposible ponerse al día con los pagos. “Hay muchos casos que están hechos para que acabes sin poder pagar. Por ejemplo, te cobran un 1% diario que se acumula al capital y este último va creciendo”, explica Antonio Gallardo. “Por ejemplo, un préstamo de 300 euros que, por no pagar, en unos meses se convirtió en 1.600 euros; o minicréditos que llegan a tener tipos de interés del 3.000%”, añade. “Si el cliente no paga”, la firma que ha prestado el dinero “le vende la deuda a otra. La primera recupera el dinero, pero al cliente le siguen reclamando, con estrategias muy agresivas, como llamadas a todas horas”, apunta Gallardo. 

Y hay situaciones que acaban en los tribunales. Por ejemplo, este verano, el Tribunal Supremo estimó el recurso presentado contra Cofidis por una mujer que había sido incluida en el fichero de morosos por esta entidad financiera, después de que ella impugnara el crédito que le concedió, al considerar que se trataba de un caso de usura. El Tribunal condenó a la entidad a indemnizarla con 2.000 euros por intromisión en su derecho al honor.

De hecho, el Supremo ya decidió el pasado mes de marzo que extendía a los préstamos personales el criterio del tipo usurario de las tarjetas 'revolving'. En concreto, consideró usurario cuando es superior en seis puntos porcentuales al tipo medio del mercado. En cuanto a esta última consideración, se trata del caso de un cliente que contrató un préstamo a un interés del 16,61% TAE, cuando el tipo medio del mercado se situaba en el 8,1%. Una “desproporción tan grande que difícilmente puede justificarse, siendo en este caso insuficiente el hecho de que el destino del préstamo fuera 'unificar créditos' anteriores”, determinó el Supremo.

Respecto a Cofidis, Joachim Rolland, director de Digital Business y Marketing de esta entidad, asegura a elDiario.es que la firma “respeta plenamente las decisiones judiciales”. “Por supuesto, acatamos la sentencia”. “Se trata de un caso concreto, que no refleja nuestra práctica habitual, ni nuestra relación con los dos millones de clientes que confían en nosotros. A raíz de este tipo de resoluciones, hemos reforzado nuestros procesos internos para garantizar que la gestión de impagos y la comunicación a ficheros de solvencia se realice siempre con las máximas garantías para el cliente”. 

En cuanto a la situación actual, con los tipos al alza, el responsable de Cofidis afirma que se trata de un contexto que “exige prudencia”. “En cuanto a la morosidad, nuestros indicadores se mantienen estables y en niveles muy controlados. Esto es fruto de un modelo de concesión responsable y un acompañamiento al cliente durante toda la vida del crédito. No prevemos un deterioro significativo y seguiremos anticipándonos con políticas de riesgo prudentes”, añade.

Una nueva regulación en pausa por las elecciones

La regulación del crédito al consumo ha sido uno de los temas que ha quedado en pausa por el adelanto electoral. El Ministerio de Economía dio luz verde en enero al anteproyecto de ley que iba a regular los créditos al consumo, como los microcréditos, las 'revolving' o los préstamos rápidos en plataformas digitales, con el objetivo de elevar la protección financiera y prevenir el sobreendeudamiento. Un anteproyecto que, ante las elecciones del 29 de noviembre, tendrá que quedarse para otra legislatura.

Entre las medidas que contemplaba cambiar se incluía que todos los prestamistas de este tipo de créditos estuviesen autorizados y supervisados por el Banco de España. También creaba una categoría de prestamistas de alto coste, cuya actividad quedaba limitada, exclusivamente, a créditos de bajo importe. Y establecía un periodo de 24 horas, para analizar la letra pequeña, es decir, para que los clientes pudieran pensar con calma lo que contrataban. 

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, recuerda que este texto suponía la transposición de una directiva europea y señala la necesidad de que exista ese tiempo de reflexión. “Es una forma de frenar la impulsividad al contratar”, apunta. Algo que suele suceder con las 'revolving'. “Hay dos momentos en el año en los que se tira” de este tipo de productos financieros. “Uno, las vacaciones. Otro, el periodo que va desde el 'Black Friday' hasta después de las Navidades y las rebajas de invierno, cuando compras cosas que igual no necesitas. Vivimos en un factor psicológico, un factor de compensación cuando compras, porque te satisface y compensa posponer esos pagos”, concluye.

Eurocaja Rural ha rubricado esta mañana un convenio de colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para facilitar el acceso al crédito en condiciones especiales al sector agroalimentario, permitiendo a agricultores, ganaderos e industria transformadora de nuestra tierra acometer inversiones para la modernización de sus explotaciones y optimizar sus procesos de transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios.

La firma de este convenio, suscrito en la propia Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por el director general de la entidad financiera, Víctor Manuel Martín López, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la JCCM, Julián Martínez Lizán, certifica el compromiso y responsabilidad de Eurocaja Rural por atender los requerimientos del sector primario, dando respuesta a sus necesidades de financiación, a través de las solicitudes vinculadas al Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de Garantía de Cartera (IFGC-G).

El director general de Eurocaja Rural destacó tras la firma de este acuerdo el firme compromiso histórico de la entidad con el sector primario y su implicación como entidad implicada en el desarrollo del territorio. “Nuestra misión es continuar haciendo nuestro trabajo, lo que hemos hecho siempre: servir de instrumento financiero al sector primario y canalizar el ahorro a la inversión productiva, en este caso a las ayudas que tan acertadamente se están gestionando en este convenio. Eurocaja Rural cuenta con más de mil profesionales, más de 300 oficinas en la región y continuaremos haciendo lo que siempre hemos hecho: proporcionar servicio, atención y financiación”.

Martín López agradeció igualmente al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Consejería en particular su colaboración y cercanía, apelando a la cooperación entre administraciones y entidades comprometidas con el territorio como la mejor vía para impulsar el desarrollo sostenible y generar oportunidades en el sector primario y en el medio rural.

Castilla-La Mancha tiene 3,8 millones de hectáreas de masa forestal que ocupan el 49%, casi la mitad, de la superficie de toda la comunidad autónoma. El pasado mes de julio sufrió, en La Mierla, en parte del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, el mayor incendio de toda su historia. Este fuego ha dejado una profunda herida en una región árida y seca sometida a las consecuencias del cambio climático. Y aunque el Gobierno autonómico sabe que el calentamiento global está entre las causas principales, lleva años poniendo el foco también en la prevención.

Son esas políticas, las preventivas, las que se realizan a priori para evitar los incendios, uno de los temas centrales que se han abordado en la décima reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité de las Regiones de la Unión Europea (UE), que por primera vez se ha reunido en Toledo, en la Iglesia de San Pedro Mártir, que forma parte del Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Y este ha sido el foro en el que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha aprovechado su intervención ante más de 150 representantes de países europeos, para anunciar un “mercado voluntario” de créditos de prevención de incendios forestales que permita “renovar y certificar el valor ambiental de los montes conservados”.

“Queremos hablar del valor de lo salvado gracias a las actuaciones preventivas. Este sistema pretende cualificar las emisiones evitadas de CO2 y la conservación de los servicios ecosistémicos, facilitando que empresas e instituciones puedan invertir en prevención”, ha detallado, aunque no ha precisado cuándo se pondrá en marcha, qué cantidades se destinarán o qué tipo de empresas podrán acogerse a estos incentivos.

La consejera ha argumentado que el objetivo es convertir la protección de los montes en “una oportunidad de desarrollo rural, de bioeconomía, de sostenibilidad y de acción climática”, poniendo en valor “todo aquello que los incendios no llegan a destruir gracias al trabajo de los profesionales forestales durante todo el año”.

La tercera región con más incendios

Previamente, ha puesto especial acento en los más de 1.300 fuegos que ha sufrido la comunidad autónoma el presente año, con más de 40.000 hectáreas quemadas, de las cuales 34.000 se calcinaron solo en el mencionado siniestro de La Mierla.

Castilla-La Mancha se ha convertido así en la tercera comunidad autónoma española en cuanto a superficie quemada, después de Andalucía y de Castilla y León. La superficie afectada ha supuesto el 0,52% del territorio y el 1,17% de la masa forestal.

Dicho esto, Mercedes Gómez, ha enfatizado que lo importante “no es el dato” sino “cómo afecta el territorio, cómo afecta a todos los ciudadanos”. Y es en este punto cuando ha afirmado que el cambio climático intensifica las condiciones meteorológicas extremas que propician los grandes incendios, pero no es el único factor que influye.

“El cambio social de las zonas rurales, la reducción del pastoreo y la desaparición de prácticas agrícolas tradicionales han provocado que los mosaicos de cultivos, bosques y áreas de pastoreo se transformen een masas continuas de matorral y bosques densos y, por lo tanto, favorecen la propagación de los incendios”.

Según ha remarcado, este incremento de la vegetación “disponible para arder” ha modificado profundamente el comportamiento del fuego. Por este motivo, ha añadido, las sociedades europeas deben ir “más allá de una estrategia centrada únicamente en la extinción de incendios y aprender a convivir con el fuego”. “Debemos crear paisajes resilientes frente a los incendios y realizar una gestión integrada del territorio”.

La prevención redunda en el conjunto de la sociedad, por lo que debemos de crear oportunidades de financiación para hacerlas realidad

Por este motivo, también ha defendido que la educación y la formación de la ciudadanía deben convertirse en “pilares” de las políticas de prevención, fomentando “la responsabilidad compartida y la autoprotección”. Dado que la mano del hombre está detrás de la mayoría, el momento de prepararse es “ahora” y esta gestión “redunda en el conjunto de la sociedad, por lo que debemos de crear oportunidades de financiación para hacerlas realidad”.

Tras anunciar los mencionados créditos empresariales para prevención, la consejera de Desarrollo Sostenible ha detallado el funcionamiento del Plan Infocam de Castilla-La Mancha, como “uno de los grandes referentes nacionales e internacionales en la gestión de incendios forestales”, gracias a un modelo que “integra prevención, extinción y restauración como partes inseparables de una misma estrategia”.

“Los 365 días del año estamos trabajando en prevención y extinción. En los últimos 10 años en prevención hemos realizado gestión forestal sostenible en 96.406 hectáreas del Gobierno de Castilla-La Mancha, con 360 millones de euros invertidos”, ha resaltado.

Finalmente, tras referir que estos incendios que ya no solo se están dando en el arco mediterráneo, sino que también están cambiando de contexto y están ascendiendo hacia regiones del norte de Europa, ha llamado a “inspirarse” en la naturaleza y “seguir trabajando por el futuro de nuestras regiones y de nuestros municipios”.

Previamente, ha inaugurado esta reunión del Comité de las Regiones el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha hecho referencia al Quijote, un personaje que, según ha dicho “hoy estaría luchando por el ideal europeo sin ninguna duda”.

“Europa realmente quiso hace ya muchos años unirse, se ha ido ampliando y eso es síntoma de la esperanza”, ha remarcado después, un anhelo al que ha añadido el deseo de que esta reunión europea sea “fructífera y útil” para los intereses de la UE, que “no tiene que dudar de sí misma, al contrario, tiene que reforzar su propia autoestima colectiva, la autoestima europea”.

También ha aprovechado que la reunión se ha celebrado en San Pedro Mártir, sede de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Toledo, para hacer alusión a la inteligencia artificial y recordando al polaco Nicolás Copérnico, a quien “le debemos un salto gigante en el aprendizaje”. “Hubiera sido extraordinariamente útil saber qué pensaría Copérnico de la inteligencia artificial hoy. En todo caso, es muy difícil imaginar llegar a la inteligencia artificial sin personas tan inteligentes como Copérnico”.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha finalizado sus palabras deseando que Europa “salga reforzada de esta y de tantas reuniones como estamos teniendo”.

Alcaldes, concejales y presidentes regionales de toda la UE

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, también ha protagonizado parte de la apertura de esta 10ª reunión a la que han asistido también el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero; y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Marínez Lizán.

Es la primera vez que Castilla-La Mancha acoge una Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones. En estas convocatorias se dan cita alcaldes, concejales y presidentes regionales de toda la Unión Europea para debatir y formular propuestas sobre cuestiones relacionadas con la agricultura, el desarrollo rural, la gestión forestal, la salud pública, la pesca y la protección de los consumidores, entre otras cuestiones.

En esta décima convocatoria, los representantes de los 27 estados miembros de la UE debaten sobre políticas que afectan al futuro del medio rural europeo. Castilla-La Mancha se convierte así en el centro del debate europeo sobre cuestiones como la despoblación, el relevo generacional en el campo, la agricultura, los incendios forestales o el desarrollo económico de las zonas rurales.

El Tribunal Supremo ha estimado un recurso contra la entidad de créditos al consumo Cofidis por haber incluido en el fichero de morosos a una mujer que había impugnado por usura el crédito que la empresa le concedió y la ha condenado a indemnizarla con 2.000 euros por intromisión en su derecho al honor.

La cliente había interpuesto en su día una demanda contra Cofidis por intromisión ilegítima en su derecho al honor como consecuencia de la inclusión de sus datos el 6 de octubre de 2022 en el fichero de morosos y solicitó que la empresa la indemnizará con 3.000 euros, pero la sentencia de primera instancia desestimó su demanda.

Posteriormente, interpuso un recurso de apelación en segunda instancia, que también fue desestimado, para luego plantear recurso de casación en el Supremo.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado ahora en una sentencia su recurso porque, antes de que Cofidis comunicara los datos de la mujer al fichero de solvencia patrimonial, ésta ya había formulado una reclamación extrajudicial en la que impugnaba la validez del contrato del que se derivaba la deuda por su carácter usurario.

Además, posteriormente había formalizado una demanda judicial de nulidad de ese contrato por usura. La sentencia señala que sólo después de todo ello, el 6 de octubre de 2022, Cofidis procedió a comunicar sus datos al fichero de solvencia patrimonial.

También indica que, cuando la empresa comunicó los datos al fichero de morosos, ya conocía, por la reclamación extrajudicial formulada meses antes, que la mujer impugnaba la validez del contrato por su carácter usurario, que pedía la restitución de las cantidades indebidamente percibidas y que estaba dispuesta a acudir a los tribunales, si no se alcanzaba una solución extrajudicial.

La sentencia del Supremo indica que, pese a ello, no consta que Cofidis diera respuesta a la reclamación ni que promoviera actuación alguna para verificar si la controversia había llegado a judicializarse, limitándose a mantener la validez del contrato y a requerir el pago de las cantidades que consideraba debidas.

Además, señala que, una vez que se emplazó a Cofidis como demandada, con lo que ya era conocedora de la existencia del procedimento de nulidad, tampoco procedió a cancelar los datos comunicados al fichero, que permanecieron inscritos hasta abril de 2023.

Un mecanismo de presión

Por eso, el Tribunal Supremo considera en su sentencia que la inclusión de la mujer en el fichero de morosos “no respondió a la finalidad propia de los ficheros de solvencia patrimonial, sino que operó como un mecanismo de presión frente a la mujer que sostenía la nulidad del contrato del que derivaba la deuda reclamada.

La Sala de lo Civil recuerda su doctrina según la cual “constituye una intromisión ilegítima la comunicación de los datos personales del deudor a uno de estos ficheros cuando las circunstancias del caso revelan con suficiente claridad que la falta de pago no está relacionada con la solvencia del deudor, sino con su oposición a la certeza, existencia o cuantía de dicha deuda”.

Según esa doctrina del Alto Tribunal, sólo es pertienente la inclusión de los deudores que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda.

La sentencia fija también en 2.000 euros, frente a los 3.000 euros que solicitaba la demandante, la indemnización para resarcirle por el daño moral causado con la intromisión ilegítima que sufrió en su derecho al honor.

La banca endureció la oferta de crédito en el segundo trimestre del año “de forma generalizada”, con criterios de concesión o condiciones más exigentes, al tiempo que la demanda siguió reduciéndose en el segmento de empresas y en el de vivienda, si bien se mantuvo en el de consumo.

Según la Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España publicada este martes y recogida por EFE, entre abril y junio los criterios de concesión se endurecieron ligeramente tanto en la financiación a empresas como en los préstamos a hogares para adquisición de vivienda, y se mantuvieron estables en el segmento de consumo y otros fines.

Además, el módulo de la encuesta sobre riesgos asociados al cambio climático muestra que las entidades tienden a endurecer los criterios de concesión de crédito a empresas con elevadas emisiones y a inmuebles con eficiencia energética baja.

En comparación con las expectativas que las entidades tenían hace tres meses, la evolución de los criterios fue “algo más favorable de lo previsto”, lo que estaría vinculado a las menores tensiones en Oriente Medio tras el anuncio a mediados de junio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para una eventual finalización del conflicto.

Aun así, el porcentaje de solicitudes de crédito rechazadas aumentó ligeramente en los créditos para adquisición de vivienda y se mantuvo prácticamente estable en los otros dos segmentos.

Por su parte, las condiciones generales aplicadas a los nuevos créditos se endurecieron en los dos segmentos de hogares y se mantuvieron sin cambios significativos en el de financiación a empresas.

Menor demanda de financiación para pymes

En los préstamos destinados a consumo y otros fines, el endurecimiento se materializó en aumentos de los tipos de interés, como consecuencia de la traslación a los precios de los mayores costes de financiación soportados por los bancos, sin que ello afectara a los márgenes aplicados.

En los créditos para adquisición de vivienda, además de un aumento de los tipos de interés, se habría registrado también en algunas entidades un incremento moderado de los márgenes aplicados, tanto en los préstamos ordinarios, como en los de mayor riesgo.

El aumento de los márgenes se habría debido, según las entidades, a una percepción de mayores riesgos, si bien el impacto se habría visto parcialmente mitigado por la fuerte competencia existente en este segmento.

En cuanto a la demanda de crédito, descendió en el de financiación a empresas, afectando algo más a las pymes que a las grandes empresas, y también en el de crédito para adquisición de vivienda, mientras que en el de préstamos para consumo y otros fines se mantuvo sin cambios apreciables.

Para el tercer trimestre de 2026, los bancos prevén un nuevo endurecimiento de la oferta y una disminución generalizada de la demanda, si bien la encuesta se hizo antes de la ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

El euríbor se encamina a cerrar junio con una tasa media del 2,801%, levemente inferior a la alcanzada en mayo (2,804%), con lo que podría estancarse a pesar de la subida de los tipos de interés acometida por el Banco Central Europeo (BCE), que, según los expertos, ya estaba descontada.

A falta de una sesión para que finalice junio, el euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, baja a ese 2,801%, después de encadenar tres subidas consecutivas, afectado por las tensiones geopolíticas en Irán, que dispararon el precio de la energía, han elevado la inflación y las expectativas de subidas en los tipos de interés.

Pese a estancarse, el euríbor se sitúa muy lejos de la tasa marcada hace un año, en junio de 2025, cuando cerró en el 2,081%, lo que provocará un nuevo encarecimiento en las cuotas de las hipotecas variables.

En concreto, en el caso de una hipoteca media de 150.000 euros, a 25 años y con un interés de euríbor más el 1%, el incremento anual será de unos 700 euros.

Si el préstamo es superior, de 300.000 euros, con las mismas condiciones, el alza en las cuotas rozará los 1.400 euros anuales.

En declaraciones a EFE, el experto del Instituto Español de Analistas (IEA), Javier Santacruz, ha explicado que el euríbor se ha estancado tras haber descontado meses antes la subida de tipos del BCE.

Para los próximos meses, la evolución del euríbor dependerá de dos factores, según ha dicho. Por un lado, que la inflación se controle y, por tanto, no haya más subidas de tipos, y por otro, la actuación de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

En este sentido, ha explicado que después de que la Fed dijera que podía haber una subida de tipos interés antes de que acabe el año, el euro se debilitó.

“La debilidad del euro es bastante positiva para la visión que tiene el BCE y sería un factor favorable” para que no tenga que “tocar los tipos”, lo que propiciaría que el euríbor volviera de nuevo al entorno del 2%.

De la misma manera, el analista hipotecario de comparador financiero HelpMyCash, Miquel Riera, ha indicado que el mantenimiento del euríbor en junio se debe a que el indicador ya descontaba hasta dos subidas de tipos por parte del BCE.

“El euríbor tiende a adelantarse a las decisiones que toma el BCE”. “Si se prevé un aumento de los tipos, este índice suele subir en los meses previos a la subida. Y si el pronóstico es el contrario, normalmente desciende antes de que se produzca la bajada”, ha añadido el experto, quien ha recordado que tras estallar el conflicto en Oriente Medio, los mercados pronosticaron hasta dos incrementos de tasas en Europa para contener el más que probable aumento de la inflación.

Y el euríbor, como se esperaba, tendió al alza en los meses posteriores: pasó del 2,221% en febrero al 2,804% en mayo. Según Riera, “las subidas previas del euríbor ya descontaban el aumento de tipos de junio y reflejan un posible incremento más”, y por ello ve “comprensible que el índice se haya estancado este mes”.

Igualmente, no descarta que pueda producirse una ligera bajada de aquí a finales del año.

Sobre Oriente Medio, indica que si finalmente Estados Unidos e Irán alcanzan la paz, es probable que la inflación en la eurozona se reduzca, lo que puede llevar al BCE a mantener los tipos en lo que queda de año.

En ese escenario, prevé, el euríbor podría bajar y situarse alrededor del 2,6%. Por el contrario, si el conflicto se recrudece, la inflación de la eurozona podría experimentar otro incremento, lo que obligaría al BCE a subir sus tipos una o dos veces más en 2026, mientras que el euríbor podría llegar a superar el 3%.

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Albacete como presuntos autores de un delito continuado de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y grupo criminal. Los arrestados aprovechaban su actividad profesional en una empresa de venta a domicilio para engañar a personas de avanzada edad, con discapacidad o en situación de especial vulnerabilidad, alcanzando un fraude total de 187.185 euros.

Los agentes especializados en la investigación de delitos relacionados con la delincuencia económica y fiscal detectaron un patrón común en dos denuncias que se recibieron en la Comisaría de Albacete.

En ambas coincidía que los autores eran dos comerciales que se personaban en los domicilios mostrando un trato “extremadamente cercano y afectuoso”, ofreciendo productos a precios muy inflados, bajo la promesa de regalar otros artículos o “enmascarados” como si se tratase de promociones exclusivas.

Durante sus visitas, aprovechaban para hacerse con los datos personales y fotografía de la documentación personal de las víctimas, de la que hacían uso para solicitud de préstamos sin el consentimiento de sus titulares.

Visitas recurrentes para contratos de crédito

Posteriormente, los detenidos visitaban de forma recurrente los domicilios bajo el pretexto de renegociar la financiación de los productos que habían comprado, firmar documentos para cerrar el expediente o hacerles rellenar algún documento adicional. Estas excusas, eran en realidad “artimañas” para hacerles firmar nuevos compromisos de pago o contratar a su nombre nuevos contratos de crédito.

Tras un exhaustivo análisis de las cuentas de destino de las dos denuncias recibidas, los investigadores lograron localizar a otras 13 víctimas más tanto en Albacete como otras localidades de la provincia.

Muchos de los afectados desconocían que estaban pagando créditos bancarios por productos que, en la mayoría de los casos, ni siquiera habían recibido. Otros intuían que habían sido estafados pero “por miedo, o bien por desconocimiento sobre cómo actuar”, optaron por pagar las cuotas y olvidarse del tema, pero se encontraban con que esas cuotas “nunca terminaban, surgían nuevas cuotas a nombre de financieras distintas, no siendo conscientes de la magnitud del engaño hasta que revisaron sus movimientos bancarios”.

Los estafadores llegaban hasta tal punto de que, en el caso de clientes que fallecían, no dudaban en ponerse en contacto los familiares para reclamarles el pago de deudas pendientes, las que abonaban al desconocer cualquier extremo al respecto.

Eurocaja Rural cerró 2025 con un beneficio después de impuestos de 122 millones de euros, un 5,49% superior a los del ejercicio 2024.

El balance total ascendió a 11.221 millones de euros, lo cual representa un incremento del 13,48% frente al ejercicio precedente, según ha trasladado la cooperativa en su informe de resultados hecho público este jueves.

Durante 2025, la entidad ha continuado avanzando en su estrategia de expansión territorial, reforzando su presencia en todo el país mediante la apertura de 28 nuevas oficinas y la incorporación de equipos altamente especializados.

Esta expansión ha permitido aumentar la base de clientes y diversificar la actividad en un momento clave para el sector financiero. Al cierre del ejercicio la Entidad contaba con 506 oficinas y 1.428 profesionales en su Grupo Económico, con presencia en 26 provincias y 11 comunidades autónomas.

La entidad ha valorado que los resultados afianzan su posición como una de las entidades financieras más sólidas y solventes del panorama nacional. En este sentido, el director general de Eurocaja Rura, Víctor Manuel Martín, ha calificado el 2025 como un ejercicio “magnífico para Eurocaja Rural” en el que se han “alcanzado todos los objetivos que nos habíamos planteado al inicio del mismo”.

Junto al dato de beneficio, Martín ha destacado “un crecimiento de la inversión crediticia del 18,5%, alcanzando las 25.000 operaciones concedidas por cerca de 2.700 millones de euros”.

Asimismo, ha destacado que “los recursos de clientes han avanzado más de 1.000 millones de euros, lo que supone un 12,5% de crecimiento respecto al ejercicio anterior”.

Sobre el nivel de morosidad, el director general ha apuntado que Eurocaja Rural mantiene una ratio del 1,36% “de los más bajos del sistema financiero español” y una cobertura sobre saldo de uso del 141% “que prácticamente dobla a la media del sector financiero”.

El director general ha subrayado que la entidad financiera continúa con su apuesta por la prestación de servicios en localidades pequeñas y medianas. Un elemento que ha ejemplificado con 71 localidades que cuentan con Eurocaja Rural como única referencia financiera física. Además, ha señalado que la cooperativa de crédito cuenta con 265 oficinas en localidades de menos de 5.000 habitantes.

“Eurocaja Rural se consolida como una entidad de referencia en los territorios donde se asienta, con su modelo cercano, humano y de atención personalizada, combinada con las nuevas tecnologías”, ha celebrado Víctor Manuel Martín.

Sería una exageración decir que España se encamina hacia un modelo estadounidense con la universidad, pero no lo es decir que para cada vez más gente endeudarse para estudiar es hoy una realidad: un 14% de los créditos bancarios que se piden ya son para financiar estudios, la inmensa mayoría de ellos para pagar matrículas. La cifra ha crecido un 60% en cinco años.

En los últimos años se está configurando un doble mundo en el acceso a la universidad en nuestro país, derivado fundamentalmente de la escasísima oferta pública de plazas: por un lado las comunidades autónomas tienden a bajar precios públicos o, como os venimos contando, incluso a ahondar en la gratuidad de las primeras matrículas en sus universidades; por otro, miles de personas que no llegan a las cada vez más altas notas de corte se ven abocados a buscar su asiento en un centro privado, pagando miles de euros al año aunque no los tengan.

El mercado laboral, cada vez más especializado, y la estadística son tozudos: tener un grado universitario puede suponer hasta el doble de salario que no tenerlo. Y todo el mundo (lógicamente) quiere uno. Y un máster. Y así, al calor de las decenas de universidades privadas creadas en los últimos años, ya hay más estudiantes de máster en centros privados que en los públicos.

Las universidades públicas ofrecen hoy las mismas plazas que hace diez años, una escasez de oferta –esto es responsabilidad directa de las comunidades autónomas, que infrafinancian a sus universidades– que, sumada a la alta demanda, provoca que las notas de corte se disparen, dejando fuera de ciertos grados a mucha gente. Para ellos quedan dos opciones: o pagar o buscar otra cosa (alguno también puede intentar repetir Selectividad, perdiendo un año por el camino).

No está de más recordar que esta situación no aparece de la nada. Ni siquiera es responsabilidad (exclusiva) de la infrafinanciación autonómica, aunque esta también pone de su parte. Pero el origen de todo está en el plan Bolonia, que a principios de siglo modificó la estructura de los estudios universitarios y consagró la apuesta por los másteres como elemento de especialización universitaria. Lo que antes se hacía en los últimos cursos del propio grado hoy se cursa a posteriori y se paga a precio extra.

De Madrid a Asturias

Mientras, en Madrid, que es el epítome de la privatización universitaria y el ahogamiento de los campus públicos, el Gobierno regional tiene que salir al rescate de dos centros que él mismo ha ahogado. La Comunidad es la única autonomía que financia peor a sus universidades hoy que en 2008 –que se dice pronto– y aunque hasta el momento los rectorados han conseguido lidiar con la situación, en la Complutense ya no pueden más y necesitan un crédito de 35 millones de euros solo para pagar las nóminas.

Pero la cosa no se queda ahí y la Rey Juan Carlos va camino de necesitar una intervención también. Lo ha admitido el consejero Emilio Viciana, que ha asegurado que la Comunidad estará ahí por sus universidades. Lo decía Viciana como una virtud de su Gobierno (¡Madrid, al rescate!), obviando que si los centros necesitan un crédito es porque la Comunidad las ha llevado a esa situación con años de infrafinanciación.

Y en Asturias la autorización de dos universidades privadas, las primeras en la región, ha roto el consenso entre PSOE e IU, los socios de Gobierno.

Último tema universitario y sigo con más cosas: Esade publicó la semana pasada el perfil más detallado de las personas que reciben una beca en España. Aunque es más descriptivo que otra cosa, igual le falta alguna conclusión, siempre es interesante tener información: la becaria promedio es mujer, de familia con pocos estudios, con buen rendimiento y que elige grados menos complicados.

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La agencia de calificación crediticia Moody's ha elevado en un escalón la calificación institucional de largo plazo de Eurocaja Rural, situándola en A3 con perspectiva estable. Del mismo modo, ha incrementado el rating de sus emisiones de cédulas hipotecarias hasta AAA, máxima calificación crediticia para cualquier tipo de activo que otorga dicha agencia.

Moody's destaca de la entidad la alta calidad de sus activos, con niveles históricamente bajos de préstamos dudosos e inmuebles adjudicados y su política de concesión conservadora junto con un alto nivel de cobertura del 140,65% frente a un 69,30% del sector. Al cierre del ejercicio 2024 la ratio de morosidad se situaba en el 1,62%, aproximadamente la mitad que la media sectorial, 3,32%, según ha informado la cooperativa de crédito en nota de prensa.

Respecto a la solvencia de Eurocaja Rural, la mejora de la calificación se fundamenta en una capitalización sólida, con una ratio CET1 del 20,1%; una buena capacidad de generación de beneficios, obteniendo un resultado después de impuestos de 116 millones de euros en el último ejercicio; y una financiación y liquidez estables, respaldadas por una base de recursos gestionados de clientes granular (8.741 millones de euros al cierre de 2024) y un elevado volumen de activos líquidos.

La valoración de Eurocaja Rural por parte de la agencia de calificación es “muy positiva” y confirma, según la entidad, la “fortaleza” de su modelo de negocio, “basado en una gestión prudente y consistente a lo largo de tiempo con un modelo de banca omnicanal, que combina la atención personalizada al cliente a través de una amplia red de oficinas ubicada en los territorios donde opera, complementada con su banca digital”.

Actualmente, Eurocaja Rural se encuentra presente en nueve comunidades autónomas (Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón y Andalucía) y 23 provincias del territorio nacional. Su red comercial supera las 495 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.

El año pasado se concedieron en España más de 127.000 visados de obra nueva. La cifra refleja una tendencia ascendente, que viene afincándose paulatinamente desde hace una década. En 2014, se cerró el ejercicio con casi 35.000 visados. Sin embargo, este aumento de más del 360% en los permisos para construir hace una cruz con otra gráfica relevante para entender los antecedentes, la evolución y el presente del sector en este milenio. Según los datos del Banco de España, el crédito promotor está en mínimos, respecto al Producto Interior Bruto, desde el principio de la serie histórica, en 1998. Es decir, el peso del dinero que los bancos prestan para levantar edificios residenciales es más bajo que nunca y muy cercano al 6% del PIB.

¿Por qué en un ciclo de un, todavía tímido, despegue de la construcción este indicador sigue a la baja? La respuesta no es sencilla y abarca múltiples factores, pero hay uno que sobrevuela todas las conversaciones. “Las cosas se hacen de manera más seria, no se pide crédito promotor a la ligera y el sector ha aprendido de las dificultades que conlleva tomar crédito financiero gratuito”, contrapone el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alen, respecto a la situación que se daba en la burbuja inmobiliaria. Entonces, el dinero que las entidades prestaban para los sectores de la construcción y las actividades inmobiliarias llegó a superar el 40% del PIB.

El director de coyuntura económica de Funcas, Raymond Torres, recuerda que “uno de los factores que produjo la burbuja fue que el crédito promotor se disparó”. Esa experiencia provocó que la normativa haya ido en sentido inverso, “evidentemente restrictivo”, indica. “Para que no le coma capital, la entidad debe asegurarse de que el promotor ha vendido, al menos, la mitad de su proyecto de edificación y que ha desembolsado la mitad del precio del suelo”, explica el experto. Y esto, continúa, “en un momento en el que los precios de la vivienda son muy altos y con tanta incertidumbre jurídica en cuanto a los procedimientos de licitación”.

“Cada entidad financiera tiene su propio criterio de evaluación de riesgos, aunque es cierto que, en comparación con etapas anteriores, lograr ese porcentaje óptimo de financiación es más complejo”, señalan fuentes del sector de la construcción, que admiten que esto supone un mayor desembolso de fondos propios y, a la larga, limita su capacidad para invertir en otros proyectos y expandir su oferta de vivienda, en un contexto en el que el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, acaba de cifrar en 700.000 el déficit de casas.

En un informe publicado en 2024 por el Banco de España, el regulador ya alertaba que la evolución del crédito promotor “refleja la continua reducción de los desequilibrios acumulados en la expansión crediticia registrada en la primera década del siglo XXI, pero también el escaso dinamismo en los flujos de crédito del sector de la promoción y la construcción durante los últimos años”. Una dinámica que, indica el trabajo, “resulta consistente con los modestos niveles de construcción de vivienda nueva y la contención de la actividad inmobiliaria residencial”.

A la hora de hablar de cualquier préstamo, es fundamental tener en cuenta las dos caras de la moneda: quien pide fondos y quien los presta. Y aquí está otra clave. ¿El crédito promotor ha bajado por una dificultad de acceso o por una menor demanda? “Hoy por hoy, todo lo que sale al mercado, se financia. Los bancos tienen restricciones regulatorias, pero no de crédito. No hay escasez de crédito”, señala un directivo vinculado al sector bancario, que indica que actualmente el peso del crédito promotor en los balances de cualquier banco en España está por debajo del 10%. En 2024, hubo disponibles unos 100.000 millones de euros, en un contexto de crecimiento del PIB, que también empuja la tasa hacia abajo.

Analizando la otra cara de la moneda, desde el ámbito constructor, quien pide dinero, admiten que la falta de suelo finalista y la inseguridad jurídica frena la puesta en marcha de proyectos que podrían reducir el gap de viviendas. “Lo que se está demostrando es que, habiendo suelo, no es apto para ponerlo en mercado y, si a la hora de desarrollar un proyecto, un error subsanable me retrotrae todas las actuaciones a origen, no empiezo nada”, explica Fernández Alen. Todas las voces consultadas apuntan a la Ley del Suelo como un freno a los desarrollos y el culpable de que algunas promociones puedan alargarse durante años o incluso una década. El Ministerio de Vivienda ha llevado en dos ocasiones una reforma al Congreso de los Diputados, que el PP tumbó. Una maniobra que desde el sector inmobiliario, pero también desde la banca, consideran de “meramente político”.

Con todo, los requisitos de financiación hacen que los promotores tarden más en acceder al crédito, por lo que tienen que sacar músculo o recurrir a otras fuentes. “En términos generales, siempre que la operación inmobiliaria sea rentable y el producto esté en demanda, existe un acceso relativamente disponible al capital y a la financiación, pero desde el punto de vista del promotor, uno de los principales problemas que enfrentamos es el tardío acceso a la financiación bancaria, que no llega hasta que comienza la obra y se alcanzan los niveles de preventas exigidos”, indican voces del sector.

Al calor de estas dificultades o requisitos de acceso, avivado por una concesión de suelo insuficiente en un contexto de precio altos y una reducción en el número de entidades financieras, han ido apareciendo “mecanismos alternativos de financiación, como fondos, que vienen a complementar o sustituir lo que hacen las entidades bancarias”, explica Raymond Torres. El peso de estos fondos de deuda o inversión en la financiación no es público, pero según las estimaciones de la banca no llegaría al 10% de la financiación, pero sirve para alcanzar esos requisitos previos a que las entidades bancarias entren en la ecuación. “Por ejemplo, financian suelos o proyectos sin preventa, con un nivel de apalancamiento muy amplio”, indican estas fuentes.

En esa línea, en los últimos tiempos se han impulsado los avales del Instituto de Crédito Oficial, destinados principalmente a vivienda asequible. “Estos avales pueden complementa la autofinanciación del promotor, de manera que se alcancen los requisitos legales de las entidades financieras, para que puedan contribuir también a la financiación”, explica Torres, que considera este mecanismo “prometedor”.

Esta evolución del crédito promotor se produce en paralelo, pero muy alejada por lo bajo, del que reciben los hogares para la compra de vivienda. En junio, supuso el 30,6% del PIB, la mitad que en la burbuja pero casi el doble que hace tres décadas. Y en un contexto, además, de aumento de las compraventas.

Esta curva, a juicio del responsable de estudios de la Asociación de usuarios financieros (Asufin) Antonio Gallardo, “registra el cada vez menor acceso de los españoles a la vivienda y al préstamo hipotecario”, que se ve, “especialmente, en los precios de los importes que han subido y, a pesar de ello, hay una caída bastante importante del crédito”. En julio, se registraron 65.000 operaciones de compraventa, mientras se firmaron 45.000 préstamos hipotecaros para la compra de vivienda, por un importe medio de 163.307 euros.

“Cuando tienes necesidad apremiante de financiación recurres a todo”, lamenta Ángel. “Recurres a todo”, incide, y recuerda que él, que ahora está jubilado y que dedicó toda su vida a la enseñanza, necesitó un dinero que no ganaba para tratar la enfermedad de su hijo en los años previos a la pandemia. Primero pidió a los bancos tradicionales y a las entidades de crédito reguladas, pero cuando le empezaron a negar nuevos préstamos, recurrió a empresas no financieras, “usureros”, según los define, que ofertan en Internet pequeñas cantidades de dinero que hay que devolver en apenas días o semanas, y que buscan que “los deudores entren en el bucle de necesitar nuevos mini créditos para pagar los anteriores”, según denuncia Asufin (Asociación de usuarios financieros), “hasta que no puedes controlarlo, y te llaman, te amenazan, y ya solo te queda, prácticamente, pues que vengan a por ti, y que te ejecuten. En fin, la desesperación más absoluta”, comenta Ángel a elDiario.es.

Jorge tenía un pequeño negocio y había hecho algunas inversiones que no salieron como esperaba. Pidió uno de estos mini créditos para salir del paso. Fue “fácil y sencillo”, como dicen los anuncios de estos productos. “Con eso pagué algunas deudas de la empresa y pude tener algo para ir tirando, pero luego te das cuenta de que es fatal”, explica el hombre, que prefiere no utilizar su nombre real. Su caso y el de Ángel ilustran los de muchos. Para pagar el capital prestado y unos intereses que lo pueden multiplicar hasta la usura pidió un mini crédito, y otro, y otro más, hasta siete. “Llega un momento en el que no puedes más y que te quedas ahí pillado: tienes que seguir pagando mientras no entra dinero”, explica.

El VI Barómetro de mini créditos, que publica cada año Asufin, señala que el país vive “un momento netamente expansivo para los préstamos personales”, impulsado por las bajadas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, hay usuarios que se han visto expulsados de este mercado formal de financiación, más garantista y regulado, y han terminado navegando la marejada de los mini créditos que ofrecen prestamistas que escapan a la regulación financiera del Banco de España. Según este estudio, en el último ejercicio han subido tanto los importes mínimos y máximos medios que ofrecen 11 empresas analizadas (Vivus.es, ¡québueno!, Reddo, Moneyman o cashper), de 92 y 990 euros respectivamente; los plazos de devolución, de un mínimo de 17,2 y un máximo de 40,5 días; y los costes a corto y medio plazo.

“La fórmula más usual de 300 euros a 30 días ha sido la más repetida durante los años, aunque ha incorporado algunos cambios, ya sea ofreciendo plazos y especialmente cuantías superiores para clientes antiguos que hayan devuelto sus préstamos en plazo y forma o, en general, para todos”, señala el informe, que hace una comparativa para analizar el coste de estos productos. Con ese mismo ejemplo, “el mini crédito se encarece con respecto a la tarjeta de crédito hasta 170 veces”. La conclusión del barómetro es que, ante un aumento de la demanda, el sector aprovecha para incrementar sus tipos de interés y adecuarse a las peticiones de mayores cantidades.

La situación entraña dos riesgos a futuro. Por un lado, en el sector operan ahora empresas consolidadas, “con mayor experiencia” y con capacidad para “ofrecer préstamos de mayor cuantía, compitiendo con otras fuentes de financiación”. Por otro lado, que el acceso de los clientes expulsados del sistema tradicional a este capital eleven las tasas de morosidad. Los costes se llegan a disparar por encima del 1.000% TAE (tasa anual equivalente), al exigir que las cantidades y los intereses se devuelvan en muy poco tiempo. Estos pequeños plazos hacen que una oferta de un tipo de interés del 10%, o del 15%, o del 20%, que podría ser similar al de otras entidades financieras reguladas que conceden préstamos personales, en realidad son mucho mayores en términos comparables. Es decir, en el cálculo anual que corresponde a las TAE normales.

“Este tipo de productos son créditos rápidos, que no estudian el perfil del cliente ni hacen ninguna valoración previa”, explica la abogada Lola García, del departamento de asesoría jurídica de SinComisiones, un despacho que atiende cada mes unas 300 reclamaciones por intereses que se consideran usura. “El tipo de cliente es una persona que necesita dinero rápido, al que no le exigen ningún requisito y que después, cuando tiene que devolverlo, no puede, así que accede a otro mini crédito de otra entidad, hasta que terminan sobreendeudados”, indica la experta, que describe un pozo de deudas en el que cada intento por salir supone enterrarse más.

La forma de captar clientes de estas empresas ha variado con el tiempo. “Sus anuncios masivos en televisión son ahora bastante marginales, puntuales y solo de empresas líderes. Por el contrario, la forma de comercialización preponderante es a través de internet, intentando captar un público más joven”, indica Asufin. “Los clientes suelen decirnos que vieron los anuncios en las redes sociales, en TikTok, Instagram o Facebook, hicieron clic y con dar el DNI y el número de cuenta tienen el dinero ingresado”, aporta Lola García, que ha conseguido reducir o eliminar decenas de deudas. Una de las principales preocupaciones es que algunos de estos prestamistas dan el primer mini crédito “gratis”, en un tipo de marketing perverso cercano a los casinos o a las casas de apuestas, que busca a enganchar a gente con problemas, en algunos casos con el propio juego o con las drogas.

Aunque la legislación es más restrictiva en cuanto a los intereses que se pueden cobrar con las tarjetas de crédito o las entidades bancarias, los mini créditos están en un vacío legal. De hecho, para reclamar la suspensión o la devolución de los intereses abusivos, hay que remontarse a la ley sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, de 1908. “La Ley ”Azcárate permite declarar la nulidad de aquellos contratos de créditos con intereses superiores a los normales o desproporcionados. Sabemos que los bancos y las empresas de mini créditos prestan dinero a cambio de intereses, pero no es proporcionado pedir un 3.000%, como les ocurre a algunos clientes“, explica Lola García.

Gracias a esta estrategia, Jorge ha podido saldar parte de sus deudas. Aunque las estrategias de las empresas son variadas y cambiantes. En algunos casos, optan por alcanzar un acuerdo antes de llegar a los juzgados. En otras, alargan los procesos hasta que la justicia se pronuncia. “En los dos primeros casos, tras meter la denuncia se allanaron y me devolvieron los intereses que había pagado”, recuerda el hombre, pendiente de otro proceso, pero aliviado en parte porque “al menos puedes recuperar algo de lo perdido y quitarte esas deudas pendientes”.

Por su parte, Ángel dice que solo pudo poner freno a la espiral en la que había caído gracias a Asufin. “Se ganan el 90% de las demandas”, comenta, aunque lamenta para conseguir demostrar la usura, y que se cancele el exceso de intereses a devolver, “hay que pasar por un juzgado”, apunta Antonio Gallardo, experto económico de la Asociación de usuarios financieros.

“Nos encontramos con empresas, singularidades mercantiles, algunas domiciliadas en España y otras directamente que vienen de países del Este, o de Malta, que están fuera de la regulación, y a las que no se les puede reclamar en el Banco de España, como a las entidades financieras normales. Entonces, lo único que se puede hacer es demandar judicialmente”, explica Antonio Gallardo. Por esta razón, Asufin pide que “todo prestamista que vaya a un público general pase a estar regulado”. Esta demanda debería quedar recogida en la transposición de la directiva europea sobre créditos que, tras pasar por una consulta pública en 2024, permanece varada en las aguas del Congreso los Diputados.

Hace dos años, el Banco de España advirtió en su blog de los peligros económicos que conlleva pagar a plazos cualquier cosa, desde un sofá a una barra de labios. Con tono coloquial –y puede que con un punto de regañina– le habló directamente al lector: “Caíste en la tentación y llegas a la caja cargado de prendas. Piensas que quizá no debiste haber cogido los últimos pantalones… Pero en la caja te ofrecen una solución rápida: ‘compra ahora y paga después”. Desde entonces, esa modalidad de adquisición se ha popularizado aún más: ahora se pueden fraccionar las compras tanto en grandes superficies online como Amazon o Shein, como en tiendas físicas de cosmética o en plataformas de venta de entradas —cerca del 60% de los asistentes a Coachella esta última edición se costearon su fin de semana de festival con un plan de pago—. El BNPL (siglas de Buy Now Pay Later, “compra ahora y paga después” en inglés) está a la orden del día.

El método no es nuevo. Hace muchas décadas que productos caros pero duraderos como electrodomésticos, muebles o coches se pueden comprar a plazos y que empresas como El Corte Inglés permiten financiar las adquisiciones con su tarjeta corporativa. Estas cosas podrían considerarse de primera necesidad (toda casa requiere una nevera y una cama), así que correr el peligro de endeudarse cuando no se tiene el monto total quizá está justificado, pero ese concepto se ha dilatado con los años: ahora una crema, un masaje o un viaje pueden ser necesarios para sobrevivir en el turbocapitalismo.

Por ejemplo, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2024, cuyos resultados se publicaron en febrero de 2025, el 33,4% de la población no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (0,3 puntos superior a 2023). Pero en conjunto, los residentes en España realizaron 184,4 millones de viajes durante ese mismo año (solo 0,8 % menos que en 2023). ¿Significa esto que todas esas personas tenían dinero de sobra para costearse desplazamientos, alojamientos y demás gastos derivados? Por supuesto que no, pero para eso existen los préstamos al consumo, las tarjetas y los servicios de BNPL.

Se nos ha inculcado la idea de que vacacionar equivale a viajar, y que quedarse en casa es casi una derrota personal

Anna Pacheco — autora de 'Estuve aquí y me acordé de vosotros' (Anagrama, 2024)

Anna Pacheco, autora del ensayo sobre las condiciones laborales en los hoteles de lujo Estuve aquí y me acordé de vosotros (Anagrama, 2024), afirma que la industria del turismo ha conseguido redefinir las vacaciones. “Se nos ha inculcado la idea de que vacacionar equivale a viajar, y que quedarse en casa es casi una derrota personal. En función de tus recursos puedes aspirar a un tipo de viaje u otro, pero no viajar parece fuera de toda consideración”, reflexiona. “La presión es enorme, como si no descansar a través del consumo fuera una anomalía peligrosa”. Esta idea influye también en las personas que no se pueden permitir esas vacaciones porque esta industria “también moldea sus deseos, frustraciones y expectativas”, detalla.

Felipe, de 47 años, no quería perderse el campeonato de España de baloncesto en el que el equipo de su hijo se había clasificado. Para él suponía un esfuerzo económico importante así que pidió una tarjeta de crédito con un límite de 3.000 euros. Y pese a que ya tenía otras tarjetas “reventadas”, dice a elDiario.es, el banco tardó muy poco en concederle una nueva. Este préstamo se puede reembolsar de dos formas: pagando toda la cantidad utilizada al final de mes sin intereses o de manera fraccionada, que es cuando empieza la fiesta. “Lo pagas mensualmente con una cuota mínima de unos 80 euros hasta lo que quieras. Yo elegí la cuota mínima, me fundí los 3.000 euros y ahora estoy pagando 100 euros al mes con sus intereses”, sostiene. Pero el crédito que recupera se lo vuelve a gastar de inmediato porque necesita el dinero. “No sé si en esta vida me quitaré esa deuda”, sostiene.

El pasado enero, Rodrigo decidió usar las dos semanas de vacaciones que tenía para cumplir su sueño: ir a Islandia. Es un destino muy caro, así que también solicitó una tarjeta de crédito que su banco le concedió sin problemas. En total se gastó 2.000 euros y ha fraccionado el pago en 12 cuotas. Tanto él como Felipe han usado la tarjeta para adquirir otras cosas: Rodrigo una nevera y una lavadora, Felipe una cámara para grabar los partidos de su crío. “Es algo no esencial, pero que a mí me da la vida. Se me había roto la anterior, así que son otros 2.000 euros para pagar a plazos”, apunta el segundo.

Marta usó el mismo método para viajar hasta Yangon, capital de Myanmar, ya en 2017. Su hermana estaba de vacaciones allí y ella tenía muchas ganas de ir, así que pagó con tarjeta de crédito un vuelo de 1.200 euros que devolvió en seis meses con cuotas de 200 euros. “No fue por comodidad, ya que prefiero pagar las cosas del tirón siempre, sino porque no tenía el dinero. Mi sueldo en ese momento no era muy alto pero no quería renunciar a esa experiencia”, sostiene. Desde entonces, no ha vuelto a comprar nada más a plazos porque no lo ha necesitado pero asegura que, si se diese el caso, lo volvería a hacer.

Otros nuevos esenciales

Hace ya tiempo que los precios de los eventos musicales —festivales o conciertos de artistas ‘llena estadios’ sobre todo– están lejos de ser populares, y aun así se venden más. Por ejemplo, las entradas de los doce conciertos que Bad Bunny dará en España en 2026 van desde 73,30 euros hasta 143,30 euros (más los gastos de gestión). Eso sí, se pueden pagar a plazos, lo mismo que los abonos a festivales como el Cruïlla o el Primavera Sound. Este último ofrece el servicio desde el año 2013 en acuerdo con la plataforma Kaboodle.

Los importes de los abonos para el evento barcelonés van desde los 135 de la entrada de un día hasta los 545 euros del abono VIP. Según la organización, el porcentaje de las compras a plazos ronda el 12%, aunque en esta edición han percibido un ligero aumento. El abono ‘normal’, que cuesta 350 euros y da acceso a los días del festival sin extras, es el que más se vende por este método “a muchísima distancia de cualquier otro producto”, explican desde la organización a elDiario.es. “El motivo es que es, también a mucha distancia, el tipo de entrada que más vendemos. Somos un festival especialmente ‘abonero’, se venden pocas entradas de día en comparación con quienes optan por adquirir el abono completo”, desarrollan. El perfil medio del pagador a plazos coincide con el del asistente. “Estamos hablando de un público joven, mayoritariamente entre los 25 y 29 años, con una distribución muy paritaria entre hombres y mujeres”, comentan.

El cartel es increíble, van nuestros artistas favoritos y no nos queríamos perder la oportunidad de ir por no tener todo el dinero ahorrado de golpe. Entonces preferimos pagarlo a plazos

Andrea — 25 años

Andrea tiene 25 años y va a ir con su novia al Primavera Sound el próximo mes de junio. Las dos han optado por pagar su abono –básico, no VIP– de forma fraccionada porque es la única manera de la que se lo pueden permitir. “El cartel es increíble, van nuestros artistas favoritos y no nos queríamos perder la oportunidad de ir por no tener todo el dinero ahorrado de golpe. Entonces preferimos pagarlo a plazos”, explica. Solo lo ha hecho porque tiene la seguridad de que va a poder cumplir con las cuotas: “Si no, no creo que me hubiera metido en nada de esto”, reflexiona.

Pero no solo los jóvenes fraccionan sus pagos ‘de ocio’ aunque las miradas se dirijan automáticamente a ellos cuando se trata de este tema. El ciclo BCN Clàssics, que ofrece una programación anual de conciertos en el Palau de la Música, l'Auditori de Barcelona y el Gran Teatre del Liceu, oferta la posibilidad desde que nació en el año 2016. Se puede pagar en dos tandas tanto el paquete completo de diez entradas como uno de cuatro. “Si se adquiere un abono de toda la temporada es bastante dinero de una vez, aunque es un coste muy válido para la programación de música clásica sí que asciende a una cantidad que puede resultar relevante para muchos”, informan. “Además, también permite que la renovación de los abonos sea automática año tras año, pues ya se dispone de los datos de los abonados”.

El número de compradores que decide dividir el pago es bastante notable: del total de abonados a toda la temporada es el 50% y en el caso de abonos más pequeños, que no son tan caros, es el 20%. Precisamente, el público no tiene nada que ver con el del Primavera Sound: “La mayoría de asistentes que pagan a plazos, igual que el resto de abonados, son 50% hombres y 50% mujeres, mayoritariamente de la ciudad de Barcelona y mayores de 60 años”.

Vístete ahora, págalo luego

“No estoy nada acostumbrada ni a pagar maquillaje ni ropa pero tengo muchas amigas que pagan un montón de cosas a plazos. Por ejemplo con PayPal, que creo que ahora se ha extendido muchísimo el uso de esta aplicación”, explica Andrea. Otra de las plataformas más populares, presente en comercios online como Shein o Temu, es la sueca Klarna, que llegó a España en 2020 y ya tiene más de 1,5 millones de usuarios. Con ella, los importes se pueden dividir en tres ‘cómodas’ cuotas.

La mayor parte del marketing está enfocado a generar compras impulsivas y ofrecen una alternativa de financiación para que el dinero no sea un problema

Elisabeth Ruiz Dotras — profesora de Estudios de Economía y Empresa en la UOC

May, de 22 años, eligió financiar una compra de 60 euros en ropa (no especifica la marca). Además, también adquirió una “tablet para poder estudiar, que fueron 220 euros en cuatro plazos de 55 euros. Lo escogí así porque, aunque tenía el dinero, no quería gastármelo todo de golpe. Prefería pagar un poquito cada mes y ahorrar lo que me quedaba a final de cada mes”, especifica. La palabra ‘ahorro’ también aparece en el testimonio de Marina, que fraccionó en seis cuotas el pago de su iPhone de 1.119 euros. “Mi contrato de trabajo es de seis meses, entonces quería tenerlo pagado antes de que finalice por si acaso no me renuevan. No me costó pagarlo porque siempre ahorraba lo justo para tener el dinero suficiente a final de mes”, afirma.

Para Elisabet Ruiz Dotras, profesora de los Estudios de Economía y Empresa en la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora del grupo Digital Business Research Group (DIGBIZ), ese planteamiento es el opuesto al que los profesionales del sector recomiendan: “Primero hay que ahorrar y después con lo que nos queda, vivir”. “La mayor parte del marketing está enfocado a generar compras impulsivas y ofrecen una alternativa de financiación para que el dinero no sea un problema”, desarrolla la experta y señala el peligro de que la deuda se descontrole porque “si empiezas a fragmentar pagos, al final llega un momento que ya no sabes cuántos recibos te van a llegar ni en qué día”.

De hecho, en TikTok es fácil encontrar vídeos de usuarias que se muestran arrepentidas del dinero que deben por comprar en Klarna o Scalaplay, otras que advierten del peligro de usar estas plataformas y algunas hacen bromas con títulos como 'Yo haciendo de todo menos pagarle a Klarna lo que le debo’. “Nos estamos pareciendo más a la sociedad americana donde los niveles de deuda son elevadísimos. Leí hace poco una estadística que decía que el 70% de los millennials viven de nómina en nómina. A final de mes se quedan a cero y al siguiente mes vuelven a gastar todo”, advierte Elisabet Ruiz y explica que no es solo un problema de ingresos sino que también interviene la organización de la vida.

La investigadora apunta que se trata de una carencia de competencias financieras, que no solo se da en España sino que es a nivel global. “Es cierto que no acompaña nada que los precios hayan subido tanto, que los salarios sean tan bajos y que el inmueble sea tan caro porque son unas circunstancias de entrada que te condicionan muchísimo. Pero no solo la gente con pocos ingresos se pasa la vida tapando agujeros, hay gente que no tiene un salario tan bajo y tiene la misma dinámica porque no hay una planificación. Si hubiese educación financiera, la gente gastaría y ahorraría de un modo distinto a lo que están haciendo ahora. Hay que pensarlo”, concluye.

El Consejo de Gobierno ha analizado en su reunión de hoy, 13 de mayo, la necesidad de la Comunidad Autónoma de acudir a un crédito extraordinario “para garantizar el pago puntual y la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales”, según ha dicho y lo ha justificado por “las tensiones de tesorería que están provocando la falta de unos Presupuestos Generales del Estado y la retención de las entregas a cuenta”.

“El Gobierno de España, como ya hizo en 2024, sigue incumpliendo su obligación constitucional, y no ha transferido a La Rioja, solo en anticipos comprometidos, 60,5 millones de euros que debía habernos ingresado a estas alturas del ejercicio 2025, lo que está provocando tensiones de tesorería”, según ha informado hoy, 13 de mayo, el portavoz y consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa posterior al encuentro semanal del Ejecutivo regional celebrado en Torrecilla en Cameros.

Alfonso Domínguez ha recordado que el sistema de financiación autonómica es el principal resorte del presupuesto no financiero de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ya que supone de media en torno al 80% del mismo por lo que, a partir de él, se financia la mayor parte de las políticas públicas de gasto como la sanidad, la educación y los servicios sociales, entre ellos, el creciente sistema de dependencia. Además, ha incidido en que “no se trata de un dinero del Estado, sino de recursos que corresponden a las comunidades de régimen común y que el Gobierno de España tiene la obligación de transferir”. Mientras tanto, La Rioja ha puesto en marcha diferentes rebajas de impuestos con el objetivo, según han anunciado en varias ocasiones, de ser “la comunidad autónoma con impuestos más bajos”.

Domínguez ha señalado que “las arcas públicas regionales están recibiendo de transferencias mensuales del Estado la misma cantidad que en 2023, cuando la recaudación actual de impuestos está en niveles récord y los gastos también”, lo que está provocando que “nuestra región deje de recibir 17,23 millones de euros al mes, un dinero que nos corresponde, que es de los riojanos, pero que no llega, lo que pone en peligro la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales”. 

Según ha dicho, durante los cuatro primeros meses del año “se han acumulado en retrasos más de 60 millones de euros: 8,77 millones en enero y 17,23 millones en cada uno de los meses de febrero, marzo y abril”, lo que ha obligado al Gobierno a adoptar “medidas extraordinarias de ingresos”, en concreto un crédito al Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 100 millones de euros. Con todo, “el perjuicio para La Rioja se agravará –ha alertado– si el Gobierno de España prolonga esta situación, es decir, si no se presentan los Presupuestos Generales del Estado o no se actualizan”. En ese escenario, según el Gobierno regional, “La Rioja dejará de percibir 253 millones de euros: 197 millones en entregas a cuenta mensuales del 2025, más 56 millones de euros de la liquidación de 2023”.  

Alfonso Domínguez ha instado al Gobierno de España a “cumplir su obligación constitucional y a actualizar con urgencia, a través de un real decreto-ley, las entregas a cuenta que está reteniendo a la Comunidad Autónoma”. “No hay excusas”, ha remachado.

El Tribunal Superior de Madrid ha confirmado la condena de dos años de cárcel impuesta a un agente de la Guardia Civil que, mientras estuvo destinado en las dependencias del Ministerio de Educación, usó los datos personales de uno de sus compañeros para falsificar documentos y obtener créditos económicos a pesar de figurar en el registro de morosos. Los jueces entienden que incurrió en delitos de estafa, falsedad documental y revelación de secretos para conseguir 36.000 euros haciéndose pasar por otro agente.

Los dos guardias civiles coincidieron a lo largo de 2017 cuando ambos formaron parte del equipo de seguridad del Ministerio en la calle Alcalá. El acusado, para entonces, ya acumulaba varias deudas económicas y estaba registrado en el fichero de morosos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). Un directorio que, en la práctica, cierra la puerta a que un moroso pueda obtener un crédito de una entidad o contratar servicios como una línea telefónica.

El guardia civil condenado, de alguna manera que no ha sido probada por la Justicia, accedió al portátil de su compañero y consiguió su documentación: nóminas y el Documento Nacional de Identidad. A continuación los modificó para poner su propio nombre, cambiar algunas fechas y meses después usó las versiones modificadas para contratar líneas telefónicas y, después, varios créditos con Cofidis y Cetelem. Todo a nombre de su compañero, libre de deudas y sin los problemas que él hubiera tenido.

Los investigadores explicaron a lo largo del juicio cómo la unidad de Asuntos Internos se dio cuenta de que todos esos créditos y líneas de teléfono se habían contratado de forma ilegal usando datos de otro guardia civil. Los móviles que usaba, por ejemplo, fueron localizados en Madrid y Málaga cuando el agente afectado llevaba meses destinado en Balears y no había abandonado las islas. El dinero que había conseguido, además, había ido a parar a una cuenta bancaria a nombre de un familiar del condenado, donde él mismo ingresaba su nómina.

El Tribunal Superior de Justicia, en una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha confirmado la condena que impuso en primera instancia la Audiencia Provincial y ahora el agente solo puede llevar su caso hasta el Tribunal Supremo. Dos años de prisión que también le inhabilitan para ejercer en la Guardia Civil mientras dure su condena, además de una multa de 1.980 euros y la obligación de devolver el dinero e indemnizar a su antiguo compañero con un total de 12.000 euros por daños morales.

El recurso del agente condenado que rechazan los jueces se basaba, sobre todo, en alegar que tuvo un ataque de ansiedad en la mañana del juicio y que compareció ante el tribunal sin estar en condiciones de hacerlo: “No se explayó como se podía explayar”, alegaba. Los magistrados del TSJ, tras analizar el informe del médico que le atendió esa mañana, concluyen que estaba “en perfectas condiciones para declarar”.

Investigación de Asuntos Internos

Las sentencias del caso revelan cómo se descubrió la estafa. La víctima, después de servir en el Ministerio en 2017, se fue a vivir a Palma y no sospechó nada hasta que intentó contratar él mismo un crédito para reformar la cocina del domicilio que acababa de comprar en la nueva ciudad donde estaba destinado. La entidad le informó de que no podía obtener más dinero porque ya tenía varios préstamos impagados y estaba dado de alta como moroso en el Asnef. El agente, que nunca había pedido un crédito, denunció los hechos y la investigación llevó rápidamente a su antiguo compañero de vigilancia en el Ministerio de Educación.

En la primera sentencia del caso, la Audiencia Provincial explicó que el caso adquiría mayor gravedad teniendo en cuenta que el acusado es, precisamente, un agente de la ley: “Debemos atender a la reprochabilidad moral de los hechos, cometidos abusando de la confianza que debe presidir entre compañeros, miembros de la Guardia Civil, que entre su cometido está el de velar por el cumplimiento de las Leyes, lo que debió conllevar un impacto importante en la víctima”.

La estafa tuvo consecuencias económicas relevantes para el otro guardia civil. Según relató, su pareja tuvo que vender un piso rápidamente y por debajo del valor de mercado para hacer frente a las deudas que su compañero había generado. “Le ha ocasionado dificultades y perjuicios económicos, no ha podido obtener ni préstamos ni siquiera financiación ni compras a plazos para la adquisición de bienes, financiación muy necesaria como consecuencia de su nuevo destino en Mallorca”, explican los jueces.

El puzzle que debía componerse para posibilitar el cambio de máximo accionista del Valencia CF está a falta de una sola pieza: la firma del segundo crédito de Goldman Sachs de hasta 320 millones de euros para finalizar las obras del nuevo estadio. Fuentes de toda solvencia han asegurado a elDiario.es que tras recuperar el club los beneficios urbanísticos, poner en marcha de forma preliminar las obras del coliseo y obtener un primer crédito de 180 millones de euros para reestructurar la deuda (120 millones más otros 60 que se liquidarán en la segunda operación), este segundo préstamo es la última clave que queda por definir para conocer las condiciones finales de las cuentas del club y por tanto las obligaciones a las que tendrá que responder a medio y largo plazo un eventual nuevo inversor con su gestión.

El pasado 19 de diciembre, tras la fallida junta de accionistas, la presidenta Layhoon Chan, mano derecha del máximo accionista, Peter Lim, confirmó por primera vez que el magnate de Singapur está abierto a escuchar ofertas por su paquete accionarial: “Si hay una oferta dependerá de qué oferta sea. Si es una oferta atractiva, seguramente la estudiará”, dijo. En la misma comparecencia, se anunció que el club trabaja en una segunda línea de crédito con Goldman Sachs de un máximo de 325 millones de euros que se destinará íntegramente a la financiación del coste de las obras y a liquidar 60 de los 180 millones que ya ha obtenido el Valencia CF para refinanciar su deuda.

Ambas afirmaciones son ciertamente chocantes. Anunciar en una misma rueda de prensa que Lim pretende abandonar el Valencia CF y que un gigante como Goldman Sachs va a facilitar una importante línea de crédito implica otras connotaciones. Máxime con un club en una situación deportiva más que delicada en aquel momento, algo menos en la actualidad, pero aún con con serio riesgo de bajar a segunda división con la merma de ingresos que ello conllevaría.

Según las fuentes consultadas por esta redacción, sería impensable que la entidad financiera realizara semejante operación en un momento en el que el actual máximo accionista ha anunciado abiertamente que el club está en venta, por más que las garantías de devolución de los créditos las asuma la propia institución principalmente con los activos urbanísticos, derechos de televisión y la explotación del nuevo estadio. Por el mismo motivo, aseguran que lo más normal sería que el nuevo inversor llegara con el visto bueno de Goldman Sachs puesto que la viabilidad del club y por lo tanto la devolución de los préstamos dependerán de su gestión.

En este contexto, afirman las mismas fuentes que las negociaciones del magnate de Singapur de cara a una posible venta están en marcha, si bien es cierto que la incógnita sobre el futuro deportivo de la entidad no ayudan y podría retrasar el cierre de una posible operación de venta accionarial o incluso que acabe por romperse si el equipo finalmente bajara a segunda división. Sin embargo, es una opción que tras la llegada del entrenador Carlos Corberán, parece menos probable que hace unas semanas.

Con todo, la previsión es que el segundo crédito de Goldman Sachs se firme antes del mes de mayo, momento a partir del cual el futuro deportivo del club estará mucho más claro puesto que La Liga estará en su recta final. Será en ese momento, una vez se firme, cuando quedará despejado el camino hacia la venta definitiva del Valencia CF.

¿Quiénes son los candidatos a quedarse con la mayoría accionarial? Esta es la gran pregunta y el secreto mejor guardado por Lim y su entorno. elDiario.es sí que ha podido confirmar que el expropietario del Leeds, Andrea Radrizzani, es uno de los que ha contactado con los representantes legales del magnate de Singapur, lo que evidencia cuanto menos un interés. Sin embargo, esto no implica necesariamente que vaya a ser el que finalmente se haga con una mayoría accionarial por la que Lim pide unos 400 millones de euros.

Radrizzani se hizo con el 57% del club inglés en 2017, pero decidió desprenderse en 2023 de su paquete accionarial por unos 170 millones de libras después de una desastrosa temporada. El empresario italiano tuvo a sus órdenes al técnico, Marcelo Bielsa, y al actual entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, como segundo del argentino. Ya en el terreno de la rumorología se ha especulado con el interés del griego Evangelos Marinakis, accionista del Forest y propietario del Olympiacos, y del príncipe de Johor, Tunku Ismail e incluso del príncipe de Arabia Saudí y propietario del New Castle, Mohammed bin Salman.

Un agente de la Guardia Civil ha sido condenado a dos años de cárcel por estafar 36.000 euros a un compañero con el que trabajaba en el Ministerio de Educación. El guardia condenado, según la Audiencia Provincial de Madrid, tenía varias deudas con entidades de crédito y usó los datos de su compañero para contratar varias líneas telefónicas y préstamos que también dejó de pagar. La víctima se dio cuenta cuando intentó conseguir un crédito para reformar su cocina y descubrió que había sido dado de alta en el fichero de morosos por los créditos que su compañero había contratado a su nombre y no había devuelto.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, declara probado que ambos guardias civiles trabajaron juntos en servicio de vigilancia en el Ministerio de Educación a lo largo del año 2017. El condenado acumulaba más de 18.000 euros en impagos a varias entidades de crédito, figuraba en el fichero de morosos Asnef e ideó un plan para poder seguir obteniendo préstamos: se haría pasar por su compañero de garita para conseguirlo.

La oportunidad llegó poco después, cuando la Guardia Civil destinó a su compañero a la comandancia de Balears y empezó a recabar documentación para el traslado a Palma. El estafador consiguió entonces todo lo que necesitaba: nóminas, declaraciones fiscales e incluso el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su compañero. En apenas unos meses el guardia civil usó los datos del trabajador para dar de alta líneas telefónicas y contratar tres créditos con Cofidis y Cetelem que sumaban, entre todos, 36.000 euros. También intentó sin éxito contratar una tarjeta de crédito con Wizink.

La víctima se fue a vivir a Palma y no descubrió nada hasta que intentó contratar él mismo un crédito para reformar la cocina de la casa que acababa de comprar en la ciudad donde estaba destinado. La entidad le informó de que no podía obtener más dinero porque ya tenía varios préstamos impagados y estaba dado de alta como moroso en el Asnef. El agente, que nunca había pedido un crédito, denunció los hechos y la investigación llevó rápidamente a su antiguo compañero de vigilancia en el Ministerio de Educación.

El departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil descubrió que el dinero de esos préstamos impagados había ido a parar a una cuenta bancaria vinculada a la familia del otro agente, donde incluso le ingresaban la nómina. También que buena parte de las llamadas a las entidades de crédito para obtener el dinero se habían hecho desde Madrid o desde Málaga, ciudades donde había estado el condenado, mientras la víctima se encontraba ya en Balears en su nuevo destino. Finalmente, el agente condenado había usado su teléfono oficial de la Guardia Civil en algunos de los contratos fraudulentos.

Las “contundentes pruebas” contra el guardia civil

La Audiencia Provincial de Madrid ha optado por imponer dos años de cárcel y una multa de 1.980 euros a este guardia civil, además de obligarle a devolver el dinero a las entidades de crédito, anular esos contratos y establecer una indemnización de 12.000 euros por daños morales para su antiguo compañero. El acusado, según ha sabido este periódico, ha recurrido su condena y tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce su propio compañero han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirme la sanción.

Los jueces le atribuyen un delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental y revelación de secretos, imponiéndole una condena más baja que la que pidió la Fiscalía en un primer momento. El tribunal tiene en cuenta como dilación indebida que el proceso tardó más de cinco años en llegar a juicio y tener una primera sentencia. El resultado es una condena que, en principio, no implica su entrada obligatoria en prisión siempre y cuando cumpla con todas sus obligaciones económicas. También puede derivar en su expulsión de la Guardia Civil por la vía disciplinaria.

Durante el juicio, el agente condenado proclamó su inocencia y también denunció que no podía comparecer en el proceso por problemas de salud, algo que descartó tanto el forense como la propia Audiencia Provincial. Existen “contundentes pruebas de cargo” contra él, dice el tribunal, que destaca que precisamente como guardia civil su misión era cumplir la ley, no infringirla: “Debemos atender a la reprochabilidad moral de los hechos, cometidos abusando de la confianza que debe presidir entre compañeros, miembros de la Guardia Civil, que entre su cometido está el de velar por el cumplimiento de la Leyes, lo que debió conllevar un impacto importante en la víctima”.

El agente afectado por la estafa relató que su pareja tuvo que vender un piso por debajo del valor de mercado para hacer frente a las consecuencias económicas de las deudas generadas por su compañero. “Le ha ocasionado dificultades y perjuicios económicos, no ha podido obtener ni préstamos ni siquiera financiación ni compras a plazos para la adquisición de bienes, financiación muy necesaria como consecuencia de su nuevo destino en Mallorca”, reconoce la Audiencia.

El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros fijó las condiciones para una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) presupuestada en 2.500 millones de euros. Está destinada a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo. El objetivo: que puedan acceder a la compra de su primera vivienda.

Este fue el último trámite antes de que los avales comenzaran a ponerse en marcha. Y eso, teóricamente, sucedió el pasado mes de mayo. Sí que se están concediendo poco a poco, pero no sin algunos problemas derivados de la “confusión” de algunas sucursales bancarias, de la falta de información y de cuestiones técnicas.

La medida forma parte de uno de los instrumentos que está poniendo en marcha el Gobierno para promover el acceso a la vivienda y busca facilitar las hipotecas a más de 50.000 personas que, “siendo solventes”, no han podido ahorrar lo necesario para adquirir una vivienda.

Con carácter general, el ICO avala hasta el 20% del importe del crédito de la vivienda, salvo que esta última disponga de una calificación energética D o superior (es decir, que suponga un alto consumo de energía), en cuyo caso ese porcentaje puede llegar hasta el 25%.

El Ministerio de Economía (del que depende el ICO) y el de Vivienda (quien se hace cargo del presupuesto de los avales) quieren también aliviar así el mercado del alquiler en zonas tensionadas de ciudades donde ya es más caro arrendar que comprar. También persigue atender la realidad en núcleos rurales contribuyendo así a la fijación de población.

“Ni sabían de lo que les estaba hablando”

Esta línea está dirigida a personas mayores de edad, con residencia legal en España, debiendo acreditarla de manera continua e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo. El límite de patrimonio del avalado es un máximo de 100.000 euros y no pueden acogerse a esta línea de avales quienes ya sean propietarios de otra vivienda con anterioridad.

Para ponerla en marcha, el ICO firmó los convenios correspondientes con más de 60 entidades financieras para que desarrollen la medida en sus sucursales. En muchos casos está funcionando, pero en otros la petición del aval por parte de los particulares ha sido una misión imposible.

Es el caso de Elena, de 32 años, y residente en la localidad toledana de Quintanar de la Orden, en Toledo. Acudió a un banco de esta localidad para solicitar el aval y según afirma, “ni sabían de lo que les estaba hablando”. Ella misma mostró con su móvil a la persona que la atendió que existía esta medida del ICO, pero en la sucursal le dijeron que no tenían conocimiento de ello y que por tanto no podrían tramitarlo.

“Me quedé a cuadros y decidí ir a otro banco. Ahí fue todavía más surrealista, porque me dijeron que eso dependía de la comunidad autónoma y que todavía no estaba activo. En la página web del ICO no dice nada de eso y ya no supe ni qué decir. Me quedé muy confundida y me pareció que echaban balones fuera”.

Una situación casi calcada es la que ha vivido Laura, de 29 años, en Miguelturra (Ciudad Real). Ha acudido a tres bancos a solicitar el aval y todavía no ha sido capaz, no solo de tramitarlo, sino de iniciar siquiera el proceso.

En uno de los bancos le comentaron que esa línea de avales no existía, que a ellos no les constaba y en la visita a otra entidad diferente también argumentaron que se trataba de un acuerdo del ICO que todavía no estaba firmado con la comunidad autónoma, en este caso Castilla-La Mancha.

Le insistieron tanto en este último punto que decidió acudir a la Delegación provincial de Fomento del Gobierno regional en Ciudad Real. Allí no le solucionaron nada ni le despejaron las dudas.

Porque la cuestión es que esta línea de avales depende única y exclusivamente del ICO. Las comunidades autónomas no tienen que firmar ningún trámite ni poner en marcha ningún protocolo. El único paso previo que el ICO dejó en manos autonómicas fue el establecimiento de unos precios máximos por vivienda para adquirir el aval. En Castilla-La Mancha es de 240.000 euros y ya quedó establecido en mayo.

¿Qué ha ocurrido entonces? Fuentes del ICO explican a elDiarioclm.es que la confusión ha venido determinada por varios factores. En primer lugar, por el hecho de que hay comunidades autónomas que tienen su propio programa autonómico de avales hipotecarios, que son independientes del estatal. “Es posible que en muchas sucursales aun no tenga interiorizada la información de esta línea de avales estatales y hayan buscado el programa propio de Castilla-La Mancha, que no lo tiene”, argumentan.

Están todas las entidades financieras trabajando para desplegar la línea, pero cada una tiene sus tiempos

Pero existen otras variables que pueden ralentizar el proceso. Este programa se firmó en mayo con el Ministerio de Vivienda, y a partir de ahí el ICO suscribió con las entidades financieras los contratos para su aplicación. Tras ello, los bancos ya podían empezar a operar con este programa porque la línea de avales está “abierta y activa”.

“Están todas las entidades financieras trabajando para desplegar la línea, pero cada una tiene sus tiempos, primero para desarrollar el sistema tecnológico que necesitan para reportar las operaciones y, segundo, para bajar la información a su red de sucursales y que el producto esté integrado en su red”, precisan en el ICO.

Prácticamente la totalidad de los bancos suscritos a la línea de avales lo tienen ya cargado. “Lo necesitamos así para para asegurarnos de que pueda llegar a todo el mundo. Pero puede pasar que la sucursal no tenga toda la información todavía ni tenga el producto totalmente integrado. Todo tiene un proceso y cada entidad maneja sus tiempos de implantación”, remarcan las mismas fuentes.

Lo que dejan claro es que la línea está funcionando y ya hay bancos que están concediendo hipotecas con este aval. De momento, el ICO no ofrece datos sobre los avales concedidos porque se agrupan trimestralmente una vez que están consolidados, por lo que se conocerán a lo largo del último trimestre del año.

El plazo del aval otorgado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) a la entidad financiera y gestionado por el ICO es de un máximo de 10 años desde que se formalice la operación, con independencia de la amortización del préstamo. Durante ese plazo, la vivienda deberá ser la residencia habitual de la persona avalada y su arrendamiento estará limitado a que concurran circunstancias que exijan el cambio de vivienda.

El plazo para formalizar los préstamos que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025. Este plazo podría ampliarse dos años más, en virtud del convenio que suscribirán el MIVAU e ICO. Por el momento, este último organismo se muestra convencido de que los avales estatales “se desplegarán conforme transcurran los próximos meses”.

El Banco Central Europeo (BCE) ha cumplido con el guion y ha decidido recortar los tipos de interés oficiales 0,25 puntos este jueves. Es la segunda bajada de un cuarto de punto en este ciclo de austeridad monetaria. El primer 'alivio' fue en junio, aunque las condiciones de financiación (el coste de las hipotecas y del resto de préstamos) siguen siendo “restrictivas”, como las describe el propio BCE y que quiere decir que dañan la capacidad de compra de las familias y de invertir de las empresas.

En julio, el consejo de gobierno de la institución decidió mantenerse a la espera, pese a la moderación de la inflación. Las subidas de precios se moderaron al 2,2% en el conjunto de la eurozona en agosto, en tasa interanual. Y al 2,3% en España, pegada al objetivo teórico del BCE.

Además, los economistas de la institución han actualizado sus previsiones y proyectan una inflación general media del 2,5% en 2024, del 2,2% en 2025 y del 1,9% en 2026, sin cambios respecto a junio. Respecto al crecimiento económico, el BCE espera un avance del PIB el 0,8% en 2024, aumentando al 1,3% en 2025 y al 1,5% en 2026. El organismo admite una “ligera revisión a la baja” debido “a una contribución más débil de la demanda interna en los próximos trimestres”.

“Con la inflación ya controlada en la eurozona, la clave ahora es evitar la recesión de Alemania y Francia”, resumía este mismo jueves Nacho Álvarez, profesor de la UCM y ex secretario de estado de Derechos Sociales, en el primer Gobierno de coalición. La agresiva estrategia del BCE de dañar la economía para luchar contra las subidas de precios asumía este riesgo y la destrucción de puestos de trabajo. Una amenaza que España, de momento, está salvando excepcionalmente por distintas causas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de gobierno del BCE, Lagarde ha dejado pocas pistas sobre sus próximos pasos y ha mantenido el enfoque de “dependencia de los datos” y de “reunión a reunión”. La próxima será dentro de seis semanas, a finales de octubre.

La reunión sobre política monetaria de este jueves ha tenido algunas circunstancias especiales. A nivel anecdótico y en el ámbito nacional, ha sido la del estreno del nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que ha tomado su asiento junto al resto de gobernadores de los bancos centrales de cada socio del euro y junto a los miembros del comité ejecutivo del BCE, que preside Christine Lagarde y en el que es vicepresidente Luis de Guindos. A nivel técnico, la institución ha cambiado la forma de mirar el 'precio' del dinero. La referencia ya no es el tipo de interés de las operaciones principales de financiación entre los bancos sino el tipo de interés de la facilidad de depósito.

En palabras más llanas, la referencia ya no es el tipo de interés al que los bancos obtienen liquidez. ¿Por qué? Porque a las entidades financieras les sobra la liquidez, tras las políticas expansivas que el BCE ha aplicado en los últimos años para favorecer la la salida de la crisis financiera, primero, y de la pandemia, después. Entonces, la referencia pasa a ser el tipo de interés al que el Eurosistema remunera —con dinero público, por cierto— esa liquidez que les sobra a los bancos y que depositan en los bancos centrales de sus países.

En resumen, los tipos de interés de referencia, los de la facilidad de depósito, se quedan en el 3,5%. Hay otro cambio técnico, el 'pasillo' o diferencia entre esta facilidad de depósito y el tipo de interés de las operaciones principales de financiación era hasta ahora de medio punto. Ese 'pasillo' o diferencia se reduce a 0,15 puntos. El resultados es que el tipo de interés de las operaciones principales de financiación ha sido recortado en 0,6 puntos este jueves, hasta el 3,65% desde el 4,25% en los que se quedó en julio.

Todos estos cambios se anunciaron en marzo. Junto a otras herramientas de la política monetaria que buscan garantizar la liquidez del sector bancario y que continúan beneficiándolo directamente. Por ejemplo, el BCE decidió mantener el requisito de reservas a los bancos en un coeficiente del 1% (aquí está la explicación técnica). Igualmente, la remuneración de estas reservas mínimas que las entidades deben guardar en el Eurosistema —el Banco de España en nuestro caso, y el resto de bancos centrales de cada país del euro: Bundesbank, Banca d'Italia o Banque de France— permanece “sin cambios en el 0%”, apunta la institución en su comunicado. De esta manera, el resto del dinero que los bancos 'aparquen' en los bancos centrales seguirá remunerado según el tipo de interés de la facilidad de depósito (que actualmente está en el 3,5%), con dinero público.

Las propuestas de Sumar en España o de diferentes grupos de presión europeos para elevar el porcentaje de dinero exento de remuneración del total que los bancos aparcan en los bancos centrales han caído en saco roto. “Los bancos de la eurozona están obteniendo sustanciales beneficios extraordinarios libres de riesgo que superaron los 140.000 millones de euros en 2023, simplemente depositando fondos en el Eurosistema”, arranca una carta abierta publicada en marzo por Positive Money EU, una organización sin ánimo de lucro que pelea por un sistema monetario y bancario más justo y equitativo. 

Estas ganancias “extraordinarias” rozaron los 10.000 millones para las entidades españolas en 2023. Se trata en realidad, según Sumar, de una transferencia pública. Además, representan una buena parte de sus ganancias récord: 26.000 millones en el caso de los grandes bancos, que también han aprovechado la expansión de sus márgenes por las subidas de tipos y su traslación al euríbor de las hipotecas y al coste de los préstamos en general.

Lagarde cita a Draghi

Este jueves, Lagarde ha citado el informe publicado esta semana del ex presidente del BCE Mario Draghi. Esta referencia es importante porque la conclusión del documento es que hace falta una inversión anual de 800.000 millones de euros para que la eurozona pueda competir con Estados Unidos y con China. Un esfuerzo público y privado y conjunto que el informe contempla que debería estar apoyado por deuda conjunta. Es decir, por la emisión de eurobonos, lo que durante la gran crisis financiera fue un tabú para el BCE y para la Comisión Europea que solo se rompió para financiera el Plan de Recuperación de la pandemia.