Las llamadas del 23F desclasificadas este miércoles permiten conocer cómo vivió la familia del golpista Antonio Tejero las principales horas de la asonada, pero no arrojan luz respecto a las grandes incógnitas de la intentona de la que el lunes se cumplieron 45 años. Así, las transcripciones que han visto la luz por decisión del Gobierno no han contemplado las conversaciones del rey con las capitanías generales o las comunicaciones con el Congreso la noche del golpe que podrían resultar claves para conocer el papel del jefe del Estado en lo ocurrido.

“Escúchame, ya sabes el problema de Antonio. No está asignado. El tonto desgraciado, lo han dejao solo, para no variar”. Carmen Díez Pereira, esposa del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, fue consciente del fracaso del golpe de Estado protagonizado por su marido el 23 de febrero de 1981 prácticamente desde que se produjo la toma del Congreso de los Diputados. Conversaciones como la citada, evidencian que la familia del cabecilla del golpe supo desde el principio de la noche que Tejero no tenía apoyos en su plan para subvertir el orden constitucional.

Aquella madrugada lo reconocieron explícitamente la mujer y varios de sus hijos que, además, creían que “todo el Ejército” e incluso el rey del momento, Juan Carlos I, sí apoyaban de inicio los planes golpistas aunque finalmente se desmarcaron. La gran obsesión de Díez Pereira a lo largo de toda la madrugada fue tratar de hablar con el propio Tejero para decirle que estaba “solo”. Primero intentó que desde la Capitanía General le enviaran un coche a su domicilio para personarse en el Congreso y decirle a su marido que había fracasado. Y, después, por consejo de las autoridades del momento, la mujer envió una cinta grabada al hemiciclo para intentar convencer a Tejero de que cejara en su empeño y entregara las armas.

En una de esas conversaciones, Díez Pereira llegó a reconocer que a su marido ya se le había advertido de que no tenía los apoyos para el golpe dos meses antes de producirse. Fue Fernando Caro, entonces comandante de la Guardia Civil de Málaga, quien avisó a Tejero en las Navidades de 1980. “Es que si me hubieran dejado hablar con él antes. Es que él no se creía que le habían abandonado”, afirma la mujer del teniente coronel golpista en una llamada telefónica con el propio Caro, dando a entender que conocía los planes de su marido desde hacía meses y que sabía también que no contaba con apoyos. “Él no se creía que el Ejército le había dejao (sic)”, añadió ella. “Ya se lo dije yo”, apostilló Caro. “Ya se lo dijiste tú”, insistió Díez. “Ya se lo dije yo, en Navidades”, sentenció él.

Estoy desesperada, porque si está el tío tan ostinao, están las tanquetas del GEO y monta el número

A lo largo de las conversaciones transcritas y conocidas este miércoles se evidencia la desesperación de la mujer del guardia civil. “Estoy desesperada, porque si está el tío tan ostinao, están las tanquetas del GEO y monta el número”, le dijo a uno de sus interlocutores al principio de la noche. Después, en otra llamada con el general Fajardo, este le cuenta a la esposa de Tejero que a las seis de la mañana, horas después del inicio del golpe, este militar le pidió al golpista que llamara a su mujer. “¡Jolines! ¿Y todavía no me ha llamado? ¡Entonces no me llama!”, se lamentó. “Le han dejao como una colilla. Por Dios. Es indigno”, apostilló ella.

A Herminia, otra de las mujeres con las que habló aquella noche, Díez le muestra su indignación por el hecho de que el Ejército no esté apoyando el golpe. “Hija de mi vida... ¿Has visto qué asco de Ejército?”, le pregunta. “¿Has visto qué asco? Me lo han dejao solo, me lo han engañao”. Su interlocutora le anima a estar “orgullosa, porque hombres así...”. “Pero, hija, si es un desgraciao, si encima lo tachan de loco y de bandolero y sabe Dios...”, añadió. “Con la cantidad de hombres que hay ahí, por Dios, para salvar a España”, añade la mujer de Tejero, a lo que Herminia le contesta, sugiriendo que el golpista debía haber provocado un baño de sangre: “¡Tenía que cargárselos antes de salir de ahí!”.

En otra conversación, la mujer de Tejero insistió: “Han engañao a mi marido como un desgraciao (...). Tanto amor a la patria, tanto darlo todo y mira cómo le han engañado”. “¿Y cómo no se le ocurre pensar antes?”, le pregunta, en este caso, una tal Carmen Elvira. “Porque mi marido...”, intenta explicarse Díez Pereira, como reconociendo que Tejero no pudo contener su impulso. “Es que lo que pasa es que él se cree, que como él es así de honrao y de recto, eh, es que los demás van a seguirle igual”, reconoce Carmen Elvira. “¡Es tonto!”, concluye la mujer del golpista.

Otro de los interrogantes que rondaron en la cabeza de Díez Pereira era si realmente el general Milans del Bosch, que aquella noche llegó a sacar los tanques a la calle, estaba realmente viajando a Madrid para apoyar la insurrección, como se llegó a creer en algunos círculos golpistas. Pero luego ella misma reconoció que al llamar a la Capitanía General de Valencia, ya le habían dicho que el militar no solo no estaba de viaje, sino que estaba dormido.

El Ejército estaba detrás y lo han abandonao. Ojalá pongan petardos en todos los cuarteles

La indignación se apoderó de la mujer de Tejero y de sus hijos. Una de ellas llegó a la casa familiar “llorando”. “¡Qué asco de mierda de mundo!”, apuntó entonces Carmen Díez Pereira, en conversación con otra persona. “El Ejército estaba detrás”, apunta, en otra llamada: “Ojalá pongan petardos en todos los cuarteles (...), que le han dejao tirao, es un desgraciao”. En este caso, la mujer de Tejero hablaba con el comandante Caro, a quien le dijo: “Tenemos los españoles de mierda que nos merecemos”. En todo momento Carmen Díez advertía a sus contertulios de “cómo es” su marido y cómo su posible comportamiento le hacía temer por su vida.

Los hijos también conocieron el fracaso mientras su padre estaba aún en el hemiciclo. “Mi madre va a hablar con mi padre, porque a mi padre le han dejado atrás entero, solamente lo ha apoyao Milans del Bosch, y al ver que no apoyaba nadie más, ni Armada ni rey ni nada, estaba todo el mundo detrás, a ver... Milans del Bosch lo ha dejao y mi madre va a ir ahora allí a ver si puede darle una cinta porque mi padre no se cree, no se puede creer que lo han dejado en la estacada y voy a ir con ella”, le dijo uno de ellos a un tal Paco en otra de las llamadas grabadas.

“¿Cómo es que ha ido solo a eso?”, le preguntó este último. “Mi padre se arriesgaba durante dos horas en el Hemiciclo con 200 guardias (...) Y a las dos horas se ha levantao el Ejército, se ha levantao Milans del Bosch. Mandó unidades pero se volvieron para atrás. Tomaron Televisión pero quitaron eso y ya se rajaron todos los demás capitanes generales, pero tenía detrás a Milans del Bosch, a Armada, al Rey y al del Goloso, como se llame, y todavía lo han dejado en la estacada”.

Uno de los documentos desclasificados este miércoles refleja la conversación que mantuvieron en la noche del 23 de febrero de 1981 la mujer del golpista y uno de sus hijos, al que ella llama “Antoñito”. “Han dejado a tu padre tirado como una colilla”, le insiste ella. “Ya, ha sido un fracaso, ¿eh?”, asume él. “Todo el Ejército estaba detrás”, añade ella, que reconoce que “el Ejército se ha rajao”. “Hijo putas”, responde el hijo de Tejero.

Nada más le pido a dios que salga sano. Que esté en la prisión toda la vida"

A renglón seguido, madre e hijo se ponen a divagar sobre qué podría ocurrirle a Tejero tras el fracaso del golpe. “Nada más le pido a dios que salga sano. Que esté en la prisión toda la vida”, asegura ella. Después el hijo le pregunta si se ha leído el código militar. Y la madre le dice que “la pena de muerte la han quitao (sic)”. Según sus cálculos de aquella madrugada, Tejero iba a cumplir “12 años de cárcel”. “¡Qué jilipuertas (gilipuertas) es”, apunta ella, al ver “por televisión” la escena de su marido entrando al Congreso.

La toma de RTVE: “Tirar a matar”

Al margen de la familia, de las transcripciones de llamadas telefónicas desclasificadas este miércoles, la conversación entre dos soldados sobre la toma militar de Televisión Española hace deducir que los altos mandos de su regimiento estaban implicados y apoyaban la intentona. “Todos. El capitán recibía órdenes del coronel”, afirmó. Un regimiento completo de la unidad militar El Pardo se movilizó para controlar RTVE con órdenes de “tirar a matar” si fuera necesario. Así lo comentó uno de los militares movilizados. El diálogo grabado fue el siguiente:

– Pues no sé, no sé lo que va a pasar, solo sé que aquí estamos, sin dormir, ni nada.

– ¿Y solamente era ese capitán?

– No, todo el regimiento.

– Pero todo el regimiento vuestro.

– Todo el regimiento entero, nuestro.

– Altos mandos, no ¿no?

– ¡Hombre, claro! Todos. El capitán recibía órdenes, del coronel y éstos. Estuvimos tomando Radio Televisión. A las ocho de la tarde, nada más que te deje yo, que te llame por teléfono, pues tocaron alarma y a preparar todo: petates, la virgen, como para marcharse (…) Y venga, a Televisión y órdenes de no hablar con nadie, el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada.

La tensión entre los militares subió mucho, de acuerdo a este relato, ya que le preguntan a este soldado si su capitán estaba “frenético” a lo que le respondió: “Fíjate. Pues tirar a matar. Con eso ya te lo he dicho”.

El golpista Juan García Carrés, amigo de Antonio Tejero, ocupa mucho de las conversaciones telefónicas desclasificadas, ya sean sus propios diálogos con Tejero u otras personas, que los escuchantes no son capaces de identificar, o siendo objeto de preocupación por parte de su familia, amigos y otros militares una vez fue arrestado por su relación con el golpe (acabó siendo el único civil condenado en el juicio por el 23F). Sus conversaciones con el teniente coronel Tejero cuando el guardia civil estaba en el Congreso ya eran material conocido. Al habla con una tercera persona –sin identidad–, García Carrés afirmó que los regimientos Villaviciosa y Pavía iban a defender a los guardias civiles sublevados en Las Cortes.

También informaba de que se haría un manifiesto por parte de los golpistas del Congreso de los diputados.

– Vamos a ver, dime: ¿y un manifiesto quien lo va a mandar?

– Los guardias civiles de dentro –contesta García Carrés–. Si pudiéramos conectar, ten preparado un magnetofón que he dicho que te llamen, te he estado llamando por el otro y no lo cogías.

– Va a trasmitir un tal Abad de El Alcázar.

– Exacto.

A pesar de todas estas indicaciones, cuando se produce esta conversación, da la impresión de que ambos ya dan por fracasado el golpe de estado y García Carrrés avisa, según él, de cuál será la actitud fanática de Tejero:

– Este se mantiene allí a vida o muerte, te lo digo yo –avanza–.

– Pobre hombre.

– Este va a palmar, vamos –pronostica el golpista–.

Horas más tarde, Antonio Tejero se rendía con el célebre pacto del capó. Fue arrestado, juzgado y condenado a 30 años de cárcel. Cumplió 15 antes de salir en 1996, hace 30 años. No resistió “a vida o muerte” ni tampoco “palmó”.

Ya están disponibles para su consulta los más de 150 documentos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 desclasificados por el Gobierno. Entre los archivos hay transcripciones de conversaciones telefónicas, como la llamada de (presuntamente) García Carres y Tejero mientras el segundo se encontraba dentro del Congreso, cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas intervenidas a la esposa de Tejero y un documento manuscrito de la posible planificación del golpe. Se pueden leer aquí.

Hay información procedente del Ministerio de Interior, de la Guardia Civil y de la Policía; del Ministerio de Defensa, procedente del CNI pero también documentos del archivo histórico; y del Ministerio de Asuntos Exteriores. De los documentos desclasificados se desprende que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, antecedente del CNI, “participaron activamente” en el intento del golpe de Estado y lo intentaron encubrir.

Según el documento, desclasificado por el Ministerio de Defensa, los seis agentes “o bien conocían los hechos antes del 23 de febrero” o “planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto” y “posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos” durante aquella jornada.

Un episodio rodeado de incógnitas

La medida permitirá tener acceso a información hasta ahora considerada secreta sobre un episodio de la historia aún rodeado de confusión e incógnitas. La noticia ha sido celebrada por historiadores y periodistas que llevan años investigando lo que ocurrió aquel 23 de febrero, cuando un grupo de guardias civiles armados encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron en el Congreso. La sentencia condenó a una treintena de sublevados y contribuyó a fijar un discurso oficial según el cual el fracaso del golpe se debió a la actuación decidida del rey Juan Carlos y a la lealtad mayoritaria del Ejército. Sin embargo, algunos expertos recelan de esta versión y apuntan a que aún no se conoce toda la verdad de lo sucedido.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado a primera hora de este miércoles el acuerdo de Consejo de Ministros por el que da luz verde a la desclasificación de los documentos relativos al golpe de Estado, por entender que ya no suponen un “riesgo para la seguridad y defensa del Estado”. El acuerdo es para “desclasificar cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado” del 23-F. Y se hace, según el BOE, a propuesta de los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de la ministra de Defensa, y del ministro del Interior.

Los años pasados desde el intento de golpe de Estado —cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar por el Tribunal Supremo en la sentencia del 22 de abril de 1983— permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique “sin generar ningún riesgo real y presente”, alega el Ejecutivo.

Ley de secretos franquista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los grupos reformar este semestre la vigente Ley de Secretos de 1968, pero no ha aclarado si, mientras eso ocurre, va a desclasificar documentos más antiguos incluso que los de la intentona golpista de 1981 que el Gobierno ha liberado este martes. Varios grupos parlamentarios han reclamado al presidente en los últimos días desbloquearla.

En la sesión de control en el Pleno del Congreso, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha recordado que se mantienen clasificados como secretos los documentos relativos a episodios como los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, una represión policial que acabó con cinco sindicalistas muertos; las cargas policiales en los Sanfermines de 1978; el caso (Mikel) Zabalza, un hombre que murió bajo tortura en 1985; los episodios de 'guerra sucia' del Batallón Vasco Español en la Transición y los del GAL que sucedieron en los años del Gobierno socialista de Felipe González.

Aizpurua ha argumentado que, al desclasificar los papeles del 23F, el Gobierno de coalición ha demostrado que, si hay voluntad, el Consejo de Ministros puede levantar el secreto que pesa sobre otros documentos, algunos incluso más antiguos, sin esperar a que se reforme la Ley de Secretos que rige desde el franquismo.

“La actuación del rey no fue ejemplar. Fue algo más, fue decisiva”. Así ha rememorado el expresidente del Gobierno Felipe González el papel de Juan Carlos I para, según ha dicho, detener el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Lo ha hecho en el Senado, ante el rey Felipe VI y pocas horas antes de que se desclasifiquen papeles oficiales ligados al intento de alzamiento. González ha criticado la “abritrariedad” de la decisión del Gobierno y ha pedido “hacer justicia a los comportamientos de los seres humanos, incluso aunque sean reyes”.

El Senado ha albergado un homenaje al libro 'El Rey', del que se publicará una nueva edición. Escrito por el que fuera presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García-Pelayo, el texto analiza el papel del jefe del Estado dentro del ordenamiento español. Al acto han acudido el actual presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido; la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló; el ministro de Agricultura, Luis Planas, así como el expresidente Mariano Rajoy y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

“Me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F para conocer el papel de verdad del rey”, ha dicho González, quien ha defendido que Juan Carlos de Borbón actuó entonces para detener el alzamiento armado, y que si “tardó muchas horas” en dirigirse a los españoles en un mensaje televisado fue porque “tenía que pulsar” lo que estaba ocurriendo en los altos estamentos militares.

“¿No sería una estupidez que no supiera cómo estaban todas las guarniciones y evitar el movimiento de contagio?”, ha planteado González en un discurso en el antiguo Salón de Plenos del Senado. “¿Quiénes son los bobos que no saben cómo es la política?”, se ha cuestionado.

“La actuación de Juan Carlos I fue decisiva”, ha dicho González. “En ningún momento España se quedó sin las libertades garantizadas por la Constitución”, ha añadido.

El expresidente socialista ha negado que el hoy rey emérito tuviera “tentaciones de otra naturaleza”, en referencia a quienes aseguran que dudó si apoyar o no el golpe. “Hubo intentos de engaños”, ha dicho González, quien ha zanjado que “en ningún momento pasó por la cabeza del rey Juan Carlos cometer el error griego”, en referencia al papel de Constantino II en la dictadura griega.

Felipe González ha criticado la decisión del Gobierno, sin citar a Pedro Sánchez, y ha reclamado la aprobación de una ley que equipare a España con el resto de países europeos en el tratamiento de la información confidencial.

El Congreso tramita precisamente una propuesta del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Este mismo miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado en la Cámara Baja que esta norma se apruebe “en este periodo de sesiones”. Es decir, antes del verano.

González mantuvo durante sus 13 años de mandato la ley frsnquista de 1968 y nunca desclasificó documentos secretos sobre el 23F.

Rollán: “El rey fue la Constitución”

El acto lo ha abierto el presidente del Senado, Pedro Rollán, quien ha citado el propio libro para asegurar que el rey “es neutral en sí, pero jamás debe ser neutralizado”. “La neutralidad es la imparcialidad del árbitro. La neutralización es la inoperancia del espectador”, ha añadido.

“El monarca conserva una autoridad moral y una función sistémica insustituible” ha afirmado Rollán, quien ha asegurado que el rey tiene una “reserva de poder, una potestad latente, invisible en tiempos de calma, pero que se activa como un resorte de acero cuando los cimientos del Estado amenazan con quebrarse”.

Rollán ha planteado dos ejemplos de esa “potestad latente”. La primera, el 23 de febrero de 1981, cuando “frente al secuestro de la soberanía, el rey no solo guardó, hizo guardar la Constitución” mientras “las demás instituciones habían sido silenciadas por la fuerza”.

“El rey fue la Constitución misma”, ha afirmado.

El siguiente momento lo protagonizó el actual jefe del Estado, Felipe VI, tras el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Dos días después, el rey compareció ante los españoles en un mensaje institucional.

“Y así llegamos, señorías, a la viva historia que todos recordamos de aquel otoño del 2017, cuando se deshacía la unidad de España y se quebrantó la ley desde los propios poderes públicos”, ha dicho Rollán.

“La nación en aquel momento miró hacia arriba buscando un asidero y lo encontró. El 3 de octubre del 2017, vuestra majestad se dirigió a la nación”, ha asegurado dirigiéndose al rey. “No solo defendisteis la unidad territorial, defendisteis los derechos de millones de españoles que en aquel preocupante momento se sentían desamparados. No fue un acto de voluntad política, sino un acto de imperativo moral”, ha señalado.

Rollán ha concluido: “En los momentos de oscuridad el rey es garante de la luz del Estado de derecho que nos atañe”.

Salieron del nº 15 de la calle General Cabrera de Madrid con la decisión cada vez más perfilada. El 18 de enero de 1980, el teniente general Jaime Milans del Bosch, el General de División del Ejército Luis Torres Rojas, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, el ultraderechista Juan García Carrés y el teniente coronel Pedro Mas Oliver, dueño de la vivienda, se reunieron para acordar la ocupación del Congreso “mediante el empleo de fuerzas militares” con el objetivo de “sustituir” al Gobierno. Llevaban tiempo conversando para hacer caer a Adolfo Suárez y, así, “salvar” España. Aquel día, pactaron congelar la operación durante un mes, a la espera de que el general Alfonso Armada fuera nombrado Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército.

Es uno de los capítulos de la conspiración que derivaría en el intento de golpe de Estado del 23F descrito por la sentencia dictada por el Consejo Supremo de Justicia Militar en 1982. La sentencia fue después revisada por el Tribunal Supremo, que elevó algunas de las penas, como la impuesta a Armada, y condenó a ocho tenientes de la Guardia Civil que habían sido absueltos. El primer fallo dejó acreditado que los condenados habían cometido delitos de rebelión militar y conspiración y dejó plasmada una actitud decisiva del rey Juan Carlos para parar el golpe que ha sido cuestionada posteriormente. 45 años después, España desclasificará este miércoles “toda la documentación encontrada hasta el momento” sobre la asonada: son 153 “unidades documentales”, según el Gobierno, que han permanecido bajo secreto hasta ahora.

La Justicia Militar condenó a 30 años de cárcel a Tejero y Milans del Bosch y seis a Armada –elevados a 30 antes de ser indultado en 1988 por Felipe González– tras un juicio celebrado durante 48 jornadas. La sentencia describe cómo el teniente coronel Tejero preparó el asalto al Congreso previamente con la toma de fotografías del edificio o la compra de gabardinas para disimular con ellas los uniformes de los asaltantes. Además, adquirió “por el precio de dos millones quinientas mil pesetas” seis autobuses “usados” para trasladarlos. Pasadas las 18.20 horas del 23 de febrero, se produjo la entrada al hemiciclo.

El golpe fracasó y los sublevados aceptaron rendirse a la mañana siguiente, un punto y final que la sentencia vincula directamente con el papel del monarca en línea con lo escrito por él mismo en sus memorias, recientemente publicadas. El fallo relata varios momentos en los que los golpistas emplearon el nombre del rey para justificar el alzamiento desde el primer momento. Es, de hecho, el argumento que Tejero y el coronel Miguel Manchado García dieron a los guardias civiles que reclutaron para un plan que definieron como “servicio extraordinario en defensa de España, la Corona y la democracia”.

Como algunos expresaron ciertas reservas, apunta la sentencia, Manchado confirmó que se trataba de “servir al Rey”. Tejero añadió que si le desobedecían a él, desobedecerían al monarca, y que Armada –hasta 1977 secretario general de la Casa del Rey– se encontraba en aquellos momentos en la Zarzuela, algo que no llegó a ocurrir. Ya dentro del Congreso, Tejero proclamó públicamente que estaba “a las órdenes de Su Majestad el Rey” y de Milans del Bosch, mientras que este, desde Valencia, aseguró también a sus subordinados que el monarca “estaba al corriente” y que Armada “daría instrucciones” desde La Zarzuela.

“Su majestad no apoyaba el movimiento”

La sentencia describe a partir de ahí diferentes movimientos que considera hechos probados y que supuestamente acreditan que “no era cierto que su majestad apoyara el movimiento”: así, asegura que sobre las 20.00 horas, dos horas después de la entrada al Congreso, “al conocer que Tejero invocaba el nombre” del rey, el general Sabino Fernández Campo, sucesor de Armada como secretario general de la Casa del Rey, “telefoneó” al golpista “preguntándole por sus pretensiones y ordenándole que depusiera su actitud”.

También relata el fallo distintas llamadas de Juan Carlos a Milans del Bosch, que estaba sacando los tanques a la calle en Valencia, y el envío de un télex para que frenara su actuación. Sobre la 01.00 horas, prosigue la sentencia, el monarca “le telefoneó una vez más” para “reiterarle la orden de retirar las tropas y de que mandase a Tejero que depusiese su actitud”. “Le hizo saber su rotunda decisión de mantener el orden constitucional, de cumplir su juramento a la bandera y de no abdicar ni abandonar España, responsabilizando, a quien se sublevase, de una posible guerra civil”, añade el texto.

A las cuatro de la mañana hubo una nueva llamada, de acuerdo con la sentencia, en la que Juan Carlos le ordenaba a Milans del Bosch que retirara el bando en el que declaraba el estado excepcional en su jurisdicción militar e invocaba un supuesto “vacío de poder”. El Consejo Supremo de Justicia Militar consideró acreditado que el militar “cumplió” a las 4.55.

Sobre Armada –cuya participación en el golpe considera el emérito en sus memorias “muy dolorosa”–, la sentencia insiste en todo momento en que su idea de acudir a Zarzuela fue “rechazada” debido a “las dudas que existían sobre su conducta”. En otro momento, apunta a cómo José Gabeiras Montero, jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME) que se oponía al golpe, afirmó que “jamás sería aceptado” por el rey un gobierno presidido por el militar. Acto seguido, apunta el fallo a que Gabeiras autorizó a Armada a que “si lo estimaba imprescindible” lo propusiera, pero “exclusivamente a título personal, sin implicar ningún tipo de autorización” de Juan Carlos.

El antes y el durante

Aunque el asalto había comenzado por la tarde, los mensajes que han trascendido se producen varias horas después, mientras que la intervención pública del monarca en televisión para condenarlo se produjo a la 1.14 horas de la madrugada. No hay apenas información en la sentencia sobre los movimientos en semanas y meses previos al golpe, más allá de lo que atribuye a los condenados más destacados, momentos en los que, según aseguró Armada, el rey mostraba comprensión con la posibilidad de apartar a Suárez en medio de un clima cada vez más tensionado.

Algunos expertos que han analizado la causa completa como Carlos Fonseca, autor de 23F, la farsa (Plaza & Janés, 2024), sostienen que el fallo judicial “nunca tuvo la intención de desvelar todos los meandros” de lo ocurrido. Y por eso consideran importante que la desclasificación afecte a la documentación previa y posterior al 23F que elaboró el CESID, el antiguo servicio de inteligencia. También las llamadas que se mantuvieron en aquellas horas desde el Congreso, concretamente con La Zarzuela.

De estas, no hay constancia en la causa a pesar de que, según afirma Fonseca, Francisco Laína, entonces director de la Seguridad del Estado, ordenó intervenir los teléfonos de la Cámara Baja para saber con quién hablaba Tejero. El periodista sostiene que una miembro de la familia de Laína le aseguró años más tarde que, al menos una copia de ellas, las tenía ella. Fonseca explica en su libro que, aunque la Policía pinchó los teléfonos de varios miembros del búnker franquista, las transcripciones presentes en la causa solo aluden a las que se produjeron tras la salida de Juan Carlos por televisión y que sirvieron para culpar a Juan García Carrés, el único civil condenado. Pocas semanas después del golpe, el entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, reconoció que 114 personas y 154 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban siendo investigadas. Sin embargo, los resultados de esas pesquisas nunca llegaron a manos del juez.

Luz verde a la desclasificación de documentos del 23F. El Consejo de Ministros ha aprobado esa decisión anunciada el lunes por Pedro Sánchez para que la memoria no esté “bajo llave” y que se hará efectiva el miércoles, cuando el BOE publique la autorización. Las 153 “unidades documentales” que se han hallado en la Administración sobre el fallido golpe de estado se publicarán a partir del mediodía en la página web de Moncloa. Una de las razones que esgrime Moncloa para llevar a cabo esa medida ahora es batallar con el relato de la ultraderecha y “evitar conspiraciones y manipulaciones que algunos usan para escribir una relidad paralela”.

“Lo que hace el Gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación para difundir teorías que no merece nuestra democracia y también para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el cara al sol por nuestras calles”, ha señalado la portavoz, Elma Saiz.

“Para el franquismo en nuestro país todo era secreto por defecto y para siempre si no se dice lo contrario. Eso es lo que hacemos hoy con el 23F. Acabamos así con una situación atípica en las democracias modernas sobre la desclasificación de información de Estado”, ha afirmado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha puesto como ejemplo la publicación que llevó a cabo Alemania en 2012, en Italia en 2016 o en Grecia en 2024 sobre el golpe de estado en Chipre. En el caso de España, el grueso de los documentos son escritos y algunas imágenes, aunque en Moncloa creen que no hay grabaciones.

“El pasado no es el pasado, es una dimensión del presente y una democracia plena debe tener acceso a esa dimensión”, ha expresado la portavoz parafraseando al escritor Javier Cercas en 'Anatomía de un Instante'. “Los años pasados desde el intento de golpe de Estado, cuyos autores fueron condenados por un delito de rebelión militar, no suponen un riesgo real y presente”, ha puntualizado Saiz. En el Gobierno sostienen que la información no supondrá un riesgo para la seguridad nacional.

No obstante, la portavoz ha eludido pronunciarse sobre si la publicación cambiará la imagen de la actuación del rey Juan Carlos I durante el intento de golpe de estado. En todo caso, Moncloa avisó de la decisión previamente a Casa Real, aunque no con mucha antelación.

“Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento”, ha afirmado Saiz sobre la información que está en manos de los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores. En Moncloa no tienen el cálculo de cuántos miles de folios serán. “Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora puedan ser consultadas, pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales”, ha continuado Saiz, que ha recordado que la decisión se produce cuando se cumplen los 45 años de la intentona golpista. Ese es elumbral que estableció el Gobierno en la propuesta de reforma de la ley de secretos oficiales, que es de 1968.

Sin embargo, esa norma, que permitiría la desclasificación automática de información reservada o secreta, está encallada en el Congreso. “Esperamos ahora que el proyecto de la Ley de Información Clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma”, ha expresado la portavoz.

A pesar del simbolismo ideológico de la decisión, es insuficiente para los socios de la coalición, que reclaman más ambición y que se desclasifiquen ya materiales relativos a otros pasajes del pasado reciente del país, como los GAL. Entre las reclamaciones, hay hechos anteriores a 1981, que es el umbral de los 45 años al que se refiere el Gobierno para justificar la desclasificación de los documentos del 23F.

Coto a la publicidad institucional

El Consejo de Ministros también ha aprobado el Anteproyecto de ley de publicidad institucional con la que pondrá coto, en línea con la reglamentación europea, a la financiación pública de los medios de comunicación y también nuevas plataformas digitales.

La norma, que aún tiene que pasar por segunda vuelta y el Parlamento, establece un límite del 35% de los ingresos procedentes de la publicidad institucional. “Un medio de comunicación que tenga un 50%, un 60% o 70% de financiación del sector público, no es un medio de comunicación, será otra cosa”, ha defendido el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Lo que incluye la norma es una “salvaguarda” para los medios locales dado que se aplicará a partir de los dos millones de euros de facturación.

La nueva normativa también pretende cumplir con el reglamento de la UE que obliga a los medios a publicar quiénes son sus propietarios para garantizar la independencia informativa. Los medios de comunicación tendrán que registrarse y en ese registro (CNMC en el futuro) aparecer quiénes son sus dueños y accionistas.

45 años después del 23F, el Gobierno va a desclasificar los documentos en torno al golpe de Estado de 1981. La decisión será adoptada este martes en el Consejo de Ministros y se hará efectiva a partir del miércoles, cuando cualquier ciudadano podrá consultar los papeles en la página web de la Moncloa. Aunque aún se desconoce qué documentos son en concreto y los historiadores piden cautela, la medida permitirá tener acceso a información hasta ahora considerada secreta sobre un episodio de la historia aún rodeado de confusión e incógnitas.

La noticia ha sido celebrada por historiadores y periodistas que llevan años investigando lo que ocurrió aquel 23 de febrero, cuando un grupo de guardias civiles armados encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron en el Congreso. La sentencia condenó a una treintena de sublevados y contribuyó a fijar un discurso oficial según el cual el fracaso del golpe se debió a la actuación decidida del rey Juan Carlos y a la lealtad mayoritaria del Ejército. Sin embargo, algunos expertos recelan de esta versión y apuntan a que aún no se conoce toda la verdad de lo sucedido.

Hasta qué punto la desclasificación permitirá esclarecerlo por completo es aún un interrogante. “Desconocemos el registro que puede haber de documentos relativos al 23F, por lo que no podemos saber si estará todo. Aun así, cualquier cosa aportará a lo que ya hay y sabremos algo más”, valora Carlos Fonseca, que accedió al sumario completo del juicio aún custodiado por el Tribunal Supremo. El autor del libro 23F, la farsa (Plaza & Janés, 2024) cree que hay “documentos sustanciales” que deberían estar entre los liberados que aportarán “elementos interesantes”, pero es cauteloso: “No podemos tirar campanas al vuelo antes de tiempo”.

“La desclasificación es muy bienvenida. Es necesaria”, apunta el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que recuerda que los historiadores llevan “mucho tiempo” reclamando la apertura de los archivos. Aun así, el experto señala que “hay muchas cosas que ya se saben” sobre el 23F y descarta que “vaya a haber grandes sorpresas” que cambien a fondo lo conocido: “Cuando hablamos de desclasificar documentos hay que tener en cuenta que fueron clasificados y que han podido perderse o destruirse. Los historiadores sabemos que no todos llegan al futuro”.

Pedro Sánchez ha anunciado la decisión este martes en X, donde ha acompañado el mensaje de un vídeo en el que el escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante (Random House, 2010), reclamaba en el Congreso la desclasificación. Cercas se ha referido a la medida horas después del anuncio apuntando a que “la verdad, esencialmente, la sabemos” y celebrando el paso dado por el Gobierno para “evitar teorías de la conspiración”. El escritor asegura que “la mentira es un negocio” y que la desclasificación, que ha calificado de “correcta”, “contribuirá a que el negocio vaya reduciéndose”.

Las llamadas y los servicios secretos

Sobre lo que revelen o no los documentos en relación con la actuación del rey Juan Carlos, el historiador Julián Casanova prefiere no adelantarse. “Veremos, pero lo que está claro es que si la gente está esperando un papel con una conversación definitiva, eso no va a salir. Otra cosa es que haya intercambios que den más detalles sobre lo hablado con Armada [Alfonso Armada, condenado por su participación en el golpe]. En todo caso, buscar al asesino en un papel es más de novelista, pero los historiadores sabemos que a partir de los documentos hay que hacer investigación”.

Armada había sido instructor militar de Juan Carlos y fue nombrado en 1975 secretario general de la Casa del Rey, cargo que ocupó hasta 1977. El vínculo entre ambos –por el que el emérito asegura en sus memorias que fue “muy dolorosa” la participación del general en el golpe– ha sembrado las sospechas sobre hasta qué punto era conocedor el rey de sus planes. “Difícilmente de las cuestiones más importantes va a aparecer nada que cambie la interpretación consolidada, pero probablemente sí pueda haber información sobre el grado de conocimiento y comprensión de Juan Carlos de las actitudes de algunos sectores más determinados a hacer algo para apartar a Adolfo Suárez”, sostiene el historiador de la Universitat Autònoma de Barcelona Pere Ysas.

El experto se refiere a “los movimientos previos” al 23F de Armada, indultado en 1988 por el Gobierno de Felipe González, en los que “hablaba con la élite política, económica y militar” de la posibilidad de dar un “golpe de timón”, como se referían al cambio de gobierno de Suárez. “Consideraban que la situación era catastrófica. Era un proyecto poco articulado, más verde de lo que se ha dicho, pero existente. Se trataba de forzar la salida de Suárez, pero hacerlo dentro del marco legal y constitucional. De todo esto probablemente Juan Carlos sabía más de lo que aparentaba. Puede que haya pruebas de una implicación, no tanto como sujeto activo, pero sí pasivo”, afirma Ysas, que diferencia este proceso del propio 23F en el que se tomó el Congreso por las armas.

A la espera de lo que el Gobierno va a desclasificar, Carlos Fonseca apunta a una cuestión que considera clave: las conversaciones telefónicas mantenidas esa tarde noche desde el Congreso. “Son sustanciales y siempre se han negado que existieran. Las que figuran en el sumario son las grabadas a partir de la 1.15, cuando el rey ya ha salido por televisión a condenar el golpe, pero hay muchas horas previas de llamadas que no están en el sumario. Son conversaciones del Congreso con la Zarzuela o con Milans del Bosch desde Valencia”, explica el periodista.

Entre ellas, debería estar la conversación que Tejero mantuvo con el general Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey, que en sus declaraciones ante el juez “explicó que había reclamado al golpista en nombre del rey que depusiera su actitud”, apunta Fonseca, que recuerda que Fernández Campo también declaró que habló con Armada. Según su testimonio, el general le hizo partícipe de su disposición de ir al Congreso y ofrecerse como presidente para solucionar la situación, una propuesta que trasladó al monarca para, acto, seguido, “transmitiendo la orden del rey [...] digo al general que cualquier acción que realice tiene que ser con carácter personal” y sin nombrar al hoy emérito.

Fonseca también pone el foco en los servicios secretos del antiguo CESID. “El sumario no contiene ni un solo informe elaborado por el CESID ni previo ni después del golpe”, señala. A pesar de eso, el periodista reveló que tres meses después del golpe, el ministro de Defensa afirmó que 114 personas citadas en conversaciones intervenidas y 154 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al margen de los condenados, estaban siendo investigados. “Aun así nunca se remitió ninguno de estos informes al juzgado y son documentos que supuestamente deberían estar”. Solo un civil fue condenado, el ultraderechista Juan García Carrés, con quien Tejero habló desde el Congreso en una de las conversaciones que sí se aportaron al juicio.

Permanece también clasificado el informe Jáudenes, elaborado por el jefe de la División Interior del CESID, para dilucidar las implicaciones del centro en el golpe, un documento que también podría hacerse público este miércoles.

Pere Ysas también apunta a la posibilidad de que aparezca “información complementaria” que ayude a “ampliar el cuadro explicativo” de lo ocurrido entonces más allá del día exacto del golpe. “Se trataba de un escenario extremadamente complejo y se sabe que no había un solo proyecto de golpe o de forzar un cambio de gobierno por vías más o menos constitucionales. Había todo un magma conspirativo del que se conocen algunos nombres, pero no todos. Son movimientos que no se pueden directamente vincular con la acción de Tejero, pero que forman parte de un conjunto de acciones que van a facilitar el ambiente en el que se va a dar el golpe”.

El 3 de octubre de 2018, 15 personas se arremolinaron alrededor de un cajón de madera en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela. La ocasión era solemne: Galicia recibía, 63 años después de que Castelao lo pintase en el exilio argentino, el imponente óleo de A derradeira lección do mestre, su imprecación y honra a los asesinados del 36, personificados en el rostro de su irmán y dirigente galleguista fusilado Alexandre Bóveda. Alberto Núñez Feijóo, en 2018 presidente de la Xunta por el PP, leyó un breve discurso en el que negó, por omisión, la mayor. “Es un símbolo por la lección histórica que representa y el homenaje que dedica a los maestros”, intentó despolitizar aquel acto ya de por sí inaudito. “Nos sigue dejando perplejos que, casi cien años después del golpe de Estado, una parte de la sociedad siga reivindicando el silencio a niveles extremos”, explica a elDiario.es el dramaturgo Xesús Ron (Vigo, 1965). La llegada a Galicia de A derradeira lección do mestre -el escritor Manuel Rivas lo definió una vez como el “Guernica gallego”- y la intervención de Feijóo fueron la semilla de Ictus, el nuevo montaje del Grupo Chévere, Premio Nacional de Teatro en 2014. Pero la obra, una nueva incursión en el teatro documento, radical e indagador, no es una reivindicación al uso de la memoria histórica. Una charla de la federación de asociaciones Dano Cerebral Galicia sobre el acceso a la cultura de las personas con discapacidad ayudó a Chévere a perfilar la propuesta. “Ictus es una palabra latina que significa golpe”, recuerda Ron, “la gente que tiene daño cerebral y, como consecuencia alteración de la memoria, debe trabajar constantemente para recuperarse. Incidimos en eso: ¿estamos en disposición de realizar un esfuerzo colectivo para superar el trauma del golpe?”.

Ictus se estrena el viernes, 20 de febrero, en Santiago de Compostela, la dramaturgia y dirección corre a cargo del propio Ron y la protagonizan los actores Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira y Borja Fernández.

¿Recuerda lo que pensó cuando escuchó a Feijóo, entonces presidente de la Xunta de Galicia, afirmar que A derradeira lección do mestre era “un homenaje a los maestros”?

Entonces ni me enteré. Nuestro acercamiento fue posterior y es un acercamiento muy racional, nada emocional. Partimos de una reflexión sobre lo que puede significar un acto como la recepción oficial del cuadro e intentamos contar una historia relacionada con la memoria y con cómo se construyen diferentes narrativas sobre los mismos hechos. Pero yo no vi la exposición en la que se mostró el cuadro ni escuché a Feijóo.

En el cuaderno de dirección de Ictus que ha publicado Chévere, explican que enviaron un cuestionario a todas las personas presentes en la llegada del cuadro -Gobierno gallego, líderes de la oposición de izquierdas, técnicos, estudiosos- sobre las sensaciones que experimentaron ese día. Las únicas que no respondieron fueron las vinculadas al PP. ¿Cómo interpreta ese silencio?

No tengo ni idea. Nosotros queríamos generar documentación alrededor de nuestro acercamiento al cuadro. Ese formulario formaba parte de este intento de generar un proceso asociado al propio montaje teatral. De inicio, planeábamos construir una escena teatral no sobre cómo fue aquel actor sino a partir de lo que recordaban las personas que estuvieron allí. No fue posible porque la mitad de las personas no contestaron y nos parecía absurdo construir una escena entera a partir de eso. Aun así, esta idea inicial está presente en la obra.

¿Pero el plan cambió?

Tuvimos que abordarlo desde otro lugar. Desde el lugar en el que hay una división: personas que aceptan responder una encuesta de este tipo y personas que responden con el silencio. Y eso tiene que ver con muchas de las preguntas que nos hacemos nosotros sobre la disposición de la sociedad gallega a la hora de recordar. Nos sigue dejando perplejos que casi cien años después del golpe de Estado, una parte de la sociedad siga reivindicando el silencio a niveles extremos. La sensación que tenemos es la de ser, solo por enviar esas preguntas, sospechosos de algo. O que nuestros actos levantan sospechas en parte de la sociedad. Y es algo que nos preocupa porque el Gobierno gallego representa a la mayor parte de la sociedad gallega, que lo vota de manera aplastante.

En teoría debería representar también a quienes no lo votan.

Bueno, pero en la política tal y como la conocemos solo representan a sus votantes, uno y otros.

La derecha gallega, en todo caso, no quiere acercarse al tema.

Es algo delicado, muy sensible. La herida está claramente abierta y en cuanto tocas un poco todo el mundo reacciona, de una manera o de otra. La obra quiere observar cómo esto nos sigue afectando y se coloca en el empeño de que hay que recordar.

Chévere afirma que A derradeira lección do mestre representa aún “una memoria conflictiva”. ¿Se trata de una conclusión de la investigación previa o fue un punto de partida?

Lo que sucedió cuando trajeron el cuadro, con ese acto inédito de colocarse las autoridades para ver cómo abrían un cajón y lo sacaban y después cuando habla el presidente, es la representación perfecta de la memoria incómoda. Porque se silenciaron determinados hechos y determinados nombres. Ese era el punto de partida, nuestro diagnóstico: ese cuadro está representando algo suficientemente incómodo como para que no se puedan pronunciar determinados nombres ni recordar determinadas situaciones y hechos históricos. El cuadro de Castelao es un objeto testimonial que nos ofrece un testimonio contemporáneo de una confrontación real que supuso el asesinato de miles de personas. Lo que deducimos de hablar con mucha gente fue la constatación de que sí, de que sigue siendo algo incómodo. Los estudios recientes sobre historia del golpe parten desde esa perspectiva, la de la memoria incómoda.

Todavía en disputa.

Sí.

¿Cómo surge la idea de conectar el trauma colectivo del 36 con un trauma individual como el daño cerebral adquirido, un ictus?

Desde que tomamos la decisión de tirar del hilo del acto de recepción del cuadro, pusimos en marcha algún tipo de mecanismo de investigación. Al mismo tiempo, abrimos algo así como un espacio de escucha. Eso nos permite estar más alerta, más sensibles a percibir o localizar cosas que pasan a nuestro alrededor y a las que podemos darle un significado. Y por una casualidad nos invitaron a una charla de [la federación de asociaciones] Dano Cerebral Galicia en el que convocaban al sector cultural para contar qué era esa discapacidad. Allí había una mujer con daño cerebral que contaba su experiencia.

¿Qué explicó?

Lo que nos tocó sobre todo fue el esfuerzo enorme que le suponía desarrollar cada día una serie de técnicas y herramientas para recuperar la memoria o para completar recuerdos que le quedaban medio ocultos. Un esfuerzo enorme por mantener una memoria. Porque sin ella no podía socializar y se quedaba aislada. Establecimos esa conexión: una persona que por un golpe ve alterada su memoria y el esfuerzo enorme que tiene que hacer. Y pensamos que, como sociedad, a nivel colectivo, estamos haciendo lo contrario. No aceptamos que tenemos una alteración de nuestra memoria colectiva y no ponemos las herramientas que nos ayuden a completar esas lagunas, esos vacíos, esos silencios. Desde esa charla empezamos a pensar: a lo mejor todo este problema de memoria colectiva lo podemos contar desde una persona.

A Galicia le dio un ictus colectivo en relación con 1936.

Ictus es una palabra latina que significa golpe, es la prueba de algodón, funciona. El ictus pasó hace mucho tiempo pero es interesante saber cómo las personas con esa alteración de la memoria tienen que trabajar sobre ello permanentemente. No es “hago esto un año y me curo”, no hay cura, hay un trabajo constante. La obra incide en eso: ¿estamos en disposición de realizar ese esfuerzo colectivo para superar ese trauma?

¿Lo estamos?

Es algo que ahora se está trabajando desde la psicología. Contactamos con una psicóloga catalana que lleva 25 años trabajando con los traumas generados por el golpe de Estado y la Guerra Civil. Ahora trata a la tercera y a la cuarta generación, el trauma va pasando de generación en generación. Y a nivel colectivo también. Lo que hizo el presidente del Gobierno gallego en el acto de recepción de A derradeira lección do mestre también eran el reflejo de un trauma. Hay un trauma y nos negamos a afrontarlo.

Como dramaturgo, ¿cuáles fueron los principales desafíos la hora de llevar a escena una propuesta de entrada tan discursiva, casi teórica?

Ictus es una obra muy discursiva, con muy poca teatralidad. Esto puede ser algo bueno o una losa para el espectador. En parte por el tema que tratamos, en parte porque seguimos tratando de contar a través del documental y el documental nos aleja cada vez más de lo que entendemos por teatralidad. Además, en este caso experimentamos con la posibilidad de que una obra de teatro se dirija simultáneamente a personas sordas, a personas ciegas y a personas oyentes y videntes. Es uno de los retos más potentes a nivel escénico.

¿De qué manera?

Con la lengua de signos y, al mismo tiempo, haciendo visible la técnica de la audiodescripción, La audiodescripción normalmente está oculta para el resto del público, porque una persona ciega se pone auriculares y una voz le cuenta cómo es la obra. Nosotros la colocamos encima del escenario. La obra se va a contar con una voz narradora que va a usar la técnica de la audiodescripción y después la va a desbordar. No sabemos qué va a pasar, desde luego no facilita sino que exige un esfuerzo mayor del espectador. Esta aproximación a la accesibilidad...

Relacionada con el ictus y el daño cerebral adquirido.

Sí, y no solo con eso. En relación al cuadro, hay otra pregunta: ¿cómo una persona ciega, como era Castelao en esa altura, podía pintar un cuadro de esta dimensión? Si vamos a contar la historia del cuadro de un pintor ciego, vamos a contarle esa historia al propio Castelao ciego, como si estuviese él entre el público. La única manera es con esta narrativa de la ceguera y ver qué pasa en escena. El público tiene la última palabra. Con Hellen Keller [su montaje de 2024] ya hubo un cierto rechazo del público oyente por asistir a una obra con lengua de signos.

No es la primera vez que Chévere trabaja sobre la memoria colectiva: Curva España (2019), N.E.V.E.R.M.O.R.E. (2021), incluso Eroski Paraíso (2016). ¿Qué las diferenció de Ictus?

Tanto Eroski Paraíso [sobre una sala de fiestas reconvertida en supermercado] como sobre todo N.E.V.E.R.M.O.R.E. [sobre el hundimiento del Prestige y las protestas ciudadanas contra la gestión del desastre] de alguna manera lo vivimos y fuimos sujetos activos de esa memoria. Quizás Curva España [recuperaba la historia del accidente en el que se mató un ingeniero ferroviario en Verín, Ourense, en 1927] sí tiene que ver con el mismo proceso de acercamiento, aunque después es diferente. En Curva España nos acercamos a los hechos a través de un eco, la leyenda, y trabajamos sobre la leyenda y la vigencia de la trasmisiónn oral como parte de la memoria, que también la modifica.

En Ictus no hay leyenda.

No la hay. Lo que hay son varias narrativas sobre un mismo hecho que se superponen. El cuadro representa esa narrativa del silencio que hoy ocupa el poder político y social en la sociedad gallega: eso ya pasó, está superado. Pero también representa esa narrativa del nacionalismo, los mártires de la democracia. Hay algo que nos llamó la atención: en el momento en que se pinta, en 1945, la obra fue irrelevante para Castelao y para la colectividad emigrada y exiliada. Nadie habló de él, ni Castelao, ni las revistas de los exiliados ni las de los emigrantes. Es un cuadro irrelevante cuando se hace y a día de hoy es un símbolo nacional y artístico que sigue en disputa.

Esa conversión de la memoria en símbolo, ¿no le hace correr el riesgo de monumentalizarse y ahogar sus significados, estancarlos?

Puede ser. Somos conscientes de que trabajando sobre estos temas estamos creando una memoria cultural. Y en Galicia no existe esa representación simbólica de nuestra memoria colectiva en relación con el golpe de Estado. Solo se mantienen en pie algunos monumentos a la memoria de los genocidas y asesinos. Puede existir ese riesgo, pero debemos generar colectivamente la materialización de nuestra memoria.

Es como si Galicia todavía no hubiese llegado a la posibilidad de ese riesgo exista, está en la fase anterior.

Claro. Si nos ponemos ambiciosos, Ictus es un intento de crear un producto cultural que materialice esa memoria. No desde las víctimas o los asesinos, sino desde el reconocimiento de que hubo asesinos y que hubo víctimas. Nosotros estamos muy posicionados pero con esta obra no estamos reivindicando ninguna voz en particular.

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, gracias a la labor llevada a cabo por el Instituto de la Memoria y el Banco de ADN del Gobierno de Navarra, ha idenificado los restos de Ramón Bengaray Zabalza, una de las principales figuras republicanas asesinadas por los franquistas en 1936 tras el golpe de Estado. Sus restos mortales fueron exhumados el pasado mes de julio en Muniáin de Guesálaz junto con los de Dionisio Gutiérrez Ijalba, natural de Aurizberri/Espinal. Los dos cuerpos han podido ser identificados gracias a las muestras de ADN de sus familiares.

Ramón Bengaray Zabalza fue un destacado dirigente de Izquierda Republicana y presidente del Frente Popular en Navarra. Músico, periodista y también deportista, llegó a ser directivo del Club Atlético Osasuna en los años treinta, equipo que ha mostrado su “emoción” a través de las redes sociales por la identificación de los restos del que fue uno de sus primeros directivos.

“No había ningún indicio documental que situara la muerte de estas dos personas en Muniáin”, explican desde el equipo del Instituto Navarro de la Memoria. De hecho, solo se conoce que Bengaray fue detenido por la Guardia Civil en la madrugada del 21 de agosto de 1936, entre Burutain y Olague, ya que la noticia se publicó en la prensa local, “algo llamativo por infrecuente”, señalan fuentes de la investigación. 

Sin embargo, se desconocía si fue conducido a algún centro de detención o directamente trasladado para su asesinato, ni tampoco las circunstancias en que se detuvo y trasladó a Dionisio Gutiérrez a Muniáin. Ninguno de los dos tiene expediente penitenciario, ni en la Prisión Provincial de la capital navarra, ni en el Fuerte de San Cristóbal. “Cuando pudieron inscribir sus muertes en el juzgado, la viuda de Bengaray indicó la fecha del 24 de agosto, mientras la de Gutiérrez la situó cinco días antes, el día 19”, apuntan desde el Instituto.

Esas fechas son compatibles con la información de la exhumación, ya que es posible que fueran asesinados juntos el mismo día o individualmente en días diferentes. Desde el Instituto Navarro de Memoria señalan que en esas fechas se estaba recrudeciendo “la limpieza política” iniciada en julio de 1936. No se tienen noticias sobre quiénes fueron los asesinos concretos, aunque es conocido que en ese momento operaban en la represión tanto cuerpos policiales como grupos paramilitares vinculados al carlismo y Falange. 

El pasado verano, con la colaboración de asociaciones como Txinparta y Affna 36, el apoyo técnico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el testimonio de un vecino de la localidad (Domingo Zabalza), fueron encontrados dos cuerpos que permanecían sin identificar, en una de las exhumaciones realizadas en el plan anual del Departamento. Entonces, se abrieron distintas hipótesis y, finalmente, el Banco de ADN es quien ha resuelto las dudas: se tratan de los restos de Bengaray y Gutiérrez. 

La nieta de Bengaray ha mostrado su sorpresa y satisfacción por el hallazgo. También el nieto de Gutiérrez. “Después de 89 años de búsqueda y silencio, hoy, tres generaciones después comenzamos a sentir una presencia liberadora”, ha celebrado.

Directivo de Osasuna

Nacido en Garralda en 1896, Ramón Bengaray residía en Pamplona desde 1905. Trabajó como periodista, primero, e impresor después. Participó activamente en la vida social y cultural de la ciudad, siendo barítono solista del Orfeón Pamplonés, socio fundador de “Los Irunshemes”, “Los Amigos del Arte” y el club Larraina. También fue pelotari, futbolista y directivo del C.A. Osasuna entre 1931 y 1935.

Bengaray fue un destacado miembro de Izquierda Republicana y, como presidente del Frente Popular de Navarra, se presentó como candidato a las elecciones generales de 1936, en las que obtuvo 33.719 votos. Tras la imposibilidad de presentar resistencia al golpe militar de julio, pasó a la clandestinidad, sin que se conozcan los detalles. Fue descubierto y detenido el 21 de agosto. Pese a ser asesinado, la Comisión de Incautación de Bienes le incoó expediente el 25 de octubre de 1937, que se resolvió con una sanción de 250.000 pesetas el 13 de octubre de 1938.

Sus bienes quedaron embargados, en especial la imprenta que constituía el negocio familiar. Su viuda, Ramona Zapatero, consiguió pasar a zona republicana y posteriormente se exilió, pero al no lograr embarcar a América, se vio obligada a regresar a Pamplona. Desde la capital navarra inició una dura y desigual pelea por recuperar los bienes familiares, e interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que le rebajó la sanción a 20.000 pesetas, una cantidad desproporcionada para la época. “Ramona Zapatero fue un ejemplo claro de mujer que, en condiciones muy adversas, luchó en los estrechos márgenes que dejaba la ley y la dictadura por defender la memoria de su marido y el futuro de su familia”, destacan desde el instituto de la Memoria.

La identificación de los restos de Ramón Bengaray ha sido posible gracias a las muestras genéticas tomadas hace años a un nieto de Bengaray, residente en Argentina. Su nieto fue contactado por el equipo de investigación liderado por la historiadora Esther Aldave, que había publicado la biografía de Bengaray.

Por su parte, Dionisio Gutiérrez Ijalba fue un mecánico de 32 años, nacido en Aurizberri/Espinal y vecino de Pamplona. Estaba casado con María Concepción Pérez Martínez, con quien tuvo un hijo, José Luis. Aunque no se ha podido contrastar su actividad política pública, sí que procedía de una familia izquierdista: su hermano Zósimo fue carabinero en Lesaka, y por su resistencia al golpe de Estado y los servicios prestados en la zona republicana le acarrearon una condena a reclusión perpetua en 1939 y una sanción de 10.000 pesetas, que no pudo pagar, impuesta por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Además, su hermana Juana marchó al exilio Olorón con su esposo Marcos Manrique y sus hijos. Sus restos se han identificado gracias a las muestras aportadas por su hijo José Luis.

El ministro del Interior y Seguridad Pública de Benín, Alassane Seidou, ha confirmado este domingo que el gobierno del país ha podido frustrar un intento de golpe de Estado iniciado por un grupo de militares en el país de África occidental. Los soldados han salido esta noche en la televisión nacional, afirmando haberse hecho con el poder.

“Durante la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025, un pequeño grupo de soldados se ha amotinado con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones. Ante esta situación, el pueblo beninés y sus líderes, fieles a su juramento, han mantenido su compromiso con la República”, ha afirmado Seidou en un breve mensaje emitido por la televisión pública.

Alrededor de una decena de soldados, varios de ellos con cascos, salieron el sábado por la noche en la televisión estatal para anunciar que un comité militar liderado por el coronel Tigri Pascal había tomado ya el poder del país. Según comunicaron los militares, a esa hora ya habían conseguido disolver las instituciones nacionales, suspender la constitución y cerrar las fronteras aéreas, terrestres y marítimas.

“El ejército se compromete solemnemente a dar al pueblo beninés la esperanza de una era verdaderamente nueva, donde prevalezcan la fraternidad, la justicia y el trabajo”, decía un comunicado leído por uno de los soldados.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad leales al presidente Patrice Talon han conseguido frenar la estrategia militar. “Han podido mantener el control de la situación y falló la maniobra”, ha explicado Seidou.

El miércoles 26 de noviembre, en pleno centro de Bisáu, se escucharon disparos que confirmaban la ejecución de un golpe de Estado en Guinea-Bisáu, tres días después de la celebración de elecciones generales. De esa forma, el país se sumaba a otros del cinturón del Sahel y de la costa occidental de África que han seguido el mismo camino desde 2020.

Un grupo de oficiales, que se presentaron en la televisión estatal como el Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional, anunció la detención del presidente del país, Umaro Sissoco Embaló, el cierre de las instituciones públicas, la suspensión del proceso electoral, el cierre de fronteras y el toque de queda. Este jueves, esa junta ha puesto al general Horta N'ta al frente de nuevo gobierno militar, mientras que Embaló ha huido a Senegal, según informó el Gobierno de este país, fronterizo con Guinea-Bisáu.

El golpe tuvo lugar apenas tres días después de las elecciones legislativas del 23 de noviembre, cuyos resultados oficiales todavía no se habían publicado, mientras que el propio Embaló y el candidato opositor, Fernando Dias da Costa, ya se habían declarado vencedores anticipadamente.

El contexto en el que se produjo el golpe incluye la exclusión de las elecciones del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), histórico partido del país; la disolución del Parlamento en 2023 por parte de Embaló y un clima hostil de detenciones a opositores y acusaciones de abuso de poder por parte del Ejecutivo. Aunque los militares afirman haber actuado para “restaurar el orden”, persisten dudas sobre las motivaciones reales de su intervención.

Un ciclo que se repite

Guinea-Bisáu no llega a este momento de repente. Desde su independencia de Portugal en 1974, el país africano ha registrado cuatro golpes de Estado consumados, además de una serie de intentonas. En 2003, 2010, 2012 y 2020 se registraron levantamientos, crisis militares o asesinatos políticos en la cúspide del Estado.

En 2022, en pleno asalto al palacio gubernamental, Embaló aseguró haber frustrado un intento de golpe “muy grave”, una declaración que ya entonces la oposición calificó como una maniobra política para reforzar su poder. Desde entonces, la politización del Ejército, las pugnas internas y la penetración de economías criminales, especialmente las redes de narcotráfico, han creado un escenario donde los equilibrios institucionales son frágiles.

El último episodio militar en Guinea-Bisáu no puede separarse del clima regional. Desde 2020, África Occidental y la región del Sahel han sido testigos de golpes miliares en Mali, Guinea, Burkina Faso, Níger, Chad y Gabón. Como apuntan analistas, dicha secuencia ha debilitado la capacidad disuasoria de la Comunidad Africana de Estados de África Occidental (CEDEAO) y ha impulsado otras agrupaciones político-militares como la Alianza de Estados del Sahel (AES).

Las causas profundas del golpe

En una entrevista con elDiario.es, el experto de geopolítica internacional Sani Ladan explica que la crisis actual “no nace el 26 de noviembre”, sino que parte de un sistema político “muy frágil y personalizado desde la independencia”, donde las instituciones no funcionan como contrapeso y las élites han operado históricamente de manera informal. Según Ladan, Guinea-Bisáu combina tres factores estructurales: un Ejército altamente politizado, una clase política relacionada con redes económicas opacas y una falta crónica de instituciones independientes.

Las elecciones del pasado 23 de noviembre ya se celebraron bajo un marco inestable con la exclusión de la principal coalición opositora (la Plataforma Alianza Inclusiva – La Tierra Empieza), un clima de acusaciones de fraude y dos candidatos vencedores antes del anuncio oficial. Para Ladan, esto hacía que las elecciones fueran “muy disputadas y poco creíbles”.

El golpe de Estado se produjo justo el día antes de que la Comisión Electoral publicara los resultados oficiales. Entonces, los generales se presentaron en la televisión afirmando que actuaban para evitar una “manipulación del recuento”. Sin embargo, y como sostiene el analista, “la suspensión del proceso electoral, el corte de internet y la paralización de la comisión encargada del escrutinio encajan más con un intento de congelar un momento políticamente incómodo que con una medida para proteger la transparencia”.

¿Una narrativa militar creíble?

La versión oficial del Ejército de que intervino para “restaurar el orden” tiene, en palabras de Ladan, “credibilidad limitada”. El experto en política africana sugiere que, si realmente la prioridad hubiese sido garantizar la limpieza del proceso electoral, lo lógico habría sido asegurar la integridad de la Comisión Electoral y de los observadores internacionales, no detener al presidente y suspender el recuento.

Además, tanto la Unión Africana, como la CEDEAO y Naciones Unidas han descrito el movimiento como una ruptura del orden constitucional: “Nadie que esté observando el proceso sobre el terreno compra la idea de un golpe a favor de la democracia”, apunta Ladan.

En este escenario, el Ejército no aparece como un árbitro neutral, sino como “una de las facciones que se disputa el control del régimen en un momento de máxima incertidumbre”, señala Ladan. Además, subraya que el golpe actual no puede separarse de las maniobras previas del Gobierno: “La presidencia de Embaló ha recurrido repetidamente a la táctica del miedo al golpe, deteniendo a mandos militares, denunciando complots y cerrando espacios políticos. El lenguaje de la amenaza permanente se ha convertido en una herramienta de poder”.

En octubre, semanas antes de las elecciones, las autoridades detuvieron a varios oficiales acusados de preparar un golpe. Este patrón, según Ladan, muestra una “normalización del estado de excepción”. El clima de represión para justificar decisiones extraordinarias desde el poder ha ido generando una crisis permanente, según apuntas varios testimonios en el medio Jeune Afrique.

Las consecuencias del golpe

En la tesis de que el golpe ha interrumpido deliberadamente el proceso democrático, Sani Ladan identifica dos consecuencias previsibles. En el corto plazo, señala que habrá una concentración de poderes en manos de los militares, detenciones selectivas en el entorno del opositor, restricciones de libertades, control de medios y presión sobre la sociedad civil. La población ya utiliza VPN para sortear la censura.

En el plano regional, se prevé una respuesta firme. La CEDEAO ya ha supendido al país, como ya hizo con Mali, Burkina Faso y Níger, además de considerar sanciones. Otras organizaciones multilaterales y socios internacionales revisarán su cooperación y financiación: “Para un país pequeño, empobrecido y dependiente del exterior, el impacto será inmediato y lo sufrirá la población”, apunta Ladan.

Por otro lado, en el medio plazo, el país podría entrar en una fase de gobernabilidad mínima, en la que el nuevo gobierno cuente con escasa legitimidad interna y externa. La falta de instituciones y continuidad política podría profundizar las redes informales del narcotráfico y llevar a Guinea-Bisáu a convertirse en un “narcoestado”.

El país africano es la costa más cercana a América Latina y desde mediados de los años 2000 es uno de los principales puntos de tránsito de cocaína hacia Europa. En 2008, una tonelada de cocaína procedente de Guinea-Bisáu destinada al continente europeo valía 60 millones de dólares, equivalente al 6,5% del PIB nacional.

Según Ladan, la única vía realista para que el país salga de esta situación es establecer un marco de transición claro y supervisado por la sociedad civil y la CEDEAO, con una fecha definitiva para que los militares dejen el poder. Este proceso debería incluir una recomposición de las instituciones claves así como el abandono de la lógica de “todo o nada” por parte de los partidos políticos.

El elemento decisivo es la reforma del sector de seguridad. Guinea-Bisáu necesitará redefinir el papel del Ejército y poner fin a la instrumentalización mutua entre el poder militar y político. Sin ello, Ladan advierte de que el país seguirá atrapado en los mismos patrones: “Si no se reformulan los incentivos de las Fuerzas Armadas y no se profesionaliza su cadena de mando, estaremos aquí otra vez hablando de golpe, intento de golpe o simulacro de golpe”.

El golpe de Estado del 23F no fue un hecho puntual, sino el desenlace trágico de la conspiración permanente en la que vivía España desde la muerte del dictador, con una incipiente democracia asediada por sectores militares, económicos, políticos y mediáticos que se resistían a que el país recuperara las libertades. El asalto al Congreso de los Diputados por tres centenares de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero y la toma de Valencia por el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, fue la puesta en escena de una asonada que se venía preparando desde hacía meses. 

Si para la historiografía oficial la transición fue un periodo modélico de nuestra historia, el golpe del 23F fue un “accidente”, un suceso aislado protagonizado por un grupo reducido de militares nostálgicos del franquismo, que fracasó gracias a la lealtad mayoritaria del Ejército y a la actuación decidida del rey Juan Carlos I. Sin embargo, las pruebas han acabado refutando el relato. 

Un documento hallado en el archivo personal de Alberto Oliart (ministro de Defensa entre 1981 y 1982) afirma que solo tres de los 11 capitanes generales se mantuvieron leales a la Constitución. El resto permaneció a la espera del discurrir de los acontecimientos y si, como estaba previsto, la División Acorazada Brunete (DAC) hubiese tomado Madrid, la mayoría se habrían sumado. Arribistas de la patria que se hicieron demócratas al fracasar el golpe.  

En cuanto a la actuación decidida del rey, su primera intervención pública en televisión para condenar el golpe se produjo a la 1.14 horas de la madrugada del día 24, siete horas después del asalto al Congreso. Minutos antes el general Alfonso Armada, desde hacía días segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, había abandonado la Cámara tras fracasar su intento de dirigirse a sus señorías para ofrecerse como presidente de un Gobierno de concentración. 

El general Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey, cargo en el que había sustituido precisamente a Armada, cuenta en sus declaraciones sumariales en la causa que a las nueve de la noche del día 23 el monarca habló con Armada, “y después de una conversación que dura varios minutos Su Majestad me pasa el teléfono para que siga hablando con él”. Sabino revela que Armada le hizo partícipe de su disposición a ir al Congreso y ofrecerse como presidente del Gobierno para solucionar la situación. Una propuesta que él trasladó al monarca para, acto seguido, “transmitiendo la orden del rey, que está presente, digo al general que cualquier acción que realice tiene que ser con carácter personal, bajo su propia conciencia y sin invocar el nombre del rey (…) En modo alguno partió de mí la idea de que se presentara en el Congreso, ni yo podía decirle que lo hiciera pues, como es lógico, no me correspondía a mí ninguna facultad decisoria, y en todas las ocasiones actué por orden y en nombre de Su Majestad el rey”.

Armada se reunió en el Congreso con Tejero, que al conocer la composición del Gobierno que el general pretendía proponer a la Cámara, integrado por representantes de todos los partidos salvo los nacionalistas, le impidió entrar en el hemiciclo. El teniente coronel esperaba que el golpe diera paso a una Junta Militar, se sintió engañado y, con su oposición y sin pretenderlo, hizo fracasar el golpe. 

Más allá de refutar los dos pilares sobre los que se sustenta aún hoy la versión oficial sobre el fracaso del golpe, el análisis de la investigación sumarial permite afirmar que la misma no tuvo nunca la intención de desvelar todos sus meandros. Se conformó con condenar a sus protagonistas televisivos, a los que los ciudadanos pudieron ver a través de la pantalla de televisión encañonando con sus fusiles al Gobierno y a los representantes de la soberanía popular, y tomando la capital del Turia en un tétrico desfile de carros de combate. 

Alberto Oliart, nombrado ministro de Defensa tras el golpe, da cuenta de ello en sus memorias cuando relata la visita que le giró a su despacho el juez instructor, José María García Escudero, de 64 años. “Me planteó que podía procesar a toda la División Acorazada Brunete (Madrid) y a toda la División Maestrazgo (Valencia), cerca de ocho mil hombres, o solo a los 33 jefes, oficiales y altos mandos que actuaron ese día. Sin dudarlo, le dije, mire usted, señor juez, lo que hay que hacer es procesar a la jefatura solamente. Bajo mi responsabilidad, tome esto como una orden”. 

Una decisión que Oliart asegura fue refrendada por el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y por el propio rey, a quien acudió a ver a La Zarzuela. De manera que al arrancar la investigación y sin conocer el alcance del golpe ya había una decisión tomada: juzgar y condenar solo a los más significados y exonerar al resto. La obediencia debida y la excusa absolutoria fueron los argumentos jurídicos en los que el instructor sustentó su decisión.

Oliart compareció en un pleno secreto del Congreso de los Diputados tres semanas después del golpe para informar de la marcha de las investigaciones. Durante su intervención afirmó que 114 personas que eran citadas en las conversaciones telefónicas intervenidas y 154 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al margen de los guardias civiles que asaltaron el Congreso, estaban siendo investigadas por su presunta implicación en la asonada. Una investigación de cuyos resultados nunca se dio traslado al juez, que en el resumen de la causa al dar por concluida su investigación, tan solo cuatro meses después de iniciada, decía: “Este juzgado no ha recibido como consecuencia de tales actuaciones ninguna clase de datos o informaciones que aconsejen actuar contra civiles”. Claro, que tampoco él hizo requerimiento alguno sobre dichas pesquisas.

Escuchas selectivas

Uno de los asuntos más controvertidos de la instrucción sumarial son las intervenciones telefónicas que Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado, ordenó aquella noche para intentar descubrir todas las implicaciones del golpe. La Policía “pinchó” los teléfonos del ultraderechista Juan García Carrés, a la larga el único civil condenado, del domicilio del teniente coronel Tejero, del general en la reserva Carlos Iniesta Cano, director de la Guardia Civil entre 1972 y 1974, y de otros integrantes del búnker de los que se sospechaban conspiraban contra la democracia. De todas ellas hay constancia documental en la causa, si bien las transcripciones aluden a conversaciones mantenidas a partir de la 1:14 horas de la madrugada del día 24, tras el mensaje televisivo del rey, sin que de las siete horas previas transcurridas desde el asalto al Congreso haya constancia alguna. 

Laína ordenó al delegado del Gobierno en Telefónica, Julio Camuñas Fernández-Luna, intervenir también los teléfonos del Congreso para conocer las conversaciones que Tejero mantenía y recibía del exterior mientras mantuvo secuestrada a la Cámara. Pese a ello, estas grabaciones no existen oficialmente, aunque al menos una copia de ellas está en poder de la familia del entonces número dos del Ministerio del Interior. 

El juicio por el 23F se celebró un año después del golpe durante 48 jornadas que concluyeron con un indulgente fallo del tribunal militar, que condenó a 22 de los procesados y absolvió a los 11 restantes. El tribunal justificó su benévola sentencia aduciendo “las circunstancias personales de honorabilidad, cualidades de mando y espíritu militar; brillante historial y acreditado patriotismo y fidelidad a la Corona” de los condenados. Al día siguiente el Consejo de Ministros acordó recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, que terminaría elevando la mayoría de las penas.

El general Armada, condenado inicialmente a seis años por conspiración, lo fue como cabeza de la rebelión militar junto a Milans del Bosch y vio quintuplicada su pena inicial, hasta los treinta años de reclusión. Fue indultado en 1988 por el gobierno de Felipe González, tras ocho años de reclusión. El otro cabecilla del golpe, Milans del Bosch, obtuvo la libertad condicional en julio de 1990, tras nueve años encerrado, y Antonio Tejero fue excarcelado en diciembre de 1996, tras quince años en prisión, aunque desde 1993 disfrutaba del tercer régimen penitenciario, que le permitía ir a prisión solo a dormir. El resto de los golpistas no cumplió más de cinco años de prisión efectiva. 

Han transcurrido ya 44 años de los hechos y ninguno de los gobiernos del PSOE o PP ha tenido la voluntad política necesaria para hacer públicos los documentos que nos permitan conocer todos los extremos de lo ocurrido. Sobre el fallo judicial, elevado a la categoría de verdad irrefutable, se sostiene aún hoy el irrefutable relato oficial de lo ocurrido. 

La Fundación Nacional Francisco Franco puede estar asomándose a sus últimos meses de actividad. El Gobierno acaba de firmar el acuerdo que da inicio oficialmente a su extinción, que en última instancia decidirá un juez, y ahora la entidad tendrá una primera fase de diez días para hacer alegaciones. Aunque el procedimiento no es corto y consta de varios pasos, en un máximo de nueve meses la autoridad judicial tiene que tener sobre la mesa la propuesta que puede dar el portazo definitivo a una organización que lleva el medio siglo transcurrido desde que muriera Franco exaltando su figura.

La fundación, constituida en 1976 por, entre otras personas, la viuda del dictador, Carmen Polo, ha centrado su actividad en loar “la obra y el legado” de Franco, al que tilda de “gobernante al servicio del noble pueblo español”. Y así lo especifica en sus estatutos y lo demuestra en sus posicionamientos y apariciones públicas. Su web y redes sociales son un compendio de ideas que glorifican la Guerra Civil y el régimen, a las que se suman los actos y convocatorias en las que han celebrado el “Alzamiento Nacional” del 18 de julio, aniversario del golpe de Estado. Hace algunos años incluso llegó a vender lotería acabada en 36 y 39 “en honor a la Cruzada de Liberación”.

La fundación sostiene un discurso que niega la represión, calificada de “falaz” a pesar del plan de exterminio sistemático diseñado por la dictadura contra la considerada “antiEspaña”. Asegura que los bombardeos de Gernika fueron una “mentira” o minimizan la sangrienta matanza de Badajoz en 1936 al mando del general Yagüe, apodado “el carnicero de Badajoz”. Por eso, y en base a un análisis exhaustivo de más de 5.000 publicaciones y su presencia en medios, el Ministerio de Cultura concluye que no persigue el interés general, hace apología del franquismo y humilla a sus víctimas, que son las causas de extinción de fundaciones que introdujo la Ley de Memoria Democrática.

Con ello, Moncloa busca acabar con la anomalía española de contar con una organización que homenajea a quien mandó fusilar a miles de personas y condenó a otras tantas al exilio o la cárcel. Y que, además, por ser una fundación disfruta de un régimen fiscal especial y sus afiliados cuentan con desgravaciones que, por tanto, Hacienda asume. “Los españoles no pueden estar pagando este coste”, sostienen fuentes de la coalición de Gobierno, que confían en la argumentación jurídica que han armado en base a informes de la secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Abogacía del Estado.

La “licitud” del golpe franquista

Por su parte, la fundación lleva desde que hace siete años Pedro Sánchez anunciara su intención por primera vez augurando “una dura lucha” en los tribunales, en palabras de su presidente Juan Chicharro. General de División de Infantería de Marina en la reserva, Chicharro ejerció como ayudante de campo del rey Juan Carlos y en marzo de 2018 asumió el máximo cargo de la fundación. Pocos meses después llegó a llamar a “un nuevo alzamiento” ante la exhumación de Franco del Valle de Cuelgamuros que estaba en ese momento preparando Moncloa.

Aunque siempre ha mantenido su posición, la fundación ha ido midiendo sus palabras tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, una estrategia que también han seguido otras organizaciones como Falange, que animan a asistir a sus concentraciones sin simbología sancionable. Sin embargo, en los últimos meses los admiradores de Franco han encontrado un espacio en el que mostrar lo que piensan sin ambages, la Plataforma 2025, que reúne a un nutrido grupo de franquistas autores de un manifiesto a favor del dictador firmado, entre otros, por el excoronel golpista Antonio Tejero o el propio Chicharro.

El presidente de la fundación, de hecho, ha participado en actos convocados por la plataforma y desde la tienda online vende el libro 50 años de mentiras sobre Francisco Franco –editado por SDN editores, que está en manos de Álvaro Romero, impulsor de la plataforma–. Entre otras cosas, la obra llega a plantear la “licitud” del golpe de Estado de 1936. Un extremo que también fue defendido en actos como el organizado el pasado 1 de abril, en el que los franquistas celebraron el fin de la Guerra Civil como el día en que “España recuperó su libertad”. Chicharro intervino en el encuentro sosteniendo mantras negacionistas de los fusilamientos franquistas.

Lo que no ha dejado de hacer en todo este tiempo la Fundación Francisco Franco son las misas “por el alma” de Franco cada 20N, aniversario de su muerte. El pasado, la entidad convocó casi una veintena en diferentes ciudades españolas asegurando que el dictador fue “un devoto hijo de la Iglesia”. Es habitual que los asistentes salgan de estas liturgias con el brazo en alto entonando el Cara al Sol.

La táctica en los tribunales

El judicial es el otro ámbito en el que la fundación ha puesto sus esfuerzos. Con el objetivo de boicotear las leyes de memoria histórica, ha intentado impedir la retirada de las denominaciones franquistas del callejero madrileño. Lo hizo a través de pleitos indiscriminados contra el plan del Ayuntamiento, entonces dirigido por Manuela Carmena, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableció que la organización no tenía legitimidad para hacerlo. Sin embargo, la fundación impulsó junto a la Plataforma Millán Astray la batalla judicial contra la retirada de la calle, una decisión que finalmente echó para atrás un magistrado. Aunque el consistorio en manos de José Luis Martínez Almeida podría haber recurrido, no lo hizo y la restituyó en 2021.

También se revolvió la fundación contra la decisión del Ministerio de Defensa de renombrar una unidad de la Legión que pasó de llamarse 'Bandera comandante Franco' a 'Bandera España'. Lo hizo en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que ha definido como una norma “liberticida” elaborada “desde la mentira”.

Pero la mayor ofensiva de la organización tuvo que ver con la exhumación de Franco del Valle de Cuelgamuros, algo que recurrió al Tribunal Supremo y contra lo que encargó un informe arquitectónico que llegó a declarar que las obras ponían en peligro a los operarios. El estudio fue utilizado en una campaña orquestada de denuncias múltiples ante los tribunales hasta que un juez, José Yusty Bestarreche –que es uno de los firmantes del manifiesto de la Plataforma 2025–, llegó a paralizar el traslado de los restos, que finalmente salieron del mausoleo hace seis años.

Con una estrategia similar la fundación ha sido también una de las entidades que han obstaculizado las exhumaciones de víctimas de las criptas a las que buscan sus familiares. Los trabajos, iniciados por el Gobierno en 2023, han logrado recuperar ya 20 cuerpos que han sido entregados a sus seres queridos. Pero la organización presidida por Chicharro se ha empeñado en que esto no ocurra y ha recurrido a los tribunales, que llegaron a paralizar las obras hasta que el pasado marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les dio luz verde.

El reloj ha empezado a correr para la fundación franquista, que tiene ahora diez días hábiles para responder con alegaciones al acuerdo del Ministerio de Cultura. Preguntado sobre los próximos pasos que va a seguir, Chicharro no ha respondido de momento a las preguntas de este medio. Y es que todo va a depender de la estrategia que siga la fundación, que si busca dilatar el proceso puede presentar documentación para el que haga falta un periodo de prueba antes de seguir con la siguiente fase. Su fin puede estar cerca, aunque la última palabra será del juez.

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, abandonó este pasado domingo el país africano a bordo de un avión militar francés, según informa este lunes la emisora Radio Francia Internacional (RFI), tras dos semanas de protestas en el país y un golpe de Estado por parte de la unidad de élite del Ejército malgache.

La salida del país de Rajoelina ha sido posible gracias a un acuerdo con la posible intervención del presidente francés, Emmanuel Macron, para facilitar una solución pacífica a la grave crisis política que vive Madagascar, según dicha emisora. Las autoridades francesas han rehusado responder o comentar las preguntas formuladas a este respecto por la agencia EFE.

De acuerdo con la información de RFI, Rajoelina habría volado en helicóptero el domingo a la isla de Santa María, en la costa este de Madagascar, y desde allí abordó un avión militar francés con destino a la Isla de la Reunión. Tras ello, puso rumbo hacia otro destino con su familia. La RFI señala Dubái como posible lugar de exilio.

Este lunes, grandes multitudes de personas han llenado la plaza frente al ayuntamiento de la capital, Antananarivo, con banderas del país y cánticos. Algunos de ellos han subido en vehículos militares según han llegado a la zona, según informan periodistas de la agencia France-Presse presentes en la ciudad.

Estaba previsto que el presidente de Madagascar se dirigiese este lunes por la tarde a la nación, tras denunciar el domingo un intento de golpe de Estado en marcha en el país, que vive una grave crisis por las protestas populares que tienen lugar desde el pasado 25 de septiembre. En la tarde del sábado, la unidad militar de élite CAPSAT se unió a los manifestantes antigubernamentales en la capital, Antananarivo, y pidió el sábado “desobedecer” cualquier orden de disparar contra la población.

Este domingo aseguró en un comunicado haber tomado el control de las Fuerzas Armadas y posteriormente nombró un nuevo Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que fue reconocido por el Ministerio de Defensa. El CAPSAT, con sede en Soanierana, a las afueras de la capital, ya participó en 2009 en un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente, Marc Ravalomanana, y permitió llegar por primera vez al poder a Rajoelina. Rajoelina ha sido presidente durante dos etapas: entre 2009 y 2014 y entre 2023 y la actualidad.

A su vez, en la mañana del domingo el Senado hizo pública la destitución de su presidente, Richard Ravalomanana, “con el fin de proteger los más altos intereses del país y fortalecer la armonía del sistema político”. Asimismo, la Oficina Permanente del Senado ha hecho un llamamiento a toda la población “a respetar y acatar la ley, por la estabilidad y la unidad del país” y este lunes ha nombrado un nuevo presidente interino: Jean André Ndremanjary.

El presidente de Madagascar no ha aparecido en público desde que el CAPSAT dio su apoyo a las protestas el sábado.

Hasta la fecha, la ONU ha cifrado en al menos 22 los muertos y en un centenar los heridos, mientras fuentes del Hospital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, el mayor de país, confirmaron a EFE este sábado que recibieron 26 heridos durante la última jornada.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este miércoles “diálogo” y manifestó su “profunda consternación” por “la trágica pérdida de vidas y la destrucción de bienes” en Madagascar durante las protestas que azotan a ese país desde finales de septiembre.

Aunque inicialmente surgieron para protestar contra los recurrentes cortes de agua y electricidad, las movilizaciones, impulsadas por jóvenes de la generación Z e impulsadas por movimientos similares en Kenia o Nepal, se tornaron antigubernamentales y comenzaron a exigir la dimisión de Rajoelina, cuya propuesta de diálogo nacional fue rechazada por los organizadores.

Estas protestas son las peores que vive la isla del océano Índico en años y el mayor desafío que afronta el jefe de Estado desde su reelección en 2023.

La unidad militar de élite de Madagascar ha asegurado este domingo haber tomado el control de las Fuerzas Armadas del país después de que la Presidencia haya denunciado un intento de golpe de Estado. El anuncio presidencial llegaba cuando varios grupos de soldados decidieron unirse este sábado a miles de manifestantes antigubernamentales que protestan desde hace más de dos semanas en el país africano.

“A partir de ahora, todas las órdenes del Ejército malgache, ya sean terrestres, aéreas o militares, emanarán del cuartel general del CAPSAT (Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra)”, anunciaron soldados de este contingente de élite en un comunicado en vídeo difundido este domingo.

El CAPSAT, que controla la logística del Ejército y tiene su sede en Soanierana, a las afueras de la capital de Madagascar, Antananarivo, hizo este anuncio a primera hora del domingo después de que ya hiciera un llamamiento público el sábado a los militares para “desobedecer” cualquier orden de la presidencia de disparar contra la población.

Además, los oficiales al mando de esta unidad han comunicado el nombramiento del general Demosthene Pikulas como nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, un cargo que había quedado vacante después de que su anterior ocupante hubiera sido nombrado como nuevo ministro de Defensa hace una semana. Sin embargo, no está claro si el nombramiento se ha producido de manera oficial.

Un testigo de la agencia Reuters asegura haber visto a tres personas heridas este domingo después de que se produjeran disparos en la carretera de acceso al acuartelamiento de esta unidad de élite. Otros testigos afirmaron que no había muestras de combates en marcha en la zona.

Los militares de esta base ya participaron en 2009 en un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente, Marc Ravalomanana. La acción militar permitió llegar por primera vez al poder al actual presidente malgache, Andry Rajoelina.

Los soldados del CAPSAT han proclamado este anuncio después de que la Presidencia de Madagascar denunciara a primera hora de este domingo un intento de golpe de Estado, al afirmar en un comunicado que “se ha iniciado sobre el territorio nacional un intento ilegal y por la fuerza de tomar el poder, contrario a la Constitución y a los principios democráticos”.

Se desconoce en qué situación se encuentra Rajoelina, aunque la Presidencia rechazó la pasada noche la difusión de “información falsa en las redes sociales” y desmintió que el jefe de Estado, que cuenta con nacionalidad francesa y malgache, hubiera abandonado el país.

El jefe de la comisión ejecutiva de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, pidió calma y contención este domingo tras agradecer “el renovado compromiso del gobierno” de Madagascar con “el diálogo”.

A su vez, esta misma mañana el Senado ha hecho pública la destitución de su presidente, Richard Ravalomanana, “con el fin de proteger los más altos intereses del país y fortalecer la armonía del sistema político”. Asimismo, la Oficina Permanente del Senado ha hecho un llamamiento a toda la población “a respetar y acatar la ley, por la estabilidad y la unidad del país”.

Miles de personas salieron el sábado a las calles de Antananarivo en una nueva jornada de protestas a la que se sumaron soldados que, montados en tanques, acompañaron a los manifestantes y los arengaron, mientras ellos les daban las gracias.

Estas escenas se produjeron horas después de que militares del CAPSAT se solidarizaran con las movilizaciones que no cesan desde el pasado 25 de septiembre, pese a la fuerte represión de las fuerzas de seguridad.

El nuevo primer ministro, el general de división Ruphin Fortunat Zafisambo, nombrado la pasada semana tras la disolución del Gobierno por parte del presidente Rajoelina, se dirigió a los soldados el sábado en una intervención en directo a través de Facebook y les pidió “sabiduría”.

“Todos nosotros, ya seamos militares, policías o gendarmes, procedemos del pueblo, por lo que debemos escuchar su voz y sus quejas. Sin embargo, es nuestro deber protegerlo y garantizar el mantenimiento del orden”, afirmó.

Hasta la fecha, la ONU ha cifrado en al menos 22 los muertos y en un centenar los heridos, mientras fuentes del Hospital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, el mayor de país, confirmaron a EFE este sábado que recibieron 26 heridos durante la última jornada.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este miércoles “diálogo” y manifestó su “profunda consternación” por “la trágica pérdida de vidas y la destrucción de bienes” en Madagascar durante las protestas que azotan a ese país desde finales de septiembre.

Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres, recoge en un comunicado que el secretario general expresa “sus más sinceras condolencias” a las familias de las víctimas y que insta a las autoridades a “cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos”.

“Las protestas deben desarrollarse de forma pacífica, respetando la vida, la propiedad y el Estado de Derecho”, dijo Guterres, que abogó por “forjar un camino constructivo”.

Asimismo, familiares y el Ejército confirmaron, respectivamente, la muerte por disparos de un manifestante y un militar. Periodistas de la agencia EFE han podido ver esos cuerpos, pero no pudo confirmar médicamente su estado.

Aunque inicialmente surgieron para protestar contra los constantes cortes de agua y electricidad, las movilizaciones, impulsadas por jóvenes de la generación Z, se han tornado en antigubernamentales y exigen ahora la dimisión de Rajoelina, cuya propuesta de diálogo nacional fue rechazada por los organizadores.

Inspiradas en movilizaciones juveniles recientes en países como Kenia y Nepal, estas protestas son las peores que vive la isla del océano Índico en años y el mayor desafío que afronta el jefe de Estado desde su reelección en 2023.

Franco mira cómo el genocida Queipo cambia la bandera republicana por la roja y gualda en el balcón del Ayuntamiento de Sevilla. Es una fotografía histórica, como se puede comprobar más abajo en esta información, que nadie verá en la exposición ‘Plaza Nueva, el centro de todos’, la muestra callejera inaugurada por el alcalde José Luis Sanz (PP) que hace una crónica de la memoria del corazón urbanístico de la ciudad y sus “más de 170 años” pero ignora un periodo clave: no hay rastro del golpe de Estado, la guerra civil o el inicio de la dictadura. “De 1932 a 1950, ¿no pasó nada?”, denuncia la Federación Andaluza de Memoria Democrática. El Ayuntamiento niega la mayor y asegura que “no se ha utilizado ningún criterio político en la selección ni por parte del técnico del Archivo ni por parte del equipo que ha diseñado la exposición”.

Un par de falangistas posa ante la cámara con sus fusiles en reposo y detrás hay una mujer arrodillada que sujeta un cubo entre hombres armados y sonrientes. Ese retrato (igualmente más abajo en esta información) tampoco está disponible en la exhibición de imágenes. Ni el desfile de las tropas golpistas en una plaza que preside la fachada del ayuntamiento y ahora salpica una muestra “que sirve como antesala del ambicioso proyecto de remodelación integral” que modernizará el espacio aplicándole un baño retro.

La ciudad, donde triunfa el estallido golpista con ese lugar icónico como epicentro, sufre la represión con una matanza de civiles que somete Andalucía con 50.000 muertos y 900 fosas comunes, caso de las hispalenses Pico Reja o Monumento, con miles de víctimas enterradas. En la muestra no hay rastro de esos episodios. La exposición sobre la Plaza Nueva de Sevilla “borra de un plumazo la etapa más oscura de la historia reciente de España”, apunta la organización de asociaciones memorialistas.

El “error” de “silenciar la historia”

“Solicitamos al alcalde que enmiende el error y contemple la inclusión de la etapa comprendida entre 1936 y 1949, con rigor histórico y respeto a las víctimas”, señala la Federación Andaluza de Memoria Democrática, que denuncia dicha “omisión”. El “salto en la línea temporal” de la muestra –pasa de 1932 a 1950– elimina “de un plumazo” toda referencia “al golpe de Estado, la guerra civil y los años iniciales del franquismo”.

“¿No ocurrió nada en Plaza Nueva durante esos años?”, se pregunta la federación. “La ausencia de cualquier mención a los años más oscuros de nuestra historia reciente es una vuelta a silenciar la historia que pensábamos superada”, alertan. “Tenemos que volver a recordar que la Memoria Democrática es una herramienta de verdad, justicia y reparación, imprescindible para comprender el presente y como pilar para fortalecer la democracia”, subrayan.

Tirar de hemeroteca revela una ristra de exposiciones que en los últimos años sí han construido la memoria histórica de Sevilla. Un ejemplo: ‘El Golpe’, colección de 47 imágenes en blanco y negro –inaugurada justo en octubre de 2013– que reveló las “sinrazones, métodos y frustraciones” que acabaron con la II República. O 'Sevilla en guerra', con la ciudad como la base rebelde que cimenta la victoria de Franco. Y, para “visibilizar la lucha contra el olvido” y el relevo generacional de las víctimas, 'El ADN de la Memoria. Fosas del franquismo: semillas de memoria'.

“El corazón de los sevillanos”

“Esta exposición, que recoge algunos de los acontecimientos de los que ha sido testigo esta plaza, sirve para entender la importancia de devolver a este icónico espacio su imagen original”, destacó el alcalde de Sevilla durante la inauguración de ‘Plaza Nueva, el centro de todos’. La galería “plantea un recorrido en imágenes por los más de 170 años de historia de este espacio emblemático de la ciudad”, explicó el Ayuntamiento en una reciente nota de prensa.

La exhibición de instantáneas sirve además como preámbulo al “ambicioso proyecto” de reconstrucción del enclave, con una inversión que supera los 4,5 millones de euros. Las obras –cuyos plazos de ejecución “rondarán los 18 meses”, según el Gobierno local– buscan “la mejora del paisaje” y devolver “el protagonismo” a un lugar “tan emblemático de la ciudad”.

“La Plaza Nueva volverá a ser el corazón de Sevilla, el centro de todos los sevillanos”, dijo el alcalde. El proyecto urbanístico rescata la estética retro para el corazón del casco antiguo para recomponer “un lugar de encuentro más cómodo, seguro y atractivo que el de hoy día” y “una plaza más accesible, sostenible y en armonía con el patrimonio de nuestra ciudad”, añadió Sanz.

Las imágenes de ‘Plaza Nueva, el centro de todos’ –de la Fototeca Municipal de Sevilla y el fondo Jesús Martín Cartaya– reflejan una vista general de la zona, una procesión religiosa o la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre del 77, entre otras. La serie recupera incluso un par de fotografías de la etapa republicana, aunque sin rastro del estallido golpista, la guerra civil, la represión y el inicio del franquismo. La plaza busca recuperar su “imagen histórica” pero la exposición que vende la operación estética, sin embargo, obvia su “memoria histórica” a tenor de la selección de imágenes.

Los argumentos oficiales

SevillaelDiario.es ha preguntado a fuentes oficiales del Ayuntamiento sobre la selección de las fotos de la exposición, apuntando que el pasado 15 de septiembre el gerente de Urbanismo y Medio Ambiente solicitó al Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla una selección de fotografías en formato digital y en alta resolución distribuido en las siguientes categorías: planimetrías y fotografías históricas del siglo XIX, imágenes del periodo 1900-1939, imágenes del periodo 1939-1975, imágenes del periodo de la Transición e imágenes del periodo 1975-2025

El Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones, argumentan las fuentes, remitió un total de 39 fotos de los fondos Manuel de Arcos, Cubiles, Gelán, Serafín, Serrano, Sánchez del Pando y Vílches, así como de las colecciones Enrique Barrero e Isabel Tejera, distribuidas en los siguientes años: 1872, 1885, 1895 ca., 1895-1900, 1931 (4), 1932 (2), 1950 (2), 1954, 1955-1960, 1960 ca. (3), 1961 (2), 1965 (2), 1967 (2), 1968 (3), 1970-1975, 1970 (2), 1971 (3), 1972, 1975, 1977 (2) y 1978 (3).

De las 39 fotos remitidas, 34 se incluyeron en la exposición y 5 se descartaron “por no aportar valor a la misma, bien por ser muy parecidas a otras elegidas o por ser primeros planos de elementos que no forman parte de la imagen histórica de la exposición”. Pero, aseguran desde el Consistorio hispalense, “no se ha utilizado ningún criterio político en la selección ni por parte del técnico del Archivo ni por parte del equipo que ha diseñado la exposición, porque el objetivo de la misma es mostrar el aspecto histórico de la Plaza Nueva a lo largo de los años y no tanto el relato cronológico y exhaustivo de todos los acontecimientos vividos en la misma a lo largo de la historia”.

En el verano de 1936, el presidente de la República española necesitaba salir de un Madrid cuya atmósfera sociopolítica se había enrarecido y cargado de una tensión insoportable. Después de haber meditado un tiempo sobre las opciones a su alcance, Manuel Azaña había optado por Santander para disfrutar de sus vacaciones. Le gustaba el clima suave de la ciudad, y también ese indefinible tono aristocrático y cultural que mantenía la capital cántabra, destino habitual en el norte de la alta sociedad madrileña a lo largo del reinado de Alfonso XIII.

La noticia cobró credibilidad tras la visita a Santander de su secretario personal para conocer la residencia que se proponía como sede para el retiro estival del presidente: 'Villa Piquío', una de las primeras mansiones de verano levantadas en El Sardinero por el industrial, naviero y promotor turístico Juan Pombo, y que ya había sido utilizada por Amadeo I de Saboya e Isabel II para sus estancias en la ciudad. En aquel momento estaba ocupada por el médico republicano Juan González-Aguilar Peñaranda, jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Valdecilla y director del Sanatorio Antituberculoso de Pedrosa, quien accedió de buen grado a que fuera la residencia de verano del presidente Azaña.

El 16 de junio de aquel año la prensa local mostró su entusiasmo con los preparativos. Dos arquitectos se habían desplazado desde Madrid con el objetivo de comprobar las condiciones de habitabilidad del palacete y verificar las pequeñas reformas necesarias para aumentar sus condiciones de seguridad. En el diario El Cantábrico, un periodista aseguró: “Es propósito del señor presidente de la República permanecer en Santander, por lo menos, dos meses, comenzando a mediados de julio y ausentándose mediado septiembre. Acaso durante su estancia en esta capital -elucubraba-, el señor presidente de la República consagre sus aficiones literarias a la preparación de un libro, para el que recogerá abundantes datos en la Biblioteca de Menéndez y Pelayo, que se propone visitar con alguna frecuencia”.

Desde el Ayuntamiento se quiso aprovechar la permanencia de Azaña en Santander para culminar un viejo anhelo cultural: la toma de posesión de la finca 'San Quintín', adquirida a la hija de Benito Pérez Galdós para convertirla en Casa-Museo, con su biblioteca, manuscritos, recuerdos y efectos personales, resultado de más de 45 años de estancia y producción literaria en la ciudad.

El Consistorio santanderino, y los notables locales, creyeron estar ante una oportunidad única para recuperar la imagen exterior de la ciudad como estación turística, un tanto debilitada tras la caída de la monarquía. Las especulaciones sobre el impacto económico de la estancia de Azaña desbordaron las crónicas de aquellos días, en una especie de “cuento de la lechera” para el que pareció no haber límites: “La visita, ya casi convenida, del jefe del Estado a Santander sería para nuestra ciudad de incalculables beneficios. Con el señor Azaña vendría el ministro de Estado, el Cuerpo diplomático, el Cuarto militar, la escolta de su excelencia, la Banda republicana, etcétera. No hace falta decir que durante la estancia veraniega del presidente no tendría nada de extraño que se celebrase algún Consejo de Ministros, y, desde luego, habría en la bahía, en todo momento, algunos buques de guerra españoles y, seguramente, algún extranjero”, aventuraba un periodista local.

El sábado 11 de julio, el propio alcalde de Santander, Ernesto del Castillo, publicó un artículo en la primera página del diario El Cantábrico con el título de 'Defensa obligada de nuestros intereses veraniegos' en el cual reclamó el apoyo económico de la ciudadanía para afrontar las actuaciones necesarias con el fin de “contribuir a esta obra; aportar, cada uno en la medida de sus fuerzas, su concurso; sumar, en fin, su nombre a las listas de suscriptores, y llevar al alcalde el fruto, modesto o rico, pero generoso siempre de sus entusiasmos. Eso es trabajar por Santander, defender a Santander, amar a Santander, ¡ser santanderino!, en una palabra”.

Mientras todo esto sucedía, en la Biblioteca Menéndez Pelayo se habilitó un pequeño despacho en uno de los almacenes ubicados en la planta baja del edificio, con el propósito de que Azaña pudiera leer, consultar e investigar en condiciones de absoluta tranquilidad personal.

Todo estaba preparado para la llegada del presidente de la República a Santander el miércoles 22 de julio. Unos días antes habían arribado al puerto dos buques de la Armada con unos 850 hombres cuya misión era velar por su seguridad, pero los acontecimientos se precipitaron y Manuel Azaña nunca pudo disfrutar de sus vacaciones.

Los rumores, sospechas y advertencias empezaron a tomar cuerpo el 11 de julio. Ese sábado despegó desde Gran Bretaña el aeroplano De Havilland D.H.89 Dragon Rapide, con la misión secreta de llevar a Franco desde Canarias a Marruecos para encabezar el pronunciamiento militar. El lunes 13 de julio, el líder del Bloque Nacional, José Calvo Sotelo, fue asesinado por un grupo de Guardias de Asalto, en venganza por la muerte, horas antes, del teniente Castillo, a manos de un grupo de pistoleros fascistas, y el viernes 17 de julio los militares se sublevaron en Ceuta y Melilla.

A pesar de que ya estaba claro que el sueño del veraneo presidencial se había desvanecido, la prensa regional intentó trasladar en los días siguientes una falsa imagen de normalidad, dando cuenta de la tranquilidad con la que discurrían las clases en la Universidad Internacional de Verano y la calma en las calles de Santander. En el diario La Región se aseguró, incluso, que la plantilla de la policía municipal iba a ser reforzada para proteger el descanso del presidente, que estaba a punto de llegar a la ciudad. En realidad, ya nada volvió a ser igual. El país se adentró en un tiempo turbulento cuyos impactos se dejaron sentir bien pronto en la plácida atmosfera veraniega de la provincia.

La sublevación frustró las vacaciones de Azaña en Santander, y el inquilino de 'Villa Piquío', el doctor Juan González Aguilar, continuó su actividad profesional como traumatólogo en Valencia, hasta el final de la guerra, partiendo finalmente a Argentina, donde permaneció exiliado el resto de su vida.

“Alexandre de Moraes es el responsable de la libido de nuestro país”. Esta frase fue el hilo conductor de la columna de la popular escritora y guionista brasileña Tati Bernardi en el periódico Folha de São Paulo el pasado 31 de julio. “Si eres una señora heteroprogresista, está de moda sentir emociones pélvicas al ver a Xandão (apodo de Alexandre de Moraes) enfrentándose a fascistas de toda especie, incluidas fuerzas malignas poderosas y golpistas imbéciles que se graban cometiendo crímenes”, escribió.

La columna era la guinda que faltaba para completar el retrato benevolente y heroico que la izquierda brasileña viene construyendo de Alexandre de Moraes desde que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió enfrentarse frontalmente al bolsonarismo, un empeño que culminó con la reciente condena al exmandatario por intentona golpista. El intento parlamentario de dejar sin efectos la sentencia con una amnistía sacó a las calles a multitudes el pasado fin de semana en varias ciudades del país.

El magistrado del Supremo, cuyo cargo lleva aparejado en Brasil la consideración de ministro, es el gran enemigo a batir por el otro lado del espectro político, que lo tacha de demonio comunista y líder de una “dictadura de la toga”.

Desde que Alexandre de Moraes solicitó en agosto de 2024 a X (antiguo Twitter) nombrar un representante legal en Brasil para cumplir con la legislación nacional, su notoriedad se extendió al plano internacional. El excéntrico millonario Elon Musk, dueño de X, lo calificó de cruce entre Lord Voldemort (el villano de la saga de Harry Potter) y Darth Vader (antagonista de Star Wars).

El mismísimo Donald Trump acusó recientemente a Alexandre de Moraes de abusar de su autoridad judicial “para alcanzar a oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y reprimir disidencias, muchas veces en coordinación con otras autoridades brasileñas”.

Amado y odiado a partes iguales, reverenciado por la izquierda y masacrado por la extrema derecha, Alexandre de Moraes se ha convertido en los últimos años en el protagonista inesperado de la historia de Brasil, en palabras de la periodista Thais Bilenky, directora de la serie de pódcast Alexandre, sobre la vida del “superjuez”. La realidad es más compleja. El juez, lejos de ser un izquierdista, tiene un pasado conservador. Y llegó a militar en el Partido del Frente Liberal (PFL), que entonces tenía en sus filas como diputado a Jair Bolsonaro.

Familia conservadora

De Moraes (São Paulo, 1968) creció en una familia de clase media conservadora. Hijo de un hombre de negocios y de una profesora, se licenció en derecho en la prestigiosa Universidad de São Paulo (USP), donde estudiaron muchos presidentes de Brasil. En 1991 fue el número uno en el concurso público para ser abogado del estado en São Paulo. Exigente, adicto al trabajo y vanidoso, De Moraes vendió más de 700.000 copias de su libro Direito Constitucional (1997). Conversador cordial e irónico, fue cultivando buenas amistades entre las élites del país.

La política no tardó en cruzarse en su camino. En 2002, cuando Lula da Silva ganó su primera elección presidencial, De Moraes aceptó el cargo de secretario de Justicia y de la Defensa de Ciudadanía del Estado de São Paulo, gobernado entonces por el conservador Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

Fue miembro del Consejo Nacional de Justicia (2005-2007), secretario municipal de Transportes y de Servicios de São Paulo en la gestión de Gilberto Kassab (2007-2010), uno de los grandes caciques de la derecha brasileña. A comienzos de 2015, año en el que comenzó la campaña político-social contra la entonces presidenta, Dilma Rousseff, Alexandre de Moraes asumió la secretaria de Seguridad Pública del Estado de São Paulo, convirtiéndose, con 47 años, en el más joven de la historia en ocuparla.

El historiador Edson Aparecido, jefe de gabinete presidencial de aquel Gobierno, aseguró al rotativo francés Le Monde que De Moraes se labró entonces su fama de duro. “Tenía a más de 130.000 policías bajo sus órdenes. ¡Más que muchos ejércitos del mundo!”, recordó. Xandão decidió entonces raparse la cabeza.

En 2015, desfiló en las manifestaciones por la avenida Paulista de São Paulo que pedían la destitución de Dilma Rousseff y criticó las contramarchas en defensa de la expresidenta. “Si practican la violencia, serán tratados como criminales”, aseguró entonces, cuando llegó a reprimir con dureza manifestaciones izquierdistas.

El desencuentro con la izquierda aumentó tras su aterrizaje en el Supremo. Su mentor no fue otro que Michel Temer, que asumió la presidencia el 31 de agosto de 2016, tras un truculento proceso de destitución de Dilma Rousseff, un verdadero golpe parlamentario. Y se intensificó más aún cuando De Moraes negó el habeas corpus a Lula en 2018 y no consideró que el juez Sérgio Moro estuviera cometiendo abuso de poder. 24 horas después de su negativa, Lula fue encarcelado. Sobre sus escasas veleidades izquierdistas habló a Le Monde un amigo personal. “Lo último que tendría en su pared sería un póster del Che”, afirmó.

Enemigo del bolsonarismo

En marzo de 2019, durante el tercer mes del Gobierno Bolsonaro, Alexandre de Moraes se convierte en el instructor de una investigación del Supremo sobre ataques y fake news que acabaría convirtiéndolo en el enemigo número uno del expresidente. En 2020, De Moraes bloqueó el nombramiento de Alexandre Ramagem, hombre de confianza de la familia Bolsonaro, como director de la Policía Federal (PF), por riesgo de interferencias políticas.

La tensión fue in crescendo. Xandão activó investigaciones sobre la gestión de Bolsonaro durante la pandemia, sobre las milicias digitales de desinformación (que tenían su cuartel general en el palacio presidencial) y por los actos antidemocráticos que empezaban a ocurrir en todos los rincones del país.

Luego llegaron sus órdenes de registro y detenciones en el entorno del propio Jair Bolsonaro. El 7 de septiembre de 2021, durante la celebración del día de la independencia de Brasil, el expresidente instigó a las masas contra el sistema judicial y afirmó que no reconocería las decisiones del Supremo. Llegó a sugerir a Alexandre de Moraes que colgara la toga.

El 16 de agosto de 2022, a las puertas de las elecciones presidenciales, De Moraes tomó posesión como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE). Su discurso fue durísimo. “Libertad de expresión no es libertad de agresión. Libertad de expresión no es libertad de destrucción de la democracia, de las instituciones, dignidades y de la honra ajenas. La libertad de expresión no es libertad de propagación de discursos de odio”, aseguró. Bonaro no aplaudió.

Su papel como presidente del TSE en la lucha contra las fake news fue de una firmeza extrema. Cuando la policía de carreteras, conchabada por el bolsonarismo, empezó a dificultar el tráfico con controles en regiones proclives a votar a Lula, intervino con agilidad. Muchos analistas, como el corresponsal de The New York Times, defienden que el papel de Alexandre de Moraes fue crucial en las elecciones de 2022 en las que triunfó Lula.

Golpe de Estado

Alexandre de Moraes cultiva una imagen misteriosa y protege con celo su vida íntima. Casado con la abogada Viviane Barci de Moraes y padre de tres hijos, raramente concede entrevistas.

“A Alexandre parece gustarle ese enigma”, afirma la periodista Thais Bilenky. A pesar de sus declaraciones socarronas y de algunas imágenes polémicas de sí mismo que divulga con estudiada estrategia (como una en la que aparecía erradicando plantaciones de marihuana junto a la policía en 2017), De Moraes no suele perder la compostura. Una foto reciente en el estado del Corinthians, su equipo de fútbol, en la que hacía un gesto ofensivo con el dedo de su mano tras ser silbado por un sector del público, es una excepción.

Libertad de expresión no es libertad de destrucción de la democracia, de las instituciones, dignidades y de la honra ajenas. No es libertad de propagación de discursos de odio

Alexandre de Moraes — 2022

“Oscila habitualmente entre las bromas y las bruscas afirmaciones legales”, escribió el veterano reportero Jon Lee Anderson tras entrevistarlo para The New Yorker. En dicha conversación, el ministro del Supremo arremetió con dureza contra las redes sociales y afirmó que si X hubiese funcionado en tiempos de Joseph Goebbels (el ministro da propaganda de Adolf Hitler) “los nazis habrían conquistado el mundo”. Xandão sostiene que las plataformas tecnológicas “no quieren respetar la jurisdicción de ningún país, porque en realidad buscan ser inmunes ante las naciones”.

El duro mano a mano mantenido por Alexandre de Moraes contra a Elon Musk fue otro hito en su trayectoria. Después de haber ordenado durante meses el cierre de muchos perfiles en X, en algunos casos rozando la ilegalidad, De Moraes bloqueó la red social en agosto de 2024 por desobedecer las leyes brasileñas.

Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump puso al juez en la diana de sus ataques. Transformado en villano por las Big Techs estadounidenses, el Gobierno estadounidense le prohibió viajar a Estados Unidos, tener bienes en el país e incluso usar tarjetas de crédito del país norteamericano. Su esposa también ha sido sancionada.

Moraes, que practica footing con frecuencia y es un fiel practicante de jiu jitsu (arte marcial que aprovecha el poder de sus enemigos para derribarlos), resistió el embate. Siguió corriendo y dobló su apuesta: estrechó el cerco sobre Jair Bolsonaro. Le obligó a ponerse una tobillera electrónica para controlar su arresto domiciliario. Y, posteriormente, ejerció de firme relator del juicio histórico que concluyó con penas más elevadas de las previstas para los ocho acusados de intento de golpe de Estado.

Durante la jornada antidemocrática del 8 de enero de 2023, el despacho de Alexandre de Moraes fue uno de los más vandalizados. Alguien destrozó el armario donde estaba la toga que viste en los juicios. La policía descubrió con posterioridad que existía un plan, con participación de miembros del Gobierno Bolsonaro, de aniquilar a Xandão. “Los más exaltados defendían que después del golpe de Estado yo debería ser detenido y ahorcado en la plaza”, aseguró De Moraes en enero de 2024.

¿Qué habría pasado si el plan para asesinarlo hubiera funcionado? ¿La democracia brasileña habría sobrevivido? Juristas y analistas políticos discuten qué impacto tendrá Moraes a largo plazo. Algunos argumentan, como recoge The New York Times, que sus acciones son medidas extraordinarias, pero necesarias, ante una amenaza igualmente extraordinaria. Otros sostienen que, actuando bajo la bandera de salvaguardar la democracia, está perjudicando el equilibrio de poderes del país.

No sé si ustedes perciben como yo que estamos viviendo constantemente días históricos. Fue histórico el pasado domingo cuando la Vuelta Ciclista a España no pudo finalizar gracias al pueblo madrileño, que hizo un ejercicio de dignidad al protestar contra el genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo gazatí, mientras se dejaba participar en la carrera a un equipo israelí, financiado con fondos del Estado de Israel, que tiene como único propósito lavarle la cara a ese Estado asesino y genocida.

En muy pocas ocasiones, desde su creación, en 1935, la Vuelta ha tenido que ser suspendida. Fue con motivo del golpe militar del 36 y la posterior represión franquista y durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué mal están digiriendo esta protesta ciudadana los representantes del PP! Han tenido que recurrir, de nuevo, al manido argumento de que “son de la ETA”, pero ya no asustan a nadie. No, no era kale borroka, eran personas protestando de manera pacífica para intentar presionar a nuestro gobierno para que actúe, dejando de lado las buenas palabras, y se centre en los hechos.

Otro día histórico que hemos vivido, sin duda, ha sido esta semana cuando, forzada por las protestas de miles de personas por la masacre en Palestina, Radio Televisión Española ha anunciado que España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen, tal y como se lleva reclamando desde hace años. Está claro que ha sido la presión ciudadana la que está empujando a corporaciones como RTVE a posicionarse claramente contra el genocidio. Como, sin duda, también han sido las manifestaciones y protestas las que han hecho reaccionar, por fin, al gobierno de Pedro Sánchez y decretar el embargo de armas a Israel. Algo, que a mi juicio, llega muy tarde.

Igual de tarde, por ejemplo, que la condena de la señora Guardiola. Han hecho falta casi dos años de masacre y 65.000 muertos para que la presidenta de la Junta de Extremadura tenga a bien condenar la actuación del gobierno israelí. Lo hizo en el acto de entrega de las Medallas de Extremadura, con la boca muy pequeña, sin nombrar la palabra genocidio, no sea que Feijóo y Ayuso le llamen a filas, y mientras impulsa un plan hecho a medida para que las empresas que fabrican armas en Extremadura puedan seguir haciéndose de oro con la masacre palestina.

La postura que está manteniendo la derecha y la extrema derecha, tanto las de nuestro país y a nivel internacional, sobre el genocidio al pueblo palestino les va a perseguir. Su posición equidistante y su silencio cómplice terminarán pasándoles factura. La historia les juzgará.

En este exterminio están manteniendo la misma posición que mantienen, por ejemplo, con la condena a los crímenes del Franquismo. Ni están, ni se le espera. En este caso, debido a la deuda que la derecha tiene con aquellos que perpetraron los horrores más atroces en el Estado español, tras el Golpe del 36. Tienen una deuda con ellos porque son los mismos que fundaron durante la Transición el germen del PP, Alianza Popular, en el que estaban, entre otros los ministros franquistas Fraga Iribarne, Martínez Esteruelas, Silva Muñoz, de la Fuente y de la Fuente, López Rodó y Fernández de la Mora.

¿Cómo van a condenar la muerte de miles de civiles y niños y niñas si son incapaces de condenar el asesinato de miles de paisanos durante la represión franquista? La historia pasará factura de qué hizo la humanidad cuando se cometía la mayor masacre del siglo XXI. El pueblo también apuntará la actuación de los dirigentes políticos ante estos crímenes. Porque el pueblo, aunque lo ignoren, tiene memoria.

Por eso mismo, el pueblo organizado se ha rebelado contra su “concordia” y está recuperando la memoria de nuestro pasado más reciente. Un ejemplo lo tenemos este mismo domingo donde miles de personas vuelven a participar en la Columna de los 8.000, que pretende dar a conocer el trazado por el que huyeron todas las personas que conformaron el primer gran éxodo de la Guerra Civil del 36. Mucho se habla de la Desbandá, pero es de agradecer el esfuerzo de las asociaciones memorialistas, senderistas y otros tipos de organizaciones por recuperar estos hechos, que son unos de los más dramáticos de la historia reciente de nuestra comunidad.

Unos hechos históricos, que han estado sumidos en el olvido, debido a la complicidad de los hijos y nietos de aquellos franquistas que se alzaron contra el gobierno republicano democrático. Los mismos hijos y nietos que son hoy incapaces de condenar el genocidio gazatí.

Por todos ellos, por los masacrados entonces y por los de ahora, no nos vamos a rendir. Seguiremos reclamando verdad, justicia y reparación.

Nunca más serán los olvidados de anochecida en mitad del cerro. Nunca más serán los olvidados que resistieron a los bombardeos en las trincheras, a los que cantan Pedro Pastor y Rozalén. Nunca más porque no olvidaremos.

La condena a 27 años de prisión para el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en 2023 es una noticia histórica en un contexto político caracterizado por el auge de un nuevo fascismo y la impunidad del autoritarismo en grandes países del mundo. Aquella intentona golpista se inspiró en el asalto al Capitolio de Estados Unidos de enero de 2021 por los seguidores de Donald Trump. Por eso, la sentencia es un espejo en el que no se quieren mirar otros líderes seducidos por el autoritarismo. 

Hacemos un breve repaso que ayuda a comprender cómo se ha llegado a los hechos que se han juzgado este verano en Brasil, y con Bernardo Gutiérrez, colaborador de elDiario.es en Brasil, analizamos las claves de esta sentencia.

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