Eduardo Martos, alcalde del PP en Cogollos de Guadix (Granada) y diputado provincial, tendrá que ir a juicio después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Guadix lo haya decidido tras dar por finalizadas las pesquisas que investigan la presunta manipulación de las elecciones municipales de 2023 en su favor. Martos, que es regidor desde 2015, tendrá que responder por un presunto delito de fraude electoral, por el que la acusación, ejercida por Ciudadanos, le pide hasta seis años de cárcel. Si bien la Fiscalía pide el sobreseimiento, el alcalde también se enfrenta a 15 años de inhabilitación por los mismos hechos. De momento, el PP guarda silencio.

La apertura del juicio oral, adelanta por El Independiente de Granada y confirmada por elDiario.es Andalucía, se produce tras casi dos años de instrucción en los que se han analizado los empadronamientos de algunas de las personas que ejercieron su derecho al sufragio a través de correo. De hecho, en el propio auto, al que ha tenido acceso este medio, el juez señala que, pese a que Cogollos de Guadix es un municipio que en las elecciones locales de 2023 no llegaba a los 600 habitantes con derecho a voto, hubo hasta 92 personas que lo depositaron por correo. Un número “inusualmente alto para un pueblo tan pequeño y envejecido”, según el juzgado.

Los hechos por los que se investiga al alcalde Martos, y a una funcionaria del ayuntamiento para la que también se solicitan tres años de prisión, fueron denunciados por Ciudadanos, que logró un edil en los comicios y que, tras tener conocimiento de las presuntas irregularidades, acudió a la vía judicial. En concreto, las sospechas surgieron cuando una mujer de avanzada edad acudió a su colegio electoral para votar y, cuando iba a hacerlo, descubrió que aparecía en el listado como si ya hubiese votado por correo. Al comprobarse, la papeleta quedó anulada.

Los comicios se saldaron con una mayoría absoluta para el PP de Eduardo Martos, en una jornada en la que llegó a participar el 92% del censo. El Partido Popular obtuvo 286 votos y cuatro concejales, el PSOE logró 144 votos y dos ediles, mientras que Ciudadanos sumó 92 papeletas y consiguió un puesto en el ayuntamiento. Precisamente por lo anómalo de la alta participación y porque la formación naranja se quedó a las puertas de obtener dos concejales, desde Cs presentaron una denuncia alegando desde el primer momento que se había producido un “amaño”, tomando como base para la denuncia lo ocurrido con la mujer del voto doble.

Votantes que no residían en el municipio

La denuncia prosperó y el juzgado llegó a solicitar un informe a la Guardia Civil para investigar a parte de las personas que habían votado por correo. Según se desprende de dicho documento, al menos 15 de las 21 personas investigadas por fraude electoral en Cogollos de Guadix no residían en el municipio. Aun así, solicitaron el voto por correo y lo ejercieron en las elecciones municipales de 2023. Entre los investigados que sí vivían en el pueblo y que usaron esa vía para ejercer su derecho al sufragio figura incluso el alcalde Eduardo Martos.

No solo eso, en el auto de apertura de juicio oral también se señala otro hecho que estrecha el cerco sobre el alcalde. El juez apunta a que la señora mayor que se encontró con que ya había votado por correo sin ella haberlo hecho, contaba en ese momento con la ayuda profesional de una asistencia social que trabajaba en el Ayuntamiento de Cogollos de Guadix, puesto al que había accedido directamente, sin proceso de selección previo. Por ello, la asistenta también se enfrenta a una petición de cárcel por parte de Ciudadanos que asciende a tres años. Según consta en el escrito del Juzgado de Instrucción 2 de Guadix, el correo desde el que se habría depositado el voto de la mujer a la que cuidaba era el de su propio sobrino. Un sobrino que también habia estado vinculado laboralmente al Consistorio.

Mientras el PP guarda silencio a las preguntas de este medio, pese a la apertura de juicio oral y a la solicitud de dimisión que hacen los partidos de la oposición, la acusación, ejercida por Ciudadanos, sí muestra su “alegría”. “Este señor se había cogido a estos métodos y así ya llevaba tres legislaturas. A ver si hubiese justicia y se le pudieran parar los pies a este hombre para que no siga con lo mismo”, señalan desde la formación naranja, que consideran que las presuntas irregularidades habrían ido incluso más allá de los últimos comicios.

La denuncia que interpuso el PSOE contra el PP en Jaén el pasado 27 de mayo, horas antes de que abrieran las urnas para las últimas elecciones municipales, ha dado un giro inesperado menos de un año después. Si los socialistas proclamaron entonces que se estaba ante un caso de compra de votos, ahora un juez ha citado como investigados a tres dirigentes del PSOE jiennense, entre los que se encuentra el exalcalde de la capital, Julio Millán, y el actual secretario de Organización de los socialistas andaluces, Jacinto Viedma, al que Juan Espadas convirtió en su número 2 a finales de enero. A ambos se les acusa de un presunto delito de denuncia falsa.

El caso, que asimismo ha salpicado a la vicepresidenta tercera de la Diputación de Jaén, África Colomo (también investigada), tiene su origen en la denuncia que interpuso el PSOE acusando de comprar votos a dos concejales del PP en Jaén capital, Antonio Losa y Manuel Palomares. Horas después, el PP respondió denunciando al PSOE por “acusaciones falsas”. La denuncia socialista fue archivada en noviembre, pero pocos días antes la situación daba un vuelco cuando la Policía Nacional detenía a dos personas acusadas de un “montaje” para denunciar al PP por compra de votos.

La investigación a Viedma, Millán y Colomo, adelantada por el Diario Jaén, es por denuncia falsa. El Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén lo que quiere determinar es si el PSOE tuvo conocimiento desde el principio de que era falsa la denuncia que interpuso ante la Policía Nacional por la supuesta compra de votos desde el PP. La denuncia, por cierto, la presentó el propio Viedma en su calidad entonces de secretario de Organización de los socialistas jiennenses.

El sustituto de Noel López

Viedma, exconcejal, exalcalde, parlamentario andaluz desde 2015 y secretario de Organización en Jaén desde 2012, era la mano derecha del presidente de la Diputación y secretario general de los socialistas jiennenses, Francisco Reyes, hasta su nombramiento como número 2 regional. Sustituyó así en el cargo a Noel López, al que había regresado poco antes tras su renuncia en mayo del año pasado tras verse salpicado por el secuestro de una edil socialista en Maracena, un caso por el que finalmente no fue ni imputado.

Es decir, que el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, se ha topado con problemas judiciales con los dos secretarios de Organización que ha nombrado hasta la fecha desde su llegada a la Secretaría General a mediados de 2021. Esto supone, además, una nueva sacudida para los socialistas andaluces, que desde que Espadas asumió el liderazgo han encadenado momentos de zozobra uno tras otro.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha confirmado a Europa Press que el auto emitido con fecha 8 de abril por el responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén cita a los tres dirigentes socialistas a declarar como investigados el próximo 17 de mayo. Desde el PSOE de Jaén, por su parte, se ha expresado la “sorpresa” al conocer por los medios de comunicación el contenido de la providencia judicial que cita a estos tres dirigentes.

El PSOE recuerda que Viedma es aforado

Los socialistas subrayan que, a día de hoy, “las personas indicadas en los medios de comunicación no han recibido notificación, resolución o documento oficial alguno” procedente del Juzgado y, por tanto, desde el PSOE “se esperará a conocer los términos precisos de la misma para pronunciarse sobre el particular”. Además, en el caso de Jacinto Viedma se recuerda que es “pública y notoria su condición de parlamentario andaluz y, como tal, es aforado”, por lo que “no puede ser llamado por un Juzgado de Jaén a declarar como investigado”.

El PSOE manifiesta también “su plena y absoluta disposición a colaborar con la Justicia, como en todo momento se ha hecho en este asunto”. Asimismo, se reafirma en “la convicción de que las personas citadas siempre han actuado dentro de la más absoluta y estricta legalidad”.

Un caso de ida y vuelta

Este mismo juzgado fue el que decidió en noviembre de 2023 el archivo de la denuncia original interpuesta por el PSOE en vísperas de las municipales. Lo hizo en un auto en el que no se pronunciaba sobre la derivación que tuvo esta denuncia y que se corresponde con la detención de dos vecinos de Jaén por un presunto montaje sobre esa supuesta compra de votos. En ese contexto, la acusación particular ejercida por el concejal y diputado provincial del PP Antonio Losa y el ya exedil Manuel Palomares solicitó al juzgado la práctica de varias diligencias.

Fue el pasado mes de enero cuando el mismo juzgado que ahora los investiga rechazó la citación a declarar del exalcalde, Julio Millán, por el presunto montaje por compra de votos en las pasadas municipales. Tres meses después, y tras un recurso de reforma planteado ante el mismo juzgado pero ahora resuelto por el nuevo juez que se ha puesto al frente del juzgado, se cita a declarar a los tres dirigentes socialistas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha ordenado a última hora de este martes el ingreso en prisión de los cuatro detenidos de CPM de los seis arrestados durante esa jornada en la ciudad española del norte de África -los otros dos fueron detenidos en la península- por su presunta implicación en varias irregularidades cuando esta formación ostentó el Gobierno de la Ciudad en coalición con PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Ciudadanos) entre 2019 y 2023.

Los exconsejeros Dunia Almansouri, Rachid Bussián y Hassán Mohatar y la exviceconsejera Yonaida Sel-lam fueron conducidos durante la noche hasta el Centro Penitenciario de Melilla, esta última con la posibilidad de salir en libertad con cargos si abona la fianza que se le ha impuesto.

El actual vicepresidente segundo de la Asamblea de Melilla y exconsejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, Rachid Bussián, y la diputada de la oposición y exconsejera de Hacienda, Empleo y Comercio Dunia Almansouri, fueron puestos la tarde de esta martes a disposición judicial tras haber sido detenidos a primeras horas del día, dentro una operación contra el anterior principal partido del Gobierno de Melilla entre los años 2019 y 2023, Coalición por Melilla (CPM) por presuntos delitos de fraude en la contratación pública y malversación.

También fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla el exconsejero de Medio Ambiente Hassán Mohatar y la exviceconsejera de la Vivienda, Yonaida Se-lam, también exdiputados de CPM en la pasada la legislatura y que no fueron incluidos en las listas electorales de su formación en los comicios de mayo de 2023.

Estos cuatro cargos del Ejecutivo de coalición que gobernó Melilla desde junio de 2019 a mayo de 2023, conformado por CPM, PSOE y el presidente de la Ciudad Eduardo de Castro (expulsado de Ciudadanos en abril de 2021 acusado por su partido de no comunicar su imputación en un presunto caso de corrupción), forman parte de las seis detenciones realizadas este miércoles por la Policía Nacional en Granada y fundamentalmente en Melilla.

El quinto detenido es el presidente de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, que, según informó la Cadena Ser, fue arrestado en Santander, ciudad a la que acudió para una acción formativa en su condición de médico.

El sexto detenido sería Mohamed Ahmed, ex consejero de Distritos, cuyo arresto se produjo en su actual lugar de residencia, Granada.

Según fuentes policiales, los delitos investigados son pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, según informan fuentes policiales.

La Fiscalía Anticorrupción investiga una denuncia que acusa al Partido Popular de manipular y alterar el voto por correo en las últimas elecciones municipales y autonómicas en Melilla. Según ha sabido elDiario.es, el departamento que dirige Alejandro Luzón ha abierto diligencias después de una denuncia presentada por Coalición por Melilla acusando al partido de Alberto Núñez Feijóo de promover diversas irregularidades en el voto por correo de la ciudad autónoma.

La Fiscalía no especifica qué delitos concretos investiga y ahora tiene seis meses para investigar antes de presentar una denuncia o archivar el caso. El partido que denunció al PP en Melilla, CpM, forma parte a su vez de otra investigación bajo secreto de sumario de un juzgado que indaga en si esa formación, a su vez, participó en otro fraude en el voto por correo de esas mismas elecciones municipales y autonómicas.

Su denuncia contra el partido de Feijóo, según un escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso elDiario.es, “ha dado lugar a la incoación de diligencias de investigación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción”. Este escrito resume la denuncia: “Referida a la presunta manipulación y alteración de votos emitidos por correo una vez depositados en las Oficinas de Correos, cambiando las papeletas de Coalición por Melilla por las papeletas del Partido Popular”.

La denuncia que dio origen a este proceso fue presentada hace unas semanas en la Fiscalía General por Dunia Almansuri, cabeza de lista de Coalición por Melilla (CPM) en las últimas elecciones. Un documento en el que afirmaba que existían “sospechas fundadas” de “cambio, manipulación y alteración” de votos por correo una vez dejados en las oficinas. Según esta denuncia, votos emitidos a favor de su partido habrían sido cambiados por papeletas del Partido Popular. “La cadena de custodia de los votos depositados por correo se ha roto y, además, no ha funcionado como en elecciones anteriores”.

Este partido, cuyo líder fue condenado en firme precisamente por dos delitos electorales y uno de falsedad documental en el marco de la compra de votos por correo en comicios anteriores y que está bajo la lupa de la Justicia por hechos similares en las últimas elecciones, denuncia que en varias mesas electorales de un instituto público los votos a distancia se introdujeron por la mañana en las urnas, cuando la ley obliga a hacerlo al terminar las votaciones presenciales. También que las actas de varias mesas hicieron constar que algunos sobres de voto por correo estaban “sospechosamente manipulados”. Otras de las denuncias se correspondían con sospechas relativas a sensaciones de su partido sobre el resultado final o la “preocupación en el PP”.

Melilla fue el primer territorio donde la Justicia investigó un posible fraude en el voto por correo en las últimas elecciones municipales y autonómicas. El juzgado 2 de la ciudad autónoma abrió una investigación contra casi una decena de personas, entre ellas varias vinculadas a Coalición por Melilla, por supuestas irregularidades en miles de votos por correo. La exigencia de presentar el DNI para poder emitir el voto a distancia, impuesta por Interior tras estallar el escándalo, neutralizó más de 6.000 papeletas bajo sospecha.

El pasado 28 de mayo, el candidato popular Juan José Imbroda volvió a salir victorioso en las elecciones en Melilla con 14 escaños. El resto de escaños fueron repartidos entre Coalición por Melilla (5), PSOE (3), Vox (2) y Somos Melilla (1).

Mojácar retomó el ritmo político con la proclamación de Francisco García (PP) como nuevo alcalde el pasado viernes, veinte días después que en el resto del país. Sin embargo, la vida política este pueblo almeriense sigue lejos de la normalidad: el PSOE acaba de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, última bala que le queda para cuestionar directamente la validez de los resultados del escrutinio del pasado 28 de mayo. Los socialistas quieren que se anule la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que desestimó su recurso contencioso el pasado 3 de julio. Vulneraría, según ellos, el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la participación política, reconocidos por la Constitución.

En paralelo, un juzgado de instrucción de Vera mantiene abiertas sendas investigaciones por la presunta compra de votos por correo: en la primera de ellas hay una decena de investigados, dos de ellos integrantes de la lista socialista; en la segunda, hay al menos uno, vinculado al PP, y se mantiene secreta desde hace más de un mes.

El recurso de amparo de los socialistas, al que este medio ha tenido acceso, ahonda en la diferencia de trato que se dio a los votos por correo, a pesar de que sobre todos ellos existe una sombra de sospecha. Mientras que cuatro días antes de los comicios se requisaron y retiraron unos doscientos votos intervenidos por la Guardia Civil en registros en locales y viviendas vinculados a dos candidatos socialistas, el resto (unos 500, hasta 706) sí se depositaron en las urnas, sin que retiraran o se contaran aparte, como pretendía el PSOE, que hace tiempo que sospecha de que el PP recoge sufragios a cambio de puestos de trabajo.

“Agravio comparativo”: unos votos sí y otros no

Según los socialistas, no había ningún impedimento para que los votos intervenidos en los registros del 24 de mayo se depositaran en las urnas. “Y si lo hubiera, porque se encontraban bajo investigación judicial (…), entonces el resto de los votos por correo tampoco deberían de haberse depositado”, se añade en el recurso de amparo, que gira en torno a la idea de que se ha producido un “agravio comparativo”.

Es una reclamación que hasta ahora no ha tenido éxito. El 28 de mayo, Manuel Zamora, secretario general del PSOE de Mojácar, presentó un escrito en todas las mesas electorales, pidiendo la intervención y custodia de todos los votos por correo “con el fin del análisis pericial/judicial” y para respetar el “principio de no discriminación en relación a los votos retenidos por la autoridad”, pero los presidentes de las mesas no le hicieron caso.

Según el recurso que ahora presentan los socialistas, esto vulneraría el principio de igualdad ante la ley (artículo 14 de la Constitución) y el derecho al sufragio activo (artículo 23) de los votantes que, según el PSOE, les habían entregado libremente su voto.

Hace tiempo que el voto por correo está bajo sospecha en Mojácar. Es extraordinariamente alto, al menos desde 2015, y alcanzó su cima en las pasadas elecciones municipales, cuando uno de cada cuatro votantes lo fue por correo. Después de años de denuncias, un juzgado investiga ahora a personas vinculadas tanto al PSOE como al PP por esta práctica. Y el PSOE razona que no vale dejar pasar unos votos sí y otros no si hay una sospecha general sobre el voto por correo. Esto crearía, dicen, una “desigualdad manifiesta” “no solo a los partidos políticos, sino también a los ciudadanos de Mojácar”.

El PSOE cree que la irregularidad es tan grande que, de no haberse producido, el resultado podría haber sido otro. Las matemáticas confirman la importancia del voto por correo: el pasado 28 de mayo el PP volvió a imponerse con 1.596 votos (ocho concejales) frente a 1.138 del PSOE (cinco ediles). Al PP, cada concejal le “costó” unos 200 votos, por unos 230 sufragios que “costó” cada edil socialista. Los 706 votos por correo que se emitieron en las pasadas elecciones suponen precisamente tres concejales, suficientes para decantar el resultado.

Manuel Zamora acusa a la exalcaldesa de abrir Mojácar “en canal”

Este recurso ya no produce ningún efecto suspensivo en la vida política municipal, a diferencia del interpuesto ante el TSJA que obligó a retrasar la constitución del ayuntamiento hasta el pasado viernes. En ese Pleno, Manuel Zamora afeó a Rosa María Cano (alcaldesa saliente y ahora número 2 del PP) haber “abierto en canal” al municipio, del que dijo que está “totalmente dividido”. Cano, que no tenía el uso de la palabra, no replicó. Tampoco lo hizo el alcalde electo, Francisco García, que estaba a su lado.  

“Usted disfruta viendo cómo, a cambio de un trabajo, ejerciendo presión desde la alcaldía contra cualquier ciudadano, se consigue que acabe votándole”, le espetó. “Le han votado por correo empleados del Ayuntamiento, empleados de empresas que prestan trabajos para el Ayuntamiento, personas que percibían ayudas sociales, futuros bomberos de la convocatoria que acaba de hacer, personas a las que presuntamente desde estas oficinas se emitía certificado digital porque, con alzhéimer, ningún notario le hubiera dejado votar”.

Zamora dijo confiar en que “la Justicia aclare esta situación cuanto antes”, pero las investigaciones ante el juzgado de instrucción 4 de Vera avanzan lentamente. 

Finalmente, el PP se ha llevado el gato al agua en el municipio almeriense de Carboneras. De esta manera, el candidato popular, Felipe Cayuela, ha sido elegido este viernes nuevo alcalde al obtener siete de los 13 votos de la corporación local gracias al apoyo del único edil de Ciudadanos y exregidor independiente, Salvador Hernández.

Por su parte, José Luis Amérigo (PSOE), que también obtuvo seis concejales aunque menor número de votos en la última cita electoral municipal, pasa a la oposición tras cuatro años de mandato tras un pleno que por fin ha podido celebrarse tras ser aplazado por la interposición de un recurso contencioso-electoral de los socialistas por las presuntas irregularidades en el voto por correo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA) falló que, sobre la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 4 de Vera por presunto fraude electoral del PP por compra de votos, debe ser la jurisdicción penal la que “determine la existencia de los graves hechos que se denuncian” y destacó que la “mera interposición de dicha denuncia penal no puede determinar la invalidez del proceso electoral. Trasladó que no se podía ”adelantar ahora su incidencia en el resultado electoral“ y apuntó que los indicios que aportó el PSOE sobre una supuesta venta de votos por correo ”a favor del PP“ no pasan de ser ”meras alegaciones insuficientes para anular el resultado electoral“.

'La muerte tenía un precio'

La sesión plenaria, que se ha iniciado a las 10 horas y ha sido retransmitida por el PP en sus redes sociales, se ha desarrollado en un ambiente tenso, propio del que ha sido un “final de infarto”. A pocas horas de su celebración, Cayuela transmitía “no saber quién” sería el alcalde, y aseguraba que su grupo había hecho “todo lo que consideramos justo, honesto y normal para llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes”, en alusión a Ciudadanos.

Por su parte, el PSOE carbonero se reunió a última hora del jueves en asamblea extraordinaria con un único punto en el orden del día: definir el “posicionamiento político” para el mandato de 2023-2027. Entre ambas formaciones, el concejal de Ciudadanos, Salvador Hernández, quien ha dado su voto finalmente al PP para decidir el duelo con una votación en urna que ha estado amenizada en hasta dos ocasiones con la banda sonora de Ennio Morricone para La muerte tenía un precio sonando en el móvil de uno de los asistentes.

En su primer discurso como alcalde, Felipe Cayuela ha destacado el “apoyo mayoritario” obtenido el pasado 28 de mayo hasta llegar a ser la fuerza política “que más respaldo ha tenido”, y ha afirmado que su mandato estará guiado por “la transparencia, el diálogo y la toma de decisiones buscando el interés general de los carboneros siempre”.

Entre la “humildad” y la “honestidad”

“Seguiremos trabajando por el bien de Carboneras, con esfuerzo y con mucha humildad, para lograr el mayor progreso y desarrollo de nuestro pueblo”, ha trasladado para añadir que su “puerta estará abierta para lo que necesitéis” ya que “esto es un trabajo de toda la corporación”.

Por su parte, el alcalde saliente, José Luis Amérigo, ha defendido el trabajo hecho por el PSOE “siempre desde la honestidad” y ha definido su etapa al frente del Ayuntamiento de Carboneras como una “aventura bonita”.

Ha indicado que, desde la oposición, estarán “vigilantes”, si bien ha asegurado que el “nuevo equipo de gobierno que se conforme tras el pleno nos tendrá a su lado en las decisiones que sean buenas para el municipio”. “Tendremos siempre ánimo de cooperar si actúan con transparencia y para el bien común”, ha finalizado.

El Ayuntamiento de Mojácar, el municipio del Levante almeriense en el que se acumulan las sospechas de fraude electoral, no se constituirá este sábado. El PSOE ha interpuesto un contencioso electoral que impugna el resultado de las elecciones del pasado 28 de mayo, en las que el PP obtuvo ocho concejales, por cinco de los socialistas. La ley suspende automáticamente la constitución de las corporaciones (es decir, la toma de posesión de concejales y alcaldes o alcaldesas) cuando se presenta un contencioso electoral.

La Junta Electoral Central rechazó este jueves el recurso de los socialistas contra los resultados de Mojácar, pero el PSOE ha decidido llevar su protesta hasta el final, ahora con un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Aunque inicialmente se había previsto la constitución del Ayuntamiento para el sábado a las 12.00 horas, fuentes municipales confirman que no ocurrirá.

Le Ley Electoral dispone que los ayuntamientos se constituyen el vigésimo día posterior a las elecciones, este sábado, salvo que se haya interpuesto un recurso contra los resultados, en cuyo caso se constituyen 40 días después. Sería el 7 de julio.

“Agravio comparativo”, según el PSOE: unos votos valen y otros no

La suspensión del Pleno se produce un día después de que la Junta Electoral Central (JEC) rechazara el recurso del PSOE por la “imposibilidad” de comprobar los hechos que denuncian los socialistas y en aplicación del “principio de conservación de los actos electorales”. Los socialistas advirtieron a la JEC de que había indicios de fraude en el voto por correo en Mojácar, debido a las recompensas que habría ofrecido el PP a cambio de sufragios. Estos indicios están siendo investigados por el juzgado de instrucción 4 de Vera en una pieza separada de la causa en la que se investiga, también, la presunta compra de votos por correo para el PSOE.

La JEC admitía la “relevancia y gravedad” de las presuntas irregularidades, pero prefirió no alterar el proceso. Ahora, el PSOE ha interpuesto un recurso en la misma línea, que tiene el efecto de provocar la suspensión automática de la constitución del Pleno.

Los socialistas denuncian la discriminación que se habría cometido entre los electores cuyo voto por correo fue requisado en los registros que realizó la Guardia Civil cuatro días antes de las elecciones, y el resto de quienes sí votaron por correo, hasta 706 personas, cuyo sufragio se contabilizó sin problemas. Los socialistas subrayan que se restringió el derecho al sufragio de varios ciudadanos que entregaron libremente la papeleta. Y creen en todo caso que si el voto por correo está bajo sospecha, deberían haberse requisado todos, y no solo los que encontraron en los registros practicados, entre otros, a dos miembros de la lista socialista. 

Investigación penal paralela y una denuncia histórica del PSOE

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA deberá resolver este recurso mientras en paralelo un juzgado de Vera investiga, por la vía penal, las sospechas de fraude. El recurso contencioso electoral es urgente y prioritario, y en él interviene también la Fiscalía.

La interposición del recurso llevará la constitución del ayuntamiento al 7 de julio, en un contexto marcado por las sospechas cruzadas de fraude. La UCO detuvo el 24 de mayo a siete personas, entre ellas dos integrantes de la lista del PSOE, por las sospechas de que compraban votos por dinero. Les intervino 200 resguardos. Un día después de los comicios, se supo que el juzgado también tenía una pieza separada en la que investigaba la presunta compra de votos por parte del PP, y en la que investigaba a un simpatizante y antiguo apoderado de los populares.

Las denuncias de fraude electoral en Mojácar vienen siendo reiteradas por el PSOE desde hace una década, sin que hayan desembocado en nada hasta ahora. En este pueblo de 7.500 habitantes, uno de cada cuatro votantes en las municipales lo hace por correo, un porcentaje que ha ido creciendo en los últimos años y que multiplica por ocho la media nacional. Los vecinos admiten abiertamente la práctica arraigada de la compra de votos. 

La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mula, en auto notificado este miércoles, acuerda que se cite a declarar a 16 personas en calidad de investigados por un presunto delito electoral en Albudeite.

En la misma resolución, la juez también acuerda que se cite a declarar como testigos a 20 personas a las que “presuntamente se habría ofrecido dinero a cambio del voto”.

De acuerdo a lo actuado y a las intervenciones telefónicas realizadas, existen indicios de que los investigados “habrían desarrollado actividades orientadas a la obtención del voto a cambio de cantidades de dinero y objetos, desarrollando actuaciones de intermediación u ofrecimiento directo a vecinos de la localidad, llegando incluso a recibir la documentación del voto por correo de terceros y gestionar el mismo mediante su presentación en las oficinas de correos”, explica la resolución.

Por último, la juez deniega la práctica de diligencias solicitadas por el Partido Popular “por exceder el ámbito objetivo, espacial y temporal de las presentes diligencias previas”.

El juzgado abrió esta causa independiente cuando, de forma inesperada, en unas medidas acordadas en otro procedimiento por presunto delito de tráfico de drogas se advirtió la posible existencia de compra de votos.

La candidata socialista, también investigada

Entre los investigados en el proceso está la candidata socialista a la alcaldía en el municipio, Isabel de los Dolores Peñalver. Héctor Antonio Martínez, número 19 de la lista de Pepe Vélez a la Asamblea Regional, también ha sido citado para declarar como investigado junto a otros 3 miembros del PSOE en Albudeite.

“Esta mañana (por la del jueves) nos han citado a declarar pero no nos han explicado por qué; he leído en la prensa que es presuntamente por compra de votos pero es completamente falso, los únicos que compran votos en el municipio desde hace años son los miembros del PP, yo jamás me he acercado a pedirle nada a nadie”, aseguró en declaraciones a elDiario.es Región de Murcia Héctor Antonio Martínez. “No quiero hacer daño al PSOE, por eso he puesto a disposición del partido mi candidatura; esta Región se merece un cambio, y yo me aparto hasta que eso se aclare”, ha añadido. “Además, el disparate cada vez está llegando más lejos; ninguno de los que estábamos allí (del partido) sabíamos de qué se nos acusaba”.

El investigado llegó a asegurar que el el PP “tiene miedo de que ganemos”, dando a entender que esta operación podría responder a una “artimaña” de los populares. “Ahora el daño ya está hecho, y cuando se demuestre que no ha habido compra de votos, veremos qué medios se hacen eco”. En estas elecciones municipales, el PP volvió a ganar, dando continuidad a sus 12 años de gobierno en la localidad.

El PSOE emitió un comunicado en el que dejó claro que no van a tolerar “ningún tipo de falta de ejemplaridad en nuestra organización; no nos tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal o fuera de ética”. Y añadió que “de confirmarse los hechos, se tomarán las medidas pertinentes que, en el caso de afectar a un militante de nuestra organización, pasarán por la expulsión inmediata del partido y el cese de todos los cargos que ocupe”.

En la supuesta trama del fraude en el voto de Mojácar hay una certeza y una duda. La certeza es que algo pasa con el voto por correo en Mojácar. La duda es qué pasa exactamente y quién se beneficia. Aunque inicialmente las sospechas de compra se dirigieron contra el PSOE, el juzgado de instrucción 4 investiga también si se benefició el PP, cuya supuesta implicación empezó a conocerse justo después de las elecciones, a raíz de la detención de un apoderado. Había pasado casi una semana desde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuviera a siete personas, dos de ellas integrantes de la lista socialista, y les interviniera doscientos resguardos de voto por correo.

Dos semanas después, las respuestas espontáneas de los vecinos podrían dividirse en cuatro grupos: “1) Dicen que el PSOE…; 2) Dicen que el PP…; 3) Todos son corruptos; 4) Yo no sé nada”. “Esto pasa desde las primeras elecciones después de Franco”, lanza un vecino justo al lado de la Oficina de Correos de Mojácar Playa, epicentro del escándalo, que advierte de los intereses en la zona que se reparten “cuatro o cinco familias”. “Yo lo había escuchado muchas veces… Pero del otro lado. Ya sabes lo que se dice en los pueblos: que ese trabaja ahí porque es del PP, y que la alcaldesa ayuda a los suyos”, cuenta una mujer extranjera que lleva 30 años en Mojácar.

Los detenidos lo fueron precisamente por algo que el PSOE local lleva mucho tiempo denunciando: el voto por correo es un mecanismo muy útil para ganar elecciones, y para ganárselo hay que prometer cosas. Sin embargo, desde hace dos semanas, algo ha cambiado en este turístico municipio del levante almeriense (7.527 habitantes), donde todos los vecinos consultados dicen haber escuchado desde hace mucho que se compran votos con dinero o con trabajos, pero nadie admite venderlos o conocer a quien lo venda.

Lo que ha cambiado es que ahora todo eso se ha puesto bajo el foco.

Una alcaldesa del PP que fue concejala socialista

Mojácar es una excepción histórica dentro del levante almeriense, más proclive a alcaldías socialistas que el Poniente. Aquí, el PP ha ganado todas las elecciones municipales desde 1999. Desde 2007, la alcaldesa es Rosa María Cano, una histórica que llegó a la política municipal precisamente de la mano del PSOE, pero que en 1992 renunció a su acta de concejal con los socialistas. Lo que vino después fue una larga carrera política en el PP. Tras 16 años siendo alcaldesa, en estos comicios iba como número dos.

A pesar de su paso atrás, las elecciones del 28 de mayo calcaron los resultados de 2019: ocho concejales para el PP, cinco para el PSOE, y una diferencia entre ambos de 458 sufragios, algo menos que en 2019. En Mojácar se reparten 13 actas de concejal, y cada una “cuesta” unos 230 votos. Con esos márgenes, asegurar un puñado de sufragios cara a cara, de la forma que sea, puede ser determinante. En Carboneras, municipio vecino y de tamaño similar, también está en cuestión el alto porcentaje de voto por correo, después de que el PSOE también haya denunciado allí un presunto fraude.

Manuel Zamora, el candidato del PSOE en Mojácar, está convencido de que este año podían ganar, pero que el PP activó el “cinturón de seguridad” del voto por correo, movilizando a votantes que “deben favores” o tenían dudas. Lo dijo antes de que la intervención policial golpeara su candidatura. El 16 de mayo acudió a la Guardia Civil de Garrucha, y denunció que se habían solicitado e instalado muchos certificados digitales desde el ayuntamiento (supuestamente, para solicitar el voto desde allí). Aportó el nombre de dos personas que podían probar que no era necesario solicitar o recoger presencialmente el voto. Y añadió que muchos beneficiarios de las cestas de Navidad estaban votando por correo.

Ocho días después, se encontró con que al PSOE le estallaba en la cara precisamente lo que él denunciaba: el 24 de mayo, cuatro días antes de las elecciones, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvieron a siete personas, dos de ellas integrantes de la lista socialista, de las que se sospecha que compraban votos de la comunidad latinoamericana. Solo tras los comicios se supo que las sospechas del juzgado se extendían también al PP.

La hipótesis de los socialistas es que el PP maniobró para instrumentalizar una investigación que afectaba al PSOE, detonada cuando más daño electoral podía causarles, pero menos efecto podía tener, pues los votos por correo ya se habían enviado. Aquel día, llamó la atención la sordina con la que el alto mando popular se hizo eco de una noticia que era un caramelo simbólico: los socialistas de Mojácar, municipio de veraneo de Pedro Sánchez y de Félix Bolaños, bajo la sombra de la compra de votos.

Ocho veces más de voto por correo que la media nacional: “Todos nos conocemos”

Zamora cree que pasarán años antes de que algo se aclare. En estos días, el juzgado de instrucción 4 de Vera ha llamado a declarar a decenas de testigos. Hay diez investigados en la causa por la presunta compra de votos para el PSOE, y al menos uno en la pieza separada (y aún secreta) que se centra en la presunta compra para el PP. Además, ese juzgado remitió al decanato de Almería una denuncia del PSOE contra el PP, por presunto fraude electoral.

Es una certeza la extraordinaria cifra de voto por correo en las elecciones municipales. “Pasa en Mojácar. De siempre”, admite la alcaldesa. ¿Por qué? “Supongo que prefieren no ver la presión que puedan hacer los dos partidos. Somos muchos los interventores y apoderados. No es apetecible ver a tanta gente pendiente de la gente que llega. Todos nos conocemos”, comenta la regidora, que añade que muchos vecinos trabajan los domingos.

Estos son los datos. En 2015, votó por correo el 9,93% de los censados y el 15,33% de quienes efectivamente ejercieron su derecho a voto. En 2019, las cifras crecieron: 12,6% y 17,7%, respectivamente. Y el pasado 28 de mayo, el gran salto: la Guardia Civil se ha incautado de 706 sobres de voto por correo, lo que significa que el voto por correo representa el 17,9% del censo (3.939) y el 24,5% de los votos emitidos: una de cada cuatro personas que votaron en Mojácar el 28 de mayo lo hizo por correo. Por comparar: en las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019, el porcentaje de voto por correo fue del 2,93% sobre el censo. En municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes, como Mojácar, fue del 2,78%. Ocho veces menos.

La alcaldesa de Mojácar explica así lo que ha ocurrido este año: “Había una situación muy tensa, me manifestaron muchísimas personas que ese día no querían acudir al centro electoral. Desde el primer momento hubo amenazas por parte del PSOE. Lamentablemente, la situación se crispó bastante más a última hora. Por eso mucha gente prefirió ese día no ir a votar”.

El plazo para votar por correo finalizaba el 24 de mayo, el día en que la UCO lanzó su operación.

Denuncias del PSOE que se remontan a 2011

En 2019, el PSOE denunció estas cifras y otras sospechas de manipulación electoral ante la Junta Electoral Provincial (JEZ) de Almería. Los socialistas explicaban que en los alrededores del colegio electoral había una “presencia masiva” de apoderados, interventores y colaboradores del PP que “entregan votos y acompañan al votante hasta la urna para asegurarse que los introducen correctamente”.

En ese escrito se asegura también que la alcaldesa y su equipo habían prometido y concedido presuntamente “dádivas” a cambio del voto en 2011 y 2015, y “puestos de trabajo y relaciones comerciales” con el ayuntamiento en aquellos comicios, sugiriendo a la JEZ que comprobara cuántos votantes por correo habían trabajado para el ayuntamiento a través de programas de empleo o subcontratas, o habían recibido ayudas sociales.

Además, le informaba de que el Juzgado de Instrucción 1 de Vera investigaba al entonces teniente de alcalde por el empadronamiento de diversos vecinos antes de las elecciones municipales de 2015. La Policía Judicial observó “indicios racionales que acreditarían que los empadronamientos” de al menos tres “se podrían haber efectuado de forma manifiestamente irregular”. De 2011 a 2015, el censo electoral creció en 366 personas, el 8,8%. No encaja con las cifras del INE, que reflejan un sensible descenso de la población mojaquera en ese periodo: de 8.090 en 2011 a 6.825 en 2015.

“Nadie nos hizo caso”, lamenta Zamora, que no ha tenido más noticias de aquella investigación judicial, y ha visto este año cómo la UCO sí encontraba la aparente “pistola humeante” en manos de dos miembros de su lista electoral.

El PSOE pide repetir las elecciones

Zamora admite que había oído rumores (“dicen que estáis ofreciendo euros”), pero los atribuyó a “la mierda que nos tira el PP”. Sigue defendiendo la presunción de inocencia para sus dos compañeros de lista, personas influyentes en el pueblo. Su situación es una patata caliente: el PSOE los apartó, pero no podían renunciar a la lista y parece que recogerán el acta. “Creo que se irán al Grupo Mixto, y cuando queden absueltos volverán”, vaticina Zamora, que insiste: le gustaría saber dónde están los resguardos de los 500 votos por correo restantes. “En las semanas anteriores, el entorno del PP alardeaba de que tenían 400 amarrados. Me gustaría que se auditaran los certificados digitales emitidos desde el ayuntamiento”.

El PSOE solicitó que el voto por correo se escrutara aparte, pero no tuvo éxito. En cambio, la Guardia Civil sí requisó los votos de varios ciudadanos extranjeros encontrados en los registros. Los socialistas creen que si el voto por correo está bajo sospecha, no cabe requisar algunos y dejar pasar el resto. Por eso, han impugnado las elecciones ante la Junta Electoral Central.

La alcaldesa dice que no está “nada preocupada”: “No creo que se haya vulnerado ningún derecho fundamental”. Zamora, por su parte, aboga por una solución improbable: “Yo quitaba el voto por correo en las municipales. Da lugar a fraude. Si estás, bien; y si no, nada”. 

La Junta Electoral Central analiza ya el recurso del PSOE de Mojácar (Almería) por la presunta trama de compra de voto por correo después de que este mismo martes la Junta Electoral de Zona de Vera haya notificado a los representantes socialistas la resolución que deriva dicho recurso a la autoridad electoral, indican fuentes socialistas.

El PSOE está cumpliendo con lo anunciado días atrás para la impugnación de las elecciones municipales en Mojácar (Almería) tras la opración policial que investiga un juzgado de Vera y que mantiene a once personas investigadas, entre ellas los números 2 y 5 de la candidatura socialista (Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno) y un funcionario municipal, sepulturero en la localidad y apoderado del PP de Mojácar en las municipales de 2019, identificado como L.M.L.R. y conocido como Luisón.

Los plazos son rápidos en esta cuestión ya que, de acuerdo al artículo 108.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), al día siguiente de haberse interpuesto un recurso la Junta Electoral remitirá el expediente, con su informe, a la Junta Electoral Central, como ha hecho este martes, emplazando a a los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción para que puedan comparecer ante la Junta Electoral Central dentro del día siguiente. Después, la Junta Electoral Central resolverá el recurso. De ser rechazada de nuevo la solicitud del PSOE, las fuentes aseguran que se interpondrá un recurso contencioso electoral

El PSOE denunció al PP por “preparar” votos por correo una semana antes de la detención de dos de sus candidatos. Días después trascendió que el sepulturero de Mojácar se convertía en el octavo investigado en la presunta trama de compra de voto por correo y que había quedado “fuera del radar” de los investigadores de la UCO en el transcurso de las diligencias practicadas por orden del juez.

El “aval” de los sobres intervenidos

Cabe recordar que, tras el 28M, nada ha cambiado la configuración de la corporación local de Mojácar con respecto a 2019 tras la operación policial del 24 de mayo, a cuatro días de las elecciones. El PP ha revalidado la mayoría absoluta aunque ha perdido casi medio punto de apoyo, mientras que las detenciones de los dos candidatos del PSOE no han repercutido en los socialistas ya que incluso se incrementó el apoyo en porcentaje de votos (del 38,64% en 2019 a 40,44% este domingo). En términos absolutos, los populares pasaron de 1.692 votos a 1.596 y el PSOE apenas perdió siete votos, pasando de 1.145 en 2019 a 1.138 en la jornada electoral.

Durante el 28M, según informó Europa Press, agentes de la Guardia Civil intervenieron un total de 701 sobres de voto por correo en las siete mesas electorales instaladas en el municipio en respuesta al escrito presentado ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) por el candidato socialista, Manuel Zamora, quien solicitó que se custodiaran para que se proceda a su “análisis pericial/judicial”.

Así consta en el escrito que el primer candidato del PSOE, Manuel Zamora, presentó a los presidentes de las siete mesas electorales de Mojácar, al que tuvo acceso este periódico, y donde consideraba que “teniendo conocimiento del extraordinario número de votos por correo” en estas elecciones en Mojácar con diferencias “notables porcentuales” en ese sentido respecto a las nacionales, autonómicas y locales amén de los “acontecimientos acaecidos”. La custodia de esos votos podrían “constituir una aval para la determinación del esclarecimiento de los acontecimientos” y que hacen que se trate, a juicio de Zamora, de unas elecciones “viciadas”, quien comenta a este medio que la alcaldesa “se llevó rápidamente a una vecina a la que no dejaron votar porque le dijeron que ya había votado por correo y ella lo negaba”.

El PSOE está dilucidando si da los pasos para la impugnación de las elecciones municipales en Mojácar (Almería) a raíz de la presunta trama de compra de voto por correo que investiga un juzgado de Vera y que mantiene a once personas investigadas, entre ellas los números 2 y 5 de la candidatura socialista (Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno) y un funcionario municipal con “vinculación” al PP, identificado como L.M.L.R.

Según ha podido saber elDiario.es Andalucía, representantes del PSOE se disponían a exponer de forma oral una serie de alegaciones ante el presidente de la Junta Electoral de Zona (JEZ), en este caso de Vera, para que tuviera conocimiento de los motivos que llevan al partido encabezado por Manuel Zamora en la localidad almeriense a pedir la impugnación. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). prevé en su artículo 103 que “el escrutinio general se realiza el quinto día siguiente al de la votación, por la Junta Electoral que corresponda, según lo establecido en las disposiciones especiales de esta ley”, momento al que esperaban para presentar las alegaciones.

Sin que pueda confirmar que así haya sido, Zamora explica a elDiario.es Andalucía que “no está decidido aún” la presentación de un recurso electoral pero que se está “perfilando” para dar el paso, asegurando que hasta el mediodía de esta viernes no se había presentado escrito alguno.

La exposición oral supondría el “pistoletazo de salida” de un procedimiento de “díficil” éxito pero en el que tienen la seguridad de que se han cometido irregularidades, afirman las fuentes, que reconocen que no existen precedentes de que se hayan tenido que repetir una elecciones a nivel local “pero también es verdad que nunca se habían dado unas elecciones con estas características”, anunciando que esa vía contenciosa discurriría “de forma paralela” a la vía penal. En el PSOE aseguran tener “datos suficientes para ir en contra de los números 1 y 2 del PP” en el municipio, añaden.

El PSOE denunció al PP por “preparar” votos por correo una semana antes de la detención de dos de sus candidatos. Días después trascendió que el sepulturero de Mojácar se convertía en el octavo investigado en la presunta trama de compra de voto por correo y que había quedado “fuera del radar” de los investigadores de la UCO en el transcurso de las diligencias practicadas por orden del juez.

Más de 700 sobres intervenidos

Cabe recordar que, tras el 28M, nada ha cambiado la configuración de la corporación local de Mojácar con respecto a 2019 tras  la operación policial del 24 de mayo, a cuatro días de las elecciones. El PP ha revalidado la mayoría absoluta aunque ha perdido casi medio punto de apoyo, mientras que las detenciones de los dos candidatos del PSOE no han repercutido en los socialistas ya que incluso se incrementó el apoyo en porcentaje de votos (del 38,64% en 2019 a 40,44% este domingo). En términos absolutos, los populares pasaron de 1.692 votos a 1.596 y el PSOE apenas perdió siete votos, pasando de 1.145 en 2019 a 1.138 en la jornada electoral.

Durante el 28M, según informó Europa Press, agentes de la Guardia Civil intervenieron un total de 701 sobres de voto por correo en las siete mesas electorales instaladas en el municipio en respuesta al escrito presentado ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) por el candidato socialista, Manuel Zamora, quien solicitó que se custodiaran para que se proceda a su “análisis pericial/judicial”.

Así consta en el escrito que Zamora presentó a los presidentes de las siete mesas electorales de Mojácar, al que ha tenido acceso este periódico, y donde consideraba que “teniendo conocimiento del extraordinario número de votos por correo” en estas elecciones en Mojácar con diferencias “notables porcentuales” en ese sentido respecto a las nacionales, autonómicas y locales amén de los “acontecimientos acaecidos”. La custodia de esos votos podrían “constituir una aval para la determinación del esclarecimiento de los acontecimientos” y que hacen que se trate, a juicio de Zamora, de unas elecciones “viciadas”, quien comenta a este medio que la alcaldesa “se llevó rápidamente a una vecina a la que no dejaron votar porque le dijeron que ya había votado por correo y ella lo negaba”.

Sus iniciales corresponden a L.M.L.R. y es el sepulturero de Mojácar. Es el octavo investigado en la presunta trama de compra de voto por correo en Mojácar (Almería), en este caso por beneficiar supuestamente al PP, y es funcionario municipal, además de tener “vinculación al partido”.

El nuevo imputado había quedado “fuera del radar” de los investigadores de la UCO en el transcurso de las diligencias practicadas por orden del juez que explotaron el pasado 25 de mayo con la detención de siete personas, entre ellas los números 2 y 5 de la candidatura del PSOE en Mojácar, según fuentes de la investigación.

Fue uno de los arrestados el que le señaló como “implicado” en la supuesta compra de votos, pero a “beneficio del PP”, en declaración que hizo en el juzgado de instrucción, y después de negarse a prestar testimonio ante la Guardia Civil.

El juez ofició entonces a la UCO para que lo citase a declarar como investigado. Una vez compareció, se comprobó que constaban delitos previos que le han llevado a prisión. Fuentes del caso han precisado que la condena que ha llevado a la cárcel al investigado fue por adquirir un saxofón que había sido robado por terceras personas en un establecimiento hostelero de Mojácar y, posteriormente, hacer entrega por “250 euros” del instrumento musical a su legítima dueña.

Orden de busca y captura en agosto de 2020

La orden de busca y captura la emitió el Juzgado de lo Penal 1 de Almería en agosto de 2020, a raíz de ser condenado a seis meses de prisión como autor de un delito de receptación (cometer un delito sobre otro delito, en este caso, el robo del saxofón), y le fuera denegada la suspensión de la pena ya que, en el momento de esos hechos, contaba con diferentes antecedentes penales por amenazas, robo con violencia, falsedad en documento público y apropiación indebida.

Pieza separada y secreta

Fuentes de la investigación han precisado que el juez mantiene el secreto de actuaciones en la pieza separada que ha incoado a raíz de estas nuevas revelaciones y que la investigación para que se esclarezcan los hechos, en este caso relacionados con el PP, está aún en marcha y “abierta”.

No obstante, sí ha alzado el secreto de sumario de las diligencias abiertas en relación con el PSOE por la que están investigadas diez personas, seis de nacionalidad española y tres ciudadanos de Paraguay, Ecuador y Colombia.

De los siete primeros detenidos, seis pasaron a disposición judicial el viernes antes de las elecciones locales y fueron puestos en libertad provisional como investigados después de que se negaran a declarar. El primero de ellos, el exconcejal del ya extinto PA Pedro Montoya declaró el jueves anterior ante el juez y también quedó en libertad provisional. Los tres investigados restantes aún están pendientes de ser citados por el órgano judicial.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vera ha ordenado a la Guardia Civil que investigue un presunto caso de delito electoral en el municipio de Carboneras (Almería), donde el PSOE ha denunciado al PP por su supuesta implicación en la compra de votos. El juez ha oficiado a la Policía Judicial para que indague si ha existido un caso de “fraude” en el “sistema de votación” tras la denuncia presentada por “un partido político”, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Al margen de esta denuncia, con la que se aporta una grabación y que el pasado día 25 interpuso el PSOE, la Guardia Civil ha dado trámite a una segunda denuncia interpuesta por Ciudadanos este lunes y en el mismo sentido.

Fuentes del caso han indicado a Europa Press que la denuncia de CS relata un incidente ocurrido en un colegio electoral del municipio en el que una persona, a quien identifica, habría reconocido en presencia de apoderados y candidatos de otros partidos, así como de un agente de la Policía Local y los integrantes de la mesa, que le “habían entregado 50 euros a cambio de su voto”.

Una llamada telefónica

Ambas denuncias, las del PSOE y la de Ciudadanos, apuntan al PP. La grabación que aportan los socialistas carboneros es de una llamada telefónica en la que supuestamente el hermano de uno de los candidatos 'populares', se dirigiría a uno de los concejales del PSOE en el Ayuntamiento “asegurando que el aspirante a la Alcaldía por el PP, Felipe Cayuela, está comprando votos”.

Conforme a la denuncia de la que informó el PSOE, habría sido el pasado 18 de mayo cuando un hermano del candidato del PP --que también aparece en la denuncia de Ciudadanos-- contactó con el concejal socialista a través de mensajería de Facebook. En el contenido de su mensaje, “tras identificarse por su nombre”, le habría ofrecido “tres votos, que se están comprando este año a 100 euros cada uno”.

En un comunicado, los socialistas precisaron que el edil asegura, asimismo, que habría recibido después varias llamadas de esta misma persona a través de la misma plataforma, por lo que le devolvió la llamada esta vez con dos concejalas del gobierno municipal “como testigos y siendo la llamada grabada”.

“El hermano del candidato del PP manifiesta entonces que si el PSOE quiere comprar los votos de su madre, de su hermana y de su sobrino, que otros lo están haciendo y, a pregunta del concejal de qué otros, manifiesta que Felipe”, recogía.

A esta conversación transcrita y grabada, se añadía que habría “otras evidencias” que vendrían a “ratificar los hechos” y aludía a la publicación en la red social Facebook de conversaciones por parte de particulares “denunciando el intento de compra de votos” con 'pantallazos“ adjuntos.

El PSOE informó, asimismo, al juzgado instructor del incremento “en mucho” del voto correo y de que serían “muchas las personas las que nos han trasladado que el PP estaría ofreciendo dinero a cambio”, así como de la detección “de muchos votos por correo que se han concentrado” para recibir la documentación en “dos o tres direcciones”.

La denuncia concluía que “toda esta trama estaría organizada por el hermano del candidato del PP, Felipe Cayuela, acompañado de otros candidatos del PP” y articulada en torno a “sus negocios” y “a su propia casa”.

Mismo instructor que en Mojácar

Por otro lado, los hechos que describe Ciudadanos habían ocurrido la misma jornada electoral, al ir a votar la persona que se identifica. La denuncia, que aporta la identidad de seis testigos que los habrían presenciado, señala que detalló que la “compra de voto” se habría hecho “el 21 de abril” en un hotel de Carboneras y que la persona que “le pagó fue el hermano del candidato del PP a la Alcaldía”, a su vez “gerente” del citado establecimiento.

El juez que ha oficiado a la Policía Judicial para que investigue es el mismo instructor de las diligencias por la supuesta trama de voto por correo el pueblo de Mojácar, que suma once imputados tras la detención de un nuevo sospechoso que, conforme a los indicios, “habría beneficiado al PP y no al PSOE” como supuestamente habrían hecho el resto de implicados, entre ellos, los miembros 2 y 5 de la lista de los socialistas en este municipio costero.

El PSOE y el PP han empatado a concejales, seis, en Carboneras, donde el acta de edil lograda por Ciudadanos (Cs) será determinante a la hora de conformar gobierno. En número de votos, el PP se ha alzado con la victoria con el 42,79% de los votos, lo que multiplica por siete el respaldo obtenido en 2019, con apenas el 6,34%, pasando de 291 sufragios a 1.910.

El PSOE, que hace cuatro años logró un 41,94% por ciento de los votos (1.923), en esta cita con las urnas, baja casi cuatro puntos hasta situarse en el 38,22%. Por otro lado, ha entrado en la corporación local Ciudadanos, con un 8,04% de los votos y un concejal.

El juez que investiga una supuesta trama de fraude electoral ligada al voto por correo en Mojácar (Almería) ha elevado a once el número de investigados tras la detención practicada el pasado fin de semana de un nuevo sospechoso que, conforme a los indicios, “habría beneficiado al PP y no al PSOE” como supuestamente habrían hecho el resto de implicados, entre ellos, los miembros 2 y 5 de la lista de los socialistas en el municipio costero.

Según han informado fuentes del TSJA, el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera ha acordado este martes el alzamiento del secreto de sumario de las diligencias abiertas a raíz del presunto fraude en el voto por correo investigado en el municipio de Mojácar que estalló en la recta final de la campaña con siete detenciones, tres de ellas de hombres de origen latinoamericano, y tres personas investigadas.

Esto supone que las partes personadas en la causa podrán tener acceso a las diligencias instruidas hasta el momento y no sólo el ministerio fiscal, tal como venía sucediendo desde el inicio de la investigación.

Pieza separada

Así, en la causa se encuentran investigadas un total de once personas, ya que a las diez primeras se ha unido otra más que también resultó detenida y que tras su puesta a disposición judicial se negó a declarar. La investigación abierta contra él se ha concretado en la apertura de una pieza separada dentro de las diligencias penales incoadas dado que “su presunta actuación habría beneficiado al PP y no al PSOE”.

De los siete primeros detenidos, seis pasaron a disposición judicial el viernes antes de las elecciones locales y fueron puestos en libertad provisional como investigados después de que se negaran a declarar. El primero de ellos, el exconcejal del ya extinto PA Pedro Montoya declaró el jueves anterior ante el juez y también quedó en libertad provisional. Los tres investigados restantes aún están pendientes de ser citados por el órgano judicial.

Custodia de los sobres de voto

Por otra parte, el titular del Juzgado de Vera 4 acordó en días anteriores la retirada de un determinado número de sobres de voto por correo con el fin de que la Policía pudiera llevar a cabo diligencias de investigación dentro de la causa. Los votos sí fueron depositados en las urnas y únicamente fueron recogidos los sobres vacíos.

La actuación se desarrolló durante la jornada electoral cuando la Guardia Civil intervino un total de 701 sobres de voto por correo en las siete mesas electorales instaladas en el municipio. Previamente, el candidato del PSOE a la Alcaldía, Manuel Zamora, había dirigido un escrito a la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Vera ese mismo domingo para pedir que se custodiaran los sobres de cara a su “análisis pericial y judicial”.

Zamora incidía en su denuncia en el “extraordinario” número de votos por correo en estas elecciones locales en Mojácar, con diferencias “notables porcentuales” con las nacionales y autonómicas, lo que se unía a los “acontecimientos acaecidos”, por lo que consideraba esta medida podía “constituir un aval para la determinación del esclarecimiento de estos hechos denunciados por la alcaldesa”.

La denuncia del PSOE

Cabe recordar que el candidato del PSOE también interpuso una denuncia el pasado 16 de mayo en relación con otro presunto fraude ligado a las votaciones, esta vez, en relación con el PP no solo a través del voto por correo sino también por supuestos beneficios a través de cestas de comida para los usuarios de los Servicios Sociales, conforme al escrito presentado ante la Guardia Civil.

Al respecto, el titular del mismo juzgado, ha acordado remitir al Decanato de los Juzgados de este partido judicial la denuncia presentada por el PSOE contra el PP. La denuncia será adjudicada a un Juzgado de Vera en los próximos días para que continúe la investigación al respecto

Consecuencias electorales

Pese a la gran repercusión que ha tenido el caso, nada ha cambiado en la configuración de la corporación local de Mojácar con respecto a 2019, ya que el PP ha revalidado la mayoría absoluta, aunque ha perdido casi medio punto de apoyo.

Asimismo, el arresto del número 2, Francisco Bartolomé Flores, y del número 5 de la candidatura, Cristóbal Vizcaíno, no ha repercutido en los socialistas, que incluso ven cómo se incrementa el apoyo en porcentaje de votos, pasando del 38,64% en 2019 a 40,44% este domingo.

En términos absolutos, los 'populares' han pasado de 1.692 votos a 1.596 y el PSOE apenas perdido siete votos, pasando de 1.145 en 2019 a 1.138 en esta jornada. Desde el partido socialista aún no se ha determinado si ambos concejales accederán a su acta.

Otra denuncia por fraude en Carboneras

 El Juzgado número 4 de Vera, que sigue en funciones de guardia, también ha recibido una nueva denuncia por otro presunto caso de fraude en el sistema de votación. La denuncia ha sido presentada por un partido político y el juez de guardia ha oficiado a la policía judicial para que inicie la correspondiente investigación sobre estos hechos.

El PP, a través de un comunicado, ha acusado al PSOE de Jaén de recurrir a “maniobras sucias” para “intentar enmarañar” la jornada de votación. Los populares han rechazado “rotundamente” las acusaciones y se han mostrado “totalmente convencidos de que ningún miembro de este partido ha realizado acciones ilegales para conseguir el apoyo de los jiennenses”.

En la tarde noche del sábado 27 de mayo, jornada previa a las elecciones, el Partido Socialista interpuso una denuncia ante la Policía Nacional en la que acusa al PP de supuesta compra de votos, y aporta conversaciones de Whatsapp.

“Es una maniobra estilo Reyes”

“Nos encontramos más bien ante una clara maniobra del estilo Reyes para tratar de poner en ventilador y tapar las vergüenzas de los escándalos de compra de votos por parte del PSOE en muchos pueblos que se están destapando en los últimos días”, señalan desde el PP.

Los dos concejales también acudieron a última hora del sábado a las dependencias policiales para interponer una denuncia por acusaciones falsas y pedir que “por la justicia y los fuerzas del orden se llegue hasta el final para desmontar la acusación del PSOE y se haga justicia”.

“Voten a la letra doble PP”. Es el mensaje que se lanzaba este viernes en un vídeo que ha terminado en denuncia del PSOE de Lepe ante la Junta Electoral.

La denuncia ha ido directamente contra el presidente de la Asociación de Ecuatorianos de Lepe (ACEUL), Abelardo Sisa Lena, al que han identificado como la persona que habla en el vídeo, denuncia que hacen extensiva al Partido Popular de la localidad onubense.

A esa asociación pertenecen unas 60 personas, de las que muchas tienen la doble nacionalidad ecuatoriano-española, por lo que tienen derecho a voto en las elecciones municipales (restringidas a ciudadanos de la UE o nacionalizados).

En el vídeo, de 3.41 de duración, se le pide el “favor” a los asociados a ACEUL de que voten al PP en Lepe, mostrando un sobre blanco sobre el suelo de una casa y una papeleta electoral de los populares: “Es lo que necesitamos para nuestro alcalde de aquí de Lepe. Luego vamos con el DNI a la urna y ya se vota”.

Una foto que pruebe que se ha cumplido con el “favor”

El autor del vídeo no se queda en pedir el voto para sus compatriotas nacionalizados españoles, sino que les conmina a que demuestren con una foto que han cumplido con el “favor” que les pide, para así demostrar ante “Manolo” que no han votado a otro partido. En la lista electoral del PP de Lepe solo hay una persona con ese nombre: “Si hay posibilidad me hacen una fotito y me la envían, para tener la constancia de que ustedes han votado por PP”, y añade que son votos imprescindibles para recibir ayuda del Banco de Alimentos en un local propio cedido por el Ayuntamiento, “y no estaremos preocupados de alquilar local”.

“Mañana todos a hacer el voto con el PP”, concluye la grabación, en la que, además, se ofrece a informar a quien no lo sepa de cuál es su colegio electoral.

elDiario.es Andalucía ha contactado con el presidente de la asociación de ecuatorianos, que no ha atendido ni las llamadas ni los mensajes de esta redacción. Por su parte, el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, natural de Lepe y exalcalde de esta localidad, ha atendido la llamada para asegurar que desconocía el contenido del vídeo y declinar hacer declaraciones al respecto.

El PSOE ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional por “una posible compra de votos por parte de miembros del Partido Popular elegibles para el Ayuntamiento de Jaén”, como figura en el escrito al que ha tenido acceso este medio y que ha sido presentado la tarde de este 27 de mayo.

La denuncia explica y adjunta varias conversaciones de Whatsapp. Una, entre Antonio Losa Valdivieso, concejal del PP del Ayuntamiento de Jaén, y un tal Fernando. En ella, “Antonio Losa Valdivieso le manda a un tal Fernando el número de teléfono de Manuel Palomares Herrera, el cual también es concejal del Ayuntamiento de Jaén”. Y una segunda conversación entre Palomares y el desconocido.; y una segunda, entre Manuel Palomares Herrera, también concejal del PP en el Ayuntamiento de Jaén, y el mismo Fernando.

El Partido Socialista denuncia “que Manuel promete a Fernando ”pagarle“ a cambio de votos, recordándole que tiene hasta las 20.00 horas del día de mañana domingo (jornada electoral) para efectuar dicho voto en el colegio electoral de la Avenida Ruiz Jiménez, y se compromete a llamarle telefónicamente sobre las 21.00 horas para cumplir con lo que han hablado.

Estas son parte de las conversaciones adjuntas.

-“Estará un compañero nuestro. Si tienes alguna duda búscale (...) Después me dirán cuántos habéis sido, él hace el recuento y cuadramos nosotros luego. ¿Te parece?” - Explica Manuel Palomares

-“Pero tú no vas?”

-“Yo no, estaré con el partido. Pero no te preocupes, cumplo con lo que hemos hablado siempre”.

Es profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e insiste en que su campo es la economía. Pero este viernes, un hilo de Twitter publicado por él, Juan Luis Jiménez (1976), experto en Análisis Económico Aplicado, se convirtió en viral por los datos que aportó sobre casos de presuntos casos de fraude electoral en comicios anteriores. Todo ello en el contexto del final de la campaña electoral de las municipales y autonómicas de este domingo que ha estado marcada por los escándalos por compras de votos en Melilla, Mojácar (Almería) y Albudeite (Murcia). Además, de entre los 8.131 municipios que votan el domingo, en al menos en una decena se han presentado denuncias por presunto fraude electoral, normalmente vinculados a supuestas compras de votos por correo. 

En su hilo, Jiménez, basándose en la tesis doctoral “La corrupción política en España: un análisis descriptivo (2000-2020)”, de José Abreu (doctorando en la misma ULPGC), que está siendo supervisada por el propio Jiménez y por Joaquín Artés, de la Universidad Complutense, explicó como entre 2000 y 2020 se revelaron 72 procedimientos (con investigados) relacionados con fraude electoral en España. Por partidos, PP (49%) y PSOE (22%) acapararon casi el 75% de los casos. 42 de esos casos estaban relacionados con la manipulación del censo electoral (generalmente empadronamientos fraudulentos). Y 30 relacionados con la compra de votos o la manipulación del voto por correo, que es justo lo que ha ocurrido en los casos más sonados de la recién concluida campaña del 28M.

Jiménez también puso de manifiesto que, de todas las causas abiertas entre 2000 y 2020 por los citados motivos, 18 permanecían abiertas hasta diciembre 2020; 24 fueron archivadas, 13 con absolución y 17 finalizaron en condena. El profesor atendió por teléfono a elDiario.es este mismo sábado a primera hora.

Por los datos que usted publicó en Twitter, basándose en la tesis del señor Abreu, es que los intentos de comprar votos no son una práctica nueva ni algo que solo haya ocurrido en esta campaña.

Los datos son de la tesis doctoral de José Abreu. Él tenía planeado hacer su tesis doctoral en el tiempo establecido, que son cuatro años, pero ha tenido que pedir prórrogas porque el primer paso de su tesis era formar una base de datos con todos los casos de corrupción que ha habido en España entre 2000 y 2020. Y jamás pensábamos que iba a tener el volumen de casos que tiene la base de datos.

¿Porque la mayoría de esos casos no se suelen dar a conocer?

Claro, nosotros conocíamos lo que la prensa saca a diario. Pero él se fue a las hemerotecas y comenzó a buscar palabras como 'corrupción', 'corrupto', 'investigado', etc. Y de ahí sacó que en ese periodo de entre 2000 y 2020 en España hubo más de 3.700 casos de corrupción que llegaron con personas investigadas. Es decir, que casos de corrupción que quedaron en chismes o bulos hubo muchos más, pero esos no los investigamos. A partir de ahí fue de donde salió el hilo. Le pregunté a Abreu si había habido casos similares a los de la última semana [vinculados con la compra de votos].

Encontraron 72 entre 2000 y 2020.

Sí, que llegaran a detener a una persona investigada 72. De ellos uno era a nivel provincial y los otros eran todos a nivel local. Entre estos últimos, normalmente solo había un único partido implicado excepto un caso en el que hubo dos.

La mayor parte de veces afectan a PP y PSOE.

Al ser los dos partidos que más representación tienen... Bueno, aunque no tiene por qué ser el partido más grande el que tenga más casos de corrupción.

¿Por qué cree que, principalmente, estos casos de compras de votos ocurren en municipios pequeños o muy pequeños?

Hemos leído mucho sobre corrupción y uno de los argumentos que se utiliza en la mayoría de estudios internacionales es la creación de redes clientelares, que todo el mundo entiende lo que son. Básicamente, se utiliza el Gobierno local para generar una serie de redes que te apoyen en el voto y te sustenten los años que se vaya a estar en la Alcaldía. Con esto no descubrimos la pólvora. Es un comportamiento de los incentivos que tienen cada uno de los malos regidores municipales para mantenerse en el poder.

¿Esto que ha ocurrido en Melilla o en Mojácar podría condicionar las elecciones?

No tengo información para ello. No tenemos ningún dato que haya llevado a decir que ha cambiado el color político por culpa de una compra de votos. Sería un trabajo muy interesante.

¿Cree que hay elementos suficientes como para dejar sin efecto los resultados donde se hayan producido estos casos? ¿Alguien podría ir a los tribunales e impugnar los resultados?

No lo sé. No tengo conocimientos jurídicos para ello.

¿Se deberían tomar medidas de algún tipo por parte de las administraciones para evitar más casos en el futuro? ¿Qué pasos podrían darse?

¿Se debería? Sí. ¿Se podría? No lo sé. Somos economistas, no somos politólogos. Nuestros conocimientos son sobre los efectos de cualquier cosa sobre algo. En este caso los incentivos están claros y lo que habría que hacer es intentar cambiar para que los incentivos no fueran lo que actualmente son. ¿Cómo hacer para que un alcalde o alcaldesa no tenga incentivos para comprar votos? No lo sé.

El 79% de casos de compras de votos se producen en municipios con población inferior a 10.000 habitantes. ¿Las redes clientelares pueden tener más facilidad de propagarse en los sitios más pequeños?

Sí, correcto. Y, de hecho, tenemos un artículo de investigación hablando de propagarse en el que evaluamos hace unos años que la corrupción política local se contagia en España. Si se produce un caso en un lugar es más fácil que en el municipio vecino se produzca también un caso de corrupción política local.

¿La gente legitima esas prácticas si ocurren al lado?

Claro. El problema está en que cuando alguien hace algo mal y nadie hace nada por castigarlo legitima esa acción. Y bueno: 'lo hemos hecho toda la vida'. Y se sigue para adelante. Es mucho más sencillo crear esas redes cuando conoces a todos que en un municipio grande como Madrid o Barcelona.

Los números 2 y 5 de la lista del PSOE de la localidad almeriense de Mojácar a las elecciones municipales de este domingo, detenidos en la operación desarrollada por la presunta compra de votos por correo, han sido puestos en libertad provisional y sin medidas cautelares. Así lo ha determinado el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera, que instruye esta causa penal, por lo que ya están en la calle Francisco Bartolomé Flores (número 2) y el empresario independiente Cristóbal Vizcaíno, quien concurre en la candidatura socialista con el número 5.

Han quedado, asimismo, en libertad provisional los otros cuatro investigados –tres de ellos de origen latinoamericano– por un presunto delito electoral, y sin medidas cautelares salvo uno de ellos, que responde a las iniciales R.C., a quien se le han impuesto la prohibición de salir del territorio nacional. Los seis se han acogido a su derecho a no declarar, según ha informado el TSJA. Las mismas fuentes han indicado que está previsto que se alce “en breve” el secreto decretado sobre las actuaciones, que se iniciaron “hace un mes” a raíz de una denuncia que fue presentada por la alcaldesa, Rosa María Cano (PP), al que “había acudido un ciudadano particular”.

El juez ya decretó lo mismo a última hora del jueves para el exconcejal del ya extinto Partido Andalucista (PA) Pedro Montoya, quien también fue arrestado en el marco de la operación ejecutada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que permitió en una decena de registros domiciliarios el decomiso de abundante documentación y de elevadas cuantías de dinero en efectivo.

Más de 200 votos por correo

Entre lo intervenido en la actuación que explotó el miércoles y aportado a la causa figurarían más de 200 votos por correo, a cuyos titulares se ha ido llamando a declarar en dependencias de la Policía Local de Vera en calidad de testigos en las últimas 48 horas. Flores y Vizcaíno concurrían por primera vez a las elecciones municipales como integrantes de la lista del PSOE mojaquero, si bien sólo el primero de ellos (hijo de un exalcalde y exsenador socialista) es militante socialista.

Para el investigado que fue puesto en libertad sin medidas cautelares este jueves tras su toma de declaración, el exconcejal del PA en el Ayuntamiento de Mojácar Pedro Montoya, la acción llevada por parte de las autoridades a la hora de practicar las detenciones ha resultado desproporcionada, máxime al encarar el final de campaña.

“Somos cabezas de turco, todo es muy sospechoso porque nunca se investigaron denuncias anteriores y qué casualidad que ahora, cuando tienen todas las de perder la Alcaldía [en referencia al PP] tres días antes se despliega un operativo policial que yo creo que ni en los tiempos de ETA”, ha manifestado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

“Hacemos puerta a puerta”

Montoya ha asegurado que él poseía en su casa “programas y sobres del PSOE” porque “hacemos puerta a puerta” en el marco de una campaña “totalmente transparente”, por lo que ha afeado que en las intervenciones policiales hayan “destrozado viviendas” y “roto paredes”. “A una señora de 87 años incapacitada le han derribado la puerta, la asustaron, algo increíble”, ha lamentado.

El investigado ha señalado que a lo largo de estas dos jornadas han sido llamados a declarar en torno a 250 testigos a quienes se les ha preguntado por el sentido de su voto, el motivo por el que han votado a determinado partido y por qué lo han hecho a través de correo.

En este sentido, ha asegurado contar con “grabaciones” y “pruebas fehacientes” que habría puesto a disposición de la autoridad judicial y de la Guardia Civil en las que personas dirían “explícitamente que van en nombre de Rosa María [en referencia a la alcaldesa, Rosa María Cano] y que le ofrecen remuneración económica a cabio del voto”.

“No tienen nada contra mí”, ha insistido Montoya, para quien se ha dado un “agravio comparativo” en cuanto a la tramitación de denuncias, toda vez que cree que el haber llegado con el resto de los seis arrestados “hasta el límite legal de una detención” le parece “un abuso de autoridad y un despropósito”.

Ciudadanos de origen latinoamericano

Buena parte de las pesquisas se han orientado a esclarecer los contactos que durante estas semanas los principales sospechosos han mantenido con vecinos del municipio, en ocasiones acompañados también de militantes o simpatizantes socialistas, a fin de determinar si se condicionaba la emisión de votos por correo a cambio de beneficios.

La denuncia indica que habría tenido conocimiento de los hechos que ahora están judicializados a través de varios vecinos de la localidad. La presunta trama desarticulada por la Guardia Civil con un total de diez investigados trataba de captar votos por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano.

Entre los detenidos, además de Bartolomé, Vizcaíno y Montoya, consta otra persona de nacionalidad española, mientras que también figuran ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador que habrían actuado como mediadores. En los registros, los investigadores se han incautado de votos por correo y también de listas censales en las que estaban marcados los nombres de determinados ciudadanos, dentro del material que ahora está siendo analizado por los agentes del Instituto Armado.

De momento, no se prevén nuevas detenciones o imputaciones, aunque serán las declaraciones y el estudio de la documental intervenida los que determinen los nuevos pasos a seguir en la instrucción. Según fuentes de caso, los implicados en la trama habrían estado ofertando cifras que rondan los 100 euros, aunque en algunos casos la cifra se elevaría a 200 euros, dirigidas a personas de bajo poder adquisitivo, entre ellos principalmente ciudadanos de origen latinoamericano. También hay indicios que apuntan a otros compromisos a cambio del voto, como facilitarles un empleo tras las elecciones municipales.

La Junta Electoral no pierde de vista los votos por correo emitidos en el municipio onubense de Villalba del Alcor, que han dado pie a una denuncia del PSOE una denuncia por un supuesto delito electoral contra el PP y contra el propio Ayuntamiento villalbero, que preside Diego del Toro (PP), que este domingo se presenta a la reelección. El órgano responsable del cumplimiento de la ley en las elecciones municipales ha solicitado ahora al Censo en Huelva que identifique a los vecinos del pueblo cuya firma electrónica habría sido supuestamente suplantada sin su conocimiento para emitir un voto por correo.

La decisión de la Junta Electoral responde así a un escrito de queja que los socialistas han presentado este mismo viernes, último día de campaña electoral, en el que solicitan que se anulen los votos (al menos 46) de las personas que supuestamente pidieron que les enviasen su documentación electoral a una de dos direcciones de la vecina localidad de La Palma del Condado, una correspondiente al domicilio de un concejal popular y otro al del padre de una exconcejal del PP. En su escrito, el PSOE también reclama que se proceda a realizar un recuento separado del voto presencial y el voto por correo en Villalba del Alcor.

El órgano electoral deniega ambas solicitudes, aunque mantiene una alerta sobre el caso de cara al domingo. En concreto, señala que, una vez que se recepcione el listado de las personas cuyo voto por correo fue remitido a los domicilios indicados “se proceda a su impugnación y, en su caso, a su resolución el día del escrutinio”. A fin de contar con estos datos, se remite un oficio al director de la Oficina del Censo Electoral de Huelva para que remita los datos de identificación “más completos posibles” de las personas que solicitaron el voto por correo en Villalba del Alcor y que supuestamente pidieron que su documentación electoral se remitiese a los dos domicilios de La Palma del Condado. Es decir, que la Junta Electoral rechaza anular ya esos votos por correo, pero no descarta impugnarlos el mismo domingo si se corrobora la suplantación denunciada por el PSOE cuando les llegue la información solicitada a la Oficina del Censo de Huelva.

Sin “evidencias” de suplantación de identidad

Los socialistas también piden en su escrito que el domingo se permita votar a las personas que manifiesten que nunca han solicitado el voto por correo, aunque en los datos de su mesa electoral esté registrado que sí lo han hecho. La Junta Electoral también tumba esta solicitud, “habida cuenta de que no consta evidencia alguna de que hubiesen podido producirse suplantaciones de identidad en la solicitud de votos por correo”.

En la denuncia interpuesta ante los juzgados por el PSOE por “fraude” en el voto por correo en Villalba del Alcor, un municipio de 3.200 habitantes, también se subraya que el Ayuntamiento, a instancias del PP, ha cursado desde sus propios ordenadores al menos medio centenar de solicitudes de voto por correo, usando la firma electrónica de sus vecinos “sin su permiso”. En este sentido, acusan al gobierno local del PP de estar “gestionando directamente desde oficinas municipales, de modo on line, solicitudes de votos por correo de vecinos del municipio, procediendo a firmar electrónicamente las peticiones desde los ordenadores del Ayuntamiento”, cuya IP conocen los socialistas porque gobernaron la localidad con anterioridad.

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, desgranó por su parte que en este municipio “se han solicitado 800 votos por correo de forma telemática, de los cuales la mayoría se han solicitado a través de la IP del Ayuntamiento, gobernado por el PP”. A su juicio, estamos ante una “perversión del sistema”, porque “la parte interesada no puede estar jugando con los votos por correo de los ciudadanos”. Asimismo, recordó que en las anteriores elecciones votaron 2.490 personas en este municipio, por lo que estos 800 votos “suponen más del 30% del censo electoral”.

Voto sin consentimiento

Fuentes socialistas indican que el asunto se ha destapado cuando uno de los vecinos de Villalba del Alcor se percató de que le habían suplantado la firma digital, decidió solicitar una nueva y con ella acudió a la oficina de Correos de La Palma para recoger personalmente el sobre para votar por correo. “Hemos sido conocedores de casos [de vecinos] que ni siquiera habían dado el consentimiento de la petición del voto por correo sino que han pedido el voto sin su conocimiento o se ha tramitado el certificado en un ordenador del Ayuntamiento sin tener constancia de ello”, apunta una de los varios escritos que el PSOE ha presentado ante la Junta Electoral por este caso.

Desde el PP, por su parte, se incide en que “no existe infracción alguna a la Ley Electoral en designar un domicilio u otro” al que remitir la documentación para votar por correo. Los populares justifican el envío de las solicitudes de voto por correo a las dos direcciones postales de La Palma en el hecho de que “la oficina de Correos de Villalba solamente abre dos horas por la mañana”, mientras que la de La Palma sí lo hace por la tarde.

La denuncia del PSOE andaluz se registró telemáticamente en el Juzgado de Instrucción de La Palma el miércoles por la noche, horas después de que la Guardia Civil arrestara en Mojácar (Almería) a siete personas en una operación contra la compra de votos, entre ellas dos integrantes de la lista del PSOE que no ostentan cargo público. Este escándalo se ha recrudecido este mismo viernes con acusaciones de un pleno “electoralista” cargado de tensión.