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Opinión - Vivir sobre un polvorín. Por Rosa María Artal

Preguntas y respuestas sobre el fraude del voto por correo

Voto por correo en La Rioja

Alberto Pozas / Marina Velasco

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En los últimos días diversas investigaciones han puesto el foco en supuestos fraudes en el sistema de voto por correo. Son casos que, como en el de Melilla, ya están en manos de un juzgado y que apuntan a posibles compras de sufragios a distancia de cara a las elecciones municipales del próximo domingo 28 de mayo. Los números no permiten generalizar el fraude a nivel estatal pero, en el caso de Melilla, no es la primera vez en que los tribunales detectan ilegalidades similares durante unos comicios.

¿Cuántos municipios se han visto salpicados por posible fraude en estas elecciones?

Los casos más sonados, ya con decenas de detenidos, se encuentran en Melilla, Mojácar (Almería) y Albudeite (Murcia). Pero además, de entre los 8.131 municipios que votan el domingo, en al menos una decena se han presentado denuncias por presunto fraude electoral, normalmente vinculados a supuestas compras de votos por correo. 

En Casares de las Hurdes (Cáceres) un vídeo muestra a un representante del PP presuntamente llevándose en mano sobres con papeletas de un domicilio, en un caso que ya investiga la Fiscalía de Plasencia; en Carboneras (Almería) se ha denunciado una posible compra de votos del PP; en La Gomera la Fiscalía Anticorrupción investiga la emisión de certificados digitales posiblemente irregulares para el voto por correo; en Valverde del Camino (Huelva) se ha ordenado retirar de redes sociales un anuncio del PP animando a votar por correo con sus datos de contacto; en Moraleja de Sayago (Zamora) se investiga un posible fraude en una residencia de ancianos para favorecer al partido Zamora Sí; en Paterna del Campo (Huelva), el PSOE ha denunciado que el PP “ha intentado comprarle el voto a personas con discapacidad”; en Bigastro y Finestrat (Alicante) los socialistas han denunciado que el PP ha tratado de dirigir los votos de personas de movilidad reducida; en Mazarrón (Murcia), hay denuncias cruzadas de compra de votos entre la Unión Independiente (UIDM) y el Partido Popular del municipio.

¿Qué han hecho los partidos salpicados?

Los distintos partidos con integrantes, militantes o cargos implicados en las distintas investigaciones han tomado diversas medidas contra las personas investigadas, pero con una limitación: si alguno de los acusados va en las listas no puede ser expulsado de ellas antes de las elecciones del domingo. En el caso de Melilla, el ejecutivo liderado por Eduardo de Castro ha destituido al consejero de CpM implicado en el supuesto fraude del voto por correo. En Mojácar, el PSOE andaluz ha suspendido de militancia a uno de los implicados. No consta que, por ahora, el PP haya tomado medidas contra el teniente de alcalde de Casares de las Hurdes investigado por la Fiscalía.

¿Dónde empezó todo? 

La respuesta está en Melilla, la ciudad autónoma donde primero se puso el foco y que durante días supuso el 'único' escándalo sobre un posible caso de fraude electoral en esta campaña. De Melilla llamó primero la atención el elevado porcentaje de personas que habían solicitado el voto por correo (casi un 20% del censo frente al 2-3% de la media nacional), y luego empezaron a conocerse informaciones que apuntaban más claramente a algo fuera de la norma.

Tras la denuncia de asaltos a varios repartidores de Correos cuando manejaban documentación de voto postal, la Delegación del Gobierno decidió que estos empezaran a llevar escolta policial. Días después, la Junta electoral ordenó que todos los votantes por correo en Melilla debían identificarse con DNI o pasaporte a la hora de depositar su voto en las oficinas postales. Ahora se sabe que esta medida ha frenado unas 6.000 papeletas de las 11.727 solicitudes de voto por correo que se tramitaron en Melilla. En total, según los últimos datos disponibles, se han ejecutado 5.814 votos a distancia entre los solicitados desde la ciudad autónoma y los solicitados desde el resto del país.

La investigación policial que se lleva a cabo sobre este presunto fraude en la ciudad autónoma se ha saldado con diez detenidos, que a estas alturas ya no son los únicos señalados por posible fraude electoral en esta campaña. 

¿Cuántos detenidos hay y de qué partidos?

La cifra de detenidos se sitúa en la treintena. Este martes se detuvo a diez personas en Melilla, entre ellos el consejero de Coalición por Melilla (CpM) Mohamed Ahmed Al-Lal –ahora cesado– y un yerno del líder de CpM, Mustafá Aberchán. Sobre esta formación recae la mayor parte de la investigación melillense, cuyo líder ya fue inhabilitado por una sentencia del Supremo por una maniobra similar en 2008. Coalición por Melilla tiene una sólida base electoral en la ciudad, principalmente entre la población de origen musulmán, y suele ser la segunda fuerza más votada.  

Además, en las últimas horas se ha conocido que otros dos de los detenidos podrían haber entrado en contacto con el PP para vender sus votos a los 'populares', según una fuente de elDiario.es próxima a la investigación. 

En Mojácar (Almería), donde se ha producido el segundo mayor escándalo por posible fraude esta campaña, la cantidad de detenidos asciende a siete, dos de ellos candidatos de las listas del PSOE en esta localidad. Son Francisco Bartolomé y Cristóbal Vizcaíno, los números dos y cinco de la lista a la Alcaldía, respectivamente, que en las últimas horas han quedado en libertad provisional junto con el resto de detenidos. 

En Albudeite (Murcia), el tercer caso en discordia, 13 personas han sido detenidas por presunta compra de votos. Entre ellas están la candidata a la Alcaldía por el PSOE, Isabel Peñalver, y el número 19 en las listas de los socialistas, Héctor Antonio Martínez. El partido ya ha anunciado su expulsión y su cese si llegaran a ocupar cargos, al igual que en el caso de Mojácar. 

¿Es la primera vez que sucede?

Según las estadísticas facilitadas a EFE por el Ministerio del Interior, en las distintas elecciones generales, municipales y autonómicas que se celebraron en España en 2019 se constataron 65 infracciones penales contra la ley electoral.

La comunidad donde más irregularidades se produjeron fue Andalucía, con 15 delitos contra la Ley Orgánica de Régimen Electoral; seguida de Canarias, con 10; Castilla y León, con 7; y Madrid y País Vasco, cada una de ellas con 6 delitos.

Además, hace cuatro años Interior contabilizó cuatro delitos contra esta legislación en Galicia y Castilla La-Mancha; tres en la Comunidad Valenciana; dos en Aragón y Asturias, y uno en Extremadura. El artículo 146 de la ley de régimen electoral castiga con pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses a quienes soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector por medio de recompensa o promesas.

¿Hay partidos o personas condenadas por estas prácticas?

Los tribunales han estudiado varios casos de voto por correo fraudulento en los últimos años, pero la mayor condena firme del Tribunal Supremo tiene que ver con Melilla y dos partidos: Coalición por Melilla y el PSOE de la ciudad autónoma. Fue en 2021 cuando los jueces confirmaron dos años de cárcel para Mustafá Aberchán, líder del primer partido, y Dionisio Muñoz, líder del segundo, por comprar el voto por correo de decenas de personas a cambio de prebendas una vez estuvieran en el Gobierno. Ocurrió en las elecciones de 2008. Aberchán fue condenado aunque no su partido y ahora Coalición por Melilla vuelve a estar bajo la lupa de los investigadores con dos imputados en la ciudad autónoma vinculados con el partido.

¿Qué porcentaje de papeletas representa el voto por correo? ¿Puede condicionar unas elecciones?

En España, la media nacional de solicitudes de voto por correo apenas alcanza entre un 2% y un 3% del total del censo electoral, con lo cual no tiende a ser decisivo. Precisamente este porcentaje es lo que hizo saltar las primeras alarmas en Melilla, donde casi el 20% de los electores habían pedido votar por correo. 

Si bien la proporción de voto por correo en Melilla suele ser superior a la de la media de España –en 2016 ya superaba el 6%–, esta vez multiplicaba por diez la media nacional: uno de cada cinco melillenses con derecho a voto pidió hacerlo de forma telemática. “Podríamos estar hablando de un tercio de representantes de la Asamblea de Melilla”, advirtió estos días la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh.

En Mojácar las sospechas también apuntan al anormal porcentaje de solicitudes de voto por correo. En esta localidad almeriense, solo 3.000 personas de entre las 8.000 censadas tienen derecho a voto. De ellas, 543 solicitaron votar por correo –esto es, el 17% del censo–, multiplicando casi por seis el porcentaje de la media nacional. En este caso, ese medio millar de votos sí podría ser decisivo: en las pasadas elecciones municipales, el PP obtuvo 1.692 votos y el PSOE, 1.145.

¿Cómo castiga la ley este tipo de fraudes?

Los delitos electorales no están en el Código Penal sino en la Ley de Régimen Electoral (LOREG), y tiene varios artículos para distintos tipos de fraude electoral. En cuanto al voto por correo, si alguien “vulnera” los trámites para este tipo de sufragio puede ser condenado desde tres meses a un año de cárcel, o a pagar una multa. Y hay condenas desde seis meses hasta tres años de cárcel para quien ofrezca algún tipo de dádiva o recompensa para pedir el voto o la abstención a un elector.

Estos delitos electorales son compatibles, como sucedió en el caso de Aberchán y Muñoz, con otro de falsedad documental si en el proceso de compra del voto, por ejemplo, se ha tenido que falsificar un DNI en el proceso.

¿Se han repetido algunas elecciones por fraude electoral?

Sucedió en Melilla hace ahora más de tres décadas, en un caso que se saldó sin ninguna condena por la vía penal. Los melillenses fueron a las urnas en 1989 en las elecciones generales, pero un año después los tribunales, por la vía de lo contencioso, anulaban los resultados y ordenaban repetir los comicios. En un primer momento la victoria en la ciudad autónoma fue para el PSOE pero pronto empezaron a aflorar las irregularidades: los censos no coincidían, había actas sin firmar e ilegalidades en la actuación de interventores. Por ejemplo, uno del PSOE, según los jueces, fue cazado rellenando sobres con las papeletas del partido.

Los comicios, por orden del Tribunal Constitucional, se repitieron en 1990 y en ese caso la victoria fue para el Partido Popular, que sacó más de 3.000 votos al PSOE en esta segunda cita con las urnas, consiguiendo el escaño al Congreso.

¿Se puede mejorar el sistema de voto por correo?

Cuando los jueces del Supremo confirmaron las condenas del caso de voto por correo fraudulento de Melilla de 2008, la sentencia dejó por escrito su opinión sobre este sistema de sufragio: “Tiene tramites fácilmente manipulables”, dijo el Supremo. Un elector puede pedirlo presentando su DNI pero una vez recibidos los documentos y los sobres ya no es necesaria su intervención. Puede ser otra persona la que entregue el sobre con la papeleta en Correos por el cauce oficial.

En Melilla las alarmas saltaron hace unos días cuando se solicitaron más de 11.700 votos por correo, muy por encima de la media nacional y representando un porcentaje alto del electorado de la ciudad autónoma. La medida que Interior puso en marcha parece haber funcionado: pedir el DNI también en el momento de llevar la papeleta a Correos, y por tanto tener que demostrar que quien lo pidió es la persona que lo entrega. En el caso de Melilla, exigir el DNI ha frenado unas 6.000 papeletas bajo sospecha y de las más de 11.000 que se pidieron solo se han presentado 5.814.

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