Toledo entre eslóganes, promesas y una realidad cada vez más difícil de explicar transcurrió la pasada campaña electoral del año 2023.

Hoy estamos a menos de un año de las próximas elecciones municipales y los ciudadanos debemos ser conscientes de las gestiones que se han realizado durante esta legislatura.

Hace no tanto, en plena campaña electoral, el Partido Popular de Toledo decidió presentarse ante la ciudad con un lema aparentemente ingenioso: “Hechos, no milagros”. Un juego de palabras que apuntaba con cierta ironía a la anterior alcaldesa, Milagros Tolón. Una frase breve, fácil de recordar y perfecta para resumir la promesa de una nueva etapa basada en la gestión.

La política municipal, sin embargo, tiene una particularidad: el tiempo pasa rápido, pero la memoria de las ciudades es más larga de lo que algunos creen.

Hace apenas unas semanas hablaba de cómo una ciudad puede terminar olvidándose de su propio deporte. No era una exageración literaria ni una licencia retórica. Era el reflejo de una realidad que conocen bien clubes, deportistas y usuarios de instalaciones públicas.

Porque sí, Toledo logró algo que sobre el papel sonaba magnífico así como a la vez vaciaba el pírrico presupuesto para la actividad física en la ciudad: la llamada Ciudad del Deporte. El problema es que ese logro ha terminado traduciéndose en accesos complicados, instalaciones que distan mucho de lo prometido y clubes que, como tantas veces ocurre, han tenido que adaptarse a decisiones tomadas lejos del día a día del deporte base.

En paralelo, Toledo también se embarcó en otro gran proyecto: la candidatura para ser Capital Europea de la Cultura. Una iniciativa que movilizó ilusión, influencia institucional y una considerable cantidad de recursos públicos.

El desenlace es conocido: Toledo no lo consiguió.

Y cuando una ciudad invierte ilusión, tiempo y dinero en un objetivo que finalmente no llega, lo mínimo que cabe esperar es una reflexión honesta sobre lo ocurrido. Porque la ilusión colectiva no es un recurso infinito, y gastar la energía de una ciudad entera debería servir al menos para algo más que para llenar unas cuantas presentaciones institucionales.

Pero quizá lo más llamativo esté llegando ahora.

El último debate municipal gira en torno al transporte urbano. Y la solución que parece haberse encontrado consiste en aplicar descuentos vinculados al empadronamiento. Es decir, convertir el acceso al transporte público en una especie de sistema selectivo donde unos pagan menos y otros pagan más dependiendo de si su nombre figura o no en el padrón municipal.

Puede que desde un despacho la idea parezca razonable. Pero desde la calle resulta difícil no verlo como algo bastante más sencillo de explicar: una forma de convertir el transporte público en un privilegio administrativo en lugar de una herramienta de movilidad para todos.

Lo curioso es que esta medida convive con un discurso oficial que insiste en presentar Toledo como una ciudad abierta, acogedora y hospitalaria.

Una ciudad abierta, sin embargo, no suele empezar poniendo condiciones para subirse a un autobús.

Y una ciudad que aspira a ser sostenible suele intentar exactamente lo contrario: facilitar que más gente utilice el transporte público, no restringirlo mediante pequeños filtros burocráticos.

Quizá el problema de Toledo no sea la falta de ideas.

Quizá el problema sea que demasiadas decisiones parecen pensadas para el titular del día siguiente y no para la ciudad de dentro de diez años.

Así que, cuando uno vuelve a recordar aquel lema de campaña —“Hechos, no milagros”— es inevitable preguntarse si el problema nunca estuvo en elegir entre milagros o hechos.

Porque Toledo, a estas alturas de legislatura, empieza a tener la sensación de haberse quedado justo en medio.

Ni milagros que transformen la ciudad.

Ni hechos que realmente la impulsen.

Y cuando eso ocurre, lo que queda ya no es política.

Quizá el problema nunca fue elegir entre milagros o hechos.

El problema es que Toledo empieza a acostumbrarse peligrosamente a otra cosa: a la política de los anuncios, de las promesas bien envueltas y de las decisiones que siempre parecen tener explicación, pero rara vez resultados.

Porque cuando una ciudad pierde oportunidades, desgasta la ilusión de su gente y empieza a convertir lo público en algo cada vez menos accesible, lo que falla no es el eslogan.

Lo que falla es la gestión.

Y a un año de elecciones, la pregunta que muchos toledanos empiezan a hacerse es bastante sencilla: si esto eran los hechos… ¿Cómo habrían sido los milagros?

Todos los partidos ya han presentado sus programas para las elecciones autonómicas del 15 de marzo de Castilla y León. Las formaciones han desarrollado propuestas llamativas —y en algunos casos poco habituales—, con las que intentan diferenciarse del resto en una comunidad con la despoblación, el envejecimiento y la salida de la juventud como varios de sus grandes problemas estructurales.

Desde supermercados públicos, bonificar los gimnasios o jornadas laborales reducidas hasta inteligencia artificial administrativa, protección del toque de campanas o transporte público específico para acudir a fiestas locales, los partidos proponen iniciativas que reflejan distintas visiones sociales, culturales y económicas del futuro autonómico.

Este miércoles, el candidato PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presentaba una medida para deducir 150 euros en el Impuesto de la Renta (IRPF) para pagar las cuotas de gimnasios y centros deportivos. Según el 'popular', la medida supone un compromiso para fomentar el “ejercicio y un estilo de vida saludable” para que se beneficien “unas 300.000 personas” de cualquier edad.

Podemos también propone 'Bibliobares' en los pueblos pequeños para combinar el servicio de bar, con una programación cultura y el acceso a bibliotecas, algo que supondría ir más allá del clásico teleclub rural. También en el medio rural, uno de los principales destinos de propuestas, el PP quiere fomentar un programa de prácticas formativas específicas para que los estudiantes universitarios hagan su inmersión laboral directamente en empresas del medio rural.

En esa defensa del medio rural, la propuesta de Vox pasa por el “blindaje” del toque de campanas. Frente a las quejas por ruido en algunos municipios, el partido del candidato Carlos Pollán promete blindar y proteger el “toque tradicional de campanas” con ayudas económicas para mantener los campanarios y promover el “relevo generacional” de los campaneros.

Enfocados también al medio rural y en concreto al turismo en estas zonas, el PSOE quiere llevar un plan contra el turismo de “escapada rápida” o de un solo día. Para ello, crearán bonos turísticos específicos que incentiven económicamente a los viajeros a quedarse una segunda noche a condición de contratar experiencias gastronómicas o culturales. Los socialistas también promoverán lo que han llamado como “turismo minero inmersivo”. Es por eso que proponen un plan para explotar las antiguas cuencas mineras de la comunidad ofreciendo “experiencias inmersivas en antiguos pozos y centrales”, permitiendo a los turistas bajar a las galerías.

El Partido Popular también quiere usar la tecnología como vehículo para una mayor cohesión entre los jóvenes castellanos y leoneses en el exterior. Es por eso que quiere crear campeonatos de 'eSports' para la diáspora. Dentro de la reordenación y modernización de la administración, los 'populares', también quieren incorporar asistentes virtuales y sistemas de inteligencia artificial para la adopción de resoluciones instantáneas, delegando parte de la burocracia en una “gestión de trámites inteligente”.

Izquierda Unida ha puesto el foco en la juventud. Los de Juan Gascón quieren promover la creación de estudios de grabación de titularidad municipal y la fundación de “sellos discográficos locales” para apoyar a las bandas y artistas jóvenes de los municipios. Asimismo, también quieren diseñar una red de autobuses interurbanos gratuitos o a coste simbólico para llevar a los jóvenes de fiesta de un pueblo a otro, con el fin de prevenir accidentes de tráfico.

Desde las “1.031 propuestas” del PP hasta los 40 ejes del PSOE, los partidos han ideado una variedad de políticas, estas son algunas de las propuestas agrupadas por temas que recoge cada programa:

La despoblación, principal eje de los partidos

Según la encuesta del CIS, la despoblación es el tema que más preocupa a los ciudadanos de Castilla y León. Y esta temática atraviesa todos los programas electorales y apenas genera discusión en el diagnóstico, aunque sí en las soluciones propuestas. El reto demográfico es uno de los grandes ejes que las formaciones han diseñado para esta campaña.

El modelo del PSOE pasa por garantizar servicios a un máximo de 30 minutos (“Territorio 30 minutos”). Aprobarán una Ley de Despoblación, descentralizarán las sedes de la Junta y fomentarán deducciones fiscales por residir en estas zonas. IU quiere poner en marcha incentivos específicos para los jóvenes que se trasladen a vivir al medio rural o que promuevan experiencias de autoempleo.

Podemos aboga por crear una “Renta de repoblación” vinculada al Salario Mínimo para personas mayores de 16 años empadronadas en pueblos de menos de 1.000 habitantes. Además, fundarán una empresa pública de multiservicios rurales para luchar contra las dificultades del mercado local.

El PP prioriza el “retorno y atracción del talento joven” apoyando la figura del “Nómada Digital” y continuarán con sus rebajas fiscales para favorecer a las familias e incentivar negocios.

Vox, por su parte, centra su estrategia rural en rechazar la “criminalización” del campo derivada del fanatismo climático y la Agenda 2030. Exigen una reducción drástica de impuestos autonómicos para las explotaciones agrarias.

Vivienda

El debate sobre vivienda también refleja las diferencias entre izquierdas y derechas con modelos casi antagónicos. Vox, en clave nacional, quiere un plan de producción masiva de vivienda y se opone a modelos de turismo perjudiciales que encarecen los barrios. Promueven un modelo que garantice a los propietarios la “recuperación de la posesión” (frente a la ocupación) y que se prohíba alquilar pisos a inmigrantes ilegales. El PP apuesta por la creación de suelo para construir 5.000 nuevas viviendas protegidas y mantendrán impuestos reducidos en transmisiones patrimoniales para que los jóvenes compren su primera vivienda.

Podemos plantea limitar el gasto en alquiler para que no supere el 30% de los ingresos de la familia. Proponen forzar el alquiler o aplicar impuestos severos a las viviendas vacías de grandes tenedores, además de crear una Inmobiliaria Pública. El PSOE promete construir 5.000 nuevas viviendas de alquiler asequible y crear un Consorcio Autonómico de Vivienda y Suelo. Darán avales hipotecarios a jóvenes menores de 35 años. Izquierda Unida fomentará un mercado de alquiler social donde la juventud pueda independizarse pagando en función a su salario o trabajo social. Impulsará un programa para erradicar definitivamente el chabolismo y la infravivienda.

Sanidad

La sanidad constituye otro de los grandes bloques programáticos, donde cada partido deja su impronta entre la gestión pública, la innovación o la recentralización. El PP apuesta por mantener el modelo actual incorporando inteligencia artificial y cirugía robótica además de dotar al sistema de más helicópteros medicalizados y ambulancias.

El PSOE plantea reducir listas de espera por ley e integrar atención psicológica en centros de salud. Prometen también transporte a la demanda para consultas rurales y recuperar el Hospital de Burgos. Ampliarán la contratación de logopedas y ayudas para gafas y lentillas.

Podemos defiende una ampliación del sistema público con servicios odontológicos y ópticos gratuitos y desprivatización sanitaria. Exige blindar la sanidad por ley con un 9% del PIB (y 25% para Atención Primaria) y promete revertir la privatización del Hospital de Burgos.

Vox propone recuperar competencias sanitarias para el Estado, priorizar a nacionales en la asistencia y revisar políticas relacionadas con eutanasia o aborto —algo que ya intentó con un protocolo la pasada legislatura—. Izquierda Unida propone formación obligatoria contra la LGTBIfobia dirigida específicamente a la especialidad de ginecología. Además garantizarán la cobertura sanitaria a los emigrantes castellanos y leoneses en sus países de destino.

Economía, Empleo y Financiación

Este bloque recoge con claridad las diferencias económicas entre las formaciones. Podemos pone el foco en la reducción de la jornada laboral y en reforzar el transporte público frente a las VTC, mientras se opone a tratados de libre comercio como Mercosur y propone una renta básica agraria para jóvenes. El PSOE busca reindustrializar la región con polos de energía renovable, el Corredor Atlántico y “bonos de contratación” para incentivar el empleo juvenil. Vox apuesta por la “mayor rebaja fiscal posible” y elimina de raíz cualquier subvención a sindicatos o patronales. El PP se centra en reducir la burocracia, simplificar trámites y evitar pactos de financiación bilateral que, según argumenta, generan desigualdades con otras regiones. IU promueve modelos cooperativos, adapta la formación al mercado laboral y establece protocolos contra el 'mobbing' laboral LGTBIfóbico.

Infraestructuras y Movilidad

El transporte vuelve a mostrar enfoques distintos sobre cómo afrontar la movilidad en Castilla y León. El PP mantiene la gratuidad del Buscyl para todos los empadronados y apuesta por un sistema flexible a la demanda. El PSOE busca integrar toda la red de transporte con una tarjeta digital única y mejorar la conectividad rural. Podemos defiende trenes públicos y sociales, frente a lo que consideran “sobredimensión” del AVE. IU introduce la idea de autobuses gratuitos interurbanos durante las fiestas locales, pensando en la seguridad juvenil. Vox, por su parte, reclama que los trenes de Feve vuelvan al centro de León.

Medio Ambiente e incendios forestales

Tras los peores incendios forestales de la comunidad, la gestión forestal es un tema crucial en esta campaña. El PSOE quiere crear un Fondo Forestal y establecer un operativo de extinción de incendios durante todo el año. IU impulsa campings y albergues públicos para que la juventud disfrute del medio ambiente de forma asequible. Podemos propone un operativo forestal cien por cien público y frenar las macrogranjas, mientras que el PP plantea plantar 50 millones de árboles y compensar a propietarios con derechos de carbono. Vox, por su lado, defiende la caza y pesca como motores de conservación rural y rechaza compromisos con el Pacto Verde Europeo.

Derechos humanos

La inmigración es uno de los ámbitos donde se evidencia otro de los mayores contrastes de los programas. El PSOE prioriza políticas de integración y convivencia, mientras que IU introduce planes para evitar explotación laboral y la segregación escolar del alumnado inmigrante o gitano. Podemos defiende regularizaciones extraordinarias —al igual que a nivel nacional—, acceso a sanidad y sanciones a discursos xenófobos. La extrema derecha de Vox quiere implantar la “Prioridad Nacional” para que los españoles accedan antes a servicios y ayudas y un control estricto de centros de menores no acompañados, y el PP se centra en facilitar el retorno de jóvenes y talento castellano y leonés desde el extranjero.

Otro de los grandes temas que separa a la izquierda de la derecha es el feminismo, la lucha contra violencia de género y derechos LGBTI. Podemos propone una Consejería de Igualdad, red de “Puntos Arcoíris Rurales” y prohibición de cirugías irreversibles en menores intersexuales no urgentes. PSOE crea un Estatuto de Mujeres Rurales, Ley para eliminar la brecha salarial y centros de emergencia 24 horas para víctimas de violencia sexual. IU promueve posgrados universitarios LGTBIQ+, protección de personas trans en deportes y protocolos contra el machismo escolar. Vox, contrario a todo lo que propone la izquierda, quiere derogar leyes de género y LGTBI, endurecer penas por agresiones sexuales y proteger el deporte femenino excluyendo mujeres trans. Por su parte, el PP quiere aprobar una nueva Ley integral de víctimas de violencia de género —algo que no ha conseguido en la pasada legislatura— y programas como STEAM Talent Girl.

Educación

En educación, las diferencias entre partidos son notables. Podemos quiere reducir ratios, garantizar comedores escolares durante todo el año y avanzar hacia la gratuidad universitaria total. El PSOE impulsa una Red de Escuelas Infantiles y gratuidad de la primera matrícula universitaria, mientras que IU plantea un plan de choque contra el fracaso escolar, la inclusión de posgrados LGTBIQ+ y reutilización de espacios escolares para deporte fuera del horario lectivo. Vox y PP defienden la PAU única y apuestan por premiar el mérito, pero Vox añade la eliminación de lo que considera según su visión “adoctrinamiento ideológico” en los currículos.

Familia

El modelo de familia y su protección también es terreno de diferencias ideológicas. Vox y PP incentivan la natalidad con rebajas fiscales y bonos para hijos, mientras que el PSOE busca planes de conciliación y el “certificado autonómico de hogar” para aliviar la duplicidad de costes tras separaciones. Podemos plantea un Sistema Público de Cuidados y apoyo especial a familias monomarentales. IU apuesta por incluir la diversidad familiar y afectiva en los currículos de todas las asignaturas y formar a toda la comunidad educativa en estos contenidos.

Cultura

El apartado cultural refleja también reflejan visiones muy distintas. El PSOE reserva presupuesto para conservación del patrimonio, gratuidad de museos para menores de 25 años y becas artísticas. Podemos propone gratuidad de museos, bibliobares rurales, políticas culturales feministas y eliminar la tauromaquia del catálogo de Patrimonio Cultural. IU quiere impulsar estudios de grabación y sellos discográficos municipales. Vox por su parte en esta materia se limita a defender la identidad española, festividades cristianas y tauromaquia. El PP apuesta por el español como motor económico y la digitalización del patrimonio cultural.

Administración Pública, burocracia y gasto político

En este bloque, Podemos y el PSOE coinciden en regular puertas giratorias y reducir temporalidad en la administración, mientras que el PP apuesta por robotizar trámites y mejorar la atención con IA y telepresencia. Vox, en cambio, busca eliminar consejerías, altos cargos y subvenciones a sindicatos, patronales y partidos, denunciando “despilfarro político”.

Memoria Democrática

PSOE y Podemos promueven la recuperación de la memoria histórica con exhumaciones, inventarios de fosas y mapas de víctimas. Podemos plantea además un Banco Público de ADN y oficina de atención a víctimas del franquismo. Vox, de nuevo en contra de los postulados de la izquierda, propone derogar la ley autonómica de Memoria Histórica, restaurar símbolos religiosos y sustituirla por un “marco de concordia”, una política que ya trató de implementar la legislatura pasada en el gobierno autonómico, tratando de aprobar una Ley de Concordia y la declaración de BIC de construcciones como la pirámide fascista de los italianos. El PP evita este tema y prioriza difundir la memoria de la transición.

Bienestar Animal, Caza y Pesca

Las políticas de bienestar animal de Podemos defienden el “sacrificio cero” en perreras y la protección del lobo ibérico, fomentando ecoturismo. Vox y el PP, en cambio, ven la caza y la pesca como elementos clave para el control del medio natural y el desarrollo rural. El PP añade estrategias para gestionar la sobreabundancia de especies como jabalíes o ciervos, mientras Vox impulsa un Plan Nacional del Lobo, se entiende que para cazarlos, y una licencia de caza única para España.

Propuestas de partidos

PSOE y sus “territorios de 30 minutos”

El principal pilar del programa del PSOE pasa por el concepto de “Territorio 30 minutos”, una propuesta propia que no aparece en el resto de programas. Este concepto pretende garantizar por ley el acceso a servicios públicos esenciales a menos de media hora del domicilio.

Entre sus propuestas más diferentes: figura la creación de unidades médicas específicas para COVID persistente y un certificado fiscal por ruptura familiar, destinado a reconocer la duplicidad de gastos que afronta una persona tras una separación. El programa también endurece las limitaciones a las casas de apuestas ampliando zonas de exclusión alrededor de centros educativos y sanitarios.

En el apartado sanitario, su objetivo es reducir listas de espera por ley, integrar atención psicológica en centros de salud y recuperar el Hospital de Burgos —algo que también propone Podemos—, mientras que en vivienda apuesta por 5.000 nuevas viviendas de alquiler asequible y avales hipotecarios para jóvenes. Las propuestas educativas incluyen la creación de una Red Autonómica de Escuelas Infantiles y gratuidad de la primera matrícula universitaria.

El Partido Popular apuesta por la innovación tecnológica

El PP introduce medidas centradas en la innovación tecnológica con apoyo al mundo rural. Su programa incluye conectividad satelital para consultorios rurales, un Plan de Robotización de la Administración con asistentes virtuales y laboratorios móviles digitales. También mantiene la gratuidad del BUSCYL para empadronados y promueve la creación de nuevas viviendas protegidas.

En el apartado sanitario incorpora cirugía robótica, inteligencia artificial y más ambulancias y helicópteros medicalizados. En educación, la PAU única nacional y la gratuidad de la primera matrícula universitaria —idea del PSOE y que el PP votó en contra en las Cortes—, además de blindar la educación de 0 a 3 años. En políticas familiares y de igualdad, propone una nueva Ley de Familia, duplicar el “Bono Nacimiento” y crear un “Bono Infantil” para actividades extraescolares. En cultura, prioriza la digitalización del patrimonio y el español como motor económico.

Vox sigue con sus propuestas islamófobas

En su cruzada identitaria, Vox propone en su programa impedir celebraciones musulmanas, como el fin del ramadán en espacios públicos, y limitar la expansión de productos halal, promocionando la carnicería tradicional. A la par, Vox quiere impulsar la protección del toque tradicional de campanas y el belenismo mediante ayudas específicas. En sanidad, plantea priorizar a nacionales y recuperar competencias para el Estado.

A nivel institucional, quiere reservar al menos un 20% de plazas de Policía Local a militares con años de servicio y aplicar pruebas médicas para determinar la edad de inmigrantes que declaren ser menores. Su propuesta de vivienda pasa por producción masiva y recuperación de la posesión para propietarios. También defiende la familia tradicional con rebajas fiscales por cada hijo y propone eliminar leyes LGTBI —Castilla y León no tiene ninguna— y de género, sustituyéndolas por una Ley de Violencia Doméstica —algo que intento hacer junto con el PP—. Quiere derogar leyes autonómicas de Memoria Histórica mediante la creación de un Decreto de Concordia, algo que ya fracaso junto con el PP la pasada legislatura. Además, propone proteger símbolos religiosos y fomentar tauromaquia y festividades cristianas.

IU-Sumar-Verdes Equo: juventud, cultura y servicios comunitarios

La coalición de izquierdas incorpora propuestas vinculadas a la cultura, juventud y la cohesión social. Entre sus propuestas destacan estudios de grabación municipales, sellos discográficos públicos y autobuses interurbanos gratuitos durante fiestas locales para prevenir accidentes. En educación y diversidad, apuestan por planes contra el fracaso escolar, posgrados LGTBIQ+ y reutilización de instalaciones escolares para deporte.

En sanidad, incluyen formación obligatoria contra la LGTBIfobia. Para combatir la despoblación, buscan incentivos para jóvenes que se trasladen al medio rural. Además, proponen fomentar cooperativas, adaptación de la formación al empleo y protocolos contra mobbing laboral LGTBIfóbico.

Podemos plantea una “renta de repoblación”

El programa de Podemos incorpora algunas de las medidas más curiosas del panorama electoral autonómico. Entre ellas destaca la creación de SUPERCYL, una red pública de supermercados de proximidad destinada a garantizar precios justos para productores y consumidores. La formación del candidato Miguel Ángel Llamas también plantea una “renta de repoblación”, equivalente al salario mínimo, dirigida a personas mayores de 16 años que se empadronen en municipios de menos de 1.000 habitantes.

En el terreno laboral, propone un programa piloto para implantar la semana laboral de 30 horas en pequeñas empresas mediante subvenciones públicas. A ello se suman iniciativas sociales como permitir la entrada de mascotas en hospitales y residencias o impulsar un grupo científico para regular el uso terapéutico del cannabis. También sancionar el uso del término “MENA” y otros discursos considerados criminalizadores.

En sanidad, defiende servicios odontológicos y ópticos gratuitos, blindar el gasto sanitario al 9% del PIB y revertir la privatización del Hospital de Burgos —al igual que el PSOE—. En educación, apuesta por bajar ratios, comedores garantizados todo el año y gratuidad universitaria —van aún más allá que PP y PSOE—. En cultura, propone gratuidad de museos, bibliobares rurales y políticas feministas, mientras que en bienestar animal exige “sacrificio 0” y prohíbe la caza del lobo ibérico.

SALF reutiliza el programa de Aragón

Se Acabó La Fiesta lleva un programa de 23 páginas al que llaman “contrato electoral”. Destaca también que durante todo el documento no han borrado el gentilicio “aragonés” —13 ocasiones— además de aparecer referencias a Aragón. En este 'refrito' de programa electoral, la formación de Alvise se presenta contra la “partitocracia” y el despilfarro. Buscarán la reducción del gasto político cerrando “chiringuitos” y eliminando subvenciones a partidos, patronal y sindicatos —al igual que Vox—. En el plano económico, proponen una reabaja fiscal con un 0% de IRPF autonómico para rentas inferiores a 35.000 euros, cuota cero para nuevos autónomos durante tres años y la supresión de impuestos autonómicos como Sucesiones o Patrimonio.

Sus medidas sociales sitúan en el centro el fomento de la natalidad recuperando el “Cheque Bebé” —otra idea del PP— de al menos 2.500 euros y deducciones por hijo, a la vez que exigen “tolerancia cero” con la okupación. También apuesto por un plan de deportación masiva de inmigrantes ilegales, garantizando por ley la prioridad de los ciudadanos españoles en el acceso a cualquier ayuda social o vivienda —similar a Vox—. En educación quiere que se centre en el mérito y se instaure PIN parental. En una sanidad, SALF propone un plan de choque para lograr “cero listas de espera”. También abogan por el mundo rural frente a la Agenda 2030 —de nuevo, mismo planteamiento de Vox—. En materia de soberanía energética, los de Alvise quieren recuperar el peso de la energía nuclear —como Vox— y limitar el desarrollo descontrolado de macroparques eólicos y solares en suelo agrario.

En el centro de la propuesta electoral de Nuevo Extremeñismo, liderado por Gerardo Rubio de 25 años, natural de Herrera del Duque (Badajoz) y estudiante de Ciencias Políticas, se encuentra la firme convicción de que el próximo 21 de diciembre es el momento de pasar página al bipartidismo y construir una “tierra digna, más justa y llena de oportunidades”. Para Rubio, esta visión se traduce en medidas económicas y sociales disruptivas destinadas a revertir la precariedad y el despoblamiento que, a su juicio, lastran a Extremadura.

La formación progresista, feminista y ecologista cuyo lema es 'La Extremadura que viene', no concibe la “igualdad real” sin abordar frontalmente las realidades extremeñas: la ruralidad, la brecha salarial y la despoblación. Rubio critica que, en muchas ocasiones, las necesidades de las mujeres rurales —quienes han sostenido el mundo rural en la sombra— son “completamente invisibles”. Para combatirlo, se hace urgente dotar de espacios de conciliación y cuidado de menores y ancianos, tareas que recaen mayoritariamente en ellas e impiden su acceso al empleo, frenando así la sangría de la despoblación.

En la lucha contra la violencia machista, Nuevo Extremeñismo propone una reforma estatutaria para que Extremadura asuma y desarrolle un mayor número de competencias, lo que permitiría adecuar los recursos a la gran dispersión geográfica. La estrategia pasa por un refuerzo real de la Red de Oficinas de Igualdad de Género y la creación de nuevas Casas de la Mujer, consideradas “clave” tanto para la intervención directa y el acompañamiento como para la concienciación a través de actividades.

El partido se compromete a integrar la perspectiva de género a todos los niveles, incluyendo políticas transversales para mujeres con discapacidad, “doblemente discriminadas”. El candidato advierte que planes como el Estratégico por la Igualdad pueden “quedarse en papel mojado” si no existe un seguimiento real de su efectividad: si una “lanzadera de empleo” se limita a un curso de informática sin colocación posterior o un piso de acogida no cumple los mínimos de seguridad, la política es inefectiva. La llave para eliminar desigualdades estructurales, concluye, son dos pilares: “educar a la ciudadanía en paralelo a la realización de política que integre la perspectiva de género”.

La revolución económica

Para Rubio, la visión de una “tierra digna” implica poner un freno inmediato a los macroproyectos extractivistas como macrovertederos y megaminas ilegales, señalando un “modelo empobrecedor que fomenta dinámicas neocoloniales”. La justicia, en términos económicos, exige garantizar derechos universales como la vivienda accesible, tres comidas al día para todos los niños y una Universidad pública y gratuita, financiada mediante una subida progresiva de impuestos a las grandes compañías eléctricas y a los grandes propietarios.

El pilar de su proyecto es la garantía del derecho al trabajo y explica que el Estado pierde anualmente 2.000 millones de euros en Extremadura por gastos y pérdidas de ingresos derivados del desempleo, mientras que contratar a todos los parados extremeños costaría 1.400 millones. Su propuesta es “simple y radical”: convertir las oficinas de desempleo en oficinas de empleo, movilizando el 100% de la fuerza laboral para realizar trabajos necesarios como rehabilitación de vivienda, regeneración de ecosistemas y acompañamiento a mayores.

El modelo productivo, según su programa electoral, se centrará en el “cómo se produce y el para quién”, defendiendo la justicia para los productores del campo y un modelo regenerativo. Para evitar la dependencia de grandes empresas externas, el mensaje es directo: “Extremadura no depende de las grandes empresas extranjeras, son ellas las que dependen de nosotros”. Su objetivo es el control pleno de los recursos: “Los recursos de Extremadura los explota Extremadura, los manufactura Extremadura, el valor añadido se genera en Extremadura...”.

La soberanía energética

El concepto de “energía sin colonialismo” al que se refiere Rubio se traduce en que los beneficios de ser el único superproductor energético del Estado reviertan directamente en la región. El partido exige que la factura de la luz de las familias y pymes extremeñas sea “reducida a mínimos” y que se establezca un control democrático sobre decisiones de alto impacto, como la mina de litio en Cáceres, defendiendo que los macroproyectos deben someterse a consultas ciudadanas. Abogan por un modelo energético basado en una empresa pública que gestione las presas construidas con dinero público para ofrecer luz barata.

En materia de vivienda, Nuevo Extremeñismo declara abiertamente la guerra a la especulación. «Si no queremos que se especule con la vivienda, tenemos que prohibir especular con la vivienda», sentencia Rubio. Su programa despliega un paquete amplio de medidas que incluye la prohibición de la compra especulativa de inmuebles, la congelación de los alquileres y un tope al precio de la renta en Zonas Tensionadas para frenar la escalada en ciudades como Cáceres o Mérida. También plantean contratos indefinidos para familias con niños, mayores y personas dependientes, la creación de un Banco Público de Vivienda, el blindaje permanente de las VPO, el aumento de plazas en residencias de estudiantes y la reserva de vivienda pública en alquiler social para trabajadores temporales o interinos.

El partido propone además la instalación de una Oficina de Vivienda para asesorar, mediar y facilitar la búsqueda de hogar; la expropiación de viviendas en manos de fondos buitre y bancos; la prohibición autonómica de la venta de suelo público y vivienda protegida; y la implantación de tributos específicos a la acumulación de viviendas vacías y a los multipropietarios. Para preservar el equilibrio urbano, defienden la limitación de apartamentos turísticos por barrios, el corte de suministros a los que operen de forma ilegal y el fomento de cooperativas de vivienda como fórmula colectiva de acceso y propiedad.

Recuperar la identidad

La juventud es un eje central en sus planteamientos. El partido se compromete a destinar un 1% del PIB a políticas de juventud, con el objetivo de garantizar las tres condiciones básicas para que nadie tenga que emigrar: trabajo, vivienda y transporte. Para frenar la fuga de talento, proponen duplicar la asignación a la Universidad de Extremadura, revertir las rebajas fiscales a las rentas altas y asegurar una oferta educativa completa, gratuita y diversa, que incluya disciplinas artísticas, sociales, filosóficas y políticas en Bachillerato y en la universidad. Su propuesta se articula bajo el lema 'Por un presente y un futuro aquí' e incorpora medidas como la creación de un Alto Comisionado para las Generaciones Futuras, la cobertura total de salud mental en los seguros escolares, terapias psicológicas gratuitas para menores de 30 años y programas de 'Becas Retorno' para recuperar a la juventud que tuvo que marcharse y ofrecerle una segunda oportunidad.

El partido plantea también reforzar la participación juvenil, aumentando la representación estudiantil en los Consejos Escolares, fortaleciendo el Consejo de la Juventud y las federaciones de asociaciones de estudiantes, e impulsando un Máster en Participación Juvenil. A ello suman la contratación de técnicos en dinamización juvenil por unidades comarcales, la aprobación de una Ley de Juventud, la apertura de Casas de la Juventud y del Estudiante, y la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda mediante la ampliación del Bono Joven de alquiler y del Aval Joven para la compra de una primera vivienda.

En la función pública, la propuesta más llamativa es la implantación de la jornada de 32 horas o 4 días sin reducción salarial, junto con la homologación del salario de los funcionarios extremeños (docentes, personal médico) con otras comunidades.

Respecto a la Sanidad, Rubio declara una “situación de emergencia” con la salud mental, la principal causa de muerte entre la juventud, y urge a tomar medidas drásticas. También exige frenar el deterioro de la Atención Primaria, con citas en 48 horas y urgencias 24 horas en zonas rurales, y la aprobación de una Ley Extremeña Contra el Cáncer para reducir a la mitad las muertes.

Finalmente, Nuevo Extremeñismo defiende la “esencia extremeña” con un discurso de orgullo frente a la “permanente humillación”. El partido, además de priorizar a artistas regionales en la contratación y el uso de infraestructura pública, busca proteger la identidad y la lengua sin caer en discursos excluyentes. Su propuesta incluye la oficialidad del estremeñu, la fala y el portugués raiano, y la obligatoriedad de ofertar el aprendizaje del portugués en las escuelas.

Soberanía y líneas rojas

En materia de transporte, la exigencia prioritaria es tomar el control de la competencia de trenes que establece el Estatuto de Autonomía, reclamando los fondos al Gobierno central. El objetivo es crear una Red de Cercanías extremeña, reabrir la Ruta de la Plata y establecer un Bono de transporte 100% gratuito.

Rubio afirma que la “soberanía extremeña” pasa por cumplir el Estatuto de Autonomía y por tomar decisiones basadas en las necesidades del pueblo, y no en las estrategias de los partidos de Madrid.

De cara a los pactos postelectorales, Nuevo Extremeñismo ha establecido líneas rojas innegociables: congelación de los alquileres mediante una ley autonómica, frenar el extractivismo (con la mina de Cáceres como ejemplo) y los proyectos de universidad privada, y la aprobación de una Ley de Juventud en consenso con el Consejo de la Juventud de Extremadura.

El candidato envía un mensaje a quienes creen que la región está condenada a la marginación: “Les diría que no conocen Extremadura. Que el pueblo extremeño es el más fuerte. Hemos enfrentado de todo a lo largo de nuestra historia. Somos los herederos de los extremeños que levantaron Torre Baró en Barcelona, de Manolo Vital el conductor del autobús 47. Somos los herederos de los jornaleros, yunteros y campesinos que se levantaron el 25 de marzo. Somos herederos de la Extremadura de María Telo, de Matilde Landa y de Antonio Elviro Berdeguer. Somos la Extremadura que se unió para exigir el Tren Digno o para enterrar el macrovertedero de Salvatierra. La Extremadura que sigue peleando contra la mina de Cáceres, que trabaja incansablemente por salvar nuestras lenguas de una marginación impuesta o que se levanta contra el genocidio de Gaza”.

“Visualicen una Extremadura en 2035 con todos los derechos básicos cubiertos, con la factura de la luz más baja de España y la UEx como referente. Piensen en una Extremadura donde la felicidad sea un derecho, no un privilegio”, concluye Rubio.

“La gente se cree que no tengo programa. Claro que lo tengo, solo que no lo publico. Porque soy perro viejo”. Luis 'Alvise' Pérez consiguió este domingo más de 800.000 votos y tres escaños en el Parlamento Europeo después de una campaña poco habitual: una docena de actos, muchos mensajes en Telegram y pocos anuncios electorales. Pese a sus palabras, el líder de 'Se acabó la fiesta' no ha hecho público a día de hoy un programa electoral que, según ha dicho en algunas entrevistas, tiene “más de 300 páginas”. Pero sí ha esbozado algunas promesas estrambóticas, como la construcción de una “cárcel gigante” para 40.000 personas a las afueras de Madrid o reinstaurar los trabajos forzados.

La explicación a por qué no hace públicas todas sus propuestas varía en función de la entrevista. En el canal de Marc Vidal aseguró que no lo publicaba por ser “perro viejo”. “He aprendido cómo funciona este tema. A la política no hay que entrar prometiendo, hay que entrar habiendo cumplido”, añadió. “Mi programa electoral es todo lo que hemos logrado. Hechos, no programas, no promesas vacías”, dijo en otra intervención. En el canal del militar Pedro Baños, cuatro días antes de la cita con las urnas, dio otra versión. “Tenemos un programa de más de 300 páginas”, afirmó, explicando que solo lo haría público si un gran medio de comunicación le permitía a explicarlo en directo: “¿Queréis escuchar mis propuestas? Me invitáis a vuestro plató, criminales de la información”.

La única manera de reconstruir el programa de Alvise Pérez y su agrupación de electores es tomar nota de los anuncios que ha ido haciendo de forma deslavazada en una docena de entrevistas, encuentros y mensajes de su canal de Telegram con más de medio millón de seguidores. Algunas de ellas, las más famosas, son las que ha repetido de forma sistemática tanto en su acto de cierre de campaña en la plaza de Colón de Madrid como en la misma jornada electoral. Otras han sido solo para los oídos de la parroquia de medios de comunicación de extrema derecha.

Seguridad: una cárcel y trabajos forzados

La seguridad, la inmigración, el crimen, la pederastia y la clase política española son uno solo en la campaña de Alvise Pérez, tal y como lo llevan siendo en su canal de Telegram desde hace años. El agitador ultra bebe de la política penitenciaria salvadoreña de Nayib Bukele, al que aspira a adelantar. “Bukele se queda blando”, dijo en DistritoTV antes de anunciar que pretende introducir los trabajos forzados. Lo hará, asegura, a través de una modificación de la Constitución. “Si Dios quiere y el pueblo me lo permite”, agregó.

Su discurso pasa por afirmar que los criminales, sobre todo los que además son migrantes sin papeles, viven en las cárceles mejor que los españoles en sus casas. Y su objetivo, ha dicho, es que estén “como pollitos en una granja, pagando con trabajo”. Meterá en la cárcel, además, a todo aquel que lleve un tatuaje que recuerde a una banda criminal.

El eje central de su política de seguridad, además de “la deportación masiva e inmediata de todos esos criminales que han entrado de forma ilegal”, es construir una nueva cárcel. Lo que plantea es un centro penitenciario en el este de Madrid para meter a 40.000 personas entre migrantes, políticos y criminales. “Mano dura, la construcción de una mega cárcel sin piscina ni gimnasio donde meteremos, previa reforma legislativa, a todos aquellos políticos que viven del robo”, dijo en la discoteca Cats de la capital el domingo. Y citó dos ejemplos de políticos a los que pretende encarcelar, además de a Pedro Sánchez: Felipe González y José Bono.

En su criba masiva no se salva ni el rey. En una entrevista reciente, Pérez criticaba que el monarca fuera a firmar la ley de amnistía, como así ha sucedido antes de su publicación en el BOE. “La pregunta obvia de todos los españoles es: ¿Para qué cojones sirve el rey? ¿Por qué tenemos que dedicar 10 millones al año para que viva en la Zarzuela?”, se preguntaba el agitador.

Justicia: encarcelar a jueces y disparar a narcos

Todas estas promesas sobre seguridad que han centrado su campaña no tiene nada que ver con los tres escaños que su agrupación de electores ha conseguido para sentarse en Bruselas. Tampoco con su propuesta para encarcelar a “jueces y magistrados” a los que, según aseguró en Periodista Digital, tiene grabados “cobrando comisiones ilegales” o su propuesta para que los familiares de los condenados por corrupción también vayan a prisión si se han beneficiado “sabiendo” que era dinero sucio.

Otra de sus propuestas es enviar a prisión a jueces que incurran en “errores graves” que terminen beneficiando a algún criminal. Y permitir a los guardias civiles que disparen contra los traficantes de droga. “Pam, pam, pam. Narco, para que llore mi madre, que llore la tuya”, dijo en Colón ante cientos de personas que jalearon cuando disparó al aire con una mano.

Hace casi un mes hizo otro anuncio en su canal de Telegram: una 'ley de inocencia infantil' con la que castigar no solo la promoción de la pedofilia, sino “cualquier acto de comunicación pública que busque legitimar, normalizar o promover relaciones sexuales entre adultos y menores”. Lo hizo en plena polémica por la campaña con la que el Ayuntamiento de Almería vinculaba el sexo con menores al consentimiento de los niños.

También en su canal de Telegram, Alvise Pérez anunció otra reforma legal que tampoco se podría poner en marcha desde Bruselas: prohibir que “asesinos y pederastas” cobren dinero por dar entrevistas o por las películas que se rueden sobre sus crímenes. Los beneficios, dijo, deben ir “íntegra y obligadamente a las víctimas y familiares de las mismas” al margen de las indemnizaciones que hayan establecido los jueces. El anuncio llegó el mismo día en que trascendió que Instituciones Penitenciarias negaba a Ana Julia Quezada, asesina del niño Gabriel, la posibilidad de hablar con la productora que graba una serie sobre el crimen.

Economía y agricultura: también inmigración ilegal

En cuanto a la economía, y entrando en materia europea, Luis 'Alvise' Pérez no ha especificado cómo haría efectiva su animadversión explícita al pago de impuestos. Pero sí ha dejado claro que no tiene ninguna intención de aceptar el proyecto del euro digital, que desde hace años la extrema derecha vincula al final del dinero en efectivo.

“Yo quiero prohibirlo, que nadie pueda rastrear transacciones privadas. El euro digital no es como una criptomoneda, dependes de un burócrata”, dijo hace unos días a preguntas de Marc Vidal. En su canal de Telegram, también hace unas semanas, anunció que usaría su escaño en Bruselas “para promover una ILP que blinde constitucionalmente el uso del dinero en efectivo”. Propone algo denominado “auto-custodia fiscal” para una “presión de recolección colectiva inversa” que reduzca “masivamente” la deuda pública.

Hace unos días, Pérez participó en un debate organizado por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) donde sí mezcló sus consignas habituales con algunas propuestas medianamente concretas. “Marruecos es nuestro enemigo, para no aumentar los costes, ser más productivo, se requiere innovación”. Para Pérez, uno de los grandes problemas del campo, como en la seguridad, es la inmigración ilegal, algo que “es un problema laboral del sector”.

En ese debate hizo “una propuesta firme”: modificar el reglamento europeo de 2015 que regula las ayudas de política agrícola. “El gasto masivo que hay en la Unión Europea se va a la burocracia, a los políticos, a todos los que están en esta mesa”, dijo mientras sus compañeros de debate levantaban las cejas. Su objetivo, dijo sin dar más detalles, es “priorizar la ayuda directa a los agricultores”. También ha propuesto prohibir que la inteligencia artificial se use para “la vigilancia y el espionaje”.

“Antes me corto yo la cabeza”

La mayor parte de las propuestas que hace Alvise Pérez, por tanto, poco tienen que ver con la actividad que se desarrolla en el Parlamento Europeo. Tampoco tendrían muchas posibilidades de prosperar sin unas modificaciones de la Constitución que convirtieran la Carta Magna en algo completamente distinto a lo que es. Su programa no es público, pero afirma que existe y que ha sido elaborado por un “equipo”. “Tengo 20.000 enmiendas aquí”, dijo durante una entrevista.

Las grandes estrellas de la campaña, sin embargo, han sido tres: construir una cárcel, meter en la misma a Pedro Sánchez y, finalmente, sortear su sueldo. Un eurodiputado, después de pagar sus impuestos, se embolsa casi 8.000 euros todos los meses, sin contar las asignaciones que le corresponden para poder desarrollar su actividad. Pérez, sin explicar cómo, ha prometido que lo sorteará todo.

“Me daría vergüenza cobrar un solo euro público mientras el pueblo español se está ahogando en la más absoluta miseria”, dijo en el debate de ASAJA. “Donamos el 100% del sueldo público porque no somos parásitos”, añadió el domingo después de conocer los resultados. “Antes me corto yo la cabeza que cobrar un solo euro público en toda mi vida”, dijo en DistritoTV.

La campaña de Pérez, propuestas al margen, también se centró en afirmar que el gran objetivo de su entrada en la política es blindar una supuesta lucha por la corrupción a través de la publicación de audios y documentos, atribuyéndose la apertura de casos como el de Koldo García o la causa contra la esposa del presidente del Gobierno.

En una entrevista, Alvise Pérez llegó a compararse con Julian Assange, fundador de WikiLeaks. En otra, con Nayib Bukele. También afirmó que había “contactado” con agentes de la Unidad Central Operativa en sus investigaciones desconocidas sobre corrupción. La canción de su candidatura tampoco es mucho más específica sobre el programa que pretende desarrollar en Bruselas y sobre a quién se le acaba la fiesta: “Al trilero que miente y apesta, al vocero que nunca contesta, para todos los gandules rojos y azules, para gente deshonesta que cobra y duerme siesta”.

El Partido Popular presentó este martes, a apenas cinco días de los comicios, su programa para las elecciones europeas del 9J. En un documento de 20 páginas, el partido de Alberto Núñez Feijóo define las principales propuestas del proyecto de su candidata, Dolors Monserrat. El documento recoge las medidas de la formación para la lucha contra la corrupción, la independencia del CIS, la crisis demográfica y la seguridad, entre muchas otras. Sin embargo, por lo que más fuerte apuesta el partido es por un Pacto Europeo del Agua. Tanto, que repite la propuesta dos veces.

En el apartado de medidas para el desafío económico e industrial, el PP aboga por “un pacto azul en Europa”. Se trata del punto 49 del programa. “Propondremos un Pacto Europeo del Agua para combatir la sequía, financiando infraestructuras hídricas y la modernización de regadíos, y trabajaremos para que el estrés hídrico se convierta en un nuevo criterio para el cálculo y reparto de fondos de cohesión y de desarrollo rural”, explican.

Varios puntos más adelante, los populares añaden otra medida en la que defienden “un pacto europeo del agua”, por las mismas razones que el “pacto azul en Europa”. “Propondremos un Pacto Europeo del Agua para combatir la sequía, financiando infraestructuras hídricas y la modernización de regadíos, y trabajaremos para que el estrés hídrico se convierta en un nuevo criterio para el cálculo y reparto de fondos de cohesión y de desarrollo rural”, repiten.

No es el único texto que se repite a lo largo del programa del PP. Los puntos 71 y 74 también son los mismos; uno sobre sus plan para la “Migración Regular” y el otro para su plan para “Favorecer la Migración Regular”. “

“Revisaremos las políticas vinculadas a la migración regular para garantizar que todos los ciudadanos de terceros países que quieren residir de manera legal en la Unión Europea cumplen con los requisitos mínimos de integración y de adherencia a los principios y valores recogidos en la carta de derechos fundamentales de la UE y al principio de igualdad entre hombres y mujeres”, dice el punto 71. “Revisaremos las políticas vinculadas a la migración regular para garantizar que todos los ciudadanos de terceros países que quieren residir de manera legal en la Unión Europea cumplen con los requisitos mínimos de integración”, expone el punto 74.

“Ya es cutre que hayáis presentado vuestro programa electoral a cuatro días de las elecciones. Pero es todavía peor que hayáis tenido que repetir medidas para rellenar huecos y así llegar a las 20 páginas. No me extraña que prefiráis hablar de Begoña”, ha criticado el politólogo y comunicador Alán Barroso en su cuenta de X, en referencia a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El desliz del PP probablemente haya tenido que ver con las prisas en la redacción del documento. Los populares han sido los últimos en presentar su plan para las elecciones, que se celebran en tan solo cuatro días. La candidatura del PSOE, encabezada por Teresa Ribera, hizo públicas sus propuestas el pasado 21 de mayo. Sumar y Vox lo hicieron este lunes, ambos con una semana de antelación a los comicios.

Los populares, por su parte, publicaron un manifiesto de ocho páginas sin ninguna medida concreta, dificultando a sus votantes el conocimiento sobre las soluciones que el partido planteaba hacia los principales retos europeos. Esta oración es la que concluía dicho manifiesto: “Lo que Europa necesita son medidas concretas que mejoren la vida de todos, que tengan un verdadero impacto en la realidad”.

Ante las críticas, el PP ha decidido presentar finalmente su programa, dividido en cuatro secciones: respuesta al desafío democrático, respuesta al desafío social y cultural, respuesta al desafío económico e industrial y respuesta al desafío geoestratégico. En total, contando con las portadas, son 20 páginas de propuestas frente a las más de 100 que presenta el PSOE.

El partido de Santiago Abascal ha publicado un plan de 40 páginas que resume en únicamente diez puntos sus ideas para Europa. Por su parte, Sumar —que integra a gran parte de sus socios en la candidatura a los comicios, como En Comú, Más Madrid, Compromís, IU o la Chunta Aragonesista—  aglutina decenas de medias en un programa de 74 páginas. Y la candidatura de la exministra Irene Montero por Podemos presenta un programa de casi 90 páginas de largo.

Vox marca el paso al PP. Y lo hace imponiendo su agenda ideológica en todas las comunidades en donde la extrema derecha ha conseguido cerrar acuerdos con los de Feijóo después del 28M. En el tiempo que ambos partidos llevan gobernando juntos ya se ha notado la impronta de la extrema derecha. En Extremadura, Aragón, Comunitat Valenciana, Balears y recientemente, Murcia –la única que ya era del PP–, han comenzado a desmantelar las políticas progresistas llevadas a cabo por los anteriores gobiernos de izquierda.

Solo este lunes, el PP sacó adelante con sus votos una iniciativa de Vox mediante la que el Parlamento cántabro insta al Ejecutivo regional (PP) a presentar “a la mayor brevedad” un proyecto de ley de derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria aprobada la pasada legislatura por PRC y PSOE. Y en Granada, el ayuntamiento controlado por los populares borraba las banderas LGTBI pintadas en los semáforos de la ciudad.

Ambas fuerzas, PP y Vox, han situado en su punto de mira la ley de violencia de género, que han intentado descafeinar en todas las autonomías sustituyéndola por la lucha contra “todo tipo de violencia en el ámbito familiar” ya sea “contra la mujer, los hombres, los mayores, o los niños”. Vox ha pedido no aplicar en esas autonomías la Ley de Memoria Democrática, y también ha logrado eliminar en muchas de ellas los departamentos de Igualdad, camuflándolos dentro de otros organismos, y anulando así sus competencias plenas.

Los de Abascal, además, están llevando a cabo junto al PP sus promesas de rebajas fiscales, con la supresión de aquellos impuestos que benefician a los más ricos, como el de Patrimonio y el de Sucesiones, mientras realizan recortes en educación o sanidad, potenciando la colaboración público-privada, e imponiendo en las escuelas el veto parental.

El partido de extrema derecha ha arrastrado asimismo al PP a que allí donde los dos partidos gobiernan se eliminen las subvenciones a los sindicatos, ONG y a colectivos LGTBI contra los que demuestra especial animadversión, como se vio en la localidad madrileña de Galapagar en donde retiraron de la calle los bancos arcoíris. Durante la semana del Orgullo, PP y Vox votaron en contra de desplegar la bandera LGTBI en el Parlament Balear y la retiraron de ayuntamientos como Vegas del Genil (Granada), Toledo, donde lucía desde hace siete años, Ciudad Real, Valladolid, Burgos o Nàquera (Valencia).

Castilla y León marcó el camino

La senda la marcó Vox con el primer acuerdo cerrado en Castilla y León en marzo de 2022 con el PP en el que consiguió ocupar la vicepresidencia de la Junta, tres consejerías y la presidencia del Parlamento. Lo primero que hizo el líder de la extrema derecha, Juan García Gallardo, fue dar tres meses de plazo al presidente y dirigente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para que cumpliera con tres compromisos para ellos “prioritarios” de las 32 “acciones programáticas” firmadas en el pacto: derogar el Decreto de Memoria Histórica, colaborar con la Policía para la expulsión de inmigrantes ilegales y reducir subvenciones y la publicidad institucional en los medios de comunicación. Algunas de estas exigencias ya se han materializado mientras el PP intenta ralentizar otras, como el punto 10 del acuerdo para impulsar medidas contra la “violencia Intrafamiliar”, un concepto con el que Vox trata de difuminar la violencia de género.

La Junta de Castilla y León ha sido la primera en aplicar la supresión de las subvenciones a sindicatos y a algunas organizaciones empresariales, como exigía Vox. El partido de extrema derecha estaba dispuesto a eliminar directamente todas esas ayudas y el PP cedió aunque haciéndolo de forma progresiva. Esta cuestión ha desencadenado que el Ministerio de Trabajo envíe dos requerimientos a la Junta, lo que supone un paso previo a ir a juicio.

La extrema derecha también pelea por aprobar allí su polémica medida para “evitar los abortos”. El plan de Vox pasaba por “ofrecer” a las mujeres escuchar el latido del feto o ver “la cara y los rasgos” del embrión a través de una ecografía 4D. El partido de Abascal sigue insistiendo en que el protocolo “se va a aplicar” aunque el PP lo niega.

Comunitat Valenciana: las oficinas de atención a la víctimas peligran

Después del 28M, PP y Vox se unieron también en otras autonomías para formar gobiernos de coalición a pesar de que el propio Alberto Núñez Feijóo en un principio se mostró reacio a aceptar a los de Abascal como socios. Sin embargo, poco duró esa resistencia. Quince días después de esas elecciones los dos partidos cerraron el primer gran pacto en la Comunitat Valenciana. Y entre sus 50 medidas suprimieron las alusiones a la violencia de género.

Allí el 'popular' Carlos Mazón entregó a Vox tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, y también la presidencia de Les Corts. El torero Vicente Barrera fue nombrado vicepresidente del Gobierno con competencias en la Conselleria de Cultura. La extrema derecha gestiona allí ahora la cartera de Agricultura y la de Justicia, a cuyo cargo están las oficinas de atención a las víctimas de violencia de género y de los cuerpos policiales. Dos meses después de que haya echado a rodar el nuevo gobierno esas oficinas de atención están en riesgo. La titular de Justicia, Elisa Núñez, señaló que la Generalitat Valenciana estaba estudiando si mantenía estos recursos y con qué competencias.

En el nuevo esquema de gobierno ha desaparecido la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, cuyas competencias las asume la Presidencia de la Generalitat. Y las dos vicepresidencias anteriores (Igualdad y Vivienda) se fusionan en una sola que también aglutina Servicios Sociales. La oposición ha lamentado que el nuevo Ejecutivo deje a un lado la emergencia climática, achacándolo al “negacionismo” de Vox.

Otra de las exigencias de Vox allí se ha centrado en las políticas lingüísticas sobre el valenciano que impulsaron PSPV, Compromís y Unides Podem. Los de Abascal creen que hay que fortalecer la presencia del castellano en la escuela frente a la lengua autonómica. Y el PP lo ha aceptado. La ley de acompañamiento de los presupuestos ya suprime las horas mínimas de valenciano obligatorias en las zonas castellanohablantes y la oficina de derechos lingüísticos

Extremadura: suprimen los impuestos para ricos

En Extremadura, tras la negativa de María Guardiola a dar entrada a Vox en el Ejecutivo autonómico, la dirigente popular terminó a finales de junio por firmar a regañadientes un acuerdo con el partido de extrema derecha en el que se recogen 60 medidas muy similares a las alcanzadas en otras comunidades autónomas con ejecutivos de coalición de ambas formaciones. No obstante, solo la dirigente del PP cedió a los de Abascal la cartera de Política Forestal y Mundo Rural.

En el documento firmado entre los dos partidos se arremete contra las políticas verdes de la Unión Europa y pese a pedir más inversiones al Gobierno central, prometía una bajada de impuestos para los más pudientes. Dicho y hecho: el nuevo Ejecutivo acaba de aprobar por decreto la eliminación de impuesto de Patrimonio –tendrá una bonificación del 100%– y también el que se aplicaba a los grandes tenedores de viviendas, y que afectaba a quienes tuvieran más de cinco inmuebles.  

En contraste, la Junta de Extremadura acaba de anular la gratuidad universal de los comedores escolares que había decretado el anterior Ejecutivo autonómico, dirigido por el socialista Guillermo Fernández Vara, que incluyó la medida en los presupuestos para este curso 2023-2024. Además, en la comunidad se introduce el veto parental en las aulas.

En el acuerdo se apuesta por las nucleares, que el gobierno de Sánchez está sustituyendo por otras energías alternativas, jactándose de haber logrado ya un acuerdo para la extensión de la viabilidad de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz. También se están potenciando los toros y la caza, como pedía Vox. En concreto, en el documento firmado se hablaba del “fomento de la actividad cinegética y la protección de la tauromaquia como fuente de cultura, riqueza y sostenimiento de la dehesa”. Con este fin, Guardiola ha creado ya la Dirección General de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, con competencias en toros y regadíos, y la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, que gestiona Vox, para preservar “la riqueza piscícola, cinegética y acuicultura” de la región.

A pesar del pacto sellado, la relación entre ambos partido es allí tensa. De hecho un comentario de la presidenta lanzado hace unos día durante una entrevista en el diario regional 'Hoy', desencadenó la primera crisis interna: “Mi relación con Vox es escasa o ninguna porque estoy centrada en gestionar, en poner en marcha esta maquinaria que es muy grande, esta administración”, confesó Guardiola. De inmediato, la portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso, Pepa Millán, amenazó al PP con retirarles el apoyo, indispensable para la continuidad del gobierno extremeño, si la presidenta regional no “rectificaba”. “De lo contrario, lo que va a tener es un Gobierno débil o puede ser que directamente no tenga Gobierno”, amenazó Millán. Las aguas luego volvieron a su cauce pese a que Guardiol no llegó a disculparse.

Aragón, la ultraderecha franquista entra en el Gobierno

En Aragón, Vox ha entrado en el Gobierno ocupando la vicepresidencia, que ostenta su líder, Alejandro Nolasco, y dos consejerías, la de Agricultura, Desarrollo Territorial y Despoblación; y la de Justicia. Además, el PP les ha cedido la presidencia de las Cortes.

El texto pactado por el PP y Vox para hacer presidente al 'popular' Jorge Azcón incluye numerosas medidas estructuradas en 10 apartados, como la aplicación del veto parental en actividades extracurriculares: “Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares”, dice el documento. Además, el gobierno de coalición va a derogar la ley autonómica de Memoria Democrática y a reformar de la ley trans, aunque no la abolirá completamente.

También ha decidido apostar por la sanidad público-privada. Otra de las medidas que ya han puesto en marcha es la supresión de la Dirección General de Política Lingüística y el traslado de sus funciones a la Dirección General de Cultura y Patrimonio.

El programa de Vox en Aragón contemplaba la eliminación de “organismos superfluos del sector público instrumental y todos aquellos entes que realicen funciones duplicadas o inútiles, como el Instituto Aragonés de la Mujer y el Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer”. Como en otras autonomías, a ambos partidos se les atraganta la denominación de “violencia de género” que describe las agresiones y asesinatos a las mujeres, y en el documento afirman que “se apoyará y asistirá a las víctimas de violencia intrafamiliar, en especial la que sufren las mujeres, la que sufren los niños y la que sufren los ancianos, así como la creciente violencia filio parental”.

El nuevo gobierno también incluye en su acuerdo que se inste al Gobierno a “identificar a los violadores que han salido en libertad por culpa de la 'ley del sí es sí', poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse o se encuentre en nuestra Comunidad”.

El nuevo Ejecutivo Aragón comenzó con mal pie tras destaparse el ideario ultra de Marta Fernández, la nueva presidente del Parlamento regional. La diputada tuvo que borrar apresuradamente el contenido de sus redes sociales en Twitter y en Instagram el mismo día de su nombramiento. A eso se une la negativa de Azcón, debido a las presiones de Vox, a cesar a los dos directores generales que publicaron en sus redes sociales mensajes exaltando el franquismo. En concreto, la de Justicia, Esmeralda Pastor, que tenía en su foto de perfil un retrato con la bandera preconstitucional, y el de Caza y Pesca, Jorge Valero, que alababa a Millán Astray.

Baleares: Vox fuera del Gobierno pero marcando agenda

En las islas el PP ha logrado dejar a Vox fuera del Gobierno. Sin embargo, el acuerdo al que llegaron ambos partido en la Región para investir a Marga Prohens como presidenta del Govern balear aceptaba la participación de Vox en los Consells insulars de Mallorca y Menorca a cambio del apoyo de los votos de extrema derecha. Como peaje el PP se ha visto obligado a asumir gran parte del ideario político de la extrema derecha. Así, el documento firmado de 110 medidas pone su foco en aspectos como “la protección de la mujer” –sin hablar en ningún momento de la violencia machista como es habitual–, o “la seguridad de los ciudadanos de Baleares, con especial atención al problema de la inmigración ilegal y la persecución de las mafias”.

Pero el “gran logro” de Vox en Baleares ha sido cambiar, como en la Comunidad Valenciana, el modelo de inmersión lingüística para potenciar al castellano que, según la extrema derecha, se encuentra en retroceso en comparación con el catalán. De esta forma se eliminará el catalán como requisito para los profesionales sanitarios en Baleares. Y en el ámbito educativo, “los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización. Nos comprometemos a extender este derecho en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales”, afirman.

Murcia: a vueltas con el veto parental

El último ejemplo de la impronta que va dejando Vox es Murcia, aunque allí el pacto ha sido más complicado. Sin embargo, este jueves, después de muchos tiras y aflojas, el popular Fernando López Miras era investido presidente. A cambio Vox, aunque perdió la batalla por la Consejería de Agricultura, ocupará la vicepresidencia y cartera de Fomento e Infraestructuras, Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, que va a ser clave para decidir el futuro del Mar Menor.

En el el acuerdo sellado, que consta de 30 puntos, se apuesta por un Plan Hidrológico Nacional, recuperando el 'agua para todos', una idea que en 2004 ya fue desechada por la mayoría de los informes técnicos, siendo inviable tanto desde el punto de vista ambiental como económico.

Igualmente se habla, como ya es un clásico en Vox, de combatir “la violencia contra las mujeres, la que sufren los niños y la violencia que sufren los mayores”, es decir, nuevamente el concepto de “violencia intrafamiliar”, por mucho que la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, del PP, señalara este jueves en la rueda de prensa posterior a la toma de posesión de los nuevos miembros del Gobierno que van el nuevo gobierno “va a reforzar todos aquellos recursos y programas para tener una igualdad real entre mujeres y hombres en la Región”, y van a “luchar contra tipo de violencia, en especial, contra la de género”.

La extrema derecha insiste además en “la defensa de la familia y la búsqueda de la excelencia educativa y la educación en libertad”, primando la concertada y privada, y recuperando la idea del veto parental que ya fue hace cuatro años una de las medidas estrella de Vox que López Miras puso en marcha en las aulas tras su investidura y que se llevó a la práctica en una versión descafeinada.

Que España ya no es católica es algo que, a tenor de los datos y de los programas electorales, parece más claro que nunca. Tras repasar las propuestas para este 23J de los cuatro principales partidos, la conclusión es evidente: la Iglesia –y, por extensión, la religión– es una de las grandes olvidadas de esta contienda electoral. Ni siquiera Vox, que ha hecho de los postulados ultracatólicos bandera durante años, hace la más mínima referencia a la Iglesia católica en unos programas que apuntan a la absoluta irrelevancia de la institución, tanto para un lado como para otro. ¿Ha dejado de dar votos la diatriba laicismo vs. religión? Eso parece.

La ausencia de referencias a la Iglesia católica es una de las pocas coincidencias en los programas del PSOE y el PP, y singularmente relevante en el caso de los partidos de la izquierda, cuyos programas obvian una reivindicación histórica tanto del PSOE como, en su día, de Unidas Podemos: la revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado. Ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz postulan hoy la denuncia del Concordato.

Lo más parecido a una referencia al pacto Iglesia-Gobierno está en la página 246 del programa de los socialistas, que apuesta por “Una España que avanza en laicidad”, y en la que se apunta: “Seguiremos trabajando con la Iglesia Católica en el marco del Acuerdo de Asuntos Económicos, para avanzar en el compromiso asumido por la Iglesia de alcanzar por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Nada de derogación, ni de nuevos acuerdos, en una dinámica ya impulsada en los últimos meses por el ministro Bolaños y que también ha asumido el PP en su programa electoral: tratar de equiparar los privilegios fiscales de la Iglesia católica a los del resto de las confesiones religiosas de notorio arraigo. Una medida que no entró en vigor, precisamente, por el adelanto electoral.

“A lo largo de los últimos años del siglo XX y en este siglo XXI, España, y sus ciudadanos y ciudadanas, han avanzado de manera firme hacia los valores de igualdad, pluralidad, diversidad, inclusión y tolerancia que configuran a nuestro país como una moderna sociedad democrática”, afirma el PSOE, quien insiste en que “las leyes y normativas promovidas y aplicadas por Gobiernos socialistas sobre divorcio, interrupción voluntaria del embarazo, muerte digna, matrimonio entre personas del mismo sexo, igualdad entre mujeres y hombres, violencia de género… son expresión de espacios de laicidad conquistados por y para la ciudadanía, que siempre han tenido que vencer democráticamente la oposición de sectores conservadores”.

Movimientos ultranacionalistas y supremacistas

Ahora, añade, “asistimos a un renacimiento de movimientos ultranacionalistas y supremacistas en España y en toda Europa, que alimentan el odio a quien tiene otra cultura u otra religión distinta de la que ha sido tradicional en nuestro país”, incide el PSOE, en una clara alusión a Vox. El partido ultra que, por otro lado, tampoco hace la más mínima alusión a la Iglesia católica o las religiones (salvo para hablar de radicales “islamistas”) en su programa electoral.

“El Gobierno de Pedro Sánchez ha trabajado intensamente en la normalización de la diversidad religiosa y el reconocimiento de las minorías, así como en la neutralidad y la igualdad del sistema de relaciones de los poderes públicos con el hecho religioso. Y, al mismo tiempo, ha desarrollado una importante actividad legislativa en materia de libertad de conciencia, religiosa y de convicciones”, apunta el documento socialista, que aboga por “profundizar en la convivencia de una sociedad plural e inclusiva”, para lo que proponen varias acciones.

Régimen fiscal equiparable

Así, añaden en la página 254, los socialistas se comprometen a “reforzar las políticas de neutralidad religiosa en actos públicos y de representación del Estado, respetando todas las creencias y convicciones religiosas y cumpliendo el principio constitucional de laicidad”. “El régimen fiscal de las confesiones religiosas será el mismo que el de las entidades sin ánimo de lucro”, añade el documento, que en este punto es muy similar a la única propuesta del PP referente a otras religiones.

“No podemos dejar que el discurso del odio y la intolerancia gane terreno y, por eso, en la próxima legislatura los y las socialistas trabajaremos para que la sociedad no vea en el pluralismo religioso un problema, sino una oportunidad de ir más lejos en la consecución de los principios que la Constitución quiso que presidieran nuestro modelo de convivencia”, concluye.

Por su parte, el programa de Sumar no cuenta con una sola referencia directa a la Iglesia católica, aunque en su parcela educativa sí aboga por sacar la asignatura de religión del currículo y del horario escolar. “Ninguna religión ni simbología religiosa formarán parte del currículo ni del horario lectivo obligatorios”, aboga la formación liderada por Yolanda Díaz, que insiste en que, con el fin de “promover la libertad de conciencia del estudiantado”, se debe “prescindir de la afirmación dogmática de contenidos doctrinales y morales, religiosos o de cualquier otra naturaleza”.

En cuanto al PP, apenas dedica un punto a la cuestión religiosa. En concreto, el 223, en el que, genéricamente, apunta: “Trabajaremos para garantizar el derecho fundamental de libertad religiosa, promoviendo el diálogo y la cooperación con las confesiones a través de los instrumentos jurídicos existentes”.

Al igual que hiciera el Gobierno de coalición, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo asegura que “se extenderán los beneficios fiscales a las confesiones religiosas con notorio arraigo y se potenciará el papel y la autonomía de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa”. Al tiempo, añade el programa, “se revisará el papel de la Fundación Pluralismo y Convivencia para una gestión más eficaz con las confesiones”.

Una fundación que, por cierto, Vox se había comprometido a erradicar, pero cuya desaparición tampoco aparece en el programa de la formación ultra. De hecho, los de Abascal no hablan de la Iglesia católica, más allá de defender la “protección de las tradiciones populares, eventos religiosos y festejos taurinos propios de la España rural frente a los ataques del progresismo y el globalismo”.

Sí lo hacen, en cambio, para exigir “a los responsables de la religión islámica en España su colaboración para la detención de radicales”, así como la aprobación de una “proposición no de ley para la protección de los españoles frente al yihadismo y la creciente islamización de España”.

Y es que Vox promete cerrar todas las mezquitas o centros de culto “que propaguen ideas que son contrarias a la cultura e identidad” española “como el radicalismo islámico, la yihad o el menosprecio a la mujer y a las costumbres del país”.

Toda la información en www.religiondigital.org

Los principales partidos políticos han presentado estos días sus programas electorales y hemos querido buscar las mejores ideas de cada partido. No las que sean más llamativas, o más criticables, sino las que genuinamente sus propios votantes puedan considerar como buenas, interesantes.

Con los periodistas de elDiario.es que siguen a PP, PSOE, Vox y Sumar analizamos qué propuestas pueden seducir al electorado de izquierdas y de derechas, respectivamente. Con Aitor Riveiro, José Enrique Monrosi, Laura Galaup y Alberto Ortiz. 

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Con decenas de pactos PP-Vox ya rubricados a nivel municipal y autonómico tras las elecciones del pasado 28 de mayo y con las generales a la vuelta de la esquina, comienza a evidenciarse en las instituciones y en los discursos hasta qué punto los conservadores se han plegado a los postulados –y hasta a la terminología– de la extrema derecha para asegurarse el poder, renunciando a avances y derechos clave a cuyo desarrollo se comprometían los populares en sus distintos programas electorales.

Fruto de estas cesiones, negociadas a lo largo de estas últimas semanas bajo el más estricto secretismo, el PP ya ha incumplido buena parte de las medidas que prometía en varios de sus programas electorales regionales mientras su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, acuciado por polémicas como la de ocultar el sobresueldo que cobran los dirigentes del partido, presidente incluido, pretende alcanzar La Moncloa minimizando el impacto de los distintos acuerdos alcanzados con Vox, así como el hecho de que éstos se lleven por delante muchos de los compromisos adoptados por el PP con sus electores para pasar a abrazar la retórica del odio y la agitación.

Una situación que es claramente patente en comunidades como Balears, Comunitat Valenciana y Extremadura, donde ya ha culminado el hermanamiento de los populares, tanto dentro de las administraciones como a nivel externo, con quienes se declaran antivacunas, niegan el cambio climático y la violencia machista, cargan contra el colectivo LGTBI y se confiesan supremacistas. “Lo que estamos viendo es el tráiler de una película tenebrosa”, resumía hace varios días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al referirse a los acuerdos alcanzados entre conservadores y ultraderechistas a lo largo y ancho de la geografía española.

Balears: el PP se “olvida” de la violencia machista

En Balears, PP y Vox alcanzaron hace dos semanas un acuerdo para investir a la popular Marga Prohens como presidenta del Govern a cambio de la participación de los ultraderechistas en los consells insulars de Mallorca y Menorca y del cumplimento de 110 medidas programáticas que excluyen gran parte de los compromisos anunciados por los conservadores, quienes asumen gran parte del ideario político de la extrema derecha como peaje para gobernar las islas en solitario. En virtud de este acuerdo, Prohens fue investida el pasado jueves máxima autoridad de Balears gracias a la abstención de los de Santiago Abascal.

El acuerdo barre, especialmente, las promesas electorales del PP balear en materia de crisis climática y derechos del colectivo LGTBI, evita hablar de “violencia machista” para diluirla en la “violencia intrafamiliar” –a pesar de que Prohens sí la mencionó en su discurso de investidura– e introduce una tajante defensa de la “unidad de la nación”, concepto tradicionalmente enarbolado por Vox para arremeter contra la pluralidad identitaria en España.

En concreto, los populares anunciaban en su programa medidas de “protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género, promoviendo la igualdad social del colectivo LGTBI y dispensando la protección efectiva a las víctimas de odio o trato vejatorio para así garantizar los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia con las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato y no discriminación”. En el documento suscrito con Vox, ni una sola palabra hace referencia a esta materia.

El acuerdo del PP balear con Vox no hace ni una sola mención a la lucha contra la LGTBI fobia, pero los conservadores se comprometieron con esta materia en su programa electoral

En cuanto a la lucha contra el cambio climático, el acuerdo con Vox tampoco dedica apartado alguno a esta grave problemática, a pesar de que el PP lo señalaba como uno de sus principales retos. Entre otras promesas, los conservadores apostaban por la simplificación y agilización de los trámites y procedimientos para el impulso de proyectos de transición energética con el objetivo de facilitar la entrada de las energías renovables en las islas y la descarbonización y, de esta manera, “conseguir que Balears sea un polo de atracción de inversión privada verde en la lucha contra el cambio climático”. También en esta área, el programa electoral de los populares se comprometía a impulsar ante la Unión Europea las medidas necesarias para la reducción de emisiones contaminantes de barcos en la lucha contra el cambio climático.

Otro de los puntos más polémicos del acuerdo es la conexión que realiza entre inseguridad e inmigración ilegal, una constante en el discurso de los de Abascal en sintonía con los argumentos empleados por otros líderes de extrema derecha en diferentes partes del mundo para alentar la alarma y el miedo, a pesar de que los datos desmienten con creces esta teoría. En este sentido, el PP balear asume la retórica de Vox y se compromete a aprobar “un plan de choque inmediato contra la inmigración ilegal, la ocupación y la creciente inseguridad, garantizando la atención humana que las víctimas de las mafias deben recibir”, vinculando así inmigración, ocupación y la “creciente inseguridad” a la que el partido de extrema derecha suele aludir en sus discursos. El programa de los populares se limitaba a hablar de una “gestión eficiente, ordenada y humana de la inmigración ilegal”.

También en materia migratoria, otro de los aspectos por los que la extrema derecha clamaba es el endurecimiento de las condiciones y requisitos para que los migrantes puedan acceder a las ayudas públicas, una exigencia a la que también ha acabado cediendo el PP. Hasta el momento, bastaba con acreditar estar empadronado, pero el pacto con Vox contempla obligar, “en todas las normas y convocatorias” para el acceso a subvenciones, la acreditación de la residencia legal. Además, prevé suprimir “cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos”.

El PP tan sólo hablaba de una 'gestión eficiente, ordenada y humana de la inmigración ilegal', pero en su pacto con Vox prevé un 'un plan de choque inmediato contra la inmigración ilegal, la ocupación y la creciente inseguridad'

Respecto al ámbito educativo, el documento firmado por PP y Vox aboga por un “modelo educativo (...) libre de adoctrinamiento ideológico”, sin especificar qué entienden por adoctrinamiento. Los conservadores, sin embargo, no aludían a este término en su programa, pasando ahora a asimilar uno de los discursos ultra que durante estos años ha hecho valer la extrema derecha en Balears. Del mismo modo, el PP, que abogaba por la libre elección de la primera lengua en la “primera enseñanza”, ha cedido a las presiones de Vox en el sentido de hacerla extensible al resto de etapas educativas.

Otra de las concesiones de los populares pasa por la eliminación de la Oficina de defensa de los derechos lingüísticos, a la que en ningún momento hacían mención a lo largo de las 98 páginas de su programa. Ahora, el acuerdo rubricado con los ultraderechistas se compromete a suprimirla por haber “servido como instrumento de la exclusión del castellano y la imposición lingüística”. Además, el PP deberá crear, por imposición de Vox, una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística “para defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas”.

En ningún momento el PP tenía previsto en su programa electoral eliminar la Oficina de Derechos Lingüísticos, pensada para proteger a los catalanoparlantes, pero Vox se lo ha exigido y así consta en el acuerdo de Balears

El documento firmado por PP y Vox también apunta a la voluntad de desarrollar una ley para “asegurar una asistencia sanitaria digna y el acompañamiento familiar, médico y espiritual de los enfermos, para defender la cultura de la vida frente a la eutanasia, como única salida al dolor”. La batalla contra la Ley de eutanasia ha sido una de las cruzadas emprendidas en los últimos años por Vox, que el pasado mes de marzo fracasó ante el Tribunal Constitucional en su intento de derogarla. En su programa, el PP balear se comprometía a la “dotación de recursos necesarios a los equipos de cuidados paliativos, protegiendo así los derechos y dignidad de las personas en el proceso de morir”, a la “consolidación y promoción del derecho de los ciudadanos a realizar una declaración de voluntad anticipada” y al “desarrollo de la ley de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir”.

PP y Vox hablan en su acuerdo en Balears de 'defender la cultura de la vida frente a la eutanasia', un extremo que no aparece en el programa electoral de los conservadores

Asimismo, el acuerdo suscrito por conservadores y ultraderechistas contempla, en otra asunción del ideario de Vox, derogar la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Balears, que ha permitido recuperar los restos de más de 220 víctimas del franquismo, bajo el alegato de que “se buscará siempre la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil”. Y ello a pesar de que el PP, en su programa, no hacía mención alguna a esta cuestión, que siempre ha incomodado a la extrema derecha, más proclive a desarrollar una Ley de Concordia entre españoles y a combatir “cualquier intento de quienes tratan de utilizar la memoria para dividir a los españoles”.

Tampoco figura en el programa electoral de los populares ninguna referencia a las corridas de toros como sí aparece en el acuerdo con Vox. A cambio de obtener el apoyo de los ultraderechistas, el Govern de Marga Prohens deberá modificar la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Balears, y más en concreto el artículo que impide actualmente el acceso de menores de edad a los eventos taurinos.

El PP balear no tenía previsto en su programa electoral ni derogar la ley de memoria histórica ni cambiar la ley que afecta a las corridas de toros, pero Vox ha conseguido meter estos dos puntos en su acuerdo

València: el PP no tenía prevista la “inmigración ilegal”

La huella de la extrema derecha se deja ver en todo el acuerdo programático que hará a Carlos Mazón presidente de la Generalitat Valenciana. Desde el primer punto, que sitúa como prioridad “la unidad de España”, hasta el último, que dice: “Aseguraremos el orden público y la seguridad de los barrios, ambos pilares prioritarios de este Gobierno”. El documento suscrito, de 50 puntos, es lo bastante ambiguo como para que en él quepan compromisos diluidos del programa electoral del PP. Los populares presentaron más de mil medidas en su documento autonómico; Vox apenas una docena. 

El documento de gobierno PP-Vox, que no hace mención a la violencia machista, sí habla de promover “políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial la que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”. Vox, que lleva a un condenado por violencia psicológica como cabeza de lista al Congreso, lleva años insistiendo en que la violencia no tiene género.

El programa del PP hace numerosas menciones a las políticas de igualdad y contra la violencia de género en sus diversas manifestaciones, desde la brecha económica hasta la violencia física, pasando por medidas relativas a la salud. En empleo, apuntan a ayudas para que todas las empresas cuenten con un plan de igualdad y se comprometen a “impulsar programas de inserción socio–laboral dirigidas a las víctimas de violencia de género”.

En el epígrafe propio del programa sobre la lucha contra la violencia de género, los populares citan: “La violencia de género es la cara más dura de la desigualdad que siguen padeciendo las mujeres en todos los países de nuestro entorno, una cuestión de Estado, que exige a las administraciones ofrecer una respuesta eficaz a las víctimas de esta violencia”, la consideran “la mayor lacra de nuestra sociedad” y se comprometen a ampliar el pacto valenciano contra la violencia machista, además de una batería de medidas de apoyo a las víctimas, como la inserción laboral, la red de espacios seguros y programas específicos para menores víctimas de violencia machista y víctimas de trata y explotación sexual. El acuerdo de Gobierno solo hace referencia a la violencia “intrafamiliar”.

Como sucede en Balears, en la Comunitat Valenciana el PP habla de "violencia machista" en su programa electoral, pero en su pacto de gobierno con Vox utiliza el término "violencia intrafamiliar"

El documento aboga por la “educación en igualdad” con la programación de “talleres y charlas informativas en los centros educativos, impartidas por profesionales expertos en la prevención y detección de la violencia de género, de las agresiones sexuales y la violencia de género digital”. Mejora de la atención a las víctimas, una estrategia contra la brecha salarial –que Vox niega– y la recuperación de juzgados de violencia machista completan el medio centenar de medidas que el PP ha prometido en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género.

Sucede algo similar en los compromisos respecto a los derechos de las personas LGTBI. El documento que hará a Carlos Mazón presidente de la Generalitat Valenciana con el apoyo de Vox ignora esta realidad –sí se menciona la igualdad de todos los españoles, sin matiz alguno a la orientación sexual o identidad de género– y no figuran medidas concretas.

En su programa electoral, el PP incorporó una decena de medidas, la mayoría relativas a la orientación, sensibilización y formación en materia LGTBI. Entre ellas, la creación de oficinas “para dar información y asesoramiento en materia de trámites administrativos, subvenciones, campañas, formación en centros educativos y lucha contra la violencia hacia las personas LGTBI”. El PP se comprometió a modificar la legislación para que la Generalitat se personase de oficio “la como acusación en los procedimientos judiciales sobre delitos de odio de especial gravedad o con gran repercusión social” de componente lgtbifóbico.

El acuerdo de gobierno de PP y Vox en la Comunitat Valenciana aborda la migración en una ocasión, en el epígrafe de “seguridad”, centrando las medidas en la inmigración irregular y vinculándola a problemas de convivencia, como en Balears. El documento indica: “La Generalitat Valenciana dentro del ejercicio de sus competencias pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas”.

Sin embargo, el programa del PP no aborda la inmigración irregular. Al contrario, plantea 17 medidas que ponen el foco en la integración y la inclusión: ayudas en procedimientos administrativos, evitar la cronificación de la exclusión social e incluso la promoción “de espacios de encuentro que muestren los beneficios de una sociedad diversa”. De los menores no acompañados, que Vox denomina “menas” y vincula a la delincuencia, el PP decía: “Estableceremos un Plan Especial para la inclusión y atención educativa, social y sanitaria de los menores extranjeros no acompañados”. Tampoco aparecen en el acuerdo de gobierno.

El programa del PP valenciano no abordaba la inmigración ilegal, sino que ponía el foco en la integración y la inclusión, pero Vox ha colado en el acuerdo de gobierno la lucha contra las "mafias organizadas"

Además, el PP valenciano llevaba en su programa un epígrafe en el que ratificaba la Agenda 2030, un compromiso internacional del que Vox reniega. Sin medidas concretas, los populares sí reconocían el impulso y la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible. En el acuerdo de Gobierno no hay mención a ello. Tampoco se recogen medidas contra el cambio climático en el pacto legislatura. El compromiso más parecido a esta cuestión dice: “Impulsaremos medidas para proteger de forma efectiva nuestro gran patrimonio medioambiental y defenderemos el patrimonio natural y el desarrollo de todas las oportunidades que de su aprovechamiento se deriva para las personas que residen en su entorno”.

Por contra, el programa del PP prometía la creación de un observatorio permanente sobre la afección del cambio climático a las especies animales y vegetales, medidas de investigación sobre el impacto en las variedades agrícolas para ayudar al sector, el impulso de los centros de investigación o un plan estratégico contra el cambio climático que englobe políticas transversales de todas las Consellerias con medidas de mitigación y adaptación.

Pese a que en educación prometen “sacar la ideología de las aulas”, a las medidas anteriormente citadas se añade en el pacto que los padres tengan que autorizar el contenido de las actividades extracurriculares, un guiño al llamado pin parental –sucede lo mismo en Balears–. El programa del PP no menciona expresamente esta cuestión, pero sí apunta: “Garantizamos a las familias que tendrán libertad para escoger el centro, el ideario y la lengua que quieran en la educación de sus hijos, desde la educación infantil gratuita de 0 a 3 años hasta las etapas postobligatorias”.

Extremadura: veto parental en las aulas

En el caso de Extremadura, el pacto entre PP y Vox llegó incluso a peligrar por la negativa de la candidata popular, María Guardiola, a incluir en su Gobierno a un partido al que considera machista, homófobo y racista. A pesar de esto, el acuerdo no se hizo esperar y no solo se ciñe a las 60 medidas programáticas incluidas en el pacto, sino que Guardiola entregará un sillón a la extrema derecha en el futuro consejo de gobierno.

Además de plegarse a los postulados de Vox en Extremadura a través de 60 medidas programáticas, el PP entregará un sillón a la extrema derecha en el futuro consejo de gobierno

En concreto, Vox dirigirá la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, donde estarán las competencias de gestión de incendios forestales, caza, toros y patrimonio natural. En general, muchas de las medidas pactadas en este apartado son compartidas entre la derecha y la ultraderecha en esta comunidad, como la protección de la tauromaquia y los festejos taurinos, el impulso de la caza y la revisión de las prohibiciones medioambientales en los espacios de la Red Natura 2000 y en los montes.

Sin embargo, en el pacto de gobierno se traspasan las líneas rojas que Guardiola marcó para negociar con Vox, a pesar de haber insistido en que el acuerdo se centra en lo que une a los dos partidos y no en lo que los separa, y que el documento no entra en cuestiones ideológicas. Pero no es así.

Entre las 861 medidas del programa electoral del PP hay un apartado, el de ‘Una Extremadura igualitaria, inclusiva y diversa’, que hace referencia a la seguridad y lucha contra la violencia machista. En el pacto con Vox no hay mención alguna a estas medidas, que van desde la elaboración de un plan autonómico a la formación de todos los profesionales que participan en la atención a las víctimas o el “diseño de actuaciones concretas” para las mujeres que se han visto obligadas a huir por ser víctimas de violencia machista. En el acuerdo con Vox sólo se apunta que trabajarán “para erradicar los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer” –esta misma frase está incluida en el pacto balear de ambas formaciones–.

En el pacto PP-Vox en Extremadura se traspasan las líneas rojas que la candidata popular María Guardiola marcó para negociar con la ultraderecha, a pesar de insistir en que el acuerdo se centra en lo que une a los dos partidos y no en lo que los separa

Otra de las líneas rojas de Guardiola, los derechos de las personas LGTBI, también desaparecen en el pacto, a pesar de que en su programa electoral propone nueve medidas, como una Estrategia de Igualdad de Trato y no Discriminación, el apoyo a las acciones de los movimientos sociales y activistas; asistencia y apoyo jurídico a las víctimas de delitos de homofobia, lesbofobia y transfobia, un protocolo de atención para personas transexuales y un Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGTBI. Este plan iba a recoger acciones para evitar de discriminación o acoso en todos los niveles educativos, así como impedir que se impartan contenidos discriminatorios.

En educación, el PP extremeño también proponía hacer visible la importancia de la mujer en las distintas ramas del conocimiento, a través de programas educativos específicos, para “avanzar en la igualdad real”. Una posición que contrasta con el compromiso de poner en marcha el veto parental en las aulas, camuflado en el pacto PP-Vox como el “derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones” –en la línea de Balears y la Comunitat Valenciana–.

La extrema derecha también ha logrado introducir en el acuerdo la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Extremadura –como sucede en Balears– a favor de una ley de reconciliación y concordia, y la creación de una oficina antiokupación. Por último, el Gobierno que dirigirá María Guardiola también revisará por orden de Vox las subvenciones públicas para asegurarse de que las organizaciones que las reciben tienen una “utilidad pública demostrada” y reducirá de forma “considerable” las ayudas a patronal y sindicatos respecto a lo que recibieron este año.

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“Impedir que los ocupas ilegales puedan empadronarse y disfrutar de los derechos asociados”. Esta es una de las promesas del Partido Popular en su programa electoral de cara a las elecciones del 23J.

En realidad, el padrón es un acto administrativo que funciona como llave para que cualquier persona que resida en España pueda acceder a la Sanidad, a la Educación o a ejercer el voto.

Analizamos en qué consiste la propuesta del PP y qué efectos tendría ese 'desempadronamiento' de los que denomina “ocupas ilegales”.

¿Qué es lo que propone el PP?

El programa con el que el candidato conservador Alberto Núñez Feijóo busca llegar a Moncloa, que puede consultarse aquí, habla de impedir que los “ocupas ilegales” puedan empadronarse dentro de un paquete de medidas que tiene como “objetivo” la “defensa de la propiedad privada de los españoles”.

En concreto, el PP habla del “derecho de propiedad” como “uno de los pilares de la comunidad política y social”. “Reforzaremos la defensa de la propiedad privada reconocida en el artículo 33 de la Constitución Española, a través de normas que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios y la convivencia vecinal frente al creciente fenómeno de la okupación ilegal, que se ha disparado en los últimos años”, asegura, pese a que los datos oficiales señalan lo contrario. En el primer trimestre del año, según datos del Ministerio del Interior, se contabilizaron 3.898 infracciones penales vinculadas a la ocupación, un 12% menos que en el mismo periodo de 2022.

El PP afirma que, si forma Gobierno, promoverá la “modificación de la Ley de Bases del Régimen Local con el fin de que la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni le atribuya ningún derecho”.

En realidad, no se trata de una medida completamente nueva. El PP ya llevó una propuesta similar en el programa de las elecciones de 2019, pero ahora va un paso más allá.

Cuando concurrió a las urnas con Pablo Casado como cabeza de cartel, abogaba por considerar “nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona que intente inscribirse ocupe ilegalmente la vivienda”. Pero ponía un matiz. Hace cuatro años, decía que no afectaría ni “a los desahucios hipotecarios ni arrendaticios”. “Luchamos contra la delincuencia y la ocupación ilegal, no contra aquellos que están en una situación de precario”, afirmaba. Ahora, el PP habla de ocupas, sin distinción.

Una ley con casi 40 años a sus espaldas

La Ley que el PP quiere modificar se remonta a 1985 y, básicamente, recoge las normas de gobierno de los ayuntamientos. En su artículo 15, la legislación Bases del Régimen Local establece que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”. Habla de “toda” persona, sin distinción; y de obligación.

También refleja que el padrón es un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio y que, por tanto, todos “los inscritos en el padrón municipal son los vecinos” de este. La “condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón” y “sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo”.

De hecho, una persona en situación irregular en España puede empadronarse y la propia ley especifica que “la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España”.

Cambiar esta ley, según diferentes fuentes consultadas, independientemente de la finalidad, no es una tarea fácil, porque pone el foco en la gestión de las administraciones locales y no puede -o no debería- hacerse de espaldas a estas.

Pero más allá de la ley está el fondo de la propuesta electoral. Estar empadronado es la puerta de acceso para poder ejercer derechos fundamentales, como solicitar la tarjeta sanitaria y tener acceso a la Sanidad Pública, a la escolarización, votar en unas elecciones o pedir cualquier tipo de prestación social.

Negación de derechos básicos que puede ser inconstitucional

“El derecho a la propiedad no puede sobreponerse al derecho a empadronarse”, explica la socióloga experta en vivienda Irene Lebrusán. “Hablamos, entonces, de la negación de una serie de derechos básicos, por ejemplo, a la infancia. No se puede imponer una ley que entre en conflicto con los derechos de los más vulnerables”, ahonda y cita como ejemplo que, en el caso de una familia que esté ocupando, sus hijos e hijas no tendrían acceso a la educación. 

“Modificar la ley estatal que regula los ayuntamientos mandaría a una bolsa de personas al limbo, hasta para la Administración sería dañino”, explican desde el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), que está especializado en el derecho a la vivienda y libertades ciudadanas. “Es gente que tiene los derechos reconocidos en la Constitución, pero no tendría forma de ejercerlos”.

En el mismo sentido apunta Pablo Carmona, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y autor del libro 'La democracia de propietarios'. “El padrón expresa el hecho administrativo de hacerse vecino y, si se elimina, se está quitando derechos a una parte de la población, se les baja de categoría. Serían ciudadanos de segunda”, argumenta.

Caes va un paso más allá y apunta que está medida sería inconstitucional. “Va en contra del artículo 18, es un ataque a un derecho fundamental”. Este artículo dice que “el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.

También consideran que se puede estar en una “doble penalización”. Ocupar, cuando es delito, es usurpación. El Código Penal lo define para quien “con violencia o intimidación en las personas” ocupe un “inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena”. Además de penas por la violencia ejercida, establece “pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado”. También, para quien ocupe “sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”.

Por eso, Caes ahonda en que, si la usurpación ya está prevista en el Código Penal, abrir en paralelo la vía civil, conllevaría esa doble penalización. “Eso no lo tienen otros delitos, no se castigan dos veces. Por ejemplo, eso no está pensado cuando se realiza un delito contra la Hacienda pública. No te dejan 10 años sin votar”.

Mientras, Pablo Carmona sitúa esta medida en el marco electoral. “Lo que se intenta es hacer algo parecido a lo que promovía el Thatcherismo”, crear “pánico moral con chivos expiatorios que encarnen la crisis económica de lo que podemos vivir” y “respaldada por el lobby inmobiliario frente a quienes no tienen derecho a vivienda”. “Quita el foco de otras cuestiones” y cita como ejemplo que hay casi cuatro millones de viviendas que están vacías. 

Indefinición de qué es un ocupa

La propuesta electoral del PP habla de “ocupas ilegales”, pero no indica a qué se refiere, si es a una persona que no paga el alquiler durante un determinado número de meses, no abona a su banco la hipoteca o si solo se la considera ocupa si está condenada en firme por un delito de usurpación.

“Lo primero es qué es, a quién se refieren”, apuntan desde CAES, si el PP engloba en el concepto ocupa a quien “no tiene título acreditativo de estar viviendo en una vivienda, que no tiene contrato de alquiler, compraventa o de cesión de uso”.

De la definición pueden derivar las consecuencias. “¿Si dejas de pagar el alquiler durante tres meses, tus hijos dejan de poder ir al colegio?” Se pregunta Irene Lebrusán. También recuerda que el proceso de empadronarse no es una tarea sencilla. En ocasiones, una persona que esté alquilando y acude a su ayuntamiento para realizar ese proceso administrativo se puede encontrar con la situación de que el casero o casera ya tenga el padrón en ese piso. En ese caso, no podrá hacerlo o tendrá que contar con el visto bueno de quien ya sea el empadronado oficial en el inmueble en cuestión. 

De nuevo, las diferentes fuentes consultadas recuerdan que el padrón es clave para solicitar cualquier tipo de prestación social. Aunque eso podía haber cambiado. Una de las legislaciones que se quedó sin tramitación en las Cortes, por el adelanto electoral, fue el anteproyecto de ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales. Si hubiera salido adelante, se hubiera eliminado el requisito de estar empadronado o tener residencia en un municipio o comunidad autónoma para solicitar prestaciones básicas. 

Desde Provivienda, una ONG especializada en facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda, recuerdan que “estar empadronado o no en una vivienda no tiene consecuencias jurídicas en un procedimiento jurídico para que el propietario legítimo pueda recuperar su posesión, ni en vía civil ni en vía penal”.

“Sin embargo, imposibilitar este trámite sí va a dificultar el acceso de estas personas a la cobertura social, quienes en muchas ocasiones se encuentran en situación de vulnerabilidad social o económica y carecen de una vivienda alternativa en la que alojarse. Así, impedir el derecho al empadronamiento solo va a contribuir a la cronificación de la situación de vulnerabilidad”, recalca esta ONG.

Entre los compromisos de los socialistas están la ampliación de los servicios sanitarios públicos o una ley para impedir la privatización del agua

Sánchez promete transporte urbano gratis hasta los 24 años y ampliar la atención pública en dentista y psicología

Vox apuesta por su agenda ultraconservadora. El mantra del programa electoral con el que el partido va a afrontar la campaña del 23 de julio se centra de derogar “todas las leyes que el Gobierno de Sánchez ha aprobado o mantenido y alientan el enfrentamiento y la división entre españoles”. Si toca poder o influye en el Gobierno, el partido de Santiago Abascal ya amenaza con llevarse por delante la Ley del aborto, la de la eutanasia, la de Memoria Democrática, la LGTBI o la de cambio climático y transición energética. Además, promoverá “la Ilegalización de los partidos independentistas y de las asociaciones u organizaciones de cualquier tipo que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía”, suprimirá las policías autonómicas, y reforzará la presencia militar en el País Vasco y Cataluña.

Su animadversión hacia los partidos independentistas le lleva a comprometerse a reintroducir los delitos de referéndum ilegal, sedición, traición y malversación de caudales públicos que el Gobierno de Sánchez modificó, aumentando las penas en los delitos “contra España, su unidad y soberanía y el patrimonio de todos los españoles”, que considera “graves”.

A nivel económico, Vox incluye un abanico de propuestas de rebajas de impuestos a los más ricos y a las familias numerosas de las que no cuantifica su impacto. Con la normalización de la formación y tras su entrada en las instituciones, Vox ha tenido que ir modificando su posicionamiento en cuestiones que en sus orígenes eran prioritarias, como la supresión de las autonomías. Actualmente, el partido de Abascal gobierna con el Partido Popular en tres de ellas y aspira a hacerlo en otra más. Incidiendo en esta medida, desde la formación de extrema derecha insisten en que promoverán “un Estado unitario administrativamente descentralizado”; por lo tanto, para lograrlo apuestan por la “devolución inmediata al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia”. En materia de Salud, proponen una tarjeta sanitaria única para toda España e impulsar los conciertos con la privada para reducir las listas de espera.

Acceso a escuchar el latido fetal

Entre las apuestas sociales del partido hay varias con un marcado carácter ultraconservador, siguiendo la brecha abierta por otras formaciones de extrema derecha en Europa y en América. Insisten en la polémica medida del 'latido fetal' que ya intentaron imponer en Castilla y León. “Eliminaremos el falso 'derecho al aborto' y defenderemos el derecho a que toda mujer embarazada pueda acceder a un protocolo de información permanente en que los profesionales de la salud pongan a su disposición todas las ayudas para la manutención, educación y cuidado de los hijos”, apuntan en el programa. Y añaden: “El protocolo incluirá la posibilidad de acceso por la madre gestante a una atención psicosocial específica mediante el acceso a un psicólogo clínico; así como la posibilidad de escuchar el latido fetal y la realización de una ecografía 4D”, recoge la estrategia electoral de la formación de extrema derecha, que se ha hecho público este viernes, y que han titulado 'Un programa para lo que importa'.

En este plan de trabajo de 179 páginas que la extrema derecha propone para los próximos cuatro años, Vox deja claro que defienden “el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural”. En esta línea, y siguiendo con su oposición a las normas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, abogan por la derogación de la Ley del aborto, así como por “la adopción nacional y el acogimiento familiar” como alternativa a la interrupción voluntaria del embarazo.

Otra de las medidas que Vox anuncia derogar son las leyes trans y la de Violencia de Género. En relación a la primera medida, apuestan por sacar de la sanidad pública los tratamientos hormonales y las cirugías de reasignación. En lo que tiene que ver con violencia machista, abogan por acabar con los juzgados especializados que tratan estos asuntos. El partido de Abascal se compromete a “promover una ley que proteja a todas las posibles víctimas en el ámbito doméstico” porque, aseguran, la de violencia de género actual “consagra la desigualdad entre hombres y mujeres y atenta contra los pilares básicos del Estado de derecho”.

Sustituir el Ministerio de Igualdad por uno de Familia

En su cruzada contra las políticas desplegadas por el departamento de Irene Montero, Vox ya avanza que eliminará el Ministerio de Igualdad si llega al poder y lo sustituirá por un Ministerio de Familia. A nivel municipal, y tras el peso que el partido de Abascal ha ido ganando tras las elecciones municipales de mayo, la extrema derecha ya ha conseguido reducir el número de concejalías de Igualdad. En una de cada tres ciudades de más de 40.000 habitantes en las que el PP gobierna en coalición o con apoyo del partido de extrema derecha, el nuevo equipo de Gobierno ha eliminado ese departamento. En ciudades como Valladolid, Toledo y Burgos se acaba de ejecutar esa medida.

El programa económico incluye un abanico de propuestas que benefician especialmente a las rentas más altas y a los grandes patrimonios del país. Vox apuesta por dejar el IRPF en solo dos tramos: uno para rentas hasta 70.000 y otro para los que la superen. Esta medida supone una bajada de impuestos drástica para los salarios más altos y una pérdida de progresividad. De esta forma, tributará lo mismo quien gane 21.000 euros que quien gane 60.000 euros.

Una familia con cuatro hijos, señala como ejemplo el programa, no tributará al IRPF y solo al 9% si gana más de 70.000 euros. Además, abogan por que las rentas del ahorro no tributen. Esto afecta especialmente a los que obtienen rendimientos de sus inversiones. Tampoco tendrían retenciones las pensiones, uno de los asunto en los que no ahonda el programa.

Eliminar subvenciones a partidos políticos

Pese a esta reducción significativa de los ingresos públicos gracias a las rebajas fiscales, el partido cree posible reducir el déficit y la deuda. Como contraposición, simplemente proponen eliminar “organismos ideológicos” y racionalizar la estructura de la Administración. También eliminar las subvenciones a sindicatos y partidos políticos. Sin embargo, éstas suponen el 64% de los ingresos de Vox. “No habrá igualdad real entre españoles mientras una casta privilegiada viva del esfuerzo del español de a pie”, proclaman.

Vox pretende también suprimir el IVA a los artículos de primera necesidad, es decir, “un impuesto cero en la adquisición de artículos de primera necesidad para las familias”, y “para la adquisición de la vivienda familiar habitual”; la formación ultraderechista además apuesta por la “eliminación progresiva de otros impuestos al consumo” y otros “impuestos ideológicos como los llamados tributos verdes”.

Junto a todo, se compromete a una rebaja del Impuesto sobre Sociedades hasta el 15%, “para que los españoles sean libres” a la hora de crear empresas, y a la supresión del impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones.

La 'okupación', uno de los ejes de su discurso, continúa muy presente en el argumentario del partido. En el programa incluyen, sin aportar detalles de cómo lo implantarían, propuestas“ contra la turistificación de los los cascos históricos de las ciudades”. “Preservaremos los derechos de los vecinos residentes y pondremos fin a un modelo turístico poco respetuoso”, aseguran. A nivel propositivo, en cuestión de vivienda, abogan por aumentar el parque de viviendas de protección oficial e impulsar la construcción de viviendas sociales públicas, mientras rechazan de plano la ley de vivienda impulsada por el Ejecutivo de Sánchez.

Blindar a los centros que segregan por sexos

La educación sigue siendo uno de sus caballos de batalla. El partido de ultraderecha habla de acabar con el “adoctrinamiento ideológico en colegios y universidades” y asegurar la enseñanza en castellano, como ya ha acordado en algunos de los pactos cerrado con el PP: “Perseguiremos a las autoridades educativas que impidan el derecho de los alumnos a formarse en español o que promuevan medidas de adoctrinamiento de los niños”, se lee en el programa, que subraya que “los hijos no son del Estado ni de organismos supranacionales, son de sus padres”. Para asegurarse de que no se produce este adoctrinamiento, implantarán el llamado 'veto parental' y se sacará de los colegios a “activistas y asociaciones que pretendan adoctrinar”, en alusión a los profesionales que imparten formaciones sobre igualdad y diversidad.

El partido de Abascal también pretende blindar los centros que segregan por sexo (la Lomloe prohíbe financiarlos con fondos públicos, medida respaldada por el Tribunal Constitucional) y asegurar la libertad de elección de centro por parte de las familias. Además, se actualizarán los currículos para garantizar la calidad y la exigencia, que según el partido de Abascal pasa por incluir entre los contenidos a estudiar “la identidad nacional y la aportación de España a la civilización y a la historia universal, con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales, así como a los símbolos de la nación, especialmente la bandera, el himno y la corona. Se promoverá también el conocimiento de las manifestaciones culturales propias de nuestra Nación y de la Hispanidad”, concluye el partido, según informa Daniel Sánchez Caballero.

En otro orden de cosas, los de Abascal proponen exigir a la Unión Europea “un firme compromiso con la legítima aspiración española de recuperar Gibraltar” mientras defienden la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, con una revisión de la política de cooperación internacional para que España no contribuya indirectamente “al sostenimiento de regímenes autoritarios”.

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Más sanidad pública, más medioambiente y más servicios sociales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este viernes en Madrid flanqueado por gran parte de sus ministros las líneas maestras del programa electoral de las generales del 23 de julio, una cita que ha calificado como trascendental para impedir “la vuelta al pasado” de la derecha y la extrema derecha.

El candidato del PSOE se ha comprometido a que en la próxima legislatura su Gobierno impulse una ampliación de la cartera de servicios del sitema nacional de salud para reforzar la atención en odontología, fisioterapia, oftalmología, psiquiatría y psicología clínica.

Pedro Sánchez también ha detallado que en el programa electoral de los socialistas que se hará público este viernes se incluirá el compromiso de impulsar el transporte público gratuito urbano de todos los niños y de todos los estudiantes hasta los 24 años, así como la gratuidad universal también de los estudios universitarios y superiores para todos los alumnos que aprueben las asignaturas al día.

En materia de medioambiente, una cartera que Sánchez ha garantizado que seguiría en manos de Teresa Ribera en caso de revalidar su mandato, el PSOE plantea medidas en materia de energías renovables y gestión del agua. El presidente del Gobierno ha prometido también una ley que impida la privatización de la gestión municipal del agua, así como otra norma que permita a los vecinos de municipios donde haya localizados parques fotovoltaicos y eólicos participar en la toma de decisión de su ubicación e incluso beneficiarse del 10% de los beneficios resultantes de esa energía.

Para los jóvenes los socialistas aseguran que seguirán ampliando la protección del acceso a la vivienda. Entre las medidas anunciadas Pedro Sánchez ha destacado un acuerdo con las entidades financieras para la creación de cuentas de ahorro de hasta 30.000 libres de impuestos.

“El 23 de julio le diremos a Feijóo que así no, que con Abascal nunca  Por eso, con todo el respeto, pido el voto a quienes votaron al PP y se siente avergonzados de los pactos con Abascal”, dijo el presidente durante la intervención en la presentación del programa electoral.

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Sumar ya tiene un programa electoral y un proyecto para gobernar España durante los próximos años. El equipo de la coalición que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha publicado este jueves un documento de casi 200 páginas en el que resume sus principales propuestas para la legislatura, en el que la economía cobra un papel fundamental: propone una serie de medidas destinadas a la redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades, una transición ecológica justa y una defensa del feminismo a partir de una “revolución de los cuidados”.

“Este es un programa que pone en el centro los derechos de las personas más vulnerables, que plantea un cambio del modelo productivo, de redistribución de riqueza, que recupera los bienes comunes, la democratización, el fortalecimiento del estado del bienestar y la revolución de los cuidados”, ha resumido María Eugenia Rodríguez Palop, la eurodiputada de Unidas Podemos que Sumar eligió hace escasas semanas para la coordinación del programa electoral de la coalición.

Este jueves, en la sede de campaña de la coalición, en el Espacio Larra, los portavoces que ha ido incorporando Sumar desde que se comenzó a dar forma al proyecto han presentado las líneas principales del programa que servirá como guía de lo que proponen en consenso las quince formaciones que conforman la coalición para los próximos cuatro años. Pablo Bustinduy (internacional), Elizabeth Duval (feminismo), Alejandra Jacinto (vivienda) y Nacho Álvarez (economía) han desgranado en una rueda de prensa las líneas esenciales del documento.

'Un programa por ti', como se llama el texto que han presentado, reúne algunas propuestas que ya lanzaron en el pasado las principales formaciones que componen la coalición como Podemos, Izquierda Unida, los comuns, Más Madrid o Compromís, pero también reúne algunas ideas como la anunciada en los últimos días para crear una herencia universal de 20.000 euros o para reducir la jornada laboral.

El programa está marcado por una visión económica centrada en la distribución de la riqueza a través de los impuestos y la intervención pública, pero también hace hincapié en algo que no es tan común en los idearios políticos de la izquierda, como el énfasis en asuntos como la competencia o la propuesta de un nuevo modelo productivo.

Trocear las eléctricas y dos millones de viviendas públicas

Las propuestas de Sumar plantean entre otras cosas un troceo de las compañías eléctricas para evitar abusos de mercado, al separar la actividad de distribución del resto, y recupera la propuesta de crear una empresa pública que asuma las concesiones hidroeléctricas a medida que venzan.

El documento presentado este jueves por la candidatura que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz presenta varias medidas para lograr la “reducción del poder del oligopolio eléctrico” y abaratar la electricidad. Entre ellas, reformar la Ley del Sector Eléctrico “para separar la actividad de distribución de energía eléctrica de las de generación y comercialización, evitando así conflictos de intereses y abusos de posición dominante”. Esto supondría el troceo de las grandes del sector, como Iberdrola, Endesa o Naturgy. Informa Antonio M. Vélez.

El programa electoral de Sumar incluye medidas en materia de vivienda y alquiler que van más allá de la Ley de Vivienda en vigor desde finales de mayo. En concreto, busca establecer precios de referencia y mejorar la información sobre la situación real del mercado del alquiler. “Esta propuesta pretende mejorar el funcionamiento del mercado del alquiler de vivienda por dos vías. La primera de ellas es mejorar el conocimiento sobre la evolución de los alquileres estableciendo un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1% de los ingresos percibidos por alquileres, para conocer con precisión casi censal y en tiempo real cómo evoluciona el precio de los alquileres en España”.   

Al mismo tiempo, Sumar propone “establecer unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan, eliminar las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y establecer un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia o los destinen a alquiler turístico”.  Informa Cristina G. Bolinches.

En el paquete de medidas fiscales ya se conocía su propuesta de hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas con tipos que alcancen el 4% para los patrimonios más altos. Ahora conocemos también un aumento del IRPF para las rentas más altas, que alcanzará el 52% para aquellas que superen los 300.000 euros. Además, plantea continuar a la igualación de las rentas de ahorro, ampliando al 30% el tipo para las más altas.

La candidatura que encabeza Yolanda Díaz plantea un aumento de la tributación de las grandes empresas. Propone que el mínimo del 15% en Sociedades sea sobre beneficio y no sobre base imponible, como aprobó el Gobierno de coalición. Además propone reducir la compensación por pérdidas de otros ejercicios, que reducen la tributación o eliminar deducciones. También incluyen la eliminación de las ventajas fiscales de las sicav y las socimi. Informa Diego Larrouy.

Una vicepresidencia de feminismos y un teléfono para hombres en crisis

Más allá de las propuestas económicas, Sumar dedica buena parte del programa a hablar de lo que han denominado como “la revolución de los cuidados” como una parte sustancial de las políticas feministas de la coalición. “El feminismo es un pilar fundamental. No se trata de una cuestión sectorial, de algo que pueda dividirse, de una batalla cultural. El feminismo es el proyecto de transformación social más completo para hacer una España mejor, un proyecto para el 99% y que apele y hable a una mayoría social”, ha defendido Duval en la rueda de prensa de este jueves.

“España padece también un grave problema de crisis de los cuidados, que afecta particularmente a las mujeres, una gran dificultad de conciliación entre la vida laboral y familiar, y una tasa de natalidad bajísima debido a las dificultades para conciliar y al riesgo de empobrecimiento que se incrementa al tener hijos, sobre todo para las familias monoparentales”, sostiene el programa de Sumar.

Para ello plantean entre sus propuestas, por ejemplo, una “universalización efectiva de los servicios sociales” a través de una ley “que declare estos servicios públicos como esenciales, que convierta en derecho subjetivo el acceso a los mismos y que, además, simplifique los trámites administrativos vinculados a ese acceso”. “Pondremos en marcha una ley que recoja el derecho universal al cuidado y que dignifique los trabajos de cuidado, reconozca y revalorice las tareas de cuidado que asumen mayoritariamente las mujeres y apueste por un sistema público universal de cuidados”, ofrece el programa.

En concreto sobre feminismo, el programa de Sumar propone blindar el pacto de estado contra la violencia de género y fortalecer la presencia institucional del movimiento con una Vicepresidencia en el Gobierno de Feminismos y Economía de los Cuidados, así como mantener el Ministerio de Igualdad “para continuar la laboral emprendida hasta la fecha”. También incluye algunas medidas novedosas, como un servicio de atención telefónica “para hombres en crisis”. Se trata, plantea el programa, de explorar “alternativas no violentas, derivando a servicios que trabajen otras formas de masculinidades, fomenten el cuidado y la empatía, para que puedan recibir el apoyo profesional necesario”.

Eliminar la justicia militar y un nuevo sistema para la renovación del Poder Judicial

El programa electoral que la coalición Sumar llevará a las próximas generales incluye también medidas para mejorar o profundizar el sistema democrático. Entre ellas, una que afecta directamente a la Justicia: suprimir la jurisdicción militar y el código penal militar. Los togados que ejercen en ese tipo de tribunales podrán integrarse en la Justicia ordinaria, que pasará a sentenciar casos de militares o guardias civiles al entender Sumar que el Código Penal normal también sirve para analizar esos procesos. 

La militar es una de las cinco jurisdicciones que existen en España y sirve para juzgar, con una ley propia, a militares o guardias civiles por infracciones cometidas en su puesto de trabajo: insultar a un superior, falsear los resultados de un análisis de drogas o no presentarse en el puesto de trabajo, por ejemplo. 

Existen tribunales militares territoriales por todo el país, un tribunal militar central y finalmente una sala especializada en el Tribunal Supremo. Esta sala es, con diferencia, la que menos asuntos ingresa cada año: en 2021 llegaron a su mesa 145 asuntos por los 8.982 que llegaron a la sala de lo penal.

Sumar también plantea la necesidad de reformular el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, para evitar situaciones como el actual bloqueo de más de cuatro años al que el Partido Popular ha sometido al órgano de gobierno de los jueces. “Para eso es preciso reformular su sistema de elección y reforzar su naturaleza democrática y, por tanto, el protagonismo del Parlamento, así como la obtención de mayorías, de modo que se evite el bloqueo que en la actualidad sufre, garantizando una representación plural y equilibrada que asegure la imparcialidad del órgano y evite su instrumentalización”, propone el programa.

“Estableceremos mecanismos para lograr la paridad, al igual que en los restantes órganos de gobierno, y respaldaremos que, una vez expirado su mandato, cesen automáticamente vocales y presidente. En cuanto a los vocales del CGPJ de procedencia judicial, mantenemos el actual modelo de elección parlamentaria, si bien concretando los criterios de designación por parte de las dos Cámaras de los vocales del turno judicial para respetar al máximo la voluntad de los avalistas o asociaciones proponentes, al menos con relación a diez de ellos (la mitad de los veinte integrantes del órgano), con mecanismos que garanticen la presencia proporcional de todas las sensibilidades”, añade.

Prohibir las pelotas de goma

La coalición también aborda uno de los asuntos centrales del programa de gobierno y del pacto de coalición que firmaron hace cuatro años PSOE y Unidas Podemos, la derogación o la reforma de los aspectos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy para cercenar el derecho a la protesta. Esa reforma atravesó durante la legislatura un largo periplo en el Congreso y fracasó finalmente por el choque entre ERC y EH Bildu con el PSOE por la prohibición de las pelotas de goma entre otros cuatro puntos, que los socialistas se negaron a incluir.

Unidas Podemos apostó durante estos años por aprobar la norma a pesar de que no incluyera ese punto de las pelotas de goma o la prohibición de las devoluciones en caliente. Sumar incluye ahora puntos específicos en su programa para prohibir estos materiales antidisturbios y limitar algunos poderes a la policía. “Propondremos una regulación completa del uso de la fuerza policial que incluirá la prohibición del uso de pelotas de goma y otros materiales antidisturbios altamente lesivos. Los y las profesionales y la ciudadanía se merecen una mayor seguridad jurídica en este ámbito”, propone el programa.

También plantea limitar “el uso de las paradas de identificación policial y las prohibiremos a efectos de aplicar la Ley de Extranjería”. “Prohibiremos de forma expresa el uso de perfiles raciales y restringiremos la práctica de paradas policiales de identificación a situaciones vinculadas a la prevención e investigación de delitos y a supuestos muy justificados, concretos y documentados. Se modificará la «ley mordaza» y se establecerán protocolos más estrictos y menos ambiguos, registro sistemático y publicación abierta y rápida de los datos, así como mejor formación en este ámbito para evaluar y evitar el uso sesgado de este poder policial”, dice el texto, que también aborda la “democratización de los cuerpos policiales”.

500.000 empleos verdes

Uno de los ejes centrales de la campaña de Sumar es el impulso de la economía verde y de una transición ecológica justa. La coalición prevé la creación de cerca de medio millón de empleos ligados a las energías renovables. “Desde Sumar vamos a apostar por la industria verde y las energías renovables para convertir nuestro país en un motor industrial europeo. Esto gracias a la energía a bajo coste que obtendremos gracias a la ventaja competitiva que nos otorga nuestro liderazgo mundial en materia de energías renovables. Solamente en la industria de las energías renovables, fabricación de componentes y tecnología asociada, estimamos que podemos crear 500.000 empleos en la próxima legislatura. Esto lo haremos aumentando en cinco mil millones de euros los recursos públicos que ahora se destinan en el PERTE, lo que movilizará una inversión privada de siete mil millones de euros adicionales”, proponen.

108 páginas, 365 medidas, ninguna cifra concreta y apenas un puñado de porcentajes. Es el programa electoral con el que el PP lanza a Alberto Núñez Feijóo a ganar el voto de los españoles. El líder de la derecha ha presentado este martes en el auditorio de la Casa de América de Madrid el documento que ha coordinado su secretaria general, Cuca Gamarra. Más allá de algunas medidas avanzadas en los últimos meses, el programa es una colección de intenciones indefinidas o postergadas. Feijóo promete incluir “en las memorias económicas de las leyes el coste estimado que la nueva normativa genera a los ciudadanos, más allá del impacto presupuestario”. Algo que él mismo no cumple.

“Planes”, “proyecciones”, “mesas”, “impulsos”, “aprovechar sinergias” y “proyectos piloto” dominan el marco programático que ha trazado el PP para el 23 de julio, en el que abundan las peticiones de la patronal Feijóo no establece, por ejemplo, una senda de aumento del salario mínimo interprofesional (SMI). Eso sí: la revisión de este indicador que marca el mínimo que un empresario paga a un trabajador por un contrato a jornada completa estará supeditada no solo a sindicatos y CEOE, también a unos “expertos” sin identificar que estarán “involucrados” en la “toma de decisiones”.

No hay detalles tampoco sobre la política de inmigración del futurible Gobierno de Feijóo, salvo que quiere introducir “el mérito” como uno de los criterios para permitir la entrada en España de personas migrantes y que la política de fronteras se enmarca dentro del capítulo 7, “devolver la seguridad y tranquilidad a los ciudadanos”.

El objetivo del programa de “inmigración legal cualificada” busca “premiar ”la formación académica, las competencias lingüísticas y la capacidad innovadora de quienes buscan emigrar a España“ con una suerte de 'carné por puntos' para migrantes a través de un ”programa“ que ”promoverá una inmigración basada en la igualdad de oportunidades y el mérito“. A su vez, Feijóo plantea agilizar el retorno de inmigrantes en situación irregular ”a través de acuerdos mejorados con los países de origen o de tránsito, con la finalidad de evitar el efecto “llamada”. Sobre los MENA, el PP se limita a plantear “una estrategia nacional” para favorecer su inclusión, que incluiría una reforma del procedimiento de la determinación de la edad.

En Educación, a la que apenas dedica tres páginas, lo más concreto que ofrece el PP es que se atendrá al artículo 27 de la Constitución, el que consagra la “libertad de educación”. Traducido: deshacer las pocas medidas de la Lomloe que ponían por delante a la escuela pública para volver a favorecer a la concertada.

Por lo demás, el programa popular propone una retahíla de generalidades en torno a sus mantras habituales (el “esfuerzo y el mérito”), promete implantar una Selectividad única pese a que técnicamente es casi imposible con medio currículo en manos de las comunidades autónomas y por lo tanto con contenidos diferentes e incluye una propuesta que ya aparece en la ley relativa al uso de las lenguas cooficiales: “Asegurando que todos los estudiantes escriban y se expresen correctamente en castellano y en la lengua cooficial correspondiente”, reza el programa, cuando la Lomloe ya estipula: “Todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente”.

Derecho al “error” tributario, sin mención al fraude fiscal

El PP ni siquiera concreta en materia fiscal, uno de los pilares de la oferta política de la derecha. El documento está plagado de referencias a bajadas de impuestos generalizadas, en todos los sectores y ámbitos. Eso sí: no hay una sola cifra.

Por no concretar, el equipo que ha redactado el programa ni siquiera especifica la tan cacareada rebaja del IRPF a las “rentas medias y bajas” que este martes ha reiterado Feijóo. Hasta ahora, el PP había fijado la frontera en los 40.000 euros. Pero llegado el momento de comprometerse ante el electorado, han preferido omitir el dato.

También aparece la incorporación del “derecho al error” en el ordenamiento tributario español para “minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones de contribuyentes con un registro histórico de cumplimiento”, aunque es una medida polémica porque algunos expertos señalan que abre una vía para que el fraude puede ser vestido como un error.  Lo que no hay son medidas para luchar contra el fraude fiscal.

Lo que sí queda claro es que el PP derogará “el impuesto a las grandes fortunas” y que “mejorará el régimen fiscal para nuevos residentes”. A los extranjeros con dinero no se les aplicará el nuevo sistema por puntos, parece.

El PP recoge muchas de las peticiones de los empresarios, aunque deja también abierto el detalle. “Revisión del marco fiscal y de deducciones para inversores y empresas emergentes, y la creación de una mesa para fortalecer a España como un centro financiero”, por ejemplo. O “crear un ecosistema propicio para la innovación social”. O “impulsar y adaptar la contratación en formación”.

Otras medidas están directamente pactadas con la gran industria: “Impulsaremos, en colaboración con la Alianza por la Competitividad de la Industria, una estrategia nacional de reindustrialización”.

A los “jóvenes sin formación” les plantea “impulsar y adaptar la contratación en formación a nuestro particular tejido productivo y empresarial”.

Y pese a que Feijóo ha defendido expresamente al presidente de Mercadona, Juan Roig, durante la presentación del programa, reconoce problemas graves en la cadena alimentaria que penalizan a los productores. El PP plantea, sin concretar, mejorar la cadena “y una justa distribución del valor a lo largo de la misma, reforzando la posición de los productores en la negociación y el acceso a los mercados y mejorando la transparencia en la formación de precios de las producciones agrarias y los insumos”.

Contra el tope al gas

Feijóo plantea en materia energética acabar con la solución ibérica que ha permitido poner un tope al precio del gas. “Evitaremos las medidas excepcionales (y eliminaremos las existentes) de intervención del mercado mayorista eléctrico”, dice el documento, que dice que la política energética del actual Gobierno ha “aislado” a España de las propuestas de la UE, “provocando inseguridad regulatoria y restando atractivo a nuestro país como receptor de inversiones en el sector energético”.

Junto a su promesa ya anunciada de alargar las nucleares, los populares, que dicen que quieren convertir a España en “superpotencia energética”, prometen desbloquear el atasco de permisos de renovables mediante una “tasa por hito” que, con cargo al promotor del proyecto, “financie el incremento de los medios necesarios para que la Administración agilice la gestión de los expedientes, evitando el colapso burocrático”.

También plantean eliminar el actual bono social de la luz para, en línea con lo que acaba de proponer la CEOE en un estudio con varias falsedades sobre estos descuentos, sustituirlos por “un Bono Social Único (BSU), como un pago directo al consumidor”, que podrá tenerse aunque no se está acogido a la tarifa de la luz. Y proponen destinar lo que recauda el Estado subastando los derechos de CO2 a abaratar la factura de la industria que más luz consume.

En materia sanitaria, el programa electoral del PP recoge un puñado de medidas que ya están en marcha. Por ejemplo, Feijóo se compromete a crear el título de especialista de urgencias y emergencias, un trámite que ya ha iniciado el actual gobierno; a reformar la jubilación activa mejorada para alargar la edad de retiro de los médicos y médicas de familia, en línea con el programa puesto en marcha por los ministerios de Sanidad y Seguridad Social; a reducir los niveles de temporalidad, algo a lo que ya obliga para 2024 la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, impulsada por el socialista Miquel Iceta; a desarrollar el enfoque ‘One Health’, en el que trabajan desde hace años varios centros del Instituto de Salud Carlos III de Madrid; o a retomar la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, cuyo anteproyecto de ley ya está aprobado. 

Las propuestas en materia de Medio Ambiente comparten capítulo con “el sistema agroalimentario”. Y todas las medidas están proyectadas para supeditar lo primero a lo segundo.

Blindar el CGPJ

El programa electoral del PP confirma un secreto a voces. De ganar las elecciones, el Gobierno de Feijóo permitirá al Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato está caducado desde hace años, realizar nombramientos en la cúpula judicial. “Derogaremos la reforma que hoy impide su normal funcionamiento”, señala el documento presentado hoy por el presidente del PP.

Desde marzo de 2021, la ley impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando está en funciones. Esa reforma fue impulsada por los socios del Gobierno de coalición y respaldada por la mayoría parlamentaria con el objetivo de forzar la renovación.

Ahora, el PP busca garantizarse el control sobre el Poder Judicial con una reforma que permita a un CGPJ donde tiene mayoría, el nombramiento de jueces. Especialmente sensibles son los nombramientos del Supremo porque, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. Además, están pendientes de adjudicación otros 61 puestos en los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales, que sí tienen una vigencia de cinco años. 

Fuera la Ley de Vivienda

La Ley de Vivienda, que lleva en vigor desde finales de mayo, forma parte del paquete de medidas que Bruselas exigió a España a cambio de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ahora el PP asegura en su programa electoral que la derogará porque “ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda”.

El reglamento para la concesión de las transferencias y préstamos de los fondos europeos exige que los Estados “no hayan revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente”, como es el caso de la Ley de Vivienda. Además, el PP propone un pacto de Estado sobre temas de vivienda, donde participen las comunidades autónomas y ayuntamientos, construir pisos a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente, pero no entra en más detalles.

Feijóo ya había avanzado su “plan de choque” en Atención Primaria, que pasaba por incorporar incentivos para hacer más atractivas esas plazas, sin especificar cuáles serán esas mejoras, crear equipos multidisciplinares, impulsar la figura del personal administrativo sanitario o impulsar la incorporación de 1.000 plazas formativas más para esta especialidad, pese a que en los últimos dos años han sobrado en torno a un centenar de las que se ofertaban y a que son los propios profesionales en activo los que deberán asumir la carga extra de tutorizar a esos residentes. 

El PP quiere aprobar una nueva ley general de sanidad “que incorpore mejores prácticas, elimine regulaciones obsoletas, actualice la gobernanza del Sistema Nacional de Salud y aborde la integración entre los sistemas sanitarios y sociosanitarios”. Pero ni rastro de cuáles son esas mejores prácticas o las regulaciones obsoletas o de los “mecanismos garantistas” para la toma de medidas de control de las enfermedades transmisibles“. Tampoco concreta el programa electoral los cambios previstos en la ley de eutanasia, que engloba en el punto dedicado a los cuidados paliativos. Afirma, eso sí, que se revisará la norma, avalada por el Tribunal Constitucional, ”tomando en consideración la opinión del Comité de Bioética“.

¿Y la europea? El programa sin contenido de Feijóo

Sin concreción. El programa electoral del PP para este 23J en materia europea es una sucesión de enunciados sin apenas contenido. Y con algunas contradicciones. Por ejemplo, habla del “perfeccionamiento de las políticas comunitarias, que afectan a materias clave como las transiciones ecológica y digital”, después de boicotear en Pacto Verde europeo con las políticas desarrolladas por el PP en Doñana y en el Mar Menor, e incluso con frenando legislaciones clave en el Parlamento Europeo, como la ley de restauración de la naturaleza. 

El PP, además, habla de “impulsar la consecución del Pacto Europeo de Migración y Asilo para garantizar una política europea de migración eficaz, humanitaria y segura, la protección y buena gestión de todas las fronteras exteriores y reforzar la solidaridad entre los Estados miembros”. Eso sí, no se manifiesta sobre los asuntos que están generando más debate en Bruselas, como son las cuotas para repartir los migrantes que llegan y, al mismo tiempo, garantizar los derechos humanos en frontera, cosa que ni menciona en el programa.

Así mismo, los populares se comprometen a contribuir a la revisión del pacto de estabilidad y crecimiento, cosa que tampoco pueden evitar hacer porque está en marcha. Y añaden: “Con el objetivo de impulsar un crecimiento sostenible e integrador en toda la UE”. Lo cual es no decir nada, porque lo que se está debatiendo es cómo reducir la deuda y el déficit acumulados durante la pandemia, y qué reglas fiscales establecer a partir de 2024. En este caso, como en todo, los detalles son fundamentales, porque definirán el tipo de ajustes que podrían producirse.

El PP, también, dice: “Abordaremos la reforma institucional pendiente de la UE”. Pero no dice qué instituciones hay que reformar y en qué sentido. Para, a continuación, decir que es “un requisito necesario para que las próximas ampliaciones puedan tener lugar con garantías, manteniendo la capacidad de desarrollar el acervo comunitario y el correcto funcionamiento de las instituciones”. ¿Qué tiene que ver la reforma institucional con futuras ampliaciones, cuando la ampliación tiene unas reglas que dirige la Comisión Europea a través de un comisario? ¿Qué quiere el PP? En esto, como en otras tantas cosas, no lo explicita.

Las políticas culturales que propone el PP pasan por el refuerzo de lo existente o la consecución de proyectos truncados o inacabados. Feijóo quiere “reforzar” el Instituto Cervantes abriendo nuevas sedes (actualmente está presente en 90 ciudades de 45 países del mundo). No obstante el mayor problema de esta institución que depende del Ministerio de Exteriores es la falta de presupuesto. Sus trabajadores en el exterior vienen convocando huelgas desde 2022 debido a la congelación salarial. No se les ha aplicado subidas (salvo una ligera en 2019) debido a las medidas de contención de gasto de la Administración Pública desde 2009. Su actual director, Luis García Montero, ha abierto durante su mandato dos nuevas sedes, en Dakar y Los Ángeles, y siete extensiones, que son dependencias en ciudades próximas a una sede que ya existe (El Paso, Edimburgo, Tesalónica, Melbourne, Andorra, Ámsterdam y Ramala).

Feijóo también quiere promulgar nuevas leyes de Mecenazgo y de Patrimonio Cultural para “modernizar”, “refundir” o “impulsar” lo que ya hay. Dentro de la esperada reforma del INAEM, que ya intentó Iceta, el PP quiere “fortalecer” Platea, el programa que ayuda a que unas cien compañías puedan girar sus obras por España, dotado de cinco millones de euros, y muy bien valorado en el sector, cuya queja tiene que ver con la tardanza en la tramitación, algo que depende, una vez más, de la falta de empleados públicos. Lo que sí pretende conceder el PP es el largamente ansiado Centro Nacional de Danza, una sede para las compañías estatales, que no tienen, cuya creación liga a “promover nuevas formas de mecenazgo”, sin aclarar nada más.

Con información de Andrés Gil, Gabriela Sánchez, Cristina G. Bolinches, Antonio M. Vélez, David Noriega, Elena Cabrera y Rodrigo Ponce de León.

Alberto Núñez Feijóo no tiene nada claro que pueda lograr una mayoría suficiente para gobernar en solitario tras las elecciones del 23 de julio. Las encuestas señalan que el PP está muy lejos de una cantidad de diputados mínima para prescindir de la ultraderecha. Sus intentos de atacar a Vox y de buscar la división interna entre Santiago Abascal y otros dirigentes muestran que su principal debilidad ante el electorado es, precisamente, que no puede desprenderse de la posibilidad de una alianza con la extrema derecha, como se ha visto en multitud de ayuntamientos y comunidades autónomas en las últimas semanas.

Por eso Feijóo planea alentar una rebelión interna en el PSOE como la que en 2016 acabó con el primer mandato de Pedro Sánchez como secretario general y provocó la abstención de la gestora que permitió la investidura de Mariano Rajoy.

Así lo ha explicitado este martes en la presentación del programa electoral del PP para las generales de dentro de tres semanas. Un evento en el que han hablado el propio Feijóo durante cerca de media hora, y la secretaria general y coordinadora del documento, Cuca Gamarra, otros 15 minutos. Con todo, ninguno de los dos ha explicado una sola medida concreta, más allá de las que ya han adelantado en los últimos meses como parte de su labor de oposición.

Lo que sí ha anunciado Feijóo ha sido la “primera medida” que tomará “el primer Consejo de Ministros”: destituir a José Félix Tezanos al frente del CIS.

La rebelión de los barones

“A quien lidere el socialismo tras la caída del 'sanchismo' le pediré que me ayude a retirar poder al independentismo y a Bildu”, ha asegurado, en una larga comparecencia sin preguntas en la que ha recurrido a los clásicos que tan buen resultado le dieron en la campaña del 28M, pero que no parecen funcionar ante el 23J.

Feijóo ha reclamado, otra vez, un cambio legal para que “España la gobierne el partido que gane las elecciones”, independientemente del número de diputados que logre, y de los que obtengan los demás partidos. El líder del PP ha afirmado que aplicará su plan de regeneración institucional “punto por punto”, pero en las recientes negociaciones para formar gobiernos locales y autonómicos lo ha ignorado al gobernar con Vox en coalición en ayuntamientos y regiones donde su partido no fue el más votado.

Pero como el candidato del PP no tiene claro el resultado del 23J, intentará reeditar el golpe de mano contra Sánchez de 2016. “Llamaré al nuevo líder para que me deje gobernar”, ha dicho, en referencia a la hipotética sustitución del actual secretario general por otro en caso de derrota. “Y si no me deja llamaré a todos sus barones para que le convenzan”, ha añadido. Feijóo ha bromeado con que “hay algunos sensatos”, aunque, ha añadido, “cada vez menos”.

Una vez cerrado el acuerdo con los partidos que conformarán la coalición, Sumar sigue diseñando el equipo que liderará la campaña para el próximo 23 de julio. La eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop (Llerena, 1970) será la coordinadora del equipo del programa electoral para las próximas generales, según ha avanzado este martes Público y ha confirmado el proyecto político de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

“Rodríguez Palop se incorpora a Sumar como coordinadora de Programa, con el cometido de construir un programa en línea con el proyecto de país y el trabajo de las personas coordinadoras, con el feminismo, el mundo del trabajo y la justicia social y climática en el centro”, ha explicado Sumar en un comunicado. “Gracias a Sumar por su confianza, a sus formaciones políticas, compañerxs de camino y grupos de trabajo. Gracias a la gente que nos empuja. Y, sobre todo, gracias a Yolanda Díaz por asumir esta enorme responsabilidad. Estaremos a la altura. Salimos a ganar 🙋🏻‍♀️”, ha agradecido la eurodiputada en sus redes.

Rodríguez Palop es jurista de profesión y profesora titular de filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. En 2019 encabezó como independiente las listas de Unidas Podemos para el Parlamento Europeo, justo después de la renuncia a esa candidatura del exdiputado de los morados Pablo Bustinduy, que desde hace días también ha vuelto a la política para integrarse en el equipo de campaña de Sumar. Es actualmente eurodiputada por el Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género.

Rodríguez Palop es además de eurodiputada y profesora universitaria analista en diferentes medios como elDiario.es y autora de una serie de libros como 'La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación' (Dykinson, 2001 y 2010), 'Claves para entender los nuevos derechos humanos' (Libros de la Catarata, 2011) y 'Revolución feminista y políticas de lo común frente a la extrema derecha' (Icaria, 2019).

El de la eurodiputada es el cuarto fichaje que anuncia Sumar para su equipo. Además de Bustinduy, el proyecto de Yolanda Díaz ya cuenta con el también parlamentario europeo Ernest Urtasun, portavoz desde la semana pasada, y este mismo lunes anunció que incorporaba al embajador de España en la ONU, Agustín Santos Maraver, como número 2 en las listas de la coalición por Madrid. “Muy contento de que mi amiga y compañera eurodiputada @MEugeniaRPalop sea la coordinadora del programa electoral de @sumar. No se me ocurre nadie mejor para construir un programa coherente y ambicioso que represente nuestras ideas y valores. ¡Bienvenida, compañera!”, ha celebrado Urtasun tras publicarse la noticia.

Antes de que el adelanto electoral trastocara los planes de la vicepresidenta segunda para la articulación de su plataforma, el equipo de Sumar ya trabajaba en una suerte de programa no para estas elecciones en concreto sino para la próxima “década progresista”, como habían anunciado. Para ello, y en paralelo al proceso de escucha con el que Díaz recorrió en los últimos meses prácticamente todo el país, Sumar había desplegado una serie de grupos de trabajo por sectores para conformar el sustrato ideológico del proyecto. Las conclusiones de esos grupos se dieron a conocer pocas semanas antes de la campaña electoral, cuando se abrieron al público para que la ciudadanía pudiera enriquecer las grandes ideas planteadas en esos más de treinta documentos.

Ese proceso ha quedado en un segundo plano, puesto que estaba pensado para ir dando concreción ideológica al proyecto durante los próximos meses mientras se negociaba la coalición de partidos, que tras el adelanto electoral ha cobrado todo el protagonismo. Pero seguramente esa aportación de ideas sirva ahora a Sumar como punto de partida para el programa de cara a las generales que tiene que estar listo en las próximas semanas.

Conoce los fichajes de Sumar en el podcast 'Un tema al día'