La orden era esperar a que a un hombre se le cayera un periódico al suelo. Dentro estaban los pasaportes que alguien había preparado para Enriqueta Millán y sus dos hijos, de 9 y 13 años. Unos días después, coincidiendo con el Corpus Christi de 1946 –el 20 de junio–, cogieron el tren desde Barcelona, donde vivían, hasta Puigcerdá. Allí un enlace les esperaba para ayudarles a cruzar el kilómetro y medio que les separaba de la localidad de Bourg-Madame. Habían atravesado la frontera y estaban en Francia, donde se reunirían con Luis Robles Francisco, su marido y padre, al que llevaban siete años sin ver.

“Mi madre, que era una niña, dejó escrito con todo lujo de detalles cómo fue. En su carta cuenta, por ejemplo, que si sus corazones se hubieran escuchado cuando subieron al tren, les habrían delatado ante la Guardia Civil de lo fuerte que latían. También habla de su padre, un hombre de rasgos 'duros' que era para ella prácticamente un desconocido por todo el tiempo que había estado sin él”, explica Sonia Isabel Garófalo Robles, la nieta de Luis, que falleció en abril de 1984.

Es una de las dos hermanas argentinas que acaban de interponer una querella por el caso de su abuelo, que en febrero de 1939 huyó a Francia para escapar de la represión franquista. Se trata de la primera acción judicial por exilio forzado iniciada en España, un fenómeno al que fueron empujadas miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura. Las nietas de Luis han viajado desde Argentina, donde viven y a donde se trasladó la familia desde Francia, para ello. Si decenas de españoles han acudido a la Justicia argentina para intentar que se juzguen los crímenes del franquismo, ellas han decidido hacer el camino de vuelta.

Luis fue una de las miles de personas que salieron de Barcelona tras la toma de Catalunya por los sublevados, una de las mayores oleadas de exiliados que se registraron. De profesión yesero y natural de Berga (Barcelona), ya antes de la guerra era activo políticamente y en 1923 se afilió a la CNT-FAI. Con el golpe de Estado franquista y el estallido del conflicto, ingresó en el ejército republicano, donde llegó ser comisario y a combatir en Aragón y Mallorca. Con 36 años, huyó del país. “Lo hizo para conservar su vida, pero también sus ideas y seguir con su actividad antifascista”, remarca Sonia, que lleva dos décadas recopilando información sobre su historia familiar hasta construir un pequeño archivo personal en el que casi cada paso dado por su abuelo está escrito.

Entre los documentos que conserva está la correspondencia que mantuvo como enlace político entre Francia y España, cartas, fotografías y la documentación relativa a su militancia y su exilio. Como muchos otros españoles, ya en territorio francés fue encerrado en los campos de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Vernet, donde sufrió duras condiciones de vida. Durante la Segunda Guerra Mundial fue reclutado por la Organización Todt, creada por la Alemania nazi para usar mano de obra forzada en diferentes construcciones. Luis fue obligado a trabajar para erigir caminos en la Francia ocupada, pero según cuentan sus nietas logró escapar y pasó a integrar el llamado “Batallón del Río”, una unidad de la guerrilla formada por libertarios españoles que se sumaron a la Resistencia Francesa contra los nazis.

El periplo que atravesó Luis ha llevado a las hermanas a viajar desde Buenos Aires esta semana para interponer la querella. “Sentimos que es una obligación moral, por nuestro abuelo y nuestra madre, por toda la familia. Ella fue una testigo viviente de todo lo que ocurrió, de todas las aberraciones que tuvieron que vivir. Pero también es una cuestión de justicia con el pueblo español que sufrió unos crímenes que aún no se han juzgado. En Argentina pudimos sentar a los responsables de la dictadura en el banquillo, pero España tiene una deuda muy grande con su sociedad que aún no ha saldado”, explica Silvia.

El exilio de su abuelo rompió a la familia durante siete años y la marcó para siempre, apuntan ambas. La pareja tenía tres hijos, su madre, su tío Luis y una tercera hermana que falleció con 16 años por una brucelosis “no atendida”. La represión franquista se dirigió también contra ellas, quienes se quedaron en Barcelona: cuenta Sonia que su abuela Enriqueta y su madre tenían una tapicería en el centro de la ciudad de la que los golpistas les “despojaron” y que hoy es un bar “enorme y precioso”. También recuerda cómo les contaban los “allanamientos” que sufrían en casa y de madrugada por miembros de Falange. “Daban la vuelta a la vivienda y abusaban de ellas. Como no podían encontrar a mi abuelo, lo pagaron con las mujeres”.

A Luis le buscaron las autoridades franquistas durante varios años. De hecho, abrieron contra él un proceso sumarísimo en el que le acusaban del delito de “auxilio a la rebelión” por militar en la CNT, portar armas en los primeros días del “Movimiento Nacional” y combatir en el frente. Fue declarado en rebeldía al encontrarse en Francia, pero entre los documentos que guardan sus nietas se ve cómo su mujer Enriqueta fue interrogada en el proceso. La mujer declaró que le vio por última vez el 23 de enero de 1939 y que, al cabo de un mes y medio, recibió una carta suya en la que afirmaba que “no sintieran pena por él porque estaba en Francia trabajando”, según consta en la declaración.

Consecuencias que se heredan

La querella presentada de forma telemática por las hermanas en Barcelona, que ha contado con el apoyo jurídico de CEAQUA, se dirige contra la totalidad de miembros del Ejército que el 18 de julio de 1936 se sublevaron contra la República, contra todos los hombres que formaron parte de los sucesivos gobiernos de la dictadura y contra los cuatro jueces instructores del Juzgado Militar que procesó a Luis en 1940, todos ellos fallecidos. Jacinto Laura, abogado de CEAQUA, explica que los hechos se califican como crímenes de lesa humanidad, como es la deportación o traslado forzoso de personas mediante “actos de coacción”, como reconoce el artículo 607 bis del Código Penal.

Todo ello formando parte de un “ataque generalizado y sistemático contra amplios sectores de la población del Estado español”, añade el letrado, que sostiene que aunque la responsabilidad criminal de los señalados en la querella “esté extinta” porque han muerto, la Justicia “tiene la obligación de investigar y, en su caso, establecer una verdad judicial”. Eso es lo que buscan Sonia y Silvia, que han renunciado a reclamar algún tipo de medida o compensación económica: “Queremos forzar al Estado español a que investigue, a que se ponga sobre la mesa y se visibilice”, apunta Sonia.

Los efectos del exilio no solo impactaron en quienes lo vivieron. Ambas hermanas hablan de consecuencias “heredadas” que han visto y experimentado en la familia desde que nacieron en Avellaneda, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, a donde sus abuelos y su madre se trasladaron desde Francia. Silvia recuerda “un montón de situaciones personales” que vincula al “daño emocional y físico” que padecieron, sobre todo su madre y su abuela, víctimas de agresiones sexuales por parte de las milicias que entraban en su casa. “Cada una lo sobrellevó como pudo, pero a nosotras también se nos transmitieron algunas fobias y estados de alerta que hemos trabajado”, dice.

La familia decidió salir hacia Argentina en 1952, después de que Luis intentara sin éxito lograr la nacionalidad francesa y después de que la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial no supusiera, como él y muchos otros pensaban, la liberación de la España fascista. Ya nunca abandonaron Argentina, donde vivieron varios años después la dictadura militar de Jorge Videla en la que un tío de Silvia y Sonia fue asesinado y hecho desaparecer. Recuerda una de ellas que su abuelo “mantuvo un silencio” durante aquellos años, al igual que su abuela: “Decían 'pasamos dos guerras, sufrimos, perdimos hijos, lo perdimos todo... No vamos a seguir perdiendo'”, parafrasean.

Pero las nietas siguieron con la militancia política y aún hoy defienden con determinación sus ideas, heredadas en casa, frente a un contexto global “marcado por la vuelta del fascismo”, diagnostica Silvia. Su forma de pensar es, dicen, lo más valioso que les transmitieron sus padres y sus abuelos. Su madre murió en 2021. “Estarían orgullosos de nosotras. Dirían 'tan mal no lo hemos hecho'”, dicen sobre qué pensarían ellos sobre su viaje de más de 10.000 kilómetros para buscar justicia. “Nuestro abuelo decía mucho que no olvidáramos que somos españoles, que no vinimos a Argentina porque quisimos o lo decidimos. Fue una expulsión. Es algo que mantuvo vivo hasta el último día de su vida y nosotras lo tomamos y seguimos adelante”.

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un Plan estratégico de memoria que plantea la creación de diversos espacios memoriales y actividades para “contrarrestar una cierta falta de transmisión pública y educativa de la historia del siglo XX”. Entre las principales propuestas destaca la inauguración de un espacio memorial en el Castillo de Montjuïc sobre el terrorismo.

Este museo, que también funcionará como archivo y centro de investigación, zanja una larga negociación con las víctimas del terrorismo, que hace años que piden a diversas instituciones -entre ellas el Ayuntamiento- más reconocimiento y acompañamiento. El consistorio se comprometió a crear este espacio ya en 2024 y ahora queda financiado bajo el paraguas de este Plan estratégico.

Se espera que las obras finalicen durante el primer semestre de este 2026, aunque el espacio de memoria y museo no se estrenará hasta 2027. La idea es que este castillo, históricamente vinculado a la represión militar y en el que se llevaron a cabo diversas ejecuciones durante el franquismo, tenga 200 metros cuadrados dedicados a la divulgación sobre estos episodios.

El consistorio apunta que combinará una exposición permanente con actividades de investigación y educativas. “Barcelona ha estado marcada por episodios de alto impacto, como los atentados multitudinarios de Hipercor, en 1987, y de la Rambla, en 2017, que han dejado una profunda huella humana, social y emocional en la ciudad”, apuntan desde el Ayuntamiento. Por ello, el memorial pretende ser un espacio que explique “con rigor y sensibilidad” el terrorismo “en toda su complejidad, situando a las víctimas en el centro y contribuyendo a su reconocimiento”.

La teniente de Alcaldía del área de Derechos Sociales y Memoria Democrática, Raquel Gil, considera que “se debe preservar el pasado para fortalecer el futuro” y destaca que el Plan de memoria es “fruto de un proceso colectivo”. A él han contribuido diversas entidades como el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), la Asociación Pro-Memoria de los Inmolados por la Libertad en Catalunya, el Ateneu de Memoria Popular, el Amical de Mauthausen, el de las Brigadas Internacionales, el espacio feminista Ca la Dona o la Fundación Cipriano García.

Y es que, además del memorial de terrorismo, el Plan -financiado con 6.151.280 euros- contempla otros proyectos, como el Centro Model de la Memoria, que transformará la antigua galería 4 de la cárcel en un espacio museístico. También se revisará la normativa del nomenclátor de la ciudad para “garantizar la coherencia y la precisión historiográfica”, así como para impulsar nombres que, hasta ahora, han sido “poco visibles”, con especial atención a la “necesaria feminización” de las calles.

Por último, también se reactivará la Junta de Valoración del Tardofranquismo, que revisará los protocolos e incorporará perfiles no contemplados hasta la fecha, como el de las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, las represaliadas por motivos políticos o morales o las perseguidas por su orientación sexual y de género.

Además, se prevé realizar un ciclo de actividades, con diversas propuestas educativas, así como la creación de una web interactiva sobre el pasado esclavista de Barcelona. En él, se identificarán los espacios de la ciudad vinculados al tráfico de esclavos. “Son memorias que han estado largamente silenciadas y la ciudad conserva numerosas trazas de esta participación, desde los domicilios de armadores de indianos hasta aquellos financiados con capitales procedentes de la explotación”, apuntan desde el Ayuntamiento.

Dos hermanas han presentado en Barcelona la primera querella que se interpone en España por exilio forzado tras el golpe de Estado franquista de 1936. Las nietas de Luis Robles Francisco, militante de CNT-FAI convertido en comisario político del Ejército del Ebro republicano, han impulsado la querella para reclamar una investigación por la huida de su abuelo, que se exilió a Francia en febrero de 1939 para escapar de la represión tras la entrada de los franquistas en Catalunya.

“Fue una situación tremenda para la familia y queremos que el Estado español se vea obligado a investigar de una vez por todas hasta las últimas consecuencias”, ha señalado Silvia Garófalo Robles. Al igual que otros muchos exiliados, tras salir de España, su abuelo, que vivía en Barcelona, fue encerrado en los campos de concentración de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Vernet, donde sufrió duras condiciones de vida. Posteriormente sería reclutado por una empresa vinculada al régimen nazi para hacer trabajos forzados. Logró escapar y se integró en el llamado “Batallón del Río”, formado por anarquistas y libertarios que ejercieron acciones durante la Segunda Guerra Mundial.

Tiempo después, establecido en Niza y ya habiendo logrado reunirse con su familia –su mujer y sus hijos, que lograron pasar a Francia en 1946–, Luis intentó lograr la ciudadanía francesa, pero no lo consiguió. Entonces la familia se trasladó a Buenos Aires, donde nacieron sus nietas y de donde se han trasladado esta semana para interponer la querella en los tribunales españoles. “Nuestro abuelo tuvo un exilio forzado, pero fue un doble exilio, en Francia y Argentina, porque era imposible para él regresar a España”, ha apuntado Silvia ante los medios de comunicación.

Una verdad judicial

La querella ha sido presentada ante los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Barcelona y califica los hechos como crímenes contra la humanidad, según ha explicado Jacinto Lara, abogado de CEAQUA, que presta el apoyo jurídico. Se dirige contra “la totalidad de los miembros” del Ejército que dieron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, contra quienes formaron parte de todos los gobiernos durante la dictadura y contra los cuatro integrantes del Juzgado Militar que procesó a Luis Robles por un delito de auxilio a la rebelión, todos fallecidos.

“Somos muy conscientes de que la responsabilidad criminal de los investigados ha quedado extinguida como consecuencia de su fallecimiento, pero desde CEAQUA entendemos que se debe desplegar una investigación en el orden judicial penal”, señala Lara, que recuerda que el objetivo es el establecimiento “de la verdad judicial y de las responsabilidades de los hechos que son objeto de denuncia”. “Es una obligación en base al Derecho Internacional y así debe ser interpretado por nuestros tribunales”, ha señalado el abogado, que apunta a que, de esta forma, “se revertería parcialmente el modelo de impunidad” que la organización denuncia en España.

Más allá de la querella presentada por las nietas de Luis, el objetivo es también “rendir homenaje a todas las personas que fueron obligadas a abandonar su país como consecuencia del golpe de Estado fascista”, ha añadido Lara. “Buscamos justicia por nuestra historia y nuestra familia y también poner en agenda el por qué del exilio, que es eterno. Fue nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestra madre y nosotras. Somos hijas y hemos vivido también las consecuencias”, ha continuado Sonia Garófalo Robles, que lleva dos décadas investigando en archivos la historia de su abuelo y que ha resaltado cómo su abuela y sus hijas se quedaron en Barcelona tras la huída de Luis.

La violencia ejercida por los sublevados desde 1936 provocó el exilio de cientos de miles de personas como el abuelo de Silvia y Sonia. En diferentes momentos y desde diferentes zonas de España, numerosas oleadas de personas salieron del país. Tras la invasión de Catalunya por parte del Ejército franquista, se suele cifrar en cerca del medio millón de personas las que se exiliaron. Alrededor de 9.000 fueron deportados a campos de concentración nazis, de los cuales más de la mitad murieron. A finales de 1938, cuando aún ni siquiera había acabado la Guerra Civil, las autoridades francesas contabilizaron 400.000 españoles en el país.

Con esta, son más de 150 las querellas presentadas por CEAQUA por crímenes del franquismo, 25 de ellas después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, pero la mayoría de ellas han sido archivadas, según ha cifrado Rosa García Alcón, portavoz de la organización. CEAQUA lleva años reclamando la investigación judicial de estos hechos y denuncia que “a día de hoy siguen manteniéndose de forma inequívoca las políticas de impunidad implementadas por el conjunto del Estado desde la época de la Transición”.

La Fundación Nacional Francisco Franco puede estar cada vez más cerca de su final. El Gobierno sigue con el plan de cerrar la organización franquista por excelencia y este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado la resolución que pone fin al procedimiento administrativo para dar paso a la Justicia, a la que el Ministerio ha dado traslado del expediente a través de la Abogacía del Estado, según ha anunciado el ministro ante los medios de comunicación este 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República. Será un juez o jueza el que tome la decisión defintiva.

Según el ministro, se trata de un expediente “sólido” con el que considera “acreditado” que la fundación “no cumple con los fines de interés general” que deben perseguir las fundaciones y que “hace apología de Franco y del franquismo” además de promover actividades y mensajes que “suponen el menosprecio y humillación de las víctimas”, que son los requisitos que introdujo la Ley de Memoria Democrática en 2022 como causas de extinción de este tipo de organizaciones.

En junio de 2024 el Ministerio de Cultura dio inicio al procedimiento con el arranque de las actuaciones previas y hace seis meses se produjo la firma del acuerdo y su notificación a la fundación. Desde entonces, se han seguido todos los pasos previstos en la Ley de Fundaciones, con distintos periodos de alegaciones. El pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de la organización para frenar de forma inmediata su ilegalización tras un recurso en el que solicitaba paralizarla como medida cautelar.

Con este paso, la autoridad judicial tendrá ya sobre la mesa la propuesta que puede dar el portazo a una fundación que lleva medio siglo –desde la muerte del dictador– exaltando su figura. Para llegar hasta este punto, el Ministerio de Cultura ha recibido informes de la Abogacía del Estado y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ha analizado más de 5.000 publicaciones en la web y redes sociales de la organización, así como sus apariciones en prensa desde 2018 hasta marzo de 2025.

“El procedimiento se ha desarrollado con todas las garantías desde su inicio”, ha apuntado Urtasun, que ha afirmado que “en dos ocasiones se ha dado trámite de alegaciones a la fundación” constituida en 1976 por, entre otras personas, la viuda del dictador, Carmen Polo. Según el ministro de Cultura, el expediente que tendrá ahora que evaluar un Juzgado de Primera Instancia es “riguroso y está bien fundamentado jurídicamente” y, aunque la decisión final está en manos de un juez, el Gobierno “considera que concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción”. “Estamos con la ley en la mano protegiendo la dignidad de las víctimas”, ha añadido.

Urtasun ha dado por hecho que la fundación “va a usar todos los resortes a su alvance para impedir que el proceso avance”, pero se ha mostrado “optimista” ante la futura resolución judicial. “En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que tratan de blanquear la dictadura y humillar a las víctimas”, ha insistido. El recurso que presentó en su momento la fundación alegó entre otras cosas la vulneración del derecho de defensa y argumentó que “no emplea ninguna expresión humillante o vejatoria” con las víctimas del régimen.

Fuentes de la misma apuntan a que el paso dado por el Ministerio de Cultura no les “extraña”. “El Gobierno liberticida que ampara y subvenciona a fundaciones separatistas y marxistas no pierde el tiempo en perseguir la libertad de opinión y expresión de los que no piensan como ellos. Es lo normal en dictaduras socialistas”, han trasladado, informa Javier Lillo.

En paralelo al proceso de extinción de la fundación, Urtasun también ha explicado que ha solicitado a la Abogacía del Estado que inicie la reclamación de los casi 30.000 documentos del archivo de la Fundación Franco tras constatar que se trata de documentación que fue consecuencia de “las funciones públicas” que desempeñó el dictador como jefe de Estado. Considera por ello el Ministerio en virtud de la Ley de Patrimonio Histórico Español que los documentos deben ser restituidos al Estado y conservarse en un archivo público.

La “glorificación” de Franco

La decisión del Gobierno de instar al cierre de la fundación se basa entre otros elementos en un informe encargado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con varias patas: el estudio incluye el análisis pormenorizado de las publicaciones de la funación, un estudio del catedrático de Derecho Constitucional Javier García Fernández y varias entrevistas a víctimas del franquismo para concluir en base a todo ello que se cumplen las condiciones previstas en la ley.

Los estudios destacan que casi todo su contenido está dedicado “a la exaltación del dictador y la dictadura” con componentes de “glorificación” a Franco y los símbolos del régimen. En base a sus estatutos, la organización presididad por el exgeneral Juan Chicharro tiene “una actividad principal” que es la de “difundir y promocionar el estudio del legado y las realizaciones” del dictador “entre 1936 y 1977”, lo que supone trasladar “una visión inequívocamente positiva”.

El acuerdo firmado por Urtasun resalta, además, “tres patrones” de humillación de quienes fueron sus víctimas o de sus familiares: su “descalificación”, la negación de los daños calificando de “mentira” o “farsa” episodios trágicos y la “apropiación y relectura sesgada” del pasado. Todo ello apunta a una “estrategia deliberada” de la fundación para “ridiculizar y deslegitimar” a quienes sufrieron la represión del régimen. El Ministerio también ha recabado un informe de la Abogacía del Estado que concluye que la resolución “es conforme a derecho”, consituyendo el último trámite necesario antes de instar a la Justicia.

Estoy convencido de que lo sucedido en la ciudad de Eibar en la madrugada del 14 de abril de 1931 no fue fruto de la casualidad. Los valores y principios socialistas y republicanos se encontraban profunda y sólidamente enraizados entre los eibarreses y las eibarresas de la época. Aquella madrugada, la actual plaza de Unzaga, frente al Ayuntamiento, se llenó de hombres y de mujeres convencidos y convencidas de que el cambio estaba en sus manos, de que otro país era posible y de que vivir bajo el paraguas de los ideales republicanos estaba, por fin, al alcance de sus manos.

Uno de mis 'aitxitxas' (el otro falleció siendo yo aún muy joven como para interesarme por este tema), socialista y republicano, me contó que aquella madrugada la noticia corrió por Eibar como la pólvora. De casa en casa, de taller en taller. Aquí no hacía falta un periódico para enterarse de lo que estaba pasando. Mi 'aitxitxa' recordaba con entusiasmo la agitación de la casa en plena madrugada, sus padres hablándose en susurros, ruido en las calles, la gente saliendo a la calle, el bullicio de la proclamación, la alegría del objetivo conseguido… 

Esa madrugada Eibar proclamó la Segunda República, antes que Madrid, antes que Barcelona, antes que nadie. En nuestra plaza. Con nuestra gente. Una proclamación impulsada por los vecinos y por las vecinas de la ciudad animados por los resultados de las elecciones celebradas pocos días antes. Desconozco si fue algo planificado o surgió sobre la marcha. Lo que sí tengo claro es que los hechos de ese día de abril de 1931 fueron el reflejo de la idiosincrasia de esta ciudad, de su carácter audaz y valiente, de su ideal progresista, de sus ansias de cambio y del anhelo por vivir bajo los valores universales de la República.

La ciudad de Eibar hizo historia esa madrugada de 1931. Por desgracia, esa II República duró un lustro escaso y si bien Eibar se mantuvo fiel al orden republicano hasta sus últimas consecuencias, tuvo que claudicar ante la nueva realidad que el ejército sublevado fue imponiendo en todo el estado.

De 1936 en adelante, la guerra civil, la dictadura, el miedo, la represión, se cebaron con la ciudad y sus gentes. Hubo quien tuvo que esconderse. Quien fue a la cárcel. Quien tuvo que abandonar su hogar e irse. Hubo quien no regresó. Y la memoria se fue guardando en cajones, en fotos escondidas detrás de la cama, en conversaciones a susurros para que nadie las escuchara. Se fue guardando y callando, pero nunca olvidando.

Y mi 'aitxitxa', que con entusiasmo me narraba lo sucedido en Eibar el 14 de abril de 1931, siempre eludió hablar de lo que vino después, de lo que vivió durante la guerra civil y la dictadura. Su incomodidad era evidente, como si tuviera miedo a verbalizarlo, por lo que tampoco insistí. Nunca quise ahondar en una herida que, a todas luces, no había cicatrizado y creo que nunca lo haría.

Sin embargo, para bien, la memoria de la ciudad de Eibar es tozuda. Porque aquí nos conocemos todos y todas (o casi) y, precisamente por eso, es más difícil olvidar. Se sabe que el vecino del tercero perdió a su abuelo. Que la señora de la tienda guardó durante años un pañuelo republicano en el fondo del armario, recuerdo, posiblemente, de alguien que jamás volvió. Sabes que en aquel taller nunca se quiso colgar la bandera que tocaba. Y eso no se olvida.     

Hoy, 14 de abril de 2026, 95 años después de la épica proclamación, la ciudad de Eibar es declarada Lugar de Memoria Democrática.  Un reconocimiento justo y necesario que elogia la valentía de los vecinos y de las vecinas de la ciudad de Eibar que proclamaron la segunda república antes que nadie aquel 14 de abril de 1931 y que permanecieron fieles a la misma hasta sus últimas consecuencias. Unos vecinos y unas vecinas que de 1936 en adelante, como otros muchos españoles y españolas, pagarían caro, muy caro, sus ansias de libertad, de igualdad, de justicia social, de un estado laico o de una educación pública para todos y todas. Porque eso era, entre otras muchas cosas, la República que ellos y ellas ayudaron a instaurar.

La declaración de Eibar como Lugar de Memoria Democrática representa, en definitiva, un ejercicio de dignidad y de orgullo. Y es que, en verdad, no podría estar más orgulloso de aquellos hombres y de aquellas mujeres que hoy, hace exactamente 95 años, hicieron historia en nuestra ciudad.

Mientras España estrenaba Constitución, prometía derechos y libertades dejando atrás una larga dictadura de cuatro décadas y respiraba una atmósfera efervescente y liberadora, Loli Gómez Benito pisaba por primera vez los fríos suelos del centro conocido como Peñagrande, en el que viviría hasta 1983 junto a otras jóvenes madres o embarazadas. Tenía 15 años y allí daría a luz a sus dos hijos, fruto de las violaciones continuadas de su propio padre. Fue él quien la entregó al Patronato de Protección de la Mujer, la institución que desde 1941 encerró en centros regentados por religiosas a las chicas consideradas 'inmorales' y que no detendría su actividad ni con la muerte de Franco.

Diez años más tuvieron que pasar desde el 20 de noviembre de 1975 para que estos reformatorios, de los que hasta hace poco apenas se hablaba, cerraran definitivamente. “Fue entrar en un infierno, en un mundo diferente. Para mí fue como si me hubieran metido en una película. No entendía por qué estaba allí”, cuenta Loli, que recuerda las “largas jornadas de trabajo” en los talleres a las que estaban obligadas, incluso estando embarazadas o habiendo dado a luz pocos días antes. “Yo no tenía ideas políticas en ese momento, pero el contraste con lo que había fuera era grandísimo”, añade.

Consuelo García del Cid, que pasó por varios reformatorios vinculados al Patronato y que se ha dedicado a investigarlo y a unir a las víctimas, estaba dentro de uno de los centros en Madrid gestionado por las Adoratrices cuando murió el dictador. “Nada cambió para nosotras”, dice recordando que aquel día las internas no trabajaron y se dedicaron “al luto y la oración”. Salió un año después, con 17, y prometió a sus compañeras que algún día contaría lo que habían vivido: “Yo estaba convencida de que con la muerte de Franco las cosas iban a ser diferentes. De hecho, hasta hice la maleta”, cuenta.

Pero no fue así y la larga trayectoria del Patronato de Protección a la Mujer se alargó hasta 1985, cuando ya gobernaba el socialista Felipe González. El organismo dependía del Ministerio de Justicia y durante el franquismo tenía la misión de fomentar la “dignificación moral de la mujer” en virtud de las normas del régimen, atravesadas por la religión católica. En la práctica, esto suponía que jóvenes consideradas rebeldes o que se desviaban de estos férreos mandatos –las llamadas “caídas o en riesgo de caer”–, podían acabar en uno de sus reformatorios tras ser denunciadas por la policía, sus vecinos o sus propias familias.

Disolución “por la puerta de atrás”

Su fin definitivo llegó con el Real Decreto del 1 de agosto que hacía efectiva la supresión presupuestaria de varios organismos decidida un año antes. Un “cúmulo de presiones sociales, políticas y mediáticas acabó precipitando” la caída de la institución, según explica la historiadora y autora de Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (Crítica) Carmen Guillén, que describe un proceso de disolución “por la puerta de atrás” y sin que su desaparición “suscitara un debate político ni revisión pública” como si ocurriría con otras instituciones franquistas. El silencio con el que operó durante más de 40 años perduró en su cierre.

Las presiones a las que se refiere la historiadora, autora de la primera tesis sobre el Patronato, tuvo uno de sus momentos más visibles en septiembre de 1983, cuando la joven Inmaculada Valderrama murió en el reformatorio de San Fernando (Madrid), gestionado por las Cruzadas Evangélicas. Según publicaron los medios, la joven murió al caer de un tercer piso tras intentar fugarse del centro con una “liana de sábanas” atada a la ventana. No era la primera vez que intentaba irse y lo había conseguido hacía poco, pero unos días antes de su fallecimiento fue devuelta tras ser detenida por “presuntamente ejercer la prostitución”.

Ese mismo año, la maternidad de Peñagrande en la que estaba Loli cerró sus puertas y se acordó la expulsión de la congregación que lo dirigía mientras que el Consejo Superior de Protección de Menores definió sus condiciones de vida como “sórdidas”. Había pequeños pasos que ya estaban dándose hacia el fin del Patronato, del que los medios de comunicación locales y El País a nivel nacional habían comenzado a hablar. Ejemplo paradigmático fue un artículo publicado en la revista Vindicación Feminista en 1977 en el que la abogada Magda Oranich relata el “inquisidor régimen” de un reformatorio de Barcelona, al que logró entrar.

Se entrevistó con una de las religiosas “madres” que lo dirigían, que llegó a decirle: “Yo conozco mejor que cualquier psiquiatra a estas niñas. Yo las interrogo, las aconsejo y las medico. Solo en muy contados casos es preciso darles electroshock”. Según explica Guillén en su libro, el artículo era “tan contundente” que las autoridades “intentaron impedir su difusión” mediante una “orden de secuestro” que no prosperó. A través del propio boletín del Patronato, dirigido solo a sus miembros, el organismo intentó defenderse y acusó al texto de “saña, mal estilo y aviesa intención”, según consta en el número 103 del boletín que la historiadora cita en su investigación.

Otro testimonio, esta vez desde dentro del propio organismo, apunta en la misma dirección que las denuncias acumuladas en esos años. Se trata de la carta que una visitadora social contratada por la propia institución escribe a la Junta Provincial de Barcelona en 1978 y que es parte del archivo personal que Consuelo García del Cid ha reunido tras años de investigación. En ella, la trabajadora asegura haber tenido “esperanzas” de que la democratización del país llegara también al Patronato, pero “se mantiene como una isla siguiendo sus métodos represivos, moralistas y clasistas”, reconoció. 123 centros estaban activos ese año, formando una especie de “burbuja franquista” en medio de la Transición y los primeros años de la democracia, como lo define Guillén.

“No se sabía lo que nos hacían”

Aunque el régimen revivió la institución en 1941, esta ya existía antes: era heredera del Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas creado en 1902 y vinculado a la lucha contra la explotación sexual. La República la reorganizó y le dio el nombre que perduraría durante el franquismo, pero se disolvió a los pocos años. De fondo y en sus fines sobre el papel, siempre se mantuvo el supuesto objetivo de la abolición de la prostitución y este elemento estuvo también presente en la dictadura, que hablaba de la “regeneración moral de las mujeres prostituidas”, pero en la práctica sirvió de aparato de control social generalizado hacia la población femenina.

El hecho de que fuera un organismo tan longevo, que su represión se dirigiera específicamente a mujeres y que sus centros fueran dirigidos por congregaciones religiosas que existían antes de la dictadura –y muchas aún hoy– son algunos de los factores que Guillén conecta con su tardía desaparición. “Tenía muy poca visibilidad, pasó desapercibido porque esas estructuras vinculadas a la supuesta caridad religiosa ya existían antes de Franco. No se percibió como un exceso del franquismo y en parte eso tuvo que ver con lo perfectamente instaladas que estaban las congregaciones en la sociedad y con que se daba por hecho que lo que hacían era positivo”.

“Yo creo que no importábamos ni molestábamos. Nadie sabía lo que nos hacían ahí dentro”, explica Micaela Ortiz, que estuvo en el reformatorio de las Oblatas de Segovia hasta 1982. La mujer, que hoy tiene 58 años, entró con sus dos hermanas y lo primero que hicieron las monjas fue separarlas. Aún recuerda los “encierros en armarios pequeños” como castigo, las duchas de agua fría y el “restregar de ortigas en mis partes íntimas” para intentar que no se hiciera pis en la cama. “El día lo dedicábamos a rezar y a limpiar y a la hora de la merienda salíamos un poco al patio. Yo no entendía nada, no sabía dónde estaba ni lo que era aquello. Lo he entendido muchos años después”, reconoce.

Políticamente, hubo algún movimiento encaminado a su disolución tras 1975. El Gobierno de Adolfo Suárez nombró en enero de 1978 a Jaime Cortezo como vicepresidente primero del Patronato con el objetivo de “marcar un cambio de rumbo y, de hecho, llegó a presentar un anteproyecto de ley para modernizar la institución, pero no llegó a ver la luz definitiva. En 1980, el diputado socialista Antonio Sotillo registró en el Congreso varias preguntas al Gobierno sobre el futuro del Patronato, que ”no parece muy adecuado a las demandas de la sociedad“, decía. En 1982, el mismo año que el PSOE llegó a la Moncloa, el grupo socialista volvió a pedir explicaciones.

Tuvieron que pasar algunos años más para que cerrara, después de haber transferido las competencias en materia de “mujer” a las comunidades autónomas y se decidiera eliminar el presupuesto del Ministerio de Justicia para tal fin. Algunos de los centros desaparecieron y otros siguieron vigentes, con otra dirección pero en muchos casos dirigidos por las mismas congregaciones religiosas que entonces. “Varias, de hecho, siguen teniendo funciones vinculadas a lo femenino y tienen programas, por ejemplo, de atención a mujeres víctimas de trata”, explica Guillén.

Las órdenes religiosas organizaron un acto hace menos de un año en Madrid para pedir perdón a las víctimas, pero estas lo rechazaron por cómo se había llevado el proceso. El pasado 20 de marzo, medio centenar de mujeres recibieron el reconocimiento como víctimas del franquismo de parte del Gobierno, que les pidió disculpas. “El estado os falló”, reconoció el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El Govern de Marga Prohens (PP) manté sense difondre una quinzena de treballs sobre memòria democràtica encarregats durant la passada legislatura sobre aspectes clau de la repressió franquista a les Balears. Es tracta d'investigacions de gran abast -amb milers de pàgines en conjunt- i de caràcter multidisciplinari -a nivell històric, psicològic, jurídic...- que van ser promogudes per l'anterior Executiu d'esquerres en el marc del IV Pla de Fosses, desenvolupat a l'empara de la llei autonòmica de recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme -més coneguda com 'llei de fosses'-. D'acord amb el propi disseny del pla, aquests treballs havien de revertir en la societat a través d'exposicions, materials pedagògics i presentacions públiques.

Lluny d'aquest objectiu, els informes romanen avui fora de l'abast de la ciutadania. Les investigacions, que reconstrueixen els episodis menys explorats del cop militar de 1936, la guerra civil i la dictadura franquista, van ser concebudes com una de les peces centrals de la política pública de memòria democràtica a les Balears. No només van ser encarregades, sinó també executades i remunerades: en total, l'Administració autonòmica ha abonat 218.000 euros als diferents autors sense que el seu treball hagi vist encara la llum.

El conjunt d'estudis traça un ambiciós i complex mapa de la memòria històrica a les illes: des de la relació entre l'arxipèlag i la Vall dels Caiguts, on almenys un centenar d'illencs hi foren enterrats després de ser traslladats durant el franquisme, en molts casos sense coneixement de les seves famílies, fins a una anàlisi en profunditat dels bombardejos provinents de Mallorca, passant per estudis més detallats sobre el desembarcament del capità Bayo -la gran ofensiva que va dur a terme la República amb l'objectiu de recuperar la illa de mans dels sublevats-, els mecanismes de repressió desplegats pel franquisme, l'actualització del cens de persones assassinades per la repressió franquista o informes sobre les pròpies polítiques de 'memòria' impulsades durant la dictadura i com aquesta va construir el seu propi relat sobre la guerra i la repressió mitjançant l'exaltació dels vencedors i el silenciament de les víctimes republicanes.

Així mateix, les investigacions aborden dimensions menys visibles de la repressió, com l'impacte del trauma psicològic derivat de la violència i la seva transmissió generacional des del 1936, ampliant així el focus més enllà dels fets estrictament bèl·lics per incorporar-ne les conseqüències socials i emocionals a llarg termini.

Les investigacions aborden des del trasllat d'illencs a la Vall dels Caiguts a estudis més detallats sobre el desembarcament del capità Bayo

Des de l'Executiu autonòmic atribueixen l'absència de difusió al fet que encara es troba pendent rebre la versió definitiva d'un d'ells, relatiu al “cens de víctimes”, que ha hagut de ser “esmenat per discrepàncies entre els membres amb la categoria de causes de mort”. Fonts implicades en el desenvolupament dels treballs apunten, tanmateix, que la majoria dels estudis porten lliurats des de fa més d'un any i que aquests podrien haver-se fet públics de forma independent, atès que la seva publicació -almenys en format digital- no depèn necessàriament de la finalització dels treballs que poguessin estar pendents.

Fonts de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques consultades per elDiario.es asseguren que els informes acabaran veient la llum, però condicionen la seva publicació a què tots compleixin els requisits tècnics establerts, “tant a nivell de contingut com a nivell de disseny”. Un cop completats, precisen, els estudis hauran de passar per un procés d'unificació formal abans de la seva difusió. “El Servei de memòria democràtica haurà de maquetar tots els estudis un per un, ja que no tenen el mateix format i es necessita unificar el disseny per poder publicar-los tots en les mateixes condicions”, apunten, incidint en què la seva voluntat és publicar-los “tots alhora”.

El Govern assegura que els informes acabaran veient la llum, encara que condicionen la seva publicació al fet que tots compleixin els requisits tècnics establerts, "tant a nivell de contingut com a nivell de disseny"

Per a la seva elaboració, els treballs es van integrar en un conjunt de diversos lots que incloïen des d'exhumacions fins a estudis històrics relatius a diverses fosses comunes, passant per l'elaboració del mapa de fosses de Menorca amb l'objectiu de sumar-lo als ja existents de Mallorca, Eivissa i Formentera i completar així el mapa de fosses de les Balears. L'adjudicació va recaure en la unió temporal d'empreses formada per la Sociedad de Ciencias Aranzadi i la consultora Àtics. L'objectiu era no només avançar en el coneixement acadèmic, sinó també traslladar aquests resultats al conjunt de la societat en línia amb els principis de veritat, justícia i reparació.

El trauma 'heretat' des de 1936

Entre les investigacions figura la duta a terme per la psicòloga clínica Anna Miñarro, autora de l'estudi Evolució del trauma entre generacions des del 1936, en el qual analitza com la repressió política, la tortura o les desaparicions que van patir les víctimes del franquisme a les Balears no solament van marcar els seus familiars més propers, sinó que les seqüeles d'aquell horror van assolir generacions posteriors, manifestant-se encara avui, principalment, en forma de depresió, demència i trastorns psicoafectius. Són les principals conclusions d'un informe inèdit a les illes que va desenvolupar acompanyant les víctimes i els seus familiars en els processos d'exhumació i que posa llum sobre els traumes que arrosseguen els descendents dels assassinats, desapareguts i represaliats, les vides dels quals van quedar marcades per la brutalitat dels revoltats.

Un altre dels treballs inclosos aprofundeix en un aspecte fins ara poc documentat: el paper de l'aviació en la guerra a Menorca i, en particular, els atacs sistemàtics llançats des de Mallorca. L'estudi, elaborat pels historiadors Carlos de Salort Giménez i Miquel López Gual, aporta noves evidències a partir de fonts militars inèdites que permeten reconstruir amb precisió la dimensió real de la guerra aèria sobre l'illa. La principal novetat del treball radica en l'anàlisi de centenars de documents originals -comunicats, telegrames i historials de vol- conservats en arxius militars espanyols a partir dels quals els autors teixeixen un mapa molt més detallat de les operacions aèries sobre Menorca, ampliant i corregint les fonts tradicionals basades en testimoniatges o registres incomplets.

Un dels estudis inèdits és sobre els atacs sistemàtics llançats sobre Menorca; un altre aborda les conseqüències psicològiques de la repressió política, la tortura i les desaparicions

Bombardeigs sistemàtics

En un estudi publicat l'any passat sota el títol La Guerra Civil a Menorca des del cel: noves aportacions al paper de l'aviació en la contesa ambdós autors desmunten la idea que els alçats efectuassin atacs aïllats i revelen, a partir de més de 270 comunicacions directes entre unitats aèries i el comandament franquista, l’existència d’una estratègia molt més àmplia de control del Mediterrani. En aquest esquema, l’aviació va exercir un paper clau en el bloqueig, la pressió sobre la població civil i la consolidació del domini militar des de Mallorca, mitjançant tasques de vigilància, intimidació i bombardeig sobre l’illa, especialment a partir de l’aïllament de Menorca després del fracàs del desembarcament republicà a Mallorca. Des d’aleshores, l’illa va quedar sotmesa durant prop de trenta mesos a operacions aèries constants dirigides des de la base franquista mallorquina, amb la participació determinant de l’aviació italiana.

El treball aporta també dades inèdites sobre la intensitat de la violència aèria: només entre 1936 i 1937 es comptabilitzen desenes d’atacs i centenars de bombes llançades sobre l’illa, amb una evolució clara cap a operacions cada vegada més sistemàtiques i tecnificades. Aquesta escalada va obligar la població civil a adaptar-se progressivament al perill, passant de la curiositat inicial davant els avions a la construcció de refugis i, finalment, a la normalització del bombardeig com a part de la vida quotidiana.

També va participar en els treballs Manel Suárez Salvà, autor de nombroses investigacions sobre la segona república i el moviment obrer a Mallorca -especialment en el nucli municipal de Calvià- així com sobre les presons franquistes que es van implantar a l'illa, entre elles la de Can Mir, una de les presons més fosques i tràgiques de la repressió franquista a l'illa. Després del cop feixista de 1936, aquest magatzem situat en les Avingudes de Palma es va transformar en un centre penitenciari que va confinar, entre misèria i tortures, a més de 2.000 presos durant cinc anys. Una de les pràctiques habituals eren les 'saques': els presos, mitjançant enganys, eren 'alliberats' i, posteriorment, assassinats pels falangistes.

Mallorca com a “laboratori feixista”

Per altra banda, el doctor en Història Manuel Aguilera, autor, entre d'altres, del llibre El Oro de Mussolini. Cómo la República planeó vender parte de España al fascismo i un dels principals investigadors entorn del paper de l'Aviació Italiana a la guerra civil, va fer lliurament d'un estudi que reprèn aquesta línia d'investigació, emfatitzant l'ocupació italiana de Mallorca i l'intent de convertir-la “en un laboratori feixista”, com assenyala el propi investigador en declaracions a elDiario.es. La instal·lació del contingent italià va transformar l'illa en un gran portaavions dedicat a bombardejar sense descans el litoral republicà del Mediterrani i bloquejar les rutes marítimes de subministrament de l'URSS.

Tal com sosté l'historiador, els italians van començar a adquirir centenars d'hectàrees i propietats per construir a l'illa 'cases colonials', traslladar una important quantitat de treballadors del país transalpí i crear allà mateix un “centre d'italianitat”. Degut a que la legislació local impedia als estrangers adquirir terrenys costaners sense autorització militar, Mussolini va utilitzar testaferros mallorquins i empreses tapadores, com Celulosa Hispánica S.A., emprada per comprar l'emblemàtica finca de L'Albufera.

En el treball que Aguilera va lliurar al Govern també aborda els vestigis materials de la presència italiana que romanen en territori balear i explora les incògnites que envolten el faraònic bust que va ser manat construir a finals dels anys trenta en homenatge a Benito Mussolini. L'efígie, embolicada en un halo de misteri des d'aleshores, jauria enterrada en aquesta mateixa zona, esperant que algú la tregui algun dia a la llum, cosa que, segons el parer de l'historiador, constituiria una de les principals proves materials sobre la dimensió simbòlica i propagandística que va assolir la presència italiana a Mallorca durant la contesa i del paper de l'illa com a espai estratègic per al feixisme europeu.

En concret, el monument va ser dissenyat pel legionari Italià Heros Giusti i construït el 1939 en un solar situat a uns 100 metres del que avui és el poblat xabolista de Son Banya. Tres anys abans, en aquest mateix punt, havia estat aixecat el quarter de l'Aviazione Legionaria. Les instal·lacions van servir a més per albergar les bateries antiaèries de l'aeròdrom de Son Sant Joan, les pistes del qual van adaptar els italians com a base aèria propera a la capital balear. A l'empara de la carismatització i el culte als líders feixistes de l'època, l'efígie no va trigar a fer-se realitat.

Una de les obres aborda els vestigis materials de la presència italiana que romanen en territori balear i explora les incògnites que envolten al faraònic bust que va ser manat construir a finals dels anys trenta en homenatge a Benito Mussolini

El cementiri de Palma compta, a més, amb un mausoleu que les autoritats italianes van fer construir en 1942 per a conservar “les restes mortals dels camarades que van donar la seva vida en la lluita contra el marxisme”, pel derrocament de la Segona República i per la implantació d'un règim feixista a Espanya. Per a garantir el seu manteniment, el Govern italià abona cada any 449,11 euros a l'Empresa Funerària Municipal (EFM), d'acord amb la documentació consultada en el seu moment per elDiario.es.

“La memòria s'ha de donar a conèixer”

El disseny original del IV Pla de Fosses contemplava diferents vies de difusió. Més enllà de la seva possible publicació digital, es plantejava la difusió d'edicions en paper i la realització d'exposicions vinculades als resultats a iniciativa del Govern, un escenari que Jurado percep llunyà. De fet, creu que els estudis podrien haver-se fet públics fa més d'un any, però fins al moment no han estat difosos ni incorporats al web institucional de memòria democràtica, on, assevera, podrien haver-se consultat almenys en format digital.

Per la seva banda, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, subratlla que els estudis es van concebre precisament per treure a la llum una part de la història que encara roman en gran mesura oculta. “Això es va fer amb la intenció de recuperar aquesta part de la memòria”, explica, en referència a uns treballs que qualifica de “molt novedosos” i “imprescindibles”. Oliver denuncia que aquest procés no hagi tingut continuïtat en forma de difusió pública: “No tenim notícies dels estudis ni de les exposicions que devien fer-se”. La responsable de l'entitat memorialista insisteix que l'objectiu d'aquests treballs anava molt més enllà de l'àmbit acadèmic: “La memòria no pot estar només a l'acadèmia, amagada, guardada a les cases o en silenci. S'ha de donar a conèixer, ser de tots, perquè parlem de memòria i de drets humans”.

Oliver rebutja de ple possibles arguments per justificar la paralització. “No tenen excusa”, assevera, recordant que els estudis s'emmarquen en una llei vigent, la de fosses, i que la seva aprovació es va produir dins dels cànons establerts. En la seva opinió, el bloqueig no només afecta la difusió del coneixement, sinó també al treball dels propis investigadors: “És terrible que hagin fet una feina i no en puguin fer res amb ella”.

Els treballs són molt novedosos i imprescindibles. No tenim notícies d'ells ni de les exposicions que havien de fer-se. La memòria no pot estar només a l'acadèmia, amagada, guardada a les cases o en silenci. S'ha de donar a conèixer, ser de tots, perquè parlem de memòria i de drets humans

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

Mentrestant, el Govern insisteix en la seva intenció de publicar tots els estudis una vegada compleixin els criteris de contingut i disseny i assenyala, en referència a les exposicions, que té previst cedir un totem a la Universitat de les Illes Balears (UIB) de cara a la pròxima celebració d'una jornada sobre la llei de fosses. Des de la Conselleria de Presidència subratllen que la seva pretensió passa per cedir-ho “sempre que sigui lliurat dins del termini i en la forma escaient, abans d'aquesta jornada, per l'empresa adjudicatària”.

En matèria de divulgació, recorden que el Govern ha dut a terme durant aquesta legislatura, malgrat no formar part de les mostres vinculades al IV Pla de Fosses, tots els tràmits administratius corresponents a la cessió de l'exposició Sense Oblit a Can Óleo (exposada des del 29 d'agost al 2 de setembre de 2025), a l'Ajuntament de Lloseta (cedida del 10 al 13 d'octubre), al Centre Flassaders (del 23 al 30 de març de 2026) i a l'IES CTEIB (des del passat 31 de març fins al 4 de maig). L'exposició també ha estat sol·licitada pel IES Josep Sureda i Blanes de cara a maig.

En paral·lel, expliquen que des de l'Executiu han encarregat a Manuel Aguilera un estudi sobre els bombardejos soferts en Balears durant la guerra civil del qual, segons assenyalen, existia un informe previ que “estava incomplet perquè no incloïa la identificació de les persones víctimes dels bombardejos, que mai han estat reconegudes”. Afegeixen que, amb aquest nou estudi, “més exhaustiu i que determina el nom real de les víctimes, es permetrà avançar en la seva identificació”, permetent així commemorar-les en un acte d'homenatge previst per a aquest estiu. Les mateixes fonts asseveren que a la pàgina web de Memòria Democràtica del Govern es pot trobar “tot tipus d'informació sobre els temes relacionats amb la guerra civil i la dictadura” amb la recomanació de llibres, còmics i documentals, entre altres, així com documentació sobre el cens de víctimes en Balears o el mapa de fosses de Mallorca, Eivissa i Formentera.

El Govern de Marga Prohens (PP) mantiene sin difundir una quincena de trabajos sobre memoria democrática encargados durante la pasada legislatura sobre aspectos clave de la represión franquista en Balears. Se trata de investigaciones de gran alcance –con miles de páginas en conjunto– y de carácter multidisciplinar –a nivel histórico, psicológico, jurídico...– que fueron promovidas por el anterior Ejecutivo de izquierdas en el marco del IV Plan de Fosas, desarrollado al amparo de la ley autonómica de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo –más conocida como 'ley de fosas'–. De acuerdo al propio diseño del plan, estos trabajos debían revertir en la sociedad a través de exposiciones, materiales pedagógicos y presentaciones públicas.

Lejos de ese objetivo, los informes permanecen hoy fuera del alcance de la ciudadanía. Las investigaciones, que reconstruyen los episodios menos explorados del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista, fueron concebidas como una de las piezas centrales de la política pública de memoria democrática en Balears. No solo fueron encargadas, sino también ejecutadas y remuneradas: en total, la Administración autonómica ha abonado 218.000 euros a los distintos autores de las mismas sin que su trabajo haya visto todavía la luz.

El conjunto de estudios traza un ambicioso y complejo mapa de la memoria histórica en Balears: desde la relación entre el archipiélago y el Valle de los Caídos, donde al menos un centenar de isleños fueron enterrados tras ser trasladados durante el franquismo, en muchos casos sin conocimiento de sus familias, hasta un análisis en profundidad de los bombardeos provenientes de Mallorca, pasando por estudios más detallados sobre el desembarco del capitán Bayo -la gran ofensiva que llevó a cabo la República con el objetivo de recuperar la isla de manos de los sublevados-, los mecanismos de represión desplegados por el franquismo, la actualización del censo de personas asesinadas por la represión franquista o informes sobre las propias políticas de 'memoria' impulsadas durante la dictadura y cómo ésta construyó su propio relato sobre la guerra y la represión mediante la exaltación de los vencedores y el silenciamiento de las víctimas republicanas.

Asimismo, las investigaciones abordan dimensiones menos visibles de la represión, como el impacto del trauma psicológico derivado de la violencia y su transmisión generacional desde 1936, ampliando así el foco más allá de los hechos estrictamente bélicos para incorporar sus consecuencias sociales y emocionales a largo plazo.

Las investigaciones abordan desde el traslado de isleños al Valle de los Caídos a estudios más detallados sobre el desembarco del capitán Bayo

Desde el Ejecutivo autonómico atribuyen la ausencia de difusión al hecho de que aún se encuentra pendiente recibir la versión definitiva de uno de ellos, relativo al “censo de víctimas”, que ha tenido que ser “enmendado por discrepancias entre los miembros con la categoría de causas de muerte”. Fuentes implicadas en el desarrollo de los trabajos apuntan, sin embargo, que la mayoría de los estudios llevan entregados desde hace más de un año y que estos podrían haberse hecho públicos de forma independiente, dado que su publicación -al menos en formato digital- no depende necesariamente de la finalización de los trabajos que pudieran estar pendientes.

Fuentes de la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas consultadas por elDiario.es aseguran que los informes acabarán viendo la luz, aunque condicionan su publicación a que todos cumplan los requisitos técnicos establecidos, “tanto a nivel de contenido como a nivel de diseño”. Una vez completados, precisan, los estudios deberán pasar por un proceso de unificación formal antes de su difusión. “El Servicio de memoria democrática tendrá que maquetar todos los estudios uno por uno, ya que no tienen el mismo formato y se necesita unificar el diseño para poder publicarlos todos en las mismas condiciones”, apuntan, incidiendo en que su voluntad es publicarlos “todos a la vez”.

El Govern asegura que los informes acabarán viendo la luz, aunque condicionan su publicación a que todos cumplan los requisitos técnicos establecidos, "tanto a nivel de contenido como a nivel de diseño"

Para su elaboración, los trabajos se integraron en un conjunto de varios lotes que incluían desde exhumaciones hasta estudios históricos relativos a varias fosas comunes, pasando por la elaboración del mapa de fosas de Menorca con el objetivo de sumarlo a los ya existentes de Mallorca, Eivissa y Formentera y completar así el mapa de fosas de Balears. La adjudicación recayó en la unión temporal de empresas formada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la consultora Àtics. El objetivo era no solo avanzar en el conocimiento académico, sino también trasladar esos resultados al conjunto de la sociedad en línea con los principios de verdad, justicia y reparación.

“Había todo un lote, muy potente, dedicado a estudios de investigación”, explica el que fuera secretario autonómico de Memoria Democrática durante la pasada legislatura, Jesús Jurado, en alusión a los quince trabajos 'desaparecidos'. Lejos de tratarse de informes homogéneos, cada uno de ellos fue encomendado a especialistas concretos en función de su ámbito de conocimiento. En este sentido, el exsecretario autonómico subraya que uno de los objetivos era precisamente ampliar el foco más allá del enfoque tradicional centrado exclusivamente en las fosas. “Creo que es importante que la memoria democrática salga un poco del ámbito de los cementerios y que nos centrásemos en otros muchos aspectos”, incide en declaraciones a este periódico.

El trauma 'heredado' desde 1936

Entre las investigaciones figura la llevada a cabo por la psicóloga clínica Anna Miñarro, autora del estudio Evolución del trauma entre generaciones desde 1936, en el que analiza cómo la represión política, la tortura o las desapariciones que padecieron las víctimas del franquismo en Balears no solo marcaron a sus familiares más cercanos, sino que las secuelas de aquel horror alcanzaron a generaciones posteriores, manifestándose aún hoy, principalmente, en forma de depresión, demencia y trastornos psicoafectivos. Son las principales conclusiones de un informe inédito en las islas que desarrolló acompañando a las víctimas y sus familiares en los procesos de exhumación y que arroja luz acerca de los traumas que cargan a sus espaldas los descendientes de los asesinados, desaparecidos y represaliados, cuyas vidas quedaron marcadas por la brutalidad de los sublevados.

Otro de los trabajos incluidos profundiza en un aspecto hasta ahora poco documentado: el papel de la aviación en la guerra en Menorca y, en particular, los ataques sistemáticos lanzados desde Mallorca. El estudio, elaborado por los historiadores Carlos de Salort Giménez y Miquel López Gual, aporta nuevas evidencias a partir de fuentes militares inéditas que permiten reconstruir con precisión la dimensión real de la guerra aérea sobre la isla. La principal novedad del trabajo radica en el análisis de centenares de documentos originales -comunicados, telegramas e historiales de vuelo- conservados en archivos militares españoles a partir de los cuales los autores tejen un mapa mucho más detallado de las operaciones aéreas sobre Menorca, ampliando y corrigiendo las fuentes tradicionales basadas en testimonios o registros incompletos.

Uno de los estudios inéditos es sobre los ataques sistemáticos lanzados sobre Menorca; otro aborda las consecuencias psicológicas de la represión política, la tortura y las desapariciones

Bombardeos sistemáticos

En un estudio publicado el año pasado bajo el título La Guerra Civil en Menorca desde el cielo: nuevas aportaciones al papel de la aviación en la contienda ambos autores desmontan además la idea de que los alzados efectuaran ataques aislados y revelan, a partir de más de 270 comunicaciones directas entre unidades aéreas y el mando franquista, una estrategia más amplia de control del Mediterráneo por parte del bando sublevado, donde la aviación desempeñó un papel clave en el bloqueo, la presión sobre la población civil y la consolidación del dominio militar desde Mallorca mediante la vigilancia, intimidación y bombardeo sobre Menorca, especialmente a partir del aislamiento de ésta tras el fracaso del desembarco republicano. Desde entonces, la isla quedó sometida durante cerca de treinta meses a operaciones aéreas constantes dirigidas desde la base franquista mallorquina, con la participación clave de la aviación italiana.

El trabajo también aporta datos inéditos sobre la intensidad de la violencia aérea: solo entre 1936 y 1937 se contabilizan decenas de ataques y centenares de bombas lanzadas sobre la isla, con una evolución clara hacia operaciones más sistemáticas y tecnificadas. Esta escalada obligó a la población civil a adaptarse progresivamente al peligro, pasando de la curiosidad inicial ante los aviones a la construcción de refugios y la normalización del bombardeo como parte de la vida cotidiana.

También participó en los trabajos Manel Suárez Salvà, autor de numerosas investigaciones sobre la segunda república y el movimiento obrero de Mallorca -especialmente en el núcleo municipal de Calvià- así como sobre las cárceles franquistas que se implantaron en la isla, entre ellas la de Can Mir, una de las prisiones más oscuras y trágicas de la represión franquista en la isla. Tras el golpe fascista de 1936, este almacén situado en las Avenidas de Palma se transformó en un centro penitenciario que confinó, entre miseria y torturas, a más de 2.000 presos durante cinco años. Una de las prácticas habituales eran las 'sacas': los presos, mediante engaños, eran 'liberados' y, posteriormente, asesinados por los falangistas.

Mallorca como “laboratorio fascista”

Por otro lado, el doctor en Historia Manuel Aguilera -autor, entre otros, del libro El Oro de Mussolini. Cómo la República planeó vender parte de España al fascismo y uno de los principales investigadores en torno al papel de la Aviación Itmanosaliana en la guerra civil-, hizo entrega de un estudio que retoma esta línea de investigación, enfocándose en la ocupación italiana de Mallorca y el intento de convertirla “en un laboratorio fascista”, como señala el propio investigador en declaraciones a elDiario.es. La instalación del contingente italiano transformó la isla en un gran portaaviones dedicado a bombardear sin descanso el litoral republicano del Mediterráneo y bloquear las rutas marítimas de suministro de la URSS.

Tal como sostiene el historiador, los italianos comenzaron a adquirir centenares de hectáreas y propiedades para construir en la isla 'casas coloniales', trasladar una importante cantidad de trabajadores del país transalpino y crear allí mismo un “centro de italianidad”. Debido a que la legislación local impedía a los extranjeros adquirir terrenos costeros sin autorización militar, Mussolini utilizó testaferros mallorquines y empresas tapaderas, como Celulosa Hispánica S.A., empleada para comprar la emblemática finca de L'Albufera.

En el trabajo que Aguilera entregó al Govern también aborda los vestigios materiales de la presencia italiana que permanecen en territorio balear y explora las incógnitas que rodean al faraónico busto que fue mandado construir a finales de los años treinta en homenaje a Benito Mussolini. La efigie, envuelta en un halo de misterio desde entonces, yacería enterrada en esa misma zona, aguardando que alguien la saque algún día a la luz, lo que a juicio del historiador constituiría una de las principales pruebas materiales sobre la dimensión simbólica y propagandística que alcanzó la presencia italiana en Mallorca durante la contienda y del papel de la isla como espacio estratégico para el fascismo europeo.

En concreto, el monumento fue diseñado por el legionario Italiano Heros Giusti y construido en 1939 en un solar situado a unos 100 metros de lo que hoy es el poblado chabolista de Son Banya. Tres años antes, en ese mismo punto, había sido levantado el cuartel de la Aviazione Legionaria. Las instalaciones sirvieron además para albergar las baterías antiaéreas del aeródromo de Son Sant Joan, cuyas pistas adaptaron los italianos como base aérea próxima a la capital balear. Al abrigo de la carismatización y el culto a los líderes fascistas de la época, la efigie no tardó en hacerse realidad.

Una de las obras aborda los vestigios materiales de la presencia italiana que permanecen en territorio balear y explora las incógnitas que rodean al faraónico busto que fue mandado construir a finales de los años treinta en homenaje a Benito Mussolini

El cementerio de Palma cuenta, además, con un mausoleo que las autoridades italianas hicieron construir en 1942 para conservar “los restos mortales de los camaradas que dieron su vida en la lucha contra el marxismo”, por el derrocamiento de la Segunda República y por la implantación de un régimen fascista en España. Para garantizar su mantenimiento, el Gobierno italiano abona cada año 449,11 euros a la Empresa Funeraria Municipal (EFM), de acuerdo a la documentación consultada en su día por elDiario.es.

“La memoria debe darse a conocer”

El diseño original del IV Plan de Fosas contemplaba diferentes vías de difusión. Más allá de su posible publicación digital, se planteaba la difusión de ediciones en papel y la realización de exposiciones vinculadas a los resultados, todo ello a iniciativa del Govern, un escenario que Jurado percibe lejano. No en vano, cree que los estudios podrían haberse hecho públicos hace más de un año, pero hasta el momento no han sido difundidos ni incorporados a la web institucional de memoria democrática, donde, asevera, podrían haberse consultado al menos en formato digital.

Por su parte, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, subraya que los estudios se concibieron precisamente para sacar a la luz una parte de la historia que aún permanece en gran medida oculta. “Esto se hizo con la intención de recuperar esta parte de la memoria”, explica, en referencia a unos trabajos que califica de “muy novedosos” e “imprescindibles”. Oliver denuncia que ese proceso no haya tenido continuidad en forma de difusión pública: “No tenemos noticias de los estudios ni de las exposiciones que debían hacerse”. La responsable de la entidad memorialista insiste en que el objetivo de estos trabajos iba mucho más allá del ámbito académico: “La memoria no puede estar solo en la academia, escondida, guardada en las casas o en silencio. Debe darse a conocer, ser de todos, porque hablamos de memoria y de derechos humanos”.

Oliver rechaza de plano posibles argumentos para justificar la paralización. “No tienen excusa”, asevera, recordando que los estudios se enmarcan en una ley vigente, la de fosas, y que su aprobación se produjo dentro de los cauces establecidos. En su opinión, el bloqueo no solo afecta a la difusión del conocimiento, sino también al trabajo de los propios investigadores: “Es terrible que hayan hecho un trabajo y no puedan hacer nada con él”.

Los trabajos son muy novedoso e imprescindibles. No tenemos noticias de ellos ni de las exposiciones que debían hacerse. La memoria no puede estar solo en la academia, escondida, guardada en las casas o en silencio. Debe darse a conocer, ser de todos, porque hablamos de memoria y de derechos humanos

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

Mientras tanto, el Govern insiste en su intención de publicar todos los estudios una vez cumplan los criterios de contenido y diseño y señala, en lo referente a las exposiciones, que tiene previsto ceder un totem a la Universitat de les Illes Balears (UIB) de cara a la próxima celebración de una jornada sobre la ley de fosas. Desde la Conselleria de Presidencia subrayan que su pretensión pasa por cederlo “siempre que sea entregado en tiempo y forma, antes de dicha jornada, por la empresa adjudicataria”.

En materia de divulgación, recuerdan que el Govern ha llevado a cabo durante esta legislatura, a pesar de no formar parte de las muestras vinculadas al IV Plan de Fosas, todos los trámites administrativos correspondientes a la cesión de la exposición Sense Oblit a Can Óleo (expuesta desde el 29 de agosto al 2 de septiembre de 2025), al Ayuntamiento de Lloseta (cedida del 10 al 13 de octubre), al Centre Flassaders (del 23 al 30 de marzo de 2026) y al IES CTEIB (desde el pasado 31 de marzo hasta el 4 de mayo). La exposición también ha sido solicitada por el IES Josep Sureda i Blanes de cara a mayo.

En paralelo, explican que desde el Ejecutivo han encargado a Manuel Aguilera un estudio sobre los bombardeos sufridos en Balears durante la guerra civil del que, según señalan, existía un informe previo que “estaba incompleto porque no incluía la identificación de las personas víctimas de los bombardeos, que nunca han sido reconocidas”. Añaden que, con este nuevo estudio, “más exhaustivo y que determina el nombre real de las víctimas, se permitirá avanzar en su identificación”, permitiendo así conmemorarlas en un acto de homenaje previsto para este verano. Las mismas fuentes aseveran que en la página web de Memoria Democrática del Govern se puede encontrar “todo tipo de información sobre los temas relacionados con la guerra civil y la dictadura” con la recomendación de libros, cómics y documentales, entre otros, así como documentación sobre el censo de víctimas en Balears o el mapa de fosas de Mallorca, Eivissa y Formentera.

La Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real ha acogido este jueves una jornada de reconocimiento y homenaje al pintor Pepe Ortega y al colectivo Estampa Popular. Nacido en Arroba de los Montes en 1921, creó el grupo Estampa Popular en 1959 convirtiéndose en el primer movimiento artístico de carácter político y social de la historia del arte dentro de las primeras reivindicaciones obreras y estudiantiles durante la dictadura franquista.

Al acto ha asistido el secretario general de CCOO Unai Sordo que, durante su intervención ante la prensa, ha destacado el acierto de esta iniciativa porque sirve para reivindicar el papel de tantos españoles y españolas resistentes al régimen, muchos desde el exilio, lo que explica la recuperación de la democracia años después. “Siempre tendremos una deuda histórica con esas personas que tuvieron la enorme grandeza de llegar a los consensos necesarios para dar el salto a la democracia”. Sordo ha indicado que, con la cultura y el realismo social, se pretendía trasladar el conocimiento al pueblo, “cómo consiguen hacer comprensible el arte con la voluntad de que la cultura no fuera capitalizada solo por las élites”. Pepe Ortega, ha dicho, es un referente en ese terreno de la popularización de la cultura.

La secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, ha comenzado su intervención condenando el “asalto al derecho internacional por parte de Israel” y agradeciendo, al hilo de la jornada, a la Biblioteca Pública que haya facilitado su espacio para este merecido homenaje “en la tierra que vio nacer a Pepe Ortega” La cultura y los derechos sociales, ha dicho, siempre han ido de la mano, y Ortega pertenece a una generación que siempre acercó el arte a las clases populares “para generar conciencia ante la represión franquista”.

La Junta plantea una gran exposición

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha señalado que van a plantear a la Diputación Provincial de Ciudad Real, como depositaria de la obra, la posibilidad de organizar una gran exposición, incluso contando con obras que no se conocen en España porque están expuestas en el museo que tiene en Matera, en Italia.“ Caballero ha explicado que también se contempla la reproducción de las litografías del decálogo de la democracia que ”50 años después siguen plenamente vigentes en su mensaje, en su contenido y en su idea.“ Además, ha avanzado que el Gobierno regional colaborará con el Ayuntamiento de Arroba de los Montes para impulsar ”un museo al aire libre“.

Francisco Matas, de la asociación de amigos del pintor Ortega, ha agradecido a CCOO el apoyo para que la obra del artista ciudadrealeño sea conocida y reconocida y ha señalado que la asociación continua llevando a cabo multitud de actividades y exposiciones para difundirla.

El Ministerio de Cultura ha devuelto, en un acto celebrado en el Museo Diocesano de Sigüenza (Guadalajara), bienes que habían sido protegidos durante la Guerra Civil por la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Histórico del Gobierno de la República, y que nunca fueron devueltas por la dictadura a sus lugares de origen.

Se trata de dos obras pictóricas, ‘La Anunciación’, procedente de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Pareja, y ‘Cristo ante Pilatos’, procedente de la iglesia de San Bartolomé Apóstol de Yebes, que se encontraban en depósito en el Museo del Prado.

El acto ha estado presidido por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y en él ha participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, y el vicario general de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Agustín Bugeda. La restitución realizada permitirá que a partir de ahora los bienes puedan ser visitados en el Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que , décadas después, “lo que hacemos es restituir estas obras a quienes siempre fueron sus dueños”. “Es un gesto que mira al pasado con responsabilidad, pero también al presente, reafirmando nuestro compromiso con la memoria y con los derechos de quienes fueron privados de lo que les pertenecía”.

Además, ha añadido que este acto forma parte de un compromiso más amplio, “porque es ya la cuarta restitución que impulsamos desde el Ministerio de Cultura y no será la última”. “No hay democracia plena sin memoria, y no hay memoria completa si no se restituye lo que fue injustamente separado de su lugar”.

Tras una investigación llevada a cabo por el Museo del Prado, se ha podido reconstruir la historia de ambas piezas y trabajar para que su restitución fuera posible.

Los dos bienes se encontraban en situación de depósito temporal y nunca habían formado parte de la colección estable del museo. Desde el punto de vista jurídico, para resolver este proceso de devolución ha sido fundamental la valoración de la documentación histórica sobre las obras, así como las circunstancias que han permitido determinar que no fueron objeto de adquisición por parte del Estado mediante el proceso de prescripción adquisitiva, y de este modo resolver de forma positiva la solicitud de restitución, mediante Orden ministerial.

‘La Anunciación’ de Pareja

‘La Anunciación’ está compuesta por dos fragmentos de tabla de autoría anónima, que representan a la Virgen y a un ángel y que proceden probablemente de un altar del siglo XVI. Esta obra, procedente de la iglesia de Pareja (Guadalajara), fue incautada por la Junta del Tesoro Artístico y depositada en el Museo del Prado en 1938.

En el acta de devolución a Pareja de otros bienes, realizada tras la Guerra Civil al ayuntamiento de la localidad por parte del órgano franquista Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, no se incluyó esta obra. Sin embargo, se conservan las actas de incautación, el libro de registro de pinturas, las fichas de las obras del fichero de incautaciones y, además, la propia obra conserva las etiquetas de la Junta de Incautación del Tesoro Artístico.

Todos estos documentos relativos al ingreso de esta obra en el Museo Nacional del Prado en 1938 permitieron constatar y rastrear el origen y lugar de depósito de este bien.

El 'Cristo ante Pilatos' de Yebes

El 'Cristo ante Pilatos' es un lienzo atribuido al Maestro de Lupiana, datado en el siglo XV y procedente de la iglesia de San Bartolomé Apóstol de Yebes. Esta obra fue incautada durante la guerra por la Junta del Tesoro Artístico del gobierno de la República y llevada a los depósitos del Museo Nacional de Arqueología. Tras la Guerra Civil, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional realiza la devolución de otros bienes a Yebes, pero esta obra no se incluye en dicha devolución.

Existe documentación de la reclamación que hizo el párroco de Yebes para solicitar la devolución de este bien, pero el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional nunca lo devuelve, pese a responder en 1942 que se están haciendo las gestiones para localizar la obra. Durante toda la década siguiente se repiten las reclamaciones por parte del alcalde de Yebes para que sea devuelta. En los años 50, esta pieza es trasladada al Museo del Prado y ahí permanece hasta que en la actualidad comienza el trámite para su devolución.

En el caso particular del ‘Cristo ante Pilatos’, entre la documentación conservada consta el acta de incautación, la etiqueta en el reverso de la obra y el libro de registro de pinturas. Asimismo, también se identifica la obra en los documentos relativos a su ingreso en el Museo Nacional del Prado.

Restituciones e investigación en proceso

Estas restituciones que ahora se llevan a cabo en Sigüenza se suman a las ya realizadas este año en Brihuega, tanto al Ayuntamiento de la localidad como a la parroquia de El Casar (Guadalajara). Asimismo, el año pasado se realizaron sendas restituciones a los herederos de Pedro Rico, alcalde republicano de Madrid, cuyos bienes nunca fueron devueltos por las autoridades franquistas; y a la Fundación Francisco Giner de los Ríos, a quien se devolvió un lienzo conservado en la Biblioteca Nacional de España.

El Museo del Prado fue pionero en investigar sus fondos para localizar aquellas obras que procedían de las incautaciones durante y tras la Guerra Civil. A partir de 2022 inicia la labor de indagar en sus fondos con el objetivo de identificar dichos bienes y, así, iniciar el proceso de su restitución. Tras esta investigación, han sido localizadas en sus fondos 70 obras incautadas, así como la documentación justificativa que, en los casos que ha sido posible, ha permitido trazar el recorrido de estas obras, desde su incautación hasta su llegada a esta institución.

Por otra parte, el Ministerio de Cultura publicó en 2024 el inventario de bienes incautados en sus museos y archivos estatales. Desde entonces los trabajos han continuado ampliando su rango de actuación. A los resultados publicados hasta ahora se han sumado nuevos hallazgos en el Museo Nacional de Artes Escénicas de Almagro, o el Palacio de Magalia perteneciente al INAEM, hasta superar la cifra de 7.070 bienes incautados identificados.

Además, han avanzado los trabajos de identificación de las procedencias de los objetos, pese a las dificultades para realizar el rastreo debido a la falta de información y la gran distancia temporal respecto a la incautación.

El Ministerio de Cultura ha sido el primero en realizar una auditoría de estas características, marcada por la Ley de Memoria Democrática. Todos los resultados actualizados se encuentran disponibles en la web del Ministerio de Cultura donde se puede consultar el catálogo completo de bienes incautados durante la Guerra Civil y la posguerra y nunca devueltos por la dictadura franquista.

Lo primero que le dijeron a la familia es que había muerto de un accidente de tráfico. Pero cuando su padre acudió al hospital y le dieron la vuelta al cuerpo inerte de su hijo, descubrió el orificio de un disparo. La bala nunca apareció. El joven malagueño Manuel García Caparrós se convirtió el 4 de diciembre de 1977 en una de las víctimas de la violencia policial que durante aquellos años acabó con la vida de decenas de ciudadanos en huelgas y protestas, tanto en los últimos años de la dictadura como en el momento en que la muerte de Franco no había acabado con la represión a pesar del relato idílico de una Transición pacífica que todavía tiene ecos hoy.

“Son víctimas que tenían una familia, padres, hermanos... Eran muy jóvenes y les quitaron la vida de una manera cruel por pensar diferente. Llevamos luchando 50 años para que no haya víctimas de primera y de segunda”, sostiene Dolores, una de las dos hermanas de Manuel. Ambas recibirán pronto la indemnización de 250.000 euros que les corresponde por ser familiares de quienes fallecieron “en defensa de las libertades y derechos democráticos” entre 1968 y 1978, tal y como reconoce el decreto recién convalidado por el Congreso que reactiva y amplía las ayudas puestas en marcha en su momento por la Ley de Memoria Histórica de 2007.

La familia Caparrós, que se quedó entonces sin indemnización, es una de las que ahora sí encaja en el supuesto del nuevo decreto, que se tramitará como proyecto de ley para incluir una extensión temporal todavía mayor, hasta 1983, como ha exigido ERC. La norma nace con vocación de solventar las lagunas de la ley anterior, que dejó fuera a quienes hubieran sido asesinados o heridos más allá de 1977, y amplía las cantidades a percibir. “Es un orgullo haber podido lograr este reconocimiento”, apunta Dolores sobre su hermano, al que el Gobierno denegó el pasado febrero la condición de víctima del terrorismo.

Manuel murió de un disparo policial durante la manifestación por la autonomía andaluza en Málaga, pero nadie fue nunca juzgado por ello y el caso se cerró en 1986. Desde entonces, sus hermanas han peleado por mantener viva su memoria y acceder a la Justicia y por eso para ellas la indemnización es importante, pero no suficiente: “Nuestra familia se hundió, no hay dinero en el mundo que pueda pagar ese destrozo”. La mujer reconoce que, más allá de la ayuda, seguirá insistiendo en saber qué ocurrió realmente aquel día. “Mientras nosotras tengamos un soplo de vida, lucharemos por saber la verdad. Él acudió a la manifestación como uno más y fue el único que no volvió a casa”, apunta.

Aunque al decreto del Gobierno le queda aún por delante el trámite en el Congreso, ya son más de una decena las indemnizaciones que se han reconocido desde su entrada en vigor, según adelantó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Además de por fallecimiento, el nuevo texto estipula ayudas de 500.000 y 180.000 euros para quienes tienen gran incapacidad o incapacidad permanente absoluta derivadas de heridas sufridas en ese contexto. El decreto permite que quienes cobraron en su momento por la Ley de Memoria Histórica puedan solicitar ahora una compensación por la diferencia, aunque para calcularlo, la cantidad abonada anteriormente debe ser “actualizada de acuerdo con el interés legal del dinero”, que es hoy superior que entonces.

Es lo que ha hecho Francisco Javier Almazán, hermano de Ángel, que murió en el hospital en diciembre de 1976 a causa de “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación” celebrada en Madrid contra la Ley para la Reforma Política, según destacó el ministro el otro día en el pleno. “Ha sido la primera vez que se ha dicho oficialmente que los autores fueron policías. Si lo hubieran reconocido en 1976 quizá no hubiera empezado esta pelea”, señala Francisco Javier, que en 1999 intentó que el Estado otorgara a Ángel el estatus de víctima del terrorismo sin éxito.

Sí fue reconocido como víctima del franquismo en una declaración de reparación que admitía que la protesta a la que acudió había sido “reprimida violentamente por la policía”, pero para Francisco Javier era importante que se afirmara oficialmente la responsabilidad en su muerte. Es algo que no se ha llegado a reconocer en sede judicial: en su momento, el caso lo juzgó la Jurisdicción Militar porque había integrantes de la Policía Armada implicados, lo que conllevó que la familia no pudiera tener un abogado en el proceso. Se interrogó a tres policías, pero a los días el caso se cerró apuntando a que no se podía demostrar la autoría de los hechos.

Mismos hilos, distintos casos

Las distintas caras de la historia comparten los mismos hilos que se entrelazan en otras, como si todas formaran parte de un mismo relato: las víctimas de esta violencia eran muy jóvenes, murieron en el transcurso de movilizaciones políticas en los últimos años de la dictadura o la Transición y sus familias tuvieron que enfrentarse a versiones oficiales alejadas de la realidad y a una Justicia que no les dio ni les da todavía respuesta. También a un olvido y a un silencio que aún hoy permanece. En todos los casos, las familias quedaron rotas y arrastraron un dolor y una falta de reconocimiento que ha empezado ahora a romperse, pero que llega tarde para muchos.

Cuando a Ángel el Estado le reconoció como víctima del franquismo, sus padres ya tenían Alzheimer y no llegaron a enterarse. “Bendito Alzheimer”, dice paradójicamente Francisco Javier. Porque “les borró la memoria y les hizo olvidar lo que había pasado. No he visto a mi madre tan feliz nunca”. Mientras Ángel estaba aún en el hospital después de la manifestación tras la que perdió la vida, a su familia le dijeron que estaba grave porque se había golpeado con una farola. “Mis padres fueron a verle a La Paz y cuando volvieron, mi madre dijo: nos lo han matao. Y qué razón tenía”, recuerda su hermano. Aguantó cinco días más.

Como tantos otros, Francisco Javier ha intentado en los últimos años reabrir la vía judicial y que se reconozca que fue un homicidio “enmarcado en los crímenes de lesa humanidad” del franquismo y años posteriores, pero se ha topado con el archivo de la querella. Por eso, más allá del decreto que otorga ayudas económicas a las víctimas, pelea por “el reconocimiento como verdad judicial” de lo sucedido, aunque no se condene a nadie. Un muro es también con lo que se ha encontrado judicialmente la familia de Víctor Pérez Elexpe, el joven comunista asesinado por un guardia civil en Portugalete en enero de 1975 mientras repartía folletos en solidaridad con una huelga.

“Exigimos dejar de ser víctimas de segunda, queremos los mismos derechos y consideración que las oficialmente llamadas víctimas del terrorismo. Nosotros también lo somos, de un terrorismo no reconocido pero no por ello menos grave y menos condenable: el terrorismo de Estado”, apuntan María Rosario, María José y Fermín Pérez Elexpe, hermanos de Víctor, en una respuesta conjunta por escrito en la que, a pesar de todo, agradecen el apoyo de los amigos, los compañeros de partido, los abogados y los sacerdotes que “acompañaron” a sus padres en “los momentos de dolor”.

En su caso, también han sido reconocidos ya por el Gobierno para recibir la diferencia de indemnización entre lo que cobraron en 2010 –actualizado a fecha de hoy– y lo aprobado ahora, pero coinciden con el resto en que “lo más importante” son “las indemnizaciones morales y judiciales” que aún están pendientes. “El dinero lo hemos usado, en parte, en tribunales, psicólogos y tratar de aprender a llevar una vida rota”, señalan al tiempo que recuerdan como, su otro hermano Ignacio falleció en 1996 tras “buscar refugió en la droga al no llegar a comprender nunca por qué no se podía hacer justicia”. “Destrozaron a la familia”, apuntan.

Los tres reclaman ahora una declaración institucional en las Cortes “que deslegitime el franquismo” y este tipo de crímenes: “Cada vez que nos niegan, vuelven a asesinar a nuestro hermano”, subrayan. Como en el resto de casos, hubo una primera versión que señaló “que había muerto en un enfrentamiento con el guardia civil Narciso San Juan del Rey, que era vecino y conocido del barrio –sostiene la familia–, pero hubo muchos testigos que acreditaron que Víctor no portaba ningún arma y no hubo ningún enfrentamiento, sino que le disparó por la espalda”. La vía judicial acabó con un sobreseimiento del caso.

La “responsabilidad” del Estado

La aprobación del decreto es celebrada por las familias y las asociaciones que las agrupan, sobre todo porque corrige la ausencia de indemnizaciones económicas en la Ley de Memoria Democrática, que nació en 2022 sin ellas. Sin embargo, la reflexión más compartida es la de que no es suficiente y apuntan a que estarán “vigilantes” ante su aplicación práctica. Además, reclaman que en el trámite como proyecto de ley se alargue el periodo de aplicación, tal y como ya ha acordado el PSOE con los partidos de izquierdas. Por su parte, PP y Vox votaron en contra de la reforma usando argumentos como que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede decir que no había libertad ni democracia”.

En la práctica, las cantidades que reconoce el decreto son algunas de las que se reconocen ya para las víctimas del terrorismo, pero estas reciben también una ayuda si tienen una incapacidad total o parcial, que son dos supuestos no reconocidos en esta norma. Algo que lleva a Andoni Txasko, una de las víctimas de las actuaciones de la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco obreros, a señalar “las carencias” de las que a su juicio “peca” la normativa. “Hay otra mucha gente que fue herida y que tiene secuelas, pero no se las reconoce”, afirma Txasko, que fue indemnizado en 2010 porque, debido a la brutal paliza que le propino la policía horas después de la masacre, se ha quedado con un 2% de visión.

Txasko reconoce que las indemnizaciones “son un derecho”, pero recalca que “lo principal” para las víctimas es “el reconocimiento integral”. “No se puede vender que nos equiparan a las víctimas del terrorismo porque no es verdad”, dice el miembro de la Asociación 3 de marzo, que pone el foco en la “paradoja” que supone ser reconocidos como víctimas por la defensa de la democracia y por sufrir “una violencia que nunca debió producirse”, como figura en la declaración de reparación personal que él mismo ha recibido, pero “no reconocer la responsabilidad por parte del Estado en lo sucedido”. “Pedimos que se haga una declaración al más alto nivel admitiendo esto”, clama.

Esta y la reclamación del acceso a la justicia son también los ámbitos en los que está poniendo todos sus esfuerzos la familia de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, que sigue buscando respuestas medio siglo después de su muerte. Sus hermanas han pedido la reparación económica a la que tienen derecho a la luz del nuevo decreto, pero sobre todo exigen saber la verdad. El joven murió el 5 de marzo de 1976 en Tarragona en una manifestación convocada en protesta precisamente por lo ocurrido en Vitoria dos días antes y, según la versión policial, falleció al caer al vacío desde una azotea cuando le perseguía la Policía Armada.

Su cuñado, José Antonio Giménez Giménez, estaba con él aquel día y vio como Juan Gabriel entraba en un portal seguido por dos agentes. Lo que pasó dentro no se sabe, pero recela del atestado policial, que es “un auténtico disparate” que incluye el supuesto recorrido que hizo el joven antes de caer, como “si hubiera saltado de ventana en ventana, incluso a otros edificios distantes a unos tres o cuatro metros”. El sumario judicial concluyó que había sido una muerte por accidente, pero ahora la familia ha pedido la exhumación del cadáver y un nuevo análisis forense, además de que confían en que la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática revise el caso y pueda arrojar algo de luz. “Las indemnizaciones son importantes, pero después de 50 años resulta un poco secundario”, concluye José Antonio.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda de la Fundación Francisco Franco, a la que acusa de vulnerar la normativa vigente sobre protección de datos y por el “posible incumplimiento” de la Ley de Memoria Democrática. Con esta son ya once las webs de venta de productos con mensajes de extrema derecha que la asociación ha denunciado en los últimos años. Las denuncias han sido presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

A través de su tienda online, la Fundación Francisco Franco, que está actualmente inmersa en el proceso de extinción iniciado por el Gobierno, vende artículos como libros, calendarios, cinturones, corbatas y medallas, entre otros accesorios, según señala Facua. “No obstante, no se proporciona información suficiente que permita identificar al responsable del tratamiento de los datos personales recabados de los usuarios, ni se informa sobre los derechos ARCO que los clientes pueden ejercer”, advierte.

Por lo tanto, la asociación entiende que se están “omitiendo datos esenciales, lo que supone una clara vulneración de las obligaciones legales de información al consumidor y genera una situación de falta de transparencia que puede provocar indefensión”. Según Facua, la fundación “se salta la obligación” de facilitar información sobre el tratamieno que hace de los datos de los compradores y de su derecho de acceso, rectificación, supresión o limitación al tratamiento, lo que, a su juicio, constituye una infracción de la Ley de Protección de Datos Personales.

Exaltación de la dictadura

La organización también pone el foco en la simbología “que ensalza la figura del dictador Francisco Franco” que reproducen los mensajes y las imágenes de los artículos. “Incorporan referencias explícitas a su persona, así como a emblemas y consignas vinculadas al régimen franquista y a la ideología fascista que lo sustentó”, apunta Facua en un comunicado.

La naturaleza de estos artículos, su presentación comercial y el contexto en el que se ofrecen al público, critica, “evidencian una finalidad de exaltación y normalización de ideologías y regímenes responsables de graves vulneraciones de derechos humanos, suponiendo un claro menosprecio hacia las víctimas y sus familias”.

Facua considera que la comercialización de este tipo de artículos no puede analizarse únicamente desde una perspectiva mercantil o de libertad empresarial, sino también desde su impacto en la dignidad de las víctimas, en la preservación de la memoria democrática y en la salvaguarda de los valores de respeto, pluralismo y convivencia “que deben regir en una sociedad democrática”.

En este sentido, la organización de consumidores cree que la fundación puede estar vulnerando el artículo 62 de la Ley de Memoria Democrática, que califica como acciones muy graves “las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública” exalten la dictadura o sus dirigentes.

En base a un análisis exhaustivo de más de 5.000 publicaciones y su presencia en medios, el Ministerio de Cultura ha iniciado el proceso para extinguirla concluyendo que no persigue el interés general, hace apología del franquismo y humilla a sus víctimas, que son las causas de extinción de fundaciones que introdujo la Ley de Memoria Democrática. El proceso sigue actualmente su curso y, en última instancia, será un juez el que decida sobre ello. Hace dos semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de la fundación de frenar el proceso.

El profesor nos pidió que hiciéramos un texto periodístico improvisado sobre un tema de actualidad, sin apoyo de archivo ni documentación, por lo que debía ser algo de lo que supieras lo mínimo como para tirar unos cuantos párrafos sólidos. Decidí hacerlo sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura argentina. No era difícil saber del tema ni tampoco había dudas sobre el enfoque: desde que una ley había puesto punto final a un proceso judicial ejemplar –el fracaso democrático se completaba con la ley de obediencia debida y los indultos a los asesinos condenados en el Juicio a las Juntas Militares–, la impunidad caminaba por las calles. Las mismas calles de Buenos Aires que yo recorría para llegar al aula, las mismas en las que quienes habían sido desaparecidos y torturados podían cruzarse con sus captores, con sus verdugos. 

Mi texto no fue entregado con el resto de las correcciones. El profesor, periodista en un diario centenario, me llamó al despacho, y con una sonrisa condescendiente, me preguntó si tenía alguna “razón personal” para haber elegido ese tema. Había una tensión en el aire que en ese momento me descolocó y hoy todavía me estremece. No me estaba reprendiendo, pero sí me estaba juzgando, me colocaba en el bando de los que tenían interés –me explicó– en revivir un capítulo de la historia que se había cerrado en pos de la concordia. 

Yo no tenía más argumento para mi elección que una especie de terror basal heredado por las historias que se contaban en mi familia y una curiosa certeza de haber podido no ser: el nombre de mi padre figuraba en la agenda del compañero equivocado de la facultad y una tarde un grupo de tareas se presentó en casa de mis abuelos. Desbarataron el interior sin encontrar nada –tampoco a mi padre– y se retiraron dejando un reguero de desorden y miedo. En casa comentábamos que si lo hubieran detenido ese día, podría no haber vuelto –el destino que se marca a golpe de odio y metralla es veleidoso– y por tanto yo nunca habría nacido. 

Mi madre contaba con horror el momento en el que los militares pararon el autobús en el que viajaba y se encargaron de revisar a punta de pistola si su barriga de embarazada era real. O aquella mañana en la que una desconocida, desesperada, tocó la puerta de casa de mi abuela y dejó allí a sus dos pequeñas hijas para huir, porque la perseguían. Siempre me pregunté qué habrá sido de aquella mujer, de aquellas niñas. Si la una estará viva y seguirá siendo madre, si las otras tendrán nombres que sean sus verdaderos nombres.

Se cumplen 50 años del golpe de Estado en Argentina y vuelvo a oír argumentos similares a los que en España suenan como una letanía, pero cada vez más alto: reparto de culpas, reabrir heridas, concordia, no todo era tan malo, al menos había seguridad y bienestar… La idea de que quien no estuviera en el ‘bando equivocado’ no tenía nada que temer es el mellizo aggiornado de ese ‘algo habrán hecho’ con el que muchos argentinos de bien justificaban los fogonazos que dejaba ver el terrorismo de Estado. Cómo no ver, medio siglo después, el tamaño de la falacia: cuando se vulneran los derechos, cuando se restringen las libertades, todos pierden y nadie está a salvo. 

Los huesos que faltan

Argentina es hoy un país que, derogadas aquellas leyes claudicantes, ha juzgado y condenado –sigue haciéndolo en procesos que continúan abiertos– a los asesinos, a los torturadores, a los violadores, a los colaboracionistas que se lucraron del horror. Y también un país gobernado por una ultraderecha que siembra el odio, que presume de negacionista de los crímenes de la dictadura, que entierra a ritmo de motosierra cualquier idea de justicia social –es “una aberración”, para el presidente Javier Milei– y que se afana en recortar derechos. 

Hace unos días se representaba en Madrid la obra teatral de Teresa Donato y Dennis Smith Mi vida anterior, que relata la compleja historia de una desaparecida que sobrevive. Viéndola pensé que este trabajo, con el que soñaba cuando escribí aquel texto polémico (para mi profesor), me ha concedido el privilegio de hablar con algunos supervivientes, y ver de cerca el alivio y la culpa de no ser uno más de miles de cadáveres borrados. Con Víctor Basterra, el llamado fotógrafo de la ESMA, recorrí los rincones de ese centro de detención ilegal evocando los olores, los gritos, el dolor de los silencios definitivos. La valentía de Basterra permitió documentar el destino de más de un centenar de personas, muchas de las cuales acabaron arrojadas al mar en los despiadados vuelos de la muerte. Este año, cuando volví a visitarlo con mi hija de 15 años, los empleados lamentaban la lenta degradación a la que condenan los recortes de Milei a un centro de memoria referente en el mundo.

“A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, ‘las locas’ seguimos de pie”, dice Tati Almeida, una de las históricas Madres de Plaza de Mayo, a elDiario.es. Las Madres, las Abuelas, los Hijos, también sobrevivieron. Al dolor, a la ausencia. “Me faltan los huesos”, decía la hija de un desaparecido esta misma semana. Palabras que resuenan como un eco en las historias de las familias españolas que tienen a los suyos en las cunetas, en el osario gigantesco y desvencijado del Valle de los Caídos. “Mi anhelo era abrazar sus huesos”, decía en 2023 Fausto Canales, emocionado a sus 89 años cuando identificaron los restos de su padre, Valerico.

Argentina es una superviviente de su propia historia, igual que España. Y sobrevivir tiene un precio colectivo. Deja heridas permanentes que sin embargo con el tiempo parecen menos visibles, que pueden acabar resultando ajenas para quienes no escucharon memorias del horror en la sobremesa. O en la tele. O en la escuela. De esa desmemoria se alimentan las extremas derechas, que a un lado y otro del Atlántico intentan imponer la lógica del odio. Borrar la huella de los muertos y la voluntad de los que no murieron.

La resistencia es no olvidar. No olvidar ni permitir que se olvide. Este y todos los días. Nunca más. 

Pasó de ser compañera de la abogada Victoria Kent en la Residencia de Señoritas de Madrid a estar encerrada en la cárcel de mujeres que la propia Kent proyectaría, ya como primera directora general de Prisiones de la República, para dignificar a las reclusas. Margarita Beese Rodríguez, miembro de la Sección Femenina de Falange, había respirado la efervescencia intelectual y artística del Madrid de entreguerras tras dejar atrás su Tenerife natal. Sin embargo, a punto de finalizar la Guerra Civil volvería a su ciudad para hacer algo que le costaría una condena de dos años, cuatro meses y un día de prisión.

Ese algo fue tratar de inscribirse en el Registro Civil con otro nombre y otro sexo: Juan Carlos, hombre. Margarita, falangista convencida y amante de la España que prometía Franco con su Cruzada, acudió el 5 de enero de 1939 al Juzgado Municipal de Santa Cruz para registrarse. Argumentó que su familia no la había inscrito al nacer, algo no poco común en la época, se presentó ante los funcionarios con un testigo, la documentación exigida con la firma falsa de su padre y la apariencia y vestimenta de un varón. A los cuatro meses fue detenida.

En su misteriosa historia ha buceado la periodista Andrea Momoitio durante tres años para reconstruir los pasos de una falangista que intentó cambiar de sexo en la España de Franco. Lo cuenta en su segundo libro, Farsante. Una historia queer en la Falange (Libros del K.O.), en el que, a partir de huellas dispersas, trata de recomponer un puzzle al que aún le faltan piezas. ¿Por qué intentó Margarita registrarse como Juan Carlos?

“No lo sabemos. No puedo afirmar que estemos ante un hombre trans, entre otras cosas porque no existía esa categoría en ese momento tal cual la conocemos hoy. En todas sus cartas y textos se refiere a sí misma como Margarita y después, durante el juicio, va cambiando de versión y puede que mintiera. Nada sobre su identidad de género ha llegado a las personas que la recuerdan de oídas”, señala la autora, que apunta a que lo que sí ha trascendido hasta la actualidad es que era lesbiana. ¿Quería Margarita vivir como hombre para ser libre con otra mujer? ¿Era verdaderamente un hombre trans? ¿Podemos analizar el pasado con las etiquetas de hoy?

Todas esas preguntas se las hace Momoitio en el libro, un trabajo atravesado de dudas de las que hace partícipe al lector con honestidad. Lo que sí está confirmado son los dos hechos fundamentales: que Margarita era falangista, tanto que llegó a relacionarse con la Jefa Nacional de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, y que a sus 42 años fue condenada por cambiar de sexo. A ello ha llegado la periodista tras buscar su rastro por todas partes: en decenas de archivos, cartas, fotografías, periódicos y las voces de quienes sabían que la falangista había sido una familiar lejana, aunque sabían muy poco de ella.

Dedicada “en cuerpo y alma” a Falange

Nacida en una familia pudiente y conocida de Santa Cruz de Tenerife, Margarita era hija de un hombre alemán, admirador de Adolf Hitler que poseía un negocio de flores y plantas en la isla. A su pesar pero gracias a su dinero, acabó cediendo en las peticiones de la joven, que ansiaba los aires de libertad que se respiraban en Madrid y, a sus 24 años, se trasladó a la capital para estudiar Bachillerato. Fue ahí cuando coincidió con Victoria Kent y otras muchas intelectuales en la Residencia de Señoritas, dirigida por María de Maeztu y vinculada a la Institución Libre de Enseñanza, el proyecto de renovación pedagógica impulsado a principios de siglo y erradicado tras la victoria franquista.

Entonces, la pluma de Margarita Beese ya era habitual en La Gaceta de Tenerife, un medio de marcada línea conservadora en el que empezó su carrera como escritora. Después sería nombrada directora de la revista Héroes, que buscaba visibilizar a los españoles “dispuestos a morir por el honor de España”. En sus escritos, que ha repasado y analizado Momoitio, cristalizan sus ideas fascistas y su “amor” por España.

La autora de Farsante retrata a un personaje contradictorio y “mentiroso” –por ejemplo, decía falsamente que había estudiado Medicina–, pero muy convencido de su ideología. En sus columnas, apoyaba un “feminismo conservador, un feminismo como Dios manda”, apunta Momoitio. Respaldaba el acceso a la educación y defendía que el conjunto de “ciencia, voluntad y capacidad cultural” provocaría un perfeccionamiento de las mujeres, que, eso sí, no debían perder en ningún caso su feminidad ni obviar su “sagrado deber” de transmitir a sus hijos “el amor a la patria”, un discurso en línea con el que promovía la Sección Femenina.

“En sus textos se declara feminista, pero también antisufragista. Apostaba por los derechos de las mujeres de una forma muy limitada y venía a abogar por que las mujeres no podían hacer lo que ella hacía, que era vivir en cierta libertad, opinar y participar políticamente”, señala la periodista, que advierte de que “pensarlo en términos de hoy” puede resultar “contradictorio”. Por encima de todo, Margarita era falangista y, según sus propias declaraciones, se afilió a la Falange poco después de que José Antonio Primo de Rivera encabezara en 1933 en el Teatro de la Comedia de Madrid el acto fundacional del partido.

Tras el estallido de la Guerra Civil y una vez Málaga fue tomada por los sublevados, Margarita, que había accedido a trabajar en Correos, fue trasladada a la ciudad andaluza. Allí vivió su plenitud como miembro de Falange, a la que “se dedicó en cuerpo y alma” y en la que parece haber tenido una posición preponderante: era la delegada provincial de la rama de mujeres del sindicato falangista Central Nacional Sindicalista y ella misma aseguró en varias ocasiones haber sido parte de la Hermandad de la Ciudad y del Campo, una de las regidurías de la Sección Femenina para instruir a las mujeres de las zonas rurales.

Esto fue lo que motivó uno de los hallazgos de Momoitio que demuestra su peso en el partido. Y es que la mismísima líder de la SF, Pilar Primo de Rivera, pidió personalmente al jefe de la oficina de Correos de Málaga que Margarita pudiera ausentarse un mes de su trabajo para acudir a Salamanca, donde vivía Primo de Rivera, a “enseñar los estudios” que la mujer había hecho para la Hermandad, según la documentación a la que ha accedido la periodista. Su jefe aceptó la petición por “ser altamente beneficiosa para los sagrados intereses” del país, sobre todo, teniendo en cuenta las “actividades y entusiasmos” de Margarita “en favor del Movimiento Salvador de España”.

Durante el tiempo que estuvo en Castilla, la Sección Femenina celebró en Segovia su II Congreso, rodeado de la habitual parafernalia, actos, homenajes y misas que acostumbraban a promover las falangistas. Tras un homenaje “a los caídos”, las militantes abrieron las jornadas haciendo “a la inversa el camino de Isabel el día de su coronación” para acudir después al Alcázar, donde fueron coronados los Reyes Católicos. Fue este uno de los innumerables gestos que las falangistas tuvieron en relación con Isabel la Católica, que fue su referente femenino por excelencia, explotado hasta la saciedad durante la dictadura. Según cuenta Momoitio, a todas las asistentes al Congreso se les obsequió con un ejemplar de Mi Lucha, de Adolf Hitler.

El juicio

Después Margarita ya no volvería a Málaga. Debía hacer algo en Santa Cruz de Tenerife y allí regresó para acudir al Registro Civil, de donde salió inscrita como Juan Carlos. En mayo de 1939 fue detenida y trasladada a la prisión. Después pasaría por Las Ventas de Madrid, la cárcel erigida por Victoria Kent, para volver a la santacruceña. Al juicio, celebrado en abril de 1940, se presentó vestida de hombre, con camisa, chaleco y chaqueta, además de pantalones de pinzas y zapatos de piel.

Su primera versión para defenderse fue que había tratado de registrarse como un hombre para ir al frente de la guerra a Alemania para después alegar que Margarita prácticamente no respondía de sus actos porque sentía “una obsesión” por ser vista como un hombre. “Me atrae ser hombre”, llegó a decir. La falangista fue sometida a diversos exámenes médicos para acreditar “a qué sexo pertenecía” que concluyeron que era alguien “pseudohermafrodita o intersexual” simplemente porque vieron en su voz o su pelo algunos “rasgos varoniles”, sumado a que “su libido está orientada al sexo femenino”, decían los informes en una clara confusión conceptual.

Finalmente, fue condenada por falsedad documental con el objetivo de “hacerse pasar por un varón y vivir de esta forma” a más de dos años de cárcel que cumplió antes de irse a vivir en plena Segunda Guerra Mundial al país de Hitler. Momoitio ha encontrado evidencias de que la Falange llegó a negar que hubiera sido una de las suyas, desconoce por qué. “Puede que no hubiera una voluntad firme de esconderla, pero sí era un personaje que no les convenía una vez fue juzgada”, apunta la autora del libro, que no ha hallado rastro de Margarita en la prensa local a partir del juicio a pesar de lo habitual que era la falangista en sus páginas años atrás.

Resulta paradójico pensar que mientras el país 'estrenaba' la Nueva España prometida por Franco, una de sus principales valedoras era olvidada y encerrada en las mismas cárceles que usó la dictadura para reprimir a miles de personas por su forma de ser o pensar. A Momoitio, que llegó a la primera pista de la existencia de Margarita gracias a la historiadora Yanira Hernández, le gusta pensar que durante su encarcelamiento pudo arrepentirse de sus ideales, pero luego lo duda. Aun así, sabe que hay mucho por contar de Margarita, la protagonista de una historia sin cerrar que “trató de encontrar espacios de libertad en un mundo que no estaba pensado para ella”.

Han pasado más de cuatro décadas desde que cerrara el último centro y medio siglo desde el fin de la dictadura que creó y mantuvo el Patronato de Protección de la Mujer, la institución represora más longeva del franquismo. Son los años que han tenido que esperar las mujeres que pasaron por estos reformatorios para chicas 'inmorales' para recibir una reparación pública oficial. Este viernes el Gobierno ha celebrado por primera vez un acto en el que ha pedido perdón y ha reconocido la represión específica que sufrieron estas mujeres, encerradas en estos centros sin un juicio ni garantías, sometidas a duras condiciones de vida y aislamiento para intentar “reeducarlas” en línea con los mandatos del régimen.

Durante el acto, celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, 53 víctimas han recibido declaraciones de reparación y reconocimiento personal en las que se acredita la “represión y violencia” que fue ejercida contra ellas por el Patronato, que empezó a funcionar en 1941 y sobrevivió al dictador, cerrando ya entrada la democracia, en 1985. El acto ha sido impulsado a tres bandas por los ministerios de Igualdad, Política Territorial y Memoria Democrática y Justicia, coordinados por el Comisionado de los 50 años de España en libertad, que fue creado el año pasado en torno al medio siglo de la muerte de Franco pero que continúa su actividad. 

Las víctimas, largamente ovacionadas por el público, han subido al escenario a recoger los documentos de manos de los secretarios de Estado de Igualdad, Justicia y Memoria Democrática debido a la ausencia de Ana Redondo y Ángel Víctor Torres, los ministros de Igualdad y Memoria Democrática. Estaba previsto que los dos acudieran al acto, pero se han ausentado por el retraso en la celebración del Consejo de Ministros extraordinario de este viernes por la guerra de Irán.

Las palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, sí han estado presentes en el acto a través de un vídeo grabado previamente por tener previsto este viernes estar en el Vaticano junto a los Reyes. “El Estado os falló. Perdón y gracias”, ha reconocido el ministro antes de aceptar la “vergüenza” que le provoca que el Patronato de Protección a la Mujer dependiera del ministerio que lidera y que su actividad se extendiera más allá de la muerte de Franco. Ante ello, Bolaños ha avanzado que colocará una placa en la sede del ministerio que “recuerde el horror que os hicieron pasar” en los centros.

En lugar de la ministra Ana Redondo, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha reconocido en su intervención que el sufrimiento de las víctimas “no fue un hecho menor, sino una vulneración de derechos humanos” y ha dado las gracias a las mujeres. “Hoy el Estado os mira de frente, os reconoce, os devuelve la palabra que nunca debió ser arrebatada”. También el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha leído el discurso que estaba previsto que diera Ángel Víctor Torres, en el que ha asumido que el Gobierno “llega tarde”, pero ha apuntado a que “mientras el Gobierno progresista siga en pie, seguiremos defendiendo los derechos de las víctimas y sacando a relucir la verdad”.

“Os tenemos que reconocer como víctimas”

El Patronato, presidido por Carmen Polo, la mujer de Franco, fue el encargado de vigilar y controlar la conducta social de las adolescentes, para lo que dispuso de una red de centros regentados por congregaciones religiosas en los que confinaba a las jóvenes “caídas o en riesgo de caer”, según la terminología del régimen. “Os tenemos que reconocer como víctimas de la dictadura públicamente y nos ponemos a vuestra disposición”, ha afirmado Félix Bolaños en el vídeo, proyectado justo antes de que las mujeres subieran el escenario a recibir los documentos que lo acreditan.

La emoción ha sido la tónica dominante durante la entrega de las declaraciones a las mujeres, varias de las cuales han dado las gracias a Consuelo García del Cid, una de las reconocidas y cuya investigación ha sido clave para denunciar lo que ocurrió en los centros. “Aunque pone víctimas, ahora ya somos supervivientes”, ha dicho otra de las mujeres al recibir el documento. Ocho de las 53 homenajeadas han preferido no subir al escenario a recogerlo y tres de ellas han intervenido al final del acto para reclamar medidas al Gobierno y a las órdenes religiosas que gestionaron los centros y siguen activas.

“La democracia nos debe diez años de vida”, ha dicho García del Cid en referencia a los diez años que en democracia estuvo funcionando el organismo. La escritora ha reclamado a las congregaciones que abran sus archivos para que las mujeres puedan acceder a sus expedientes y hagan públicos los libros de contabilidad “donde constan los ingresos de cada taller de trabajo sostenido con mano de obra esclava”. “Estuvimos presas sin haber cometido ningún delito y fuimos marcadas para los restos”, ha señalado García del Cid, que ha denunciado que las órdenes religiosas “son hoy ONG que viven del dinero público”. “Verdad, justicia y reparación” ha sido el lema que han coreado todas las homenajeadas al final de las intervenciones.

El acto, conducido por la historiadora Carmen Guillén, ha reconocido el “paso importante” que supone el reconocimiento para que “el silencio que durante décadas trató de ocultar” lo que supuso el Patronato de Protección de la Mujer “se rompa”. “Pero no es el final del camino, es un punto de partida, un impulso para seguir investigando, para abrir archivos y avanzar en la puesta en marcha de una comisión de investigación” que tiene entre sus planes iniciar la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Además, este viernes el Boletín Oficial del Estado ha publicado el expediente de incoación para declarar Lugar de Memoria Democrática el Patronato de Protección de la Mujer.

La historiadora, autora del recién publicado Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (Crítica), ha explicado que el Patronato de Protección a la Mujer fue “un dispositivo oficial” que durante más de cuatro décadas “privó a miles de mujeres de libertad” y dio lugar a prácticas “marcadas por abusos, trabajos forzados, separación de las familias y graves vulneraciones de derechos humanos”. Las consecuencias y efectos de ello “siguen presentes en muchas mujeres” que hoy, más de 40 años después, están tomando la palabra para contar lo que sufrieron y sacar del olvido un tipo de represión “que durante demasiado tiempo quedó fuera de la mirada pública”.

Difícilmente la institución podría haber llevado a cabo sus fines sin las órdenes religiosas que regentaban los reformatorios, que tenían un papel crucial. Eran las monjas las que los dirigían y marcaban las duras condiciones de vida del día a día, según han narrado las víctimas, que eran encerradas sin haber cometido ningún delito. Aunque los había más y menos duros, en general en los centros lo habitual era el silencio y la disciplina, la oración y el trabajo. El objetivo era “reeducar” a las jóvenes. El pico máximo de internas se alcanzó en 1961, con 3.360 adolescentes. Entre las congregaciones más activas estaban las Adoratrices o las Oblatas del Santísimo Redentor.

Le sucede a todos los escritores: al término de un evento, alguien se acerca, quizá con una carpeta bajo el brazo, y le comenta que tiene una historia familiar que daría para un libro. A Lorenzo Silva (Madrid, 1966) le había ocurrido muchas veces, pero cuando se encontró con el nieto del general Miguel Ángel Solana Campins intuyó que ahí sí había una gran historia que contar. Ahora, ocho años después de aquel encuentro, presenta Con nadie (Destino), la historia de un militar africanista que se mantuvo leal a la República y fue fusilado en el tórrido verano sevillano de 1936.

A Lorenzo Silva, el interés por Marruecos y la guerra de África le viene de familia. Su abuelo Lorenzo combatió en ellas, y “igual que otros imaginaban otros mundos con las historias de Kipling, yo lo hacía con las de mi abuelo. Por ejemplo, el hecho de que tuvieran un mono en la posición me parecía puro exotismo”, recuerda. Cuando creció y se hizo escritor, descubrió que había buena literatura sobre el tema, pero muy escasa: Imán, La ruta de Barea… Poco a poco, él mismo fue sumando títulos a esa nómina, el último de los cuales es Con nadie.

Para Silva, Campins es algo más que una figura heroica en más de un sentido. “Yo tenía noticias del personaje, pero no sabía que había estado tan en primera fila, ni tantas veces. El tipo llega a la guerra de África con 31 años y manda una carga de caballería, manda asaltos de unidades de cazadores contra las posiciones en territorio enemigo, manda una oleada de desembarco, hace incursiones en territorio enemigo con un avión de aquellos que lo normal era estrellarte, es hasta artillero, fortifica una cota y planta los cañones”, enumera. “Además, está en todo: en Annual, en Xauen, en el desembarco de Alhucemas, en la operación final… Es un personaje que te permite ver todo lo que pasó en aquel momento, con una impresionante galería de personajes propios y extraños: El Mizian, el Raisuni, Abdelkrim, El Jeriro, Sel-liten, muchos de los cuales no son conocidos, y que darían para una película, ¡qué digo, para una serie!”

La catástrofe española

“En África se cuece la catástrofe española”, explica Silva. “Allí culmina la fractura social española que venía del siglo XIX, porque hay dos visiones muy enconadas, con satélites también muy enconados, como el carlismo, como el anarquismo, que tiene un peso en España que no tiene en ninguna otra sociedad europea. Todo eso se hace en la guerra de África absolutamente insoluble, una guerra abastecida de mano de obra reclutada entre la población miserable, salvando a las capas privilegiadas del esfuerzo bélico. Y luego está Annual, una masacre de proporciones homéricas que descompone completamente al país”.

Ahí aparece África como la caja negra de lo que iba a ser el golpe de Franco y la contienda civil. “En la Guerra de África se instruye a la mano de obra de la Guerra Civil; en el bando nacional son los militares sublevados, los que dirigen el Ejército Nacional, pero también la tropa de choque, que en buena medida viene de África, son unidades coloniales generadas en la guerra de Marruecos que acaban sirviendo para atacar a los propios ciudadanos españoles. Pero es que en el bando de enfrente, la mano de obra del ejército de la República, la mano de obra útil, la que desde el principio empieza a funcionar, son los veteranos de la guerra de Marruecos que combaten en el bando republicano porque una parte muy significativa de la Guardia Civil, de la Guardia de Asalto y de la Guardia de Seguridad y de los carabineros no se sublevan”.

Entre ellos estaba Campins. No obstante, lo que acabó de convencer a Silva para abordar este proyecto fue la buena prosa que reconoció en sus escritos y el perfil humano que se revelaba en ellos. “Escribía muy bien. Cosa no normal entre los militares ni de esa época, pero él escribía de una manera natural, eficaz, de convincente, de alguien que está buscando, primero alguien que piensa, que elabora sus ideas”.

Vidas paralelas

Pero había algo más, y era su condición de perfecto contrapunto de Franco y que ilumina al dictador. “Son vidas paralelas que desembocan en ese detalle final tan misterioso el hecho de Franco pida clemencia para Campins después de que un consejo de guerra dicte su sentencia de muerte. ¿Por qué Franco, que no intercedía por nadie, lo hizo por Campins? ¿Por qué fueran amigos íntimos? Yo no lo creo. Habían trabajado juntos, pero él sabía quiénes eran los suyos. A Campins lo sondea lejanamente sobre el golpe, y como no lo ve por la labor, lo aparta de su proyecto. Y Franco no es el militar que más le gusta a Campis: ha hecho sus méritos, pero es una persona muy atenta a su propio medro”.

“Lo intrigante es que a Franco no le conviene interceder por Campins, y en su biografía no recuerdo que haga nada que no le convenga. Todo es calculado, incluso su forma de unirse al alzamiento, haciéndola reversible por si fracasa”, agrega Silva. “Sin embargo, se expone así ante Queipo de Llano, que no quería a Franco ni Franco lo quería a él”.

Queipo, jefe del alzamiento en Andalucía, aparece en Con nadie como la némesis de ese Campins que, en 1936 y envuelto en una maraña de traiciones y mentiras, acuartela a las tropas en Granada con el objeto de evitar un baño de sangre que a la postre se revelaría fatal. “Queipo, rodeado de pretorianos, exige que sea Campins fusilado, porque detecta que no le respeta. Él mismo lo dice ‘yo no soy un cabo’. De hecho, Campins lo engaña, finge sumarse a la rebelión cuando en realidad está tomando decisiones que van a favor del gobierno de Madrid”.

Una historia de amor

El desastre que caería sobre Granada, según Silva, viene explicado por el hecho de que “esa cuadrilla de conspiradores, los que acaban teniendo la voz cantante son los más duros. El coronel de Infantería de Campins, que ha sido su segundo en África, obra así por miedo de hecho lo acaban apartando. Pero hay otros personajes muy, muy peligrosos, que obtienen carta blanca de Queipo, y los demás están aterrorizados. No sé si Queipo dijo aquello de ‘dar café’ a Lorca, pero es evidente que formaba parte de su filosofía. Entró en Sevilla como un terrorista, como Tejero en el congreso”.

Pero Con nadie no es solo una historia de uniformes, disparos y conjuras. También es la historia de amor de Campins con su mujer, Dolores Roda, con la que “tiene momentos muy felices, pero también muy desdichados”, dice Lorenzo Silva. “En una carta que le manda al final, cuando está todo perdido, pone de manifiesto que sigue enamorado de ella, 20 años después, aunque la vida les impide compartir más que un par de temporadas, Madrid, Zaragoza, Gerona… Es una historia que no está en los archivos, pero explica al personaje”.

Uno de los momentos más conmovedores de ese desenlace, según el escritor, es aquel en que pide a su cuñado que le diga a sus hijos que no sean militares. “Al término de su vida piensa que se ha equivocado, ha antepuesto todo a su deber militar, y al final es traicionado por sus compañeros. Había pasado 35 años de su vida en una soledad personal absoluta, había logrado romper esa soledad creando una familia que, al final, queda desamparada”.

Las mujeres apenas gozaban de derechos civiles, mucho menos políticos. En plena dictadura de Primo de Rivera, varias intelectuales, artistas y políticas decidieron combatir la realidad que las constreñía de la misma forma que ya se hacía en otras latitudes. En noviembre de 1926 crearon el Lyceum Club Femenino, espacio por el que desfilarían personas de la talla de María de Maeztu, Victoria Kent y Zenobia Camprubí. Llegaron a ser medio millar. Así se desgrana de la profunda investigación realizada por Tània Balló Colell y Carmen de la Guardia Herrero para el Ministerio de Cultura con motivo de la celebración del centenario. El ocaso de esta experiencia iluminadora llegó en 1939, cuando los sublevados ganaron la guerra iniciada tres años antes, lo que supuso que fuera la Falange quien se hiciera con su legado.

Balló, la comisaria del Centenario del Lyceum, recalca que seguramente estas mujeres ni siquiera pudieran alquilar a su nombre la Casa de las Siete Chimeneas, su primera sede, actual espacio que ocupa el Ministerio de Cultura. No fueron los únicos impedimentos que se encontraron. Incluso antes de que el Lyceum fuera realidad, en cuanto se conoció la idea de su creación, los sectores más conservadores y la iglesia no cejaron en sus ataques. 

“Les llegaron a acusar de fumar opio. Las criticaron por activa y por pasiva. Para una gran parte de la sociedad era inconcebible que se creara una asociación autónoma de mujeres que fueran más allá del salón de té”, comenta la investigadora. Así llegaron los artículos en la prensa intentando denigrar su cometido, que no era otro que “crear mujeres ilustradas, competentes e independientes”, asegura Balló, también cineasta y curadora. 

De la Guardia, asesora científica del Centenario, temporiza la creación del Lyceum en un momento en que se experimentaba un auge de las asociaciones feministas y los intentos de reforma educativa para mejorar la situación de las mujeres en España. Las impulsoras del Lyceum sabían lo que ocurría en otros países en los que también existía este espacio ya convertido en red tras su constitución en Londres que se extendía a ciudades como Roma, París, Florencia y La Habana, hasta en Barcelona a partir de 1931.

Las indagaciones realizadas desde hace más de un año por las dos expertas las han llevado a concluir que en torno a unas 500 mujeres llegaron a formar parte del club, aunque todavía se desconoce el momento de afiliación de cada una. Sí se sabe, sin embargo, que sus fundadoras procedían principalmente de tres instituciones: la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la Institución Libre de Enseñanza y el Instituto Internacional, en cuyo paraninfo se celebró la reunión constituyente del club. “La función social del Lyceum fue tremendamente impactante por su eficacia”, asegura De la Guardia, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

De Madrid al mundo

Las charlas, conferencias, debates, talleres, cursos, exposiciones y obras de teatro se sucedían en los principales salones de la Casa de las Siete Chimeneas, hasta que se les quedó pequeña y se trasladaron al número 44 de la calle San Marcos. Las actividades tenían un marcado cariz internacional, tal y como demuestran el paso por la institución de Františka Paminková, senadora de Checoslovaquia en 1927; Alfonsina Storni, escritora argentina, en enero de 1930, o la autora peruana Angélica Palma. También contaban con socias extranjeras, tales como la directora del Instituto Internacional y profesora en la Universidad de Texas, Helen Phipps; las hermanas suizas Trudi y Luise Graa Rüfenacht, y la paisajista de origen holandés Nonnie Reineke.

La exposición con la que inauguraron el Lyceum era toda una declaración de intenciones. Protagonizada por las pinturas y esculturas de María y Elena, hijas del aclamado Joaquín Sorolla, las mujeres empezaban a ocupar un lugar preeminente. Similar es lo que demostraron Concepción Aleixandre y Elisa Soriano, ambas médicas que impartieron a sus compañeras diversas conferencias.

Les siguen toda una pléyade de nombres propios que han pasado a la posteridad. Aquí solo algunos ejemplos de ellos: la pedagoga e hispanista María de Maeztu, las abogadas y políticas republicanas Victoria Kent y Clara Campoamor, la traductora, periodista y diplomática Isabel Oyarzábal, la intelectual y etnóloga Carmen Baroja y Nessi, la ginecóloga y cirujana Rosario Lacy, y la escritora y lingüista Zenobia Camprubí. 

De la Guardia subraya las exposiciones que organizaron de la pintora Victorina Durán y de las hermanas Quiroga, Antonia y Josefa. “Así intentaban la profesionalización artística de las socias y de otras mujeres”, añade. Asimismo, hubo espacio para los recitales de poesía, en los que participaban voces como la de Ernestina de Champourcín y Carmen Conde. Por otro lado, entre las visitas más prestigiosas realizadas por varones se encuentra la de Federico García Lorca.

Llegada de la República y labor social

Balló sostiene que el Lyceum acogió la llegada de la Segunda República con “mucha alegría”. La institución se vio potenciada por el nuevo gobierno democrático, que a partir de ese momento otorgó ayudas a este tipo de organizaciones, lo que permitió ampliar sus actividades culturales. Sin embargo, la comisaria comenta que “es muy probable que muchas socias no alineadas con el republicanismo se dieran de baja”, aunque es algo que no han podido contrastar por la falta de fuentes primarias. 

Durante todo ese tiempo, su acción llegó mucho más allá de las letras. De la Guardia recalca la creación de la Casa de los Niños en el mismo emplazamiento que hoy ocupa el Canal de Isabel II, impulsada por Consuelo Bastos y Camila Ventura. “Las mujeres trabajadoras podían llevar ahí a sus hijos para aprender, recibir cuidado médico y alimentarse de una manera correcta”, explica la historiadora de la UAM. El proyecto impactó fuertemente en la comunidad trabajadora de los barrios de Tetuán y Cuatro Caminos, aunque su expansión no llegó a otras zonas de la capital por el estallido de la Guerra Civil.

La labor del Lyceum atendió a otros ámbitos de la sociedad, pero siempre pensando en los estratos más necesitados. Por ejemplo, crearon el llamado ‘Libro para el ciego’ gracias al desempeño de Mercedes Rodrigo, experta en educación especial y reconocidísima psicóloga cuando llegó al exilio. De esta forma, tradujeron al braille libros de literatura española y trabajaron con mujeres invidentes, que terminarán con una sala propia de lectura en la Biblioteca Nacional de España.

Gana el franquismo, el Lyceum desaparece

La normalidad del Lyceum y cualquier otra institución de este tipo se vio alterada a partir de julio de 1936 con el inicio de la contienda tras el golpe de Estado de Francisco Franco. “La última actividad que organizaron fue una conferencia de Champourcín en ese mismo mes, poco antes del alzamiento militar”, apunta la comisaria.

A partir de entonces, el Lyceum tan solo aparecería en unas breves noticias en prensa donde informan de su recaudación de fondos para mandar al frente. Después, con la derrota de la República, llegó el más absoluto de los silencios. “Gracias a las memorias de las socias podemos saber que la sede fue incautada por la Falange”, añade la curadora. Carmen Baroja escribe en Recuerdos de una mujer de la Generación del 98 que la biblioteca, quizá el mayor legado del Lyceum, terminó en manos del Círculo Cultural Medina, un artefacto falangista que apuntalaba las tesis y conductas morales del nuevo régimen dictatorial con el nacionalcatolicismo como imposición moral, sobre todo hacia las mujeres.

Si echa la vista atrás, Balló muestra un gran agradecimiento al trabajo colaborativo que hay en la investigación, donde se han hermanado el desempeño de ella y de De la Guardia como expertas desde la academia con el esfuerzo por parte del Ministerio de Cultura y sus equipos a la hora de buscar toda la documentación que pueda existir al respecto. “Hemos encontrado muchas cosas, pero también ha sido una demostración de todo lo que hemos perdido”, destaca la comisaria.

Se refiere a toda aquella documentación no hallada aún y que ahora jugaría un papel crucial para entender la experiencia del Lyceum Club Femenino. De todas formas, han conseguido biografiar casi el 95% de las mujeres que formaron parte de la organización. “Una tarea titánica porque muchas de estas mujeres, como era normal en su época, estaban registradas como ‘mujeres o señoras de’”, desarrolla Balló.

Este 2026, un siglo después del comienzo de esta andadura femenina emancipatoria, el ministerio liderado por Ernest Urtasun quiere rendir el justo reconocimiento que merece. Para ello, los resultados de la investigación se expondrán en una muestra que tendrá lugar en la Fundación Ortega-Marañón en septiembre. Según ha anunciado Cultura, la programación también incluirá encuentros y mesas redondas, conciertos, publicaciones y clubes de lectura y proyecciones, así como un ciclo de cine en colaboración con la Filmoteca Española y un proyecto de ficción sonora con el Centro Dramático Nacional, entre otras actividades.

A lo largo de 2025 el Gobierno ha conmemorado el cincuenta aniversario del inicio de la Transición. Para muchas historiadoras e historiadores que trabajamos habitualmente en los archivos, esa cifra tiene un significado que va más allá de la conmemoración simbólica. Los cincuenta años marcan, en la Ley de Patrimonio Histórico Español, un umbral fundamental a partir del cual se levantan la mayor parte de restricciones para la consulta de la documentación histórica.  

Esto significa que prácticamente toda la producción documental de la dictadura franquista debería ser, desde el pasado mes de noviembre, accesible para la ciudadanía. Con independencia de que contenga datos personales, policiales, penales o se conserve en archivos públicos o privados, la normativa garantiza el acceso público a estos fondos.

Y es aquí donde surge la paradoja: para el estudio de la dictadura, uno de los archivos más valiosos, más inexplorados y, al mismo tiempo, con mayores dificultades de acceso es el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI). Pese a que su norma reguladora establece que no debería retener documentación de más de treinta años, el ministerio continúa custodiando grandes volúmenes documentales del Ministerio de la Gobernación, su antecesor franquista.  

No se trata de un fondo cualquiera. El Ministerio de la Gobernación fue un actor clave en el control político y represivo de la dictadura, al concentrar las competencias sobre policía, administración penitenciaria, control de asociaciones y vigilancia de la disidencia política. Desde allí se dirigía la red de gobernadores civiles encargada de aplicar las políticas del régimen en el territorio. Además, el AGMI gestiona también documentación histórica proveniente de prisiones, fundamental para investigaciones sobre personas represaliadas y población reclusa durante el siglo XX.  

Que toda esta documentación siga en el Ministerio ya es, de por sí, una anomalía. Los archivos ministeriales no están concebidos para custodiar documentación histórica. En el ámbito de la administración central esta función está reservada a los archivos históricos e intermedios especializados como el Archivo General de la Administración, el Archivo Histórico Nacional o los Archivos Históricos Provinciales, vinculados al Ministerio de Cultura. En estos centros, se profundiza en la descripción y el tratamiento archivístico, permitiendo que la documentación sea localizable y accesible a la ciudadanía.  

Por eso resulta especialmente grave que el Archivo General del Ministerio del Interior aún custodie documentación de la Restauración, la Segunda República y la dictadura franquista. El problema importante, sin embargo, no es que estos fondos estén donde no deberían: es que, mientras permanecen allí, no se están garantizando las mismas condiciones de acceso que rigen en el resto de la red de archivos, aunque la ley lo obligue. En el ámbito historiográfico y archivístico es bien conocido el hermetismo de este archivo ministerial. Los obstáculos con los que nos topamos al tratar con él son diversos, entre otros:  

1. Una regulación interna obsoleta. El acceso a la documentación del archivo se rige todavía por una instrucción interna de 2006, hoy desfasada y aplicada con un enfoque extremadamente restrictivo. En la práctica, limita el derecho ciudadano a consultar documentación histórica y otorga al AGMI un amplio margen para censurar datos en expedientes que no deberían tener restricciones de acceso. Esta regulación choca con el marco legal actual que ha reforzado el derecho de acceso a la información pública y a los archivos con la Ley de Transparencia (2013) o la de Memoria Democrática (2022).  

2. Los plazos de respuesta. La normativa obliga al archivo a contestar en un plazo máximo de un mes, pero en la práctica las respuestas se demoran durante meses y no es raro que superen el año. Para quienes realizan una tesis doctoral —que habitualmente debe completarse en tres años—, estos retrasos son un freno disuasorio; pero para las víctimas del franquismo, muchas de ellas de edad avanzada, el perjuicio es enormemente mayor.  

3. El acceso a los instrumentos de consulta. El archivo no permite consultar los catálogos que describen la documentación que custodia. Estos instrumentos —en archivística llamados instrumentos de descripción y de control— indican qué contiene cada caja y son imprescindibles para orientar cualquier investigación. En el resto de archivos, se ponen a disposición del público: es un derecho reconocido por la legislación archivística y una práctica básica de transparencia. En Interior, sin embargo, se obliga a pedir a ciegas. Investigar allí es como entrar en un restaurante sin carta: se solicita al azar y, tras meses de espera, la respuesta es «de eso no tenemos». Y de nuevo a empezar.  

Como ciudadanas y ciudadanos, resulta sonrojante tener que reclamar algo tan elemental como que la documentación histórica se conserve en los archivos históricos; es decir, que se cumpla la legislación española en materia de archivos. El Ministerio del Interior debe cumplir la normativa y transferir toda la documentación que aún conserva en sus depósitos. Mientras esto se materializa, el Gobierno tiene el deber de garantizar que la ciudadanía pueda consultar su patrimonio documental con las mismas garantías y derechos que cualquier archivo público. 

Ha pasado medio siglo desde la muerte de Franco. Nos encontramos en un momento inmejorable para estudiar documentalmente las políticas represivas de la dictadura: las principales restricciones legales de acceso a la documentación se han levantado y contamos con herramientas capaces de gestionar el volumen ingente de fuentes que está por analizar. Además, hemos visto cómo se han desclasificado los documentos del golpe de Estado del 23-F. Y, sin embargo, paradójicamente, uno de los mayores obstáculos para la investigación proviene del propio Estado, algo que contrasta con cómo han tratado su patrimonio documental otros países que padecieron regímenes autoritarios.  

Lo que se demanda, pues, no es solo una obligación legal, sino también una exigencia coherente con los principios de verdad, justicia y reparación que debería asumir motu proprio el Ministerio del Interior respecto a su pasado.  

-----

Firman asimismo este texto lo/as siguientes historiadore/as:  Laura Bolaños Giner, Helen Graham, Fernando Hernández Holgado, Ana Martínez Rus, Carme Molinero Ruiz, Daniel Oviedo Silva,  Alejandro Pérez-Olivares García, Paul Preston, Antonio Rivera Blanco y Nicolás Sesma Landrin.

PP i Vox han culminat aquest dimarts un dels compromisos polítics assumits per ambdós partits a l’inici de la legislatura a Balears: la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica. La votació duta a terme al Parlament de les Illes Balears ha suposat l’eliminació definitiva d’una de les primeres normes aprovades a nivell estatal en aquesta matèria, la que per primera vegada a l’arxipèlag va articular un marc institucional per investigar els crims del franquisme i el reconeixement públic de qui va ser represaliat després del cop militar de 1936. L’arxipèlag s’afegeix així a les comunitats autònomes que, governades pels populars i l’extrema dreta, ja han tombat els seus textos memorialistes, substituïts en alguns casos per “lleis de la concòrdia” que, sota el pretext de “reconciliar” els espanyols en lloc de “reobrir ferides”, equiparen el franquisme amb la democràcia.

Malgrat que el desembre de 2024 els conservadors van assolir un insòlit pacte amb els partits d'esquerres per no suprimir la normativa balear, tan sols mig any després van incomplir el seu compromís en pactar novament amb Vox la seva eliminació a canvi d’aconseguir el suport dels de Santiago Abascal per poder tirar endavant els pressupostos autonòmics de 2025. Aquest dimarts, lluny d’expressar cap mena de condemna a la sublevació feixista i a les violacions de drets humans comeses durant la dictadura, PP i Vox han sumat els seus vots per fer caure un document que rebutja expressament “qualsevol totalitarisme i règim antidemocràtic”.

Mentre a les portes de la Cambra un centenar de persones es manifestaven contra l’eliminació de la llei, a l’hemicicle la bancada de l’esquerra exhibia fotografies de víctimes del franquisme i carregava amb duresa contra la derogació i contra “l’assumpció”, per part dels populars, dels postulats de l’extrema dreta “per un grapat de vots per continuar governant”. “Han quedat desdibuixats com a partit democràtic”, els ha retret el diputat d’Unides Podem, José María García, qui ha lamentat que la supressió no només afecta les víctimes del franquisme, sinó el conjunt del sistema democràtic. “Amb la derogació de les lleis de memòria democràtica no només perden les víctimes i els seus familiars: hi perdem totes i tots, i també hi perd la democràcia”, ha subratllat, retraient al PP que utilitzi la seva majoria parlamentària per eliminar una llei que, tal com ha defensat l’oposició, va ser fruit d’un consens previ.

“La història és clara: quan la dreta moderada assumeix el marc ideològic de l’extrema dreta per por de perdre vots, no l’atura, el legitima. I sovint el reforça”, ha expressat per la seva banda la diputada de Més per Mallorca Joana Gomila, assegurant que les seves paraules no són paral·lelismes “simplistes”, sinó un recordatori que Europa “ja ha recorregut aquest camí abans i sap perfectament on acaba quan ningú s’atreveix a plantar-hi cara a temps”.

En aquesta mateixa línia, el portaveu socialista, Iago Negueruela, ha qualificat la jornada com “un dia trist per a aquest Parlament i per a aquesta societat”, retraient als populars que cedeixin davant l’extrema dreta per modificar un marc legal que, ha remarcat, formava part dels consensos bàsics de la convivència democràtica. Negueruela també ha reivindicat la importància de mantenir les polítiques públiques de memòria per explicar a les escoles el que va passar durant la dictadura i evitar que es repeteixi, alhora que ha incidit que les lleis de memòria no busquen reobrir conflictes, sinó garantir que les noves generacions coneguin els fets i comprenguin la gravetat de les vulneracions de drets humans comeses durant el franquisme.

“Mai callaran ni esborraran les víctimes”

“Però els diré una cosa”, ha advertit: “Els asseguro que per moltes lleis que deroguin mai esborraran els grans horrors que es van cometre, mai callaran ni esborraran les víctimes. Veuran les seves cares tantes vegades com faci falta, aquí o al Consolat de Mar, perquè la presidenta [Marga Prohens] vegi què suposa la derogació”. Una apel·lació que la líder autonòmica del PP no ha pogut escoltar atès que no ha estat present durant el debat i només ha acudit per participar en la votació.

Davant les manifestacions de l’esquerra, el portaveu adjunt de Vox, Sergio Rodríguez, ha defensat la derogació de la llei de memòria democràtica recorrent al relat habitualment brandat per l’extrema dreta i rebutjat pel consens historiogràfic: que el govern del Front Popular sorgit després de les eleccions de febrer de 1936 no tenia “legitimitat d’origen” perquè “mig centenar de vots van ser robats” a la comissió d’actes del Congrés.

Malgrat que el cop militar contra la Segona República feia mesos que es preparava per part d’amplis sectors de l’Exèrcit i de la dreta autoritària, i que la repressió es va prolongar de manera sistemàtica durant dècades, el parlamentari d’extrema dreta ha presentat l’assassinat del dirigent monàrquic José Calvo Sotelo com el “tret de sortida” de la contesa i ha assegurat que en ambdós bàndols hi va haver víctimes, com les de Massacres de Paracuellos del Jarama.

Rodríguez ha acabat mostrant a l’hemicicle una fotografia del seu besavi, qui —segons ha explicat— va ser maître de l’Hotel Ritz Barcelona, i ha relatat que va ser tret de casa seva una nit i assassinat. També ha afirmat que un altre familiar seu, de 19 anys, va ser executat i que el seu cos encara podria trobar-se en alguna cuneta.

Vox: “Estan molt acostumats a treure pit pels assassins”

En la seva segona intervenció, Rodríguez ha elevat el to del debat, acusant els socialistes de reivindicar figures històriques a les quals ha considerat responsables d’episodis violents, entre les quals ha citat el fundador del PSOE y de UGT, Pablo Iglesias Posse, o l'exdirigent socialista Francisco Largo Caballero, a qui ha assenyalat com “un dels màxims responsables d’arribar a la guerra civil per les seves declaracions incendiàries, per la seva participació en la Revolució d’Astúries i, per descomptat, en la repressió que es va produir al bàndol republicà durant els primers mesos de la guerra civil”. “Vostès estan, pel que veig, molt acostumats a treure pit pels assassins”, ha etzibat.

El diputat ha acabat mostrant a l’hemicicle una fotografia del seu besavi, qui —segons ha explicat— va ser maître de l’Hotel Ritz Barcelona. “El varen treure una nit de casa seva i li varen pegar un tir”. “I aquest és el seu fill, el meu oncle Salvador”, ha continuat mostrant una altra imatge: “19 anys i sense cap participació política de cap tipus. El seu cos deu estar encara en alguna cuneta, perquè no l’hem recuperat”. “I com es pensen que em sent jo com a víctima quan vostès fan actes de reconeixement, estàtues i posen carrers a Lluís Companys?”, ha afegit, qualificant d’“assassí” l’expresident de la Generalitat de Catalunya i considerant-lo “responsable dels assassinats dels meus familiars”.

“En el fons, l’únic que volen vostès és blanquejar el partit del qual són directament hereus. Perquè aquí no hi ha ni falangistes, ni carlins, ni cap participant del bàndol nacional de la guerra civil”, ha afirmat, per acabar titllant d’“assassins” “tots els responsables de la barbàrie roja a la rereguarda republicana, majoritàriament socialista”.

Després de les paraules de Sergio Rodríguez, Iago Negueruela ha pres la paraula per reprovar la seva intervenció i invocar el reglament de la Cambra. “Li record unes paraules seves a la Junta de Portaveus de la setmana passada”, ha assenyalat adreçant-se al president del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne (Vox), “en què vostè ens va dir a tots que no toleraria segons quins comentaris dirigits a grups o a partits”.

“Dir que el Partit Socialista és un partit d’assassins és una falsedat històrica. És una falsedat pròpia d’una persona que no té el més mínim respecte i que es creu superior a la resta de persones que formen part d’aquesta Cambra”, ha continuat el portaveu del PSIB, qui ha instat Le Senne —que està pendent de ser jutjat per un delicte d’odi per haver romput en ple hemicicle la fotografia de tres víctimes del franquisme— a retirar les acusacions abocades per Rodríguez. El màxim responsable de la Cambra legislativa, però, no hi ha accedit.

El PP reivindica les víctimes del bàndol franquista

Per part del PP, la diputada Cristina Gil ha mostrat el seu suport a la iniciativa de Vox en considerar que la llei de memòria “no uneix, sinó que separa i enfronta”. “La memòria és individual i cap llei, excepte en les dictadures més abjectes, es pot imposar”, ha argumentat, acusant l’esquerra d’obviar la memòria de les víctimes que no combreguen amb la seva ideologia. “Són víctimes de segona? Són noms sense memòria?”, s’ha demanat. “Sota el pretext d’una llei que sí que és cert que podia ser justa en el seu inici s’ha dut a terme una veritat oficial, la del costat bo de la història que vostès repeteixen com un mantra marxista”, ha sostingut, per tot seguit insinuar que la normativa memorialista mai no ha estat una “prioritat” per al seu partit. Per al PP, ha asseverat, la veritablement important, i que per tant continuarà vigent, és la llei de recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme —més coneguda com la ‘llei de fosses’—, aprovada per unanimitat el 2016.

Es tracta d’una norma que ha permès recuperar les restes de més de 280 víctimes del franquisme —de les quals més de 50 han estat identificades— que van ser assassinades de forma violenta i enterrades, la majoria d’elles de manera clandestina, en clots excavats dins i fora dels cementiris. Els investigadors apunten que altres persones van ser llançades a pous i simes. Amb tot, s’estima que més de 1.700 víctimes continuen desaparegudes arreu del territori balear.

Després de la intervenció de la diputada conservadora, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha respost que la memòria “no és una qüestió individual”. “La memòria es construeix com un fet social i col·lectiu, i en aquest país, durant quaranta anys, es va intentar construir una memòria de bons i dolents en què es va culpabilitzar sistemàticament les persones derrotades del bàndol republicà. I vostès no poden entendre que no només cal recuperar els cossos de les persones que van ser assassinades i torturades durant la guerra civil, sigui quin sigui el seu bàndol. Cal recuperar la memòria de totes les persones que durant 40 anys van lluitar per la llibertat”.

Després de la votació, els diputats de Vox han aplaudit mentre els del PP, tot i haver donat suport a l’eliminació, han romàs en silenci, fet que ha portat alguns diputats de l’esquerra a qualificar-los de “covards” des dels seus escons. “Ara no aplaudiu?”, els han etzibat. Entre els diputats de l’extrema dreta han predominat les abraçades i els gestos d’alegria, primer des dels seus escons i després als passadissos del Parlament de les Illes Balears, on s’han trobat amb el diputat al Congrés Jorge Campos, qui havia seguit el debat des de la tribuna de convidats. El mateix Campos ha estès la mà a Marga Prohens, qui li ha correspost amb una encaixada. Per la seva banda, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha fet dos besos a la presidenta balear, mentre que el diputat Sergio Rodríguez ha encaixat la mà amb el líder parlamentari dels populars, Sebastià Sagreras.

En un moment donat, la presidenta de l’entitat Memòria de Mallorca s’ha acostat a Prohens, sobre la taula de la qual ha dipositat un mocador amb el lema “Justícia, reparació i no repetició”, un dels lemes del moviment memorialista. El gest, silenciós i breu, ha servit com a símbol de protesta de les víctimes davant la derogació de la llei. La presidenta del Govern, però, ha recollit immediatament la peça i l’ha guardada a la butxaca.

Fites de la llei de memòria

Entre altres fites, la llei balear de memòria democràtica havia permès delimitar i ampliar la consideració de víctimes de la guerra civil i la dictadura: no només havia possibilitat reconèixer persones represaliades directament, sinó també organitzacions socials, professionals o culturals, partits polítics, sindicats, lògies maçòniques, moviments feministes o col·lectius LGTBI, així com víctimes de bombardejos, nadons robats o persones perseguides per motius ideològics.

Sota l’empara d’aquesta normativa també es va declarar la nul·litat de ple dret de totes les sentències i resolucions dictades per raons polítiques en causes penals, civils o administratives durant la dictadura a les illes, una mesura simbòlica destinada a reparar jurídicament aquells que van ser condemnats per tribunals franquistes. La llei també va introduir mesures en l’àmbit educatiu per garantir la transmissió d’aquest període històric a les noves generacions. Entre altres disposicions, establia la incorporació de la memòria democràtica als currículums escolars, l’impuls de programes pedagògics sobre el conflicte bèl·lic i el règim franquista, així com activitats d’investigació i divulgació en col·laboració amb centres educatius i universitats.

Mentrestant, a l’empara d’aquesta norma es van crear els Espais i itineraris de la Memòria i Reconeixement Democràtics com a nova figura de protecció a l’arxipèlag, es va declarar el 29 d’octubre com a data simbòlica de record i reivindicació dels valors democràtics i de la lluita per la llibertat, i es va elaborar un cens de símbols i mencions franquistes.

PP y Vox han culminado este martes uno de los compromisos políticos asumidos por ambos partidos al inicio de la legislatura en Balears: la derogación de la ley autonómica de memoria democrática. La votación llevada a cabo en el Parlament ha supuesto la eliminación definitiva de una de las primeras normas aprobadas a nivel estatal en esta materia, la que por primera vez en el archipiélago articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. El archipiélago se suma así a las Comunidades Autónomas que, gobernadas por populares y extrema derecha, ya han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia. 

A pesar de que en diciembre de 2024 los conservadores alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimir la normativa balear, tan solo medio año después incumplieron su compromiso al pactar nuevamente con Vox su eliminación a cambio de granjearse el apoyo de los de Santiago Abascal para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Este martes, lejos de expresar cualquier tipo de condena a la sublevación fascista y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, PP y Vox han sumado sus votos para echar abajo un documento que rechaza expresamente “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.

Mientras a las puertas de la Cámara un centenar de personas se manifestaban contra la eliminación de la ley, en el hemiciclo la bancada de la izquierda exhibía fotografías de víctimas del franquismo y cargaba con dureza contra la derogación y contra la “asunción”, por parte de los populares, de los postulados de la extrema derecha “por un puñado de votos para seguir gobernando”. “Han quedado desdibujados como partido democrático”, les ha recriminado el diputado de Unides Podem, José María García, quien ha lamentado que la supresión no solo afecta a las víctimas del franquismo, sino al conjunto del sistema democrático. “Con la derogación de las leyes de memoria democrática no solo pierden las víctimas y sus familiares: perdemos todas y todos, y también pierde la democracia”, ha subrayado, reprochando al PP que utilice su mayoría parlamentaria para eliminar una ley que, tal como ha defendido la oposición, fue fruto de un consenso previo.

“La historia es clara: cuando la derecha moderada asume el marco ideológico de la extrema derecha por miedo a perder votos, no lo detiene, lo legitima. Y a menudo lo fortalece”, ha expresado por su parte la diputada de Més per Mallorca Joana Gomila, aseverando que sus palabras no son paralelismos “simplistas”, sino un recordatorio de que Europa “ya ha recorrido este camino antes y sabe perfectamente dónde acaba cuando nadie se atreve a hacer frente a tiempo”.

En esta misma línea, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha calificado la jornada como “un día triste para este Parlament y para esta sociedad”, reprochando a los populares que cedan ante la ultraderecha para modificar un marco legal que, ha recalcado, formaba parte de los consensos básicos de la convivencia democrática. Negueruela también ha reivindicado la importancia de mantener las políticas públicas de memoria para explicar en las escuelas lo ocurrido durante la dictadura y evitar que se repita, al tiempo que ha incidido en que las leyes de memoria no buscan reabrir conflictos, sino garantizar que las nuevas generaciones conozcan los hechos y comprendan la gravedad de las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo.

“Jamás van a callar ni a borrar a las víctimas”

“Pero les digo una cosa” -ha advertido-: “Les aseguro que por muchas leyes que deroguen jamás borrarán los grandes horrores que se hicieron, jamás van a callar ni a borrar a las víctimas. Verán sus rostros las veces que hagan falta, aquí o en el Consolat de Mar [sede de la Presidencia balear-, para que la presidenta [Marga Prohens] vea lo que supone la derogación”. Una apelación que la líder autonómica del PP no ha podido escuchar dado que no ha estado presente durante el debate y tan solo ha acudido para participar en la votación. “Hoy escuchamos crueldad y rabia en un parlamento democrático que no requiere ni de crueldad ni de rabia”, ha continuado, lamentando que lo vivido en el hemiciclo “es el dolor de muchas personas que no entienden qué rabia hay que tener para atentar contra una ley como esta, que lo único que exige es reparación y justicia”. En su opinión, la derogación de la normativa “es una traición a la democracia y a la palabra”.

Frente a las manifestaciones de la izquierda, el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha defendido la derogación de la ley de memoria democrática recurriendo a la narrativa habitualmente enarbolada por la extrema derecha y rechazada por el consenso historiográfico: que el gobierno del Frente Popular surgido tras las elecciones de febrero de 1936 carecía de “legitimidad de origen” porque “medio centenar de votos fueron robados” en la comisión de actas del Congreso.

A pesar de que el golpe militar contra la Segunda República llevaba meses preparándose por parte de amplios sectores del Ejército y de la derecha autoritaria, y de que la represión se prolongó de forma sistemática durante décadas, el parlamentario de extrema derecha ha presentado el asesinato del dirigente monárquico José Calvo Sotelo como el “pistoletazo de salida” de la contienda y ha aseverado que en ambos bandos hubo víctimas, como las de “Paracuellos del Jarama”, recordando a quienes fueron “asesinados por las hordas rojas” para sostener, de este modo, que las leyes de memoria democrática ignoran a estos últimos.

Vox: “Están muy acostumbrados a sacar pecho por los asesinos”

En su segunda intervención, Rodríguez ha elevado el tono del debate, acusando a los socialistas de reivindicar a figuras históricas a las que ha considerado responsables de episodios violentos, entre quienes ha citado al fundador del PSOE y de UGT, Pablo Iglesias, o el exdirigente socialista Francisco Largo Caballero, a quien ha señalado como “uno de los máximos responsables de llegar a la guerra civil por sus declaraciones incendiarias, por su participación en la Revolución de Asturias y, por supuestísimo, en la represión que se produjo en el bando republicano durante los primeros meses de la guerra civil”. “Ustedes están, por lo que veo, muy acostumbrados a sacar pecho por los asesinos”, ha espetado.

El diputado ha finalizado mostrando en el hemiciclo una fotografía de su bisabuelo, quien -según ha explicado- fue maître del Hotel Ritz Barcelona. “Lo fueron a sacar una noche de su casa y le pegaron un tiro”. “Y este es su hijo, mi tío Salvador”, ha continuado exhibiendo otra imagen: “19 años y sin ninguna participación política de ningún tipo. Su cuerpo debe de estar todavía en alguna cuneta, porque no lo hemos recuperado”. “¿Y cómo se creen que me siento yo como víctima cuando ustedes hacen actos de reconocimiento, estatuas y le ponen calles a Lluís Companys?”, ha abundado, calificando de “asesino” al expresidente de la Generalitat de Catalunya y considerándolo “responsable de los asesinatos de mis familiares”.

“En el fondo, lo único que quieren ustedes es blanquear al partido del que son ustedes directamente herederos. Porque aquí no hay ni falangistas, ni carlistas, ni ningún participante en el bando nacional de la guerra civil”, ha manifestado, para terminar tachando de “asesinos” a “todos los responsables de la barbarie roja en la retaguardia republicana, mayoritariamente socialista”.

Tras las palabras de Rodríguez, Negueruela ha tomado la palabra para reprobar las palabras de Rodríguez e invocar el reglamento de la Cámara. “Le recuerdo unas palabras suyas en la Junta de Portavoces de la semana pasada” -ha señalado dirigiéndose al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox)- “en la que usted nos dijo a todos que no toleraría según qué comentarios dirigidos a grupos o a partidos”.

“Decir que el Partido Socialista es un partido de asesinos es una falsedad histórica. Es una falsedad propia de una persona que no tiene el más mínimo respeto y que se cree superior al resto de las personas que forman parte de esta Cámara”, ha proseguido el portavoz del PSIB, quien ha emplazado a Le Senne -quien se encuentra pendiente de ser juzgado por un delito de odio por romper en pleno hemiciclo la fotografía de tres víctimas del franquismo- a retirar las acusaciones vertidas por Rodríguez. El máximo responsable de la Cámara legislativa no ha accedido a ello.

El PP reivindica las víctimas del bando franquista

Por parte del PP, la diputada Cristina Gil ha mostrado su apoyo a la iniciativa de Vox al considerar que la ley de memoria “no une, sino que separa y enfrenta”. “La memoria es individual y ninguna ley, salvo en las dictaduras más abyectas, se puede imponer”, ha argumentado, acusando a la izquierda de obviar la memoria de las víctimas que no comulgan con su ideología. “¿Son víctimas de segunda? ¿Son nombres sin memoria?”, se ha preguntado. “Bajo el pretexto de una ley que sí que es cierto que podía ser justa en su inicio se ha llevado a cabo una verdad oficial, la del lado bueno de la historia que repiten ustedes a modo de mantra marxista”, ha sostenido, para acto seguido deslizar que la normativa memorialista nunca ha sido una “prioridad” para su partido. Para el PP, ha aseverado, la verdaderamente importante, y que por lo tanto la que sí seguirá vigente, es la ley de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo -más conocida como la 'ley de fosas'-, aprobada por unanimidad en 2016.

Se trata de una norma que ha permitido recuperar los restos de más de 280 víctimas del franquismo -de las que han sido identificadas más de 50- que fueron asesinadas de forma violenta y enterradas la mayoría de ellas de forma clandestina en hoyos excavados dentro y fuera de los cementerios. Los investigadores apuntan a que otras personas fueron lanzadas a pozos y simas. Se estima, con todo, que más de 1.700 víctimas continúan desaparecidas a lo largo del territorio balear.

Tras la intervención de la diputada conservadora, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha respondido que la memoria “no es una cuestión individual”. “La memoria se construye como un hecho social y colectivo, y en este país, durante cuarenta años se intentó construir una memoria de buenos y de malos en la que se culpó sistemáticamente a las personas derrotadas del bando republicano. Y ustedes no pueden entender que no solo hace falta recuperar los cuerpos de las personas que fueron asesinadas y torturadas durante la guerra civil, sea cual sea su bando. Hace falta recuperar la memoria de todas las personas que durante 40 años lucharon por la libertad”.

Tras la votación, los diputados de Vox han aplaudido mientras los del PP, pese a respaldar la eliminación, permanecían en silencio, lo que ha llevado a algunos diputados de izquierdas a calificarles de “cobardes” desde su bancada. “¿No aplaudís ahora?”, han proferido. Entre los diputados de la extrema derecha han primado los abrazos y las caras de alegría, primero desde sus escaños y después en los pasillos del Parlament, donde se han encontrado con el diputado en el Congreso Jorge Campos, quien ha seguido el debate desde la tribuna de invitados. El propio Campos le ha tendido la mano a Prohens, quien le ha correspondido con un apretón. Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, le ha dado dos besos a la presidenta balear, mientras que el diputado Sergio Rodríguez ha estrechado la mano al líder parlamentario de los populares, Sebastià Sagreras.

En un momento dado, la presidenta de la entidadad Memòria de Mallorca se ha acercado a Prohens, en cuya mesa ha depositado un pañuelo con las insignias “Justicia, reparación y no repetición”, uno de los lemas del movimiento memorialista. El gesto, silencioso y breve, ha servido como símbolo de protesta de las víctimas frente a la derogación de la ley. La presidenta del Govern, sin embargo, ha recogido de inmediato la pieza y la ha guardado en el bolsillo.

Hitos de la ley de memoria

Entre otros hitos, la ley balear de memoria democrática ha permitido delimitar y ampliar la consideración de víctimas de la guerra civil y la dictadura: no solo ha posibilitado reconocer a personas represaliadas directamente, sino también a organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o colectivos LGTBI, además de víctimas de bombardeos, bebés robados o personas perseguidas por motivos ideológicos.

Bajo el amparo de esta normativa también se declaró la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones dictadas por razones políticas en causas penales, civiles o administrativas durante la dictadura en las islas, una medida simbólica destinada a reparar jurídicamente a quienes fueron condenados por tribunales franquistas. La ley también introdujo medidas en el ámbito educativo para garantizar la transmisión de este periodo histórico a las nuevas generaciones. Entre otras disposiciones, establecía la incorporación de la memoria democrática en los currículos escolares, el impulso de programas pedagógicos sobre el conflicto bélico y el régimen franquista, así como actividades de investigación y divulgación en colaboración con centros educativos y universidades.

Mientras tanto, al socaire de esta norma fueron creados los Espacios e itinerarios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos como nueva figura de protección en el archipiélago, fue declarado el 29 de octubre como fecha simbólica de recuerdo y reivindicación de los valores democráticos y la lucha por la libertad, y fue confeccionado un censo de símbolos y menciones franquistas.