El Ayuntamiento del municipio alavés de Baños de Ebro, uno de los dos únicos de Euskadi en los que gobierna el PP, ha tapado con una tabla de madera una inscripción franquista situada en un edificio de titularidad municipal. La Delegación del Gobierno de España en Euskadi ha calificado la solución de “burda” y ha criticado que es “una vergüenza”. La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática incluyó la inscripción, en la que se podía leer 'Caídos por Dios y por España', en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, al considerar que se trata de “una exaltación de la sublevación militar y de la dictadura franquista”.

El alcalde de Baños de Ebro, Francisco Javier García, se negó el pasado año a retirar el lema franquista. “Está ahí. No molesta a nadie. Se acabó. Si me obligan... No sé de qué manera lo pueden hacer. Por propia iniciativa no quitaré algo que lleva toda la vida en el pueblo”, dijo en el verano de 2025. Antes, en marzo, el PSE-EE de Rioja Alavesa había denunciado la persistencia de este “vestigio franquista”.

Ya en 2026, en julio, el Ayuntamiento de Baños de Ebro anunció que cumpliría el requerimiento del Estado, cubriendo la placa. Alegó que un informe técnico apuntaba a que “la retirada íntegra de la placa podría afectar a la estructura del inmueble y provocar la aparición de grietas u otros daños en el edificio”, de modo que la opción “más adecuada” era cubrirla. “De este modo, se garantizará tanto el cumplimiento del requerimiento como la conservación del edificio”, se escudaba el PP en una nota.

En cualquier caso, la resolución ya subrayaba que había que retirarla por completo, porque es posible hacerlo sin que con ello se comprometa la integridad estructural del edificio. Desde la Delegación del Gobierno en Euskadi, se explica que no es necesario retirar el dintel, sino que basta con borrar la inscripción, algo que es posible porque ya se ha hecho en otros lugares, como las catedrales de Murcia y Almería. Se incide, además, en que no concurren razones de protección ni artística ni arquitectónica. El Estado dio tres meses de plazo, que vencían ahora.

La solución adoptada por el Ayuntamiento —ha señalado la delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia— es “burda”. “Es una vergüenza que en absoluto cumple con lo que dicta la ley de Memoria Democrática”, se ha quejado. “Insto al Ayuntamiento de Baños de Ebro a que cumpla con la ley a la mayor brevedad posible, sin subterfugios y ateniéndose de forma estricta a la norma democrática”, ha recalcado la delegada, para añadir que el alcalde tiene “nula sensibilidad y empatía”.

La Pilastra, asociación que vela por la memoria y la cultura democrática y que ya había denunciado en repetidas ocasiones la existencia de la inscripción franquista, ha tachado de “burla” y de “desprecio a las víctimas del franquismo y sus familias” la decisión adoptada por el PP. “El alcalde del PP de la localidad riojanoalavesa pretende disimular 40 años de crímenes y represión franquista con un 'aquí nunca pasó nada' de manual”, se ha quejado la asociación en una nota de prensa. “El hecho de pretender tapar una glorificación del alzamiento franquista con un trozo de madera es una suerte de caricatura y un signo de los tiempos, en el que la derecha radical y la ultraderecha de este país tratan de guardar las apariencias, obligados por la ley y las circunstancias, pero aguardan la ocasión propicia para imponer sus verdaderas intenciones”, añaden.

La asociación ha vuelto a exigir al primer edil que retire “definitivamente” la inscripción y cumpla con la ley de Memoria Democrática. “Por mucho que intenten ocultar esa inscripción, la historia sigue ahí. No se puede esconder lo que pasó ni borrar el sufrimiento de miles de personas y familias que fueron víctimas del franquismo”, apostillan.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento (CC y PP) prepara un nuevo recurso contra la orden de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que exige retirar el monumentol dictador Francisco Franco situado en la capital isleña, al considerar que existen argumentos legales para mantenerlo por sus posibles valores artísticos. Cabe recordar que dichos supuestos valores han sido negados en más de una ocasión por diferentes comités de expertos y por ambas universidades públicas canarias y que solo un estudio sí reconocía esos valores, pero obviaba precisamente los valores franquistas del conjunto.

El propio Gobierno de Canarias concluyó el pasado agosto que la obra no puede ser catalogada como Bien de Interés Cultural, tras los dictámenes desfavorables de los órganos técnicos y del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias. Por otro lado, la justicia tampoco ha dado la razón a Bermúdez, ya que ha rechazado los recursos interpuestos contra la decisión de no catalogar como BIC la obra.

Pese a ello, el alcalde se aferra, una vez más, a los supuestos valores artísticos del monumento. Alega que la legislación de memoria democrática contempla la posibilidad de proteger elementos de estas características cuando concurran valores artísticos que deban ser ponderados por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico. Es decir, ignorar los múltiples informes que niegan un valor artístico y fiarlo todo a un informe que haga el propio Ayuntamiento.

“¿Qué estoy pidiendo? Que se aplique la ley. No que no se aplique la ley. Que se aplique la ley como la ley está escrita”, ha afirmado Bermúdez, quien ha sostenido que determinados artículos de la norma deben tenerse en cuenta al valorar el futuro del monumento.

El regidor ha insistido en que su posición no supone rechazar la aplicación de la legislación vigente, sino defender que se tengan en cuenta todas sus disposiciones, incluidas las relativas a la protección patrimonial.

El Ayuntamiento trabaja en la preparación del recurso, que aún no ha sido presentado, según ha indicado Bermúdez, que no ha explicado cuánto dinero de los contribuyentes ha invertido ya para intentar mantener en las calles de Santa Cruz de Tenerife una escultura en homenaje a un dictador.

El plan del franquismo parecía infalible sobre el papel: segregar por sexo las aulas, adoctrinar en valores religiosos y nacionalcatólicos y preparar a las niñas para convertirlas en “buenas esposas y madres” de la Nueva España. Eran los objetivos de la primera Ley de Educación Primaria de la dictadura franquista, aprobada en 1945, pero la imposición autoritaria desencadenó el efecto contrario, según concluye una reciente investigación: las mujeres expuestas a este plan escolar no tuvieron menos probabilidades de ser madres, pero sí acabaron teniendo menos hijos.

Es la conclusión del artículo ¿Educadas para ser madres? Reforma escolar y reacción demográfica, publicado en la plataforma de economistas CESifo. El estudio analiza qué consecuencias pudo tener esta legislación franquista en las decisiones de maternidad de las mujeres sobre las que fue aplicada y apunta a que “tuvo un efecto contraproducente y provocó una reducción de la fertilidad”. La ley fue parte de la agenda de Franco para fomentar la natalidad tras la Guerra Civil y cumplir con la máxima fascista de traer hijos al mundo para contribuir a la patria.

El trabajo es, de momento, un working paper, lo que significa que aún no ha sido revisado por pares, pero sus autores llevan meses presentándolo ante decenas de investigadores en varias universidades, entre ellas la King's College de Londres. “Los resultados apuntan a los riesgos de utilizar la educación como vehículo para la ingeniería ideológica y ofrecen una advertencia para las políticas que intentan aumentar la natalidad promoviendo una vuelta a los roles familiares tradicionales”, afirma Gema Lax Martínez, investigadora de Economía de la Universidad de Padova y coautora del estudio junto a Marco Le Moglie y Matteo Sandi, de la Universidad Católica de Milán.

La reforma evaluada fue promulgada por el régimen franquista en 1945 y establecía que la formación específica de las mujeres como esposas, madres y educadoras de sus hijos debía empezar desde que eran pequeñas: entonces, la enseñanza primaria iba desde los seis a los 15 años. La Sección Femenina de Falange y la Iglesia Católica vieron con buenos ojos la nueva legislación, que se basaba en la instrucción religiosa, el “espíritu nacional”, la imposición del español y un plan específico para las niñas centrado en el hogar, labores manuales y actividades domésticas. La anterior, de la época republicana, promovía un sistema mixto, laico y bilingüe.

El estudio compara qué decisiones de fertilidad tomaron las mujeres nacidas en tres momentos distintos: en la década de 1920, que acabaron la primaria antes de la reforma, en 1930, que estudiaron solo algunos años bajo la legislación franquista y las nacidas entre 1939 y 1950, que cursaron el ciclo completo. Los resultados muestran que estas últimas niñas tuvieron la misma probabilidad de ser madres en la adultez que las primeras, pero tuvieron menos hijos: en concreto, una de las fuentes de datos usadas registra una caída del 12% respecto a la media de quienes no 'sufrieron' la reforma franquista.

Según detalla el artículo, al analizar la evolución año a año, el efecto negativo sobre el número de hijos “comienza a manifestarse” a partir de la cohorte nacida en 1932, que tenían 13 años cuando se aprobó la nueva ley y estuvieron unos tres años bajo la misma. La reducción en la fecundidad va intensificándose “gradualmente” a medida que aumenta el número de años que las chicas pasaron dentro del nuevo sistema, que “redujo significativamente” el número de hijos tanto en las “mujeres expuestas parcialmente como totalmente”.

El análisis combina tres fuentes: encuestas del CIS sobre número de hijos y opiniones personales, los censos de entre 1991 y 2011 y los registros históricos de nacimientos por capital de provincia y en el resto de la provincia entre 1930 y 1979 del Instituto Nacional de Estadística. Esta última fuente permite comprobar que el patrón individual “también se aprecia” de forma agregada: aquellas zonas con mayor concentración de niñas expuestas a la reforma experimentaron una reducción mayor en el número de nacimientos. Según el trabajo, el aumento de un punto porcentual en la población femenina en esa edad “conlleva” una disminución de 460 nacimientos.

¿Y si hubo otros factores?

La investigación lleva a cabo varios filtros para “comprobar” que los resultados no se deben a otros motivos, pero, como cualquier otro trabajo científico, está ahora abierta a debate y aportaciones de otros investigadores. Libertad González, economista experta en trabajo y salud de la Universitat Pompeu Fabra, considera que es “serio, riguroso y muy trabajado”, pero considera que “no se pueden excluir por completo” otros factores que “también pudieron afectar a las decisiones de formación familiar de las cohortes analizadas”.

Por su parte, Toni Rodon, politólogo de la misma universidad, sostiene que el diseño del artículo “es adecuado”, los resultados son “robustos” y en conjunto el trabajo “es convincente” aunque pueda mejorar en el proceso de revisión, algo que pasa “frecuentemente”. A su juicio, ninguna investigación “logra excluir del todo otros factores, pero incluso si los hubiera, el sesgo que crearía raramente sería tan grande” como para alterar las conclusiones.

Para intentar despejar las dudas, los autores aislan varios elementos: descartan el impacto de la Guerra Civil, el hecho de que las provincias más afectadas fueran más progresistas —han evaluado el voto al PSOE en 1931— o si en ellas había más bodas, entonces considerado el paso previo a tener hijos. Sin embargo, unas y otras zonas “no presentan diferencias significativas”. Además, el impacto solo se observa en las niñas y no en los niños de las mismas edades y mismas provincias y, por otro lado, en los cinco años anteriores a la entrada en vigor de la reforma franquista no había esta variabilidad en los nacimientos en estas zonas.

Según el trabajo, las conclusiones se mantienen también al tener en cuenta las distintas tasas de incorporación de las mujeres al empleo o las diferencias económicas previas entre provincias. Todo ello lleva a los autores a afirmar que “en conjunto, las pruebas refuerzan la interpretación de que el patrón observado está relacionado con la ley educativa de 1945”.

Para “disipar” que se deba solo a dinámicas generacionales o a tendencias “más amplias” que afectaron a los países del Sur de Europa en ese periodo, los investigadores hacen una comparación con Portugal, país que consideran equiparable por su proximidad geográfica, tradición católica y sometimiento a un régimen autoritario. En este caso, las mujeres de las mismas cohortes no mostraron cambios significativos en sus decisiones de fecundidad. “Si se tratara de únicamente de una caída histórica nacional, esta debería afectar de manera similar a todo el país, pero los nacimientos disminuyen en las zonas donde había más niñas expuestas”, aclara Lax Martínez.

Paralelamente, el artículo analiza las opiniones de las mujeres sobre distintos temas recogidas por el CIS y concluye que las que estuvieron más expuestas a la reforma educativa de Franco apoyaban más la igualdad en el hogar y el reparto de tareas, valoraban más el trabajo fuera de casa y daban menos importancia a tener hijos como parte esencial de la vida. Con todo, el estudio admite limitaciones sobre estos datos y asegura que deben interpretarse “con cautela” pero los considera un “indicio” más para llegar a la misma conclusión.

Chicos y chicas muy jóvenes entonando el 'Cara al sol', haciendo el saludo fascista o con banderas franquistas. Es una de las imágenes que dejó la Fiesta Nacional de este 12 de octubre, con grupos ultras intentando entrar a la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol. Los ataques, entre insultos a Pedro Sánchez y gritos de “rojo que veo, rojo que pateo”, acabaron con cinco detenidos. Una escena que abre interrogantes sobre qué está llevando a parte de esta generación a enarbolar la simbología que sostuvo la dictadura hace ya más de medio siglo.

Las respuestas no son simples y el fenómeno lleva tiempo bajo la lupa de los investigadores en un contexto de ascenso de la extrema derecha, malestar creciente y difusión del discurso ultra en redes sociales. “No podemos asumir que todos estos jóvenes son franquistas convencidos ni tampoco trivializarlo”, sostiene la politóloga Anna López Ortega, para la que coexisten diferentes “motivaciones”: “Algunos tienen un convencimiento ideológico profundo de ideas autoritarias, pero para otros funciona como una forma de pertenencia o como expresión de la transgresión. La rebeldía se ha vuelto de derechas”.

Más allá de las razones, la autora de La extrema derecha en Europa (Tirant Humanidades) apunta a varios factores que favorecen imágenes como las del domingo: por un lado, el “desconocimiento histórico”, el hecho de que estos jóvenes “no hayan vivido ni experimentado lo que significa una dictadura” ni su realidad y consecuencias “se les hayan transmitido suficientemente”. Por otro, la “resignificación” de este tipo de símbolos, algo que “ha hecho de forma muy hábil la extrema derecha” para presentarlos como “rebeldía o un desafío al supuesto orden establecido”.

Nada de ello es posible sin el tercer elemento, según la experta: la “normalización” política y cultural de los discursos ultra. López Ortega señala que este tipo de mensajes “no nacen de la nada” sino que “encuentran eco” cuando partidos políticos como Vox “relativizan la dictadura, cuestionan consensos democráticos o presentan la memoria histórica como una imposición ideológica”. “Cuando el fascismo se presenta como una broma o un chiste, deja de percibirse como una amenaza a las libertades”, agrega.

Esta “normalización” del franquismo de la que advierten expertos y estudios no es ajena a los datos. Según el CIS publicado a las puertas del 50 aniversario de la muerte de Franco, el 19% de quienes tienen entre 18 y 24 años consideran que los años de la dictadura fueron “buenos” o “muy buenos”, la franja en la que más gente comparte esta opinión por debajo de los 44 años. Aun así, el grado de acuerdo asciende a partir de esa edad y el pico está en el 25% de los mayores de 75 años. Con todo, la variable género es determinante: entre los chicos más jóvenes, la cifra es del 29,7% y cae al 8,7% entre las chicas.

Desde el Consejo de la Juventud de España insisten en que lo ocurrido el 12 de octubre “no puede convertirse en la imagen de la juventud” y aluden a que la simpatía por posiciones reaccionarias “es minoritaria”, en palabras de la presidenta, Sara Villodre. Al mismo tiempo, pone el foco en el “auge de extremismos” como una tendencia que “atraviesa a todas las generaciones y a nivel global” y llama a “afrontarlo colectivamente”. “El problema no es una generación concreta, sino las condiciones sociales y educativas que dejan espacio a estos discursos. Los jóvenes no se polarizan por naturaleza ni son más propensos al odio, pero sí están más expuestas a entornos que lo normalizan”, añade.

“Asistimos a una normalización del fascismo y los jóvenes son un reflejo de lo que hacen los adultos, por lo que es normal que una parte caiga en estos relatos”, coincide el periodista especializado en extrema derecha Miquel Ramos. El experto cree además que el “señalamiento” de la acampada por parte de la derecha ha legitimado a los ultras a acudir a Sol. Dos días antes del 12-O, Ayuso llamó “terroristas” a los acampados y lleva semanas intentando forzar su desalojo, presentando la protesta como un problema de orden público. El 3 de octubre, miembros de Núcleo Nacional ya intentaron entrar en la acampada.

Conectar con los malestares

El marco en el que todo esto ocurre es el de un “desplazamiento progresivo hacia la derecha” de los más jóvenes, dice el director de investigación de opinión pública de Ipsos España, Paco Camas. Aunque según el último CIS, el voto a Vox de los hombres que tienen entre 18 y 24 años ha caído con respecto al pico de hace un año, el partido de Santiago Abascal sigue teniendo amplio respaldo. “Los jóvenes nunca han sido tan de derechas y eso puede llegar a traducirse en actitudes reaccionarias”, analiza el especialista.

La brecha de género entre simpatizantes o posibles votantes jóvenes es una realidad, pero según López Ortega “en el último año se observa que algunos discursos empiezan a calar entre ellas también”, algo que, asegura, “debemos seguir observando e investigando”. “No podemos confundir una imagen de una manifestación con la fotografía general de la juventud ni convertirlo en un estereotipo: ni todos los chicos son reaccionarias ni todas las chicas son inmunes a la extrema derecha”.

Con todo, las voces expertas consultadas creen que es clave cómo la ultraderecha “ofrece soluciones sencillas a problemas complejos” y conecta con “malestares juveniles” como la sensación de crisis, la escasez de expectativas ante el futuro o la idea de sentirse agraviados por el feminismo. Por eso, más que una deriva nostálgica, el franquismo puede llegar a presentarse como un ideal de “orden y seguridad” prometidos frente a una democracia “que no resuelve sus problemas”. “La derecha es muy eficaz transformando frustraciones en resentimiento mediante la construcción de enemigos”, afirma la politóloga.

Si hay un lugar en el que estos discursos proliferan son los entornos digitales, donde están “emergiendo y consolidándose” las narrativas franquistas, de acuerdo con el artículo Nostalgia Pop: Análisis de la representación del franquismo en TikTok, publicado en la revista Historia y Comunicación Social. El trabajo destaca cómo los perfiles que crean estos mensajes son mayoritariamente anónimos y se “camuflan” dentro del propio lenguaje de la plataforma: a través de memes, música y referencias virales en clave de entretenimiento y humor.

Además, dado que la audiencia joven no vivió la dictadura, la investigación alude a que no suelen mostrarse relatos ni recuerdos individuales de la época, pero sí se construye “una memoria colectiva” basada en la repetición de símbolos “socialmente legitimados” como la bandera del águila o la carlista y el 'Cara al sol'. “Los principales canales de infección reaccionaria de los jóvenes son los adultos, ya sean familiares, medios o redes sociales, en los que el fascismo se siente impune y los propietarios de plataformas no tienen ningún compromiso en este sentido. Hay un ecosistema tóxico del que la juventud es receptora”, concluye Ramos.

Gráficos elaborados por Yuly Jara.

Un informe para Francisco Franco de 1935 titulado Información practicada en las Islas Canarias evidencia que en 1935, antes de ser nombrado capitán general de Canarias, ya se interesó por la situación del espionaje en el archipiélago y conocía su situación.

El historiador Ángel Viñas transcribe este documento y realiza varias interpretaciones sobre el mismo, entre las que concluye que el dictador también sabía entonces de “la facilidad con que cabría neutralizar al personal militar (y en parte civil) cuando se produjera el golpe contra el gobierno republicano si no se adherían a él”.

De abril de 1935 a febrero de 1936 el general Francisco Franco ocupó el puesto número 2 en las Fuerzas Armadas republicanas. Fue en marzo de 1936 cuando llegó a Tenerife.

El informe fue realizado por un colaborador de la SSE (bajo la sigla B-32) elevó a la Superioridad el 30 de diciembre de 1935. Lo hizo tras un viaje que duró la mayor parte del mes, del 4 al día 20, bajo el título Información practicada en las Islas Canarias. Lo elevó a la Superioridad el 30 de diciembre. “Es altamente verosímil que cuando se destinó a Franco a Canarias lo llevara consigo. Que yo sepa tal información no es conocida en la literatura”, explica Viñas.

En el informe se destaca cómo era la actividad del espionaje británico, el nazi y el francés en las Islas. “Nos hallamos ante un archipiélago cuyas costas están desprovistas de toda vigilancia y donde la Guardia Civil tiene que ser casi completamente insuficiente para con su misión propia ya que la diseminación de los pueblos probablemente no tiene comparación con cualquier otra región española”, destaca el informador según ese documento.

Asimismo, se apunta que en consecuencia: las Islas tienen “terreno abonado para el espionaje, que si bien lo han de llevar a cabo con el fin de conocerse estas naciones sus movimientos podrán tener además un fin que nos interesa vivamente”.

El informe apunta también como datos relevantes que “en Tenerife nos encontramos con que la fábrica de fluido eléctrico se halla en manos de los ingleses y la de gas de los alemanes cuyo director el Sr. Blassberg es el jefe del Partido Nazi en Santa Cruz y además tiene un hijo empleado en el Consulado alemán” o detalla aquellos lugares que frecuentaban los alemanes, tanto en Tenerife como en Gran Canaria.

Otro caso llamativo es el caso en el que se expone una vivienda con “inscripciones comunistas”. “En el pueblo de Telde (Gran Canaria) existe una casita con la hoz y el martillo en la puerta y gran número de inscripciones comunistas en el interior; la habita una alemana llamada ELSA WOLFF casada con un cartero natural del país. En cierta ocasión se le hizo un registro encontrándose gran número de propaganda y documentación comunista y hasta una máquina multicopista y nada se hizo ¡era extranjera!”, relata el informe.

Sobre el espionaje británico pone el ejemplo de que cerca de Orotava “existe un chalet, ocupado por el conocido Doctor Burchard, del que ya se tiene conocimiento en este servicio. Se le supone espía y se sabe que cuando la Gran Guerra aprovisionaba submarinos y que un buen día en uno de ellos se fue a Alemania” además de otros ejemplos.

Viñas subraya que “el agente debió seguir instrucciones especiales porque fue a Canarias desde Madrid. Tuvo contacto con supuestos ejemplos del mismo en las islas” y que “el foco se centró en el espionaje extranjero en las Islas Canarias a finales de 1935. El estilo es muy cuidado en cuanto al contenido. Nunca se utiliza una terminología clara. Sin embargo, tres son los focos de atención: el espionaje británico, el nazi y el francés, este en una posición muy alejada de los dos primeros. Las referencias al soviético se hacen esperar pero evidentemente el autor les dedicó mucha de su atención”. 

Los nazis quisieron convertirlo en el “centro del mundo”. El castillo de Wewelsburg, al oeste de Alemania, fue transformado por Heinrich Himmler en un lugar de culto para las SS a partir de 1934. Décadas después, la democracia alemana tuvo que decidir qué hacer con aquel espacio cargado de significado. Y en 2006 optó por no eludir lo ocurrido: lo convirtió en un museo sobre el terror de las SS y en un homenaje a sus víctimas. La torre más polémica, la Sala de los Generales, fue reabierta al público como lugar de reflexión, donde se decidió mantener en su suelo de mármol el llamado Sol Negro. En torno a él se colocaron varios puffs de color naranja que descentralizan la presencia de este símbolo usado por la extrema derecha.

El ejemplo alemán es uno de los que suele citarse cuando se habla de intervención crítica en los monumentos fascistas. Una posibilidad que se aleja de la disyuntiva que suele dominar el debate en España: retirar los elementos vinculados al franquismo o conservarlos tal y como están. La primera opción es la apuesta de la Ley de Memoria Democrática y por eso en lo que va de 2026 el Gobierno ha ordenado la eliminación de 16 vestigios diseminados por todo el territorio. Pero, ¿y si hubiera otra opción?

“Hay una vía intermedia entre el conservarlos, que es lo que propone la derecha y la extrema derecha, y la eliminación total. Dejarlos como están solo sirve al mensaje y la propaganda de quién los creó, pero quitarlos crea un espacio aséptico y un vacío para las actuales y futuras generaciones. Tenemos la capacidad técnica y democrática de reconvertir estos monumentos en lugares de aprendizaje, de darles la vuelta y que propongan una reflexión colectiva sin que transmitan su pecado original”, apunta Jordi Guixé, director del Observatorio Europeo de Memorias y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (UB).

El debate está abierto y hay voces que se manifiestan en esta línea y apuestan por abrir otras posibilidades. Porque las leyes de memoria, tanto de 2007 como la actual, de 2022, obliga a la retirada del espacio público de todos los elementos que exalten la Guerra Civil o la dictadura, con la única excepción de que “concurran razones artísticas o arquitectónicas”. Aún así, permanecen en España miles de símbolos de exaltación franquista que no cumplen la legislación vigente.

Con todo, el adelanto electoral del 29 de noviembre deja en el aire qué ocurrirá con los vestigios si hay un cambio de Gobierno. La posición de PP y Vox es clara y suele basarse en defender los elementos tal cual están bajo el argumento de supuestos valores históricos, patrimoniales o artísticos. En Madahonda, por ejemplo, el Ayuntamiento popular se ha puesto de perfil ante la orden de retirada del monumento a los rumanos fascistas, y en Cáceres, la Junta de Extremadura (PP y Vox) ha iniciado el expediente para declarar BIC la Cruz de los Caídos e intentar así evitar su eliminación.

Modificar y explicar el monumento

El arqueólogo Alfredo González Ruibal, que acaba de publicar País en ruinas. Historias enterradas de la España franquista (1939-1975), defiende estudiar cada caso. “Hay elementos que pueden ser retirados y almacenados o expuestos en museos como evidencia material de la dictadura y otros que tendrían que ser contextualizados e intervenidos. Ser transformados para que se conviertan en lugares incómodos para quienes exaltan el franquismo y que sigan estando ahí para que recordemos que esto existió. Eliminarlos del paisaje no deja de ser borrar la huella de un crimen”, explica.

Es lo que se ha decidido hacer con el Valle de Cuelgamuros, a pesar de las dudas que despierta entre los expertos el proyecto finalmente elegido y que ahora se enfrenta además a un futuro incierto tras el 29N. También con el monumento a los caídos de Pamplona, el segundo más grande del país, que el Ayuntamiento pretende convertir en un museo-memorial de recuperación de la memoria histórica y de condena del fascismo. En ambos casos se ha hecho a través de un concurso de ideas.

Jordi Guixé defiende que la clave para intervenir en estos vestigios es primero conocerlos y profundizar en su historia, escuchar a todos los actores implicados —desde Administraciones hasta la sociedad civil— y diseñar una intervención multidisciplinar. Su equipo ha aplicado este enfoque a varios monumentos, entre ellos el de la batalla del Ebro en Tortosa, inaugurado por Franco en 1966 y con sus más de 30 metros de altura aún en pie en medio del río. Tras décadas de debate, el Ayuntamiento apuesta por retirarlo, pero un proceso judicial mantiene la decisión en el aire.

La alternativa diseñada por Guixé y la profesora de Bellas Artes Núria Ricart mantiene la pilastra sobre la que se erige y propone convertir el monumento en “puente de la memoria”. La idea es “deconstruirlo” para generar un nuevo espacio horizontal que, además de funcionar como lugar de paso, incorpore elementos sobre qué fue la batalla del Ebro, qué significó la victoria franquista y qué uso propagandístico hizo. Los dos símbolos que permanecen a día de hoy —el águila y el hombre con la estrella— se mantendrían y se explicarían en un acristalado bajo el puente.

“Deben ser intervenciones materiales, artísticas y arquitectónicas, pero sobre todo debe haber un programa pedagógico, una explicación histórica sobre el monumento y lo que significó, una dignificación del espacio y una reparación de las víctimas”, afirma Guixé, que apunta a la “posibilidad de aprender del pasado” que puede ofrecer el patrimonio. Y más aún en un momento de expansión de la Inteligencia Artificial, cuando “la materialidad” para demostrar lo ocurrido históricamente “es más importante que nunca”, añade el experto, para el que lo importante es evitar “soluciones homogéneas” y apuesta por estudiar cada caso sin “retirarlo todo ni conservarlo todo”.

El riesgo de poner una placa

Entre quienes están a favor de no retirar, también hay posiciones matizadas. Ruibal, de hecho, huye de la palabra “resignificación”, habitualmente usada para definir el proceso. “Da la sensación de que hay que cambiar el significado del monumento, de exaltación de la dictadura a monumento por la paz y la democracia, y creo que no, que hay que dejar claro que es un monumento franquista”. El arqueólogo reconoce que es complejo convertir “un hito de celebración” de la dictadura en otra cosa que elimine “su función propagandística”, pero apela a “hacer un esfuerzo”, evitar respuestas automáticas y gestionar el patrimonio “con imaginación”.

Por eso el experto considera un error aquellas actuaciones que tienden a ser superficiales y se limitan a poner una placa o panel explicativo. En su opinión, esto entraña dos riesgos: por un lado, que estos elementos “pasen desapercibidos” y por otro, que puedan ser eliminados cuando cambia el signo político del Gobierno. “Sin una intervención que altere el monumento para neutralizar su función original, sirve de poco”, añade.

Este es uno de los motivos que lleva al historiador del arte e investigador de la UNED, Daniel Palacios, a oponerse a la resignificación, que, en su opinión, “nunca puede ser una solución para un monumento fascista”. El experto pone el foco en el contexto actual y advierte de que, con el auge de la ultraderecha, las organizaciones “neofascistas y conservadoras” pueden tener “a su disposición” estos monumentos sin retirar de los que “simplemente” podrán eliminar las placas o instalaciones artísticas.

Pero, además, Palacios va todavía más allá: “Hacerlos desaparecer es la única apuesta democrática”, dice el coautor de ¿Quién tiene derecho al monumento? (Katakrak). A su juicio, la resignificación “es una verdadera trampa” que, en la práctica, acaba asegurando su conservación “bajo un presupuesto que se ha demostrado falso en gran cantidad de estudios de que conocer las violencias del pasado garantiza que no vuelvan en el presente”. Para Palacios, el efecto de la intervención en los monumentos es que “se despolitiza el conflicto, se revictimiza a quien sufrió el agravio y se radicaliza al heredero del perpetrador”.

Contrarias a la resignificación suelen ser también las asociaciones de víctimas de la dictadura, entre ellas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuyo presidente, Emilio Silva, asegura que mantener estos monumentos es “una forma de maltrato a las víctimas” porque fueron construidos “para humillarlas”. Daniel Rico, historiador del arte, es de los que piensa que falta “voluntad política” y presupuesto para apostar por la resignificación. Y se pregunta: “Estos monumentos son un paisaje de poder y, como tal, esconden una historia de opresión. ¿Por qué no darle la vuelta a eso?”. El debate está servido.

El silenci del cementiri de Son Valentí s'ha omplert aquest dilluns de noms, absències i memòria. Un total de 225 víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista -onze d'elles identificades, les altres 214, no- han rebut sepultura al cementiri palmesà, on les seves restes, recuperades de fosses comunes després de dècades d'oblit, descansen ja al nou Columbari de la Dignitat. L'acte, organitzat pel Govern, ha posat rostre a un deute històric que continua obert a Balears enmig de la polèmica per la derogació de la llei de memòria democràtica i les crítiques de les associacions: Memòria de Mallorca denuncia que l'Executiu del PP no ha donat marge de decisió algun a l'entitat ni a les famílies de les víctimes en l'organització de l'esdeveniment i recrimina la forma en què els populars estan gestionant les polítiques de memòria.

L'acte, en el qual no ha estat present la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha estat marcat per l'emoció de les famílies que han pogut recuperar les restes dels seus éssers estimats, però també per la reivindicació d'aquells que fa anys que reclamen veritat, justícia i reparació. Després de dècades d'espera, moltes de les víctimes han comptat per fi amb un lloc on reposar i ser recordades.

La cerimònia ha reunit representants institucionals i ha posat el focus en el treball de recuperació i identificació de les víctimes, una tasca que durant anys va recaure en mans de les associacions i de les pròpies famílies. Les víctimes han estat dipositades en caixes de fusta individualitzades, amb les seves respectives plaques identificatives, en un espai que aspira a convertir-se en un lloc de memòria i de trobada per als seus familiars.

Entre els noms que s'han recordat durant l'acte figuren els d'Aurora Picornell, símbol de la repressió franquista a Mallorca; el seu pare, Gabriel Picornell Femenías, i el seu germà Gabriel Picornell Serra. També s'han esmentat Francesca Llull i la seva filla Francesca Salas Llull, Macià Salvà Coll i José Luis San Toribio del Castillo. Bartomeu Cabanellas, una altra de les persones identificades, roman provisionalment al columbari a l'espera que la seva família decideixi la seva destinació definitiva.

Durant l'acte, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha denunciat que les famílies, l'associació i la resta de membres de la Comissió Tècnica de Persones Desaparegudes i Fosses no han pogut participar com haurien volgut en l'elaboració i organització de la cerimònia. “Com a familiar de dues d'aquestes víctimes, i sense voler llevar protagonisme a aquest moment, permeteu-me que digui que no han pogut participar com haurien volgut en l'elaboració i organització d'aquest acte”, ha subratllat durant la seva intervenció. La representant memorialista ha lamentat que les famílies no hagin tingut el paper que els correspon en un procés que, ha defensat, ha de situar-les al centre.

Oliver ha insistit que la inauguració no pot entendre's com l'obertura d'un espai qualsevol, sinó com la restitució d'un dret que les víctimes del franquisme no han tingut fins fa poc i que moltes encara esperen: el de recuperar les seves restes i disposar d'un espai públic que preservi la seva memòria.

“Les exhumacions no acaben quan es troben les víctimes. Abans i després hi ha un llarg procés en el qual els familiars no han de ser uns actors més, sinó la seva raó de ser”, ha assenyalat. La presidenta de Memòria de Mallorca ha recordat que l'associació i les famílies han recorregut un llarg camí, en ocasions en soledat, per localitzar els desapareguts i aconseguir que les seves restes siguin recuperades. La dirigent memorialista ha reivindicat així mateix la dignitat de les víctimes davant les calúmnies i els insults que, ha denunciat, han sofert fins i tot després de mortes. “Van intentar arrabassar-los fins i tot la dignitat, però no ho han aconseguit”, ha afirmat. Oliver ha definit el columbari com la tornada a casa de les persones desaparegudes i ha dedicat unes paraules a qui encara no té una tomba i a les famílies que continuen esperant respostes.

Un espai per a les dones assassinades pel franquisme

Per la seva banda, l'arqueòleg Cesc Busquets, director de les excavacions dels plans de fosses del Govern i representant dels equips tècnics d'Aranzadi i Amics, ha reservat un missatge a les dones assassinades pels feixistes i que des d'aquest dilluns reposen al columbari, com les conegudes com a Roges del Molinar, entre les quals es troben Aurora Picornell i Belarmina González. També hi reposen les restes de Francesca Llull i la seva filla, així com tres de les cinc milicianes infermeres assassinades a Manacor el 5 de setembre de 1936.

Busquets ha explicat que les restes procedeixen de diferents intervencions realitzades a Mallorca, principalment de les grans exhumacions de Porreres i Son Coletes, però també d'actuacions en cementiris de Marratxí, Calvià, Llucmajor, Inca i Selva, així com del pou de s'Àguila i de llocs vinculats a la batalla de Mallorca d'agost i setembre de 1936. A Porreres es van recuperar almenys 114 víctimes i a Son Coletes, on es va intervenir entre 2018 i 2023, almenys 129. Busquets ha subratllat que Son Coletes, a Manacor, ha estat un dels principals escenaris de la repressió contra les dones a Mallorca.

L'arqueòleg ha recordat que els plans de fosses han permès exhumar 273 víctimes a Mallorca, de les aproximadament 850 de les quals es té constància que van ser assassinades o van morir durant la Guerra Civil i la repressió feixista. De les 225 persones que reposen ara al columbari, només 11 han pogut ser identificades, per la qual cosa en queden 214 pendents d'identificació.

El director de les excavacions ha advertit que el pas del temps dificulta cada vegada més les identificacions, a causa de la pèrdua de familiars de primera generació que puguin aportar mostres d'ADN i a les dificultats que presenta la conservació del material genètic en les restes òssies. Malgrat això, ha assegurat que els equips continuen treballant amb noves mostres, tècniques i col·laboracions per augmentar el nombre de persones identificades. “Sabem que anem tard i que el procés està tardant molt, massa”, ha reconegut Busquets, que ha agraït a les famílies la seva confiança i paciència i ha expressat el seu compromís de continuar treballant per posar nom a les persones desaparegudes.

“Recuperar unes restes és recuperar una persona”

En darrer lloc ha intervingut la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas, durant el discurs de la qual diversos membres del col·lectiu Aurora s'han girat en senyal de protesta per les polítiques de memòria del Govern. Estarellas ha assenyalat que la recuperació de les restes suposa molt més que una intervenció arqueològica. “Recuperar unes restes és recuperar una persona, un nom, una història i, sobretot, poder donar una resposta a una família”, ha afirmat. La consellera ha subratllat que els columbaris és “un lloc per a les víctimes, per a les persones que van perdre la vida assassinades durant la Guerra Civil i la repressió franquista, i també per a les seves famílies”.

“Entre els noms que avui hem escoltat hi ha els de la família Picornell, que recorden d'una manera especialment dura les conseqüències que pot arribar a tenir una guerra i la seva repressió”, ha assenyalat. La titular de Presidència ha convidat a no pensar únicament en cada víctima individual, sinó també en el buit que va deixar i en tot el que la violència i la repressió posterior van arrabassar a les seves famílies. La referència expressa a les víctimes de la repressió franquista ha estat un dels elements significatius del discurs d'Estarellas, la qual ha defensat que el nou espai representa una forma de reparació després de dècades de desaparicions i silenci. “No saber què ha passat amb una persona, i més amb una persona a qui estimem, és una de les formes més dures de sofriment”, ha assenyalat.

La titular de Presidència ha recordat que algunes famílies han rebut, després de molts anys, la trucada que els ha permès conèixer finalment el parador dels seus éssers estimats. “És una alegria difícil d'explicar, perquè és l'alegria de saber finalment on és aquesta persona estimada. Però també és el dolor de recordar, una vegada més, que va ser assassinada i que durant dècades va romandre en una fossa. És una alegria fosca, però és una resposta”, ha afirmat. “Després de tants anys, tenir una resposta també és una forma de reparació”.

Durant la seva intervenció, ha agraït, així mateix, la feina de la Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses, els equips d'exhumació i identificació i els serveis de memòria democràtica, així com la dels treballadors de la Funerària Municipal que han traslladat les restes fins a la seva ubicació definitiva.

La consellera ha reconegut el paper de Memòria de Mallorca, a la qual ha definit com una entitat pionera a les illes en la reivindicació de la recuperació de les víctimes, la identificació dels seus familiars i l'acompanyament a les famílies. “No sempre hem coincidit, no sempre hem vist les coses de la mateixa manera, però crec que avui sí que hi ha una cosa que tots compartim: que les famílies mereixen respostes i que totes les persones que van morir i van ser enterrades en fosses ocultes han de poder descansar amb dignitat”, ha afirmat.

Estarellas ha recordat que el columbari se suma a altres espais de memòria ja existents a Son Valentí, com el Mur de la Memòria i l'Arbre de la Memòria, amb l'objectiu comú d'evitar que les víctimes siguin oblidades. També ha recordat que el projecte ha requerit anys de feina, obres, modificacions i tràmits, i ha reivindicat que el Govern ha mantingut el seu compromís de fer-ho realitat. “Una guerra mai no és una victòria”, ha assenyalat la consellera, que ha advertit que les guerres deixen famílies trencades, veïnats enfrontats i vides perdudes. “Precisament per això tenim l'obligació de recordar-ho i aprendre'n, i transmetre a les generacions que vénen que la violència, l'odi i l'enfrontament mai no poden ser el camí”.

La cerimònia ha conclòs amb una crida a mantenir la feina d'identificació de les restes i a continuar donant respostes a les famílies. Estarellas ha assegurat que el Govern continuarà posant a disposició dels familiars un servei d'atenció psicològica, conscient del dolor que pot reobrir el procés de recuperació i identificació.

Un “Visca la República!” en descobrir la placa

A la placa del columbari, descoberta per Estarellas i Oliver mentre aquesta cridava “Visca la República!”, ha quedat gravat el compromís que l'espai sigui un llegat de memòria, veritat, justícia, reparació i dignitat per a les generacions presents i futures. Un lloc al qual les famílies puguin acudir, deixar una flor i pronunciar el nom d'aquells que durant dècades van romandre desapareguts.

“Que sigui un lloc de pau, un lloc de memòria, un lloc de dignitat i, sobretot, un lloc on aquestes persones deixin de ser desaparegudes, on les seves famílies puguin venir a buscar-les i on, després de tants anys, puguem dir: aquí descansen”, ha conclòs Estarellas.

L'acte arribava precedit de les crítiques de Memòria de Mallorca pel fet que el Govern no hagi comptat amb els que fa anys que treballen en la recuperació de les restes i acompanyant a les famílies, que han quedat al marge de l'organització de l'acte: l'entitat assegura que va tenir coneixement de la seva celebració a través de tercers i que, després de sol·licitar informació i una reunió amb la Conselleria de Presidència -competent en la matèria-, va rebre la invitació quan els preparatius ja estaven en marxa.

No només això. La invitació a l'acte de Son Valentí no incloïa les paraules “víctimes” ni “homenatge”, a diferència de la comunicació emprada pel Govern per a l'acte celebrat el passat mes de juliol a Palma en record dels civils morts en els bombardejos republicans, en memòria dels quals va ser instal·lada una làpida commemorativa. Aquella cerimònia, encapçalada per Prohens, va incloure la inauguració de l'anomenat Mur de la Dignitat, un memorial amb 73 perforacions, una per cada una de les víctimes mortals documentades a la capital balear, i els noms i edats dels morts.

La presidenta de Memòria de Mallorca no qüestiona el dret de les víctimes dels bombardejos a rebre reconeixement institucional, però considera que els actes organitzats pel Govern evidencien un tracte desigual entre les diferents víctimes del conflicte bèl·lic, tenint en compte, a més, que les persones les restes de les quals s'han recuperat de les fosses de Mallorca van ser, en molts casos, persones assassinades per la repressió desencadenada després del cop militar de juliol de 1936 i durant la dictadura franquista i els seus familiars fa dècades que reclamen veritat, justícia i reparació.

L'acte de Son Valentí s'emmarca, a més, en l'enfrontament polític obert a les Balears per la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de 2018. La supressió de la norma, no obstant això, es troba suspesa cautelarment pel Tribunal Constitucional després que el Govern central recorregués la seva eliminació, deixant-la cautelarment en vigor mentre el tribunal resol la impugnació. La situació jurídica afegeix un element d'incertesa a les polítiques de memòria a les illes en un moment en què el Govern manté actuacions d'exhumació i organitza homenatges a víctimes de la contesa.

El silencio del cementerio de Son Valentí se ha llenado este lunes de nombres, ausencias y memoria. Un total de 225 víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista -once de ellas identificadas, las otras 214, no- han recibido sepultura en el camposanto palmesano, donde sus restos, recuperados de fosas comunes tras décadas de olvido, descansan ya en el nuevo Columbari de la Dignitat. El acto, organizado por el Govern balear, ha puesto rostro a una deuda histórica que continúa abierta en Balears en medio de la polémica por la derogación de la ley de memoria democrática y las críticas de las asociaciones: Memòria de Mallorca denuncia que el Ejecutivo del PP no ha dado margen de decisión alguno a la entidad ni a las familias de las víctimas en la organización del evento y recrimina la forma en que los populares están gestionando las políticas de memoria.

El acto, en el que no ha estado presente la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha estado marcada por la emoción de las familias que han podido recuperar los restos de sus seres queridos, pero también por la reivindicación de quienes llevan años reclamando verdad, justicia y reparación. Después de décadas de espera, muchas de las víctimas han contado por fin con un lugar donde reposar y ser recordadas.

La ceremonia ha reunido a representantes institucionales y ha puesto el foco en el trabajo de recuperación e identificación de las víctimas, una tarea que durante años recayó en manos de las asociaciones y de las propias familias. Las víctimas han sido depositadas en cajas de madera individualizadas, con sus respectivas placas identificativas, en un espacio que aspira a convertirse en un lugar de memoria y de encuentro para sus familiares.

Entre los nombres que se han recordado durante el acto figuran los de Aurora Picornell, símbolo de la represión franquista en Mallorca; su padre, Gabriel Picornell Femenías, y su hermano Gabriel Picornell Serra. También se han mencionado a Francesca Llull y su hija Francesca Salas Llull, Macià Salvà Coll y José Luis San Toribio del Castillo. Bartomeu Cabanellas, otra de las personas identificadas, permanece provisionalmente en el columbario a la espera de que su familia decida su destino definitivo.

Durante el acto, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha denunciado que las familias, la asociación y el resto de miembros de la Comisión Técnica de Personas Desaparecidas y Fosas no han podido participar como hubieran querido en la elaboración y organización de la ceremonia. “Como familiar de dos de estas víctimas, y sin querer quitar protagonismo a este momento, permitidme que diga que no han podido participar como hubieran querido en la elaboración y organización de este acto”, ha subrayado durante su intervención. La representante memorialista ha lamentado que las familias no hayan tenido el papel que les corresponde en un proceso que, ha defendido, debe situarlas en el centro.

Oliver ha insistido en que la inauguración no puede entenderse como la apertura de un espacio cualquiera, sino como la restitución de un derecho que las víctimas del franquismo no han tenido hasta hace poco y que muchas todavía esperan: el de recuperar sus restos y disponer de un espacio público que preserve su memoria.

“Las exhumaciones no acaban cuando se encuentran las víctimas. Antes y después hay un largo proceso en el que los familiares no son unos actores más, sino su razón de ser”, ha señalado. La presidenta de Memòria de Mallorca ha recordado que la asociación y las familias han recorrido un largo camino, en ocasiones en soledad, para localizar a los desaparecidos y conseguir que sus restos sean recuperados. La dirigente memorialista ha reivindicado asimismo la dignidad de las víctimas frente a las calumnias y los insultos que, ha denunciado, han sufrido incluso después de muertas. “Intentaron arrebatarles hasta la dignidad, pero no lo han conseguido”, ha afirmado. Oliver ha definido el columbario como el regreso a casa de las personas desaparecidas y ha dedicado unas palabras a quienes todavía no tienen una tumba y a las familias que continúan esperando respuestas.

Un espacio para las mujeres asesinadas por el franquismo

Por su parte, el arqueólogo Cesc Busquets, director de las excavaciones de los planes de fosas del Govern y representante de los equipos técnicos de Aranzadi y Amics, ha reservado un mensaje a las mujeres asesinadas por los fascistas y que desde este lunes reposan en el columbario, como las conocidas como Roges del Molinar, entre las que se encuentran Aurora Picornell y Belarmina González. También reposan los restos de Francesca Llull y su hija, así como los de tres de las cinco milicianas enfermeras asesinadas en Manacor el 5 de septiembre de 1936.

Busquets ha explicado que los restos proceden de distintas intervenciones realizadas en Mallorca, principalmente de las grandes exhumaciones de Porreres y Son Coletes, pero también de actuaciones en cementerios de Marratxí, Calvià, Llucmajor, Inca y Selva, así como del pozo de s'Àguila y de lugares vinculados a la batalla de Mallorca de agosto y septiembre de 1936. En Porreres se recuperaron al menos 114 víctimas y en Son Coletes, donde se intervino entre 2018 y 2023, al menos 129. Busquets ha subrayado que Son Coletes, en Manacor, ha sido uno de los principales escenarios de la represión contra las mujeres en Mallorca.

El arqueólogo ha recordado que los planes de fosas han permitido exhumar 273 víctimas en Mallorca, de las aproximadamente 850 de las que se tiene constancia que fueron asesinadas o murieron durante la Guerra Civil y la represión fascista. De las 225 personas que reposan ahora en el columbario, solo 11 han podido ser identificadas, por lo que quedan 214 pendientes de identificación.

El director de las excavaciones ha advertido de que el paso del tiempo dificulta cada vez más las identificaciones, debido a la pérdida de familiares de primera generación que puedan aportar muestras de ADN y a las dificultades que presenta la conservación del material genético en los restos óseos. Pese a ello, ha asegurado que los equipos siguen trabajando con nuevas muestras, técnicas y colaboraciones para aumentar el número de personas identificadas. “Sabemos que vamos tarde y que el proceso está tardando mucho, demasiado”, ha reconocido Busquets, que ha agradecido a las familias su confianza y paciencia y ha expresado su compromiso de seguir trabajando para poner nombre a las personas desaparecidas.

“Recuperar unos restos es recuperar a una persona, un nombre, una historia”

En último lugar ha intervenido la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas, durante cuyo discurso varios miembros del colectivo Aurora se han dado la vuelta en señal de protesta por las políticas de memoria del Govern. Estarellas ha señalado que la recuperación de los restos supone mucho más que una intervención arqueológica. “Recuperar unos restos es recuperar a una persona, un nombre, una historia y, sobre todo, poder dar una respuesta a una familia”, ha afirmado. La consellera ha subrayado que el columbario es “un lugar para las personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil y la represión franquista, y también para sus familias”.

La referencia expresa a las víctimas de la represión franquista ha sido uno de los elementos significativos del discurso de Estarellas, quien ha defendido que el nuevo espacio representa una forma de reparación tras décadas de desapariciones y silencio. “No saber qué ha pasado con una persona, y más con una persona a la que queremos, es una de las formas más duras de sufrimiento”, ha señalado, manifestando que “entre los nombres que hoy hemos escuchado están los de la familia Picornell, que recuerda de una manera especialmente dura las consecuencias que puede llegar a tener una guerra y su represión”. “Es difícil imaginar el dolor que puede suponer que una familia entera sea golpeada de esta manera”, ha añadido.

La titular de Presidencia ha invitado a no pensar únicamente en cada víctima individual, sino también en el vacío que dejó y en todo lo que la violencia y la represión posterior arrebataron a sus familias. Asimismo, ha puesto énfasis en el hecho de que algunas familias hayan recibido, después de muchos años, la llamada que les ha permitido conocer finalmente el paradero de sus seres queridos. “Es una alegría difícil de explicar, porque es la alegría de saber finalmente dónde está esa persona querida. Pero también es el dolor de recordar, una vez más, que fue asesinada y que durante décadas permaneció en una fosa. Es una alegría oscura, pero es una respuesta”, ha afirmado: “Después de tantos años, tener una respuesta también es una forma de reparación”.

Durante su intervención, ha agradecido, asimismo, el trabajo de la Comisión Técnica de Desaparecidos y Fosas, los equipos de exhumación e identificación y los servicios de memoria democrática, así como el de los trabajadores de la Funeraria Municipal que han trasladado los restos hasta su ubicación definitiva.

La consellera ha reconocido el papel de Memòria de Mallorca, a la que ha definido como una entidad pionera en las islas en la reivindicación de la recuperación de las víctimas, la identificación de sus familiares y el acompañamiento a las familias. “No siempre hemos coincidido, no siempre hemos visto las cosas de la misma manera, pero creo que hoy sí hay algo que todos compartimos: que las familias merecen respuestas y que todas las personas que murieron y fueron enterradas en fosas ocultas deben poder descansar con dignidad”, ha afirmado.

Estarellas ha recordado que el columbario se suma a otros espacios de memoria ya existentes en Son Valentí, como el Muro de la Memoria y el Árbol de la Memoria, con el objetivo común de evitar que las víctimas sean olvidadas. También ha recordado que el proyecto ha requerido años de trabajo, obras, modificaciones y trámites, y ha reivindicado que el Govern ha mantenido su compromiso de hacerlo realidad. “Una guerra nunca es una victoria”, ha señalado la consellera, que ha advertido de que las guerras dejan familias rotas, vecindarios enfrentados y vidas perdidas. “Precisamente por eso tenemos la obligación de recordarlo y aprender de ello, y transmitir a las generaciones que vienen que la violencia, el odio y el enfrentamiento nunca pueden ser el camino”.

La ceremonia ha concluido con un llamamiento a mantener el trabajo de identificación de los restos y a seguir dando respuestas a las familias. Estarellas ha asegurado que el Govern continuará poniendo a disposición de los familiares un servicio de atención psicológica, consciente del dolor que puede reabrir el proceso de recuperación e identificación.

Un “¡Viva la República!” al descubrir la placa

En la placa del columbario, descubierta por Estarellas y Oliver mientras ésta gritaba “¡Viva la República!”, ha quedado grabado el compromiso de que el espacio sea un legado de memoria, verdad, justicia, reparación y dignidad para las generaciones presentes y futuras. Un lugar al que las familias puedan acudir, dejar una flor y pronunciar el nombre de quienes durante décadas permanecieron desaparecidos.

“Que sea un lugar de paz, un lugar de memoria, un lugar de dignidad y, sobre todo, un lugar donde estas personas dejen de ser desaparecidas, donde sus familias puedan venir a buscarlas y donde, después de tantos años, podamos decir: aquí descansan”, ha concluido Estarellas.

El acto llegaba precedido de las críticas de Memòria de Mallorca por el hecho de que el Govern no haya contado con quienes llevan años trabajando en la recuperación de los restos y acompañando a las familias, que han quedado al margen de la organización del acto: la entidad asegura que tuvo conocimiento de su celebración a través de terceros y que, tras solicitar información y una reunión con la Conselleria de Presidencia -competente en la materia-, recibió la invitación cuando los preparativos ya estaban en marcha.

No solo eso. La invitación al acto de Son Valentí no incluía las palabras “víctimas” ni “homenaje”, a diferencia de la comunicación empleada por el Govern para el acto celebrado el pasado mes de julio en Palma en recuerdo de los civiles muertos en los bombardeos republicanos, en cuya memoria fue instalada una lápida conmemorativa. Aquella ceremonia, encabezada por Prohens, incluyó la inauguración del llamado Muro de la Dignidad, un memorial con 73 perforaciones, una por cada una de las víctimas mortales documentadas en la capital balear, y los nombres y edades de los fallecidos.

La presidenta de Memòria de Mallorca no cuestiona el derecho de las víctimas de los bombardeos a recibir reconocimiento institucional, pero considera que los actos organizados por el Govern evidencian un trato desigual entre las distintas víctimas del conflicto bélico, teniendo en cuenta, además, que las personas cuyos restos se han recuperado de las fosas de Mallorca fueron, en muchos casos, personas asesinadas por la represión desencadenada tras el golpe militar de julio de 1936 y durante la dictadura franquista y sus familiares llevan décadas reclamando verdad, justicia y reparación.

El acto de Son Valentí se enmarca, además, en el enfrentamiento político abierto en Balears por la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de 2018. La supresión de la norma, no obstante, se encuentra suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional después de que el Gobierno central recurriera su eliminación, dejándola cautelarmente en vigor mientras el tribunal resuelve la impugnación. La situación jurídica añade un elemento de incertidumbre a las políticas de memoria en las islas en un momento en que el Govern mantiene actuaciones de exhumación y organiza homenajes a víctimas de la contienda.

Hay muchos jóvenes albaceteños que probablemente hoy desconozcan que la hoy provincia de Albacete pertenecía históricamente a la Región de Murcia desde 1833 hasta 1978, que se constituyó como provincia propia y se integró en el régimen preautonómico de Castilla-La Mancha, que históricamente había sido Castilla La Nueva. Y quizás algunos otros no sepan que hasta la llegada de la transición democrática, tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, las mujeres no podían hacer prácticamente nada sin el permiso de sus maridos. Como si no existieran.

Son solo dos apuntes, uno simbólico y otro de gran calado, de la enorme transformación que supuso para toda España, y en particular para lo que hoy es Castilla-La Mancha, la llegada de la democracia tras las cuatro décadas de dictadura franquista.

Y con motivo de los 50 años transcurridos desde la llegada de Adolfo Suárez a la Presidencia del Gobierno y la aprobación de la Ley para la Reforma Política, el instrumento jurídico fundamental ideado para desmontar las estructuras de la dictadura. Con este espíritu arranca la exposición La Transición en Castilla-La Mancha. La construcción de una nueva realidad e identidad (1976-1983), que se inaugura este martes, día 29 de septiembre, en Museo de Santa Fe de Toledo.

Esta exposición está comisariada por José Antonio Castellanos López, profesor de Historia Contemporánea en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, director del Grupo de Investigación CLAVHISCON y decano de la Facultad de Letras de la UCLM; y por Álvaro Notario Sánchez, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y vicedecano de la Facultad de Letras de la UCLM.

Supone un recorrido a través del arte, los documentos históricos, las fotografías y los espacios audiovisuales inmersivos, por la historia de la comunidad autónoma, desde el final de la dictadura hasta las primeras elecciones a las Cortes autonómicas en 1983.

En el paso previo realizado este lunes para los medios de comunicación, al que han asistido el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y la consejera portavoz, Esther Padilla, entre otros cargos del Ejecutivo, los asistentes han podido conocer de primera mano los dos principales espacios de la muestra, divididos en diferentes etapas del proceso.

José Antonio Castellanos ha destacado que el objetivo principal de la muestra en mostrar a la ciudadanía, con criterios académicos, pero también pedagógicos todo lo que sucedió hace 50 años, haciendo hincapié en que fue un “doble proceso”. Primero, a nivel estatal, y segundo, en lo referente a la consecución del autogobierno para Castilla-La Mancha, “sumándose al carro del resto de territorios que lograron su autonomía”.

“Estamos hablando de un territorio desde el punto geográfico nunca antes había existido, las cinco provincias que hoy todos conocemos como Castilla-La Mancha nunca habían formado parte de una realidad política en la historia. Nos puede sonar la idea Castilla La Nueva, pero a lo mejor muchos no saben que durante el franquismo Albacete formaba parte de Murcia. Toda esa transformación van más allá de lo político y de lo geográfico, tienen que ver con lo identitario y lo cultural”, ha destacado.

La exposición dispone de más de 300 piezas, decenas de composiciones pictóricas, escultóricas, audiovisuales y fotográficas, además de cuatro “estaciones inmersivas”: espacios donde poder escuchar, tocar y visualizar diferentes etapas de esa transición. El comisario no ha querido destacar ninguna de ellas en especial, pero sí ha querido resaltar la combinación de la obra artística con un elemento “transmisor de la realidad” como son los testimonios que los documentales y los medios de comunicación dejaron de todo ese proceso.

El hecho de haber unido en la exposición tantas obras refleja asimismo un mensaje de consenso, el mismo que buscó conseguir la transición en el camino a la libertad

“Creemos firmemente que gracias a todo ello, en institutos, centros educativos y asociaciones, van a poder disfrutar mucho de la exposición”, ha destacado.

Por su parte, Álvaro Notario, otro de los comisarios de la muestra, ha puesto el acento en las más de 30 obras de arte que han cedido diferentes museos de titularidad autonómica y otros municipales. También ha destacado la colaboración de las entidades privadas y de coleccionistas particulares, que permitirán que puedan contemplarse por primera vez obras como 'Angustia' de Pepe Ortega, que abre la exposición.

“Toda esa colaboración y el haber conseguido que por primera vez se puedan contemplar todas juntas reflejan asimismo un mensaje de consenso, el mismo que buscó conseguir la transición en el camino a la libertad”, ha subrayado.

En la exposición se recogen asimismo objetos originales, reproducciones facsimilares de diferentes archivos, y bibliotecas, y en su visita por todas las capitales de provincia, también se podrán ver diferentes piezas relacionadas especialmente con cada lugar. Por ejemplo en la “estación inmersiva” dedicada a los quioscos, los periódicos de la época que contaron la transición serán toledanos mientras la exposición esté en esta ciudad, pero se cambiarán por otros provinciales en cada territorio.

“Es un homenaje que queremos hacer creemos que es realmente todo un homenaje el que se quiere hacer también con la exposición a cada una de las provincias, cada una de las capitales, sin querer dejarnos nada en el tintero. Aunque evidentemente al ser una época tan reciente, vivida por todas las generaciones pasadas y casi presentes, pues realmente será una exposición en la que todo el mundo tenga algo que aportar y todo el mundo tenga una opinión al respecto y que vea que falta algo de su pueblo, de su localidad o de su entorno más próximo.

Durante el paso previo, las personas asistentes han podido conocer de primera mano todo este proceso y asistir al estreno de las primeras performances realizadas por el grupo de teatro Narea Producciones, el encargado de las visitas dramatizadas, especialmente para jóvenes, con el objetivo de “vivir una experiencia más inmersiva”.

Esta ha sido una de ellas, denominada '15J. Castilla-La Mancha, vota por la libertad. Escenas de una transición':

En el resto, las representaciones se han centrado en conocer todo el proceso de transición democrática. Una con un diálogo entre un quiosquero de la época con un señor algo reacio a los cambios, al que consigue convencer de la importancia en el avance de las libertades; y otra a través de una mujer que, tras dejar de planchar camisas, le cuenta a su marido todo el progreso que la transición trae para el género femenino: el divorcio, el derecho al aborto, vestirse libremente, estudiar y trabajar, y en general, la posibilidad de “existir sin tener pedir permiso” porque “la democracia nos devolvió la voz”.

Tras su inauguración oficial, la exposición se mantendrá abierta al público en el convento de Santa Fe de Toledo hasta el 25 de octubre. Posteriormente, recorrerá el resto de las capitales de provincia llegando a Albacete, al Museo Provincial del 2 de noviembre al 6 de diciembre de 2026; a Guadalajara, al Palacio del Infantado del 14 de diciembre de 2026 al 17 de enero de 2027; a Ciudad Real, al Convento de la Merced del 1 de febrero al 7 de marzo de 2027 y, finalmente, a Cuenca al espacio Princesa Zaida del 22 de marzo al 25 de abril de 2027, aunque las fechas están sujetas a cambios.

La muestra se articula en tres salas. Las dos primeras dedicadas a la muestra y la tercera a un espacio con gamificación, con cuatro instalaciones interactivas que, a través de hologramas y juegos, permiten terminar la visita con una experiencia más inmersiva. La exposición concluye con un espacio audiovisual e interactivo concebido para ampliar la experiencia del visitante.

El recorrido se organiza en torno a cuatro ámbitos temáticos sobre la España en transición, el nacimiento de Castilla-La Mancha como comunidad autónoma, el nuevo paisaje social que surge en este periodo y la confluencia con movimientos culturales y artistas.

Por un lado, el bloque sobre la España de la transición, sitúa al visitante en el contexto nacional en el que se desarrollaron los acontecimientos: la represión política, las demandas de libertad, el papel desempeñado por la Corona, la acción reformista de los gobiernos de Adolfo Suárez, la aprobación de la Constitución de 1978 o las amenazas representadas por el terrorismo y el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 permiten comprender la magnitud de los cambios que experimentó la sociedad española en aquellos años decisivos.

En el bloque enfocado a la nueva autonomía, se aborda el proceso mediante el cual la región fue adquiriendo una realidad política e institucional propia en el marco del nuevo Estado de las Autonomías. Esta sección invita a reflexionar sobre cómo las regiones no son únicamente realidades heredadas del pasado, sino también construcciones históricas surgidas de procesos políticos, sociales y culturales concretos.

Asimismo, se ha construido un bloque sobre el nuevo paisaje social que surge en este periodo. En él se analizan las transformaciones que afectaron a la vida cotidiana. La emigración, el crecimiento urbano, la crisis económica, las movilizaciones obreras, la ampliación de los espacios de participación ciudadana son algunos de los temas.

Tendrá un lugar destacado el protagonismo de las mujeres en este proceso con su creciente incorporación al ámbito educativo, laboral y político, así como el surgimiento de asociaciones y movimientos feministas; y también da cabida a reivindicaciones frente a la represión y la discriminación de las identidades sexuales.

De Pepe Ortega a Rafael Canogar

Se ha diseñado un bloque con la mirada de artistas como Pepe Ortega, Juan Genovés, Manuel López-Villaseñor, Juan D'Opazo o Rafael Canogar, entre otros, que ofrece algunas de las principales sensibilidades artísticas del periodo. Por último, en el apartado sobre cultura e identidades en transformación, se explora el modo en que la democratización favoreció nuevas formas de creación.

Surgieron o se consolidaron iniciativas como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Al mismo tiempo, destaca la producción literaria de autores como Francisco Nieva, Antonio Buero Vallejo o Francisco García Pavón; y la modernización cultural que se manifestó en ámbitos como la arquitectura y el diseño, representados por Miguel Fisac y Manuel Piña; en el cine por Pedro Almodóvar y José Luis Cuerda; y en la consolidación de nuevos espacios para la difusión artística.

Se incluye, además, la muestra 'La Transición a través de jóvenes ilustradores' en la que 10 ilustradores de Castilla-La Mancha releen la Transición con su propio lenguaje gráfico, en una muestra integrada dentro de la exposición principal. La muestra recorrerá las cinco sedes de la exposición central.

Esta exposición paralela reúne el trabajo de 10 ilustradores de la región: Adela Cabañas (Tomelloso), José María Grueso Araque 'Chema Arake' (La Roda), Consolación Escribano 'Coco' (Quintanar del Rey), Antonio Mancheño Lucas 'El Manchas', Eva Pérez (Guadalajara), Javier García Martínez 'Javi Cohen' (Villasequilla), María José López Cerro (La Roda), Mercedes Camacho (Almuradiel), Mercedes Juan (Toledo) y Miguel Ángel Díaz 'Ekim'. Cada uno aporta una mirada propia sobre el periodo, tendiendo un puente entre la memoria de aquellos años y los lenguajes visuales de hoy.

La exposición también ha contado con un comité científico compuesto por Francisco Alía Miranda, Juan Carlos Buitrago Oliver, Francisco José Cerceda Cañizares, Ramón Vicente Díaz del Campo Martín Mantero, Víctor Iniesta Sepúlveda, Alba Nueda Lozano, Pedro José Trujillo Arrogante y Ángel Ramón del Valle Calzado. La exposición ha sido coordinadora por María Teresa Zahonero Martínez, del Servicio de Museos, Exposiciones y Difusión del Patrimonio Cultural de la Viceconsejería de Cultura y Deportes.

Sigue en pie a pesar de que ha transcurrido más de medio siglo desde la muerte de Franco. El monumento a los rumanos “caídos” de Majadahonda (Madrid), que homenajea a dos fascistas que murieron mientras combatían en la Guerra Civil en apoyo al bando sublevado, es uno de los casi 20 vestigios que el Gobierno ha ordenado retirar. Lo hizo el pasado mes de junio, pero la cuenta atrás ya ha empezado y el plazo para hacerlo vence en menos de dos semanas. El terreno en el que se ubica debería arrancar el mes de octubre ya vacío.

Levantado detrás del cementerio de la localidad, el memorial conmemora el “sacrificio” de Ion Mota y Vasile Marin, importantes militares de la Guardia de Hierro, un grupo paramilitar fascista fundado en 1927 en Rumanía. De allí acudieron tras el golpe de Estado de 1936 para luchar en la Guerra Civil y ambos fallecieron el 13 de enero de 1937 en el frente en el que después se levantó el monumento, que a día de hoy se mantiene sin cambios, con las pintadas y grafitis que llevan tiempo 'decorándolo' y la basura que suele acumularse a su alrededor.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática lo incluyó en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática el pasado 29 de junio, fecha en la que está firmado el expediente con el que estableció el plazo de tres meses para su retirada “definitiva y permanente”. Tanto el monumento como la parcela en la que se encuentra son propiedad de la Asociación para la Custodia del Monumento a los Legionarios Rumanos Caídos, que, según fuentes conocedoras del proceso, no ha respondido al requerimiento. elDiario.es se ha intentado poner en contacto con la asociación sin éxito.

La oposición lleva años reclamando al Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el PP con mayoría absoluta, que tome cartas en el asunto y actúe contra el monumento, en el que grupos ultras convocan concentraciones de exaltación fascista cada enero. Hace 11 años, el pleno aprobó a iniciativa del PSOE una moción para su “retirada o demolición” que contó con la abstención de los populares, pero no se ha cumplido. Fuentes del consistorio justifican que “no tiene competencias” porque se trata de un terreno privado, mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rechaza declarar Bien de Interés Cultural (BIC) al monumento, como ha pedido Abogados Cristianos.

El expediente del Gobierno concluye que el conjunto “representa los lazos existentes entre el franquismo y el fascismo europeo de entreguerras” y afirma que “no concurren” razones artísticas o arquitectónicas que justifiquen su mantenimiento. A pesar de estar en una propiedad privada, es contrario a la memoria democrática porque tiene “proyección a un espacio o uso público”. De hecho, no está vallado y cualquiera puede acceder a él. Si la asociación no cumple con el mandato, el Gobierno activará el procedimiento del artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática, que abre la posibilidad de imponer multas “coercitivas” y de proceder a su desinstalación subsidiariamente.

El refugio de la Guardia de Hierro en España

Mota y Marin, los dos militares homenajeados por el monumento, pertenecieron a la Guardia de Hierro, que fue el brazo paramilitar de la Legión del Arcángel San Miguel, un movimiento fascista fundado por Conerliu Codreanu en 1927 que “hacía apología de la violencia como forma de transformación de la sociedad y del estado”. A partir de 1940, y gracias al apoyo de los nazis, el movimiento llegó al poder, formando parte del régimen fascista rumano “que cometió crímenes de guerra y fue responsable de miles de muertes”, sostiene el informe de la comisión técnica en el que se basa el expediente.

El monumento se levanta en una explanada y está formado por cuatro arcos de estilo clasicista, una elevada cruz y una inscripción grabada en bronce que reza: “A Ion Mota y Vasile Marin, caídos por Dios, por España y por Rumanía. 13.1.1937”. Debajo está inscrito el símbolo de la Guardia de Hierro, formado por seis líneas —tres horizontales y tres verticales— entrelazadas a modo de prisión. Delante de la estructura se erigió además una cruz verde, usada habitualmente por el movimiento.

Su construcción está directamente relacionada con la huida que varios líderes fascistas emprendieron tras la Segunda Guerra Mundial hacia España, donde buscaban refugio y fueron acogidos por la dictadura franquista. Es lo que ocurrió con varios miembros del grupo paramilitar rumano, entre ellos Hora Sima, comandante del Movimiento Legionario y vicepresidente del Gobierno rumano, que vivió en nuestro país hasta su muerte en 1993.

Desde los años 40 hubo homenajes y actos conmemorativos en el lugar y en 1947, los legionarios rumanos asentados en España lograron construir una cruz de piedra, hasta que en 1970 se erigió el monumento actual. Según consta en el expediente, su construcción se produjo gracias a la financiación de la comunidad fascista rumana del exilio (aquí y en varios países de América Latina) y al apoyo de los falangistas españoles, así como a los préstamos de Monte de Piedad de Madrid —antecedente directo de Caja Madrid— y la Confederación Española de Cajas de Ahorro.

Durante el régimen franquista, el lugar fue lugar de concentración de “individuos, asociaciones y grupos ultranacionalistas” y formó parte de las políticas de memoria de la dictadura. De acuerdo con el informe de la comisión técnica, el fundador de Fuerza Nueva e histórico líder ultraderechista, Blas Piñar, fue uno de los políticos que participó con frecuencia en estos actos debido a sus intensas relaciones con los legionarios rumanos de España “desde su juventud”.

La falta de implicación del Ayuntamiento

Las resistencias a la retirada del monumento son explícitas por parte de la asociación Abogados Cristianos, que batalla contra todas las medidas de memoria histórica del Gobierno y que ha pedido a la Comunidad de Madrid que declare Bien de Interés Cultural o Patrimonial el conjunto “frente a la amenaza de derribo”. Su objetivo es que sea protegido para evitar que se cumpla la ley, tal y como ha ocurrido con la cruz a los caídos de la Plaza de América de Cáceres, que la Junta de Extremadura está intentando blindar por esta vía.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha rechazado la petición de la asociación ultra porque “el monumento no tiene valor arquitectónico”, apuntan fuentes del Ejecutivo, que aluden únicamente a cuestiones técnicas para no hacerlo: al haber sido construido en 1970 “no le aplica la disposición adicional tercera de la Ley de Patrimonio Cultural”, que establece que “se protegen elementos relacionados con el culto religioso, como cruces, anteriores a 1950”, informa África Gelardo Arrebola.

El debate sobre qué hacer con el mausoleo es antiguo y sobrevuela a Majadahonda desde hace años. En los 90, el PSOE ya comenzó a exigir su desinstalación y siempre ha puesto el foco en la “pasividad” del Ayuntamiento. En los últimos años, Izquierda Unida lo ha reclamado a través de varias vías y recientemente interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra el homenaje anual que se celebra allí. “El PP siempre ha echado balones fuera y se ha escudado en que es una propiedad privada, pero es de acceso público y el terreno se ubica en Majadahonda. Cualquiera que vaya paseando se encuentra con el monumento fascista y los homenajes que allí se organizan”, denuncia el portavoz socialista en el municipio, David Rodríguez.

Ante “la falta de información” del Ayuntamiento y el vencimiento del plazo que ha dado el Gobierno, el PSOE tiene previsto preguntar al consistorio por la cuestión en el pleno de la semana que viene para “saber qué se ha hecho al respecto” o si “se ha requerido a la asociación propietaria” en línea con el expediente del Ministerio.

Preguntado por ello, fuentes del Ayuntamiento reiteran que el monumento está en un terreno particular y descartan que posicionarse públicamente sobre ello sea “su labor” debido a que su conservación o retirada “no depende” de las competencias municipales. Sobre si el mausoleo debe ser desinstalado, las mismas fuentes aseguran que el consistorio “no opina, en general, de cuestiones privadas”, aunque sí apuntan a que las leyes “deben cumplirse, todas, al encontrarnos en un Estado de Derecho”.

Mientras el tiempo corre y a la espera de ver qué ocurre con la estructura, quien sí ha reaccionado a favor de su retirada es el Gobierno rumano. Según ha podido saber elDiario.es, la cancillería del primer ministro envió el pasado 24 de agosto un correo electrónico al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el que agradece la medida. En él, el secretario de Estado, Dragos Hotea, y el representante del Gobierno para la promoción de la memoria histórica, Bogdan Mazuru, aseguran que la decisión no solo “refuerza” la memoria democrática en España, sino también en Rumanía.

Se ha imaginado decenas de veces la escena. Cómo de intenso sería el frío de aquella tarde de enero o de qué hablarían aquellos dos guardias civiles que se dirigían a Peraltilla (Huesca). ¿Decidirían en ese trayecto cuál de los dos iba a disparar el gatillo? Arnau Fernández Pasalodos (Barcelona, 1995) ha fabulado con el asesinato de su bisabuelo, Manuel Sesé Mur, durante buena parte de su vida. Fue ejecutado en plena dictadura, en 1948, por su actividad política antifranquista. El sargento Agustín Serrano Arroyo y el guardia segundo Marcelino García Gracia le dispararon en la cabeza y por la espada a escasa distancia de su domicilio, en el que estaban su mujer y sus hijos, que lo escucharon.

Hoy, Arnau puede decir que conoce los nombres de quienes lo mataron y el lugar en el que fue enterrado. Pero ya no puede contárselo a su abuela Rosita, que creció sin padre, soportó el estigma de la posguerra y murió en 2016 sin saber dónde estaban sus huesos. “Me duele no haberlo sabido antes y no habérselo dicho a pesar de que tenía derecho a conocerlo”, afirma. Un dolor a destiempo que demuestra cómo el trauma familiar no resuelto, el silencio y la falta de reparación han sido heredados por los bisnietos de la Guerra Civil y el franquismo.

A partir de varios testimonios, Arnau, historiador e investigador en el Centre d'histoire de Sciences Po de París, explora en ¿Mató tu bisabuelo al mío? (Crítica) cómo esta realidad ha marcado la vida de una parte de quienes nacieron más de medio siglo después del golpe de Estado de 1936. El libro, cuyo título está inspirado en una columna de Sergio del Molino en El País, da espacio a esta cuarta generación, que pese a no haber vivido los hechos, ha crecido sintiendo de cerca sus consecuencias. “Es un dolor muy real, que nos atraviesa y condiciona”, explica Arnau, que tras entrevistar a medio centenar de bisnietos reconoce que ha dejado de sentirse “extraño” por “vivir tan ligado” a Manuel.

Los relatos describen experiencias atravesadas por el dolor emocional, y muchas veces físico, que resume Arnau: “Nos duelen los asesinatos injustos, las vidas interrumpidas por la violencia ejercida por su ideología política. Nos duelen nuestros abuelos, que se quedaron sin padre y tuvieron que aprender a callar sin saber ni siquiera donde estaban sus cuerpos. Y nos duelen la falta de reconocimiento público y las fosas, el hecho de que todavía hoy en 2026 haya mucha gente que no puede recuperarlos”.

La memoria de la cuarta generación ha empezado a tejerse en el silencio y la falta de relato, ante lo que ha surgido una necesidad de rellenar esos vacíos familiares. Los bisnietos no conocieron a sus antepasados ejecutados, por lo que ese vínculo se articula generalmente a través de sus abuelos o abuelas, figuras clave en todos los relatos. Son ellos los que conectaron a esta generación con la guerra y la dictadura, no de forma explícita en muchos casos, pero sí a través de un duelo suspendido, el dolor no sanado y los vacíos que sus nietos no comprendían.

Por eso, en todos los casos, la empatía por el dolor de sus abuelos es la que ha activado el proceso de querer saber más. “Yo todo el amor que tengo por mi bisabuelo me vino por mi abuelo”, explica Helios Fernández Garcés, que guarda congelado en la memoria el recuerdo de cuando, a sus once años, su abuela se le acercó y en un susurro le dijo: “Al padre de tu abuelo lo mataron en la guerra”. Aún recuerda el rostro de “profundo dolor” de su abuelo. “Tenía una relación muy intensa con él y creo que algo se me quedó ahí en ese momento, una herida en algún lugar de mi ser que sigue abierta”, cuenta.

La edad que tenía él cuando oyó esta frase impactante era la misma que su abuelo Diego tenía cuando a finales de 1936 un grupo de falangistas asaltó su vivienda de La Sauceda (Málaga), sacó a su padre, Jacinto Garcés Lozano, y lo fusiló. Su abuelo siempre le contaba que había “sentido” los tiros, que era la forma de decir que los había escuchado. Los falangistas incendiaron después la casa y la familia fue obligada a marcharse de la localidad con lo puesto. “Fue en 1936, pero ese dolor me alcanza todavía porque fue ejercido a través de una extraordinaria violencia y porque nunca se hizo justicia”, explica Helios.

La metralleta convertida en escopeta

Buena parte de los bisnietos comparten experiencias atravesadas por las estrategias familiares para camuflar lo sucedido y protegerse ante la represión de la posguerra. La familia de Francisco Javier González inventó que a su bisabuelo Martín lo habían matado por “hacer un chiste” sobre una figura religiosa, cuando en realidad había sido fundador y tesorero del PSOE en El Cerro de Andévalo (Huelva) y fue fusilado en 1937.

Su inquietud emanó desde muy pequeño, cuando Francisco Javier se quedaba fascinado por las fotografías familiares que descansaban bajo el cristal de la mesa del salón en casa de sus abuelos. De una de ellas, la que retrataba a un hombre joven, nadie hablaba. Todavía hoy Francisco Javier recuerda cómo no paraba de preguntar con perplejidad por qué aquel hombre, si era su bisabuelo, no tenía arrugas. “Ese dolor es difícil que salga de mí. Creo que conviviré con él hasta que me muera. Llevo un duelo propio y ajeno”, dice en el libro sobre la injusticia que vivió su antepasado y el impacto que tuvo en quienes vinieron después.

En el caso de Arnau, su abuela nunca habló de la militancia de su padre Manuel, que perteneció a la CNT y fue enlace de la guerrilla antifranquista en Aragón, acudiendo a la frontera con Francia para obtener metralletas y munición. Pero la versión que siempre escuchó en casa es que a Manuel lo habían asesinado por un problema con un pariente que le había denunciado y que, al presentarse unos policías en casa, encontraron una escopeta no declarada.

Arnau es consciente de que su abuela “convirtió la metralleta en escopeta” como una “estrategia de supervivencia cotidiana”. “Era algo muy común. Esta generación, con un profundísimo estrés postraumático, aprendió durante 40 años a callar y despolitizar los asesinatos de sus padres. Lo político se ocultó bajo lo doméstico”, sostiene el historiador.

En esta cuarta generación, las fotografías adquieren un peso clave: no solo como revulsivo para despertar la curiosidad, sino también como anclaje al pasado o incluso al cuerpo desaparecido. Un ejemplo es María Rosa Aránega, cuya familia había guardado en un sobre la única foto de su bisabuelo Silvestre, militante de la UGT que se suicidó antes de ser detenido. Gracias a su investigación artística, la familia rompió el silencio: su madre integró la fotografía en el álbum familiar e hizo copias. “Ahora sí que forma parte de la familia, lo tenemos en el salón de mi casa”, cuenta en el libro al tiempo que revela su dolor por las dificultades que rodean a su exhumación en el cementerio de Cúllar (Granada).

Las experiencias demuestran que los bisnietos son, en muchos casos, aquellos que han abierto la puerta a la memoria en sus familias. La Ley de Memoria Democrática, de hecho, les sitúa como la última generación con derechos de reclamación y reconocimiento como víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. “Estas personas son, dentro de sus familias, las que se han encargado de custodiar la herencia material. No son otros bisnietos ni nietos. Ellos han conservado las cartas, los retratos, los objetos... Son quienes se han encargado incluso de impulsar procesos de investigación o exhumación. Ahí se percibe la continuidad del trauma”, explica Arnau.

Cuadro 16, sepultura 240

Si muchos de los bisnietos conocen hoy parte de la verdad es porque han rastreado las huellas de sus antepasados. La investigación en archivos judiciales y militares ha sido un canal clave para romper el silencio. En el caso de Arnau, encontrar la causa 2441-9 del Juzgado Togado Militar nº 32 de Zaragoza desveló las verdaderas razones de la ejecución de Manuel. Y también desmontó la versión oficial de los guardias civiles que le mataron, que en el atestado atribuyeron la muerte a una huida. Sin embargo, la autopsia —Manuel falleció a los dos días en el hospital— reveló que el deceso se había producido por un único disparo en la cabeza, por detrás, y a muy corta distancia.

A la información que puede hallarse en los archivos se suma la posibilidad de conectar emocionalmente con el antepasado, por ejemplo a través de su firma. Es lo que le ocurrió a Carolina Nebot, para la que hallar la de Blas Castelló López en su consejo de guerra hizo que este dejara de ser “el padre de su abuelo” para convertirse en su bisabuelo. Francisco Javier, por su parte, encontró en el expediente la huella de su bisabuelo, que digitalizó y mantiene guardada en su móvil. Ahora, cada vez que logra un éxito que cree que le haría sentirse orgulloso, abre el teléfono y hace coincidir su dedo con su huella.

Los descubrimientos, sin embargo, se entremezclan con la rabia que les produce haber llegado tarde a esta información todavía parcial, en la mayoría de sus casos cuando sus abuelos y abuelas ya no están vivos. “Es una humillación y otra forma de perder la guerra. Es una vergüenza y una indignidad histórica que tantas personas mayores no supieran ni siquiera que existía un documento con la firma de su padre. Y es así porque en España ha habido una carencia absoluta de políticas públicas para ello”, denuncia Arnau.

Dolor es también lo que les provoca el cuestionamiento que sienten a veces por parte de quienes piensan que su herida es desproporcionada o no les corresponde, exigiéndoles el tan manido “pasar página” o señalándoles por hablar de algo que no vivieron. Arnau suele responder a esta crítica de la misma forma cada vez: contando la búsqueda que ha hecho de su bisabuelo durante los últimos diez años de su vida y relatando lo que ocurrió en la primavera de 2025.

Entonces, tras descubrir lo que su abuela nunca supo, que Manuel había sido enterrado en una fosa común, en el cuadro 16, sepultura 240 del cementerio de Huesca, decidió acudir para homenajearle. Se imaginaba ya solicitando la exhumación de sus restos, para que algún día volvieran a la familia a la que perteneció. Sin embargo, aquel día descubrió junto a un trabajador del camposanto que le dirigió a la zona exacta que lo que había justo encima era un bloque gigantesco de nichos. “Eso solo significa dos cosas: o bien los cuerpos están destruidos o bien los llevaron al osario y están perdidos. En ese momento viví la Guerra Civil. Entendí que nunca iba a recuperar el cuerpo de mi bisabuelo y que no iba a cumplir lo que mi abuela quería, que lo enterraran con ella”.

A la profunda tristeza que el descubrimiento ha provocado en Arnau –“fue como recibir una herencia de dolor, de rabia, de injusticia y de humillación en pleno 2025 por algo que había ocurrido en 1948”, asegura— le acompaña otra emoción que ha empezado a abrirse camino desde que, también en 2025, pudo declarar ante la Fiscalía todo lo que sabía sobre el asesinato de su antepasado. Es una esperanza en el horizonte, la de que a pesar de que ya no se pueda condenar a los culpables por haber fallecido, haya un documento que establezca una verdad judicial que repare, en parte, el dolor y afirme oficialmente que su bisabuelo Manuel Sesé Mur fue asesinado injustamente por sus ideas políticas.

La intenció del Govern balear, presidit pel PP, d’implantar en set municipis de les Illes un memorial per a les víctimes civils dels bombardejos de la Guerra Civil ha despertat les crítiques del moviment memorialista. En un manifest difós aquest dijous, Memòria de Mallorca acusa l’Executiu de plantejar aquests reconeixements de manera aïllada, sense contextualitzar la repressió sistemàtica exercida pel franquisme i sense haver-los sotmès prèviament a la Comissió Tècnica de Memòria Democràtica, l’òrgan previst per la legislació autonòmica per desenvolupar aquestes polítiques.

En concret, la controvèrsia se situa entorn de la iniciativa “Mur de la Dignitat”, un memorial concebut per recuperar i fer visible el record de les víctimes dels atacs aeris produïts durant el conflicte bèl·lic i que, tal com va anunciar el passat 25 d’agost la presidenta del Govern, Marga Prohens, l’Executiu té previst estendre -ja se'n va celebrar un a Palma- als municipis d’Artà, Inca, Santa Maria del Camí, ses Salines, Sóller, Maó i Eivissa, la població dels quals va patir durant la guerra les conseqüències dels bombardejos. L’Administració autonòmica proposa que cada consistori determini l’emplaçament, que podrà ser un lloc directament relacionat amb els bombardejos o qualsevol altre espai que garanteixi la dignitat, la visibilitat i l’accessibilitat del memorial.

En el seu comunicat, Memòria de Mallorca deixa clar que el seu rebuig no es dirigeix contra el reconeixement de les persones que varen morir en els bombardejos, sinó contra la manera de desenvolupar els homenatges. Recorda, així mateix, que va ser precisament la mateixa entitat la que va proposar al Govern elaborar un informe específic sobre totes les víctimes d’aquests atacs, un treball que va acabar incorporant-se al IV Pla de Fosses i Memòria i Reconeixement Democràtics de Balears. L’estudi ha permès identificar i documentar 152 persones mortes: 97 a Mallorca, 29 a Menorca i 26 a Eivissa.

Des de l’associació memorialista recorden que es tracta de víctimes “d’una guerra conseqüència d’un cop d’estat contra el govern legal i legítim de la II República que mai no s’havia d’haver produït”, alhora que defensen “el reconeixement de totes les víctimes del cop d’estat de 1936, de la guerra que aquest va desencadenar i de la posterior dictadura franquista”. Precisament per això consideren “inacceptable” que les polítiques públiques de memòria “puguin convertir-se en una selecció interessada de víctimes o en una recuperació parcial d’un relat històric que durant dècades va ser imposat per la dictadura franquista”.

En aquest sentit, l’associació recrimina que el Govern hagi traslladat directament als ajuntaments diversos oficis per instal·lar els memorials sense haver sotmès prèviament les propostes a la Comissió Tècnica de Memòria Democràtica -òrgan tècnic previst en la llei balear de memòria democràtica per desenvolupar aquest tipus de reconeixements- i mesos després que PP i Vox aprovessin derogar aquesta norma. El text es troba recorregut davant el Tribunal Constitucional. Memòria de Mallorca considera “una profunda contradicció” que el mateix Executiu que va intentar eliminar aquest marc legal presenti ara aquestes actuacions com a polítiques de memòria democràtica.

“No acceptarem que es presentin memorials públics a víctimes de la guerra de manera aïllada”, insisteix l’entitat, que reclama que qualsevol memorial relacionat amb els bombardejos inclogui específicament les víctimes de l’aviació del bàndol sublevat que operava des de les bases militars de Mallorca, amb el suport de l'aviació italiana i alemanya. També exigeix la participació de les entitats memorialistes i de víctimes i que els projectes, insisteix, siguin sotmesos prèviament a la Comissió Tècnica.

Des de la Conselleria de Presidència, de la qual depèn la gestió de les polítiques de memòria democràtica, defensen, a preguntes d'elDiario.es, que la iniciativa respon a un mandat aprovat per unanimitat pel Parlament de les Illes Balears i que els reconeixements parteixen de l’estudi històric elaborat pel doctor en Història Manuel Aguilera, que, incideix l’Executiu, ha permès censar i posar nom i llinatges per primera vegada a totes les víctimes dels bombardejos patits a les Illes.

El que fa ara el Govern, assenyalen, és oferir als municipis que varen patir bombardejos la possibilitat de comptar també amb un monument en record de les víctimes, si bé, precisen, seran els mateixos municipis i les famílies de les víctimes qui decidiran si desitgen acollir aquests actes i monuments. Des del departament dirigit per Antònia Maria Estarellas asseguren que es tracta del mateix criteri que s’aplica amb les conegudes com a “Pedres de la Memòria”: el Govern, assenyalen les mateixes fonts, facilita i posa a disposició dels municipis aquests elements de record, però són els ajuntaments i les famílies qui han de decidir com i on es materialitza aquest homenatge.

“L’objectiu és molt senzill: reconèixer totes les víctimes, recuperar-ne els noms i preservar-ne la memòria amb rigor històric, respectant sempre la voluntat dels municipis i de les famílies”, sentencien.

Més de 2.000 assassinats pel bàndol franquista

En el mateix manifest, Memòria de Mallorca reclama l’elaboració d’una relació nominal de les víctimes dels bombardejos del bàndol feixista procedents de les bases de Mallorca contra poblacions de la costa peninsular, amb especial atenció a Menorca, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andalusia, a més d’un memorial amb els noms de les víctimes civils de l’anomenada “carretera de la mort”, en al·lusió als atacs patits per la població que fugia per la carretera de Màlaga a Almeria el febrer de 1937, i un altre amb les víctimes causades per l’aviació sublevada procedent de Mallorca a la costa peninsular. Per a aquest darrer reclama una ubicació al passeig Sagrera, integrat en l’actual espai del Mur de la Dignitat.

En aquesta mateixa línia, reclamen un memorial al centre de Palma amb els noms de les més de 2.000 persones assassinades, moltes de les quals víctimes de desaparició forçada els familiars de les quals encara desconeixen el seu parador i les circumstàncies de la seva mort. Finalment, exigeixen que el Govern convoqui “amb caràcter urgent” la Comissió Tècnica de Memòria Democràtica per explicar les actuacions que està impulsant i que qualsevol projecte de memorial relacionat amb els bombardejos sigui debatut prèviament per aquest òrgan, amb la participació d’entitats memorialistes i especialistes en història, dret i altres disciplines vinculades a la memòria democràtica.

Les actuacions previstes pel Govern del PP donen continuïtat al memorial inaugurat el 27 de juliol al passeig Sagrera de Palma en homenatge al centenar de civils que van morir sota els bombardejos republicans registrats a Mallorca entre 1936 i 1938. A l'acte van assistir els descendents de diverses d'aquelles víctimes així com Prohens i altres alts càrrecs conservadors i d'extrema dreta. Cap formació d'esquerres va ser present com tampoc Memòria de Mallorca, que havia supeditat la seva presència al fet que el Govern renunciés públicament a la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica, exigència que l'Executiu en cap moment ha atès.

Durant l'homenatge, Prohens, que mai no ha expressat una condemna pública específica a les víctimes de la repressió franquista desfermada a les Balears després del cop militar de juliol de 1936 i a les violacions de drets humans comeses durant la dictadura, va defensar que la societat balear ha pres consciència de la necessitat de “tancar ferides restituint la dignitat” de les persones assassinades durant la guerra civil, reconduint després d'això el seu discurs cap als bombardejos de l'Exèrcit republicà.

La intención del Govern balear, presidido por el PP, de implantar en siete municipios de las Islas un memorial para las víctimas civiles de los bombardeos de la guerra civil ha despertado las críticas del movimiento memorialista. En un manifiesto difundido este jueves, Memòria de Mallorca acusa al Ejecutivo de plantear estos reconocimientos de forma aislada, sin contextualizar la represión sistemática ejercida por el franquismo y sin antes someterlos a la Comisión Técnica de Memoria Democrática, el órgano previsto por la legislación autonómica para desarrollar estas políticas.

En concreto, la controversia se sitúa en torno a la iniciativa 'Mur de la Dignitat', un memorial concebido para recuperar y hacer visible el recuerdo de las víctimas de los ataques aéreos producidos durante el conflicto bélico y que, como anunció el pasado 25 de agosto la presidenta del Govern, Marga Prohens, el Ejecutivo tiene previsto extender -ya se celebró uno en Palma- a los municipios de Artà, Inca, Santa Maria del Camí, ses Salines, Sóller, Maó y Eivissa, cuya población sufrió durante la guerra las consecuencias de las deflagraciones. La Administración autonómica propone que cada consistorio determine el emplazamiento, que podrá ser un lugar directamente relacionado con los bombardeos o cualquier otro espacio que garantice la dignidad, visibilidad y accesibilidad del memorial.

En su comunicado, Memòria de Mallorca deja claro que su rechazo no se dirige contra el reconocimiento de quienes murieron en los bombardeos, sino contra la forma de desarrollar los homenajes. Recuerda, asimismo, que fue precisamente la propia entidad la que propuso al Govern elaborar un informe específico sobre todas las víctimas de estos ataques, un trabajo que acabó incorporándose al IV Plan de Fosas y Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears. El estudio ha permitido identificar y documentar 152 personas fallecidas: 97 en Mallorca, 29 en Menorca y 26 en Eivissa.

Desde la asociación memorialista recuerdan que se trata de víctimas “de una guerra consecuencia de un golpe de estado contra el gobierno legal y legítimo de la II República que nunca se tenía que haber producido”, al tiempo que defienden “el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado de 1936, de la guerra que éste desencadenó y de la posterior dictadura franquista”. Precisamente por ello consideran “inaceptable” que las políticas públicas de memoria “puedan convertirse en una selección interesada de víctimas o en una recuperación parcial de un relato histórico que durante décadas fue impuesto por la dictadura franquista”.

En este sentido, la asociación recrimina que el Govern haya trasladado directamente a los ayuntamientos diversos oficios para instalar los memoriales sin previamente haber sometido las propuestas a la Comisión Técnica de Memoria Democrática -órgano técnico previsto en la ley balear de memoria democrática para desarrollar este tipo de reconocimientos- y varios meses después de que PP y Vox aprobasen derogar esta norma. El texto se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional. Memòria de Mallorca considera “una profunda contradicción” que el mismo Ejecutivo que trató de eliminar ese marco legal presente ahora actuaciones como políticas de memoria democrática.

“No aceptaremos que se presenten memoriales públicos a víctimas de la guerra de manera aislada”, incide la entidad, que reclama que cualquier memorial relacionado con los bombardeos incluya específicamente a las víctimas de la aviación del bando sublevado que operaba desde las bases militares de Mallorca, con apoyo de la aviación italiana y alemana. También exige la participación de las entidades memorialistas y de víctimas y que los proyectos, insiste, sean sometidos previamente a la Comisión Técnica.

Desde la Conselleria de Presidencia, de la que depende la gestión de las políticas de memoria democrática, defienden, a preguntas de elDiario.es, que la iniciativa responde a un mandato aprobado por unanimidad por el Parlament de les Illes Balears y que los reconocimientos parten del estudio histórico elaborado por el doctor en Historia Manuel Aguilera, que, incide el Ejecutivo, ha permitido censar y poner nombre y apellidos por primera vez a todas las víctimas de los bombardeos sufridos en las Islas.

Lo que hace ahora el Govern, señalan, es ofrecer a los municipios que sufrieron bombardeos la posibilidad de contar también con un monumento en recuerdo de las víctimas, si bien, precisan, serán los propios municipios y las familias de las víctimas quienes decidan si desean acoger estos actos y monumentos. Desde el departamento dirigido por Antònia Maria Estarellas aseguran que se trata del mismo criterio que se aplica con las conocidas como 'Piedras de la Memoria': el Govern, señalan las mismas fuentes, facilita y pone a disposición de los municipios estos elementos de recuerdo, pero son los ayuntamientos y las familias quienes deben decidir cómo y dónde se materializa ese homenaje.

“El objetivo es muy sencillo: reconocer a todas las víctimas, recuperar sus nombres y preservar su memoria con rigor histórico, respetando siempre la voluntad de los municipios y de las familias”, sentencian.

Más de 2.000 asesinados por el bando franquista

En el mismo manifiesto, Memòria de Mallorca reclama la elaboración de una relación nominal de las víctimas de los bombardeos del bando fascista procedentes de las bases de Mallorca contra poblaciones de la costa peninsular, con especial atención a Menorca, Catalunya, la Comunitat Valenciana y Andalucía, además de un memorial con los nombres de las víctimas civiles de la denominada 'carretera de la muerte', en alusión a los ataques sufridos por la población que huía por la carretera de Málaga a Almería en febrero de 1937, y otro con las víctimas causadas por la aviación sublevada procedente de Mallorca en la costa peninsular. Para este último reclama una ubicación en el paseo Sagrera, integrado en el actual espacio del Mur de la Dignitat.

En esta misma línea, reclaman un memorial en el centro de Palma con los nombres de las más de 2.000 personas asesinadas, muchas de ellas víctimas de desaparición forzada cuyos familiares todavía desconocen su paradero y las circunstancias de su muerte. Finalmente, exigen que el Govern convoque “con carácter urgente” la Comisión Técnica de Memoria Democrática para explicar las actuaciones que está impulsando y que cualquier proyecto de memorial relacionado con los bombardeos sea debatido previamente por este órgano, con participación de entidades memorialistas y especialistas en historia, derecho y otras disciplinas vinculadas a la memoria democrática.

Las actuaciones previstas por el Govern del PP dan continuidad al memorial inaugurado el 27 de julio en el paseo Sagrera de Palma en homenaje al centenar de civiles que fallecieron bajo los bombardeos republicanos registrados en Mallorca entre 1936 y 1938. Al acto asistieron los descendientes de varias de aquellas víctimas así como Prohens y otros altos cargos conservadores y de extrema derecha. Ninguna formación de izquierdas estuvo presente como tampoco Memòria de Mallorca, que había supeditado su presencia a que el Govern renunciase públicamente a la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, exigencia que el Ejecutivo en ningún momento ha atendido.

Durante el homenaje, Prohens, que nunca ha expresado una condena pública específica a las víctimas de la represión franquista desatada en Balears tras el golpe militar de julio de 1936 y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, defendió que la sociedad balear ha tomado conciencia de la necesidad de “cerrar heridas restituyendo la dignidad” de las personas asesinadas durante la guerra civil, reconduciendo tras ello su discurso hacia los bombardeos del Ejército republicano.

Los Gobiernos central y vasco han acordado reforzar su colaboración para la localización de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Así, coordinarán censos de víctimas y mapas de fosas para “avanzar en el derecho a la verdad, la memoria y la justicia”. El Consejo de Gobierno vasco, celebrado este jueves en el Palacio Miramar de Donostia, ha aprobado, a propuesta de la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el convenio de colaboración entre el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para “actualizar y compartir información sobre personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista”.

Según ha explicado el Gobierno vasco, este acuerdo “permitirá coordinar y actualizar los censos de víctimas y los mapas de localización de personas desaparecidas de ambas administraciones, facilitando su integración y consulta conjunta”, recoge Europa Press. Además, la transferencia mutua de datos e información “permitirá la actualización coordinada de los censos de víctimas, así como del mapa de localización de personas desaparecidas”, lo cual “favorecerá la búsqueda e identificación de personas vascas desaparecidas fuera de Euskadi y, de la misma manera, aumentará las posibilidades de identificación de personas procedentes de otras comunidades autónomas fallecidas en nuestro territorio”.

Del mismo modo, el convenio “impulsará la actualización del mapa de fosas de Euskadi y su incorporación al mapa integrado del conjunto del Estado”. Esta actuación está recogida en el Plan de Actuación de Gogora 2025-2028, que apuesta por “reforzar la coordinación entre administraciones en materia de memoria democrática, investigación y reconocimiento de las víctimas”.

Ayudas de Gogora

Por otro lado, Gogora ha convocado dos líneas de subvenciones, aprobadas también en el Consejo de Gobierno de este jueves, para la recuperación de la memoria histórica y democrática en 2026 por un total de 152.500 euros. Estas ayudas financiarán proyectos de asociaciones y fundaciones, así como la publicación de libros sobre la memoria democrática de Euskadi.

La dotación total se distribuirá en dos líneas, 112.500 euros para proyectos de recuperación de la memoria histórica promovidos por asociaciones y fundaciones de Euskadi, y 40.000 euros para la publicación de libros dedicados a la recuperación de la memoria democrática.

Entre las novedades de la convocatoria dirigida a asociaciones y fundaciones, el Gobierno vasco ha destacado “la eliminación del criterio que valoraba la aportación de recursos económicos propios o procedentes de otras ayudas, con el objetivo de facilitar el acceso a las subvenciones”.

Por su parte, la convocatoria para publicaciones mantiene abierta la participación a entidades radicadas tanto en Euskadi, como en Navarra, y amplía igualmente el plazo de justificación hasta el 15 de enero de 2027. Con estas dos convocatorias, el Gobierno vasco ha resaltado que reafirma su compromiso con “la recuperación y divulgación de la memoria histórica y democrática, apoyando el trabajo de entidades memorialistas y fomentando la creación de contenidos que contribuyan al conocimiento y transmisión de nuestra memoria colectiva”.

Uno de los platos más característicos de la cocina española es, sin duda, la tortilla de patatas. Esta receta de apenas tres ingredientes (con permiso de quienes odien la cebolla) nació a finales del siglo XIX como una manera de hacer más apetitosa la carestía que se vivía en los campos y los pueblos. Supieron crear un icono gastronómico con ingredientes propios de las clases más pobres.

Pero esos mismos huevos y patatas llegaron a convertirse en un alimento de lujo pocos años después. Cuando empezó la Guerra Civil, el hambre fue otro campo de batalla: la falta de alimentos y las enfermedades derivadas mataron a más personas en la retaguardia que las balas y bombas en el frente.

Las políticas de racionamiento pronto hicieron mella en las cocinas, pero muchas familias se empecinaron en seguir poniendo tortilla de patatas sobre sus mesas. Aunque fuera sin huevos y con patatas “simuladas”. Este plato, que de tortilla sólo tiene el nombre, es un verdadero ejercicio de imaginación y una muestra de cómo las madres y abuelas intentaban que, al sentarse a la mesa, los suyos vieran los platos que acostumbraban a comer antes de que empezaran a estallar las bombas. Y, aunque fuera sólo por un momento, olvidaran la guerra y el hambre.

Los huevos se substituían por legumbre hervida de más y bien batida o con una masa hecha de harina y agua. Y las patatas se cambiaban por albedos (la membrana blanca de las naranjas) o pan remojado cuando se tenía la suerte de contar con él. “Lo que ocurría en las cocinas fue un verdadero ejercicio de supervivencia, inventiva y de amor”, asegura la periodista y cocinera Berta Álvarez, quien ha recopilado en el libro Recetas de guerra (Kailas) decenas de elaboraciones desde la Segunda República hasta la Transición. Su obra es más que un recetario; es un documento histórico que se ayuda de la gastronomía para explicar desde un prisma diferente cómo fueron aquellos años marcados por el hambre y la desnutrición.

Muchos de los alimentos que hoy se consideran básicos se reservaban para alimentar a los enfermos por ser ricos en proteínas o hidratos, y el resto de la ciudadanía tenía que ingeniárselas sin ellos. En esa lista, por supuesto, también estaban la carne y el pescado, así que el recetario familiar se tuvo que reinventar casi desde cero dando mucho peso a las legumbres y a los cereales, que eran la base de pucheros con poca gracia y substancia. Pero, siempre que podían, las mujeres que estaban tras los fogones, se las ingeniaban para emular platos de antes con lo que tenían.

Los calamares a la romana se convirtieron en aros de cebolla; la pulpa del membrillo se cambió por harina y agua aromatizadas con mosto; y ante la falta de azúcar, los postres pasaron a consistir en pétalos de rosa o girasol fritos. “Algunas de estas opciones no estaban mal; otras eran terribles. Pero lo que buscaba entonces era engañar a la cabeza, más que al paladar, para que se viera sobre la mesa un plato que hiciera olvidar”, relata Álvarez.

Esta periodista madrileña que con los años se reconvirtió a cocinera y hoy, tras pasar por Le Cordon Bleu, ostenta el título de Chef en Pastelería, ha recreado todas y cada una de las recetas que recoge en su libro. Las ilustra con imágenes que son como bodegones, en los que la vajilla Duralex es omnipresente y la decoración, propia de cada época, aporta pistas sobre las inquietudes de quienes se sentaban alrededor de esos platos. “Probar estas recetas despierta conciencias y hace tomar perspectiva”, resalta la cocinera.

“¡Respetad a los gatos!”

El origen de muchas de las recetas de este libro se encuentran en las notas y libretas de Pilar, la tía abuela de Álvarez, que empezó a recopilarlas en 1913. En ellas se ve cómo la aparición de ciertos electrodomésticos y la variedad de alimentos de la Segunda República contrastó tremendamente con la hambruna y escasez que empezó con la Guerra y se alargó hasta bien entrada la Transición.

Pero aunque la inventiva de Pilar era mucha, no fue suya la idea de sustituir la capacidad aglutinante del huevo -y sus proteínas- por las legumbres, y tampoco se le ocurrió aromatizar las gachas para que parecieran membrillo. Esos trucos aparecieron en las revistas de cocina de la época, en las que los cocineros pasaron de enseñar recetas suculentas a maneras de subsistir, combinando los alimentos lo mejor posible para suplir carencias nutricionales y, también, animando a mantener el placer por la comida.

Uno de ellos fue el reconocido gastrónomo catalán Ignasi Doménech, quien editó la revista El Gorro Blanco desde principios de siglo hasta el fin de la guerra y escribió cerca de una veintena de obras y recetarios. Él, que se formó en las cocinas de caros y finos restaurantes, acabó acompañando a miles de amas de casa que se las veían crudas para alimentar a los suyos. Tanto, que todavía hoy se le recuerda por su libro Cocina de recursos (1938).

En esa obra se relata de manera cruda el desabastecimiento de la guerra, así como las opciones con los diversos alimentos que se podían conseguir en cada lugar. Porque no era lo mismo estar en una ciudad que en el campo, donde el cultivo, la pesca y la caza -aunque fuera a pequeña escala- podían dar algo de tregua. Y, por supuesto, tampoco era lo mismo estar en una zona tomada por el bando sublevado que en otra que resistía el azote del fascismo.

Las recetas que recupera Álvarez en su libro vienen de Madrid y de Zaragoza, dos ciudades que permiten ver bien las diferencias. La autora deja claro que, independientemente de las manos que gobernaran la zona, hubo hambre en toda España durante aquellos años. Pero sí apunta en que algunas capitales, especialmente Barcelona y Madrid, fueron pozos de “miseria”.

Para muestra, la figura del sustanciero, un hombre que iba casa por casa con un hueso de jamón que, a cambio de unas pesetas, lo introducía unos minutos en el caldo para saborizarlo. La carne era un bien escaso, tanto que hasta el pollo se convirtió en un alimento de lujo y muchas casas no tuvieron más remedio que echar a la cazuela los animales que tenían a mano, entre ellos gatos y perros.

“No quedó un solo gato en Madrid”, reza uno de los testimonios que Álvarez recoge al final de su libro y que cuenta que muchas casas se vieron obligadas a colgar en sus puertas y escalaras carteles que instaran a respetar la vida de estos animales. No sólo porque fueran las mascotas queridas de algunos, sino también porque mantenían a raya la plaga de ratas que transmitían enfermedades y se colaban en las ya muy exiguas despensas.

Del menú del día al Nesquik

El hambre no acabó con el fin de la guerra. El final de la carestía dependió -como en muchos otros ámbitos- del carnet y la clase social de la familia a la que se pregunte, pero se puede establecer 1952 como un año de inflexión. Fue cuando se dijo adiós a las cartillas de racionamiento.

A partir de finales de la década, España se abrió al mundo y eso comportó que diversas empresas quisieran expandir sus oportunidades de mercado. Así fue como llegaron marcas como Coca-Cola o Bimbo a hacerse un hueco en las despensas. Otras empezaron a disputar el reinado de productos nacionales, como fue el caso de Nesquik y Colacao o el de la batalla entre el jamón de York o el jamón serrano.

“Entre uno y otro no hay ni punto de comparación, pero, de repente, lo de fuera estaba más rico”, recuerda Álvarez, que marca en esos años el inicio del “desprestigio” de la comida regional. La proliferación de restaurantes de otros países coincidió con la pérdida de popularidad de los bares que ofrecían el menú del día (un invento, dicho sea de paso, del ministro de Turismo franquista, Manuel Fraga).

Todo ello propició que se empezara a dejar de lado recetas tradicionales que, por otro lado, recordaban a las épocas de hambruna y guerra. Un ejemplo de ello está en las lentejas, uno de los platos menos apreciados de la gastronomía española. “Sobre el papel, no tiene sentido porque están ricas y son muy nutritivas. Quizás tiene que ver con el recuerdo que tiene la gente de ellas, que ha hecho que el rechazo se transmita generación tras generación”, apunta la chef.

De hecho, una de las recetas más socorridas durante los primeros años de la Guerra fueron las lentejas Negrín, de color muy oscuro que solían estar en sacos repletos de insectos. El nombre viene de que quien fue el último presidente de la República, que recomendó estas legumbres, a las que llamaba “píldoras de resistencia” o “vitaminas para el cerebro”, por sus propiedades.

“Claro que hay cosas que traen malos recuerdos, pero no podemos dejar de lado esas recetas ni menospreciarlas”, apunta Álvarez. Ella defiende la riqueza y calidad de la comida tradicional española, pero también alerta del peligro de olvidar el hambre que pasaron nuestros padres y abuelas. “Tenemos guerras a menos de tres horas de avión y nunca se sabe... Hay lecciones que es mejor conservar”, zanja la chef.

La Diputació de València, a través de la delegació de Memòria Democràtica, ha fet una crida a la ciutadania per a localitzar familiars d’11 represaliats de la Guerra Civil que van ser inhumats a Bétera i Barcelona. La vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable de l’àrea, atén així la petició d’ajuda de l’associació Per la Nova República i de l’Ajuntament barceloní de Sant Pere de Ribes. La primera entitat comunica que les restes de 10 valencians que van morir al camp de concentració de Portacoeli, a Serra, estan inhumades al cementeri de Bétera. El consistori català, per la seua banda, adverteix que les restes del soldat valencià Alfredo Lloret es troben al seu cementeri municipal.

La vicepresidenta Enguix destaca la importància de localitzar els familiars d’aquestes persones represaliades per a posar en marxa el procés de recuperació i identificació de les restes. En cas d’èxit en les proves, el procediment culminarà amb el lliurament d’aquestes als seus familiars. “Sense l’aparició de parents que puguen participar en la identificació genètica és impossible que el procés fructifique”, explica Enguix, qui remarca el valor d’aquestes campanyes reparadores impulsades per ajuntaments i associacions. “Nosaltres tenim molt clara la nostra intenció de participar i ajudar els familiars de les víctimes sempre que siga possible, com demostra la inversió que fem en memòria històrica, amb més d’un milió d’euros anuals”, apunta.

En aquest cas, la sol·licitud enviada per l’associació Per la Nova República i l’ajuntament català busca difondre la identitat dels represaliats les restes dels quals ja s’han localitzat o estan en procés de recerca, perquè apareguen familiars que contribuïsquen a les proves genètiques. “La memòria no són només les campanyes d’exhumació. És l’esforç de tota una societat per rescatar la veritat històrica i reconéixer els drets humans, i ací entra el treball de documentació i localització, les campanyes d’exhumació i identificació i la part divulgativa que estem reforçant des de la Diputació”, assenyala la vicepresidenta.

Víctimes de Portacoeli

La presidenta de l’associació Per la Nova República, María José Meseguer, s’ha dirigit a la Diputació de València per a informar del procés de localització de 62 republicans que van morir al camp de concentració de Portacoeli, a Serra, i que van ser soterrats a la fossa comuna del cementeri de Bétera. Entre ells hi ha 10 valencians d’entre 24 i 51 anys, les restes dels quals podran recuperar-se i identificar-se si apareixen els seus descendents o parents.

El llistat de represaliats valencians inhumats a Bétera el componen Juan Bautista Ibáñez Santamaría, veí del Cabanyal, a València; José Martínez Montell, de la Llosa de Ranes; Salvador Castellblanch Badia, d’Estivella; José Fort Tortajada, de Massamagrell; Remigio Soler Juliá, de Bèlgida; Evaristo Chafes González, de Bolbaite; José María Moreno García, de Museros; Juan José Sancho Badía, de Quartell; i els alacantins Tomás Albert Sort i Vicente Fornés Ribes, de Xàbia i Pedreguer, respectivament. Tots ells van morir entre abril de 1940 i abril de 1941.

Front de Llevant

L’onzena víctima és el soldat valencià Alfredo Lloret Soler, les restes del qual descansen juntament amb les d’altres 18 soldats al cementeri barceloní de Sant Pere de Ribes. Alfredo va morir a causa d’una infecció al cap de 19 anys a l’Hospital de Carabiners de Mas Solers, igual que les altres víctimes identificades pel consistori català i l’Associació de Familiars de Víctimes del Front de Llevant. L’objectiu de la recerca és trobar familiars que desitgen recuperar les seues restes i retre-li homenatge. Els impulsors de la iniciativa en terres catalanes desconeixen la localitat natal del soldat valencià, qui va servir en el 3 BM —secció de Transmissions— i va morir el 19 d’agost de 1938.

El punt de partida del projecte es deu a la investigació de l’arqueòloga Irene Estévez. L’especialista va observar un grafit amb la inscripció “1937” a l’edifici de l’antic hospital de Sant Pere de Ribes, cosa que la va motivar a consultar historiadors locals fins a esbrinar que l’immoble va prestar servei sanitari durant la contesa. L’examen posterior de l’arxiu municipal va confirmar l’existència de les actes de defunció de 19 soldats en dates coincidents amb les batalles de l’Ebre i del Segre.

La Diputación de Valencia, a través de la delegación de Memoria Democrática, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para localizar a familiares de 11 represaliados de la Guerra Civil que fueron inhumados en Bétera y Barcelona. La vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable del área, atiende así la petición de ayuda de la asociación Per la Nova República y del Ayuntamiento barcelonés de Sant Pere de Ribes. La primera entidad comunica que los restos de 10 valencianos que murieron en el campo de concentración de Portacoeli (Serra) están inhumados en el cementerio de Bétera. El consistorio catalán, por su parte, advierte que los restos del soldado valenciano Alfredo Lloret se hallan en su cementerio municipal.

La vicepresidenta Enguix destaca la importancia de localizar a los familiares de estas personas represaliadas para poner en marcha el proceso de recuperación e identificación de los restos. En caso de éxito en las pruebas, el procedimiento culminará con la entrega de los mismos a sus allegados. “Sin la aparición de parientes que puedan participar en la identificación genética es imposible que el proceso fructifique”, explica Enguix, quien remarca el valor de estas campañas reparadoras impulsadas por ayuntamientos y asociaciones. “Nosotros tenemos muy clara nuestra intención de participar y ayudar a los familiares de las víctimas siempre que sea posible, como demuestra la inversión que hacemos en memoria histórica, con más de un millón de euros anuales”, apunta.

En este caso, la solicitud enviada por la asociación Per la Nova República y el ayuntamiento catalán busca difundir la identidad de los represaliados cuyos restos ya se han localizado o están en proceso de búsqueda, para que aparezcan familiares que contribuyan a las pruebas genéticas. “La memoria no son solo las campañas de exhumación. Es el esfuerzo de toda una sociedad por rescatar la verdad histórica y reconocer los derechos humanos, y ahí entra el trabajo de documentación y localización, las campañas de exhumación e identificación y la parte divulgativa que estamos reforzando desde la Diputación”, señala la vicepresidenta.

Víctimas de Portacoeli

La presidenta de la asociación Per la Nova República, María José Meseguer, se ha dirigido a la Diputación de Valencia para informar del proceso de localización de 62 republicanos que murieron en el Campo de Concentración de Portacoeli, en Serra, y que sufrieron sepultura en la fosa común del cementerio de Bétera. Entre ellos se encuentran 10 valencianos de entre 24 y 51 años, cuyos restos podrán recuperarse e identificarse si aparecen sus descendientes o parientes.

El listado de represaliados valencianos inhumados en Bétera lo componen Juan Bautista Ibáñez Santamaría, vecino del Cabanyal, en València; José Martínez Montell, de La Llosa de Ranes; Salvador Castellblanch Badia, de Estivella; José Fort Tortajada, de Massamagrell; Remigio Soler Juliá, de Bèlgida; Evaristo Chafes González, de Bolbaite; José María Moreno García, de Museros; Juan José Sancho Badía, de Quartell; y los alicantinos Tomás Albert Sort y Vicente Fornés Ribes, de Xàbia y Pedreguer respectivamente. Todos ellos fallecieron entre abril de 1940 y abril de 1941.

Frente de Levante

La undécima víctima es el soldado valenciano Alfredo Lloret Soler, cuyos restos descansan junto a los de otros 18 soldados en el cementerio barcelonés de Sant Pere de Ribes. Alfredo murió a causa de una infección a los 19 años de edad en el Hospital de Carabineros de Mas Solers, al igual que las demás víctimas identificadas por el consistorio catalán y la Asociación de Familiares de Víctimas del Frente de Levante. El objetivo de la búsqueda es encontrar a familiares que deseen recuperar sus restos y rendirle homenaje. Los impulsores de la iniciativa en tierras catalanas desconocen la localidad natal del soldado valenciano, quien sirvió en el 3 BM (sección de Transmisiones) y falleció el 19 de agosto de 1938.

El punto de partida del proyecto se debe a la investigación de la arqueóloga Irene Estévez. La especialista observó un grafiti con la inscripción “1937” en el edificio del antiguo hospital de Sant Pere de Ribes, lo que la motivó a consultar con historiadores locales hasta averiguar que el inmueble prestó servicio sanitario durante la contienda. El examen posterior del archivo municipal confirmó la existencia de las actas de defunción de 19 soldados en fechas coincidentes con las batallas del Ebro y del Segre.

La ciencia española estaba despegando cuando la Guerra Civil lo cambió todo. El avance del franquismo rompió con el proyecto científico de expansión y modernización construido por la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) desde principios de siglo y desmanteló buena parte de su estructura para erigir una institución que representara a la Nueva España. Así nacía, en 1939, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde entonces, el que sigue siendo el mayor organismo de investigación del país, vertebró una política nacionalcatólica y truncó las carreras de decenas de profesionales vinculados a la JAE.

Muchos científicos y técnicos fueron apartados de sus puestos, sancionados o encarcelados por sus ideas o por no encajar en las férreas normas que fue imponiendo la dictadura. Medio siglo después de la muerte de Franco, el CSIC ha buceado en su pasado franquista y ha hecho público por primera vez un archivo digital con los nombres y trayectorias que hubo detrás de la depuración. El fondo consta de 510 perfiles —135 de ellos mujeres— sometidos a la purga franquista que salen a la luz tras años de trabajo.

El repositorio, publicado en la web Archivo Memoria y Reparación, se enmarca en el proyecto de investigación iniciado por el propio CSIC para adaptarse a la Ley de Memoria Democrática de 2022. Producto de ese proceso fue la retirada en 2024 de los retratos de su primer presidente, José Ibáñez Martín, y su secretario general, José María Albareda, por participar en la represión. También el cambio de nombres de algunos institutos o la instalación de placas explicativas.

Conocer qué había pasado con los investigadores y técnicos que trabajaban en la JAE cuando las autoridades franquistas comenzaron el proceso de purga era una de las asignaturas pendientes del organismo. La Junta para Ampliación de Estudios, cuyo primer presidente fue el Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, fue creada en 1907 bajo el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza y llevó a la ciencia española a un florecimiento sin precedentes. Promovió las estancias en el extranjero de científicos y creó numerosos laboratorios e institutos abriendo nuevas líneas de investigación.

Sin embargo, con la victoria de los sublevados en la Guerra Civil, Francisco Franco ordenó crear el CSIC para “restaurar la clásica y cristiana unidad de las ciencias”. El objetivo era, literalmente, “imponer las ideas esenciales que han inspirado nuestro Glorioso Movimiento”, según el decreto de creación. Aunque el CSIC heredó parte de la estructura, patrimonio y edificios de la JAE, desmanteló laboratorios y centros, construyó “una nueva arquitectura institucional” y persiguió a su personal.

“Tradicionalmente, se ha dicho que el CSIC era la continuación de la JAE sin ningún tipo de matiz, pero no es verdad. La Guerra Civil y la dictadura provocan una quiebra profunda del proceso de modernización que había iniciado la JAE y el CSIC cambia completamente la ideología y el objeto de la institución”, explica Ana Romero, coordinadora del proyecto e historiadora del Instituto de Filosofía del CSIC.

La depuración se convirtió entonces en una “herramienta esencial” para la configuración de la Nueva España. No fue algo puntual ni excepcional, sino una política sostenida en el tiempo que tuvo por objetivo apartar de la vida pública y las instituciones a los opositores políticos o personas consideradas incompatibles con el nuevo régimen. El archivo ha descubierto que casi la mitad de los depurados siguieron trabajando y el resto fueron apartados, encarcelados o sancionados.

Aun así, continuar no fue equiparable a que sus trayectorias no se vieran perjudicadas. Rafael Lapesa, por ejemplo, percibió la mitad de su salario durante el tiempo que se tardó en resolver su expediente para confirmarle después como catedrático del Instituto de Enseñanza Media de Oviedo. El médico Gonzalo Rodríguez Lafora se exilió y el régimen le impuso ocho años de inhabilitación y una multa de 50.000 pesetas, pero a su vuelta su situación fue nuevamente evaluada y pudo acreditar que no había pertenecido a organizaciones de izquierdas, por lo que se acordó su rehabilitación y su nombramiento como jefe de neuropatología del Instituto Cajal.

Sanción vía BOE

En el censo constan nombres destacados, muchos inhabilitados directamente vía BOE, sin posibilidad de defensa: fue el caso del físico Blas Cabrera, separado de su cátedra el 4 de febrero de 1939 y desposeído dos años después de los reconocimientos otorgados por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También el naturalista Ignacio Bolívar y Urrutia, figura central del exilio científico en México; el fundador de la oceanografía española, Odón de Buen, que actualmente da nombre al mayor barco oceanográfico de la flota española; o el químico Enrique Moles, condenado además a 12 años de cárcel por sus actividades políticas.

Pero, además, el archivo reconstruye los pasos de figuras anónimas, incluso de técnicos o responsables de tareas de gestión y servicios, como el personal de vigilancia de los centros o las mujeres encargadas de las tareas de limpieza. Fue el caso de Ricarda Moreno, que fue señalada por el Servicio de Información y Policía Militar por su participación en el comité organizado durante la Guerra Civil en la Residencia de Estudiantes, donde limpiaba. La consecuencia fue su separación definitiva del trabajo.

Uno de los hallazgos del proyecto es que la depuración no fue un proceso ordenado, homogéneo y lineal, sino que fue adaptándose paulatinamente a la casuística y a las diferentes fases de la dictadura. “Iban haciendo arreglos e incorporando normas cada vez más represivas porque todo se les quedaba corto para lo que querían hacer. Eso es algo que se ve en la grandísima cantidad de situaciones y formas de nombrar los castigos que generó la legislación”, explica Romero.

El archivo ha mantenido la nomenclatura que utilizaron los franquistas precisamente para evidenciar que “hubo un acomodo constante para que nadie quedara fuera del marco represivo”: apertura de expediente, sanción, suspensión de empleo con derecho al 50%, suspensión de empleo y sueldo, prohibición de solicitar vacantes, inhabilitación para el desempeño de cargos directivos, inhabilitación absoluta, destierro o inhabilitación “perpetua” para el ejercicio de la enseñanza son algunos de los tipos de castigo rastreados por el proyecto.

Por “vestir pantalones”

Entre los motivos, hubo de todo: ideológicos, de conducta y algunos tan absurdos como el de “vestir pantalones” que se le atribuyó a la doctora en filosofía y letras María del Carmen Pescador del Hoyo. Según el expediente nº 4.138 de responsabilidades políticas elaborado por la Policía de León, se le acusó de haber sido alumna de Claudio Sánchez Albornoz —con el que trabajó hasta 1936 en el Instituto de Estudios Medievales—, de ser prometida de José Yuste Blázquez, apartado de Correos en 1936, y de usar pantalones. Se le sancionó con la prohibición de solicitar vacantes y avanzar en el escalafón durante cinco años y de desempeñar puestos de mando, con un veto especial para trabajar en bibliotecas en contacto con público joven. En 1953 fue nombrada jefa de sección el Archivo Histórico Nacional de Madrid.

En el fondo se pueden leer casos como el de Santiago Piña, jefe del laboratorio de Espectrografía del Instituto Nacional de Física y Química que durante la Guerra Civil continuó trabajando para evitar daños en el material científico. Según declaró, su labor había sido seguir con las investigaciones iniciadas 16 años antes y afirmó que había ingresado en UGT en 1937 para obtener el permiso de libre circulación por el Madrid en guerra. Un tribunal militar le condenó a 20 años de cárcel y murió en 1940 de una bronconeumonía en la prisión de San Antón de la capital.

El conservador de entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Federico Bonet, se exilió a Francia y México, donde desarrolló su carrera científica. En su huida al país galo, fue apresado en los campos de concentración franceses de Argelès-sur-Mer, Bram y Montolieu. Por su parte, Teresa Andrés Zamora, que había sido becada por la JAE, fue cesada definitivamente en 1939 del cuerpo de archiveros y bibliotecarios. Se le acusó de firmar documentos estando vinculada a la organización republicana Cultura Popular. En su exilio en París colaboró con la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial.

En el caso de las mujeres, la investigación calcula que solo un tercio pudieron continuar con sus carreras en el CISC, una circunstancia que, según Romero, se puede deber a varias circunstancias como que el Instituto Escuela, que tenía muchas profesoras en plantilla, no se incorporó al CSIC, y lo mismo ocurrió con la Residencia de Señoritas, que se convirtió en colegio mayor.

Las ausencias y dificultad para encontrar información también han marcado el proceso de investigación del fondo, para el que el CSIC ha hecho un recorrido exhaustivo por 13 archivos y otros censos. Sin embargo, estos “no son neutrales” y fueron también “violentados”, estuvieron sometidos a las políticas de la dictadura y sufrieron saqueos y destrucciones.

Esto explica que no todos los expedientes de depuración hayan sido hallados. Además, hay vacíos de información que tienen que ver con otras cuestiones: muchas de las mujeres que estuvieron en el Laboratorio Foster, el primero de Química destinado a la formación femenina, no pudieron seguir con sus carreras aunque no haya un documento que así lo acredite. “Lo sabemos porque muchas fueron becarias, no tenían un contrato o una relación contractual así que no pasaron por el proceso estricto de depuración”, señala Romero, para la que el trabajo permite concluir que la purga no solo fue un castigo individual, sino una “reconfiguración completa del tejido institucional y científico español”.

La Diputació de València participarà en un congrés internacional organitzat per l’Ateneo de México, la Universidad Iberoamericana i la Universitat de València dins del marc de la Càtedra de l’Exili. La institució provincial exposarà al país nord-americà el model de polítiques públiques desenvolupat en matèria de recuperació de la memòria històrica.

Les actuacions de la corporació provincial abasten la continuïtat de les exhumacions i el procés d’identificació de les persones represaliades i assassinades durant l’època franquista que romanen en fosses comunes. Així mateix, el pla de treball inclou el desenvolupament d’un centre de documentació virtual, la convocatòria dels premis “Memòria a l’Escola” i “María La Jabalina”, la distribució de fons bibliogràfics en biblioteques municipals, activitats pedagògiques en centres educatius i l’organització de la segona edició del Congrés Internacional de Memòria Democràtica, fixada per a l’any 2027.

La portaveu d’Ens Uneix i vicepresidenta primera de la corporació, Natàlia Enguix, ha abordat aquestes actuacions durant una entrevista a Radio València, on ha qualificat la invitació a Mèxic com una fita que “formarà part ja de la història de l’àrea de memòria democràtica de la Diputació”. Enguix ha assegurat que la institució s’ha consolidat en els últims tres anys com “un referent en tota la Comunitat Valenciana” i l’“única institució que ara mateix treballa de manera ferma i seriosa per la memòria democràtica”.

En relació amb els treballs d’exhumació a les fosses, Enguix ha remarcat que les tasques d’identificació constitueixen “un tema de justícia i d’humanitat”, després de subratllar que “totes les persones mereixem ser enterrades dignament”. Finalment, la portaveu ha recordat que aquesta àrea de treball es va posar en marxa durant la presidència de Jorge Rodríguez i ha defés que el compromís amb la memòria històrica “forma part de l’ADN d’Ens Uneix”.

La Diputación de Valencia participará en un congreso internacional organizado por el Ateneo de México, la Universidad Iberoamericana y la Universitat de València dentro del marco de la Cátedra del Exilio. La institución provincial expondrá en el país norteamericano el modelo de políticas públicas desarrollado en materia de recuperación de la memoria histórica.

Las actuaciones de la corporación provincial abarcan la continuidad de las exhumaciones y el proceso de identificación de las personas represaliadas y asesinadas durante la época franquista que permanecen en fosas comunes. Asimismo, el plan de trabajo incluye el desarrollo de un centro de documentación virtual, la convocatoria de los premios “Memòria a l'Escola” y “María La Jabalina”, la distribución de fondos bibliográficos en bibliotecas municipales, actividades pedagógicas en centros educativos y la organización de la segunda edición del Congreso Internacional de Memoria Democrática, fijada para el año 2027.

La portavoz de Ens Uneix y vicepresidenta primera de la corporación, Natàlia Enguix, ha abordado estas actuaciones durante una entrevista en Radio Valencia, donde ha calificado la invitación a México como un hito que “va a formar parte ya de la historia del área de memoria democrática de la Diputación”. Enguix ha asegurado que la institución se ha consolidado en los últimos tres años como “un referente en toda la Comunidad Valenciana” y la “única institución que ahora mismo trabaja de manera firme y seria por la memoria democrática”.

En relación con los trabajos de exhumación en las fosas, Enguix ha remarcado que las tareas de identificación constituyen “un tema de justicia y de humanidad”, tras subrayar que “todas las personas merecemos ser enterradas dignamente”. Por último, la portavoz ha recordado que esta área de trabajo se puso en marcha durante la presidencia de Jorge Rodríguez y ha defendido que el compromiso con la memoria histórica “forma parte del ADN de Ens Uneix”.