El Gobierno de Navarra distinguirá a la asociación 'Abuelas de la Plaza de Mayo' por su trabajo por la memoria, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas en Argentina. El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Ejecutivo foral ha organizado un programa especial de actividades con motivo del doble aniversario de los golpes de Estado militares que sufrieron Navarra (1936) y Argentina (1976).

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo Foral, Ana Ollo, ha anunciado en este contexto que el reconocimiento institucional anual que el Gobierno de Navarra realiza con motivo del Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre, estará dedicado en esta ocasión a la asociación 'Abuelas de la Plaza de Mayo' por su trabajo para identificar y recuperar a los recién nacidos desaparecidos por la represión militar argentina.

Además, aprovechando la presencia de las representantes de la asociación 'Abuelas de la Plaza de Mayo', está prevista, durante el mes de septiembre, la celebración de conferencias y encuentros de las reconocidas con jóvenes, dentro del programa Escuelas con Memoria por la Paz y la Convivencia, así como una exposición sobre las 'Abuelas de la Plaza de Mayo' con fotografías de los nietos restituidos. La muestra se completará con una recopilación de relaciones directas e indirectas de la represión de la dictadura argentina en personas navarras o de ascendencia navarra.

La búsqueda de los restos de las personas asesinadas en Navarra tras el golpe militar de julio de 1936 y después por el régimen franquista será el argumento de una exposición monográfica sobre fosas de represión que el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera organizará, en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en la apertura del Centro de Memoria y Convivencia del rehabilitado edificio de Rozalejo, prevista para finales de este verano. La muestra sobre las 'Abuelas de la Plaza de Mayo' también será en este lugar.

Éstas exposiciones son dos de las actividades principales que se incluyen en el programa denominado 'Memorias compartidas. Navarra-Argentina en dictadura, 1936-1976-2026', presentado este viernes por la vicepresidenta Ollo. Se trata de un programa que pretende profundizar en los contactos encaminados a generar una red de trabajo internacional en el ámbito de la memoria y de los derechos humanos, en su gran parte con entidades y asociaciones de América Latina.

Desde hace una década, el 21 de septiembre el Gobierno de Navarra conmemora el Día Internacional de la Paz, fecha en la que se realiza un reconocimiento institucional a personas o entidades que han trabajado por los valores de una paz y una convivencia basada en el respeto a los derechos humanos y una memoria colectiva. Habitualmente se realiza en Tudela con la participación de la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite. El año pasado, a propuesta del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, se reconoció el compromiso de las mujeres afganas en favor de la educación por la paz y la igualdad de género en la figura de Nadia Ghulam, fundadora de la ONGD 'Ponts de Pau' (Puentes de Paz).

Para este año 2026, se ha decidido conceder este reconocimiento institucional a la asociación argentina 'Abuelas de la Plaza de Mayo', siendo de nuevo la lucha de las mujeres por la defensa de los derechos humanos desde la memoria colectiva su seña de identidad.

En 1977 surgió en Argentina un movimiento de madres que desafiaron a la Junta Militar presidida por el general Jorge Rafael Videla. Se concentraban en la plaza de Mayo, situada frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia argentina, para exigir información sobre sus hijos e hijas desaparecidos. Eran las 'Madres de la Plaza de Mayo'. Poco después, una parte de ellas empezó también a buscar a sus nietos y nietas, ya que muchas detenidas por el régimen militar estaban embarazadas, la mayoría, o acababan embarazas -al ser utilizada la violación como una forma de violencia y tortura contra las mujeres-, cuando los militares les arrebataban a sus hijos e hijas nada más nacer.

“La dictadura estructuró un plan sistemático de apropiación de bebés, niñas y niños, con centros de detención ilegal donde funcionaron maternidades clandestinas. Alrededor de 500 recién nacidos de personas desaparecidas o en cautiverio fueron secuestrados junto a sus madres y/o padres y separados de ellos entre los años 1975 y 1980. Algunos fueron entregados a familias cercanas a las Fuerzas Armadas o cuerpos de seguridad; otras, abandonadas en diferentes instituciones. En todos los casos les robaron su identidad y les privaron de vivir con sus familias, en conocimiento de la verdad, de sus derechos y de su libertad”, explican desde la asociación reconocida.

Este grupo de madres, que pasó a llamarse 'Abuelas de la Plaza de Mayo', es un colectivo con el que parte del equipo del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera mantuvo un encuentro en el marco de una visita institucional, en noviembre de 2025, a Chile y Argentina. En este viaje tuvieron lugar varias reuniones en las que se profundizaron las alianzas internacionales en materia de memoria y convivencia.

En los últimos 49 años, esta asociación argentina ha impulsado un gran trabajo de movilización social, además de diversos contactos con el mundo científico e intelectual. De hecho, los avances en la técnica genética -algo que también está dando buenos resultados en Navarra con el Banco público de ADN- han logrado restituir la identidad a 140 personas, aún que faltan encontrar casi 300. Además, continúan con las tareas de transmisión de la memoria colectiva para “construir el legado de la lucha y garantizar que esta terrible violación de los derechos humanos no se repita nunca más”, indican desde la asociación Abuelas de la Plaza de Mayo.

Según ha explicado la vicepresidenta Ollo, “el reconocimiento lo hacemos extensible a todo el movimiento de mujeres, madres y abuelas, que han mantenido viva esta lucha y siguen reivindicando la importancia de consolidar una memoria colectiva para que estos hechos no puedan repetirse, además de seguir con su trabajo de búsqueda e identificación”. Ollo también ha contextualizado la distinción en un marco más amplio y en unas líneas de trabajo estratégicas que considera fundamentales en la actual coyuntura mundial, en la que “ante un movimiento reaccionario global, hay que tejer puentes y alianzas entre diferentes países, instituciones y colectivos como los de Argentina”.

Antes, coincidiendo también con otra efeméride, el Instituto Navarro de la Memoria lanzará dos exposiciones virtuales (en línea) destacadas en el portal Oroibidea, sobre dos mujeres clave en ese periodo, como son la cineasta María Luisa Elío (nacida el 17 de agosto de hace cien años) y Carmen Huder (nacida el 12 de septiembre de 1891), pedagoga y activista del gobierno de la II República exiliada, como parte de una programación más amplia.

La declaración del Fuerte de San Cristóbal como Lugar de Memoria o una nueva edición de Las Botellas de la Libertad y del proyecto Ruta del Exilio (en Navarra del 21 al 28 de julio) son algunos otros hitos de este programa que tiene en el final del verano y el otoño su parte más destacada de eventos y actividades con el 'III Congreso Internacional de Historia con Memoria en la Educación', del 12 al 14 de noviembre.

Diciembre de 1935. Aún queda más de medio año para la sublevación militar que derrocaría la democracia, pero el descontento con el proyecto republicano era cada vez mayor. La destitución del líder de la CEDA, José María Gil Robles, como ministro de la Guerra había intensificado el malestar de los sectores más reaccionarios del Ejército y de la élite conservadora. De noche, tres generales mantienen una reunión secreta que es interrumpida por el teniente coronel Valentín Galarza. Trae un encargo del líder monárquico José Calvo Sotelo, que envía un mensaje claro: es hora de dar un paso al frente.

De aquella reunión no salió ningún acuerdo, pero la escena refleja que la idea de acabar con la República no surgió de la nada antes de desembocar en el golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, que cumple 90 años. La planificación del levantamiento suele situarse a finales de 1935, definitivamente acelerado por el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, pero los movimientos conspirativos bullían prácticamente desde el inicio del nuevo régimen. El camino había empezado a recorrerse mucho antes con una dirección precisa.

“Hubo un plan muy concreto y preparado meticulosamente desde antes, no fue ninguna reacción espontánea sino el producto de una trama monárquico-militar-fascista”, afirma el historiador Ángel Viñas, autor de numerosos libros sobre el tema. El experto se muestra contundente frente a las tesis revisionistas que sitúan el origen en una respuesta casi inevitable frente al asesinato, solo unos días antes, del líder de Renovación Española, Calvo Sotelo. A pesar de que estas son las versiones que se encargó de difundir con ahínco la propaganda franquista, aún hoy siguen teniendo eco.

Que las maniobras preparatorias del Alzamiento Nacional –llamado así por los franquistas– estaban ya orquestadas antes del asesinato del político monárquico al que la dictadura convertiría en mártir está plenamente demostrado. De hecho, no sería el primer intento: antes, en 1932, el general José Sanjurjo había liderado un primer levantamiento militar desde Sevilla que “no estaba muy preparado, no tenía estructura y acabó fracasando”, explica el historiador Gutmaro Gómez Bravo.

El rechazo a la Segunda República iba aumentando por factores como las reformas sobre la tierra y la Iglesia, el crecimiento de la participación obrera, la revolución de octubre de 1934 y la destitución de Gil Robles, que había favorecido el ascenso de militares africanistas reaccionarios. Para algunos sectores, estas medidas suponían una amenaza a la llamada “antiEspaña”. Como explica la profesora de la UNED Pilar Mera, “más que un proyecto común, compartían un antiproyecto: derrocar al Frente Popular y lo que este significaba”.

Porque la victoria de la alianza de izquierdas en las elecciones de febrero de 1936 marcó un punto de no retorno. Menos de un mes después, varios altos mandos del Ejército que después se convertiría en golpistas —entre ellos Franco, Mola, Orgaz, Fanjul y Varela— se reunieron para planificar “un alzamiento que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España”. Era la trama militar del golpe, que acabaría acordando que Sanjurjo –y no Franco– sería la figura que lo encabezaría.

Paralelamente, actuaba la Unión Militar Española (UME), una organización semisecreta y antirrepublicana que, tras la radicalización política de 1934, creció rápidamente hasta los 7.400 asociados. La asociación actuó como un elemento vertebrador del golpismo dentro del Ejército, llegando a “penetrar en los cuarteles y reclutar a gente” para ejecutar la sublevación de 1936, explica Mera.

Los monárquicos, los primeros conspiradores

Aunque fue un levantamiento militar, la pata civil del golpe contaba con diferentes activos. Los monárquicos alfonsinos fueron los conspiradores más tempranos y, según ha revelado Viñas, hicieron una aportación decisiva: sus contactos con la Italia fascista habían arrancado mucho antes, pero el 31 de marzo, una delegación se reunió directamente con Benito Mussolini para asegurarse su ayuda en caso de insurrección. Faltaban dos años para el golpe. “Este fue un punto de inflexión clave y lo que puso de manifiesto es el interés político de Italia por España una vez acabaran con la República”, incide el historiador.

La concreción práctica del pacto llegó el 1 de julio de 1936, solo dos semanas antes de la sublevación, cuando el diputado monárquico Pedro Sáinz Rodríguez firmó cuatro contratos secretos en Roma para el suministro de una flota de aviones de combate, acompañados de listas “muy detalladas” de armamento, munición y piezas de recambio. Según Viñas, que reproduce los contratos en Quién quiso la Guerra Civil. Historia de una conspiración (Crítica), la operación fue financiada por el banquero Juan March, al que identifica como “el financiador más importante de la conspiración”.

“La gran diferencia en este golpe ofensivo y simultáneo es que está respaldado por todas las fuerzas conservadoras, que acaban dando su beneplácito a través de intermediarios. Después lo intentarán justificar de forma propagandística, pero la realidad es que se apartaron de la vía democrática para detenerla”, explica Gómez Bravo. Al margen de los monárquicos, la CEDA “no había dado un paso así hasta este momento” y el hecho de que “el principal partido de la oposición” apoye la sublevación “es fundamental”, apunta el historiador.

Esta constelación de actores se repartió los papeles. “Antes del golpe en sí, algunos se encargaron de generar una sensación de caos de una manera u otra”, explica Mera. Mientras la Falange de José Antonio Primo de Rivera “lo hacía en la calle”, Calvo Sotelo y Gil Robles “se dedicaban cada día de manera activa a hacer recuento en el Parlamento de los supuestos altercados desde una perspectiva catastrofista”. “Para sublevarse, tenían que crear una sensación de necesidad y, aparte de infiltrar las fuerzas del orden, se dedicaron a crear un estado de crispación a la que la izquierda respondió”, afirma Viñas, que también ha escrito sobre “los errores” de la República para detener el golpe.

Gómez Bravo explica que los falangistas y los carlistas, a través del Requeté, aportaron sus milicias armadas. “En este tipo de golpe fue importante porque no solo se trataba de tomar el poder e ir hacia Madrid, sino de asegurar las capitales de provincia y las regiones militares. A nivel local, los carlistas y Falange son clave porque tienen a su gente armada para controlar y están encuadrados”. Posteriormente, los falangistas “prestarían” al golpe “mucha consistencia ideológica y estética” que se mantendría sobre todo durante el primer franquismo.

El Director

Por encima de los diferentes movimientos, había, sobre todo, una única dirección militar encabezada desde Pamplona por Emilio Mola, el cerebro táctico del golpe. “Todo está ya en marcha y no ha de cundir el desaliento”, llegó a decir en una de sus instrucciones reservadas, que firmaba como El Director. En ellas, Mola estableció las bases del levantamiento, la organización y coordinación de las fuerzas militares, los itinerarios de avance y la estrategia que debía seguirse después. “Ha de advertirse a los tímidos vacilantes que aquel que no esté con nosotros está contra nosotros y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no sean compañeros, el movimiento triunfante será inexorable”, envío el 20 de junio.

Mola y no Franco fue el hombre encargado de dirigir el levantamiento. Tampoco fue el elegido para situarse al frente a pesar de que acabaría liderando el bando sublevado durante la Guerra Civil y se convertiría en dictador durante cuatro décadas. De hecho, según explica el historiador Julián Casanova en su biografía, Franco tardó en sumarse al golpe y no fue hasta junio que se comprometió definitivamente. El asesinato de Calvo Sotelo acabó por convencerle, llegándolo incluso a considerar “la señal”.

Entonces ya le estaba esperando el Dragon Rapide, un avión alquilado en Inglaterra mediante una operación en la que de una u otra manera llegarían a participar Juan March, Jacobo Fitz James Stuart, duque de Alba, o el director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena. La aeronave le trasladaría de Canarias a Marruecos el 18 de julio para ponerse al frente de las tropas allí asentadas. En ese momento, el futuro dictador no dirigía la sublevación, pero dos días más tarde, el 20 de julio, José Sanjurjo murió en un accidente de avión mientras era trasladado de Portugal a España.

“Esto cambia la historia porque Sanjurjo había sido elegido para presidir la Junta de Militares, que quedaría descabezada. Franco juega sus cartas y gana”, explica Gómez Bravo. La decisión del general de pedir ayuda directamente a la Alemania de Adolf Hitler para pasar a sus tropas desde Marruecos a la península marcó una primera diferencia y “alteró la posición de liderazgo entre Mola y él”. Según escribe Casanova, a partir de la muerte de Sanjurjo, Franco “jugó sus cartas con destreza y ambición” y comenzó a presentarse como el líder de los militares rebeldes.

La Guerra Civil ya había empezado porque la sublevación no triunfó en centros neurálgicos como Madrid o Barcelona. Tras dos meses de combates y con las tropas franquistas dirigiéndose hacia Madrid, el general tomó otra decisión clave: en vez de tomar la capital, decidió desviarse hacia Toledo para “liberar” el Alcázar, algo que el franquismo convirtió en mito y que contribuyó a agrandar su figura como salvador de España. Esos días, la cúpula militar estaba debatiendo el nombramiento de un mando único. El 1 de octubre fue elegido como Jefe del Gobierno del Estado, un cargo que aceptó afirmando: “Ponéis en mis manos España y yo os aseguro que mi pulso no temblará [...] Llevaré a la patria a lo más alto o moriré en el empeño”.

El Gobierno acaba de devolver a título póstumo al pionero Emilio Herrera Linares el rango de General del Ejército al que ascendió durante la Segunda República pero que nunca fue reconocido por el franquismo. Así consta en Real Decreto publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado y al que dio luz verde el pasado Consejo de Ministros. La disposición, firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, restituye su empleo al ingeniero al que Franco condenó al exilio y a la 'muerte civil' a pesar de haber sido un referente en su campo.

Herrera fue un pionero y desde los comienzos de su carrera se dedicó a la aeronáutica, participando en ascensiones en globo científicas y deportivas. Diseñó, además, la primera escafandra estratonáutica, precursor de los trajes espaciales. El ingeniero y militar se había formado en la Academia de Ingenieros de Guadalajara y se graduó como teniente en 1903. Cuando los sublevados dieron el golpe de Estado contra la República y estalló la Guerra Civil, ya era teniente coronel del Arma de Ingenieros del Ejército hasta que durante la contienda ascendió a coronel y a general en 1938.

Estos nombramientos se produjeron conforme al orden jurídico vigente republicano, pero no fueron reconocidos por la dictadura basándose en el decreto que anuló todas las normas posteriores al 18 de julio de 1936 que no hubieran sido dictadas por los sublevados. Herrera murió en Suiza en 1967 sin que se hubiera restituido su memoria. Católico y monárquico, pero fiel a la democracia cuando los golpistas se levantaron en armas, llegó a ser presidente del Gobierno en el Exilio de la República. Según señala el Real Decreto, Herrera había sido “un referente militar, ingeniero, intelectual, científico y político” llegando a ser nombrado Experto Internacional de Aviación. Sin embargo, como ocurrió con muchos otros profesionales destacados, fue depurado por la dictadura.

El pasado mes de diciembre, los descendientes de Emilio Herrera y su mujer Irene Aguilera, considerada la primera mujer en volar tras aprender a manejar un biplano en 1911, recibieron de manos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática una declaración de reparación y reconocimiento como víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. En el documento, que es una figura contenida en la Ley de Memoria Democrática, se reconocía la “violencia y persecución” por motivos políticos o ideológicos sufridas por ambos durante su vida.

Sin embargo, el Real Decreto recientemente aprobado reconoce que este paso es “compatible” con la adopción de otras medidas que “pueda desarrollar el Estado para alcanzar una reparación integral” de su figura. En el caso de Emilio Herrera, la decisión “permite una restitución digna del empleo militar máximo alcanzado” con el objetivo de llegar a un “pleno restablecimiento de sus dimensiones individual y colectiva”. Eso sí, el reconocimiento no tiene efectos de índole económica, estipula el texto, que toma la decisión “en atención a las circunstancias excepcionales, méritos y virtudes militares concurrentes”.

L'11 de març de 1959, una reduïda comitiva funerària abandona Mallorca i posa rumb a Barcelona. A l'interior hi viatgen les restes dels mallorquins Maties Salvà Burgera i Pau Serra Torrens, del mariner gallec José Luis Aguiar Muiños, mort en l'enfonsament del creuer Baleares , i de dos militars residents a l'illa, Juan Donate Franco i el seu fill, Juan Ignacio Donate Cangas. El dia 23, una furgoneta dels serveis funeraris emprendrà des de la capital catalana l'últim tram del viatge cap a Madrid. Cap fotografia ha immortalitzat aquell comboi, del qual amb prou feines queda rastre més enllà d'un telegrama oficial que el governador civil va remetre dies abans per comunicar que tenia “cinc urnes preparades” per al seu trasllat. Es tracta, en realitat, de l'única expedició que partiria des de Balears cap al mausoleu més gran aixecat per la dictadura franquista: el del Vall dels Caiguts.

Dècades després, una investigació duta a terme per David Tormo Benavent, doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona (UB), ha identificat un total de 106 persones nascudes o residents a les Illes Balears que van acabar enterrades a Cuelgamuros -denominació actual del panteó- després de ser exhumades de cementiris repartits per bona part de la geografia espanyola, des dels escenaris de la batalla de l'Ebre fins a Brunete, Terol, Saragossa, Griñón, Castelló, Santander o Madrid. L'estudi és un dels 15 treballs de gran abast que el Govern balear va encarregar durant la passada legislatura sobre aspectes clau de la repressió franquista a les illes i que la setmana passada van veure per primera vegada la llum (els informes poden consultar-se a través del portal institucional de l'Executiu).

Tal com va constatar la Comissió d'Experts sobre la Vall dels Caiguts, creada pel Govern espanyol l'any 2011, almenys 33.833 restes mortals procedents d'arreu de l'Estat van ser traslladades a la gran necròpoli de la dictadura, prop d'un terç d'ells sense identificar i sense que les seves famílies en tinguessin coneixement. La investigació de Tormo torna a posar sobre la taula una de les grans incògnites d'aquell gegantí operatiu: què va passar amb els centenars de trasllats que el règim va arribar a autoritzar però mai no va executar, mentre desenes de cossos eren enviats a la Vall sense que consti el consentiment de les seves famílies?

La investigació reobre un dels grans enigmes d'aquell gegantí operatiu: què va passar amb els centenars de trasllats que el règim va arribar a autoritzar però mai va executar, mentre desenes de cossos van ser enviats a la Vall sense que consti el consentiment de les seves famílies?

Les xifres de Balears

L'informe documenta aquesta paradoxa amb xifres inèdites relatives a Balears: només 53 de les 231 autoritzacions familiars localitzades es van arribar a materialitzar, mentre que 53 trasllats més es van dur a terme sense que en consti l'autorització familiar. En total, 106 persones nascudes o residents a les Illes Balears van ser inhumades a Cuelgamuros. Totes eren homes: a hores d'ara no s'ha documentat la presència de cap dona balear a la Vall dels Caiguts. Tots formaven part d'unitats de l'exèrcit rebel. Les 178 autoritzacions restants no es van arribar a executar, sense que la documentació conservada permeti explicar-ne el motiu.

La investigació trasllada a l'àmbit balear el que David Tormo i la historiadora Queralt Solé ja havien posat de manifest en el seu estudi de referència, Llenar el Valle. Propuesta para una cronología de los traslados (1959-1983). En aquest treball desmunten la idea que tots els trasllats responguessin al consentiment de les famílies i acrediten que el procés per omplir Cuelgamuros va estar molt lluny de respondre a un pla perfectament dissenyat. El règim va modificar les instruccions sobre la marxa, va alterar els criteris per autoritzar els trasllats i fins i tot va deixar d'aplicar les seves pròpies normes quan l'objectiu d'omplir el mausoleu corria perill. Els governadors civils van rebre l'ordre de localitzar milers de cadàvers en tot just unes setmanes, però el calendari va fracassar des del primer moment: els informes van arribar amb mesos de retard, les previsions sobre els cossos que s'havien de traslladar canviaven constantment i les instruccions es modificaven sobre la marxa.

Els governadors civils van rebre l'ordre de localitzar milers de cadàvers en tot just unes setmanes, però el calendari va fracassar des del principi: els informes van arribar amb mesos de retard, les previsions de cossos a traslladar canviaven constantment i les instruccions es modificaven sobre la marxa

La documentació revela expedients incomplets, modificacions de criteri, trasllats suspesos sense explicació i decisions administratives contradictòries en distintes províncies, dibuixant un procés molt més improvisat i caòtic del que la propaganda franquista va pretendre transmetre. El conjunt monumental es va construir entre 1940 i 1958, en ple franquisme, com un homenatge als “herois i màrtirs de la Croada” que “van llegar una Espanya millor”, és a dir, a aquells que van lluitar i morir per Franco durant la Guerra Civil, com exposa l'ordre signada pel dictador el 1940 per a autoritzar l'edificació, duta a terme en els vessants de la Serra de Guadarrama. Malgrat el desig de Franco d'acabar els treballs en un any, aquests van acabar allargant-se durant gairebé dues dècades. La seva inauguració va tenir lloc l'1 d'abril de 1959, en el vintè aniversari de la victòria franquista en la Guerra Civil.

En el discurs inaugural, Franco va mantenir el to bel·ligerant que havia caracteritzat els primers anys del seu règim. Lluny de presentar el monument com un espai de reconciliació, va insistir que la Guerra Civil continuava essent una lluita permanent entre el “bé” i el “mal” i va advertir que l'“anti-Espanya”, tot i haver estat derrotada, “no està morta”. El dictador va apel·lar, a més, a les noves generacions perquè preservassin el llegat de la “Croada”, evitassin que “l'enemic” s'infiltràs a les seves files i transmetessin als seus fills “la raó permanent del nostre Moviment”.

'El Valle', màxima expressió del culte als 'Caídos'

Per a Tormo, “ni l'inici de les obres ni la inauguració, tot i haver estat concebuts com el principi i el final d'un procés, no ho van ser realment”. “Cal entendre, més aviat, el cicle constructiu com el clímax d'un dels principals pilars del relat memorial que el franquisme va anar bastint: el culte als Caiguts. Un culte que té els seus antecedents molt abans de l'esclat de la Guerra Civil i que encara avui perviu en la societat, arrelat al lema que el va cohesionar, present fins no fa gaire en nombrosos pobles i ciutats de la geografia espanyola: 'Caídos por Dios y por España'”, subratlla l'investigador en el seu estudi.

En el seu treball, l'autor cita com a referència prèvia el treball Guerras sin fin: guía para descifrar el Valle de los Caídos en la España contemporánea (2011, Revistas Científicas Complutenses), en el qual l'antropòleg Francisco Ferrándiz interpreta el complex monumental com una peça clau de l'estratègia memorial del franquisme per perpetuar la memòria dels vencedors mitjançant una retòrica política nacionalcatòlica “tenyida de sacrifici, heroisme i martiri”. En aquest context, el Ministeri de la Governació va ordenar a tots els governs civils elaborar amb caràcter d'urgència un inventari de fosses i cementiris amb l'objectiu d'omplir les criptes de Cuelgamuros, alhora que consolidava el culte als “caídos” com un dels principals pilars de legitimació de la dictadura. Només més endavant, en un context marcat per la necessitat de millorar la imatge internacional del règim i de projectar un discurs de reconciliació nacional, el franquisme va reformular parcialment aquest relat per justificar també la incorporació de restes de combatents i víctimes del bàndol republicà.

Després de la construcció de la Vall dels Caiguts, el Ministeri de la Governació va ordenar tots els governadors civils que elaboressin amb urgència un inventari de fosses i cementiris mentre convertia el culte als "caiguts" en un dels pilars de la seva legitimació política. Només anys després, per raons de política internacional, el règim va modificar parcialment el discurs per justificar la incorporació de restes del bàndol republicà

Buit documental

L'estudi de David Tormo parteix d'una dificultat decisiva: la documentació relacionada amb els trasllats gestionats des de Balears no es conserva entre els fons del Govern Civil de Mallorca, dipositats a l'Arxiu del Regne de Mallorca. La impossibilitat d'accedir als documents que va rebre i generar l'organisme encarregat de coordinar les exhumacions i els trasllats va obligar l'autor a reconstruir el procés a partir del creuament de la documentació del Ministeri de la Governació, el Consell d'Obres del Monument Nacional als Caiguts i el registre d'inhumacions de Cuelgamuros.

És precisament aquesta absència documental la que converteix el cas balear en un dels més reveladors de les contradiccions que envolten Cuelgamuros: el franquisme va ser capaç d'aixecar el mausoleu més gran de la dictadura i d'organitzar el trasllat de desenes de milers de restes mortals procedents d'arreu de l'Estat, però avui continua sent impossible reconstruir amb certesa com es va decidir qui havia d'acabar-hi enterrat, per què nombrosos trasllats autoritzats no es van arribar a executar o què va passar amb una part dels expedients que havien de deixar constància de tot el procediment.

El franquisme va ser capaç de construir el mausoleu més gran de la dictadura i organitzar el trasllat de desenes de milers de cadàvers de tot Espanya, però avui resulta impossible reconstruir amb certesa com es va decidir qui havia d'acabar allà o per què nombrosos trasllats autoritzats mai no es van executar

L'origen de tot el procés se situa el maig de 1958, quan el Ministeri de la Governació va ordenar tots els governs civils elaborar un inventari de les restes susceptibles de ser traslladades a la Vall dels Caiguts. A Balears, la tasca va resultar molt més complexa del que s'havia previst. Com revela la documentació analitzada per David Tormo, el projecte va experimentar un gir radical en tot just tres mesos: si l'octubre de 1958 el governador civil de Balears, Plácido Álvarez-Buylla y López-Villamil, havia remès un llistat amb més de dues-centes autoritzacions familiars -233 persones, concretament-, el gener de 1959 la relació de restes susceptibles de ser traslladades des de Balears s'havia reduït a una vintena de cossos. Els expedients ja ni tan sols identificaven els difunts pel seu nom, sinó únicament mitjançant categories administratives. L'estudi admet que, encara avui, resulta impossible explicar per què es va produir aquesta reducció tan dràstica.

Però les anomalies no s'acabaven aquí. L'historiador també posa l'accent en el retard amb què el Govern Civil va remetre la documentació a Madrid. En l'ofici d'enviament, l'organisme es disculpava per les “dificultats trobades en la recopilació de dades”. Més de vint anys després del final de la Guerra Civil, les autoritats franquistes encara no havien elaborat cap inventari de fosses ni d'enterraments relacionats amb el conflicte. Els ajuntaments van haver de reconstruir sobre la marxa una informació que mai no s'havia sistematitzat.

Més de vint anys després del final de la guerra, les autoritats franquistes ni tan sols havien elaborat cap cens de fosses ni d'enterraments relacionats amb el conflicte bèl·lic: els ajuntaments van haver de reconstruir sobre la marxa una informació que mai no havia estat sistematitzada

La majoria d'aquells homes havien mort lluny de les illes, fet que va obligar el règim a articular una complexa xarxa burocràtica entre governs civils per localitzar unes restes disperses arreu de l'Estat. Cada autorització familiar s'havia de remetre a la província on es creia que era enterrat el difunt perquè s'hi iniciessin les exhumacions i, posteriorment, el trasllat al mausoleu franquista. Tanmateix, el dispositiu mai no es va arribar a desplegar tal com s'havia previst. El mateix estudi constata que la immensa majoria de les autoritzacions van acabar sense efecte. Fins i tot els 23 cossos inhumats a les Illes Balears per als quals les famílies havien autoritzat expressament el trasllat van continuar al mateix lloc. Entre les hipòtesis que planteja Tormo hi ha la possibilitat que algunes famílies es fessin enrere després d'haver donat el consentiment o bé que la informació facilitada pels ajuntaments fos massa imprecisa per localitzar les restes.

Els balears inhumats a Cuelgamuros

Amb tot, la investigació posa per primera vegada nom i cognoms a les 106 persones nascudes o residents a les Illes Balears les restes de les quals van acabar sent traslladades a Cuelgamuros. Entre els casos documentats hi ha el de Juan Donate Franco, coronel d'Intendència de l'Armada mort per causes naturals a Barcelona el 13 de març de 1939, tot just acabada la Guerra Civil, i el del seu fill, Juan Ignacio Donate Cangas, alferes provisional i militant de Falange mort dos mesos abans al front. Tots dos van ser traslladats des de Palma a la Vall dels Caiguts el 23 de març de 1959 i enterrats en urnes individuals contigües, en un dels pocs casos documentats d'un pare i un fill que acabaren reposant plegats a Cuelgamuros.

El llistat també recull perfils singulars, com el del capità mallorquí Gaspar Forteza Forteza, destinat a Tarragona i executat el 9 de novembre de 1936 després de ser condemnat a mort per un Tribunal Popular per la seva participació en la sublevació militar. Dècades més tard, el franquisme va traslladar les seves restes a la Vall amb l'autorització de la família. Un altre cas especialment singular és el de José Luis Aguiar Muiños, un mariner gallec mort en l'enfonsament del creuer Baleares durant la batalla naval del cap de Palos. Tot i haver nascut a Ourense, havia estat enterrat a Palma i des d'allà fou traslladat a Cuelgamuros el 1959, fet que el converteix en l'única persona no balear inclosa en la relació de morts vinculats a les Illes.

El creuament de les fonts indica que, pel que fa a la seva condició, en 84 casos es tractava de militars, mentre que, en els altres 22, l'investigador assenyala que l'absència d'indicis que fossin civils convida a considerar que també ho eren. Així mateix, l'informe assenyala que, entre les unitats a les quals pertanyien els identificats, destaca el Regiment d'Infanteria Palma núm. 36, amb seu a Palma. Tot seguit apareix la Legió, on servien 13 dels militars identificats, seguida del Regiment d'Infanteria San Marcial núm. 22, amb seu a Burgos, al qual pertanyien 11 dels combatents.

Errors i buits

L'anàlisi també posa al descobert les contradiccions i els errors que van envoltar el trasllat dels illencs. El cas més cridaner és el de Miquel Nadal Vives, el nom del qual figura dues vegades al registre oficial de la Vall dels Caiguts, assignat fins i tot a dues urnes diferents a causa d'una duplicitat administrativa en la documentació. A això s'hi afegeixen nombrosos combatents que durant dècades van donar nom a carrers, escoles o monuments franquistes a Mallorca -com Jaume Martínez Vaquer, Joan Canals Alemany o Vicenç Llobera Sancho-, la presència dels quals al nomenclàtor va desaparèixer amb l'aplicació de les lleis de memòria democràtica, fet que reflecteix com la dictadura va convertir determinats caiguts en símbols públics del seu relat oficial.

Darrere de diversos d'aquests noms, però, persisteixen incògnites que l'estudi no aconsegueix aclarir. Quatre d'aquests mallorquins -Mas Oliver, Cardell Julià, Barceló Vaquer i Moll Serra- figuraven inicialment com a enterrats a Sigüenza (Guadalajara). Tanmateix, quan finalment van ser registrats per ingressar a Cuelgamuros, apareixien administrativament vinculats a Campos, Llucmajor i Porreres. La desaparició de l'expedient del Govern Civil de Balears impedeix reconstruir com es va produir aquest canvi i quin itinerari van seguir les restes abans d'arribar a la necròpolis, un dels nombrosos buits documentals que encara envolten els trasllats al mausoleu més gran aixecat per la dictadura franquista.

Les anomalies detectades a Balears no constitueixen un cas aïllat. En el seu estudi Llenar el Valle, David Tormo i Queralt Solé documenten que només a la província de Tarragona hi va haver 163 restes el trasllat de les quals va ser tramitat administrativament però mai no es va arribar a executar: 47 corresponien a Paüls, dues a la Fatarella i 114 a Santa Bàrbara. Finalment, des d'aquesta darrera localitat només nou cossos van ser traslladats a Cuelgamuros. Els mateixos autors admeten que la documentació conservada no permet explicar què va passar amb la resta dels trasllats i sostenen que només futures investigacions d'àmbit local podran aclarir-ho.

Els investigadors expliquen que el mateix franquisme va anar modificant les regles de l'operatiu a mesura que avançaven els treballs per omplir Cuelgamuros. En un primer moment, el règim exigia el consentiment exprés de les famílies per traslladar restes identificades. Tanmateix, en constatar les enormes dificultats per localitzar els familiars més de vint anys després del final de la Guerra Civil, a partir de 1960 va anar relaxant aquest requisit i va deixar cada vegada més decisions en mans dels ajuntaments, els governs civils i les autoritats militars. Aquest canvi de criteri ajuda a contextualitzar l'existència de nombrosos expedients de persones finalment inhumades a Cuelgamuros per a les quals no consta cap autorització familiar documentada.

Els “sacrificats” que ocultaven la repressió

En el seu estudi sobre Balears, Tormo posa l'accent també en la manera com el franquisme va reinterpretar els seus morts mitjançant el seu propi llenguatge polític. En la documentació oficial, les persones represaliades pels revoltats passaven a ser qualificades de “sacrificats per la pàtria”, incorporant-les simbòlicament al culte franquista als caiguts. A Palma, el Govern Civil va comunicar l'existència de 92 “sacrificats” enterrats al cementiri municipal, una xifra que contrasta de manera aclaparadora amb les investigacions històriques actuals, que situen en almenys 1.300 les víctimes de la repressió franquista a Mallorca -1.544 segons el primer cens publicat al respecte en 2019-. L'estudi sosté que nombrosos alcaldes i responsables locals van optar per ometre deliberadament informació sobre aquestes fosses, reduint dràsticament la dimensió oficial de la violència exercida pels vencedors.

A més d'aquestes fosses, la documentació de les autoritats franquistes esmentaven l'anomenada Cripta Militar de Marina, on hi havia 31 cossos individualitzats; mentre que en la Sepultura d'Aviació hi havia quatre: un d'ells, el de Ramón Franco Bahamonde, germà menor de qui es convertiria en dictador d'Espanya durant prop de quaranta anys, mort durant una missió de bombardeig quan l'hidroavió que pilotava es va precipitar a la mar davant la badia de Pollença, a Mallorca. Finalment, es feia referència a l'Arma d'Artilleria, en els nínxols de la qual reposava el cos d'un total de 27 soldats.

Així mateix, l'autor documenta que diversos ajuntaments balears van comunicar oficialment al règim que, després de consultar les famílies, aquestes rebutjaven el trasllat de les restes a Cuelgamuros. Palma, Ciutadella i Es Castell van remetre respostes en aquest sentit al Govern Civil, fet que demostra que no totes les famílies van acceptar que els seus parents fossin enterrats al gran monument franquista. A això s'hi afegeix un altre element: en nombrosos expedients individuals es repeteix una mateixa anotació: “No consta que es disposés d'autorització per al trasllat”.

L'investigador insisteix que el procés d'omplir Cuelgamuros va estar molt lluny de la imatge d'eficàcia i ordre que va projectar la dictadura. Expedients desapareguts, autoritzacions que mai no es van arribar a executar, trasllats efectuats sense consentiment familiar documentat, errors administratius i un registre oficial que va minimitzar l'abast de la repressió franquista conformen un mosaic ple de llacunes documentals. Més que resoldre definitivament l'enigma dels trasllats, l'estudi evidencia fins a quin punt la construcció del mausoleu més gran del franquisme va estar marcada per la improvisació, les contradiccions i la instrumentalització política dels morts per consolidar el relat oficial de la dictadura.

El 11 de marzo de 1959, un reducido cortejo funerario abandona Mallorca y pone rumbo a Barcelona. En su interior viajan los restos de Matías Salvà y Pau Serra, el marinero gallego fallecido en el hundimiento del crucero Baleares José Luis Aguiar Muiños, y dos militares residentes en la isla, Juan Donate Franco y su hijo, Juan Ignacio Donate Cangas. El día 23, una furgoneta de los servicios funerarias emprenderá desde la capital catalana el último tramo del viaje hacia Madrid. Ninguna fotografía ha inmortalizado aquel convoy, del que apenas queda rastro más allá del telegrama oficial que el gobernador civil ha remitido días antes para comunicar que tenía “cinco urnas preparadas” para su traslado. Se trata, en realidad, de la única expedición que partirá desde Balears hacia el mayor mausoleo levantado por la dictadura franquista: el del Valle de los Caídos.

Décadas después, una investigación llevada a cabo por el investigador David Tormo Benavent, doctor en Historia Contemporánea por la Universitat de Barcelona (UB), ha identificado a un total de 106 personas nacidas o vinculadas al archipiélago que acabaron enterradas en Cuelgamuros -denominación actual del panteón- tras ser exhumadas de cementerios repartidos por buena parte de la geografía española, desde los escenarios de la batalla del Ebro hasta Brunete, Teruel, Zaragoza, Griñón, Castellón, Santander o Madrid. El estudio es uno de los 15 trabajos de gran alcance que el Govern balear encargó la pasada legislatura sobre aspectos clave de la represión franquista en las islas y que la semana pasada vieron por primera vez la luz (los informes pueden consultarse a través del portal institucional del Ejecutivo).

Como constató la Comisión de Expertos sobre el Valle de los Caídos, creada por el Gobierno en 2011, al menos 33.833 restos mortales procedentes de toda España fueron conducidos a la gran necrópolis de la dictadura, cerca de un tercio de ellos sin identificar y sin conocimiento de sus familias. La investigación de Tormo reabre una de las grandes incógnitas de aquel gigantesco operativo: ¿qué ocurrió con los centenares de traslados que el régimen llegó a autorizar pero nunca ejecutó, mientras decenas de cuerpos fueron enviados al Valle sin que conste el consentimiento de sus familias?

La investigación reabre una de las grandes incógnitas de aquel gigantesco operativo: ¿qué ocurrió con los centenares de traslados que el régimen llegó a autorizar pero nunca ejecutó, mientras decenas de cuerpos fueron enviados al Valle sin que conste el consentimiento de sus familias?

Las cifras de Balears

El informe documenta esa paradoja con cifras inéditas relativas a Balears: solo 53 de las 231 autorizaciones familiares localizadas llegaron a materializarse, mientras otros 53 traslados se realizaron sin autorización documentada. En total, 106 personas nacidas o residentes en las islas fueron inhumadas en Cuelgamuros. El cien por cien de todas ellas son hombres: a día de hoy no se ha documentado la presencia de ninguna mujer balear en el Valle de los Caídos. Todos formaban parte de unidades del ejército rebelde. Las 178 autorizaciones restantes nunca llegaron a ejecutarse, sin que la documentación conservada permita explicar por qué.

La investigación ciñe al archipiélago lo que Tormo y la historiadora Queralt Solé ya expusieron en su estudio de referencia, Llenar el Valle. Propuesta para una cronología de los traslados (1959-1983), publicado en 2024 por la revista Hispania Nova. En él desmontan la idea de que todos los traslados respondieran al consentimiento familiar y acreditan que el proceso para llenar Cuelgamuros estuvo lejos de responder a un plan perfectamente diseñado: el régimen modificó las instrucciones sobre la marcha, alteró los criterios para autorizar los traslados e incluso dejó de aplicar sus propias normas cuando el objetivo de llenar el mausoleo corría peligro. Los gobernadores civiles recibieron la orden de localizar miles de cadáveres en apenas unas semanas, pero el calendario fracasó desde el principio: los informes llegaron con meses de retraso, las previsiones de cuerpos a trasladar cambiaban constantemente y las instrucciones se modificaban sobre la marcha.

Los gobernadores civiles recibieron la orden de localizar miles de cadáveres en apenas unas semanas, pero el calendario fracasó desde el principio: los informes llegaron con meses de retraso, las previsiones de cuerpos a trasladar cambiaban constantemente y las instrucciones se modificaban sobre la marcha

La documentación revela expedientes incompletos, modificaciones de criterio, traslados suspendidos sin explicación y decisiones administrativas contradictorias en distintas provincias, dibujando un proceso mucho más improvisado y caótico de lo que la propaganda franquista pretendió transmitir. El conjunto monumental fue construido entre 1940 y 1958, en pleno franquismo, como un homenaje a los “héroes y mártires de la Cruzada” que “legaron una España mejor”, es decir, a quienes lucharon y murieron por Franco durante la Guerra Civil, como expone la orden firmada por el dictador en 1940 para autorizar la edificación, llevada a cabo en las vertientes de la Sierra de Guadarrama. Pese al deseo de Franco de terminar los trabajos en un año, estos acabaron alargándose durante casi dos décadas. Su inauguración tuvo lugar el 1 de abril de 1959, en el vigésimo cumpleaños de la victoria franquista en la Guerra Civil.

En el discurso inaugural, Franco mantuvo el tono beligerante que había caracterizado los primeros años de su régimen. Lejos de presentar el monumento como un espacio de reconciliación, insistió en que la Guerra Civil seguía siendo una lucha permanente entre el “bien” y el “mal” y advirtió de que la “anti-España”, aunque derrotada, “no está muerta”. El dictador apeló además a las nuevas generaciones para que preservaran el legado de la “Cruzada”, evitaran que “el enemigo” se infiltrara en sus filas y transmitieran a sus hijos “la razón permanente de nuestro Movimiento”.

El Valle, máxima expresión del culto a los 'Caídos'

Para Tormo, “ni el inicio de las obras ni la inauguración, a pesar de ser concebidas como el inicio y el fin de un proceso, lo fueron en realidad”. “Más bien hay que entender el ciclo constructivo como el clímax de uno de los puntales o motores del corpus memorístico que fue construyendo el franquismo: el del culto a los Caídos. Un culto que tiene sus antecedentes mucho antes del estallido de la guerra civil, y que todavía pervive en la sociedad actual anclado en el lema que lo cohesionó, presente hasta no hace mucho en muchos pueblos y ciudades de la geografía española: 'Caídos por Dios y por España”, subraya en su investigación.

En su trabajo, el autor cita como referencia previa el trabajo Guerras sin fin: guía para descifrar el Valle de los Caídos en la España contemporánea“ (2011, Revistas Científicas Complutenses), en el que el antropólogo Francisco Ferrándiz analiza el papel del complejo monumental dentro de la estrategia del franquismo destinada a perpetuar la memoria de los vencedores, envuelta en una retórica política nacionalcatólica ”teñida de sacrificio, heroísmo y martirio“. En este contexto, el Ministerio de la Gobernación decidió llenar las criptas del Valle de Cuelgamuros y ordenó a todos los gobernadores civiles elaborar con urgencia un inventario de fosas y cementerios mientras consolidaba el culto a los ”caídos“ como uno de los principales pilares de legitimación de la dictadura.

Mientras tanto, recuerda Tormo, “anatematizados y reducidos a términos simplistas como la 'anti-España', el 'terror rojo' o la 'horda marxista', aquellos que se opusieron a la rebelión militar fueron expulsados del nuevo corpus nacional. Y lo fueron tanto en la vida como en la muerte”. Solo más tarde, en un contexto marcado por la necesidad de mejorar la imagen internacional del régimen y proyectar un discurso de reconciliación nacional, el franquismo reformuló parcialmente ese relato para justificar también la incorporación de restos de combatientes y víctimas del bando republicano.

Tras la construcción del Valle de los Caídos, el Ministerio de la Gobernación ordenó a todos los gobernadores civiles elaborar con urgencia un inventario de fosas y cementerios mientras convertía el culto a los "caídos" en uno de los pilares de su legitimación política. Solo años después, por razones de política internacional, el régimen modificó parcialmente el discurso para justificar la incorporación de restos del bando republicano

Vacío documental

El estudio balear de Tormo parte de una dificultad decisiva: la documentación relacionada con los traslados que se gestionaron desde Balears no se conserva entre los fondos del Gobierno Civil de Mallorca, custodiados en el Arxiu del Regne de Mallorca. La imposibilidad de disponer de los documentos que recibió y generó el órgano responsable de coordinar las exhumaciones y traslados llevó al autor a cruzar la documentación del Ministerio de la Gobernación, el Consejo de Obras del Monumento Nacional a los Caídos y el registro de inhumaciones de Cuelgamuros. Es precisamente esa ausencia documental la que sitúa el estudio ante una de las grandes paradojas de Cuelgamuros: el franquismo fue capaz de levantar el mayor mausoleo de la dictadura y organizar el traslado de decenas de miles de cadáveres desde toda España, pero hoy resulta imposible reconstruir con certeza cómo decidió quién debía acabar allí, por qué numerosos traslados autorizados nunca llegaron a ejecutarse o qué ocurrió con parte de los expedientes que debían dejar constancia de todo el proceso.

El franquismo fue capaz de levantar el mayor mausoleo de la dictadura y organizar el traslado de decenas de miles de cadáveres desde toda España, pero hoy resulta imposible reconstruir con certeza cómo decidió quién debía acabar allí o por qué numerosos traslados autorizados nunca llegaron a ejecutarse

El origen de todo el proceso se sitúa en mayo de 1958, cuando el Ministerio de la Gobernación ordenó a todos los gobiernos civiles elaborar un inventario de los restos susceptibles de ser trasladados al Valle de los Caídos. En Balears, la tarea resultó mucho más compleja de lo previsto. Como revela la documentación de Tormo, el proyecto sufrió un vuelco en apenas tres meses: si en octubre de 1958 el gobernador civil de Balears, Plácido Álvarez-Buylla y López-Villamíl, había remitido un listado con más de doscientas autorizaciones familiares -233 personas, en concreto-, en enero de 1959 la relación de restos susceptibles de ser trasladados desde Balears se había reducido a una veintena de cuerpos. Los expedientes ya ni siquiera identificaban a los fallecidos por su nombre, sino únicamente mediante categorías administrativas. El estudio reconoce que hoy resulta imposible explicar por qué se produjo esa drástica reducción.

No solo eso. El historiador llama la atención sobre la tardanza con la que el Gobierno Civil remitió la documentación a Madrid, excusándose por el retraso alegando las “dificultades encontradas en el acopio de datos”. Más de veinte años después del final de la guerra, las autoridades franquistas ni siquiera habían elaborado ningún censo de fosas ni de enterramientos relacionados con el conflicto bélico: los ayuntamientos tuvieron que reconstruir sobre la marcha una información que nunca había sido sistematizada.

Más de veinte años después del final de la guerra, las autoridades franquistas ni siquiera habían elaborado ningún censo de fosas ni de enterramientos relacionados con el conflicto bélico: los ayuntamientos tuvieron que reconstruir sobre la marcha una información que nunca había sido sistematizada

La mayoría de aquellos hombres habían muerto lejos de las islas, lo que obligó además al régimen a poner en marcha una compleja red burocrática entre gobiernos civiles para localizar los cuerpos dispersos por toda España. Cada autorización familiar debía remitirse a la provincia donde se creía que estaba enterrado el fallecido para iniciar las exhumaciones y los posteriores traslados al mausoleo franquista. Sin embargo, el plan nunca llegó a ejecutarse como estaba previsto. El propio estudio constata que la inmensa mayoría de las autorizaciones quedaron finalmente sin efecto. Incluso los 23 cuerpos enterrados en Balears para los que las familias habían solicitado expresamente el traslado permanecieron donde estaban. Entre las hipótesis que maneja Tormo se encuentra la que apunta a que algunas familias habrían retirado posteriormente su consentimiento o a que la información remitida por los ayuntamientos fuera demasiado imprecisa para localizar los restos.

Más de veinte años después del final de la guerra, las autoridades franquistas ni siquiera habían elaborado ningún censo de fosas ni de enterramientos relacionados con el conflicto bélico: los ayuntamientos tuvieron que reconstruir sobre la marcha una información que nunca había sido sistematizada

Los baleares inhumados en Cuelgamuros

Con todo, la investigación pone por primera vez nombre y apellidos a las 106 personas vinculadas a Balears cuyos restos sí acabaron siendo trasladados a Cuelgamuros. Entre los casos documentados figuran Juan Donate Franco, coronel de Intendencia de la Armada fallecido por causas naturales en Barcelona el 13 de marzo de 1939, apenas finalizada la guerra, y la de su hijo, Juan Ignacio Donate Cangas, alférez provisional y militante de Falange muerto dos meses antes en el frente. Ambos fueron trasladados desde Palma al Valle de los Caídos el 23 de marzo de 1959 y enterrados en urnas individuales contiguas, uno de los pocos casos documentados de un padre y un hijo que acabaron reposando juntos en Cuelgamuros.

El listado también incluye perfiles singulares, como el del capitán mallorquín Gaspar Forteza Forteza, destinado en Tarragona y ejecutado el 9 de noviembre de 1936 tras ser condenado a muerte por un Tribunal Popular por su participación en la sublevación militar. Décadas después, el franquismo trasladó sus restos al Valle con autorización familiar. Otro caso llamativo es el de José Luis Aguiar Muiños, un marinero gallego fallecido en el hundimiento del crucero Baleares durante la batalla naval del cabo de Palos. Aunque había nacido en Ourense, fue enterrado en Palma y desde allí trasladado a Cuelgamuros en 1959, convirtiéndose en el único no balear incorporado al listado de fallecidos vinculados a las islas.

El cruce de fuentes indica que, en relación a su condición, en 84 de los casos se trataba de militares, mientras que, respecto a los otros 22, el investigador indica que la ausencia de indicios de que fuesen civiles invita a considerar que también eran militares. Asimismo, el informe señala que entre las unidades a las que pertenecían los identificados destaca el Regimiento de Infantería Palma n.º 36, con sede en Palma. Tras éste, la segunda unidad con mayor presencia de soldados nacidos o residentes en las islas es la Legión, donde servían 13 de los identificados como militares, seguida del Regimiento de Infantería San Marcial n.º 22, con sede a Burgos, en la que combatían 11 de los militares.

Errores y vacíos

El análisis también saca a la luz las contradicciones y errores que rodearon el traslado de los baleares. El caso más llamativo es el de Miquel Nadal Vives, cuyo nombre figura dos veces en el registro oficial del Valle de los Caídos, asignado incluso a dos urnas distintas debido a una duplicidad administrativa en la documentación. A ello se suman numerosos combatientes que durante décadas dieron nombre a calles, escuelas o monumentos franquistas en Mallorca -como Jaime Martínez Vaquer, Juan Canals Alemany o Vicenç Llobera Sancho- y cuya presencia en el callejero desapareció con la aplicación de las leyes de memoria democrática, reflejo de cómo la dictadura convirtió a determinados caídos en símbolos públicos de su relato oficial.

Detrás de varios de esos nombres, sin embargo, persisten incógnitas que el estudio no logra despejar. Cuatro de esos mallorquines -Mas Oliver, Cardell Julià, Barceló Vaquer y Moll Serra- figuraban inicialmente como enterrados en Sigüenza (Guadalajara). Sin embargo, cuando finalmente fueron registrados para su ingreso en Cuelgamuros, aparecían administrativamente vinculados a Campos, Llucmajor y Porreres. La desaparición del expediente del Gobierno Civil de Balears impide reconstruir cómo se produjo ese cambio y qué itinerario siguieron los restos antes de llegar a la necrópolis, uno de los numerosos vacíos documentales que aún rodean los traslados al mayor mausoleo levantado por la dictadura franquista.

Las anomalías detectadas en Balears no constituyen un caso aislado. En su estudio Llenar el Valle. Propuesta para una cronología de los traslados (1959-1983), David Tormo y Queralt Solé documentan que solo en la provincia de Tarragona hubo 163 restos cuyo traslado fue tramitado administrativamente pero nunca llegó a ejecutarse: 47 correspondían a Paüls, dos a la Fatarella y 114 a Santa Bàrbara. Finalmente, desde esta última localidad solo nueve cuerpos fueron trasladados a Cuelgamuros.

Los investigadores explican que el propio franquismo fue modificando las reglas del operativo conforme avanzaban los trabajos para llenar Cuelgamuros. En un primer momento, el régimen exigía el consentimiento expreso de las familias para trasladar restos identificados. Sin embargo, al comprobar las enormes dificultades para localizar a los familiares más de veinte años después del final de la Guerra Civil, a partir de 1960 fue relajando ese requisito y dejó cada vez más decisiones en manos de ayuntamientos, gobiernos civiles y autoridades militares, lo que ayudaría a contextualizar la existencia de numerosos expedientes de personas finalmente inhumadas para las que no consta autorización familiar documentada.

Los “sacrificados” que ocultaban la represión

En su estudio sobre Balears, Tormo hace hincapié, asimismo, en cómo el franquismo reinterpretó a sus muertos mediante su propio lenguaje político. En la documentación oficial, las personas represaliadas por los sublevados pasaban a ser calificadas como “sacrificados por la patria”, incorporándolas simbólicamente al culto franquista a los caídos. En Palma, el Gobierno Civil comunicó la existencia de 92 “sacrificados” enterrados en el cementerio municipal, una cifra que contrasta de forma abrumadora con las investigaciones históricas actuales, que sitúan en al menos 1.300 las víctimas de la represión franquista en Mallorca -1.544 según el primer censo publicado al respecto en 2019-. La investigación de Tormo apunta que numerosos alcaldes y responsables locales optaron por omitir deliberadamente información sobre esas fosas, reduciendo drásticamente la dimensión oficial de la violencia ejercida por los vencedores.

Además de estas fosas del camposanto palmesano, la documentación de las autoridades franquistas mencionaban la llamada Cripta Militar de Marina, donde había 31 cuerpos individualizados; mientras que en la Sepultura de Aviación había cuatro: uno de ellos, el de Ramón Franco Bahamonde, hermano menor del que a la postre se convertiría en dictador de España durante cerca de cuarenta años, fallecido durante una misión de bombardeo cuando el hidroavión que pilotaba se precipitó en barrena frente a las costas de la bahía de Pollença, en Mallorca. Finalmente, se hacía referencia al Arma de Artillería, en cuyos nichos reposaba el cuerpo de un total de 27 soldados.

Asimismo, documenta cómo varios ayuntamientos baleares comunicaron oficialmente al régimen que, tras consultar a los familiares, estos rechazaban el traslado de los restos a Cuelgamuros. Palma, Ciutadella y Es Castell remitieron respuestas en ese sentido al Gobierno Civil, lo que demostraría que no todas las familias aceptaron que sus parientes fueran enterrados en el gran monumento franquista. A ello se suma otro elemento: en numerosos expedientes individuales, el autor consigna una misma observación: “No consta que se dispusiera de autorización para el traslado”.

El investigador incide en que el proceso de llenar Cuelgamuros estuvo lejos de la imagen de eficacia y orden que proyectó la dictadura. Expedientes desaparecidos, autorizaciones que nunca llegaron a ejecutarse, traslados realizados sin consentimiento documentado, errores administrativos y un registro oficial que minimizó la dimensión de la represión franquista conforman un mosaico lleno de lagunas. Más que resolver definitivamente el enigma de los traslados, el estudio evidencia hasta qué punto la construcción del mayor mausoleo del franquismo estuvo marcada por la improvisación, las contradicciones y el uso político de los muertos para consolidar el relato oficial de la dictadura franquista.

Un colegio, un hotel de lujo, una plaza de toros, una explanada en la que varios niños juegan a la pelota, una parcela en la que, aún hoy, quienes la pasean encuentran casquillos de balas. Son las huellas de una historia que no ha sido lo suficientemente contada, la de los campos de concentración franquistas que poblaron el país desde la sublevación militar de 1936. Una dimensión de la represión que rescata del olvido Todo es cárcel, la nueva película de Eloy Enciso, que acaba de ganar el Gran Premio de la Competición Internacional del festival FID Marseille, celebrado este fin de semana en la ciudad francesa.

Los golpistas no necesitaron ni siquiera 24 horas desde que se rebelaran por las armas contra la República para abrir su primer campo de concentración a pocos kilómetros al sur de Tetuán. Repartidos por toda la geografía española, este tipo de espacios, de los que el periodista Carlos Hernández llegó a documentar 300, fueron usados por los franquistas para encerrar a los prisioneros a medida que conquistaban territorio. Funcionaron hasta finales de los años 40 y llegaron a albergar a más de 750.000 republicanos.

Su existencia, sin embargo, ha sido y es todavía ignorada más allá de la historiografía oficial y apenas hay señales en los lugares que ocuparon. Un olvido colectivo sobre el que Todo es cárcel propone una reflexión ineludible para las sociedades democráticas: qué ocurre cuando una violencia sistemática desaparece del relato compartido de un país, pero continúa dejando huellas en la vida cotidiana incluso sin darnos cuenta.

Porque el filme, aunque utiliza como elemento vertebrador el sistema concentracionario de la dictadura, apunta a un marco más amplio, el de la represión franquista en toda su amplitud. “Al menos para mi generación es algo bastante desconocido, pero que tiene un carácter muy rizomático. Cuando empiezas a tirar del hilo vas llegando a otras derivadas. La historia política de un país siempre se cuenta en términos macro y yo quería acercarme a lo micro, a cómo esa violencia tan sistemática puede estar aún presente hoy en día, cómo la hemos heredado o ha quedado reflejada en las familias”, explica el director Eloy Enciso, que en 2019 ya ahondó en las heridas abiertas de la Guerra Civil en Longa noite.

Su nueva película, una ficción con tintes documentales producida por Umbracle Cine y Filmika Galaika, sigue los pasos de Elsa, una fotógrafa que recorre el país con su proyecto sobre campos de concentración franquistas. En medio del proceso, la mujer tendrá que enfrentarse a su propio pasado y a su historia familiar, a partir de la muerte de uno de sus tíos, que vivió la dictadura de Franco. El suceso la llevará a la casa de Galicia en la que ella y sus primos tendrán que abordar qué hacer con el legado material mientras emergen las voces de quienes quieren enterrarlo para siempre.

Una “pugna” por la herencia de los objetos que representa a toda una sociedad. “La intención última no es que tenga un sentido literal, sino simbólico. Aún hay dos Españas, la que desde hace mucho tiempo pelea porque de verdad se afronte esta asignatura pendiente y la que no. Este es un problema de fondo y a gran escala que sigue bloqueando el acceso a la memoria”, cree Enciso.

Los objetos cotidianos vinculados al pasado adquieren un papel clave en el filme porque también lo tienen en la vida real. Las fotografías de los represaliados y las cosas que tuvieron en su vida o las que portaban en el momento de su fusilamiento son custodiadas por algunas familias para recordar a sus desaparecidos, mientras otras se ven abocadas al silencio.

El antropólogo Jorge Moreno, que tiene un papel en la película y lleva años investigando el poder simbólico de los objetos, lo explica con un caso real, el de los nietos de un represaliado que apenas saben quién fue o lo que ocurrió frente a otros familiares, la mayoría mujeres, que sí han resguardado la memoria. Para Enciso, esta y otras escenas muestran cómo “el sistema fue muy efectivo borrando las cicatrices de la historia que quedó en los árboles familiares” y que, de alguna u otra manera, nos atraviesa a todos y todas.

Las cartas de Carmen y Ángel

La narración va entrelazándose con otras capas, como la que traslada al espectador al final de la Guerra Civil y los primeros años de dictadura a través de Carmen y Ángel, una pareja de represaliados enamorados a los que separa el triunfo de los franquistas. Su historia está tejida por las cartas que se escriben mientras relatan la crueldad de las detenciones, los intentos de huida, los campos de concentración y las cárceles en las que son encerrados.

El intercambio epistolar es ficcional, pero tiene una base documental: son fragmentos de memorias, escritos y cartas reales. Sus palabras son retazos de las que algún día dijeron personas reales que fueron perseguidas por su forma de pensar. “Todo lo que se dice, alguien lo relató”, explica el director, que ha llevado a cabo una dilatada investigación al respecto.

“No soy capaz de contar todo lo que me hicieron, ojalá algún día lo consiga”, le dice Carmen a Ángel en uno de los extractos en los que cuenta su detención. Es 28 de junio de 1939 cuando él responde desde un campo de concentración en el que está prisionero: “Entre el 11 y el 27 de junio hemos comido cuatro veces. Se nos escurren las mejillas y se nos hunden los ojos, nos adelgazan los brazos, las piernas y el pecho. Cuesta trabajo permanecer de pie”.

Al tiempo que Elsa, que habitualmente vive en Berlín, recorre la geografía española para retratar qué lugares albergaron los campos franquistas, las cartas de Carmen y Ángel ponen cuerpo y vida a los escenarios. La frase que resume su periplo es una idea central en la película: “Pasamos por ellos cada día sin darnos cuenta”, dice Enciso sobre los campos, de los que apenas un puñado están señalizados o conservan alguna marca que permita reconocer lo que fueron. Los paisajes sin rastro de memoria se contraponen así con el horror que albergaron.

En estos espacios, la dictadura instaló los llamados batallones de trabajadores, uno de los sistemas de trabajo forzado de la España de Franco contra los considerados enemigos del Nuevo Estado. En general, una vez los prisioneros republicanos llegaban a los campos, se discernía quienes pasarían a trabajo forzado a partir de su clasificación en afectos, desafectos y afectos dudosos al Glorioso Movimiento Nacional. Una parte de la infraestructura del país fue levantada por ellos en condiciones de semiesclavitud: desde numerosas vías de tren a presas y embalses o incluso el Valle de Cuelgamuros, donde miles de víctimas fusiladas permanecieron décadas enterradas junto a su verdugo.

A lo largo de la película es una voz en off la que la mayoría de las veces lee las misivas de Ángel y Carmen. Mientras eso ocurre, la cámara recorre calles, negocios, pueblos tierras y edificaciones como si nada pasara, como si el paisaje de nuestro país estuviera “disociado de su propia historia”. El tiempo se dilata frente a ellos y el silencio se expande. Un silencio que es colectivo. “Nos interesaba usar el cine para retratar el denominado 'franquismo sociológico' a través de los paisajes mudos y la intimidad, mostrando que el fascismo convive con nosotros a una escala tan colectiva como individual”, concluye Enciso.

El 6 de julio de 1936 Pamplona lanzó el Chupinazo con el que dieron comienzo unas nuevas fiestas de San Fermín, las últimas antes de la Guerra Civil. Lo hizo Nicolás Ilundáin —y no Juan Echepare, quien lo llevaba lanzando desde 1931 y que pocos días después sería asesinado por los falangistas— desde la Plaza del Castillo, ya que no fue hasta 1941 cuando el lanzamiento del cohete se trasladó a la Plaza Consistorial. Mientras la capital navarra comenzaba sus días de fiesta, el gobernador militar de la plaza, Emilio Mola, ultimaba los detalles de la sublevación militar que protagonizaría el 19 de ese mes para convertir a Pamplona en una de las primeras ciudades en alinearse con el nuevo régimen junto con la vecina Vitoria.

Mola llevaba ya meses planeando el golpe de Estado para acabar con el Gobierno legítimo del Frente Popular, prácticamente desde su llegada a la capital navarra en febrero de 1936. El autor y general de división de la Guardia Civil Gonzalo Jar Couselo lo sitúa “al frente de la conspiración” desde el 19 de abril , siendo ya “el Director”. Pero fue durante los Sanfermines cuando logró garantizar el respaldo de los carlistas a la sublevación, cuyo apoyo fue vital para la conquista de provincias como Bizkaia o Gipuzkoa con más de 60.000 voluntarios.

Según las crónicas de la época el inicio de las fiestas de San Fermín estuvo marcado por la lluvia y las tormentas que obligaron a cancelar algunos actos como el lanzamiento de los fuegos artificiales, que entonces se tiraban desde la plaza de la República, actual plaza del Castillo. También se rompió la tradición en las fiestas del período republicano de que no repicaran las campanas de los templos católicos. Ese día sonaron las de la catedral.

Un día antes del chupinazo, el 5 de julio, Mola conoció en persona al dirigente carlista Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, en una reunión en la Comandancia Militar en la que comenzaron a negociar el número de tropas que aportarían los carlistas. En este punto jugó un papel decisivo Raimundo García García, diputado y director de 'Diario de Navarra', y que firmaba sus artículos con el seudónimo Garcilaso. Él fue quien hizo de enlace entre Mola y los representantes requetés.

Los encuentros de Mola con dirigentes carlistas, generales como Joaquín Fanjul o el propio Garcilaso se intensificaron durante los siguientes días en una Pamplona sumida en los Sanfermines. Tanto es así que muchos de los encuentros los celebraban en lugares públicos como la plaza de toros o el Café Kutz de la hoy plaza del Castillo, lo que provocó que fueran vistos y que las reuniones tuvieran incluso su reflejo en la prensa. En Donostia había otro café Kutz. Eran de una familia de origen alemán.

“Se tienen noticias de que el domingo día 12 del pasado mes se encontraban en la terraza del café Kutz de Pamplona, los ex generales Fanjul y Mola, acompañados del hijo de Sanjurjo. Unos elementos de Izquierda se sentaron cerca de los citados señores para ver si conseguían oír la conversación; pero sus propósitos fueron adivinados por Fanjul, que irritado les dijo: '¿Qué vienen ustedes a hacer aquí, a escuchar, no? Pues aprovéchense que dentro de unos días no podrán oír nada'. Pocos minutos después se reunió al grupo Ansaldo, y al enterarse del incidente, se levantó y dirigiéndose a los republicanos les insultó groseramente”, recogía una noticia de la publicación 'La Batalla'.

Pero la más trascendental tuvo lugar el 9 de julio en el claustro de la catedral de Pamplona. Un día antes, el jefe de la Comunión Tradicionalista Carlista, Manuel Fal Conde, había enviado a Mola una carta exigiéndole el establecimiento de una monarquía católica tras el golpe de Estado, cuestión que no fue del agrado del gobernador militar. En otra misiva, el dirigente carlista dio por rotas las negociaciones. Es por ello que el conde de Rodezno se trasladó desde Madrid a Pamplona para reconducir la negociación.

En el encuentro entre los dos en la catedral, Mola le trasladó su preocupación por la actitud de Fal Conde y el conde de Rodezno le aseguró que él tenía el respaldo de los carlistas. Solo un día después, el 10 de julio, Emilio Mola fue citado por su superior, el general Domingo Batet, a una reunión en el monasterio de Irache, en la comarca de Estella. Allí, le trasladó que el Gobierno estaba enterado del plan de sublevación que estaba liderando desde Pamplona y le invitó a trasladarlo a otro destino o a que cambiase de postura. Mola le garantizó que él no estaba “comprometido en ninguna aventura”.

Unos días más tarde, el 15 de julio, llegó a Pamplona desde San Juan de Luz, al otro lado de la frontera francesa, un documento firmado por el rey regente carlista Javier de Borbón-Parma y por Fal Conde confirmando que la Comunión Tradicionalista se sumaba “con todas sus fuerzas” al movimiento militar liderado por Mola. En medio, el periódico 'Noticiario Bilbaíno' publicó que también en Pamplona se produjo una reunión de representantes de las diputaciones de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra para tratar sobre el Estatuto de autonomía vasco, que llegó con la Guerra Civil ya iniciada.

El día 16 Emilio Mola fue reclamado de nuevo por su superior Domingo Batet para mantener un encuentro en el monasterio de Irache. Como describe el autor José María Iribarren, el general Mola “llegó a pensar seriamente que se trataba de una emboscada para detenerle, al suponer que el Gobierno conocía toda la trama de la conspiración”. Por ello acudió a la reunión “con una escolta de oficiales comprometidos, vestidos de paisano y armados”.

Pero Batet únicamente quería asegurarse de que Mola no se saldría de la legalidad republicana, pidiéndole su palabra de honor de no levantarse en armas contra el Gobierno legítimo, a lo que Mola respondió que ni conspiraba ni sabía de ninguna conspiración en marcha. El golpe seguía adelante.

Pero el principal escollo que tenía Mola en Pamplona para asegurar el éxito de la sublevación era el comandante de la Guardia Civil en la capital navarra, José Rodríguez-Medel, que el 18 de julio rechazó la propuesta del gobernador militar de sumarse al golpe que ya había comenzado en los territorios africanos.

Ante la negativa del comandante a unirse a la rebelión, y cuando se dirigía a formar las tropas para trasladarse a Tafalla, donde estaba planeado establecer una línea defensiva que aislara a Navarra por el sur para hacer frente a la sublevación militar, fue asesinado en las puertas de la comandancia de Pamplona tras recibir seis disparos efectuados con arma larga, de calibre 7 milímetros, que se corresponden con las armas que utilizaba el Ejército, por varios guardias sublevados que le esperaban a la salida. La rebelión de Mola quedaba al descubierto.

Así, el 19 de julio, la fecha que Mola había fijado para dar el golpe en la península, una compañía del Batallón de Cazadores Sicilia proclamó a las 6:00 de la mañana desde la plaza del Castillo el estado de guerra. La sublevación que había terminado de perfilar durante las fiestas –que en los dos años posteriores no se celebraron— había triunfado.

Se iniciaba así en Navarra un periodo de represión que culminaría con más de 3.500 asesinados, muchos de ellos enterrados en fosas que todavía no han sido localizadas casi un siglo después. El equivalente al NO-DO de la Italia fascista destacó en una película de agosto de 1936 la implicación de “Navarra” en la “revolución” contra los “rojos”. Mola falleció en un accidente de aviación en un vuelo que partió de Vitoria en 1937, en plena ofensiva para la conquista de Bilbao. Su cuerpo fue enterrado en un mausoleo en el monumento franquista a los Caídos de Pamplona y no fue exhumado hasta 2016.

Domínguez Arévalo, de su lado, fue el primer ministro de Justicia de Franco, con una sede ilegítima instalada en Vitoria en 1938. No volvieron a celebrarse los Sanfermines hasta 1939, ya finalizada la Guerra Civil. Los de 1940 son recordados por la abundante presencia de nazis alemanes, agasajados en Pamplona.

Estudiar las “raíces biopsíquicas del marxismo”. Fue el objetivo que se marcó el psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera al pedirle autorización directa a Franco para experimentar con prisioneros republicanos durante la Guerra Civil. El médico pretendía demostrar la existencia de un supuesto 'gen rojo' que predisponía a algunas personas a ser “contagiadas” por el “virus marxista”, una hipótesis que ya antes de empezar sus investigaciones creía confirmada y que serviría para poner la psiquiatría oficial al servicio de la represión franquista.

El médico, al que el Gobierno acaba de retirar la Gran Cruz de la Sanidad, ya era el Jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares del franquismo cuando, en julio de 1938, se dirigió al Cuartel General de Burgos, declarada “capital de la Cruzada”. Quería reclamar su visto bueno para crear su Gabinete de Investigaciones Psicológicas, que serviría para “el mejor aprovechamiento científico del material humano que las vicisitudes de la guerra pone a disposición de la ciencia”. Además, prometía que el régimen se gastaría poco dinero en él: los médicos serían “especialistas patriotas” que trabajarían de forma voluntaria y la instalación no superaría las 2.000 pesetas “pues el instrumental que ha de pedirse a Alemania es muy reducido”.

Así lo explicaba el propio Vallejo-Nájera en la petición, que pasó por diferentes responsables hasta ser elevada a Franco. El Coronel Inspector de Campos de Concentración, Luis Martín Pinillos, pensaba que la idea era “sumamente interesante” para ahondar en “las características patológicas afectadas de este mal —en referencia al marxismo—”, según el telegrama que conserva el Archivo Militar de Ávila. La autorización final es una nota manuscrita por el propio Franco que firma como Terminus, el nombre en clave que usaba fuera de Burgos, y en la que confía en que desde el Gabinete pueda “hacerse algo interesante”.

Así fue como el campo de concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos) y la cárcel de mujeres de Málaga se convirtieron en laboratorios de experimentación para Vallejo-Nájera. “Sus conclusiones se basaban en la idea de que había una determinada predisposición física o psíquica a 'contaminarse' de ese 'virus marxista'. Lo que hizo fue patologizar al adversario político e intentar demostrar que eran personas degradadas, débiles mentales o degeneradas y, por lo tanto, debían ser controladas o reeducadas”, explica el catedrático de la Universidad de Murcia Salvador Cayuela, autor de la tesis La biopolítica de la España franquista.

Las teorías de Vallejo-Nájera no surgieron de la nada: bebieron del contexto europeo que a finales del siglo XIX y principios del XX popularizó la eugenesia como una disciplina aceptable y científica. Esta también llegó a España e incluso fue defendida por algunos pensadores de izquierdas. Pero lo que hizo el psiquiatra oficial del régimen durante la Guerra Civil y el franquismo fue adaptarla. En sus conferencias y publicaciones, defendía una “higiene racial” particular, en la que el concepto de raza en España no vendría determinado por una cuestión biológica, como sí ocurría en otras corrientes eugenésicas, sino que era algo cultural o moral, asociado a la Hispanidad y sus valores.

En la base de su discurso estaba la "pureza" de la "raza hispánica" que se había visto "corrompida" no por factores genéticos, sino morales o sociales, entre ellos el alejamiento de las costumbres tradicionales

Cayuela explica que el giro de Vallejo-Nájera se debe a su ferviente catolicismo. “No podía aceptar el aborto o la esterilización forzada de los considerados inferiores como medidas eugenésicas, así que abrazó la misma idea, pero desde otro prisma”, sostiene el experto. Es lo que él mismo llamó eugamia, una propuesta alternativa a la eugenesia biológica y a su contradicción con la doctrina de la Iglesia. En la base de su discurso, estaba la “pureza” de esa “raza hispánica” que se había visto “corrompida” no por factores genéticos, sino morales o sociales, entre ellos el alejamiento de las costumbres tradicionales o la expansión de ideas revolucionarias.

Este tipo de teorías las replicó en libros como Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la Raza o Política racial del Nuevo Estado, publicados durante la Guerra Civil. En ellos, plasmó sus propuestas de “regeneración” racial, entre las que se encontraban la “segregación” de los “parásitos de la sociedad” o las medidas encaminadas a “multiplicar los hijos de los selectos” a través de matrimonios considerados adecuados, consejos médicos prenupciales obligatorios, campañas contra la soltería o la difusión de una “educación sexual nacional” que respondiera a los intereses de esta política racial.

Su instinto de crueldad no se despierta tan fácilmente como en el hombre, pero una vez se desencadena, sus límites rebasan las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas

Antonio Vallejo-Nájera, sobre las mujeres

Los análisis pseudocientíficos

Bajo esta amalgama ideológica y pseudocientífica, Vallejo-Nájera realizó sus experimentos en Burgos y Málaga. La paleontóloga Marta Fernández Viejo ha estudiado a fondo el primero de ellos, en un campo de concentración que llegó a albergar a casi 500 brigadistas internacionales que habían llegado del extranjero para ayudar al Ejército republicano. La experta ha buceado en el archivo y ha encontrado los test que el psiquiatra hacía a los prisioneros, a partir de los cuales publicó los resultados de sus análisis solo dos meses después de iniciarlos en la Revista Semana Médica Española.

Fernández Viejo explica que las investigaciones “consistieron fundamentalmente en interrogatorios, observaciones de comportamiento, cuestionarios y pruebas psicológicas” cuyas respuestas “interpretó desde presupuestos ideológicos previamente establecidos”. A pesar de que habitualmente el psiquiatra es comparado con el nazi Josef Mengele, la experta apunta a que, en su caso, no existe de momento constancia de que hiciera experimentos físicos sobre los presos. El psiquiatra llegó a analizar la “figura corporal”, el nivel educativo, la situación familiar, la religiosidad, las motivaciones políticas o los hábitos de consumo de tabaco y alcohol, entre otros muchos factores.

Uno de los ítems que usó para evaluar a los brigadistas fue la “personalidad social”, que dividió en “media normal”, “revolucionarios natos” o “psicópatas”. También les clasificó con categorías como “normales”, “amorales”, “deficientes mentales” o individuos con rasgos “degenerativos”. A partir de estos datos, “elaboró perfiles psicológicos que consideraba característicos del militante marxista”, explica la experta. Los resultados los recibía Franco personalmente, según acreditan varios telegramas, por ejemplo el que en enero de 1939 remite adjunto un informe sobre los prisioneros norteamericanos, entre los que “se da un porcentaje grande de sujetos indeseables”.

El psiquiatra también llevó su Gabinete de Investigaciones Psicológicas a la cárcel de mujeres de Málaga, donde analizó a 50 presas antifranquistas para concluir que la participación política de las mujeres “podía interpretarse como una manifestación de desequilibrio psicológico, inmadurez afectiva o desviación”, al transgredir el papel de madre, esposa y educadora que les reservaba, señala la paleontóloga.

Del sexo femenino decía que eran características “la labilidad física, la debilidad del equilibrio mental y la menor resistencia a las influencias ambientales” y añadía: “Su instinto de crueldad no se despierta tan fácilmente como en el hombre, pero una vez se desencadena, sus límites rebasan las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas”.

El discurso no se quedó en un mero mensaje. Según Cayuela, fueron estas ideas las que también vertebraron diferentes organismos propagandísticos y represores de la dictadura. La “reeducación” estaba en el centro: “Acatar o no la norma distinguía a los recuperables de los irrecuperables”. Esa era la “regeneración” de la raza hispánica y el mismo corpus de ideas que motivó una de las prácticas del franquismo, la “sustracción sistemática” de bebés con el objetivo de “reubicar” en familias católicas y adeptas al régimen a aquellos niños y niñas “en peligro” de ser “contagiados por el 'gen rojo' o que fueran susceptibles de degradación”.

Fernández Viejo explica que Vallejo-Nájera fue uno de los psiquiatras más destacados de la época y su formación fue “excepcional” para los estándares de la época, llegando a obtener la primera cátedra universitaria de Psiquiatría creada en España. Sus ideas pseudocientíficas eran consideradas “científicamente legítimas” por parte de la comunidad médica en aquel entonces, pero sobre todo, fueron usadas para dotar de legitimidad a atroces prácticas represivas. “Sus teorías eugenésicas, financiadas y promovidas por el régimen, sirvieron de base ideológica para la comisión de crímenes contra la humanidad”, ha justificado el Gobierno al retirarle la Gran Cruz de la Sanidad que le concedió Franco.

Una sudadera, un pantalón y una camiseta con la palabra Dmocracia en el pecho han desatado la polémica. Medios de comunicación, miles de usuarios de redes sociales y perfiles de ultraderecha como Alvise Pérez han salido en tromba en los últimos días a criticar al Gobierno por haber “lanzado” una colección de moda y haberse gastado en ella “millones de euros”. “El Gobierno crea su propia marca de ropa”, apuntaban. Los mensajes en X, TikTok o Instagram reprodujeron el bulo con rapidez, señalando al Ejecutivo de Pedro Sánchez por “despilfarrar” el dinero público en ropa y a influencers como Marina Rivers por participar en la iniciativa.

La realidad detrás de Dmocracia es otra: se trata de una campaña de comunicación que usa los códigos de la moda “para acercar la democracia” a los jóvenes y que ha puesto en marcha el Comisionado por los 50 años de España en Libertad como parte del programa de talleres, actividades y eventos que desarrolla desde el año pasado para conmemorar el medio siglo desde la muerte del dictador Francisco Franco. La campaña fue lanzada hace tres semanas, pero ha sido esta cuando ha estallado el aluvión de críticas.

La campaña ha sido grabada en el Congreso de los Diputados y muestra a varias personas vistiendo las prendas. “Cuando te vistes, te posicionas. Las prendas que eliges cada mañana en tu armario también hablan de quién eres, de lo que piensas y de lo que defiendes”, reza la iniciativa, que en su vídeo promocional deja claro que se trata de una “colección cápsula” diseñada por el director creativo Bnomio.

“Aunque utiliza el mismo lenguaje que una marca de ropa, no lo es”, apuntan fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que aseguran que las prendas “no están a la venta” y que se ha producido “un número limitado de unidades”, que se usarán a lo largo del año en eventos y actos. Algunas se han sorteado también a través de redes sociales. Según cuantifica el Gobierno, en tres semanas la campaña ha alcanzado 4,2 millones de visualizaciones solo en las redes del Comisionado, llegando a “más de 600.000 personas”, el 75% menores de 35 años.

Tampoco esta supuesta marca de ropa ha costado “14 millones de euros”, como se ha afirmado. Este es el presupuesto total que la iniciativa tiene durante este ejercicio, pero las mismas fuentes aseguran que la campaña “no excederá” de los 380.000 euros. El desglose es el siguiente: la producción —con conceptos como el diseño o la producción de las prendas— ha alcanzado los 185.215 euros; a ello hay que sumarle el trabajo de los creadores de contenido que han participado y seguirán haciéndolo, puesto que la campaña “no está cerrada”. El Gobierno cuenta con 32 influencers “para difundir el mensaje” y cifra en 193.900 euros el “coste máximo” de este concepto.

Entre estas creadoras de contenido está Marina Rivers, que tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, y que ha utilizado esta red social para responder a los ataques. El eurodiputado y fundador de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, comentó sobre la influencer: “Que mi clon en mujer sea tan sumamente subnormal me avergüenza. Por favor, no me relacionen con esto”, en referencia a que hay quienes en redes comparan físicamente a ambas figuras. Otros mensajes la califican de “socialista” que “ya recibe miles de euros públicos a través de RTVE”.

Rivers ha lamentado en un vídeo que “hasta representantes políticos se crean en libertad de insultarme” y ha defendido “la libertad de criticar un presupuesto público” pero al mismo tiempo ha apuntado a la “demagogia” de los mensajes que apelan a que el dinero gastado podría “haberse usado para los niños con cáncer”, la sanidad o la educación. “No sé si a alguien le sorprende, pero yo estoy a favor de la democracia”, ha justificado sobre su trabajo.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha explicado que la campaña no ha implicado pago publicitario a las plataformas de Meta o TikTok y que tiene “un coste que se encuentra muy por debajo del 50% de la media de las campañas institucionales de los últimos años”. La estrategia de difusión busca que el relato “sea transmitido por personas relevantes” para la generación 'Z' y los perfiles “han sido elegidos por su relevancia en moda y lifestyle, pero también por su capacidad para transmitir los valores del proyecto”.

El hecho de que haya sido grabada en el Congreso de los Diputados también ha despertado críticas. Algo que “ha sido aprobado por la Mesa” de la Cámara Baja, afirman las mismas fuentes. El Gobierno considera que la moda es uno de “los lenguajes que la ciudadanía joven entiende de manera más directa” y por eso ha querido utilizarlo en este caso: “Es indiscutiblemente un elemento más de la comunicación política y valores de hoy en día”.

La justicia acaba de declarar que Daniel Fernández Roig fue fusilado en 1938 sin haber cometido delito alguno. Nunca incumplió ninguna ley. Le mataron por ser socialista y defender la República. Su familia siempre ha sido consciente, pero ahora un juzgado de Santander -a petición de sus cuatro nietos- ha borrado la condena injusta que acabó con su vida durante la Guerra Civil.

Fernández Roig era un jornalero miembro del sindicato UGT y afiliado a la Asociación Socialista de Polaciones (Santander) desde abril de 1936. Vecino de Puente Pumar-Polaciones ejercía además como vocal de la Comisión Gestora y delegado de Abastos de Polaciones.

Cuando Santander cayó en manos del ejército golpista del dictador Franco fue detenido y encarcelado el 27 de septiembre de 1937. Dos meses más tarde se le condenó a muerte tras ser sometido a un proceso sumarísimo de urgencia por el Consejo de Guerra número 4 que sentenció que era culpable de un delito de adhesión a la rebelión. Su biografía se acabó de escribir el 12 de marzo de 1938 cuando le fusilaron en Santander.

La titular de la Plaza Civil número 7 del Tribunal de Instancia de Santander ha declarado que Daniel Fernández Roiz fue fusilado “sin quebrantar ley alguna y por su mera pertenencia política”. “No cometió delito alguno y fue asesinado de forma injusta e inhumana”, sentencia la magistrada en un auto notificado recientemente.

En la resolución, añade que “fue sometido a una privación arbitraria de su libertad, y posteriormente enjuiciado en un procedimiento sumarísimo y condenado a muerte con exclusión o negación absoluta de cualquier derecho de defensa, sin poder aportar prueba alguna o hacer alegaciones”.

La jueza atiende así a la solicitud de la Fiscalía de Memoria Democrática, que promovió un expediente de jurisdicción voluntaria para la declaración judicial sobre hechos pasados a petición de cuatro nietos de la víctima que han declarado y han aportado documentación a la causa.

De la misma se desprende que la sentencia dictada en Terán de Cabuérniga que le condenó estaba “carente de valoración de elemento probatorio de cargo en su contra” y en ella “no se aprecia que el señor Fernández Roiz contase con el más mínimo derecho de defensa”, según informa Europa Press.

“Se le atribuyen actuaciones de las que se desconoce actividad probatoria que haya servido de premisa, denotándose la animadversión del órgano sentenciador hacia el afectado por la condena, por motivos que no pueden ser otros que políticos, esto es, su condición de socialista y vocal de la Comisión Gestora y delegado de Abastos”, explica la magistrada.

Por eso, considera que se le enjuició con “arbitrariedad, injusticia y vulneración de los más elementales derechos de defensa”.

Finalmente, la jueza se refiere al contexto político y social en el que se produjo la condena de Daniel Fernández Roiz, en un territorio como el Valle de Polaciones que sirvió de delimitación del frente entre ambos bandos contendientes y donde imperaba la legalidad republicana.

“En dicho contexto bélico y acorde con aquella legalidad imperante se desarrollaron las actuaciones que las diligencias judiciales imputaban a Daniel Fernández Roiz y a otros compañeros calificadas de delito de adhesión a la rebelión y que sirvieron para justificar su acusación y posterior condena a la pena de muerte”, explica.

Concluye que en el caso de Fernández Roiz se “vulneraron las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, así como la concurrencia en estos procesos de intimidación e indefensión, sin prueba alguna obtenida de forma respetuosa con el derecho de defensa y sin que conste de manera incontestable que hubiera cometido delito alguno”.

El Govern balear ha fet públics aquest dimarts els 15 estudis de memòria democràtica encarregats durant la passada legislatura sobre aspectes clau de la repressió franquista a les Illes. Es tracta d'informes inèdits que l'Executiu de Marga Prohens (PP) mantenia sense difondre des que va començar l'actual legislatura, circumstància de la qual elDiario.es va informar en exclusiva el passat mes d'abril.

Els treballs, de gran abast -amb milers de pàgines en conjunt- i de caràcter multidisciplinari -des d'una perspectiva històrica, psicològica i jurídica-, reconstrueixen els episodis menys explorats del cop militar de 1936, la guerra civil i la dictadura franquista i van ser concebuts, de fet, com una de les peces centrals de la política pública de memòria democràtica a Balears. No només van ser encarregats, sinó també executats i remunerats: en total, l'Administració autonòmica ha abonat 218.000 euros als diferents autors sense que les seves investigacions veiessin la llum fins ara.

Les investigacions van ser promogudes per l'anterior Executiu progressista en el marc del IV Pla de Fosses, desenvolupat a l'empara de la llei autonòmica de recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme -més coneguda com a 'llei de fosses'-. D'acord al propi disseny del pla, aquests treballs han de revertir en la societat a través d'exposicions, materials pedagògics i presentacions públiques.

La Conselleria de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local ha anunciat la publicació d'aquests informes juntament amb altres cinc treballs, fins a un total de vint investigacions, que ja poden consultar-se a través del portal institucional del Govern. La iniciativa es presenta com una mesura per facilitar l'accés públic a les investigacions realitzades sobre la guerra civil, la repressió franquista i les polítiques de memòria democràtica.

Entre els estudis ara publicats figuren investigacions de caràcter històric, jurídic, antropològic i psicològic, com un informe sobre la resposta de l'Estat espanyol als crims del franquisme des de la perspectiva del dret internacional dels drets humans, així com treballs sobre els refugis antiaeris, els espais de memòria, els arxius de memòria democràtica o la presència de nazis i feixistes italians refugiats a Balears després de la Segona Guerra Mundial.

També aborden qüestions com la relació de l'arxipèlag amb la Vall de Cuelgamuros, els bombardejos durant la guerra civil, l'actualització del cens de víctimes de la repressió franquista, les polítiques memorialistes del franquisme, el desembarcament del capità Bayo, l'exili o el trauma transgeneracional derivat del cop d'estat de 1936.

L'absència de difusió contrastava a més amb els objectius amb què van ser concebuts. Quan l'anterior Govern va presentar el IV Pla de Fosses, va defensar que les investigacions tindrien un retorn social mitjançant exposicions, materials pedagògics i activitats divulgatives, amb el propòsit de consolidar Balears com a referent estatal en polítiques de memòria democràtica.

Una “reivindicació històrica”

Després de conèixer l'anunci, l'associació de Memòria de Mallorca ha celebrat el fet que, “per primera vegada, s'aconsegueix una de les reivindicacions històriques” de l'entitat en publicar-se un cens de víctimes des de la perspectiva del Dret Internacional dels Drets Humans amb la inclusió de la tipologia del delicte comès.

La publicació dels informes arriba en un context de forta controvèrsia al voltant de les polítiques memorialistes de l'Executiu de Prohens. El passat mes de març, el PP i Vox van derogar la Llei balear de Memòria i Reconeixement Democràtics, una decisió que el Govern central ha recorregut davant el Tribunal Constitucional. Aquesta setmana, l'alt tribunal admetia a tràmit el recurs, la qual cosa deixa sense efecte, de forma provisional, l'eliminació de la norma.

Precisament, Memòria de Mallorca assevera que la pretensió d'aquests estudis havia de ser un fonament per desenvolupar la llei balear de memòria mitjançant la realització de reconeixements, actes i divulgació en pro de “garantir els drets a la veritat, la justícia i la reparació” i, especialment, “pedagogia per garantir la no repetició dels fets ocorreguts arran del cop d'estat de 1936”.

Malgrat que -afegeix- nombroses de les incorporacions proposades per l'entitat no han estat acceptades i que l'Executiu del PP “ha fet cas omis” a les mateixes, l'entitat considera que la publicació dels estudis “és un primer pas”. “Després de la notícia [de l'admissió a tràmit] per part del Tribunal Constitucional i la publicació avui dels 20 estudis encarregats per l'anterior Executiu, seguirem vigilants perquè s'apliqui la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de Memòria i Reconeixements Democràtics de Balears”, sentencien des de Memòria de Mallorca.

El Govern balear ha hecho públicos este martes los 15 estudios de memoria democrática encargados durante la pasada legislatura sobre aspectos clave de la represión franquista en las islas. Se trata de informes inéditos que el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) mantenía sin difundir desde que arrancó la actualidad legislatura, circunstancia de la que elDiario.es informó en exclusiva el pasado mes de abril.

Los trabajos, de gran alcance -con miles de páginas en conjunto- y de carácter multidisciplinar -a nivel histórico, psicológico y jurídico, entre otros-, reconstruyen los episodios menos explorados del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista y fueron concebidos, de hecho, como una de las piezas centrales de la política pública de memoria democrática en Balears. No solo fueron encargados, sino también ejecutados y remunerados: en total, la Administración autonómica ha abonado 218.000 euros a los distintos autores de los mismos sin que sus investigaciones viesen la luz hasta ahora.

Las investigaciones fueron promovidas por el anterior Ejecutivo progresista en el marco del IV Plan de Fosas, desarrollado al amparo de la ley autonómica de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo -más conocida como 'ley de fosas'-. De acuerdo al propio diseño del plan, estos trabajos deben revertir en la sociedad a través de exposiciones, materiales pedagógicos y presentaciones públicas.

La Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha anunciado la publicación de estos informes junto con otros cinco trabajos, hasta un total de veinte investigaciones, que ya pueden consultarse a través del portal institucional del Govern. La iniciativa se presenta como una medida para facilitar el acceso público a las investigaciones realizadas sobre la guerra civil, la represión franquista y las políticas de memoria democrática.

Entre los estudios ahora publicados figuran investigaciones de carácter histórico, jurídico, antropológico y psicológico, entre ellas un informe sobre la respuesta del Estado español a los crímenes del franquismo desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, así como trabajos sobre los refugios antiaéreos, los espacios de memoria, los archivos de memoria democrática o la presencia de nazis y fascistas italianos refugiados en Balears tras la Segunda Guerra Mundial.

También abordan cuestiones como la relación del archipiélago con el Valle de Cuelgamuros, los bombardeos durante la guerra civil, la actualización del censo de víctimas de la represión franquista, las políticas memorialistas del franquismo, el desembarco del capitán Bayo, el exilio o el trauma transgeneracional derivado del golpe de Estado de 1936.

La ausencia de difusión contrastaba además con los objetivos con los que fueron concebidos. Cuando el anterior Govern presentó el IV Plan de Fosas, defendió que las investigaciones tendrían un retorno social mediante exposiciones, materiales pedagógicos y actividades divulgativas, con el propósito de consolidar a Balears como referente estatal en políticas de memoria democrática.

Una “reivindicación histórica”

Tras conocer el anuncio, la asociación de Memòria de Mallorca ha celebrado el hecho de que, “por primera vez, se logra una de las reivindicaciones históricas” de la entidad al publicarse un censo de víctimas desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con la inclusión de la tipología del delito cometido.

La publicación de los informes llega en un contexto de fuerte controversia en torno a las políticas memorialistas del Ejecutivo de Prohens. El pasado mes de marzo, PP y Vox derogaron la Ley balear de Memoria y Reconocimiento Democráticos, una decisión que el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Esta semana, el alto tribunal admitía a trámite el recurso, lo que deja sin efecto, de forma provisional, la eliminación de la norma.

Precisamente, Memòria de Mallorca asevera que la pretensión de estos estudios debía ser un fundamento para desarrollar la ley balear de memoria mediante la realización de reconocimientos, actos y divulgación en aras a “garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación” y, en especial, “pedagogía para garantizar la no repetición de los hechos ocurridos raíz del golpe de estado de 1936”.

A pesar de que -apostilla- numerosas de las incorporaciones propuestas por la entidad no han sido aceptadas y de que el Ejecutivo del PP “ha hecho caso omiso” a las mismas, la entidad considera que la publicación de los estudios “es un primer paso”. “Tras la noticia [de la admisión a trámite] por parte del Tribunal Constitucional y la publicación hoy de los 20 estudios encargados por el anterior Ejecutivo, seguiremos vigilantes para que se aplique la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Memoria y Reconocimientos Democráticos de Balears”, sentencian desde Memòria de Mallorca.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel president del Govern espanyol contra la derogació de la Llei balear de memòria i reconeixement democràtics.

La decisió suposa, de manera provisional, deixar sense efecte la derogació aprovada el març passat amb els vots de PP i Vox. Serà el mateix Tribunal Constitucional qui haurà de pronunciar-se ara sobre el fons del recurs i decidir si la derogació s'ajusta o no a la Constitució.

La norma, aprovada el 2018, va articular un marc institucional per investigar els crims del franquisme i promoure el reconeixement públic de les persones represaliades després del cop militar de 1936. En el seu recurs, l'Executiu central assenyala que l'eliminació de la llei suposa una vulneració dels articles 15 i 10.1 de la Constitució, en suprimir l'estatut jurídic de les víctimes de greus vulneracions dels drets humans, a més de dificultar el compliment de la legislació estatal en matèria de memòria democràtica.

Així mateix, considera que la llei podria envair competències estatals, vulnerar el principi de col·laboració entre administracions i infringir els principis de seguretat jurídica i d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

La derogació de la Llei de memòria democràtica va ser un dels principals acords assolits entre el PP i Vox durant l'actual legislatura i va provocar un ampli rebuig d'associacions memorialistes, familiars de víctimes i organitzacions de drets humans. Tot i que el desembre de 2024 els populars varen assolir insòlit pacte amb els partits d'esquerres per no suprimir la normativa balear, només mig any després varen incomplir el seu compromís en pactar novament amb Vox la seva eliminació a canvi d'assegurar-se el suport dels de Santiago Abascal per poder tirar endavant els pressupostos autonòmics de 2025.

El març passat, lluny d'expressar cap mena de condemna a la sublevació feixista i a les violacions de drets humans comeses durant la dictadura, PP i Vox varen sumar els seus vots per derogar una norma que rebutja expressament “qualsevol totalitarisme i règim antidemocràtic”.

Entre altres fites, la Llei balear de memòria democràtica ha permès delimitar i ampliar la consideració de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura: no només ha fet possible reconèixer persones represaliades directament, sinó també organitzacions socials, professionals o culturals, partits polítics, sindicats, lògies maçòniques, moviments feministes o col·lectius LGTBI, així com víctimes de bombardejos, nadons robats o persones perseguides per motius ideològics.

A l'empara d'aquesta normativa també es va declarar la nul·litat de ple dret de totes les sentències i resolucions dictades per motius polítics en causes penals, civils o administratives durant la dictadura a les Illes, una mesura simbòlica destinada a reparar jurídicament les persones condemnades pels tribunals franquistes. La llei també va introduir mesures en l'àmbit educatiu per garantir la transmissió d'aquest període històric a les noves generacions. Entre altres disposicions, establia la incorporació de la memòria democràtica als currículums escolars, l'impuls de programes pedagògics sobre el conflicte bèl·lic i el règim franquista, així com activitats de recerca i divulgació en col·laboració amb centres educatius i universitats.

La suspensió de la derogació es produeix després que l'Executiu central invoqués l'article 161.2 de la Constitució, que permet paralitzar automàticament una disposició autonòmica quan el Govern espanyol interposa un recurs d'inconstitucionalitat. La mesura tindrà efectes des del 9 de juny per a les parts del procediment i des de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat per a tercers.

La resolució del Tribunal Constitucional encara no entra a valorar la constitucionalitat de la llei, però garanteix que la derogació romandrà suspesa mentre el tribunal estudia el recurs presentat pel Govern espanyol.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra la derogación de la Ley balear de memoria y reconocimiento democráticos de Balears.

La decisión supone, de forma provisional, dejar sin efecto la derogación aprobada el pasado mes de marzo con los votos de PP. Será el propio Constitucional el que deba pronunciarse ahora sobre el fondo del recurso y decidir si la derogación se ajusta o no a la Carta Magna.

La norma, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. En su recurso, el Ejecutivo central señala que la eliminación de la ley supone una vulneración de los artículos 15 y 10.1 de la Constitución, al eliminar el estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, además de dificultar el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

Asimismo, considera que la ley podría invadir competencias estatales, quebrantar el principio de colaboración entre administraciones y vulnerar los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

La derogación de la Ley de memoria democrática fue uno de los principales acuerdos alcanzados entre PP y Vox durante la presente legislatura y provocó un amplio rechazo de asociaciones memorialistas, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos. A pesar de que en diciembre de 2024 los conservadores alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimir la normativa balear, tan solo medio año después incumplieron su compromiso al pactar nuevamente con Vox su eliminación a cambio de granjearse el apoyo de los de Santiago Abascal para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025.

En marzo, lejos de expresar cualquier tipo de condena a la sublevación fascista y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, PP y Vox sumaron sus votos para echar abajo un documento que rechaza expresamente “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.

Entre otros hitos, la ley balear de memoria democrática ha permitido delimitar y ampliar la consideración de víctimas de la guerra civil y la dictadura: no solo ha posibilitado reconocer a personas represaliadas directamente, sino también a organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o colectivos LGTBI, además de víctimas de bombardeos, bebés robados o personas perseguidas por motivos ideológicos.

Bajo el amparo de esta normativa también se declaró la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones dictadas por razones políticas en causas penales, civiles o administrativas durante la dictadura en las islas, una medida simbólica destinada a reparar jurídicamente a quienes fueron condenados por tribunales franquistas. La ley también introdujo medidas en el ámbito educativo para garantizar la transmisión de este periodo histórico a las nuevas generaciones. Entre otras disposiciones, establecía la incorporación de la memoria democrática en los currículos escolares, el impulso de programas pedagógicos sobre el conflicto bélico y el régimen franquista, así como actividades de investigación y divulgación en colaboración con centros educativos y universidades.

La suspensión de la derogación se produce después de que el Ejecutivo invocara el artículo 161.2 de la Constitución, que permite paralizar automáticamente una disposición autonómica cuando el Gobierno interpone un recurso de inconstitucionalidad. La medida tendrá efectos desde el 9 de junio para las partes del procedimiento y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para terceros.

La resolución del Constitucional no entra todavía a valorar la constitucionalidad de la ley, pero garantiza que la derogación permanecerá suspendida mientras el tribunal estudia el recurso presentado por el Gobierno.

El Consejo de Ministros de este martes ha retirado la Gran Cruz de Sanidad a Antonio Vallejo-Nájera, el psiquiatra que buscó el “gen rojo” durante la Guerra Civil y la dictadura. La decisión responde a la “incompatibilidad” de mantener su nombre entre los condecorados con “los valores democráticos, éticos y los derechos humanos que hoy guían nuestra sanidad pública”, según consta en el Real Decreto al que ha dado luz verde el Gobierno y al que ha tenido acceso elDiario.es.

Las teorías del que fuera Jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares del franquismo sirvieron de legitimación médica a la represión de la dictadura, puesto que contribuyó a patologizar a los considerados “enemigos de España” a través de diferentes estudios pseudocientíficos. Vallejo-Nájera realizó experimentos con prisioneros republicanos en busca del supuesto “gen rojo” y concluyó que la ideología “marxista” calaba en “inferiores mentales y deficientes culturales”. El psiquiatra, admirador de la Alemania nazi, adaptó las teorías eugenésicas populares en Europa en aquella época al contexto español.

El Gobierno se apoya en la Ley de Memoria Democrática para tomar la decisión, específicamente en su artículo 42, que estipula la “revisión y revocación” de las condecoraciones a beneficiarios que formaran parte del aparato de represión franquista y hubieran realizado actos “manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de derechos humanos”. El mismo artículo permite la retirada de los méritos a título póstumo.

El psiquiatra recibió la Gran Cruz de Sanidad el 28 de julio de 1947, en plena ditactura franquista. Durante su trayectoria “vinculada al nazismo y al aparato ideológico del régimen”, Vallejo-Nájera “utilizó la medicina para justificar políticas de persecución y represión” durante el franquismo, justifica el Real Decreto, que con su publicación en el BOE en los próximos días hará efectiva la retirada. “Sus teorías eugenésicas, financiadas y promovidas por el régimen, sirvieron de base ideológica para la comisión de crímenes contra la humanidad”, reza el texto, que pone como ejemplo “la sustracción sistemática” de bebés del bando republicano “para su 'reeducación' política y moral”.

La retirada de la condecoración fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez el pasado viernes en un mensaje a través de sus redes sociales, en las que se refería a Vallejo-Nájera como “el psiquiatra de cabecera del franquismo, conocido como el Mengele español por sus despreciables experimentos sobre la supuesta limpieza de la raza”.

“Su pensamiento y sus actuaciones representaron una instrumentalización de la psiquiatría al servicio de una ideología totalitaria y eugenésica, orientada a 'purificar' la sociedad mediante la patologización de quienes pensaban diferente”, apunta el Real Decreto.

El Gobierno considera que la actuación de Vallejo-Nájera “contradice frontalmente la misión que simboliza” la Orden Civil de Sanidad y, por eso, la revocación de la cruz “constituye un acto de memoria, justicia y reparación” y busca también ser “un reconocimiento” de las víctimas de estas prácticas. “La medida se adopta en coherencia con los principios democráticos, los valores del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Memoria Democrática y los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos”, ha justificado.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha ordenado la retirada del espacio público de cuatro nuevos vestigios franquistas, entre ellos el Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, inaugurado en 1964 para homenajear al dictador y el triunfo de los sublevados en la Guerra Civil. El símbolo acaba de entrar en el catálogo de elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática, junto al Monumento a los Rumanos Caídos de Majadahonda (Madrid) y las inscripciones sobre José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, que permanecen en las fachadas de las catedrales de Murcia y Almería.

Según ha explicado el ministro Ángel Víctor Torres, el Gobierno ya ha notificado a las cuatro administraciones u organizaciones titulares los expedientes y, con ellos, la obligación de remover los vestigios en un plazo máximo. En el caso de los conjuntos monumentales, pueden ser trasladados a otro lugar sin exposición pública. De no hacerlo, el Gobierno puede actuar “subsidiariamente” y proceder a su retirada. “Es el paso definitivo”, ha afirmado el titular de la cartera.

El Ministerio toma esta decisión a propuesta de la Comisión Técnica que regula y evalua qué símbolos son susceptibles de incluirse en el catálogo y que está formada por 15 expertos, entre ellos varios historiadores y arquitectos. En los cuatro casos analizados, la comisión ha concluido que “no concurren razones artísticas, arquitectónicas o patrimoniales” para proceder a la resignificación de los monumentos —una posibilidad que contempla la ley— y, por eso, se ha decidido que deben ser removidos.

El monumento a Franco de Tenerife

En el caso del conjunto monumental de Tenerife, la comisión ha concluido que “presenta la guerra de España como una cruzada salvadora y exalta la figura de Francisco Franco y el régimen surgido del golpe de estado de 1936”, ha explicado Torres, que ha apuntado a que se trata de uno de los que tiene “mayores dimensiones” de los que todavía perviven en nuestras calles. El memorial conmemora la partida del dictador en el Dragon Rapide para iniciar el golpe de estado en julio de 1936.

El Ministro ha explicado que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias ha decidido “recientemente” que el monumento no presenta “razones objetivas” para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC), una resolución que debe llevarse a la Comisión de Patrimonio para que sea adoptada, pero que es “vinculante y preceptiva”. Por eso el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gobernado por Coalición Canaria con el apoyo del Partido Popular, tendrá seis meses a contar desde que la Comisión tome la decisión definitiva para retirar el conjunto monumental o bien caduque el expediente, algo que ocurre en octubre.

La decisión no da la posibilidad de la resignificación porque “no es una cuestión subjetiva” sino que está condicionada a que el monumento tenga “valores arquitectónicos y artísticos”, algo que “en este caso, el propio Consejo ha rechazado”. “No cabe la resignificación”, ha apuntado Torres. Precisamente hace unos días el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechazó, con los votos en contra de CC, PP y Vox, la retirada inmediata del monumento.

El memorial a los Caídos Rumanos

El expediente abierto a cuenta del Monumento a los Rumanos Caídos de Majadahonda, en Madrid, se dirige contra la asociación privada que tiene su titularidad. El memorial fue construido en 1970 para homenajear a Ion Mota y Vasile Marin, dos dirigentes de la Guardia de Hierro rumana que fallecieron en 1937 cuando combatían junto a las tropas franquistas. La Guardia de Hierro, ha explicado el ministro, era “antisemita y de ideología fascista”, colaboró con Adolf Hitler y fue responsable de la persecución de minorías y opositores políticos en Rumanía.

La Comisión ha concluido que se trata de un elemento que “exalta el fascismo europeo”, cuya permanencia en el espacio público “es incompatible con la ley porque supone un reconocimiento de organizaciones y dirigentes vinculados a ideologías democráticas”. La asociación tendrá tres meses para retirarlo. El monumento ha sido durante décadas un enclave y lugar de concentración de grupos de extrema derecha.

Primo de Rivera, presente

Los dos últimos símbolos incorporados al catálogo y que deberán ser removidos son las inscripciones en referencia a Primo de Rivera de las catedrales de Murcia y Almería. La primera de ellas reza “José Antonio Primo de Rivera ¡Presente!” y la segunda nombra al fundador de Falange junto al escudo del yugo y las flechas. Según ha explicado el ministo, la Comisión ha decidido que se trata de un “reconocimiento público a uno de los referentes ideológicos del totalitarismo” y ha concluido que las inscripciones deben ser eliminadas en tres meses como máximo. En este caso, le corresponde al Obispado de ambos territorios.

Los otros símbolos del catálogo

El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que regula el catálogo y calculó que todavía hay unos 4.000 vestigios que enaltecen el franquismo o la Guerra Civil en España que deben retirarse del espacio público o resignificarse si tienen valor. Entre ellos, hay cientos de las placas típicas del Instituto Nacional de Vivienda con el yugo y las flechas que se ven en muchas fachadas.

Desde entonces, el Ministerio ha anunciado la inclusión de algunos en el listado, entre ellos el monumento a las víctimas del Crucero Baleares de Palma de Mallorca, construido por la dictadura para homenajear a “los caídos” que fueron víctimas del hundimiento del barco en 1938. El hecho se produjo como consecuencia del ataque de la flota republicana durante la Batalla del Cabo de Palos (Murcia), el mayor combate naval de la contienda.

También la Comisión Técnica encargada de las evaluaciones, ha decidido en los últimos meses sumar al catálogo la Cruz de los Caídos de la Plaza de Américas en Cáceres, una de las primeras en ser construidas, y el panteón de Vjekoslav Luburić, ubicado en el cementerio municipal de Carcaixent (Valencia). Allí están los restos del apodado como “el carnicero”, un militar croata integrante de Ustaša, el movimiento fascista que colaboró con los nazis durante la ocupación de los balcanes. El escudo fascista que luce el panteón ya ha sido retirado y deben ser instalados elementos “interpretativos” ara explicar quién fue.

La creación del catálogo es un mandato contenido en la Ley de Memoria Democrática, que considera “contrarios a la memoria democrática” edificios, construcciones, escudos, insignias, placas u otro elemento conmemorativo de la sublevación militar y la dictadura, “de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que la sustentaron”, así como unidades civiles y militares que colaboraron con el Eje Alemania-Italia-Japón en la II Guerra Mundial.

El Gobierno de Navarra ha entregado este lunes a sus familiares los restos de Ramón Bengaray Zabalza, quien fuera presidente del Frente Popular en la comunidad foral y una de las principales figuras republicanas asesinadas por los franquistas en 1936 tras el golpe de Estado. La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, también ha entregado a su familia los restos de Dionisio Gutiérrez Ijalba y Epifanio Osoro Icobalceta otros militantes republicanos represaliados y cuyos cuerpos fueron hallados en fosas en las localidades de Muniáin de Guesálaz y Berriozar.

Ramón Bengaray Zabalza, nacido en Garralda en 1896, fue un destacado dirigente de Izquierda Republicana y presidente del Frente Popular en Navarra. Casado con Ramona Zapatero, con quien tuvo tres hijos, fue músico, periodista y también deportista, llegó a ser directivo del Club Atlético Osasuna en los años treinta. Tras el golpe de estado de julio de 1936, pasó a la clandestinidad hasta que fue descubierto y detenido el 21 de agosto entre Burutáin y Olagüe, hecho que fue reflejado en la prensa navarra. Nada se sabía a partir de ese momento sobre su paradero. 

Pero la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en colaboración con el Instituto Navarro de la Memoria, ha averiguado que fue asesinado en Muniáin de Guesálaz, junto con Dionisio Gutiérrez Ijalba. Ninguno de los dos tiene expediente penitenciario, ni en la Prisión Provincial de la capital navarra, ni en el Fuerte de San Cristóbal.

Dionisio Gutiérrez, natural de Espinal, de 32 años, era mecánico y estaba casado con María Concepción Pérez Martínez, con la que tuvo un hijo. No hay datos precisos en cuanto a su filiación política, más allá de ser republicano e izquierdista y que en su familia hubo más personas represaliadas, como su hermano Zósimo, carabinero, condenado a reclusión perpetua y una sanción de 10.000 ptas., o su hermana Juana, que tuvo que exiliarse en Olorón (Oloron-Sainte-Marie, Bearn francés). Los cuerpos de Bengaray y Gutiérrez fueron exhumados en julio de 2025, aunque en ese momento no había pista alguna sobre su identidad, y los indicios apuntaban a otras personas. Así, el trabajo del laboratorio Nasertic ha sido clave para lograr estas identificaciones, posibles asimismo por el hecho de que familiares de ambos habían donado muestras de ADN para su identificación. 

Por su parte, Epifanio Osoro Icobalceta, natural y vecino de Durango, tenía 22 años, era soltero y mecánico de profesión. Militante de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), había sido condenado por la Audiencia de Valladolid a 5 años, 10 meses y 1 día de presidio mayor. El 1 de noviembre de 1936, Epifanio y 24 presos más fueron asesinados en el Fuerte de San Cristóbal, debido a un poco claro episodio en el que se les acusó de intento de fuga. Sus cuerpos fueron trasladados a los cementerios de Artica (cuatro presos) y de Berriozar (los 21 restantes, entre ellos Epifanio Osoro). Como sus muertes estaban inscritas, se sabía que estaban en estos lugares, pero no exactamente dónde ni en qué condiciones. En marzo de 2022, a partir de un informe aportado por la asociación Txinparta-Fuerte de San Cristóbal al Plan de Exhumaciones del Gobierno de Navarra, el Instituto Navarro de la Memoria abordó, con el equipo técnico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la exhumación de esta fosa, y recuperó los 21 cuerpos, de los que ya han sido identificados genéticamente cinco. 

Las respectivas familias se harán cargo de los restos de Gutiérrez y Osoro, mientras que los de Bengaray descansarán en el panteón municipal que alberga los restos de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo desaparecidas, exhumadas y no identificadas en fosas de la Comunidad Foral.

Desde 2015, año en que entró en vigor el Plan de Exhumaciones del Gobierno de Navarra, han sido recuperados ya 163 restos mortales en 38 exhumaciones, además de otras 133 prospecciones que no terminaron en exhumación. Por su parte, el Banco público de ADN, que cumple ahora diez años de existencia, cuenta con 439 expedientes, en los que se han obtenido hasta la fecha 50 identificaciones. Esto supone un 31% de éxito hasta la fecha, unos datos muy relevantes en comparación con los que se han venido obteniendo en el pasado. 

Entre el trasiego habitual de personas que un lunes cualquiera entran y salen de los Juzgados de Plaza Castilla en Madrid, esta mañana ha ocurrido algo excepcional. El militante antifranquista Carlos Serrano se ha sumado a la escasa lista —se cuentan con los dedos de una mano— de denunciantes de crímenes del franquismo que declaran ante un juez en España. Ha sido frente al magistrado Juan Carlos Peinado, de actualidad este lunes por la decisión que ha tomado el Consejo General del Poder Judicial de poner en marcha un expediente por su auto sobre Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Mientras la Comisión Permanente del organismo daba este paso con el voto en contra de los conservadores, Carlos respondía a las preguntas de Peinado sobre las torturas que sufrió cuando la dictadura daba sus últimos pasos.

“He respondido a todo, he contado que estuve en la cárcel dos veces y los malos tratos a los que fui sometido”, ha dicho Serrano a la salida. En enero de 2025, Peinado decidió admitir a trámite la querella presentada por el hombre junto a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua). El juez, titular del Juzgado de Instrucción nº 41, incoó entonces diligencias previas con el objetivo de intentar determinar si durante las dos detenciones que sufrió en 1975 a manos de la Brigada Política Social, la policía política de Franco, fue objeto de torturas “en un contexto de crímenes contra la humanidad”, como menciona el escrito.

El magistrado había ordenado este lunes tomar declaración a Serrano y a Agustín Costo Martínez, uno de los policías imputados a raíz de la querella, que se ha acogido a su derecho a no declarar. La denuncia se dirigía contra otros exmiembros, uno de ellos fallecido y otros tres pendientes de ser identificados, según explican fuentes cercanas al caso. “El interrogatorio se ha desarrollado con total normalidad. Hemos visto que el juez ha estado interesado y ha querido indagar en los hechos objeto de denuncia”, ha explicado el abogado Jacinto Lara, que apunta a que Peinado “se ha mostrado muy interesado en posibles testigos” de los hechos.

Militante de la Liga Comunista y activista estudiantil, Serrano fue detenido en dos ocasiones, en mayo y octubre de 1975, por su actividad en oposición al régimen franquista y fue trasladado a la Casa de Correos de la Puerta del Sol, entonces sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) y ahora sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se opone a recordar su pasado franquista a través de la instalación de una placa. Serrano ha contado que fue torturado y amenazado en un régimen de total incomunicación, a pesar de que tenía 17 años. En las dos ocasiones fue después trasladado a la cárcel de Carabanchel.

“La dureza de la DGS era tal que estás deseando que te envíen a la cárcel. Es surrealista y paradójico, pero es así, porque sabes que no te van a volver a detener y torturar de esa manera. El alivio de entrar en la cárcel es algo que se siente debido a los malos tratos que se sufrían” en la Puerta del Sol, ha ilustrado sobre aquellos momentos frente al grupo de activistas antifranquistas que le estaban arropando a las puertas del juzgado.

Carlos Serrano ha protagonizado este lunes una imagen todavía inédita en nuestro país. Es la segunda vez que un denunciante de torturas sufridas en el franquismo o la Transición declara ante un juez, después de que en septiembre de 2023 lo hiciera Julio Pacheco. El hombre denunciaba hechos similares, pero el caso fue finalmente archivado. Antes de esa fecha, los españoles que han interpuesto querellas por crímenes de la dictadura solo habían sido escuchados por la Justicia a miles de kilómetros de nuestro país, en Argentina.

Carlos ha explicado que sentarse frente a un juez para explicar lo que vivió le ha hecho sentirse “contento” y lo entiende como “una continuidad de la lucha, no solo mía sino de todos los compañeros y compañeras que entregaron su vida o parte de ella al antifascismo”. “Hemos vivido el fascismo en nuestra juventud, sabemos lo que es y no queremos que se vuelva a repetir”, ha añadido a preguntas de los medios.

Para el querellante, el objetivo de la acción que ha emprendido es “decir que estamos aquí y abrir una brecha en el muro de impunidad del franquismo”, se ha referido al modus operandi habitual de los tribunales que inadmiten o acaban archivando la inmensa mayoría de querellas. “Todas las dictaduras del siglo XX se juzgaron, pero el Estado español es el único territorio donde nunca se han investigado ni juzgado los crímenes del franquismo. España es un refugio de criminales franquistas”, ha apuntado antes de asegurar que tiene “esperanza” en que la querella siga adelante: “Si esto logra que se abran más juicios y más expedientes, habrá merecido la pena el recorrido”.

Tres fueron los objetivos que se marcó el Gobierno para empezar por fin a cambiar el significado del entonces llamado Valle de los Caídos, el mayor símbolo del franquismo: sacar a Franco y a José Antonio Primo de Rivera, exhumar a las víctimas de las criptas y convertir el mausoleo en un lugar de memoria democrática. Han pasado ocho años desde que Pedro Sánchez anunciara su intención de desenterrar al dictador y comenzar la hoja de ruta y, desde entonces, no ha habido ni uno solo de los pasos dados que no haya tenido que enfrentarse a la ofensiva de quienes quieren conservar el monumento tal cual lo dejó la dictadura.

Una maniobra permanente que ha sumado un nuevo capítulo esta semana, con la suspensión de los trabajos previos para las obras de la resignificación del monumento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado paralizar las labores “de perforación o sondeos” que el Ministerio de Vivienda comenzó el pasado 8 de junio en la zona. Fuentes del Gobierno apuntaron a que las obras como tal aún no se han iniciado, sino que esta es una fase previa para evaluar el terreno de cara a elaborar el proyecto.

El tribunal considera que estos trabajos pueden “causar daños en el conjunto monumental” y estima así el recurso de la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, uno de los grupos antimemorialistas más activos en su oposición a cualquier intento de resignificar Cuelgamuros. El auto hace suyo el argumento de la asociación que afirma que el Valle “goza de la máxima protección” por ser un Bien de Interés Cultural (BIC), algo que no es cierto. Antes del TSJM, el propio Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), término municipal al que pertenece el mausoleo, ya había emitido una resolución para suspender los sondeos, según adelantó El País.

Apenas hicieron falta 24 horas desde que estos comenzaran para que la oposición ultra a la resignificación apareciera en escena. El pasado 9 de junio, solo un día después de que el Ministerio de Vivienda iniciara las labores para hacer el estudio geotécnico previo, la maquinaria apareció vandalizada con pintadas franquistas y contra Pedro Sánchez.

Las campañas de la ultraderecha, bajo el lema “El Valle no se toca”, han sido una constante desde que diera comienzo el concurso para convertir el monumento en un centro de interpretación y, específicamente, desde que el Gobierno pactara el proyecto con la Iglesia. Sectores de ultraderecha como Vox, HazteOir, Abogados Cristianos o la propia Asociación para Reconciliación y la Verdad Histórica llevan desde entonces intentando movilizar a sus bases tras el falso discurso de que el Valle es un lugar de “reconciliación entre españoles”, obviando que se trata de un monumento a la victoria franquista.

Pero en el centro de la ofensiva destaca desde el principio el boicot judicial y administrativo. Antes de la decisión de esta semana del TSJM, Abogados Cristianos ya lo intentó de diferentes formas, entre otras interponiendo recursos contra el acuerdo alcanzado con el Vaticano para cambiar Cuelgamuros. Antes, cuando aún no había proyecto ganador, la organización ultra y un grupo de arquitectos coordinados interpusieron el mismo día un recurso calcado contra el pliego del certamen ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que acabó rechazándolos.

El vaivén de las exhumaciones de víctimas

La estrategia de presentar recursos en cascada por si alguno acaba 'colándose' no era nueva. Es la que también han seguido contra los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que permanecen en las criptas y que sus familiares llevan décadas reclamando. Cuelgamuros es la fosa común más grande del franquismo, en la que hay 33.000 cuerpos, muchos de los cuales eran republicanos allí trasladados sin conocimiento ni consentimiento de sus seres queridos. En 2016 un tribunal dio la razón por primera vez a una familia, la de los hermanos Lapeña, y estableció su derecho a recuperar sus restos.

Tuvieron que pasar varios años de dilación institucional para que comenzaran los trabajos para exhumar e identificar restos, algo que por primera vez ocurrió en julio de 2023 y que todavía continúa. Sin embargo, todo el proceso ha estado marcado por los obstáculos con el objetivo de ralentizar y enmarañar los trabajos en el mayor símbolo de exaltación franquista, donde los represaliados compartieron lugar de enterramiento con su verdugo durante décadas.

La primera de las acciones fue la interposición de una veintena de recursos, muchos de ellos firmados por el mismo abogado que había logrado la paralización de la exhumación de Franco. Una de las objeciones, precisamente la presentada por la misma asociación que ha logrado ahora paralizar los sondeos, logró su objetivo y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid suspendió cautelarmente las obras para evitar lo que la jueza consideró actuaciones “irremediables”. Posteriormente, el TSJM anuló la paralización y el Tribunal Supremo confirmó la vía libre.

Sin embargo, la historia de las exhumaciones ha estado en los dos últimos años salpicada por las suspensiones y reinicios constantes porque paralelamente se iba sucediendo una cadena de intentos de bloqueo cruzados. Unos meses más tarde, la Fundación Nacional Francisco Franco y, de nuevo, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica consiguieron otra vez el freno cautelar al recurrir la licencia de obras.

Otra de las vías la inició Abogados Cristianos, que representaba a una mujer cuya abuela está enterrada en la basílica y aseguraba que los trabajos implicaban “cierto grado de profanación”. El recurso surtió efecto inmediato y la Audiencia Nacional paralizó de forma urgente las labores, pero tras recibir las alegaciones de Patrimonio Nacional ordenó reactivarlas. La última decisión judicial al respecto llegó en marzo de 2025, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió dar luz verde a las exhumaciones y revocar la sentencia que anuló el permiso de obras otorgado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Más allá de los sectores ultra, el papel del consistorio madrileño, en manos de la alcaldesa del PP Carlota López Esteban, ha estado en el punto de mira en varias ocasiones. La regidora, de hecho, llegó a declarar en el juzgado tras ser denunciada por las familias de dos víctimas enterradas en Cuelgamuros al considerar que estaba “entorpeciendo” los trabajos. López Esteban llegó a apoyar una moción de Vox para reclamar que el conjunto monumental fuera declarado BIC debido a su “valor turístico y arquitectónico para el municipio”, aseguró.

La ofensiva que intenta mantener intacta la obra de Franco se remonta precisamente al primero de los pasos que dio el Gobierno: su exhumación. Y la maniobra fue la misma. La decisión contó finalmente con el aval del Tribunal Supremo, pero junto a los recursos presentados por la familia del dictador, también hubo una cascada de escritos firmados por asociaciones y particulares que consiguieron que un juez, José Yusty Bastarreche, muy posicionado contra las leyes de memoria, paralizara cautelarmente el proceso.

Durante el mes de enero de 1938, Barcelona entera tembló. Esos días, los proyectiles lanzados por la aviación fascista italiana devastaron la ciudad. Fue un mes de ataques sin precedentes, tanto que en sólo 20 días hubo 2.000 impactos y se lanzó un millón de kilos de bombas que causaron 2.700 muertos y 7.000 heridos. 

Pero lo peor estaba por llegar: sólo el 30 de enero, dos formaciones causaron más de 900 víctimas. Uno de los puntos más mortíferos fue la plaça Sant Felip Neri y sus alrededores, donde centenares de personas buscaron refugio en el sótano de la iglesia o en una guardería aledaña. Muchos de los fallecidos fueron niños. 

Este sábado, esa plaza en la que vuelve a haber una escuela y en la que Sant Felip Neri sigue en pie, cientos de barceloneses han vuelto a mirar al cielo. Casi 90 años después, otro bombardeo ha sacudido la capital catalana, pero ha sido muy distinto. 

En vez de gritos, sirenas y explosiones, el aire se ha llenado de un silencio intenso y respiraciones contenidas. Lo que ha caído del cielo no han sido bombas, sino cien mil poemas que un helicóptero ha lanzado sobre Barcelona. Todos ellos hablan de la libertad. 

Se trata de una acción concebida por el colectivo chileno Casagrande que ya ha visitado diversas ciudades víctimas de los bombardeos fascistas. Empezaron por su natal Santiago de Chile y siguieron con Dubrovnik, Guernica, Varsovia, Berlín, Londres, Madrid y Róterdam. Ahora ha sido el turno de Barcelona, en el marco de los actos de celebración por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. 

La plaza llena hasta reventar, ha esperado expectante al inicio de la performance. Entre los asistentes, muchos locales, algo poco habitual en la zona de la Catedral, que los barceloneses tienden a evitar debido a la masificación turística. A la que se ha visto aparecer el helicóptero por el horizonte, los gritos y aplausos se han adueñado de la plaza.

Cuando han empezado a caer los poemas, la muchedumbre ha alzado los brazos, intentando rescatar aunque fuera uno de los puntos de libro. No todos lo han conseguido, pero la gente se ha ido a casa contenta igual. “Ha sido precioso”, cuenta Antònia, que espera que su nieto consiga uno de los poemas que se han quedado atrapados en las ramas de un árbol a base de lanzarle pelotas.

Los puntos de libro llevan impresas composiciones de 100 poetas que el colectivo ha seleccionado entre artistas catalanes y chilenos.

El helicóptero que ha sobrevolado Barcelona iba cargado con cerca de media tonelada de arsenal poético seleccionado por los responsables de esta performance política y artística. Tras Casagrande se encuentran Julio Carrasco, Cristóbal Blanci y Joaquín Prieto, que se estrenaron en 2001 frente al Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile. 

La que fue la residencia de Salvador Allende sólo ha sido sobrevolada en dos ocasiones: la primera fue de la mano de los militares, en 1973. La segunda, fue para cambiar las bombas con poemas.  

Aunque esta acción de Casagrande es profundamente simbólica y pacifista, los integrantes del colectivo aseguran que es algo que va mucho más allá. Pretenden “resignificar” el espacio e “invertir el significado” de los bombardeos fasctistas. “No buscamos borrar el trauma histórico, sino volver visible la memoria inscrita en el espacio urbano y reactivar la relación emocional con el pasado”, señala Carrasco. 

Efectivamente, las calles de Ciutat Vella lucen hoy llenas de turistas y visitantes que las miran, fotografían y admiran, pero sin acabar de verlas. Las paredes de los edificios góticos y los suelos empedrados todavía conservan las cicatrices y las mutilaciones de la metralla de los bombardeos del 38. 

La fachada de Felip Neri está plagada de mellas, recordando el resultado de esos bombardeos atroces que fueron un campo de pruebas para el modelo de destrucción sistemática de ciudades civiles que perfeccionarían los países del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. 

Esta performance se enmarca en la Celebración de los 50 años de España en Libertad y ha contado con el apoyo económico y logístico del Ayuntamiento de Barcelona, que se ha encargado, entre otros, de pedir los permisos de vuelo. “El Bombardeo de Poemas es un buen ejemplo de que esta conmemoración no defensiva ni un ejercicio de nostalgia”, ha expresado Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración. 

“Queremos devolver a las ciudades la memoria que les pertenece y celebrar la libertad conseguida estos años en contraposición con ese pasado incómodo de violencia y agresión fascista”, ha añadido la comisionada, que defiende los actos de memoria que funcionan como “una experiencia compartida”. 

Esta se espera que una a los habitantes de Barcelona, pero también a los de cualquier ciudad que haya sido víctima del fascismo. De hecho, el colectivo Casagrande, se plantea esta acción como un “diálogo entre ciudades” y plantean a Barcelona y a Santiago de Chile como “dos caras de la misma moneda” en las que se ha usado “el terror político contra poblaciones civiles y gobiernos democráticos”.

Los poemas lanzados sobre Barcelona pertenecen a un centenar de poetas, la mitad de ellos catalanes y la otra chilenos, todos ellos menores de 50 años. Los textos, impresos en catalán y castellano, son obra de hombres y mujeres por igual. Aunque no contienen necesariamente la palabra libertad, todos ellos hacen referencia a a ella de distintas maneras.