Cuando las tropas franquistas entraron en Madrid en 1939, una de las órdenes del todopoderoso ministro de la Gobernación, el cuñadísimo Ramón Serrano Suñer, fue incautar el número 44 de la calle San Marcos de la capital. Allí se instalaría después el Círculo Cultural Medina, un punto de encuentro para las mujeres de la Sección Femenina de Falange, el partido único del régimen. Pero aquella orden escondía algo más que una de las habituales requisas de la dictadura: antes del golpe de Estado las paredes de aquel edificio habían albergado el Lyceum Club Femenino, un refugio intelectual sin precedentes que permitió a las mujeres ser mucho más que dóciles amas de casa y buenas esposas.

Escritoras, artistas, maestras, dramaturgas e intelectuales se dieron cita desde 1926 en la asociación, en la que llegaron a estar inscritas más de 500 socias. Entre ellas, hubo destacadas pioneras como María de Maeztu, las (años después) diputadas Clara Campoamor y Victoria Kent o las escritoras Elena Fortún, María Lejárraga o María Teresa León, una de las Sinsombrero, que llegó a decir que el Lyceum llegaba para “adelantar el reloj de España”. A través de la red de apoyo mutuo y la organización de eventos, conferencias, exposiciones y obras sociales, las socias pudieron instruirse, intercambiar ideas e impulsar sus carreras profesionales desde un espacio propio.

El Lyceum fue truncado por la sublevación militar contra la República y cayó en el olvido durante décadas. Cien años después de su fundación –que se cumple este 4 de noviembre– afloran los libros e iniciativas que recuerdan su legado, entre ellas la del Ministerio de Cultura, que ha impulsado una programación especial durante todo 2026. “El Lyceum tuvo una enorme importancia. Fue un espacio llevado solo por mujeres para su educación cultural, intelectual, social y política. El objetivo era luchar por su ciudadanía plena y el centenario nos descubre esa valentía y voluntad colectiva y muchos referentes individuales”, apunta la comisaria del centenario, Tània Balló.

El origen de la pionera organización estaba en la red de Lyceums creados en diferentes ciudades europeas, el primero en Londres en 1904. En España, ya venía gestándose desde principios de 1926 por varias de sus fundadoras, mujeres que coincidían en tertulias y asociaciones y también vinculadas a la experiencia pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Señoritas. Fue allí, de hecho, donde se realizaron las reuniones preparatorias, con María de Maeztu, Pilar Zubiaurre, María Martos, Isabel Oyarzábal o Zenobia Camprubí. María de Maeztu se convertiría en la primera presidenta del club y la abogada Victoria Kent, que impulsaría en la República un innovador proyecto para humanizar las prisiones, sería vicepresidenta.

El Lyceum “permitió a las mujeres desarrollarse de una manera radicalmente distinta a lo que se venía viendo a finales del siglo XIX”, con una idea de “mujer moderna que pudiera enunciarse a sí misma” gracias a los intercambios sociales, culturales y redes de colaboración que se dieron en el club, explica la historiadora del arte Mónica Monmeneu, que ha realizado su tesis doctoral sobre el tema. Esto permitió que muchas de ellas despuntaran y apuntalaran sus carreras profesionales. Fue el caso de la escritora Elena Fortún, que encontró en el Lyceum “un espacio de compañeras y referentes lesbianas que le ayudarán e impulsarán” para empezar a escribir los libros de Celia.

Las conferencias y diversos tipos de actividades fueron constantes durante la década de vida de la asociación, que tuvo su primera sede en el edificio de las Siete Chimeneas de la capital, actual ubicación del Ministerio de Cultura. En sus estatutos se definieron como aconfesionales y no adscritas a ninguna afiliación política. En el Lyceum había mujeres de izquierdas y de derechas, monárquicas y republicanas y de muy distintas creencias religiosas o sin ellas. También convivieron socias de diferentes generaciones que tenían un claro perfil de clase media y alta, eran profesionales y debían cumplir con una conducta moral alejada de “vidas amorosas poco convencionales” para ser aceptadas.

Fueron rasgos que se articularon sobre todo en la primera época del club, explica Rocío González Naranjo, autora de Marisabidillas, frívolas y peligrosas. El Lyceum Club Femenino de Madrid (Hoja de Lata). “Lo que buscaban era validar lo que estaban haciendo y en una sociedad machista como esa intentaron dar una buena imagen para ser aceptadas. Fue una estrategia que no les sirvió de mucho porque fueron igualmente muy atacadas”, sostiene la experta, que apunta además a que, en la práctica, en la asociación hubo un abanico mucho mayor de miembros, desde madres solteras a mujeres lesbianas o separadas “en un momento en el que no existía el divorcio”.

Las críticas llegaron desde todos los frentes. El título del libro de González Naranjo evidencia algunos de los insultos que recibieron las mujeres del Lyceum a través de la prensa. Desde la revista La Esfera se atacó la imagen de mujer “redicha y petulante” que leía a Kant o Hegel mientras “su marido empuja el carrito del bebé o limpia los cacharros de la cocina”. El ataque por transgredir los roles de género se sumó a otro habitual: el motivado por ser un espacio únicamente para mujeres y vetar a los hombres, que no podían ser socios.

La oposición más organizada fue la de la Iglesia Católica, que desplegó una campaña de desprestigio a partir de la creación en 1927 de la llamada Casa del Niño, una especie de guardería laica para hijos e hijas de mujeres trabajadoras que fue vista como una amenaza al monopolio religioso del cuidado infantil. Artículos en publicaciones católicas firmados por Lorvent, el canónigo de la Archicofradía Corazón de María, llegaron a acusar a las socias de “locas y descontentas” o “féminas excéntricas y desequilibradas” mientras que el cardenal primado Pedro Segura prohibió a las mujeres católicas asociarse. El punto álgido llegó con la publicación de la Circular de la Unión de Damas Españolas, un manifiesto que acusaba al Lyceum de destruir la sociedad y la familia.

Cada vez más posicionadas

Aunque los estatutos del club marcaban su carácter apolítico y las integrantes lo tenían muy presente, la realidad es que con el paso del tiempo, la asociación fue adquiriendo un cariz cada vez más político, sobre todo a partir de la proclamación de la Segunda República en 1931. Un año después, todas las mujeres que integraban la Junta eran republicanas. “Seguían conviviendo mujeres de todo tipo y, de hecho, al final de la Guerra Civil hubo algunas que apoyaron el régimen, pero el discurso político se va endureciendo y, cuando se proclama la República, es innegable que el núcleo más central de las socias se posiciona”, sostiene Balló.

El nuevo régimen trajo consigo una efervescencia de las asociaciones feministas y de izquierdas, se logró el voto femenino y comenzó una conquista de derechos que favoreció ese posicionamiento. Todo ello cristalizó también en el tipo de conferencias que acogía el Lyceum: si bien al principio fueron varios los hombres que acudieron a dar charlas, entre ellos Serrano Suñer –el mismo que luego les incautaría la sede–, a medida que avanzan los años 30, “ya no tienen tanto interés en validarse o dar una imagen concreta”, sino que empiezan cada vez más a dar ellas mismas conferencias, invitar a referentes internacionales y organizar actividades politizadas. “Hablaron del divorcio, de la abolición de la prostitución, de derechos laborales y políticos... cosas que antes no estaban presentes”, apunta González Naranjo.

Con sus contradicciones y disensos internos –que los hubo– el Lyceum se convirtió así en un espacio de referencia al que las investigadoras han ido rescatando del olvido franquista gracias a documentos dispersos en archivos, las memorias de sus integrantes y su legado material, custodiado por sus descendientes. Pero, todavía a día de hoy, se trata de una búsqueda viva. De hecho, la investigación vinculada al centenario ha logrado aumentar la lista de socias del Lyceum, que partía de un censo conocido de unas 402 hasta las 513. Ha sido gracias a la libreta descubierta en el archivo familiar de Pilar Zubiaurre y a las memorias del Comité del Libro para el Ciego, otro de los proyectos sociales del club. Por el camino, explica Ballò, también se ha encontrado un carnet de socia con el número 721, lo que hace pensar que pueden ser todavía más las mujeres afiliadas.

La última actividad oficial del Lyceum fue la entrega de premios del primer concurso de poesía del club, que ganaría un joven Gabriel Celaya. Faltaban solo unos días para que los sublevados dieran el golpe de Estado que hizo estallar la Guerra Civil y que paralizó la actividad cultural del Lyceum. Mónica Monmeneu asegura que “hay constancia” de que estuvo abierto durante la contienda y algunos documentos indican que en la biblioteca, que contaba con más de 3.000 ejemplares, había personas durmiendo. Se sabe, además, que la asociación organizó repartos de alimentos y ropa en el frente republicano. Después, el local pasaría a manos de las falangistas y muchas de las socias del Lyceum acabarían en el exilio.

Ian Gibson (Dublín, 1939) lleva toda la vida estudiando a Federico García Lorca. El hispanista tenía 18 años cuando sintió la primera conexión con el universo lorquiano en una librería de ocasión de su ciudad natal. Nunca lo abandonó. Llegó a Granada en 1965 con la intención de hacer una tesis sobre la literatura del poeta español más universal, pero acabó investigando su asesinato y el posible paradero de sus restos, que se cree que fueron arrojados a algún lugar de Alfacar (Granada), tras ser fusilado por los franquistas. El crimen se cometió el 18 de agosto de 1936, solo un mes después de que un grupo de militares encabezados por Franco se sublevaran contra la República.

La obra de Lorca es admirada en todo el mundo y ha sido traducida a decenas de idiomas, pero su cuerpo nunca ha sido encontrado a pesar de las búsquedas oficiales que se han llevado a cabo desde 2009. Al enigma vuelve otra vez el hispanista en No me encontraron. La fosa de Lorca: crónica de un olvido, que publica la editorial Aguilar este 21 de mayo y en el que repasa los “errores, ineficacias y silencios” que han rodeado a los intentos de encontrar los restos, algo a lo que desde el principio se ha opuesto la familia del poeta. “Tenemos que saber dónde están él y el resto de los miles de represaliados desaparecidos porque Lorca los representa a todos”, apunta Gibson.

90 años después de su asesinato hay una pregunta que sigue haciéndose mucha gente: ¿cómo es posible que los restos de Lorca no hayan aparecido aún?

Es una vergüenza que casi un siglo después no se hayan localizado, pero no es solo Lorca. Hablamos de un país que tiene miles de víctimas de la dictadura franquista todavía en cunetas. Aquí todavía la derecha habla de que se reabren heridas, pero en realidad es que no se han cerrado y este país solo se reconciliará cuando tengamos todos los cuerpos decentemente enterrados. Cuando vas a una exhumación te das cuenta de que no hay deseo de venganza, sino de encontrar al abuelo. Lorca es el poeta y dramaturgo español más conocido a nivel mundial, traducido a más de 40 idiomas: representa a esa España que todavía hay que buscar.

¿Qué supondría encontrar sus huesos?

Sería un alivio y algo acorde con su obra, que emana amor hacia el prójimo. Tenemos que saber dónde están él y el resto porque para mí Lorca los representa a todos. No para ponerle un monumento excesivo ni nada parecido, pero los huesos pueden revelar información, por ejemplo, si sufrió tortura. Es nuestra obligación ética e histórica encontrarlo.

Se han hecho varios intentos de búsqueda en Alfacar, el primero en 2009, en el lugar que le señaló a usted y a otras personas Manuel Castilla, el hombre que dijo haberle enterrado, sin embargo, solo se halló una roca. ¿Por qué cree que las prospecciones no han tenido éxito?

Esa es la pregunta. Las búsquedas no se han hecho bien, no han sido rigurosas ni se ha investigado suficientemente. En 2008 supimos que cuando se construyó el parque Federico García Lorca en Alfacar en 1986, la Diputación de Granada halló huesos que fueron enterrados de nuevo en otra parte del parque. Sin embargo, comunicar este hallazgo al juez podía hacer que se paralizara la obra y ya había una fecha elegida para la inauguración.

¿Su principal teoría es que estos podrían ser los restos del poeta?

Bueno, es una posibilidad, una hipótesis, algo que no se puede asegurar, pero que al menos sí debe investigarse a fondo. Según algunos testimonios, llegaron a aparecer trozos de madera que podrían ser de la muleta de Dióscoro Galindo, el maestro republicano que fue fusilado junto a Lorca y dos anarquistas. Ahora esto puede sonar como algo inventado, pero tal vez no... No lo sabemos. Lo que parece probable, según varios testimonios, es que los restos debieron trasladarse a donde hoy está la fuente monumental del parque, pero esta posibilidad no se ha explorado con rigurosidad.

Con lo que ya se sabe, ¿cuáles creen que deben ser los próximos pasos?

Sin lugar a dudas, hay que volver a Alfacar. Buscar en la fuente y en toda la zona porque también hay otros puntos en los que podría estar. Un país civilizado no puede permitirse esto en 2026. Se ha buscado mucho, lo sé, pero habría que poner todos los recursos en intentar encontrar a Lorca y a todas las personas que quedan. No fueron criminales, eran inocentes que luchaban por la República.

La familia de Lorca siempre se ha opuesto a buscar sus restos. En un inicio, uno de sus sobrinos hablaba de “profanación” y temía que se convirtiera en un “circo mediático”. Más actualmente, apuntan a que el poeta no debe distinguirse de los demás. Esto abre un debate sobre hasta qué punto la familia debe decidir o condicionar el proceso de búsqueda. ¿Entiende la posición?

La actitud de la familia no ha ayudado nada. Lorca pertenece a todos los que le aman y no es solo de sus progenitores ni de sus hermanos ni sus familiares, pertenece al mundo. Es mi opinión. Ellos lo ven de otra manera. Han llegado a decir que no se necesitan los huesos, que no nos van a enseñar nada, pero eso no es verdad. Parece que uno de sus asesinos fue diciendo por toda Granada que le había dado dos tiros en el culo por maricón. ¿No interesa saber cómo mataron al poeta español más grande de todos los tiempos? A mí sí.

¿Cree que la posición de la familia ha influido de alguna manera en que no se lleguen a encontrar los restos?

Sí, en parte porque nadie quería molestar a la familia. Y eso ha propiciado silencio y opacidad. En la primera búsqueda, la de 2009, debido a la resistencia de la familia lo que se dijo es que no se buscaba a Lorca, sino al resto. Empezar así cuando obviamente lo que se hacía principalmente era intentar encontrarle a él es empezar mal. Al principio tuve buena relación con ellos y su hermana Isabel apoyó mi proyecto de biografía (publicada en dos tomos en 1985 y 1987), pero fue aflorando el tema de su homosexualidad y se fue complicando. Para mí era central, pero entonces era tabú y se silenciaba. Una mujer burguesa granadina llegó a decirme que si hubiera sabido que era gay, no habría entrado en su casa.

Muchas de las personas que fueron arrojadas a enterramientos clandestinos no podrán ya ser recuperadas porque las fosas son inaccesibles y sobre ellas se ha construido desde viviendas a infraestructura municipal. ¿Puede que algo así haya pasado con Lorca?

Es posible, no lo niego porque muy cerca, a muy pocos metros, al otro lado del camino, hay una urbanización llamada El Caracolar. Allí en 2014 un jardinero encontró de forma fortuita un cráneo y avisó a la Guardia Civil, pero no se supo mucho más. Es posible que debajo de ese edificio haya restos porque siempre se ha dicho que cerca de la acequia que pasa por delante se situaba una zona de enterramientos de fusilados.

Sobre el paradero de Lorca ha habido todo tipo de teorías, se ha llegado a decir que está enterrado con su padre en Nueva York. ¿Es un tema especialmente abonado para los rumores?

Desde luego. Yo no podía ir a Granada sin que alguien me dijera algo sobre los restos. Se ha llegado a decir que lo llevaron a una iglesia y que se demolió, que realmente no lo mataron y 'se lo llevaron' unas monjas... Todo tipo de teorías con las que si se hiciera una investigación rigurosa, se terminaría. Desde hace mucho tiempo hay muchos bulos y ni siquiera estábamos aún en la era de las fake news.

A Lorca lo mataron por ser homosexual, apoyar a la República y atreverse a hacerlo en público. Ante el auge de la extrema derecha, ¿hasta qué punto está en peligro lo logrado en memoria histórica?

Lo está, la ultraderecha con el apoyo de la derecha del PP ya han declarado sus intenciones. Buscan olvidar el pasado y, como decía antes, no reabrir heridas en favor supuestamente de hacer a España grande. Todo ese discurso que tiene que ver con el imperialismo y la nostalgia, el querer conquistar y convencer a los demás con estas ideas me parece repugnante, trasnochado y peligroso. Lorca representó lo contrario. Sus manifestaciones, conferencias, recitales y su obra son revolucionarias, quiere cambiar la sociedad y lucha por la gente. Los franquistas tomaron nota rápido y eso no se puede olvidar.

Al final del libro enumera una serie de reflexiones a modo de ideas. La primera es la creación de una comisión de expertos nombrada por el Gobierno que revise toda la documentación del caso y vuelva a buscar. El actual Ejecutivo, en manos del PSOE y Sumar, lleva desde 2018 en el poder. ¿Debería haber dado más pasos en este sentido?

Quizá tendría que haber tomado cartas en el asunto de una forma más firme y decisiva. Las búsquedas han fracasado por ineficacia y yo creo que a nivel institucional hay en general cierta vergüenza por ello.

Su primer libro sobre Lorca lo publicó en París en 1971. Sufre lo que usted mismo llama “lorcamanía”. ¿De dónde viene?

Cuando tenía 18 años tenía el sueño de ser Catedrático de Francés, había que elegir otro idioma y fue el español. Un día en una librería de ocasión en Dublín me topé con unos libros de autores españoles: Cántico de Jorge Guillén, La voz a ti debida de Pedro Salinas y el Romancero Gitano de un tal García Lorca. Los compré, me encontré con el Romance de la Luna Luna y me enganché al momento. No conocía todas las palabras, pero capté lo que pasaba. Leí los versos en los que dice 'El jinete se acercaba / tocando el tambor del llano“ y pensé: '¿cómo puede un jinete tocar el tambor a la vez?'. Hasta que entendí que eran los cascos de los caballos. Fue mi primer descubrimiento de lo que es una imagen poética.

El monument de sa Feixina, aixecat durant el franquisme per homenatjar els “caiguts” del creuer Baleares -el vaixell revoltat que va bombardejar milers de civils durant 'la Desbandà'-, torna a situar-se al centre de la tensió política i memorialista a Mallorca. La convocatòria d'una concentració del grup ultradretà Núcleo Nacional per defensar la permanència del monòlit ha deslligat una onada de crítiques de partits d'esquerres, col·lectius memorialistes i organitzacions antifeixistes, que reclamen a la Delegació del Govern que impedeixi un acte que consideren una “apologia del franquisme” i un acte d'exaltació feixista d'un espai recentment assenyalat per l'Estat com a contrari a la memòria democràtica.

La protesta, convocada sota el lema Glòria als herois, busca defensar la permanència de la icona franquista de sa Feixina després que la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica acordés incloure'l al catàleg estatal de símbols franquistes i n'ordenés la retirada. L'anunci va tenir lloc el mateix dia en què l'Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, ratificava la inclusió del monument al Catàleg municipal d'Edificis i Elements Protegits, cosa que li atorga el màxim grau de protecció patrimonial. 

Núcleo Nacional, que reivindica postulats supremacistes i combina missatges contra la immigració amb referències al “llegat” hitlerià, l'exaltació de la “raça” i l'estètica neonazi clàssica, ha intentat expandir-se per diferents ciutats mitjançant la promoció de campanyes xenòfobes i discursos d'odi i la barreja de simbologia nazi, falangista i franquista.

La Delegació del Govern ha precisat que la concentració no ha estat “autoritzada” expressament, sinó comunicada conforme al procediment administratiu habitual. La Policia supervisarà l'acte per comprovar que no es produeixin exaltacions feixistes ni vulneracions de la Llei de Memòria Democràtica.

La convocatòria ha provocat una intensa mobilització a les xarxes socials. Organitzacions com la Coordinadora Antifeixista de Mallorca i Alerta Antifeixista acusen l'Ajuntament de Palma -governat per PP i Vox- i la Delegació del Govern de tolerar la concentració i d'atorgar “impunitat” a grups neonazis mentre, denuncien, es posen “travetes burocràtiques” a col·lectius socials i d'esquerres per organitzar activitats a l'espai públic.

La Coordinadora Antifeixista de Mallorca sosté a més que l'elecció de sa Feixina no és casual, sinó que busca reivindicar un símbol lligat al franquisme i al creuer Baleares, un dels responsables del bombardeig dut a terme el 1937 contra la població que fugia de Màlaga a Almeria en plena ofensiva feixista. El col·lectiu vincula el grup amb accions recents com els atacs al bust d'Aurora Picornell -activista sindical assassinada pel franquisme la nit de reis de 1937 i icona del republicanisme a Mallorca- o agressions a militants d'esquerres i recorda, així mateix, els aldarulls protagonitzats per membres de l'organització a Madrid. També sostenen que integrants de Núcleo Nacional mantenen vincles amb el grup ultra Devenir Europeo, conegut per reivindicar el “legat d'Hitler”.

La plataforma alerta que l'illa està vivint un intent d'implantació d'organitzacions d'extrema dreta similars a les que han guanyat presència en ciutats com Madrid, Barcelona o València, vinculant-les amb accions com els atacs perpetrats contra el bust d'Aurora Picornell o agressions a militants d'esquerres. També denuncia que integrants de l'organització ultra mantenen vincles amb el grup ultra Devenir Europeo, conegut per reivindicar el “legat d'Hitler”.

“Defensar la memòria és defensar la dignitat dels nostres pobles. Contra l'oblit i el feixisme: ens trobaran als carrers”, assenyala un dels manifestos difosos per la Coordinadora Antifeixista a les xarxes socials, en què crida a la mobilització antifeixista davant la protesta convocada a sa Feixina. “No hi ha espai per als neonazis”, insisteix.

Des de les formacions polítiques, Més per Mallorca ha presentat formalment una petició davant la Delegació del Govern perquè no autoritzi la concentració. El diputat Vicenç Vidal sosté que l'acte suposaria l'“enaltiment del franquisme, el feixisme, anirà contra la memòria i ridiculitzarà les víctimes”, recordant el paper clau del creuer Baleares en la represió després del cop franquista de 1937.

Per la seva banda, l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha reclamat a la Delegació del Govern que desautoritzi la concentració de Núcleo Nacional, deixant clar, tanmateix, que l'entitat defensa el monument pels seus “valors culturals històrics i arquitectònics”. Els conservacionistes han expressat la seva “indignació” davant el fet que sigui un grup d'ideologia ultradretana i contrari “als drets universals” el que s'erigeixi en “defensor” del monòlit. En una nota de premsa, ARCA assenyala que, “evidentment”, Núcleo Nacional “cerca protagonisme” i “fer apologia de la seva ideologia destructiva a expenses de posar en perill el monument”.

L'entitat ha rebutjat, en aquest sentit, qualsevol “utilització partidista” del monument, posicionant-se a favor de la “veritat històrica” i dels “valors constitucionals”.

L'anunci de la protesta ha reobert l'històric conflicte al voltant del monument de sa Feixina. Des de fa més d'una dècada, associacions memorialistes i partits d'esquerra reclamen el seu enderrocament en considerar-lo un símbol d'exaltació franquista, mentre sectors conservadors defensen que va ser resignificat i convertit en un monument a totes les víctimes de la Guerra Civil. El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica va fer un pas decisiu el passat mes de març en ordenar-ne la retirada i incorporar-lo al catàleg estatal de vestigis franquistes. La decisió va xocar amb la postura de l'Ajuntament de Palma, que manté la seva defensa de la conservació del monòlit.

El monumento de sa Feixina, levantado durante el franquismo para homenajear a los “caídos” del crucero Baleares -el buque sublevado que bombardeó a miles de civiles durante 'La Desbandá'-, vuelve a situarse en el centro de la tensión política y memorialista en Mallorca. La convocatoria de una concentración del grupo ultraderechista Núcleo Nacional para defender la permanencia del monolito ha desatado una oleada de críticas de partidos de izquierdas, colectivos memorialistas y organizaciones antifascistas, que reclaman a la Delegación del Gobierno que impida un acto que consideran una “apología del franquismo” y un acto de exaltación fascista de un espacio recientemente señalado por el Estado como contrario a la memoria democrática.

La protesta, convocada bajo el lema Gloria a los héroes, busca defender la permanencia del icono franquista de sa Feixina después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordara incluirlo en el catálogo estatal de símbolos franquistas y ordenara su retirada. El anuncio tuvo lugar el mismo día en que el Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ratificaba la inclusión del monumento en el Catálogo municipal de Edificios y Elementos Protegidos, lo que le otorga el máximo grado de protección patrimonial. 

Núcleo Nacional, que reivindica postulados supremacistas y combina mensajes contra la inmigración con referencias al “legado” hitleriano, la exaltación de la “raza” y la estética neonazi clásica, ha intentado expandirse por distintas ciudades mediante la promoción de campañas xenófobas y discursos de odio y la mezcla de simbología nazi, falangista y franquista.

La Delegación del Gobierno ha precisado que la concentración no ha sido “autorizada” expresamente, sino comunicada conforme al procedimiento administrativo habitual. La Policía supervisará el acto para comprobar que no se produzcan exaltaciones fascistas ni vulneraciones de la Ley de Memoria Democrática.

La convocatoria ha provocado una intensa movilización en redes sociales. Organizaciones como la Coordinadora Antifeixista de Mallorca y Alerta Antifeixista acusan al Ayuntamiento de Palma -gobernado por PP y Vox- y a la Delegación del Gobierno de tolerar la concentración y de otorgar “impunidad” a grupos neonazis mientras, denuncian, se ponen “trabas burocráticas” a colectivos sociales y de izquierdas para organizar actividades en el espacio público.

La Coordinadora Antifeixista de Mallorca sostiene además que la elección de sa Feixina no es casual, sino que busca reivindicar un símbolo ligado al franquismo y al crucero Baleares, uno de los responsables del bombardeo llevado a cabo en 1937 contra la población que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista. El colectivo vincula al grupo con acciones recientes como los ataques al busto de Aurora Picornell -activista sindical asesinada por el franquismo en la noche de reyes de 1937 e icono del republicanismo y en Mallorca- o agresiones a militantes de izquierdas y recuerdan, asimismo, los disturbios protagonizados por miembros de la organización en Madrid. También sostienen que integrantes de Núcleo Nacional mantienen vínculos con el grupo ultra Devenir Europeo, conocido por reivindicar el “legado de Hitler”.

La plataforma alerta de que la isla está viviendo un intento de implantación de organizaciones de extrema derecha similares a las que han ganado presencia en ciudades como Madrid, Barcelona o València, vinculándolas con acciones como los ataques perpetrados contra el busto de Aurora Picornell o agresiones a militantes de izquierdas. También denuncia que integrantes de la organización ultra mantienen vínculos con el grupo ultra Devenir Europeo, conocido por reivindicar el “legado de Hitler”.

“Defender la memoria es defender la dignidad de nuestros pueblos. Contra el olvido y el fascismo: nos encontrarán en las calles”, señala uno de los manifiestos difundidos por la Coordinadora Antifeixista en redes sociales, en el que llama a la movilización antifascista frente a la protesta convocada en sa Feixina. “No hay espacio para los neonazis”, insiste.

Desde las formaciones políticas, Més per Mallorca ha presentado formalmente una petición ante la Delegación del Gobierno para que no autorice la concentración. El diputado Vicenç Vidal sostiene que el acto supondría el “enaltecimiento del franquismo, el fascismo, irá contra la memoria y ridiculizará a las víctimas”, recordando el papel clave del crucero Baleares en la represión tras el golpe franquista de 1937.

Por su parte, la Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha reclamado a la Delegación del Gobierno que desautorice la concentración de Núcleo Nacional, dejando claro, sin embargo, que la entidad defiende el monumento por “sus valores culturales históricos y arquitectónicos”. Los conservacionistas han expresado su “indignación” ante el hecho de que sea un grupo de ideología ultraderechista y contrario “a los derechos universales” el que se erija en “defensor” del monolito. En una nota de prensa, ARCA señala que, “evidentemente”, Núcleo Nacional “busca protagonismo” y “hacer apología de su ideología destructiva a expensas de poner en peligro el monumento”.

La entidad ha rechazado, en este sentido, cualquier “utilización partidista” del monumento, posicionándose a favor de la “verdad histórica” y de los “valores constitucionales”.

El anuncio de la protesta ha reabierto el histórico conflicto alrededor del monumento de sa Feixina. Desde hace más de una década, asociaciones memorialistas y partidos de izquierda reclaman su derribo al considerarlo un símbolo de exaltación franquista, mientras sectores conservadores defienden que fue resignificado y convertido en un monumento a todas las víctimas de la Guerra Civil. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática dio un paso decisivo el pasado mes de marzo al ordenar su retirada e incorporarlo al catálogo estatal de vestigios franquistas. La decisión chocó con la postura del Ayuntamiento de Palma, que mantiene su defensa de la conservación del monolito.

La pugna entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid por la memoria histórica de la Puerta del Sol tiene un nuevo capítulo en los tribunales. La Audiencia Nacional ha suspendido este lunes cautelarmente la declaración como Lugar de Memoria Democrática de la sede de la presidencia madrileña, que fue el centro de torturas policiales más importante de la dictadura. Los jueces han estimado así el recurso de Isabel Díaz Ayuso, que se ha opuesto de forma reiterada a colocar una placa en el edificio que recuerde la represión franquista aduciendo que podría ser perjudicial, un argumento que acaba de hacer suyo la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia.

El auto –que cuenta con un voto particular–, paraliza la declaración que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado octubre hasta resolver el fondo del asunto. El Ejecutivo argumentó entonces que la Real Casa de Correos, sede de la Dirección General de Seguridad (DGS), “asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión” de quienes el franquismo consideraba enemigos de España. Las víctimas que pasaron por sus calabozos han relatado la “extrema brutalidad” de la violencia que sufrieron a manos de la Brigada Político Social franquista y llevan años reclamando la señalización del edificio e incluso que puedan ser visitables los calabozos.

Sin embargo, el razonamiento de los magistrados apunta a que “no es posible negar de forma categórica” que declarar la sede de la presidencia como Lugar de Memoria pueda incidir negativamente “en la imagen institucional de la Comunidad de Madrid”. Es decir, dicen los jueces, “no puede afirmarse” sin lugar a dudas que la institución sufrirá un “menoscabo irreversible”, pero, a su juicio, tampoco se puede rechazar esta posibilidad.

La decisión de la Audiencia Nacional ha indignado a los colectivos de víctimas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que reclama que el tribunal pida “una disculpa pública” a las “víctimas torturadas durante el franquismo” y advierte de que los jueces están “negando que se cuente que en el edificio ocurrieron torturas cometidas por dirigentes y policías franquistas, es decir, proponen que se sigan ocultando”. “Las funciones de la Audiencia Nacional no son velar por la imagen de marca de la presidencia de la Comunidad de Madrid”, añade la asociación.

“Es una barbaridad. Lo que realmente denigra la institución es negarse a una placa que refleje lo que fue ese lugar de terror para miles de personas”, opina Rosa García Alcón, que era una estudiante de Medicina y militante del FRAP cuando en 1975 fue detenida y torturada en sus calabozos. Para las víctimas es una “anomalía” que un edificio como este no recuerde nada de lo que allí ocurrió. “La gente lo recuerda por las campanadas, pero fue mucho más que eso en nuestra historia. Las personas que lucharon por la democracia merecen un recordatorio y eso, en ningún caso, empeora la imagen de una institución, sino que la hace más grande”, añaden desde la Plataforma en defensa del memorial.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha asegurado que recurrirá la decisión y se reafirma en su objetivo. “Seguimos defendiendo que declararla Lugar de Memoria no afecta a los usos de ese edificio. Que la fachada recuerde lo que fue ese inmueble no interfiere en la actividad administrativa ni en la imagen institucional”, ha señalado el ministro Ángel Víctor Torres en línea con el voto particular del magistrado Luis Helmut Moya Meyer. “Se trata de hacer justicia con las víctimas que sufrieron muerte y tortura en ese lugar. Toda persona que se considere demócrata debería defenderlo”, ha valorado.

Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha celebrado el auto de la Audiencia Nacional acusando al Gobierno de impulsar un “empeño sectario” y de “hacer revisionismo de la historia”. La líder popular ha vuelto a hablar de “contienda entre hermanos” para referirse a la Guerra Civil y ha asegurado que Pedro Sánchez pretende “borrar a la mitad de las víctimas” de la contienda.

Epicentro de la represión

Desde 1848 la Real Casa de Correos fue utilizada como sede del Ministerio de la Gobernación, hasta que en 1939 comenzó a funcionar por orden de Franco como sede de la DGS. El historiador Pablo Alcántara, que ha investigado y reconstruido a fondo la historia del edificio, destaca el papel que desempeñó durante la dictadura. “Durante más de 40 años no fue un edificio cualquiera de la administración franquista, fue el epicentro de la represión. La DGS coordinaba los servicios policiales de todo el Estado, no solo de Madrid. Y en sus calabozos se practicaron todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Es algo que merece su reconocimiento en cualquier Estado democrático”.

Una larga lista de militantes antifranquistas sufrieron duros interrogatorios y maltrato en sus celdas, coronadas por unas alargadas ventanas que daban directamente a ras de la plaza y que aún pueden verse hoy. Marcos Ana, Julián Grimau, Enrique Ruano, Juana Doña o Concha Tristán son algunos de los destacados nombres que pasaron por los calabozos. A partir de los años 60, todos los represaliados que eran detenidos en otras ciudades pero iban a ser juzgados por el Tribunal de Orden Público también eran allí encerrados.

Sin embargo, no es este motivo suficiente para el Gobierno de Ayuso para instalar ninguna señalización que lo recuerde. El Ejecutivo autonómico ya prometió desde el inicio del trámite “usar todos los resortes legales” a su alcance para blindar el edificio y ha desplegado su habitual argumentario contra la memoria histórica. La presidencia de la comunidad ha acusado al Gobierno de intentar “manchar el buen nombre” de Madrid y asegura que vincular el edificio con el franquismo es “una auténtica barbaridad” porque “en la memoria de los madrileños y españoles” la Puerta del Sol “se vincula” con las uvas o el Kilómetro 0.

Ayuso ha echado mano incluso de sus predecesores en el cargo para oponerse frontalmente y con el argumento de “conmemorar” el 40 aniversario de la Real Casa de Correos, reunió a Esperanza Aguirre, Joaquín Leguina, Cristina Cifuentes y Alberto Ruiz Gallardón en un vídeo en el que cargaban contra la idea de colocar una inscripción que recuerde su pasado franquista. Las diferentes voces apelan a la “reconciliación” de la Transición o a la “violencia republicana” del Frente Popular para justificar por qué no debe señalizarse un edificio que ya cuenta con tres placas más: una la que conmemora el levantamiento del 2 de mayo de 1808, otra en homenaje a las víctimas del 11M y una última a los muertos por la pandemia de Covid.

En septiembre de 1983, una niña tutelada por el Estado falleció al caer desde una ventana situada en el tercer piso de un reformatorio en Madrid. Tenía 14 años, vestía un suéter sobre la ropa interior y llevaba un tatuaje con el nombre de otra chica. Había sido detenida dos veces: una, por fugarse con su hermana; otra, acusada de ejercer la prostitución.

El lunes de su muerte, a la hora del desayuno, de la ventana colgaba una cuerda con sábanas. Un intento de fuga. O tal vez un suicidio. Caso cerrado. La niña se llamaba Inmaculada Valderrama y el centro era el de Nuestra Señora del Pilar, en San Fernando de Henares, reformatorio vinculado al Patronato de Protección a la Mujer, una de las redes represivas más longevas y opacas de la dictadura franquista. El lugar donde enviaban a las niñas más rebeldes. El lugar donde vigilar y castigar.

Escribe Nerea Barjola: “La protección es una tecnología del poder. Nos vacía de vida, de opciones y de posibilidades”. Señala Marta García: “Bajo el paraguas de la protección, en realidad lo que se esconde es el control a los cuerpos, las actitudes y los comportamientos de las mujeres”. Desarrolla María Palau: “Sí que hay una protección. Una protección al régimen y a las mujeres que no son encerradas. Unas son encerradas para ser castigadas, pero también para advertir al resto de mujeres, para que no contaminen al resto”.

Las investigadoras feministas llevan décadas abordando los mecanismos del poder sobre el control de los cuerpos, de las vidas, de la moral de las mujeres. El castigo a una que sirve como castigo a todas. La advertencia. La vigilancia.

María Palau y Marta García llevan años estudiando el Patronato de Protección a la Mujer. Forman parte de una red de investigadoras y supervivientes que tratan de desentrañar el oscuro funcionamiento de estos centros que, bajo el aparente control de la prostitución, se convirtieron en unas cárceles de niñas y control de la moralidad pública. En 2023 publicaron Indignas hijas de su Patria, un trabajo de investigación periodística que vio la luz gracias a la Beca Josep Torrent de Periodisme d'Investigació otorgada por la Unió de Periodistes Valencians y la Institució Alfons El Magnànim. Prologado por Esther López Barceló, fue el germen de una obsesión: averiguar qué sucedió para que una niña de 14 años apareciera muerta en el patio del reformatorio. Y en la vida y muerte de Inmaculada encontraron un caso paradigmático, que encierra los elementos comunes de las supervivientes del Patronato y las fragilidades de la joven democracia española en la época.

Por entonces, las periodistas y la historiadora apenas contaban con varios recortes de prensa que hablaban del caso de Inmaculada Valderrama y escasas referencias al centro de San Fernando de Henares. Tres años después, las investigadoras han documentado una cadena de negligencias e incongruencias en torno al caso del reformatorio, a cargo de una orden religiosa y, en última instancia, del Ministerio de Justicia, según denuncian. El resultado del trabajo es Inmaculada: La muerte que precipitó el final del Patronato, un ensayo en formato 'true crime' publicado por Libros del KO y que ha sido una de las obras más vendidas de la Feria del Libro de Valencia.

El libro está plagado de dudas, como señalan las investigadoras, sombras a imagen del propio Patronato. “En pleno 1983 tenemos el caso de una niña que muere tutelada por el Ministerio de Justicia en un reformatorio, pero su caso deja más incógnitas que respuestas”, señalan. Las pesquisas abren incógnitas “tanto sobre el propio caso de Inmaculada, sobre la gestión de los centros; a veces reformatorios, a veces casi prisiones. Es muy representativo de lo que es la transición”, señalan en conversación con elDiario.es. “En el caso de Inmaculada, estas dudas o estas incógnitas se magnifican: por qué llega Inmaculada al patronato, por qué es encerrada allí, cómo funcionaba el centro en el que ella estaba internada... Y se añaden las incógnitas en torno a su muerte, desde ese levantamiento del cadáver que realiza un juez de paz que desde el principio está mal hecho, hasta el cierre en falso del caso”, expresan.

En el viaje de tres años, las investigadoras se topan con decenas de barreras para acceder a documentación, carpetas vacías, silencios. Apenas un oficio policial y una investigación judicial breve, que archiva el caso como un suicidio. Pero también encuentran voces elocuentes, como una familia que cuarenta años después conoce el expediente de su hermana más joven, un forense que reitera las dudas sobre la autopsia que realizó, y los testimonios de supervivientes del patronato, que relatan los abusos de los centros regentados por órdenes religiosas.

Una cárcel de los pecados

Inmaculada cometió tres pecados por los que fue encerrada y castigada, explican las autoras. “El primero es que venía de una familia humilde de Andalucía, una familia rural de padres analfabetos, con 12 hijos. El segundo, por lo que se le acusa, es que un fin de semana decide irse con su hermana a Madrid, se fugan de casa. Este primer internamiento sí que se le comunica a su madre, una madre que no sabe dónde están sus hijas, que no sabe nada. Y el tercer pecado de Inmaculada sería ser lesbiana. Las mujeres que se salían de la identidad sexual o de la orientación sexual heterosexual eran encerradas también”.

Las autoras accedieron a un informe elaborado por un psicólogo en 1981 sobre las internas de Nuestra Señora del Pilar, una encuesta realizada a varias menores. “Nos encontramos con que el nexo común que tenían todas ellas es que tenían problemas dentro de casa. Ninguna había cometido ningún delito. Algunas se fugaron debido precisamente a esos problemas y nunca, en ningún momento, este señor que les pregunta ¿qué te ha pasado? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Qué te han hecho? Es una pregunta que está constantemente presente en el libro”, apuntan. “Ese informe es revictimizador con ellas, porque de alguna forma las responsabiliza de que los problemas que tienen; evidentemente, todos vienen derivados en última instancia de la mala educación que han recibido por tener familias desestructuradas”, explica López Barceló. “En los años cuarenta sí podemos hablar de un factor socioeconómico y de muchas niñas huérfanas que se ven abocadas a la prostitución o a la mendicidad por una cuestión de supervivencia. Pero este factor se diluye prácticamente en el mismo momento de fundación del patronato, porque delincuencia e inmoralidad se fusionan completamente. Es al final una cárcel de los pecados”, añade Palau. La pobreza, la familia, la moral.

El fin del patronato

La muerte de Inmaculada provocó la indignación del municipio madrileño de San Fernando de Henares. Intervino el alcalde, el Consejo Superior del Menor, se celebraron manifestaciones. Y también aceleró el proceso de expulsión de las órdenes religiosas de los centros, hasta su cierre dos años después. El periódico El PAÍS recoge en abril de 1985: “El cierre del reformatorio de San Fernando de Henares acabará con una situación ”digna de las novelas de Dickens“.

Responsabilidad y reparación

La muerte de Inmaculada se produce en 1983, cinco años después de la aprobación de Constitución española, y queda fuera del amparo de la ley de Amnistía. Es un hecho sucedido en democracia “que no ha sido reparado”, señala López Barceló. “La parte que nos tocaba a las investigadoras está hecha, ahora le toca al Estado”, plantea, poniendo sobre la mesa una reparación económica para la familia.

El objetivo de las investigadoras es “que las víctimas dejen de sentir vergüenza. Romper silencios para contar las violaciones de derechos humanos. Que las familias que llevan años calladas puedan dar el paso”, añade Palau, que reclama que se revisen los convenios con las órdenes religiosas que siguen en los mismos espacios. No sirve una disculpa simbólica. García concluye, sumándose a sus compañeras: “Queríamos reescribir su historia, contar que a Inmaculada no solo le pasó la muerte”.

Cinquanta anys després de la mort de Franco, Roser Rius continua recordant amb nitidesa els crits i les tortures als calabossos de la Direcció General de Seguretat -principal centre de detenció i tortura policial durant la dictadura, avui seu de la Reial Casa de Correus i declarat Lloc de Memòria malgrat el boicot de la Comunitat de Madrid. Militant de la Lliga Comunista Revolucionària, va ser detinguda a Madrid l'octubre de 1974 durant una caiguda policial contra la seva organització. Durant els interrogatoris va ser colpejada i sotmesa a tortures físiques i psicològiques per agents de la Brigada Polític-Social, entre els quals es trobava Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, qui li va destrossar els peus a cops mentre alternava les pallisses amb converses aparentment normals. “Ells volien que sentissis que allà no eres ningú. Fins que no passaves davant d'un jutge, pràcticament no existies”, recorda.

En aquesta entrevista concedida a elDiario.es, Rius (Barcelona, 1947) recorda com, després de passar pels calabossos de la DGS, va ser empresonada durant catorze mesos a la presó madrilenya de Yeserías. Allà va escriure cartes i va convertir el dibuix en una forma de resistència i de comunicació amb l'exterior. “Dibuixar m'ajudava a treure coses de dins”, explica. Ara ha reconstruït aquella experiència a Memòria dibuixada. Presó de Yeserías (1974-1975), un diari il·lustrat travessat no només per la tortura i la represió, sinó també pels petits gestos quotidians d'afecte i supervivència: un cafè després de repartir octavetes, una carta enviada clandestinament, la solidaritat entre preses o l'emoció de descobrir, després de dies de cops i interrogatoris, que ningú havia delatat ningú. “Sentíem que els haviem vençut”, subratlla.

Querellant contra Billy el Niño i activista memorialista des de fa dècades, Rius denuncia que les tortures dutes a terme per l'aparell policial franquista “no eren excessos aïllats”, sinó “part d'un sistema organitzat”. La il·lustradora, qui ha estat a Palma per participar en la jornada 'Malgrat la por, la solidaritat i la memòria. Relats de presó de dones durant el franquisme', organitzada per la Universitat de les Illes Balears (UIB), qüestiona, així mateix, el relat oficial de la Transició: “No tenien cap interès real a acabar amb allò. Tenien interès a maquillar una mica el règim per a Europa i que els seus negocis continuassin funcionant”.

A Memòria dibuixada hi ha escenes molt quotidianes -un desdejuni, una conversa, un comiat- just abans de la seva detenció. Quina importància té recuperar aquesta vida quotidiana que la dictadura va intentar trencar?

Quan hi ha una malaltia, una desaparició o, en aquest cas, una detenció, el que fèiem abans sempre queda molt marcat. D'alguna manera sabíem que en qualsevol moment podien detenir-nos, però intentàvem fer una vida el més normal possible: treballar, trobar-te amb els amics després dins del que la clandestinitat ens permetia, anar a prendre una canya després d'una manifestació o un cafè després d'haver repartit fulls. Tot això ho trobaves molt a faltar a la presó.

D'alguna manera sabíem que en qualsevol moment podien detenir-nos, però intentàvem fer una vida el més normal possible: treballar, trobar-te amb els amics o, dins del que la clandestinitat ens permetia, anar a prendre una canya després d'una manifestació o un cafè després d'haver repartit fulls

Relata que quan la van detenir va sentir fins i tot “el final de la por a ser detinguda”.

Així és... Com les veies venir, perquè hi havia moltíssimes detencions, judicis i caigudes a Madrid i a Barcelona, vivies amb la por al cos, com se sol dir. Llavors, en el moment en què em van detenir, vaig pensar: “Ja ha passat. Ha passat allò que durant tant de temps havies pensat i temut que podia passar”.

Descriu la Direcció General de Seguretat (DGS) com “el palau del terror” i parla de l'absència actual de plaques o memòria a l'edifici. Què recorda amb més nitidesa d'aquelles hores a la DGS?

El més dur eren els interrogatoris, que es feien en despatxos, de vegades amb molts homes alhora. Evidentment, hi havia els cops, la tortura psicològica i, en el meu cas, intentaven fer-me creure que en Francesc, el meu company, estava molt malament i que li havien pegat molt al carrer. També hi havia els crits que escoltaves constantment. No sabies si eren reals o si hi posaven una cinta. I sobretot hi havia aquella sensació que allà tu no eres ningú. Ells volien que no fossis ningú i que sabessis que podien fer amb tu el que volguessin. Recordo que una metgessa, quan jo vaig cridar que volia saber què li havien fet al meu company, em va respondre: “Vostè aquí no té cap dret”. I tenia raó. Eres allà, a les seves mans, i fins que no passaves davant d'un jutge pràcticament no existies. Aquella sensació era molt forta.

A la Direcció General de Seguretat volien que no fossis ningú i que sabessis que podien fer amb tu el que volguessin. Estabes allà, a les seves mans, i fins que no passaves davant d'un jutge pràcticament no existies. Aquesta sensació era molt forta

Al mateix temps, també era molt forta la sensació que aquella gent era exactament el que esperaves que fossin: uns desgraciats, uns malnacuts. No hi havia cap síntoma d'humanitat que pogués fer-te canviar d'idea. Eren els representants perfectes d'una dictadura. I això, vulguis o no, també reforçava les teves conviccions. Als calabossos, quan estaves a baix, senties que la vida seguia al carrer perquè senties les petjades i veies les cames de la gent passar. Pensaves: “Mira, la vida segueix allà fora”. Aquesta sensació també la tenies a la presó, veient els balcons i la vida al voltant. Era com si tu estiguessis vivint una altra vida obligada, una cosa semblant al conte de La bella dorment.

Al seu llibre apareix molt la memòria del cos: els cops, el cansament, la por. Creu que el cos conserva records que mai desapareixen?

Sí, com quan ens van traslladar als calabossos de Saleses, on vam estar tres dies abans de declarar davant del jutge. Ja només el fet d'arribar allà ja suposava un canvi. El teu cos estava contusionat, ple de ferides, però senties que allò ja era una altra cosa. I a més hi va haver una cosa molt important: ningú de la nostra caiguda va parlar ni va delatar ningú. Això ens va donar moltíssima força. Quan ens van ficar a la furgoneta que ens portava des de la DGS fins al Palau de Justícia, anàvem eufòrics. Semblava que ens haguessin donat un premi, encara que jo tenia els peus destrossats i gairebé no podia caminar.

Mirava els altres: el 'Peque', que estava fet un naufragi, la 'Cuchi', a qui havien obligat a fer 'el pato' [tortura que els policies exercien obligant el detingut a ajupir-se amb les mans per sota dels genolls mentre el colpejaven], altres companys plens de cops... Sentíem una sensació... jo diria que de les més plenes que he tingut a la meva vida. Era com pensar: “Hem guanyat, els hem vençut”. I això que ni tan sols ens coneixíem tots. A una de les companyes detingudes no la coneixia de res, a una altra molt poc i amb una altra sí que hi tenia més relació. Després, a la presó, totes quatre ens vam fer molt amigues.

Ningú de la nostra caiguda va parlar ni va delatar ningú. Això ens va donar moltíssima força

Explica que Billy el Niño alternava cops amb converses aparentment normals. Quin efecte psicològic tenia allò?

Jo ho vivia pensant que aquell paio estava com una 'xota'. Amb el temps em vaig assabentar que teníem la mateixa edat, 27 anys, però en aquell moment no podia imaginar-ho. No em cabia al cap que una espècie de desgraciat així pogués tenir aleshores la mateixa edat que jo. Començava parlant-me que havia estat a Barcelona i jo pensava: “Aquest paio es creu que estem en un cafè?”. Només podies pensar que tenia un excés d'alguna cosa que no li anava bé. Però, més enllà d'això, dubto molt que allò pogués produir un efecte diferent. No crec que una persona detinguda pugui pensar que hi ha un policia que vol fer-se amic seu després d'haver-te donat una pallissa.

Amb el temps em vaig assabentar que Billy el Niño i jo teníem la mateixa edat, 27 anys, però en aquell moment no ho podia imaginar. No em cabia al cap que una espècie de desgraciat així pogués tenir aleshores la mateixa edat que jo

Considera que allò forma part d'un sistema organitzat?

Les tortures no eren un fet aïllat. Com escric al llibre, darrere de cada torturador hi havia un sistema que els preparava i protegia. A l'actualitat, dues vegades al mes, fem assemblees al carrer, davant de Via Laietana, que era la gran comissaria de Barcelona: allà escoltes nombrosos testimonis i, si no ho hagués sabut ja abans -perquè vaig estar a la presó amb 200 o 300 detingudes-, m'hauria adonat ara: les coses es repeteixen. I es repeteixen a tot arreu, a totes les ciutats i a tots els llocs.

Ells tenien una sèrie de protocols, fins i tot per escrit. Els aprenien en campaments de formació policial. Hi havia tota una sèrie de pràctiques que aplicaven, de vegades amb més violència i altres amb menys. De vegades no sabies molt bé per què. En el nostre cas, a més, feia tres setmanes que [l'11 de gener de 1977] s'havia produït l'atemptat de la cafeteria Rolando, davant de la DGS: van morir tretze persones, entre elles un policia. Aquell els havia encès moltíssim i potser estaven especialment rabiosos. Nosaltres no teníem res a veure ni amb allò ni amb cap tipus de violència armada, però igualment ens donaven cops. Recordo fins i tot que alguna vegada, mentre ens pegaven, deien alguna cosa així com: “Aquest cop és pel que li van fer al meu company”. I allà sí que notaves clarament que estaven molt enfadats.

Les tortures no eren un fet aïllat. Darrere de cada torturador hi havia un sistema que els preparava i protegia

Era també el dibuix una manera de resistir a la deshumanització de la càrcer?

Sempre m'ha agradat dibuixar i m'he guanyat la vida amb això. Dibuixar em feia sentir bé i era una forma de treure coses que d'una altra manera em resultava més difícil expressar. També era una forma de comunicació amb el meu company. Alguns dibuixos no podia enviar-se'ls, però d'altres sí. Hi havia dibuixos molt conscients, com els de la Direcció General de Seguretat, perquè volia reflectir coses que havien ocorregut allà. Un dels primers que vaig fer tot just sortir de presó buscava expressar com una persona pot sentir-se completament dominada per la violència sense necessitat de dibuixar directament els cops. Jo soc il·lustradora de llibres infantils i em costa molt expressar determinades coses relacionades amb l'odi. Per això intentava buscar altres formes de transmetre aquella sensació. Dibuixar em va servir de vàlvula d'escapament.

Un dels primers dibuixos que vaig fer tot just sortir de presó buscava expressar com una persona pot sentir-se completament dominada per la violència sense necessitat de dibuixar directament els cops. Jo sóc il·lustradora de llibres infantils i em costa molt expressar determinades coses relacionades amb l'odi

Un altre dels dibuixos que vaig fer reflecteix una tortura que no tenia una explicació senzilla: l'anomenaven 'el pato' i era molt humiliant perquè t'obligaven a ajupir-te amb les mans lligades per sota de les cames mentre et donaven puntades de peu i cops. Si duies temps militant, intentaves resistir per no acabar caient-hi perquè sabies que això els encantava. Una de les companyes que la va patir encara no havia complit els divuit anys. També hi havia una altra tortura sistemàtica: lligar-nos a un radiador i colpejar-nos repetidament a la planta dels peus: “pim, pam, pim, pam”. L'efecte d'allò el vaig intentar explicar després al poema inicial del llibre.

(Jo vaig tenir els peus negres

l’octubre de 1974,

negres, verats de verd i de morat.

El dolor pujava pels turmells

morint a mitja cama.

A còpia de cops,

l’ànima de ferro de la porra

va dibuixar una geografia

de la tortura sobre la meva pell.

L’amor, les idees, la solidaritat

van embolcallar la meva por.

Protegint-me de la delació.

Més tard, les negres ungles

van caure una a una.

I, al mig dels peus,

m’hi van quedar uns estigmes

rodons, com monedes.

Jo vaig tenir els peus negres

a l’octubre de l’any 74,

però els cops,

com el mall contra el ferro,

van forjar la meva força).

Relata al seu llibre el component específicament masclista de la violència i també com, malgrat compartir espai amb altres preses polítiques molt diferents entre si, es va crear una gran solidaritat a Yeserías. Va ser aquella xarxa de suport el que els va permetre resistir?

La sort va ser poder comptar amb companyes en qui podies recolzar-te. Bàsicament eren companyes del meu partit, encara que vam estar molt poc temps juntes perquè les tres noies que havien detingut amb mi van quedar en llibertat al cap de dos mesos. Després, dins la presó, hi havia tanta gent que anaves buscant afinitats. Jo estava amb dones d'altres partits i d'altres organitzacions i amb algunes vam establir relacions molt bones i moltíssima solidaritat.

Era una qüestió de supervivència, d'autodefensa, de formar un grup que pogués sostenir-se. Perquè un lloc tancat, ja sigui una presó, un convent o qualsevol altre lloc, acaba generant dinàmiques molt particulars i has de saber distingir moltes coses i no deixar-te arrossegar. Però, si aconsegueixes construir amistat, companyerisme i aliances amb persones que més o menys pensen com tu, això ajuda moltíssim, perquè sentir-se sola és molt dur. Jo vaig tenir companyes basques i una altra de Madrid, i amb elles vaig fer una relació especialment forta. En general em vaig portar bé amb gairebé tothom.

Jo estava amb dones d'altres partits i d'altres organitzacions, i amb algunes vam establir relacions molt bones i moltíssima solidaritat. Era una qüestió de supervivència, d'autodefensa, de formar un grup que pogués sostenir-se

S'ha explicat suficientment la repressió específica que van patir les dones durant el franquisme?

Jo crec que en els últims anys s'ha anat obrint molt tota aquesta part de la memòria, perquè durant molt de temps tot el relacionat amb la postguerra va estar molt ocult, tant en el cas de les dones com en el dels homes. A poc a poc això s'ha anat coneixent i moltes vegades han estat elles mateixes qui han acabat escrivint, buscant testimonis de les seves companyes d'aleshores i fent treballs molt interessants. Moltes ja no hi són, però els seus fills o els seus nets han continuat aquesta tasca. I després també han arribat dones d'altres generacions.

Crec que des de fa uns anys hi ha molt més coneixement i moltes més ganes de donar aquest testimoni. El meu llibre s'inscriu precisament en aquest exercici de memòria col·lectiva que molta gent estem impulsant. El que passa és que el protagonisme masculí sempre ha estat molt fort i durant molt de temps semblava que les dones només havien tingut un paper de suport. Les dones democràtiques eren les que cuidaven els presos, per exemple, quan en realitat també hi havia dones preses. Les dones van quedar invisibilitzades, com si no haguessin lluitat.

Abans parlava de l'orgull que sentien de no haver delatat companys. Com ho recorda avui?

És una cosa que et serveix sempre en algun moment dur. Penses: “A mi allò no em va fer abaixar el cap. La policia no va aconseguir doblegar-me, així que tu tampoc ho faràs”. No és que vagis explicant la teva vida constantment, però en el fons estàs dient a aquella persona: “A mi no”. Si no em va enfonsar la policia, aquesta persona tampoc ho aconseguirà. I això et dóna força. Per sort són moments molt concrets, però alguna vegada a la vida et trobes amb algú i penses: “Tu a mi no, eh?”. No sé si és fortalesa o supervivència. Suposo que és intentar extreure alguna cosa del que t'ha passat.

Què sent en pensar que molts torturadors van morir sense ser jutjats? Què va sentir en el cas de Billy el Nen?

El cas d'Antonio González Pacheco va ser molt curiós i contradictori. Tant la Comuna com l'associació d'ex-presos el que volíem era poder presentar querelles i portar aquesta gent a judici. Llavors, quan durant la pandèmia va morir Antonio González Pacheco, d'entrada em vaig alegrar i vaig pensar: “Mira, un menys”. Però gairebé immediatament alguns companys em van dir: “Ja no podrem jutjar-lo, se n'ha anat”. I aleshores em va donar moltíssima ràbia.

És un sentiment contradictori perquè tampoc desitges la mort de ningú, però t'adones que se'n van morint i desapareix la possibilitat de jutjar-los. I això està passant amb molts protagonistes tant de la política com de la policia franquista. Billy el Niño encara va morir relativament jove, tindria 72 o 73 anys. El mateix passa amb Martín Villa. Havia de comparèixer fa uns mesos a Alacant i al final ha aconseguit evitar-ho. Havien aconseguit que una jutgessa el cités a declarar [per la mort el 1976 de l'antifranquista Teófilo del Valle a mans de la Policia Armada], però sembla que sempre aconsegueixen moure peces i esquivar aquest moment.

Quan durant la pandèmia va morir Antonio González Pacheco, d'entrada em vaig alegrar i vaig pensar: 'Mira, un menys'. Però gairebé immediatament alguns companys em van dir: ‘Ja no podrem jutjar-lo, se n'ha anat’. És un sentiment contradictori, perquè no desitges la mort de ningú, però t'adones que se'n van morint i desapareix la possibilitat de jutjar-los

Durant dècades, la Llei d'Amnistia ha estat presentada com un dels pilars de la Transició. És del parer que l'Estat espanyol ha estat més a prop de protegir els botxins que de reparar les víctimes?

Sí, està claríssim. L'altre dia vaig ser en una universitat parlant amb professors de Dret i ells m'ho explicaven molt millor del que puc fer-ho jo. Deien que els articles de la Llei d'Amnistia que blindaven jutges, policies i militars es van introduir gairebé al final, amb moltíssima pressió dels propis aparells franquistes. I això va ser el que la va convertir en una mena de llei de punt final, que a més segueix vigent. És veritat que gràcies a aquesta llei va sortir molta gent de presó perquè encara quedaven prou presos polítics. Però, al mateix temps, també va servir per cobrir completament les esquenes dels qui havien participat en la repressió.

En països com Argentina aquestes lleis de punt final van acabar derrogant-se parcialment i aquí també podrien modificar-se aquests articles. No necessàriament tota la llei, perquè hi ha parts que van afectar positivament molta gent represaliada. Però, segons m'explicaven aquests professors, el que fa falta és voluntat política: que els legisladors canviïn la llei. Aleshores els jutges no tindrien més remei que aplicar també aquesta modificació.

Gràcies a la llei d'amnistia va sortir molta gent de presó, perquè encara quedaven bastants presos polítics. Però al mateix temps també va servir per cobrir completament les esquenes dels qui havien participat en la repressió

Per què creu que Espanya continua sent una anomalia a Europa en la investigació dels crims del franquisme? Potser ha pesat més la voluntat de “passar pàgina” que la de depurar responsabilitats?

Perquè tot estava 'atado y bien atado'. Amb la Transició, el franquisme no es va trencar del tot. Hi va haver eleccions lliures, sí, però qui van ser els primers que van guanyar aquelles eleccions? Eren franquistes. Era Adolfo Suárez. Aquella gent, com anava a canviar completament una cosa que havia defensat durant quaranta anys? No tenien cap interès real a acabar amb allò. Tenien interès a maquillar una mica el règim per a Europa, perquè els seus negocis poguessin funcionar millor, però al final van prevaler els seus propis interessos. A més, els anava molt bé tenir al darrere uns quants militars amenaçant constantment amb un cop d'estat. Des de la mort de Franco hi va haver amenaces contínues i, especialment entre 1979 i 1981, l'ambient estava ple d'aquesta pressió militar fins que va arribar el cop del 23F. Hi havia molta por que allò pogués tornar enrere.

Què sent quan organismes internacionals qüestionen la compatibilitat de la Llei d'Amnistia amb els principis del dret internacional sobre veritat, justícia i reparació per a les víctimes de delictes de lesa humanitat?

Hauríem d'aconseguir que tot això es revisés a fons. Per a mi, la major reparació seria precisament aquesta: reconèixer que lluitàvem per coses que avui són completament legals i que, a més, formen part dels drets humans, com el dret de reunió o el dret de manifestació. Lluitàvem per això, entre moltes altres coses. Que hi hagués un reconeixement clar que allò pel que vam ser condemnats era completament injust i que els qui van participar en aquesta repressió -jutges, policies- van ser responsables de crims de lesa humanitat.

Encara que la majoria ja hagin mort, almenys hauria de quedar constància pública d'això. I els qui segueixen vius no haurien de continuar cobrant privilegis o sobresous vinculats a aquella repressió. Perquè la policia cobrava sobresous per les nostres detencions i per les nostres tortures. I aquests complements els han continuat cobrant durant anys. Com pot ser això? Això sí que seria una manera de demostrar que realment existeix voluntat d'assumir el que va ocórrer.

Li preocupa el revisionisme actual sobre la dictadura franquista i l'auge dels discursos que la relativitzen?

Sí, clar, especialment entre la gent jove. També és veritat que he anat a alguns instituts i universitats i, de moment, no m'he trobat ningú que defensés obertament la dictadura. Jo sempre els dic: “Si penseu una altra cosa, podeu dir-ho i ho parlem”. Però ningú m'ha dit a la cara que la dictadura fos una cosa a enyorar. El problema és que la democràcia té molts defectes, els polítics tenen molts defectes i hi ha molta corrupció. I si la gent jove no coneix realment el que va ser allò, pot acabar pensant que era un món molt ordenat i molt senzill.

L'extrema dreta sempre presenta alternatives senzilles, una espècie de nou paternalisme: “No pensis massa, no et moguis i no passarà res”. Aquest tipus de missatges poden fer molt de mal i ja ho estan fent. A més, les xarxes socials han ajudat moltíssim a això i al darrere hi ha diners i mecanismes molt potents. Per això nosaltres hem d'intentar explicar al màxim tot el que sabem, oferir alternatives noves i, a més, dir-los als joves que pensin. Si realment pensen que allò era millor vol dir que alguna cosa passa, però que facin l'esforç de reflexionar abans de dir-ho.

Què li agradaria que entengués algú de 20 anys en llegir avui el seu llibre?

Quan presento el llibre sempre dic que m'agradaria molt anar a instituts. Ja m'han sortit algunes oportunitats de fer-ho i també he anat a un parell d'aules universitàries. A mi m'interessa parlar amb la gent jove. No sé si els joves de 20 anys estan llegint el llibre. Sé d'alguna persona jove que sí l'ha llegit, però crec que la majoria de lectors són persones que senten que allò també va ser el seu moment, encara que no patissin directament la repressió: gent que ara té entre 65 i 85 anys i que va viure aquella època d'una manera o altra. M'agradaria que els joves el llegissin i em diguessin què pensen, però, sobretot, m'agradaria que reflexionessin davant d'aquests discursos d'odi i aquests missatges tan simples que circulen per les xarxes socials i que acaben calant tant.

M'agradaria que els joves llegissin 'Memòria dibuixada' i em diguessin què pensen, però, sobretot, m'agradaria que reflexionessin davant dels discursos d'odi i els missatges tan simples que circulen per les xarxes socials i que acaben calant tant

Què creu que Espanya encara no ha volgut mirar de cara sobre la dictadura? Pensa que hi ha encara una cultura de protecció cap a determinades estructures heretades del franquisme?

Jo crec que, després de tants anys des de la Transició, molta gent ni tan sols s'ho pregunta. Hi ha algunes persones que sí que ens ho preguntem molt, però gran part de la societat no ha volgut qüestionar-se realment què va passar. Si tu els dius: “Saps que tota aquesta gent era la mateixa que la del Tribunal d'Ordre Públic? Que simplement se li va canviar el nom i que eren els mateixos jutges i els mateixos fiscals?”, molta gent no ho sap o no ha volgut veure-ho.

Però són coses que nosaltres tenim molt clares: hi va haver tota una política destinada a això, no va ser una cosa que sortís sola. I els va anar bé. Va ser una política d'oblit impulsada des de dalt a la qual van contribuir els partits polítics, la premsa… tothom. Tot allò va tenir molta força i, com que a més les coses havien millorat una mica, van decidir no mirar què és el que estava passant, tota la repressió que hi va haver als carrers a finals dels setanta i principis dels vuitanta. Es va instal·lar aquesta idea de: “Bé, és que estem a Europa”, “ja tenim democràcia, ja podem votar”.

Mentre uns deien que calia “tancar les ferides”, hi havia famílies buscant els seus morts a les fosses sense que gairebé ningú en parlés...

De fet, els qui van començar la lluita per la memòria democràtica perquè tot això es veiés van ser les persones que tenien els seus pares o avis a les cunetes. Van ser ells qui van començar a presentar querelles, fins i tot a Argentina. No es van creure aquest discurs que tot estava ja superat. Les ferides eren tan profundes que els descendents encara les porten a sobre i continuen volent tancar-les de veritat.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, Roser Rius continúa recordando con nitidez los gritos y las torturas en los calabozos de la Dirección General de Seguridad -principal centro de detención y tortura policial durante la dictadura, hoy sede de la Real Casa de Correos y declarada Lugar de Memoria pese al boicot de la Comunidad de Madrid. Militante de la Liga Comunista Revolucionaria, fue detenida en Madrid en octubre de 1974 durante una caída policial contra su organización. Durante los interrogatorios fue golpeada y sometida a torturas físicas y psicológicas por agentes de la Brigada Político-Social, entre quienes se encontraba Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, quien le destrozó los pies a golpes mientras alternaba las palizas con conversaciones aparentemente normales. “Ellos querían que sintieras que allí no eras nadie. Hasta que no pasabas delante de un juez, prácticamente no existías”, recuerda.

En esta entrevista concedida a elDiario.es, Rius (Barcelona, 1947) recuerda cómo, tras pasar por los calabozos de la DGS, fue encarcelada durante catorce meses en la prisión madrileña de Yeserías. Allí escribió cartas y convirtió el dibujo en una forma de resistencia y de comunicación con el exterior. “Dibujar me ayudaba a sacar cosas de dentro”, explica. Ahora ha reconstruido aquella experiencia en Memòria dibuixada. Presó de Yeserías (1974-1975), un diario ilustrado atravesado no solo por la tortura y la represión, sino también por los pequeños gestos cotidianos de afecto y supervivencia: un café después de repartir octavillas, una carta enviada clandestinamente, la solidaridad entre presas o la emoción de descubrir, tras días de golpes e interrogatorios, que nadie había delatado a nadie. “Sentíamos que les habíamos vencido”, subraya.

Querellante contra Billy el Niño y activista memorialista desde hace décadas, Rius denuncia que las torturas llevadas a cabo por el aparato policial franquista “no eran excesos aislados”, sino “parte de un sistema organizado”. La ilustradora, quien ha estado en Palma para participar en la jornada 'Malgrat la por, la solidaritat i la memòria. Relats de presó de dones durant el franquisme', organizada por la Universitat de les Illes Balears (UIB), cuestiona, asimismo, el relato oficial de la Transición: “No tenían ningún interés real en acabar con aquello. Tenían interés en maquillar un poco el régimen para Europa y que sus negocios siguieran funcionando”.

En Memòria dibuixada hay escenas muy cotidianas -un desayuno, una conversación, una despedida- justo antes de su detención. ¿Qué importancia tiene recuperar esa vida cotidiana que la dictadura intentó romper?

Cuando hay una enfermedad, una desaparición o, en este caso, una detención, lo que estábamos haciendo antes siempre queda muy marcado. De alguna forma sabíamos que en cualquier momento podían detenernos, pero intentábamos hacer una vida lo más normal posible: trabajar, encontrarte con los amigos después dentro de lo que la clandestinidad nos permitía, ir a tomar una caña tras una manifestación o un café después de haber repartido octavillas. Todo eso lo echabas mucho a faltar en prisión.

De alguna forma sabíamos que en cualquier momento podían detenernos, pero intentábamos hacer una vida lo más normal posible: trabajar, encontrarte con los amigos después dentro de lo que la clandestinidad nos permitía, ir a tomar una caña tras una manifestación o un café después de haber repartido octavillas

Relata que cuando la detuvieron sintió incluso “el fin del miedo a ser detenida”.

Así es... Como las veías venir, porque había muchísimas detenciones, juicios y caídas en Madrid y en Barcelona, vivías con el miedo en el cuerpo, como se suele decir. Entonces, en el momento en que me detuvieron, pensé: “Ya ha pasado. Ha pasado eso que durante tanto tiempo habías pensado y temido que podía ocurrir”.

Describe la Dirección General de Seguridad (DGS) como “el palacio del terror” y habla de la ausencia actual de placas o memoria en el edificio. ¿Qué recuerda con más nitidez de aquellas horas en la DGS?

Lo más duro eran los interrogatorios, que se hacían en despachos, a veces con muchos hombres a la vez. Evidentemente estaban los golpes, la tortura psicológica y, en mi caso, intentaban hacerme creer que Francesc, mi compañero, estaba muy mal y que le habían pegado muchísimo en la calle. También estaban los gritos que escuchabas constantemente. No sabías si eran reales o si ponían una cinta. Y sobre todo estaba esa sensación de que allí tú no eras nadie. Ellos querían que no fueses nadie y que supieses que podían hacer contigo lo que quisieran. Recuerdo que una médica, cuando yo grité que quería saber qué le habían hecho a mi compañero, me respondió: “Usted aquí no tiene ningún derecho”. Y tenía razón. Estabas allí, en sus manos, y hasta que no pasabas delante de un juez prácticamente no existías. Esa sensación era muy fuerte.

En la Dirección General de Seguridad querían que no fueses nadie y que supieses que podían hacer contigo lo que quisieran. Estabas allí, en sus manos, y hasta que no pasabas delante de un juez prácticamente no existías. Esa sensación era muy fuerte

Al mismo tiempo, también era muy fuerte la sensación de que aquella gente era exactamente lo que esperabas que fueran: unos desgraciados, unos malnacidos. No había ningún síntoma de humanidad que pudiera hacerte cambiar de idea. Eran los representantes perfectos de una dictadura. Y eso, quieras o no, también reforzaba tus convicciones. En los calabozos, cuando estabas abajo, sentías que la vida seguía en la calle porque oías las pisadas y veías las piernas de la gente pasar. Pensabas: “Mira, la vida sigue ahí fuera”. Esa sensación también la tenías en prisión, viendo los balcones y la vida alrededor. Era como si tú estuvieras viviendo otra vida obligada, algo parecido al cuento de La bella durmiente.

En su libro aparece mucho la memoria del cuerpo: los golpes, el cansancio, el miedo. ¿El cuerpo conserva recuerdos que nunca desaparecen?

Sí, como cuando nos trasladaron a los calabozos de Salesas, donde estuvimos tres días antes de declarar ante el juez. Ya solo el hecho de llegar allí suponía un cambio. Tu cuerpo estaba magullado, lleno de heridas, pero sentías que aquello ya era otra cosa. Y además hubo algo muy importante: nadie de nuestra caída habló ni delató a nadie. Eso nos dio muchísima fuerza. Cuando nos metieron en la camioneta que nos llevaba desde la DGS hasta el Palacio de Justicia, íbamos eufóricos. Parecía que nos hubieran dado un premio, aunque yo tenía los pies destrozados y casi no podía andar.

Miraba a los demás: al 'Peque', que estaba hecho un naufragio; a la 'Cuchi', a la que habían obligado a hacer 'el pato' [tortura que los policías ejercían obligando al detenido a agacharse con las manos por debajo de las rodillas mientras lo golpeaban], a otros compañeros llenos de golpes… Sentíamos una sensación... yo diría que de las más plenas que he tenido en mi vida. Era como pensar: “Hemos ganado, les hemos vencido”. Y eso que ni siquiera nos conocíamos todos. A una de las compañeras detenidas no la conocía de nada, a otra muy poco y con otra sí tenía más relación. Después, en prisión, las cuatro nos hicimos muy amigas.

Nadie de nuestra caída habló ni delató a nadie. Eso nos dio muchísima fuerza

Explica que Billy el Niño alternaba golpes con conversaciones aparentemente normales. ¿Qué efecto psicológico tenía aquello?

Yo lo vivía pensando que aquel tipo estaba como una 'chota'. Con el tiempo me enteré de que teníamos la misma edad, 27 años, pero en aquel momento no podía imaginarlo. No me cabía en la cabeza que una especie de desgraciado así pudiera tener entonces la misma edad que yo. Comenzaba hablándome de que había estado en Barcelona y yo pensaba: “¿Este tío se cree que estamos en un café?”. Solo podías pensar que tenía un exceso de alguna cosa que no le iba bien. Pero, más allá de eso, dudo mucho que aquello pudiera producir un efecto diferente. No creo que una persona detenida pueda pensar que hay un policía que quiere hacerse amigo suyo después de haberte dado una paliza.

Con el tiempo me enteré de que Billy el Niño y yo teníamos la misma edad, 27 años, pero en aquel momento no podía imaginarlo. No me cabía en la cabeza que una especie de desgraciado así pudiera tener entonces la misma edad que yo

¿Considera que aquello parte de un sistema organizado?

Las torturas no eran un hecho aislado. Como escribo en el libro, detrás de cada torturador había un sistema que los preparaba y protegía. En la actualidad, dos veces al mes, hacemos asambleas en la calle, delante de Via Laietana, que era la gran comisaría de Barcelona: allí escuchas numerosos testimonios y, si no lo hubiera sabido ya antes -porque estuve en prisión con 200 ó 300 detenidas-, me habría dado cuenta ahora: las cosas se repiten. Y se repiten en todas partes, en todas las ciudades y en todos los lugares.

Ellos tenían una serie de protocolos, incluso por escrito. Los aprendían en campamentos de formación policial. Había toda una serie de prácticas que aplicaban, a veces con más violencia y otras con menos. A veces no sabías muy bien por qué. En nuestro caso, además, hacía tres semanas que [el 11 de enero de 1977] se había producido el atentado de la cafetería Rolando, delante de la DGS: murieron trece personas, entre ellas un policía. Aquello les había encendido muchísimo y puede que estuvieran especialmente rabiosos. Nosotros no teníamos nada que ver ni con aquello ni con ningún tipo de violencia armada, pero igualmente nos daban golpes. Recuerdo incluso que alguna vez, mientras nos pegaban, decían algo así como: “Este golpe es por lo que le hicieron a mi compañero”. Y ahí sí notabas claramente que estaban muy enfadados.

Las torturas no eran un hecho aislado. Detrás de cada torturador había un sistema que los preparaba y protegía

¿Era también el dibujo una manera de resistir a la deshumanización de la cárcel?

Siempre me ha gustado dibujar y me he ganado la vida con ello. Dibujar me hacía sentir bien y era una forma de sacar cosas que de otra manera me resultaba más difícil expresar. También era una forma de comunicación con mi compañero. Algunos dibujos no podía enviárselos, pero otros sí. Había dibujos muy conscientes, como los de la Dirección General de Seguridad, porque quería reflejar cosas que habían ocurrido allí. Uno de los primeros que hice nada más salir de prisión buscaba expresar cómo una persona puede sentirse completamente dominada por la violencia sin necesidad de dibujar directamente los golpes. Yo soy ilustradora de libros infantiles y me cuesta mucho expresar determinadas cosas relacionadas con el odio. Por eso intentaba buscar otras formas de transmitir aquella sensación. Dibujar me sirvió de válvula de escape.

Uno de los primeros dibujos que hice nada más salir de prisión buscaba expresar cómo una persona puede sentirse completamente dominada por la violencia sin necesidad de dibujar directamente los golpes. Yo soy ilustradora de libros infantiles y me cuesta mucho expresar determinadas cosas relacionadas con el odio

Otro de los dibujos que hice refleja una tortura que no tenía una explicación sencilla: la llamaban 'el pato' y era muy humillante porque te obligaban a agacharte con las manos atadas por debajo de las piernas mientras te daban patadas y golpes. Si llevabas tiempo militando, intentabas resistir para no acabar cayendo porque sabías que eso les encantaba. Una de las compañeras que la sufrió todavía no había cumplido los dieciocho años. También otra tortura sistemática era la de atarnos a un radiador y golpearnos repetidamente en la planta de los pies: ‘pim, pam, pim, pam’. El efecto de aquello lo intenté explicar después en el poema inicial del libro.

(Jo vaig tenir els peus negres / Yo tuve los pies negros

l’octubre de 1974, / en octubre de 1974,

negres, verats de verd i de morat. / negros, veteados de verde y de morado.

El dolor pujava pels turmells / El dolor subía por los tobillos

morint a mitja cama. / muriendo a media pierna.

A còpia de cops, / A fuerza de golpes,

l’ànima de ferro de la porra / el alma de hierro de la porra

va dibuixar una geografia / dibujó una geografía

de la tortura sobre la meva pell. / de la tortura sobre mi piel.

L’amor, les idees, la solidaritat / El amor, las ideas, la solidaridad

van embolcallar la meva por. / envolvieron mi miedo.

Protegint-me de la delació. / Protegiéndome de la delación.

Més tard, les negres ungles / Más tarde, las uñas negras

van caure una a una. / fueron cayendo una a una.

I, al mig dels peus, / Y, en medio de los pies,

m’hi van quedar uns estigmes / me quedaron unos estigmas

rodons, com monedes. / redondos, como monedas.

Jo vaig tenir els peus negres / Yo tuve los pies negros

a l’octubre de l’any 74, / en octubre del año 74,

però els cops, / pero los golpes,

com el mall contra el ferro, / como el mazo contra el hierro,

van forjar la meva força. / forjaron mi fuerza).

Relata en su libro el componente específicamente machista de la violencia y también cómo, pese a compartir espacio con otras presas políticas muy distintas entre sí, se creó una gran solidaridad en Yeserías. ¿Fue aquella red de apoyo lo que les permitió resistir?

La suerte fue poder contar con compañeras en las que podías apoyarte. Básicamente eran compañeras de mi partido, aunque estuvimos muy poco tiempo juntas porque las tres chicas que habían detenido conmigo quedaron en libertad al cabo de dos meses. Después, dentro de prisión, había tanta gente que ibas buscando afinidades. Yo estaba con mujeres de otros partidos y de otras organizaciones y con algunas establecimos relaciones muy buenas y muchísima solidaridad.

Era una cuestión de supervivencia, de autodefensa, de formar un grupo que pudiera sostenerse. Porque un lugar cerrado, ya sea una prisión, un convento o cualquier otro sitio acaba generando dinámicas muy particulares y tienes que saber distinguir muchas cosas y no dejarte arrastrar. Pero, si consigues construir amistad, compañerismo y alianzas con personas que más o menos piensan como tú, eso ayuda muchísimo, porque sentirse sola es muy duro. Yo tuve compañeras vascas y otra de Madrid y con ellas hice una relación especialmente fuerte. En general me llevé bien con casi todo el mundo.

Yo estaba con mujeres de otros partidos y de otras organizaciones, y con algunas establecimos relaciones muy buenas y muchísima solidaridad. Era una cuestión de supervivencia, de autodefensa, de formar un grupo que pudiera sostenerse

¿Se ha contado suficientemente la represión específica que sufrieron las mujeres durante el franquismo?

Yo creo que en los últimos años se ha ido abriendo mucho toda esta parte de la memoria, porque durante mucho tiempo todo lo relacionado con la posguerra estuvo muy oculto, tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres. Poco a poco eso se ha ido conociendo y muchas veces han sido ellas mismas quienes han acabado escribiendo, buscando testimonios de sus compañeras de entonces y haciendo trabajos muy interesantes. Muchas ya no están, pero sus hijos o sus nietos han continuado esa labor. Y después también han llegado mujeres de otras generaciones.

Creo que desde hace unos años hay mucho más conocimiento y muchas más ganas de dar este testimonio. Mi libro se inscribe precisamente en ese ejercicio de memoria colectiva que mucha gente estamos impulsando. Lo que pasa es que el protagonismo masculino siempre ha sido muy fuerte y durante mucho tiempo parecía que las mujeres solo habían tenido un papel de apoyo. Las mujeres democráticas eran las que cuidaban de los presos, por ejemplo, cuando en realidad también había mujeres presas. Las mujeres quedaron invisibilizadas, como si no hubieran luchado.

Hablaba antes del orgullo que sentían de no haber delatado a compañeros. ¿Cómo lo recuerda hoy?

Es algo que te sirve siempre en algún momento duro. Piensas: “A mí aquello no me hizo bajar la cabeza. La policía no consiguió doblegarme, así que tú tampoco lo vas a hacer”. No es que vayas contando tu vida constantemente, pero en el fondo estás diciéndole a esa persona: “A mí no”. Si no me hundió la policía, esta persona tampoco lo va a conseguir. Y eso te da fuerza. Por suerte son momentos muy concretos, pero alguna vez en la vida te encuentras con alguien y piensas: “Tú a mí no, ¿eh?”. No sé si es fortaleza o supervivencia. Supongo que es intentar extraer algo de lo que te ha pasado.

¿Qué siente al pensar que muchos torturadores murieron sin ser juzgados? ¿Qué sintió en el caso de Billy el Niño?

Lo de Antonio González Pacheco fue muy curioso y contradictorio. Tanto la Comuna como la asociación de expresos lo que queríamos era poder presentar querellas y llevar a esta gente a juicio. Entonces, cuando durante la pandemia murió Antonio González Pacheco, de entrada me alegré y pensé: “Mira, uno menos”. Pero casi inmediatamente algunos compañeros me dijeron: “Ya no podremos juzgarlo, se ha ido”. Y entonces me dio muchísima rabia.

Es un sentimiento contradictorio porque tampoco deseas la muerte de nadie, pero te das cuenta de que se van muriendo y desaparece la posibilidad de juzgarlos. Y eso está pasando con muchos protagonistas tanto de la política como de la policía franquista. Billy el Niño todavía murió relativamente joven, tendría 72 o 73 años. Lo mismo pasa con Martín Villa. Debía comparecer hace unos meses en Alicante y al final ha conseguido evitarlo. Habían logrado que una jueza lo citara a declarar [por la muerte en 1976 del antifranquista Teófilo del Valle a manos de la Policía Armada], pero parece que siempre consiguen mover piezas y esquivar ese momento.

Cuando durante la pandemia murió Antonio González Pacheco, de entrada me alegré y pensé: 'Mira, uno menos’. Pero casi inmediatamente algunos compañeros me dijeron: ‘Ya no podremos juzgarlo, se ha ido’. Es un sentimiento contradictorio, porque no deseas la muerte de nadie, pero te das cuenta de que se van muriendo y desaparece la posibilidad de juzgarlos

Durante décadas, la Ley de Amnistía ha sido presentada como uno de los pilares de la Transición. ¿Siente que el Estado español ha estado más cerca de proteger a los verdugos que de reparar a las víctimas?

Sí, está clarísimo. El otro día estuve en una universidad hablando con profesores de Derecho y ellos me lo explicaban mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo. Decían que los artículos de la Ley de Amnistía que blindaban a jueces, policías y militares se introdujeron casi al final, con muchísima presión de los propios aparatos franquistas. Y eso fue lo que la convirtió en una especie de ley de punto final, que además sigue vigente. Es verdad que gracias a esa ley salió mucha gente de prisión porque todavía quedaban bastantes presos políticos. Pero, al mismo tiempo, también sirvió para cubrir completamente las espaldas de quienes habían participado en la represión.

En países como Argentina esas leyes de punto final acabaron derogándose parcialmente y aquí también podrían modificarse esos artículos. No necesariamente toda la ley, porque hay partes que afectaron positivamente a mucha gente represaliada. Pero, según me explicaban estos profesores, lo que hace falta es voluntad política: que los legisladores cambien la ley. Entonces los jueces no tendrían más remedio que aplicar también esa modificación.

Gracias a la ley de amnistía salió mucha gente de prisión, porque todavía quedaban bastantes presos políticos. Pero al mismo tiempo también sirvió para cubrir completamente las espaldas de quienes habían participado en la represión

¿Por qué cree que España continúa siendo una anomalía en Europa en la investigación de los crímenes del franquismo? ¿Ha pesado más la voluntad de “pasar página” que la de depurar responsabilidades?

Porque todo estaba 'atado y bien atado'. Con la Transición, el franquismo no se rompió del todo. Hubo elecciones libres, sí, pero ¿quiénes fueron los primeros que ganaron aquellas elecciones? Eran franquistas. Era Adolfo Suárez. Aquella gente, ¿cómo iba a cambiar completamente algo que había defendido durante cuarenta años? No tenían ningún interés real en acabar con aquello. Tenían interés en maquillar un poco el régimen para Europa, para que sus negocios pudieran funcionar mejor, pero al final prevalecieron sus propios intereses. Además, les iba muy bien tener detrás a unos cuantos militares amenazando constantemente con un golpe. Desde la muerte de Franco hubo amenazas continuas y, especialmente entre 1979 y 1981, el ambiente estaba lleno de esa presión militar hasta que llegó el golpe del 23F. Había mucho miedo a que aquello pudiera volver atrás.

¿Qué siente cuando organismos internacionales cuestionan la compatibilidad de la Ley de Amnistía con los principios del derecho internacional sobre verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes de lesa humanidad?

Deberíamos conseguir que todo esto se revisara a fondo. Para mí, la mayor reparación sería precisamente esa: reconocer que luchábamos por cosas que hoy son completamente legales y que, además, forman parte de los derechos humanos, como el derecho de reunión o el derecho de manifestación. Luchábamos por eso, entre otras muchas cosas. Que hubiera un reconocimiento claro de que aquello por lo que fuimos condenados era completamente injusto y de que quienes participaron en esa represión -jueces, policías- fueron responsables de crímenes de lesa humanidad.

Aunque la mayoría ya hayan muerto, al menos debería quedar constancia pública de ello. Y los que siguen vivos no deberían continuar cobrando privilegios o sobresueldos vinculados a aquella represión. Porque la policía cobraba sobresueldos por nuestras detenciones y por nuestras torturas. Y esos complementos los han seguido cobrando durante años. ¿Cómo puede ser eso? Eso sí sería una manera de demostrar que realmente existe voluntad de asumir lo que ocurrió.

¿Le preocupa el revisionismo actual sobre la dictadura franquista y el auge de los discursos que la relativizan?

Sí, claro, especialmente entre la gente joven. También es verdad que he ido a algunos institutos y universidades y, de momento, no me he encontrado a nadie que defendiera abiertamente la dictadura. Yo siempre les digo: “Si pensáis otra cosa, podéis decirlo y lo hablamos”. Pero nadie me ha dicho a la cara que la dictadura fuera algo a añorar. El problema es que la democracia tiene muchos defectos, los políticos tienen muchos defectos y hay mucha corrupción. Y si la gente joven no conoce realmente lo que fue aquello, puede acabar pensando que era un mundo muy ordenado y muy sencillo.

La extrema derecha siempre presenta alternativas sencillas, una especie de nuevo paternalismo: “No pienses demasiado, no te muevas y no pasará nada”. Ese tipo de mensajes pueden hacer mucho daño y ya lo están haciendo. Además, las redes sociales han ayudado muchísimo a eso y detrás hay dinero y mecanismos muy potentes. Por eso nosotros tenemos que intentar explicar al máximo todo lo que sabemos, ofrecer alternativas nuevas y, además, decirles a los jóvenes que piensen. Si realmente piensan que aquello era mejor quiere decir que algo pasa, pero que hagan el esfuerzo de reflexionar antes de decirlo.

¿Qué le gustaría que entendiera alguien de 20 años al leer hoy su libro?

Cuando presento el libro siempre digo que me gustaría mucho ir a institutos. Ya me han salido algunas oportunidades de hacerlo y también he ido a un par de aulas universitarias. A mí me interesa hablar con la gente joven. No sé si los jóvenes de 20 años están leyendo el libro. Sé de alguna persona joven que sí lo ha leído, pero creo que la mayoría de lectores son personas que sienten que aquello también fue su momento, aunque no sufrieran directamente la represión: gente que ahora tiene entre 65 y 85 años y que vivió aquella época de una manera u otra. Me gustaría que los jóvenes lo leyeran y me dijeran qué piensan, pero, sobre todo, me gustaría que reflexionaran frente a esos discursos de odio y esos mensajes tan simples que circulan por las redes sociales y que acaban calando tanto.

Me gustaría que los jóvenes leyeran 'Memòria dibuixada' y me dijeran qué piensan, pero, sobre todo, me gustaría que reflexionaran frente a los discursos de odio y los mensajes tan simples que circulan por las redes sociales y que acaban calando tanto

¿Qué cree que España todavía no ha querido mirar de frente sobre la dictadura? ¿Existe todavía una cultura de protección hacia determinadas estructuras heredadas del franquismo?

Yo creo que, después de tantos años desde la Transición, mucha gente ni siquiera se lo pregunta. Hay algunas personas que sí nos lo preguntamos mucho, pero gran parte de la sociedad no ha querido cuestionarse realmente qué pasó. Si tú les dices: “¿Sabes que toda esta gente era la misma que la del Tribunal de Orden Público? ¿Que simplemente se le cambió el nombre y que eran los mismos jueces y los mismos fiscales?”, mucha gente no lo sabe o no ha querido verlo.

Pero son cosas que nosotros las tenemos muy claras: hubo toda una política destinada a eso, no fue algo que saliera solo. Y les fue bien. Fue una política de olvido impulsada desde arriba a la que contribuyeron los partidos políticos, la prensa… todo el mundo. Todo aquello tuvo mucha fuerza y, como además las cosas habían mejorado un poco, decidieron no mirar qué es lo que estaba ocurriendo, toda la represión que hubo en las calles a finales de los setenta y principios de los ochenta. Se instaló esa idea de: “Bueno, es que estamos en Europa”, “ya tenemos democracia, ya podemos votar”.

Mientras unos decían que había que “cerrar las heridas”, había familias buscando a sus muertos en las fosas sin que casi nadie hablara de ello...

De hecho, quienes comenzaron la lucha por la memoria democrática para que todo esto se conociera fueron las personas que tenían a sus padres o abuelos en las cunetas. Fueron ellos quienes comenzaron a presentar querellas, incluso en Argentina. No se creyeron ese discurso de que todo estaba ya superado. Las heridas eran tan profundas que los descendientes todavía las llevan encima y continúan queriendo cerrarlas de verdad.

Naciones Unidas ha vuelto a llamar la atención a España por el archivo de querellas relacionadas con crímenes de la dictadura. Así lo estipulan en una observación conjunta del pasado mes de febrero cuatro relatores de la ONU, que apuntan a que “mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos” del franquismo “estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

La comunicación fue dirigida al Gobierno español a raíz de una queja presentada por Irídia y CEAQUA en la que describen hasta 18 casos iniciados en los tribunales españoles tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática que se han topado con obstáculos para ser instruidos. Entre ellos está el asesinato de Teófilo del Valle en Elda en 1974, una querella que no se archivó y por la que en un inicio se acordó la imputación del exministro Rodolfo Martín Villa. Sin embargo, hace unos días la Audiencia de Alicante la ha tumbado esgrimiendo la Ley de Amnistía de 1977.

Los relatores recuerdan que los estándares internacionales “estipulan la imprescriptibilidad e imposibilidad de amnistiar” crímenes de lesa humanidad, por lo que hacerlo “estaría obstaculizando el acceso de las víctimas a un recurso efectivo”. “Si bien es importante asegurar que la justicia opere con respecto al principio de legalidad penal, el derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causales de extinción de la acción penal, tales como las amnistías” a este tipo de casos, añade.

La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática impulsó la creación de una fiscalía especializada que está interviniendo en algunos casos y en algunos de ellos se ha acabado tomando declaración a los denunciantes, algo que pasó por primera vez en septiembre de 2023, con las torturas denunciadas por Julio Pacheco. Sin embargo, posteriormente fue archivado. Además, el Tribunal Constitucional certificó un año después que la nueva legislación de memoria histórica no cambia el escenario y los crímenes seguirían sin juzgarse. Lo hizo aplicando los mismos criterios que antes de su aprobación y que ahora censura la ONU.

La observación reclama a España que transmita el comunicado a las autoridades judiciales “a fin de que puedan tener en cuenta los estándares internacionales” que deben aplicar. “Nos permitimos recordar que el derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación del Estado español, en todas sus esferas y niveles, de investigar y sancionar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos”, escriben añadiendo que “el incumplimiento de estas obligaciones” puede “comprometer la responsabilidad del Estado en su conjunto”.

El escrito ha sido firmado por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

No es la primera vez que Naciones Unidas concreta una advertencia de este tipo. Y así lo recuerdan en esta ocasión los relatores, que mencionan las anteriores veces en las que la ONU ha reprochado a España por la falta de diligencia con las víctimas del franquismo: en 2014, 2015, 2024 y 2025. La comunicación insta a España a proporcionar información detallada sobre las querellas y a “adoptar medidas” para asegurar que implican investigaciones “eficaces, independientes y exhaustivas”.

La respuesta de España

El Gobierno, por su parte, respondió a la ONU el pasado 13 de abril afirmando que los tribunales archivan o inadmiten estas causas “basándose en normativas penales internas” y la doctrina del Tribunal Constitucional sobre prescripción, Ley de Amnistía y el principio de irretroactividad de las normas penales. Ante ello, señala que algunos jueces están “argumentando” que el derecho a la tutela judicial “debe satisfacerse” no por la vía penal, sino por la civil, mediante expedientes de jurisdicción voluntaria.

En cuanto a los datos de querellas archivadas o activas, el Ejecutivo remarca que no cuenta con estas cifras porque la Estadística Judicial “no publica el desglose de datos sobre esta materia”. Lo que sí incluye en la respuesta es un recorrido por la actividad de la Fiscalía, según lo que esta misma ha publicado en su Memoria Anual, en la que destaca que en 2024 la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática inició diez expedientes de seguimiento por querellas de este tipo o intervino “activamente” presentando nueve recursos contra la inadmisión el archivo.

Además, se añaden las medidas adoptadas por el Ministerio Público para “promover las investigaciones”, entre ellas “la consolidación” de una red de 49 fiscales especialistas, la adopción de una postura de “combate procesal” contra los archivos “automáticos”, el impulso a la vía civil como “medida alternativa” o la apertura de “diligencias de investigación preprocesal cada vez” que se hallan restos humanos con signos de violencia en una fosa común.

En octubre de 1977, el Parlamento español daba luz verde a la Ley de Amnistía, celebrada entonces, tras casi cuatro décadas de dictadura, como uno de los hitos de la transición en el camino hacia la democracia. Aquella norma, que permitió la liberación de miles de presos políticos y el retorno de los exiliados, acabó blindando en la práctica la impunidad judicial de funcionarios, agentes del orden público y otros responsables de los crímenes cometidos por el aparato franquista. En aras a la “reconciliación” nacional, el texto amnistiaba no solo a las víctimas, sino también a los verdugos, una decisión que colisionaba con el compromiso asumido por España apenas unos meses antes: en abril de ese mismo año, el Estado había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a investigar y garantizar justicia ante las violaciones de los derechos humanos. España, sin embargo, decidió olvidar.

Sobre ello puso negro sobre blanco, en 2014, el relator de la ONU Pablo de Greiff. En un demoledor informe, puso de manifiesto la deuda estructural del país con las víctimas del franquismo, marcada por la ausencia de una política de Estado en materia de verdad, justicia y reparación. Recriminaba, asimismo, que algunos de los capítulos más oscuros de la contienda y el régimen franquista continuaban envueltos en silencio, como los trabajos forzosos de presos, las muertes en bombardeos y los niños robados. Reprochaba la “indiferencia” institucional que delegó en las familias y las asociaciones la exhumación de sus muertos. Y denunciaba las restrictivas interpretaciones que los tribunales habían realizado de la Ley de Amnistía. Pablo de Greiff lo dejó claro: una democracia no se fortalece evitando estos debates, sino afrontándolos, por muy “complejos e incómodos” que sean.

“El derecho a la Justicia ha sido denegado en España”, resume desde Mallorca Catalina Moragues, autora de uno de los quince estudios inéditos sobre memoria democrática que el Govern balear encargó durante la pasada legislatura y que el actual Ejecutivo del PP mantiene sin difundir -según su versión, porque uno de los trabajos está pendiente de ser “enmendado”-. La jurista, la primera autora de los quince estudios 'ocultados' que decide hablar con un medio de comunicación, concede, sin embargo, que el escenario comenzó a cambiar con la ley estatal de memoria democrática de 2022, que, por primera vez, incorpora de forma expresa los principios de verdad, justicia y reparación.

Figura clave para entender el antifranquismo y la lucha obrera en Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) fue elegida en las listas del Partido Comunista en las primeras elecciones municipales democráticas y formó parte del primer despacho laboralista de Balears, desde donde defendió los derechos de los trabajadores en plena Transición. Su trayectoria combina compromiso político, ejercicio del derecho -fue magistrada en la Audiencia Provincial de Palma- y activismo social, y ofrece un testimonio directo sobre la resistencia al franquismo, la construcción del sindicalismo y los retos actuales de la izquierda.

Entre libros e ingente documentación, Moragues recibe a elDiario.es en su vivienda, donde desgrana con precisión jurídica y memoria militante las grietas de un sistema que, a su juicio, continúa sin garantizar plenamente los derechos de las víctimas del franquismo. Moragues sitúa su análisis en el ámbito de la llamada justicia transicional -el marco desarrollado por Naciones Unidas para abordar violaciones masivas de derechos humanos en contextos de dictaduras o conflictos- y analiza hasta qué punto España ha respondido ante los crímenes del régimen franquista a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión es contundente: España no solo arrastra el legado de una represión que impuso una memoria oficial que “solo hablaba de los caídos por Dios y por España”, sino que mantiene un bloqueo estructural que impide investigar judicialmente estos crímenes, evidenciando una deuda democrática aún no resuelta.

Su diagnóstico se apoya en el análisis de la práctica judicial de las últimas décadas, durante las cuales tribunales y fiscalías han mantenido una interpretación uniforme que ha impedido aplicar plenamente los estándares internacionales de derechos humanos y abrir la vía penal a estas investigaciones, recurriendo de forma reiterada a dos argumentos: la prescripción de los delitos y la aplicación de la Ley de Amnistía. La jurista asevera que esta interpretación entra de lleno en conflicto con el derecho internacional, que considera imprescriptibles los crímenes contra la humanidad y define la desaparición forzada como un delito permanente mientras no se esclarezca el destino de la víctima. A pesar de que la propia Constitución, en su artículo 10.2, insta a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por España, esa cláusula apenas ha tenido efectos en la práctica judicial cuando se trata de investigar los crímenes del franquismo.

¿Qué aborda específicamente su informe?

El estudio analiza las obligaciones que tiene el Estado español, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, para dar respuesta a las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura franquista. Estas obligaciones se encuadran en lo que Naciones Unidas denomina justicia transicional, es decir, el conjunto de mecanismos que deben aplicarse en contextos de transición de un régimen autoritario a uno democrático.

Este marco se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Mi trabajo examina hasta qué punto estos principios se han aplicado en España y, más en concreto, en Balears, a raíz de las dos leyes autonómicas de fosas y memoria democrática, tanto desde el punto de vista legislativo como judicial. Y la conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España, es decir, no han sido investigadas judicialmente las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo pese a que existe una obligación internacional de hacerlo.

La conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España para las víctimas del franquismo

Los tribunales españoles han venido argumentando que esos delitos estarían prescritos o amparados por la Ley de Amnistía de 1977. ¿Es compatible esa interpretación con el derecho internacional?

No. El derecho internacional establece que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y que la desaparición forzada es un delito permanente, mientras no se esclarezca el destino de la víctima. Por tanto, no se puede cerrar la puerta a la investigación con esos argumentos. Además, hay una cuestión jurídica de fondo que considero especialmente relevante: España ratificó en abril de 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a través de su artículo 2 obliga a los Estados a garantizar recursos efectivos ante violaciones de derechos humanos, es decir, a investigar, perseguir y reparar. Sin embargo, apenas unos meses después, en octubre de 1977, se aprobó la Ley de Amnistía. En su artículo 2.f se incluían los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Es decir, la amnistía se extendía también a quienes habían vulnerado derechos humanos.

Desde mi punto de vista, esta inclusión plantea una contradicción clara con el propio Pacto Internacional. Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones, no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. Esa tensión entre el derecho internacional y la normativa interna ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos. Ya lo advirtió en 2014 relator de la ONU Pablo de Greiff: en España este tema se estaba tratando como una cuestión política, cuando debería estar por encima de cualquier interés partidista.

Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones [del franquismo], no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos

Javier Pérez Royo, jurista y catedrático de Derecho Constitucional, apunta que si los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no han sido perseguidos en la España democrática no es a causa de la Ley de Amnistía, sino por la interpretación que de la misma han hechos los jueces y magistrados del Poder Judicial en general, y del Tribunal Supremo y del Constitucional en particular. ¿Qué opina? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa interpretación por parte de los tribunales?

Estoy totalmente de acuerdo con él. Miles de denuncias presentadas por víctimas y asociaciones han sido inadmitidas o archivadas sin investigación. Hasta el punto de que puede decirse que la noticia es cuando alguna no se archiva. Esto no responde a decisiones puntuales, sino a una práctica consolidada en el sistema judicial. La consecuencia más importe, la desprotección de las víctimas, lo que supone revictimizarla.

Historiadores como Miguel Ángel del Arco, Paul Preston y Julián Casanova, y el propio informe de elaborado por Pablo Greiff, han analizado cómo el franquismo construyó un relato oficial de la guerra e incluso moldeó los libros de texto y la enseñanza para legitimar la dictadura, imponiendo una narración de vencedores y vencidos.

Efectivamente. Durante la dictadura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados “caídos por Dios y por España”- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años. Consecuentemente, las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador.

Durante la dictatura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados "caídos por Dios y por España"- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años, por lo que las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador

¿Hasta qué punto la Transición rompió con ese modelo de memoria impuesto por la dictadura?

En términos de justicia no se produjo una ruptura con ese modelo. El Estado no ofreció a los ciudadanos otro relato que no fuera el que existió durante el franquismo. No hubo investigaciones judiciales sobre los crímenes, ni se impulsaron mecanismos como una comisión de la verdad que permitiera esclarecer lo ocurrido de forma institucional. Tampoco se desarrolló una política pública orientada a garantizar el derecho a la verdad desde una perspectiva de derechos humanos.

La Ley de Amnistía tuvo como finalidad principal devolver las libertades a todos y todas aquellos que habían perdido la libertad en su lucha por la democracia. Pero también fue una ley, en cierto, de punto final, con unas consecuencias que todavía hoy perduran. En la práctica, lo que se consolidó fue un modelo basado en la no intervención judicial. Ese vacío inicial ha tenido efectos duraderos: ha condicionado la actuación de los tribunales, ha limitado las posibilidades de las víctimas y ha contribuido a que, décadas después, el acceso a la justicia siga siendo excepcional en lugar de la norma.

¿Se puede decir que hubo un pacto de silencio en relación con los crímenes del franquismo?

Totalmente. Hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado.

Los representantes designados por el pueblo en unas elecciones libres pasaron la esponja sobre la inmensa mayoría de los agravios y de las injusticias. Decían que la amnistía era un acto excepcional justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva. Hay que tener en cuenta que en ese momento había miles de personas encarceladas por motivos políticos, lo que explica en parte el consenso en torno a la amnistía. Pero esa decisión tuvo también consecuencias duraderas: supuso dejar sin respuesta judicial las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Durante la transición, hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado

Las consecuencias de aquel pacto de silencio siguen siendo muy visibles. A diferencia de otros países que atravesaron procesos similares, en España nunca se desarrollaron mecanismos como una comisión de la verdad, y eso ha condicionado completamente la respuesta judicial a las demandas de las víctimas. Lo paradójico es que los tribunales españoles han avalado la anulación de leyes de amnistía en países como Argentina o Chile, donde sí se han podido juzgar los crímenes de las dictaduras, mientras aquí se sigue utilizando la Ley de Amnistía como un muro para impedir investigaciones.

Es verdad que la Ley de Memoria Democrática de 2022 incorpora explícitamente los principios de verdad, justicia y reparación y obliga a interpretar las normas conforme al derecho internacional y también que la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto una cierta ventana de oportunidad. Pero, en la práctica, eso todavía no ha cambiado de forma sustancial la dinámica judicial previa ni la tendencia al archivo sistemático de las denuncias.

Desde la muerte del dictador hasta bien entrada la década de los noventa se continuaba hablando de una “memoria de reconciliación”. ¿Qué diferencia hay entre la “reconciliación” de la Transición y el concepto de reconciliación en el derecho internacional?

Es importante matizar qué significa realmente ese concepto, que desde luego no se corresponde con la idea de reconciliación que manejan hoy los organismos internacionales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o los relatores especiales. En el ámbito internacional, la reconciliación no puede construirse sin verdad, justicia y reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, en el caso español, la reconciliación se planteó sobre una lógica distinta, basada en el olvido y en la idea de que “todos fuimos culpables” o de que se trató de una guerra entre hermanos.

Ese enfoque, aunque pudo tener una función política en el contexto de la Transición, implicaba diluir una cuestión fundamental: la diferencia entre víctimas y verdugos. Y una reconciliación basada en el olvido difícilmente puede sostenerse desde el punto de vista de los derechos humanos, porque deja sin resolver cuestiones esenciales como el reconocimiento de las víctimas y la exigencia de responsabilidades. Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación.

Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación

La ley estatal de memoria democrática aprobada en 2007 fue presentada como el primer gran intento institucional de abordar el legado del franquismo, pero juristas, asociaciones memorialistas y organismos internacionales cuestionaron desde el inicio su alcance, principalmente por no declarar la nulidad jurídica de los juicios y sentencias dictados por los tribunales franquistas contra republicanos -algo que sí llegó con la ley de memoria de 2022- así como por el limitado papel que el Estado asumía en la búsqueda de las víctimas. ¿Qué carencias cree que arrastraba aquella norma?

En mi opinión era bastante incompleta, porque hacía descansar sobre las familias la apertura de fosas y la identificación de las víctimas, cuando esta labor, de acuerdo a todos los estándares internacionales, es una obligación del Estado. El propio relator de la ONU Pablo de Greiff criticó duramente este modelo y advirtió de que esa 'privatización' alimentaba la indiferencia institucional. No puede depender de la capacidad o los recursos de una familia recuperar a una víctima de desaparición forzada. Aun así, la ley empezó a desplegarse y generó un cierto impulso, sobre todo en las comunidades autónomas, donde ya existía un movimiento fuerte que pasó de hablar de memoria histórica a memoria democrática, porque estamos hablando de quienes lucharon por la libertad y eso es una columna fundamental de cualquier Estado democrático.

En mi informe explico cómo en Balears, por ejemplo, se creó en 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existían todavía leyes autonómicas ni una Conselleria específica, pero se impulsó como una política pública desde el Govern, adscrita a Asuntos Sociales, con un objetivo muy claro: localizar fosas, asesorar jurídicamente a las familias y acompañar a los municipios. En ese sentido fuimos bastante pioneros, aunque Catalunya ya llevaba algo de ventaja. La Fundación fue clave porque permitió firmar convenios con entidades como la Asociación Memòria de Mallorca y el Fòrum de Eivissa y Formentera, y gracias a ese trabajo previo se pudieron iniciar las primeras excavaciones.

De hecho, en 2014 se llevó a cabo la primera exhumación en Balears, antes incluso de que hubiera una ley. Eso aceleró la aprobación de la ley de fosas de 2016, que por primera vez implicaba que una comunidad autónoma asumiera oficialmente estas actuaciones. Es importante entender este recorrido porque muestra cómo, ante la inacción del Estado, fueron los territorios los que empezaron a construir políticas públicas de memoria.

El informe de la ONU también habla de la escasa atención a la represión específica sufrida por las mujeres. ¿Cree que sigue siendo una dimensión poco abordada?

Sí, aunque en la actualidad el panorama se está modificando en positivo: existen grupos de investigadoras y grupos de divulgación sobre la represión específica durante la guerra civil y el franquismo. Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

¿Fue el caso Baltasar Garzón un punto de inflexión en el tratamiento judicial de los crímenes del franquismo?

Claramente. Las asociaciones de memoria, entre ellas la Asociación Memòria de Mallorca, decidieron dar un paso adelante cuando vieron que la ley de memoria de 2007 no incluía la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos. Era una ley claramente incompleta. Por eso, en diciembre de 2006, muchas asociaciones de todo el Estado presentaron denuncias por desapariciones forzadas ante la Audiencia Nacional invocando el derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El caso recayó en el juzgado número 5, el de Baltasar Garzón.

Pero en enero de 2008, la Fiscalía, siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado, emitió un dictamen en contra de admitir esas denuncias. Aun así, Garzón dictó un auto en octubre de ese mismo año asumiendo la competencia para investigar los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad e intentando aplicar el derecho internacional. Esa decisión fue recurrida y, en diciembre de 2008, el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional decidió por mayoría que no era competente para investigar. Hubo votos discrepantes que advertían que esa decisión iba en contra de los criterios de la ONU. Y, poco después, Garzón fue perseguido penalmente por haber admitido a trámite estas denuncias. Para mí, eso fue un aviso clarísimo: a partir de ahí, ningún juez se ha atrevido a investigar estos crímenes. Se consolidó un cierre judicial que explica por qué hoy la inmensa mayoría de las denuncias siguen siendo archivadas sin investigación.

A eso se sumó que en 2011, con la llegada de Mariano Rajoy, se eliminó el presupuesto destinado a memoria y se cerró la Oficina de Víctimas que había creado la ley. Es decir, desaparece la estructura institucional y, en la práctica, desaparecen también las víctimas del ámbito público.

¿Se han producido avances reales en los últimos años en materia de memoria democrática?

Sí, tanto en Balears con la ley de memoria democrática de 2018 [recientemente derogada por PP y Vox] como a nivel estatal con la de 2022. En el archipiélago, con la norma se avanzó enormemente en las políticas públicas de memoria. La norma consolidó numerosas iniciativas que ya se habían empezado a impulsar años antes, como las exhumaciones, los mapas de fosas, el reconocimiento institucional de las víctimas o la retirada de símbolos franquistas, y permitió abordar la memoria democrática como una política pública estable y no como actuaciones aisladas.

A nivel estatal, la ley de memoria democrática de 2022 también representa un avance relevante porque incorpora expresamente los principios de verdad, justicia y reparación y establece la obligación de interpretar las normas conforme al derecho internacional. Sin embargo, ese avance normativo no se ha traducido todavía en una transformación sustancial de la respuesta judicial. La creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto también una cierta ventana de oportunidad, aunque de momento no ha alterado el bloqueo judicial de fondo. Seguimos lejos de una respuesta equiparable a la que se ha dado en otros países que sí han afrontado judicialmente los crímenes de sus dictaduras.

¿Cree que el debate sobre memoria democrática sigue siendo visto como una cuestión partidista?

Sí, y ese ha sido uno de los grandes problemas desde la Transición. Se ha tendido a presentar la memoria democrática como una cuestión ideológica o partidista, cuando en realidad estamos hablando de derechos humanos y de obligaciones del Estado. Eso es precisamente lo que criticó el relator de la ONU Pablo de Greiff: que determinados partidos políticos españoles siguieran tratando este tema como un problema político en lugar de abordarlo desde la verdad, la justicia y la reparación. La memoria democrática no consiste en reabrir heridas, sino en garantizar derechos y fortalecer la democracia. Derogar la ley de memoria democrática como ha ocurrido en Balears no es hacer política, ni siquiera mala política, es simplemente vulnerar los derechos humanos y revictimizar a las víctimas. La memoria democrática no es hacer política, es hacer justicia para las víctimas.

L'octubre de 1977, el Parlament espanyol donava llum verda a la Llei d'Amnistia, celebrada aleshores, després de gairebé quatre dècades de dictadura, com una de les fites de la Transició en el camí cap a la democràcia. Aquella norma, que va permetre l'alliberament de milers de presos polítics i el retorn dels exiliats, va acabar blindant, en la pràctica, la impunitat judicial de funcionaris, agents de l'ordre públic i altres responsables dels crims comesos per l'aparell franquista. En nom de la “reconciliació” nacional, el text amnistià no només les víctimes, sinó també els responsables de la repressió, una decisió que col·lidia amb el compromís assumit per Espanya tot just uns mesos abans: l'abril d'aquell mateix any, l'Estat havia ratificat el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que obliga a investigar i garantir justícia davant les violacions dels dreis humans. Espanya, però, va decidir oblidar.

Sobre això va posar negre sobre blanc, el 2014, el relator de l'ONU Pablo de Greiff. En un demolidor informe, va posar de manifest el deute estructural del país amb les víctimes del franquisme, marcat per l'absència d'una política d'Estat en matèria de veritat, justícia i reparació. Recriminava, així mateix, que alguns dels capítols més foscos de la contesa i del règim franquista continuaven envoltats de silenci, com els treballs forçats de presos, les morts en bombardeigs i els nens robats. Retreia la “indiferència” institucional que va delegar en les famílies i les associacions l'exhumació dels seus morts. I denunciava les restrictives interpretacions que els tribunals havien realitzat de la Llei d'Amnistia. Pablo de Greiff ho va deixar clar: una democràcia no s'enforteix evitant aquests debats, sinó afrontant-los, per molt “complexos i incòmodes” que siguin.

“El dret a la Justícia ha estat denegat a Espanya”, resumeix des de Mallorca Catalina Moragues, autora d'un dels quinze estudis inèdits sobre memòria democràtica que el Govern balear va encarregar durant la passada legislatura i que l'actual Executiu del PP manté sense difondre -segons la seva versió, perquè un dels treballs està pendent de ser “esmenat”-. La jurista, la primera autora dels quinze estudis 'ocultats' que decideix parlar amb un mitjà de comunicació, concedeix, però, que l'escenari va començar a canviar amb la llei estatal de memòria democràtica de 2022, que, per primera vegada, incorpora de forma expressa els principis de veritat, justícia i reparació.

Figura clau per entendre l'antifranquisme i la lluita obrera a Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) va ser elegida a les llistes del Partit Comunista a les primeres eleccions municipals democràtiques i va formar part del primer despatx laboralista de Balears, des d'on va defensar els drets dels treballadors en plena Transició. La seva trajectòria combina compromís polític, exercici del dret —va ser magistrada a l'Audiència Provincial de Palma— i activisme social, i ofereix un testimoni directe sobre la resistència al franquisme, la construcció del sindicalisme i els reptes actuals de l'esquerra.

Entre llibres i ingent documentació, Moragues rep elDiario.es al seu habitatge, on desgrana amb precisió jurídica i memòria militant les escletxes d'un sistema que, al seu parer, continua sense garantir plenament els drets de les víctimes del franquisme. Moragues situa la seva anàlisi en l'àmbit de l'anomenada justícia transicional —el marc desenvolupat per les Nacions Unides per abordar violacions massives de drets humans en contextos de dictadures o conflictes— i analitza fins a quin punt Espanya ha respost davant els crims del règim franquista a la llum del dret internacional dels drets humans. La conclusió és contundent: Espanya no només arrossega el llegat d'una repressió que va imposar una memòria oficial que “només parlava dels caiguts per Déu i per Espanya”, sinó que manté un bloqueig estructural que impedeix investigar judicialment aquests crims, evidenciant un deute democràtic encara no resolt.

El seu diagnòstic es basa en l'anàlisi de la pràctica judicial de les últimes dècades, durant les quals tribunals i fiscalies han mantingut una interpretació uniforme que ha impedit aplicar plenament els estàndards internacionals de drets humans i obrir la via penal a aquestes investigacions, recorrent de forma reiterada a dos arguments: la prescripció dels delictes i l'aplicació de la Llei d'Amnistia. La jurista sosté que aquesta interpretació entra de ple en conflicte amb el dret internacional, que considera imprescriptibles els crims contra la humanitat i defineix la desaparició forçada com un delicte permanent mentre no s'aclareixi el destí de la víctima. Malgrat que la pròpia Constitució, en el seu article 10.2, insta a interpretar els drets fonamentals conforme als tractats internacionals ratificats per Espanya, aquesta clàusula amb prou feines ha tingut efectes en la pràctica judicial quan es tracta d'investigar els crims del franquisme.

Què aborda específicament el seu informe?

L'estudi analitza les obligacions que té l'Estat espanyol, des del punt de vista del dret internacional dels drets humans, per donar resposta a les violacions massives, sistemàtiques i generalitzades que es van produir durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Aquestes obligacions s'emmarquen en el que les Nacions Unides denominen justícia transicional, és a dir, el conjunt de mecanismes que s'han d'aplicar en contextos de transició d'un règim autoritari a un de democràtic.

Aquest marc s'articula al voltant de quatre pilars fonamentals: veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. El meu treball examina fins a quin punt aquests principis s'han aplicat a Espanya i, més concretament, a les Balears, arran de les dues lleis autonòmiques de fosses i memòria democràtica, tant des del punt de vista legislatiu com judicial. I la conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya. És a dir, les violacions de drets humans comeses durant el franquisme no han estat investigades judicialment malgrat que existeix una obligació internacional de fer-ho.

La conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya per a les víctimes del franquisme

Els tribunals espanyols han argumentat que aquests delictes estarien prescrits o emparats per la Llei d'Amnistia de 1977. És compatible aquesta interpretació amb el dret internacional?

No. El dret internacional estableix que els crims contra la humanitat són imprescriptibles i que la desaparició forçada és un delicte permanent mentre no s'esclareixi el destí de la víctima. Per tant, no es pot tancar la porta a la investigació amb aquests arguments. A més, hi ha una qüestió jurídica de fons que considero especialment rellevant: Espanya va ratificar l'abril de 1977 el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que, a través del seu article 2, obliga els estats a garantir recursos efectius davant les violacions de drets humans, és a dir, a investigar, perseguir i reparar. No obstant això, tot just uns mesos després, l'octubre de 1977, es va aprovar la Llei d'Amnistia. En el seu article 2.f s'incloïen els delictes comesos per funcionaris i agents de l'ordre públic contra l'exercici dels drets de les persones. És a dir, l'amnistia s'estenia també a qui havia vulnerat drets humans.

Des del meu punt de vista, aquesta inclusió planteja una contradicció clara amb el mateix Pacte Internacional. Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions, no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. Aquesta tensió entre el dret internacional i la normativa interna ha estat assenyalada reiteradament per organismes internacionals, com el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions aplicant la Llei d'Amnistia en aquests casos. Ja ho va advertir el 2014 el relator de l'ONU Pablo de Greiff: a Espanya aquest tema s'estava tractant com una qüestió política, quan hauria d'estar per damunt de qualsevol interès partidista.

Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions [del franquisme], no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions en aplicar la Llei d'Amnistia en aquests casos

Javier Pérez Royo, jurista i catedràtic de Dret Constitucional, apunta que si els crims de guerra, de lesa humanitat, genocidi i tortura no han estat perseguits en l'Espanya democràtica no és a causa de la Llei d'Amnistia, sinó per la interpretació que de la mateixa han fet els jutges i magistrats del Poder Judicial en general, i del Tribunal Suprem i del Constitucional en particular. Què opina? Quins han estat les conseqüències d'aquesta interpretació per part dels tribunals?

Hi estic totalment d'acord. Milers de denúncies presentades per víctimes i associacions han estat inadmeses o arxivades sense investigació. Fins al punt que es pot dir que la notícia és quan alguna no s'arxiva. Això no respon a decisions puntuals, sinó a una pràctica consolidada dins el sistema judicial. La conseqüència més important és la desprotecció de les víctimes, cosa que suposa revictimitzar-les.

Historiadors com Miguel Ángel del Arco, Paul Preston i Julián Casanova, i el propi informe elaborat per Pablo Greiff, han analitzat com el franquisme va construir un relat oficial de la guerra i fins i tot va modelar els llibres de text i l'ensenyament per legitimar la dictadura, imposant una narració de vencedors i vençuts.

Efectivament. Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors —els anomenats “caídos por Dios y por España”— i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys. Conseqüentment, les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador.

Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors -els anomenats "caídos por Dios y por España"- i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys, per la qual cosa les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador

Fins a quin punt la Transició va trencar amb aquell model de memòria imposat per la dictadura?

En termes de justícia no es va produir una ruptura amb aquest model. L'Estat no va oferir als ciutadans un altre relat que no fos el que havia existit durant el franquisme. No hi va haver investigacions judicials sobre els crims, ni es van impulsar mecanismes com una comissió de la veritat que permetessin esclarir el que va passar de manera institucional. Tampoc es va desenvolupar una política pública orientada a garantir el dret a la veritat des d'una perspectiva de drets humans.

La Llei d'Amnistia va tenir com a finalitat principal retornar les llibertats a totes aquelles persones que havien perdut la llibertat en la seva lluita per la democràcia. Però també va ser, en certa manera, una llei de punt final, amb unes conseqüències que encara avui perduren. En la pràctica, el que es va consolidar va ser un model basat en la no-intervenció judicial. Aquest buit inicial ha tingut efectes duradors: ha condicionat l'actuació dels tribunals, ha limitat les possibilitats de les víctimes i ha contribuït que, dècades després, l'accés a la justícia continuï sent excepcional en lloc de la norma.

És es pot dir que hi va haver un pacte de silenci en relació amb els crims del franquisme?

Totalment. Hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte de la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrades durant la Guerra Civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat.

Els representants escollits pel poble en unes eleccions lliures van optar per passar pàgina davant la immensa majoria dels greuges i les injustícies. Deien que l'amnistia era un acte excepcional justificat per la raó d'Estat i per la necessitat de fer net i començar de zero. Cal tenir en compte que en aquell moment hi havia milers de persones empresonades per motius polítics, cosa que explica en part el consens al voltant de l'amnistia. Però aquesta decisió va tenir també conseqüències duradores: va suposar deixar sense resposta judicial les violacions de drets humans comeses durant la dictadura.

Durant la transició, hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte a la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrats durant la guerra civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat

Les conseqüències d'aquell pacte de silenci continuen sent molt visibles. A diferència d'altres països que van travessar processos similars, a Espanya mai no es van desenvolupar mecanismes com una comissió de la veritat, i això ha condicionat completament la resposta judicial a les demandes de les víctimes. El més paradoxal és que els tribunals espanyols han avalat l'anul·lació de lleis d'amnistia en països com l'Argentina o Xile, on sí que s'han pogut jutjar els crims de les dictadures, mentre aquí se segueix utilitzant la Llei d'Amnistia com un mur per impedir investigacions.

És veritat que la Llei de Memòria Democràtica de 2022 incorpora explícitament els principis de veritat, justícia i reparació i obliga a interpretar les normes conforme al dret internacional, i també que la creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert una certa finestra d'oportunitat. Però, en la pràctica, això encara no ha canviat de manera substancial la dinàmica judicial prèvia ni la tendència a l'arxivament sistemàtic de les denúncies.

Des de la mort del dictador fins ben entrada la dècada dels noranta es continuava parlant d'una “memòria de reconciliació”. Quina diferència hi ha entre la “reconciliació” de la Transició i el concepte de reconciliació en el dret internacional?

Cal matisar què significa realment aquest concepte, que sens dubte no es correspon amb la idea de reconciliació que fan servir avui els organismes internacionals de drets humans, com el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides o els relators especials. Àmbit internacional, la reconciliació no pot construir-se sense veritat, justícia i reconeixement de les víctimes. No obstant això, en el cas espanyol, la reconciliació es va plantejar sobre una lògica diferent, basada en l'oblit i en la idea que “tots vam ser culpables” o que es va tractar d'una guerra entre germans.

Aquest enfocament, tot i que va poder tenir una funció política en el context de la Transició, implicava diluir una qüestió fonamental: la diferència entre víctimes i botxins. I una reconciliació basada en l'oblit difícilment es pot sostenir des del punt de vista dels drets humans, perquè deixa sense resoldre qüestions essencials com el reconeixement de les víctimes i l'exigència de responsabilitats. Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació.

Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació

La llei estatal de memòria democràtica aprovada el 2007 va ser presentada com el primer gran intent institucional d'abordar el llegat del franquisme, però juristes, associacions memorialistes i organismes internacionals van qüestionar des de l'inici el seu abast, principalment per no declarar la nul·litat jurídica dels judicis i sentències dictats pels tribunals franquistes contra republicans -cosa que sí va arribar amb la llei de memòria del 2022- així com pel limitat paper que l'Estat assumia en la cerca de les víctimes. Üuines mancances creu que arrossegava aquella norma?

En la meva opinió era bastant incompleta, perquè feia descansar sobre les famílies l' obertura de fosses i la identificació de les víctimes, quan aquesta tasca, d'acord a tots els estàndards internacionals, és una obligació de l'Estat. El propi relator de l'ONU Pablo de Greiff va criticar durament aquest model i va advertir que aquesta 'privatització' alimentava la indiferència institucional. No pot dependre de la capacitat o els recursos d'una família recuperar una víctima de desaparició forçada. Aun així, la llei va començar a desplegar-se i va generar un cert impuls, sobretot a les comunitats autònomes, on ja existia un moviment fort que va passar de parlar de memòria històrica a memòria democràtica, perquè estem parlant dels qui van lluitar per la llibertat i això és una columna fonamental de qualsevol Estat democràtic.

En el meu informe explico com a Balears, per exemple, es va crear el 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existien encara lleis autonòmiques ni una Conselleria específica, però es va impulsar com una política pública des del Govern, adscrita a Afers Socials, amb un objectiu molt clar: localitzar fosses, assessorar jurídicament les famílies i acompanyar els municipis. En aquest sentit vam ser bastant pioners, encara que Catalunya ja portava avantatge. La Fundació va ser clau perquè va permetre signar convenis amb entitats com l'Associació Memòria de Mallorca i el Fòrum d'Eivissa i Formentera, i gràcies a aquesta feina prèvia es van poder iniciar les primeres excavacions.

De fet, el 2014 es va dur a terme la primera exhumació a Balears, abans fins i tot que hi hagués una llei. Això va accelerar l'aprovació de la llei de fosses de 2016, que per primera vegada implicava que una comunitat autònoma assumís oficialment aquestes actuacions. És important entendre aquest recorregut perquè mostra com, davant la inacció de l'Estat, van ser els territoris els que van començar a construir polítiques públiques de memòria.

L'informe de l'ONU també parla de l'escassa atenció a la repressió específica patida per les dones. Creu que continua sent una dimensió poc abordada?

Sí, encara que en l'actualitat el panorama s'està modificant en positiu: existeixen grups d'investigadores i grups de divulgació sobre la repressió específica durant la guerra civil i el franquisme. Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

El cas Baltasar Garzón va ser un punt d'inflexió en el tractament judicial dels crims del franquisme?

Clarament. Les associacions de memòria, entre elles l'Associació Memòria de Mallorca, van decidir fer una passa endavant quan van veure que la llei de memòria de 2007 no incloïa l'obligació d'investigar les violacions de drets humans. Era una llei clarament incompleta. Per això, el desembre de 2006, moltes associacions de tot l'Estat van presentar denúncies per desaparicions forçades davant l'Audiència Nacional invocant el dret internacional, com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. El cas va recaure en el jutjat número 5, el de Baltasar Garzón.

Però el gener de 2008, la Fiscalia, seguint instruccions del fiscal general de l'Estat, va emetre un dictamen contrari a l'admissió d'aquestes denúncies. Tot i això, Garzón va dictar una interlocutòria l'octubre d'aquell mateix any assumint la competència per investigar els crims del franquisme com a crims contra la humanitat i intentant aplicar el dret internacional. Aquella decisió va ser recorreguda i, el desembre de 2008, el ple de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va decidir per majoria que no era competent per investigar. Hi va haver vots discrepants que advertien que aquella decisió anava en contra dels criteris de l'ONU. I, poc després, Garzón va ser perseguit penalment per haver admès a tràmit aquestes denúncies. Per a mi, això va ser un avís claríssim: a partir d'aquí, cap jutge s'ha atrevit a investigar aquests crims. Es va consolidar un tancament judicial que explica per què avui la immensa majoria de les denúncies continuen essent arxivades sense investigació.

A això s'hi va afegir que el 2011, amb l'arribada de Mariano Rajoy, es va eliminar el pressupost destinat a memòria i es va tancar l'Oficina de Víctimes que havia creat la llei. És a dir, desapareix l'estructura institucional i, en la pràctica, desapareixen també les víctimes de l'espai públic.

S'han produït avenços reals en els últims anys en matèria de memòria democràtica?

Sí, tant a les Balears amb la llei de memòria democràtica de 2018 [recentment derogada per PP i Vox] com a nivell estatal amb la de 2022. A l'arxipèlag, amb aquesta norma es va avançar enormement en les polítiques públiques de memòria. La llei va consolidar nombroses iniciatives que ja s'havien començat a impulsar anys abans, com les exhumacions, els mapes de fosses, el reconeixement institucional de les víctimes o la retirada de símbols franquistes, i va permetre abordar la memòria democràtica com una política pública estable i no com actuacions aïllades.

A nivell estatal, la llei de memòria democràtica de 2022 també representa un avanç rellevant perquè incorpora expressament els principis de veritat, justícia i reparació i estableix l'obligació d'interpretar les normes conforme al dret internacional. No obstant això, aquest avanç normatiu encara no s'ha traduït en una transformació substancial de la resposta judicial. La creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert també una certa finestra d'oportunitat, encara que, de moment, no ha alterat el bloqueig judicial de fons. Seguim lluny d'una resposta equiparable a la que s'ha donat en altres països que sí han afrontat judicialment els crims de les seves dictadures.

Creu que el debat sobre memòria democràtica continua sent vist com una qüestió partidista?

Sí, i aquest ha estat un dels grans problemes des de la Transició. S'ha tendit a presentar la memòria democràtica com una qüestió ideològica o partidista, quan en realitat estem parlant de drets humans i d'obligacions de l'Estat. Això és precisament el que va criticar el relator de l'ONU Pablo de Greiff: que determinats partits polítics espanyols continuassin tractant aquest tema com un problema polític en lloc d'abordar-lo des de la veritat, la justícia i la reparació.

La memòria democràtica no consisteix a reobrir ferides, sinó a garantir drets i enfortir la democràcia. Derogar la llei de memòria democràtica, com ha passat a les Balears, no és fer política —ni tan sols mala política—, és simplement vulnerar els drets humans i revictimitzar les víctimes. La memòria democràtica no és fer política: és fer justícia per a les víctimes.

La profesora del área de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de Albacete (UCLM), Carmen Guillén, va a mantener el próximo martes, 12 de mayo, en Toledo una charla-coloquio sobre su libro 'Redimir y adoctrinar: El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985)'. Será en la sede del PSOE, en la calle Santa María la Blanca de la capital.

La charla está abierta a todos los públicos hasta completar aforo y estará conducida por el periodista Enrique Sánchez Lubián. La historiadora explicará su trabajo investigador para sacar del olvido a esta institución, creada en 1941 para “redimir a la mujer caída y cuidar a la que está en peligro de caer, esa que no viviese conforme a la doctrina del nacionalcatolicismo, que no fuera sumisa, decente, ni entendiese el matrimonio, la familia y el hogar como único horizonte vital”.

En una reciente entrevista mantenida con elDiario.es, Carmen Guillén, investigadora pionera en el ámbito universitario del Patronato de Protección a la Mujer, detallaba su trabajo y hablaba del libro en el que analiza una de las instituciones represoras del franquismo menos conocidas, la que encerró en centros de órdenes religiosas a adolescentes que no habían cometido ningún delito.

“Lo que busca la Agrupación Local del PSOE con estas sesiones es que podamos llegar, con el tiempo, a asumir una memoria e historia común en la que todos y todas podamos sentirnos representados”, indica, y lo enmarca en el trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Memoria Democrática de la Agrupación Local del PSOE.

La polémica por el acceso a los fondos sobre franquismo que custodia el Ministerio del Interior da un nuevo paso esta semana. 500 historiadores e investigadores de disciplinas afines han firmado una carta abierta que este miércoles por la mañana enviarán al titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, en la que manifiestan su “preocupación” por las “dificultades persistentes” en la consulta de la documentación que guarda el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI) y reclaman la “apertura” del mismo.

Entre estos obstáculos está el 'borrado' de nombres propios en expedientes y oficios, que es como en muchos casos manda el archivo la documentación a investigadores y familiares de víctimas del franquismo, como ha podido comprobar elDiario.es. Stella Maldonado, por ejemplo, recibió el pasado 1 de abril el expediente carcelario de su abuela Matilde, detenida en Madrid en 1939, con el nombre del oficial que firmó su salida de prisión para acudir al Consejo de Guerra que la condenó tapado por un borrón blanco, impidiendo su lectura. La práctica se repite en muchos otros casos y también afecta a proyectos de investigación.

La carta denuncia que este tipo de frenos “no suelen presentarse en otros archivos públicos” con los que trabajan los investigadores, que no tienen entre su modus operandi enviar documentos “con marcas actuales de censuras” como hace Interior, a pesar de no ser papeles que se encuentren “sometidos a restricciones de acceso”, señalan en la misiva. El AGMI tiene en su haber decenas de miles de cajas con millones de documentos del siglo XIX, la Segunda República o la dictadura de Franco, muchos de ellos relativos a algunos órganos clave de su aparato represivo.

A la ocultación de nombres se suman la entrega de los papeles “con grandes retrasos”, llegando incluso a los dos años de dilación a pesar de que la ley establece que las peticiones deben ser atendidas en un mes como máximo. Tampoco el AGMI pone a disposición los llamados instrumentos de consulta, que son catálogos que permiten saber qué hay y qué se puede pedir en cada archivo. “Sin ellos no podemos saber qué contiene cada caja. Todo aquello que en un archivo no está bien descrito, está en la práctica perdido”, señala Mario Lozano, investigador de la Universitat de Barcelona y uno de los impulsores de la iniciativa.

Condiciones “equiparables” a otros archivos

Entre las personas que suscriben la carta hay expertos y expertas de las 50 universidades públicas que hay en España, también de algunas privadas y de varias extranjeras como la Universidad de Nottingham (Reino Unido), la Universidad París 8, The Collegue of New Jersey, el King's College de Londres, la Universidad de Leeds o la de Lisboa, entre otras. A la misiva se ha adherido también la Asociación de Historia Contemporánea, la más importante del sector.

Los profesionales hacen a Grande-Marlaska varias peticiones para “contribuir a la mejora de la situación y facilitar el desarrollo ordinario de la investigación”. La primera es la transferencia de los fondos que posee el AGMI a los archivos históricos competentes “en cumplimiento de la normativa archivística vigente”. Y es que, según la propia instrucción del Ministerio, su archivo no debería custodiar este tipo de documentación al superar 30 años de antigüedad, sino que debería estar en posesión de otros como el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares, al que víctimas e investigadores acuden con regularidad sin sufrir restricciones.

Sin embargo, en los últimos 25 años, el AGA –dependiente del Ministerio de Cultura– únicamente ha recibido dos traslados de fondos –529 cajas en 2001 y 1.300 en 2011–. Hay una tercera transferencia de 6.111 cajas ya autorizada desde diciembre de 2024, pero aún no se ha producido. En todo caso, la misiva exige que, más allá de estos traslados puntuales, el Ministerio del Interior “identifique” la documentación histórica y “programe” su traslado escalonado. De momento, estas cajas no llegan a suponer ni el 10% del total de los fondos pendientes.

Mientras se produce esta transferencia, los investigadores reclaman que “se garantice” el acceso al AGMI “en condiciones equiparables” al resto de archivos de la red. No solo que dejen de taparse datos personales o se cumplan los plazos de entrega de fondos, también piden que se “simplifique” el procedimiento de solicitud o que se “normalice” la consulta presencial en el archivo, algo que no ocurre a día de hoy.

La importancia de los fondos que custodia el archivo hace que “numerosas investigaciones” deban pasar “necesariamente” por él, lo que genera “numerosas dificultades”. Los retrasos, por ejemplo, “generan perjuicios” tanto a la ciudadanía como a los profesionales, apunta Lozano, que cree que son especialmente “graves” en el caso de las víctimas del franquismo, para las que esperar uno o dos años a recibir los documentos “tiene mucha importancia” al ser muchas de ellas personas de avanzada edad. Además, los plazos “disuaden” a la hora de iniciar investigaciones porque las tesis doctorales “tienen un margen de entrega” de tres años y los proyectos financiados dos, ejemplifica.

La misiva alude a que las prácticas del AGMI “derivan de la aplicación restrictiva de una regulación interna desfasada” y reclaman que se renueve de forma “acorde a la actual normativa de transparencia y los estándares que rigen la archivística nacional e internacional”.

En general, el acceso a documentos que contengan datos personales debe ser libre una vez pasados 25 años del fallecimiento de la persona o 50 desde la fecha del documento, algo que afecta a los papeles del franquismo. Sin embargo, el Ministerio del Interior aplica una instrucción propia de 2006 en la que justifica borrar nombres “de carácter policial o procesal” sin importar su antigüedad. Una normativa que los investigadores solicitan a Marlaska “revisar y sustituir” por una legislación “actualizada”.

Los trabajos por recuperar la memoria de quienes sufrieron las represalias de la dictadura franquista siguen saliendo a la luz. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Cuenca suma ahora a sus 13 fancines memorialistas y dos libros, una nueva publicación: ‘Memorias de un exterminio planeado: Huete, Tarancón y Uclés’.

Este libro, que se presenta el próximo viernes, día 8 de mayo, en la Biblioteca Municipal de Luis Rius de Tarancón, nace del trabajo de casi 22 años de recopilación de material documental y de la colaboración de personas de muy diferentes latitudes.

La edición, ilustrada por Diana Abellán, dispone además, de unos códigos QR para ver y escuchar “a quienes sufrieron la victoria golpista contar su experiencia en primera persona”.

Según apunta la ARMH, a través de su pluma y de su voz, este libro recoge los testimonios de quienes pasaron por las prisiones y campos de concentración de la provincia de Cuenca.

Versos y relatos

“Los versos agrestes jornaleros o el relato de las celdas del nacionalcatolicismo victorioso recorren la sinuosa ruta de la memoria que busca sortear la senda del olvido”, apunta el colectivo. Todos ellos tienen el común los centros de detención de Caracenilla, Villarrubio, la Peraleja y Barajas de Melo, los del partido judicial de Huete y Tarancón, así como la Prisión Central Monasterio de Uclés.

En la asociación afirman no haber tocado “ni una coma” de estos relatos del “ensañamiento cotidiano” que sufrieron estas personas por parte de la dictadura franquista.  

Destacan que se trata de un tema muy complejo que “no resiste simplezas argumentales equidistantes”, planeadas también, que “buscan desde su creación por la propaganda fascista, velar los hechos históricos que estas memorias nos cuentan”. En el libro, por último, un anexo documental refuerza los testimonios donado.

L'Associació per la Revitalització de Centres Antics de Mallorca (ARCA) ha acudit als tribunals per impugnar la resolució del Govern central de declarar element contrari a la memòria democràtica el monument erigit al parc de sa Feixina, a Palma, en homenatge als “herois” del Crucero Baleares, un dels responsables del bombardeig dut a terme el 1937 contra la població que fugia de Màlaga a Almería en plena ofensiva feixista -episodi històricament conegut com 'la Desbandá'-. 

L’anunci es produeix tot just uns dies després que l’Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, aprovàs una moció destinada a recórrer la mateixa decisió, adoptada el passat mes de març per la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica. El departament al·lega que el monòlit s’ha d’entendre com un exemple del “culte als caiguts”, una de les principals eines que va emprar el franquisme per justificar la seva legitimació política i que va excloure de facto les víctimes del bàndol republicà.

El monument, la presència del qual fa anys que està en disputa política, social i judicial a la capital balear, va ser erigit en plena dictadura, el 1947, per homenatjar els prop de 800 combatents sublevats que van morir deu anys abans en l'enfonsament del vaixell durant la batalla del cap de Palos, el major combat naval de la Guerra d'Espanya. Un any abans, el Crucero Baleares va protagonitzar una de les majors massacres aprés el cop d'Estat de 1936: la duta a terme contra els milers de civils que el 7 de febrer de 1937 es van llançar a la carretera en direcció est per escapar de les tropes sublevades que, recolzades per les forces italianes i els regulars marroquins, avançaven des de l'oest. En la seva fugida, els civils van ser metrallats pels avions Heinkel de la Luftwaffe i bombardejats per tres vaixells que els canonejaven des del mar: l'Almirante Cervera, el Baleares i el Canarias. Els historiadors calculen que van morir més de 5.000.

Des d'ARCA rebutgen la interpretació del monument com un homenatge franquista i subratllen que “mai no va ser un monument a un ‘vaixell assassí’”, sinó que recorda “més de 800 homes que van morir ofegats o cremats després del seu bombardeig i enfonsament”.

L’entitat sosté, així mateix, que la decisió de l’Executiu central contradiu la Llei estatal de memòria democràtica en ignorar la resignificació que el 2010 es va dur a terme per unanimitat del ple de l’Ajuntament de Palma, que, emparant-se en la norma vigent, va acordar despullar l’estructura de la seva simbologia franquista, transformant el sentit del monument, segons ARCA, “en un símbol contra les guerres i les dictadures”.

El debat sobre el seu enderrocament, assenyala l’entitat, va ressorgir anys després, quan la coalició d’esquerres que governava el Consistori va impulsar la seva eliminació. “Va ser un fet gratuït i generador de polèmiques estèrils”, recrimina ARCA, que aleshores va iniciar un procés judicial per defensar el valor patrimonial del monument, considerat “un exemple únic d’art déco a Palma”. Des del col·lectiu conservacionista incideixen que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) va avalar la protecció del conjunt, mentre el Consell de Mallorca va acabar catalogant-lo com a monument.

Els conservacionistes recriminen, en aquesta línia, el que consideren una “instrumentalització política” continuada d’aquest element patrimonial i demanen que “tots els partits deixin d’utilitzar-lo en funció dels seus interessos”. “La Secretaria d’Estat està fent un ús capciós de la llei”, considera l’entitat, que també adverteix de possibles vulneracions constitucionals —en referència als articles 24 i 46— i de la Llei de Patrimoni Històric de les Balears, que obliga a conservar els béns catalogats en el seu entorn original.

“El patrimoni és un rastre que ens ajuda a explicar la història i a aprendre’n. Destruir-lo és un símptoma d’incivilització i barbàrie”, conclou l’associació, que insisteix que comparteix els principis de la llei de memòria però rebutja “falsejar el significat d’un monument i el seu valor”.

La resolució impugnada recorda que, ja des del moment en què s’estava desenvolupant el conflicte bèl·lic, els denominats “caiguts per Déu i per Espanya” van comptar amb monuments, misses i homenatges de diferents tipus com a part de l’estratègia legitimadora de la dictadura. “En ser glorificats, la seva mort es convertia en una mort necessària per a la salvació d’Espanya, quedant justificada la guerra (mitificada com a 'Cruzada') i la violència perpetrada contra l’enemic”, incideix.

D’aquesta manera, mentre el règim franquista va convertir l’enfonsament del Baleares en emblema d’heroisme i martiri nacional, utilitzant-lo com a eina de propaganda a tot el país, les víctimes de ‘la Desbandá’ van ser abocades a l’oblit.

La Asociación para la Revitalización de Centros Antiguos de Mallorca (ARCA) ha acudido a los tribunales para impugnar la resolución del Gobierno central de declarar elemento contrario a la memoria democrática el monumento erigido en el parque de sa Feixina, en Palma, en homenaje a los “héroes” del Crucero Baleares, uno de los responsables del bombardeo llevado a cabo en 1937 contra la población que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista -episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'-. 

El anuncio se produce apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, aprobase una moción dirigida a recurrir la misma decisión, adoptada el pasado mes de marzo por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El departamento alega que el monolito debe entenderse como un ejemplo del “culto a los caídos”, una de las principales herramientas que empleó el franquismo para justificar su legitimación política y que excluyó de facto a las víctimas del bando republicano.

En aras a blindar el monumento, los de Santiago Abascal también han presentado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar que se garantice la conservación del monolito al considerarlo “patrimonio de todos los españoles”.

El monumento, cuya presencia lleva años en disputa política, social y judicial en la capital balear, fue levantado en plena dictadura, en 1947, para homenajear a los cerca de 800 combatientes sublevados que murieron diez años antes en el hundimiento del buque durante la batalla del cabo de Palos, el mayor combate naval de la Guerra de España. Un año antes, el Crucero Baleares protagonizó una de las mayores masacres tras el golpe de Estado de 1936: la llevada a cabo contra los miles de civiles que el 7 de febrero de 1937 se arrojaron a la carretera en dirección este para escapar de las tropas sublevadas que, apoyadas por las fuerzas italianas y los regulares marroquíes, avanzaban desde el oeste. En su huida, los civiles fueron ametrallados por los aviones Heinkel de la Luftwaffe y bombardeados por tres buques que los cañoneaban desde el mar: el Almirante Cervera, el Baleares y el Canarias. Los historiadores calculan que fallecieron más de 5.000.

Desde ARCA rechazan la interpretación del monumento como un homenaje franquista y subraya que “nunca fue un monumento a un ‘barco asesino’”, sino que recuerda “a más de 800 hombres que murieron ahogados o quemados tras su bombardeo y hundimiento”.

La entidad sostiene, asimismo, que la decisión del Ejecutivo central contradice la Ley estatal de memoria democrática al ignorar la resignificación que en 2010 se llevó a cabo por unanimidad del pleno del Ayuntamiento de Palma, que, amparándose en la norma vigente, acordó despojar la estructura de su simbología franquista, tranformando el sentido del monumento, según ARCA, “en un símbolo contra las guerras y las dictaduras”.

El debate sobre su derribo, señala la entidad, resurgió años después, cuando la coalición de izquierdas que gobernaba el Consistorio que impulsó su eliminación. “Fue un hecho gratuito y generador de polémicas estériles”, recrimina ARCA, que entonces inició un proceso judicial para defender el valor patrimonial del monumento, considerado “un ejemplo único de art déco en Palma”. Desde el colectivo conservacionista inciden en que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) avaló la protección del conjunto, mientras el Consell de Mallorca acabó catalogándolo como monumento.

Los conservacionistas recriminan, en esta línea, lo que consideran una “instrumentalización política” continuada de este elemento patrimonial y piden que “todos los partidos dejen de utilizarlo en función de sus intereses”. “La Secretaría de Estado está haciendo un uso capcioso de la ley”, considera la entidad, que también advierte de posibles vulneraciones constitucionales -en referencia a los artículos 24 y 46- y de la Ley de Patrimonio Histórico de Baleares, que obliga a conservar los bienes catalogados en su entorno original.

“El patrimonio es un rastro que nos ayuda a explicar la historia y aprender de ella. Destruirlo es un síntoma de incivilización y barbarie”, concluye la asociación, que insiste en que comparte los principios de la ley de memoria pero rechaza “falsear el significado de un monumento y su valor”.

La resolución impugnada recuerda que, ya desde el momento en el que se estaba desarrollando el conflicto bélico, los denominados como “caídos por Dios y por España” contaron con monumentos, misas y homenajes de diferentes tipos como parte de la estrategia legitimadora de la dictadura. “Al ser glorificados, su muerte se convertía en una muerte necesaria por la salvación de España, quedando justificada la guerra (mitificada como Cruzada) y la violencia perpetrada contra el enemigo”, incide.

De este modo, mientras el régimen franquista convirtió el hundimiento del Baleares en emblema de heroísmo y martirio nacional, utilizándolo como herramienta de propaganda en todo el país, las víctimas de 'La Desbandá' fueron abocadas al olvido.

El último libro de Mikel Urretabizkaia (Ordizia, 1953) 'FRANCO-ETA, la extraña pareja' no es un libro de historia, aunque narra pasajes de la historia pasada y reciente de forma pedagógica para entender, entre otras cuestiones, que ETA nació para combatir al franquismo, aunque según reconoce el autor, el 95% de los asesinatos que cometió la banda terrorista se produjeron en democracia. “ETA nació en 1959, aunque sus orígenes se remontan a 1952 como EKIN, en plena dictadura de Franco, pero cometió su primer asesinato mucho después, el 7 de junio de 1968. Hasta la muerte del dictador en noviembre de 1975, provocó el 5% de todos los asesinatos de su macabro historial. Una vez acabada la dictadura, una vez iniciada la Transición, una vez instalada la democracia, se produjeron el 95% de los 853 asesinatos que se le atribuyen y 3 utilizó el terror contra los ciudadanos contrarios a sus postulados. En su propio informe, tras la disolución en 2018, ETA asumió 2.604 acciones armadas, con 758 víctimas mortales”, narra Urretabizkaia, quien abarca desde la utilización del terror hasta la teoría del embrutecimiento del enemigo para explicar dos fenómenos que no existirían el uno sin el otro.

¿Cómo surgió la idea de escribir sobre la relación entre Franco y ETA?

Mira, te voy a decir la verdad: por casualidades de la vida me ha tocado vivir muchas cosas de la Transición muy de cerca. Estudié en la Complutense en los últimos años de la Transición y allí se vivía todo de forma muy intensa. Mi mujer, Rosa, siempre me decía que por qué no le escribía algo a nuestro hijo, que ya tiene 26 años, porque su generación no tiene ni idea de quién era Franco ni de qué pasó realmente. Empecé a darle vueltas y decidí que esas experiencias no podían quedarse en “agua de borrajas”; había que contarlas para quien quiera enterarse. El libro tiene un aspecto pedagógico, yo no soy historiador y esto no es un libro de historia, lo que trato es de divulgar. Mi intención es puramente divulgativa y pedagógica. He intentado que sea una lectura fácil porque hoy en día, si no calas en la gente con algo que se entienda bien, no sirve de nada.

Escribe para su hijo, pero la dedicatoria es para su aitona, su abuelo, un hombre al que describe como “perdedor de la Guerra, ganador de la paz”. ¿Por qué?

Siempre me llamó la atención que él nunca me contó nada. Murió cuando yo era joven y se llevó su historia al silencio, como hizo toda esa generación por puro terror. Él era administrador de la alhóndiga y cuando llegaron los franquistas los echaron a todos a la calle. Mi madre me contaba que, cuando entraron las tropas, mi abuelo se llevó a sus hijas andando por el monte desde Ordizia hasta Albiztur por miedo a los moros de Franco [La Guardia Mora] porque había oído que estaban violando a las mujeres, aunque no llegaron al norte, pero el terror estaba en las cabezas de todos. Ese miedo les cerró la boca para siempre. Después le quitaron el trabajo y se tuvo que buscar la vida de otra manera. De ese tipo de perdedores ha habido una enormidad.

En el libro cuenta que “el franquismo sirvió de catalizador para que la rebeldía juvenil de aquel pequeño grupo inicial, diera el salto a una violencia que fue in crescendo”. ¿ETA nació como respuesta al franquismo?

Por supuesto, y me indigna que hoy haya incluso trabajos universitarios que intenten negarlo. Yo mismo no entré en ETA por un pelo, porque me fui a estudiar a Madrid a la Complutense. En aquella época la represión era constante, a mí me ha llegado a perseguir un guardia civil subfusil en mano por una manifestación. ETA nace contra Franco, otra cosa es que tenga objetivos de todo tipo como el socialismo revolucionario o la independencia y la deriva de terror ciego que tomaron después, que no tuvo ningún sentido, pero nace contra la represión franquista. Tuvieron que dejarlo en el año 2011 sin cumplir ninguno de sus objetivos.

Hubo dirigentes de ETA que nacieron fuera de Euskadi, pero a su vez el español es el enemigo

La mayoría de los asesinatos de ETA, usted habla en el libro de un 95%, se produjeron en la Transición, después de la muerte de Franco. ¿Cómo se explica?

Me he hecho esa reflexión mil veces y no tengo explicación. En el libro que escribí sobre un etarra arrepentido, Lo difícil es perdonarse a uno mismo, una biografía de Iñaki Rekarte se lo pregunté directamente y ni ellos mismos tienen una razón clara más allá de que eran jóvenes y estaban un poco locos. Cuando surge las razones son que hay un pueblo que lucha contra una dictadura insoportable, es la lucha contra el tirano, pero a partir del año 77, con la democracia y el Estatuto de Autonomía, ya no había ninguna razón para seguir con la lucha armada. No consiguieron nada.

Narra que en la República existió la “teoría del embrutecimiento” de los republicanos, a los que los franquistas consideraban como seres casi infrahumanos. Es algo que vemos en todas las guerras, como puede ser también en Gaza y cómo la población palestina es considerada por parte de Israel.

Claro, se considera que se tiene derecho a acabar con el enemigo, porque para ellos no son humanos, son animales. Crean la teoría del enemigo único, en el caso de la República para los franquistas el enemigo eran los rojos. Y para ellos los rojos eran anti-España y todos eran iguales, cuando la realidad es que dentro de los rojos estaba el PNV, que era un partido conservador y católico a ultranza. En el libro hablo de un psiquiatra que estaba convencido de que había un “gen rojo” que portaban las presas comunistas y socialistas a las que consideraba que debían regenerar y eliminar de sus adentros ese gen.

¿Esa teoría del embrutecimiento y del enemigo único pudo ocurrir también con ETA en la Transición? ¿Puede justificar eso que siguieran matando después de Franco?

Es algo parecido, en el sentido de que estas cosas se producen normalmente en la juventud, en la intensidad. Cuando inicia ETA es contra la dictadura y cuando llega la Transición pues contra los españoles, pero en su conjunto, el español es el malo. Si te pones a pensar en ETA hasta en el socialismo revolucionario, que era una base de la banda, aceptaron a los españoles. Había incluso dirigentes de ETA que nacieron fuera de Euskadi, pero a su vez el español es el enemigo y se engloba a todos en esa frase.

Tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid cada cierto rato sacando el comodín de ETA para sus intereses políticos y eso es algo que cala en la sociedad

Una frase del libro dice “la serpiente, que se había enroscado subrepticiamente al régimen dictatorial, desaparecía definitivamente tras dejar un rastro trágico que subsistirá en generaciones posteriores”. ¿Ese rastro está desapareciendo con la desmemoria de las nuevas generaciones?

Sí, yo creo que sí. Recientemente, han salido estudios sobre la cantidad de gente joven que dice que Franco hizo cosas buenas y claro que las hizo, pero fueron 40 años de dictadura. Con ETA ocurre lo mismo, lo que pasa es que está más presente porque todavía se celebran juicios contra miembros de ETA. Esto con Franco o los franquistas no pasa porque hubo una Ley de Amnistía y se acabó.

En el libro también toca episodios como el de lo relacionado con la frase “Que te vote Txapote” y escribe sobre la actualidad política. ¿Considera que por parte de partidos como PP o VOX hay una frivolidad o un uso propagandístico de las víctimas de ETA?

Está claro. Eso es Steve Bannon, es Donald Trump. Es marcar claramente el mensaje que tú quieres. No es una broma. En el caso del “Que te vote Txapote” Rubén Múgica, hijo de Fernando Múgica asesinado por Txapote, pide que no se use políticamente la muerte de su padre. Está claro que ahí hay una decisión porque el propio José María Aznar en su momento planteó una negociación con ETA porque decía que era mejor que hicieran una lucha parlamentaria en lugar de que usaran las armas. Dijo que estaban dispuestos a que si dejaban las armas hicieran una lucha parlamentaria. Ahora resulta que lo hacen y se lía. Después Aznar pasó de decir una cosa a decir otra, igual que Isabel Díaz Ayuso, que utiliza esos elementos para hacer el mal, pero no para hacer el mal a EH Bildu o a Sortu, sino para hacer el mal a todo el grupo que puso en el poder a Pedro Sánchez. Todo es ETA, ese es el titular, aunque dentro de EH Bildu haya grupos diferentes y esté por ejemplo Oskar Matute, quien en el Congreso preguntó dónde estaban los del PP cuando mataron a Miguel Ángel Blanco y dijo que él estaba en una vigilia en su apoyo. Se trata de que la verdad no arruine el titular.

En una de sus últimas columnas en este periódico escribía que “hoy resultaría injusto que a un afiliado al PP se le llamara franquista solo por ser del PP. Lo mismo que a un afiliado de Eusko Alkartasuna o de Alternatiba, miembros de EH Bildu, se le llamara etarra”.

Sí, eso también lo digo en el libro. Yo no voy a estar todo el rato diciendo que el Partido Popular es franquista en esencia. ¿De dónde viene? De Alianza Popular, un partido que crearon los siete magníficos que eran franquistas. Pero no solamente eso. Crearon unas asociaciones políticas con base en una legalidad que era franquista, creada en la época de Franco, pero no voy a estar todo el día diciendo que son franquistas. Vamos a construir país, construir futuro y una sociedad progresista y adecuada en la que se pueda vivir. Del mismo modo, ellos deberían aceptar y seguir adelante. Pero tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid cada cierto rato sacando el comodín de ETA para sus intereses políticos y eso es algo que cala en la sociedad y en los jóvenes. No estoy hablando de no condenar a ETA, porque fue horrible lo que hizo, pero en el caso de ETA tenemos el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, tenemos monumentos, libros, pero en el caso del franquismo eso no se ha hecho.

Un informe de la ponencia técnica del área de patrimonio cultural del Gobierno de Canarias se ha opuesto a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del conocido como monumento a Franco, en Santa Cruz de Tenerife.

Según ha podido confirmar EFE, todos los miembros de esta ponencia, menos uno que se ha abstenido, se han opuesto a la declaración de BIC de este monumento y su informe deberá ser tratado ahora por el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias.

La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, ha celebrado el “varapalo” técnico de la iniciativa y ha expresado su “profunda satisfacción” ante el “contundente rechazo” de la ponencia técnica del área encargada del Ejecutivo regional a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la escultura de Juan de Ávalos. 

Tras esta decisión, insta al Cabildo de Tenerife y a las autoridades competentes a que, tras este pronunciamiento, se proceda de manera “inmediata” a la retirada del símbolo del espacio público.

En este sentido recuerdan que han solicitado una reunión con la presidenta de la Corporación insular, Rosa Dávila (CC) desde principios de febrero, sin que hasta ahora hayan obtenido ninguna respuesta, y esperan que. con este nuevo paso, “se pueda recuperar y normalizar el tiempo perdido.

“Nos alegra enormemente este resultado. Es un paso necesario para acabar con un símbolo que choca frontalmente contra los valores democráticos y que constituye un agravio para las víctimas”, celebra Pérez Schwartz.

Desde la Asociación se ha defendido “firmemente” que esta obra, concebida como “una apología de la paz franquista”, es en realidad “un elemento de exaltación de la dictadura”, asevera.

Dos informes en contra de declararlo BIC y dos que obvian que ensalza la dictadura

La estatua de Juan de Ávalos cuenta con dos informes desfavorables a declararlo BIC y otros dos que ensalzan su valor artístico, sin tener en cuenta que es una exaltación de la dictadura franquista. 

Estos dos informes desfavorables son los de la Universidad de La Laguna, que insiste en que “no hay valores artísticos excepcionales” en esta obra y alude a su contexto histórico.

Por otro lado, destaca también “el relieve que el autor adquirió en una dimensión político-social debido a su vinculación con una parte importante de la producción simbólica de la dictadura franquista, en su sentido monumental, de la iglesia católica y de la élite político-económica del régimen. Conviene recordar aquí que la obra escultórica de Ávalos más reconocible estará vinculada a encargos monumentales cuya función era, antes de nada, celebrar y propagar una visión ideológica del sistema político vigente durante la dictadura”, subraya.

Otro de los informes que se pronuncia desfavorablemente es el de Museos de Tenerife, que alude a diferentes publicaciones en prensa, como una del año 1966 de La Vanguardia de 17 donde se afirma que “todo el contenido histórico está admirablemente reflejado por el hábil y artístico cincel del escultor en este monumento: Franco, el capitán intrépido, símbolo de dirección y jefatura; su espada en forma de cruz, porque Cruzada en defensa de los altos valores de la patria era lo que iba a emprender; el avión que les sacó de Canarias simbolizado por un arcángel, porque sus alas mecánicas fueron aquel día providenciales; finalmente esa catarata de agua, recordatorio de los héroes que en marcha incontenida se pusieron a las órdenes del capitán valeroso”. ç

En cuanto a los informes favorables de proteger la estatua que eluden la dictadura son los de la Real Academia de Extremadura de las letras y las artes, que hace alusión a que la obra “forma parte de la destacada producción monumental que el escultor llevó a cabo tanto para España como para diferentes países iberoamericanos” y añade que “la obra dispone de elementos que procuraron una notable fama al escultor de este tipo de obras” y menciona “la búsqueda de la espectacularidad y el colosalismo”. 

Y por otro lado, el informe de la Real Academia de Bellas Artes San Miguel de Arcángel, que solamente se centra en que “fue uno de los escultores más relevantes, entre los que trabajaron la figuración en aquellos años” y expone su currículum y su producción. Además, advierte de que “la escultura puede considerarse un buen ejemplo para explicar aspectos formales propios de la composición tridimensional”. 

Bajo tierra no se escuchan los gritos. O sí. Excavar para volver a escuchar esas voces que nunca callaron es lo que hace Bajo tu piel, una creación teatral dirigida y guionizada por Raúl San Julián. Cuatro fusilados por el franquismo, con nombres y apellidos reales, se encuentran en una fosa. Ahí se preguntan si hay alguien que les espera, si hay alguien que volverá a por ellos. Pasaron 80 años para que sucediera. Tres de ellos fueron exhumados en julio de 2023.

Todo el proceso quedó recogido en una cinta documental que pronto verá la luz, cuando se inserte la grabación de la obra en la película. En el medio, tan solo una bombilla que marca el pasar y pesar de los días, de los meses y de los años. Los bisnietos, nietos y familiares de todos ellos podrán escuchar el eco de las voces de sus antepasados durante los tres días que se representará la obra

Aunque esta historia comenzó el 7 de agosto de 1939, cuando las balas de un pelotón de fusilamiento segaron una vez terminada la guerra civil las vidas de José Sahuquillo, José Tendero, Dídimo Martínez y Antonio Belaña en Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), su producción audiovisual no tomó forma hasta hace algunos años. “Todo parte de un relato que escribí hace una década con tintes de realismo mágico y que un viejo amigo me propuso producir”, comenta el también dramaturgo, documentalista e historiador.

Este especialista en desapariciones en Latinoamérica volvió a su viejo profesor de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Fuentes. Le dijo que en apenas unos días empezaría la búsqueda de cuatro cuerpos en el mencionado pueblo de Albacete. Era la primavera de 2022, se comenzaba a fraguar el rastreo de los desaparecidos y San Julián ya sabía que los cuatro personajes de su relato serían rebautizados con el nombre de los cuatro desaparecidos.

El esmero de un grupo de amigos y gente cercana hizo posible lo que parecía inalcanzable. El equipo del cineasta logró el material indispensable para grabar la búsqueda de los cuerpos de la mano de los arqueólogos y sus familias. La hazaña tuvo lugar en julio de 2023. “Estaba planificada para hacerla en tres días. Lo primero que encontramos fue una fosa vaciada. Un vecino nonagenario dijo que los cuerpos estarían unos metros más allá, y ahí que estaban. Los encontramos dos días después”, completa San Julián.

Los huesos de José Sahuquillo, José Tendero y Dídimo Martínez aparecieron debajo de los restos de tres bebés no bautizados. Las cámaras de Esperanza Films —nombre de la productora— grabaron todo el proceso, también las lágrimas, incluso sonrisas, que se derramaban por el rostro de los familiares al conocer el hallazgo. En total, 60 horas de grabación en las que se llegó a ver una imagen almodovariana: “Mientras los arqueólogos trabajaban en la exhumación, las señoras estaban sentadas como en un corro manchego, hablando de sus cosas, vestida cada una de un color”, describe el director.

La ficción de una realidad cruda

En marzo de 2024 se cerró la herida, al menos para estas tres familias. Un entierro con orquesta republicana y puños en alto puso el punto y final a una larga lucha contra el olvido. Los seres queridos de Antonio Beleña todavía sobreviven al día a día sin saber dónde reposa su cuerpo. Sin embargo, para el equipo de San Julián se abría otro proceso: hacer realidad lo planteado al principio, llevar a escena y producir su relato original, titulado 80 años. 

Reconvertida en Bajo tu piel, que llega a las tablas por primera vez acogida por el Teatro del Barrio, en Lavapiés (Madrid), la historia nos obliga a mirar hacia abajo, desenterrar el pasado. “Si alguno puede soñar, que sueñe. Ese mundo que todos hemos perseguido, ese mundo aún no ha llegado”, tal y como dice uno de los personajes durante la función. A lo largo de la trama, varios momentos levantan la esperanza de los enterrados, muertos sin saberlo, al escuchar pasos, lloros y movimiento sobre sus cabezas. Abajo, cigarrillos y un libro se convierten en el mayor pasatiempo. El agua filtrada por las rocas y la arena, su alimento. 

Como si de un mantra se tratara, un pequeño diálogo se repite entre los cuatro: “Eso es lo que quieren, que nos volvamos locos y nos matemos entre nosotros”, comienza. “Eso que se ahorran”, responden. “Munición segura”, terminan. Mientras tanto, la bombilla siempre se enciende después de apagarse, hasta que unos 60 minutos después de su primer fogonazo, la luz decae. “Son meses que parecen años. La vida entera”, dicen.

Décadas de silencio

María Dolores Tendero Ramírez es la nieta de José Tendero Martínez, labrador y último alcalde de Madrigueras (Albacete) antes de estallar la guerra en julio de 1936. La voz de esta ordenanza de instituto se quiebra al hablar del silencio que vertebró la no conversación fraguada en torno a lo sucedido: “Mi padre, Andrés Tendero Carretero, jamás habló de esto, nunca. Mis hermanos a lo mejor sabían algo porque eran mayores, y mi madre a veces decía algo, pero mi padre nunca. Él sentía un dolor tan grande por mi abuelo que no quería transmitirlo”.

José Tendero militaba en Sol Naciente, un sindicato adscrito a la UGT. Primero como concejal por el grupo socialista en los primeros años de la década de 1920, en 1936 volvió a la corporación municipal. Más tarde, una enfermedad le obligó a dimitir como regidor, y permaneció como edil hasta el final de la contienda. Quedaba poco para su final. Según la sentencia, la detención tuvo lugar el 4 de abril de 1939, aunque la denuncia llegó cinco días más tarde. “Es un caso muy raro, pero los condenaron rápidamente. El 25 de abril ya estaban sentenciados a muerte por un tribunal de La Roda”, añade María Dolores a sus 61 años.

Nunca se les olvidará. El 7 de agosto de 1939 los mataron en Chinchilla de Monte-Aragón, donde aparecieron sus restos hace unos tres años. “Lo que más me pesa es que hayan pasado tantos años. Yo estoy muy orgullosa de mi abuelo. Mi padre siempre decía que era muy buena persona”, dice la nieta de José Tendero.

La misma fecha persigue desde que lo supo a María del Pilar Orozco Sahuquillo, bisnieta de José Sahuquillo, teniente de alcalde de Madriguera, labrador y bodeguero. Siempre que ella, llevada por una curiosidad que nació a edad temprana, preguntaba a su abuelo, Andrés Sahuquillo, por lo sucedido, recibía la misma respuesta: “Que te calles”. Como tantos otros miles, el delito de José Sahuquillo fue mantenerse leal a la legalidad republicana, lo que años después sería castigado como un delito de auxilio a la rebelión. 

Este militante socialista, cuñado de José Tendero, llegó a ser alcalde de Madrigueras durante un tiempo. De hecho, la familia todavía conserva el bastón de mando. “No sabemos por qué, porque aquí nadie ha hablado en mucho tiempo, pero él terminó como alcalde”, destaca la bisnieta. Por otro lado, María del Pilar critica la “desconsideración” que el PSOE albaceteño ha mostrado por la exhumación de uno de sus militantes asesinados por los franquistas. 

“Yo no sabía por qué tenía tanto interés en conocer más a este hombre de mi familia, pero que nunca conocí. Me dijeron que había heredado el dolor, algo que normalmente nos ocurre a las mujeres. El día que abrieron la fosa y supe que ahí estaba mi bisabuelo, ese día se me quitó ese dolor”, relata la misma María del Pilar. Era como si siempre hubiera estado esperándoles, añade. “Encontrarles y poderles enterrar significa haber hecho justicia, por fin, tras tantos años de silencio e invisibilidad”, admite.

Un médium contra el dolor enquistado

En ‘Bajo tu piel’, el actor Aníbal Soto da vida a José Sahuquillo. Al igual que sus compañeros de elenco Iván Villanueva, Javier Lera y Antonio Chamizo, su cuerpo intenta convertirse en una suerte de médium mediante el que comunicarse con el público, con los vivos. “Sabemos que bajo estos nombres encarnamos a muchísimas personas que aún necesitan justicia. Siguen siendo seres humanos que, aunque fallecidos, representan una vida que continúa en el recuerdo de las personas que les esperan”, comenta.

Soto resume la obra como una forma de habitar la duda de si alguien volverá a por esos cuerpos inertes, asesinados, que también se entrelaza con la de sus familiares: “La voz de los que estamos ahí dentro es la de sus allegados pidiendo que por favor nos saquen”, concede el actor. Él mismo finaliza: “Solo queremos que este dolor enquistado en muchísimas familias, transformado en traumas, en formas de ver el mundo, en un maltrato para buena parte de la población, que de una vez por todas esta deuda quede satisfecha”.

En las últimas horas, te hemos contado las trabas que está poniendo el Ayuntamiento de Villoslada de Cameros a la Asocación para la Recuperación de la Memoria Histórica para la exhumación de una fosa común en la que se encuentran los restos de cinco trabajadores republicanos asesinados el 10 de agosto de 1936.

Izquierda Unida, además de denunciarlas, reclama al Gobierno de La Rioja que intervenga “de forma inmediata y haga cumplir la Ley 5/2022, de 25 de abril, para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja, que obliga a las administraciones públicas a facilitar y no obstaculizar las labores de localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo”. El diputado Carlos Ollero ha aseverado que “el Gobierno de La Rioja tiene la obligación legal de intervenir. La Ley de Memoria obliga a las administraciones a facilitar estas exhumaciones. Su cumplimiento no es opcional. Exigiremos en el Parlamento que el Ejecutivo riojano requiera al Ayuntamiento de Villoslada que retire de inmediato estos obstáculos”.

“La actuación del consistorio es inaceptable”

La asociación solicitó el pasado 27 de marzo el correspondiente permiso municipal para intervenir en un espacio de apenas cuatro metros cuadrados de terreno en el cementerio local, y la respuesta ha sido la exigencia de un proyecto de obra equiparable al requerido para la construcción de un panteón.

Para el diputado de IU en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero, la actuación del consistorio es inaceptable: “Exigir una memoria descriptiva, planos, fotografías y visado técnico para abrir cuatro metros cuadrados de tierra no es burocracia, es una forma deliberada de impedir que las familias entierren a sus muertos. Aplicar la normativa urbanística a una exhumación de víctimas del franquismo es deshumanizar tanto a los asesinados como a quienes los buscan”.

“Las cinco víctimas eran trabajadores de los pantanos de Ortigosa-González Lacasa, asesinados en agosto de 1936, cuyos restos llevan casi noventa años en esa fosa sin recibir sepultura digna. Sus familias tienen el derecho, amparado por la ley, de recuperarlos. Ninguna norma urbanística puede estar por encima de ese derecho”, ha declarado Ollero.