El futuro incierto de Cuelgamuros: la memoria histórica queda en el aire ante el revisionismo de PP y Vox

El futuro de la memoria histórica vuelve a depender de las urnas. El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez deja en suspenso las políticas que el Gobierno mantiene en pleno desarrollo, entre las que hay una de enorme calado: la transformación del Valle de Cuelgamuros. Convertir en un lugar de memoria democrática el mausoleo construido por Franco para conmemorar su victoria en la Guerra Civil es un proyecto a largo plazo con actuaciones ya en marcha y otras pendientes. Y su culminación dependerá de quién ocupe la Moncloa tras los comicios del 29 de noviembre.

La resignificación del entonces llamado Valle de los Caídos arrancó con la exhumación de Franco en 2019 y la Ley de Memoria Democrática apuntó en 2022 hacia el siguiente paso: el de la intervención del monumento, convertido en la mayor fosa común de España con más de 33.000 víctimas enterradas en sus criptas. A día de hoy ni siquiera un panel explica el origen y el significado del mausoleo, construido con mano de obra republicana. Para remediarlo, a finales del año pasado, y tras pactar con la Iglesia y renunciar a la expulsión de los benedictinos de la basílica, fue elegido el proyecto ganador en un concurso internacional organizado por el Ministerio de Vivienda.

Medio siglo después de la muerte del dictador, hay sobre la mesa un plan que, aunque ha decepcionado a los expertos, propone construir una nueva entrada al monumento e instalar un centro de interpretación. El objetivo es provocar un ingreso “horizontal y democrático” frente al “eje ascendente autoritario” coronado por la enorme cruz. El Gobierno ha presupuestado 31 millones de euros y ya en su momento se previó que las obras comenzaran a principios de 2027 con una duración estimada de cuatro años.

Fueran cuando fueran, las elecciones generales iban a pillar Cuelgamuros en medio de los trabajos o a punto de iniciarse. Pero ahora ese momento se adelanta y sobre el proceso planea la incógnita de qué quedará de él si el próximo Gobierno está en manos de un PP que ha prometido derogar la Ley de Memoria y de un Vox que expande el revisionismo histórico. Su alianza ya ha dejado su huella en las comunidades donde han pactado gobiernos. En ellas están sustituyendo la memoria histórica por leyes de “concordia” que eluden el golpe de Estado de 1936, equiparan el franquismo y la República y, en algunos casos, incluyen el terrorismo de ETA.

La derecha lleva años tildando cualquier política sobre memoria histórica como “ideológica y sectaria” y ambos partidos votaron en contra de la Ley de Memoria. El revisionismo histórico está en auge, enarbolado por líderes de Vox que han llegado a celebrar en el Congreso que los jóvenes “estén descubriendo” que el franquismo “no fue una etapa oscura, sino de reconstrucción, progreso y reconciliación” o que felicitan el Día de la Victoria al estilo franquista. La última vez que el PP ocupó la Moncloa, con Mariano Rajoy, no derogó la ley, pero sí la congeló y dejó su presupuesto a cero.

“No me cabe en la cabeza que si vienen otros gobiernos lo paralicen”, ha dicho este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, en una charla con Ignacio Escolar durante unas jornadas sobre la Guerra Civil. “¿Se hubiese paralizado que los jóvenes vayan a Mauthausen y vean que aquello era un campo de exterminio?”, se ha preguntado, y ha añadido que ahora están en proceso de sacar a licitación las obras, pero que en ningún caso se podrán acometer antes de las elecciones.

Las exhumaciones de víctimas

A mes y medio de las elecciones, el Gobierno está esperando a que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (PP), donde se enclava Cuelgamuros, otorgue la licencia de obras para iniciar los trabajos. Según fuentes del Ejecutivo, la fecha límite se cumple este noviembre, en pleno ciclo electoral. Paralelamente, está elaborando el proyecto de ejecución y el pasado verano, el Ministerio de Vivienda comenzó la fase previa en terreno, unas labores que la Justicia paralizó momentáneamente tras estimar un recurso de una de las asociaciones antimemorialistas más activas.

Antes, el propio consistorio ya había emitido una resolución para suspender los sondeos. Desde la exhumación de Franco, el Ayuntamiento se ha erigido como uno de los actores que han estado lejos de facilitar cualquier cambio en Cuelgamuros llegando incluso a apoyar una moción de Vox para reclamar que fuera declarado BIC. El asedio contra cada intento de transformarlo ha sido una constante desde el inicio, en forma de recursos, decisiones y bloqueos judiciales promovidos por la ultraderecha mientras el partido de Santiago Abascal defiende sobre el Valle su mito tardofranquista por excelencia: que es un monumento a la “reconciliación”.

En este contexto cabe preguntarse qué pasará también con las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura allí enterradas, muchas republicanas que fueron allí trasladadas por Franco desde 1959 sin conocimiento de sus familias. Tras años de dilación institucional, los trabajos comenzaron en 2023 y todavía continúan marcados por las maniobras judiciales que los han ralentizado y enmarañado. 216 familias han solicitado la recuperación de los cuerpos de sus antepasados y, de momento, se han entregado los restos de 25 después de analizar 602 cuerpos. Entre las víctimas recuperadas hay también miembros del bando franquista.

Las próximas elecciones van a pillar también abierto el proceso de extinción de la Fundación Francisco Franco. El pasado abril el Ministerio de Cultura puso fin al procedimiento administrativo tras constatar que hace apología de la dictadura y humilla a sus víctimas. Y envió el expediente al juez, que es quien debe ahora tomar una decisión. Un posible cambio de Gobierno puede influir en lo que pase a partir de entonces: si no se acuerda la ilegalización, es poco probable que PP y Vox opten por recurrir la decisión.

El departamento dirigido por Ernest Urtasun está también inmerso en la reclamación de los casi 30.000 documentos que atesora el archivo de la fundación y hace menos de un año inició el trámite para extinguir otras cuatro fundaciones: José Antonio Primo de Rivera, Pro Infancia Queipo de Llano, Serrano Suñer y Blas Piñar. Un proceso que se presume largo contando con que, en el caso de la de Francisco Franco, el Gobierno tardó casi dos años en remitir el expediente a la Justicia.

Otra incógnita es qué ocurrirá con el catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática. El Gobierno ya ha abierto expediente contra más de una decena de monumentos que ordena retirar, entre ellos, el Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife o la Cruz de los Caídos de Cáceres. Algunos como la inscripción de Primo de Rivera en la catedral de Murcia ya han sido eliminados, pero otros están aún dentro de plazo o incluso lo han superado, como el monumento a los rumanos caídos de Majadahonda (Madrid). En estos casos, la ley prevé la posibilidad de que el Gobierno lo retire subsidiariamente.

Pendientes están aún los informes de la Comisión de la Verdad sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura o la auditoría de bienes expoliados, una medida con la que el Ejecutivo va tres años tarde. El Banco estatal de ADN de víctimas, otro de los mandatos de la ley, ha sido una de las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros extraordinario de este martes, en el que el Gobierno ha acelerado varias cuestiones para intentar llegar antes de los comicios.

Paralelamente, continúan las exhumaciones de republicanos represaliados por todo el territorio: desde 2019, se han rescatado más de 8.000 cuerpos, pero aún se calculan que quedan unos 11.000 aún recuperables. Está por ver qué ocurrirá con ellos tras el 29N.