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El 29-N: salgamos a votar en conciencia para aplastar al neofranquismo PP-Vox

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Lo que se decide el 29 de noviembre no es una contienda electoral ordinaria entre opciones homologables dentro del consenso constitucional. Es una cita en la que está en juego la calidad misma de la democracia española y la posibilidad de que se consolide, sin contrapesos, una deriva autoritaria de matriz neofranquista. Quienes siguen interpretando el presente con las categorías tranquilas del turnismo bipartidista se resisten a ver una ofensiva coordinada en la que aparatos ideológicos, judiciales y represivos actúan en la misma dirección contra las mayorías trabajadoras. La política, en su sentido más material, es hoy una disputa de correlación de fuerzas: se dirime en las urnas, se ventila en los juzgados y se expresa también en la calle. Cuando la cúpula judicial altera las condiciones del sufragio, cuando la violencia neonazi aparece con conexiones institucionales, cuando la derecha blanquea al fascismo y cuando el aparato policial muestra zonas de opacidad y abuso, la pregunta deja de admitir matices: o se impone la soberanía de las mayorías trabajadoras y populares —la clase obrera y los sectores subalternos, dotados de conciencia de clase y capaces de disputar la dirección política e ideológica de la sociedad— o se consuma la conversión del Estado en un aparato de dominación al servicio de la reacción neofranquista, que vacía de contenido la democracia formal y clausura desde dentro el espacio de la participación popular. 

Resulta difícil comprender el repliegue defensivo de Pedro Sánchez en el cara a cara televisivo del 19 de noviembre con Alberto Núñez Feijóo sin atender a la presión material de ese contexto. El presidente compareció bajo el asedio de una maquinaria que combina sumarios prospectivos y persecución judicial contra su entorno familiar, una intensa producción mediática de falsedades y la existencia acreditada de estructuras violentas operativas. La punta del iceberg se llama Núcleo Nacional: un grupo neonazi, nacido en noviembre de 2023 al calor de las protestas contra la ley de amnistía. Se registró como partido bajo las siglas Noviembre Nacional como blindaje jurídico para eludir su ilegalización por delitos de odio —así lo defendían sus dirigentes: «es nuestro blindaje legal»— y a principios de noviembre de 2026 fue golpeado por una operación de la Policía Nacional que detuvo a catorce de sus miembros por delitos de odio, asociación ilícita y tenencia de armas. La jueza instructora ha decretado el cese total de su actividad y el cierre de sus sedes, e, incomprensiblemente, están en libertad aún a pesar de proyectar un “alzamiento armado” según le atribuye la autoridad judicial.

En el sumario, bajo secreto de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, constan arsenales de armas largas, vínculos con redes neonazis de media Europa, formación paramilitar recibida en Ucrania por estructuras nazis del ejército ucraniano (batallón AZOV) y llamamientos al magnicidio contra el jefe del Ejecutivo español. Su portavoz se planteó grabar un vídeo pidiendo volarle la cabeza a Pedro Sánchez y llegó a lamentar que el presidente fuera a dimitir porque no podría replicar planes americanos, en alusión explícita al asalto al Capitolio. La caja de resonancia de esa organización no se detiene en las fronteras del Estado: integra una alianza europea que agrupa a una quincena de entidades neonazis de Rumanía, Francia, Hungría, Alemania, Croacia o Grecia, y captaba militantes a través del grupo ultra asturiano White Boys, organizador de “cacerías” contra inmigrantes y fabricante de cócteles molotov. La dirección federal del PSOE no ha necesitado adjetivos para calificarlo: no es una simple provocación, es una amenaza real. Por eso se ha personado como acusación particular en la causa, convencida de que detrás de la apariencia formal de asociación cultural y deportiva se esconde una estructura jerarquizada para el alzamiento armado.

Lejos de ser una provocación folclórica, esa violencia opera como brazo de choque de una estrategia de intimidación que encuentra cobertura y normalización política en la derecha y la ultraderecha. El termómetro más reciente se registró el miércoles 18 de noviembre en el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, donde PSOE y Más Madrid presentaron una moción de urgencia para reprobar políticamente al concejal no adscrito Pedro Jesús Espada, situado por la investigación policial entre los fundadores y la primera cúpula de la trama de Núcleo Nacional. El edil compareció en el salón de plenos con la indumentaria de la organización, defendió reiteradamente su apoyo y proclamó que su municipio es «punta de lanza y referente de esta lucha municipalista». Su reacción a la reprobación fue un desafío inquietante: «Pero cómo voy a ser violento si en doce años no os he tocado ni un pelo», seguido de un «cuidado, ¿eh? Cuidado», dirigido a quien pedía silencio. PP y Vox se abstuvieron, permitiendo que la reprobación saliera adelante sin asumir el coste político de su voto, y se negaron a desautorizar públicamente a un miembro de la primera cúpula de una organización que captaba y adoctrinaba a jóvenes —incluidos menores— para la violencia contra colectivos vulnerables. Ese silencio no es prudencia jurídica: es una concesión calculada. El blanqueamiento no se limita a un pleno municipal: forma parte de un proyecto derechista que aspira a rehabilitar simbología e impunidad franquista mientras propugna la derogación de la Ley de Memoria Democrática, se liquidan conquistas civiles como la ley de eutanasia, organismos de igualdad, derechos de las mujeres y se somete la política migratoria a una lógica de deshumanización y de criminalización.

En esta división del trabajo reaccionario, el Tribunal Supremo cumple una función decisiva: puede aportar por adelantado el relato jurídico del pucherazo y sembrar dudas sobre la limpieza del proceso antes de que se abran los colegios electorales. El viernes 20 de noviembre, a nueve días de la votación, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ordenó a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral garantizar que ninguna de las 163.355 personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática —la ley de nietos, incorporadas al Anexo I de la Orden de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública— figure como electora en el censo, salvo las 901 que presentaron certificación consular acreditando descendencia de exiliados. La suspensión alcanza ahora, y esta es la novedad lesiva, incluso a quienes residen en España e integran el Censo de Electores Residentes, no solo al censo de residentes ausentes. El INE había reducido la cifra inicial a unos 113.000 electores reales tras detectar menores, duplicados y personas ya inscritas en el CERA (censo de españoles ausentes residentes en el extranjero), y la Sala mantiene abierto el debate sobre los mecanismos de identificación en torno a la aplicación MiDNI, con un plazo de alegaciones cerrado apenas tres días antes de la votación. Todo ello a instancias de Vox y de la entidad ultraderechista Iustitia Europa, cuya impugnación ha prosperado donde sus codemandantes no llegan con las urnas. El mecanismo tiene la apariencia de reproducir el manual de deslegitimación preventiva ensayado por Donald Trump en Estados Unidos y por Jair Bolsonaro en Brasil: cuestionar de antemano el censo y los instrumentos de acreditación para levantar una coartada jurídica y política que sirva de cobertura a una impugnación institucional si el resultado no satisface al bloque oligárquico. Es un golpe blando en curso que allana el terreno para un eventual golpe técnico o una asonada política en caso de derrota de la reacción: el mismo órgano que suspende electores por decenas de miles es el que custodia las garantías del proceso, de modo que la sospecha que hoy se siembra sobre el censo queda apuntalada por quien debería desmentirla.

Por eso adquiere dimensión trascendental el llamamiento lanzado en el último minuto del debate por el propio Sánchez: «El que pueda votar, que vote». No fue una consigna retórica de cierre, sino el reconocimiento implícito de que el ejercicio del sufragio se encuentra bajo asedio preventivo y de que la contención institucional frente a los poderes fácticos ha tocado fondo. La historia reciente enseña con crudeza que cada concesión ante el acoso de las élites y sus aparatos no apacigua a la reacción, sino que la envalentona y la legitima para exigir la rendición incondicional: la dimisión televisiva de Adolfo Suárez en enero de 1981 precedió al 23-F. La dirección política que vacila en señalar el carácter de clase y la naturaleza neofranquista del enemigo que asedia la democracia española termina dejando desarmado al propio pueblo que dice representar.

Ese contexto de involución política tiene además un correlato represivo que golpea con especial dureza a quienes ya se han puesto en pie. La huelga general del 11 de noviembre, la primera en catorce años, convocada por los sindicatos de inquilinas y respaldada por CCOO, UGT y el conjunto del movimiento obrero contra la crisis de vivienda y los alquileres disparados, congregó a multitudinarias manifestaciones en la calle y, a la vez, produjo un balance preocupante de actuaciones policiales en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, València, Málaga, Granada y Santiago. Amnistía Internacional España ha documentado golpes de porra a personas que protestaban pacíficamente y a periodistas, uso indiscriminado de spray de pimienta contra la multitud y numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios, algunas trasladadas a hospital. El secretariado general de CCOO, Unai Sordo, ha anunciado denuncia penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes y piquetes informativos; parlamentarios de izquierdas como Ernesto Alba e Inma Manzano han mostrado parte médico tras ser agredidos en piquetes de Málaga y Granada por agentes que, según su denuncia, no llevaban identificación. Alba lo resumió con una frase que merece ser fijada: «La derecha lleva días cuestionando el derecho a la huelga. Y parece que la Policía, también». El aparato policial no es neutral ni infalible: arrastra zonas de opacidad y abusos graves fuera de control contra la clase trabajadora movilizada, el antifascismo y el sindicalismo de clase.

Sin embargo, ningún tribunal supremo, ningún conglomerado mediático, ningún aparato represivo ni ninguna banda neonazi puede sustituir la irrupción consciente de las mayorías populares cuando deciden tomar en sus manos el curso de su propia historia. Ante el intento de cercenar el sufragio, sembrar la sospecha sobre las urnas e intimidar a la sociedad mediante el miedo y la porra, la respuesta no puede ser la resignación ni la abstención desmovilizadora, sino la participación masiva en las urnas, la movilización en la calle y la vigilancia cívica activa. El bloque reaccionario ha calculado que el desaliento es su mejor aliado: una izquierda que confunde la abstención con la pureza y el distanciamiento con la lucidez le está haciendo el juego, porque el vacío que deja la movilización lo ocupa siempre el orden que trae la derecha. Cada papeleta depositada este 29 de noviembre por quienes sí pueden ejercer su derecho al voto debe convertirse en un dique de contención contra el golpe blando y en un mandato claro en defensa de los derechos democráticos y de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática afectados por la suspensión. Votar no es delegar: es disputar, en el terreno que hoy existe, la correlación de fuerzas que después habrá que sostener y profundizar en la calle, en el sindicato y en el barrio, porque las conquistas que no se defienden con organización no se defienden de verdad.

La jornada del 29 de noviembre será, además, el día más largo de la democracia española desde la denominada Transición. El bloque reaccionario ya ha ensayado el relato del pucherazo y del voto sospechoso por correo. Es un deber cívico y democrático desmentirlo y refutarlo con la masiva participación ciudadana e intervención, control y vigilancia en el proceso electoral de quienes están llamados a que llegue a buen fin, en paz.

Salgamos a votar este 29-N para frenar en seco al bloque reaccionario, cerrar el paso al neofranquismo y demostrar que la soberanía reside en el pueblo, donde el pilar fundamental es la clase trabajadora organizada, nunca en las cloacas ni en los despachos donde se conspira contra la democracia. Votemos el 29-N para impedir que la pinza golpista reprima la participación ciudadana, imponga la censura cultural, liquide las conquistas sociales, los derechos de las mujeres, la igualdad de los seres humanos, la libertad, el pluralismo político y el sindicalismo de clase. Ninguna derrota está escrita mientras quede un voto por depositar y una plaza por llenar; ninguna democracia vale ese nombre si no es, a la vez, reitero, el poder organizado de las mayorías trabajadoras sobre los aparatos que hoy conspiran contra ella. El que pueda votar, que vote; el que pueda movilizarse, que se movilice. El 29-N no se gana explicando el mundo, se gana deteniendo el golpe: con la urna y con la calle, con la mayor asistencia posible y vigilancia popular para erradicar al fascismo. Por eso, con la urna y con la calle: el que pueda votar, que vote.

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