La dirección actual de Podemos Andalucía, que comanda la diputada en el Congreso por Córdoba Martina Velarde, ha presentado este lunes en Sevilla su candidatura para elegir a la nueva ejecutiva, que se resolverá el próximo 14 de diciembre en un congreso, previo paso por unas primarias. La elegida es Raquel Martínez (Almería, 47 años), que ocupa la secretaría de Organización de Podemos Andalucía y representa, en consecuencia, cierta continuidad a la dirección actual.

Velarde da un paso al lado después de cuatro años “duros”, ha dicho, para ceder el testigo a su número dos y poder centrarse en el trabajo institucional en el Congreso (Podemos cuenta con cuatro diputados en el grupo mixto tras abandonar la coalición Sumar de Yolanda Díaz).

En la lista de Martínez está la propia Velarde y dos de los tres diputados morados en el Parlamento andaluz (dentro de la coalición Por Andalucía), el cordobés José Manuel Jurado, y la granadina Alejandra Durán. El tercero es el guardia civil de profesión Juan Antonio Delgado, que ha declinado la invitación a formar parte de la candidatura para centrarse en su papel institucional.

Esta candidatura cuenta con el empuje de la dirección andaluza y estatal, que pilota Ione Belarra, y ha absorbido a concejales de Podemos como Nico Sguiglia, Nerea Tovar o el exdiputado en el Congreso Diego Cañamero. Velarde ha asegurado, también, que han logrado sumar a activistas de las ocho provincias -por la vivienda digna, por los servicios públicos y a favor de la paz-, además de “recuperar a compañeros” que habían abandonado el partido para militar en Anticapitalistas, junto a Teresa Rodríguez.

Raquel Martínez nació en Almería, pertenece al barrio de Los Ángeles, pero ahora vive en un municipio pequeño de la Axarquía de Málaga: Canillas de Aceituno, con algo más de 1.700 habitantes. Ha militado en Podemos desde sus orígenes, antes fue activista en defensa de la vivienda digna. Ella misma sufrió una suerte de desahucio, cuando tuvo que poner su casa en dación en pago, acabó viviendo de alquiler en el hogar por el que se había hipotecado, y fue finalmente “expulsada por un fondo de inversión”.

La candidata a liderar Podemos Andalucía estudió un ciclo de Formación Profesional de Auxiliar Administrativa y ha trabajado en multitud de oficios “todos de clase obrera”: cajera en comercios y supermercados, limpiadora de escaleras, “kelly total”, explica, con cierto orgullo.

Martínez ha anunciado dos cosas importantes en su presentación: una es que se centrará en su labor orgánica, es decir, que no aspirará a liderar la candidatura electoral de Podemos en las próximas elecciones andaluzas, previstas para la primavera de 2026. Esto reproduce el formato de bicefalia que ya tuvo lugar en las últimas autonómicas, cuando Velarde era coordinadora general, pero no se postuló a las primarias internas para ser candidata en las urnas, algo que recayó en Delgado.

La otra es que “no va a volver a pasar lo que ocurrió en las últimas elecciones andaluzas”. Lo que ocurrió en el 2022 es que las fricciones internas entre las distintas formaciones de izquierdas que negociaban una candidatura única saltaron por los aires en el último minuto -literal- y Podemos quedó fuera de la inscripción de dicha candidatura ante la Junta Electoral de Andalucía. El partido morado no es, oficialmente, un miembro de la confluencia Por Andalucía, trasunto de Sumar en esta comunidad, aunque cuente con tres de los cinco diputados que la componen, figurando como independientes.

En ese desbarajuste tuvo mucho que ver la lucha por el poder entre la dirección estatal de Podemos y el equipo de Yolanda Díaz, escudado por IU en Andalucía. Esa situación no se ha resuelto del todo, de ahí que una de las grandes incógnitas de estas primarias orbiten alrededor de una misma pregunta: ¿se va a reconstruir la unidad entre las distintas fuerzas de izquierdas? Martínez no ha respondido a esa pregunta, porque “el objetivo ahora es reforzar la marca Podemos”.

Esta candidatura tendrá en frente la lista que encabeza la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, que fue la primera en dar el paso con un discurso contrario a la unidad de izquierdas. Martínez le ha tendido la mano a integrarse en su lista, pero en su equipo es palpable el malestar con Hornillo por haber lanzado su apuesta en plenas primarias internas sobre los Presupuestos Generales del Estado; por asegurar que había informado antes a la dirección estatal -“eso es falso”- y por lanzar una apuesta contra la confluencia sin consultarlo aún con la militancia. “Ese es su criterio personal. Ella forma parte de una confluencia de partidos en el Ayuntamiento de Sevilla, si está en contra, que dimita”, ironizaban hoy.

Apenas hay fisuras entre el discurso oficial de Ione Belarra y su equipo y el de la nueva aspirante a lidear el partido morado en la comunidad más poblada de España. Podemos Andalucía carece de autonomía política, orgánica y económica. Según sus estatutos -tan discutidos en su día por Teresa Rodríguez, primera líder regional que acabó expulsada-, todas las decisiones pasan por Madrid. De hecho, este lunes Velarde ha anunciado un calendario congresual del que “se han enterado” porque la ejecutiva nacional lo ha colgado de su página web.

En las próximas primarias están contabilizados 21.930 inscritos con derecho a voto, aunque militantes que pagan cuota al partido rondan los 3.000. El Consejo Ciudadano Estatal contabilizó 85.000 inscritos en las primarias de Podemos Andalucía de 2020, las primeras tras la salida de Teresa Rodríguez, y de la que salió la ejecutiva de Martina Velarde. El próximo 23 de noviembre, las distintas candidaturas que se postulan en estas primarias tendrán que presentar los tres documentos que acompañan su proyecto y que también se someterán a votación: el documento político, el organizativo y el de feminismos.

El reelegido secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reunido este sábado por primera vez a la renovada dirección estatal salida de la III Asamblea Ciudadana del partido, en la que los militantes le otorgaron una amplísima mayoría para controlar el Consejo Ciudadano Estatal. Iglesias, que comunicará la composición de su nueva ejecutiva, ha defendido con “orgullo” el trabajo del Gobierno del que forman parte y ha sostenido que el “escudo social” levantado contra la crisis del coronavirus no hubiera sido posible sin su presencia en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Nuestro trabajo en el Gobierno esté contribuyendo a que la dirección histórica que siga la gestión de esta crisis sea la opuesta a la que vimos tras la crisis de 2008”, ha sostenido Iglesias en su intervención inicial. El vicepresidente del Gobierno ha repasado algunos de los elementos aprobados por el Ejecutivo en sus primeros compases: la subida del SMI, el comienzo de la derogación de la reforma laboral del PP, prohibir la venta a pérdidas de los agricultores, ampliar la moratoria de desahucios en determinadas circunstancias, la ley del solo sí es sí.

La irrupción de la pandemia, según Iglesias, ha servido para “redefinir la dirección histórica de la política para las próximas décadas”. El secretario general de Podemos ha defendido que la presencia de su partido en el Gobierno ha sido clave para poner en marcha algunas de las medidas planteadas para combatir la crisis económica y social provocada por la pandemia. “Hemos construido un escudo social que, con todos sus defectos, sirve para proteger a millones de compatriotas del impacto de la crisis y significa poner por delante el interés general”, ha dicho.

“Podemos estar orgullosos del trabajo que hemos hecho en el Gobierno en estos poco más de cuatro meses”, ha sostenido. Iglesias ha citado expresamente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pese a que no pertenece a Podemos. “Ha convertido el impulso de los ERTE en la principal contribución de Unidas Podemos en el Gobierno para proteger a la gente en esta crisis, logrando que más de seis millones de personas en España hayan sido beneficiarias de una prestación del SEPE durante esta emergencia. Es, en números, el mayor nivel de protección social jamás alcanzado en España”, ha apuntado. “Muchísimas gracias por tu trabajo, Yolanda. Y el que te queda”, ha concluido.

Iglesias también ha mencionado a su secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, a su jefe de Gabinete, Jorge Uxó, y al resto del equipo del ministerio que han permitido que “el ingreso mínimo vital sea una realidad en España” para lo que, ha dicho, “han tenido que quitarse horas de sueño”.

El vicepresidente también ha advertido de que el “cambio de paradigma” que se ha producido en España para la resolución de la crisis también se ha producido en Europa. Algo, ha dicho, muy importante, pero que “el ruido” político no permite atender. “Todos los demócratas somos neokeynesianos. Con la misma lógica que se aplicó para afrontar la reconstrucción tras la crisis del 29 y tras la Segunda Guerra Mundial: con políticas expansivas, de fuerte inversión pública y de protección de la demanda interna que permitan que la economía funcione”.

“Quizá no se está calibrando lo suficiente en el debate político y mediático en España la dimensión histórica que tiene el hecho de que en Europa se esté hablando a día de hoy de impuestos europeos”, ha defendido. Y ha reiterado que se está trabajando con otros países, como Italia y Portugal, para promover “un ingreso mínimo europeo”.

Iglesias también ha reprochado “la actitud de la oposición en España”. “La derecha se dedica a la crispación en lugar de a hacer propuestas políticas porque es perfectamente consciente de que sus ideas han sido derrotadas socialmente”, ha señalado.

El líder de Podemos ha señalado que hay “consensos transversales, sobre la defensa de lo público, sobre la necesidad de reconstruir la industria, la justicia fiscal, los derechos laborales, un sistema de cuidados, que se construyen en oposición a todo lo que ellos han defendido y han hecho cuando han gobernado”.

Y ha concluido con una idea que ya expuso en el Congreso a Pablo Casado: “Por mucho que pretendan influir en algunos poderes del Estado y por mucho que insistan en su estrategia de la tensión. La derecha del berrinche y de la cacerolada no gobernará en España porque nunca sumará mayoría en el Congreso para hacerlo”.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha solicitado el dictamen del Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto para regular la ayuda a los alquileres de las viviendas protegidas y adjudicadas en régimen de alquiler por la Administración regional.

Según informa el Ejecutivo, se trata de una iniciativa que abordará una nueva regulación de ese régimen para contemplar situaciones excepcionales de diversa índole e incorporar medidas de simplificación administrativa para dotar de mayor agilidad a los poderes públicos.

Así, para poder ofrecer una respuesta a las necesidades sociales de los demandantes de la ayuda al alquiler de vivienda protegida y asegurar la adecuada tramitación, el Gobierno de Canarias ha solicitado la modificación de ese decreto.

Entre los principales objetivos se prevé crear un régimen excepcional con el que fijar una cuantía del alquiler con carácter permanente --sujeto a revisiones de renta-- para aquellas familias cuya fuente de ingresos provenga del sistema público de prestaciones.

Por otro lado, este decreto prevé solucionar las situaciones que deriven del impago de las rentas como consecuencia de la incapacidad económica de los solicitantes --debidamente acreditada-- para evitar la extinción de estas ayudas.

Mientras, la regulación vigente se encuentra contemplada en el Decreto 221/2000 del 4 de diciembre, el cual ha sido modificado puntualmente, con la última modificación la recogida en el Decreto 77/2012, que actualmente regula las ayudas mediante la solicitud a los destinatarios de un abono mensual del alquiler que corresponde a la aplicación de un porcentaje ejecutado según los criterios de ese decreto y los ingresos mensuales netos de la unidad familiar.

El expresidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera tomará posesión este martes, 10 de diciembre, como consejero nato del Consejo Consultivo de Castilla y León en un acto que se celebrará en la sede de esta institución en Zamora. A partir de ahora, Herrera cobrará más de 74.000 euros al año.

El acto comenzará a las 10 de la mañana y contará con la presencia, entre otros, del actual presidente del Gobierno de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de las Cortes autonómicas, Luis Fuentes, y el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca. 

El expresidente autonómico tomará así posesión del cargo de consejero nato, tal y como establece el reglamento de la institución, que señala que “son consejeros natos los expresidentes de la Junta de Castilla y León que, habiendo accedido a dicha responsabilidad al comienzo de una legislatura autonómica, gocen de la condición de ciudadanos de Castilla y León”. Herrera solicitó el puesto de consejero natoen noviembre, después de haber intentando, sin éxito, seguir en la política.

Asimismo, la Ley Reguladora del Consejo Consultivo señala que el plazo de incorporación de los expresidentes de la Junta de Castilla y León será de un año desde la fecha de cese como presidente. Dentro de ese plazo deberán notificar su disposición a integrarse en el Consejo y formular la declaración de no estar incursos en causa de incompatibilidad.

Los ex presidentes de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid y José Constantino Nalda, también formaron parte del Consejo Consultivo de Castilla y León como miembros natos

El Consejo Consultivo ha instado al Servicio Canario de Salud (SCS) a indemnizar a los hijos de un paciente con cáncer que falleció en mayo de 2010 en el Hospital Insular de Gran Canaria tras sufrir una serie de complicaciones a raíz de su participación en un ensayo clínico. El dictamen emitido por el órgano autonómico sostiene que su inclusión en esta evaluación experimental originó una “pérdida de oportunidad” de recuperarse y un sufrimiento adicional a los padecimientos que arrastraba, por lo que entiende que ese daño debe ser resarcido a través de una compensación económica a sus herederos.

Aunque los hijos solicitaban una indemnización de 70.000 euros por las reacciones adversas derivadas de ese ensayo, el Consultivo considera que la cantidad debe ser fijada mediante un informe emitido por un especialista en valoración del daño corporal sobre la base de la edad del paciente (59 años), las circunstancias y el grado de probabilidad de los resultados en caso de no haber participado en la evaluación. 

El paciente comenzó el tratamiento entonces experimental en noviembre de 2009, seis meses después de llegar a Gran Canaria desde Barcelona, donde le habían diagnosticado un linfoma no Hodgkin folicular, un cáncer que afecta al sistema inmunitario. 

El ensayo consistía en la administración combinada de tres fármacos: el anticuerpo Rituximab, la quimioterapia con Bendamustina y el Alopurinol, un medicamento que se utiliza para reducir la concentración de ácido úrico que generan, precisamente, algunos compuestos contra el cáncer. La asociación de los dos primeros está considerada desde 2013 como el estándar de tratamiento para este tipo de linfoma por su eficacia y seguridad. El daño se asocia al tercer fármaco y a la reacción adversa que desembocó en un cuadro clínico de síndrome de Steven Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, enfermedades graves de la piel, potencialmente mortales. 

Según la reclamación presentada por sus familiares, el paciente aceptó el tratamiento siguiendo los consejos de los especialistas, que le informaron de dos ventajas: su carácter ambulatorio, lo que evitaba que tuviera que ser ingresado en el hospital, y los efectos secundarios menos agresivos (no tendría caída de pelo).

Transcurridas dos semanas desde el comienzo de la administración intravenosa de los fármacos, el cuerpo del paciente se empezó a llenar de manchas rojas y quemaduras. Además, perdió visión. En el Hospital Insular le diagnosticaron toxicodermia (erupción cutánea por medicamento) y le retiraron el Alopurinol. Con posterioridad, y ante la mala evolución de las lesiones, un dermatólogo del centro detectó la necrólisis epidérmica tóxica. Fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció dos días antes de ser trasladado a planta y aislado con sábanas estériles y curas diarias. 

Debido al empeoramiento progresivo de su estado y a la aparición de infecciones, los profesionales decidieron apartarlo del ensayo clínico en enero de 2010, dos meses después del inicio del tratamiento, y trasladarlo de nuevo a la UCI. Tras permanecer un largo tiempo encamado y sumar a sus dolencias un deterioro nutricional como consecuencia de un cuadro de anorexia, ansiedad y depresión, el paciente fue trasladado a un centro concertado de hospitalización de media estancia y rehabilitación en febrero de ese mismo año. Un mes después, sufrió un choque séptico por una infección en el pulmón y fue ingresado en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Insular, donde falleció el 1 de mayo por una parada cardiorrespiratoria. 

Un ensayo clínico autorizado

Sanidad desestimó la reclamación interpuesta por los familiares del fallecido al defender, a raíz de un informe del servicio de Inspección y Prestaciones del SCS, que no había un nexo causal entre el daño reclamado y la actuación sanitaria. La administración atribuyó el fallecimiento a un empeoramiento general del estado del paciente como consecuencia de la “grave extensión” del linfoma y de su agresividad y recordó que el usuario fue informado de los riesgos de reacción adversa a los medicamentos. Además, remarcó que el ensayo contaba con el informe favorable del comité ético de investigación clínica y con la autorización de la Agencia Española del Medicamento. 

En su informe, el SCS explica que la combinación entre el anticancerígeno Bendamustina y el anticuerpo Rituximab se sigue utilizando en la actualidad, figura en la guía detallada del linfoma no Hodgkin de la American Cancer Society y produce menos efectos secundarios que otras líneas de quimioterapia para este tipo de cáncer. 

Los reclamantes, por su parte, presentaron un informe de parte que alertaba de la “larga lista de errores” de la administración en todo el proceso. Errores que, en opinión de su autor, se hubieran evitado de no haber participado en el estudio. Según las conclusiones de esta pericial, los especialistas no suministraron al paciente información sobre otras opciones terapéuticas o sobre los beneficios que le reportaría el ensayo ni tuvieron en cuenta la “gran afectación cutánea” que padecía, a pesar de que en el mes anterior al inicio del tratamiento visitó en tres ocasiones el Hospital Insular por lesiones en la piel. 

El informe cuestiona además que los facultativos no decidieran el inmediato ingreso del enfermo en el servicio de Medicina Intensiva o en la unidad de quemados cuando comenzaron a aparecer las primeras complicaciones y que, en lugar de ello, le dieran el alta. Esta actuación precoz hubiera evitado, a juicio del perito de parte, “la cascada de acontecimientos posteriores” derivados, en gran medida, de las infecciones y problemas nutricionales asociados al síndrome de Stevens Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica.

El documento presentado por los herederos del fallecido objeta, por último, que el servicio de Medicina Intensiva diera de alta y trasladara al paciente al área de Oncología cuatro días antes del deceso, a pesar de que su estado era “muy grave”. 

“Las dudas médicas plasmadas en los diferentes informes periciales respecto a las consecuencias de haber participado en el ensayo clínico deben resolverse a favor del paciente”, sostiene el dictamen del Consejo Consultivo. “Aunque no resulte patente el vínculo causal por la dificultad en su prueba, concurren circunstancias que evidencian que, de haberse ofrecido las oportunidades perdidas, se hubiera evitado o disminuido el daño”, concluye. 

El Consejo Consultivo no da su visto bueno a varios puntos de la nueva Ley de Islas Verdes que promueve con prisas Coalición Canaria. Este órgano resume en un dictamen fechado este 16 de enero que, aunque “la norma resulta conforme a los parámetros constitucionales”, sí que hay que respetar la categoría de suelo rústico. 

La posición del Consultivo, adelantada este lunes por Canarias 7, refleja su desacuerdo con varios artículos de esta proposición de ley. El dictamen hace hincapié en uno de los más controvertidos, el referente a los establecimientos de alquiler turísitico. Recuerda que las viviendas vacacionales deben estar sujetas a la normativa que las regule y que debe cumplir con las condiciones establecidas para cada categoría o clase de suelo.

Tal y como está redactada la norma que se pretende impulsar, en el artículo 6, se resalta que “podrán implantarse establecimientos turísticos de la modalidad de vivienda vacacional, conforme a los términos y condiciones previstos en la normativa sectorial que la regula, sin que le sea de aplicación ninguna restricción por la clasificación o calificación del suelo”. Es decir, en suelo rústico podría darse esta actividad. El borrador de esta norma establece así mismo como “uso ordinario de suelo rústico” los alojamientos de hasta 200 camas, que además son considerados como hoteles de mediana dimensión. 

En este sentido, el Consultivo insiste en que “los usos impropios del suelo rústico están condicionados siempre a la utilización racional de los recursos naturales”. Por ello, señala que la norma se debe completar “en coherencia con la legislación básica estatal, para no infringir el bloque de constitucionalidad”.

Así mismo, sobre el cambio en el número de camas añade que “es preciso que el uso turístico de que se trate sea un uso complementario que guarde la debida proporcionalidad con el uso agrario, para no desvirtuar la categoría del suelo”.

El documento subraya que el texto de esta proposición de ley dificulta la comprensión de la norma, por lo que “se compromete la efectividad del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE”. De forma constante recalca que se debe tener en consideración la legislación en materia ambiental. El Consultivo aprecia además que la solicitud del dictamen ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, algo que estima que no está justificado.

Esta proposición de ley, de la que la oposición excepto PP y ASG se han mostrado muy críticas pretende derogar la ley de islas verdes de 2016, que fue el precedente de la que se aprobaría al año siguiente, la Ley del Suelo. Se trata de dos normas proclamadas a bombo y platillo por el Gobierno de Canarias con las que sí ha mostrado predisposición de agilizar desde el principio.

La tramitación de urgencia de esta PPL entró en el último pleno del Parlamento de 2018 con prisas y a pesar de que a poco más de cuatro meses de las elecciones, la Cámara Regional continúa con 13 proyectos de ley en tramitación y 17 proposiciones de ley.

Dos consejeras ciudadanas de Podemos Castilla-La Mancha han anunciado su dimisión del órgano del partido. Se trata de Cristina Cancho, que fue elegida por la candidatura de David Llorente en las pasadas elecciones, y Laura Lorrio, de la misma candidatura. Las razones de ambas han sido presentadas en sendas cartas abiertas, a las que han adjuntado gran cantidad de información, así como una rendición de cuentas de su labor como consejeras ciudadanas.

Cancho ha resumido las razones de su renuncia al “absoluto maltrato” que ha sentido dentro del partido quienes “cuestionamos una determinada forma de entender la política y el servicio público en nuestra región”. Entre otras cosas, ha señalado como “vergonzosa” la “falta de transparencia” en las contrataciones de personal, que ha señalado se han realizado en el “más absoluto secretismo”.

“Me voy sin haber recibido contestación a ninguna demanda de información, sin haber recibido ninguna contestación de mis propuestas sin saber las cuentas de nuestro partido en la región... Sin contestación a ningún correo en resumen. Además, me voy habiendo tenido que escuchar de mi secretaría de Organización hablar otra vez como en el siglo pasado de las mujeres florero en política”, lamenta Cancho.

También se ha referido a la entrada del partido en el Gobierno regional, algo que ha calificado como un “punto de inflexión”, y ha lamentado que Podemos ha sido “cómplices de la callada ante el caso Incarlopsa, la complicidad con el gobierno contra los pobladores de Fraguas o la minería de tierras raras”. Entre las solicitudes de información que asegura haber presentado sin recibir respuesta, se encuentran los balances y cuentas de resultados de los últimos tres ejercicios, así como los movimientos de las cuentas corrientes, los criterios de selección de los nuevos nombramientos, las actas del Consejo Ciudadano, así como la denuncia en Garantías y estatal de “todas las malas prácticas reseñadas”. “Ninguna de estas peticiones, quejas, solicitudes ha sido atendida”.

Por su parte, Lorrio explica que no llegó al Consejo Ciudadano “sin conocimiento de irregularidades” pero que ha sido su participación dentro del mismo lo que le ha “permitido conocer, desde el minuto uno un funcionamiento que considero indigno de una formación como esta”. “Quien impide la participación y cercena la democracia, utiliza tiempos e información en beneficio propio, invisibiliza a quien a la interna puede hacerle competencia y con ello esconde logros del partido [...] lo tiene fácil en un entorno en el que falta la crítica y la autocrítica, en el que nos quedamos con los mensajes creados para maquillar la realidad”, reflexiona.

Lorrio adjunta en su carta lo que considera una “serie de irregularidades” que se han productido dentro del partido en Castilla-La Mancha. “Sirva esta documentación para dar traslado a los inscritos de esas irregularidades y para evidenciar que durante los dieciocho meses que he permanecido en el cargo, he agotado todas las vías internas para proponer, exigir y denunciar actuaciones que considero impropias”, explica la ya ex consejera ciudadana.

Entre otros, señala una queja por “invisiblizar en redes sociales regionales a la senadora Virginia de Felipe y al diputado David Llorente”, propuestas que “ni se debatieron ni se votaron” o una queja por “no cumplir la paridad en los procesos internos.

Nueve integrantes del Consejo Ciudadano de Podemos en Castilla-La Mancha han pedido, a través de un escrito, la “inmediata” dimisión de María Díaz como secretaria de Organización autonómica de la formación y su sustitución por una consejera o consejero “que pueda atender debidamente” las necesidades organizativas de la formación morada. “Una dimisión que perfectamente podría haber hecho extensible a nuestro secretario general y a todo el Consejo de Coordinación de Podemos Castilla-Mancha por inacción aún teniendo conocimiento de todas las irregularidades”, ha asegurado María del Carmen Usero, una de las firmantes del documento.

“En primer lugar deseamos poner de relieve nuestro profundo desacuerdo con el quebrantamiento de los reglamentos y principios de Podemos que suponen las candidaturas aprobadas para la segunda tanda de Asambleas Municipales de 2018”, recoge el documento. Según el escrito, las irregularidades son “múltiples” como la falta de trabajo de base a lo largo de los últimos meses por parte de la secretaria de Organización y las personas que trabajan en Organización de Podemos, “que ha llevado a una situación de extrema debilidad en la base social del partido de nuestra región y no ha fomentado en modo alguno la participación de mujeres”.

Entre otras irregularidades también denuncian la aprobación de todas las candidaturas preinscritas, “a pesar de que, de los 15 municipios en los que se abrió el proceso, solo cuatro cumplían las condiciones mínimas de cantidad de candidaturas y presencia de mujeres”, algo que según recoge el documento ha creado una situación de “inseguridad jurídica” para aquellas personas que podrían haber considerado presentar su candidatura.

El documento recoge que esta situación viene precedida por una irregularidad previa en la aprobación de la convocatoria de esta tanda de asambleas, realizada mediante una votación a través del Telegram del Consejo Ciudadano Autonómico, “declarado no oficial” En ésta votación “solo participaron 19 miembros del Consejo, no se facilitó su resultado ordenado, ni se estableció si cumplía con el quórum necesario para su validez”, algo que según explica el documento “hace que todo el procedimiento sea nulo”.

Algo “habitual” en el Consejo Ciudadano

Eso sí, el documento afirma que la irregularidad en este procedimiento de votación “es habitual” en el funcionamiento del Consejo Ciudadano, ya que a lo largo de los últimos meses “se han dado situaciones semejantes” en las votaciones de asuntos como las memorias políticas de los municipios o la realización de consultas ciudadanas. También denuncian la expulsión de facto del Consejo Ciudadano de uno de sus miembros, impidiendo durante meses su participación “en base a un reglamento que todavía no había entrado en vigor”.

Otra de las críticas de los miembros firmantes del documento es el desmantelamiento de hecho del Consejo Ciudadano, “con reuniones desprovistas de contenido y debate político, con un numero de consejeros y consejeras que no ejercen como tales”; el incumplimiento “reiterado” del propio reglamento de funcionamiento del Consejo Ciudadano ; la ausencia “total” de documentación previa a las reuniones del Consejo, “pese a todas las solicitudes al respecto” y las medidas improvisadas o poco justificadas.

“A las irregularidades expuestas se suma la desastrosa gestión que desde la Secretaría de Organización se ha hecho respecto a la presencia territorial de Podemos Castilla-La Mancha”. Por todo ello, “y por su falta de ética y de transparencia al conformar el Comité Electoral que debe velar por la limpieza del proceso electoral de primarias en curso” exigen la dimisión de María Díaz como secretaria de Organización y que asuma responsabilidades.

Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y el Grupo Mixto -conformado por la Agrupación Socialista Gomera (ASG)- han aplazado el pleno en el que se iba a renovar los órganos dependientes del Parlamento de Canarias porque no contaban con el respaldo necesario para nombrar a los candidatos a Diputado del Común, Consejo Consultivo y Audiencia de Cuentas.

Los tres partidos habían solicitado reunirse en la Junta de Portavoces antes de que se celebrara este pleno, que precedía el inicio del Debate del Estado de la Nacionalidad. En ella han logrado con sus votos aplazar la sesión, sin fecha todavía, con el voto en contra de Podemos y Nueva Canarias (NC) y la abstención del Partido Socialista Canario (PSC).

Los nombramientos previstos eran los del socialista Rafael Yanes para el Diputado del Común; Alfredo Belda y Cristina de León por CC, Pablo Matos por el PP, y Luis Fajardo por el PSOE, para el Consejo Consultivo; y Pedro Pacheco y José Carlos Naranjo por CC, Fernando Figuereo por el PP, Gervasio Rodríguez y Elena Hernández por el PSOE, para la Audiencia de Cuentas. 

De celebrarse el pleno y no haberse logrado sacar adelante los nombramientos, todas las propuestas se habrían caído, de ahí que los tres partidos estuviesen interesados en el aplazamiento de la sesión y no en la suspensión porque una cancelación también habría puesto la renovación de los órganos parlamentarios en la casilla de salida.

El aplazamiento ya se olía desde este lunes después de que los tres partidos que han votado a favor pidieran celebrar la Junta de Portavoces. El motivo era que sin el apoyo de los socialistas las cuentas para la renovación de los órganos no salían. Desde el PSC ya llevaban advirtiendo esta última semana con que iban a romper los acuerdos alcanzados después de sentirse traicionado por CC y PP a raíz de los relevos en las presidencias de las dos Autoridades Portuarias de las Islas, donde previsiblemente perdería el puesto el socialista Luis Ibarra por el popular Juan José Cardona, además de por el futuro de Radio Televisión Canaria (RTVC).

Una “pantomima” para Podemos y “deslealtad” para el PSC

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha tildado de “bochornoso” y “pantomima” y “teatrillo” que CC, PP y Grupo Mixto hayan tomado esta decisión por no contar los apoyos mínimos. Así, ha opinado que los tres partidos “utilizan el Parlamento como una herramienta partidista”, lo que provoca que a la ciudadanía se dé una imagen del mismo “deplorable”.

“Se ha dicho que no es una suspensión del pleno, se ha aplazado, no se ha puesto fecha, nos emplazaremos a la próxima Junta de Portavoces para saber cuándo se celebrará ese pleno”, señaló Santana.

Por su parte la portavoz socialista, Dolores Corujo, reiteró que los acuerdos con populares y nacionalistas están “rotos” por culpa de “filtraciones a los medios de comunicación” en las que se recogen que la reforma del sistema electoral está bloqueado, aparte del caso de Luis Ibarra. 

Desde el grupo socialista ven “deslealtad manifiesta” por parte de ambas formaciones, e inciden en que “se abre un nuevo escenario” en el que su partido no se va prestar a acuerdos que van en contra del interés general, como por ejemplo, el “bloqueo” a la reforma electoral, según recoge la agencia Europa Press.

El PP acusa al PSOE de “pirómano” desde la oposición

La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, ha comentado que el PP “cumple todos los compromisos que asume”, no como el PSOE, destacando que en la Junta de Portavoces no se ha debatido sobre el posible acuerdo para hacer cambios en las autoridades portuarias, que en todo, caso, ha agregado, no dependen de la Cámara. “Es un argumento falaz”, ha indicado.

Ha señalado que su partido no tiene “ningún pacto” con CC pero tampoco actúa “como un pirómano” desde la oposición y busca acuerdos, y sobre las críticas del PSOE a un posible bloqueo a la reforma electoral, ha sido gráfica: “Cree el ladrón que todos son de su condición”.

Casimiro Curbelo, portavoz del Grupo Mixto (ASG), por su parte, se mostró “pesimista” respecto a la posibilidad de llegar a acuerdo para renovar los órganos dependientes del Parlamento, ni siquiera de aquí al final de la legislatura.

“Los partidos hoy en vez de pensar de cara a los ciudadanos están pensando para el interior de los partidos políticos”, aseveró. Para el líder gomero, los grandes partidos están en “ver cómo” se sitúan “para las elecciones de 2019” y, después de eso, “adoptar el resto de acuerdos”. “Probablemente lleguemos al final de la legislatura sin acuerdo”, sostuvo.

El líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, aseguró que se han opuesto al aplazamiento y defienden “hacer borrón y cuenta nueva” iniciando otro proceso con otros candidatos que surjan de “un proceso de diálogo” y que acabe con los puestos ocupados “por profesionales y con respeto de la igualdad” entre hombres y mujeres. Además, dijo, lo hace “extensivo” a la renovación de la Radio Televisión Canaria (RTVC).

Para Rodríguez este es un episodio más del “tripartito CC, PSOE y PP” en el que es CC quien “usa” al resto de formaciones “en función del contenido” de lo que pretende aprobar. Lo grave, defendió, no es eso, sino que “PP y PSOE se dejan”.

Sobre un posible paso atrás del PP en su compromiso por una reforma electoral, dijo que “no” le “consta”, pero que no descarta que pueda ser parte de una agenda oculta entre CC y los populares. “Para NC eso [la reforma electoral] es irrenunciable, aquí y allá [en referencia al Parlamento de Canarias y al Congreso de los Diputados, donde podría incluirse en el texto del Estatuto de autonomía]”, concluyó.

El portavoz parlamentario de CC, José Miguel Ruano, sostuvo que lo “importante” de este martes es el Debate del Estado de la Nacionalidad canaria porque es donde realmente se va a hacer “balance” de legislatura y hablar del “futuro inmediato de Canarias”.

Así, sobre los acuerdos para renovar los órganos dependientes del Parlamento, dijo  “no” entender la posición del PSOE y pidió “recuperar el diálogo”. “Nuestro objetivo es tender la mano, también al PSOE, pese a que no entendemos su actitud. Pero el pleno es de 60 diputados”, detalló.

Podemos ha presentado este jueves el calendario que marcará los plazos de su proceso de primarias al Consejo Ciudadano Autonómico (CCAA) y a la Secretaría General del partido, a través del cual pretende alcanzar una estabilidad que le ha sido esquiva desde hace más de medio año cuando estalló una crisis interna en el seno de la formación que se ha ido agudizando con el paso de los meses, reflejada en los continuos enfrentamientos entre la dirección y varios de los círculos de peso de la comunidad.

Alberto Gavín, actual coordinador del CCAA tras la dimisión el pasado mes de junio del entonces secretario general del partido, Julio Revuelta, ha anunciado públicamente que no se presentará como candidato, apartándose así de la primera línea política. “No me presentaré como tampoco quise hacerlo en el anterior proceso, a pesar de que tuve la invitación de los que hoy son mis compañeros en el Consejo Ciudadano”, ha explicado, señalando también que la decisión la tenía tomada desde hace tiempo.

Así pues, Podemos encara un mes en el que un censo de aproximadamente 1.200 inscritos elegirá a la nueva dirección del partido en Cantabria, relegando desde ahora al actual CCAA a ejercer sus competencias en funciones. La votación telemática y presencial tendrá lugar entre los días 5 y 9 de abril, en el marco de una campaña electoral que dará comienzo el 22 de marzo, el día en el que se publicarán las candidaturas definitivas que concurrirán a este proceso, de cuyos resultados se tendrán noticias el día 11 de abril.

Entre el 8 y el 14 de marzo estará abierto el plazo para la inscripción de las candidaturas que serán de carácter unipersonal, disponiendo hasta el día 13 para la presentación de los avales necesarios. El 15 de marzo se darán a conocer de manera provisional aquellas que participarán en las primarias, y hasta la publicación de las definitivas, la formación morada establece un periodo de seis días para subsanar incidencias técnicas en caso de que las hubiera.

En cuanto al sistema de votación, Gavín ha explicado en rueda de prensa que será 'Desborda', es decir, el que se viene aplicando desde Vistalegre II y que garantiza tanto la paridad entre hombres y mujeres -que solo se aplicaría en el caso de que hubiera más hombres elegidos-, como que las candidaturas con menos votos tengan representación en el Consejo Ciudadano Autonómico.

De esta manera, el secretario o secretaria general que resulte vencedor o vencedora de las primarias a través de listas abiertas, mediante el documento organizativo que presente consigo, determinará el número de consejeros y consejeras que formarán la nueva dirección, que estará comprendido entre 14 y 24.

Tal y como ha explicado Gavín, los cuatro documentos ligados a la candidatura ganadora -el político, el organizativo, el ético y el de igualdad- marcarán el rumbo a seguir del partido, con el objetivo de conseguir “una estabilidad anhelada” en el seno de la formación morada en la comunidad.

Proyecto para 2019

“Esperamos que esta vez sí se consiga y le den una tranquilidad necesaria para afrontar un proyecto que tiene que basarse en la consecución de una marea para llegar a 2019 con la mayor fuerza posible para ser una alternativa de Gobierno”, ha sentenciado el coordinador, al tiempo que ha recordado que el candidato o candidata a la presidencia saldrá de otra elección posterior mediante otro proceso distinto. “Nuestra voluntad es que esa candidatura no sea solo de Podemos, sino que aglutine otras fuerzas políticas”, ha concluido.

El sector crítico con la actual dirección del partido lleva meses reclamando a este órgano la convocatoria de unas primarias que dio luz verde la dirección nacional en agosto y que, tras esquivar la concreción de una fecha en los Consejos Ciudadanos, finalmente aplazó hasta esta primavera.

Los sucesivos reproches de los círculos descontentos que llegaron a denunciar la existencia de “muchos vagos, trepas y oportunistas” en el órgano de dirección, sumado a las continuas dimisiones en el propio CCAA, han sumido al partido morado durante más de medio año en una guerra interna cuyo final pretende alcanzarse tras estas primarias. Gavín reconoció en una entrevista a este medio que “ningún inscrito quiere ver un conflicto continuado ni una lucha de egos” y estableció como receta para acabar con la división interna que “nos centremos en las ideas y no en las personas”.

El Estatuto para los expresidentes de la Comunidad de Madrid que Cristina Cifuentes intentó impulsar para reconocer “el papel institucional” que representaron sus antecesores “para la construcción de la Comunidad Autónoma” se ha quedado en un cajón de la Asamblea de Madrid.

El primer borrador de la ley comenzó a fraguarse al poco de arrancar la legislatura, tras el cierre del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Su desarrollo sufrió varias parálisis a lo largo de 2016. Pero la detención de Ignacio González en abril de 2017, y la complicada situación procesal del PP de Madrid, con importantes exdirigentes imputados por presunta corrupción, ha terminado obligando a la presidenta regional a no reactivar el proyecto de ley, del que ella podría beneficiarse en el futuro si lograra ver la luz.

La idea de alumbrar ese proyecto de ley, que en otras comunidades autónomas ya existe, surgió al inicio de la legislatura tras la decisión de la presidenta regional de suprimir el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en cumplimiento del Pacto de Investidura firmado con Ciudadanos.

Un organismo creado por Aguirre

El Consejo Consultivo regional fue creado en 2007 por el gobierno autonómico de Esperanza Aguirre con el fin de “velar por la observancia de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía”, así como para que, en caso de conflicto, garantizar que se cumplieran las leyes.

Desde entonces, en él se fueron acomodando los expresidentes de la CAM como consejeros vitalicios cobrando 8.500 euros brutos mensuales. El primero en ingresar fue el socialista Joaquín Leguina, y, después, los dirigentes del PP, Alberto Ruíz Gallardón e Ignacio González. Todos aceptaron de buen grado entrar en un organismo en el que no se trabajaba demasiado pero se cobraba bastante.

Alberto Ruíz Gallardón lo hizo tan solo dos días después de dimitir como ministro de Justicia, al no haber podido llevar adelante la reforma de la ley del aborto. También Ignacio González ingresó al poco tiempo de dejar su cargo, pese a saber que el Consejo tenía los días contados. Pero el expresidente regional, pese a las críticas que recibió, no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de cobrar varios meses ese sueldo nada desdeñable.

Por contra, Esperanza Aguirre, al dejar la presidencia, renunció al puesto y a la retribución correspondiente al incorporarse a su plaza de funcionaria en el Ministerio de Industria. Y aunque el reglamento del organismo permitía que puediera solicitar su incorporación en cualquier momento, Aguirre nunca lo hizo.

Cuando a finales de 2015 el Consejo Consultivo desapareció hubo protestas, fundamentalmente de Leguina que consideró que era un “error” y “una barbaridad” eliminarlo. El socialista cargó contra la propia Cifuentes y contra Ciudadanos. 

A cambio, Cifuentes les prometió que iba a desarrollar un Estatuto con el fin de reconocerles su trabajo y que pudieran conservar el tratamiento de presidente para siempre, el ingreso del 80% de sus anteriores sueldos durante al menos dos años; ayudas económicas y cobertura para aquellos viajes que realizaran en representación de sus cargos, además de chófer, escolta y secretaria.  

Con este fin, el gobierno regional comenzó a elaborar un anteproyecto de ley en colaboración con Ciudadanos, sus socios en la Asamblea. El primer borrador de la ley les llegó a los grupos a mediados de 2016, según recuerdan.

En el PSOE y en Podemos recuerdan que no se opusieron a la idea siempre y cuando se establecieran unas estrictas incompatibilidades para que los expresidentes no pudieran compatibilizar ningún otro ingreso mientras estuvieran recibiendo ese sueldo público, que no se llegó tampoco a cifrar. 

“Nosotros, entre otras cosas, exigimos que sus agendas debían de ser públicas e impedir las puertas giratorias y que durante los dos años posteriores a dejar la presidencia no se pudieran incorporar a ningún consejo de administración o a otro cargo en una empresa”, recuerda el diputado de Podemos, Tito Morano.

El debate se enfrió porque había “otras prioridades”, según aseguran los populares. Pero lo cierto es que la complicada situación del PP madrileño, con imputados surgiéndole a Cifuentes por todos lados, desaconsejó a la presidenta regional acelerar el desarrollo del Estatuto, que ni siquiera llegó a debatirse en ningún órgano de la Cámara. 

Sin embargo, a principios de 2017 el Consejero de presidencia y portavoz del Gobierno de Cifuentes, Ángel Garrido, se puso en contacto con los grupos parlamentarios para ver si consideraban que era el momento de retomar la idea, según recuerdan en Podemos. Pero poco después detienen a Ignacio González y el proyecto vuelve a quedarse paralizado.

La oposición no cree que ya salga adelante. “No hay novedad”, señalan en Ciudadanos. “No vemos la necesidad de reactivarlo en absoluto”, dicen en Podemos. “Si se hace, debería ser por consenso”, apuntan desde el PSOE.

Esta redacción ha querido conocer la versión del Gobierno regional pero las fuentes consultadas no han respondido a nuestras preguntas.

La portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana, ha pedido al resto de grupos que no utilicen la próxima renovación de los órganos parlamentarios (Consejo Consultivo, Audiencia de Cuentas y Diputado del Común) como “agencia de colocación” de políticos a los que se les agradece así “los servicios prestados” ni tampoco en un reparto de sillones entre CC, PP y PSOE.

Para designar a los nuevos miembros de los órganos parlamentarios “debería primar la cualificación y la competencia de sus miembros frente al reconocido prestigio”, ha sugerido Santana en un comunicado.

El propio Consejo Consultivo ha pedido que los auditores de la Audiencia de Cuentas sean designado en función de requisitos técnicos, profesionales y de especialización, una recomendación a la que CC, PSOE y PP “hicieron caso omiso”, recuerda la diputada.

“Es un momento óptimo para que los tres grandes partidos abandonen la inercia tradicional de apostar por constituir organismos políticos con un mero reparto de sillones”, insiste Santana, que pide que no se repita en estos órganos “el espectáculo lamentable” ocurrido en el nombramiento de los consejeros de RTVC.

Podemos va a denunciar públicamente “cualquier intento antidemocrático de CC, PSOE y PP de dejar fuera al resto de los grupos de esa búsqueda de los perfiles más adecuados para cada uno de los cargos que se deben renovar”.

Este partido defiende que estos órganos sean elegidos por los ciudadanos, sobre todo el Diputado del Común, ya que es quien los debe representar en sus relaciones con la Administración.

Podemos también ha propuesto que no pueda ser designado para la Audiencia de Canarias nadie que en los dos últimos años haya tenido a su cargo la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del sector público de Canarias o haya recibido subvenciones, avales o exenciones.

También ha planteado Podemos que tengan titulación universitaria, preferentemente en disciplinas jurídicas o económicas, y que cuenten con más de diez años de experiencia en auditorías.

Diez años después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, cientos de municipios de toda España siguen incumpliéndola. Canarias ha sido señalada como una de las comunidades que sigue manteniendo simbología franquista en sus edificios o en la vía pública en un requerimiento enviado por el abogado especialista en esta materia Eduardo Ranz al Consejo Consultivo Autonómico. Entre los símbolos más polémicos que denuncia el abogado en su escrito destaca el popularmente conocido como Monumento a Franco, que se encuentra entre La Rambla de Santa Cruz de Tenerife y la Avenida de Anaga.

Se trata de una escultura que no ha estado exenta de polémica entre quienes creen que se trata de “patrimonio” y quienes siguen exigiendo su retirada, desde asociaciones y colectivos por la memoria histórica hasta partidos políticos. Sobre este monumento se realizaron actos vandálicos el año pasado y una organización solicitó su restauración “inmediata”. 

La obra de bronce representa a un ángel volando con las alas extendidas, que supuestamente alude al avión en el que partió desde Canarias Francisco Franco para iniciar el golpe militar. Sobre el ángel se encuentra la escultura que representaría al dictador.

Izquierda Unida llevó el pasado mes de enero a la comisión de control “la parálisis en memoria histórica en Santa Cruz” y la formación fue muy crítica no solo con el monumento a Franco, sino con el callejero que aún tiene la capital tinerfeña con numerosos nombres franquistas.

En el requerimiento del abogado Eduardo Ranz también se alude a la fachada de la sede de Subdelegación de Defensa de la Avenida 25 de julio de Santa Cruz de Tenerife, donde aún se aprecia un escudo preconstitucional en piedra.

El callejero de Ingenio también llega al Consultivo

Otra de las islas a las que se vuelve a dar un toque de atención es al municipio grancanario de Ingenio. Concretamente, en el documento se alude a las calles General Millán Astray, General Mola, General Primo de Rivera, General Varela, General Primo de Rivera, General Yagüe y General Queipo del Llano.

Eduardo Ranz ya había denunciado a esta localidad por el mismo motivo en 2016. El municipio comenzó a dar cumplimiento a la Ley en octubre del año pasado colocando nuevas placas con nombres que tenían que ver con profesiones que han sido importantes para el pueblo. Sin embargo, las placas antiguas aún se mantienen encima o al lado de las nuevas.

El concejal de Participación Ciudadana de Ingenio, Cristopher Rodríguez (PSOE), aclaró entonces que la medida tenía como objetivo que los vecinos puedan ir cambiando toda su documentación y aseguró que las dos placas se mantendrán durante cinco años. No obstante, para el abogado esta no es la mejor solución.

Cumplir con el artículo 15 de la Ley

Ranz recuerda en su requerimiento que el artículo 15 de la Ley de Memoria impone  a todas las administraciones públicas adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la Guerra Civil y la represión de la Dictadura.

El abogado señala que a estos municipios ya les ha requerido previamente la retirada de estos símbolos y en vista de que no han procedido a retirarlos decide acudir al Consejo Consultivo Autonómico.

Los municipios señalados también incumplen, según aclara, con el artículo 15.3 en el que se expresa que “el Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas con la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura”. Sin embargo, no se ha procedido a la elaboración de ningún catálogo.

El Consejo Consultivo de Canarias, en un dictamen hecho público el pasado 10 de octubre, ha rechazado las notificaciones telemáticas para convocar a los concejales de Mogán al pleno que desde el pasado mes de marzo está aplicando en el municipio el pacto conformado por Ciuca y PSOE.

Para el Consultivo el sistema de notificación empleado por el grupo de gobierno, que fue rechazado desde el principio por la oposición conformada por el Partido Popular (PP) y Nueva Canarias (NC), es contrario al contenido que, en materia de plazos, fija el artículo 43.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Este precepto fija el plazo de diez días para entender realizada la notificación, por lo que la convocatoria de la sesión plenaria debería haberse remitido al menos, diez días antes de la celebración del pleno, para entender que la notificación telemática se realizó correctamente.

Entiende el Consejo Consultivo, que enmienda al secretario de la Corporación aludiendo a la Sentencia del Tribunal Supremo del 15 de marzo de 1991, que es una regla esencial aquellas que regulan las convocatorias de órganos colegiados como el Pleno, afirmando que el incumplimiento de estas, produce como resultado que se impida ejercer las funciones representativas propias del cargo de concejal. Esta infracción la define no solo de legalidad ordinaria sino también del derecho fundamental que reconoce el artículo 23.2 y 23.1 de la Constitución, pues se está obstaculizando el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.

Tal como recuerda NC, el pasado 3 de marzo la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, convocó un pleno extraordinario y urgente en el que aplicó por primera vez la notificación telemática de las sesiones de los órganos colegiados en los que tienen representación todos los concejales de la Corporación. El resultado de la aplicación de este sistema de notificación telemática tuvo como consecuencia que la oposición no asistiese a ese pleno dado que no fue notificada en el modo que determina el la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que la alcaldesa se vio obligada a iniciar la tramitación de la declaración de nulidad de todos los acuerdos plenarios que se adoptaron en dicha sesión, entre los que se encontraba la aprobación de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias.

Para la portavoz de NC en Mogán, Isabel Santiago, el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias “confirma que Ciuca y el PSOE solo creen en la participación política que pueden controlar y que están dispuestos a aprobar normas contrarias a la ley para poder amordazar a la oposición”.

La crisis interna de Podemos ha pasado de la teoría a la práctica en Granada. La dimisión de la diputada en el Congreso de los Diputados, Ana Terrón, del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos (CCM) en la capital granadina ha provocado que la disolución del mismo pase a ser cuestión de tiempo. A menos a tenor de lo expuesto por el núcleo de la formación morada que apuesta por una renovación dentro de dicho organismo. La dimisión de Terrón llega tras un periodo de reflexión de la propia política y en respuesta a un ejercicio de “responsabilidad” según ha explicado ella misma en su carta de renuncia.

Ahora la situación se reduce a hacer números. Los primeros que se han de tener en cuenta son los que hacen referencia al número de miembros que se quedan en el CCM. Tras la renuncia de Ana Terrón y sumada a las once dimisiones y una baja por fallecimiento de anteriores miembros del consejo, actualmente solo quedan 12 personas de las 25 que integraban este órgano cuando se creó en 2015. Este número es muy importante porque en él reside la clave de lo que puede suceder con el CCM en los próximos días o semanas. La cifra arroja que son menos de la mitad los miembros que quedan del consejo que se constituyó en enero de 2015. Y a esa cifra se abrazan quienes consideran que el CCM debe disolverse.

Por otro lado están quienes -con el secretario general, Alberto Matarán, a la cabeza- apuntan a que el consejo aún puede permanecer activo hasta una fecha clave: el mes de diciembre. Ese es el plazo que pone de relieve otro número importante. El que anuncia que en el último mes del año tendrán lugar las elecciones al Consejo Municipal Ciudadano de Granada. Puesto que los CCM tienen un periodo de duración máximo de tres años. Tiempo tras el que han de convocarse elecciones primarias para elegir al nuevo consejo. Matarán matiza que “no ha habido ningún CCM en España que se haya disuelto por la dimisión de nadie” y que en todo caso “hay consejos mucho menos activos que el nuestro”.

No obstante, con la dimisión de Ana Terrón y tras la renuncia en mayo de la parlamentaria andaluza, Carmen Lizárraga, queda patente que Podemos Granada está dividido en dos. Aunque el secretario general rechaza hablar de “bandos porque eso es un lenguaje bélico y de antigua política que rechazamos”, sí que parece haber dos facciones enfrentadas. Entre los que apuestan por la continuidad de las políticas llevadas a cabo por Matarán y quienes las rechazan.

De los últimos, hay quienes apuntan a que para salvar su situación al frente del actual CCM, el secretario general ha estado incluyendo a personas de su entorno en las reuniones activas de este organismo para que no diera la sensación de una inminente disolución que ahora parece quedar más cerca que nunca. El máximo dirigente del consejo niega la mayor y afirma que “siempre hemos estado trabajando por Granada porque además yo no estoy aquí por intereses personales ya que en tres años no me he llevado ni un duro de la política”.

La huida hacia adelante de Matarán con Spiriman

El actual secretario general del CCM granadino, Alberto Matarán, se queda con la dimisión de Ana Terrón en una situación comprometida. No en vano, las circunstancias hacen que la legitimidad del consejo que dirige esté en entredicho al quedar menos de la mitad de sus miembros. Según ha podido saber este medio, la actual tesitura viene de lejos. Desde hace casi un año han sido muchas las voces críticas con la manera de dirigir del secretario general lo que ha ido propiciando una cascada de renuncias que no han cesado hasta el día de hoy.

Si bien, Alberto Matarán defiende el trabajo de Podemos en Granada en temas sensibles como la llegada de la Alta Velocidad por tren o las manifestaciones sanitarias, el secretario general apunta más alto: “Está claro que hay órganos de dirección por encima que están más interesados en intervenir en asuntos municipales; lo importante debe ser lo que decidamos aquí y no lo que se decida en Madrid o Sevilla”.

Por otra parte, fuentes internas de Podemos en Granada apuntan a que Matarán ha estado buscando fórmulas para evitar su caída al frente del consejo tomando decisiones sin tener en cuenta a algunos miembros del órgano consultivo que dirige. Una de ellas fue la que comenzó a dibujar a principios de la pasada primavera con el líder de las protestas hospitalarias en Granada, Jesús Candel 'Spiriman'. El propio Matarán llegó a anunciar a su círculo cercano que contaba con el médico de urgencias para una futurible candidatura municipal de cara a las elecciones de 2019. La información, desvelada por eldiario.es/andalucia, provocó la reacción del doctor negando cualquier relación con Alberto Matarán y mostrándose tajante a la hora de asegurar que “jamás entraré en política”.

A expensas de lo que ocurra en esta crisis interna, en las próximas semanas se ha de decidir el futuro de este CCM. Lo único que hasta la fecha parece claro es que el actual secretario general de la formación morada, Alberto Matarán, parece tener difícil continuar al frente de la misma se disuelva o no el consejo antes de las elecciones del próximo mes de diciembre. El propio Matarán adelanta que “no he tomado la decisión de si me presentaré en una próxima candidatura” aunque matiza que se ve “con fuerzas y ganas para trabajar por Granada”.

La dirección de Podemos Cantabria esquiva fijar una fecha para las primarias en la comunidad, después de que el propio Consejo Ciudadano Autonómico diera luz verde a su celebración a instancias de Madrid el pasado mes de agosto. La última reunión de este organismo que tuvo lugar hace dos semanas tumbó una propuesta que tenía como objetivo modificar el orden del día para incluir el tratamiento de este asunto.

Concretamente, fue el consejero Pablo Susinos quien planteó esta cuestión. En declaraciones a eldiario.es, ha manifestado que su propuesta de modificación del orden del día “ni siquiera se votó”.

“Que el Consejo Ciudadano Autonómico haya decidido convocar unas primarias sin fijar una fecha concreta es una propuesta incompleta”, ha subrayado. “Decir que quieres hacer primarias y no decir cuándo es como no decir nada”, ha incidido.

Además, asegurado que su principal argumento para abordar la fecha es hacerlas coincidir con las de Euskadi, recientemente fijadas para diciembre. “Incluso sería positivo desde el punto de vista económico para ahorrar costes, como el de las votaciones telemáticas”, ha explicado.

Alberto Gavín, coordinador del órgano de dirección de la formación morada en Cantabria, cuestionado sobre este asunto por este medio, ha señalado que la propuesta no se incluyó porque “no obtuvo apoyos suficientes”. “No está en nuestra mano la capacidad de determinar qué día va a ser, sino de la dirección estatal”, ha aclarado.

Al menos tres apoyos

El último reglamento del Consejo Ciudadano Autonómico establece que para llevar a cabo una modificación del orden del día tiene que contar al menos con el apoyo de un 10% de los 35 consejeros electos, o lo que es lo mismo, tres apoyos junto con el de quien realiza la propuesta.

Actualmente, este organismo cuenta con 24 consejeros después de las sucesivas dimisiones -entre ellas la del secretario general Julio Revuelta-, que se han llevado a cabo en los últimos meses como consecuencia de la crisis interna que vive el partido.

Varios círculos de la comunidad se muestran contrarios al órgano de dirección legitimado por Madrid, llegando incluso a tachar de “vagos, trepas y oportunistas” a algunos de sus miembros.

La negativa de abordar la fijación de una fecha se enmarca a pocos días de la visita de Pablo Iglesias a Cantabria. El secretario general de Podemos asistirá a la presentación del proyecto político 'Arronti Cantabria' el próximo 13 de octubre, con el objetivo de convertir a la formación morada de Cantabria en “una alternativa de gobierno en 2019”.

No habrá separación de poderes en Podemos. El actual secretario general de la formación ocupará también la portavocía en el grupo parlamentario. El Consejo Ciudadano valenciano ha decidido este viernes a última hora de la tarde que Antonio Estañ sea el nuevo síndic en las Corts en sustitución de Antonio Montiel. Una propuesta que, según informa el partido en un comunicado, venía desde la propia Ejecutiva que lidera el secretario general.

La diputada autonómica Fabiola Meco, afín al exportavoz, y su homólogo César Jiménez ocuparán las portavocías adjuntas. Además, a nivel orgánico el órgano ha designado a la senadora Pilar Lima -de la candidatura afín a Pablo Iglesias-; la diputada en el Congreso Ángela Ballester -afín a las tesis de Íñigo Errejón- y de nuevo a César Jiménez y Antonio Estañ como portavoces del partido.

La decisión, aseguran desde la formación morada, no incumple los estatutos. Aunque sí la palabra del secretario general, que abogaba por una portavocía coral, paritaria y que separara los cargos institucionales del los del partido. “No hemos podido, por los documentos estatales, que la Secretaría General fuera coral, pero sí puede haber una portavocía compartida, descentralizada y feminista”, aseguró Estañ al presentarse a las primarias de la formación morada, con el objetivo de “no centrar todas las responsabilidades en una persona”. Según explicó, la portavocía estaría asumida por el secretario general y otras dos personas más, de manera paritaria y con mayoría femenina, recogía la agencia Europa Press en abril.

La decisión se ha tomado en unas semanas de cambios dentro de la formación morada, a solo dos semanas del debate de política general: la dimisión de la diputada Sandra Mínguez, número dos en las listas de Estañ, la renuncia de la periodista Lola Bañón a ocupar el escaño y un lugar en política, y la entrada del sociólogo Jordi Alamán en el parlamento valenciano.

La dirección estatal de Podemos abre la posibilidad de celebrar primarias en Cantabria de forma extraordinaria, a pesar de que no hayan transcurrido los 18 meses mínimos desde la convocatoria anterior. Así lo ha dado a conocer el Consejo Ciudadano Autonómico en un comunicado, en el que anuncia una reunión para este miércoles en la sede de la formación morada en Camargo, a partir de las 19.00 horas para “analizar la posibilidad de convocarlas”. 

En el escrito se recoge que el pasado jueves se publicaron los nuevos estatutos de Podemos elaborados por la dirección nacional tras la Asamblea de Vistalegre II. En ellos, a diferencia de los anteriores, se permite la convocatoria de un proceso de primarias sin que se haya superado el mínimo de 18 meses desde el anterior, para los casos en los que el secretario general haya dimitido.

Previamente, los círculos de Podemos de Santander, Astillero-Camargo, Medio Cudeyo, Cayón y Valle de Buelna -pertenecientes al sector crítico con la dirección del partido- han pedido que se convoque una Asamblea Ciudadana Autonómica para iniciar los procesos electorales de elección de la Secretaría General de Cantabria y el Consejo Ciudadano Autonómico.

En la solicitud reclaman que la Asamblea Ciudadana Autonómica se convoque “de forma inmediata” para, así, “garantizar un proceso constructivo, transparente y participativo”, “empezar a trabajar en el proceso” y que las votaciones se celebren los días 17, 18 y 19 de noviembre de este año.

Los círculos solicitantes señalan este plazo porque “permite preparar en los meses previos los debates, exposiciones y presentaciones de documentos, candidaturas y reglamentos necesarios para un proceso con garantías”.

Asimismo, han asegurado que, si estas fechas sobrepasasen el plazo de Navidades y Año Nuevo, se “ralentizaría” el proceso y se colocaría a los nuevos Consejo Ciudadano Autonómico y Secretaría General “en desfase respecto a la actividad política, de partidos y parlamentaria, que se inicia con el comienzo de año”.

Finalmente, han pedido al Consejo que se coordine con los cinco círculos solicitantes, además de con aquellos otros que así lo deseen, “para organizar este nuevo proceso electoral”.

El pasado mes de junio, el entonces secretario general de Podemos en Cantabria, Julio Revuelta, renunció a su cargo, cese precedido por las dimisiones previas de los exconsejeros Daniel Ahumada, Ruth Ruiz, Concepción Fernández, Mabel Ojeda y Victoriano Fernández. 

Crisis interna

Esta situación provocó que terminara de estallar la crisis que venía gestándose en el seno del partido y la dirección nacional decidió legitimar al Consejo Ciudadano Autonómico como órgano de dirección política encabezado por el coordinador Alberto Gavín. 

Sin embargo, el sector crítico del partido se alzó contra la dirección y manifestó públicamente en una reunión de círculos, la existencia de “muchos vagos, trepas y oportunistas” en el Consejo. Asimismo, denunciaron “egos, falta de compromiso y trabajo desigual” entre sus miembros. 

A pesar de ello, ambas partes coincidían en la necesidad de que se convocasen unas primarias en Cantabria. El Consejo Ciudadano aseguró que estaban sujetas a la decisión de la dirección nacional, aunque Gavín también hizo hincapié en que los votantes están “algo cansados” de estos procesos en los que se producen “dinámicas más caníbales que constructivas”. 

El Consejo Ciudadano de Podemos Castilla-La Mancha se reúne este miércoles para debatir sobre el acuerdo alcanzado entre la formación morada y el PSOE para desbloquear los presupuestos de 2017. Un acuerdo que propone la entrada de Podemos en el Ejecutivo autonómico y el apoyo a los presupuestos de la comunidad para 2017. En caso de que este órgano dé su visto bueno, la decisión tendrá que ser ratificada después por la militancia.

Previamente, el Consejo de Coordinación de Podemos Castilla-La Mancha, es decir, la dirección del partido en la región, se reúne este lunes para estudiar el principio de acuerdo alcanzado entre el líder autonómico, José García Molina, y el presidente regional, Emiliano García-Page, para desbloquear las cuentas.

Emiliano García-Page ha ofrecido a Podemos entrar en el Gobierno de Castilla-La Mancha, con una vicepresidencia y también con un cargo responsable del Plan de Garantías que ha propuesto la formación morada. Las incorporaciones, apuntaba García-Page, se deben a la necesidad de que haya un nivel “claro de coordinación” y una responsabilidad “concreta” con el Plan de Garantías.

Si finalmente la decisión la tiene la militancia, la cuestión ahora es sí tendrán que votar por una o dos preguntas. Precisamente, militantes de Podemos Castilla-La Mancha están promoviendo una campaña bajo el hasta #DosPreguntas, para que en la consulta a las bases se vote por separado aprobar los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2017 y la entrada de dos personas de este partido en el Gobierno regional. El parlamentario de Podemos, David Llorente ha suscrito este lunes dicha consulta a través de la plataforma dospreguntas.net.

Llorente, según ha publicado en su cuenta de Twitter y ha recogido Europa Press, ha secundado la petición para que en la consulta a las bases se les pregunte sobre estas dos cuestiones por separado. A juicio del parlamentario de la formación morada, la consulta debe recoger “de forma real la decisión de los y las inscritas”, plantear el derecho a decidir “con todas las opciones” y especificar el “detalle del acuerdo” alcanzado.

“Consideramos que estas dos cuestiones deben decidirse de forma separada, pues la aprobación o no de los presupuestos no tiene por qué implicar necesariamente la entrada o no en el Gobierno. Por ello, reclamamos que en la consulta a la Asamblea Ciudadana Regional se formulen dos preguntas diferenciadas. También debería aportarse con antelación la información relevante para que podamos debatir y decidir de manera informada”, explica el texto que acompaña a la iniciativa.

Donde no habrá consulta a la militancia sobre el acuerdo de Gobierno que Emiliano García-Page ha alcanzado con Podemos será en el PSOE. A pesar de que los nuevos estatutos, aprobados en el 39º Congreso Federal recogen la propuesta de Pedro Sánchez de consultar a los militantes los asuntos de “especial trascendencia”, desde Ferraz admiten que no ha dado tiempo a terminar ese reglamento específico y que se está elaborando.

Sin embargo, lo que sí han pedido a la dirección regional es que informe en las agrupaciones sobre el pacto alcanzado para que haya debate. “Dado que no hay desarrollo reglamentario del artículo 53 hemos instado a la dirección regional a que se dirija a las agrupaciones con la información pertinente para que se realicen asambleas para debatir la iniciativa”, señalan en Ferraz.

García-Page no tendría problema para sacar adelante la propuesta de acuerdo con Podemos porque tan solo supone dejar dos puestos a los de Pablo Iglesias y porque tiene amarrada la federación. A pesar de que Sánchez se impuso a Susana Díaz en Castilla-La Mancha con cinco puntos de ventaja, el presidente cuenta con respaldo de los 'sanchistas' que no tienen previsto dar la batalla en su contra cuando lleguen las primarias por el liderazgo del partido.

El Consejo de Gobierno aprueba este martes los Presupuestos

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde mañana al nuevo proyecto de presupuestos de la Junta para 2017, que presentará en las Cortes regionales el jueves, según han informado a Efe fuentes del Ejecutivo autonómico.

La previsión del Gobierno regional es que el presupuesto se tramite en el Parlamento autonómico durante los meses de verano y que quede aprobado definitivamente el 31 de agosto.

El Ejecutivo regional dará el visto bueno al nuevo texto presupuestario después de que el pasado mes de abril Podemos impidiera por sorpresa la aprobación de las cuentas regionales

La crisis interna en Podemos Cantabria ha estallado definitivamente en el encuentro de círculos convocado este sábado por el sector crítico de la formación. En él, han intervenido por primera vez los cinco miembros del Consejo Ciudadano Autonómico que dimitieron el pasado mes de junio, quienes han denunciado la existencia de “muchos vagos, trepas y oportunistas” en este organismo.

El Consejo Ciudadano Autonómico es el órgano de dirección política legitimado por la dirección nacional de Podemos tras la dimisión del secretario general de la formación morada en Cantabria, Julio Revuelta. El equipo de Echenique cambió de criterio y lo estableció como órgano de representación en lugar de una gestora como planteó en un primer momento. 

Días antes de la dimisión de Revuelta, dejaron sus cargos los entonces consejeros Daniel Ahumada, Ruth Ruiz, Concepción Fernández, Mabel Ojeda y Victoriano Fernández. Hasta este sábado no habían explicado públicamente los motivos que les llevaron a ello y lo han hecho en un encuentro marcado por la ausencia del recién nombrado coordinador del Consejo Ciudadano, Alberto Gavín. 

La “decepción” es un denominador común en las exposiciones de cada uno de los exconsejeros. Asimismo, denuncian que “no hay una línea política en Cantabria”, no se ha establecido “una hoja de ruta en 14 meses”. Por otro lado, recalcan que hay una “total descoordinación dentro del partido” y aseguran que en muchos casos “se desconoce qué trabaja cada área”. 

“Cansancio e impotencia” son sentimientos que también han manifestado, motivados por “el trabajo desigual” que, según han señalado, se lleva a cabo en el órgano de dirección. “En el Consejo Ciudadano vale lo mismo el vago, el trepa y el que trabaja”, ha subrayado Ahumada y, seguidamente, ha denunciado que los primeros “se organicen para votar juntos”.

“Vienen con un interés común”, ha detallado: “su medio de vida, vienen a ganarse un sueldo”, al tiempo que ha reclamado que “se les eche” entre aplausos de los asistentes al encuentro.  Por su parte, Ojeda también ha puesto de manifiesto “la falta de compromiso” de algunos consejeros que “no asisten a las reuniones ni participan en las votaciones”.

Ruiz ha querido resaltar que dentro del partido “los egos llegan a límites insospechados”. “No se hace una rueda de prensa porque tiene que estar o no uno u otro”, ha señalado y, a su vez, ha denunciado modos de actuar consistentes en que “según quien propone algo se vota a favor o en contra”. 

“Grupos de presión”

El último en comparecer ha sido el diputado cántabro Alberto Bolado quien ha hecho hincapié en que “coincide totalmente” con los testimonios expuestos por los exconsejeros. Ha calificado de “fallido” al Consejo Ciudadano y ha destacado la “necesidad” de unas primarias en Cantabria, hecho que, según apuntó el propio órgano la pasada semana, su convocatoria depende de la dirección nacional.

Bolado ha puesto sobre la mesa la existencia de “grupos de poder y de presión” dentro del partido y ha criticado que desde Madrid se les establezca “cómo organizarnos y a personas intocables” y, en relación a esto último, ha señalado directamente a Gavín. 

Este medio se ha puesto en contacto con el coordinador del Consejo Ciudadano Autonómico, criticado por no acudir al encuentro durante la intervención de Fernández- “hay que tener valentía y dar la cara”, ha apuntado- y ha justificado su ausencia por “un compromiso familiar ineludible fijado desde hace tiempo”. 

En lo referente a la existencia de “vagos, trepas y oportunistas” dentro del órgano, tal y como han señalado los exconsejeros, ha dicho que no comparte ese diagnóstico. Sin embargo, coincide en la “falta de coordinación entre el grupo parlamentario y el consejo” y asegura que están “trabajando en ello para intentar corregirlo”. 

La dirección de la formación morada en Cantabria convocó para el pasado jueves 13 de julio un encuentro con los círculos para hablar sobre la nueva estructura y rendir cuentas puesto que, según consideraban, en el del día 15, promovido por el sector crítico, “no disponían de suficiente tiempo de intervención” para ello.

Los círculos organizadores de la reunión de este sábado, Santander, Astillero-Camargo, Valle de Buelna, Medio Cudeyo/Entrambasaguas, Valle de Cayón y Santoña, no acudieron a la cita del pasado jueves y han criticado que se les exigiera “mandar las preguntas que se iban a formular por escrito”.